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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 105, de 12/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 105
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 12 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Director General de Política Exterior para
Africa, Asia y Pacífico (Alabart Fernández-Cavada), para informar sobre
la política del Gobierno en relación a Guinea Ecuatorial. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió). (Número de expediente
212/000178) (Página 2800)
Preguntas:
--Medidas ante la escalada de violencia desatada en Palestina, de la
señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya). (Número de expediente 181/000190)
(Página 2809)
--Apertura y cierre de consulados, de la señora Fernández Sanz (Grupo
Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000201) (Página 2811)
--Motivos de la no concesión de visado para asistir al primer Simposio
Hispano-Marroquí de periodistas al director de «Le Matin», señor
Abdelhafid Roussi, así como al director de la revista «El Puente», señor
Abdelaziz Tribak, del señor Estrella Pedrola (Grupo Parlamentario
Socialista). (Número de expediente 181/000229) (Página 2813)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y
asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y
funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 161/000161) (Página 2814)
--En relación con la nueva crisis abierta el día 25-9-96 en el Próximo
Oriente. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000191) (Página 2815)
--Relativa a la situación de la mujer en Afganistán. (Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular). (Número de expediente 161/000224) (Página 2818)
Dictámenes sobre:
--Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre
el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el
26-6-96. (Número de expediente 110/000034) (Página 2821)
--Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17-7-95. (Número de
expediente 110/000035) (Página 1821)
--Acuerdo entre España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en
situación irregular, firmado en Bucarest el 29-4-96. (Número de
expediente 110/000036) (Página 2823)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en
materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos,
firmado en Bucarest el 24-4-96. (Número de expediente 110/000037) (Página 2823)
--Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y
los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12-3-96. (Número de
expediente 110/000038) (Página 2824)
--Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente
Internacional sobre el Río Agueda entre las localidades de La Fregeneda
(España) y Barca D'Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el
18-1-96. (Número de expediente 110/000039) (Página 2824)
--Protocolo número 7 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22-11-84,
así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento
de la ratificación. (Número de expediente 110/000040) (Página 2825)
--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesiones de
Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el
18-3-70. (Número de expediente 110/000041) (Página 2826)
--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre
Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en
Bayona el 10-3-95. (Número de expediente 110/000042) (Página 2827)
--Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el
28-9-54, así como reserva que España va a formular en el momento de la
adhesión. (Número de expediente 110/000043) (Página 2828)
--Canje de Cartas, de fechas 17-7-96 y 19-8-96, constitutivo de Acuerdo
entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario
sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid 9-13-96). (Número de
expediente 110/000044) (Página 2830)
--Memorándum de Responsabilidades que ha de asumir el Reino de España y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 38 Reunión del Grupo Intergubernamental
sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 17-5-96). (Número de expediente 110/000045)
(Página 2830)
--Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España
y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6-2-96.
(Número de expediente 110/000046) (Página 2831)
--Acuerdo en materia de permisos de residencias y trabajo entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el
6-2-96. (Número de expediente 110/000047) (Página 2832)
--Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y
Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el
Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado
en Madrid el 25-1-96. (Número de expediente 110/000048) (Página 2832)
--Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los
Estados Unidos Mexicanos,firmado «ad referendum» en San Sebastián el
16-9-95, Canje de Notas de 8-3-96 y 13-6-96 por el que se subsana un
error material en su artículo XVII. (Número de expediente 110/000049)
(Página 2833)
--Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de
Hondura, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La
Haya, 25-10-80). (Número de expediente 110/000050) (Página 2833)
--Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 14-6-85, tal como quedó enmendado por los Protocolos
relativos a la Adhesión de los Gobiernos de la República Italiana, del
Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República Helénica,
firmados respectivamente el 27-11-90, 25-6-94 y 6-11-92, hecho en
Bruselas el 28-4-95, así como Acuerdo de Adhesión de la República
Austriaca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14-6-85
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la
República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la
supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en
Schengen el 19-6-90, al cual se adhirieron la República Italiana, el
Reino de España y la República Portuguesa, y la República Helénica por
los Acuerdos firmados respectivamente el 27-11-90, el 25-9-91 y el
6-11-92, Acta Final y Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28-4-95.
(Número de expediente 110/000051) (Página 2834)
--Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de
la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en
servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la
producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión
del desarrollo la producción y la logística del EF2000 y del Tornado
(NETMA). (Número de expediente 110/000052) (Página 2836)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la sesión de
esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Antes de comenzar con los trabajos previstos según el orden del día que
obra en poder de todos ustedes, querría someter a la consideración de los
miembros de esta Comisión una leve alteración del orden del día, que
consistiría en incluir, en el apartado de las preguntas, una pregunta
oral al Gobierno en Comisión, formulada por el Diputado del Grupo
Socialista y Vicepresidente de esta Comisión, don Rafael Estrella
Pedrola, sobre los motivos de la no concesión de visado para asistir al
primer simposio hispano marroquí de periodistas al director de Le Matin,
señor Abdelhafid Rouissi, así como al director de la revista El Puente,
señor Abdelaziz Tribak. La pregunta en cuestión ha sido presentada,
registrada y publicada en los términos en que el Reglamento ordena, en
cualquier caso en términos temporales posteriores a la celebración de la
reunión de Mesa y portavoces donde se fijó la agenda de esta sesión, y
por ello, aprovechando que el señor Subsecretario asiste a esta reunión
para responder a otras preguntas y con su propio y previo acuerdo, la
Presidencia cree oportuno que, si no hay objeción por parte de la
Comisión, se procediera a incluir esta pregunta en el orden del día.
¿Existe alguna objeción al respecto? (Pausa.) No la hay. De manera que
esta pregunta será planteada en el momento oportuno, en los términos que
acabo de referir.
Por otra parte, y como saben los miembros de la Mesa y los portavoces, en
la última reunión quedamos en someter a la consideración de la Comisión
dos declaraciones institucionales: Una, sobre la situación en el Zaire y
otra, sobre el aniversario de los cinco años de la celebración de la
Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio en Madrid. Entretanto, la Mesa
del Congreso de los Diputados ha decidido que la declaración sobre el
Zaire sea una declaración de toda la Cámara, por lo cual, con su permiso,
señores comisionados, procederé a dar lectura a la declaración
institucional de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre el aniversario
de los cinco años de la celebración de la Conferencia de Paz en Madrid,
que, si no suscitara ninguna objeción por parte de ningún miembro de la
Comisión, figuraría, efectivamente, como declaración institucional de la
Comisión. Dice así: Hace cinco años, en Madrid, la Conferencia de Paz
sobre Oriente Próximo, celebrada bajo el patrocinio
internacional, reunía por vez primera a representantes de todas las
partes implicadas en el conflicto. La Conferencia de Madrid fue un marco
adecuado para abordar las diferencias entre árabes e israelíes y consagró
el diálogo y la búsqueda de la paz como vía para la resolución del
conflicto. Los acuerdos de Oslo formalizaron el mutuo reconocimiento de
Israel y la Organización para la Liberación de Palestina adoptaron el
principio de paz a cambio de territorios y pusieron en marcha un proceso
dirigido a garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación del
pueblo palestino, sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados manifiesta su profunda preocupación por el
actual bloqueo del proceso de paz, que pone en peligro los logros hasta
ahora alcanzados en la construcción de un marco de convivencia y de
seguridad compartida. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de
los Diputados saluda el nombramiento por la Unión Europea de un enviado
especial para el Oriente Próximo, el diplomático español don Miguel Angel
Moratinos. Esta decisión de la Unión Europea confiere una expresión
política más visible a la ya considerable dimensión que tienen las
relaciones de la Unión Europea con la región y deberá servir para
acompañar e impulsar los esfuerzos de mediación ya emprendidos, a fin de
que se haga efectivo el cumplimiento de los acuerdos de Oslo y se
recupere en la región el espíritu que nació en la Conferencia de Madrid,
que hoy conmemoramos.
¿Existe alguna objeción a esta declaración institucional? (Pausa.)
¿Podemos entender que como tal figurará entre las decisiones de esta
Comisión? (Asentimiento.) Así será. Muchas gracias, señores miembros de
esta Comisión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA
AFRICA, ASIA Y PACIFICO (ALABART FERNANDEZ-CAVADA), PARA INFORMAR SOBRE
LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION A GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO). (Número de expediente
212/000178.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a cumplimentar el orden del día tal como
figura en los documentos que les han sido repartidos, con la adición a la
que al principio hice referencia.
El primer punto es la comparecencia del Director General de Política
Exterior para Africa, Asia y Pacífico, don Manuel Alabart
Fernández-Cavada, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para informar
sobre la política del Gobierno en relación con Guinea Ecuatorial, que ha
sido solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Antes de darle la palabra, quiero agradecer la presencia del señor
Alabart entre nosotros, que ha demostrado una diligencia ejemplar y un
deseo realmente digno de todo encomio de participar en esta Comisión de
Asuntos Exteriores, a pesar de otros compromisos que él tenía.
Señor Alabart, tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y
PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco con gran satisfacción ante esta Comisión de Asuntos
Exteriores para informar sobre un tema que considero de gran importancia,
no sólo para el Gobierno de la nación, sino también para el Parlamento.
En efecto, para España, la situación de Guinea Ecuatorial ha sido y será
centro de atención prioritaria por razones históricas, que aquí resulta
obvio recordar. Lo que ocurre en Guinea Ecuatorial no es ajeno nunca al
pueblo español y, por tanto, no es ajeno tampoco a las instituciones que
lo representan. Del simple repaso del «Diario de Sesiones» del Congreso
de los Diputados se desprende un evidente interés de esta Comisión de
Asuntos Exteriores sobre el tema que hoy nos ocupa. Agradezco, por tanto,
esta oportunidad para explicar las principales líneas de actuación del
Gobierno.
Respondo en esta comparecencia, en nombre del señor Ministro de Asuntos
Exteriores, tanto a la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista como
a la que me ha dirigido personalmente el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Ambas preguntas, pienso, pueden responderse
conjuntamente, pues ambas versan sobre la política española en relación a
Guinea Ecuatorial y sobre un tema conexo: el del proceso de
democratización de Guinea Ecuatorial. Por tanto, me referiré en esta
comparecencia a la política de España respecto a Guinea, a la cooperación
española y al proceso de democratización.
El Gobierno entiende que la política con Guinea Ecuatorial, como la
mayoría de los aspectos de nuestras relaciones exteriores, debe ser una
política de Estado que responsa a los intereses de España. Tengo la
convicción además de que dichos intereses son compartidos por los grupos
parlamentarios aquí representados, y el Gobierno aspira a que todas las
fuerzas políticas españolas alcancen un consenso sobre este tema. Tanto
el ex ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, como el anterior
director general de Política Exterior para Africa y Medio Oriente, señor
Moratinos, comparecieron en varias ocasiones ante esta Comisión para
exponer los criterios y valoraciones del anterior Gobierno.
El 13 de diciembre del pasado año, a solicitud del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el director general de Política Exterior para
Africa y Medio Oriente informó acerca del proceso electoral acaecido en
Guinea Ecuatorial, así como de la posición y el papel desempeñado por el
Gobierno español en relación al mismo. Además de hacer una exposición
sobre el desarrollo de las elecciones municipales, celebradas el día 17
de septiembre del año pasado, señaló claramente tres objetivos
fundamentales en la política con respecto a Guinea Ecuatorial, tres
objetivos que quisiera recordar a SS. SS., ya que son plenamente
compartidos
por el actual Gobierno. En primer lugar, el mantenimiento de unas
relaciones diplomáticas correctas con el Gobierno ecuatoguineano; en
segundo lugar, continuar impulsando el proceso de transición a la
democracia por medio del diálogo entre el Gobierno y la oposición de una
manera gradual y pacífica y, en tercer lugar, velar por el respeto de los
derechos humanos con el fin de mejorar la situación en este campo.
Mi predecesor explicó asimismo las actuaciones que llevó a cabo el
Gobierno español para preparar adecuadamente las elecciones municipales,
los contactos que se mantuvieron con los partidos de oposición y la
participación de dos observadores españoles en la misión de observación
internacional en dichas elecciones.
Sobre los tres objetivos citados y que, repito, constituían entonces, y
siguen constituyendo, el eje fundamental de la acción del Gobierno,
quisiera hacer las siguientes consideraciones. El mantenimiento de unas
relaciones diplomáticas correctas con el Gobierno ecuatoguineano implica
necesariamente un diálogo fluido que nos permita ir solucionando los
problemas que se puedan ir presentando y que siente las bases de una
confianza mutua entre ambos gobiernos. Ese deseo del Gobierno va
encaminado a conseguir una confianza mutua y unas relaciones políticas de
cooperación que son las que deben determinar con naturalidad las
relaciones entre dos países unidos por vínculos históricos y culturales y
entre los que no hay, por definición, intereses opuestos ni debería
haber, por tanto, conflictos bilaterales.
Por lo que se refiere al proceso de transición a la pluralidad política,
pensamos que Guinea está en una primera fase de evolución democrática y
que tal proceso deberá ir acompañado no sólo de gestos sino también de
hechos concretos que vayan encaminados a la democratización del país.
(Rumores.)
Como ya puso de manifiesto el anterior director general de Política
Exterior para Africa y Oriente Medio, las elecciones municipales del 17
de septiembre de 1995 no dejaron satisfecho al Gobierno español.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Alabart.
Señor Gortázar, perdón, pero somos pocos y las conversaciones se oyen
mucho.
Señor Alabart, puede continuar.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y
PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Gracias, señor Presidente.
Decía que, como ya había puesto de manifiesto mi predecesor, las
elecciones municipales del pasado 17 de septiembre de 1995, no dejaron
satisfecho al Gobierno español. Sin embargo, aunque el desarrollo de
dicho proceso electoral mostró deficiencias, pensamos entonces que se
había registrado un progreso con respecto a la situación anterior. Había
sido, sin duda, un primer paso hacia la normalización política, un paso
que permitió que, de las 27 alcaldías que estaban en juego en el país,
nueve pasaran a manos de la oposición y, además, entre las nueve, había
dos de gran calibre político como la de Malabo, capital de la nación, y
la de Evinayong, en el corazón de la zona continental en el antiguo Río
Muni.
Ese sabor de boca agridulce que nos dejaron las elecciones de septiembre
no mejoró después. En efecto, con las elecciones presidenciales de
febrero del año en curso no podemos estar tampoco satisfechos, podemos
estar todavía menos satisfechos, ya que, por las circunstancias en que se
desarrollaron, al final, todos los candidatos opositores, salvo uno, se
retiraron, por entender que las condiciones no eran suficientemente
aceptables. El recuento final de estas elecciones presidenciales de
febrero, más del 99 por ciento de los votos emitidos en favor del
candidato gubernamental, no podía constituir un resultado creíble ni para
España ni para la comunidad internacional.
Así pues, hoy, el Gobierno considera insuficientes los avances producidos
y entendemos que se debe seguir profundizando en dicho proceso de
transición. El Gobierno español está dispuesto, de acuerdo con las
autoridades de Malabo y con todas las fuerzas políticas en presencia, a
colaborar para que los próximos comicios, previstos para 1998, sean más
transparentes y cuenten con las debidas garantías.
La profundización del proceso democrático tiene lugar en un país nada
acostumbrado a la cultura democrática y en un marco de grave
subdesarrollo económico, con una renta per cápita que supera los 500
dólares anuales por habitante. Esta dura realidad de Guinea Ecuatorial,
que de sobra conocen SS. SS., condiciona y dificulta el avance en la
democratización del país, por lo que, sin dejar de instar al Gobierno
guineano en la vía emprendida, debe tenerse en cuenta a la hora de
valorar la actual situación y pedir cambios en el sistema.
Puedo asegurar a SS. SS. que, en todos los contactos oficiales que el
nuevo Ejecutivo ha mantenido en los últimos meses con las autoridades de
Malabo, el tema de la democratización de Guinea Ecuatorial ha sido
abordado, así como el asunto de la necesidad de avanzar en el respeto de
los derechos humanos. Se ha hecho patente al Gobierno ecuatoguineano que
ambos procesos son de gran importancia para nuestro Gobierno, ya que en
su promoción están firmemente unidos nuestra opinión pública y todos los
partidos políticos que conforman el arco parlamentario.
Por ello, y además de instar al Gobierno guineano para que continúe en su
proceso democratizador, el Gobierno español viene manteniendo desde hace
tiempo, como puso de manifiesto el señor Moratinos en su comparecencia
del pasado mes de diciembre, una relación fluida con la oposición
guineana. En efecto, existe un diálogo y apoyo del Gobierno a las fuerzas
democráticas de Guinea Ecuatorial, con el único y claro objetivo de
fomentar este proceso de democratización. No es un secreto para nadie, ni
tampoco para el propio Gobierno guineano, que, tanto a través de nuestra
Embajada en Malabo como del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid,
se mantienen frecuentes contactos con todos los partidos políticos de la
oposición, además, evidentemente, del gubernamental, del PDGE. Dicho
diálogo abarca a los representantes de todas las fuerzas políticas y
nuestra intención es seguir haciéndolo
con todos aquellos partidos que acepten la legislación vigente.
Quiero hacer expresa mención de la importancia que el Gobierno atribuye a
la participación de todo el pueblo guineano en el proceso de
democratización. Todos los guineanos, independientemente de la etnia o
tribu a la que pertenezcan, son esenciales para conformar el presente y
el futuro de Guinea Ecuatorial y deben estar presentes en las decisiones
que afecten a la vida política y social. Por consiguiente, debe tenerse
en cuenta la etnia bubi, cuyo aporte nos parece indispensable y
fundamental en la construcción de un Estado democrático. España tiene
clara conciencia de los valores de dicho pueblo, por la larga convivencia
en la entonces isla de Fernando Poo, hoy Bioko. El pueblo bubi, junto con
los otros componentes de Guinea Ecuatorial, debe ser escuchado en el
tránsito hacia la democracia.
Sin embargo, me permito recordar a SS. SS. que, aparte del pueblo bubi,
existen otras etnias en Guinea Ecuatorial que, junto con la mayoritaria
fang, deben también colaborar en la construcción del futuro Estado
guineano. No nos podemos olvidar, por ejemplo, ni de kombes ni de
playeros ni de esos annoboneses cuya isla se debate en la profunda
soledad del Atlántico Ecuatorial. Los horrores que hoy en día
contemplamos en la región de los Grandes Lagos están principalmente
determinados por problemas étnicos y, aunque afortunadamente el escenario
de Guinea Ecuatorial es sustancialmente diferente, deben ser tenidos en
cuenta para extraer las conclusiones oportunas.
El Gobierno español, además de solicitar al guineano que avance en la
democratización y dar apoyo a las diversas fuerzas políticas del país, ha
mantenido, desde el mismo momento en que se concedió la independencia,
una ayuda muy importante a Guinea Ecuatorial. Tras una primera fase de
ayuda de emergencia, después del derrocamiento del dictador Macías, se
firmaron dos acuerdos marco de cooperación, que, como SS. SS. bien
conocen, han hecho de Guinea Ecuatorial el principal país destinatario de
nuestra cooperación, tanto en términos absolutos como en términos
relativos proporcionales con su población.
En la actualidad, la cooperación española con Guinea Ecuatorial tiene dos
vertientes: una cooperación de ejecución directa y otra cooperación de
ejecución descentralizada, desarrollada por los organismos no
gubernamentales y financiada por el Estado. La cooperación directa está
principalmente centrada en la educación y la sanidad, existiendo también
unos programas de menor importancia de tipo cultural y productivo. La
cooperación descentralizada está básicamente orientada también a
proyectos de carácter humanitario y asistencial en los sectores sanitario
y educativo, sectores de gran sensibilidad por su crítico estado y por la
evidente falta de recursos que el Estado guineano les dedica en la
actualidad.
Nuestra cooperación con Guinea Ecuatorial ha sido generosa. Hasta 1993 se
destinaban del orden de 2.000 millones de pesetas anuales del presupuesto
nacional a la cooperación con Guinea. Esta cooperación se ha ido
perfeccionando para ir subsanando algunos errores cometidos en su
comienzo. A la luz de diversos acontecimientos que en el año 1993
provocaron una crisis en nuestras relaciones con Guinea, el Gobierno
anterior decidió proceder a un recorte y reestructuración en la
cooperación. Sin embargo, mantuvo, a mi juicio con muy buen criterio, la
cooperación en los sectores críticos de la salud, la educación y la
cultura. El pasado año 1995 el presupuesto de la cooperación ascendió a
1.904 millones de pesetas, de los cuales 655 --cifras redondeadas--
fueron de ejecución descentralizada, es decir, por diversas ONG, y el
resto, de 655 hasta 1.904, por la propia Administración.
Seis fueron las áreas de actuación: administración, sanidad, educación,
cultura, programas productivos y apoyo institucional. En la convocatoria
ordinaria de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, que ha tenido lugar este año, Guinea Ecuatorial es el
país que más se ha beneficiado de las subvenciones. En efecto, los
organismos no gubernamentales que operan en Guinea han recibido algo más
de 600 millones de pesetas, lo que demuestra claramente que dicho país
continúa siendo una prioridad para nuestra cooperación, y sobre la base
del presupuesto prorrogado de 1995 el presupuesto de ejecución directa en
este año será similar al del año anterior, en torno a los 1.000 millones
de pesetas. A estas cantidades se deben sumar las que se aprueben en la
convocatoria extraordinaria prevista para los próximos días. La cantidad
liberada ahora estará en torno, presumiblemente, a los 100 millones de
pesetas.
El Gobierno actual piensa que se debe seguir con los programas de
cooperación que inciden directamente en el pueblo guineano en los
sectores citados. Sin lugar a dudas, nuestra cooperación es susceptible
de ser replanteada para, aprendiendo de los errores y aciertos del
pasado, adoptar, si así fuera conveniente, un nuevo enfoque. Para ello
considero de gran interés la aportación que pueda realizar el Parlamento
español, que está naturalmente interesado en la planificación y en la
ejecución de nuestra cooperación.
En 1988, una delegación de parlamentarios españoles visitó Guinea
Ecuatorial y pudo valorar sobre el terreno la labor de nuestros
cooperantes así como la realidad ecuatoguineana. Siendo el que les habla
en aquel momento embajador en Guinea Ecuatorial, acompañé a los
parlamentarios en su visita, que tuvo lugar no sólo en la isla, sino en
la parte continental del país, y recuerdo que se llevaron una buena
impresión de nuestra cooperación. Pienso que una nueva visita de una
comisión parlamentaria, debidamente preparada y con la colaboración del
Gobierno de Malabo, podría ser conveniente para que SS. SS. conozcan de
primera mano la situación actual del Estado y del pueblo guineano y la
acción de España en la actualidad, y sobre todo para que aporten sus
ideas críticas a la actuación del Gobierno al respecto.
Para nuestro Gobierno el impulso y el tipo de cooperación de España
estarán en todo caso determinados por la situación interna de Guinea
Ecuatorial y naturalmente por nuestra relación bilateral con dicho país.
Nuestra cooperación, aparte de servir para aliviar los problemas
sanitarios y educativos del pueblo guineano, es susceptible también de
incidir en otros campos que puedan facilitar el deseado proceso
democratizador.
En los últimos meses, tras el cambio de Gobierno en España, han tenido
lugar diversos contactos a alto nivel, que, aunque esta Comisión
probablemente ya los conoce, desearía exponer en esta comparecencia. En
mi calidad de Director General de Política Exterior para Africa, Asia y
Pacífico viajé a Malabo el pasado 14 de junio, siendo portador de un
mensaje personal del Presidente Aznar a su homólogo guineano.
Posteriormente, el pasado 20 de septiembre recibí aquí en Madrid al
Ministro de Minas de Guinea Ecuatorial, don Juan Oló. El día 1 de octubre
el Presidente del Gobierno, señor Aznar, recibió en audiencia al Ministro
de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, señor Evuna, portador de un
mensaje del Presidente guineano, y el pasado día 7 de octubre el Ministro
de Asuntos Exteriores recibió en su despacho a su homólogo guineano, el
señor Oyono Ndongo. Recientemente tuve el honor de representar al
Gobierno español en la celebración del 28.º aniversario de la
independencia de Guinea Ecuatorial, celebrado el pasado día 12 de octubre
en Ebebiyin, localidad fronteriza con Gabón y Camerún. Mi presencia
respondió a la invitación del Gobierno guineano para que hubiese un
representante especial de España en dicha celebración. Durante mi
estancia fui recibido en audiencia por el Presidente Obiang.
Toda esta primera fase de diálogo político a alto nivel culminará con la
entrevista que mantendrán el Presidente Aznar y el Presidente Obiang el
próximo fin de semana en Roma en el marco de la Cumbre Mundial de la
Alimentación de la FAO. Como ya he señalado anteriormente, en todos estos
contactos mantenidos con las autoridades guineanas se ha abordado de
manera franca y directa el asunto de la democratización de Guinea
Ecuatorial, habiéndose mostrado las autoridades guineanas receptivas a
dicho mensaje. Las autoridades de Malabo saben, pues, que toda mejora de
las relaciones bilaterales y todo aumento de la cooperación española
están directamente vinculados al progreso en la senda democratizadora y
en el respeto de los derechos humanos.
Por su parte, las autoridades guineanas han expresado su voluntad de
mejorar el estado de las relaciones bilaterales y sentar las bases de una
nueva fase de entendimiento y cooperación. El Gobierno guineano ha
solicitado no sólo reforzar la ayuda en los sectores tradicionales --en
cultura, educación y sanidad--, sino también en campos nuevos, sobre todo
relacionados con la formación de recursos humanos.
¿En dónde estamos, pues, ahora? En este momento reflexionamos sobre la
repercusión de nuestra cooperación y sobre la posibilidad de adoptar un
nuevo enfoque que se ajuste más a las necesidades del pueblo guineano.
Teniendo en cuenta nuestra preocupación por la evolución política, es
objeto prioritario de estudio la inclusión en una eventual futura
cooperación de un capítulo dedicado a la cooperación para el desarrollo
institucional. En suma, se trataría de modificar nuestra cooperación para
llevarla, más allá del ámbito asistencial, a un programa de ayuda a la
consolidación de las instituciones democráticas guineanas, obviamente,
por tanto, a favorecer este proceso de transición.
Esta empresa requiere para nosotros la buena disposición del Gobierno
guineano para colaborar en este terreno y está íntimamente vinculada a
unos compromisos claros por su parte en la apertura política del país.
Existen experiencias anteriores en programas de apoyo a transiciones
democráticas que están siendo objeto de análisis, entre ellas aquellas en
las que han participado las Naciones Unidas a través del PNUD.
Para acabar deseo reiterar la intención del Gobierno de mantener unas
relaciones estables y sanas con el Gobierno guineano en el marco de un
espíritu de confianza mutua. El Gobierno español seguirá comprometido con
el proceso de democratización en nuestra ex colonia, escuchando a todas
las partes concernidas. Asimismo estamos empeñados en paliar, con la
herramienta de nuestra cooperación, las muchas necesidades de un pueblo
guineano que merece, a todas luces, ser ayudado. Guinea Ecuatorial
comparte con nosotros historia y tradición, lengua y cultura y es,
además, la única que lo hace en Africa, además de los saharauis. El
Gobierno desea y espera contar con el respaldo y el consenso
parlamentario en este empeño, en este esfuerzo por salvaguardar nuestras
relaciones con el único miembro de la comunidad hispánica en el Africa
subsahariana. Con todo, es tarea de los propios guineanos avanzar en el
desarrollo de su país y en la vía democrática, en la que el pueblo
español y su Gobierno estarán siempre dispuestos a ayudar. No debemos
olvidar que Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana en el
continente africano y que la herencia cultural española es base y
salvaguarda de su identidad en el conjunto de las naciones africanas. Por
ello, creo que debemos dedicar nuestros mejores esfuerzos al desarrollo
en paz y en libertad de los ecuatoguineanos. Pueden ustedes estar seguros
de que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como yo mismo
dedicaremos esfuerzo y atención a este objetivo. Les agradezco por ello
no sólo su interés sino también su ayuda.
El señor PRESIDENTE: Habiendo sido el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el que ha solicitado esta comparecencia en primer
lugar, calculo y presumo que será el señor Recoder el que quiere tomar la
palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Efectivamente, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al señor Alabart su comparecencia ante
eta Comisión para informar de un tema que, como ha puesto de manifiesto
él mismo cuando ha hecho su repaso inicial de los últimos debates que han
tenido lugar en esta misma Comisión sobre el tema de Guinea Ecuatorial,
preocupa seriamente a la mayoría de los grupos parlamentarios aquí
presentes.
Por razones obvias, también las exponía usted al final de su
intervención; yo comparto la existencia de toda una serie de lazos
profundos entre España y Guinea Ecuatorial que obligan a que tengamos un
interés preferente, pero no se producirían estas comparecencias repetidas
si no existiera también una gran preocupación por parte de todos los
grupos parlamentarios en relación a la evolución de
los acontecimientos en Guinea Ecuatorial; evolución sobre la que, en el
momento de hacer una valoración, debo reconocer, de entrada, que me
siento pisando un terreno difícil. Sin conocer profundamente Africa
--obviamente no es mi caso; supongo que sí es el suyo porque ha tenido
profesionalmente una serie de destinos en dicho continente y
especialmente en Guinea Ecuatorial--, es difícil, desde una mentalidad
occidental y desde unos parámetros democráticos occidentales, poderse
situar ante la magnitud del problema que se plantea en Guinea Ecuatorial.
También debo decir que, por nuestra parte, existe una cierta preocupación
en tanto en cuanto en los últimos años nos ha dado muchas veces la
sensación de que la posición de los distintos gobiernos españoles en
relación al problema de Guinea Ecuatorial no obedecía a una línea
perfectamente trazada y preconcebida, a una partitura escrita que se iba
siguiendo con las excepciones necesarias a que la coyuntura obligara,
sino que más bien, muchas veces, por parte de la Administración española
se actuaba a remolque de los acontecimientos que nos marcaba el dictador
guineano. Por ello hemos tenido mucho interés en esta comparecencia y en
oír cuál es su posición, en tanto que representante del Gobierno que sale
de las urnas del pasado mes de marzo de este mismo año.
Observamos una coincidencia básica con los planteamientos del anterior
Gobierno, que, como usted ha dicho, tuvo ocasión de exponer el señor
Moratinos en esta Comisión el día 13 de diciembre del año pasado;
planteamientos que nosotros compartimos, ya que las tres grandes líneas
básicas que expuso el señor Moratinos son compartidas por este grupo
parlamentario. Lo que pasa es que, a pesar de compartir esas líneas
básicas, seguramente discreparemos en lo que es la aplicación de esa
misma política, y si conociéramos con mayor profundidad el desarrollo de
esas líneas básicas, seguramente discreparíamos en algunos otros
aspectos.
Nosotros efectuamos una valoración sobre la situación de Guinea
Ecuatorial que no se puede juzgar como positiva desde ninguna
perspectiva, a pesar de la tímida evolución democrática que se ha
producido en los últimos años, especialmente desde las elecciones
municipales, y estoy seguro que coincidiremos en esta apreciación. Existe
un evidente déficit de derechos humanos, que puso de manifiesto el
relator especial de las Naciones Unidas en el informe que elaboró en el
año 1992 y que ha sido reafirmado por un número importante de
acontecimientos que con posterioridad se han ido produciendo y que en
muchos casos cuando se han referido a detenciones arbitrarias de miembros
de la oposición han motivado la actuación de esta Cámara y también del
propio Gobierno interesándose por la suerte de estas personas y muy a
menudo realizando gestiones ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial para
conseguir su liberación.
Capítulo aparte merece el tema de la cooperación al cual usted se ha
referido. En el informe sobre la política de cooperación española que
elaboró en su momento este Parlamento y que luego fue desarrollado por un
informe del Senado, se recogía algo que, en la práctica, se está
produciendo, como es la atención especial de la política española de
cooperación a Guinea Ecuatorial. Sucede que en la práctica el mensaje
reiterativo que llega desde las organizaciones no gubernamentales que
intentan hacer cooperación en Guinea Ecuatorial es el de que se
encuentran con unas gravísimas dificultades para poder llevar a cabo esta
cooperación, y son dificultades que provienen práctica y exclusivamente,
porque el entorno de Guinea no es distinto del de otros países del
continente africano, con una baja renta per capita, de la propia
Administración guineana que, salvo determinadas excepciones, no coopera,
y valga la redundancia, con los cooperantes y parece que no es de su
agrado que organizaciones no gubernamentales extranjeras, especialmente
españolas, realicen su labor, en la inmensa mayoría de los casos
exclusivamente de carácter humanitario, o bien intentando paliar las
deficiencias básicas de la sociedad guineana. Este es un problema grave,
que supongo que le consta, señor Alabart, y me gustaría conocer qué es lo
que está realizando el Gobierno español y cuál es su posición al
respecto, porque quiero reiterarle que, salvo las órdenes religiosas que
llevan implantadas en Guinea desde hace muchísimos años, el resto de ONG
tiene graves problemas e incluso algunas de ellas, que son muy
importantes, y si quiere le puedo citar el nombre de las mismas, están
planteándose muy seriamente abandonar la cooperación en Guinea Ecuatorial
Existe, como decía, un déficit democrático obvio que de alguna forma se
intentan paliar en las elecciones municipales, que dan nueve
ayuntamientos a la Plataforma de Oposición Conjunta, como usted decía
hace un momento. Precisamente dentro de pocos días, el 26 de noviembre,
se va a producir el primer aniversario de la constitución de los
ayuntamientos democráticos. Aquí me quisiera detener un momento, señor
Presidente, porque esta pequeña abertura que se produjo en la puerta de
entrada de la democracia en Guinea Ecuatorial está manteniéndose con
gravísimas dificultades. Las noticias que nos llegan por parte de los
nueve ayuntamientos de la Plataforma de Oposición Conjunta, alguno muy
importante, como usted ha citado, el de la propia capital, Malabo, es que
están operando con una total falta de medios, es decir, estos
ayuntamientos están gobernando sin recursos, no tienen ninguna fuente de
entrada de recursos; incluso, aquellos impuestos que la propia
legislación interior guineana reconoce como ingresos de las
administraciones locales son recaudados directamente por parte del
Gobierno del Estado y sin que repercutan en lo más mínimo en los
gobiernos locales, y la posible puerta de entrada de ayuda a estas
administraciones, como podría ser la cooperación exterior y muy
especialmente --porque estamos hablando de ayuntamientos-- desde
administraciones locales españolas, se encuentra también ante gravísimas
dificultades por todos los palos en las ruedas que constantemente está
poniendo el Gobierno de Guinea Ecuatorial para evitar que estas
administraciones se puedan consolidar. En definitiva, están actuando de
una forma que está perjudicando gravísimamente, de un lado, el proceso de
democratización y, de otro, los intereses de los propios ciudadanos de
Guinea Ecuatorial.
Las elecciones presidenciales no hace falta que las comentemos, en tanto
en cuanto los propios resultados creo
que son indicativos de cómo fueron. Sí quiero recordar que este
Parlamento en su momento intentó mandar una delegación de observadores a
Guinea Ecuatorial en las elecciones municipales, si no recuerdo mal, cuya
presencia no fue autorizada por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Usted se ha referido al tema étnico y me parece que es una cuestión
importante. En Guinea Ecuatorial no existe sólo la etnia bubi, que es la
segunda etnia de Guinea Ecuatorial, la principal es la etnia fang, que es
la etnia mayoritaria y es la que, siguiendo un esquema muy propio de
Africa subsahariana, detenta en la práctica exclusiva el poder a nivel
del Estado, que es en el único sitio donde prácticamente existe poder en
Guinea Ecuatorial, descartada la capacidad de incidencia desde las
administraciones locales.
Nosotros pensamos que en cualquier evolución futura de Guinea Ecuatorial
éste es un problema que no se puede obviar de ninguna forma. Yo le decía
al inicio de mi intervención que soy muy humilde al hacer mis
valoraciones y verter mis opiniones sobre Guinea Ecuatorial, porque soy
consciente de que nuestras premisas en el momento de afrontar este
problema son muy distintas de las que operan en ese continente. El
problema étnico es una de aquellas cuestiones que con mayor profundidad
nos separa a los europeos de los africanos del Africa subsahariana. Por
tanto, no podemos tratar el problema de Guinea Ecuatorial desde una
perspectiva uniforme, como se puede hacer con los problemas del mundo
occidental. En ese sentido creo que cualquier política que se construyera
obviando el problema étnico en Guinea Ecuatorial estaría condenada al
fracaso. No hace falta tampoco que profundice más, ya que los gravísimos
problemas que se producen en otras partes de Africa subsahariana, como es
la región de los Grandes Lagos, no hacen más que poner de manifiesto la
importancia de este factor dentro del continente africano, donde Guinea
Ecuatorial no es una excepción.
También se ha referido usted, como uno de los elementos que configuran la
política de la Administración española, a sus relaciones con la oposición
guineana, y me ha parecido entender que la posición del Gobierno era de
apoyo a las fuerzas mayoritarias, y creo que ha utilizado palabras tales
como no excluyentes o fuerzas que estuvieran en la vía de la legalidad.
Señor Alabart, la situación con la cual nos enfrentamos es la de un mapa
político de Guinea Ecuatorial absolutamente precario y pendiente de pasar
la reválida de las elecciones. Por tanto, el valor y la energía de todas
y cada una de las fuerzas políticas de Guinea Ecuatorial deberíamos
relativizarlo de entrada. Esta es la primera cuestión. Haciendo un
paréntesis nos podemos fijar en cuál era el panorama en nuestro país
antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas y cuál ha
sido después. Fuerzas que parecía que se iban a comer el mundo luego han
quedado dentro del espectro de fuerzas residuales. A partir de esta
premisa nosotros tenemos la sensación, que está corroborada por los
hechos, de que existe por parte del Gobierno español, de éste y del
anterior, una política de ayuda a las fuerzas democráticas que más que
basarse en unos hechos objetivos, tiene única y exclusivamente en cuenta
las afinidades de las principales fuerzas políticas españolas, que,
repito, son afinidades sobre las que desconocemos si las fuerzas
homónimas que existen en Guinea Ecuatorial el día que haya unas
elecciones libres y abiertas van a ser corroboradas por sus ciudadanos,
que al fin y al cabo son los principales interesados.
Yo creo que la política de cooperación con la posición democrática en
Guinea no debe basarse sobre esas premisas, que son absolutamente
débiles, sino que debe tener unos horizontes más claros, más abiertos. En
cualquier caso, señor Alabart, si no hubiera la posibilidad de poder
decidir objetivamente cuáles son las ideologías que se van a imponer en
una futura Guinea Ecuatorial democrática, entonces intentemos encontrar,
dentro del espectro político español, el mayor consenso posible y no nos
conformemos en consensos que seguramente, sumando votos parlamentarios,
son muy amplios, pero que, en cualquier caso, no son consensos con la
amplitud deseable, y en ningún caso tienen paralelo con los consensos
mayoritarios que se producen en esta Cámara y que permitieron en su
momento la investidura del Gobierno de don José María Aznar. En este
sentido creo que mi llamada es suficientemente clara y quisiera que
hubiera una reacción del Gobierno acorde con esa necesidad.
Nos interesa el tema de Guinea Ecuatorial --buena prueba de ello es la
multitud de iniciativas que plantea este grupo parlamentario en esta
Cámara-- y, por tanto, no nos queremos desentender del consenso que pueda
conseguirse entre las principales fuerzas políticas españolas. Queremos
estar ahí, y si no lo hemos estado en algún momento, ha sido porque no
hemos sido llamados a participar en las reuniones que han llevado a ese
consenso. Hemos sido excluidos y quisiéramos que se pudiera corregir esta
situación.
Señor Alabart, yo quisiera escuchar sus opiniones sobre todos los temas
que le he planteado y, si acaso y según sean sus respuestas, podremos
realizar una segunda intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Alabart.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y
PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muchas gracias, señoría, por su
intervención, que denota el interés de su grupo, que creo que también
coincide con el de la Cámara en este tema. Voy a contestar muy brevemente
a las cuestiones que ha planteado.
Primero, dificultades de nuestros organismos no gubernamentales para
cooperar. En efecto, existen esas dificultades, que extrañan y asombran
muchas veces. Cuando alguien quiere cooperar que sea a veces el propio
Gobierno el que le pone trabas alegando una serie de motivos que no son
de gran consideración parece cuando menos chocante. La actitud de la
Administración española, del Gobierno, de nuestra embajada en Malabo es
intentar proteger la acción no sólo de la Administración cuando actúa
directamente Guinea sino también de los organismos no gubernamentales.
Las autoridades guineanas en este aspecto lo que suelen
alegar es desconocimiento claro de lo que hacemos en Guinea. Esa es una
excusa que nos vienen planteando desde hace tiempo. Ultimamente, quizás
esa excusa tenía una base mayor para ellos, teniendo en cuenta que hace
mucho tiempo que no se reúne una comisión mixta que pueda discutir y
comentar con la parte guineana qué estamos haciendo, por qué y cómo, pero
alegando desconocimiento, alegando que no saben muy bien a qué se dedican
algunas organizaciones no gubernamentales, las autoridades guineanas
ponen pegas que muchas veces además tienen connotaciones políticas.
Nuestra voluntad es intentar arreglar y aclarar el tema, y cuando se
llega al final y planteamos claramente el problema se acaban disipando
esos malentendidos que dan lugar a esas dificultades. En todo caso, le
agradecería mucho que indicara a esos organismos no gubernamentales que
tienen quejas concretas de la actuación del gobierno de Guinea Ecuatorial
que no dejen de comunicarnos esas dificultades, porque estaremos siempre
dispuestos a intervenir en ese tema con la mayor celeridad.
En segundo lugar, ha hablado del problema que tienen los ayuntamientos
democráticos en Guinea Ecuatorial o, por lo menos, esos nueve
ayuntamientos en manos de la oposición en cuanto a las relaciones que
mantiene el Gobierno español con la oposición y con el tipo de oposición
con el que mantenemos esas relaciones. Es un tema que no es fácil. Quién
representa a quién se supone que sólo se sabe tras unas elecciones, pero
cuando esas elecciones tampoco han sido exageradamente transparentes, nos
crea a todos muchas dudas. Tiene que haber una decantación y tendremos
que trabajar para que haya unas elecciones auténticamente libres que nos
den una idea, como decía, para saber quién representa a quién. Mientras
no haya unas elecciones que nos dejen satisfechos a todos, tenemos que
actuar sobre unas premisas que, en efecto, son débiles, como usted mismo
ha indicado, pero son las que existen --algo es algo--; no nos gustan, no
son las ideales, pero por el momento no hay otras. Podríamos utilizar
otros criterios. En ese proceso estamos y ahí necesitamos la cooperación
no sólo de los partidos políticos españoles sino de los partidos
políticos ecuatoguineanos.
En el curso de su intervención se ha referido a que muchas veces había
echado en falta una línea de actuación clara en el sentido de saber
adónde íbamos y qué medios íbamos a poner. Hoy por hoy, el objetivo para
la Administración española sería ver si conseguimos llegar a las próximas
elecciones, las que sean, que en principio van a ser las legislativas de
1998, en mejores condiciones que en el pasado, con la esperanza no sólo
de que podamos montar algún tipo de sistema que sea más eficaz que en el
pasado, sino que de esas eventuales elecciones de 1998 salga un grupo que
represente de una forma más fiable al conjunto de la población guineana.
Entonces quizá seamos capaces de ser más eficaces en nuestra ayuda al
Gobierno y a la población de Guinea Ecuatorial.
En tercer lugar, en cuanto a su visión negativa, en general, de la
evolución de nuestras relaciones con Guinea, que revela un cierto
cansancio de esta Cámara, le aseguro que ese cansancio también afecta al
Gobierno, y no sólo a éste sino a los muchos que se han ocupado de Guinea
Ecuatorial. Espero que lo que buscamos en nuestra nueva relación con
Guinea Ecuatorial, al haber entablado este diálogo distinto de estos
últimos meses, sea ver si hay lugar para la esperanza, si es posible
abrir una puerta para que, en base al convencimiento y a una relación
fluida, podamos llevar al ánimo de las autoridades guineanas actuales el
hecho de que cambiar y evolucionar va en su interés. Si esto saliera
adelante, nuestra cooperación sería más fácil y más eficaz y las ONG
dejarían de tener los problemas que tienen, y también conseguiríamos
tener relaciones con grupos y personas más representativas de la sociedad
guineana, que nos ayuden a encarar de una forma eficaz y realista el
problema étnico.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Recoder querría utilizar un brevísimo
turno de réplica?
El señor RECODER I MIRALLES: Muy breve, señor Presidente.
Señor Alabart, transmitiré su propuesta a las organizaciones no
gubernamentales a las que hacía referencia, pero me consta en algún caso,
lamentablemente, su determinación de abandonar Guinea Ecuatorial ante las
dificultades que encuentran.
Quisiera solicitar todo el interés por parte del Gobierno para que la
cooperación a través de los ayuntamientos pueda llegar a su término. Sabe
usted que existe la intención por parte de numerosas administraciones
españolas, principalmente locales (ayuntamientos y diputaciones), de
poder establecer algún tipo de cooperación estable. Incluso hay
ofrecimientos para dotar de determinadas infraestructuras por parte de
ayuntamientos españoles, como puede ser el caso de la red de saneamiento
de Malabo, y las gravísimas dificultades que encuentran para poder llevar
a la práctica estas obras. No debe ser excesivamente difícil poder
convencer al Gobierno de Guinea Ecuatorial de que es en beneficio de la
población de su país, aunque este razonamiento que acabo de hacer, que es
muy simple, tengo a veces la sensación de que no es el mismo que se
encuentra en la otra parte.
Penúltima cuestión. Tomo nota de una frase que creo que es interesante y
sobre la que hay que meditar. Hay que convencer a las autoridades
guineanas que el cambio es en su interés. Este ha de ser el principal
objetivo de la política española en relación con Guinea Ecuatorial, ahora
y en el futuro, hasta que consigamos el cambio.
Por lo que respecta a la última parte de mi intervención, relativa al
consenso de las fuerzas políticas, no voy a insistir más en ello, señor
Alabart, porque creo que he expuesto claramente mis puntos de vista.
Simplemente quiero que se quede con el mensaje y que en un futuro
inmediato tengamos ocasión de poder hablar de ello.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Me sumo a la bienvenida que ha dado el
grupo proponente al Director
General de Política Exterior para Africa por su presencia en esta
Comisión para explicar un tema que, efectivamente, preocupa de manera
reiterada y constante a esta Comisión de Asuntos Exteriores y a este
Parlamento, como es la evolución de Guinea Ecuatorial, tanto en lo que se
refiere al importante volumen de cooperación de España con dicho país
como a la evolución o no evolución, en ocasiones, del proceso de
transición democrática.
Empiezo por decir que cuando hablaba el señor Alabart recordaba las
competencias que hoy tiene bajo su dirección. En otras comparecencias
hemos tratado del nuevo organigrama del Ministerio de Asuntos Exteriores,
y no he hecho la cuenta exacta, pero deben ser 60 países los que están
bajo se dirección general, o alrededor de 60, aunque probablemente el
tema de Guinea Ecuatorial ocupe más tiempo que los 59 países restantes de
Africa, Asia y Pacífico. Aparte de ese comentario, Guinea Ecuatorial es
un tema de preocupación permanente desde hace años, en el que sin duda
con un cierto grado de cinismo todos decimos que no news, good news,
cuando no hay noticias son buenas noticias, porque da más motivos de
disgusto, incluso de frustraciones, que de satisfacciones y mucho menos
de éxitos diplomáticos, ni espectaculares ni no espectaculares.
Por otra parte, como portavoz del Grupo Socialista me halaga que de su
exposición sobre la política del nuevo Gobierno con relación a Guinea
Ecuatorial se desprenda que hay una continuidad prácticamente exacta con
la política del Gobierno anterior, lo que prueba que esa política tenía y
tiene sólido fundamento, que está elaborada a través de mucha
experiencia, de muchas pruebas y errores, de muchas comprobaciones sobre
qué hacer o qué no hacer o de qué margen se tiene para actuar en todos
los aspectos de la política con Guinea Ecuatorial, de tal manera que
después del tenor de tantos debates que hemos tenido en legislaturas
anteriores con relación a Guinea Ecuatorial, produce satisfacción que se
acepte que ésa es la política, no diría la única, pero sí la más correcta
o la que menos errores puede crear, sin que produzca, insisto, grandes
satisfacciones. Sin embargo, aun cuando haya una política de continuidad,
creo que no se ha aprovechado en los primeros seis meses del Gobierno lo
que podría haber sido el efecto novedad, el efecto sorpresa, porque en
política es muy importante la expectativa que produce una nueva
Administración, un nuevo Gobierno, que ante el interlocutor, en este caso
el Gobierno de Guinea Ecuatorial, despierta interrogantes sobre qué va a
ocurrir, qué van a hacer, qué pueden esperar, y no se ha producido nada.
Se han producido contactos, que usted ha relatado, pero después de haber
visto las intervenciones del Grupo Popular en legislaturas anteriores, yo
confieso que esperaba que aportaran alguna novedad, ya que todos estamos
deseando que se avance en relación con Guinea Ecuatorial, algo diferente
o algo que diera un nuevo impulso a un tema que sin duda está algo
atascado, no por responsabilidad de España ni de su Gobierno ni de sus
ONG ni de sus empresarios, sino fundamentalmente por responsabilidad del
propio Gobierno ecuatoguineano, en primer lugar. Eso no se ha producido y
ya se está perdiendo o se ha perdido el efecto de novedad, de sorpresa o
de expectativa, insisto, que puede crear un nuevo Gobierno, una nueva
situación política en España.
Muy poco más voy a añadir, porque no voy a subrayar o reiterar aquello en
lo que coincidimos. Solamente quiero decir que el consenso
--parafraseando al propio Presidente de la Comisión, don Javier Rupérez,
que lo decía mucho cuando era portavoz del Grupo Popular-- no es un
concepto estático, es un concepto dinámico que hay que ir construyendo
permanentemente y, por tanto, no se trata de decir siempre amén a cosas
cuya elaboración no se conoce, por lo que deseamos además de esta
comparecencia en la propia Comisión, haya contactos con los portavoces,
como decía el señor Recoder, para tener una información suficiente,
clara, transparente y continua para ir construyendo de manera continua
ese consenso que ya existe básicamente con relación a Guinea Ecuatorial.
Quiero hacer una última reflexión. Me ha llamado la atención una frase
suya que probablemente no ha querido decir. Cuando el señor Recoder
hablaba de cansancio usted contestó literalmente que el cansancio afecta
al Gobierno. El Gobierno ha tenido poco tiempo para cansarse, sobre todo
porque no ha hecho demasiado todavía en relación a Guinea Ecuatorial. Yo
comprendo que Guinea Ecuatorial cansa, sé de lo que hablo, pero a los que
comienzan se les puede exigir un plazo mayor para cansarse.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Acojo con mucha alegría las nuevas citas de
autoridades reconocidas de esta Cámara que utiliza el portavoz del Grupo
Socialista Luis Yáñez-Barnuevo. Si sigue por ese camino, sin duda le
esperan muchos éxitos parlamentarios como portavoz de su grupo en esta
Comisión. Desde luego, citar al actual Presidente de la Comisión en un
debate sobre Guinea demuestra que el portavoz socialista hace sus deberes
como Dios manda. (Un señor Diputado: Amén.--Risas.)
Cuando se habla de Guinea Ecuatorial en esta Cámara y en esta Comisión,
sin duda volvemos a encontrar dentro de la coherencia de las posiciones
de cada grupo, de la continuidad histórica que las familias políticas
aquí representadas mantienen y de esos vínculos con la propia historia de
España en los que todos basamos nuestra acción política, un campo amplio
para el consenso parlamentario, con todos los matices, discrepancias,
evoluciones y, desde luego, teniendo en cuenta la propia naturaleza
fluida de la noción de consenso en materia de política exterior. El caso
de Guinea es paradigmático. Se trata, sin duda, del único país africano
cuya lengua oficial es compartida con España y es una de las últimas
colonias a las que España concede la independencia, pero esa complejidad
en la relación, esa cercanía en el tiempo y esa cercanía con la historia
de España se han transformado o se han plasmado en la historia de los
debates parlamentarios y en la historia de la propia política de la
acción exterior de nuestro país en un curioso ir y venir entre el
desinterés y el abandono, por una parte y la presencia y la exigencia
respecto de la acción exterior del Gobierno, por otra, exigencia, por
cierto, que no solamente
viene por parte de los grupos políticos, de los grupos parlamentarios,
del Gobierno o de la oposición, sino en gran medida por los medios de
comunicación, la acción de nuestros ayuntamientos, de nuestras
comunidades autónomas, de nuestros propios ciudadanos, integrados o no en
organizaciones no gubernamentales o en organizaciones que se dedican a la
ayuda de carácter humanitario y a la asistencia o a la ayuda al
desarrollo en Guinea Ecuatorial.
Es evidente que este Gobierno ha decidido dar una oportunidad nueva y
abrir un capítulo nuevo en las relaciones con Guinea, relaciones que
están marcadas por la continuidad. Ni este Gobierno ni este grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno pretende descubrir América todos
los días por el mero hecho de haber ganado las elecciones, y mucho menos
descubrir Guinea Ecuatorial. Existe también una coherencia, por tanto,
entre la acción que se mantuvo cuando estábamos en la oposición y la
acción que se mantiene desde el Gobierno. Y esa nueva oportunidad que se
le quiere dar a la política española hacia Guinea Ecuatorial y esa nueva
oportunidad que sin duda se le quiere dar al Gobierno de Guinea
Ecuatorial vienen marcadas por la voluntad de presencia y por la
exigencia hacia el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la autoexigencia hacia
la propia acción del Gobierno español. ¿Qué quiere decir eso, señorías?
Quiere decir que estamos dispuestos a mantener un diálogo con el pueblo
de Guinea Ecuatorial, con su Gobierno, pero también con la oposición,
entendiendo la oposición en su sentido más amplio y no limitándonos
exclusivamente a quienes pudieran ser nuestros correligionarios
políticos. Creemos que desde el Gobierno debemos mantener una actitud que
sea capaz de permitir el diálogo, la cooperación y la colaboración con
todos los grupos representativos de Guinea Ecuatorial, y ese diálogo debe
basarse en compromisos claros por una y otra parte.
Es lógico que toda acción y toda cooperación de España hacia Guinea
Ecuatorial se condicione, se module, se estructure o se desarrolle
basándose en condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos y en
los avances que se puedan ir produciendo hacia un sistema más abierto,
más democrático, más representativo y más participativo que el actual.
Nosotros conocemos perfectamente las dificultades de ese camino y las
dificultades de esos avances, pero creemos que Guinea Ecuatorial no debe
ser abandonada y que no debe dejar de ser una prioridad en la política
española en Africa y una prioridad en la cooperación española en su
sentido más amplio. En esa cooperación, sin duda, habrá que dar mayor
cabida a todos quienes desean participar, y estoy seguro que son más los
que desean participar que los que desean abandonar. Por eso creemos que
en esta política de no abandono, en esta política de abrir un nuevo
capítulo, de dar una nueva esperanza y una nueva oportunidad a la
política española de cooperación hacia Guinea, encontraremos el respaldo
no solamente de la amplia mayoría de la sociedad y de la opinión pública
española, sino también de los actores que están en disposición y que
tienen capacidad para realizar acciones de cooperación y de ayuda al
desarrollo en el extranjero.
El señor Alabart ha fijado un objetivo razonable, que son las elecciones
de 1998, y esa nueva etapa y esa nueva oportunidad que se le da a nuestra
política y a nuestra relación con el Gobierno y con el pueblo de Guinea
Ecuatorial debe partir del convencimiento de que nada está ganado y que,
desde luego, ese objetivo del 98, que será perseguido y seguido por la
acción de Gobierno con la mayor intensidad, debe ser algo que quede
perfectamente claro para nuestros interlocutores. Estoy convencido de que
Guinea Ecuatorial, que tiene una identidad propia dentro del continente,
en parte basada por su relación histórica con España, sabrá coger al
vuelo esta oportunidad que se le ofrece y que en el panorama convulso del
continente africano, lleno de riesgos y amenazas gravísimas, que llevan
incluso a la disolución o casi desaparición de algunos Estados, algunos
mucho más grandes y más poderosos que Guinea Ecuatorial, esta voluntad
española de mantenerse presente y de mantener vivo su compromiso con el
pueblo de Guinea Ecuatorial debería ser aprovechado por el Gobierno de
Guinea Ecuatorial.
Solamente quiero expresar mi decepción porque a seis meses de la llegada
al Gobierno del Partido Popular, cuando se han establecido nuevos
contactos y se han recuperado vínculos que habían desaparecido con
gobiernos anteriores, se califique ya de fracaso la política del Gobierno
español. Hay que ser no solamente capaz de citar a los autores correctos,
cuando se habla de Guinea Ecuatorial, sino que también hay que ser capaz,
sobre todo cuando se tiene experiencia de gobierno en materia de política
exterior, de comprender que cuando hablamos de Guinea Ecuatorial y de
Africa y cuando nos fijamos objetivos hacia 1998, es probablemente el
momento en el que no debemos introducir la prisa, sino un ritmo más
pausado y más afianzado en los avances hacia la transición democrática y
hacia el desarrollo de la presencia española en Guinea que se puedan ir
produciendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA AFRICA, ASIA Y
PACIFICO (Alabart Fernández-Cavada): Muy brevemente voy a contestar a los
señores Recoder, Yáñez y Robles.
El señor Recoder ha planteado tres temas. En relación a las ONG, en la
medida en que dependa de mí intentaré convencerlas para que no se vayan y
para que las que se quieran ir antes de hacerlo, con nuestra ayuda, vean
las posibilidades que tienen para seguir actuando en Guinea Ecuatorial.
Es esencial que estos organismos no gubernamentales estén en Guinea y el
pueblo de Guinea Ecuatorial lo necesita.
En relación con los ayuntamientos, somos muy conscientes de que estos
nueve tienen muy graves problemas financieros. También haremos cuanto
esté en nuestra mano para que estos nueve ayuntamientos, que fueron en su
momento la esperanza en esta transición, actúen de la mejor forma y
también intentaremos conseguir que el Gobierno de Guinea Ecuatorial les
ponga las menores trabas posibles y favorezca su actuación.
Tercer tema, el consenso, como concepto dinámico, al que se refería el
señor Yáñez. La Dirección General hará cuanto esté en su mano para tener
informados a los partidos del arco parlamentario y que lo que se vaya
haciendo en Guinea Ecuatorial, tema difícil que han estudiado y al que
han dedicado sus mejores esfuerzos todos los partidos políticos
españoles, vaya para adelante.
El señor Yáñez pregunta si ha habido o no novedad en la política española
con el nuevo Gobierno en Guinea Ecuatorial. Creo que sí ha habido una
novedad, quizá de estilo. Esa novedad viene marcada por los contactos de
alto nivel que se han producido en estos últimos meses y que no habían
existido durante varios años. Me dirán ustedes que para qué sirven los
contactos, que tienen que tener un fin, tienen que conseguir algo, porque
el contacto por el mero contacto no sirve para nada. Pues bien, sí existe
un fin, que es el de hacer comprender a las autoridades guineanas que
tienen que colaborar y apoyar en un proceso que les afecta, que no les
gusta, pero que puede redundar, a la larga, en su propio beneficio y,
desde luego, en el beneficio del pueblo guineano.
Lo que pasa es que si a estos contactos no se les ha dado la publicidad
que se les hubiera podido dar, si no se han presentado como un cambio
radical en nuestras relaciones con Guinea Ecuatorial es porque la
experiencia que tenemos en Guinea Ecuatorial nos hace ser tremendamente
prudentes. Una cosa es que estemos esperanzados, que creamos que estamos
abriendo una nueva vía, y otra que esta nueva vía vaya a tener resultados
concretos. Trabajamos en eso; no sabemos lo que pasará; lo vamos a
intentar; la vía es nueva y distinta de lo que se ha hecho en los últimos
tres o cuatro años, pero más vale no lanzar las campanas al vuelo.
Por eso quizás haya cometido un error, señor Yáñez, cuando ha hablado del
cansancio y se lo ha atribuido al Gobierno. En absoluto. Más que de
cansancio hablaba del escepticismo de gente como ustedes, parlamentarios,
que llevan mucho tiempo dedicados a Guinea o como funcionarios que
piensan que siendo el mismo el régimen guineano desde el año 1979, pocas
cosas han cambiado y pocas cosas van a cambiar. Nosotros, frente a ese
escepticismo, legítimo, de muchos españoles que han enfocado el tema de
Guinea Ecuatorial, oponemos una esperanza ilusionada, nueva, que dará o
no resultados, pero no será por no intentarlo.
Coincido plenamente con el fondo de la intervención del señor Robles en
cuanto a la necesidad de no abandonar Guinea Ecuatorial y, sobre todo, de
marcarnos como objetivo, como un autoexamen, las elecciones del año 1998.
Veremos si en el plazo que va de aquí a las próximas elecciones somos
capaces de ayudar a crear un nuevo entorno en Guinea Ecuatorial. Si no
hemos conseguido gran cosa desde el año 1979 y han pasado desde entonces
diecisiete años, tampoco tenemos que tener exageradas prisas. No se puede
conseguir en cuatro meses cambiar la actitud de unas autoridades
guineanas que vienen haciendo lo mismo desde hace diecisiete años.
Pensamos que quizá con perseverancia, con buena voluntad y con ideas
claras podremos conseguir convencer a las autoridades guineanas que se
muevan por lo menos algo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General por su
presencia. Seguramente en el curso de los próximos e inmediatos meses
tendremos ocasión de volver a contar con su presencia y con sus
explicaciones. Muchas gracias.
PREGUNTAS:
--MEDIDAS ANTE LA ESCALADA DE VIOLENCIA DESATADA EN PALESTINA, DE LA
SEÑORA MAESTRO MARTIN (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000190.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día.
Tengo que comunicar a la Comisión lo siguiente. Acabo de recibir una nota
de la señora Maestro que me transmite su deseo, en nombre del Grupo al
que pertenece, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de retirar la
pregunta 181/000190, que sería precisamente la que corresponde
inmediatamente en el orden del día, y la proposición no de ley
161/000161.
Con el permiso de SS. SS., me voy a permitir mantener la pregunta. Puede
ser entendido perfectamente que la Presidencia haga suya esa pregunta,
completamente desvinculada de cualquier tipo de motivación ideológica que
haya podido tener, porque me parece que, desde el punto de vista
informativo, es interesante que en estos momentos el Gobierno nos
transmita la información y las acciones que tomó en su momento con
respecto a la situación creada en los territorios palestinos e israelíes
hace todavía muy pocas semanas.
Por otra parte, está con nosotros el Secretario General de Política
Exterior, señor Bastarreche, que ha venido precisamente para contestar a
esta pregunta. Me parece que incluso sería un indebido aprovechamiento de
su presencia aquí el que diéramos esta pregunta por retirada. De manera
que, con el permiso de SS. SS., y si no hay ninguna objeción al respecto,
invito al señor Bastarreche a subir a la tribuna y contestar linealmente,
en los términos en que estaba presentada, la pregunta de la señora
Maestro. (Pausa.)
Bienvenido, señor Secretario General de Política Exterior. Tiene usted la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION EUROPEA
(Bastarreche Sagues): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, éste es un tema de actualidad y merece la pena que brevemente
les dé la información que habíamos preparado para contestar a la pregunta
de doña Angeles Maestro.
Como SS. SS. conocen, la pregunta está basada en cuál era la reacción que
había tenido el Gobierno español en cuanto a los incidentes que habían
surgido como consecuencia del cierre del túnel de los Asmoneos; los
enfrentamientos que a partir de ahí se produjeron concluyeron con
un trágico saldo de varias decenas de víctimas mortales, un altísimo
número de heridos y, quizá todavía más grave en términos políticos, el
aumento de la desconfianza y el recelo entre israelíes y palestinos.
A partir de este dato, el Gobierno español ante esos hechos, en la tarde
del 26 de septiembre, emitió un llamamiento de urgencia para que las
partes implicadas pusieran fin a los gestos de provocación y a los actos
de violencia que pudiesen conducir a una escalada de la tensión. El
comunicado oficial, emitido con ocasión de los acontecimientos, es una
prueba más de la profunda preocupación del Gobierno ante el estancamiento
del proceso de paz, proceso con el que España está profundamente
comprometida.
En este marco, el Gobierno ha aprovechado todas las oportunidades de las
que ha dispuesto para hacer llegar a las partes implicadas, y más en
particular, como es obvio, al Gobierno israelí, la necesidad urgente de
impulsar las negociaciones. Las recientes declaraciones del señor
Presidente del Gobierno, José María Aznar, con ocasión de la visita a
España del Presidente de la Autoridad palestina, señor Arafat, son
ilustrativas y reflejan con precisión el punto de vista del Ejecutivo. En
todo caso, con las autoridades israelíes se ha hecho mención expresa, en
el curso de los últimos días, de cuestiones como el cierre de los
territorios palestinos, el retraso en la retirada de Hebrón o la política
de asentamientos que, a juicio de nuestro Gobierno, suponen graves
obstáculos para el proceso de paz. Así se lo hizo saber recientemente el
señor Ministro a su colega David Levy y así igualmente se le expresó en
el discurso que el Ministro pronunció en la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York.
Puedo asegurarles también --y éste no es un dato del pasado, sino del
futuro-- que de confirmarse la visita a España antes de finales de año
del primer Ministro israelí, señor Netanyahu, prevista para la primera
semana de diciembre, el Gobierno no dejará de exponer con claridad su
punto de vista sobre los actuales riesgos que amenazan el proceso de paz
y, más en particular, nuestras posturas sobre las actitudes del Gobierno
israelí. Evidentemente, España e Israel son dos países que mantienen
estrechas relaciones diplomáticas y que se irán aprovechando de la
atmósfera constructiva y de franco intercambio de puntos de vista que
prevalece en sus contactos para seguir abordando en profundidad todos
aquellos extremos de interés mutuo, y es evidente que la paz en Oriente
medio es uno de ellos.
Sobre la segunda parte de la pregunta, que se refería a la intervención
de la Unión Europea, diré que los contactos entre los socios de la Unión
Europea, a partir del pasado 25 de septiembre, se multiplicaron
significativamente al objeto de analizar la situación en profundidad y
poder definir una posición común. Esta labor cristalizó en una
declaración que los quince Ministros de Asuntos Exteriores hicieron
pública el pasado 1 de octubre, al término del Consejo de Asuntos
Generales, y en cuya elaboración es conocido que la Delegación española
jugó un papel absolutamente determinante.
Creo que nunca como hasta ahora la Unión Europea había mandado un mensaje
tan firme y tan contundente a una de las partes implicadas, además de
hacer un llamamiento en favor de la máxima retención y de la abstención
de acciones o declaraciones que pudiesen conducir a más violencia. La
Unión reconoce que tales incidentes fueron precipitados por la
exasperación y frustración ante la ausencia de progresos reales en el
proceso de paz. Pide a Israel que dé pruebas fehacientes de su declarado
compromiso con el proceso de paz. Le dirige un llamamiento para que
impida que su ejército entre en las áreas autónomas de la llamada zona A.
Expresa su creencia en que el regreso a la situación original que
prevalecía en el túnel de los Asmoneos ayudaría a restaurar la confianza.
Reafirma su política sobre Jerusalén, subrayando la inadmisibilidad de la
adquisición del territorio por la fuerza y la constancia de que Jerusalén
este no se encuentra bajo soberanía israelí. Finalmente, afirma que es
necesario un progreso urgente en cuestiones como la aplicación de los
acuerdos ya alcanzados con los palestinos, la adopción de medidas
económicas, como el levantamiento del cierre que pesa sobre los
territorios ocupados, o la necesidad de evitar medidas que puedan
prejuzgar el resultado de las negociaciones sobre el estatuto final,
específicamente los nuevos asentamientos.
Observarán SS. SS. que el contenido de dicha declaración no deja lugar a
dudas sobre el grado de compromiso y la voluntad política de España y de
los otros países de la Unión en apoyo del proceso de paz y del estricto
cumplimiento de los acuerdos firmados como única vía posible para
alcanzar la paz.
Aprovecho la ocasión para informarles de que precisamente hoy mismo, con
ocasión de la Conferencia económica que se abre en El Cairo, la
Presidencia de la Unión hará especial hincapié en el discurso que
pronunciará en representación de los quince, en la convicción de que sólo
el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes y su
aplicación de buena fe podrá lograr una paz justa, global y duradera.
También, como noticia muy reciente, hay que subrayar que la gira que la
troika de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha
efectuado en la región los días 9 y 11 de los corrientes finalmente no ha
ido a Israel por la negativa del Gobierno israelí a acceder a que la
troika, según la posición comunitaria, visitase Orient House.
Evidentemente, en este apartado de últimas noticias hay que hacer también
una rápida alusión a una cuestión igualmente importante, que ha tenido
una enorme repercusión y que, además de reiterar el interés europeo por
el proceso de paz, supone un motivo de satisfacción especial para el
Gobierno español. Me refiero a la decisión del Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea del pasado 28 de octubre, de
designar a un español como enviado especial de la Unión Europea para
Oriente Medio. Al margen de las connotaciones profesionales y personales
del enviado elegido, el señor Moratinos, actual embajador en Tel Aviv,
creo sinceramente que la intensa labor que España viene desempeñando en
esta región del mundo no es ajena a la decisión europea. El Gobierno está
convencido de que la labor que desempeñará el enviado especial
repercutirá de una manera muy positiva a la hora de trasladar a la región
la sensibilidad europea sobre un asunto de interés prioritario para la
Unión.
Por lo que se refiere a la última parte de la pregunta de la señora
Maestro, sobre las posibles medidas sancionadoras contra el Gobierno de
Israel en el seno de Naciones Unidas, quiero señalarles que España, como
el resto de los países de la Unión Europea, tiene muy en cuenta la
evolución de los acontecimientos en la región, y sin duda éstos influirán
en la orientación política que la Unión Europea y España den a sus
intervenciones en el curso del actual período de sesiones de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Como SS. SS. conocen, existen resoluciones
que la Asamblea General emite todos los años y que, lógicamente, van
adaptando a las nuevas coordenadas sociales y políticas. El Gobierno
español tendrá en cuenta estas coordenadas en las discusiones que están
teniendo lugar actualmente. Sin embargo, SS. SS. conocen que el margen de
maniobra de Naciones Unidas es más estrecho que el de la Unión Europea.
Cada foro tiene sus características y es necesario combinar la
determinación para expresar con firmeza nuestras posiciones con las
obligatorias dosis de pragmatismo que imponen las coordenadas
internacionales.
Para terminar, el Gobierno es partidario de una línea política en la que
prevalezca la gradualidad, es decir, la consideración y la eventual
adopción de medidas que, en función de la evolución de los
acontecimientos, contribuyan a asegurar el cumplimiento de las
responsabilidades que cada parte tiene. En este contexto, el Gobierno
está convencido de que tras la declaración del pasado 1 de octubre y el
nombramiento del enviado especial, el Gobierno israelí es plenamente
consciente de nuestro grado de preocupación ante el deterioro de la
situación y de nuestra determinación a no permanecer ajenos al mismo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bastarreche por esa interesante
información. Creo que era bueno que la escucháramos. Información por
información, le entrego la declaración institucional que la Comisión ha
adoptado esta misma mañana, precisamente sobre los temas relativos al
Oriente Próximo y en la que, entre otras cosas, nos hemos felicitado
públicamente del nombramiento de don Miguel Angel Moratinos como enviado
especial de la Unión Europea.
Gracias, señor Secretario General. Tendremos ocasión pronto, espero, de
volver a contar con su presencia.
--APERTURA Y CIERRE DE CONSULADOS, DE LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ. (GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA) (Número de expediente 181/000201.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día.
Anuncio algunas inevitables, y ciertamente ajenas a mi voluntad,
alteraciones en el mismo. La primera, contando con el señor subsecretario
para responder a la pregunta que figura con el número 3, sobre apertura y
cierre de consulados, quiero recordarle que con su anuencia hemos
decidido también introducir una pregunta sobre la denegación de unos
visados a algunos súbditos marroquíes. El mismo amablemente contestará a
esta pregunta.
También anuncio a la Comisión que me llega una nota de la señora Maestro
solicitando la retirada de la proposición no de ley 161/000161, que
figura con el número 4 en nuestro orden del día. Efectivamente, debemos
responder a la voluntad del grupo proponente y esta proposición queda
retirada. Esperemos que mientras tanto la señora Maestro pueda comparecer
y llevar a cabo el trámite correspondiente a las demás proposiciones no
de ley que su grupo tenía presentadas.
Bienvenido, señor subsecretario, una vez más a esta Comisión.
Para formular la pregunta sobre apertura y cierre de consulados, en
nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, la Diputada doña
Matilde Fernández se encuentra ausente en el extranjero, y me ha pedido
que mantenga la pregunta en los términos en que estaba formulada, para
que ella y todos podamos leer la respuesta del señor subsecretario en el
«Diario de Sesiones».
Solamente me queda añadir el agradecimiento al señor subsecretario por la
diligencia de venir a contestar esta pregunta de la Diputada de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carbajal
Salido): Con mucho gusto comparezco ante esta Comisión al objeto de
contestar la pregunta que se me formula sobre la política llevada a cabo
por el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación al cierre y apertura
de nuevas representaciones consulares.
Ante todo quiero hacer una precisión muy importante. Los estudios que
estamos realizando en el Ministerio de Asuntos Exteriores se enmarcan en
algo más general, como es una posible reestructuración de nuestra red de
representaciones diplomáticas y consulares en el exterior. Se está
realizando el estudio de una redistribución de oficinas que parte del
convencimiento de que la red actual, el actual despliegue diplomático y
consular de España, es inadecuado a la presente circunstancia
internacional e inadecuado, por tanto, en alguna medida, a la mejor
defensa de los intereses españoles. La red actual es prácticamente la
misma que la de hace años cuando no se habían producido los
acontecimientos y las circunstancias que han convulsionado el panorama
internacional, y más concretamente el europeo, en un mundo donde todavía
existía el muro de Berlín, la Unión Soviética y en donde las tensiones no
se habían manifestado y no habían hecho surgir una serie de nuevos
Estados. Estas circunstancias hacen nacer una serie de nuevos Estados
empeñados muchos de ellos, no todos, en Europa, en un proceso de
integración en las estructuras occidentales tanto de seguridad como de
integración: Unión Europea, Alianza Atlántica. Este es el
caso de los tres Estados Bálticos, pero también de Bosnia, donde, entre
paréntesis, hay que decir que es altamente paradójico que en un país
donde España tiene desplegado un importante contingente militar desde
hace años no tengamos una representación diplomática. Pero es también el
caso de otros países como Chipre o de los Estados nacidos de la
desaparición de la Unión Soviética, que por su importancia, aunque sólo
sea comercial, también justificaría que España estuviese representada
permanentemente por una misión diplomática.
En otro orden de cosas, todos sabemos el renacer económico de
determinados países en Asia, en donde España, al contrario que la mayoría
de nuestros socios europeos, no está representada debidamente y, sin
embargo, tendríamos una importancia capital a la hora de poder
promocionar nuestros intereses económicos y comerciales. Estoy hablando
de países como Vietnam y Singapur. Este estudio parte del convencimiento
de la necesidad de abrir con urgencia embajadas en países y regiones en
las que es imprescindible afirmar la presencia de España por razones
políticas, económicas, culturales o de cooperación. He hablado de
Eslovaquia, de Vietnam, de Chipre, de Bosnia, de Eslovenia, que serían la
primera prioridad; la segunda la constituirían los Países Bálticos,
posiblemente Kazajstan, el más importante de los nacidos de la antigua
Unión Soviética; y en una tercera fase, Singapur y Azerbaiyán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores es absolutamente consciente de que no
es posible en los momentos actuales de ajustes presupuestarios, por
razones que todos conocemos y compartimos, abrir esas nuevas
representaciones diplomáticas si no somos capaces al mismo tiempo de
liberar los recursos suficientes para proceder a esa apertura. En
consecuencia, estamos analizando la conveniencia de proceder, para
compensar los gastos que conllevarían esas aperturas, a determinados
cierres de algunas oficinas consulares en donde vemos que se dan una
serie de circunstancias que tal vez no justifiquen su permanencia. En
este sentido dos inspectores de servicios del Ministerio de Asuntos
Exteriores han visitado recientemente siete consulados europeos: Amberes,
Lieja, Lille, Hannover, Génova, Valença do Miño y Vila Real de Santo
Antonio, con el fin de evaluar su actividad y analizar la necesidad de su
existencia; una actividad que nos confirman los informes que han
redactado dichos inspectores, muy limitada y que realmente se ha ido
reduciendo considerablemente en los últimos años.
¿Cuáles son los criterios que nos llevarían a confirmar el cierre de
estos consulados? En primer lugar, como decía antes, la constatación de
que la actividad de estos consulados es menor que la que justificaría, en
términos absolutos, esa permanencia. Con la excepción de Hannover --y
tengo los datos a disposición de SS. SS. por si alguno quisiera
examinarlo con más detalle--, todos los consulados que antes he
mencionado demuestran que efectivamente han ido perdiendo actividad. Esta
sería la primera condición a la que debería responder el cierre eventual
de una representación consular.
Debo también recordar que la pérdida de la función es consecuencia, en
gran medida, de la transformación de las funciones tradicionales de los
consulados. Los nacionales de los países donde están situados esos
consulados no necesitan visado para entrar en España; los acuerdos de
Schengen han transformado en gran medida las funciones en relación con
los extranjeros de estas representaciones; las propias comunidades
españolas en esos países, por el hecho de la integración europea se
encuentran, valga la redundancia, mucho más integrada en el país que les
recibe; la documentación que precisan se ha ido simplificando, hay una
serie de factores que han llevado a esa pérdida de actividad.
La segunda condición que siempre tendríamos presente a la hora de decidir
un cierre de una representación consular --para contestar concretamente a
la pregunta que se formula-- es que ello no supondría, en ningún caso, la
desprotección ni el desamparo de nuestros nacionales. Sus funciones
serían absorbidas por otros consulados. En el caso de Amberes y Lieja,
por el consulado general en Bruselas; en el caso de Lille, por el de
París; en el caso de Génova, por el de Milán; en el caso de Hannover, por
el de Hamburgo, y en el caso de las dos representaciones consulares que
he mencionado en Portugal, por Oporto y por Lisboa. Hay que recordar que
las cortas distancias entre estas poblaciones y las excelentes
comunicaciones que existen entre las mismas facilitan la adopción de una
decisión de cierre de dichos consulados. Ello supondría determinados
trastornos para los españoles residentes que deberán desplazarse unos
kilómetros estando habituados a tener un consulado más cerca de sus
domicilios, pero en ningún caso una supresión afectaría a su debida
asistencia.
Por último --y éste es el tercer requisito que quisiera subrayar--, en el
planteamiento que estamos utilizando tenemos muy presente, antes de
decidir el cierre de una oficina consular, los intereses, los derechos,
las expectativas del personal que trabaja en las representaciones
consulares en cuestión. El Ministerio está estudiando ya una serie de
medidas tendentes a garantizar, en la medida de lo posible, el futuro de
esos trabajadores en el caso de que se decidiera el cierre de los
consulados en los que trabajan. Se adoptarían medidas como la reserva
prioritaria de las plazas en los consulados que vayan a asumir las tareas
de las oficinas que se cierran; prioridad también de colocación en las
embajadas de nueva creación como contraprestación al cierre de los
consulados, así como la posibilidad de traslado al Ministerio de Asuntos
Exteriores, por lo que respecta a los funcionarios, o a otras
representaciones diplomáticas consulares cercanas a las oficinas que se
cerrarían. Por tanto, son los tres criterios que hemos establecido:
descenso de la actividad, atención a la colonia, atención al personal,
las que nos llevarían a confirmar la necesidad del cierre de alguna de
estas oficinas consulares que he mencionado.
Por último, creo que es importante señalar que este estudio se enmarca
también dentro de una política de continuidad respecto al equipo
ministerial anterior. A estos efectos, quisiera recordar que el 23 de
febrero de 1996 el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que se
declaraba la conveniencia de reforzar la presencia de España en una serie
de países, que son precisamente los que antes he mencionado:
Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Eslovaquia,
Chipre, República Socialista de Vietnam y Consulado general en Shanghai.
A este respecto, solamente deseo añadir que entre las representaciones
que desearíamos abrir, si somos capaces, como decía antes, de generar los
recursos oportunos, además de las embajadas antes mencionadas, estarían
dos consulados, el Consulado general en Shanghai y el Consulado general
en Moscú, en donde hemos notado un gran incremento de su actividad. En el
caso de Shanghai, por razones comerciales, atención a un turismo español
cada vez más creciente, y en el caso de Moscú, fundamentalmente por
razones de atención a los nacionales rusos que cada vez en mayor número
viajan a nuestro país como turistas, generando unos importantes recursos
financieros para nuestro país.
A este respecto, me permito solamente dar unas cifras. En el año 1993 se
expidieron por la sección consular de la Embajada de España en Moscú
40.000 visados; fueron 80.000, en el año 1994, es decir, el doble;
150.000, en 1995, y prevemos que a final de este año 1996 se llegue a un
número en torno a los 300.000 visados. Esto, como digo, aconseja cambiar
la naturaleza de la oficina consular, pasando de una mera sección
consular a un consulado general. Pero, como digo --en eso somos
solidarios y conscientes con los compromisos presupuestarios del Gobierno
y del país, como no podía ser de otra forma--, todo pasaría por poder
generar los recursos necesarios para la apertura de estas
representaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por esta completa y detallada
contestación a la pregunta formulada por la señora Fernández y solventada
por el señor Yáñez.
--MOTIVOS DE LA NO CONCESION DE VISADO PARA ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO
HISPANO-MARROQUI DE PERIODISTAS AL DIRECTOR DE «LE MATIN», SEÑOR
ABDELHAFID ROUISSI, ASI COMO AL DIRECTOR DE LA REVISTA «EL PUENTE», SEÑOR
ABDELAZIZ TRIBAK, DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA. (GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA.) (Número de expediente 181/000229.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta se refiere a la denegación de
visados a unos periodistas marroquíes en unas circunstancias que el
proponente de la pregunta explicitará.
El señor Estrella tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Me permito, en primer lugar, rectificar el
enunciado que acaba de hacer el Presidente. No se trata de una denegación
de visados, sino de una no concesión de visados.
Quería empezar por dar las gracias al subsecretario por acceder a
responder a esta pregunta, a pesar de que en la tramitación de la misma
no se había producido plenamente en el momento en que se le notificó. Por
otra parte, quería decir que existía esta misma pregunta presentada como
pregunta con respuesta escrita a principios de julio y al día de la fecha
aún no había llegado la respuesta del Gobierno.
Sin más, voy a formular la pregunta. El pasado verano se celebraba en la
ciudad de Granada el primer simposio hispano-marroquí de periodistas. La
lógica detrás de este encuentro es evidente en lo que en esta Comisión
siempre se ha considerado una política de Estado en las relaciones entre
España y Marruecos. Entre las personas que debían asistir a este simposio
se encontraba el director del que probablemente es el principal periódico
de Marruecos Le Matin, el señor Abdelhafid Rouissi, y el director de la
principal, si no la única revista en español que se edita en Marruecos,
El Puente, el señor Abdelaziz Tribak. Esos señores iniciaron la
tramitación de su solicitud de visado para asistir a esta reunión con
cierta antelación, pero, llegada la fecha en que tenían que desplazarse a
Granada, no se les había concedido el visado, no se le daba ninguna razón
concreta para la no concesión de visado, y la que se le dio verbalmente a
uno de los solicitantes de visado, el señor Tribak, por parte de un
miembro de nuestra representación consular no parece que fuese demasiado
de recibo cuando se le dijo que cómo se le iba a dar un visado si él lo
que hacía era criticar a España en sus crónicas, cosa que por otra parte
pueden hacer periodistas portugueses, franceses, etcétera, puesto que no
necesitan un visado para venir a España. Por eso se pregunta cuáles
fueron los motivos de la no concesión de visado a estos dos
representantes de los medios de comunicación marroquíes.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal
Salido): Yo quisiera ante todo lamentar que la tramitación de la
contestación a esta pregunta haya sufrido cierto retraso y que no haya
tenido entrada, al parecer, en la Cámara la contestación escrita a esta
pregunta. En todo caso, agradezco la oportunidad que me da la Comisión
para contestarla oralmente.
En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores lamenta las
circunstancias que se han producido en torno a la concesión de negación
(ahora veremos en qué términos) de estos dos visados a estos dos
ciudadanos marroquíes y lamenta también las dificultades que esta
situación haya podido producir a la celebración del primer simposio
hispano-marroquí de periodistas que tuvo lugar en Granada entre los días
27 y 29 de junio.
Empezando por el caso del señor Rouissi, actual director del Diario Le
Matin, anterior director del periódico Marroque Soir, debo decir que,
después de una exhaustiva investigación contrastada con todo el personal
del Consulado general de España en Casablanca, donde el señor Rouissi
debería haber presentado su solicitud de visado, el Ministerio de Asuntos
Exteriores no tiene constancia hoy todavía de que el interesado
presentara petición alguna de visado para asistir al simposio de
referencia. Tenemos constancia de que no se produjo tampoco intento por
parte de este señor de entrar en contacto ni con el cónsul general ni con
el canciller ni con el jefe de la sección de visados.
En tercer lugar, quisiera señalar que, de haberse producido la solicitud
de visado, no había habido duda de que el mismo se le habría concedido
con rapidez y sin dilación, como lo prueba el hecho de que al señor
Rouissi le fue concedido, en octubre de 1994, un visado por un año, es
decir, el visado más generoso --entre comillas-- que se concede a un
súbdito extranjero para permanecer en España y, en el caso de aquel
visado, se le concedió además con múltiples entradas y salidas.
Yo no descarto --sería ingenuo por mi parte-- que el señor Rouissi haya
intentado entrar en contacto con el consulado y que la situación que se
haya producido con este visado haya podido ser fruto de algún
malentendido, de una falta de coordinación entre el interesado y la
propia oficina consular que a lo mejor sería achacable a la carga
importantísima de trabajo a la que están sometidas nuestras
representaciones consulares en el norte de Africa, sobre todo en la época
de verano de la que estamos hablando. Debo mencionar como cifra que en el
Consulado de Casablanca por esas fechas se recibe del orden de quinientas
solicitudes de visado diarias. Insisto --es la contestación concreta que
puedo dar a la pregunta-- en que en el caso de este señor no tenemos
constancia de que hubiera habido una solicitud por parte del interesado
de visado de entrada en España.
Por lo que toca al señor Tribak, redactor jefe de la publicación El
Puente, solicitó --según nuestros datos a través del director de dicha
publicación en el Consulado General de España, en Tetuán, y por un
escrito en el que se aludía a una visita con fin periodístico, entre
comillas-- un visado de entrada en España el 17 de junio de este año
1996.
Debo decir que la primera reacción del cónsul general en Tetuán fue la de
denegar ese permiso de entrada, ese visado, por razones que serían del
orden de las que ha mencionado S. S., como consecuencia, tal vez, de una
interpretación o una valoración, que no entro a calificar, de lo que es
la trayectoria del interesado y la naturaleza de las críticas o de las
crónicas que este señor firma en esa publicación de la que es redactor
jefe, en relación con la presencia española en Ceuta y Melilla.
En todo caso, debo decir que después de que el cónsul general entrara en
contacto con la Embajada de España en Rabat y habérselo comunicado la
Embajada de España en Rabat, y más en concreto la consejería de
información, este visado para la asistencia del señor Tribak al simposium
de Granada se concedió la víspera del inicio del mismo, es decir, el día
26 de junio y se le concedió por los días que el interesado solicitó: 27,
28 y 29 de junio que eran los días de celebración del simposium.
Podríamos pensar que la representación consular podía haber sido algo más
generosa en los días que se le deberían haber concedido a este señor,
pero debo hacer notar --y deben entender sus señorías-- que los
consulados, en ese sentido, actúan, como no puede ser de otra forma, a
instancia de parte, y en ningún momento, según los informes que tenemos,
el señor Tribak solicitó una ampliación de esos días que se le concedían
de permanencia en España.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Tomo la palabra por cortesía, para dar las
gracias al señor subsecretario por sus explicaciones, que doy por buenas.
Quiero hacer una reflexión. Entiendo que el número de elementos que
entran en juego a la hora de conceder o no un visado son complejos y
entran en juego distintos niveles de la Administración, distintos
ministerios. Esta pregunta me lleva a pensar en la conveniencia de traer
a la Comisión una serie de iniciativas dirigidas a que podamos conocer
cuáles son los criterios objetivos de concesión o de no concesión de
visados, con carácter general y con carácter particular en casos como los
que estamos abordando ahora, con el fin de que incluso la Comisión pueda
emitir una opinión, si lo estima conveniente, sobre el marco de los
criterios objetivos y transparentes que deben existir para la concesión o
no de visados.
Deseo añadir algo más. La verdad es que estando en un espacio común,
quizá va perdiendo sentido la adopción de criterios de índole política.
Todos sabemos que el señor Tribak podía haberse dirigido al consulado
alemán o al francés y haber solicitado un visado Schengen y entonces
hubiera podido venir sin ningún problema. Es simplemente una reflexión
que brindo al señor subsecretario.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, ha sido muy amable por su parte
su nueva comparecencia informativa.
Quiero agradecer, a través suyo, la presencia de todos los altos
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que en esta misma
sesión han comparecido, imagino que bajo su batuta. Estoy seguro de que
en el futuro seguiremos contando con la misma colaboración y presencia.
Señoras y señores diputados, señora Maestro, bienvenida a esta Comisión
que es la suya.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR LA CAUSA DEL SECUESTRO Y
ASESINATO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO ESPAÑOL Y
FUNCIONARIO DE NACIONES UNIDAS, AL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000161.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación en su caso de las
proposiciones no de ley que se encuentran bajo los números 4, 5 y 6 del
orden del día.
Señora Maestro, entiendo que la número 4 ha sido retirada y así lo he
comunicado previamente a la Comisión por decisión suya.
Tengo que decirle también que no he retirado la pregunta anterior, que me
ha parecido interesante desde el punto de vista informativo y que la
hemos solventado con la amable colaboración del Director General de
Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero le doy la
palabra para confirmar si retira o no la proposición no de ley número 4.
La señora MAESTRO MARTIN: No sé cuál será la solución más adecuada desde
el punto de vista reglamentario. El propósito de mi grupo no era
retirarla, sino posponerla. No tengo en este momento información sobre si
se ha realizado o no un trámite previo necesario, es decir, la
comunicación del Gobierno de Chile al Secretario General de Naciones
Unidas acerca de la sentencia de la Corte Suprema en relación con el caso
Carmelo Soria.
No sé si reglamentariamente se puede plantear eso, si tengo que volver a
plantearla de nuevo o puede posponerse hasta tanto esa información obre
en nuestro poder.
El señor PRESIDENTE: Pienso que todo es posible. Si usted desea retirarla
y posponerla lo que le pediría es que hiciera constancia gráfica y
documental de la nueva presentación.
En este momento la Presidencia toma nota de su voluntad de retirarla en
esta sesión y posponerla a una ulterior. Lo que sí les pediría a usted y
a su grupo es que hicieran constar documentalmente esa voluntad de que
fuera vista en una sesión ulterior de la Comisión. Le pediría también que
lo hiciera cuanto antes para que, si es posible, pudiéramos considerala
en la próxima sesión de la Comisión.
Por tanto, queda retirada la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de don Carmelo
Soria Espinosa, pendiente de las acciones consiguientes por parte del
grupo que originariamente presentó esta proposición no de ley.
--EN RELACION CON LA NUEVA CRISIS ABIERTA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996
EN EL PROXIMO ORIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000191.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de la proposición no de
ley que se encuentra con el número 5 del orden del día, cuyo autor es
también el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y que se refiere a la crisis abierta el día 25 de septiembre
de 1996 en el Próximo Oriente.
La señora Maestro tiene la palabra para la exposición de esa proposición
no de ley.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, éste es un asunto que ha sido
tratado en repetidas ocasiones en esta Comisión de Asuntos Exteriores,
pero la verdad es que las razones de fondo que dieron origen a diferentes
iniciativas de distintos grupos parlamentarios desgraciadamente siguen en
plena vigencia. Si bien el derramamiento de sangre, los enfrentamientos
directos parecen haber remitido, por lo menos con la intensidad que se
produjeron en un principio, lo cierto es que la situación de fondo, la
paralización del proceso de paz y el retroceso incluso en las condiciones
anteriores al desencadenamiento de los enfrentamientos del mes de
septiembre no ha acabado. Por ejemplo, en algunos medios de comunicación
internacionales hablaban en estos últimos días de un nuevo proceso de
expropiación de 500 hectáreas de terreno en Hebrón, precisamente en
Hebrón, para incrementar los asentamientos palestinos. (El señor
Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la Presidencia.) Ni que decir
tiene que otros aspectos vitales del proceso de paz, como Jerusalén, como
la situación de los presos palestinos en cárceles israelíes, la situación
de los refugiados y la retirada del ejército israelí de Hebrón siguen
pendientes.
La situación del proceso de paz --y el señor Arafat ha tenido ocasión de
manifestarlo en su reciente visita a España invitado por nuestro
Presidente del Gobierno--, es de absoluta paralización y no sólo eso,
sino que se teme una escalada de violencia a través de una posible
intervención militar directa de Israel.
Mi grupo parlamentario, como otros grupos que forman parte de esta
Comisión, ha escuchado con satisfacción el apoyo de nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores y de la actitud protagonista del Gobierno español en
relación con las declaraciones de la Unión Europea y la actitud más
decidida que en otros tiempos por parte tanto de la Unión Europea
colectivamente como de algunos países miembros como Francia e Italia,
desarrollando iniciativas particulares, pero en el mismo sentido de las
manifestadas en la resolución última de la Unión Europea. A esto se ha
añadido el nombramiento, como todos sabemos, de don Miguel Angel
Moratinos como interlocutor de la Unión Europea de cara al proceso de
paz.
Hasta la fecha, desgraciadamente todos estos aspectos de una diplomacia
más decidida por parte de la Unión Europea no han dado ningún fruto. La
situación es muy grave, es muy preocupante y, aunque no es la primera vez
que se dice, creo que no puede ser más apropiado este momento para
repetirlo, ya que en los últimos tiempos la situación en Palestina es un
polvorín.
Como saben también SS. SS., Israel mantiene prácticamente las tres
cuartas partes de sus intercambios económicos con la Unión Europea. En
fechas próximas el Pleno del Congreso de los Diputados deberá ratificar o
no el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Mi grupo
parlamentario entiende que, al margen de otras iniciativas que se han
realizado y con las que nosotros estamos plenamente de acuerdo, la Unión
Europea y, en concreto, el Estado español no deberían desperdiciar la
posibilidad de utilizar un mecanismo importante para ejercer la presión
necesaria sobre el Gobierno de Israel para que se produzca un cambio de
actitud sustancial en relación con los acuerdos de Oslo.
Por tanto, y de una manera muy matizada, en el punto 3 de esta
proposición no de ley --no aludo a los otros porque entiendo que están en
el espíritu y en los hechos de acciones producidas desde el Gobierno-- se
propone el estudio
de la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel hasta
tanto se produzcan cambios perceptibles y sustanciales del Gobierno de
Israel en relación con los acuerdos de paz.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): A la proposición no de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha presentado una enmienda de
modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Robles para presentarla y defenderla.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, como saben SS. SS., hemos
aprobado una declaración institucional que yo creo que es un buen terreno
de entendimiento entre los grupos de esta Comisión. En este momento
existe una delicada situación, un bloqueo en el proceso de paz que es
generador de riesgos, peligros, amenazas que deben ser evitados desde
todos los puntos de vista. Por eso quiero remontarme, aunque seré breve y
aseguro a SS. SS. que no me remontaré a tiempos bíblicos, a los debates
en esta Comisión sobre este mismo asunto; el seguimiento que ha hecho
esta Comisión del proceso de paz y de la situación de Oriente Medio ha
sido ejemplar y exhaustivo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Ha habido alguna diferencia de criterio que yo quisiera resaltar, pero la
mayoría de esta Comisión siempre se pronunció por la prudencia y por
considerar que lo importante era facilitar el proceso de paz y no
dificultarlo.
Por esta razón hemos presentado una serie de enmiendas al texto de la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nada tenemos que objetar al punto 1, que puede ser suscrito
sin reserva alguna por nuestro grupo, pero sí respecto a los puntos 2 y
3. Considero que la Unión Europea y España, en el seno de la Unión
Europea, han emitido declaraciones suficientemente contundentes que han
significado un importante grado de compromiso con el proceso de paz y
también un considerable grado de presión sobre el actual Gobierno de
Israel en la necesidad de dar pruebas fehacientes de su compromiso
declarado con ese proceso de paz.
Por eso hemos considerado que convendría mejorar el texto del punto 2 de
la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
urgiendo a Israel a dar pruebas fehacientes de su declarado compromiso
con el proceso de paz mediante acciones concretas en el marco del pleno
cumplimiento de los acuerdos alcanzados ya con la OLP. Nos parecía que la
terminología empleada en el párrafo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya era excesiva y, sobre todo, innecesaria. En cualquier caso,
creemos que el texto presentado por nuestro grupo refleja mucho mejor lo
que es la necesidad del momento y lo que es la tradicional posición de
esta Cámara y, desde luego, la tradicional y reiterada posición del
Gobierno español en el seno de la Unión Europea.
En cuanto al punto 3 entendemos que hay que ser no solamente prudentes
sino precisos, y la precisión en este caso exige evitar esa vinculación y
esa velada amenaza que se intenta arrojar sobre el acuerdo de asociación
Unión Europea-Israel y que todavía debe ser ratificado. ¿Por qué? Porque
la posición de Europa, que es una posición de mayor compromiso y de mayor
presencia, de lo que es muestra el nombramiento de un enviado especial,
en el proceso de paz en Oriente Medio, debe permitir aprovechar todos los
instrumentos de cooperación y de colaboración existentes. Por eso
nosotros hemos sido y somos partidarios de que la Unión Europea e Israel
tengan un grado avanzado de relación y un grado profundizado de
cooperación y colaboración, y solamente de esa manera podremos ejercer el
nivel de influencia que, sin duda, todos los grupos aquí representados
desean.
Por ello hemos propuesto instar al Gobierno a considerar, en función de
la evolución de las negociaciones entre israelíes y palestinos, otras
acciones o iniciativas, tanto a nivel nacional como desde el seno de la
Unión Europea, que contribuyen a asegurar el cumplimiento de los acuerdos
firmados por las partes implicadas. Además, nos parece conveniente no
buscar desde esta Comisión y desde esta Cámara posiciones que no tengan
al menos la posibilidad de recoger la unanimidad o el apoyo más unánime
posible dentro de la Unión Europea. Creo altamente improbable que
solamente se proceda a congelar el proceso de ratificación de ese acuerdo
entre Israel y la Unión Europea, sino que incluso sea considerado
conveniente por otras cámaras y otros parlamentos iniciar ese estudio que
propone Izquierda Unida.
Me reitero en el convencimiento de mi grupo de que la Unión Europea y
España deben usar todos los mecanismos, todos las acciones y todas las
iniciativas que sean necesarias en todos los niveles posibles para
asegurar el cumplimiento de los acuerdos firmados, pero de ninguna manera
podemos contribuir a disminuir la influencia de la Unión Europea en
Oriente Medio mediante una iniciativa que, aun planteada de forma
ambigua, lo que pretendería sería iniciar un camino de menos relación
entre la Unión Europea e Israel y no de más relación entre la Unión
Europea e Israel.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desearían hacer uso de la
palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
incide en un tema de candente actualidad, sobre el que esta Comisión tuvo
la ocasión de pronunciarse muy recientemente a través de una declaración
institucional.
A nosotros el objeto de la proposición no de ley, globalmente, nos parece
satisfactorio. Podemos coincidir, por ejemplo, con la literalidad del
punto primero, que expresa algo de lo que nosotros estamos convencidos y
es que la paz en la región sólo puede alcanzarse y consolidarse a través
del pleno cumplimiento de los acuerdos de Oslo suscritos por Israel y la
autoridad nacional palestina, por lo que se llama al respeto estricto de
los mismos por todas las partes pero en cambio mantenemos serias
discrepancias
con los puntos 2 y 3. Con el punto 2 especialmente en cuanto a redacción,
no en cuanto a su fondo, que también podríamos compartirlo. Con el punto
3 tenemos discrepancias francamente importantes, porque creemos que la
suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel no es
una buena vía para favorecer la paz en la región. Es más, pensamos que es
urgente que se apruebe este acuerdo, y muy recientemente se ha puesto de
manifiesto, por parte de las autoridades de la Unión Europea, que la
capacidad de influencia de la Unión Europea en la región no es paralela a
la cooperación que está realizando la Unión Europea con el proceso de
paz. Entendemos que este acuerdo, de consolidarse, es un paso en la
dirección que a todos nos interesa, que es que pueda existir un mayor
peso de la Unión Europea en la región.
Por todo lo manifestado, señor Presidente, no podríamos dar nuestro voto
favorable a los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley y, en cambio, sí
nos parece de recibo, en su conjunto, la enmienda de sustitución, al
menos de estos dos puntos, planteada por el Grupo Parlamentario Popular,
mucho más acorde con lo que es la concepción global del problema y,
especialmente, con la declaración institucional a la que me refería hace
un momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, nuestra posición es bastante
similar a algunas ya expresadas. Con relación al punto 1 estamos
totalmente de acuerdo. La redacción del punto 2, por las mismas razones
que apuntaba hace un momento el señor Recoder, no nos parece muy
afortunada, porque condena y pide la anulación de las decisiones
adoptadas por el primer ministro de Israel, pues entendemos que habrá
adoptado muchas decisiones que no serán necesariamente condenables ni
censurables ni susceptibles de ser anuladas.
En cuanto al punto 3, nosotros sí compartimos la intención que subyace en
él. De hecho, hace dos semanas, el Ministro Matutes, precisamente a
petición del Grupo Socialista, comparecía ante esta Comisión para
expresar la posición del Gobierno y, a preguntas de este Diputado sobre
la utilización de los protocolos como elemento de presión, admitía la
posibilidad y recordaba que él, en su etapa de comisario, los había
utilizado en más de una ocasión. Baste recordar los casos de Turquía,
Siria o Marruecos como ejemplo de que la Unión Europea ha hecho valer su
peso político en algunas ocasiones, precisamente utilizando la capacidad
no de suspender sino de dilatar la puesta en vigor de algunos de estos
convenios de carácter económico y financiero. En cualquier caso, esas
cosas se hacen, no se dicen. Por eso, quizá, no nos termina de convencer
la redacción.
De todas maneras, tomamos nota, con satisfacción, de que el Grupo
Parlamentario Popular no es partidario de aplicar al Gobierno del señor
Netanyahu la estricta disciplina cubana, pero nos gustaría encontrar un
punto de encuentro, que no excluyera en ningún caso la utilización
política, para hacer valer el peso de la Unión Europea, de unos acuerdos
que están en trámite y respecto a los que nuestros grupos parlamentarios
en el Parlamento Europeo están valorando la eventualidad de utilizar la
posible dilación de su aprobación precisamente como elemento de presión.
Pensamos que el texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular quizá
se le podría añadir, después de la expresión «desde el seno de la Unión
Europea», un párrafo que simplemente recordara que en estos momentos se
está tramitando el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel; luego,
decídase lo que se tenga que decidir.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, me tengo que dirigir a la señora
Maestro para preguntarle si su grupo está dispuesto a la tramitación de
la enmienda del Grupo Popular, tal como ha sido presentada.
Señora Maestro, tiene usted la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, mi grupo parlamentario
estaría de acuerdo en aceptar la enmienda que se plantea al punto 2 --el
punto 1 se transcribe tal cual--, en un ejercicio de voluntad de consenso
parlamentario, porque yo creo que el objetivo es compartido. No obstante,
de cara al texto que se propone en el punto 3, mi grupo entiende que se
deja de tener presente que en estos momentos, por coincidencia en el
trámite parlamentario, hay un aspecto concreto, un instrumento directo
que podría permitir que la Unión Europea tuviera una capacidad de
influencia en la zona que desgraciadamente no ha tenido ahora. Es decir,
la voluntad de mi grupo no es eliminar la posibilidad de un acuerdo de
asociación entre la Unión Europea e Israel, pero nos parece que, en este
momento concreto, hacer caso omiso a las circunstancias que se están
produciendo en la zona iría directamente en contra de la posibilidad de
que la Unión Europea tuviera un peso real, más allá de la voluntad o de
las declaraciones de principios de sus gobiernos. Recuerdo a las señorías
que han intervenido, y a sus grupos parlamentarios, que lo que se propone
en caso contrario --es decir, en caso de que las acciones precisas, no
directamente relacionadas con este tema, no dieran fruto-- es el estudio
de la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e
Israel. Por tanto, no se plantea taxativamente la suspensión sino el
estudio.
Creo que el asunto está suficientemente matizado. Por lo tanto, si el
Grupo Parlamentario Popular aceptara la votación separada de los dos
primeros puntos, yo aceptaría el punto 2 tal y como lo redactan, pero
reservaría para mi grupo parlamentario --y, en su caso, para otros que
pudieran apoyarlo-- la posibilidad de que se mantuviera el punto 3 de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Como es costumbre en esta Comisión vamos a intentar
salvar lo salvable, dentro de lo que es también el respeto al Reglamento,
que me parece absolutamente indispensable porque, al fin y al cabo, es la
garantía de los derechos de todos los grupos y de todos los Diputados.
Entiendo que los puntos 1 y 2 tienen una clara posibilidad de ser
aprobados: el punto 1, tal como figura en la proposición no de ley; el
punto 2, en la versión de la enmienda propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular, y quedan las posibilidades de aproximación sobre
el punto 3. Yo no tengo ningún inconveniente en que procedamos a las
votaciones por separado, en el entendimiento, señora Maestro, de que si
usted, como veo, no acepta la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y
no surge ninguna enmienda transaccional que reciba el consenso de todos
los grupos, someteré a votación su propuesta originaria, como entiendo
que establece el Reglamento.
En este momento, me dirijo al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo
Parlamentario Socialista por si, estrujándose las meninges, pudiéramos
encontrar algún tipo de aproximación transaccional que pudiera resolver
el tema. Pero vamos a hacerlo rápidamente, porque tampoco querría que nos
empantanáramos en este tema. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
La señor MAESTRO MARTIN: No sé si podría satisfacer al Grupo
Parlamentario Popular y a la preocupación del Grupo Parlamentario
Socialista añadir, después de instar al Gobierno, etcétera, la expresión
«a otras acciones e iniciativas, en su caso, relacionadas con el acuerdo
de asociación Unión Europea-Israel». Es decir, que de alguna manera
apareciera lo que está sucediendo en la realidad, y es un proceso de
ratificación por parte de los parlamentos nacionales del acuerdo de
asociación Unión Europea-Israel; que apareciera la mención expresa, entre
las iniciativas posibles, de las relacionadas con el acuerdo de
asociación Unión Europea-Israel manteniendo, se entiende, el resto del
texto que propone el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, quizá me anticipo a
prejuzgar cuál va a ser la opinión del Grupo Popular, pero entiendo que
la enmienda de la señora Maestro no se acerca a lo que pretende el Grupo
Popular, por eso plantearíamos de manera más concreta nuestra propuesta,
que entendemos que no prejuzga cuál puede ser la decisión sobre si se
utiliza o no el acuerdo y sería la siguiente. En el punto 3, otras
acciones e iniciativas, tanto a nivel nacional como desde el seno de la
Unión Europea, se podría decir entre guiones o entre paréntesis: que
actualmente tramita el acuerdo de asociación Unión Europea e Israel, y se
cierran los paréntesis o los guiones. Se constata así un hecho y cada uno
puede sacar las conclusiones que desee; evidentemente el Gobierno sacará
las suyas y la oposición las suyas, pero no prejuzga en absoluto la
eventual conducta con relación a este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Este grupo ha dado numerosas muestras de su
flexibilidad negociadora a lo largo de estos meses, si bien en este tema,
repito, nuestra propuesta no excluye ninguna iniciativa, pero evita
mencionar lo que consideramos no debe ser mencionado, y por tanto
cualquier mención sobre lo que no debe ser mencionado contará con el voto
contrario de mi grupo. Por ello, me atengo al texto de mi enmienda, que
me parece que, sin excluir ninguna opción, tampoco prejuzga el futuro
desarrollo y las futuras opciones o iniciativas que pueda tomar España,
bien individualmente o bien en el seno de la UniónEuropea.
El señor PRESIDENTE: Está claro. El punto 1 queda tal como figuraba en la
proposición originaria de la señora Maestro; el punto 2 queda tal como
figuraba en la redacción de la enmienda del Partido Popular, es decir:
Urge a Israel a dar pruebas fehacientes de su declarado compromiso con el
proceso de paz mediante acciones concretas en el marco del pleno
cumplimiento de los acuerdos alcanzados ya con la OLP.
Entiendo que ese párrafo y su redacción reciben el acuerdo unánime de
todos los grupos.
Pasamos a votar el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 15; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Naturalmente quedan aprobados los puntos 1 y 2 tal como la Presidencia
explicó previamente.
El señor RECODER I MIRALLES: ¿No habría que votar los puntos 1 y 2 para
que pudieran quedar aprobados?
El señor PRESIDENTE: Para mayor claridad vamos a votarlos.
Señoras y señores Diputados, vamos a proceder a la votación de los puntos
1 y 2; el punto número 1, repito, tal como figura en la proposición
originaria y el punto número 2 tal como figura en la enmienda propuesta
por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
--RELATIVA A LA SITUACION DE LA MUJER EN AFGANISTAN. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000224.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 6 del orden del día, proposición no de
ley relativa a la situación de la mujer en Afganistán, propuesta por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tiene la palabra para su exposición la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, todas SS. SS. conocen la grave
crisis de Afganistán y saben también las tristes consecuencias, muertes y
violaciones de los derechos humanos, en tales extremos que se ha
producido, como no podía ser menos, una conmoción de la opinión pública,
pero no sólo de la española, que ha sido importante, sino también del
mundo entero.
Conocen perfectamente cómo la invasión soviética desató enfrentamientos,
odios que todavía hoy lamentablemente impiden vislumbrar el momento en el
que al fin el pueblo afgano pueda emprender el camino deseado de la
reconstrucción y de la paz. Ha sido convertido en terreno de actuación de
las potencias de la zona y han prevalecido hasta la fecha los movimientos
y grupos más radicales e intolerantes, y últimamente, como también
conocen perfectamente SS. SS. --y ello ha desencadenado de alguna manero
lo que aquí ahora estamos poniendo sobre la mesa y denunciando con toda
energía--, la toma de Kabul por los ultraintegristas talibanes, grupo
radical e intolerante, ha provocado todo tipo de sufrimientos: muertes
sufrimientos y dolor entre toda la población civil, hombres y mujeres.
Pero de una manera particular me van a permitir que señale, porque
desgraciadamente así es la realidad, que el sistema legal y de penas
impuesto por este grupo ultraintegrista lleva consigo el mayor ataque a
la dignidad de las niñas, de las mujeres, condenadas a estar, como saben
SS. SS., encerradas, a no ir a la escuela, a no poder trabajar, a no
poder recibir asistencia médica por médicos hombres, lo que, unido a otro
tipo de vejaciones supone, en definitiva, el mayor de los atentados a la
Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Señorías, toda la población, pero de una manera muy particular, como
conocen, la población femenina, está sufriendo atentados contra los
derechos y libertades que todo ser humano tiene derecho a disfrutar. En
este sentido yo quisiera además recordar que la IV Conferencia
Internacional de la Mujer, en las resoluciones números 8 y 9 de su
plataforma de acción, reafirmaba precisamente entre sus compromisos la
igualdad de derechos y la dignidad humana inherente de mujeres y hombres,
así como los demás propósitos y principios recogidos en la Carta de
Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
otros instrumentos también internacionales de derechos humanos, en
particular la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres, la convención sobre los derechos de
los niños y de las niñas, así como la declaración sobre la eliminación de
la violencia contra las mujeres y la declaración sobre el derecho al
desarrollo. Y precisamente era el punto 9 el que insistía en asegurar la
plena implementación de los derechos humanos de las mujeres y de las
niñas como parte inalienable --y en eso hemos hecho hincapié todos los
países que hemos firmado--, integral e indivisible de todos sus derechos
humanos y de libertades fundamentales.
Pues bien, las circunstancias nos hablan de una realidad muy distinta, y
nuestro grupo, ante esos graves hechos descritos, presentó el día 18 de
octubre una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno para
que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, plantease ante las
instancias competentes de la Unión Europea la grave situación que
atravesaba la población femenina en Afganistán de una manera especial,
con vistas a que se analizase y a la eventual toma de acciones.
Ahora bien, por un lado, esta propuesta ha sido superada desde entonces
por los acontecimientos, puesto que nuestro grupo tuvo conocimiento de
que el día 28 de octubre la presidencia de la Unión Europea hizo ya
pública una declaración adoptada por el Comité político en la que, entre
otros extremos, se expresó la preocupación por las constantes violaciones
de los derechos humanos en Afganistán, y, de una manera particular, las
discriminaciones contra las mujeres y las niñas, como nuestro grupo
denunciaba. España fue, de ello nos congratulamos, uno de los promotores
de esta declaración.
Por otro lado, el transcurrir de los acontecimientos nos ha hecho ampliar
el contenido de la propuesta. Por ello, nuestro texto alternativo al que
en su momento, el día 18, habíamos presentado, y que todas SS. SS.
conocen porque se les ha hecho llegar, pasaría a quedar redactado de la
siguiente manera, de forma más general, dada la gravedad y, repito, la
magnitud de los hechos que se siguen produciendo: Condenar las graves
violaciones de derechos humanos, y que son contrarias a todas las
convenciones sobre derechos humanos firmadas por Afganistán; rechazar la
discriminación contra las mujeres puesta en práctica por las actuales
autoridades de Kabul; reiterar el compromiso de España en el seno de la
Unión Europea con la soberanía, la independencia, la integridad
territorial y la unidad nacional de Afganistán; y apoyar los esfuerzos de
Naciones Unidas en favor de una solución política al conflicto.
Este sería el contenido de nuestra propuesta y enmienda de modificación a
la proposición no de ley presentada y, si le parece a la Presidencia,
teniendo noticias de una enmienda presentada a esta propuesta por el
Grupo Socialista, podría pronunciarme a favor de su inclusión o no, como
usted considere oportuno y así, en su caso, lo haría.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, lo primero que esta Presidencia
querría ver es el texto que acaba de leer, porque no consta entre los
papeles con los cuales esta Presidencia ha sido informada.
En segundo lugar, vamos a proceder, como normalmente hacemos, dando la
oportunidad a que el grupo proponente de la enmienda explique el
contenido de la misma para ver exactamente cuáles son las posibles
soluciones al respecto.
Señora Sainz, esta enmienda de modificación ¿cuándo ha sido presentada?
La señora SAINZ GARCIA: De acuerdo con las noticias que me ha dado el
portavoz del grupo, en tiempo y forma.
El señor PRESIDENTE: Ahora solventaremos ese problema, porque aquí no me
consta que haya sido presentada.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, está entre los papeles
distribuidos por el señor letrado.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a
esta proposición no de ley.
El señor Boix tiene la palabra para defenderla.
El señor BOIX PASTOR: Quiero manifestar, en primer lugar, que nuestro
grupo parlamentario también ha presentado a la Mesa del Congreso una
proposición no de ley sobre la protección de los derechos humanos en
Afganistán, al igual que lo ha hecho el Grupo Parlamentario Popular,
coincidente en manifestar la preocupación de ambos grupos respecto a la
vulneración de los derechos humanos en Afganistán.
Simplemente quiero matizar que, a la grave situación bélica que sufre
Afganistán durante los últimos meses, hay que añadir otro tipo de
vejaciones que suponen una gravísima vulneración de los derechos humanos.
Las nuevas autoridades afganas han procedido a una aplicación de la ley
islámica en su más pura ortodoxia, lo que les lleva a mantener a las
mujeres fuera de sus puestos de trabajo y a las jóvenes afganas las
impiden su asistencia a los colegios y universidades, lo que llevan a
cabo bajo la amenaza y coacción, incidiendo en conductas discriminatorias
y en un atentado frontal a lo que pueda ser cualquier configuración de
los derechos humanos.
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de octubre, como manifestaba la
Diputada del Partido Popular, una resolución en la que condenaba
firmemente la discriminación sistemática de las mujeres afganas, las
numerosas violaciones de los derechos humanos y el adoctrinamiento
forzoso de la población afgana que han tenido lugar tras la toma de Kabul
por los talibanes.
Una vez que hemos visto la enmienda de modificación presentada por el
propio grupo proponente, que consideramos que mejora técnicamente el
texto inicial, nosotros, que en un principio habíamos presentado tres
enmiendas, retiraríamos las dos primeras, que serían una de adición y
otra de sustitución, incluyendo una enmienda adicional al texto, que paso
a leer, si la Presidencia lo considera necesario. Consiste en instar al
Gobierno a llevar a cabo las gestiones pertinentes en los organismos
internacionales tendentes a que, por las actuales autoridades afganas, se
garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos sin distinción de
condición, sexo u opinión, conforme a los convenios internacionales sobre
protección de los derechos humanos.
Consideramos que esta enmienda viene a enriquecer el texto presentado y,
en aras del consenso, la mantenemos.
El señor PRESIDENTE: ¿Me podría facilitar el texto por escrito, por
favor, para mayor claridad?
¿Otros grupos parlamentarios que desearían intervenir? (Pausa.)
El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Debo reconocer que con tanta enmienda,
contraenmienda, enmienda del propio grupo proponente y enmienda que, de
hecho, corregía la proposición de ley que ya no es tal, hay una cierta
complejidad sobre a qué estamos dando nuestro acuerdo, porque todos los
textos nos parecen globalmente buenos, con pequeños comentarios de matiz.
Si no entiendo mal, finalmente lo que se va a someter a votación, sobre
lo cual nos tendríamos que pronunciar, es la enmienda de modificación
presentada por el Grupo Popular, con un párrafo, en caso de que así lo
acepte el Grupo Popular, presentado en forma de enmienda por el Grupo
Socialista.
¿Es así, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Ese sería más o menos el itinerario, pero antes
tendría que preguntar al Grupo Popular si acepta las enmiendas. Ya sabe
usted el procedimiento; de manera que vamos a ver si lo cumplimos con
cierta claridad.
El señor GUARDANS I CAMBO: Nosotros, yendo antes que a la forma al fondo
del asunto, estamos absolutamente de acuerdo con que esta Comisión se
pronuncie sobre la dramática situación que se está produciendo en
Afganistán, discriminación brutal que tiene un elemento nuevo con
respecto a otras discriminaciones de la zona, que es el contraste con la
situación anterior.
Creemos que algunas de las violaciones de los derechos de las mujeres y
las niñas --con esta expresión que se está utilizando aquí-- en ocasiones
no es muy distinta de la que se da en otros Estados de gobiernos
fundamentalistas islámicos. Lo que sí es distinta es la violencia con la
que se está haciendo y sobre todo que eso se superpone a una situación en
la que había habido un cierto proceso, si no de occidentalización, sí
cuando menos de una apertura importante respecto de otros regímenes
islamistas, y porque ese contraste no es sólo cultural, no está aceptado
como pueda ser en países vecinos, sino que se está imponiendo por la
fuerza.
Por tanto, en la medida en que claramente es algo que se impone por la
fuerza y contra la voluntad, clarísimamente expresada, de las propias
interesadas, apoyamos que el Gobierno español adopte las medidas de
presión que estén en su mano, que hay que reconocer que son escasas, para
intentar corregir esta situación.
Pasando al texto concreto de la proposición no de ley, apoyaríamos la
modificación presentada por el Grupo Popular sin más que --pretendería no
contribuir a la confusión-- una pequeñísima enmienda in voce al inicio,
donde quede claro qué país estamos condenando, es decir, en qué país se
están produciendo las violaciones de derechos humanos, porque parece que
se dice de pasada, pero no queda claro en el texto. Es decir, condenar
las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Afganistán
--o la redacción que se estime más oportuna-- y que son contrarias a
todas las convenciones sobre derechos humanos firmadas por ese país; pero
que la mención de Afganistán no aparezca sólo por el hecho de que es
firmante de tal o cual convenio, sino porque es la sustancia del texto.
Por lo demás, si el itinerario que describía el señor Presidente es éste,
nosotros daremos nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: A nuestro grupo le satisface el que, de alguna
forma, todos los grupos estén de acuerdo, en primer lugar, sobre el
fondo, como no podía ser menos, donde se denuncia claramente la situación
de violación de los derechos humanos en general y de una manera muy
especial de las mujeres y de las niñas.
En segundo lugar, que todos estemos de acuerdo sobre la forma. Nuestro
grupo acepta la enmienda hecha por el Grupo Socialista, que complementa
el contenido de las resoluciones propuestas en nuestro texto alternativo,
y no tengo ningún inconveniente, también en aras a la mayor precisión, en
aceptar la última propuesta hecha para que no quede ninguna duda, a pesar
de que pienso que podía quedar ya perfectamente claro por el contenido de
la resolución, pero no hay ningún inconveniente por nuestra parte en
aceptarlo también.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que lo que vamos a someter a la votación es
un texto que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a: 1. Condenar las graves violaciones de derechos humanos que
tienen lugar actualmente en Afganistán, y que son contrarios a todas las
convenciones sobre derechos humanos firmados por ese país. 2. Rechazar la
discriminación contra las mujeres puesta en práctica por las actuales
autoridades de Kabul. 3. Llevar a cabo las gestiones pertinentes en los
organismos internacionales tendentes a que, por las actuales autoridades
afganas, se garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos sin
distinción de condición, sexo u opinión, conforme a los convenios
internacionales sobre protección de los derechos humanos. 4. Reiterar el
compromiso de España en el seno de la Unión Europea con la soberanía,
independencia o integridad territorial y la unidad nacional de
Afganistán. 5. Apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas en favor de una
solución política al conflicto.
Este es el texto que recoge, por una parte, la última versión de la
propuesta del Grupo Popular y, al mismo tiempo también, la enmienda al
mismo, tal como ha sido facilitada a la Presidencia por el señor Boix.
Esto es lo que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
DICTAMENES SOBRE:
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 26 DE
JUNIO DE 1996. (Número de expediente 110/000034.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes y votación de los acuerdos
y tratados internacionales, de los cuales tenemos unos cuantos.
Punto numero 7 del orden del día, Acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República del
Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Nos alegra este acuerdo entre España y Ecuador
que tiene por objeto fomentar la cooperación económica y favorecer los
intercambios comerciales, creando unas condiciones favorables para las
inversiones de una parte contratante en el territorio de la otra parte
contratante. Este acuerdo es similar a otros acuerdos de promoción y
protección recíproca de inversiones firmado por España con otros países,
siguiéndose en todos ellos el modelo elaborado por la OCDE.
Las negociaciones para la conclusión de este Acuerdo de promoción y
protección de inversiones entre el Reino de España y la República del
Ecuador tuvieron su culminación con la rúbrica del texto en Madrid el día
24 de enero del año 1994. Posteriormente, la Dirección General de
Inversiones Exteriores del Ministerio de Comercio y Turismo español
propuso una modificación, recogiendo una sugerencia que había sido
formulada por el Consejo General de la Inmigración; modificación que fue
aceptada por parte de Ecuador mediante nota verbal de fecha 30 de marzo
del año 1995. Este convenio permanecerá en vigor por un período inicial
de diez años y se renovará tácitamente por períodos consecutivos de cinco
años, a menos que sea denunciado. El Grupo Popular dará su voto
afirmativo al mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Múgica tiene la
palabra.
El señor MUGICA HERZOG: Simplemente, señor Presidente, señorías, quiero
mostrar el acuerdo de mi grupo parlamentario con el Acuerdo entre la
República del Ecuador y el Reino de España para la protección recíproca
de las inversiones.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPUBLICA DE TUNEZ, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 17 DE JULIO DE 1995.
(Número de expediente 110/000035.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 8 del orden del día: Acuerdo
Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros y la República de Túnez.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Solé Tura, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor SOLE TURA: El Grupo Socialista votará favorablemente este
Acuerdo Euromediterráneo --y subrayo la palabra euromediterráneo-- de
asociación entre las Comunidades Europeas y la República de Túnez.
Consideramos que es un texto que se inscribe en la línea general de
desarrollo de las relaciones de las Comunidades Europeas con el norte de
Africa, y especialmente en la línea de la política euromediterránea y,
por consiguiente, aunque su esencia principal es el desarrollo de
contactos económicos, de buenas relaciones económicas, de libre
circulación de mercancías, etcétera, el texto del acuerdo va mucho más
allá, porque en realidad se insiste una y otra vez en que se trata de
fijar un marco apropiado para el diálogo político, para favorecer el
desarrollo y la prosperidad del pueblo de Túnez, para estimular la
integración magrebí --que esto es muy importante-- y para fomentar la
cooperación, no sólo en el terreno estrictamente económico, sino también
en el social y en el cultural. En ese sentido, el título I es de una
importancia considerable, puesto que instaura lo que se denomina en el
propio texto como diálogo político regular entre las partes, y se insiste
una y otra vez en que esto permitirá consolidar la seguridad y la
estabilidad en la región mediterránea y en el Magreb en particular,
facilitará el acercamiento entre las partes y las permitirá tener en
cuenta la posición de los intereses de cada una de ellas. En definitiva,
estamos ante un mecanismo que, poniendo el acento principal,
efectivamente, en los intercambios económicos, va mucho más allá, como
decía al principio, y sienta las bases para una cooperación en una zona
tan fundamental para la estabilidad del conjunto de Europa, y muy
especialmente también para la nuestra, como es la zona mediterránea. Por
consiguiente, votaremos favorablemente esta propuesta de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, muy brevemente querría
destacar la importancia que damos a la ratificación de este acuerdo
euromediterráneo, porque creemos que tiene una grandísima importancia
política básicamente, en la medida en que se consolida (como acaba de
decir el portavoz socialista) el interés que tiene Europa por esta área
mediterránea, y se consolida el hecho de que Túnez es punta de lanza del
desarrollo de esa zona y que efectivamente es, de entre los distintos
países de esa zona, el que tiene los principios democráticos más
consolidados, y sobre eso es sobre lo que se basa este convenio, que ya
en el artículo 2 establece claramente que las reglas de juego
democráticas, el respeto a los derechos humanos es su fundamento. Por
tanto, el subrayar el carácter mediterráneo de la política exterior
comunitaria, si es que ese concepto lo podemos utilizar, nos parece de
máximo interés, como nos parece también --y no queríamos pasarlo por
alto-- el hecho de que aquí se establezca una cooperación económica que
puede tener una gran trascendencia a medio y largo plazo aun en el caso
de que a veces --y así será muy probablemente-- pueda entrar en oposición
con intereses particulares españoles. Es decir, el hecho que a nosotros
nos parece muy positivo --y queríamos subrayarlo-- es cómo el interés
común de buscar el mejor desarrollo de la zona del norte de Africa y, en
general, de la cuenca mediterránea, prevalece sobre el hecho --que
efectivamente puede ocurrir-- de que determinadas ventajas económicas, o
simplemente el mejorar la libertad de comercio sobre determinados
productos con respecto a Túnez, pueda a veces en algún caso perjudicar
algún interés particular español.
Por último, señor Presidente, yo no sé esto cómo debería hacerlo
reglamentariamente, pero querría llamar la atención de la Mesa, y en su
caso del letrado, sobre un error formal que tiene el acuerdo tal como
está publicado y que creo que de alguna manera sería bueno que fuera
solventado antes de que siguiera su curso, porque no deja de ser un texto
importante. Tal como aparece publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes», a continuación de lo que es el texto propiamente del acuerdo,
aparece publicada, sin más, prácticamente sin explicación, una corrección
de errores que da nueva redacción a artículos que aparecen con
anterioridad. Incluso, para acabar de aumentar la confusión, no se
mencionan los artículos a los cuales se está dando nueva redacción.
Pondré un ejemplo. A partir de la página 17 de la publicación, donde
aparece, corrigendum, acuerdo euromediterráneo por el que se crea...
dice: Las páginas, tal y tal se sustituyen por las que figuran a
continuación. Las páginas tal y tal no son las páginas de este boletín,
son las páginas, en su caso, del diario de las Comunidades Europeas donde
eso debiera aparecer publicado. A continuación, sólo después de una labor
de cotejo, uno acaba sabiendo cuál es el texto que aparece con redacción
distinta.
Por tanto, creo que todo esto debería ser revisado; no toca para nada el
propio contenido del acuerdo, pero dejar esto tal cual está claramente
induce a confusión en aspectos importantes. No sé exactamente cuál es el
procedimiento para revisar formalmente este documento, pero creo que
debería hacerse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans; el procedimiento comienza
precisamente por lo que usted acaba de hacer, que es llamar la atención
sobre los errores que se hayan podido cometer en la publicación por parte
de esta casa del texto originario. Tiene usted toda la razón en señalar
que al fin y al cabo estamos procediendo a la realización de una tarea
legislativa que naturalmente se aplica a textos concretos, y sería grave
que esos textos concretos no fueran fehacientes. De manera que la
Presidencia hará saber a los servicios correspondientes de la Cámara los
errores que usted acaba de detectar y pedirá formalmente que se proceda a
la publicación de una versión revisada y en
orden de todo el texto. Le agradezco su colaboración en este sentido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Vamos a dictaminar sobre el Acuerdo
Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la república de Túnez
por otra.
Quiero llamar su atención sobre lo que considero una importante
singularidad del mismo. Como saben, en noviembre de 1995 se celebró en
Barcelona la Conferencia Euromediterránea. Allí ya se estableció la
necesidad, por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de
reforzar las políticas comunes con el Magreb, con el norte de Africa y,
en una palabra, con la cuenca mediterránea en general, orientadas a
fortalecer la estabilidad de esa importante área geográfica, y de la que,
sin duda, los primeros Estados beneficiarios serán los ribereños,
encontrándose España a la cabeza por su característica de Estado
fronterizo más próximo al Magreb. La singularidad radica en que la
aprobación de este acuerdo significa, en caso de que así lo estimen SS.
SS., repito, el primero de una serie de pasos que deben marcar, en el
siglo XXI, intereses comunes de la región mencionada, la cuenca
mediterránea y la Unión Europea.
Por tanto, comunico que el grupo al que represento, el Grupo Popular,
votará a favor del dictamen.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Acuerdo Euromediterráneo
entre las Comunidades Europeas, sus Estados miembros y la República de
Túnez.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA RELATIVO A LA READMISION DE PERSONAS EN
SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (Número
de expediente 110/000036.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 9, Acuerdo entre España y Rumanía
relativo a la readmisión de personas en situación irregular.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Dicho Acuerdo fue negociado en diciembre de
1995 en Madrid, entre las delegaciones de España y Rumanía. Es de
destacar el esfuerzo que en los últimos meses ha realizado Rumanía para
poner fin a la emigración ilegal a los países de la Unión Europea. Hay
países dentro de la Unión Europea que han firmado ya acuerdos similares a
éste, adoptándose también unas medidas internas en materia de
nacionalidad y de expedición de pasaportes con el objetivo de controlar
los posibles flujos migratorios dirigidos especialmente a Europa
occidental.
Este acuerdo se acompañó de un canje de notas en materia de supresión de
visados a titulares de pasaportes diplomáticos que examinaremos en el
próximo punto del orden del día de esta Comisión. Este acuerdo consta de
13 artículos, debiendo destacar los dos primeros, que prevén las
condiciones en las que la parte contratante requerida se compromete a
readmitir en su territorio a todas aquellas personas de las que se pruebe
o se presuma razonablemente su nacionalidad. En los artículos 6 al 9 se
regulan las condiciones del tránsito de nacionales de terceros Estados
que sean objeto de medidas de extrañamiento.
Por todo ello, y porque consideramos la necesidad de que este acuerdo
esté vigente, el Grupo Popular va a votarlo favorablemente.
El señor PRESIDENTE: No habiendo más grupos que deseen hacer uso de la
palabra, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA EN
MATERIA DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS,
FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996. (Número de expediente
110/000037.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 10 del orden del día, Canje de notas
constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de
visados a titulares de pasaportes diplomáticos.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Este Canje de notas, que va íntimamente unido
al punto anterior que hemos tratado, consta de siete puntos dispositivos
y prevé que los nacionales de ambos países, titulares de pasaporte
diplomático en vigor, puedan entrar y permanecer sin visado en uno y otro
país por una estancia de hasta 90 días. Grecia e Italia han firmado ya
acuerdos de este tipo con Rumanía en la línea en la que el Gobierno
rumano ha venido actuando en los últimos meses para acabar con esa
emigración ilegal y regularizar los problemas con los Estados miembros de
Schengen.
La entrada en vigor se producirá 30 días después de la fecha de la última
notificación por vía diplomática del cumplimiento de los respectivos
requisitos legales internos.
El Grupo Popular, al que represento, va a votar favorablemente este Canje
de notas.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TERCER TRATADO SUPLEMENTARIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, HECHO EN MADRID EL 12 DE ABRIL DE 1996.
(Número de expediente 110/00038.)
El señor PRESIDENTE: Punto 11 del orden del día, Tercer Tratado
Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Múgica.
El señor MUGICA HERZOG: Señorías, el Tratado de Extradición,
complementario de otros anteriores, entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América consta de un breve párrafo preambular y cinco
artículos que actúan en el sentido fundamental de que la parte requerida
por la parte requirente, sea cual sea, los Estados Unidos o el Reino de
España, entregará a la persona reclamada, de acuerdo con el propio
procedimiento, sin exigir la presentación de los documentos previstos en
el artículo 10 de este Tratado, si la persona reclamada consiente
libremente ante una autoridad judicial en su entrega a la parte
requirente. El consentimiento de la persona reclamada puede incluso ir de
acuerdo con la renuncia del principio de especialidad, tal y como se
recoge en el artículo 23 de este Tratado.
Este es el tercer tratado suplementario de un convenio de extradición con
Estados Unidos que es importante, dada la fuerza de los Estados Unidos,
el sentido que tiene nuestra buena alianza con ellos y la cooperación en
todos los extremos, entre los cuales se encuentra la cooperación
judicial, policial y penal.
Por eso, el Grupo Socialista va a votar afirmativamente este Tratado
suplementario, complementario de los anteriores de extradición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Solamente para complementar y puntualizar la
intervención del representante del Partido Socialista.
Anuncio de antemano el voto afirmativo de nuestro grupo, y quiero
recordar a SS. SS. que en los últimos tiempos se han venido produciendo,
como todos conocen, numerosos casos de denegación de solicitud de
extradiciones entre España y Estados Unidos, siempre en aplicación de las
disposiciones vigentes en el tratado bilateral en materia de
prescripción.
Por esta razón, ambos países decidieron, de común acuerdo, concluir un
tercer tratado suplementario con una nueva redacción, que permitiera
mayor agilidad en la aplicación de la referida prescripción. Este
tratado, que se negoció en Madrid en septiembre de 1995, fue rubricado en
Washington durante la visita del Ministro de Justicia e Interior el 31 de
octubre del mismo año. El Consejo de Ministros autorizó la firma y lo
remitió, después del dictamen del Consejo de Estado, a las Cortes.
Para mejorar las relaciones, siempre buenas, entre España y Estados
Unidos, nuestro grupo pide el voto afirmativo a este tratado.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del Tercer Tratado
Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL PARA LA CONTRUCCION DE UN PUENTE
INTERNACIONAL SOBRE EL RIO AGUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA FREGENEDA
(ESPAÑA) Y BARÇA D'ALVA (PORTUGAL), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL
18 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000039.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 12 del orden del día: Convenio entre
España y Portugal para la construcción de un puente internacional sobre
el río Agueda entre las localidades de La Fregeneda, en España, y Barça
d'Alva, en Portugal. Firmado «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de
1996.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor de Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Nuestro grupo dará su voto favorable a este
convenio de construcción de un puente internacional sobre el río Agueda
entre La Fregeneda, en España, y Barça d'Alva, en Portugal.
Es un proyecto de gran importancia, porque conectará el nordeste de
Portugal, la zona áspera y difícil de esos dos montes, con el norte de
Salamanca y con el sur de Zamora, que no tienen ahora mismo conexiones
alternativas importantes. El proyecto de dicho puente y accesos fue
acordado en 1993 entre el Ministerio de Obras Públicas, hoy de Fomento, y
su homólogo portugués. A continuación, se firmó un convenio «ad
referendum» el 18 de enero de 1996. España redacta el proyecto, la
adjudicación, construcción y ejecución de las obras de acuerdo con
Portugal y los gastos serán a partes iguales, lo mismo que la ayudas
conseguidas para la realización de dicho proyecto. Cada Estado,
lógicamente, será propietario de la parte del puente y de los accesos
situados en
los respectivos territorios y la línea fronteriza será trazada, como de
costumbre, por la Comisión Internacional de Límites.
Cabe subrayar que dicho proyecto es análogo al que esta Comisión aprobó
recientemente en referencia al puente internacional sobre el río Caia,
entre España y Portugal, concretamente entre Badajoz y Elvas, al cual
también se refiere el preceptivo informe del Consejo de Estado.
Esto es todo y por ello votaremos afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ BARNUEVO: Hablo en nombre del Diputado don Jesús Caldera,
quien me pide que lea un pequeño texto como Diputado por Salamanca. Dice
lo siguiente: Señor Presidente, muestro nuestra satisfacción, espero que
compartida por todos los grupos de la Cámara, ante la solicitud de
autorización para la aprobación del presente convenio al que vamos a
conceder nuestro apoyo.
Muchos de nosotros llevamos años trabajando para su consecución. Me
gustaría mencionar de forma especial a quien fuera compañero y Diputado,
don Ciriaco de Vicente Martín, quien a comienzos de los años 80 comenzó
la labor de sensibilización de ambos gobiernos sobre la necesidad de
construir este puente internacional que ahora ve sus frutos. Han sido
igualmente objeto de debate, acuerdo y esperanza en los encuentros del
Grupo parlamentario de amistad España-Portugal.
Dicho esto, fue en 1993, por fin, cuando ambos países acordaron la
construcción de un puente internacional destinado al tráfico por
carretera que uniera la zona norte de Salamanca y sur de Zamora con el
nordeste de Portugal. No hay duda de la importancia política, social y
económica de esta iniciativa. Supone favorecer, aún más, la unión de dos
pueblos hermanos, acrecentará el excelente nivel de relaciones y los
fortísimos lazos económicos entre España y Portugal, consolidando a
nuestro país como el primer inversor y socio de Portugal, así como su
primer suministrador de mercancías, bienes y servicios.
Salamanca y Zamora con sus gentes quieren ser copartícipes de estos lazos
que deben estrecharse aún más. Sólo me queda una duda: su financiación.
Acordado está financiar esta obra a partes iguales, aproximadamente 400
millones de pesetas, pero en el proyecto de ley de presupuestos para
1997, a debate en la Cámara, no figura previsión alguna para esta obra.
Espero que el Gobierno pueda resolver ese déficit del año 1997.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Convenio entre España y
Portugal para la construcción de un puente internacional sobre el río
Agueda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO NUMERO 7 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ESTRASBURGO EL 22 DE
NOVIEMBRE DE 1984, ASI COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A
FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. (Número de expediente:
110/000040.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: Protocolo número
7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, así como
reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la
ratificación.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Como es sabido, los protocolos al Convenio para la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales del Consejo
de Europa, llamado Convenio de Roma, constituyen el mecanismo para el
desarrollo de este Convenio, adaptándolo a las nuevas exigencias y
situaciones que se producen con el paso de los años. Hace algún tiempo
tuve el honor de expresar la opinión del Grupo Socialista en esta misma
Comisión en relación con el protocolo número 11, que es un protocolo
importante, puesto que adapta la situación y el funcionamiento del
Tribunal de Derechos Humanos a las nuevas exigencias.
El protocolo número 7 que hoy estamos discutiendo tiene ya una historia,
puesto que se firmó el 22 de noviembre de 1984. Fue firmado «ad
referendum» por la mayoría (no todos) de los miembros del Consejo de
Europa en aquel momento; entre ellos desde luego estaba España. Por
consiguiente, lo que ahora se nos propone es su ratificación, es decir,
la definitiva prestación del consentimiento del Estado.
Este protocolo número 7 desarrolla, como antes decía, el Convenio de Roma
en algunos aspectos fundamentales y amplía su contenido con el
reconocimiento también de algunos derechos importantes; entre ellos cabe
destacar los siguientes: en primer lugar, el derecho del extranjero que
resida legalmente en el territorio de un Estado miembro a recurrir contra
su eventual expulsión por decisión de las autoridades nacionales. En
segundo lugar, el derecho a recurrir contra una sentencia penal
condenatoria. En tercer lugar, el derecho a una indemnización en favor de
los afectados por una sentencia penal que resulte posteriormente anulada
o que sean beneficiarios de una medida de gracia por haberse producido un
error judicial. El cuarto aspecto a señalar es la reafirmación del
principio de «non bis in idem», es decir, que nadie podrá ser inculpado o
sancionado penalmente por una infracción de la que ya hubiese sido
absuelto o condenado en virtud de sentencia conforme a ley. Y el quinto
aspecto que quiero subrayar es la afirmación clara y rotunda de la
igualdad de derechos y responsabilidades civiles de los cónyuges entre sí
y en las relaciones
con sus hijos durante el matrimonio y en caso de disolución. De hecho
--insisto-- esto se firmó «ad referendum» en noviembre de 1984 y casi
todos estos derechos están prácticamente incorporados a nuestro sistema
penal y civil, tanto en el aspecto sustantivo como en el procedimental.
Sin embargo, el Consejo de Ministros, al solicitar esa autorización del
Congreso para su ratificación definitiva, considera necesario formular
una reserva y dos declaraciones, y a ello me voy a referir.
La reserva se refiere al artículo 3 del protocolo sobre indemnización,
que antes he citado, en caso de anulación de sentencias penales firmes
por error judicial o por medida de gracia. Ahí está la clave del asunto.
El Gobierno insiste en que el artículo 960 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal regula el procedimiento al respecto y, de acuerdo con el
artículo 62, letra i), de la Constitución Española, que otorga la
prerrogativa de gracia del Rey, señala que el derecho de gracia queda
expresamente excluido del campo de aplicación del citado artículo 3 del
protocolo, es decir, que no se puede solicitar indemnización en caso de
ejercicio del derecho de gracia.
En cuanto a las declaraciones, cabe decir que las dos intentan precisar
conceptos genéricos; por ejemplo, la referencia al más alto órgano
jurisdiccional que se concreta en la declaración primera en la cita al
Tribunal Supremo, o conceptos como los de infracción, procedimiento o
decisión, que en este caso se especifica que serán siempre calificados
como tales por la legislación penal española.
Tanto la reserva como las dos declaraciones son absolutamente pertinentes
y, por consiguiente, el Grupo Parlamentario Socialista va a aprobar la
rectificación del protocolo y también las propuestas de reserva y
declaraciones por considerarlas absolutamente ajustadas al espíritu del
acuerdo y, en este sentido, como decía, votaremos afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del Protocolo número
7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE
LETONIA, ESTONIA Y POLONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS
EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE
MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000041.)
El señor PRESIDENTE: Punto 14 del orden del día: Declaración de
aceptación por parte de España de las adhesiones de Letonia, Estonia y
Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
¿Grupo que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Milián, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, éste es un acuerdo que se toma
en virtud, como ha dicho usted en el enunciado, del convenio relativo a
la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial,
que se firmó en La Haya en el año 1970. España lo hizo el 21 de octubre
de 1996. Este convenio lo firmó para la obtención de pruebas en el
extranjero en materia comercial y civil y se conoce como Convenio número
20. Se depositó el instrumento de ratificación del Convenio el 22 de mayo
de 1987 y entró en vigor el mes de junio siguiente.
Este convenio tiene por finalidad facilitar, entre otras cosas, la
práctica de pruebas en el extranjero en materias específicas, civil o
comercial, mediante la ordenación de las llamadas comisiones rogatorias y
la ejecución de otras actuaciones judiciales que amplían las facultades
de los representantes diplomáticos y consulares. En el artículo 39 se
establece que todo Estado no representado en el undécimo período de
sesiones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado, que fuere miembro de la conferencia o de las Naciones Unidas, o
de un organismo especializado de las mismas, o que fuera a su vez parte
en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podrá adherirse al
convenio después de la entrada en vigor general. Es el caso de Letonia,
que se adhirió al Convenio número 20 de La Haya, del 28 de marzo de 1995;
el caso de Estonia, que lo hizo el 2 de febrero de 1996, y el de Polonia,
que lo hace, a su vez, el 13 de febrero de 1996. En el párrafo 4 de este
artículo 39 se estipula que la adhesión de un Estado no surtirá efecto en
las relaciones entre el Estado adherido y los Estados contratantes que
hubiesen declarado aceptar dicha adhesión, la cual entrará en vigor a los
sesenta días del depósito de la declaración de aceptación.
Este es un Convenio, como he dicho, que surte efectos importantes para
los tratamientos de temas judiciales, que tiene algunas características
muy peculiares, pero sobre todo que facilita en gran manera lo que pueden
ser las relaciones específicas en el seguimiento por las leyes de
aquellos incursos en causas civiles o comerciales que frecuentemente han
buscado el acomodo en otros países para aligerarse de sus
responsabilidades frente a la ley de los suyos propios. Consecuentemente
creemos que es un instrumento de gran utilidad y, en este sentido,
nuestro grupo va a apoyarlo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, nos parece que éste es un
convenio importante. A veces en esta Comisión, por el volumen de trabajo
en la aprobación de informes sobre convenios, podemos llegar a equiparar
más o menos los convenios como si tuvieran todos la misma relevancia y a
poner en el mismo saco --si se me permite la expresión-- convenios que no
pasan de ser, a pesar de la importancia que tengan, declaraciones
políticas de mayor o menor entidad, de convenios como éste cuyo informe
en este momento se aprobará, imagino, que tiene repercusiones prácticas
para los ciudadanos, evidentemente para aquella parte de los ciudadanos a
quienes esto afecta. Este es uno de ellos. Este es un convenio que tiene
consecuencias prácticas, que las tendrá inmediatas desde el momento en
que entre en vigor para España en la medida en que, efectivamente, como
ha dicho el portavoz Popular, simplifica de forma muy importante la
obtención de pruebas en el extranjero, y eso tiene consecuencias
importantes para la vida comercial.
En este sentido, el hecho de que estemos, aunque sea brevemente,
discutiendo este convenio aquí es buena señal porque significa que las
inversiones crecen. Sólo cuando hay inversiones de un país en otro hay
litigios (si no hay inversiones no hay litigios) y sólo cuando hay
litigios es necesario pasar a canalizar la obtención de pruebas en el
extranjero. Si invertimos el razonamiento, el hecho de que estemos
aprobando un convenio para facilitar la obtención de pruebas
testificales, de documentos, etcétera, en materia civil y mercantil, en
países como Letonia, Estonia y Polonia, que hasta hace muy poco parecían
muy remotos desde el punto de vista del tráfico comercial, es muy buena
señal de que las relaciones comerciales entre España y esos países se
incrementan y que, por tanto, vamos a poner en marcha un instrumento muy
favorable para esas relaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Boix, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor BOIX PASTOR: Muy brevemente, después de lo ya aportado por las
señorías que me han precedido, quiero manifestar que el Grupo
Parlamentario Socialista votará faborablemente, dado que entendemos que
este convenio facilitará el funcionamiento de la Administración de
justicia respecto a los procedimientos civiles y mercantiles en que sea
necesario practicar pruebas en el extranjero en relación a ciudadanos
españoles o recíprocamente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la Declaración de
aceptación por parte de España de las adhesiones de Letonia, Estonia y
Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE
COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN
BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995. (Número de expediente 110/000042.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 15 del orden del día: Tratado entre el
Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza
entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Señor Presidente, se trata de un tratado que
tiene un claro antecedente en el Convenio-marco europeo sobre cooperación
transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales del Consejo
Europeo, hecho precisamente en el año 1980. (El señor Vicepresidente,
Milián Mestre, ocupa la Presidencia.) Sucedió entonces que en el
instrumento de ratificación España incluyó una declaración unilateral en
que se subordinaba la efectiva aplicación de dicho convenio a la
celebración de acuerdos interestatales y, en defecto de estos últimos, la
eficacia de los convenios de colaboración suscritos entre entidades
territoriales fronterizas requería la conformidad expresa de los
gobiernos de las partes. Precisamente en la cumbre hispano-francesa de
Foix se aprobó y se decidió proceder a la negociación y firma. Lo que
ocurre es que la interrupción del período legislativo y la celebración de
elecciones lo demoró, por lo que, de una forma y otra, implícitamente
tenemos que volver a proceder a la aprobación por parte de las Cortes de
dicho tratado.
Este tratado es importante porque va a permitir la aplicación de los
principios del ya citado convenio-marco europeo en los que el tratado
precisamente se inspira y hará posible levantar la declaración unilateral
española, primero, respecto a Francia y, posteriormente, si se suscriben
tratados similares de la misma naturaleza, respecto a Portugal y Andorra.
Yo sólo quiero señalar que, en cuanto al contenido, dicho tratado
constituye el marco jurídico en el que se debe desarrollar la cooperación
entre entidades territoriales de los dos países, en este caso,
naturalmente, entre Francia y España, que están situadas a uno y otro
lado de la frontera. Como no escapa a SS. SS., uno de los temas que
implican la construcción europea es precisamente un incremento de la
cooperación entre países que estaban separados por fronteras y, de una
forma y otra, la incorporación de otros entes territoriales que a veces
están directamente implicados por esa proximidad geográfica. Por tanto,
el ámbito geográfico establecido en el tratado supera el concepto de
estricta vecindad contemplado en el convenio-marco del Consejo de Europa,
al incluir por parte española a las comunidades autónomas fronterizas y a
todas las provincias y territorios históricos.
Quiero señalar que en este tema hubo, en su momento, una cierta
disconformidad respecto a lo que preveía el tratado en relación a la
presencia autonómica y a cómo debería procederse en los acuerdos y el
reconocimiento de los mismos por parte de determinadas comunidades
autónomas del Estado español, especialmente por las comunidades
autónomas del País Vasco, de Navarra, Aragón y Cataluña. En el Congreso
de los Diputados se procedió, en mayo de 1995, a la aprobación de una
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
que trataba de solucionar dos temas sobre los que había una cierta
disconformidad. Uno de ellos era la presencia permanente de
representantes de las comunidades autónomas en la Comisión. Debo señalar
que el convenio, en principio, preveía que dichas presencias se harían en
función del orden del día. Ese asunto quedó subsanado en la proposición
no de ley. También había una cierta discrepancia respecto a cómo debía
procederse. Por una parte, el Gobierno español exigía en el redactado
inicial que para la eficacia de los convenios el artículo 12 establecía
la conformidad expresa y previa del Gobierno español. En cambio, en
función de la proposición no de ley lo que se acordó en su momento fue
que la eficacia de los convenios era efectiva ya si las comunidades
autónomas que lo suscribían lo comunicaban al Gobierno del Estado en el
plazo pertinente para que éste, si estaba disconforme, pudiera ejercer su
oposición. Quiero señalar en ese sentido que la presencia de las
comunidades autónomas en la Comisión no tiene mayor problema y, por
tanto, es suficiente con comunicarlo a la parte francesa. En cuanto a lo
que hacía referencia al artículo 12, no será suficiente con comunicarlo
porque lo que habrá que hacer es adecuar, por la vía del intercambio de
notas, esta posición que hace que las comunidades autónomas puedan
suscribir los acuerdos y luego el Estado, si no está de acuerdo, hacer
las objeciones pertinentes. Pienso que vamos a volver a ver ese convenio,
no estrictamente el convenio pero sí un intercambio de notas que tendrá
que solucionar ese asunto que está en curso de resolución.
Mi grupo parlamentario pide la aprobación y el voto favorable porque hay
algunos temas que ya están en marcha, por ejemplo, el túnel de Salao y
otros proyectos, y si se retrasa la aprobación del convenio puede
representar una demora en la realización de unas obras y de una
aproximación desde el punto de vista de facilitar las infraestructuras
entre los Estados francés y español y entre las comunidades autónomas
transfronterizas o próximas a la otra parte.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Nuestro grupo va a votar favorablemente la
aprobación del Tratado entre el Reino de España y la República Francesa
sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en
Bayona en el año 1995.
Quiero hacer alguna precisión. Este tratado viene a confirmar legalmente
lo que es una antiquísima tradición de cooperación transfronteriza, al
margen o independientemente de los reinos, repúblicas o situaciones
históricas dadas, porque todos los que hemos vivido o hemos tenido
representación en estas áreas sabemos que la cooperación transfronteriza
ha sido muy intensa históricamente, pero venía a complicarse o a
innovarse en función de la nueva ordenación territorial efectuada en
nuestro país a partir de la Constitución de 1978 y de la diferente
concepción territorial que tiene la República Francesa.
La portavoz socialista ha hecho un buen relato de los acontecimientos
desde el punto de vista de la parte española, pero hay que decir que
desde la parte francesa la primera dificultad para efectuar convenios
entre una parte y otra es su diversidad y su distinta concepción de la
administración territorial. Baste recordar que no existe nada parecido a
lo que es la Comunidad Autónoma vasca en el lado francés, donde el ámbito
geográfico es mucho más amplio con los llamados Pirineos atlánticos. En
consecuencia, tiene unos elementos de complicación y de complejidad no
sólo referidos a la parte española. No obstante, a partir del año 1992 la
República Francesa adoptó medidas más precisas en relación a esa
administración territorial, y eso ha hecho posible un tipo de acuerdo o
convenio entre la administración territorial de ambos lados de los
Pirineos y ahora se trata de darle la aprobación. En ese sentido hay que
decir que este tratado viene a clarificar las posibilidades de una manera
bastante precisa a ambos lados de la frontera y lo que hace, como dije
anteriormente, es continuar una tradición a través de municipios, de
familias, de personas, de empresas, etcétera, pero lo que se tiene en
cuenta ahora es la nueva ordenación territorial española y también la
nueva disposición francesa en esta dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a proceder a la votación
del Tratado, a que se refiere el número 15 del orden del día, entre el
Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza
entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, HECHO EN NUEVA YORK EL
28 DE SEPTIEMBRE DE 1954, ASI COMO RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL
MOMENTO DE LA ADHESION. (Número de expediente 110/000043.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Punto número 16 del orden del
día: Convención sobre el estatuto de los apátridas, hecho en Nueva York
el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en
el momento de la adhesión.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: España lleva a cabo, en 1978, la adhesión a la
Convención sobre el estatuto de los refugiados y al Protocolo sobre dicho
estatuto. Estos instrumentos sólo comprenden a apátridas que son a
la vez refugiados, por lo que muchos son los que se quedan sin regular.
Para evitar esta laguna la Convención sobre el estatuto de los apátridas
fue adoptada en septiembre de 1954. A España no le interesó adherirse a
la convención debido a la legislación vigente en aquel momento; hoy, sin
embargo, sus disposiciones no suponen un trato más beneficioso para los
apátridas que el que dispensa la legislación vigente. Además, España
desea cada vez más promocionar y defender los derechos humanos, las
libertades y la democracia. Por ello, consideramos que es aconsejable que
nuestro país sea parte en el mayor número posible de instrumentos
jurídicos internacionales en esta materia.
En esta línea, la Convención sobre el estatuto de los apátridas cubre un
campo importante para la protección de las personas que carecen de
nacionalidad y, por tanto, de los mecanismos de defensa derivados de este
hecho. Consta la Convención de un preámbulo y de 42 artículos en los que
se regulan los derechos y obligaciones de los apátridas, que no voy a
entrar a analizar, pero sí quiero destacar la realización por España, en
el momento de la adhesión, de una reserva referida al hecho de la
necesidad de adecuar el régimen fiscal aplicable a los apátridas, de
manera que las disposiciones del párrafo primero del artículo 29 de la
convención sólo sean aplicables a los apátridas que sean residentes en el
territorio de los Estados parte en la misma. La adhesión de España
entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se efectúe el
depósito del correspondiente instrumento de adhesión en poder del
Secretario General de Naciones Unidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene la palabra el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Aunque España está adherida, desde 1978, a la
Convención sobre el estatuto del refugiado y al Protocolo sobre el
estatuto de los refugiados, parece evidente que estos dos instrumentos no
contemplaban la situación de aquellos apátridas que no eran a la vez
refugiados. Nuestra vinculación ahora a esta convención corrige esa
carencia. La convención procede de la posguerra y cuando uno mira su
texto encontramos referencias a los apátridas que lo son como
consecuencia de deportaciones producidas durante la guerra mundial;
encontramos referencia a los derechos de los apátridas a ser dotados o
provistos de cartillas de racionamiento, etcétera. Sin embargo, lo que es
importante es que esta convención, desde la perspectiva de los derechos
humanos, confiere a los apátridas los mismos derechos que cualquier
nacional en el Estado miembro que pasa a ser parte de la convención, como
va a ser ahora el caso de España, en cuanto a la libertad de circulación,
a la religión, a la no discriminación, a la propiedad tanto material como
intelectual, a los derechos de asociación, de acceso a los tribunales, al
empleo, a la vivienda, a la asistencia pública, etcétera. Por tanto, nos
felicitamos de que España, lo mismo que otros doce países de la Unión
Europea, se una a esta Convención sobre el estatuto de los apátridas,
hecho en Nueva York en 1954.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, nunca es tarde si la dicha
es buena. El hecho de que a estas alturas ratifiquemos este convenio ya
es de por sí una señal positiva porque, efectivamente, se echaba de menos
que España fuera parte de un instrumento de la importancia que tiene este
texto. Es cierto que en el momento en que este texto se elaboró y en que
las partes lo firmaron en su fase inicial pensaban más bien en los
deportados de la II Guerra Mundial y en aquellos casos de privación de
nacionalidad por la II Guerra Mundial o por la redistribución de
fronteras en Europa fruto del nacimiento de la guerra fría, dicho
brevemente. Sin embargo, también es cierto que hoy por hoy, en 1996, el
tema de los apátridas ha recuperado una grandísima actualidad y, por
tanto, este instrumento tiene de nuevo una importancia que nadie habría
pensado que debería tener. Me refiero básicamente a los supuestos de
apatridia africana, que cada vez son mayores y que lamentablemente, ya
sea voluntariamente incluso, o simplemente por irregularidades de los
Estados de origen de los ciudadanos que aparecen en nuestro país, el
hecho es que la cantidad de apátridas africanos que existe en nuestro
país es creciente, algunos en situación irregular, otros en una situación
regularizada con el tiempo, pero en todo caso a ellos también les es
aplicable este convenio en la medida en que no tienen nacionalidad
definida. Por tanto, la actualidad de este convenio merece ser destacada.
Desde el punto de vista técnico-jurídico --perdone el señor Presidente
esta pequeña deformación profesional-- hay un punto en el que este
convenio es regresivo respecto a nuestro derecho vigente, lo cual es
absolutamente excepcional en nuestro sistema de Derecho internacional
privado pero así es, puesto que el convenio establece que la ley personal
de los apátridas será la del domicilio y sólo en defecto del domicilio la
de la residencia habitual. Cuando este convenio entre en vigor para
España, eso pasará a modificar la regla del artículo 9 del Código Civil
en la cual ya se estaba diciendo que es la residencia habitual la que
establece la ley personal que rige para los apátridas. Por tanto,
modificar la residencia habitual por el domicilio, aunque sólo sea de
forma subsidiaria, es una regresión desde el punto de vista
técnico-jurídico. Sé que desarrollar esto es un poco complicado, pero
quería dejar constancia de ello porque tiene consecuencias prácticas
importantes, si no cuantitativamente, sí cualitativamente.
En cualquier caso, nos felicitamos por la adhesión de España a este
convenio porque, a pesar de algunas críticas a su texto porque, como
siempre, llegamos tarde y nos estamos adhiriendo a un texto que es del
año 1954 y nosotros ya habíamos evolucionado en algún punto en derecho
interno, a pesar de esta pequeña crítica formal, si se me permite, en
conjunto la valoración es positiva, incrementa la seguridad jurídica de
los apátridas y, por tanto, tiene nuestra plena aprobación.
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a votar el punto sobre la
Convención sobre el estatuto de los apátridas, hecho en Nueva York el 28
de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el
momento de adhesión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda aprobado por unanimidad.
--CANJE DE CARTAS, DE FECHAS 17 DE JULIO DE 1996 Y 19 DE AGOSTO DE 1996,
CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
CELEBRACION DE UN SEMINARIO SOBRE MISIONES DE PEQUEÑOS SATELITES (MADRID
DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000044.)
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Entramos en el punto 17 del
orden del día: Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de
agosto de 1996, constitutivo de acuerdo entre España y las Naciones
Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños
satélites, hecho en Madrid del 9 al 13 de septiembre de 1996.
Tiene la palabra el señor Múgica.
El señor MUGICA HERZOG: Señor Presidente, señorías, el tema es baladí, en
absoluto es un tema importante. Se trata del acuerdo que se quiere entre
España y Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre
misiones de pequeños satélites a celebrar en Madrid. En su día, el
director general de las Naciones Unidas emitió una carta al representante
permanente de España ante las Naciones Unidas para organizar este
seminario. (El señor Vicepresidente, Estrella Pedrola, ocupa la
Presidencia.) Como decía, es baladí pero también es significativo,
porque, una vez más, España en estos momentos aparece como un país con su
capacidad técnica, con su capacidad de acogida para organizar congresos y
reuniones de todo tipo, desde la reunión de Madrid que dio origen a un
proceso de paz en Oriente Medio hasta la celebración de un seminario
sobre misiones de pequeños satélites precisamente por la capacidad de
España en este sentido, por el alto nivel técnico que ha llegado alcanzar
el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de lo cual nos
congratulamos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista votará a
favor de este acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: El Grupo Popular votará también afirmativamente
este acuerdo en base a la consideración positiva que le merece, sin que
obste a dicha consideración positiva el hecho de que el seminario
previsto en este acuerdo se haya celebrado ya, en primer lugar, porque
dicha celebración estaba prevista y, de hecho, el acuerdo entró en vigor
de modo provisional desde el momento de la firma por ambas partes y, en
segundo lugar, por la importancia que para los intereses de España tenía
el citado acuerdo, siendo conscientes del papel que desarrollaba el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en esta materia, todo lo cual
justifica suficientemente el voto afirmativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a someter a votación
el canje de cartas constitutivo de acuerdo entre España y las Naciones
Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños
satélites.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--MEMORANDUM DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACION CON RESPECTO A LA 38 REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL
SOBRE EL ARROZ (SEVILLA, 14 A 17 DE MAYO DE 1996). (Número de expediente
110/000045.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos al punto 18:
Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación
con respecto a la 38 reunión del Grupo Intergubernamental sobre el arroz,
Sevilla, del 14 al 17 de mayo de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, durante la trigésima séptima sesión
del Grupo Intergubernamental del arroz de la FAO, celebrada en Bangkok,
Tailandia, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1995, la delegación
española invitó formalmente al grupo a celebrar su siguiente reunión en
Sevilla a mediados del año 1996, y a tal efecto y con este propósito se
somete hoy a dictamen de la Comisión un memorándum de responsabilidades
asumido entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación respecto a la que ha sido trigésima
octava reunión del Grupo Intergubernamental sobre el arroz y que tuvo
lugar en Sevilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: No voy a añadir mucho a lo que ha dicho
el portavoz del Grupo Popular. Solamente quiero destacar la importancia
que tiene para España el tema de la producción, el consumo y el comercio
de arroz, especialmente dicho por un Diputado por Sevilla, ciudad en la
que se celebró la reunión y donde la agricultura probablemente en un
tercio dependa del cultivo del arroz de las marismas del Guadalquivir.
Fue muy importante esta reunión sobre el memorándum de acuerdo con la FAO
en el que se señalan diversos aspectos relacionados con lo que acabo de
citar de la producción, el consumo y el comercio del arroz. Por tanto,
vamos a votar a favor de este punto.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Vamos a proceder a la
votación del Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino
de España y la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y
la alimentación, con respecto a la 38 reunión del Grupo
Intergubernamental sobre el arroz.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO
DE 1996. (Número de expediente 110/000046.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 19: Acuerdo de
cooperación económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Estamos ante un acuerdo que debe arbitrar, de
alguna manera, el ordenamiento de un espectacular crecimiento en las
relaciones comerciales entre ambos países y que, de forma muy especial y
por razones en algún caso coyunturales pero que han favorecido la
tendencia, necesitan ese refuerzo financiero para el establecimiento de
una serie de empresas e industrias españolas que se asientan en el
Magreb, y de forma muy particular en Túnez y en Marruecos. En este caso,
el escenario es conveniente a los apoyos económico-financieros no sólo
por razones de vecindad, sino incluso por razones de interés político,
puesto que ha sido tendencia general --y nuestros gobiernos así lo han
manifestado desde hace algunos lustros, no solamente el último sino
gobiernos socialistas-- el empeño por apoyar la economía del Magreb,
buscando justamente el equilibrio demográfico y la anulación de otras
derivaciones que puedan producirse más allá del estrecho.
En segundo lugar, ante la evolución y el marchamo que han adoptado estas
relaciones comerciales y financieras, es imprescindible un instrumento
que pueda facilitar no solamente el hábito normal de las relaciones
comerciales, sino incluso la implantación de las industrias que, por
nuestra parte y desde hace un lustro, se están acometiendo en Marruecos
de forma harto espectacular.
En tercer lugar, este acuerdo favorece también el apoyo a las
joint-ventures, puesto que la cooperación se está estableciendo ya a
nivel de titularidad en las propias industrias mixtas que se están
constituyendo entre ambas partes, al margen de las pesquerías; y no es a
éstas a las que me estoy refiriendo, puesto que el nuevo instrumento
probablemente no las afectará demasiado.
En cuarto lugar, la creciente implantación de sectores enteros de la
economía española en Marruecos, como puede ser el textil, hace que el
Gobierno tenga que acometer algunas apoyaturas de orden
financiero-económico para facilitar este tránsito industrial hacia el
sur, siguiendo la brillante teoría de las tecnologías maduras del
profesor Galbraith.
Todo lo expuesto aconseja que el Gobierno dé por bueno un acuerdo que se
hizo en enero de 1995 y que fue rubricado, en Rabat, el 6 de febrero de
1996 por parte del Ministro de Comercio y Turismo del Gobierno
socialista, don Javier Gómez Navarro, y el de Finanzas del Gobierno de
Marruecos, Mohamed Kablaj. Este acuerdo consta de once artículos y un
preámbulo, de los que quiero subrayar solamente algunos aspectos, en
concreto las cantidades que el Gobierno español aportará y pondrá a
disposición de este acuerdo, que son 150.000 millones de pesetas anuales.
Por otra parte, se producirá una periodicidad de los créditos con cargo
al Fondo de Ayuda al Desarrollo, el FAD, buscando la resolución de
posibles incidencias que se puedan promover en esta, repito, creciente y
espectacular relación comercial e industrial entre ambos países; buscando
también el establecimiento de líneas específicas de financiación a las
modalidades que requieran ciertos sistemas y, por supuesto, a la
disposición de los créditos por parte de los españoles o del Gobierno
español. Por tanto, se está buscando en este caso la concreción máxima de
las operaciones, la identificación del agente marroquí, los avales
necesarios; que de esta financiación salgan beneficiadas las entidades
distintas al propio Gobierno, es decir, las de personalidad jurídica
privada; la promoción de inversiones, la creación de joint-ventures, como
decía. Por supuesto, todo esto va a contar con un comité conjunto de
seguimiento que se reunirá periódicamente, no menos de dos veces al año.
Estas medidas tienen un límite que se ha establecido en el 30 de junio
del año 2001.
En consecuencia, creemos que se trata de un paso muy importante y
significativo que aumenta y mejora la tendencia hacia la inversión
europea, especialmente la española, en nuestra vecina zona del Magreb,
por razones, como decía, no sólo de conveniencia económica sino incluso
política para atemperar las consecuencias de la explosión demográfica y
todos sus derivados. Por tanto, nuestro grupo va a votar favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación del
Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero
de 1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO EN MATERIA DE PERMISOS DE RESIDENCIA Y TRABAJO ENTRE EL REINO
DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6
DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000047.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto número 20: Acuerdo en
materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el
Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de
1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Fuentes por el Grupo Socialista.
El señor FUENTES GALLARDO: Señor Presidente, voy a intervenir brevemente
para exponer los motivos por los que vamos a votar favorablemente este
acuerdo, que supone una mejora en las condiciones de estancia de los casi
6.000 españoles que están viviendo en Marruecos y, también, equiparar su
situación con la de los residentes italianos o franceses, por poner un
ejemplo. En concreto, con este acuerdo, los nacionalistas de ambos países
se van a encontrar en la siguiente situación. El primer permiso de
residencia tendrá un año de duración, la primera renovación de este
permiso tendrá una validez de dos años y la segunda, de tres años. A
partir de los seis años consecutivos de residencia, los permisos serán
prorrogables por cinco años. Por todos estos motivos vamos a votar
favorablemente este acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, de alguna manera yo
relacionaría este acuerdo con el anterior; no se refiere exactamente a lo
mismo pero hay acciones derivadas. Cuando las inversiones anteceden a los
hombres, es inevitable que la presencia de los hombres en los países que
invierten tenga que ser constante y permanente. Este acuerdo arbitra y
mejora las condiciones actuales, puesto que había de facto una
discriminación evidente entre el tratamiento que Marruecos ofrecía a los
ciudadanos españoles y el que ofrecía, como bien ha dicho mi compañero
socialista, a los italianos, incluso a los franceses y a los de algún
otro país comunitario. Las gestiones que las autoridades españolas han
venido realizando ante las marroquíes, a distintos niveles, para
conseguir esta equiparación, han tenido buena consecuencia final y no
solamente afectará de manera directa a los 6.000 españoles sino también,
de manera mucho más directa y beneficiosa, a los más de 64.000 marroquíes
instalados en nuestro país, sin mencionar a todos aquellos que están
entrando en España de forma subrepticia y que por las regularizaciones
posteriores que acometa el Ministerio de Interior podrán adquirir la
condición de residentes. Por tanto, este acuerdo facilita notablemente su
regulación y su legalización en nuestro país. Por todo ello, nuestro
grupo, adhiriéndose a lo expresado por el colega socialista, va a votar a
favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a la votación del
Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de
España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de
febrero de 1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y
TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO
EN MADRID EL 25 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente 110/000048.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Acuerdo complementario del
Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de programas
y proyectos de cooperación y anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de
1996.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) tiene la palabra la
señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Señor Presidente, este Acuerdo complementario
del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mexicanos para el financiamiento de programas
y proyectos de cooperación pretende dotar de una mayor transparencia y
carácter contractual a las relaciones de cooperación existentes entre
ambos países, estableciendo como principio fundamental la participación
de ambos países en el financiamiento de todos los proyectos que se lleven
a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la novena
Subcomisión mixta de cooperación técnica y científica entre México y
España.
Señorías, en el ámbito de la cooperación con Iberoamérica, concretamente
con México, la creación de un fondo
mixto para la ejecución conjunta de actividades y proyectos orientados a
los objetivos antes indicados constituye una modalidad exigente para
ambas partes de mayor compromiso, de asunción de responsabilidades y de
incidencias sobre objetivos comunes. Este acuerdo, pues, señorías, abre
nuevos caminos en la cooperación bilateral en una línea de
responsabilidades mutuas que sin duda contribuirá a la consolidación y
ampliación de un espacio común entre ambos países en los diferentes
ámbitos, tanto sociales como políticos, económicos y culturales. Por
tanto, señor Presidente, señorías, el Grupo Popular votará favorablemente
este acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos directamente a la
votación del Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación
científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación
y anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN SAN SEBASTIAN EL 16
DE SEPTIEMBRE DE 1995, CANJE DE NOTAS DE 8 DE MARZO DE 1996 Y DE 13 DE
JUNIO DE 1996 POR EL QUE SE SUBSANA UN ERROR MATERIAL EN SU ARTICULO
XVII. (Número de expediente 110/000049.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 22, Acuerdo de
coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16 de
septiembre de 1995, canje de notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de
1996, por el que se subsana un error material en su artículo XVII.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Este acuerdo se firmó «ad referendum» el
16 de septiembre de 1995 en San Sebastián durante el Festival de Cine y
cubre un importante vacío, porque el acuerdo que existía anteriormente se
firmó en 1978 y no fue debidamente legalizado. Por tanto, había una
carencia de normativa jurídica para la regulación de la producción
cinematográfica entre España y México. El acuerdo va acompañado de un
canje de notas para corregir un error del texto inicial que omitía la
referencia a las competencias de las Comunidades Europeas y que ahora se
corrige, de acuerdo entre ambos gobiernos, mediante un nuevo párrafo del
artículo XVII, que establece que los compromisos suscritos por el Reino
de España en el presente acuerdo respetarán las competencias de las
Comunidades Europeas y las disposiciones emanadas de sus instituciones.
El Grupo Socialista considera que éste es un acuerdo importante por tres
razones fundamentales: primero, porque favorece la colaboración entre los
dos países para el desarrollo de nuestras respectivas industrias
cinematográficas, elemento indispensable para poder extender la presencia
de ambas en un mercado cinematográfico internacional, que tanto desde el
punto de vista de la producción como de la distribución exige un gran
esfuerzo y sumar iniciativas para hacer frente a las grandes
concentraciones financieras que intentan monopolizar el sector; segundo,
porque favorece la colaboración entre dos países fundamentales para el
desarrollo de la cultura en lengua española a través de un medio de
difusión y de comunicación tan importante como el cine, y tercero, porque
aúna los esfuerzos de renovación y las potencialidades creadoras de dos
cinematografías en pleno auge.
Por todo ello el Grupo Socialista votará favorablemente la autorización
de este acuerdo y del canje de notas que lo acompaña.
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Brevemente, señor Presidente, para indicar que el
Grupo Popular votará a favor de este Acuerdo de coproducción
cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
Entendemos que el desarrollo de una industria cultural y cinematográfica
en español pasa por acuerdos de esta naturaleza, que sin duda deben
permitir que el cine en español se consolide como uno de los cines más
fuertes y más prósperos, desde el punto de vista cultural, de nuestra
órbita cultural.
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Pasamos a votar el Acuerdo
de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, firmando «ad referendum» en San Sebastián el 16 de
septiembre de 1995, así como los canjes de notas a los que se ha hecho
referencia al enunciar este acuerdo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE
HONDURAS, SAN CRISTOBAL Y NIEVES, CHIPRE, ZIMBABWE Y COLOMBIA AL CONVENIO
SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES.
(LA HAYA, 25 DE OCTUBRE DE 1980) (Número de expediente 110/000050)
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Declaración de aceptación
por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y
Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25 de
octubre de 1980).
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Pulgar, por el Grupo Popular.
La señora PULGAR FRAILE: Países distintos y distantes como Honduras, San
Cristóbal y Nevis, Chipre, Zimbabwe y Colombia se unen en su adhesión al
XXVIII Convenio de la Conferencia de La Haya de derecho internacional
privado sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores. El convenio de referencia, de 25 de octubre de 1980, fue firmado
por España el 7 de febrero de 1986 y ratificado el 16 de junio del año
1987. Insisto en que este convenio de La Haya tiene como propósitos
esenciales el de proteger al menor contra los efectos perjudiciales de un
posible desplazamiento o impedimento del regreso con carácter ilícito,
así como establecer en esa línea unos procedimientos que garanticen el
regreso inmediato del niño al Estado de su residencia habitual,
asegurando la efectividad del derecho de visita. El artículo 38 del
convenio estipula que cualquier Estado que no fuera miembro de la
Conferencia de La Haya sobre el derecho internacional privado en su XVI
período de sesiones podrá adherirse al convenio. Sin embargo, la adhesión
surtirá efecto sólo respecto de las relaciones entre el Estado adherido y
aquellos Estados contratantes que hayan declarado su aceptación de la
adhesión. Dicha declaración será depositada en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Quiero mencionar las fechas de adhesión de estos países, que fueron:
Honduras en el año 1993, San Cristóbal y Nevis en 1994, Chipre en 1994,
Zimbabwe en 1995 y Colombia en 1996. Por supuesto que en el año 1980,
fecha de este convenio, hubiera sido imposible la adhesión al mismo por
parte de San Cristóbal y Nevis, puesto que este pequeño país caribeño,
que solamente tiene 261 kilómetros de extensión, obtuvo la independencia
en el año 1983, y algo similar se puede aplicar a Zimbabwe, puesto que su
independencia de Zimbabwe-Rhodesia también la obtuvo en el año 1980.
En la documentación recibida aparecen nombres distintos, Nieves, Nives, y
yo he utilizado esta última palabra, Nevis. En el año 1992 --supongo que
don Luis Yáñez, por su cargo, recibió también a la delegación-- yo recibí
a una delegación en el pueblo de Palos de la Frontera, donde yo era
alcaldesa, y ellos insistieron mucho en que era Nevis, y es la palabra
que yo he estado utilizando, pero podría cambiar de opinión si hay alguna
base para no utilizar esta palabra.
Finalmente quiero decir que España tiene interés en declarar la
aceptación de esta adhesión, ya que los problemas que plantea el
secuestro de menores son cada vez más frecuentes por el crecimiento de
los matrimonios entre cónyuges de distintas nacionalidades.
El señor VICEPRESIDENTE: (Estrella Pedrola): Le agradezco el comentario
que ha hecho sobre la denominación exacta, porque precisamente lo
estábamos comentando en la Mesa hace un instante. Yo rogaría a los
servicios de la Comisión que consultaran con la Delegación General de
Tratados, con objeto de que en toda la documentación que acompañe a este
instrumento aparezca la denominación correcta desde la perspectiva de la
Cancillería española.
Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Queda poco que añadir a lo ya expresado por
la portavoz del Partido Popular, aunque sí quisiera incidir en que este
convenio es una prueba bastante clara de hasta qué punto el derecho
internacional, pensado inicialmente sólo para Estados, hoy día afecta de
manera muy directa a los problemas de la vida cotidiana de los
ciudadanos. Es un problema desgraciadamente vivo y vigente que aparece
cuando el derecho de custodia o el derecho de visita a los hijos por
parte de sus progenitores separados o divorciados plantea problemas de
ejecución, y además este problema existe en el marco del derecho interno
de muchos países. Siendo esto así, imaginemos las dificultades que puede
haber cuando resulta que afecta a progenitores que están sometidos a
ordenamientos jurídicos de países diferentes, pudiéndose plantear además
que la retención ilícita del menor se realice en un país diferente de
aquel en el que se produce la custodia.
Estos problemas son, en definitiva, los que pretende resolver el XXVIII
Convenio de La Haya, con el propósito esencial de proteger al menor
contra los efectos perjudiciales de un posible desplazamiento o de un
impedimento de carácter ilícito, así como establecer en esa línea, como
ya ha expresado la portavoz del Partido Popular, unos procedimientos que
garanticen el regreso inmediato del niño o de la niña al Estado de su
residencia habitual, asegurando al mismo tiempo la efectividad del
derecho de visita.
Por todo ello mi grupo votará favorablemente esta petición de adhesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos a votación la
declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de
Honduras, San Cristóbal y Nevis --de momento--, Chipre, Zinbabwe y
Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores (La Haya, 25 de octubre de 1980).
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL ACUERDO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO
A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO
EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985, TAL COMO QUEDO ENMENDADO POR LOS
PROTOCOLOS RELATIVOS A LA ADHESION DE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA
ITALIANA, DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y DE LA
REPUBLICA HELENICA, FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990,
25 DE JUNIO DE 1994 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE
ABRIL DE 1995, ASI COMO ACUERDO DE ADHESION DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL
CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA, RELATIVO A LA
SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN
SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990, AL CUAL SE ADHIRIERON LA REPUBLICA
ITALIANA, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y LA REPUBLICA
HELENICA POR LOS ACUERDOS FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE
1990, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, ACTA FINAL
Y DECLARACION ANEJA, HECHOS EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995. (Número
de expediente 110/000051.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Les advierto que la lectura
que voy a hacer a continuación es levemente larga.
Punto 14. Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al
acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux,
de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a
la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado
en Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los
protocolos relativos a la adhesión de los Gobiernos de la República
Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la
República Helénica, firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990,
el 25 de junio de 1994 y el 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el
28 de abril de 1995, así como Acuerdo de adhesión de la República
Austriaca al Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de
junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica
Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa
relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras
comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se
adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República
Portuguesa, y la República Helénica por los acuerdos firmados
respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de septiembre de 1991 y
el 6 de noviembre de 1992, acta final y declaración aneja, hechos en
Bruselas el 28 de abril de 1995.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Este acuerdo farragoso en su enunciado en realidad
sintéticamente se reduce a dos aspectos fundamentales: el protocolo de
adhesión del Gobierno de la República de Austria al Acuerdo de Schengen
de 1985, por una parte, y el acuerdo de adhesión, también de Austria, al
Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen firmado en junio de 1990.
Austria ha solicitado adherirse tanto al Acuerdo de Schengen como al
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Sabido es que venía
gozando de un estatuto de observador en relación con los acuerdos de
Schengen, habiendo mantenido dicho estatuto hasta que Austria se ha
adherido a la Unión Europea. Una vez que se ha producido dicha adhesión,
se iniciaron las gestiones formales para su adhesión a los acuerdos de
Schengen, y ése es el motivo por el que hoy tenemos aquí este convenio.
El Acuerdo de Schengen de 1985, al cual se adhiere Austria, establece
unos contenidos genéricos para la consecución de un espacio interior sin
fronteras; contenidos que fueron concretados después en el convenio de
aplicación de 1990, que ya precisa las reglas sobre cruce de fronteras,
visados, condiciones de circulación de extranjeros, solicitudes de asilo,
etcétera. Por tanto, se trata de una adhesión de la República de Austria
tanto al Acuerdo de Schengen de 1985, de carácter general, como al
Convenio de aplicación, ya mucho más concreto, de 1990, y este acuerdo se
trae a esta Cámara precisamente por la razón de que España al ser Estado
parte de los acuerdos de Schengen tiene y adquiere, lógicamente,
obligaciones en relación con este nuevo Estado parte en el convenio.
Lo votaremos favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Tiene la palabra, por el
Grupo Popular, el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: En nombre del Grupo Popular quiero hacer
referencia a dos de los elementos que creo conviene recordar en este
convenio. El primero, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es
que Austria gozaba ya del estatuto de observador desde el 27 de junio de
1994 en Schengen, fecha en que el comité ejecutivo se lo concedió, pero
precisamente en la perspectiva de la adhesión de Austria al Convenio de
Schengen, que podría efectuarse únicamente una vez que Austria se hubiese
adherido a la Unión Europea. Por tanto, al adherirse el 1 de enero de
1995, se iniciaron las gestiones formales para su adhesión a los acuerdos
de Schengen, lo que ha culminado definitivamente el 28 de abril de 1995.
Segundo, hay que resaltar la importancia de que se suscriba también el
Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990, puesto que ésta es la
pieza clave para la puesta en práctica de los acuerdos. En él, y a
diferencia del carácter genérico del acuerdo inicial,
se contienen las disposiciones precisas sobre todas las materias
(visados, condiciones de circulación, solicitudes de asilo, cooperación
judicial, asistencia judicial en materia penal, extradición,
estupefacientes, sistema de información común, protección de datos de
carácter personal). Merece una especial mención que se incluyan,
asimismo, algunas disposiciones en materia de transporte y circulación de
mercancías. Efectivamente Austria ha solicitado adherirse a ambos
acuerdos Schengen y al convenio. Nuestro grupo parlamentario, una vez
pasado el trámite en el Consejo de Ministros y visto el informe positivo
del dictamen del Consejo de Estado, va a votar afirmativamente en favor
de la autorización de las Cortes Generales a este convenio que, en
resumidas cuentas, permite que la República de Austria participe más
estrechamente en la constitución de la Unión Europea, de la que nuestro
país es ferviente integrante y partidario.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Pasamos, por tanto, a votar
el protocolo que figura en el orden del día con el número 24, cuyo
enunciado les ahorraré en esta ocasión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA INTEGRACION DE
LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN
SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA
PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION
DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF-2000 Y DEL TORNADO
(NETMA). (Número de expediente 110/000052.)
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Punto 25: Memorándum de
entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN
de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA
(NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la
logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo,
la producción y la logística del EF-2000 y del Tornado (NETMA).
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Robles, por el Grupo Popular.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, no trataré de repetir lo que
usted acaba de leer, porque, aparte de alguna que otra palabra
complicada, contiene una muestra de la jerga otánica en su momento menos
afortunado.
Para resumir y explicar a SS. SS. de forma breve lo que se trata, diré
que este memorándum tiene por objeto determinar las disposiciones que van
a regir la integración de las agencias de gestión de la OTAN, por una
parte aquella encargada del avión Tornado, en la que no participa España,
y, por otra, aquella encargada del avión EF-2000, en la que sí participa
España, en una agencia única, así como el funcionamiento de esta misma.
España conseguirá con esta integración una serie de ventajas, quedando
exenta de cualquier tipo de responsabilidad jurídica procedente del
programa Tornado. Teniendo en cuenta que esta integración no supondrá un
incremento en la actual financiación española, España obtendrá un ahorro
de costes y ventajas en su actuación en el programa EF-2000. De hecho,
España consigue un ahorro por la utilización del centro de proceso de
datos que posee el programa Tornado, y España se encuentra, además, en
condiciones de adquirir experiencias por el acceso que tendrá la gestión
del programa Tornado. Teniendo en cuenta la importancia de dicho
programa, que irá disminuyendo en los próximos años, el porcentaje de
participación española en la Agencia integrada NETMA irá aumentando,
hasta que la desaparición del Tornado produzca que la participación en
los costes de la agencia se iguale a la participación de España al
programa EF-2000.
España obtendrá, como ya he dicho, ahorros y ventajas, sin que este
proceso suponga un incremento de costes. Es el momento de un largo
proceso de integración de dos agencias de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, proceso que ha sido sometido, como todo lo que tenga que
ver con la Alianza Atlántica y los organismos y mecanismos de seguridad
occidentales, a todos los avatares de la historia más reciente. Es
evidente que España tiene un interés muy importante en la participación
en este programa para el desarrollo, producción y apoyo en servicio de un
avión de combate llamado EF-2000, y esta integración, como ya he dicho,
redundará en beneficios y ventajas para nuestro país. Por eso nuestro
grupo votará a favor de este memorándum de entendimiento de integración
de las agencias NAMMA y NEFMA de la OTAN.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Moya Milanés.
El señor MOYA MILANES: Hay poco que añadir, dadas la lectura descriptiva
del Presidente y la explicación profusa del portavoz popular. Sólo quiero
decir que la integración de la Agencia NAMMA y la Agencia NEFMA se
concluye en una nueva Agencia integrada denominada NETMA. (Risas.) En
síntesis, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Popular, de la
integración de las dos agencias, una que se dedica a la fabricación, la
construcción y seguimiento del programa Tornado, y la otra que se dedica
al programa del EF-2000, sólo se derivan ventajas para España, que
resumidamente se pueden concretar en ventajas desde el punto de vista
industrial para nuestra industria de defensa y para nuestra investigación
tecnológica y, al mismo tiempo, sin ningún coste añadido, en cuanto que
la
conclusión de esta integración de las dos agencias no supone incrementos
financieros para España. En consecuencia, lo votaremos favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda claro, como señalaba el
portavoz del Grupo Popular, que la OTAN ha perdido mucho en claridad y en
eficacia nemotécnica. Hace unos años aprobó un concepto operativo que se
llamaba FOFA, lo cual era muy fácil de recordar por los españoles.
(Risas.)
Pasamos a votación este memorándum de entendimiento que figura con el
número 25 en el orden del día.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE (Estrella Pedrola): Queda aprobado por
unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.