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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 101, de 30/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 101
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTE: DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles, 30 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Declaración institucional en relación con la epidemia de neumonía
originada en la ciudad de Alcalá de Henares (Página 2656)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para
la inmediata integración plena en el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), del Hospital y del personal de la Fundación «Hospital de los
Santos Reyes», de Aranda de Duero (Burgos). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000080) (Página 2658)
--Sobre contratación extraordinaria de los necesarios equipos de
profesionales y trabajadores sanitarios para los meses de julio, agosto y
septiembre, con el objeto de paliar la disminución de la actividad
asistencial en los Hospitales del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) y contribuir a la reducción de las listas de espera. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000116) (Página 2662)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para
que se adquieran, mediante la figura administrativa de medicación
extranjera, los fármacos denominados Ritonavir, Indinavir y Saquinavir,
con destino a ser utilizados en nuestro país en terapias combinadas en el
tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/000114) (Página 2662)
--Sobre medidas para evitar la aprobación en la Unión Europea (UE) de la
comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como
la promoción de su suspensión definitiva. Presentada por el mismo Grupo
Parlamentario. (Número de expediente 161/000139) (Página 2666)
--Solicitud de creación de una Subcomisión para elaborar un informe sobre
los riesgos y ventajas de la biotecnología aplicada a los alimentos,
vegetales y animales, y bebidas, a la medicina y a la investigación
humana, y sus consecuencias en el medio ambiente, en la actividad
económica y en la ética de la sociedad occidental. Formulada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 158/000019) (Página 2671)
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la Comisión. Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
DECLARACION INSTITUCIONAL
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas de SS. SS. recordarán que en las
reuniones que hemos tenido previamente intenté que se hiciese una
declaración institucional sobre la epidemia de neumonía que se originó en
la Ciudad de Alcalá de Henares. Los compañeros de la ponencia me
convencieron, con toda razón, de que no era el momento ni el órgano
adecuado para hacer esta declaración porque la ponencia tiene un cometido
específico. Por ello, quedamos en tratar este tema en la Comisión de
Sanidad. Hoy se celebra la Comisión de Sanidad. La epidemia ha remitido,
lo malo es que en su momento se dijo a los medios de comunicación que se
presentaría esta petición de declaración institucional de la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados. Hoy me permito proponer una
declaración mucho más suave de la que yo tenía redactada en su momento,
porque gracias a Dios el mal ha remitido mucho y hay una preocupación por
parte de las autoridades competentes. Por lo tanto, someto a la
consideración de SS. SS. que esta Comisión de Sanidad haga la siguiente
declaración institucional, con las modificaciones que ustedes estimen
pertinentes:
En relación con la epidemia de neumonía que se ha originado en la ciudad
de Alcalá de Henares se propone a esta Comisión se haga una declaración
institucional con el siguiente sentido: Que por las Administraciones
públicas, una vez adoptadas las medidas necesarias para erradicar
totalmente dicha epidemia y evitar el rebrote de la misma, se siga
investigando con la ayuda de los más cualificados expertos sobre las
causas de este mal, y se ruega que se remitan a esta Comisión todos los
informes que se produzcan, inclusive el informe final.
El señor PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo la Comisión en hacer el trámite que
solicita el señor Gómez? (Asentimiento.)
Se aprueba por unanimidad.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
LA INMEDIATA INTEGRACION PLENA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD), DEL HOSPITAL Y DEL PERSONAL DE LA FUNDACION «HOSPITAL DE LOS
SANTOS REYES», DE ARANDA DE DUERO (BURGOS). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000080.)
El señor PRESIDENTE: Como todos ustedes saben, vamos a debatir cuatro
proposiciones no de ley, presentadas por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y una solicitud de creación de
una subcomisión. Señora Maestro, hay una propuesta del Grupo
Parlamentario Popular para discutir la tercera proposición no de ley en
segundo lugar, ya que hay Diputados que deben asistir a otras Comisiones.
¿Está de acuerdo?
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Si están de acuerdo los miembros de la Comisión,
podríamos agrupar todas las votaciones para el final, en torno a la una,
por si algún Diputado
tiene que acudir a alguna otra votación de otra Comisión. ¿Están de
acuerdo? (Asentimiento.)
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: ¿A la una no hay una invitación del señor
Presidente del Congreso?
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, eso es secundario. Lo prioritario son
los deberes de la Comisión.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Lo digo porque la votación podría celebrarse a
las doce y media.
El señor PRESIDENTE: Se votará en función de cómo se desarrolle el
debate.
Tiene la palabra la señora Maestro para defender su proposición no de
ley, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para la inmediata integración plena en el Instituto Nacional de la Salud
del Hospital y del personal de la Fundación Hospital de los Santos Reyes,
de Aranda de Duero (Burgos).
La señora MAESTRO MARTIN: Curiosamente el debate de esta proposición no
de ley se hace al día siguiente de la comparecencia ante la subcomisión
que debate acerca de la reforma sanitaria del Consejero de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, a la que se refiere la proposición no de
ley. Y se refiere también a un hecho que entiendo contempla un objetivo
de racionalización en la ordenación de los dispositivos sanitarios
existentes en la zona.
El hospital al que se refiere la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es el Hospital
de los Santos Reyes, de Aranda de Duero. Este hospital, que en estos
momentos tiene un carácter de fundación, es el único de la zona que está
prestando asistencia sanitaria a la población.
En estos momentos el hospital está gestionado y administrado por el
Insalud en virtud de un convenio renovado periódicamente, que se firmó
por primera vez en el año 1988. Se han hecho sucesivas inversiones por
parte del Insalud en la reforma de instalaciones que han permitido la
modernización de este hospital y que en estos momentos no sea ni
muchísimo menos un hospital obsoleto, de bajo rendimiento, sino que está
satisfaciendo en estos momentos adecuadamente las necesidades de la
población que, por otra parte, no tiene ningún otro dispositivo sanitario
público ni privado en la comarca.
Por otro lado, tal y como aparece en la exposición de motivos, el último
convenio firmado entre el Insalud y la Fundación, en el año 1994, recoge
en sus estipulaciones la adaptación del centro en los términos del Real
Decreto 521/87 y la integración del personal, sin que esto se haya
producido hasta el momento. Es decir, a nuestro juicio se dan todas las
condiciones necesarias para que la integración de este dispositivo
sanitario, junto con su personal, adecue, desde el punto de vista de la
titularidad, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de
vista de la financiación y de la evaluación de servicios, a la realidad
lo que lleva siendo historia ya en la atención sanitaria en la comarca de
Aranda de Duero.
Por lo tanto, solicitamos el voto favorable a esta proposición no de ley
de los grupos parlamentarios partidarios de que se proceda a la
integración plena en el Insalud del hospital y del personal de la
Fundación del Hospital de los Santos Reyes, de Aranda de Duero.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda, para cuya defensa tiene la palabra el señor Marín Izquierdo.
El señor MARIN IZQUIERDO: Después de oír a la señora Maestro, y como
parece ser que el texto de la proposición no de ley nos une a todos en el
fondo, todos queremos que esa integración se lleve a cabo tal y como
figura en el convenio firmado en enero del 1994, nuestra enmienda se
dirige más a la forma que al fondo.
Nosotros pensamos que la inmediatez que se recoge en el texto que figura
en la proposición no de ley no puede ser tal en cuanto que, como de todos
es sabido, la dificultad de integración, que no ha sido capaz de
conseguirse en dos años de Gobierno socialista, que fue el firmante del
convenio, viene precisamente por la redacción de la ley que haga
extensible a dicho hospital la requerida integración. Si la Dirección
General del Insalud desde el año 1994 hasta este año no ha sido capaz de
redactar una ley para conseguir la homologación, pensamos que la
inmediatez que se exige en esta proposición no de ley no va a ser posible
en un tiempo tan breve como relativamente la palabra indica. Nosotros
coincidimos en el fondo, queremos la integración en cuanto que no supone
ningún coste económico y que además es preciso para los 41 miembros del
hospital que están afectados por la posible integración y que son el
personal laboral que están afectados por la posible integración y que son
el personal laboral que en estos momentos, de los 306 que componen la
plantilla, no tienen la misma categoría que el resto de personal del
Insalud.
Nos hubiese gustado --en su día el Partido Popular lo reclamó-- la
construcción de un nuevo hospital en esta zona que atendiese mejor a la
población. Pero ya que no fue posible, sino la remodelación de este
hospital y la firma del convenio, creemos que esta solución puede ser la
viable en este momento.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simón de la Torre.
El señor SIMON DE LA TORRE: Tomo la palabra para manifestar que mi grupo
va a votar favorablemente la proposición no de ley que nos acaban de
presentar, porque en el fondo lo único que representa es la culminación
de un proceso que inició el Gobierno socialista a través del Insalud
cuando en 1987 éste propone al Ayuntamiento de Aranda y al patronato del
que depende el hospital la firma de un convenio por el que se hacía cargo
tanto de la gestión como de la administración del mismo, que a su vez,
con el convenio de 1994, posibilitó la homologación de los puestos de
trabajo y los salarios de los trabajadores del hospital
con respecto al Insalud. Y paralelamente en 1994, aun contando --como ha
manifestado el representante del Grupo Popular-- con la oposición tanto
de los representantes de Izquierda Unida como del Partido Popular en
Aranda de Duero, el Insalud inició una remodelación del hospital. Y el
tiempo ha venido a dar la razón a las posturas que mantenía el Insalud,
puesto que en estos momentos, con una inversión superior a los 1.800
millones de pesetas, ha permitido que éste sea hoy en día un hospital
totalmente digno que presta una asistencia sanitaria digna a más de
55.000 ciudadanos no sólo de Aranda de Duero y de la comarca, sino
también de las provincias limítrofes.
En definitiva, mi grupo está de acuerdo en la integración tanto del
hospital como de los 41 trabajadores que aún pertenecen al patronato
porque, como decía al principio, es la culminación lógica de un proceso
que fue iniciado por el Gobierno socialista en 1987.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Quiero manifestar que nuestro grupo entiende
las razones expuestas en la exposición de motivos y entiende también que
la enmienda que propone el Grupo Popular, si es aceptada por el
proponente, puede servir para encontrar un punto de equilibrio en el que
nos parece que todos coincidimos, ya que el hospital está ya gestionado
por el Insalud y que la integración en el servicio del Insalud no
significa incrementar en modo alguno el coste. En opinión de nuestro
grupo parlamentario puede ser aceptada la proposición si, al mismo
tiempo, Izquierda Unida tiene a bien aceptar la enmienda del Grupo
Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro, a los efectos de
comunicar la aceptación o no de la enmienda propuesta por el Grupo
Popular.
La señora MAESTRO MARTIN: Entendemos que todos los grupos, a través de
sus intervenciones, han coincidido en el fondo con la intención de la
proposición no de ley. Aceptamos la enmienda, sustituyendo --como acabo
de acordar con el portavoz del Grupo Popular-- la palabra «inmediata» por
«a la mayor brevedad posible», que creo que es el objetivo de todos los
grupos.
El señor PRESIDENTE: Me comunica el Grupo Popular que acepta la
rectificación de la expresión.
--SOBRE CONTRATACION EXTRAORDINARIA DE LOS NECESARIOS EQUIPOS DE
PROFESIONALES Y TRABAJADORES SANITARIOS PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE, CON EL OBJETO DE PALIAR LA DISMINUCION DE LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL EN LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD) Y CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LAS LISTAS DE ESPERA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000116.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, sobre la
contratación extraordinaria de los necesarios equipos de profesionales y
trabajadores sanitarios para los meses de julio, agosto y septiembre, con
objeto de paliar la disminución de la actividad asistencial en los
hospitales del Instituto Nacional de la Salud y contribuir a la reducción
de las listas de espera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Esta proposición no de ley tiene fecha de
entrada en el Registro General el 18 de junio de 1996; es decir, el
objetivo de esta proposición no de ley era evitar que se produjera, como
todos los años, una disminución importantísima de la actividad en los
hospitales del Insalud en los períodos de vacaciones, dado que
históricamente, por desgracia, se viene produciendo la situación a la que
hace referencia la proposición no de ley. No se producen sustituciones
por vacaciones de los trabajadores en estos períodos.
Por ese motivo, y ante las dificultades de la tramitación en tiempo útil
para que esta proposición no de ley tuviera sentido, se introdujo una
enmienda en la cual la sustitución de los meses julio, agosto y
septiembre se extiende y se generaliza a los períodos vacacionales e
incluso a los fines de semana.
Esta proposición no de ley, evidentemente, tiene unos objetivos
limitados, no pretende entrar en todo lo que supondría la mejor
utilización de las instalaciones y de los recursos humanos de los
hospitales del Insalud, pero sí paliar algo que nosotros entendemos que
introduce serias limitaciones en la cantidad y en la calidad de la
asistencia sanitaria en estos momentos. Creemos que el pleno rendimiento
de las instalaciones sanitarias, es decir, de los recursos económicos que
existen, es un objetivo de primer orden.
En estos momentos, el hecho de necesitar unos servicios de urgencia o un
ingreso hospitalario en períodos vacacionales o en fines de semana es un
riesgo para la salud de la población, dada la enorme insuficiencia de
recursos humanos que durante estos períodos atiende los hospitales de la
red del Insalud. Por lo tanto, nosotros creemos que, al margen de otras
modificaciones estructurales que pudieran conducir a la mejor utilización
de los recursos hospitalarios, por ejemplo, durante el turno de tarde,
esta modificación puntual podría suponer que al menos las sustituciones
por vacaciones se realizaran de manera que el nivel de rendimiento en los
hospitales durante los períodos vacacionales fuera una realidad.
En anteriores debates sobre este tipo de problemas se ha hecho referencia
a que la población también está de vacaciones y la utilización de
servicios sanitarios disminuye en época de vacaciones. Nosotros creemos
que esto es una
verdad a medias; la verdad es que los recursos para poder acceder a un
traslado por vacaciones van disminuyendo en función de la capacidad
adquisitiva de los ciudadanos. En cualquier caso, no se da, no se ha dado
históricamente el refuerzo de los recursos humanos en aquellas zonas que
reciben a las personas que pasan su período de vacaciones en esos
lugares.
En cualquier caso, entiéndase que esta proposición no de ley, insisto,
tiene un carácter limitado, paliativo y que pretende que las
instalaciones existentes sean rentabilizadas si no al máximo, por lo
menos que las listas de espera, que son una preocupación de todos los
grupos parlamentarios como reflejo de lo que son las preocupaciones de la
población, no se vean incrementadas por el efecto de la drástica
disminución de recursos que se produce en función de la falta de
contrataciones de sustitución en estas ocasiones.
Por lo tanto, entiéndase incluida la enmienda que actualizaría o
generalizaría el objetivo de la proposición no de ley, no solamente al
período de julio, agosto y septiembre, sino a períodos estivales, de
vacaciones en general y de fines de semana.
Quería decir que también se plantea en la exposición de motivos que este
tipo de contrataciones, por supuesto, se haga de acuerdo y con el debate
de los representantes sindicales de los trabajadores y de las mesas
correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia estima que es asumible la enmienda
en cuanto a las fechas que propone la señora Maestro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Me toca fijar la posición del Grupo Socialista en esta proposición no de
ley, que es una proposición no de ley que está dentro del contexto de la
discusión sobre la sanidad pública y las recientes medidas de
racionalización de la gestión.
A ese efecto, la iniciativa alude al artículo 90.1, párrafo segundo de la
Ley 14/86, de 25 de abril, que no es otra que la Ley General de Sanidad,
que establece respecto al establecimiento de conciertos para la
prestación de servicios sanitarios con medios ajenos lo siguiente: «A tal
efecto, las distintas administraciones públicas tendrán en cuenta, con
carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios
propios.»
De otro lado abunda, no sólo en el espíritu recogido en la Ley General de
Sanidad, sino en el criterio que esgrime el propio Ministerio de Sanidad,
en su Real Decreto 10/1996. Como criterio general nos parece correcta la
preocupación por la disminución de las listas de espera, aunque la
posibilidad se recoja en la Ley General de Sanidad, pero no compartimos
la idoneidad de esa propuesta por la forma y por el fondo. Y paso a
explicar la posición del Grupo Socialista.
En el propio discurso de investidura del Presidente del Gobierno, y
posteriormente expresado por el Ministro de Sanidad en comparecencias en
esta misma Comisión, se elevó lo sanitario a nivel de política de Estado,
lo que acogimos los miembros de esta Comisión, el Grupo Socialista y los
profesionales de la sanidad con satisfacción, pero con gran cautela.
Fruto de esa preocupación compartida hemos pasado a la ocupación de una
Ponencia que ha comenzado a caminar no hace mucho tiempo y se encuentra
en este momento en pleno trabajo en período de comparecencia. Desde el
Grupo Socialista nos preguntamos: ¿qué razones existen para no tratar
este tema en el mismo seno de la Ponencia? ¿Cuál es motivo de la
urgencia?
Por lo tanto, señora Maestro, el Grupo Socialista no comparte la forma de
presentación de esta proposición no de ley admitiendo que fue presentada
el 28 de junio de 1996 y la Mesa, mediante acuerdo, lo hizo posible el 10
de septiembre.
Entrando en el fondo de lo expuesto de su iniciativa, desde el Grupo
Socialista le reiteramos la preocupación por la corrección de las
desviaciones de las listas de espera por factores puntuales y
estacionales, que aumentan o disminuyen la población asistida en lugares
concretos y en épocas estacionales precisas. Pero analizando su propuesta
textualmente, creemos que no es bueno generalizar este tipo de
funcionamiento, porque si estamos realmente por la descentralización (y
en algunas comunidades autónomas que tienen las transferencias realizadas
se está llevando a efecto), descentralización que va no sólo a la
provincia, sino a la propia gestión del hospital, e incluso a la propia
gestión del servicio, cada servicio, de manera aislada, sabrá cuál es la
desviación de las listas de espera. Por lo tanto, introducir medidas de
racionalización, y no de forma generalizada, señala un desconocimiento de
lo que son el funcionamiento hospitalario y los servicios quirúrgicos. Si
así fuera, consideraríamos que este tipo de contratación sería un
atrevimiento.
Estamos firmes, supongo que igual que su grupo, en el convencimiento de
la defensa del servicio público, universal y gratuito, pero en una
defensa racional. Y por eso nos preguntamos: el facultativo hospitalario,
que tiene un régimen hospitalario, ¿puede ser sustituido? Como entendemos
que la respuesta es negativa, su contratación sería extraordinaria. Y en
ese caso, ¿existen listas de espera de facultativos especialistas en
paro? ¿Un contrato de dos o tres meses es suficiente incentivo para un
profesional especializado? Y si esto no es posible (me refiero a la
contratación del especialista), no tiene lugar la contratación del
personal sanitario, y no sanitario. En el caso hipotético de que esto
fuese posible, ¿cómo afectaría este tipo de contratación al normal
funcionamiento de un servicio jerarquizado y lo que conlleva en su
funcionamiento? ¿Existiría coordinación, por ejemplo, entre el personal
especializado de enfermería, que tiene un tipo de rotación, y el propio
personal facultativo? La posible disminución de la lista de espera o, en
su caso, el no aumento, ¿sería un motivo de satisfacción real para el
usuario, para el paciente?
Por todas estas cuestiones y posiblemente otras muchas más, no es el
lugar ni el momento de dilatar la exposición,
sino de pincelarla, para dar alguna de las razones. Estas contrataciones
ligadas a una contratación temporal tampoco proporcionan desde el punto
de vista de empleo, nada serio, sino una inestabilidad laboral, porque no
contribuye --creemos de forma honesta-- a una corrección de las listas de
espera, y sí crea una disfunción de los servicios quirúrgicos
hospitalarios, y evidentemente el paciente, que pertenece a un equipo en
el que ha sido estudiado, tampoco quedaría satisfecho al ser operado por
una persona ajena a ese equipo.
Por todas estas razones, y como bien ha dicho usted en su exposición de
motivos, porque la mayor parte de la patología que engloba las listas de
espera no es urgente, y en períodos de vacaciones y en períodos
estacionales también se tiene garantizada la atención urgente. La
patología que está en las listas de espera que, puede ser perfectamente
demorable, tiene un requisito que es de difícil interpretación por parte
del paciente. El paciente está en esa lista de espera porque tiene una
serie de molestias, pero que no le impiden un desarrollo normal de su
actividad. Por lo tanto, coincidiendo con los meses de verano, con el
período de Semana Santa o de Navidad, no es fácil convencer al propio
usuario de la bondad de su intervención en estos períodos. Y así lo
demuestran las propias estadísticas hospitalarias, en donde disminuye el
índice de ocupación, y el propio porcentaje de ocupación de los
quirófanos.
Por todo eso, señora Maestro, porque entendemos que estamos en el
contexto de una discusión global, que el Grupo Socialista ha aceptado de
buena voluntad con la cautela necesaria para elevar la política sanitaria
a política de Estado, y porque además creo que lo que aquí se propone no
es la solución, sino que posiblemente habría que hablarlo con mucha mayor
tranquilidad para llegar a la concreción de algunas patologías concretas
en determinados sitios concretos, el Grupo Socialista va a oponerse a su
proposición no de ley respecto a la sustitución del personal sanitario y
no sanitario en los meses de vacaciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moratalla.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Nuestro grupo parlamentario no apoyará la
proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque si bien
comprendemos la inquietud que genera esta proposición no de ley, pensamos
que las medidas que propone no solucionan probablemente el problema que
pretende arreglar, ya que partimos de que dentro de las medidas de
racionalización, aprovechamiento de los recursos y modernización del
Sistema Nacional de Salud, hay que contemplar que cada comunidad tiene
características distintas, parte de recursos diferentes y, probablemente,
en función de estas variables, cada comunidad tendrá que adoptar medidas
distintas para su solución. (El señor Vicepresidente, Arnau Navarro,
ocupa la Presidencia.) Por ejemplo, en Cataluña, durante los períodos
vacacionales, principalmente en verano, se incrementa bastante lo que
hace referencia a la contratación de servicios de primera asistencia, los
servicios que se pueden facilitar en los centros de asistencia primaria.
¿Por qué? Porque en nuestras comarcas, por afluencia turística, tenemos
una población de hecho muy superior a la población real, lo que hace que
estos servicios se colapsen y sea necesario dotarlos de medidas de
urgencia, que se establecen en los meses de verano. Pero no se
solucionaría el problema contratando personal laboral para hospitales.
Comparto la opinión que ha expuesto el Diputado del Partido Socialista de
que la idea de los contratados laborales temporalmente en hospitales
tampoco sea el instrumento mejor para motivar a estos profesionales.
Por lo tanto, reitero que nuestro grupo no apoyará esta proposición no de
ley, entendiendo que dentro de la modernización del sistema sanitario y
dentro incluso del marco de la subcomisión que se está creando, deberá
encontrarse la manera de que cada comunidad arbitre la mejor solución
para cada uno de los problemas particulares.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Para fijar su posición tiene la
palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor Presidente, intervengo para fijar la
posición del Grupo Popular en la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
en la que se pretende que el Gobierno tome las medidas necesarias para la
contratación extraordinaria de equipos de profesionales y trabajadores
sanitarios para los meses vacacionales, con objeto de paliar la
disminución de la asistencia en los hospitales del Insalud y contribuir a
la lista de espera. Nuestro grupo ya avanza que no va a apoyar la misma.
Y esto, señor Presidente, lo hemos estado escuchando en las
intervenciones de los distintos portavoces, porque parece que es un tema
no solamente recurrente, sino un tema en el que, en la teoría, casi todos
los grupos estamos de acuerdo.
Antes de fijar los criterios por los que mi grupo se opone a la
proposición no de ley, y antes de entrar en el análisis de la
proposición, me gustaría recordar algunos antecedentes parlamentarios de
la misma, porque quizá con la perspectiva que da la discusión del debate,
de este mismo debate, señor Presidente, en anteriores legislaturas
podemos también tener una idea más cabal del tema que se debate en este
momento. No se trata, señor Presidente, de hacer ninguna historia
parlamentaria, pero sí que casi todas las iniciativas parlamentarias
anteriores han venido a remarcar el tema, el aspecto fundamental de la
reducción de las listas de espera. Y aunque en las sucesivas comisiones
que hemos tenido, en los distintos debates en el Pleno del Congreso,
hemos estado todos los grupos de acuerdo en tener exquisito cuidado en
que el tema de las listas de espera no sea un arma arrojadiza desde el
punto de vista político, sí es verdad, señor Presidente, que es un
aspecto fundamental de la cuestión a la hora de tratar el aspecto de la
cuestión que ahora debatimos.
Las iniciativas parlamentarias, para no cansar, se refieren
principalmente a las del Grupo Popular, que ha tenido durante estas
pasadas legislaturas iniciativas tendentes en
forma, o bien de preguntas orales y escritas (casi su totalidad) al
objeto precisamente de tocar el tema de las listas de espera y, sobre
todo, el tema de la calidad asistencial. Conviene precisar que las
mencionadas iniciativas se han ocupado siempre de recabar estos datos
sobre las listas de espera en general y nunca en particular sobre su
contratación extraordinaria en período estival o en período vacacional.
Y en el análisis del contenido, señor Presidente, en las vacaciones en
general, en los períodos vacacionales que se sustentan en la moción --no
cabe la menor duda, la propia señora portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya lo ha señalado-- se produce un
desplazamiento de gran número de personas de sus lugares habituales de
residencia hacia otras zonas que son distintas y que son consideradas
idóneas para disfrutar de las mismas. Y se puede comprobar también, señor
Presidente, cómo los ingresos y el índice de ocupación decrece en
aquellos núcleos urbanos que no son considerados lugares vacacionales.
A mayor abundamiento, en los últimos años los hospitales del Insalud han
venido cerrando prácticamente --y en concreto, durante el estudio que se
hace, durante los meses vacacionales de verano, aunque naturalmente se
puede extrapolar con un estudio más juicioso y más minucioso en épocas
vacacionales-- un cierto número de camas en relación a su ubicación
geográfica, su estructura y su nivel asistencial. Me parece que también
los niveles asistenciales han sido aquí señalados por otros portavoces.
Hay que señalar, señor Presidente, que es práctica habitual en nuestros
centros la contratación de personal fundamentalmente entre estamentos
sanitarios no facultativo y no sanitario, cosa que también aquí se ha
señalado, de forma que en los Presupuestos Generales del Estado se
contemplan los créditos necesarios para realizar contratos que por
sustituciones o causas vacacionales --estivales, en este momento--, como
venía en la primitiva redacción de la proposición no de ley, puedan
producirse.
Me gustaría señalar también que las vacaciones de los profesionales de la
atención especializada se ordenan de tal forma que el servicio queda
perfectamente cubierto para atender la actividad, no solamente la
programada, sino la urgente. Se ha señalado aquí también, y es necesario
ponerlo de manifiesto, que la actividad quirúrgica principal no es una
actividad quirúrgica urgente, y que, por lo tanto, queda también, señor
Presidente, como ya se ha señalado, cubierta. Hay que tener en cuenta que
al tratarse de unos profesionales muy especializados entraña una gran
dificultad en la contratación para un período de tiempo específicamente
corto como son las vacaciones. No cabe la menor duda que en aquellas
zonas turísticas situadas en el ámbito territorial del Insalud no
solamente no se disminuyen, sino que se refuerzan los recursos
fundamentalmente en consultas externas y en urgencias, en consonancia,
claro está, con los criterios y los flujos de población existentes. Todos
los que hemos estado en hospitales sabemos, señor Presidente, que esto
ocurre así.
Pero en el tema principal anejo a la cuestión, como es el tema de las
listas de espera, que yo antes he señalado, en las distintas
comparecencias del señor ministro se ha dado cuenta del plan de choque
para la reducción de la demora quirúrgica que ya está en marcha y que, no
obstante, es conocido por todas SS. SS., pero que conviene dar algunas
cifras. Hasta el 15 de septiembre y pese al período estival, se ha
reducido la cifra inicial en cerca de 16.000 pacientes. Queda, por tanto,
un número cercano a 39.000 de aquellos casi 54.000 que a fecha 30 de
junio estaban identificados como incluidos en las listas de espera. Por
lo tanto, creemos que técnicamente es posible de alcanzar en los tres
meses y medio que quedan para finalizar el año el objetivo que se marcó
el ministerio de disminuir grandemente aquellos pacientes, que no haya
ningún enfermo en espera de intervención quirúrgica por un período
superior a un año, a 31 de diciembre. Y ello se ha conseguido sobre todo
a expensas de un incremento muy significativo de la actividad quirúrgica
propia en horario normal, que aumentó en un 14 por ciento para la cirugía
con ingreso y en un 58 por ciento, señor Presidente, para la cirugía
mayor ambulatoria. En total, un 18 por ciento en su conjunto durante los
meses de julio y agosto (hacemos mención especialmente a estos meses por
la primitiva redacción de la proposición no de ley).
Y por último, señor Presidente, como colofón a los argumentos que he
intentado exponer en nombre de mi grupo para no tomar en consideración la
proposición no de ley, también se ha señalado por otros portavoces que
muchas de las comunidades autónomas tienen asumidas competencias en
materia sanitaria y de gestión de los recursos sanitarios. Por lo tanto,
varias comunidades ya han hecho programas en la proposición que se debate
y sería difícil que el Gobierno no pudiera tomar las medidas propuestas
en la iniciativa en aquellas comunidades autónomas que tienen ya, como he
señalado antes, transferidas las funciones del servicio del Insalud, como
por ejemplo el País Vasco, Navarra o Cataluña.
No parece muy realista a la hora de hablar de la optimización de los
recursos sanitarios (ya lo he comentado antes, señor Presidente) pensar
que pueden reducirse tiempos de demora, o que pueden reducirse listas de
espera, u optimizar la gestión de los recursos, mediante la contratación
temporal de personal muy cualificado, como puede ser los de los equipos
quirúrgicos, cirujanos, y sus correspondientes equipos sanitarios, no
sólo por las dificultades que pueda entrañar esta contratación de
personal tan especializado sino también por los desajustes que tan breves
y especiales contratos puedan originar en el funcionamiento del hospital.
Por lo tanto, y como conclusión, tenemos que señalar a la hora de
argumentar la no toma en consideración de la proposición no de ley, que
diferentes comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en
materia de sanidad, por lo que no sería competencia gubernamental su
organización hospitalaria; que cada hospital tiene la suficiente
autonomía como para organizar sus servicios de acuerdo con sus
necesidades; que durante los meses de vacaciones se produce
indiscutiblemente una disminución proporcional entre número de
facultativos y número de población asistida y de población asistencial; y
sobre todo, señor Presidente, que con independencia de lo anterior, nunca
el cierre de camas que se ha podido realizar en centros
hospitalarios del Insalud es como consecuencia de una disminución de la
demanda, y nunca se ha utilizado esta medida en aquellas situaciones en
que las mismas incrementaran el tiempo de espera.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
QUE SE ADQUIERAN, MEDIANTE LA FIGURA ADMINISTRATIVA DE MEDICACION
EXTRANJERA, LOS FARMACOS DENOMINADOS RITONAVIR, INDINAVIR Y SAQUINAVIR,
CON DESTINO A SER UTILIZADOS EN NUESTRO PAIS EN TERAPIAS COMBINADAS EN EL
TRATAMIENTO DEL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA),
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000114.)
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Pasamos a debatir el segundo
punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que se adquieran,
mediante la figura administrativa de medicación extranjera, los fármacos
denominados Ritonavir, Indinavir y Saquinavir, con destino a ser
utilizados en nuestro país en terapias combinadas en el tratamiento del
Sida.
En nombre del grupo proponente tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, quiero recordar a SS. SS. que
la proposición no de ley a la que nos referimos tiene fecha de entrada en
el registro general el 17 de junio de este año, y que por lo tanto
algunos de los aspectos de la misma afortunadamente han sufrido
modificaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia). No obstante,
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya mantiene la vigencia del espíritu de fondo de la proposición no
de ley, aunque obviamente está abierto a aceptar enmiendas que pudieran
reflejar esas modificaciones que realmente se han producido en el tiempo
transcurrido. (Rumores.)
Le pido amparo, señor Presidente, porque si no tengo que elevar mucho la
voz.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden silencio.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería decir que en el momento en el que la proposición no de ley se
redacta, los datos que obran en el poder del grupo proponente hablan del
acceso muy minoritario de enfermos del sida a nuevos fármacos como son
los inhibidores de la proteasa, que cambian sustancialmente las
características del sida. De haber sido una enfermedad mortal en breve
plazo, las posibilidades de los nuevos tratamientos transforman a la
enfermedad en una enfermedad crónica, modificando sobre todo la calidad
de vida de los afectados.
En el mes de julio los datos que obraban en el Ministerio de Sanidad y
Consumo y que se remitieron a la Fundación Antisida de España, eran que
solamente 2.500 enfermos de sida estaban teniendo acceso a estos
fármacos. Posteriormente, en una carta reciente del 18 de octubre de
1996, el Secretario General del Plan Nacional del Sida afirmaba que son
ya 6.012 los tratamientos autorizados, 1.346 como ensayo clínico, 3.227
como uso compasivo y 1.439 como medicación extranjera. Esta cifra de
6.012 tratamientos no se corresponde exactamente con el número de
personas que reciben los tratamientos, ya que en muchos casos son
terapias combinadas y, por lo tanto, estos 6.000 tratamientos podrían
reducirse aproximadamente a la mitad, de tal manera que la valoración de
las ONG, significativamente de la Fundación Antisida de España, es que no
más de un 10 por ciento de las personas que necesitan inhibidores de la
proteasa la están recibiendo.
En estos momentos hay convocada una reunión del grupo de asesores del
Plan Nacional del Sida para revisar los criterios de la aplicación de
tratamientos. No obstante, la JAMA y el grupo de asesores del Plan
Nacional del Sida estiman que los inhibidores de la proteasa estarían
indicados en cuatro grupos de pacientes: el primero de ellos, en
pacientes pretratados con otros antivirales y con menos de 350 CD4; el
segundo grupo serían pacientes sin tratamiento previo con menos de 200
CD4; el tercer grupo serían pacientes con más de 35.000 copias de ARN
viral, y el cuarto grupo serían pacientes con sintomatología, es decir,
en estadios C.
En este momento se calcula que, solamente en pacientes con
sintomatología, en España hay cerca de 18.000 personas, a los que habría
que añadir las personas incluidas en los otros grupos. Por lo tanto,
estamos hablando de un grupo mucho más importante de enfermos de sida,
según los criterios más recientes de los expertos (estamos hablando de
unos criterios en continua modificación, afortunadamente, en función de
los avances científicos que se producen), de los 3.000 ó 6.000 que
pudieran en este momento estar recibiendo el tratamiento con inhibidores
de la proteasa.
Hay otro aspecto importantísimo, y es que, como
SS. SS. saben, aunque el nivel de información de los pacientes de sida,
lógicamente, en función de la gravedad de su enfermedad, es muy alto, no
son los pacientes los que tienen la facultad de decisión sobre el
tratamiento, sino los médicos. Y las organizaciones de enfermos del sida
o las ONG que trabajan sobre este problema se lamentan de que por parte
del Plan Nacional del Sida no se hayan remitido con eficacia y con
carácter general a los especialistas los nuevos criterios de tratamiento
aconsejados. De tal manera que hay especialistas, y en número importante,
que no tienen conocimiento o no están aplicando los nuevos criterios del
tratamiento del sida y, por lo tanto, indicando los inhibidores de la
proteasa.
De los criterios a los que he hecho referencia, se deduce que la
realización de las pruebas de carga viral son vitales a
la hora de clasificar a los pacientes incluidos dentro de los protocolos
de tratamiento con los inhibidores de la proteasa. En estos momentos el
Plan Nacional del Sida asegura que solamente ocho hospitales hacen
determinaciones de la carga viral. Es decir, estamos ante un problema
global mucho más amplio que la simple adquisición de unos determinados
tratamientos; incluye la realización de las pruebas diagnósticas que
permitan identificar a los pacientes que necesitan estos tratamientos y,
por otra parte, hacer extensivo a los especialistas, que tienen la
capacidad de indicarlos, los nuevos criterios, que son relativamente
recientes, cuando en cualquier caso no tienen más de un año.
Por lo tanto, señoras y señores Diputados, el objetivo de fondo de la
proposición no de ley creemos que sigue vigente. Es una preocupación
porque estamos hablando de vidas humanas; es decir, una lista de espera
de tres meses es una vida. En este caso no estamos hablando, como en la
proposición no de ley anterior, de cataratas o de otro tipo de dolencias,
sino que estamos hablando de vidas en concreto. Por ello, solicitamos de
los grupos parlamentarios la sensibilidad suficiente como para abordar en
toda su magnitud y sin restricciones administrativas el grave problema al
que hacemos alusión, y que se apoye esta proposición no de ley que está
abierta, como indico, a enmiendas que por parte de los grupos
parlamentarios puedan hacerse en el sentido de actualizar el objetivo de
la misma y sobre todo que por parte de esta Comisión de Sanidad y Consumo
del Congreso de los Diputados se haga llegar a la administración
sanitaria la preocupación de la misma porque la necesaria agilidad sea
una realidad en el corto plazo, de manera que el mayor número de
pacientes de sida puedan ser identificados como tales y puedan recibir
los tratamientos que en estos momentos son accesibles desde el punto de
vista científico y que puedan ser realidad desde el punto de vista de los
tratamientos.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene
la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, creo que el debate que hoy
tenemos sobre esta cuestión es evidentemente, un debate transcendente. Es
un debate --yo comparto los objetivos de fondo que ha expresado la
Diputada, y creo que son compartidos por todos los grupos-- importante
para un sector de población, los enfermos de sida, que sin duda exigen
por parte de todos nosotros esa preocupación, esa sensibilidad y esa
voluntad de poner cuantos medios sean necesarios para dotarles de la
mayor atención posible desde el punto de vista clínico y desde el punto
de vista social. Y yo creo que eso es lo que anima a nuestro grupo
parlamentario a presentar esta enmienda, que lo que pretende de alguna
manera es poner en evidencia el estado de la cuestión, los esfuerzos que
se han hecho en los últimos tiempos en nuestro país por atender esta
demanda, y partiendo de la base de que esos esfuerzos, que siempre pueden
ser incrementados, que siempre pueden ser mejorados, han sido
importantes.
Es evidente que la aparición de los nuevos fármacos inhibidores de
ciertos enzimas está mejorando la esperanza de vida de los pacientes con
infección por VIH. Y es evidente también que hay que seguir poniendo a su
disposición todos los medios que la ciencia va ofreciendo, evidentemente
sin restricciones administrativas, pero sí con unos criterios clínicos,
que creo que en este caso son los que tienen que presidir y que guiar
cualquier actuación de la Administración en este sentido. Hay que
recordar que a propuesta de la Secretaria del Plan Nacional del Sida, fue
aprobada en su día la creación de un comité asesor clínico, contemplado
en el real decreto del año 1993, cuya finalidad precisamente es la
asesoría permanente en aspectos relacionados con el manejo clínico de los
pacientes de VIH, sida, en cualquiera de las fases evolutivas de la
infección. Yo creo que son los criterios que ha marcado este comité
asesor clínico, los criterios que ha establecido el propio Plan Nacional
del Sida los que han servido de pauta a los profesionales sanitarios a la
hora de establecer la reivindicación del uso de determinados fármacos en
esta problemática.
Lo que sí nos gustaría poner en evidencia en esta Comisión es que el
número de tratamientos realizados con estos productos en España está
precisamente en relación con el número de peticiones formuladas ante la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por los médicos
especialistas que atienden a estos pacientes. Evidentemente el acceso a
estos fármacos tiene que estar siempre tutelado y vigilado por los
profesionales sanitarios. En ese caso cualquier apelación que podamos
hacer en esta Comisión al uso intensivo de estos fármacos tiene que tener
presente que este uso siempre ha de estar guiado por las pautas
terapéuticas y clínicas que establezcan las administraciones competentes.
El procedimiento de autorización de estos fármacos siempre se ha hecho,
dada la importancia y la relevancia terapéutica de los mismos, con
carácter de urgencia, y así se va a seguir haciendo en el futuro. Y
conviene trasladar a la opinión pública la afirmación de que hasta el
momento se han atendido todos los casos, todas las solicitudes, Y el
suministro de los inhibidores de la proteasa se ha realizado con la mayor
agilidad que permitían precisamente esas pautas clínicas. Insisto en que
puede mejorarse el procedimiento, insisto en que puede imprimirse una
mayor agilidad, pero no podemos saltarnos lo que son esas pautas
terapéuticas que han de guiar en todo momento nuestra actuación.
Por tanto, independientemente de la vía por la cual se han tramitado las
peticiones, se han atendido todos los casos que tenían un mínimo de
soporte clínico, y que se adecuaban precisamente a las indicaciones de
los medicamentos, que es evidente que no son todos los pacientes con
infección VIH y que no podrán serlo en ningún caso tampoco en el futuro.
Pero esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular quiere de
alguna manera redundar en esa búsqueda del consenso para transmitir a la
sociedad española nuestra preocupación, aunque entendemos que gran parte
del camino que se podía recorrer ya se ha recorrido.
¿Y cómo está hoy precisamente el asunto en relación con estos fármacos
que se citan en la proposición no de ley? Hay que decir que ya todos
ellos fueron autorizados para su uso como medicación extranjera a partir
del 9 de septiembre y, por lo tanto, sería redundante la petición que se
realiza en la proposición no de ley, pues algunos de ellos, como el
Ritonavir, ya está a plena disponibilidad en el mercado, está autorizado
desde hace aproximadamente unos quince días, y por lo tanto, ya no es
necesaria la tramitación como medicación extranjera (el Ritonavir y el
D4T, que es un fármaco no citado, están ya a plena disponibilidad de los
profesionales para el uso de estos enfermos. Los otros dos fármacos, el
Saquinavir y el Indinavir, y también el 3TZ, están en estos momentos
considerados como medicación extranjera a todos los efectos, pero están
ya en negociación de precios con la autorización europea otorgada y de
condiciones de reembolso. Yo creo que estamos en condiciones de asegurar
que en un plazo no muy superior a un mes, o tal vez un par de meses,
estén igual que el Ritonavir, a plena disponibilidad en las farmacias de
nuestro país.
En ese sentido y abundando en la necesidad de establecer también esas
pautas sociales a las que esta Cámara no puede ser ajena, nuestra
enmienda precisamente abunda en esto, y concretamente dice lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas
oportunas para que se sigan proporcionando --y entendemos que puede
añadirse «con la mayor agilidad posible»-- los fármacos denominados
Ritonavir, Indinavir y Saquinavir con destino a ser utilizados en nuestro
país en terapias combinadas en el tratamiento del Sida de forma gratuita
y conforme a la legislación vigente.»
Entendemos que esta enmienda mantiene ese espíritu de preocupación y
sensibilidad, y de alguna manera abunda en lo que ayer mismo la mayoría
de las ONG planteaban también en la reunión que se celebró de la propia
Comisión Nacional del Sida, donde expresaron su opinión favorable a las
pautas de prescripción y utilización de estos medicamentos en nuestro
país en estos momentos. Yo creo que nadie puede pensar que ningún
profesional que venga tratando a los enfermos de sida en nuestro país va
a poner ninguna limitación, sino todo lo contrario, a la utilización no
sólo de estos medicamentos sino de cualquier recurso clínico,
terapéutico, diagnóstico, que permita no solamente ofrecer una mayor
esperanza de vida, sino incluso hacer más sostenible la propia vida, la
propia existencia de estos enfermos.
En ese sentido, las apelaciones a las restricciones administrativas o a
la lentitud con la que se tramitan los expedientes no responden
exactamente a la realidad: que los profesionales están haciendo un gran
esfuerzo precisamente por atender a estos pacientes, que la
Administración ha puesto todos medios que estaban en su mano hasta el
momento y que lo va a seguir haciendo, y esta Cámara vigilará en este
sentido, y desde luego mi grupo parlamentario el primero.
Creemos que esta enmienda recoge ese espíritu y permite que todos los
grupos nos manifestemos a favor de lo que en definitiva no puede ser más
que una posición de plena disponibilidad de los recursos de la
Administración para atender a estos pacientes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Mi grupo, y de una manera breve, quiere fijar la
posición con respecto a esa proposición no de ley que pretende que se
cataloguen como medicación extranjera los inhibidores de las proteasas en
el tratamiento del sida.
Nuestro grupo es favorable a esta proposición no de ley, y lo es porque,
según los criterios que fija la propia Ley del Medicamento, ésta es una
figura administrativa para la consecución de fármacos que requiere, entre
otros, un requisito previo: que la Agencia Europea del Medicamento haya
dado su conforme sanitario al respecto. Esto ya se ha hecho; por lo
tanto, podemos considerar como medicación extranjera estos medicamentos
de que trata la proposición no de ley.
Está claro que para que la Agencia Europea del Medicamento dé ese plácet
sanitario tiene que haber ensayos clínicos y también estudios científicos
en los cuales se haya probado de una manera definitiva que los beneficios
son mayores que los riesgos. Y es verdad, como ya se ha dicho aquí, que
tanto desde el punto de vista biológico (la reducción de carga viral, la
aparición de un mayor número de linfocitos) como desde el punto de vista
clínico (el aumento de la expectativa de vida y la disminución de la
mortalidad) se ha demostrado la utilidad de estos medicamentos, siempre
--y esto quiero subrayarlo--, siempre y cuando sean utilizados en
pacientes que han sido ya previamente tratados con otro tipo de
inhibidores de otros enzimas, en este caso de la trascriptasa. Porque es
verdad que estamos caminando hacia una mayor expectativa de vida para
estos pacientes, pero también es verdad que no deberíamos aumentar
artificialmente (y al menos el Grupo Socialista no quiere que de sus
palabras se desprenda así) las expectativas sobre este colectivo de
pacientes y sus familiares.
Hay que insistir --y lo quiero hacer de una manera reiterada-- que no en
todos los pacientes está indicado este tipo de tratamiento. También hay
que insistir en que estos medicamentos en muchos casos no está demostrado
tan siquiera que aumenten las expectativas de vida o que mejoren, por sí
solos, la calidad de vida. Es verdad que hay estudios en marcha, que
están permanentemente saliendo conclusiones de ensayos clínicos que
apuntan hacia expectativas alentadoras, pero siempre hay que tomarlas con
la prudencia necesaria, porque desde luego el aforismo primum non nocere,
lo primero no hacer daño, sigue estando vigente en la medicina.
Podemos comparar con otro tipo de tratamientos para otra enfermedad que
también causó graves estragos, como es la tuberculosis. La búsqueda de
tratamientos para combatir el sida se está haciendo muy similar en
aspectos como que se tienen que buscar combinaciones entre varios
medicamentos,
buscar la combinación más eficaz que sea también la menos tóxica y la más
barata, dado el precio que alcanzan estos medicamentos de los cuales
estamos hablando en estos momentos, que son los inhibidores de las
proteasas. He citado la tuberculosis, y me van a permitir SS. SS. que
diga algo de lo que mi grupo y yo estamos plenamente convencidos: que la
mejor y la más eficaz lucha contra el sida sigue siendo la prevención. Y
al hilo de esto me ha venido a la cabeza lo de la prevención, porque
estamos asistiendo a una explosión de aparición de tuberculosis en la
gran mayoría de los casos donde subyace el sida, y porque, aunque todavía
es pronto para decirlo, hay una cierta bajada de guardia, por así
decirlo, de los colectivos que trabajan con los enfermos de sida en las
medidas de prevención. Mi grupo quiere hacer una llamada de atención
sobre esta materia en la medida en que seguimos, insisto, convencidos de
que la prevención es la mejor arma que tenemos contra el sida.
No obstante, se abre una esperanza con nuevos fármacos. La investigación
clínica y la investigación biológica, la investigación médica en general
sigue avanzando y, por lo tanto, qué duda cabe que por eso nosotros somos
favorables a la toma en consideración y a la aprobación de esta
proposición no de ley para instar al Gobierno a que adquieran la
consideración de medicación extranjera dichos fármacos. Ahora bien, dado
que hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y
dadas las explicaciones que sobre esa enmienda ha dado el portavoz del
Grupo Popular, según las cuales ya se está comercializando uno de ellos
en las farmacias (por tanto, se está dispensando directamente al
público), y el resto de los medicamentos aquí citados se están dando con
esa catalogación de medicación extranjera, mi grupo lo que desea es que
en una materia tan sensible como es ésta y con las expectativas que ha
levantado esta proposición no de ley y su discusión en esta Comisión se
alcance el acuerdo más amplio por parte de esta Comisión para dar
satisfacción a todos en el sentido de mejorar la calidad asistencial de
estos pacientes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Aunque al presentar la proposición no de ley la
señora Maestro ha indicado que se registró en la Secretaría General de
este Congreso el 17 de junio de 1996, yo quiero indicar que el fondo de
la cuestión es especialmente oportuno, porque dentro de un mes se
celebrará el día mundial del sida y el lema elegido por la OMS ha sido
«Un mundo, una esperanza». Podemos decir hoy que hay esperanza porque el
sida comienza a ser una enfermedad crónica, a largo plazo y a pesar de la
cual se puede mantener una buena calidad de vida para los afectados.
Para el Director del programa contra el sida de la ONU el sida ha dejado
de ser una enfermedad fatal e incurable. Según la información que nos ha
proporcionado el Ministerio de Sanidad, y ya lo indicaba también en su
intervención la Diputada Maestro, el número de tratamientos a través de
los mecanismos de ensayo clínico abierto, de estudio compasivo y de
medicación extranjera, de DUT y 3TC y los tres inhibidores de la proteasa
es de más de 6.000. Hay que reconocer que el Ministerio de Sanidad los
últimos meses ha dado unos pasos importantes, porque desde el 27 de
agosto de 1996, en que la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios remitió una circular a los jefes de servicio de todos los
hospitales del país en la que se señala que a partir del 9 de septiembre
las peticiones de los inhibidores de la proteasa deben realizarse como
medicamento extranjero, se ha producido un avance importante en los
tratamientos a las personas afectadas por el sida. Según los últimos
datos de que dispongo, en España hay casi 18.500 personas con siga, y los
más recientes avances indican que los tratamientos antirretrovirales
deben comenzarse lo antes posible. Los nuevos criterios que se barajan
para la aplicación de estas terapias, que fueron ya resumidas en la
pasada Conferencia de Vancouver, indican que es preciso iniciar
tratamientos con dos sustancias cuando la carga viral esté en valores
entre 10.000 y 35.000 copias por milímetro cúbico, y con tres sustancias
cuando la cifra es superior a 35.000.
Yo entiendo, señorías, que la mayoría de los enfermos de sida en España,
que ya se han infectado hace varios años, es posible que estén en esta
situación de deterioro inmunológico y carga viral, lo que desde nuestro
punto de vista hacen recomendable la aplicación de la terapia combinada.
Quiero indicar en esta breve intervención que en el País Vasco, desde
junio de este año, ya se aprobó el protocolo en el que se incorporaron
los inhibidores de la proteasa Ritonavir, Indinavir y Saquinavir, y
además también los inhibidores de la trascriptasa. El Grupo Vasco va a
apoyar las iniciativas que garanticen el acceso a estos tratamientos a
todos los enfermos que lo necesiten. Como decía el portavoz del Grupo
Socialista, nosotros también deseamos que todos los grupos podamos
alcanzar ese punto común, porque creo que todos coincidimos en esa
preocupación de dar una respuesta adecuada a las necesidades de las
personas afectadas por el sida en España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Voy a expresar brevemente nuestra opinión
sobre la proposición no de ley que insta a que el Gobierno adopte las
medidas oportunas para que los fármacos denominados Ritonavir, Indinavir
y Saquinavir sean utilizados en nuestro país de manera generalizada.
Hay tres formas de acceder a la comercialización de los denominados
inhibidores de la proteasa, como el de cualquier otra nueva especialidad
farmacéutica: en primer lugar, la autorización de la Oficina Europea del
Medicamento para todos los países europeos el pasado mes de junio; en
segundo lugar, la adaptación de las presentaciones a cada país, es decir,
registrar los nuevos productos, traducir prospectos, etcétera, proceso
que concluirá probablemente a finales de año en nuestro país; en tercer
lugar, lograr la comercialización para que los centros hospitalarios a
nivel estatal puedan disponer del medicamento, puesto
que la prescripción y suministro de esta medicación es exclusiva de los
hospitales.
Mientras esta nueva medicación no se comercialice, se puede adquirir
mediante la figura administrativa de medicación extranjera, lo cual se
está aplicando ya en el caso de algunas comunidades autónomas,
concretamente en Cataluña. El procedimiento que se utiliza para su
adquisición es la petición expresa del médico del centro hospitalario
empleando una solicitud estándar que tiene que autorizar la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y
Consumo de Madrid, puesto que las comunidades autónomas no tienen
facultades legislativas en materia de fármacos. En consecuencia, la
financiación de esta medicación corre a cargo en su totalidad de la
Sanidad pública.
Dado que todo este proceso ya se está llevando a cabo, especialmente en
algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, nos
congratulamos de que todos los grupos parlamentarios se hayan puesto de
acuerdo en instar al Gobierno a que agilice la aplicación generalizada
del tratamiento.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de expresar la aceptación o el rechazo
de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Como he indicado al principio de mi
intervención, la voluntad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida era
encontrar esos puntos de consenso necesarios para que esta Comisión de
Sanidad y Consumo pudiera, de una manera unánime, ser el reflejo de la
sensibilidad que este problema plantea en el conjunto de la población y,
sobre todo, evidentemente, en el grupo de los afectados. En ese sentido
agradecemos la enmienda presentada por el Grupo Popular y se acepta en
toda su extensión.
--SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA APROBACION EN LA UNION EUROPEA (UE) DE LA
COMERCIALIZACION DEL MAIZ TRANSGENICO DE LA EMPRESA CIBA GEIGY, ASI COMO
LA PROMOCION DE SU SUSPENSION DEFINITIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000139.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la cuarta proposición no de ley
sobre medidas para evitar la aprobación en la Unión Europea de la
comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como
la promoción de su suspensión definitiva. Para su defensa, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Estamos ante un tema que se vincula
directamente con un problema que fue abordado inicialmente por la Ley de
Organismos Modificados Genéticamente. En aquel debate se valoraba que
desde el punto de vista de la legislación se abordaba un problema de
magnitud desconocida. Los avances científicos producidos en relación con
la manipulación genética y su vinculación a diferentes aspectos de los
sectores productivos, fundamentalmente de la agricultura, permitían
entrever riesgos para la salud, para el medio ambiente, en gran medida
difíciles de valorar.
Estamos ante uno de ellos. El pasado 28 de mayo, en París, un grupo de
científicos hacía público un llamamiento para introducir una moratoria en
la diseminación de organismos genéticamente modificados en el medio
ambiente, dado que, tal y como plantea el Instituto Europeo de Ecología,
hoy nadie puede prever las toxicidades, las invasiones competitivas o
cualquier otra consecuencia inesperada de las plantas transgénicas. Es
decir, estamos ante efectos latentes, ante consecuencias difíciles de
valorar en el corto plazo, pero indudablemente ante probables gravísimas
consecuencias en períodos más amplios.
El maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy es un organismo modificado
genéticamente que ha sido manipulado para permitirle resistir
curiosamente a un herbicida de la misma empresa, a los insectos y a un
antibiótico de amplio uso tan importante como la ampicilina. Recuerden
SS. SS. que las diferentes presentaciones de la ampicilina son el primer
medicamento utilizado en nuestro país. Todo ello ha sido posible
introduciendo en este maíz material genético sintético.
Los informes que la propia empresa ha producido para permitir su
comercialización pueden calificarse cuando menos de incompletos, puesto
que existe el riesgo de que el gen resistente a la ampicilina se
transfiera a microorganismos patógenos de manera que la resistencia se
transmita a los mismos, eliminando la capacidad de cualquier terapia con
ampicilina que, recuerdo, es el antibiótico más utilizado en nuestro
país. Además de que el producto pudiera tener efectos alergénicos y que
la toxina pudiera introducir modificaciones ecológicas, dado que pudiera
ser tóxico no solamente para los insectos que son su objetivo, sino para
otros grupos.
Por lo tanto, a juicio de nuestro grupo parlamentario existen condiciones
suficientes como para que nuestro país, tal y como se plantea en la
proposición no de ley, se oponga a la propuesta de la Comisión para
aprobar la comercialización de maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy,
así como a promover su suspensión definitiva; para que los ministros
españoles de Agricultura y de Sanidad y Consumo manifiesten ante la Unión
Europea su postura contraria a la autorización de la comercialización del
maíz transgénico de la citada empresa y que estudie posibles medidas a
adoptar en el seno de la Unión Europea en el caso de que la
comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy fuera
aprobada. Es decir, se plantea la necesidad de que en nuestro país, en
caso necesario, se adopten medidas tanto en el seno de organismos
europeos como medidas unilaterales en defensa de un bien superior, como
en este caso es la salud de los ciudadanos y la protección del medio
ambiente.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario
Socialista y una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Voy a intervenir brevemente para defender la
enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a esta
proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Señorías, esta proposición no de ley está en el marco de una polémica más
amplia que transciende nuestras fronteras. En España hemos ido
incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un marco normativo que
establece límites y condiciones a las técnicas de manipulación genética.
Pero no cabe duda que la manipulación genética es un campo de la ciencia
que está permitiendo importantes avances en distintos ámbitos, entre
ellos está y puede estar el de la agricultura. A través de procedimientos
biotecnológicos se consiguen plantas mejoradas, y éste es un objetivo
bueno con los necesarios y los debidos controles.
En relación con el maíz transgénico, objeto de esta proposición no de ley
y que tan ampliamente ha desarrollado la portavoz proponente --por estas
razones, no me extenderé en argumentos ya repetidos--, en Europa existen
posiciones distintas entre los diferentes países. En unos casos por
razones de naturaleza ecológica y de salud humana, y en otros casos por
razones más prosaicas, porque a nadie se nos escapa que algunos países
son productores y exportadores de semillas de maíz.
Como quiera, señorías, que lo que pretende la proposición no de ley de
Izquierda Unida es marcar la posición de España ante la próxima reunión
de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea para tratar sobre la
comercialización o no en Europa de semillas de maíz transgénico de la
empresa americana Ciba-Geigy, al Grupo Parlamentario Socialista le parece
que España debería acudir a esta reunión con una posición de reserva
científica, en tanto que el objetivo que debe primar es el que no exista
ningún riesgo para el equilibrio ecológico y para la salud humana. Y por
esta razón mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas: una al
punto 1 de la proposición no de ley de Izquierda Unida y otra enmienda al
punto 2 de la misma proposición.
La enmienda al primer punto consiste en sustituir la expresión: así como
a promover su suspensión definitiva, por la siguiente: mientras los
estudios científicos no sean definitivos y se demuestre que su riesgo es
nulo tanto para el medio ambiente como para la salud humana.
La enmienda que presentamos al punto número 2 de la proposición no de ley
de Izquierda Unida es de adición. Nosotros aceptamos íntegramente el
texto de la proposición no de ley de Izquierda Unida pero añadiendo
nuevamente el texto: mientras los estudios científicos no sean
definitivos y se demuestre que su riesgo es nulo tanto para el medio
ambiente como para la salud humana. Y repito nuevamente el texto, porque
he observado que en la enmienda que consta en la Mesa se ha omitido la
frase: y se demuestre que su riesgo es nulo.
El Grupo Parlamentario Socialista, si el grupo parlamentario autor de
esta iniciativa estuviera de acuerdo, una vez conocida la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, en aras a que esta Comisión
mantenga una posición unánime con relación a la posición que nuestra
Ministra de Medio Ambiente defienda ante esta reunión de ministros de la
Unión Europea, estaría de acuerdo en llegar a una enmienda consensuada,
porque nos parece importante que esta Comisión mantenga un criterio
unánime en un tema que en definitiva es la posición de España en un
ámbito europeo.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Sin duda éste también es un tema importante, es
un tema trascendental la preocupación cada vez más extendida por el
creciente desarrollo de la manipulación genética y la diseminación de
organismos genéticamente modificados.
A la hora de fijar la posición y de presentar la enmienda que mi grupo
parlamentario ha realizado, nos gustaría hacer alguna consideración sobre
los antecedentes de esta problemática.
Es perfectamente conocido por SS. SS. que este asunto fue objeto de
deliberación en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente del pasado 25
de junio, donde, como ya se ha dicho aquí, algunos países mantuvieron
posturas diversas sobre la cuestión. Pero el hecho cierto es que, al no
existir una mayoría suficiente para aprobar la decisión propuesta por la
Comisión Europea sobre la comercialización del maíz transgénico ni
conseguirse la unidad requerida precisamente para modificar dicha
propuesta, el Consejo no pudo decidir sobre el expediente en cuestión. Y
España, nuestro Gobierno, contribuyó, yo creo que esencialmente, a la
formación de esa mayoría necesaria para rechazar la propuesta de la
Comisión.
La proposición de Izquierda Unida vuelve a reiterar la voluntad de que
nuestro Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, reitere esa
posición de oposición a la comercialización, y a nosotros nos parece
pertinente; pertinente en tanto en cuanto entendemos que el fundamento de
esa reserva científica que ya se ha citado es perfectamente mantenible en
el tiempo y, desde luego, en el momento actual.
La decisión, evidentemente, corresponde ahora a la Comisión Europea, pero
entendemos que la Comisión Europea tiene que atender de alguna manera el
posicionamiento mayoritario de los diferentes países que se han mostrado
en contra y que esta postura de oposición tiene que seguir siendo
reiterada cuantas veces sea necesario hasta que la propia Comisión pueda
modificar sus criterios. En ese sentido, nos gustaría precisar lo que
entendemos que al objeto de este debate se puede también poner de
manifiesto. Y son motivo de preocupación para el Grupo Parlamentario
Popular las insuficiencias de la normativa que regula estas materias
tanto en Europa como incluso en el ámbito nacional.
Conscientes del riesgo que supone la diseminación de estos organismos o
de estas sustancias, se han promulgado diversas normas, tanto a nivel de
la Unión Europea como a nivel de nuestra propia legislación, por la que
se establecen precisamente los requisitos y las evaluaciones a que deben
someterse estos organismos modificados genéticamente.
La Directiva 90/220, por ejemplo, sobre liberación intencional en el
medio ambiente de organismos manipulados genéticamente, establece las
evaluaciones a que deben ser sometidos estos productos con vistas a la
prevención del riesgo. No obstante, debe señalarse que el ámbito de
aplicación de esta directiva no persigue una evaluación y una prevención
de los riesgos derivados de estos productos en el contexto alimentario,
que yo creo que es el caso que nos puede ocupar.
De otra parte, y por eso citamos expresamente en nuestra enmienda esta
cuestión, se encuentra en fase final de su tramitación un proyecto de
reglamento comunitario y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para
todos los países sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes, que sí
contempla --por la información de que yo dispongo--, de forma inequívoca
además, la evaluación de este tipo de productos, o de sus derivados, que
tengan algún tipo de finalidad alimentaria. El ámbito de aplicación de
este reglamento estaría precisamente dirigido a la consecución de todas
las garantías en cuanto a intereses sanitarios y no sanitarios de los
consumidores en los países europeos, propiciando la libre circulación,
pero sobre todo la seguridad de los productos obtenidos o derivados de
organismos manipulados genéticamente.
Por lo que respecta a nuestra legislación, la Ley 15/1994, que establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, incorpora a
nuestro ordenamiento algunas directivas comunitarias y establece también
la evaluación a que debe ser sometido cualquier organismo genéticamente
modificado que se utilice o se pretenda liberar intencionadamente.
No obstante, mi grupo entiende que esta ley, al igual que la directiva
mencionada, no está enfocada de modo directo a la prevención de riesgos
para la salud humana, aunque parcialmente podría serle de aplicación. Por
tanto, quiero expresar la preocupación de mi grupo por la evidencia de
que no existe en nuestro país en estos momentos un marco normativo
adecuado para evaluar correctamente los organismos manipulados
genéticamente desde un punto de vista estrictamente sanitario, que es el
que nos debe ocupar fundamentalmente en esta cuestión. Y por eso es por
lo que nosotros fundamentamos que debemos adoptar como país una posición
conservadora en esta materia, y desde un punto de vista sanitario, como
digo, oponernos a la aprobación de comercialización de este producto, al
menos --y en eso coincido con la portavoz del Grupo Socialista-- hasta
que se demuestre de modo inequívoco la ausencia de riesgos directos o
indirectos para la salud humana.
En ese sentido, nuestra enmienda pretende clarificar esta cuestión y
redacta el texto de la siguiente forma: «Que en la próxima reunión del
Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, España
presente su oposición a la propuesta de la Comisión para aprobar en este
momento la comercialización del maíz transgénico de la empresa
Ciba-Geigy, sometiendo su posible aprobación de comercialización a la
superación de las evaluaciones pertinentes que permitan asegurar la no
existencia de riesgos directos o indirectos para la salud humana, y en
todo caso a los criterios que se establezcan en el futuro reglamento de
nuevos alimentos y nuevos ingredientes.»
Entendemos que esta enmienda engloba las propuestas del Grupo Socialista,
engloba, creo, los criterios que el Grupo de Izquierda Unida pretende
aprobar en su punto 1 y 2, porque conviene recalcar que la postura del
Ministerio de Medio Ambiente es la postura del Gobierno español. En ese
sentido, su posición no es una posición singularizada o descoordinada del
resto del Gobierno, y la mera exposición de esos criterios por la propia
Ministra de Medio Ambiente compromete a todos los ministerios de este
Gobierno, compromete al de Sanidad, compromete al de Agricultura,
compromete al Gobierno de España y compromete a nuestro Estado en su
conjunto. Por lo tanto, no es necesario reiterar que otros ministros
puedan dirigirse en ese contexto a otras instancias de la Unión Europea.
La posición del Gobierno es inequívoca en esta materia, la posición del
Gobierno está perfectamente representada por el Ministerio de Medio
Ambiente, y los demás ministerios son solidarios, por supuesto, con todas
las posiciones que se mantengan en el Consejo de Ministros de Medio
Ambiente, que es el adecuado para tratar estos temas.
Entendemos que con la enmienda que presentamos puede, de alguna manera,
quedar en evidencia nuestra posición y nuestros objetivos, que no pueden
ser otros que la consecución de las máximas garantías en cuanto a los
intereses sanitarios y no sanitarios de los consumidores. La Unión
Europea trabaja en este ámbito, y una vez que se arbitren los mecanismos
legales y técnicos, los mecanismos de evaluación y de control que se
dispondrán una vez aprobado el reglamento que ya he citado, estaremos en
condiciones de establecer con rigor técnico y científico la idoneidad de
estos productos desde la exigencia estricta, repito, de ausencia total de
riesgos directos o indirectos para la salud humana. Sin esa capacidad
técnica y científica, que se evaluará a través del propio reglamento,
resulta inaceptable desde luego su autorización de comercialización, pero
entendemos que también resulta desproporcionado la promoción por parte de
nuestro Gobierno de una suspensión definitiva del producto, toda vez que
esta suspensión no se basaría tampoco en inapelables razonamientos
científicos, sino en la ausencia de datos fiables y concluyentes.
Yo creo que ése es el sentido precisamente de la petición de moratoria
que realizaba ese grupo de científicos y que nosotros compartimos, pero
la moratoria supone suspensión hasta que se tengan datos más fiables,
hasta que se tengan estudios concluyentes, no supone suspensión
definitiva. Creo que es importante destacar que la labor de las
administraciones no reside en oponerse a la asimilación de avances
científicos y tecnológicos, sino precisamente, y es de lo que se trata
aquí, en la adopción de cuantas medidas
de control y de evaluación permitan garantizar con absoluta fiabilidad la
seguridad y la salud de los ciudadanos.
Entendemos, por tanto, que la enmienda es perfectamente ajustada a estos
objetivos, y reclamamos del Grupo de Izquierda Unida el consenso y el
apoyo a nuestra enmienda.
En relación con el punto tercero, evidentemente es voluntad del Gobierno
--y yo creo que no merece la pena ni siquiera recalcarlo-- tomar todas
las medidas que considere oportunas (que el Grupo de Izquierda Unida no
cita expresamente en su propuesta) en el caso de que esta
comercialización se produzca en contra de la oposición del Gobierno de
España. Entendemos que hay dificultades objetivas para que eso se
produzca. Estamos obligados a cumplir las disposiciones de nuestras
directivas en relación con medidas que se puedan tomar para garantizar la
salud y la seguridad de los ciudadanos españoles, pero nos preocupa un
poco una cierta afirmación que se hace en la exposición de motivos, en el
sentido de que nuestro Gobierno o nuestro país promoviera algún tipo de
política obstruccionista en el seno de la Unión Europea, que nos parece
una postura poco recomendable. Mientras se está manteniendo abierta la
vía del diálogo, la posición de nuestro Gobierno es firme, la posición de
otros gobiernos es igualmente firme, y por lo tanto, hablar a priori de
la posibilidad de adoptar medidas de carácter obstruccionista en el
funcionamiento de la Unión Europea, nos parece, cuando menos, una
afirmación desproporcionada. Entendiendo el tercer punto como una
posibilidad diferente al de las políticas obstruccionistas, estaríamos
dispuestos a contemplarlo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, este tema nosotros lo
consideramos muy importante, y estamos en principio plenamente de acuerdo
con la proposición no de ley que presenta conforme al Reglamento del
Congreso el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
No voy a repetir todos los argumentos que se especifican en el preámbulo;
consideramos que son bastante claros y suficientes como para justificar
la petición de que no se autorice la comercialización del maíz
transgénico de la empresa Ciba-Geiby. Y lo hacemos por consideración a
los bienes protegidos, no solamente a la ecología y a la agricultura,
sino sobre todo por el más digno de protección, el superior, que es la
salud. Exigimos desde la Coalición Canaria la máxima prudencia, porque
los propios informes de la citada empresa, como se dice en el preámbulo,
no son concluyentes. Hay que esperar a estudios científicos; hay que
esperar, como ha dicho muy bien el representante del PSOE y también el
del PP.
Consideramos que esto tiene una importancia específica para Canarias, por
cuanto yo creo que per cápita Canarias es de las autonomías españolas la
que más consume millo (allí no lo llamamos maíz, lo llamamos millo),
porque utilizamos un alimento que heredamos de nuestros progenitores
indígenas, que es el gofio, el gofio de millo, que no solamente lo toman
las clases modestas, sino que lo toman todos los ciudadanos. Un servidor
todos los sábados y domingos lo toma, y en todos los restaurantes típicos
se toma gofio. Y se toma gofio en Canarias, en territorio saharaui,
aprendido de los canarios cuando aquello fue el Sáhara español, y lo
toman en Miami. Se exporta gofio canario a Miami, se exporta a Cuba, y se
produce donde hay canarios: en Uruguay, en Argentina, etcétera.
Por lo tanto, no queremos experiencias sin tener una certidumbre absoluta
de su eficacia. Está en juego la salud de millones de personas, sean
canarios o no sean canarios. (Risas.) Son personas. Y como el bien
protegible es la salud, lo primero es la seguridad absoluta de que esto
no afecta a ese bien tan protegido por la Constitución Española como es,
y repito, la salud. Me gustaría que se llegase a un acuerdo en las
enmiendas para que de esta Comisión saliese un criterio unánime sobre
esta cuestión tan importante para todos los bienes protegidos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra
la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, intervengo para fijar la
posición del Grupo Vasco. Igual que han hecho los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, yo también abogo por mantener un
criterio unánime de esta Comisión en cuanto a la posición de España en la
próxima reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea.
Nuestro grupo quiere manifestar la preocupación por la comercialización
de este maíz transgénico porque, según nuestras informaciones, por lo
menos posee resistencia a la enfermedad del taladro. También obra en
nuestro poder información sobre que este país tiene otro gen que le haría
resistente a los antibióticos, con el consiguiente peligro para los
animales que lo consumirían, quienes se podrían hacer resistentes a estos
medicamentos. También nos preocupa, porque consideramos que tampoco es
desdeñable, el impacto ambiental de este producto. Pero en aras al
consenso, insisto en esta breve intervención que abogamos por mantener
una posición unánime de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posición, por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señoría, tomo la palabra en un principio para
agradecer al compañero de Coalición Canaria que, aunque no seamos
canarios, nos proteja a todos de las posibles deficiencias de este
transgénico. (Risas.)
Simplemente deseo condicionar nuestro voto a la aceptación por parte de
Izquierda Unida de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el
Grupo Socialista, pues si bien es cierto que en estos momentos no existen
conclusiones firmes y concluyentes sobre la inocuidad del
consumo de maíz transgénico, también es cierto que no podemos vetar en el
futuro, si así se demostrara, los beneficios que podrían obtener nuestros
agricultores de una tecnología y unos avances que en todos los campos
pueden ser decisivos para la competitividad y el desarrollo de este
sector.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de aceptación o denegación de las
enmiendas, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, como ya he reiterado en otros
casos, la voluntad de mi grupo es intentar que ese consenso sea posible.
Yo creo que es fácil. Es fácil si hay una flexibilidad por parte de los
grupos enmendantes que me haga posible hacer esa síntesis que, reitero,
es posible, porque en el fondo estamos de acuerdo y porque, además,
afortunadamente, nuestro Gobierno se ha pronunciado en el mismo sentido.
Quiero decir también que nosotros creemos, desde el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es prácticamente
imposible demostrar esa inocuidad. En cualquier caso, el planteamiento de
oposición a la comercialización no es una oposición a priori sino,
evidentemente, supeditado a la demostración, a nuestro juicio imposible,
de que no existen riesgos para la salud y el medio ambiente. Por lo
tanto, voy a intentar hacer una propuesta, a ver si los grupos
proponentes encuentran reflejadas sus preocupaciones en la misma.
Entiendo que la oposición es compartida. De lo que se trata es de
introducir la supeditación de dicha aprobación a la demostración de que
no hay riesgos. Aceptaría en principio la propuesta del Grupo Popular; la
propuesta del Grupo Socialista podría sustituir, con los mismos
contenidos, donde se dice «sometiendo su posible aprobación de
comercialización a la superación de evaluaciones pertinentes que permitan
asegurar la no existencia de riesgos directos o indirectos para la salud
humana», del Grupo Popular, e introducir la propuesta del Grupo
Socialista: «mientras los estudios científicos no sean definitivos y se
demuestre que su riesgo es nulo, tanto para el medio ambiente como para
la salud humana». Entiendo que el Grupo Popular también está preocupado
por las repercusiones sobre el medio ambiente y que, por lo tanto, esa
propuesta podría englobar la suya. En todo caso, retomaría la del Grupo
Popular: «a los criterios que se establezcan en el futuro reglamento de
nuevos alimentos y nuevos ingredientes». Entiendo que el espíritu de la
enmienda del Grupo Popular es que, en cualquier caso, la aprobación de la
comercialización no se produciría antes de haber evaluado, si se somete a
estos criterios cuando de aprueben, que todavía no se ha producido este
hecho.
Voy a permitirme utilizar la argumentación del representante del Grupo
Popular para manifestar que su preocupación por el hecho de que la
regulación de organismos manipulados genéticamente, tanto la europea como
la de nuestro país, no contempla suficientemente aspectos relativos a la
salud humana, para justificar el segundo punto.
Evidentemente, la proposición de actuación de los Ministerios de
Agricultura y de Sanidad y Consumo se plantea en coherencia con el de
Medio Ambiente, es decir, no se están planteando otras tomas de posición
que modifiquen el sentido, pero creo que sí convendría que estos
ministerios, sobre todo el de Sanidad y Consumo, entrara en un tema de
salud pública pero que no entra dentro de la tradición histórica de los
temas sanitarios, y que pudiera permitir introducir valoraciones en
relación con la salud humana, ya no solamente con el medio ambiente, la
economía o la agricultura, de esta toma de posición que, en cualquier
caso, evidentemente, supondría la retirada, por parte de la proposición,
de la promoción de la suspensión definitiva a la que se alude en el punto
1.
Con respecto al punto 3 quería decir que mi grupo parlamentario no es tan
insensato como para proponer medidas obstruccionistas. Simplemente en la
exposición de motivos se dice que otros países las han llevado a cabo,
como medida defensiva, que yo no entro a valorar desde el punto de vista
de la oportunidad política. En cualquier caso lo que dice el tercer punto
es que por parte del Gobierno se estudien --ni siquiera se indica cuáles
pueden ser-- medidas a adoptar en el caso de que se produjera la
comercialización del maíz transgénico, obviamente, sin haber superado los
criterios de seguridad científica a los que se hace alusión en los puntos
anteriores.
Espero haber sido lo suficientemente inteligente y sensible como para
haber recogido el sentido de fondo de las propuestas; no sé si sería
necesario que releyera exactamente los puntos.
¿Es necesaria la redacción definitiva o no?
El señor PRESIDENTE: En principio me gustaría escuchar a los grupos
enmendantes para saber si aceptan o no los términos en que lo ha expuesto
la señora Maestro.
Tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor Presidente.
Con la dificultad que significa no tener el texto escrito, pero por lo
que ha explicado la señora Maestro, por parte de mi grupo no habría
dificultad en aceptar lo que ella ha expuesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, por parte de nuestro grupo no
habría mayores dificultades en aceptar lo propuesto por la Diputada
portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, aunque en lo que respecta a su afirmación sobre la
introducción de valoraciones de salud humana en la posición del
Ministerio de Medio Ambiente, es evidente que en la defensa de nuestra
posición en la Unión Europea sobre esta cuestión han estado presentes
también las consideraciones, yo creo que primordialmente, en materia de
salud. Lo que ocurre es que correspondía a la Ministra de Medio Ambiente
fijar esa posición. No era un ámbito sanitario en el que se discutía
esto, pero por eso nosotros, en nuestra
enmienda hacemos referencia a la posición de España. Y eso significa la
posición de todos y cada uno de los ministerios, no solamente los que
cita S. S., sino cualquier otro, el de Economía, el de Industria, o
cualquier otro que pudiera estar afectado de una u otra manera por esta
situación.
Recogiendo el espíritu de que, evidentemente, las valoraciones de salud
humana tienen que primar sobre cualquier otro tipo de consideraciones,
entendemos que nuestra enmienda recoge esa sensibilidad y que no haría
falta, puesto que en la redacción hemos buscado precisamente englobar la
posición de todo el Gobierno, no solamente de un ministro --por eso no
hemos citado al Ministerio de Medio Ambiente expresamente, sino al país
en su conjunto--, no haría falta, repito, hacer mayores recomendaciones.
En el último punto, simplemente citar que en la exposición de motivos sí
dicen expresamente que nuestro país debería estudiar la adopción de
medidas similares en defensa de la salud de los ciudadanos, similares a
las políticas obstruccionistas que citan anteriormente. Como entiendo de
su afirmación que no es ésa la voluntad, aunque sin duda no lo han
expresado correctamente en la redacción del texto, salvando que la
posición del Gobierno puede mantenerse perfectamente por otras vías que
no sean la obstrucción del funcionamiento de las instituciones
comunitarias, podríamos contemplar que el Gobierno estudie cuantas
medidas considere oportunas para garantizar la salud de los ciudadanos
españoles.
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia le rogaría a la señora Maestro,
después de la interpretación que han hecho los enmendantes, que tenga la
amabilidad de transcribir la aceptación de las enmiendas en los términos
que se han expuesto.
La señora MAESTRO MARTIN: (Leo la parte de la enmienda del Grupo
Popular): «1. Que en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea, España presente su oposición a la propuesta
de la Comisión para aprobar en este momento la comercialización de maíz
transgénico de la empresa Ciba-Geigy hasta tanto los estudios científicos
no sean definitivos y se demuestre que el riesgo es nulo, tanto para el
medio ambiente como para la salud humana, y en todo caso de acuerdo a los
criterios que se establezcan en el futuro reglamento de nuevos alimentos
y nuevos ingredientes.»
El punto 2 sería: igual --entiendo-- «coma», «hasta tanto no se superen
los requisitos de seguridad anteriormente citados».
Y el punto 3 quedaría igual, ya que no se hace alusión a políticas de
terrorismo obstruccionista en su redacción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro.
¿Están de acuerdo los enmendantes? Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: La expresión «hasta tanto» no acabo de
precisarla muy bien en buen castellano, pero si se entiende por el
Letrado que puede ser utilizada, pues no habrá ningún problema por mi
parte.
El señor PRESIDENTE: Señorías, terminado el primer punto del orden del
día, y agradeciendo a la ponente y a los portavoces la rapidez con que
hemos debatido las cuatro proposiciones no de ley, vamos a proceder a su
votación. Habíamos previsto que fuese más tarde, pero pienso que tal y
como han ido los debates, no hay inconveniente en proceder a la votación.
(La señora Amador Millán pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Le ruego unos minutos, señor Presidente, porque
como había dicho otra hora, nos faltan Diputados, le pedimos unos minutos
para que podamos llamarles.
El señor PRESIDENTE: Pues continuamos con el orden del día.
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA SUBCOMISION PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE
LOS RIESGOS Y VENTAJAS DE LA BIOTECNOLOGIA APLICADA A LOS ALIMENTOS,
VEGETALES Y ANIMALES, Y BEBIDAS, A LA MEDICINA Y A LA INVESTIGACION
HUMANA, Y SUS CONSECUENCIAS EN EL MEDIO AMBIENTE, EN LA ACTIVIDAD
ECONOMICA Y EN LA ETICA DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL, FORMULADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 158/000019.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del
día: solicitud de creación de subcomisión para elaborar un informe sobre
los riesgos y ventajas de la biotecnología aplicada a los alimentos,
vegetales y animales, y bebidas, a la medicina y a la investigación
humana, y sus consecuencias en el medio ambiente, en la actividad
económica y en la ética de la sociedad occidental. Ha sido presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, seguimos en el mismo orden de
temas que afectaban a la proposición no de ley anterior, esta vez
generalizando. (El señor Vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la
Presidencia.) En todo caso, la proposición de creación de una subcomisión
de esta Comisión de Sanidad y Consumo parte, como decía en mi anterior
exposición, de la constatación de que por parte de los diferentes
legisladores, ya sea de nuestro país o de la Unión Europea, se está
intentando regular e introducir mecanismos de control sobre aspectos que
están avanzando a velocidades de vértigo desde el punto de vista de la
investigación científica. Existe una
presión económica importantísima para su introducción y para el
equilibrio entre los objetivos, sin duda legítimos, de mejorar la
competitividad, de mejorar la productividad, de mejorar la capacidad de
creación de riqueza, a través de la introducción de avances
científico-técnicos en los diferentes sectores productivos. Existe
contradicción, digo, entre estos legítimos intereses y el arbitrio, la
introducción de mecanismos de seguridad que permitan introducir medidas
de protección, tanto desde el punto de vista de la salud humana, del
medio ambiente, como de la economía, porque evidentemente tampoco en la
economía, tal y como se señala en la exposición de motivos, las ventajas
son inocuas o son mejoras generalizables a toda la comunidad humana. Es
decir, los avances científicos suponen inversiones importantísimas para
su introducción que, evidentemente, no todos los países ni todas las
comunidades están en condiciones de acceder a ellos.
Se dice en la exposición de motivos que desde el descubrimiento de la
energía nuclear ninguna tecnología había llevado tan lejos la capacidad
humana para influir en la Naturaleza como la ingeniería genética. No hace
mucho esta Comisión de Sanidad y Consumo debatió el proyecto de ley de
organismos modificados genéticamente.
Las enmiendas, algunas de ellas aceptadas, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenían por objetivo
incrementar esos mecanismos de seguridad, desde luego sin poner barreras
que serían absurdas desde el punto de vista del desarrollo de la
Humanidad, a la introducción de avances científicos necesarios y
ventajosos, pero teniendo en cuenta que estábamos intentando regular lo
desconocido.
Se ha constatado aquí que las repercusiones de estas modificaciones
científicas de la mano de la ingeniería genética no están siendo
suficientemente contempladas en la legislación en relación con sus
repercusiones sobre la salud humana. Hasta hoy no ha sido desarrollada
reglamentariamente la Ley de Organismos Modificados Genéticamente.
Creemos que no puede darse este nivel de desconocimiento político en el
Congreso de los Diputados, y en este caso en el marco de la Comisión de
Sanidad y Consumo, y que no podemos permanecer ajenos a unos retrasos en
la aplicación de legislaciones o en los desarrollos reglamentarios que,
evidentemente, están haciendo inaplicables las medidas de control, las
medidas de seguridad, en relación con un tema que puede estar teniendo ya
consecuencias muy importantes. Recuerdo a SS. SS. que en el caso del
L-triptófano alterado genéticamente se produjo la muerte a docenas de
pacientes y graves trastornos a cientos de ellos en función de la
adopción de decisiones precipitadas.
La propuesta que mi grupo parlamentario hace a SS. SS. esta mañana es una
propuesta de reflexión, de estudio, de análisis. Es decir, la creación de
una subcomisión que permita la comparecencia ante los grupos
parlamentarios de científicos, de miembros de la empresa, de personas
relacionadas con la investigación en la agricultura, en el medio
ambiente, en la sanidad, en relación con la manipulación genética. No
desarrollo la propuesta porque está perfectamente establecida en la
exposición de motivos, pero afirmo que permitiría, de ser contemplada
favorablemente por los grupos parlamentarios, que esta Comisión de
Sanidad y Consumo estuviera en condiciones más documentadas de lo que lo
está en este momento para hacer propuestas de ampliación de legislación,
de nueva legislación en algunos casos o de orientaciones acerca del
desarrollo, incluso para completar la legislación vigente en una materia,
insisto, para la cual se prevé un plazo de seis meses, pero que mi grupo
parlamentario entiende que muy probablemente, tal y como nos ha ocurrido
en el caso del maíz transgénico, podamos ir abordando en función de
aspectos parciales, de intenciones por parte de casas comerciales de
comercializar productos manipulados genéticamente. Lo mejor sería que en
nuestro país, en la medida de lo posible, se pudiera contar con un
desarrollo normativo y reglamentario suficiente como para que esto se
produzca.
El hecho de ser una situación nueva, una situación de avance científico
muy rápido, exigiría, desde nuestro punto de vista, que esta Comisión de
Sanidad y Consumo no fuera ajena a esos procesos y se dotara de los
mecanismos necesarios para la documentación, para el análisis y, en su
caso, para proponer al Gobierno la adopción de medidas concretas.
El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): ¿Grupos parlamentarios que
quieran fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: El Grupo Socialista va a oponerse a la creación
de esta subcomisión por varias razones.
En primer lugar, por el objeto mismo que se propone para su creación, que
es la elaboración de un estudio sobre los riesgos y ventajas de la
biotecnología aplicada a los alimentos, vegetales y animales, a la
medicina, a la investigación humana, a la actividad económica y a la
ética de la sociedad actual. Aparte de la disparidad y diversidad del
contenido, no parece lógico que los Diputados de esta Comisión
sustituyamos el trabajo científico que deben desarrollar los expertos en
estas materias.
Por el contrario, entiende el Grupo Socialista que nuestra función debe
circunscribirse a demandar los informes y trabajos elaborados por las
comisiones de expertos y organismos competentes para evaluar si los
instrumentos legislativos que tenemos son suficientes y adecuados a las
demandas de la sociedad, o si, por el contrario, es necesario
desarrollarlos o modificarlos.
En segundo lugar, porque sobre las preocupaciones que motivan la
solicitud de creación de esta subcomisión existe, como ya se ha dicho en
este punto y en el que hemos visto anteriormente, legislación muy
reciente. En este sentido, me permito recordar a SS. SS. que la Ley
aprobada en junio de 1994 por este Parlamento sobre la utilización
confinada, liberalización y comercialización de organismos modificados
genéticamente tiene por objeto prevenir los riesgos para la salud humana
y el medio ambiente. Se incorporan a ella, como se ha dicho ya, las
directivas comunitarias existentes hasta ese momento y que hasta la
fecha no han sido modificadas. Se establecen en esta ley las competencias
administrativas de la Administración general del Estado y de las
comunidades autónomas en esta materia, quedando reservada al Estado la
competencia de autorizaciones para la comercialización de organismos
modificados genéticamente. Y se regula, asimismo, el procedimiento a
seguir ante la Administración española y comunitaria para la obtención de
estas autorizaciones. En el ámbito nacional están concedidas por un
órgano colegiado compuesto por representantes de los Ministerios de
Sanidad, de Medio Ambiente, de Agricultura, de Industria y de Educación,
para garantizar así la coordinación interdisciplinar necesaria. Existe
además una Comisión Nacional de Bioseguridad, como órgano consultivo de
la Administración central y autonómica, que debe informar preceptivamente
las solicitudes de autorización que otorga la autoridad competente.
Pero este marco jurídico, como ya se ha puesto también de manifiesto,
presenta lagunas que es preciso salvar con urgencia; hay que aprobar el
reglamento que desarrolla la ley, hay que publicar el decreto que regula
el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad, y además la
ley establece que cada tres años se elabore un informe, que se hará
público, que evalúe la situación en nuestro país en esta materia.
Suponemos y esperamos, pero en cualquier caso así lo reclamaremos al
Gobierno, que ponga los medios necesarios para que este informe se lleve
a efecto en la fecha prevista y con garantía suficiente para que permita
a esta Comisión tener una visión científica y cierta sobre los problemas
aparecidos en estos años que merezcan la atención legislativa de los
grupos parlamentarios. (El señor Presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, la biotecnología es un instrumento de investigación y
desarrollo de tanta importancia y trascendencia para la salud, para el
medio ambiente y para la economía que no debe abordarse desde la
trivialidad, la improvisación o el catastrofismo. Muy al contrario, los
avances conseguidos hasta ahora y el horizonte de futuro son muy
alentadores. No creemos que se puedan mantener reacciones contrarias a
los avances de las nuevas tecnologías que se ponen a nuestro servicio
enarbolando el peligro a lo desconocido. Lo que sí es necesario es, en
primer lugar, fortalecer las líneas de investigación a través del
Programa Nacional de Biotecnología, que marca en nuestro país las líneas
prioritarias de investigación y desarrollo en materia agroalimentaria,
sanitaria, de medio ambiente, etcétera. En segundo lugar, reforzar esas
medidas legislativas que garanticen el uso de estos nuevos instrumentos
con la máxima seguridad y protección para las personas y el medio
ambiente. Y en tercer lugar, tener la agilidad suficiente para adaptar
con rapidez las medidas legislativas y administrativas a las nuevas
situaciones que plantean a la sociedad los avances científicos.
Por todo ellos, Señorías, el Grupo Socialista va a oponerse a la creación
de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Fernández-Capel Baños.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Señorías, analizamos hoy la solicitud de
creación de una subcomisión para elaborar un informe sobre los riesgos y
ventajas de la biotecnología aplicada.
En la exposición de motivos se hace referencia a posibles riesgos
medioambientales y sanitarios que puede generar la ingeniería genética
aplicada. Esta situación no es en absoluto desconocida, ya que los
científicos que iniciaron esta tecnología en la década de los setenta y
de los ochenta ya pusieron de manifiesto los posibles riesgos derivados
de un uso inadecuado e incontrolado.
Es cierto que es difícil prever las consecuencias ecológicas y sanitarias
de la manipulación de genomas muy complejos como el humano, pero también
es verdad que la ingeniería genética ha permitido el desarrollo de nuevas
líneas de investigación en biomedicina y en la obtención de productos de
gran relevancia para la salud pública, como determinadas hormonas
peptídicas por todos conocidas, o la vacuna de la hepatitis B.
Actualmente, la legislación española está en consonancia con la
legislación de la Unión Europea aplicable en este campo y recogida en dos
Directivas de la Unión Europea, la 90/219 y la 90/220, relativas a la
utilización confinada, liberación intencional en el medio ambiente y las
consecuencias que pudieran derivarse de determinadas actividades que
estuviesen relacionadas con organismos modificados genéticamente.
Estas dos directivas fueron incorporadas a la legislación nacional
española mediante la aprobación en junio de 1994 de la Ley de Organismos
Modificados Genéticamente. Con esta ley, que quedó ciertamente
incompleta, como ha dicho la señora Maestro, en materia no sólo sanitaria
se controla la puesta en el mercado de cualquier producto que esté
modificado genéticamente, así como la utilización de microorganismos
modificados genéticamente, bien de manera confinada o liberados en el
medio ambiente. Y en estas directivas figuran los requisitos que deben
llevarse a cabo para la realización de actividades con estos organismos
modificados genéticamente (normas para usuarios, para laboratorios, para
experimentación e investigación) que quedan en cierta medida algo
desvirtuadas, como nuestro grupo ya expuso en su momento. Esta evaluación
de riesgo se realiza siempre antes de emprender una acción generalmente
con un componente continuo y habitual de la investigación, del ensayo de
nuevos organismos modificados genéticamente.
Hay ciertos aspectos confusos en la exposición de algunos de los
intervinientes. Recordemos que los medicamentos de síntesis no son
organismos modificados genéticamente. Sin embargo, en la delimitación del
ámbito de aplicación de la mencionada Directiva 90/220 no puede
concluirse que dicha disposición persiga una evaluación y una prevención
del riesgo derivado en el contexto alimentario, concretamente. Y en este
sentido se encuentra en fase final de tramitación el reglamento
comunitario sobre los nuevos alimentos y los nuevos ingredientes. Este
acto comunitario contempla de forma inequívoca en su ámbito de aplicación
los productos con organismos modificados
genéticamente que tienen una finalidad alimentaria, y establece un
conjunto de exigencias que esta Comisión debe tener en cuenta y que están
dirigidas inequívocamente a conseguir una serie de garantías en cuanto a
intereses sanitarios de los consumidores y a la libre circulación de
estas materias en el mercado interior. Pero es necesario destacar que la
evaluación en el ámbito alimentario de ingredientes en el ámbito médico,
según los nuevos acuerdos que se establecerán en el futuro siguiendo el
reglamento de la Unión Europea, se ha de realizar caso por caso, con
datos técnicos y científicos. Y considerando que la evaluación de estos
riesgos en la liberación al medio ambiente de organismos modificados
genéticamente es un proceso muy complejo, la Unión Europea ha creado un
grupo de expertos para desarrollar un procedimiento armonizado para la
evaluación de estos riesgos que pueda facilitar la tarea tanto de los
notificadores como de las autoridades competentes.
De otra parte, la citada Ley a la que se han referido los anteriores
intervinientes, 15/1994, por la que se establece el régimen jurídico de
la utilización confinada, etcétera, preveía, en su disposición final
tercera, la creación de una comisión nacional de seguridad, que el Grupo
Popular en su momento apoyó y que otros grupos no apoyaron, que actuaría
como órgano consultivo de la Administración general del Estado y de las
administraciones de las comunidades autónomas cuando éstas así lo
solicitaren. Esta comisión, que informara preceptivamente las solicitudes
de autorizaciones que estén relacionadas con actividades de producción y
utilización, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, se incluye en lo que ha de ser el desarrollo
reglamentario que la señora Maestro echaba de menos pero que, si no
recuerdo mal, no se apoyó en su día, y el Gobierno tiene ya un borrador
para la creación de esta comisión con una alta participación no solamente
política, como sería el caso de esta subcomisión, sino con una alta
participación técnica, y conectada no solamente con los Ministerios de
Sanidad y Medio Ambiente; sería una comisión mucho más ambiciosa desde el
punto de vista científico y bastante ambiciosa también políticamente para
paliar las deficiencias, esos cabos sueltos que quedaron en la Ley
15/1994.
La subcomisión que se pretende constituir en el seno de esta Comisión de
Sanidad tiene en cierta medida unos aspectos similares a los de la
Comisión Nacional de Bioseguridad, aunque lógicamente esta última tiene
un mayor componente técnico, que es imprescindible cuando estamos
hablando en el campo de la genética molecular. La subcomisión podría dar
lugar, primero, a un problema, pues quedaría incompleta; y, segundo a
cierta duplicidad con las actividades que desarrolle la Comisión Nacional
de Bioseguridad.
Debemos considerar que, cuando nos estamos moviendo en este campo de la
tecnología aplicada y de las ventajas y los riesgos de la biotecnología,
es un poco impreciso hablar en abstracto porque esos riesgos son
inherentes a los productos a los que se aplica la técnica y, además, las
aportaciones y descubrimientos en este campo varían día a día,
dependiendo de a quién se aplica la técnica y de qué aportaciones
hacemos. Por ello, hay que elaborar uno por uno informes puntuales sobre
ventajas y técnicas de la biotecnología en cada caso, que sería el objeto
de la subcomisión, y que, evidentemente, una subcomisión dentro de una
Comisión parlamentaria jamás podría evaluar. Sería, evidentemente,
inoperante.
También conviene señalar que las posibles aportaciones y estudios que se
realizaran previsiblemente quedarían muy desfasados en un plazo de tiempo
muy corto, porque se necesita una aportación científica muy variada, muy
completa y estructuralmente nos sobrepasaría.
Esta subcomisión, como ya he dicho antes, duplicaría las funciones y
competencias de la Comisión Nacional de Bioseguridad en algunos aspectos
y además quedaría incompleta si solamente la ligáramos al campo
medioambiental y sanitario, o incluso, como recogía la directiva, al
campo educativo. Habría que ampliarla también al campo de la industria,
al campo de la defensa, a una serie de campos interministeriales mucho
más amplios.
Por tanto, creemos que se deben remitir estas competencias que se
reclaman hoy para esta subcomisión a la Comisión Nacional de Bioseguridad
que el Gobierno sabemos que está ya estudiando. Así lo recogían los
acuerdos de la directiva de la Unión Europea. Además, las competencias de
esta subcomisión podrían englobarse en ese aspecto alimentario en el
nuevo reglamento comunitario sobre nuevos alimentos y nuevos
ingredientes. Por tanto, nosotros no apoyaremos esta proposición de
creación de subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate y el orden del día, vamos a
proceder a la votación, en primer lugar, de las cuatro proposiciones no
de ley.
Sometemos a votación la primera proposición no de ley, por la que se
insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la inmediata
integración plena en el Instituto Nacional de la Salud del Hospital y del
personal de la Fundación Hospital de los Santos Reyes, de Aranda de
Duero, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. La votación se efectuará en los términos resultantes de la
aceptación por parte del grupo proponente de la enmienda propuesta por el
Grupo parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que se adquieran,
mediante la figura administrativa de medicación extranjera, los fármacos
denominados Ritonavir, Indinavir y Saquinavir, con destino a ser
utilizados en nuestro país en terapias combinadas en el tratamiento del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se somete a votación en
los términos de la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la tercera proposición no de ley, sobre contratación
extraordinaria de los necesarios equipos de profesionales y trabajadores
sanitarios para los meses de julio, agosto y septiembre, con objeto de
paliar la disminución de la actividad asistencial en los hospitales del
Instituto Nacional de la Salud y contribuir a la reducción de las listas
de espera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la cuarta proposición no de ley, sobre medidas para
evitar la aprobación de la Unión Europea (UE) de la comercialización del
maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como la promoción de su
suspensión definitiva, también en los términos de la lectura que ha hecho
la señora Maestro al aceptar las enmiendas propuestas por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la solicitud de la creación de subcomisión para
elaborar un informe sobre los riesgos y ventajas de la biotecnología
aplicada a los alimentos, vegetales y animales, y bebidas, a la medicina
y a la investigación humana, y sus consecuencias en el medio ambiente, en
la actividad económica y en la ética de la sociedad occidental.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
NOTA.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Sanidad y
Consumo del 30 de octubre de 1996, no guarda la relación cronológica
habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de
Sesiones» ya elaborados.