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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 108, de 13/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 108
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes
iniciativas:
--Proposición de Ley de Sociedades Laborales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 123/000003) (Página 2882)
--Proposición de Ley sobre recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 123/000004) (Página 2882)
--Proyecto de Ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio
por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley
9/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000005) (Página 2882)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, de las siguientes iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley de Sociedades Laborales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 122/000003) (Página 2882)
--Proposición de Ley de sobre recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 122/000004) (Página 2896)
--Proyecto de Ley de asimilación de jornadas a los efectos de subsidio
por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen
especial agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley
9/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000005) (Página 2898)
Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra) para informar sobre:
--Posición del Gobierno sobre el Plan de Empleo Rural (PER) y el Subsidio
Agrario. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000091) (Página 2898)
--Convocatoria para 1996-1997 del Programa de Vacaciones para la Tercera
Edad, así como del desarrollo de la adjudicación, de las novedades y
mejoras de esta temporada, de los procedimientos de control que se van a
establecer y de su posible evaluación. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000103) (Página 2898)
--Los resultados obtenidos, a través de las medidas urgentes puestas en
macha por su Departamento, para la lucha contra el fraude. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000141)
(Página 2898)
Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.
RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 123/000003.)
--PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000004.)
--PROYECTO DE LEY DE ASIMILACION DE JORNADAS A LOS EFECTOS DEL SUBSIDIO
POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL REGIMEN
ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
9/1996, DE 7 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000005.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Perdonen el retraso que, no es broma, ha sido debido al tráfico.
Comenzamos con el punto primero del orden del día, ratificación de las
siguientes ponencias: proposición de ley de sociedades laborales,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Se ratifica? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
Proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de
invalidez en la modalidad no contributiva, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
¿Se ratifica? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
Proyecto de ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por
desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-ley 9/1996,
de 7 de junio).
¿Se ratifica? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000003.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, que es la
aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia sobre, en primer lugar, proposición de ley de
sociedades laborales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La ordenación del debate, a petición de varios grupos parlamentarios, va
a ser la siguiente: El capítulo primero, artículos 1 a 18, se defenderán
y se argumentarán las enmiendas relativas a dicho capítulo.
Los grupos intervendrán de menor a mayor, teniendo en cuenta que ha sido
una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y en este caso el
último en intervenir será el Grupo Parlamentario Socialista. En primer
lugar intervendrá el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco, después
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, después el Grupo Catalán, a
continuación, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), de la 1 a la 12.
Tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Tomo la palabra para indicar que vamos a retirar
la enmienda número 12, y el resto las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Silva para defender las enmiendas
números 16 a 38.
El señor SILVA SANCHEZ: Voy a proceder a la defensa de estas enmiendas.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tienen el fundamento en tres o cuatro principios
básicos que nos marca nuestro comportamiento ante esta ley. Hay un
principio compartido por todos los grupos parlamentarios, y que incluso
deriva del mismo mandato constitucional, que es el de favorecer el acceso
de los trabajadores a la propiedad de las empresas, y a esto responde el
actual proyecto, como respondía, y responde todavía, la vigente ley de
Sociedades Anónimas Laborales.
Una vez superado este elemento, que, como he dicho, es común a todos los
grupos, la posición de mi grupo ante la ley de sociedades laborales, y
ante las sociedades laborales responde en primer lugar a la consideración
de que la sociedad laboral no es un tertium genus, no es un tipo
específico de sociedad que quepa oponer a la sociedad de responsabilidad
limitada o a la sociedad anónima, sino que es una sociedad anónima, de
responsabilidad limitada, que, por concurrir determinados elementos,
merece de la Administración este calificativo de laboral que le permite,
por un lado, beneficiarse de determinadas exenciones o bonificaciones
fiscales, de un régimen fiscal específico y, por otro lado, supone
también en algún caso el sometimiento a normas de derecho mercantil que
podemos considerar también especiales.
Por tanto, no es una sociedad especial, hay una sociedad anónima o
limitada preexistente y la calificación es un posterius, por decirlo así.
De ahí que presentemos enmiendas que pretenden poner de manifiesto,
pretenden exigir esta circunstancia diacrónica. En primer lugar, una
sociedad preexistente anónima o limitada y posteriormente esta
calificación, lo que incide también en los trámites registrales y en la
ordenación de los trámites, tanto ante el Registro Mercantil como ante
los registros administrativos correspondientes.
En segundo lugar, debe intentarse que las sociedades laborales no sean
auténticas gestoras de quiebras, que exista una situación de equilibrio
entre el capitalismo, el socio capitalista y el trabajador que posea
acciones y que, por tanto, también es propietario o copropietario de esta
compañía. Por tanto, discrepamos de las posiciones de algunos otros
grupos, como puede ser el Grupo Vasco o el Grupo Parlamentario Popular,
de someter las acciones de la clase general a un régimen específico y
diferente del que ya viene establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y
en la Ley de Sociedades Anónimas Laborales.
Entendemos que cualquier tipo de régimen diferente en cuanto a estas
acciones de clase general va a fomentar que no haya socios, o que no haya
personas que, sin ser trabajadores de esa compañía, trabajadores con
contrato indefinido o sin él, pretendan adquirir acciones de clase
general, con lo cual se produciría una merma de las posibilidades y de la
capacidad de financiación de estas compañías, que si de algo padecen es
de sus dificultades de financiación.
Hay que tener cuidado con las normas protectoras, porque a veces se
protege tanto el invento que se le acaba asfixiando; de ahí que
entendamos que las acciones de la clase general deban someterse al
régimen ordinario de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de
Sociedades Limitadas. Esto se traduce en enmiendas o en posiciones
discrepantes --en cuanto a lo dispuesto en el artículo 8 de la
proposición--, a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular y del
Grupo Parlamentario Vasco, así como también en algunas de las enmiendas
que establecemos a otros aspectos del articulado.
Finalmente, hay un tercer principio, que es el que pretende que se
admita, caso por caso o punto por punto, la competencia que ya tienen
asumidas algunas comunidades autónomas o que puedan asumirse o
transferirse en el futuro. Por tanto, los tres principios básicos a los
que responden nuestras enmiendas son: la inteligencia de que la
calificación de laboral no convierte a las sociedades anónimas o
limitadas, no supone constituir una sociedad especial, sino un añadido
que determina la existencia de tener beneficios fiscales; en segundo
lugar, entender que hay que garantizar, en el marco de la ley, una
concurrencia del socio capitalista con el socio trabajador y, por último,
este reconocimiento en el ámbito de las competencias de las comunidades
autónomas.
Sobre esta base, y muy someramente, diré que al primero de estos
principios responden nuestras enmiendas números 16 y 19 que pretenden
evitar la existencia de sociedades laborales de carácter irregular y que,
por tanto, la calificación de laboral se produzca sobre sociedades
correctamente
constituidas, atendiendo a los requisitos de la Ley de Sociedades
Anónimas y Ley de Sociedades Limitadas y, por tanto, la inscripción
previa en el Registro Mercantil.
Quiero llamar la atención sobre nuestra enmienda número 17. Es
lamentable, y no lo negamos, que la denominación de sociedad anónima
laboral y de sociedad laboral no se ha convertido en una manifestación o
en la publicidad de una entidad especialmente solvente. De ahí que mi
grupo en dicha enmienda, que pretende añadir un nuevo apartado al
artículo 3 y que debiera decir que pretende la supresión del apartado 1
del artículo 3, entiende que la inclusión en la denominación de la
compañía del calificativo de laboral, bien sea sociedad anónima laboral o
sociedad limitada laboral, debe ser algo puramente potestativo. Como
decíamos anteriormente, la calificación de laboral no surte efectos
respecto de terceros; los terceros que contratan con una sociedad anónima
o limitada laboral tienen absolutamente los mismos derechos y
obligaciones que los terceros que contratan con una sociedad de
responsabilidad limitada o una pura y simple sociedad anónima. De ahí que
entendamos que debe dejarse a la voluntad de la compañía el hacer figurar
este calificativo de laboral porque, como decía anteriormente, no viene
vinculado este calificativo a una mayor o al menos igual imagen de
solvencia que las puras y simples sociedades anónimas. Eso sí, como
decimos en la enmienda 17, sí debe hacer constar esta calificación de
laboral en la documentación, correspondencia y facturas de la compañía,
pero no obligatoriamente en la denominación bajo la que gira socialmente
esta compañía.
La enmienda número 18, respecto del Registro de Sociedades Laborales,
pretende que la aplicación de la ley, cuando entre en vigor, nos produzca
una solución de continuidad respecto del registro que ya se mueve en el
ámbito de la vigente Ley de Sociedades Anónimas Laborales. No hay que
crear ningún registro porque ya existe; en todo caso, lo que habrá que
hacer es ampliar los objetos inscribibles, en este caso, las sociedades
limitadas laborales y si acaso variar algunos procedimientos.
Hay algunas otras enmiendas, que podríamos denominar de carácter menor,
que voy a dar por defendidas y seguro que me lo agradecerán. Por lo
demás, debo señalar que estamos dispuestos a admitir las enmiendas de
carácter transaccional que nos presentan algunos otros grupos.
Respecto del artículo 8, al que anteriormente ha hecho referencia, quiero
señalar que precisamente esta concepción de que no es bueno para las
sociedades laborales someter a las acciones de clase general a un régimen
específico y diferente al propio de la Ley de Sociedades Anónimas y de
Sociedades Limitadas, es lo que hace que apoyemos el texto del proyecto,
que estemos dispuestos a apoyar alguna enmienda presentada por el Grupo
Socialista y que nos manifestemos contrarios a algunas de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias por la atención y la benevolencia de la Presidencia y de
SS. SS. y descansamos hasta el próximo título.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y para defender las enmiendas
números 53 a 64, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Nuestras enmiendas, estando de acuerdo, en
principio, con el paso hacia adelante que significa, en general, el que
esta ley salga a la luz, tratan, por un lado, de dar estabilidad a este
tipo de sociedades, estableciendo determinados requisitos a la
transmisión de títulos --me estoy refiriendo a la enmienda 62-- y, por
otro lado, pretenden que se dé un reparto más equitativo del capital
social --nos trasladamos a la enmienda 56--, e intentamos que exista un
incremento de posibilidades de creación de empleo, en función del
porcentaje de número de horas trabajadas que puedan ser ocupadas por
trabajadores con contrato indefinido y con contrato a tiempo cierto. Por
otro lado, responde al principio de que los trabajadores, tanto si son
fijos como si están contratados por tiempo definido, puedan acceder a la
condición de socios y tengan, por tanto, en este sentido un derecho
preferente para ello.
Al tratar del régimen fiscal intentamos, a través de determinadas
enmiendas, que la especificidad del régimen fiscal de estas sociedades no
signifique una absoluta desfiscalización y, por otro lado, que esta
especificidad fiscal no sirva como instrumento de elusión fiscal por
parte de determinados inversores, y, en este sentido, propugnamos la
separación entre el tratamiento de las acciones o participaciones de
clase general y las de clase laboral.
Finalmente, llamo la atención de SS. SS. sobre la enmienda 68, que nos
parece novedosa y de gran utilidad, en la medida que pretende no sólo
--esto ya está contemplado en otras leyes e incluso aquí-- la
capitalización de las prestaciones por desempleo, sino que también
introduce la capitalización de las prestaciones por incapacidad
permanente, lo que creemos que sería de gran utilidad que se pudiera
realizar con el consenso de todos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Popular y para
la defensa de las enmiendas número 70 a 87, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Haré uso de este turno para proceder a la defensa
de las enmiendas presentadas por mi grupo, así como para hacer referencia
a enmiendas presentados por otros grupos, toda vez que ofreceremos una
serie de transaccionales a los efectos de intentar llegar a acuerdos en
una proposición de ley tan importante como puede ser ésta. En aras de la
brevedad, haré inmediata referencia a dichas enmiendas, intentando ser lo
más esquemático posible, y, por tanto, siguiendo el orden del articulado
de la propia proposición.
En primer lugar, al artículo 1 de la misma está la enmienda número 70,
presentada por mi grupo, que propugna una alternativa para el caso de que
se superen los topes de horas-año trabajadas, que tiene su justificación
en el hecho de que los límites de contratación previstos en el párrafo 2
pueden ser superados por razones totalmente ajenas
a la empresa, por lo que entendemos que sería conveniente añadir este
nuevo párrafo --que se recoge en nuestra enmienda número 70, repito--,
que supone una clara mejoría respecto a la propuesta originaria, y que,
además es coincidente con el último párrafo de la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que también en este caso recoge el mismo
criterio, aunque no podamos compartir la primera parte de la redacción de
dicha enmienda número 1, que sitúa en el 10 por ciento el máximo de
trabajadores no socios en relación con los socios trabajadores, ya que, a
nuestro juicio, no sería aceptable limitar el número de contratados con
relación al número de socios trabajadores, siendo la referencia que
existe en la proposición de ley al número de horas-año trabajadas mucho
más favorable si los contratados lo son a jornada parcial. La referencia
al número de horas-año trabajadas, que es la que defendemos en nuestra
enmienda, facilita una mayor flexibilidad del sistema. Es la propia
flexibilidad que existe en nuestra legislación vigente, la proporción de
contratados sobre socios trabajadores, que se cambia ahora por la de
horas-año trabajadas, permitiendo aumentar el número de trabajadores
contratados por tiempo indefinido.
Una breve mención para decir que en este artículo 1 no apoyaremos las
enmiendas 53, 54 y 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En el artículo 2, señor Presidente, procederemos a retirar la enmienda
número 71, que estaba presentada al mismo.
En cuanto al artículo 3, haré una breve referencia en el sentido de que,
por parte de nuestro grupo, se apoyará la enmienda número 17 del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone añadir un nuevo
apartado 3 que dé publicidad a la obtención de la calificación de laboral
porque impone, a nuestro juicio, una mayor transparencia en las
relaciones con terceros y como sistema de publicidad colectiva.
Al artículo 4, mi grupo ha presentado la enmienda número 72, que propone
situar el texto de este artículo como disposición final y, evidentemente,
reenumerar todos los artículos posteriores a éste, ya que, a nuestro
juicio, es mucho más correcto técnicamente que esta norma, que es una
norma de Derecho supletorio, aparezca, por razón de sistemática, como
disposición final en vez de como artículo 4.
En el artículo 5, nuestra enmienda 73 añade un párrafo en consideración a
las futuras asunciones de competencias por las comunidades autónomas,
aclarando que, tratándose de un registro único --en este caso estamos
hablando del registro administrativo--, con esta modificación las
comunidades autónomas pueden asumir las tareas no normativas de ejecución
registral, que, de hecho, actualmente ya tienen asumidas en relación con
las sociedades anónimas laborales.
No compartimos, en cambio, el contenido de la enmienda número 18 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone modificar
el régimen del actual registro.
Proponemos también en este articulado una enmienda transaccional a las
enmiendas 19 y 74, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son prácticamente
iguales --creo que cambia un adverbio-- y el sentido de ambas es aclarar
dónde procede la inscripción, si en el Registro Mercantail o en el
Registro de Sociedades Laborales, y conocer desde cuándo goza la sociedad
de personalidad jurídica. El texto de la enmienda transaccional,
evidentemente, sería cualquiera de los textos de las enmiendas
presentadas, el de la 19 o el de la 74, ya que las diferencias, reitero,
son mínimas.
No apoyaremos, en cambio, la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que propone exceptuar de la negativa de
inscripción los supuestos de disolución de la sociedad o pérdida del
carácter laboral, ya que no nos parece necesario salvar ambos supuestos.
Además, la pérdida del carácter de laboral ya constará en el Registro
Mercantil, por nota marginal, según prevé el artículo 17.3 de la propia
proposición presentada por el Grupo Socialista.
Sí apoyaremos, en cambio, la número 21, que propone añadir un nuevo
apartado al artículo 5, a fin de permitir un control administrativo sobre
transmisiones de acciones o participaciones, ya que nos parece una
propuesta justificada, debiendo ser, en todo caso, en el real decreto
regulador del registro administrativo donde se determine la periodicidad
de la comunicación.
En el artículo número 6 no apoyaremos las enmiendas coincidentes números
2 y 22, del Grupo Vasco y del Grupo Catalán, respectivamente, y en cambio
sí que haremos lo contrario respecto a las enmiendas número 3, del Grupo
Parlamentario Vasco, y 23, del Grupo Parlamentario Catalán, ya que
coinciden con la número 76, del Grupo Parlamentario Popular. Estas
enmiendas proponen mantener únicamente la prohibición de crear acciones
de clase laboral sin voto, suprimiendo las restantes situaciones que se
contemplaban, lo cual encuentra su justificación en la no exclusión, para
sociedades limitadas laborales, de todas las posibilidades que ha
establecido la nueva Ley de Sociedades Limitadas. Por ello, debe
suprimirse el párrafo segundo en el sentido de que establece una clara
prohibición de voto plural, de dividendos preferentes y de derechos
especiales en la cuota de liquidación, todo ello, a nuestro juicio, muy
inconveniente después de haber procedido a la aprobación de la nueva Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En cuanto a las enmiendas 4,
del Grupo Parlamentario Vasco, 24, del Grupo Catalán, y 76, de mi propio
grupo, nuestro grupo propone una transaccional que, eliminando el párrafo
primero de la enmienda número 76, acoja el párrafo primero y segundo de
la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Catalán, que además
subsume la número 4, del Grupo Parlamentario Vasco, y se añada un nuevo
párrafo que coincidiría con el párrafo número 3 de nuestra enmienda 76.
Por último, en este artículo 6 no apoyaríamos la enmienda 56, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En el artículo 7 apoyaríamos la enmienda número 25, del Grupo
Parlamentario Catalán, simplemente porque es una mejora técnica. Propone
cambiar la palabra «categorías» por «clase», que entendemos que es una
clara mejoría a este respecto, no apoyando en este caso las
enmiendas 57 y 58, del Grupo de Izquierda Unida, proponiendo a su vez una
transaccional a las enmiendas 5, del Grupo Parlamentario Vasco, 26, del
Grupo Parlamentario Catalán, y 77, de mi propio grupo, que proponen que
la conversión de acciones de clase general a clase laboral se produzca
sin necesidad de solicitud, ya que la imposición por los administradores
del cambio de clase resuelve algunos problemas de orden práctico que ya
vienen produciéndose.
En cuanto al artículo 8, no apoyaremos tampoco las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida, que son la 59 a la 62, por entrar en clara contradicción
con la enmienda transaccional que nuestro grupo presentará a las
enmiendas 78, de nuestro grupo, 6, del Grupo Parlamentario Vasco, que son
absolutamente coincidentes, 27 y 28, del Grupo Catalán, 63 y 64, del
Grupo de Izquierda Unida, y 48, del Partido Socialista. Si bien
entendemos, después de la intervención del parlamentario del Grupo
Catalán que ha tenido el uso de la palabra, que esta transaccional será
aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán y que entonces,
evidentemente, deberíamos proceder a la votación de las enmiendas
separadamente, a no ser que la transaccional fuera aceptada por el resto
de los grupos a los que me dirijo. Nuestra transaccional busca la
finalidad que persiguen sobre todo las enmiendas número 78, del Grupo
Parlamentario Popular, y la 6 del Grupo Parlamentario Vasco, que
pretenden modificar el derecho de adquisición preferente, estableciendo
el mismo orden de prioridad para los dos tipos de acciones. Aunque, a
nuestro juicio, además resultaría más adecuado incorporar la modificación
que pretende la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Catalán, en
el primer párrafo de este artículo, ya que mejora el texto tanto de la
proposición, tal como está redactada actualmente, como de la modificación
propuesta en la número 28. Es una clara mejora técnica, a nuestro juicio.
Así, también en el punto número 6 resultaría aconsejable ampliar el plazo
que hay de tres a cuatro meses, según defienden las enmiendas números 63
y 64, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A nuestro juicio,
reitero, lo más importante es el tema al que he hecho ya referencia,
coincidente con el Grupo Parlamentario Vasco, que es introducir en este
artículo el derecho de adquisición preferente respecto a las dos clases
de acciones que pueden convivir en el seno de una sociedad laboral, y
ello en orden a tres precisiones: En primer lugar, porque entendemos que
el mismo orden de prioridad debe mantenerse tanto si se enajenan acciones
o participaciones de la clase laboral, como de la clase general, si
tenemos en cuenta los principios de prioridad del trabajo, que es el que
guía a mi grupo dentro de esta ley, integración máxima posible de
trabajadores e igualación de éstos. No discutimos el hecho de que no
podamos estar hablando de una sociedad completamente nueva, al margen de
lo que son estas sociedades puramente mercantiles, las sociedades
anónimas o las sociedades limitadas; pero sí debemos ser conscientes de
que estamos hablando de sociedades anónimas o limitadas laborales y que,
por tanto, este carácter de laboralidad es el que imprime a toda esta
proposición de ley, y a todo nuestro grupo de enmiendas, el hecho de que
haya que primar el principio de prioridad del trabajo en esta sociedad,
no de prioridad del capital, así como la integración máxima posible de
trabajadores y la igualación de éstos en la misma. Por eso, también es
importante --segunda precisión al respecto--, ya que no nos parece
correcto, dentro de este espíritu que se propugna, declarar libres las
transmisiones de clase laboral cuando son a favor de un trabajador de la
sociedad. Téngase en cuenta que no sólo se trata de limitar la entrada de
extraños, sino también de mantener, evidentemente, la equidad entre los
socios trabajadores. Y por último, la tercera precisión que quería hacer
al respecto es que los trabajadores que ya sean titulares deben tener el
derecho de acudir a la adquisición preferente en igualdad con los que no
son socios cuando sus acciones o participaciones estén por debajo de las
que van a adquirir los nuevos socios, porque si no nos podíamos encontrar
con el hecho de que los nuevos socios que no eran trabajadores
adquirirían mayor porcentaje que los propios socios trabajadores, ya que
éstos tendrían vedada esa posibilidad de acudir a la adquisición
preferente. Por último, quiero añadir, señorías, señor Presidente, que no
apoyaremos la enmienda 29, del Grupo de Convergència i Unió.
En cuanto al artículo 9, quiero hacer una brevísima referencia al hecho
de que apoyaremos la enmienda número 30, del Grupo Catalán, que propone
establecer un procedimiento para la determinación del valor real de las
acciones o participaciones. Esta enmienda recoge, con modificaciones
respecto a la asignación de auditor por el Registro Mercantil, el
procedimiento ya vigente del artículo 29.2.d) de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, por lo que entendemos que su justificación es
aceptable. Cabría añadir un tercer párrafo al artículo coincidente con el
del texto de dos enmiendas (en todo caso podíamos estar hablando de una
transaccional), la número 7, del Grupo Parlamentario Vasco, y la 79, del
Grupo Parlamentario Popular, que propone añadir la previsión en cuanto al
pago de los gastos de auditoría; es decir, quiénes harían el pago de los
gastos de auditoría que se preveían justamente en el párrafo anterior.
En el artículo 10 las enmiendas 31, del Grupo Parlamentario Catalán y 80,
de mi propio grupo, son idénticas. Ambas proponen adaptar el artículo a
lo previsto en la Ley de Sociedades Limitadas. A nuestro juicio, ello
supone un serio avance en la consolidación de la estructura del capital
de la sociedad, incorporando fórmulas de prohibición de las
transacciones, que ya están recogidas en el Reglamento del Registro
Mercantil vigente, recientemente aprobado este año, así como también en
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Al artículo 11.1 también hay tres enmiendas prácticamente idénticas, que
persiguen añadir un nuevo párrafo que establezca el procedimiento
adecuado para hacer posible la venta de las acciones con plenas garantías
para los socios, lo cual supone en nuestro caso una mejora clara en la
redacción de la propuesta originaria y un importante avance, ya que
resuelve una cuestión práctica que se daba mucho hoy en día en las
sociedades anónimas laborales, que se plantean muy a menudo, y es que el
socio trabajador que extingue su relación laboral, se inhibe
completamente ya sobre el destino de sus acciones o participaciones de
clase laboral. Por tanto, mejoraría claramente esta redacción
sustituyéndose el párrafo en el sentido de las enmiendas a que he hecho
alusión, y además poniendo en el párrafo uno «ni los socios ni la
sociedad», que se sustituiría por la palabra «nadie» --que sería cuestión
de la transaccional--, teniendo en cuenta claramente que la adquisición
también puede producirse por los trabajadores no socios. Y también habría
que sustituir, en el comienzo del segundo párrafo, «habiendo socios que»,
por «habiendo quienes», evidentemente, por el mismo argumento que he dado
anteriormente.
En el artículo 12.2, nuestro grupo propone una transaccional a todas las
enmiendas presentadas que permitiría regular la opción de adquisición
preferente en los estatutos, matizando, como hace la Ley de Sociedades
Limitadas, que tal derecho hay que ejercitarlo en un plazo máximo de tres
meses y con pago al contado. Se añade, además, que se debería ampliar de
tres a cuatro meses, en relación con lo dispuesto ya en el artículo 8 de
la proposición de ley.
En el artículo 13, apoyaremos la enmienda número 34 del Grupo Catalán,
que propone permitir el sistema proporcional, sin imponerlo, cuando
existe una clase de títulos, porque a nuestro juicio mejora claramente el
sistema de elección de órgano de administración.
En cuanto al artículo 14.2, mi grupo tiene presentada una enmienda, la
número 83, que propone la supresión del párrafo segundo por contradecir,
a nuestro juicio, el resto de normas sancionadoras del proyecto. Viene a
coincidir --y por tanto, la apoyaremos también-- con la enmienda número
35, del Grupo Parlamentario Catalán, que añadiría un nuevo párrafo 3 que
propone adecuar la obligación del juez a la impugnación de los acuerdos
competencia del registro administrativo y no cuando se refiera a otros
tipos de acuerdo.
En el artículo 15 no apoyaremos la enmienda número 10 del Grupo
Parlamentario Vasco, que propone añadir la expresión «de carácter
irrepartible», ya que, a nuestro juicio, no es necesario determinar la
naturaleza del fondo del que está hablando este artículo. Su aplicación
ya está taxativamente establecida en el punto 2 del artículo 5.
En el artículo 16, en su apartado tercero, hay dos enmiendas idénticas,
una de este grupo y la número 11 del Grupo Parlamentario Vasco, que
mejoran, a nuestro juicio, la propuesta originaria, en el sentido de
ampliar el derecho a suscribir nuevas acciones a los trabajadores socios
de menor porcentaje de participación, respondiéndose con ello de forma
nítida a los principios a los que he hecho referencia de integración de
los trabajadores en la sociedad y de igualación de los mismos.
En el artículo 17 hay una enmienda de mi Grupo, la número 85, que propone
una mejora técnica al unificar en un solo apartado lo que está dispuesto
en los números 1.º y 2.º del apartado 1. Asimismo, nuestra enmienda 86,
que coincide en su primera parte con la número 36 del Grupo Catalán; por
tanto, hacemos nuestra también dicha enmienda 36, en cuanto a añadir al
«órgano correspondiente en la comunidad autónoma», lo que estaba previsto
en cuanto a la calificación de los órganos administrativos a los que
hacía referencia, ampliando --y es la segunda parte de nuestra enmienda--
el plazo contemplado en el artículo 6.3 a un año, porque entendemos que
el plazo de seis meses es muy corto para los supuestos a los que estamos
haciendo referencia; creemos, repito, que debería ampliarse el plazo a un
año.
La enmienda número 37 se apoyará también, por los motivos anteriormente
expuestos; no en cambio la número 38, del Grupo Parlamentario Catalán, ya
que nos parece más apropiado mantener la propuesta del texto de la
proposición de ley. La descalificación en este caso no es, naturalmente,
una transformación social, sino puramente una resolución administrativa.
Por último, señor Presidente, al artículo 18 existe la enmienda número 87
de mi grupo, que pretende añadir un nuevo artículo 18 que contemple el
cambio de domicilio a efectos de determinar el registro competente, que
supone una mejora respecto de la redacción de la propuesta originaria,
aunque evidentemente existe un error de transcripción en la misma, ya que
no se puede hablar de desclasificación, sino que de lo que hay que hablar
es de descalificación.
Con ello, señor Presidente, doy por defendida la totalidad de las
enmiendas presentadas por mi grupo a los artículos 1 a 18 de la presente
proposición de ley; así como también he hecho referencia a las
transaccionales que nuestro grupo ofertaría al resto de los grupos
respecto a los mismos artículos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para presentar las
enmiendas 48 a 50, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Como ya hicimos constar en el trámite de toma en
consideración de esta proposición de ley, que tuvo lugar en el Pleno, la
finalidad de las sociedades laborales es conseguir nuevos métodos de
creación de empleo, fomentando, a la vez, la participación de los
trabajadores en la empresa.
Las líneas maestras de las sociedades laborales quedan perfectamente
definidas en la exposición de motivos de la proposición de ley. Sin
embargo, convendría recordar que son éstas: en primer lugar, que la
mayoría del capital de la sociedad laboral sea propiedad del conjunto de
los socios trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de
forma personal y directa; fijación de un límite al conjunto de los
trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido; fijación del
máximo de capital que puede poseer cada socio; existencia de dos tipos de
acciones y participaciones, según sus propietarios sean trabajadores o
no; derecho de adquisición preferente, en caso de transmisión de acciones
o participaciones de carácter laboral; constitución de un fondo de
reserva y una serie de notas, en relación con los temas fiscales, que van
a contribuir a la promoción y desarrollo de este tipo de sociedad.
Quiero decir con esto, que todas aquellas enmiendas que se oponen a estas
líneas maestras que nosotros pensamos que deben presidir la configuración
normativa de las sociedades laborales, no van a contar con el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista. Las sociedades laborales
son un instrumento, como he dicho, de creación de empleo, son fórmulas de
autoempleo, fundamentalmente. Por eso, los socios trabajadores no sólo
deben tener la mayoría del capital social, sino que desarrollan la mayor
parte del trabajo que se presta en la sociedad. Así, los trabajadores no
socios prestan un volumen de trabajo inferior, de tal forma que la
proposición de ley, en consonancia, fija un límite mediante un porcentaje
sobre horas/año trabajadas por socios trabajadores. El porcentaje que
fija la proposición de ley pensamos que es convencional pero es adecuado,
no se demuestra que haya que incrementar este porcentaje en un 5 por
ciento, como pretenden las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por eso votaremos en contra de las enmiendas de este grupo en
relación con el artículo 1.
El Partido Nacionalista Vasco prefiere limitar el número de trabajadores
no socios, en lugar de referirse a las horas/año trabajadas. Pensamos que
es más preciso referirnos a las horas/año trabajadas y por eso vamos a
mantener la posición que defendimos en el Pleno.
En cuanto a la enmienda al artículo 1, del Partido Popular, que establece
un plazo para adaptarse a la ley, en relación con esos porcentajes que
fija el artículo 1, pensamos que no se pueden transgredir estos
porcentajes y no se puede fijar un plazo de adaptación de tres años, como
hace el Partido Popular. Creemos que esta flexibilidad es incongruente
con el propio concepto de las sociedades laborales.
En relación con el artículo 2, hay una enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), la número 16, que nosotros estaríamos dispuestos a
aceptar, en tanto en cuanto mejora el contenido del artículo 2 de la
proposición de ley.
La enmienda del Grupo Popular número 71 creo que ha sido retirada.
En relación con el artículo 3, sobre la denominación social, también el
Grupo Catalán tiene una enmienda, la número 17, que nosotros aceptaríamos
siempre y cuando se cambiara la redacción, porque dice la enmienda que la
obtención de la calificación laboral se hará constar en toda su
documentación --referido a la documentación de la sociedad laboral--,
correspondencia, notas de pedido y facturas, anuncios. Pensamos que no es
la obtención de la calificación laboral lo que se debe hacer constar; no
creo que en los membretes de las sociedades laborales se vaya a decir:
esta sociedad ha obtenido la calificación de sociedad laboral en tal
fecha, etcétera, está inscrita en el registro laboral... Creo que eso no
procede que conste, y pienso que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a
lo que se refiere no es a la obtención de la calificación laboral, sino a
la denominación de laboral. Pienso que este concepto sería mucho más
preciso. En ese sentido, aceptaríamos la enmienda número 17, que
introduce un nuevo apartado, el número 3, al artículo 3 de la proposición
de ley.
Estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo Popular, número 72, que
remite a una disposición final el artículo 4. Pensamos que técnica y
jurídicamente es adecuado que las normas de aplicación subsidiarias,
respecto a esta proposición de ley, consten en una disposición final.
En relación con el artículo 5, la proposición de ley, en materia de
registro de las sociedades laborales, es muy clara. En síntesis, se trata
de crear o de modificar la denominación, como propone la enmienda 18 de
Convergència i Unió, un registro administrativo en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Propongo, además, que se actualice la
denominación que figura en el texto de la proposición, que habla del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de un registro único;
las comunidades autónomas pueden tener la importante competencia de
calificación de una sociedad como laboral, pero nada más --y nada menos,
diría yo también--. En todo caso, podemos aceptar la enmienda número 73,
del Grupo Popular, que contiene el famoso y nada original «sin
perjuicio», para referirse a las competencias de ejecución de las
comunidades autónomas.
No vamos a aceptar el resto de las enmiendas que afectan a este artículo.
La adquisición de personalidad jurídica está perfectamente resuelta en
los tratados doctrinales.
En cuanto a la enmienda número 20, del Grupo de Convergència i Unió, no
parece congruente, porque se refiere a la disolución como equivalente a
la modificación de la sociedad. Y en cuanto a la obligación de notificar
al registro administrativo, enmienda número 21 de Convergència i Unió,
las transmisiones de acciones, creemos que es una nueva carga burocrática
innecesaria que dificultaría la transmisión y el libre tráfico mercantil
de acciones y participaciones.
En relación con el artículo 6, que trata del capital y de los socios, la
proposición establece que el desembolso de dividendos pasivos, en el caso
de sociedades anónimas laborales, se efectúe dentro del plazo que señalen
los estatutos sociales. Nos parece que es lo adecuado, puesto que así se
respeta plenamente la voluntad de los socios. No nos parece conveniente
dejarlo en manos del órgano de administración, como pretenden las
enmiendas número 2, del Grupo Parlamentario Vasco, y número 22, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió). En todo caso, los estatutos pueden
determinar que sea el órgano de administración quien fije el plazo de
desembolso, con lo que está salvada la preocupación, así lo entendemos,
que subyace en las enmiendas mencionadas.
El apartado 2 del artículo 6, que impide la alteración de la
proporcionalidad entre la acción o la participación, su valor nominal y
el derecho de voto, un derecho de preferencia en la suscripción de nuevas
acciones o en la asunción de nuevas participaciones, o en los derechos al
dividendo y a la cuota de liquidación, pensamos que está perfectamente
diseñado en la proposición de ley. La especialidad de estas sociedades
impide no sólo el voto plural, sino también los dividendos preferentes o
los derechos especiales en la cuota de liquidación.
Estamos de acuerdo en aceptar una enmienda transaccional, que nos ha sido
propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, en relación con las
enmiendas 24, de Convergència i Unió, 4, del PNV, y 76, del Partido
Popular, a efectos de asimilar a las sociedades públicas participadas por
el Estado, comunidades autónomas, entes locales y a las asociaciones u
otras entidades sin ánimo de lucro. No
obstante, no podemos estar de acuerdo con el último párrafo del artículo
3 al que el Grupo Popular ha presentado la enmienda 76, que dice lo
siguiente. «En los supuestos de transgresión de los límites que se
indican» --sería el 51 por ciento para la clase laboral y el 49 por
ciento para el resto--, «la sociedad estará obligada a acomodar a la ley
la situación de sus socios respecto al capital social, en el plazo de un
año a contar del primer incumplimiento de cualquiera de aquéllos». Nos
parece que esto no puede aceptarse. Por ejemplo, una sociedad en la que
los socios trabajadores no tengan la mayoría del capital social, por
definición, no es una sociedad laboral y no caben convalidaciones como la
que propone el Grupo Popular. Por tanto, aceptaríamos la enmienda
transaccional siempre que se excluya este párrafo indicado.
En cuanto al artículo 7, categorías de acciones y de participaciones, no
hay ningún inconveniente en que se sustituya la palabra «categorías» por
«clases», como persigue la enmienda número 25, de Convergència i Unió,
que aceptaremos. Sin embargo, en relación con las enmiendas 26, de
Convergència i Unió, 5, del PNV, y 77, del Grupo Popular, hay una
confusión que creo conviene aclarar. Se dice que los trabajadores que
adquieran acciones o participaciones de la clase general tienen derecho a
exigir de la sociedad la inclusión de las mismas en la clase laboral. Y
pregunto: ¿También los trabajadores temporales? Las acciones o
participaciones de la clase laboral están reservadas, por definición,
para los trabajadores con contrato indefinido. Cabe que no todos los
trabajadores con contrato indefinido sean socios. Por ello podemos
aceptar la enmienda número 58, de Izquierda Unida. También aceptamos la
enmienda 57, de Izquierda Unida, que añade la palabra «nominativos»
después de la expresión «títulos individuales múltiples».
En cuanto al artículo 8, sobre el derecho de adquisición preferente en
caso de transmisión voluntaria inter vivos, pensamos que el esquema que
contiene el texto de la proposición es perfectamente coherente. En la
sociedad laboral la mayoría del capital social la tienen trabajadores con
contrato indefinido. Si un socio, es decir, un trabajador con contrato
indefinido, quiere vender su acción o participación a alguien que no sea
trabajador con contrato indefinido, tiene que comunicarlo por escrito al
órgano de administración de la sociedad, concediéndose el derecho de
adquisición preferente a los trabajadores contratados por tiempo
indefinido que no sean socios. La preferencia se articula del siguiente
modo: primero, trabajadores, no socios, con contrato indefinido; segundo,
trabajadores socios, con contrato indefinido; tercero, titulares de
acciones o participaciones de clase general; cuarto, trabajadores
temporales o resto de trabajadores sin contrato a tiempo indefinido;
quinto, la sociedad, y sexto, libre. Con la preferencia de este modo
articulada se mantiene la mayoría de capital social en manos de
trabajadores con contrato indefinido. La enmienda número 6, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), y la 78, del Grupo Parlamentario Popular,
establecen la preferencia de adquisición para las dos clases de acciones
o participaciones, tanto las laborales como las generales. A primera
vista parece que ello redundaría en un mayor sentido social, pero ocurre
todo lo contrario, y así lo pensamos, porque lo que de verdad se está
intentando es limitar la transmisión de acciones o participaciones de la
clase general y limitar también las posibilidades de financiación para
las sociedades laborales sin obtenerse nada a cambio. Esto es
perfectamente coherente con las posiciones de la derecha, pero rechazable
desde nuestra posición. No hay ningún inconveniente, en cambio, en
aceptar las enmiendas 27 y 29, de Convergència i Unió, no así la número
28. Respecto a las enmiendas de Izquierda Unid a este artículo 8,
aceptamos la número 63. Nuestra enmienda número 48 trata de una mera
corrección técnica que por descontado aceptamos.
Y si me lo permite, señor Presidente, cedo la palabra a mi compañera
señora Alvarez.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alvarez Gayol.
La señora ALVAREZ GAYOL: Al artículo 9 se han presentado las enmiendas
30, 7 y 79. Las enmiendas 7 y 79 son iguales y nosotros las aceptamos,
pero propondríamos que se introdujera entre el párrafo primero y segundo
de la enmienda de Convergència i Unió el apartado 1 de la actual
proposición de ley. De no ser así, solicitaremos votación separada. Hay
una enmienda transaccional con la que estamos de acuerdo, pero querríamos
introducir este párrafo.
Respecto al artículo 10, no estamos de acuerdo con las enmiendas 31 y 80.
No coincidimos con el planteamiento hecho por el grupo Popular. No
creemos que dichas enmiendas amplíen, sino que restringen, porque se está
hablando de la Ley de Sociedades Limitadas y las S. L. pueden ser
sociedades limitadas laborales y sociedades anónimas. Creemos que este
artículo responde a lo que son las SAL. Por esta razón no las vamos a
votar a favor.
Al artículo 11 se han presentado las enmiendas 8, 32 y 81. Las enmiendas
32 y 81 son iguales. Además, hay otra enmienda de transacción. Creemos
que estas enmiendas mejoran el proyecto de ley y, por tanto, estamos de
acuerdo con ellas.
Al artículo 12 se han presentado cuatro enmiendas, las números 9, 33, 49
y 82. Las enmiendas 9 y 82 son iguales. Existe también una enmienda
transaccional, que creemos clarifica y mejora la redacción, y con la que
estamos de acuerdo.
Al artículo 13 se ha presentado la enmienda 34. Con ella se pretende
añadir un nuevo párrafo. Estamos de acuerdo porque creemos que si hay
problemas los simplifica.
Al artículo 14 se han presentado las enmiendas 83 y 35. No estamos de
acuerdo con dichas enmiendas porque creemos que el proyecto es mucho
mejor. Pensamos que no hay redundancia de ningún tipo y creemos que el
proyecto de ley clarifica y no entra en contradicción.
Al artículo 15 se ha presentado la enmienda 10. No estamos de acuerdo con
dicha enmienda porque creemos que no amplía el texto y consideramos que
es mejor dejarlo como está.
Al artículo 16 se han presentado las enmiendas 11 y 84. Estamos de
acuerdo con la nueva redacción del apartado 3 de dicho artículo porque lo
mejora y lo amplía.
Al artículo 17 se han presentado las enmiendas 85, 36, 86, 37 y 38. La
enmienda 85 pretende una mejora técnica con la que coincidimos porque
consideramos que mejora el texto. Con las restantes enmiendas no estamos
de acuerdo. En el artículo correspondiente se hace referencia a la
creación de un registro único en el Ministerio de Trabajo, pero nosotros
no sabemos si en los acuerdos existentes, que no conocemos, entre
Convergència i Unió y el Partido Popular se incluyen los registros en las
comunidades autónomas respectivas. Por ello nos gustaría que nos lo
explicaran, pero de entrada no estamos de acuerdo.
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda 87 al artículo 18.
Respecto a la enmienda 13, de adición, al artículo 19, porque se ha
retirado el artículo 18 bis por el Grupo del PNV, creemos que el primer
párrafo tendría que ser una disposición adicional y que el segundo se
podría introducir en la ya mencionada disposición adicional, con la que
coincidimos absolutamente todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso del turno de réplica a este
conjunto de enmiendas algún grupo de los que ya han intervenido?
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: En turno estricto de réplica, no, simplemente
para indicar que aceptamos la transaccional in voce del Grupo
Parlamentario Socialista a nuestra enmienda número 17 y retiramos la
enmienda 20.
El señor PRESIDENTE: ¿Los demás grupos tienen algo que manifestar sobre
las restantes transaccionales que ha planteado el Grupo Popular?
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Admitimos las transaccionales que se centran en
las enmiendas 76, 77, 79, 81 y 82, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguirre, del Grupo Vasco.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, aceptamos las transaccionales
que ofrece el Partido Popular a nuestras enmiendas y, por tanto,
retiramos las nuestras.
El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Solamente nos gustaría saber si el Grupo
Parlamentario Popular estaría dispuesto a suprimir el último párrafo de
la transaccional que propone al artículo 6 en relación con las enmiendas
24, 4 y 76.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: No aceptamos la transaccional consistente en
suprimir el tercer párrafo. Lo mantenemos tal como está, con el primero y
segundo párrafos de las enmiendas de CIU y del Grupo Parlamentario Vasco
y el tercer párrafo de la enmienda del Partido Popular. Por tanto, no
aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de enmiendas, relativas al
capítulo segundo, artículos 19 a 21 nuevo, disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales.
En primer lugar, por el Grupo Vasco, para presentar las enmiendas números
13 a 15, tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Quiero indicar que retiramos la enmienda 14 y
que para nosotros lo más importante de este capítulo es la adición que
presentamos a la disposición adicional, sobre todo en el punto 2, en
cuanto a que las regulaciones tributarias contenidas en la presente ley
se entienden sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes
en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de
Navarra. También quiero indicar que apoyaríamos la enmienda 52, del
Partido Socialista, que coincide, si no he tomado nota mal, con la 44, de
Convergència i Unió, y con la 68 y la 69, de Izquierda Unida, pero
consideramos que técnicamente es mejor la del Partido Socialista. También
apoyaríamos la 39, de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra el señor Silva, por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para presentar las
enmiendas números 39 a 47?
El señor SILVA SANCHEZ: Las doy por defendidas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para defender
las enmiendas 65 a 69, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Doy por defendidas mis enmiendas porque ya lo
he hecho en el primer turno de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 88 a 93, por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, voy a defender nuestras
enmiendas muy rápidamente porque todas tienen relación y a explicar
nuestra posición respecto a las demás.
Empezando por el artículo 19, Convergència i Unió plantea en la enmienda
39 una bonificación en la constitución y aumento del capital y en la
transformación de las sociedades.
Nuestro grupo no puede admitir esta enmienda porque, en función de la
modificación operada por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de
adecuación de determinados conceptos impositivos a las directivas y
reglamentos de las Comunidades Europeas, nos encontramos con el hecho de
que están exentas como operaciones societarias la constitución y aumento
de capital y el hecho de la transformación se encuentra como no sujeto.
Esta misma alegación es la que formulamos en relación con la enmienda
número 50, del Grupo Socialista. La estudiaremos posteriormente con todo
detenimiento, aunque entendemos que técnicamente en esta fase no la
podemos admitir ya que, como acabo de manifestar, consideramos que la
transformación es un hecho no sujeto al concepto de operaciones
societarias al que alude dicha enmienda.
En la enmienda número 65, de Izquierda Unida, se solicita una
bonificación para la cancelación de préstamos. Hemos de decir que no se
encuentra entre los beneficios actuales y plantearía unas dificultades de
gestión importantes que incluso podrían provocar una situación de fraude
fiscal. Entendiendo el sentido de la enmienda, consideramos que puede
producirse este doble hecho de un incremento necesario en la gestión
impositiva para poder fiscalizar si realmente esos préstamos finalizan
para refinanciar y tener la misma finalidad que al inicio, por lo que
podría generarse una falta de control e incluso aflorar un fraude fiscal,
razones que nos llevan a no poder apoyar tal enmienda.
La enmienda número 88, de mi grupo, plantea la supresión del punto 2 del
artículo 19. Planteamos, como se ha dicho antes, que las sociedades ahora
limitadas laborales, que se van a integrar por la aprobación del presente
proyecto de ley, tengan el mismo tratamiento que ya prevé el artículo
11.2.a) de la Ley 43/1995, reguladora del Impuesto de Sociedades, que
hace poco ha entrado en vigor y cuyo sistema de libertad de amortización
entendemos que es más amplio que el existente en el propio marco de la
proposición que debatimos.
La enmienda número 89 plantea, asimismo, la supresión del punto 3 del
artículo 19. Remitiéndonos a la motivación escrita que formulamos en la
misma, añadiré que este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados se encuentra cedido a nuestras comunidades
autónomas y, por tanto, también hay un factor competencial de regulación
de diversos beneficios fiscales que en esta materia puedan o no otorgar,
de conformidad con la legitimidad que al respecto ostenta.
La enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene una
similitud con la enmienda número 90, de nuestro propio grupo, en la que
se plantea la creación de un nuevo artículo 21, pero consideramos que el
punto primero de la adición que proponen es innecesario porque la
competencia para dirimir los conflictos a que la misma alude ya está
regulada en las normas procesales laborales. Sin embargo, consideramos
que lo que plantea el punto segundo es insuficiente, en la medida en que
nuestra enmienda ya contempla el encuadramiento en la Seguridad Social de
una forma específica, cosa que no acaba de definir concretamente dicho
punto segundo de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), que no apoyaremos.
La enmienda número 40, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, propone la adición de un nuevo apartado
al artículo 19. En definitiva, se trata de una reducción del tipo
impositivo al 20 por ciento, en concordancia con la enmienda número 76,
del mismo grupo. Al margen de razones recaudatorias obvias, las enmiendas
números 40 y 76 plantean, de hecho, problemas que consideramos graves. En
primer lugar, suponen una discriminación en sus propios términos, en la
medida en que tan sólo contemplan a las sociedades constituidas al amparo
de la ley, con lo cual se está eludiendo el tratamiento que preconizan
aquellas sociedades que sean objeto de transformación al amparo de esta
ley. De manera que aquí existe una primera discriminación, en nuestro
criterio, inaceptable. En segundo lugar, hemos de decir que la alusión a
los resultados extraordinarios se traduce en un término contable que no
incluye los rendimientos derivados de actividades ajenas al objeto social
y a las finalidades que justifican la concesión de los beneficios
tributarios. En tercer lugar, si lo que se pretende es una equiparación
al tratamiento fiscal de las cooperativas, habría que recordar que para
eso están las cooperativas, y esa forma social es asumible por quien
quiera integrarse en la misma; pero es evidente que la constitución de
una cooperativa también tiene otras exigencias, limitaciones y
condicionantes legales que no se dan en el marco de las sociedades
laborales que aquí y ahora estamos debatiendo. Por tanto, no parece
oportuno homogeneizar en lo bueno y no en el todo.
Por último, hemos de decir que, tanto el grupo proponente como este grupo
y todos los aquí representados, creo que estamos teniendo una particular
sensibilidad de apoyo a la economía social y de adecuado cumplimiento de
las previsiones constitucionales que en este sentido se están planteando.
De hecho, la iniciativa que hoy aquí se debate va a salir con una mejora
sustancial de determinados aspectos tradicionalmente reivindicados por la
economía social: el encuadramiento en el régimen general de los socios
trabajadores administradores, determinados beneficios fiscales, la
adaptación --como propone la iniciativa del Grupo Socialista que se
discute-- para que se puedan acoger a la forma social de limitadas y
diversos planteamientos en orden a transmisiones de acciones y otras
consideraciones. Hay un factor más, pero que no se va a debatir
finalmente aquí --espero--, que es el tratamiento de la capitalización
del desempleo. Hay que tener en cuenta que en la ley de acompañamiento se
planteó una enmienda a nuestro grupo con el fin de que las primeras
500.000 pesetas estuvieran exentas de tributación en la capitalización
del desempleo, que se está debatiendo en ese foro y que nos parece que es
más adecuado que el de esta ley, porque, indudablemente, del pago único
de la prestación de desempleo no es sólo beneficiario el titular
trabajador que se vaya a integrar en una sociedad laboral, sino también
el trabajador que se va a integrar en una cooperativa, figura social que
hoy no estamos analizando ni debatiendo aquí. Por tanto, razones de
técnica jurídica y, en el momento presente,
de debate político creo que hacen necesario que los grupos que han
articulado diversas enmiendas en este sentido --a los que hago una
apelación al respecto--, en congruencia con ese debate y con la
manifestación técnica-jurídica a la que acabo de aludir, procedan a la
retirada de dichas enmiendas, dado que no es éste ni el lugar ni el
momento adecuado para su debate.
Al artículo 19 hay también otra enmienda, la número 41, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pretende una deducción
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la cuota del 15
por ciento de las inversiones realizadas por los socios trabajadores en
las sociedades laborales. En nuestro criterio esto supondría una grave
discriminación porque hay que pensar que también hay trabajadores que no
son socios, porque sus empresas no son sociedades laborales, que se
pueden encontrar en la misma situación de inversión y que, sin embargo,
tendrían un tratamiento discriminatorio de desigualdad en la medida en
que no se podrían acoger, en modo alguno, a la deducción que postula el
Grupo Catalán. Por otro lado, desde una concepción más global del
carácter fiscal de la tributación, nos encontraríamos con una ruptura del
carácter general del IRPF, que nos parece que ni es asumible ni es éste
el lugar más razonable para plantearlo.
La enmienda número 42, también del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), plantea la adición de un nuevo apartado al
artículo 19. Lo que pretende esta adición es que las sociedades laborales
cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a 1.000 millones de
pesetas se puedan beneficiar de las previsiones que al respecto establece
la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades --digo nueva porque lleva
pocos meses en vigor-- para aquellas cuyo volumen de negocio no exceda de
250 millones de pesetas. Nuevamente debemos hablar aquí de posibles
tratos discriminatorios, de que se rompe el objetivo de la neutralidad
fiscal, de que estamos intentando, por la vía de la ley de sociedades
laborales, la modificación de una ley de diciembre del año pasado y que
ha entrado en vigor hace muy poco tiempo. Además, políticamente hablando,
consideramos que, pese a la buena voluntad que reconocemos en el elenco
de enmiendas de carácter fiscal que ha planteado fundamentalmente el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esto tampoco va a
afectar positivamente a la globalidad de las empresas y la economía
social. Si, dentro de los análisis del núcleo de las empresas del tejido
social español, se calculaba que el margen de 250 millones afectaba al 75
por ciento de las empresas, qué duda cabe que en el campo de la economía
social todavía --me atrevo a decir-- afectará a un mayor número de las
mismas. Por tanto, lo que se plantea sería prácticamente una exención
para todas o para casi todas, porque se me escapa el pensar que haya
muchas que desborden el marco de los 1.000 millones a que alude la
enmienda que, por las razones esgrimidas, naturalmente no podemos apoyar.
La enmienda número 66, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ha sido ya analizada a la hora de ver la
número 40, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En la enmienda número 90, de nuestro grupo, se propone un nuevo artículo
21. Se dice: Todos los trabajadores socios --técnicamente se debería
decir todos los socios trabajadores-- de las sociedades laborales estarán
afiliados al régimen general de la Seguridad Social, incluidos los
miembros del órgano de administración, tengan o no competencias
directivas. Creemos que ésta es una cuestión importante y largamente
reivindicada desde el mundo de la economía social a lo largo de los
últimos años, desde el momento en que una circular del Instituto Nacional
de la Seguridad Social condujo a que los directivos, aunque fueran socios
trabajadores, tuvieran que cotizar en el régimen especial de trabajadores
autónomos, con el grave problema que esto implica en este tipo de
empresas, cuyo tamaño es casi de microempresa o de pequeña empresa en la
mayoría de los casos, puesto que para un trabajador supone un gran
esfuerzo, aparte de cumplir con su horario de trabajo, liderar y asumir
las responsabilidades que se derivan del carácter de administrador o de
miembro del consejo de administración de la sociedad laboral. Si a ello
uníamos, en estos últimos años, la circunstancia de que, supuesta la no
viabilidad de la empresa, no pudiera acceder al desempleo por estar
dentro del ámbito de aplicación del régimen de trabajadores autónomos,
huelga decir el grave quebranto que se planteaba para que la gente
pudiera asumir estas imprescindibles obligaciones en la llevanza y
liderazgo de las empresas de las sociedades laborales. Creemos que con
nuestra propuesta, que es, de un modo u otro, una enmienda articulada
desde los diversos grupos, se da una cabal y satisfactoria respuesta que
va a permitir a estas empresas, en la vida práctica, un mayor auge y una
mayor estabilidad.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) plantea en su enmienda número 15 --a
la cual su portavoz hace un momento le daba particular relevancia-- la
adición de dos puntos a la disposición adicional primera. Nuestro grupo
está dispuesto a ofrecer al grupo enmendante y al resto de los grupos de
la Cámara una enmienda transaccional, en el sentido en que nos parece que
puede ser y es oportuno lo que se pretende en el punto 2, con una
matización de mejora técnica. Se dice: Las regulaciones tributarias
contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes
tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco
y la Comunidad Foral de Navarra. Nosotros lo único que planteamos es: «Lo
dispuesto en el capítulo segundo de la presente ley», porque el capítulo
segundo es específicamente el que alude a las introducciones de medidas
fiscales y tributarias en la ley. El punto 3 nos parece ocioso porque la
ley no está, de hecho, afectando a las transmisiones inter vivos y mortis
causa, ni al Derecho civil foral de ninguna comunidad autónoma, por lo
cual entendemos que no es procedente su admisión. En definitiva, y
repito, asumiríamos el primer párrafo como punto 2 que figura en la
enmienda, con la sustitución de «Las regulaciones tributarias contenidas
en la presente ley» por «Lo dispuesto en el capítulo segundo de la
presente ley».
La enmienda número 92, de nuestro grupo, plantea una adición a la
disposición adicional cuarta, que por celeridad diré que ya ha sido
admitida por el Grupo Socialista a la
hora de valorar la supresión del artículo 4.º que postulábamos en una
enmienda precedente. Esta enmienda es concorde con la nuestra número 88.
La motivación es más que explícita. Tan sólo se trata de una adaptación
de las futuras sociedades laborales limitadas a la libertad de
amortización contemplada en el artículo 11.2 a) de la Ley 43/1995, del
Impuesto sobre Sociedades.
La enmienda número 43, de Convergència i Unió, alude en parte a la
enmienda 90, de nuestro grupo, que acabo de exponer en relación a la
afiliación y cotización al régimen general de los administradores socios
trabajadores de las sociedades laborales. Entendemos que es más correcta
nuestra enmienda, por lo que no apoyaremos, pese a la coincidencia en el
espíritu y finalidad, la enmienda que en este sentido ha planteado el
Grupo Catalán.
La enmienda número 44 alude al desempleo. Yo estaría dispuesto --y si es
menester lo dejo para el turno de réplica-- a entrar en unas
consideraciones también técnicas de fondo, pero como acabo de manifestar
un ruego dirigido a todos los grupos, que creo que razonablemente se ha
atendido, de retirar estas enmiendas porque el debate se está planteando
en otro foro, considero que no vale la pena entrar a analizar las
enmiendas 44 y 45, sin perjuicio de decir que el artículo 56 del Real
Decreto 12/1995, del IRPF, ya ha corregido el hecho de la progresividad
de imputar en la base imponible de un ejercicio al trabajador
contribuyente que capitaliza el desempleo y le permite amortizarlo como
si hubiera un pago diferido, como cualquier trabajador que no capitaliza.
Por tanto, ya se produjo en la legislatura anterior una corrección en
parte de este tema, que penalizaba muy duramente al trabajador que
capitalizaba el desempleo y, como digo, en este aspecto ha quedado
razonablemente rectificado.
La enmienda 46, de Convergència i Unió, se refiere a la sucesión
empresarial, artículo 72 de la Ley General Tributaria. Nosotros no
podemos aceptar esta enmienda por más que comprendamos las buenas
intenciones en las que se fundamenta, primero, porque esta ley no es el
marco más adecuado para regular la sucesión empresarial de una sociedad
laboral, y ello porque la sucesión empresarial afecta a diversas leyes: a
ley sobre el Impuesto de Sociedades, que acabo de aludir con reiteración
en mi intervención, al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de la
Seguridad Social. Por tanto, está afectando a un núcleo de nuestro
ordenamiento jurídico que entiendo escapa del debate estricto que debemos
plantear en esta ley, además justamente en concordancia con las primeras
palabras que vertía hoy aquí el representante de Convergència i Unió, que
yo asumo y que en lógica coherencia debería atenderlas ante el ruego no
ya de que no la apoyemos, sino que consideramos que la debía retirar, y
tal vez deberíamos reflexionar todos sobre que se deba impedir que haya
mecanismos desde la Hacienda pública que planteen ipso iure una
imputación automática de sucesión de deudas tributarias que impida el
nacimiento de nuevas sociedades laborales. Este es un debate que yo creo
que podríamos considerar. Es un debate que este Diputado tiene el honor
de conocer porque hace años lo planteó en su provincia, que, como se
sabe, tiene por el concierto capacidad normativa foral, y llegamos a una
fórmula de encuentro que permitió viabilizar iniciativas de este tipo.
Pero yo creo que no es dable irnos ahora al otro extremo, porque
estaríamos abriendo una puerta incluso al fraude si automáticamente
establecemos que no hay sucesión. Este es un tema casuístico que afecta,
como he dicho, a la unidad del ordenamiento jurídico, y es una cuestión
que yo creo que nos podríamos plantear todos los grupos de esta Cámara
por su trascendencia e interés en apoyo del autoempleo y de protección de
la economía social.
La enmienda número 51, del Grupo Socialista, la doy por respondida con mi
explicación a nuestra enmienda número 90.
La enmienda número 52 se refiere al desempleo, al cual no hago ninguna
mención más.
La enmienda número 67, de Izquierda Unida, es similar a nuestra enmienda
número 90.
La enmienda número 68, de Izquierda Unida, plantea en parte el tema del
desempleo e incluye el hecho de la exención de la prestación por
incapacidad permanente. Creemos que hemos expuesto con largura las
razones de nuestro no posible apoyo a dicha enmienda.
La enmienda 69 va en el mismo orden en cuanto a las prestaciones de
desempleo y su pago único.
La enmienda número 91, del Grupo Parlamentario Popular, plantea a la
disposición derogatoria única una adición: «A la entrada en vigor de la
presente Ley quedará derogada la Ley 15/1986...», que es lo que prevé el
texto, «... así como el Real Decreto 26/1996.» Estaríamos dispuestos, en
atención a la enmienda número 47, de Convergència i Unió, a retirar esa
mención en la medida en que ellos consideran que ya está expresamente
derogado dicho real decreto. Por tanto, limitaríamos nuestra adición a
que «en lo que no se oponga a la presente ley también queda derogado y en
tanto se cumpla la previsión recogida en la disposición final primera,
las disposiciones del Real Decreto 2229/1986.» Con esto he respondido
también a la enmienda número 47, de Convergència i Unió.
Concluyo con la enmienda número 93, de nuestro grupo, en la cual se
plantea la modificación de la disposición final primera, que entendemos
será atendida por el Grupo Socialista, en la medida en que se adecua a
anteriores enmiendas en cuanto a la no necesidad de modificación de la
legislación del Impuesto sobre Sociedades. Planteamos, tal y como
expresamos en la misma, que el Gobierno, a propuesta de los Ministros de
Justicia y de Asuntos Sociales --pone técnicamente Trabajo, una
incorrección--, oídas las comunidades autónomas, procederá a aprobar en
un plazo no superior a tres meses a partir de la publicación de esta ley
el funcionamiento, competencia y coordinación del registro administrativo
de sociedades laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Enmienda que es totalmente congruente también con nuestra última enmienda
a la que he hecho alusión.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista va a presentar las enmiendas 50
a 52. Tiene la palabra don Sergio Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Conectando con la exposición de motivos de esta
proposición de ley, todo el régimen fiscal, económico y tributario de las
sociedades limitadas está dirigido, como antes decía mi compañero
Francisco Arnau, a impulsar y promover los objetivos de la ley, esto es,
buscar nuevas formas de creación de empleo, y, por tanto, establece
normas específicas que fomentan la creación de estas formas societarias
por un conjunto de trabajadores, impulsando su desarrollo, su crecimiento
y su implantación como una forma societaria a proteger. De esta manera,
todo este capítulo y sus disposiciones adicionales establecen un conjunto
de normas para dar un tratamiento al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales; trata de establecer un procedimiento para las prestaciones
por desempleo de pago único, y afecta al Impuesto sobre Sociedades, al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la afiliación a la
Seguridad Social y a las amortizaciones empresariales. He querido
resaltar estos bloques porque tiene mucha importancia saber que estamos
ante una forma societaria que, dentro de la economía social, tiene mucho
de la cooperativa en el sentido de filosofía, pero tiene mucho de la
forma societaria más común, por tanto con más sentido de participación de
capital, que son las sociedades anónimas o las sociedades de
responsabilidad limitada, que con la regulación de las sociedades de
responsabilidad limitada se vio la obligación de adaptar justamente estas
formas societarias a partir de la modificación de la Ley de Sociedades
Anónimas Laborales preexistentes.
Dicho esto, globalmente considero que en todo este bloque hay una
coincidencia de fondo bastante importante respecto de la formulación que
hace originalmente la proposición de ley, incluso de las enmiendas que
planteamos los grupos políticos para su perfeccionamiento. No obstante,
hay determinados matices, que son los que forman parte de este debate,
que sin más preámbulos entro a analizar.
En el artículo 19, todo lo relacionado con el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados está compuesto por tres
enmiendas, la número 39, de Convergència i Unió; la 65, de Izquierda
Unida, y la 50, de nuestro propio grupo. ¿Por qué presentamos una
enmienda nosotros? Exclusivamente porque en la proposición de ley
original, en la letra a), no contemplamos más que la exención en los
actos de constitución y aumento de capital. Sencillamente no estábamos
contemplando en aquel momento una realidad que tenemos que contemplar
como es la adaptación de sociedades ya existentes en sociedades anónimas
laborales o sociedades de responsabilidad limitada laborales o de éstas
entre sí. Tenemos también que hacer exentas estas cuotas devengadas por
estas operaciones societarias en estas causas. Este es el único elemento
que modifica el texto original de la proposición de ley, que creo que
coincide básicamente con lo propuesto por Convergència i Unió y por
Izquierda Unida. No obstante ello hay tres textos, y la modificación
fundamental del nuestro respecto de la enmienda número 39, de
Convergència i Unió, está en que nosotros hacemos exención del 100 por
ciento y CiU establece una bonificación del 99 por ciento. Yo pediría a
CiU que aceptara que nuestra enmienda supone una transacción respecto de
la 39 y un perfeccionamiento del 99 al 100 por ciento, pero exactamente
con el mismo contenido prácticamente literal.
Al artículo 19.2 hay presentada una enmienda, la 88, conectada con la 92,
del Partido Popular, que en estos momentos anunciamos su aceptación por
nuestro grupo porque consideramos que la ubicación que propone es la
correcta y que, además, no modifica, en absoluto, el contenido literal de
la previsión que tiene la proposición de ley de libertad de amortización.
Es una norma jurídica que perfecciona su ubicación normativa pero que no
afecta, en absoluto, al contenido. Por tanto, vamos a votar
favorablemente las enmiendas 88 y 92, del Partido Popular.
Vamos a votar en contra de la enmienda número 89, al artículo 19.3, del
Partido Popular porque parece que, de acuerdo con la Ley 43/1995, quiere
establecer la supresión del apartado 3 del artículo 19. En todo caso no
vemos que, suprimiendo este apartado, exista ninguna previsión
reglamentaria para desarrollar las concesiones de beneficios tributarios
y, por tanto, consideramos que debe mantenerse este apartado 3 del
artículo 19.
Posteriormente hay un conjunto de enmiendas de carácter estrictamente
fiscal, que son las números 40, 41 y 42, de Convergència i Unió, y la
número 66, de Izquierda Unida, relacionadas con propuestas específicas de
mejoramiento fiscal de estas sociedades, muy especialmente la de
modificación del Impuesto sobre Sociedades para que tributen al 20 por
ciento en vez de al tipo general. Nuestro grupo va a votar en contra de
estas cuatro enmiendas, en base a diferentes argumentaciones que tratan
de establecer un equilibrio entre lo que es la protección a estas
sociedades y lo que es adoptar unas medidas equilibradoras respecto de lo
que son los regímenes tributarios de las cooperativas fiscalmente
protegidas.
Consideramos que un impuesto de sociedad disminuido sustancialmente, como
el que se pretende en esta enmienda número 40, como si fuesen
cooperativas fiscalmente protegidas, no procede en la medida en que las
cooperativas fiscalmente protegidas, para llegar a este tipo de beneficio
tributario, tienen que pasar por un conjunto de requisitos tremendamente
rígido y estricto como corresponde a una forma societaria que el
legislador quiere proteger de manera especial. Creemos que el conjunto de
los elementos tributarios que favorecen a las sociedades limitadas en la
proposición de ley son suficientes, son estimuladores de la actividad y,
sin embargo, entraríamos en un desequilibrio importante si consideráramos
una disminución del Impuesto sobre Sociedades sin, al mismo tiempo,
corregir todo el régimen casuístico que hace que las cooperativas
fiscalmente protegidas puedan acceder a este régimen tributario.
Vamos a votar en contra de la enmienda número 41 porque la deducción en
la cuota íntegra del IRPF del 15 por ciento de las inversiones realizadas
en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones de las
sociedades, a pesar de que no es ajeno, de que no es novedosa una
propuesta de esta naturaleza, hoy está básicamente fuera de toda la
normativa como consecuencia del carácter universal
del IRPF y de la necesidad de no establecer discriminaciones o islas en
el tratamiento de las rentas de las personas físicas en el conjunto del
territorio y para el conjunto de las rentas.
Igualmente vamos a votar en contra de la enmienda número 42, de
Convergència i Unió, en base a que ya el artículo 122.1 de la Ley 43/1995
establece, de manera restrictiva, que los incentivos fiscales para las
empresas de reducida dimensión afectarán a aquellos que tengan una cifra
de negocios inferior a 250 millones de pesetas. Por tanto, se establece
un equilibrio entre una serie de incentivos fiscales, pero para acceder a
ellos a partir de unas condiciones suficientemente estrictas. Ampliar esa
cifra de negocios a la cantidad de mil millones de pesetas nos parece que
desborda los elementos que hacen que deban disfrutar de más incentivos
fiscales algunas empresas, siempre que tengan una cifra de negocios muy
pequeñas, que sean empresas de las llamadas microscópicas, pequeñas
realmente, con lo cual su incentivo tiene que ser infinitamente superior.
Votaremos también en contra de la enmienda 66, de Izquierda Unida, que
propone reducir la tarifa del Impuesto sobre Sociedades al 20 por ciento.
Señor Presidente, entiendo que el Partido Nacionalista Vasco ha retirado
su enmienda número 14. Por tanto, no vamos a referirnos a ella.
En relación con la enmienda número 15, del Partido Nacionalista Vasco,
nuestro grupo considera que no aporta nada nuevo, y así debe ser, por
tanto es ociosa la insistencia. Al mismo tiempo, tampoco parece necesario
votar en contra porque lo que abunda no daña, en principio, pero nos
apuntamos más a la formulación que acaba de hacer el representante del
Partido Popular globalizando el apartado 1, en cuanto al título entero,
nos parece más correcto técnicamente y, sin embargo, nos parece que el
tercer apartado que propone está absolutamente ajeno al contenido de esta
proposición de ley. En cualquier caso, lo votaremos en contra si es
posible una votación separada de los dos apartados de esta enmienda.
En relación a la enmienda 46, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), respecto a la sucesión de empresas, hemos tenido
la oportunidad de conversar los diferentes grupos parlamentarios antes
del comienzo de esta sesión, porque es un tema extraordinariamente
importante, y, por lo que alcanzo a comprender de las conversaciones que
hemos mantenido, nadie está contento, tampoco el proponente, respecto del
propio texto que presenta como enmienda. Sin embargo, sí estamos todos de
acuerdo en que habría que establecer una norma clara respecto de este
asunto, de cómo afectarían, en el caso de las SL los elementos
relacionados con la sucesión y, por tanto, con la responsabilidad de las
deudas anteriormente contraídas. Pero queremos decir que para nuestro
grupo hay elementos consagrados de los que en ningún caso vamos a apoyar
su modificación, que son los relacionados con los derechos que establecen
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 127.2 de la
Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, si hay algo que vamos a
poder hacer en el trámite del Senado será en relación con la Ley General
Tributaria, tal como el propio portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convèrgencia i Unió) decía en los momentos previos a la constitución de
la Comisión. Esto quiere decir que nuestro grupo votará en contra de la
enmienda 46, pero para el «Diario de Sesiones» quedará constancia de que
estamos en la mejor disposición para, en el trámite del Senado, mover
esta situación hacia un consenso mucho más importante.
La disposición adicional quinta tiene otro grupo de enmiendas importante,
las que se refieren a la afiliación al régimen general de la Seguridad
Social de los trabajadores que forman parte de estas sociedades
laborales. Hay un grupo de enmiendas que comprende la 67, de IU; la 43,
de CiU; la 90, del PP, y la 51, del Partido Socialista. Hay una
coincidencia clarísima en el fondo, pero hay elementos de matiz que me
parece fundamental destacar.
Señor Presidente, la enmienda 51, del Grupo Socialista, mi grupo, que es
la que vamos a votar favorablemente y, por tanto, en contra del resto de
las enmiendas, nos parece que establece un elemento absolutamente claro y
un elemento estrictamente técnico, que no sólo se podrán afiliar los
trabajadores, que serán por cuenta ajena, y estarán incluidos en el
régimen general, sino que establece la posibilidad de que también estén
en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, según
proceda por la rama de actividad. Sencillamente, es una evidencia que
mientras existan regímenes especiales hay que contemplar esto. Por tanto,
el texto de nuestra enmienda 51 nos parece que recoge, como fondo, el
espíritu que todos compartimos, pero que técnicamente está mejor
formulada, por lo que pedimos el apoyo a esta enmienda y la retirada, si
fuese posible, del resto de las enmiendas a esta disposición adicional
quinta.
Finalizando ya, señor Presidente, el otro aspecto fundamental de esta
proposición es cómo se capitalizan las prestaciones por desempleo y qué
incidencia van a tener desde el punto de vista fiscal. Nuestro grupo va a
retirar la enmienda 52, y la va a retirar en la medida en que ya el Grupo
Popular ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento, la número
456, que se está debatiendo en este momento en la Comisión de Economía
del Congreso de los Diputados. No estamos de acuerdo con el contenido de
esa enmienda, pero al estar mi grupo de acuerdo en que la ubicación
jurídica para hacer esta discusión es en la ley de acompañamiento,
estamos seguros de que en el debate que se está produciendo allí se va a
llegar a un acuerdo. No obstante, también quiero decir en este trámite, a
efectos de manifestar nuestra posición, que la limitación de 500.000
pesetas que establece el Grupo Popular, en la filosofía de capitalizar
prestaciones por desempleo para incorporarlas al capital de una SAL o una
SRL, nos parece absolutamente exigua y prácticamente absurda, desde el
punto de vista de lo que significa cualquier régimen de capitalización.
Estamos --¿o no?-- dándole a los trabajadores la posibilidad de que una
prestación por desempleo cobrada en pago único sea incorporada de manera
íntegra a la creación de una sociedad laboral. Si estamos de acuerdo en
que las sociedades laborales tengan un capital importante, si estamos de
acuerdo en que tengan unos niveles de solvencia financiera
importantes, no podemos --por mor de temas recaudatorios, que no
considero importantes-- limitar los efectos de este beneficio tributario
a la cifra de 500.000 pesetas, salvo que estemos obviando el objetivo
fundamental que se propone esta norma. Lo digo a efectos de que conste ya
nuestra opinión y a efectos de que el Grupo Parlamentario Popular
considere, en el trámite que se está desarrollando en este momento en el
debate de presupuestos, esta posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalmente, señor Presidente, en las disposiciones derogatorias y
finales, nuestro grupo va a votar favorablemente la enmienda 47, de
Convergència i Unió, por considerar que en el tema registral la posición
que ha manifestado su portavoz coincide plenamente con las
manifestaciones realizadas por nuestro anterior portavoz, el señor Arnau,
y que las posiciones que mantiene el Grupo Popular en sus enmiendas
números 91 y 93 rompen, desde nuestro punto de vista, un procedimiento,
aunque creo que no en el fondo de la cuestión, que está mejor enlazado,
técnicamente, con el propio texto de la proposición de ley que estamos
debatiendo en este momento.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere manifestar su opinión en
relación con las propuestas de enmiendas transaccionales o con cualquier
otro punto?
Señor Silva, tiene la palabra.
El señor SILVA SANCHEZ: Por un lado, quiero anunciar la retirada de la
enmienda 46 porque, en virtud de conversaciones con portavoces de los
restantes grupos, intentaremos, de cara al Senado, darle una redacción
más correcta y que pueda ser asumida por otros grupos, así como las
números 44 y 45, en la medida en que la capitalización de la prestación
por desempleo, como se ha indicado aquí, está siendo tratada en el debate
parlamentario de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden
social.
En segundo lugar, querría proponer una transaccional a la enmienda 50,
del Grupo Parlamentario Socialista (haré llegar a la sala el texto), a la
letra a) de su enmienda. Se diría: Exención de las cuotas devengadas por
las operaciones societarias de constitución y aumento de capital y de las
que se originen por la transformación de sociedades anónimas laborales ya
existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada (sólo
podemos hablar de transformación cuando lo que cambia es la forma social;
sólo habrá transformación al pasar de sociedad anónima laboral, que es lo
único que puede existir ahora, a sociedad de responsabilidad limitada),
así como por la adaptación de las sociedades anónimas laborales ya
existentes a los preceptos de esta ley. Creo que éste es el marco
estricto en el que podemos conceder esta exención, si la admitiese el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, tiene la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer las intervenciones y la
retirada a que ha hecho mención ahora el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y anteriormente el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y decir que las estudiaremos con detenimiento.
Antes he aludido a que no hay diferencia alguna política en cuanto a la
enmienda número 50, sino que encontramos un obstáculo de índole
estrictamente técnico, que intentaremos esclarecer si estamos equivocados
o no, en el sentido de que consideramos que no hay una sujeción del
impuesto al hecho de la transformación. Ese es el motivo por el cual no
podemos dar apoyo ni a la enmienda inicial del Grupo Socialista, ni a la
posible transaccional, si acepta, que se le acaba de plantear.
Sin embargo, sobre la enmienda transaccional relativa a la transformación
a SL diré que en este momento eso está bien, pero a lo largo de la vida y
en la aplicación futura de la ley también habrá la posibilidad de que se
transformen las SL en SA y, por tanto, es una limitación previa que creo
que deberían reconsiderar, si se me permite, y siendo ajeno al debate de
esta enmienda.
En cuanto a la enmienda número 51, hay una coincidencia política plena,
una voluntad política concordante. Nuestro grupo lo articulaba incluso
como un artículo separado, por la trascendencia que dábamos a la cuestión
y que queríamos resolver ya. No obstante, en este trámite vamos a
mantener nuestra enmienda y lo reconsideraremos de cara al tratamiento
que se le pueda dar en el Senado.
Agradezco asimismo la retirada de la enmienda número 52.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención respecto a las
transaccionales propuestas? (Pausa.) Si no hay ninguna otra petición de
palabra, damos por concluido el debate sobre las enmiendas a la
proposición de ley de sociedades laborales presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
La votación se va a hacer conjuntamente de todas las enmiendas, una vez
analizadas la proposición y el proyecto de ley que vienen a continuación
en el orden del día.
Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Presidente, uno de los ponentes tiene que
irse dentro de pocos minutos y quisiéramos saber si se podría proceder a
la votación de esta ley en estos momentos; él tiene ordenado todo.
El señor PRESIDENTE: Me lo había pedido la portavoz del Grupo Vasco,
porque está en la comparecencia de un miembro del Gobierno vasco en la
subcomisión de sanidad.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Perderemos al ponente.
El señor PRESIDENTE: Habíamos calculado la votación a partir de las once
y cuarto, porque las dos siguientes proposiciones sólo tienen tres
enmiendas.
--PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE
INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
122/000004.)
Señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, que
es la proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones
de invalidez en la modalidad no contributiva, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Hay presentada una única enmienda del Grupo de Convergència y Unió.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, la enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario Catalán pretende completar la propuesta que hace
esta proposición de ley del Grupo Socialista. Entendemos que existe un
colectivo, que en estos momentos es pequeño y que tiene tendencia a ser
más reducido, que nos habla de la necesidad de poder compatibilizar sus
prestaciones con la realización de trabajos remunerados. Nos parece que,
desde un punto de vista cuantitativo, no estamos ante una actuación que
pueda tener un coste elevado para las arcas del Estado, pero que sí puede
resolver los problemas de un colectivo que se ve necesitado de poder
compatibilizar su prestación no contributiva con su trabajo. Esta es una
reivindicación que existe por parte de importantes sectores que trabajan
en el terreno de las minusvalías y creemos que sería de justicia que esta
Comisión aprobase esa enmienda, entendiendo, como se manifestó en el
debate correspondiente, a nivel general, que la proposición de ley del
Grupo Socialista, y que, por otra parte recoge también la ley de
acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, da salida a
necesidades más que evidentes y que en otros momentos nuestra legislación
ya había recogido en este mismo sentido.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en relación con esta
enmienda? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, el señor Camps tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, la propuesta contenida en esta
enmienda pretende incluir en los supuestos de recuperación automática de
las pensiones no contributivas por invalidez a los perceptores del
subsidio de garantía de ingresos mínimos acogidos a la Ley de Integración
Social de los Minusválidos que hayan perdido su derecho por igual causa,
o sea la realización de trabajos remunerados por cuenta ajena o propia.
La motivación, evidentemente, señorías, no son las razones de
incentivación laboral expuestas en la enmienda, sino la más completa
fidelidad a la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Senado con
fecha 10 de mayo de 1995, puesto que de no incluirse estos supuestos en
la ley que se propone se produciría un agravio comparativo atentatorio al
principio de igualdad constitucional correctamente entendido.
Tanto las pensiones no contributivas de invalidez, derivadas de la Ley
26/1990, como el subsidio de garantía de ingresos mínimos, previsto en la
Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, constituyen
prestaciones de carácter universal no contributivo para igual protección,
la de una minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
El hecho de que una prestación haya sucedido normativamente a la otra en
el orden del tiempo y su regulación conlleve ciertas diferencias
concretas, accidentales u objetivas no debería determinar la exclusión de
la acogida a la Ley 13/1982, del contenido de la actual proposición de
ley en tanto los sujetos beneficiarios de la misma puedan hallarse en la
situación contemplada en este proyecto legal.
Ahora bien, en ambos supuestos, pensiones no contributivas y subsidio de
garantía, nos hallamos ante un hecho, la realización de trabajos
remunerados, de efectos extintivos respecto a derechos reconocidos en las
respectivas leyes, no ante supuestos de reducción de las prestaciones y
ésa es la razón de la proposición de ley, convertir la extinción en
suspensión y, por tanto, una vez desaparecido el impedimento, recuperar
automáticamente el derecho, sin considerar en el concepto de
insuficiencia de ingresos los devengados por tales trabajos.
Nos encontramos, pues, a nuestro juicio, ante el supuesto de que los
ingresos por trabajos, unidos o no a otros, superen el importe de la
pensión no contributiva o bien ante el hecho de que tales ingresos, por
constituir el desarrollo de una actividad laboral, impliquen la inclusión
en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social y/o
determinen la superación del nivel de recursos económicos incompatibles.
El problema que se da en el presente caso con esta enmienda, en el caso
de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos es, de
un lado, la imposibilidad jurídica a priori de generar un nuevo derecho,
según la Ley 13/1982, por hallarse ésta derogada y, de otro, la posible
dificultad de causar derecho a la pensión no contributiva de invalidez,
por no reunir todos los requisitos exigibles para acceder a ella. La
solución precisa estimar los supuestos de realización de trabajos
remunerados como supuestos suspensivos que permitan, por tanto, una vez
finalizados, la reanudación del derecho, sin modificar, no obstante, el
contenido de tal derecho que seguiría rigiéndose por su legislación
específica ya derogada.
Si bien la finalidad de la enmienda la entendemos correcta, su
articulación normativa, en base a la reducción del subsidio, así como su
encaje en una disposición adicional, no parecen ajustarse a las
exigencias de respetar el esquema operativo de compatibilidades señalado
en la Ley 13/1982 y el Real Decreto de 1 de febrero de 1984 para el
mantenimiento del derecho y, por otra parte, no se acomoda al carácter
transitorio con el que se mantienen tales disposiciones.
Resultaría más conveniente, a nuestro juicio, efectuar, en la disposición
transitoria undécima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, que se refiere específicamente a estos subsidios de la
Lismi, una remisión por vía de excepción con respecto a los tres últimos
párrafos del artículo 144 de la Ley de Seguridad Social. Por tanto,
proponemos una enmienda transaccional al grupo enmendante, que tiene el
texto ya. Consistiría en cambiar la denominación del artículo único por
la del artículo primero
y añadir el siguiente artículo, que tendría la denominación de artículo
segundo. Se da una nueva redacción a la disposición transitoria undécima
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, añadiendo un nuevo
número a dicha disposición en los términos siguientes: 3) En los
supuestos de contratación por cuenta ajena o establecimiento por cuenta
propia de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos,
será de aplicación a los mismos, en cuanto a recuperación automática del
derecho al subsidio, lo dispuesto al efecto para los beneficiarios de la
pensión de invalidez en su modalidad no contributiva en el artículo 144
de la presente ley. Asimismo, no se tendrán en cuenta para el cómputo
anual de sus rentas, a los efectos previstos en su legislación específica
aplicable, las que hubieren percibido en virtud de su actividad laboral
por cuenta ajena o propia en el ejercicio económico en que se produzca la
extinción del contrato o el cese de la actividad laboral.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Nos hubiese gustado que al menos el Grupo
Popular se hubiese puesto de acuerdo con nosotros en el texto de la
enmienda presentada, pero entendemos que la transacción que nos ofrece
cubre en parte aquello que estamos demandando y que es una enmienda que,
desde el punto de vista legislativo, se puede adecuar mejor al carácter
excepcional y transitorio que tienen los antiguos subsidios.
Por tanto, aceptamos esta oferta de transacción.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señor Presidente, respecto al punto que
acabamos de concluir, ¿no hay ninguna otra observación, quedaría aprobado
tal cual?
El señor PRESIDENTE: Habrá que votarlo posteriormente.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Yo querría, si no hay inconveniente por parte
de los demás grupos, sugerir una modificación puramente de redacción.
El señor PRESIDENTE: Sugiérala, señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: El párrafo fundamental de la proposición de
ley, si no he contado mal, tiene hasta trece líneas sin ningún punto. Yo
no sé si es por mi tendencia azoriniana, pero, si no hay inconveniente
por parte de los demás grupos, me gustaría introducir un punto, más o
menos a la mitad.
En la séptima línea, después de «... desarrollar su actividad laboral...»
hay una coma y sigue «... a cuyo efecto no obstante lo previsto...»,
sugeriría poner un punto y seguido. El texto quedaría así: «A estos
efectos, ...» Y continuaría: «... no obstante lo previsto...» Creo que la
respiración de quienes tengan la obligación de utilizar este texto legal
mejorará considerablemente. Podemos contribuir a la economía del gasto
sanitario. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: La propuesta de mejora de redacción parece que no
ofrece ningún problema y se acepta por asentimiento.
--PROYECTO DE LEY DE ASIMILACION DE JORNADAS A LOS EFECTOS DEL SUBSIDIO
POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL REGIMEN
ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
9/1996, DE 7 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley de asimilación de
jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores
eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad
Social, procedente del Real Decreto-ley 9/1996, de 7 de junio. A dicho
proyecto ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Cataluña.
Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, las dos enmiendas en
realidad son una misma porque las dos hacen referencia a la fecha de las
solicitudes a las que hace mención el proyecto para la asimilación de
jornadas a los efectos del subsidio del desempleo de los trabajadores
eventuales del régimen agrario de la Seguridad Social, el 31 de octubre.
Nosotros pretendemos que se incluyan todas aquellas solicitudes hasta el
31 de diciembre, porque parece lógico que dé la posibilidad de que se
incluyan todas las que entren en el término natural del año. Adecuar al
término natural del año este hecho que viene repitiéndose todos los años
podría ser más conveniente y más adecuado a los intereses de los
trabajadores afectados.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra algún grupo en
relación con estas enmiendas?
Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quiero anunciar nuestro voto
en contra de las enmiendas propuestas por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, fundamentalmente porque desvirtúan el
sentido para el que fue implementado este proyecto de ley. Se pretende
con el mismo dar solución a una situación especial, situación provocada
por la sequía en nuestro país, ampliando el término del sistema que
existía en esos momentos y alargándolo hasta el 31 de octubre. Con la
enmienda que presenta Izquierda Unida lo que se pretende es ampliar el
plazo hasta el 31 de diciembre y no nos parece razonable en tanto en
cuanto desvirtúa la concepción del mismo.
Esta ampliación se produce por una situación excepcional de sequía. A
partir del mes de octubre y según los datos de la encuesta de población
activa y los del Inem se ve claramente que en ambas comunidades se
produce una disminución del desempleo, se produce, además, una mejora y
el final evidente de estos períodos de sequía y, por lo tanto, entendemos
que no es necesario incluir estas enmiendas en este proyecto de ley. Por
ello, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, para réplica.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, nosotros entendemos que
quizá las razones del portavoz del Grupo Popular precisamente avalan
nuestra enmienda. Efectivamente, se trata de una situación que empieza
desde el 31 de octubre a ser más excepcional y a dar la posibilidad a
aquellas excepcionalidades que se presenten de ser incluidas también en
los beneficios que plantea el texto legal puede ser un beneficio añadido
que no perjudica a nadie y sí podría beneficiar eventualmente a aquellas
situaciones sobrevenidas.
Nosotros entendemos que no ofrece desventajas desde ningún punto de vista
y sí todas las ventajas. Además, apoyando una pretensión de los agentes
sociales y sindicatos que intervienen en la negociación de estos temas,
creemos conveniente mantener estas enmiendas para poder facilitar estas
situaciones excepcionales.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Simplemente quiero aclarar al portavoz del
Grupo de Izquierda Unida que en el nuevo acuerdo sobre el empleo agrario
existen fórmulas que permiten dar solución a estas situaciones que él
mismo indica. Por ello, vamos a seguir manteniendo nuestro voto en
contra.
El señor PRESIDENTE: Concluimos con el debate de esta enmienda el debate
de las tres iniciativas legislativas que se incluyen en el orden del día
de hoy.
Entramos en la fase de votación, comenzando por la proposición de ley de
sociedades laborales. Antes de pasar a someter a votación las distintas
enmiendas, quisiera dejar claro qué enmiendas perviven. La Mesa tiene una
serie de enmiendas transaccionales que voy a comunicar a SS. SS., con el
fin de que los grupos parlamentarios que resulten afectados manifiesten
su opinión al respecto y retiren, en su caso, las correspondientes
enmiendas.
Al artículo 5, hay una enmienda transaccional del Grupo Popular, que
afecta a las enmiendas números 19, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) y 74, del Grupo Popular. ¿Retira la enmienda el Grupo Catalán?
El señor VAQUERO DEL POZO: Aceptamos la enmienda transaccional y, por
tanto, retiramos la enmienda número 19.
El señor PRESIDENTE: Se entiende, obviamente, que el Grupo Popular retira
la enmienda 74. (Asentimiento.)
Al artículo 6.3 hay una enmienda transaccional, propuesta por el Grupo
Popular igualmente, que afecta a las enmiendas número 4, del Grupo Vasco;
24, del Grupo Catalán, y 76, del Grupo Popular.
¿Retira su enmienda el Grupo Vasco?
El señor AGUIRRE URIBE: Sí, señor Presidente, y aceptamos la enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿Retira su enmienda número 24 el Grupo Catalán
(Convergència i Unió)?
El señor SILVA SANCHEZ: La retiramos.
El señor PRESIDENTE: Se retiran las enmiendas 24, del Grupo Catalán, y
76, del Grupo Popular.
Al artículo 7.3 hay otra propuesta transaccional del Grupo Popular, que
afecta a la número 5, del Grupo Vasco; a la número 26, del Grupo Catalán,
y a la 77, del Grupo Popular.
¿Acepta el Grupo Vasco la transaccional y retira la número 5?
(Asentimiento.)
¿Acepta el Grupo Catalán la transaccional y retira la número 26?
(Asentimiento.)
El Grupo Popular retira la 77.
Al artículo 9 existe otra propuesta de transaccional del Grupo Popular
que afecta a las enmiendas números 30, del Grupo Catalán; 7, del Grupo
Vasco, y 79, del Grupo Popular.
¿Retira el Grupo Vasco la enmienda número 7? (Asentimiento.)
¿Retira la número 30 el Grupo Catalán? (Asentimiento.)
¿Retira el Grupo Popular la 79? (Asentimiento.)
Al artículo 11,1, la transaccional del Grupo Popular afecta a las números
8, del Grupo Vasco; 32, del Grupo Catalán, y 81, del Grupo Popular.
¿Acepta la transaccional el Grupo Vasco y retira la número 8?
(Asentimiento.)
¿Retira la 32 del Grupo Catalán? (Asentimiento.)
También queda retirada la 81, del Grupo Popular.
Enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular al artículo 12.2,
que afecta a la número 9, del Grupo Vasco; a la número 33, del Grupo
Catalán; a la número 49, del Grupo Socialista, y a la 82, del Grupo
Popular.
¿Acepta la transaccional el Grupo Vasco y retira la número 9?
(Asentimiento.)
¿Retira la 33 el Grupo Catalán? (Asentimiento.)
¿Retira la 49 el Grupo Socialista? (Asentimiento.)
El Grupo Popular retira la 82.
Finalmente, enmienda transaccional propuesta por el Grupo Catalán a la
número 50, del Grupo Socialista, relacionada con el artículo 19 y se
retira la enmienda número 39, el Grupo Catalán.
¿Acepta la transaccional el Grupo Socialista? (Asentimiento.)
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Antes, mi compañera del Grupo Vasco tenía otras
obligaciones y no ha podido
responder a una propuesta transaccional a su enmienda 15 a la disposición
adicional primera y no sé si podría plantearse, ver si la acepta o no.
El señor PRESIDENTE: Pero no la tenemos aquí, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Se trataba de la eliminación de los dos
apartados del punto 2, numerado como 3 en la enmienda 15. En vez de decir
las regulaciones tributarias, nos referiríamos a lo regulado en el
capítulo II de la esta ley. La modificación consiste en suprimir el
segundo de sus párrafos e incluir en el primero esta levísima
modificación.
El señor PRESIDENTE: ¿Ha comprendido la propuesta de transaccional la
portavoz del Grupo Vasco?
La señora AGUIRRE URIBE: La aceptamos, porque dice lo mismo. El capítulo
II es el que regula la partida tributaria de la ley; se sustituye
«regulaciones tributarias» por lo que indica el capítulo II, si no
entiendo mal la propuesta. Por tanto, la aceptaríamos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, se retira la número 15, del Grupo Vasco.
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, para que queden las cosas
claras, ¿quedaría de la siguiente manera: En lo dispuesto en el capítulo
II de la presente ley se entiende sin perjuicio de los regímenes
tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco
y de la Comunidad Foral de Navarra? (Asentimiento.)
Acepto.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda retirada la enmienda número
15 y se acepta la transaccional propuesta por el Grupo Popular.
Señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Yo querría proponer una transaccional sobre esta
última transaccional, si es posible. En la medida en que estamos
debatiendo en estos momentos en el Parlamento la ley de cesión de
tributos y la ley de financiación de las comunidades autónomas, que
atribuyen capacidad normativa a diversas comunidades autónomas sobre
estas materias, la propuesta sobre esta transaccional sería que el
artículo 15 dejase a salvo las competencias que las diversas comunidades
autónomas pudiesen asumir sobre esta materia.
Se trataría de añadir una frase en el apartado segundo del texto del
Grupo Parlamentario Vasco. Quedaría: las regulaciones tributarias
contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes
tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco
y en la Comunidad Foral de Navarra, así como de las competencias que en
esta materia puedan asumir otras comunidades autónomas.
Seguro que en el Senado podremos mejorar la redacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Lo deja el Grupo Popular para el Senado o la
acepta?
El señor AZPIROZ VILLAR: Casi lo dejaría para el Senado. Hay una buena
disposición, pero es mejor debatirlo cara al Senado, porque se habla de
futuribles y se hacen cautelas legales de lo que vaya a poder ocurrir,
aunque razonablemente pueda luego ocurrir.
El señor SILVA SANCHEZ: Entiendo la posición del señor Azpiroz.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señor Azpiroz, no se acepta.
El señor AZPIROZ VILLAR: No la aceptamos en este trámite. La
estudiaríamos, pero en principio no nos parece aceptable ahora.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, vamos a
continuar aclarando para que vayan tomando nota de todos los bloques de
enmiendas retiradas y saber lo que sometemos a votación junto con las
transaccionales.
De las enmiendas del Grupo Vasco al capítulo primero están retiradas las
números 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Conforme, señora Aguirre? (Asentimiento.)
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha retirado las enmiendas 19, 20,
24, 26, 30, 32 y 33. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
mantienen las enmiendas números 53 a 64. (Asentimiento.)
Del Grupo Parlamentario Popular se han retirado las enmiendas número 71,
74, 76, 77, 79, 81 y 82. (Asentimiento.)
Del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirada la enmienda número
49. (Asentimiento.)
Pasamos al capítulo II y disposiciones. El Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) ha retirado las enmiendas números 14 y 15. (Asentimiento.)
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado las
enmiendas números 39, 44, 45 y 46. (Asentimiento.)
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
mantiene las enmiendas números 65 y 69. (Asentimiento.)
El Grupo Parlamentario Popular mantiene las enmiendas números 88 a 93.
(Asentimiento.)
El Grupo Parlamentario Socialista retira las enmiendas números 50 y 52.
(El señor Moreno Monrove pide la palabra.)
Señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, según tengo entendido, la
enmienda número 50 es la que se va a votar con la transacción de la 39,
de CIU, que es la que retira. La que se vota es la número 50, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: No, señor Moreno, porque, al haber una transaccional
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se retiran las
dos. ¿Queda aclarado? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan retiradas
las enmiendas 50 y 52, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Silva.
El señor SILVA SALCHEZ: Señor Presidente, había una transaccional del
Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 17, de mi grupo, que
consistía en sustituir la expresión la obtención de la calificación
laboral por la denominación de laboral, y mi grupo la aceptaba.
El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.
El señor ARNAU Y NAVARRO: Señor Presidente, preferiríamos que, en lugar
de calificación, se dijera la indicación laboral. No sería realmente una
transaccional, sino una pequeña modificación sobre la enmienda número 17,
propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SANCHEZ: Por parte de mi grupo no hay inconveniente.
Señor Presidente, he apreciado la omisión de la expresión como, en la
tercera línea nuestra enmienda número 19. Si la Mesa entiende que puede
insertarse ahora, podríamos hacerlo; si no, posiblemente adoptase otra
decisión. Nuestra enmienda dice: La sociedad gozará de personalidad
jurídica desde su inscripción en el Registro mercantil, si bien para la
inscripción en dicho registro de una sociedad social..., debe decir como
laboral.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, en la enmienda transaccional a
la 19, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) y a la 74,
de mi grupo, ya está incorporada la expresión como laboral.
El señor SILVA SANCHEZ: Es que yo no tengo el texto de la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, primero las enmiendas; luego, las
transaccionales y, finalmente, el texto.
Señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, una puntualización. Al haber
sido retiradas las enmiendas número 39 y 50, presentadas por CIU y por el
Partido Socialista, respectivamente, como consecuencia de una ligerísima
modificación, la transaccional ha dado lugar a un texto final y,
sencillamente, quiero asegurar el texto que permanece y constatar cuál es
la modificación que se produce con la incorporación de la enmienda de
CIU, que supongo que es sobre la base de la enmienda número 50, del
Partido Socialista. Me gustaría que ese texto fuera leído.
El señor PRESIDENTE: El texto de la transaccional a las enmiendas 39 y 50
es el siguiente: Apartado a) Exención de las cuotas devengadas por las
operaciones societarias de constitución y aumento de capital y de las que
se originen por la transformación de sociedades anónimas laborales ya
existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada, así como
por la adaptación de las sociedades anónimas laborales ya existentes a
los preceptos de esta ley.
El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, por lo tanto, el resto del
texto, es decir, los apartados b), c) y d) se mantienen tal como están
formulados en la enmienda número 50.
El señor PRESIDENTE: Así es, señor Moreno.
El señor MORENO MONROVE: Aclarado por mi parte. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, una cuestión de orden. Mi grupo
preferiría que procediéramos a la votación de las enmiendas artículo por
artículo.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, quiero indicar que yo apoyo la
fórmula propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que votemos
artículo por artículo.
El señor PRESIDENTE: Aunque la Ponencia no nos ha facilitado el trabajo,
vamos a votar artículo por artículo. En consecuencia, estén atentos al
número de enmienda que existe a cada artículo, porque habrá que comprobar
si está retirada o no.
Artículo 1.º. Enmienda número 53, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, al apartado 2.
Señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, perdone. No quisiera incordiar,
pero es perfectamente posible que, dentro del artículo 1.º, se voten
conjuntamente las enmiendas números 53, 54 y 55, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a menos que algún grupo
pidiera votación separada. Es mi sugerencia.
El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) pide votación separada de las enmiendas números 53
y 54, por un lado, y de la 55, por otro.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación, en consecuencia, las
enmiendas números 53 y 54, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al apartado 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 70, del Grupo Popular, al apartado 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, a un nuevo apartado 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 2.
Al final votaremos los artículos con las enmiendas incorporadas.
Enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), al apartado 2. La enmienda 71, del Grupo Popular, está retirada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo 3.
La enmienda número 17 ha sido retirada.
El señor SILVA SANCHEZ: El tratamiento que pretendía dar el Grupo
Parlamentario Socialista no era tanto de retirada, sino que la expresión
que él indicaba pudiese introducirse.
El señor PRESIDENTE: Está incorporada la corrección.
El señor ARNAU NAVARRO: Entiendo, señor Presidente, que no se retira la
enmienda, sino que hay una modificación de la enmienda del Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Entonces se somete a votación la enmienda 17, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la modificación de
redacción sugerida por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al artículo 4.
Enmienda número 72, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Artículo 5.
Están las enmiendas 18, del Grupo Catalán; la 73, del Grupo Popular; la
19, del Grupo Catalán; la 74, del Grupo Popular, está retirada.
El señor SILVA SANCHEZ: La 19, del Grupo Catalán, también está retirada.
El señor PRESIDENTE: La enmienda número 20 también está retirada. Queda
la 21, del Grupo Catalán, que está viva.
Votamos la enmienda número 18, del Grupo Popular Catalán (Convergència i
Unió), al apartado 1.
El señor SILVA SANCHEZ: Todavía no somos Grupo Popular Catalán, señor
Presidente (Risas:)
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario. Es que la P tiene una
tendencia.
El señor SILVA SANCHEZ: Seguro que por muchísimo tiempo, tampoco.
El señor PRESIDENTE: La afinidad. Perdón, señor Silva.
Enmienda número 18, del Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 73, del Grupo Popular.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, seamos todos correctos en el
uso... (El señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Gracias, señor Diputado.
Enmienda número 73, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 21, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al artículo 6.
Enmienda número 2, del Grupo Vasco (PNV).
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, las enmiendas transaccionales
propuestas por el Grupo Popular ¿las vamos a votar al final?
El señor PRESIDENTE: Sí, sí.
Estamos votando la enmienda número 2, del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 22, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, no me ha dado tiempo de indicar
que la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y la
enmienda 22, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), son
idénticas. No sé si podrían votarse conjuntamente, pero, en cualquier
caso, a efectos prácticos, hemos votado favorablemente la enmienda
propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y ahora votamos
favorablemente la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Corregimos el resultado de la votación, en donde era
uno a favor, son cuatro, dando por votada la enmienda 22, por coincidir
en la redacción con la enmienda número 2. Gracias, señor Silva.
Pasamos a votar la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), que es igual que la 23 del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Conjuntamente, votamos las enmiendas 3 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
La enmienda número 75, que coincide con la anterior, se da igualmente por
votada y aprobada.
La enmienda número 4 ha sido retirada.
La enmienda 24, también.
Pasamos a votar la enmienda 56, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 76 está retirada.
Entramos en las votaciones del artículo 7.
Votación de la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 57, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada
La enmienda 5 está retirada.
La enmienda 26, también.
Votamos la enmienda 58, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada
Artículo 8.
Enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Según el Reglamento, en caso de empate, hay que
dejar que transcurran cinco minutos para proceder a una nueva votación.
En consecuencia, continuamos votando las demás enmiendas, y volveremos a
someter a votación la enmienda 78.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, ¿podemos reiterar la votación
otra vez, antes de que pasen los cinco minutos, porque no sé si se han
computado todos los votos?
El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la enmienda número 27, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la 28.
El señor CAMPS DEVESA: A los efectos de cuando repitamos la votación,
dentro de ese breve espacio de tiempo al que ha hecho referencia, la
enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Popular, coincide con la
número 6, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Es que no se había hecho
mención con anterioridad.
El señor PRESIDENTE: Está retirada.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, pedimos votación separada de
las enmiendas 27 y 28.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas números 59, 60, 61, 63 y 64, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Algún grupo quiere votación separada?
Señor Arnau.
El señor ARANAU NAVARRO: Pedimos votación separada de la enmienda 63.
El señor SILVA SANCHEZ: Pedimos votación separada de la enmienda 62.
El señor CAMPS DEVESA: Votación separada de la enmienda 64.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación conjunta las enmiendas números
59, 60 y 61, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 63, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 64, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Hay un nuevo empate que queda sometido al mismo
régimen de enfriamiento y meditación de la anterior enmienda.
Enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Artículo 9. Han sido retiradas las enmiendas a este artículo.
Artículo 10. Enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SILVA SANCHEZ: Creo recordar que esta enmienda es idéntica a la
número 80, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación, por su igual redacción, las
enmiendas números 31 y 80, de los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Al artículo 11 se han retirado las tres enmiendas que había.
Al artículo 12 se han retirado las cuatro enmiendas que había.
Artículo 13. Enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación las dos enmiendas en que se había producido
empate. En primer lugar, la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo 14. Quedan vivas las enmiendas números 83, del Grupo Popular, y
35 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Son de
idéntico contenido?
El señor CAMPS DEVESA: No, señor Presidente, una es a un apartado y otra
a otro.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 83, del
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo 15. Enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al artículo 16.
Enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y número 84, del
Grupo Parlamentario Popular, que, por ser iguales, sometemos
conjuntamente a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Artículo 17. Enmiendas números 85, del Grupo Popular; 36, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); 86, del Grupo Parlamentario
Popular; 37, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y 38,
del mismo grupo. ¿Se someten a votación por separado, de una en una, o
conjuntamente?
La señora ALVAREZ GAYOL: A nosotros nos vale con votación separada de la
85.
El señor VAQUERO DEL POZO: Desearíamos votación separada de las enmiendas
38 y 86.
El señor CAMPS DEVESA: El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha pedido votación separada de las
enmiendas 38 y 86, pero no sabemos si en un solo bloque. En cualquier
caso, nosotros deseamos votación separada de la enmienda 38.
El señor PRESIDENTE. Enmienda número 85, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda número 36, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 86, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 37, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, enmienda número 38, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 17; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo 18 bis. Nuevo.
Enmiendas número 12, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y número 87,
del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, ¿no estaba retirada la
enmienda número 12?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Retirada la enmienda número 12, se
somete a votación la número 87, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al segundo bloque, capítulo segundo, artículo 19.
Enmienda número 65, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que la sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Empate pendiente de nueva votación.
Las siguientes enmiendas son las números 88 y 89, del Grupo Popular; la
13, del Grupo Vasco; las números 40, 41 y 42, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la 66, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor AZPIROZ VILLAR: Solicitamos la votación separada de todas y cada
una para no entrar en contradicción.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
Enmienda número 88, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 89 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El señor SILVA SANCHEZ: Estaba preguntando qué enmienda se estaba
votando, porque no he oído bien a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Se ha votado la 89, del Grupo Popular, que ha
quedado aprobada.
El señor SILVA SANCHEZ: Si me permite, en el momento en que se estaba
procediendo a la votación estaba requiriendo de la Presidencia el número
de enmienda que se estaba votando; mi grupo vota a favor de esta
enmienda.
El señor PRESIDENTE: Estaba ya aprobada; le sumamos los tres votos del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Votamos la enmienda número 13, del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 41 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 41, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 66, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 90, del Grupo Popular, al artículo 21 nuevo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, una cuestión de orden,
¿podríamos agrupar las votaciones de las adicionales y las
transaccionales por economía procesal?
El señor PRESIDENTE: Si no se opone ningún grupo no hay inconveniente.
Antes de eso vamos a dirimir en segunda votación la enmienda número 65,
que quedaba pendiente, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor MORENO MONROVE: La enmienda 65 de Izquierda Unida ya ha sido
votada.
El señor PRESIDENTE: Había un empate.
Votamos la enmienda número 65, en segunda votación, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El señor MORENO MONROVE: Perdón, señor Presidente, ¿debo entender que las
transaccionales se van a votar en otro momento?
El señor PRESIDENTE: Estamos en las adicionales, primera, segunda,
tercera, cuarta y nuevas. Vamos a votar las enmiendas que quedan vivas.
Las enmiendas que vamos a votar son las siguientes: la número 43, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); la número 92, del Grupo Popular; la
número 51, del Grupo Socialista; las números 67, 68 y 69, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A las derogatorias hay una
enmienda, la 91 del Grupo Popular, y a las finales están vivas las
números 47 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la 93 del Grupo
Popular. Estas son las enmiendas que nos quedan por votar.
El señor MORENO MONROVE: Sí, señor Presidente.
Mi grupo solicita votación separada de la enmienda 92, del Grupo Popular,
la 51 del PSOE y la 47 de Convergència i Unió en un solo bloque.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quizá avanzáramos más si
votáramos, en primer lugar, las enmiendas presentadas por los distintos
grupos parlamentarios y una vez propuestas a votación se solicitara
votación separada de las que correspondiera en ese grupo, si es que algún
grupo lo pide. Yo creo que así vamos a terminar enseguida, lo vamos a
hacer muy bien y todos nos vamos a enterar mejor.
El señor PRESIDENTE: Se lo aceptamos así.
Votamos la enmienda número 92 del Grupo Popular a la disposición
adicional cuarta.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas 91 y 93 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda 51 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 67, 68 y 69 del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos la enmienda 43 del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 47 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar a continuación las enmiendas transaccionales.
Posteriormente votaremos el articulado, la exposición de motivos y la
generalidad de la proposición.
Enmienda transaccional al artículo número 5, que afectaba a las enmiendas
19 y 74 presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 6, apartado 3, que afectaba a las
enmiendas 4, 24 y 76.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 7, apartado 3, que afectaba a las
enmiendas 5, 26 y 77.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra 14; abstenciones tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional al artículo 9, que afecta a las
enmiendas 7, 30 y 79.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 11 apartado 1, que afecta a las
enmiendas 8, 32 y 81.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda transaccional al artículo 12, apartado 2, que afecta a las
enmiendas números 9, 33, 49 y 82.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente votamos la enmienda transaccional al artículo 19 letra A) que
afecta a las enmiendas números 50 del Grupo Socialista y 46 del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido empate. Repetimos la votación de la
enmienda transaccional al artículo 19 letra A).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el articulado con las enmiendas incorporadas en su
conjunto.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, salvo que me equivoque, queda
pendiente la votación de la enmienda transaccional a la disposición
adicional primera, objeto de la retirada de la enmienda número 15 del
Grupo Vasco (PNV).
El señor PRESIDENTE: Tiene razón.
Sometemos a votación la transaccional del Grupo Popular con la número 15
del PNV, que afecta a la disposición adicional primera.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la totalidad del articulado, más la exposición de
motivos, que no tiene enmiendas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Segunda proposición de ley, sobre recuperación automática de las
pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. Hay una enmienda
transaccional del Grupo Popular a la única enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), aceptada por el grupo afectado y que sometemos a
votación antes de hacerlo con el resto del articulado.
Sometemos a votación la transaccional del Grupo Popular en relación con
la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación el texto de la proposición de ley mencionada.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente, pasamos al proyecto de ley de asimilación de jornadas a los
efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales
incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social,
procedentes del Real Decreto-ley 9/1996, de 7 de junio.
Hay dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que se votan conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS
BOCANEGRA) PARA INFORMAR SOBRE:
--POSICION DEL GOBIERNO SOBRE EL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER) Y EL SUBSIDIO
AGRARIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000091.)
--CONVOCATORIA PARA 1996-1997 DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA LA TERCERA
EDAD, ASI COMO DEL DESARROLLO DE LA ADJUDICACION, DE LAS NOVEDADES Y
MEJORAS DE ESTA TEMPORADA, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL QUE SE VAN A
ESTABLECER Y DE SU POSIBLE EVALUACION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000103.)
--LOS RESULTADOS OBTENIDOS, A TRAVES DE LAS MEDIDAS URGENTES PUESTAS EN
MARCHA POR SU DEPARTAMENTO, PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000141.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto con la presencia
del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Continuamos la sesión con la comparecencia del señor Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales para informar acerca de la posición del Gobierno sobre
el Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario, a solicitud del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; para informar
acerca de la convocatoria para 1996-1997 del programa de vacaciones para
la tercera edad, así como del desarrollo de la adjudicación, de las
novedades y mejoras de esta temporada, de los procedimientos de control
que se van a establecer y de su posible evaluación, a solicitud del Grupo
Socialista, y para informar de los resultados obtenidos a través de las
medidas urgentes puestas en marcha por su departamento para la lucha
contra el fraude, solicitada por el Grupo Popular.
Para facilitar el trabajo de la Comisión, he decidido acumular las tres
solicitudes de comparecencia. La unidad es en la comparecencia del
Ministro, pero no en la intervención de los portavoces de los distintos
grupos, obviamente. De forma que, a continuación de la intervención del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, intervendrá cada uno de los
grupos solicitantes de la comparecencia. (El señor Griñán Martínez pide
la palabra.)
¿Señor Griñán?
El señor GRIÑAN MARTINEZ: La acumulación de tres comparecencias nos ha de
permitir también que sean sendos intervinientes. Por lo tanto, por el
Grupo Socialista serán también tres los intervinientes que tomarán la
palabra.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo para cualquier grupo que desee fragmentar
su intervención.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don
Javier Arenas. Bienvenido, una vez más, a esta Comisión.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente. Voy a informar agrupadamente, como me solicita
la Presidencia, y someterme al control de la Comisión en tres materias
que el Gobierno estima que son de la máxima importancia.
En primer lugar, informaré sobre la posición del Gobierno --me parece
recordar que es exactamente lo mismo que dice la comparecencia solicitada
por Izquierda Unida-- acerca del PER y del subsidio agrario. Empezaré
diciendo que me parece que el texto está muy bien formulado porque
tradicionalmente, a efectos de conocimiento de la opinión pública,
siempre se ha venido calificando como PER a un sistema que dentro
conlleva una serie de obras vinculadas al Plan de Empleo Rural, el
subsidio agrario y la formación profesional. En ese sentido, me parece
importante que deslindemos esas cuestiones.
Empezaré diciendo que la posición del Gobierno con respecto al PER es
pública y notoria. Podría hablar específicamente de la posición del
Gobierno con respecto al PER, pero también podría hablar a SS. SS. de la
posición del Gobierno con respecto a los sistemas de protección social y
a la evolución del empleo agrario en el ámbito de nuestra agricultura y
de nuestras zonas rurales.
Por activa y por pasiva, el Gobierno, en todos sus compromisos
electorales y también en todos sus compromisos ante la opinión pública,
en el desarrollo de las precampañas y campaña, ha dicho que, de gobernar,
mantendría, con todas las consecuencias, los sistemas de protección
social en el ámbito agrario. El Gobierno ha dicho también, por activa y
por pasiva, que entiende que este sistema ha propiciado, en una etapa
determinada, un complemento positivo de rentas agrarias y que ha sido
también beneficioso para mejorar las infraestructuras locales, muy
especialmente en Andalucía y Extremadura. Asimismo, el Gobierno quiere
poner de manifiesto que es importante que se produzca un cambio de
mentalidad, y nos parece que eso también es compartido por los
sindicatos. Yo creo que el problema del empleo agrario lo podemos ver
desde la óptica exclusivamente del subsidio o lo podemos ver también
desde la óptica del mantenimiento de la protección social y la búsqueda
de empleo. De ahí que se hayan producido unas conversaciones con las
centrales sindicales, que han culminado en ese acuerdo de empleo agrario
y sistema de protección social, haciendo mucho hincapié en lo que
significa empleo y no quedándose en lo que puede ser la resignación del
subsidio.
En este sentido quería anticipar a los miembros de la Comisión que es muy
posible que en las próximas horas se cierre un acuerdo de empleo agrario
con los representantes de los empresarios agrarios, en Andalucía y en
Extremadura. El Gobierno entiende que esa implicación es muy positiva, y
que todo lo que sea aporte, desde los distintos agentes sociales, a la
solución del problema del paro en los ámbitos rurales es positivo.
También ha habido una preocupación permanente en el Gobierno en torno a
la politización, al uso partidista de este sistema. Nos parece que debe
ser neutralizado en el uso partidista. Creemos que es profundamente
negativo que un subsidio agrario se pueda vincular a la presencia de un
determinado partido político en el poder o a la presencia de determinada
persona en la Presidencia del Gobierno, y que debe entenderse como un
esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad, como un esfuerzo que hace
el conjunto de los trabajadores y de los empresarios, para que existan
esos subsidios y nunca como un regalo, como una donación que hace un
partido político o un dirigente político.
Como saben SS. SS., el actual sistema, el acuerdo de empleo agrario,
hereda o sucede a lo que significó en el pasado el sistema completo
global del PER, que tiene su origen en el empleo comunitario, que tuvo
por primera vez una dotación económica importante en el año 1977, con los
gobiernos de Unión de Centro Democrático. En este sentido, como he
anunciado, en los próximos días se va a producir, probablemente, la firma
de un acuerdo con los empresarios agrarios, y quiero decirles a SS. SS.
que es deseo del Gobierno compartir algún acuerdo con las comunidades
autónomas más implicadas en este acuerdo --porque es un acuerdo para toda
la agricultura española, que afecta también a las zonas deprimidas y que
afecta al estudio del desempleo contributivo en el ámbito agrario--, es
decir, con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y así lo hemos trasladado al Presidente Chaves y al
presidente Rodríguez Ibarra. Nos gustaría que esas comunidades pudieran
introducir algún tipo de acuerdo con el Gobierno, Fundamentalmente en
torno a las políticas activas de empleo. Es público y notorio que esas
comunidades tienen en estudio, desde hace tiempo, planes de desarrollo
rural, que nos parece que tienen que ser complementarios, insisto, de los
sistemas de protección social.
En este acuerdo con los sindicatos también se analiza la problemática del
fraude en torno a los subsidios. Como saben SS. SS., se ha producido una
reducción de las peonadas exigidas, de 40 a 35, siendo muy conscientes de
que a los trabajadores eventuales, en algunas zonas de Andalucía, les
resulta muy complejo incluso acceder a esas 35 peonadas. Quiero decirles
también que, en opinión del ministro, el sistema de las peonadas no es un
sistema satisfactorio. Si analizamos el pasado podemos comprobar que ha
habido mucha problemática en torno a las mismas, tanto en el ámbito
público como desde ámbitos empresariales, pero no hemos logrado conseguir
un sistema alternativo al de las peonadas hasta la fecha, aunque insisto
mucho en que durante 1997 estudiaremos el desempleo contributivo con los
sindicatos y también con los empresarios.
El acuerdo que se ha producido es fruto de 14 sesiones de trabajo, en
grupo y en el plenario de la mesa del Plan de Empleo Rural y, como saben,
se ha firmado el pasado 4 de noviembre. Asimismo, debo decir que se
promulgará un real decreto, de carácter plurianual, para el desarrollo
del acuerdo, que contemplará los siguientes aspectos. En primer lugar, se
pretende rentabilizar los recursos públicos disponibles, de aplicación en
todo el ámbito rural, potenciando un enfoque integral de las inversiones
y de los programas de las diferentes administraciones públicas y, para
ello, el INEM recabará anualmente de los organismos inversores proyectos
que, en función de su capacidad para generar empleo para los trabajadores
eventuales agrarios, serán afectados al cumplimiento de los objetivos del
acuerdo.
En segundo lugar, se estima conveniente suscribir protocolos de actuación
con los gobiernos de las comunidades
autónomas, como decía al comienzo de mi intervención, y también la
implicación de estos gobiernos en lo que va a significar la gestión a
través de los servicios integrados para el empleo. El Gobierno ha
entendido necesario proponer la figura de los SIPE, servicios integrados
de promoción de empleo, en los ámbitos comarcales. Pretendemos que a
través de estos servicios se analice individualmente la problemática de
cada trabajador, los posibles resultados de la acción formativa que
reciban y que las comunidades autónomas, como decía, se incorporen a la
gestión de estos servicios integrados de promoción de empleo.
En cuanto a la asignación de créditos, en 1997 el INEM destinará 32.327
millones de pesetas para las siguientes actuaciones. Para la contratación
de obras de interés general y social, por los ayuntamientos de Andalucía
y Extremadura, 15.500 millones de pesetas; para zonas rurales deprimidas,
3.000 millones de pesetas; para el desarrollo de proyectos generadores de
empleo estable por ayuntamientos y mancomunidades, dirigidos a
trabajadores eventuales agrarios, 3.000 millones de pesetas; para la
contratación de trabajadores enventuales agrarios por las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura, en obras de interés general, 1.000
millones de pesetas; plan especial de casas de oficio, escuelas-taller,
5.545 millones de pesetas; formación ocupacional de trabajadores
eventuales agrarios, 3.282 millones de pesetas.
En el apartado segundo del citado acuerdo, también se recogen las medidas
sobre subsidio de desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, que
podíamos agrupar en dos bloques. Uno, que se refiere a los requisitos del
subsidio y la gestión, que pretende perfeccionar y corregir ciertas
disfuncionalidades, como la clarificación del período de carencia para el
acceso al subsidio y la exigencia de estar al corriente del pago de la
cuota fija del régimen especial agrario. En segundo lugar, una mejora de
los actuales niveles de protección. En el apartado tercero se recogen
otros acuerdos. De ellos, el más importante es el que se refiere a la
constitución de un grupo para estudiar, como he dicho anteriormente, el
desempleo contributivo en el ámbito agrario.
Señorías, les digo con toda sinceridad que lo que ha pretendido el
Gobierno es trasladar tranquilidad a los ámbitos rurales de España, muy
especialmente a Andalucía y a Extremadura; mejorar la protección de
aquellos trabajadores eventuales que deban ser protegidos ante el
desempleo y, desde luego, plantear una nueva filosofía, una nueva
mentalidad de generación de empleo estable. La verdad es que se ha
especulado mucho sobre los incrementos que se han producido en torno al
acuerdo de empleo agrario y en referencia al antiguo PER.Todos los
incrementos hay que situarlos en el ámbito de las políticas activas de
empleo.
Saben sus SS. SS. que en los últimos años se ha producido una reducción
espectacular de la población agraria en España, y que esa reducción se ha
producido en mucha menor medida en Andalucía y en Extremadura. Saben
también SS. SS. que los planes que se han desarrollado en los últimos
años no han servido para que disminuya el desempleo agrario en Andalucía
y Extremadura y tampoco han servido para impedir que disminuya la
población ocupada en esos ámbitos rurales. Por lo tanto, creo que tenemos
que hacer, entre todos, un esfuerzo para no quedarnos simplemente --con
lo importante que es-- en las dinámicas de protección social, sino
plantearnos políticas activas de generación de empleo. Yo creo que, para
que esas políticas activas tengan fruto, sería muy conveniente, como he
dicho, el acuerdo con las comunidades autónomas de Andalucía y de
Extremadura.
Señor Presidente, aunque la comparecencia estaba referida a la posición
del Gobierno, con la benevolencia de la Presidencia y de las señoras y
señores Diputados, también he explicado parte del acuerdo que
recientemente hemos suscrito con los agentes sociales.
Con la venía del señor Presidente, a continuación voy a contestar a la
petición de comparecencia referida a la convocatoria para 1996-97 del
programa de vacaciones para la tercera edad, así como del desarrollo de
la adjudicación, de las novedades y mejoras de esta temporada, de los
procedimientos de control que se van a establecer y de su posible
evaluación.
En primer lugar, debo decir que este programa de turismo social para la
tercera edad se inscribe también en el marco de la preocupación
permanente del Gobierno por mejorar muy especialmente la calidad de vida
de las personas mayores y, a la vez, en el caso de este programa,
favorecer el mantenimiento y la creación de empleo en el sector turístico
nacional. Había un compromiso del Gobierno en su programa electoral de
mantenimiento de este programa, al que hizo también una referencia global
el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura.
Como saben SS. SS., lo que significa el programa para 1996-1997 fue
aprobado por el Consejo de Ministros, presidido por el señor González, el
23 de febrero de 1996; una aprobación que puede someterse a si era
oportuno políticamente o no, por lo reciente que estaban las fechas de
las elecciones, pero, en cualquier caso, esa aprobación se produjo el 23
de febrero de 1996, en el ámbito de unos presupuestos prorrogados, y se
plantea la contratación de dicho programa para 360.000 plazas, por un
importe global de 6.500 millones de pesetas.
El día 5 de marzo se vuelve a dictar --dos días después de las
elecciones-- una resolución convocando un concurso por procedimiento
abierto, concretamente el número 4/1996, para optar a la financiación
parcial de un programa de vacaciones para 360.000 personas.
El Gobierno actual ha mantenido, como no podía ser de otra manera, esos
acuerdos, y ha desarrollado, también mediante resolución del Inserso de
28 de junio de 1996, el concurso por procedimiento abierto. El resultado
de éste, a través de la resolución de 28 de junio de 1996, ha sido
favorable a tres empresas turísticas. Concretamente el lote primero
(Andalucía, Murcia y circuitos culturales) a Viajes Halcón, en la
cantidad total de 1.747 millones de pesetas; lote número dos (islas
Baleares e islas Canarias) a Viajes Iberia, S. A., en la cantidad de
2.800 millones de pesetas; lote número tres (Cataluña y Comunidad
Valenciana) a
Viajes Barceló, en la cantidad de 1.950 millones de pesetas.
Para llevar a cabo de manera conjunta la ejecución de dicho programa de
vacaciones para la tercera edad se ha constituido una agrupación de
interés económico, denominada Mundo Social, e integrada por las tres
empresas adjudicatarias y Viajes Marsans, S. A.
El programa de vacaciones para la tercera edad 1996-1997, contestando a
la segunda parte de la petición de comparecencia, incorpora ciertas
novedades con respecto a temporadas anteriores, que explicaré brevemente.
Del total de plazas, 8.500 se destinan a españoles residentes en los
países de la Unión Europea que reúnan los requisitos exigidos por la
convocatoria. Ello supone, por un lado, un incremento de 1.400 plazas
respecto a la temporada anterior, además de la incorporación al programa
de los residentes españoles en Italia y Luxemburgo, excluidos en
anteriores convocatorias. Se incorporan hasta 4.000 las plazas para
españoles residentes en diversos países iberoamericanos, norte de Africa
y Australia. Se fijan en 200 las plazas que podrán disfrutar los
españoles residentes en países de la Federación rusa. Se intensifica la
colaboración estrecha con las organizaciones de consumidores y usuarios,
con el fin de eliminar ciertas prácticas comerciales que, aunque ajenas a
la organización del propio programa, pudieran crear una imagen negativa
del mismo. Se incrementan el número de convenios de colaboración con las
entidades locales en materia de reserva de plazas para el programa, con
el fin social de facilitar el acceso al mismo de aquellos usuarios con
rentas más bajas, al mismo tiempo que con estos convenios se acerca, en
mi opinión, mucho el programa al medio rural.
Finalmente, y pese a las dificultades presupuestarias expuestas, durante
todo lo que ha sido la elaboración de los presupuestos de 1997, se
mantiene la financiación complementaria de 7.000 pesetas por cada uno de
los usuarios residentes en las islas menores del Archipiélago canario.
Por lo que se refiere a la tercera parte de la petición de comparecencia,
señor Presidente, con brevedad me voy a referir a lo que significan los
procedimientos de control que se van a establecer.
Primero, visitas de control a los establecimientos hoteleros efectuadas
por el personal técnico del servicio de vacaciones de la tercera edad del
Inserso, constituyendo uno de los puntos de referencia más importantes
para la valoración del funcionamiento del programa.
Segundo, libro de quejas y sugerencias específico del programa de
vacaciones, que existirá en todos los establecimientos hoteleros a
disposición de los usuarios, para que éstos puedan realizar en dicho
libro cuantas anotaciones consideren oportunas respecto a los traslados a
los hoteles y alojamientos en los mismos.
Tercero, buzón de quejas y sugerencias a disposición permanente de los
usuarios, en cumplimiento de lo ya establecido en el Real Decreto
208/1996, de 9 de febrero.
Todos los medios de control expuestos permiten realizar una valoración de
la ejecución del programa de vacaciones para aplicar las medidas
necesarias con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudieran
presentarse.
Por último, es de destacar que en la ejecución del programa de vacaciones
para la tercera edad 1996-1997 es propósito del Gobierno, a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cumplir estos dos objetivos
básicos: por un lado, mejorar la calidad de los distintos servicios que
se ofrecen a los usuarios del programa; y, por otro, conseguir la mayor
equidad posible en el sistema de adjudicación de plazas, de forma que
todas las personas de la tercera edad, los mayores sin excepción, estén
dentro o fuera de España, tengan las mismas posibilidades de disfrutar
del programa.
Para ello se ha introducido, señorías, un sistema de control que impide
la acumulación de turnos por parte de algunas personas, en detrimento de
otras. Asimismo, y para la adjudicación de aquellos destinos que, como
por ejemplo Canarias y circuitos culturales, cuentan con una gran demanda
social, se ha optado por la celebración de un sorteo público, ante
notario, entre las solicitudes --muchísimas-- recibidas para dichos
destinos.
No obstante lo dicho, el Gobierno es consciente de que todavía existen
aspectos del programa que pueden y deben mejorarse y en esa línea, así
como en la consolidación futura del mismo, se orientará la actuación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Inserso, en los
próximos años.
Muchas gracias, señor Presidente. Creo que con esta explicación por parte
nuestra se da cumplida respuesta a la petición de los grupos
parlamentarios, independientemente de la valoración que hagan de la
misma.
Finalmente, con la venia del señor Presidente, voy a responder a la
petición de comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario Popular,
que hace referencia a las medidas de lucha contra el fraude y la
morosidad en el ámbito de las prestaciones sociales.
Primero quiero hacer una consideración genérica. Soy de los que creen que
siempre, siempre, permanentemente, se habla del fraude fiscal, y me
parece enormemente oportuno que también exista conciencia permanente en
la sociedad española acerca del fraude fiscal. Como saben SS. SS. en un
Consejo de Ministros del mes de julio se aprobó un bloque de medidas de
lucha contra el fraude y la morosidad, y la primera afirmación que tiene
que hacer el Ministro de Trabajo es que el fraude social existe. No es
ningún argumento dialéctico, no es simplemente el inicio de una reflexión
en voz alta, sino que el fraude social existe.
En este sentido nosotros queremos concienciar a toda la sociedad.
Aquellos que queremos mantener los niveles de calidad de la propia
sociedad, y desde luego mantener los niveles del Estado o de la sociedad
del bienestar, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no haya
personas que abusen del sistema de Seguridad Social, para que no haya
personas que, sin tener derecho, accedan a las prestaciones, porque las
personas que hacen eso se constituyen en auténticos enemigos del sistema
de Seguridad Social y también en auténticos enemigos de aquellos
ciudadanos que tienen derecho a las prestaciones.
En materia de control de fraude, con el fin de intensificar el control de
las situaciones de incapacidad temporal, así como de invalidez
permanente, ya se han llevado a
cabo importantes actuaciones como: la selección y nombramiento de vocales
que permitan iniciar actividades de los equipos de valoración de
incapacidades en las provincias de Granada, Alicante, Valencia, Castellón
y Las Palmas, así como la realización de los trámites necesarios para
contratar médicos evaluadores. La verdad es que existen los equipos de
valoración de incapacidades, pero no están constituidos, ni están los
médicos evaluadores de los mismos; la suscripción de acuerdos con el
Insalud, los servicios públicos de salud y las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, actuación de suma importancia para
acentuar la colaboración de la sanidad en el control de la incapacidad
temporal e incapacidad permanente.
Estos acuerdos pretenden, de una parte, la realización de pruebas
complementarias que permitan mejorar la calidad y agilizar los procesos
de evaluación y calificación de la invalidez permanente y, de otra parte,
conciertos específicos con los distintos servicios públicos de salud para
el control y revisión de determinados procesos de incapacidad temporal.
En ese sentido hay que citar, entre otros, el concierto marco, firmado el
pasado 15 de octubre entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que supone, de forma directa,
la oportunidad de conseguir un ahorro en el gasto de la incapacidad
temporal, al acentuarse los controles sanitarios de los procesos,
provocando, por un lado, la disminución de números de procesos y, por
otro, una reducción en su duración.
En este sentido, hay que señalar, señorías, que el gasto consumido en
1995 alcanza los 500.000 millones de pesetas, cifra que ha venido
manteniendo en los últimos tiempos un crecimiento constante, y fíjense
que hay datos que yo considero espectaculares. El gasto en la modalidad
de prestación de pago directo es de 271.738 millones de pesetas, teniendo
una población de posibles beneficiarios de cinco millones de
trabajadores, sin embargo, en la modalidad de pago delegado, el coste es
de 227.000 millones de pesetas, con una población protegida de nueve
millones de trabajadores. A esto hay que añadir el dato relativo a la
duración media de los procesos que alcanza, en el pago delegado con
intervención de las empresas, 47 días y 206 días en pago directo; en
nuestra opinión, es sencillamente escandaloso que se den estas cifras. De
forma indirecta, este mayor control sanitario impedirá el masivo aumento
en el número de expedientes de invalidez permanente que se viene
produciendo como consecuencia del agotamiento del plazo de 18 meses en
los procesos de incapacidad temporal, plazo que, como saben, se
estableció en la reforma operada por la Ley 24/1994, de 30 de diciembre.
El convenio firmado en mayo con la Comunidad de Cataluña está produciendo
ya efectos muy positivos, porque además de disminuir el número de
procesos reduce de forma real el gasto el 3,19 en el ámbito de Cataluña
en la prestación de incapacidad temporal. También se han firmado
convenios de estas características con Andalucía y Navarra y está
prevista la firma para el mes de noviembre de nuevos convenios con las
comunidades autónomas del País Vasco, Valencia, Galicia y Canarias.
Además de los convenios de colaboración con la sanidad señalados
anteriormente, hay que decir que el pasado 3 de octubre se ha firmado un
acuerdo singular, para la emisión de informes médicos complementarios,
con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En lo relativo al control de perceptores de complementos por mínimos y de
perceptores de la prestación familiar por hijo a cargo, ya se ha
realizado el cruce informático con los datos de renta del Ministerio de
Economía y Hacienda, detectándose en el caso de perceptores de
complementos por mínimos 174.000 pensiones, que presumiblemente están
siendo cobradas indebidamente. Por lo que se refiere al caso de las
prestaciones familiares por hijo a cargo, el control ha supuesto en
términos económicos una ahorro para los dos meses finales de 1.413
millones de pesetas.
El control realizado de las defunciones y matrimonios de beneficiarios de
pensiones de muerte y supervivencia ha obtenido en el período de mayo a
septiembre del presente año el siguiente resultado: 65.996 ha sido el
número total de bajas de pensiones que han dado lugar a iniciar el
tratamiento de retrocesión, habiendo sido reclamadas a las entidades
financieras 175.000 mensualidades a estos efectos.
En el ámbito de las cotizaciones, respecto a las medidas adoptadas para
acentuar el control de las cotizaciones llevadas a cabo por Tesorería de
la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, hay que destacar las
siguientes actuaciones: Primero, inclusión en la Ley de acompañamiento,
pendiente de aprobación del Congreso y del Senado, de la modificación del
actual concepto de base de cotización al régimen general; segundo,
modificación del sistema de productividad de la Inspección de Trabajo,
vinculando la percepción del complemento de productividad a resultados
inspectores individuales y provinciales; tercero, la ampliación de las
unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social; cuarto,
programación de controles a subvenciones y reducciones o bonificaciones
de cuota por fomento de empleo; quinto, programación de controles en
subvenciones para la formación ocupacional, actuaciones para el control
del fraude en las prestaciones por desempleo fortaleciéndose y
actualizándose la colaboración entre el Inem y la inspección. Se han
iniciado actuaciones de control sobre los descubiertos que se producen en
empresas con más de 250 trabajadores o que tuvieran acumuladas deudas por
más de 100 millones de pesetas --nosotros hablamos siempre de grandes
cuentas--, a fin de evitar situaciones de muy difícil solución al
producirse deudas de elevado importe y afectar a un gran número de
trabajadores.
Las medidas adoptadas respecto a las cotizaciones han empezado a surtir
efectos, de suerte que el importe de las liquidaciones levantadas por la
Inspección de Trabajo en septiembre de 1996 asciende a 6.441 millones de
pesetas, el 42 por ciento superior a la media mensual del resto del año.
En las prestaciones no contributivas se ha puesto en marcha el sistema de
conexión informática entre los archivos del Inserso y el fichero de
afiliación del Instituto Nacional
de la Seguridad Social para intensificar el control en la concepción de
prestaciones no contributivas. Ya se ha iniciado también el cruce de
datos y archivos con Tesorería general de la Seguridad Social y con
Hacienda. Se pondrá en marcha de manera inmediata el cruce de ficheros
con el Inem, lo que supondrá tener un mayor control de la relación entre
el desempleo y los discapacitados, las personas que sufren alguna
discapacidad.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, en la aplicación de medidas
que se están llevando a cabo por el Inem hay que distinguir previamente
aquellas que se refieren a la lucha contra el fraude en las prestaciones
por desempleo y aquellas otras que se refieren al control de las
subvenciones que otorga este instituto.
En el ámbito de las prestaciones por desempleo, se han reforzado los
planes ya vigentes de control indirecto, de comprobación de requisitos y
de control de coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. Se han incorporado dos nuevos planes de actuación para la plena
aplicación de los requisitos vigentes en el reconocimiento de las
prestaciones: El plan de control de colectivos con mayor probabilidad de
fraude y el plan de control en colaboración con otros organismos y
entidades. Se utilizará de forma más acentuado el control de presencia de
las oficinas del Inem, lo cual implicará inicialmente la renovación de la
demanda de empleo con periodicidad trimestral para en un segundo momento,
en función de la evolución y especialmente para algunos colectivos,
efectuar dicho control cada dos meses. Se intensificarán y perfeccionarán
los cruces de información entre el Inem y el Ministerio de Economía y
Hacienda, muy especialmente a efectos del subsidio de desempleo; se
acentuará el seguimiento de las políticas activas de empleo, con lo que
se pretende que los beneficiarios de prestaciones de desempleo sean
seleccionados en igual proporción que los demandantes de empleo que no
son beneficiarios en aquellas acciones relativas a las políticas activas
de empleo que lleve a cabo directamente el Inem, centros colaboradores u
otras entidades en aquellas acciones subvencionadas por el propio
Instituto Nacional de Empleo.
Se va a crear dentro del Inem una unidad especial de control de fraude
como se va a hacer en el ámbito y muy específicamente para las
subvenciones gestionadas por el propio Inem, y como se va a hacer, como
decía anteriormente, en el ámbito de asuntos sociales donde tenemos que
proceder a controlar, a auditar gran parte del gasto público que se ha
efectuado en los últimos años y que, fundamentalmente por problemas de
personal, no ha sido posible auditarlo.
Finalmente, en materia de control de la morosidad, creo que es muy
importante destacar las medidas quese han introducido en el proyecto de
Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado donde se
establece y desarrolla un procedimiento de deducción para comunidades
autónomas, cabildos y diputaciones, la inclusión de nuevos requisitos
para la adquisición de beneficios en la cotización a la Seguridad Social
y las modificaciones que se han introducido en la imputación de los
recargos en las deudas de Seguridad Social.
Decir a SS. SS. que la Seguridad Social soporta unas tasas de morosidad
muy elevadas, que en el ámbito de la morosidad privada pueden situarse en
torno al billón de pesetas, si bien aproximadamente 500.000 millones, a
efectos presupuestarios y de balance, los consideramos como fallidos por
no recuperables, decirles que es muy conflictivo y complicada la lucha
contra morosidad privada en ese ámbito, porque, al final, cuando la
Seguridad Social aprieta, y aprieta, que es su obligación en muchos casos
hay un riesgo directísimo de pérdidas de puestos de trabajo. En lo que yo
creo que podemos llevar a cabo una acción muy eficaz es en la lucha
contra la morosidad en el ámbito del sector público que en pocas fechas
considero podré presentar ante la opinión pública o en el propio Congreso
de los Diputados resultados espectaculares en lo que significa la
reducción de la morosidad en el ámbito público, desde el 1.º de enero de
1996 hasta finales de diciembre de este año.
Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia, por permitirme la
información conjunta y quedo a disposición del señor Presidente y de toda
la Comisión.
El señor PRESIDENTE: A continuación, conforme al orden de solicitud de
las comparecencias en el tiempo, van a intervenir, el representante del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
a continuación, el Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, el Grupo
Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alacaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Ministro, por su
comparecencia, en representación del Ministerio de Trabajo, y no sé si en
cierto grado respecto al PER, en representación de los sindicatos. En
todo caso, antes de entrar en los términos del acuerdo, derivando de ahí
la posición de Izquierda Unida, quisiera hacer alguna referencia al PER
puesto que este tema, mezclándolo y confundiéndolo con el subsidio
agrario y mezclándolo y confundiéndolo, anteriormente a este año, con las
obras afectadas al PER se ha convertido en una especie de cuestión de
Estado por mor y gracia de las intervenciones --muchas veces desde la
ignorancia-- de distintos dirigentes conservadores tanto del país Vasco,
como desde Cataluña; últimamente y de manera muy concreta por parte del
señor Arzallus que ha llegado a hablar de que los andaluces vivimos del
PER y no entendemos la economía productiva. Le contesté duramente y hoy
esperaba tener aquí un intercambio con miembros del PNV que no se va a
producir porque no asisten.
Cuando se habla --y con tanta dureza-- desde la ignorancia y respecto a
otra comunidad autónoma que tiene dos millones de emigrantes repartidos
dentro y fuera de este país, y cuando se habla convirtiendo el PER en una
cuestión de Estado en un momento de amplias, profundas y no siempre
transparentes negociaciones, podemos estar empezando a asistir a una
especie de racismo político contra Andalucía que vamos a intentar
corregir con la máxima rotundidad. No estamos dispuestos a que desde la
demagogia,
desde la ignorancia y desde la conversión en moneda de cambio para otras
negociaciones del interés y de la dignidad de los andaluces se siga
utilizando este lenguaje. Por tanto, a partir de ahora recomendamos que
antes de hablar de Andalucía en los términos que se está hablando,
refiriéndose al prestigio o desprestigio de Andalucía en los temas del
PER, se tienten la ropa de manera adecuada porque el PER no es una sopa
boba, no supone las cantidades que se han dicho, ni los andaluces vivimos
de la productividad del norte.
Por ejemplo, el PER está suponiendo al año unos 17.000 ó 18.000 millones
de pesetas, este año un poco más; y habría que decirle al señor Arzallus
y a otros que cuando te dan un jornal del PER tienes que estar ocho horas
poniendo ladrillos. No sé si el señor Arzallus sabe esto, son ocho horas
haciendo el trabajo que corresponde a ese jornal y son unos ciento y pico
mil millones de pesetas en los últimos diez años. Ese es el PER, el plan
de empleo rural, mezclándolo con la etapa anterior. Ese es el tema que
hay que definir, hay que tener muy claro un PER que supone siete peonadas
al año, no al mes señoría, para un trabajador o trabajadora afectado al
PER en Andalucía, que llegaron a estar afectados al subsidio unos 290.000
personas y en el último medio plazo ha bajado bastante. Por tanto,
jornales del PER son muy pocos, siete al año --ahora puede subir a ocho
al año, no más en este año que va a comenzar pronto--, pero parece que es
la sopa boba. Hay que estar ocho horas poniendo ladrillos o trabajando en
lo que sea, en un polideportivo o en la obra a que te afecten, y con un
jornal muy barato, muy por debajo incluso de precios de convenio. Otra
cosa es el subsidio agrario, al que se accede en función de unos
requisitos declarados por la ley que antes eran sesenta peonadas, ahora
cuarenta y va a descender a treinta y cinco, más otra serie de requisitos
en los que no me voy a parar aquí. Eso viene suponiendo unos 100.000
millones de pesetas al año, a través de los cuales los trabajadores
cobran 27.000 ó 28.000 pesetas mensuales y tienen que pagar la Seguridad
Social, un sello bastante caro.
Se mezcla subsidio agrario con PER, el PER se eleva a categoría de
desprestigio, a que no se trabaja y a partir de ahí se habla de fraude,
como si el PER fuese una bolsa tremenda de fraude. Pues bien, el subsidio
agrario, por ejemplo, está por debajo de lo que cobra Barcelona en
protección por desempleo a lo largo de un año, figura en el texto de la
ponencia del PER que tuvimos en este Congreso en la última legislatura,
pero ninguna cantidad de éstas se aclara y todo esto va cayendo sobre la
imagen de Andalucía.
Hace poco un periódico, antes de que se desafectaran horas respecto al
PER, publicaba en primera página a tres columnas: Se destinan 280.000
millones de pesetas a las obras del PER en Andalucía. Yo tengo ese
titular, hablé con personas de este periódico y les dije: si tú
construyes una carretera o la Expo-92, si tú como trabajador agrario te
colocas un día ahí y trabajas en lo que te digan y cobrando lo que te
digan, ese jornal puede servir para computar los sesenta, que eran
entonces, de cara a conseguir el subsidio, no es que la Expo se destine
al PER. Como eso establecía una tremenda confusión se quitó, se
desafectó, aunque puede empezar a ocurrir a partir de ahora en función de
algunos términos de este acuerdo. Desde entonces vemos titulares en la
prensa de 140.000 millones de pesetas este año para el PER y cosas por el
estilo.
El PER este año va a llegar a 19.000 millones de pesetas, como lo
entendíamos anteriormente. Ahora se va a llamar Aepsa, porque incluye
otras partidas, y el año pasado el PER fue de 17.500 millones de pesetas,
ni un duro más. Siete jornales al año, y hay que trabajar ocho horas al
día, por trabajador o trabajadora; siete jornales que hay que
complementar hasta ese momento con otros treinta y tres y a partir de
ahora con el resto hasta treinta y cinco, para poder acceder al subsidio
junto a otras condiciones. Por ejemplo, si son menores de cierta edad y
no tienen cargas familiares no les va a contar las jornadas del PER o si
se dedica tiempo a otra economía productiva y quiere volver a las
jornadas del PER no le van a servir durante un año. Hay una serie de
trabas y requisitos muy importante que no se tienen en cuenta.
Por tanto, dicho esto de entrada, porque hubo mucha confusión en la
anterior legislatura y en función de la legítima, pero no siempre clara,
diatriba política que se está convirtiendo en una cuestión de Estado,
vamos a responder de manera rotunda desde Andalucía cuando se emplee la
demagogia y cierto racismo político a través de personajes que no
entienden lo que es el PER o que no quieren entenderlo. Con dinero
público se ha saneado la banca privada, más de dos billones de pesetas;
con dinero público se han hecho todas las reformas estructurales de la
gran empresa, de la gran industria, que afectan a territorios históricos
de este país. Con dinero público todavía no se ha hecho la reforma
agraria en Andalucía, que ahora tendría otras coordenadas en función del
siglo XX-XXI, de integridad, etcétera. Sin embargo, cada vez que en este
país se habla de reforma agraria se forma un follón de indeterminadas
consecuencias, no siempre pacíficas. Se nos debe una reforma agraria, y
lo que se está pagando por el subsidio agrario está muy por debajo de lo
que ciertas ciudades reciben como protección al desempleo a lo largo de
un año; los datos concretos figuran en el texto de la ponencia del PER.
Hay que decir algo más, señor ministro, y usted lo sabe: se ha tratado
hasta ahora de lo que se llamaba acuerdo Inem-ayuntamientos. Ese acuerdo
existe en todas las comunidades autónomas y sufragado con dinero público,
aunque se llame de otra manera. Lo que allí se llama PER, acuerdo
Inem-ayuntamientos, existe en todas las comunidades autónomas con menores
cantidades, pero existe. Aquí hay una especificidad que conecta también
con el consumo de Andalucía, no sólo con los trabajadores agrícolas o del
mundo rural y ahora entraremos en el acuerdo donde se puede establecer
ciertos problemas a la hora de separar el mundo rural del mundo agrario,
que éste es más restringido. El consumo que deriva de unos 120.000
millones de pesetas del PER como se entendía antes, pues ahora se llama
Aepsa --el señor Ministro con mucha habilidad le ha cambiado el nombre--,
20.000 millones al año ahora --o no llegará-- y los dineros
correspondientes al subsidio agrario, de ahí depende en gran parte el
consumo del 40
por ciento de Andalucía un consumo privado modesto, pero de importancia
radical en un territorio al que históricamente se le debe una respuesta,
porque a partir de ahí se producen fenómenos como el de la emigración. No
creo que nadie se atreva, por ejemplo, en Cataluña a llamar vagos a los
andaluces que están o han trabajado en Cataluña, no creo que nadie se
atreva allí; o no creo que el señor Arzallus se atreva en Euskadi a
decirles vagos a los andaluces que hay en Euskadi que son muchísimos; no
creo que se atreva.
Por tanto, a partir de ese momento, puesto que se está intentando
convertir el PER en una cuestión de Estado, vamos a entrar en el debate
como cuestión de Estado. Sobre todo hay una pregunta que le hago y es
que, en cierto grado, ha entrado como moneda de cambio en algunas
negociaciones que se han hecho, porque si el señor Arzallus en plena
negociación saca el tema del PER o en otros sitios ha sacado el tema del
PER en plenas negociaciones presupuestarias puede ser por algo. Fíjese
usted, señor Arenas, 20.000 millones para el PER. ¡Escándalo! ¡El señor
Arzallus nos llama casi vagos! Y en un momento determinado durante el
debate de los Presupuestos Generales del Estado llega aquí el señor Homs
--por cierto, últimamente, cada vez que habla sube el pan tres duros-- y
dice que ellos acaban de conseguir 20.000 millones en una negociación que
no es ni presupuestaria. ¡Fíjense ustedes las injusticias en los destinos
del dinero público!
En este sentido, señor Arenas, nosotros no estamos de acuerdo con el
documento conjunto del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios. No
estamos de acuerdo porque tampoco estábamos de acuerdo con los resultados
anteriores que en muchos momentos ha protagonizado otro Gobierno. No
estamos de acuerdo con la filosofía y no estamos de acuerdo con los
resultados de las negociaciones que han culminado en el acuerdo del 4 de
noviembre; no podemos estar de acuerdo.
Además, cuando ese acuerdo se ponga en práctica puede derivar, me voy a
atrever a hablar de manera moderada en ciertas dinámicas que puede
contener. Por ejemplo, el dinero que consta, porque usted incluye el tema
de formación ocupacional, casas de oficio, que aumenta mucho la cantidad,
pero dinero real para lo que se llamaba PER hasta ahora puede subir a
ocho peonadas por trabajador o trabajadora al año; que nadie se
equivoque, que no es al mes, es al año. Si un trabajador tiene mucha
suerte y hay justicia en las listas que se hagan, puede cobrar ocho
jornales al año no más; ocho de media, por tanto, la cantidad es
escasísima. Nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos,
claro está rechazada, para que, por lo menos, cobraran treinta jornales
al año; ocho nos parece una cantidad ridícula, permítame que se lo diga,
señor Arenas, teniendo en cuenta que la sequía si se produce --y se ha
producido hasta ahora--, teniendo en cuenta que en función de acuerdos
con Marruecos o de debilidad respecto al comercio con la Unión Europea
los cultivos en Andalucía ya no valen en muchos aspectos lo que valían
antes, no tiene el mismo sentido y, consecuentemente, no dan los mismos
jornales, teniendo en cuenta, también, que comarcas enteras o fincas
manifiestamente mejorables porque se dedican a otras cosas, por la
estructura propia de la tierra o por la cultura laboral de esa comarca no
dan peonadas, es imposible llegar de manera general a las cuarenta
peonadas, ahora treinta y cinco, y era absolutamente imposible llegar a
las sesenta anteriores.
Por tanto, no estamos de acuerdo con que se mantengan las peonadas.
Queremos la supresión, la abolición de las peonadas. Además, si se
produce algún fraude, según el documento de la ponencia del Congreso de
la legislatura anterior, no supera el 14 por ciento; querríamos saber si
hay cifras concretas de ese fraude que tanto escandaliza en España
respecto a la obtención del subsidio agrario y que parece está por debajo
del de invalidez y de otros muchos fraudes, por lo menos esa constatación
tuvimos a lo largo de las comparecencias en la ponencia en la legislatura
anterior, pero este fraude crea más escándalo. Habrá que perseguirlo,
pero nosotros decimos que es un fraude estructural, es interno a la
propia ley y a la propia realidad, porque, si no ¿cómo se pueden
conseguir? Muchos ayuntamientos han caído en este tema porque no había
otra salida, ayuntamientos de todos los colores y fundamentalmente
aquellos que tenían mayor sensibilidad social y se enfrentaban a la
estructura de una ley injusta, teniendo en cuenta que, además, hay otros
que injustamente se aprovechan de esta contradicción de la ley, muchos
consiguen las cuarenta peonadas, las sesenta antes, las treinta y cinco
el año que viene o a partir de ahora, pero las tienen que conseguir como
sea o dejan de cobrar 30.000 pesetas al mes, que les hace muchísima falta
y sin las cuales mucha gente no puede vivir. Hay 1.300.000 pobres en
Andalucía, por no elevar la cantidad a dos millones teniendo en cuenta
ciertos parámetros de no solemnidad o de no rigor, pero ésta es la
situación real y no otra.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta ciertas medidas que le he citado
anteriormente respecto a jóvenes o a gente que puede trabajar durante una
temporada en otros sectores, y teniendo en cuenta las reflexiones del
Partido Popular que giró en su posición en el seno de esta ponencia en la
legislatura anterior (ahí es donde se produce el giro del Partido
Popular, que hasta ese momento no aceptaba el PER ni el subsidio agrario;
ahí giró el Partido Popular), el documento que se firmó con los
sindicatos puede contener dinámicas que incluso a través del propio papel
nuevo que se les asigne puede conducir a una depuración del censo. En
algunos casos, efectivamente, habrá que ver realmente si no se llega de
manera fraudulenta a la percepción del subsidio, puede ser el 10, el 12
por ciento, no lo sé; pero en otros casos se puede producir, por ejemplo,
simplemente separando lo que es mundo agrario de mundo rural, que es
mucho más amplio y que sería imposible separar a menos que se cayera en
una enorme injusticia respecto a lo que es la situación social, la
estructura social en Extremadura y Andalucía. Otra vez aparece el mito de
la economía productiva, digo mito porque después en la realidad no
aparece la estructura presupuestaria y financiera adecuada, y, repito, se
puede producir una depuración del censo en la dinámica de este acuerdo.
Estaremos muy pendientes, pero está ahí el tema que a nosotros nos
preocupa muchísimo, como usted bien sabe. Se produce un retroceso del
papel
de los ayuntamientos a la hora de asignación, de control a la hora del
estudio a pie de obra de lo que puede ser la economía productiva de los
aspectos que conocemos y que ha tenido lugar a lo largo de estos últimos
años, dinamizado desde los ayuntamientos.
Al mismo tiempo, señor Arenas, este acuerdo se conecta con la economía
productiva sin demasiadas concreciones en una sistemática que no acabamos
de alcanzar. Nos gustaría que nos lo aclarara usted hoy aquí, se puede
haber creado una especie de PER para empresarios o de PER distinto a la
hora de conectar dinero público con la creación de cómo se aplica este
dinero público en economía productiva a través de iniciativas que no
sabemos exactamente cómo se van a controlar, de quién van a depender y a
quién van a ir como objetivos de esta inversión, y si esto no se produce
de manera adecuada, estaremos en presencia ante la creación de un PER
empresarial en torno a 3.000 millones de pesetas.
Hay otra pregunta que yo quería hacer, señor Arenas, porque no me ha
quedado suficientemente claro su habilidoso y esplendoroso titular de que
ya no es posible el control político de estos fondos. ¿Cómo que no es
posible? ¿Cómo se va a hacer? ¿Es una declaración de voluntad? La
estructura sigue igual, y cuando la estructura prácticamente es igual,
con independencia de los matices que se hayan podido introducir, las
estructuras tienen vida propia, es decir dinámicas propias, y con
independencia de la voluntad que se pueda tener, si se quiere puede
seguirse, puesto que en el ordenamiento de las listas, en la distribución
de fondos a lo largo y ancho de Andalucía, en función de que no hay
dinero para la creación de grupos que empleen dinero en la economía
productiva, se puede llegar a un control político de estos fondos. Usted
me explicará cómo no. ¿Qué organismos se han creado para que no se
produzca esto? Si son los SEPI, los sipe o algún otro organismo que no
figura de manera sistemática y clara en el acuerdo; nosotros lo vemos
así.
Desde este punto de vista termino, señor Presidente, diciendo que hay una
alternativa. ¡Claro que hay una alternativa que le voy a exponer
brevísimamente porque usted ya la conoce de sobra! Usted tiene otra
filosofía, el PSOE tiene la misma filosofía que ustedes, exactamente la
misma, puede cambiar el 7, el 8 o el 9 por ciento la filosofía
diferencial tal y como se plasma en los acuerdos por escrito; nosotros
partimos de otra forma de entender las cosas igualmente legal. Por
ejemplo, nosotros partimos de la necesidad de una reforma estructural
profunda, no sólo de la estructura de la propiedad, sino de los mercados
o de cómo se expresan, concretamente en Andalucía, los acuerdos
internacionales profundamente negativos que se están alcanzando y las
consecuencias de los acuerdos con el norte de Africa, por cierto, sin
crear ningún tipo de arancel social con respecto a los trabajadores de
Marruecos y dentro de poco de Egipto o de otros países.
Habría que ir a una reforma agraria integral, moderna, teniendo en cuenta
el mercado y la producción de maquinaria, etcétera. No estamos de acuerdo
con las peonadas, son la fuente del tanto por ciento que haya de fraude,
14 ó 15 por ciento, o el que sea, poco, pero ahí está, pero
fundamentalmente porque son fuente de injusticia. Estamos de acuerdo en
crear comisiones locales de empleo formada por personas que conocen a
todo el mundo, tanto del sector rural como del agrario y que,
naturalmente, crearían condiciones, esta vez sí, objetivas y justas a la
hora de la percepción del PER y, como consecuencia, la posibilidad de
acceder justamente al subsidio agrario.
Nosotros no estamos de acuerdo con las cantidades que se asignan al PER,
son ridículas. Eso sí, tenemos un cerco de desprestigio, pero le repito
que son siete jornales al año, por lo menos habría que llegar a treinta.
Se trataría simplemente de subir al doble, unos 35.000 millones
aproximadamente, esa percepción de treinta días al mes, que son
trabajados, repito, que a nadie se le da en mano y se le dice: vete a tu
casa con el dinero; que tiene que estar ocho horas poniendo ladrillos,
poniendo cemento, poniendo yeso, sembrando árboles, haciendo aceras o
construyendo un polideportivo.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con esa dinámica que se ha iniciado,
y que puede llegar a la depuración del censo, de separar lo rural de lo
agrario. No podemos estar de acuerdo porque es imposible acceder a
distintos sectores en un pueblo diciendo que lo agrario es lo agrario y
que el resto pertenece ya a otros sectores, tal como se establece
clásicamente, lo que conduce, indudablemente, a que sólo aquel que
pudiera echar un cierto número de peonadas sembrando pepinos, escardando
o recolectando algodón pudiera acceder al final al subsidio agrario, con
lo cual se produciría una depuración tremenda y, como consecuencia, un
bajón tremendo en el consumo privado diario, cotidiano de Andalucía. Le
estoy hablando de dinámicas que se pueden esconder ahí y que nosotros
intentamos evitar. El papel de los ayuntamientos que nosotros
pretendemos, como usted sabe, es distinto, ya lo he dicho anteriormente.
Termino reiterándole algunas de las preguntas que le he hecho y
recordándole la posibilidad de que usted responda a alguna de ellas en
este momento. Quiero saber si el PER, puesto que para algunos dirigentes
se está convirtiendo en una cuestión de Estado, se está negociando, si
entra en ciertos cambalaches, en ciertas historias. Le ruego que me
explique cuáles son los mecanismos objetivos, con independencia de la
voluntad --que se la reconocemos hasta ver cómo se aplica el acuerdo--,
para que no se produzca el voto clientelar o la dependencia social.
Nosotros nunca hemos creído en el voto cautivo, somos el único grupo que
no ha hablado de voto cautivo; eso sí, de mala distribución o de
distribución politizada, ya lo hemos dicho muchas veces, ante las
delegaciones del Gobierno o donde correspondiera.
El papel de los ayuntamientos. Le pregunto si hay alguna dinámica de cara
a la depuración del censo, teniendo en cuenta, si usted quiere, incluso
las cantidades reales de fraude, porque éste es uno de los sistemas que
más se controla últimamente en la persecución del fraude en este último
período, desde hace dos años a esta parte, o por lo menos ha habido
etapas en que se han hecho muestreos muy pormenorizados para la
persecución del fraude.
Teniendo en cuenta las consecuencias de empobrecimiento que se están
produciendo, muy agudizado porque han cuadrado ustedes los presupuestos,
como se dice allí --y perdonen la expresión-- a maastrichtllazos, con un
enfriamiento tremendo de la economía que se va a producir a partir de
ahora en Andalucía, le pregunto si sería posible empezar a estudiar la
necesidad de complementar las cantidades que ustedes asignan al PER y que
no van a dar para este año más de ocho jornales al año; hemos subido un
jornal en esos acuerdos, de siete a ocho según las cuentas muy
pormenorizadas que estamos haciendo.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, teniendo en cuenta que el ministro ha
dedicado veinte minutos a responder a tres solicitudes de comparecencia,
sean proporcionales también en el empleo del tiempo los portavoces.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a intervenir con muchísima brevedad,
porque efectivamente vamos a compartir el tiempo mi compañero y yo, y me
voy a ceñir en concreto al informe que ha presentado el señor ministro
sobre los mecanismos de persecución del fraude. Entendemos que es de un
enorme interés y de enorme gravedad todo lo que se está moviendo en torno
a esto, y quisiéramos preguntar --no sé si ingenuamente-- si no existe
más fraude que el fiscal y el social y, en ese caso, dónde integra el
señor ministro el fraude de los empresarios; es decir, si es fraude
fiscal, sólo fiscal, o también fraude social, porque ciertamente vemos en
todo el informe y en las medidas que ya hemos analizado en otros foros un
interés enorme en la persecución de actuaciones fraudulentas respecto a
la percepción de las prestaciones en términos generales. Ahora bien,
vemos enormes lagunas, y seguimos viéndolas también después de su
informe, en la persecución de las actuaciones fraudulentas en las
relaciones laborales en sí. Nosotros entendemos que se persiguen más las
consecuencias que las causas de los fraudes. Nos preocupa enormemente que
en el tema del fraude de las relaciones laborales, por ejemplo, no
existan estudios concretos sobre la realidad de la economía sumergida,
estudios oficiales, serios, desde el Ministerio de Trabajo mismo, ni
existan tampoco campañas concretas, de forma generalizada, para erradicar
la economía sumergida o informal, según se denomina por los teóricos, que
se conoce en plan teórico, pero que en plan práctico hasta ahora no ha
habido una voluntad política de erradicarla. No se habla de un
seguimiento respecto a aquello que en su día se llamó por parte de la
patronal la sovietización de las relaciones laborales, que fue
sencillamente una idea que puede ser útil a la hora de erradicar este
tipo de fraudes a los que me estoy refiriendo, como es la entrega a los
sindicatos y a los representantes de los trabajadores de la copia básica
de empleo. No se conoce si la aplicación de esa ley ha tenido efectos
positivos, qué grado de seguimiento está teniendo, pero parece que
tampoco interesa la persecución de este tipo de fraude.
El fraude en las relaciones laborales concretas se zanja en su informe
por la vía de incentivar la productividad de la inspección de Trabajo.
Entendemos que hay muchísimo terreno por andar en esto. Si estamos
equivocados, díganos usted qué otras medidas se están adoptando porque
creemos que para erradicar las causas hay que erradicar la
desregularización de las relaciones laborales que se está produciendo en
la vida práctica real; si se están persiguiendo realmente las firmas en
blanco por parte de los trabajadores de los contratos y de los
finiquitos, en la medida que existe la precariedad que existe, el paro
que existe, porque efectivamente está proliferando esta práctica de forma
descomunal. Yo recuerdo que en Granada hubo hace veintiséis años ya una
huelga de la construcción en la que cayeron muertos tres trabajadores y
una de las reivindicaciones era ésa, y hoy los trabajadores de la
construcción en Granada dicen: hemos vuelto a la práctica de hace
veintiséis años.
Nosotros creemos que la judicialización de este tipo de conductas no es
sólo el camino que hay que seguir. Entendemos, por tanto --y lo hemos
planteado por escrito, en concreto, en el foro de la subcomisión de
desarrollo del Pacto de Toledo y lo volvemos a reiterar aquí--, que
necesitamos más recursos humanos y materiales en la inspección de Trabajo
y en lo que es la autoridad laboral en general --y eso no lo estamos
viendo-- y necesitamos también garantizar una mayor autonomía las
decisiones políticas respecto de estas actuaciones técnicas por parte de
la autoridad laboral. ¿Se va a avanzar en este terreno? Es absolutamente
imprescindible no que intervengamos, porque no se trata de eso, sino de
hacer cumplir la ley sin necesidad de llegar a la judicialización de
estos temas.
Por otro lado, nos preocupa enormemente, en concreto en la persecución de
las actuaciones fraudulentas de los trabajadores, que es la que parece
que globalmente se intenta perseguir, y también de las comunidades
autónomas y de los entes locales --ése el otro punto en torno al que
pivotan todas las actuaciones que nos ha explicado a usted, que no haya
tampoco control de los informes y de las actuaciones de las mutuas en
esos convenios de colaboración con Sanidad para perseguir el fraude o
para reducir la cuantía del dinero que se destina -- en último término
ésta es la finalidad-- a la percepción de pensiones de invalidez. Las
actuaciones de las mutuas se harán honestidad, pero, al mismo tiempo,
también somos conscientes de que el éxito en su gestión --y posiblemente
en eso estriba el que se hayan propiciado las actuaciones que usted nos
presenta hoy aquí-- precisamente consiste en que haya intereses por parte
de las mutuas en ahorrarse todo lo que puedan en prestaciones concretas.
En este sentido, entendemos que sería bueno que los agentes sociales, los
representantes de los trabajadores estuvieran presentes en este tipo de
decisiones controlando las actuaciones concretas de las administraciones
y, en este caso también, de las mutuas.
Nosotros no es que estemos en contra de este tipo de actuaciones. Creemos
que es necesario que haya una erradicación lo más certera posible de todo
tipo de actuaciones fraudulentas, pero entendemos que el castigar en
exceso, por motivos posiblemente economicistas, el fraude de los
trabajadores y no castigar el fraude en general, no sólo fiscal --señor
ministro, ésa no es su competencia--, sino social, de aquellos que por
tener precisamente una situación prevalente en la relación laboral son
más la causa que la
consecuencia, no es de recibo. Mientras eso no se haga así, nosotros no
vamos a estar de acuerdo ni a favor del conjunto de este tipo de medidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, doña Cristina Alberdi tiene
la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro de Trabajo para informar sobre la
convocatoria del programa de vacaciones para la tercera edad de
1996-1997, así como de las novedades y los mecanismos para mejorar y para
ejercer un control sobre estos viajes.
Este programa de vacaciones lleva muchos años de realización, desde 1985,
y fundamentalmente, como se ha dicho, tiene dos objetivos claros: uno, el
bienestar de los mayores, y otro, el mantenimiento del sector turístico
en temporada baja.
El bienestar de los mayores reduce el gasto en medicamentos y mejora su
situación anímica y física. Es evidente que es un programa que cumple ese
objetivo de bienestar social y que, a su vez, contribuye el mantenimiento
de puestos de trabajo --nada menos que 21.000-- en temporada turística
baja, rompe la estacionalidad, además ahorra en desempleo, incorpora por
cuotas a la Seguridad Social y por IRPF ingresos al Estado y también
tiene efectos económicos para la Administración. La Administración
recupera con creces los gastos. Hace dos años se hizo un estudio que
llevó a cabo precisamente Mundo Social --las tres empresas
adjudicatarias, que siguen siendo las mismas, se han unido en ese
consorcio llamado Mundo Social-- y el Estado recuperaba con creces esos
7.000 millones de pesetas, aproximadamente, que viene a ser el coste de
este programa de turismo social.
Es evidente que es un programa, como hemos dicho muchas veces, que se
defiende solo. Y yo tengo que felicitar al Gobierno del Partido Popular
por haber mantenido este programa, porque a lo largo de la anterior
legislatura concretamente yo tuve que contestar a muchas preguntas
parlamentarias del Grupo Popular, en las que lo más suave que se decía
con respecto a este programa era que no servía a los intereses del
bienestar de los mayores y que, fundamentalmente --y ésta es la crítica
más dura que se hizo a este programa--, generaba el voto cautivo de los
mayores. Esta actitud del Grupo Popular también tenía eco en diarios de
repercusión nacional --uno de ellos muy conocido, que llevaba la bandera
del voto cautivo-- y tuvimos que salir al paso no ya desde el Gobierno
sino sobre todo desde las ONG, desde el movimiento asociativo de mayores.
Y fue el propio movimiento asociativo de mayores el que se dirigió por
carta a los diarios y también realizó otro tipo de actividades para pedir
respeto a ese colectivo. Era una falta de respeto tremenda al colectivo
de mayores pensar que podían condicionar su voto por un viaje de turismo
social, por un viaje de la tercera edad.
Por eso le reitero la felicitación porque se mantenga ese programa,
porque es un programa que cumple los objetivos, que genera una situación
muy especial para los mayores y que hemos ampliado --y también este
Gobierno-- además a los mayores emigrantes. Se amplió este programa a los
países del Este de Europa y ahora también al norte de Africa, a
Australia, a los países de la Federación Rusa, por lo que nos informa, a
Italia y Luxemburgo. Esto es muy positivo. De hecho, son los demandantes
de este programa y los que estaban deseando que se llevara a cabo y que
se pudiera ampliar.
Hay un tema importante que ha comentado el ministro y es la ampliación de
los convenios con los ayuntamientos para acercar este programa al medio
rural. Me parece muy significativo que se intente porque quizá han sido
los habitantes del medio rural los que menos han podido beneficiarse de
este programa, como también me parece importante el ámbito al que se ha
referido de la equidad. Ese era un problema que existía y que puede
seguir ocurriendo en la medida en que haya personas que deseen acudir a
determinados destinados y que siempre se produzca la adjudicación o casi
siempre a determinados grupos o colectivos que igual llegan los primeros
o que tienen un acceso más fácil. La idea de hacer un sorteo público ante
notario parece un dato objetivo, que yo espero que sea eficaz.
Nada más, señor ministro. Tenga la seguridad, y con esto termino, de que
este proyecto, que fue muy criticado en la etapa en la que ustedes eran
oposición, no va a ser criticado por la oposición del Grupo Socialista en
esta etapa. Al revés, celebramos su mantenimiento y creemos que es un
programa muy positivo por las razones que se han expuesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Arenas por su comparecencia.
Voy a hablar de la comparecencia en la que el Gobierno se ha posicionado
en relación a la reforma del sistema de protección para los trabajadores
del campo andaluz y extremeño y voy a hacerlo desde una sensación de
perplejidad, viendo cómo la derecha, que ha sido crítica, muy crítica con
este sistema de protección, aparece hoy como su mayor defensor y, además,
queriendo apuntarse el tanto de dar un impulso a este sistema que ha
venido desde 1983 mejorándose a través de acuerdos entre el Gobierno y
los sindicatos. El último acuerdo, el de 1994, permanece absolutamente
incólume después de esta pseudorreforma que nos ha presentado aquí el
señor ministro. Y digo pseudorreforma porque, dejando aparte algunos
aspectos cuantitativos de los fondos que se dedican al plan de empleo
rural y cambios de nombre tanto del sistema como de alguno de sus
componentes, sólo podemos decir que algunos de los añadidos que se han
hecho a este sistema podrían contener elementos de fuerte crítica por
nuestra parte. Nosotros creemos que se han quedado cortos en la reducción
de las jornadas. Fue mucho más valiente la reforma de 1994, que bajó de
60 jornadas a 40, conscientes en ese momento de la dificultad que había
para que los trabajadores pudieran justificar su trabajo en el campo y
acceder al subsidio agrario. Indudablemente, esta disminución de cinco
jornadas favorece ese acceso, pero creo que se podía haber sido
mucho más valiente y haber ido a un planteamiento que hubiera dado más
justicia a muchas zonas de Andalucía en las que, por sus características
agrícolas, los trabajadores tienen verdaderos problemas incluso para
llegar a esas nuevas 35 jornadas.
En lo que no estamos de acuerdo en absoluto es en algunos aspectos que
ustedes han incluido como novedosos. La inclusión de los jóvenes desde
los 16 a los 20 años --podíamos decir que son niños-- en el subsidio
impide llegar a una conclusión de futuro, como puede comprobar cualquier
persona que estudie el sistema de protección en el campo andaluz y
extremeño. El introducir a niños en el sistema de subsidio es algo a lo
que nosotros nos hemos resistido y que no tiene otra explicación que el
que ustedes pretendan conseguir, a través de rebajar la edad de inclusión
en el subsidio, hacer feliz aquella frase de que cada hijo viene con un
subsidio debajo del brazo. No parece razonable eso ni que hagan el cambio
entre el subsidio y la beca para acceder a la formación profesional. De
esa forma consiguen crear, afianzar y empeorar algo que, en todo caso,
era de erradicar: el establecimiento de la acomodación de ciertos
sectores de los trabajadores a la vida del subsidio agrario. Por tanto,
esa reforma no incluye ninguna novedad.
Sí hay una novedad que usted planteó en su comparecencia cuando hicieron
público el acuerdo con los sindicatos y que hoy casi no la ha hecho
firme: el compromiso de no utilización política de este sistema en el
futuro. Me felicito por eso, porque, si ha habido una utilización
política, indudablemente ha sido la que han hecho ustedes mientras han
estado en la oposición y, desde luego, lo que sí tengo que decirle es
que, si va a llegar a un acuerdo con los patronos agrarios, lleve a ese
acuerdo la no utilización política por parte de los patronos del sistema
del subsidio agrario, del sistema de las firmas. Podrían haberse dedicado
a buscar un mecanismo para eliminarlo, ya que es un mecanismo diabólico,
difícil de eliminar, y que en estos momentos está siendo utilizado
políticamente por los patronos en los pueblos haciendo una clara
diferenciación política entre aquellos que tienen acceso al trabajo y
aquellos que no lo tienen. Eso lo puede llevar usted a ese acuerdo y
entonces empezaremos a creer en la no utilización política.
También me gustaría reconocer aquí el trabajo que han hecho los
sindicatos, que han conseguido mantener un sistema que funciona bien, les
han convencido a ustedes de eso --ustedes no llegaron a la negociación
con esos planteamientos-- y, por tanto, mostramos desde aquí nuestro
reconocimiento. Y, por supuesto, quiero decirle que mientras sigan
manteniendo la plantilla anterior en Política Social nosotros estaremos
apoyándoles en estos temas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, por su comparecencia relacionada con el tema del fraude en las
prestaciones sociales, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Ya tuvimos ocasión de decir en esta Comisión que el fraude es algo que
corresponde corregir al Estado y también a las comunidades autónomas en
la medida de sus competencias, que usted, señor ministro, no ha
mencionado, y les corresponde hacerlo con un esfuerzo de inspección, de
control y de vigilancia. Sin embargo, esto no basta, porque es imposible
adoptar medidas de inspección y de control que abarquen a todos los
colectivos. Por eso, es necesaria la colaboración de la sociedad, de los
grupos parlamentarios y de los agentes sociales.
El fraude en las prestaciones sociales es especialmente grave, porque un
fraude en la protección social atenta directamente contra todo el
entramado de protección social y es, de raíz, insolidario; por tanto,
hace falta un compromiso de todos. No parece muy adecuada la distinción
que ha hecho el señor ministro en relación con el fraude fiscal y el
fraude social; pienso que todo fraude es fraude social, incluido el
fraude fiscal.
Sin embargo, señor ministro, esta comparecencia suya en esta Comisión
creo que entra dentro de los objetivos de marketing político del Partido
Popular; no en balde ha pedido su comparecencia su propio grupo
parlamentario. Creo que la podía haber cubierto perfectamente cualquier
jefe de sección de su ministerio, con todos los respetos, por descontado,
para esos jefes de sección. Y no me vaya a decir, señor ministro, que con
esto usted quiere dar una relevancia particular al tema de la represión
del fraude fiscal, porque ésa sería una respuesta retórica que nosotros
no aceptaríamos.
De usted, señor ministro, del señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, esperamos algo más, mucho más; esperamos que fije políticas,
esperamos que nos convenza y que recabe nuestro apoyo para esas
políticas. Pero ¿qué ha hecho usted, señor ministro, por ejemplo, en la
reducción de los plazos de reconocimiento de los derechos a las
prestaciones sociales en materia de desempleo o de Seguridad Social? ¿Ha
mejorado usted el servicio de atención al ciudadano en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales? ¿Por qué tenemos hoy parados que se resisten
a aceptar empleos?
A mí me hubiera gustado, señor ministro, que también hubiera hablado de
la necesaria vigilancia de lo que el mundo del desempleo supone. Cada
parado es una persona, cada parado tiene unos problemas individuales y,
por descontado, ese hecho humano hay que verlo y hay que examinarlo
dentro de una política social que esperamos que usted haga en su
ministerio. Pero, por ejemplo, en materia de inspección de Trabajo usted
se ha referido a la productividad, al vínculo de la retribución con la
productividad. ¿Ha entendido usted, señor ministro, la nueva función de
la Inspección de Trabajo a raíz de la reforma laboral del año 1994? Me
dice que sí; lo celebro. Usted sabe perfectamente que una de las
virtualidades de la reforma laboral del año 1994 fue poner en manos de
empresarios y trabajadores muchas de las decisiones que antes
correspondían a la ley. ¿Qué implica esto? Que muchas veces surge la
conflictividad, y a la conflictividad hay que dar respuesta desde la
Administración. Usted tiene el instrumento de la Inspección de Trabajo
para que ejerza funciones de mediación,
funciones de arbitraje en la solución de esos conflictos. Pero usted da
marcha atrás y eleva la función represora a alta categoría dentro de las
funciones de la Inspección de Trabajo y paga a los inspectores por acta
de infracción levantada. No se trata, por descontado, de reducir la
importancia del control o vigilancia de la legislación laboral, pero es
que, además, señor ministro, en los presupuestos para el año que viene,
para el año 1997, reduce en 200 millones las indemnizaciones por
traslados, las indemnizaciones por ejercicio de sus cargos de los
inspectores de Trabajo.
El señor subsecretario, en una comparecencia en esta Comisión con motivo
de las comparecencias de los altos cargos en relación con los
presupuestos del Estado para el próximo año, reconoció que había un error
o, al menos, un problema que había que subsanar, pero, ¿qué ha hecho su
grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión de
Presupuestos? Rechazar la enmienda que solventaba el problema --nosotros
así lo pensamos--, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es
decir, señor ministro, que usted no valora la función mediadora y, por lo
demás, impide la función de vigilancia.
Por otra parte, con esta comparecencia usted, señor ministro, ha elevado
a categoría política lo que son simplemente unos pocos medios de gestión
que ni siquiera son una novedad; pocos, seguro. Le voy a mencionar
algunos de los que se expusieron aquí con motivo de la comparecencia del
Secretario General de la Seguridad Social en la anterior legislatura.
Medios con los que usted cuenta. Cuenta con el Sicoss, el sistema
integrado de contabilidad de la Seguridad Social, con el procedimiento
Progrespress, con el procedimiento unificado de recaudación, con las
Uress, con el Cendar, con el proyecto Red, con el Sigeis, o sistema
integrado de gestión de la información. Afortunadamente, señor ministro,
cuenta usted con estos medios, con los que algunos de sus predecesores no
contaron. Afortunadamente, la vida avanza, pero esto también hay que
mencionarlo.
Lo que también interesa saber aquí es qué actitud adoptó su grupo
parlamentario en el momento en que se hablaba, por parte de los
directores generales del ministerio, de la represión del fraude social.
Por ejemplo, en relación con la Ley 22/1992, procedente del Decreto-ley
que ustedes llamaron decretazo, supuso el ahorro de 300.000 millones en
el primer año de vigencia, además, sin pérdida de cobertura; al mismo
tiempo, supuso la normalización de planes integrados de actuación de los
servicios públicos de empleo y de la Inspección de Trabajo, juntamente
con el Ministerio de Hacienda y otros organismos. En su comparecencia,
usted se ha referido a esta coordinación. Tampoco se le dio virtualidad a
la unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la
prevención y corrección del fraude, constituida por acuerdo del Consejo
de Ministros del 4 de agosto de 1993.
No vamos a hacer un repaso histórico de cuáles han sido las posiciones
del Grupo Parlamentario Popular en relación con los medios, expuestos
aquí, ya digo, por algún director general del antiguo Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, pero nos interesa recalcar públicamente cuál
fue la actitud del Grupo Parlamentario Popular en relación con tan
importantes medios. No es éste el momento. Evidentemente, si empezáramos
a detallar muchos más en relación con comparecencias del director general
del Inem o del propio secretario general de la Seguridad Social,
podríamos acabar melancólicos y no se trata de eso, señor ministro. No
obstante, esperamos resultados.
Usted ha dicho, señor ministro, que la Seguridad Social soporta unas
tasas de morosidad muy elevadas. Creo que esa información que nos da
podría haberla completado con una serie de datos que habrían podido
confirmar la afirmación en relación con una posible voluntad, por su
parte y por parte de su Gobierno, de luchar efectivamente contra el
fraude. Sin embargo, los datos con los que nosotros contamos no añaden
nada positivo a lo que usted ha mencionado aquí. Por ejemplo, en el
régimen general de la Seguridad Social, en el mes de abril de este año,
se recaudaron 441.000 millones; en agosto, se recaudó menos, 437.000
millones. Seguro que está usted pensando en que era el mes de agosto. Sin
embargo, entre abril y agosto se produjo un incremento de los
trabajadores afiliados y en alta en el régimen general. En el mes de
abril había 8.689.000 afiliados y, en el mes de agosto, había 8.917.000,
es decir, unos 300.000 trabajadores más dados de alta en el mes de agosto
que en el mes de abril. Sin embargo, la recaudación desciende. ¿A qué se
debe eso, señor ministro? Pensamos que se debe esencialmente a que
ustedes han dejado de recaudar por la vía ejecutiva, pese a los medios
importantísimos con que cuentan para hacer una recaudación ejecutiva
eficaz. Usted me lo niega, señor ministro, pero ya me dará los datos por
escrito, como han hecho sus altos cargos en comparecencias en esta
Comisión.
Con todo, señor ministro, y acabo porque no se trata tampoco de hacer más
larga esta intervención que la que usted mismo ha hecho, tiene la plena
colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, colaboración que usted
no ha pedido, pero que nosotros le otorgamos, a efectos de erradicar tan
importante lacra como es el fraude social.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Quiero agradecer, como no podía ser de otra
manera, la presencia aquí del señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales para informar, a petición de nuestro grupo, sobre el plan de
lucha contra el fraude que está llevando a cabo ese ministerio, para
informar en virtud no de una operación de marketing político, como
algunos melancólicos parece que pretenden mantener, sino de algo que
constituye un elemento importante y básico de lo que es el compromiso
electoral del Partido Popular, compromiso que está llevando a cabo, no
sólo por las medidas y resultados que ya ha anunciado y explicado el
propio señor ministro, sino por medidas que estamos discutiendo y
debatiendo en estos momentos, tanto en los Presupuestos Generales del
Estado como en la ley de acompañamiento.
A nuestro juicio, cualquier tipo de fraude, sea el social, el fiscal o
incluso el político, supone en su concepción un
elemento claro de injusticia y de insolidaridad, por lo que es necesario
luchar contra él y nosotros creemos que se está haciendo desde el
ministerio; algunos están ciertamente descolocados por los resultados que
se obtienen y por algunos datos que van apareciendo sobre determinadas
situaciones. Nuestra opinión es indudablemente favorable respecto a lo
que se está haciendo, porque se está acometiendo la reordenación y la
mejor y mayor dotación de los servicios del ministerio, porque se está
implementando una mayor colaboración con las otras administraciones
públicas y porque el cruce de datos entre los distintos ministerios, que
es un elemento más de coordinación, está permitiendo evidenciar
determinadas situaciones; situaciones de fraude en el tema de las
prestaciones contributivas, elementos de fraude en las cotizaciones. No
sé si esto, señor Vaquero, es fraude fiscal, social o empresarial, pero
es fraude también, en las cotizaciones, en las prestaciones no
contributivas, en las prestaciones por desempleo y en las subvenciones.
En cuanto a las prestaciones contributivas, se han presentado medidas que
hemos tenido la oportunidad de debatir recientemente en la ley de
acompañamiento, relativas a la participación de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. A nuestro juicio, eso va a
suponer un ahorro en las prestaciones que no debilita la función de
control de la Administración en estos temas, como alude el portavoz de
Izquierda Unida; no elimina el control del Inem sobre las mutuas, que es
al final quien tiene la última palabra, pero a nuestro juicio va a
permitir reducir los tiempos de baja; por ejemplo, en cuanto a la
incapacidad temporal, muchos trabajadores permanecían en ocasiones en
espera de diagnósticos y de revisión médica por parte de los equipos
médicos.
En lo que se refiere a las invalideces, hemos visto los últimos días
determinados datos que, a nuestro juicio, deben producir alarma. No es
razonable que en este país exista una media de un inválido por cada dos
jubilados o pensionistas. Analizando los datos provincia a provincia y
comunidad autónoma a comunidad autónoma, se evidencian situaciones
intrínsecamente de fraude; fraude en cuanto que se ha utilizado el
sistema de la invalidez para dar salida a situaciones de crisis
industrial y fraude también porque en determinadas provincias existe una
desproporción entre el número de inválidos y el de jubilados ciertamente
alarmante. Un caso extremo es que en Burgos existe un inválido por cada
cuatro pensionistas jubilados, en contraste con la Comunidad Autónoma de
Murcia o con la provincia de Sevilla, donde existen más inválidos que
jubilados.
Indudablemente, nos alegramos de los éxitos obtenidos en el tema de la
morosidad. Creemos que es importante el esfuerzo que se haga en el
control de la morosidad de las empresas privadas, que es muy alto, y
también de la morosidad en las instituciones públicas que, a nuestro
juicio, tendrían que dar ejemplo e ingresar las cotizaciones sociales y
las retenciones a los trabajadores en la caja de la Seguridad Social, que
es la caja de la solidaridad de todos los pensionistas. Por eso, tenemos
que evidenciar el maniqueísmo que desde algunas instituciones políticas
se exhibe respecto de este tema reclamando mayores aportaciones o
determinados valores sociales cuando luego, por otra parte, se están
eludiendo estos pagos y, por lo tanto, contribuyendo a la insolidaridad.
Se han producido, y usted nos lo ha anunciado, mejoras en las
recaudaciones de las cotizaciones y en la detección de situaciones
irregulares de cobro. Eso se ha hecho además en poco tiempo, lo que
evidencia que las medidas son las adecuadas.
En resumidas cuentas, a nuestro juicio, señor ministro, el programa es,
sin duda, ambicioso y está dando resultados en algunos casos que ya están
además a la vista. En este asunto sólo querría concluir diciendo lo
siguiente. La mayor insolidaridad en un sistema solidario y de protección
lo constituye precisamente el fraude y, por eso, queremos agradecer el
apoyo de los grupos, y en especial el ofrecido por parte del Grupo
Socialista, para defender las medidas que en este ámbito tome el Gobierno
y su ministerio.
Voy a dar paso al tema motivo de otra de las solicitudes de
comparecencia, como es la referida al nuevo acuerdo de empleo agrario,
solicitada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
porque ya hay que hablar de acuerdo de empleo agrario en vez de PER. Eso
no supone solamente, como se ha dicho en algún caso, un cambio de nombre.
Este nuevo acuerdo de empleo agrario supone un cambio en el fondo. Yo no
sé si algún grupo pretendía más que hacer una comparecencia de S. S.,
señor ministro, la de otras señorías pertenecientes a otras comunidades
autónomas, pero sin duda este acuerdo de empleo agrario constituye un
paso adelante que transforma el sistema. Introduce cambios decisivos en
la forma y también en el fondo y supone el cambio de un plan de política
pasiva, que era el anterior PER, a un plan de política activa.
A nuestro juicio, podríamos resumir en cinco puntos lo que nos parece más
destacado de este acuerdo de empleo agrario. El primero de ellos es que
introduce la formación para el empleo y favorece las acciones de
formación ocupacional y los programas de formación de empleo para los más
jóvenes; para los más jóvenes, no para los niños, señor portavoz del
Grupo Socialista, señor Díaz Sol. Implica una mayor coordinación entre
las comunidades autónomas y el Gobierno, fundamentalmente las de
Andalucía y Extremadura, que son a las que afecta de forma determinante.
Favorece las iniciativas empresariales en la zona y, por lo tanto, el
apoyo a las pymes, y la creación de tejido productivo. Despolitiza y
elimina el uso partidario del sistema, y yo entiendo que en este tema
haya determinadas alusiones del Grupo Socialista, quien reiteradamente ha
venido haciendo uso partidario de este tema en ayuntamientos gobernados
por ellos, introduciendo y creando los servicios integrales comarcales
que será el órgano profesional que vele por el funcionamiento correcto
del sistema. Y, por último, se establecen controles que evitarán el
fraude y se excluirá del sistema a quienes no acepten ofertas de
formación. Además, todo ello se realiza sin que se incremente de forma
extraordinaria el gasto y después de haber conseguido una vez más, señor
ministro, un acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos, un
acuerdo al que se pretende incorporar, y deseamos que se haga pronto, a
los
empresarios agrarios y que da muestras de un nuevo talante que existe en
este Gobierno, que se diferencia claramente del anterior. Es un nuevo
talante de diálogo y de consenso, de cumplimiento de un programa
electoral que sitúa al Gobierno del Partido Popular como un Gobierno
claramente centrado y defensor de los derechos sociales.
Señor Presidente, para la otra comparecencia intervendrá el señor Caneda.
El señor PRESIDENTE: Don Damián Caneda tiene la palabra.
El señor CANEDA MORALES: Señor Presidente, para seguir sus indicaciones y
para que todas SS. SS. se congratulen, voy a ser breve.
Primero, deseo agradecer al señor ministro su comparecencia de nuevo.
Tengo que empezar refiriéndome con todo cariño a la señora Alberdi, que
ha hablado de este tema, empezando a preocuparme ya que tan pronto puedan
vivir del recuerdo y que cada comparecencia sea un echarse flores. Se han
asentado un poco en la nostalgia. Yo comprendo cierta melancolía, pero no
que hagan lo mismo en cada comparecencia. (Rumores.)
Yo quería de todos modos aclararle algo. Es verdad que existieron los
hunos, que llegaron y fulminaron todo lo que se encontraron, pero también
existen otros que más inteligentemente, entiendo, aprovechan lo que hay
de bueno, porque hay cosas buenas, como siempre hemos reconocido, y
también cosas malas. Sobre las cosas buenas se construye algo mejor.
Por lo demás, estamos de acuerdo con la comparecencia del señor ministro,
evidentemente, porque lo que pretende está en nuestro programa. Cuando
hablamos de nuestros mayores pedimos la integración social; pedimos que
se tomen medidas activas; luego cumplimos con lo que decimos en el
programa. Además, también en el programa de turismo pedimos medidas para
desestacionalizar. Consecuentemente, estamos de acuerdo.
Cuando decía que no estábamos de acuerdo, señora Alberdi, debo
responderle que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice hoy aquí el
señor ministro porque incluye mejoras de gestión. Nosotros no queremos
que vuelvan a ocurrir casos como el de Ceres. Queremos transparencia;
queremos que además de la OCU y los sindicatos, haya más municipios y
entidades locales que intervengan, precisamente para que se acerquen a
los más desfavorecidos, pero también para que haya más transparencia, que
es fundamental, porque, si no, puede ocurrir que los unos hagan cuatro
viajes y otros se queden sin ninguno. Es fundamental que sea de esta
manera. Logrando esta equidad y con un sistema de control como el que se
ha expuesto --creo que tener una encuesta de un 10 por ciento, como ha
dicho el ministro, se corresponde con el cien por cien; es tener un
control de calidad exhaustivo-- creo que se mejora mucho.
Por eso digo que estamos muy de acuerdo con todo. Voy a ser breve, puesto
que todos los grupos parece que han quedado convencidos de la bondad de
los sistemas de cambio permanente que se han introducido, pero agradezco
una vez más también que el señor ministro acabe su comparecencia con
humildad, que creo que es necesario, y pidiendo la ayuda permanente a
todos los grupos, pidiendo la ayuda permanente a los afectados y a los
agentes sociales, porque es la única manera realmente de ser consciente
de que las cosas se pueden mejorar y se van a mejorar.
El señor PRESIDENTE: Señor Caneda, yo quiero recordarle a usted y a los
portavoces del Grupo Popular que no le quiten la palabra al ministro,
porque va a hacer uso de la palabra. No se dirijan a otros grupos sino al
propio compareciente, porque, si no, van a provocar nuevas intervenciones
por alusiones. (El señor Caneda Morales: Levemente.)
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha pedido la
palabra. La tiene el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, a pesar de que nosotros
no participábamos de las tres peticiones de comparecencia, nos parecería
poco cortés con el señor ministro no intervenir en este debate y que
además esto se interpretara como voluntad por nuestra parte de no hacerlo
en estas cuestiones.
Tan sólo quiero manifestar nuestra posición en dos de las cuestiones que
nos afectan directamente. Por un lado, en todo lo relacionado con la
lucha contra el fraude entendemos que es importante que el Gobierno ponga
medidas en marcha que permitan solucionar estos problemas. Me parece que
es de sentido común que los grupos políticos manifestemos nuestro apoyo a
medidas que responden a la lógica, con independencia de que muchas de
ellas se hubiesen adoptado en anteriores legislaturas. En todo caso, las
cifras que el ministro pone encima de la mesa deben preocuparnos y deben
motivar a los grupos políticos a trabajar para tratar de solucionarlos.
Quiero decirle que sería importante que en todo lo relacionado con la
Inspección de Trabajo se diese más juego a las comunidades autónomas.
Entendemos que la eficacia en esta Inspección de Trabajo desarrollada en
las comunidades autónomas que van a tener competencias en materias
relacionadas con el trabajo y, especialmente, con el previsible futuro
traspaso de las políticas activas del Inem, va a ser fundamental. Esta
lucha contra el fraude se debe hacer en colaboración con las comunidades
autónomas, porque, si no, su eficacia va a ser más que discutible. Sabe
el señor ministro que ésta es una cuestión que está encima de la mesa,
juntamente con la necesidad que hemos planteado desde Cataluña del
reconocimiento de las prestaciones por desempleo y entendemos que ésa va
a ser la línea en la que en los próximos meses debemos profundizar.
En este mismo sentido, en relación al programa de vacaciones para la
tercera edad, quiero decirle también que ésa es una cuestión cuyo
traspaso estamos reclamando desde Cataluña y esperamos poder llegar a
algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nos parece
que una política activa y eficaz en apoyo de las personas mayores va a
pasar también porque todos los programas hoy pendientes de traspaso a las
comunidades autónomas sean tranferidos a las mismas.
Inicialmente no tenía ningún interés en intervenir en relación a la
cuestión del plan de empleo rural y del subsidio agrario, pero para
quitarle al ministro la necesidad de afirmar que esta cuestión no forma
parte del paquete que hoy mantienen abierto tanto el Gobierno de la
Generalitat como el Gobierno del Estado ni del paquete que mantiene
abierto nuestro grupo parlamentario con el Gobierno, sí me gustaría
matizar algunas cuestiones para que consten en el «Diario de Sesiones», y
mucho menos para intervenir en el debate que in absentia el señor Alcaraz
ha mantenido con el señor Arzalluz, no es mi intención.
Muy brevemente, señor Presidente, si me permite, quiero afirmar que desde
1977, desde que en Cataluña y después de las elecciones democráticas del
15 de junio se inició un proceso político que llevó a la consecución del
Estatuto de Autonomía de 1978, se tuvo muy claro que la construcción del
Estado de las autonomías se iba a basar también en la solidaridad con las
zonas del Estado español menos desarrolladas, y en los debates que hubo
en las ponencias y en las comisiones parlamentarias por parte de todos
los partidos políticos catalanes nadie cuestionó la necesidad de impulsar
políticas que tuviesen en cuenta esas realidades. Por tanto, incluso
cuando en el año 1978, desde los grupos nacionalistas, Convergència i
Unió y Esquerra Republicana, reclamábamos el concierto económico, se
decía también que era necesaria la existencia de un fondo de compensación
interterritorial para las zonas del Estado que necesitaban de este apoyo.
Digo esto porque aquí ha quedado en el aire que las comunidades o las
naciones que han tenido mayor desarrollo no hemos sido solidarias, y esto
es absolutamente falso, al margen de lo que algún dirigente político
pueda decir.
Es evidente que a lo largo de estos años se han desarrollado políticas en
relación al mundo andaluz y al mundo extremeño, y el señor ministro ha
hecho una afirmación que yo creo que el señor Alcaraz comparte en su
intervención, y es que seguramente en muchos sentidos estas políticas no
han sido suficientes. Por tanto, bienvenido que se pongan en marcha
nuevas medidas y bienvenido que estas nuevas medidas se hagan desde el
consenso con los grupos sociales implicados. Yo no voy a entrar a fondo
en la valoración de las mismas, porque afectan a una parte del Estado a
la cual yo no represento y, por tanto, he de hablar con muchísima
prudencia de aquello que no conozco directamente, pero si los sindicatos
y los empresarios están llegando a un acuerdo con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, bienvenido sea.
Quiero afirmar también que en todo caso el posicionamiento político
global de nuestro grupo en relación a estas cuestiones, desde siempre, ha
sido apoyar la necesidad de que en Andalucía y Extremadura se impulsen
políticas activas de empleo, políticas destinadas a reforzar la economía
productiva, y el sentido del viaje del Presidente Pujol a Andalucía hace
escasas semanas iba en esa línea, no en la de pronunciarnos de manera
peyorativa hacia los andaluces, pues buena parte de la población que vive
y trabaja en Cataluña es de origen andaluz y, por tanto, desde siempre en
Cataluña ha habido un total respeto por esa realidad. Hoy la nueva
realidad nacional de Cataluña es el resultado del mestizaje entre cientos
de miles de personas del resto del Estado que vinieron a nuestra tierra.
Yo mismo soy un ejemplo de este mestizaje. Campuzano, como pueden suponer
los señores miembros de la Comisión, no es un apellido que se remonte a
los orígenes históricos de Cataluña en las comarcas del Pirineo, sino que
soy nieto de un inmigrante murciano de los años veinte, y, por tanto, me
sentiría muy ofendido si algún dirigente de mi partido afirmarse que
aquellos que tenemos un origen personal no estrictamente catalán somos
unos vagos. Me parece que hacer estas afirmaciones sería poco serio.
Por tanto, que queden estas cosas claras, porque, si no, todos vamos
contribuyendo a la ceremonia de la confusión, de los agravios
comparativos, que no creo que aporte nada a un mínimo proyecto de
convivencia entre los pueblos que formamos el Estado español. Me parece
que ese sentido ha de informar los debates que mantengamos en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Va a
ser una intervención que, como la primera, será breve, aunque parece que
a veces, cuando uno es breve, incluso se le confunde con algún
funcionario del ministerio. En cualquier caso, para mí es un profundo
orgullo que se me asimile a un jefe de servicio de la Inspección de
Trabajo, y he entendido que cuando decía que con todo el respeto hacia
los jefes de la Inspección de Trabajo no era en menoscabo del ministro,
lógicamente. Intentaré ser un poco más amplio dentro de la concisión para
no dar esa impresión funcionarial.
En segundo lugar, como es obvio --se me había olvidado al principio--,
reitero la colaboración de todos los grupos parlamentarios para todos los
asuntos, y la verdad es que siempre que he comparecido en el Congreso en
los últimos tiempos han sido comparecencias con un matiz un tanto
insólito, porque parece que por una parte se está de acuerdo con los
acuerdos sociales, pero por otra parte gustan poco. Esa es la impresión
que yo tengo. Se me ha dicho en esta Comisión que debo ir hacia el camino
de determinados grupos y convencerlos. Yo estoy muy contento de haber
recorrido ese camino juntos en el acuerdo de pensiones y de haberles
convencido con nuestro trabajo, con los sindicatos y con la aportación de
todos en la ponencia parlamentaria.
Cuando se habla del acuerdo del empleo agrario se nos dice, por una
parte, que hemos hecho asbolutamente lo mismo que antes, o sea, que no
hemos hecho nada, y, por otra, se nos está diciendo que lo queremos
utilizar electoralmente. Si estamos haciendo lo mismo y lo queremos
utilizar electoralmente, probablemente funcione un cierto subconsciente
de etapas anteriores que yo creo con toda sinceridad que tenemos que
superar, incluso con alguna afirmación que en el contexto del Estatuto de
los Trabajadores puede considerarse algo peregrina, como aquella de
considerar a un chico de 18 años como un niño. Se puede considerar algo
peregrino hablar de los niños de 18 años,
salvo que se desconozca el Estatuto de los Trabajadores y la edad legal
para trabajar.
Dicho eso me gustaría, señor Presidente, contestar a los portavoces en el
orden que han intervenido. Al señor Alcaraz le agradezco su intervención,
como siempre, y el tono de la misma, como siempre, y le quiero contestar
a algunos aspectos que ha planteado.
Moneda de cambio del acuerdo de empleo agrario con respecto a los
Presupuestos Generales del Estado o con respecto a determinadas
reivindicaciones, en absoluto y bajo ningún concepto. Negociación con los
sindicatos durante catorce sesiones de trabajo, pero moneda de cambio,
bajo ningún concepto, que le quede ese asunto claro. Yo aprovecho también
para decir que como andaluz en este caso y como Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales agradezco especial y profundamente la parte final de la
intervención del portavoz señor Campuzano.
Segunda cuestión, señor Alcaraz: ¿por qué el sistema no se va a utilizar
políticamente en el futuro? ¿Por qué las comparecencias del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales son un tanto insólitas en esta Cámara? Porque
lo que estaba previsto no es lo que está pasando. Lo que estaba previsto
era que llegaba un Gobierno del Partido Popular, Gobierno centrista, para
otros la derecha, la derecha, y atentaba contra las pensiones. Y llega un
Gobierno del Partido Popular y mantiene el poder adquisitivo de las
pensiones en los presupuestos y alcanza un acuerdo con los sindicatos, y
eso no estaba en el guión.
En segundo lugar, ¿cuántos años llevamos oyendo usted y yo que, si se
produce la alternancia, se acaba el sistema de subsidio agrario? Usted y
yo lo llevamos oyendo muchísimo tiempo, muchísimos años. Resulta que se
produce la alternancia y se mantienen los sistemas de protección social
en el campo de Andalucía. Eso tampoco estaba en el guión. ¿Qué estaba en
el guión? Llega la derecha y se carga los sistemas de protección social
agraria. Eso es lo que está pasando, y por eso las comparecencias, en
este caso de Trabajo y Asuntos Sociales, tienen un matiz insólito, como
decía al principio.
Señor Alcaraz, usted sabe que contra el sistema del PER, mal llamado PER,
porque PER son tres patas, como usted bien explica --las obras, el
subsidio y lo que significa la formación profesional--, se han hecho
críticas durísimas. Usted y yo sabemos que desde el ámbito de Izquierda
Unida se han producido esas críticas durísimas, quizás un dirigente de
Izquierda Unida en Andalucía haya sido el más crítico de todos contra el
sistema. Yo creo que eso es absolutamente legítimo. Usted y yo conocemos
un documento de la Junta de Andalucía que se llama Plan de Desarrollo
Rural y que está firmado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, y en ese documento se dice literalmente que el
anterior sistema tiene efectos perversos para el empleo en Andalucía.
Luego hay otra parte, que es la cuestión del voto cautivo. Yo les quiero
decir lo que pienso con toda honestidad. Los andaluces siempre han votado
en libertad, cuando han votado al PSOE, cuando han votado a Izquierda
Unida y por ejemplo le han otorgado alcaldías importantes en nuestra
comunidad y también cuando han votado al Partido Popular. Ahora, a la vez
que digo que siempre han votado en libertad los andaluces digo también
que ha habido quien ha intentado, a través del PER, condicionar esa
libertad, lo digo y lo mantengo, y he dicho en todas las campañas
electorales tres cosas: que si llegábamos al Gobierno, mantendríamos el
sistema de protección social --lo he dicho en todas las campañas
electorales--, que si llegábamos al Gobierno mejoraríamos el sistema de
protección social y que si llegábamos al Gobierno nunca íbamos a decir
que el PER se paga con el dinero que el señor Aznar o el señor Arenas
deciden. Eso es despolitizar el sistema. Cuando yo estoy diciendo desde
esta tribuna que le ofrezco un acuerdo de empleo agrario al señor Chaves,
legítimo Presidente de la Junta de Andalucía y miembro del Partido
Socialista, estoy despolitizando el sistema. Cuando estoy diciendo desde
esta tribuna que le ofrezco un acuerdo al señor Rodríguez Ibarra, miembro
destacado del Partido Socialista, estoy despolitizando el sistema.
¿Qué va a pasar, en mi opinión, en el futuro con respecto al sistema de
protección social en el campo, y al acuerdo de empleo agrario? Que no lo
va a poder utilizar nadie como se ha utilizado en el pasado. Se dice por
ahí por alguien con experiencia en el asunto: ya lo está utilizando. Lo
estoy utilizando para invitar a un acuerdo a Chaves, a Rodríguez Ibarra;
ya lo he hecho con los sindicatos y espero hacerlo mañana con los
empresarios. En la época anterior nunca han estado implicados los
empresarios en el sistema, y son una parte fundamental de la economía
andaluza. Por cierto, señorías, es absolutamente insólito oír hablar aquí
hoy de los patronos, cuando aquí hay un montón de andaluces y hemos visto
cómo la patronal andaluza acaba de decir hace pocas fechas que está de
acuerdo al cien por cien con los presupuestos de la Junta de Andalucía y
el señor Chaves. Se pretende ahora aquí trasladar un discurso antiguo de
los patronos agrarios, en Andalucía, que en este momento están
coincidiendo al cien por cien con los presupuestos de la Junta de
Andalucía. Eso me ha parecido también un tanto insólito.
SeñorAlcaraz, yo creo que con el cambio de estructura que suponen los
SIPE, estructura comarcal de gestión, que estando en los SIPE
ayuntamientos, las administraciones que quieran, sindicatos y
empresarios, creo que vamos a despolitizar el sistema; y participando
todos creo que vamos a despolitizar el sistema. Luego hay un compromiso,
y es que nosotros nunca vamos a darle una orientación partidista a lo que
significan esos sistemas de protección social en el campo de Andalucía.
En segundo lugar, usted tiene un problema importante con nosotros en esta
materia. Tenemos modelos distintos, y tenemos que reconocerlo. ¿Su modelo
es legítimo? Sí lo es. Su modelo lo que viene a plantear es la estructura
de la propiedad de la tierra en Andalucía, a través de la reforma agraria
integral. Usted y yo sabemos que en Andalucía hemos estado un montón de
años pendientes de una reforma agraria, que nunca llegó a aplicarse y que
pararon los tribunales.
La segunda parte de su modelo es: agrario y rural es lo mismo. No puedo
coincidir. Señor Alcaraz, Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social. Si usted quiere plantee
una proposición de ley, reformamos el sistema de Seguridad Social y nos
planteamos el Régimen Especial Rural de la Seguridad Social. ¿Eso qué
significa? Que el subsidio va no sólo a la gente que está vinculada al
campo, sino también al que es comerciante en un pueblo, industrial en un
pueblo, o está en el sector de la construcción en un pueblo.
Yo sí le quiero decir que mi obligación es controlar el censo agrario en
Andalucía y Extremadura. Estamos hablando, como usted bien ha dicho, de
una problemática agraria en toda España. Se han incrementado las
políticas activas, los dineros, también en las zonas rurales deprimidas.
Le saco a usted de otra duda. Me dice: cuidado, a ver si aparece un PER
empresarial. No, aquí dice 3.000 millones para iniciativas públicas
locales que generen empleo estable. Sí le digo una cosa. Me gustaría,
cuando fuera, que la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y el
Gobierno de España pactaran un acuerdo para fomentar iniciativas locales
empresariales, cuanto antes, y muestro mi predisposición; privadas
también. Pero en el ámbito de este acuerdo: iniciativas locales públicas
que generen empleo estable, 3.000 millones de pesetas.
Me parece fundamental que incrementemos la formación ocupacional. Me
parece fundamental que se incrementen las escuelas taller y casas de
oficio, un programa puesto en marcha por los socialistas que está dando
muy buen resultado. Me parece fundamental. Soy consciente de que con esto
no arreglamos la problemática del empleo definitivamente, pero también lo
soy de que caminamos en la buena dirección. Quiero decirle que rural
agrario no es lo mismo; moneda de cambio, en absoluto.
También ha hablado usted de la sequía. Los años que ha habido sequía,
como usted conoce igual que yo por la intervención del señor Griñán y por
la mía como ministro, se han producido decretos de asimilación de
jornada, y las jornadas en épocas de sequía no han constituido ningún
problema ni en Andalucía, ni en Extremadura. Otra cosa distinta es que yo
esté profundamente satisfecho del sistema de las peonadas. Pues no lo
estoy. Tenemos que ir mejorándolo y modificándolo. Le digo más. Si
hubiera sido posible me hubiera gustado presentarme en el Congreso de los
Diputados con un proyecto de comarcalización de peonadas. Usted y yo
sabemos lo difícil que es eso, pero usted y yo conocemos Andalucía y
sabemos que hay zonas donde sí se pueden conseguir las peonadas, y hay
zonas de Andalucía que, por el tipo de agricultura que tienen, es muy
difícil llegar a las 35 peonadas. Precisamente, cuando hemos reducido de
40 a 35 hemos tenido muy en cuenta ese elemento fundamental.
Los ayuntamientos van a seguir implicados en el sistema, y se les va a
ofrecer pertenecer a los SIPE comarcales. Usted decía: ¿Qué cambio
estructural hay? Los SIPE comarcales (servicios integrados de promoción
de empleo, no confundir con la SEPI, como usted hacía anteriormente, que
es otro asunto bien distinto). Yo creo que hay cambios estructurales. Me
parece que hay filosofía positiva nueva y que al final entre usted y
nosotros tiene que haber un debate permanente desde la distancia que
supone que usted defiende un modelo que nosotros no compartimos.
Hemos firmado, como usted sabe, con UGT y Comisiones Obreras. Hemos
dialogado muchísimo con el Sindicato de Obreros del Campo, aunque no
hemos alcanzado un acuerdo. También en los ámbitos sindicales se plantea
esto. Hay un modelo por parte del SOC absolutamente distinto en su
concepto y en su filosofía de lo que significa el modelo que ha defendido
UGT y Comisiones Obreras.
Ha hablado usted de determinadas cifras de fraude, del 14 por ciento. Yo
no quiero darle la cifra concreta en este momento, pero le puedo decir
que fraude desde luego lo hay, y eso no lo digo yo sino que está en los
tribunales de Justicia. Cada día se han ido mejorando los mecanismos de
lucha contra el fraude y yo creo que no nos debemos cebar con el fraude
en el PER, sino tenerlo en cuenta como cualquier otro comportamiento
antisocial que se pueda dar.
Es importante también conocer los datos, porque la evolución que se ha
producido en Andalucía y Extremadura es completamente distinta. Fíjese
que desde 1983 en España han descendido los activos agrarios en 700.000
personas. Pues bien, prácticamente en Andalucía se mantiene la misma
población agraria en torno a 440/430.000 personas. Lo preocupante es que
en Andalucía y Extremadura se ha producido un incremento del desempleo
agrario y una disminución de la población ocupada agraria. Eso es lo
preocupante. Lo preocupante es que el sistema anterior podía resolver la
protección social. Lo que está claro es que no ha sido un fenómeno de
creación de empleo en los ámbitos rurales y en los ámbitos agrarios.
Luego se ha producido un hecho, que también conocen ustedes, que es muy
llamativo, que es la incorporación de las mujeres al propio sistema. Así,
en Andalucía, en 1985 los hombres eran 209.000 y las mujeres 38.000,
mientras que en 1995 los hombres han descendido a 126.000 y las mujeres
han aumentado hasta 152.000. Hay más mujeres en este ámbito ahora que
hombres, en el caso de Andalucía. En el caso de Extremadura, los hombres
eran 50.000, las mujeres 1.119; y en 1995, los hombres han descendido a
28.000 y las mujeres han aumentado hasta 13.000. Quiero decir con esto
que la incorporación de la mujer al ámbito del trabajo en lo que
significa la demarcación rural ha supuesto también que las cifras sean
éstas.
Coincido con usted en que se han dado cifras en los medios de
comunicación que no corresponden en absoluto con la realidad. En este
momento el subsidio viene a importar en torno a 125.000 millones de
pesetas, para una población acogida aproximadamente de 200/220.000
personas. Eso realmente es lo que cuesta el subsidio, que luego hay que
complementarlo con las cantidades que se destinan a obras PER y a planes
de formación.
El señor Vaquero se ha referido a lo que significa la lucha contra el
fraude. Yo le quiero decir que no se trata de luchar contra el fraude de
los trabajadores y no hacerlo contra el fraude de los empresarios. Hay
que luchar contra el fraude de los ciudadanos: el fraude que cometen los
empresarios y el fraude que puedan cometer personas que no son
empresarios.
Quiero también anticipar a la Comisión que del conjunto de medidas que he
expuesto hoy, que básicamente son: lucha contra el fraude, mejora de la
gestión, y control
de morosidad, esperamos obtener 185.000 millones de pesetas el próximo
año, fundamentalmente en mejora de la gestión, principalmente en lucha
contra la morosidad. Hay empresas que no se inscriben en la Seguridad
Social, y eso es economía sumergida; hay empresas que no dan de alta en
la Seguridad Social a sus trabajadores por cuenta ajena; hay empresas que
eluden días de cotización mediante altas y bajas sucesivas de
trabajadores que están en activo; hay empresas que dan de alta a sus
trabajadores en regímenes que no corresponden, pero que son
económicamente más favorables; hay empresas que se inscriben nuevamente
en la Seguridad Social bajo otra denominación, sin relación aparente,
para no pagar sus deudas pendientes bajo la denominación inicial; la
empresa que se da de alta en la Seguridad Social pero omite el pago total
o parcialmente; la empresa que retiene indebidamente la cuota obrera; la
empresa que no declara una parte de la contribución que se paga en negro,
como se dice vulgarmente; la empresa da apariencia de gastos, dietas,
pluses, en la nómina a lo que en realidad es salario. Tenemos hoy un
cuadro de conductas empresariales presuntamente fraudulentas que se están
combatiendo a diario desde el ministerio.
Sin embargo, acogiendo lo que ha dicho el señor Arnau en su intervención,
estoy de acuerdo: no hay que distinguir fraude fiscal y fraude social;
todo es fraude social, también el fiscal. Pero cuando hablemos de fraude
social, en general, yo creo que la Administración tiene la obligación de
combatirlo en todos los ámbitos. No hay que luchar con mayor ferocidad
contra aquel que recibe indebidamente una prestación que contra aquel que
está propiciando situaciones de economía sumergida. Hay que luchar, en mi
opinión, contra los dos y decirles que siempre, los complementos de
productividad de los inspectores, siempre han estado vinculados a los
resultados inspectores. No es una novedad. Lo han planteado dos
portavoces.
Es cierto que hemos cambiado el sistema sobre la base de programas
nacionales, provinciales individuales, y lo mantengo y lo defenderé
siempre. Y lo que puedo decir es que a la vista está que han mejorado
notablemente los resultados. ¿Que se ha cambiado el sistema? Sí. También
le quiero decir, en confianza --quizás por el símil que ha planteado
anteriormente de jefe del servicio de la inspección, está ya muy
sensibilizado--, que el ambiente que yo he encontrado entre los
inspectores cuando he llegado al ministerio no era bueno: poco ánimo,
desencanto, etcétera.
Les voy a dar a ustedes una buena noticia que también está vinculada con
lo que ha dicho don Carlos Campuzano. Muy pronto el Consejo de Ministros
va a aprobar la ley de ordenación de la inspección de trabajo. ¿Y cuál es
la buena noticia? Que esa ley de ordenación de la inspección de trabajo
cuenta, en principio, en sus líneas generales, con el apoyo de las dos
asociaciones de inspectores que hay, porque ha sido dialogada previamente
con ellos. (El señor Arnau Navarro: me parece perfecto.) ¿Le parece
perfecto? Muchas gracias. Estamos avanzando. (Rumores.--Risas.) Sí, pero
quiero decir que tampoco hay ningún mal clima ahora en el ministerio con
los inspectores; que lo hay bueno, sobre todo si se compara con la etapa
anterior. (Rumores.)
También le quiero decir, señor Vaquero, que la ley de ordenación de la
inspección de trabajo va a ser un elemento muy positivo. En ese sentido,
ha habido una parte de la intervención del señor Campuzano que se ha
referido a la ley de inspección. Ahí tenemos abierto el debate de la
dependencia orgánica única del Estado, indiscutible, en mi opinión,
convenios OIT, y tenemos la dependencia funcional compartida con las
comunidades autónomas. Pues bien, esa ley de ordenación de la inspección
de trabajo se ha discutido previamente, señor Campuzano, con las
comunidades autónomas y espero que cuente con el consenso de todos.
El señor Vaquero me decía que cómo íbamos a seguir trabajando en las
medidas de lucha contra el fraude contando con la opinión de los agentes
sociales. Ya le digo que está en marcha, porque tanto en el Inem, usted
lo sabe, como en el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay
consejos generales de participación institucional, y a esos consejos
generales remitiremos trimestralmente los informes balance de todas las
medidas. Quiero también recordar aquí, porque no lo he hecho
anteriormente, que la lucha contra el fraude y la morosidad está
contenida también en el Pacto de Toledo.
La señora Alberdi nos ha felicitado por mantener ese programa. Creo que,
en líneas generales, coincido en muchísimas cosas con la señora Alberdi,
ya lo he dicho en público en varias ocasiones y ella, al final, me viene
a decir: el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, era muy
crítico con estos programas, y yo le garantizo ahora que el Partido
Socialista no va a ser crítico con estos programas. Garantía suya por
garantía mía. (Rumores.) Usted no, pero tengo aquí multitud de recortes
vinculando el turismo social con el PSOE, incluso cenas y comidas pagadas
--digo que usted no-- con dinero público, en las cuales se decía:
mayores, si nos votáis otra década a nosotros, vamos a mantener los
viajes. Usted me ofrece la garantía de no criticar el sistema y yo le
ofrezco una garantía: que yo nunca voy a hacer, como ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, lo que se ha hecho anteriormente con los programas de
mayores. No voy a organizar clausura de los programas de mayores, no voy
a realizar actos con dinero público de miles de personas para clausurar
los programas y nunca voy a decir que esos programas son una decisión
política del Partido Popular, sino que son una decisión del Congreso de
los Diputados y del Senado, con sus presupuestos, manteniendo el
programa. Esa es la garantía y el detalle que yo tengo que tener con
usted después del detalle que usted ha tenido también con nosotros.
(Rumores.)
El señor Díaz Sol defiende la tarea de los sindicatos en el acuerdo de
empleo agrario, pero, luego, les acusa de ser cómplices de una
seudorreforma (Denegaciones). Sí, sí. No puede ser que se diga: el
Gobierno ha planteado una seudorreforma y luego se diga: qué bien lo han
hecho los sindicatos. Serán nuestros cómplices en la seudorreforma, ¿no?
(El señor Díaz Sol pronuncia palabras que no se perciben.), porque todo a
la vez no puede ser. (Rumores.) No, no. Todo a la vez no puede ser. ¡Los
jóvenes de 16 años! ¿Van a poner ustedes a los niños en el subsidio?
(Rumores.) Mírese el Estatuto de los Trabajadores. Y luego
tiene un problema: lo de los jóvenes de 16 años lo tiene usted que hablar
con los sindicatos, que lo han pedido; háblelo con ellos, que lo han
pedido, con nuestra comprensión, señor Griñán. (Los señores Griñán
Martínez y Díaz Sol pronuncian palabras que no se perciben.) Lo han
pedido los sindicatos. Hable con ellos, porque si les felicita tanto,
intenten ponerse de acuerdo en ese tema.
Precisamente, ha hablado usted de los patronos. Hace mucho tiempo que
desde el PSOE no se hablaba de los patronos, pero me parece muy bien; a
veces, estando en la oposición se cambia incluso el lenguaje (Risas.),
pero le quiero decir que hablando de los patronos, precisamente una de
las partes del documento que pretendemos firmar con los sindicatos,
acomete el problema de la firma de las peonadas y la necesaria
simplificación administrativa, de tal suerte que espero, en una próxima
comparecencia, decirles que hemos acabado o simplificado el problema de
la firma de los patronos.
Con respecto a la intervención del señor Arnau, quiero decir que
agradezco mucho la colaboración del Grupo Socialista; que coincido con él
en lo del fraude social/fraude fiscal; de lo que ha hablado sobre la
colaboración de la sociedad, que me parece muy positivo. Luego ha dicho
que mi comparecencia es de marketing. O sea, ¿las que pide el Grupo
Popular son de marketing y las otras no son de marketing? Eso es bueno
que lo analicemos un día, ¿no? Hay algunas que son serias porque no las
pide el Grupo Popular y si las pide el Grupo Popular es que son de
marketing. Señoría, yo creo, con toda sinceridad, que no. Fraude hay.
¿El papel de la inspección de trabajo? Por supuesto que está también en
la mediación y el arbitraje y en la lucha contra el fraude de relaciones
laborales y en la lucha contra el fraude de la Seguridad Social:
inspección de trabajo y Seguridad Social. ¿Pero qué base tiene usted para
decir que yo no estoy --fíjese lo que ha llegado a decir-- apoyando la
tarea inspectora en mediación y arbitraje y que estoy impidiendo el resto
del trabajo? (El señor Arnau Navarro: Programa 311, B.) Si me dice usted
eso y estoy presentando el mejor balance de la inspección de trabajo en
los últimos meses, ¿cómo se puede mantener eso? ¿Que hay un problema de
200 millones de pesetas dice usted? Pues yo le tranquilizo: con toda
seguridad se va a resolver y se va a resolver desde el ministerio y en el
marco de los Presupuestos Generales del Estado; ahora lo que no le
garantizo es que se vaya a través de una enmienda del Grupo Socialista;
no se lo garantizo. ¿Pero que se va a resolver? Con toda seguridad. Usted
no tiene base, y se lo digo con toda la moderación y además sabe que le
tengo mucho afecto, para decir que yo estoy impidiendo la actividad
inspectora. ¿Cómo va a ser eso si se dan los resultados más eficaces de
la actividad inspectora en los últimos meses? Señoría, ¿usted sabe lo que
hemos avanzado en la resolución extrajudicial de conflictos laborales,
con un acuerdo que también es muy importante? ¡Si ha estado hablando
usted de relaciones laborales! Resolución extrajudicial de conflictos
laborales, un acuerdo social con dos meses de Gobierno.
Luego me dice usted que por qué no he hablado de Sicoss, de Progrespress,
de URE, de EVI. Si hablo ya de eso, me rebaja usted de jefe de servicio a
jefe de sección. (Risas.) Le garantizo que el próximo día hablamos de la
tarjeta de Seguridad Social, del programa Sicoss, del programa
Progrespress y hablamos también de las URE y los EVI. ¿Y sabe por qué
hablamos de las URE y los EVI? Porque no estaban puestos en marcha. (El
señor Díaz Sol: ¿Las URE?) Las URE no están completas y los Evi
absolutamente incompletos. Llevo cinco meses --si me puede ayudar se lo
agradeceré mucho-- negociando con Hacienda, por los problemas
presupuestarios, para que me dejen dotar las URE y los EVI, que no están
dotados. (El señor Arnau Navarro: Ese es otro problema.) ¿Cómo va a ser
otro problema? No se pueden tener las unidades de recaudación ejecutiva
sobre el papel, sin funcionar. No se pueden tener los equipos de
valoración de incapacidades sin médicos, señor mío. De aquí a final de
año tenemos que contratar a 125 médicos, a través del Inem. (El señor
Arnau Navarro: ¡Qué barbaridad!) Los EVI están, pero no constituidos; las
URE estaban, pero no completas.
Me ha dicho que se ha hecho mucho anteriormente. Me gustaría saber qué se
ha hecho en incapacidad temporal. Para cinco millones de trabajadores
figuran 270.000 millones --un sistema-- y 227.000 millones para nueve
millones de trabajadores. En pago directo, 206 días. ¿Qué se ha hecho en
los últimos años en esa materia? Lo desconozco. Sí sé que, en mi etapa,
se han firmado convenios con el Insalud, con cinco comunidades autónomas,
y convenios con las mutuas. Por cierto, señor Vaquero, que no existe el
problema de que las mutuas se lleven nada. Usted ha dicho que a veces eso
redundaba en mayores ahorros para las mutuas. Quien se ahorra es el
sistema, nunca las mutuas. Además, como usted sabe, son entidades sin
ánimo de lucro. Quien se ahorra es el sistema de Seguridad Social, ya sea
a través del pago directo, ya sea a través del pago delegado.
Me ha hecho una comparación del mes de abril y del mes de agosto. (El
señor Arnau Navarro: Es la última que tengo.) Correcto. Como sabe
--además estaba a su lado el antiguo ministro de Trabajo, para que lo
sepan los miembros de la Comisión-- los ingresos de la Seguridad Social
van bastante bien en los últimos meses.
También le quiero decir que, con respecto al presupuesto que se dejaron,
hablaremos otro día. (Risas.) Presupuesto de ingresos que se dejó,
presupuesto de gastos que se dejó y préstamo en Seguridad Social. De eso
hablaremos otro día. Usted va a tener que decir muchísimas cosas, pero yo
le garantizo que también tendré muchas cosas que decir. Pero apelo al
rigor. Usted sabe que hay muchos empresarios que pagan trimestralmente a
la Seguridad Social. ¿Cómo me compara el mes de abril, en que se abona el
primer trimestre, con agosto, en que no hay abonos? Tiene que comparar
meses en que se produce el abono trimestral con meses en que también se
producen. Hay muchos empresarios que pagan enero, febrero y marzo en el
mes de abril, y en el mes de agosto, que es el que ha comparado, no se da
esa circunstancia. Todos los meses que cite en que hay pago trimestral
están por encima.
Hoy se está dando un problema en la sociedad española que a usted le debe
preocupar y a mí también. ¿Sabe qué
está pasando? Hay récord histórico en colocaciones y la Seguridad Social
va divinamente en el aspecto que, precisamente, acaba de citar como
negativo. Le diré más. En el mes de octubre, que estacionalmente es el
peor, se ha producido el menor descenso en la Seguridad Social de todos
los meses de octubre. ¿Por qué me preocupa como Ministro de Trabajo? Por
el empleo precario, por el empleo temporal, porque se están produciendo
muchas colocaciones que inmediatamente se convierten en parados por el
empleo temporal. Pero a efectos de altas en la Seguridad Social vamos en
cifras récord. Si me compara el mes de abril debe hacerlo con meses en
los que se produzcan ingresos trimestrales.
En cuanto a la lucha contra la morosidad, el día que venga a informar le
garantizo un discurso político sobre los resultados en la lucha contra la
morosidad que, en mi opinión, están siendo espectaculares. Morosidad,
sobre todo, en el ámbito público. Le confieso que es muy difícil luchar
contra la morosidad privada. Se lo confieso. ¿Sabe por qué? Por lo menos
tres veces a la semana vienen a verme sindicatos y empresarios juntos a
decirme que la Seguridad Social no debe apretar porque se cierra la
empresa. Le traslado la experiencia que tengo. También hay presidentes de
comunidades autónomas que me llaman diciéndome que esta empresa tiene
dificultades. Al final, la respuesta es una: se aplica lo que legalmente
dicen las leyes. Le quiero confesar que de la misma forma que estoy
satisfecho por cómo estamos combatiendo la morosidad pública, no lo estoy
con la forma en que estamos combatiendo la morosidad privada. Estoy
abierto a que estudiemos cualquier fórmula para acometer ese asunto,
porque no estoy satisfecho. Todavía no hemos dado con la tecla de cómo
combatir mejor la morosidad privada. Siempre tenemos el filo de la navaja
del cierre de la empresa, de la actividad laboral de la empresa en el
futuro o de la pérdida de puestos de trabajo.
Termino, señor Presidente, agradeciendo todas las intervenciones, así
como el respaldo del Grupo Popular. Tengo experiencia de la legislatura
pasada y también era usual que el grupo del Gobierno hablara con el grupo
de la oposición. Igualmente quería agradecer las brillantes
intervenciones de los señores Hernando y Caneda y decir al señor
Campuzano que valoro mucho el compromiso en la lucha contra el fraude, el
diálogo en materia de ley de inspección de trabajo. Valoro mucho como
ministro y como andaluz lo que ha dicho sobre el acuerdo del empleo
agrario. En materia de traspaso de los programas de turismo social no le
puedo garantizar en este momento su traspaso. Sabe que este grupo --la
señora ex ministra nos lo ha planteado en su intervención-- también en la
legislatura pasada habló de esa posibilidad. Sí le quiero decir que en el
próximo año se producirá una mayor participación de las comunidades
autónomas, no sólo de los ayuntamientos, en el programa de turismo
social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.