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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 92, de 30/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 92
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles, 30 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Elección de Secretario Segundo. (Número de expediente 041/000012) (Página 22809
)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Seguridad (Martí Fluxá),
para informar sobre:
--La actuación de la Policía Nacional en los incidentes ocurridos ante el
Ayuntamiento de Marbella en los últimos días del mes de agosto. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 213/000086) (Página 2280)
--Los graves sucesos que vienen ocurriendo en el sur de España y su
posible relación con la delincuencia organizada, con especial referencia
a la Costa del Sol. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000130) (Página 2280)
Contestación a las siguientes preguntas:
--Intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en los incidentes
producidos por las protestas de los trabajadores del ayuntamiento de
Marbella (Málaga). Formulada por el señor Sanjuán de la Rocha, Grupo
Socialista. (Número de expediente 181/000119) (Página 2291)
--Balance de aplicación del último Real Decreto-Ley sobre indemnizaciones
a los damnificados por la rotura de la presa de Tous. Formulada por el
señor Peralta Ortega (Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 181/000109) (Página 2300)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--ELECCION DE SECRETARIO SEGUNDO. (Número de expediente 041/000012.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Comenzamos la reunión de esta Comisión, cuyo primer punto del orden del
día es la elección del Secretario Segundo de la Mesa, vacante por haber
sido nombrado el señor Arqueros Presidente de la Comisión del Estatuto de
los Diputados.
Estoy seguro de que interpreto fielmente el pensamiento de todos los
miembros de la Comisión al agradecer al señor Arqueros su labor y su
tarea como Secretario de la Mesa y al felicitarle por su nuevo cargo.
Por la letrada de la Comisión se va a leer la lista completa de las
señoras y señores Diputados que forman la Comisión, con el fin de conocer
por parte de la Mesa si ha habido alguna sustitución, puesto que tendrán
que ser tenidas en cuenta a la hora de proceder a la elección del
Secretario Segundo.
(Por la señora letrada se procede a dar lectura de la lista de miembros
de la Comisión, presentes y sustituidos.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, la letrada va a ir llamando a las la
señoras y señores Diputados para proceder a la votación. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: A efectos del conocimiento de la Comisión y del
«Diario de Sesiones», el Grupo Parlamentario Popular propone a don Manuel
Seco para cubrir esa vacante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos
emitidos, 28; votos obtenidos por el señor Seco Gordillo, 25; votos en
blanco, tres.
De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, queda elegido y proclamado el
señor Seco Gordillo Secretario Segundo de la Mesa de la Comisión.
Felicitamos todos al señor Seco Gordillo y le ruego tome posesión y
asiento. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTI FLUXA),
PARA INFORMAR SOBRE:
--LA ACTUACION DE LA POLICIA NACIONAL EN LOS INCIDENTES OCURRIDOS ANTE EL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA EN LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE AGOSTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000086.)
--LOS GRAVES SUCESOS QUE VIENEN OCURRIENDO EN EL SUR DE ESPAÑA Y SU
POSIBLE RELACION CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CON ESPECIAL REFERENCIA
A LA COSTA DEL SOL. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000130.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto 2.º del orden del día, que
es la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad, don Ricardo
Martí Fluxá, en relación con dos peticiones de comparecencia, una
efectuada por Izquierda Unida y la otra por el Grupo Parlamentario
Socialista, para que informe sobre la actuación de la Policía Nacional en
Marbella. De conformidad con el acuerdo tomado por la Mesa y los
portavoces, hemos acumulado en esta comparecencia las dos iniciativas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Quiero insistir, para aclarar, que en la comparecencia del señor Martí
Fluxá, Secretario de Estado de Seguridad, se incluyen y acumulan todas
las iniciativas planteadas por todos los grupos parlamentarios en
relación con el tema que nos ocupa, que es la actuación de la Policía
Nacional en Marbella.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Diputados. Agradezco mucho a SS. SS. la posibilidad que
me conceden de comparecer ante esta Comisión de Justicia e Interior para
informar acerca de los incidentes que tuvieron lugar en Marbella durante
los últimos días del pasado mes de agosto. Comenzaré, señorías,
realizando un breve relato de los hechos.
Como consecuencia del conflicto planteado entre los trabajadores del
Ayuntamiento de Marbella y la Corporación Municipal por la reclamación
del pago de unos atrasos salariales, diariamente tenían lugar frente al
edificio consistorial concentraciones de trabajadores que habían sido
debidamente comunicadas al Gobierno Civil de Málaga.
El viernes 30 de agosto se recibió en la comisaría de Marbella un primer
comunicado de la alcaldía requiriendo protección frente a unos
manifestantes congregados en la plaza de los Naranjos de esta ciudad.
Esta solicitud de protección era debida a la convocatoria de un pleno
municipal que debía realizarse a las nueve horas de la mañana del día
siguiente y ante la posibilidad de que a la Corporación Municipal le
fuera impedido el acceso al ayuntamiento.
A las ocho y media de la mañana del sábado 31 de agosto se encontraban
concentradas en torno a la puerta
del ayuntamiento unas setecientas personas que, provistas de cacerolas,
instrumentos, etcétera, estaban bloqueando el acceso al interior del
edificio. Esta concentración tenía la clara voluntad de impedir el paso
de los concejales para la celebración del pleno.
A la misma hora, es decir, también a las ocho y media, llegaron a la
citada plaza los miembros de la corporación que, acompañados de unos ocho
miembros de la policía local de Marbella, trataron de abrir un pasillo
para acceder a la puerta del ayuntamiento. Tras un breve forcejeo, la
masa de manifestantes los empujó y los hizo retroceder tres o cuatro
metros. El alcalde en funciones intentó nuevamente convencer a los
manifestantes de que la libre circulación de las personas constituye,
señorías, un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente, y que
era su deseo acceder a la sede del ayuntamiento para asistir al pleno
convocado.
Los concentrados, en lugar de atender a estas observaciones, se dedicaron
a continuar su actitud y empujaron a concejales y policías cuando
trataron de acceder al edificio. Ante esta imposibilidad, el ayuntamiento
de nuevo se pone en contacto con la comisaría de Marbella solicitando
protección policial. A las ocho cuarenta y cinco de la mañana se persona
en la plaza de los Naranjos un inspector del Cuerpo Nacional de Policía
con cinco miembros de la Quinta Unidad de Intervención Policial, con base
en Granada y, tras hablar con el alcalde y reiterar éste su deseo de
celebrar el pleno, se dirigió a los miembros del comité de empresa y
junta de personal para pedirles que permitieran a las autoridades
municipales el paso. A esto los manifestantes no accedieron.
Por ello, y con el objeto de facilitar la entrada a los miembros de la
corporación, la policía rompió el primer cordón que los manifestantes
habían establecido y, una vez más, cuando intentaban avanzar los
concejales y el alcalde, fueron empujados y desplazados por el resto de
los concentrados. Mientras tanto, el alcalde en funciones continuó
hablando con los manifestantes y expresando su voluntad de ejercitar el
derecho básico al que antes me he referido, que es el de libre
circulación, sin conseguir resultado alguno, señorías.
Sobre las nueve de la mañana se solicitaron refuerzos de la comisaría
ante la gravedad creciente que iban tomando los incidentes y entonces
llegaron ocho funcionarios más, con lo que se totalizaban catorce
miembros del Cuerpo Nacional de Policía y unos ocho de la policía local.
A partir de este momento, las fuerzas de seguridad trataron de abrir un
pasillo entre la masa de los manifestantes para permitir este acceso,
finalmente, a los miembros de la corporación. Los concentrados, al ver
que la policía se acercaba, decidieron avanzar en su política de
obstrucción y sentarse en el suelo para dificultar aún más este posible
acceso.
Ante estos hechos, la policía intervino ya de una forma más directa
forcejeando con los manifestantes, y, dada la obstrucción que seguían
oponiendo, tuvieron que desarrollar otros sistemas dentro de la técnica
policial.
Señorías, el mando policial en todo momento solicitó instrucciones tanto
de la jefatura de la comisaría de Marbella como del jefe provincial, y,
dada la voluntad de los concejales y el alcalde de celebrar el pleno,
voluntad que manifestaron una y otra vez, se ordenó que abrieran una vía
para que los concejales pudieran acceder a la puerta del ayuntamiento.
Finalmente, sobre las nueve y diez, nueve y cuarto de la mañana, los
policías de la Unidad de Intervención Policial fueron ganando metros y,
cuando se encontraban a unos cuatro metros de la puerta, fueron
literalmente arrollados por los manifestantes y sufrieron todo tipo de
agresiones, con proyectiles, etcétera. En ese momento se vieron obligados
a utilizar las defensas y sus equipamientos reglamentarios para repeler
la avalancha.
Finalmente, la fuerza pública logró establecer este pasillo de acceso al
ayuntamiento, después de ser atacados durante más de diez minutos con
piedras y todo tipo de objetos contundentes, ataque, señorías, que
sufrieron tanto policías como concejales. El equipo de gobierno consiguió
acceder al edificio sobre las nueve y cuarto de la mañana con esta
protección policial.
Estos son los hechos, señorías, tal vez excesivamente pormenorizados,
pero por ello dan una mejor imagen de las razones de la intervención
policial y de la proporcionalidad de la misma.
Como consecuencia de los sucesos, resultaron con heridas leves o
contusiones cuatro policías de la Unidad de Intervención Policial, cuatro
concejales, el suboficial primero de la policía local de Marbella, el
asesor jurídico del citado ayuntamiento y tres manifestantes, siendo
todos ellos atendidos en centros sanitarios y dados de alta
inmediatamente.
Para concluir les diré que, como puede deducirse del relato de los
acontecimientos expuestos, la actuación policial estuvo plenamente
justificada, en tanto que salvaguarda de los derechos reconocidos
constitucionalmente, y fue en todo caso proporcionada a la violencia
empleada por los manifestantes y congruente con la gravedad de los
hechos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Nosotros solicitamos esta comparecencia para
pedir explicaciones sobre unos hechos que nosotros consideramos graves,
no solamente por lo que representaban en sí mismos de incidentes, sino
por un concepto de orden público que parecía avalar esta actuación
policial. Después de oír las explicaciones del señor secretario de
Estado, nuestra preocupación aumenta, porque de su misma explicación
comprendemos un concepto de orden público cuando se refiere a técnicas
policiales, como intentaré explicar, porque tenemos que decir que en los
incidentes que se producen en Marbella la policía tiene enfrente, no a
grupos terroristas, no a delincuentes organizados, como puede haber en
otras zonas del mismo municipio, sino a un grupo de trabajadores del
ayuntamiento de Marbella que reclamaban algo tan subversivo como cobrar
el salario mensual. Esa era la situación que había allí, y, como se nos
ha dicho, se venían produciendo diariamente manifestaciones totalmente
pacíficas.
También hay que decir que son incidentes que se producen en un clima de
crispación, crispación que la policía no solamente no contribuye a mermar
sino que, al contrario, transforma lo que era un conflicto laboral en un
conflicto de orden público. La crispación no era porque los trabajadores
de Marbella fuesen caprichosos ni tuviesen ganas de estar allí, sino que
esa crispación venía motivada porque llevaban semanas recibiendo insultos
de la máxima autoridad municipal, máxima autoridad municipal que llegó a
decir que no les pagaba porque no le daba la gana; lo dijo en los medios
de comunicación. También estuvieron recibiendo provocaciones y amenazas
durante semanas de unos denominados equipos de apoyo Gil. Todo esto sin
que desde la autoridad se le comunicase al alcalde de Marbella que con
sus declaraciones, con su actitud, estaba contribuyendo a generar un
conflicto de orden público. Por tanto, ésa es la realidad que parece ser
que el secretario de Estado no conoce o no ha querido señalar aquí.
También hay que decir que ese pleno municipal estaba convocado de forma
irregular, que se quería anular un convenio que se había firmado hacía
tres meses y todas estas circunstancias también contribuyen a que los
señores Diputados tengan una imagen más exacta del ambiente que se vivía
en Marbella en esos días.
A partir de ahí, hay una actitud de los trabajadores totalmente pacífica,
y cuando el secretario de Estado dice que se sentaban en el suelo, hay
que pensar que, evidentemente, unos trabajadores que van a agredir no
tienen la actitud de sentarse en el suelo. Esa es la actitud de los
trabajadores, una actitud de resistencia ante lo que consideraban
insultos, vejaciones y una anomalía absoluta en el ayuntamiento de
Marbella, y nosotros hemos denunciado que se estaba actuando fuera del
Estado de Derecho. Como decía, la actitud de los trabajadores era
sentarse en el suelo y entrelazarse.
El sábado 31 de agosto nosotros estamos convencidos de que había alguien
que quería reventar la situación, que había alguien que quería ir a la
guerra y de hecho así ocurrió. No es casual que ese día la dotación
policial fuese diferente a la que había habido días anteriores, que las
órdenes fuesen diferentes y que la ostentación de medios antidisturbios
fuese distinta a la que había habido en otras manifestaciones de los
mismos trabajadores del ayuntamiento de Marbella.
El caso es que, como se ha dicho, cuando los trabajadores empiezan a
sentarse en el suelo se entrelazan unos con otros, actitud que no expresa
violencia o agresión sino todo lo contrario, es una conducta de
resistencia pacífica; es la policía la que comienza a arrasar a los
presentes. De hecho, la mayor parte de la gente que tiene que recibir
tratamiento o atención médica no es tanto por la agresión directa, sino
por el tumulto que se forma ante esa agresión de la policía. Digo esto
porque está perfectamente grabado en vídeo y hay pruebas de que todo fue
así, que es la policía la que arrolla y, efectivamente, usted ha dicho
que rompe el primer cordón. Me imagino que lo harían con esas técnicas
policiales a las que usted se ha referido, que es un eufemismo para decir
lo que en otros tiempos se decía que era una carga policial. Hay una
carga policial que es la que provoca el tumulto. A partir de ahí, se
pierde el control. También hay que decir que en esa manifestación, que
parecía que iban preparados con cacerolas, había niños, había personas
mayores, estaban los que se reunían habitualmente en la plaza del
ayuntamiento, y, evidentemente, un manifestante que va a una batalla no
lleva a su hijo.
Por tanto, había una voluntad por parte de alguien de convertir ese
continuo problema laboral en un problema de orden público para que
estallase de alguna manera. Eso es lo que nosotros queremos comprobar.
Queremos que usted nos diga quién era el que asumía la responsabilidad de
esa primera carga policial, que es la que determina lo que ocurre luego.
Se puede comprobar también que no se agotaron las vías de diálogo.
Repito: ahí están los vídeos. En ningún momento se agotaron por parte de
la policía las vías de diálogo. En otras ocasiones se había dialogado con
los manifestantes y al final no ocurrió ningún problema de orden público.
Pero ese día había la voluntad de que hubiera problemas de orden público.
También podemos decir que lo que se ha evidenciado es que ha habido una
provocación intencionada, diría yo, por parte de la policía para que
ocurrieran los incidentes. No sabemos con qué intención, pero la realidad
es que al final ocurrieron unos incidentes desagradables. No se
utilizaron más armas que las naranjas que había en la misma plaza. Por
tanto, cuando se ha hablado de proyectiles quiero que se aclare, porque
los manifestantes parece que iban armados o predispuestos, y usted sabe
que no es así.
Nosotros queríamos hacerle algunas preguntas para que usted contestase.
He querido entender que la decisión de intervenir fue del jefe provincial
de la policía, en contacto con la jefatura de Marbella. Si no es así, que
se corrija. Nos interesaría saber si se ha efectuado alguna investigación
para aclarar las actuaciones, si se han solicitado los vídeos que existen
de lo que allí ocurrió, si ha habido algún tipo de responsabilidades y si
en el Ministerio del Interior existe la intención de determinar lo que
ocurrió en la plaza más allá de los informes que puedan tener. Lo malo es
que con ese comportamiento la policía se ha desacreditado en Marbella y
estamos hablando de un sitio donde la policía necesita tener (por otras
causas que posiblemente veamos en otro punto en esta misma Comisión) al
pueblo de Marbella, no como su enemigo, sino como su aliado. Se necesita
una colaboración ciudadana importante en Marbella en este momento. Por
ello la policía no puede aparecer como un ente extraño que va a provocar
conflictos en lugar de resolverlos.
Ustedes están perdiendo una gran ocasión de dignificar la actuación de la
policía. Le tengo que decir que hace tiempo, más de un año, cuando ha
habido otro tipo de conflictos en Marbella, yo personalmente he llamado a
la policía para que nos protegiera de unos supuestos amigos del alcalde
de Marbella que continuamente nos agredían cuando nos manifestábamos. Es
decir, a partir de este momento se produce una ruptura entre la
ciudadanía de Marbella y la policía cuando antes --repito-- habíamos
llamado directamente a la policía para que nos protegiese en otro tipo de
manifestaciones.
Es indispensable que se aclare lo que ha ocurrido en Marbella, que se
asuman responsabilidades. Unos hechos de esa gravedad deben tener unas
responsabilidades concretas. No se puede quedar en las declaraciones que
hizo el propio gobernador civil de la provincia. Yo mismo le dije que
había perdido una gran ocasión para haberse callado, porque el
desconocimiento de los hechos lo único que lleva es a decir cosas que
son, por decirlo suavemente, incorrectas, y no podemos aparentar como que
ha habido unos ciudadanos con intención de agredir, con intención de
impedir el acceso al ayuntamiento, como aquí se dice, en el uso de los
derechos constitucionales. A mí me gustaría que el celo que pone el
Gobierno para abrir ese cordón para que pasasen los concejales lo pusiese
también para que en el Ayuntamiento de Marbella se respetase el Estado de
Derecho, con todas sus consecuencias.
En definitiva, creo que estamos todavía en un momento de asumir
responsabilidades y de que la policía nacional de Marbella salga
reforzada, porque entendemos que hace falta la colaboración ciudadana.
Repito que no puede aparecer como los enemigos de los ciudadanos en
Marbella, que, para terminar y dejarlo claro, quiero manifestar que lo
único que pedían era que se les pagase su salario. Ustedes tienen la
palabra, ustedes pueden elegir entre ser cómplices de lo que allí
ocurrió, o situarse a la cabeza para intentar lo que pretendemos los
grupos políticos, y es que se aclare y al final todo el mundo en Marbella
sea consciente de que allí ha podido haber un exceso de algunas personas,
pero que en ningún momento el Gobierno, el Ministerio del Interior es
cómplice y asume lo que allí ocurrió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor secretario de Estado, desde el Grupo
Socialista, y a través mío, le presentamos con relación a estos hechos
una pregunta. Usted hoy nos ha dado una explicación de los hechos y
siento tener que comunicarle que, desde luego, mi preocupación ha
aumentado considerablemente. No tanto porque su relación de hechos sea
aparatosa, sino por la justificación que usted realiza de unas
actuaciones y de unas conductas que, desgraciadamente, me da la impresión
de que puede constituir, dentro del conjunto del Estado, un problema
general derivado de una concepción de la actuación de las fuerzas de
orden público sensiblemente distinta y diferente de la que ha sido la
pauta, la manera de actuar durante este tiempo.
Usted ha hecho una exposición de hechos y nos ha dicho que el día 30 de
agosto se solicita a las fuerzas de orden público, en este caso al
Gobierno Civil de Málaga, protección para el día siguiente, día 31, en
que iba a haber un pleno municipal. Ocurre que, tras este requerimiento,
tenían que llevar un conocimiento total y absoluto de lo que estaba
ocurriendo, una protesta legítima de los trabajadores, de los
funcionarios del Ayuntamiento de Marbella, porque no cobraban sus
salarios y estaban protestando frente a un ayuntamiento por este motivo.
¿Sabe usted cuál es la respuesta de ese ayuntamiento ante esa falta de
pago de salarios? Convocar un pleno para el día siguiente para derogar un
convenio colectivo que estaba en vigor y que se había firmado hacía tres
meses. Esto significa la explosión necesaria, total y absoluta de un
conflicto. (La señora Vicepresidenta, Fernández de la Vega Sanz, ocupa la
Presidencia.)
Los trabajadores tenían que protestar de alguna manera, y era lógico,
contra la convocatoria de ese pleno, que iba a quitarles todos los
derechos y que perseguía la derogación de un convenio colectivo en vigor
mediante un acto unilateral y, a mi juicio, absolutamente antijurídico.
La actuación de las fuerzas de orden público, la actuación en este
momento del Ministerio del Interior, a través de su representante el
Gobernador Civil de Málaga, no es hacer saber al ayuntamiento que es un
total disparate que convoque un pleno municipal para el día siguiente
para realizar un acto antijurídico, que con eso está provocando un
conflicto de orden público donde quieren ver involucrados a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. La actuación de ustedes no es hacerle
ver a un ayuntamiento como el de Marbella, con un alcalde «tan singular»,
por decirlo de alguna manera y entre comillas, como es el señor Gil, que
no puede convocarse ese pleno, que no pueden ustedes garantizar que el
pleno se celebre. No es eso. Es decirle que ustedes van a prestar
protección, en una concepción falsa y equivocada de lo que es la
seguridad ciudadana, de lo que es la defensa y derechos de los
particulares y de los ciudadanos, que ustedes van a proteger actitudes
autoritarias del ayuntamiento y del alcalde de Marbella.
A mí no me preocupa tanto lo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado hicieran en el momento en que tuvieron que intervenir, por más que
sea exagerado lo que usted dice de que les tiraron piedras. No hay
piedras en la plaza de los Naranjos. Hay naranjas. Por eso se llama plaza
de los Naranjos. Y por más que la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en ese caso podamos considerar que se extralimitó de alguna
manera, no es eso de verdad lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que
hemos roto una manera de actuar, que se ha roto una manera de funcionar
con relación a lo que son problemas de orden público provocados a veces
por actuaciones de otras instituciones o de otros organismos de la
Administración, en este caso de los ayuntamientos. Se ha extremado
siempre la prudencia, se ha extremado la paciencia. ¿Qué cantidad de
encierros no ha habido en este país durante todo este tiempo? Encierros
en los ayuntamientos por protestas por el asfaltado de una calle o por el
no asfaltado de una calle. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Intervenir cada vez
que se lo pida un ayuntamiento sin intentar agotar los medios? ¿Empezar a
desocupar a la gente utilizando las fuerzas de orden público y generando
continuos problemas? ¿O van a seguir la pauta, la norma, lo que era
conducta y forma de actuación, que es agotar los caminos, los cauces del
diálogo para intentar solucionar los problemas, de decir a los
ayuntamientos que intenten acabar con esas situaciones por sus propios
medios antes de ordenar intervenir a las fuerzas de orden público? Es la
ruptura de esta política lo que nos preocupa, eso es lo que de verdad
preocupa al Grupo Socialista. Y nos preocupa que ustedes no intentaran,
con ese alcalde,
con ese ayuntamiento, moderar sus actitudes, que son absolutamente
autoritarias --y ustedes lo saben--, que contestan siempre a cualquier
reclamación con el insulto más inmoderado, con la provocación más
continua, con el autoritarismo y con la falta total y absoluta de la
legalidad o de criterios democráticos. ¿Por qué se ha roto la política de
prudencia, de agotamiento de las vías de diálogo, antes de hacer
intervenir a las fuerzas de seguridad ante lo que son protestas legítimas
de los trabajadores? ¿Quién ordenó intervenir a las Fuerzas de Seguridad
de Estado en este caso? Me refiero a antes, no en el momento en que se
encuentran allí 15 funcionarios del cuerpo de policía con una orden
expresa. ¿Quién ordenó que se pudiera celebrar ese pleno por encima de
todo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué razón no se intentó mediar desde el
Gobierno Civil de Málaga o desde la Delegación del Gobierno en Andalucía
con el Ayuntamiento de Marbella, para evitar el problema de orden público
que estaba ya planteado y que esa convocatoria del pleno iba a hacer
explotar?
Estos son, de verdad, los problemas, señor Fluxá; estas son, de verdad,
las auténticas cuestiones. Y le voy a decir una cosa --la tomará a
beneficio de inventario y supongo que no me hará ningún caso--: mientras
sigan teniendo en Málaga un gobernador civil como el que tienen, que se
identifica total y absolutamente, desde la perspectiva de su
autoritarismo y de sus pautas de actuación, con el señor Gil, que es
también un tremendo autoritario, no solucionaremos los problemas de orden
público en la provincia de Málaga. Y si esta es su pauta los crearemos
continuamente en el conjunto del Estado.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: El Grupo Parlamentario Popular muy poco tiene que
decir en relación con el fondo de esta comparecencia, salvo expresar su
pleno respaldo a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que se
vieron forzados a actuar el día de autos por hechos y actitudes no
imputables a su presencia en el lugar y respaldar igualmente las
decisiones al respecto que tuvieron que adoptar las autoridades
policiales y el Gobernador Civil de Málaga.
Quede bien claro que no entramos en el objeto del conflicto, porque no
somos parte en el mismo, pero quede igualmente claro que lo sucedido
debiera servir para que otros --las verdaderas partes en aquel conflicto
concreto-- asuman una reflexión, a fin de que momentos como los que se
vivieron no vuelvan a suscitarse por inútiles y por no concordar en
absoluto con lo que es el legítimo ejercicio de derechos en cualquier
sociedad democrática.
Que la policía nacional fue ajena, en todo punto, a la gestación de lo
sucedido queda acreditado, entre otras cuestiones, por las
manifestaciones a posteriori de algunos de los organizadores de la
convocatoria de protesta cuando reconocieron que los hechos finalmente
escaparon a su control. Que la policía nacional hizo un verdadero y largo
esfuerzo de mediación para que ambas partes entraran en razón y se
evitara cualquier enfrentamiento es una evidencia igualmente contrastada.
Y, en fin, que desde el Gobierno Civil de Málaga se han propiciado
cuantas iniciativas se han creído convenientes en el tiempo para lograr,
como finalmente así ha sido posible, que ayuntamiento y trabajadores
llegaran a un acuerdo, parece igualmente indiscutible. Por tanto, lo
único que hoy cabe enfatizar es que sorprende --y sorprende mucho-- que
se pueda cuestionar siquiera mínimamente la actuación de la policía
nacional, cuando el planteamiento adecuado de la cuestión sería
interrogarnos, si ése fuera el caso, acerca del porqué la actitud de unos
y otros forzó a que la dotación policial presente tuviera que intervenir.
No hubiera intervenido la dotación policial si no hubiera existido una
situación previa impeditiva por la fuerza del ejercicio de derechos; no
hubiera intervenido la dotación policial si no hubiese sido previa y
violentamente enfrentada, y no hubiera intervenido la dotación policial
si todos, especialmente, como es natural, quienes tienen la carga de la
autoridad municipal, se hubieran conducido conforme a las más elementales
reglas del sentido común.
En cualquier conflicto es siempre muy fácil cargar las tintas sobre la
parte más débil y, por paradójico que parezca, en situaciones como las
que hoy han sido objeto de debate, la parte más débil, a efectos de
opinión, es siempre, e injustamente, el contingente policial actuante,
que ha de restablecer situaciones de normalidad, con anterioridad
alteradas por otros.
Por eso, que cada parte de aquel conflicto del 31 de agosto aguante su
vela, pero que nadie intente endosar esa carga a unos funcionarios que
sólo cumplieron con su deber porque antes otros no supieron estar a la
altura de las circunstancias o, dicho de otra forma, no supieron atender
al dictado de la sensatez.
En este contexto, hablar, como hoy se ha hecho aquí, de provocación por
parte de la policía nacional o de ruptura entre ciudadanía y policía
nacional en Marbella, es seguir estando ajeno a ese imperativo de
sensatez.
Y para que tampoco nadie tenga ninguna duda, y porque también hoy se ha
dicho aquí, que se sepa que no hay más pauta de actuación de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, y no la va a haber en el futuro, más
que las que se derivan estrictamente del ordenamiento vigente. Y como
alguien también ha afirmado aquí que parece que algunas cuestiones están
cambiando, el Grupo Parlamentario Popular tiene que decir que sí, que
desde luego, que afortunadamente y para el bien de todos este Ministerio
del Interior ya ha modificado comportamientos y filosofías anteriores.
Por eso, no deja de ser paradójico que, habida cuenta de balances
precedentes, algunos aún se atrevan a pontificar acerca del
autoritarismo.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): El señor secretario
de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Centella,
la idea de seguridad ciudadana, para el Ministerio del Interior y para el
Gobierno,
es mucho más importante que la idea de orden público, y aprecio bien la
manifestación del señor Gil Lázaro, señorías. De cualquier forma, no ha
habido otro cambio de talante en la actuación de nuestros Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad que el motivado por la aparición de un sistema
democrático a partir de la transición española. Y es voluntad del
Gobierno, primero, no echar en saco roto nunca nada de lo que se nos
diga, ni pública ni privadamente, señor Sanjuán, ni, por otra parte,
cambiar nada en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que
suponga un retroceso o un cambio de un estricto cumplimiento, de una
estricta defensa de nuestro ordenamiento constitucional. Si para ello
tiene que producirse algún tipo de matización en sus actitudes, señorías,
el Gobierno está más que dispuesto a aceptar cualquier tipo de sugerencia
o indicación.
En los seis meses que llevamos prácticamente en el Gobierno, señorías, el
Ministerio del Interior ha demostrado hasta la saciedad que está
dispuesto a dialogar, que está dispuesto a asumir todo tipo de críticas,
como no puede ser de otra forma, pero también enmendar nuestra conducta,
si es que en algún caso hemos fallado. Pero, señorías, en este caso, la
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentra
perfectamente legitimada.
No quiero entrar en valoraciones acerca de la legitimidad de las
reclamaciones de los manifestantes, que están ahí y que son un hecho,
pero hay que señalar que la actuación de los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía estuvo justificada por la gravedad de los
acontecimientos y porque no hizo más que facilitar el libre ejercicio de
los derechos reconocidos en la Constitución.
Señorías, el Ayuntamiento de Marbella y los concejales con su alcalde
están privados por los manifestantes del más elemental de sus derechos:
el derecho a reunirse en consistorio. Y para reunirse es para lo que se
solicita la ayuda, previendo esa posible dificultad del sábado 31, que se
comunica el viernes 30. Por otra parte, el Gobernador Civil de Málaga se
encontraba de vacaciones y había un sustituto.
Conviene, además, recordar que el Cuerpo Nacional de Policía actúa a
requerimiento del alcalde de la localidad en funciones y en cumplimiento
de los mandatos de la Constitución y de la ley.
La actuación del Cuerpo Nacional de Policía se orientó a la protección
del ejercicio de los derechos fundamentales. Quiero recordar que nuestra
Carta Magna reconoce como derecho fundamental, en su artículo 19, el
derecho de los españoles a circular libremente por el territorio
nacional. Igualmente, señorías, el derecho de reunión pacífica se
consagra en nuestro texto constitucional en su artículo 21 y en su
correspondiente ley orgánica reguladora, de 15 de julio de 1983. Pero el
derecho de reunión o de manifestación, cuando se ejerce en lugares de
tránsito público, queda condicionado al respecto al orden público y a la
seguridad ciudadana y puede restringirse, señorías, como muy bien saben,
por parte de la autoridad gubernativa cuando exista riesgo de alteración
del citado orden público con peligro para personas y bienes, como aquí
claramente era el caso, señorías.
El derecho de manifestación, como todos los que consagra nuestra
Constitución, debe ejercerse en el marco y dentro del respeto a los demás
derechos individuales que la ley y la Constitución reconocen; y en el
caso de Marbella, los setecientos manifestantes estaban claramente
vulnerando los derechos de los concejales a reunirse.
Sobre este derecho, sobre la posibilidad de asistencia de los concejales
al pleno de la corporación --y no entro a calificar las razones por las
que querían reunirse; no podemos entrar a calificarlas, como tampoco
entramos a calificar los derechos de los manifestantes a hacerlo--,
quiero citar tan sólo algunas normas legales. Me basta con señalar la Ley
de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que regula las
competencias del pleno del ayuntamiento, en su artículo 22, y el
Reglamento de organización y funcionamiento de las Corporaciones locales,
aprobado por Real Decreto 25/1968, de 28 de noviembre, que establece, en
su artículo 12.1, y cito: Los miembros de las Corporaciones locales
tienen el derecho y el deber de asistir con voz y voto a las sesiones del
pleno. Es decir, el gobierno y la administración municipal, señorías,
corresponden, en nuestro sistema democrático, al ayuntamiento, integrado
por alcalde y concejales, elegidos mediante sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto; están legitimados por ese sufragio universal,
repito, libre, igual, directo y secreto. Se trató, por tanto, de proteger
el ejercicio de su derecho de asistencia al pleno de los miembros de la
corporación municipal, en cuanto que a éstos, sólo a éstos, corresponde
el gobierno municipal por decisión de la soberanía popular de la ciudad
de Marbella.
Sobre la intervención de la policía, señorías, no quiero aburrirles con
la cita pormenorizada de los artículos de la Constitución que aseguran y
legitiman su intervención, ni tampoco con la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, quiero que quede claro que
corresponde al Gobierno, a través de las autoridades y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar, señorías, la seguridad ciudadana, creando las
condiciones adecuadas a tal efecto y removiendo los obstáculos que lo
impidan. Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades
administrativas previstas en la ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, con la finalidad, señorías, de asegurar la convivencia,
erradicando violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios
públicos.
Por último, señorías, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a
éstas la misión de proteger a las personas y asegurar la custodia de los
bienes, vigilar y proteger edificios e instalaciones que lo requieran y
mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana.
Por todo ello, no puede sino afirmarse con total rotundidad que la
actuación del Cuerpo Nacional de Policía en el supuesto que nos ocupa se
desenvolvió en los más estrictos términos de constitucionalidad y de
legalidad.
A modo de conclusión, señorías, quisiera realizar las siguientes
precisiones. En primer lugar, que la actuación de los funcionarios de la
policía estuvo en todo momento plenamente justificada, en tanto se limitó
a facilitar el libre
ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos a requerimiento
del alcalde en funciones de la localidad.
En segundo lugar, y en relación con la intervención del señor Sanjuán
sobre la afirmación de inexistencia de la mediación para evitar los
posibles incidentes de la celebración del pleno, hemos de realizar las
siguientes matizaciones: primera, que la policía local de Marbella,
cuando se le comunicó la celebración del pleno, advirtió al alcalde en
funciones del riesgo que podía suponer para el orden público la
posibilidad de que los trabajadores impidieran el acceso de los
concejales al ayuntamiento. A pesar de ello, el alcalde insistió y exigió
el ejercicio de su derecho a la celebración del pleno, solicitando por
escrito la protección policial. Señorías, es un derecho del ayuntamiento,
es un derecho de los concejales el de reunirse, igualmente respetable,
igualmente legítimo que el derecho de los manifestantes a hacerlo, y es
obligación del Gobierno garantizar ambos derechos. Segunda matización, no
cabe imputar una falta de diálogo de los efectivos policiales con los
manifestantes, toda vez que, como se desprende del relato cronológico de
los hechos que antes he realizado, trataron durante 45 minutos, señorías,
de que los manifestantes depusieran su actitud y permitieran el paso de
los miembros de la Corporación local; diálogo que se reveló totalmente
inútil. Señorías, tampoco puede criticarse la falta de actitud dialogante
a los miembros de la Corporación Municipal de Marbella en el momento de
la manifestación, ya que en aquellos instantes, el alcalde se dirigió, en
sucesivas ocasiones y existen pruebas de ello tanto en vídeos como de
manifestaciones que luego se produjeron y del estudio del informe que
realizaron las autoridades de los incidentes, solicitándoles que
depusieran su actitud y les permitieran el acceso a las instalaciones
municipales, en ejercicio de los derechos propios de los concejales
reconocidos en la ley.
Por todo ello, no resulta acorde con la realidad ni tampoco lógico hablar
de ausencia política, de prudencia y de diálogo cuando, en definitiva, se
produjo una situación que escapó, señor Centella, del control de los
propios organizadores de la concentración, como ellos mismos, los propios
manifestantes, han reconocido posteriormente. Como se deduce del acuerdo
adoptado en asamblea por los representantes de los trabajadores, el
objetivo de la concentración era simplemente el de impedir, en un
principio, el acceso al edificio consistorial de la Corporación
municipal, con el propósito de manifestar su protesta y, finalmente,
disolverse y permitir, sin incidentes, la celebración del pleno. Así fue
el acuerdo y así está reconocido por los propios organizadores de la
concentración. Pero no fue así. Los hechos desbordaron a los propios
organizadores y así se produjeron los lamentables incidentes que el
Gobierno es el primero en rechazar.
De ningún modo, señorías, puede achacarse al Gobierno Civil de Málaga una
actitud de falta de diálogo en el conflicto que nos ocupa. En muchísimas
ocasiones, el gobernador civil ha intentado que el Ayuntamiento de
Marbella depusiera su actitud en determinadas iniciativas que cualquiera
de nosotros rechazamos, señor Sanjuán; pero están ahí, y lo que tenemos
que hacer es, mediante el diálogo, conseguir limar ese tipo de asperezas.
Las negociaciones del gobernador de Málaga con el Alcalde en funciones de
Marbella, en primer lugar y con carácter previo al día que sucedieron los
hechos, iban encaminadas a que, por todos los medios, se depusieran las
actitudes de unos y de otros. El Gobierno estuvo en todo momento
informado de los acontecimientos y, a fin de evitar futuras situaciones
similares, se procedió, de forma inmediata, a tomar la iniciativa en el
impulso de la negociación entre ambas partes. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) Esta actitud fue positivamente valorada, admitiendo las
partes la intervención del gobernador civil, como saben SS. SS. y, fruto
de este acuerdo, el gobernador, que ha venido manteniendo diversas
reuniones y conversaciones con centrales sindicales (UGT, Comisiones
Obreras, Confederación Sindical Independiente de Funcionarios y
representantes de los trabajadores afectados), se han obtenido ya
resultados satisfactorios y, en el día de la fecha, hay una solución
definitiva del conflicto.
Por ello, señorías, este caso creo que, afortunadamente, está concluido,
por lo que les agradezco sus intervenciones, su interés, de los que el
Gobierno toma buena cuenta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En un segundo y brevísimo turno quieren utilizar la
palabra los señores Centella y Sanjuán.
El señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, muy brevemente voy a
puntualizar algunas cosas a modo de conclusión.
Nosotros nos seguimos reafirmando en que hubo predeterminación para que
en ese día ocurriesen esos hechos. No es casual que hubo en días
anteriores desalojos pacíficos por disposición de las fuerzas de orden
público, que en ningún momento crisparon el ambiente porque los
trabajadores allí concentrados no eran gente violenta. Pero ese día sí
hubo una ostentación de medios antidisturbios; sí hubo una ostentación de
otra dotación policial, que ya desde el principio predeterminaban unos
hechos violentos que luego escapan al control. Cuando tenemos una
situación como la que yo he descrito, ante la primera carga, esa que
usted decía de la rotura del primer cordón con técnicas policiales, a
partir de ese momento y de que son arrollados los trabajadores que
estaban sentados, se escapa al control y ocurren hechos que nadie quería
que hubiesen ocurrido, en primer lugar los trabajadores, que, como usted
comprenderá, en este caso son los que más tenían que perder.
Nosotros seguimos pensando que ustedes pudieron ser cómplices, pudieron
ser utilizados o pudieron caer en la trampa. Usted no nos lo ha aclarado.
Al final tengo que decir que ustedes eran conscientes de que fueron
utilizados para convertir ese problema laboral en un problema de orden
público, que es lo que se pretendía por parte del ayuntamiento de
Marbella: convertirlo en problema de orden público para presentar a los
que eran simples manifestantes como gente violenta, porque el alcalde,
paralelamente a todos estos incidentes, estaba intentando poner al pueblo
de Marbella en contra de sus trabajadores, lo que afortunadamente
no pudo conseguir y se demostró en las manifestaciones multitudinarias
que hubo en la propia Marbella y al tener que dar marcha atrás el
alcalde, visto que la población estaba totalmente enfrentada a él. Como
digo, se trataba de presentar a los trabajadores como gente violenta, y
ustedes contribuyeron a ello.
Hay una frase que usted ha dicho (que no se la tengo en cuenta), cuando
ha hablado del diálogo de la corporación en Marbella, en Málaga, en
España, que es para hartarse de reír, como decimos nosotros, porque si
hay una corporación poco dialogante, que en ese mismo conflicto se negaba
a sentarse para hablar con el comité de empresa (algo constitucional; el
Gobierno tampoco hizo mucho por restituir el Estado de Derecho de que el
comité de empresa era el que tenía que negociar), decir, que hubo
voluntad de diálogo, yo creo que es un insulto para toda la gente que
estaba allí. Pero no se la tengo en cuenta porque ha podido ser una frase
sacada de contexto. Lo que sí se determina (se lo digo al portavoz del
Partido Popular), y se ve en este incidente y en otros más, es que hay
una doble vara de medir: una cuando se habla del ayuntamiento de Marbella
y otra cuando se habla de otros estamentos. A mí me hubiera gustado --y
hablo en primera persona porque se me impidió, como Diputado, acceder al
ayuntamiento de Marbella-- el respaldo de las fuerzas de orden público,
lo que no se produjo. Le digo que hay una doble vara de medir, y no me
refiero al Ministerio del Interior, que en este caso no tiene
responsabilidad, pero no se nos escapa que en Málaga existe un acuerdo de
gobierno entre el Partido Popular y el grupo Gil en la diputación, y un
acuerdo de gobierno entre el grupo Gil y el Partido Popular en la
mancomunidad del municipio de la Costa del Sol. Repito que esto no se nos
escapa, y ya digo que no estamos hablando de sus responsabilidades, pero
sí del Partido Popular, que aunque en Madrid parece que hace esfuerzos
por centrarse, cuando se desciende a Málaga parece que los esfuerzos son
para gobernar conjuntamente con el grupo Gil. Esta es una realidad
matemática en la diputación y en la mancomunidad.
Nosotros pedimos que a partir de ahora no haya esa doble vara de medir.
Las fuerzas de orden público tienen que estar para evitar incidentes, no
para provocarlos, como aquí ha ocurrido. Estoy seguro de que se hubiesen
evitado con el diálogo, a lo mejor con una hora de diálogo se podían
haber evitado, porque desde que llegaron las fuerzas de orden público se
sabía a lo que venían, que no era precisamente a dialogar, porque ya
estaba premeditado. Ya había una ostentación de medios antidisturbios y
había una realidad, y es que se venía a romper el cordón y la convivencia
pacífica que había habido en todo este conflicto. Ese ha sido el grave
error de las fuerzas de orden público, no del gobernador civil, que no
estaba en la provincia, sino de quien (yo le he preguntado si asumía la
responsabilidad el jefe de la Policía o quien sustituía en ese momento al
gobernador civil) asumía la responsabilidad de la orden, porque cuando se
interviene a requerimiento del alcalde se le podía haber dicho que ése no
era el momento adecuado para provocar incidentes de orden público. Le
repito que si me puede aclarar usted quién es el que se responsabiliza de
la orden de la actuación, si tiene nombre y apellidos, porque el pueblo
de Málaga tiene interés en saberlo y tiene derecho a saberlo.
Con ese comportamiento de las fuerzas de orden público en Marbella lo que
se hace es separarlas de la ciudadanía. Usted hablaba de un concepto
mucho más amplio, que era la seguridad ciudadana, que no son solamente
los problemas de orden público. Luego hablaremos de Marbella y ese tema.
Con estos incidentes lo que se hace es reducir la colaboración que tiene
que haber entre la ciudadanía y las fuerzas de orden público, y nuestro
interés al plantear aquí ese tema es recuperar ese contacto, esa
coincidencia de objetivos que tiene que haber entre la ciudadanía y las
fuerzas de orden público, y le repito que con su intervención no
solamente no lo ha resuelto sino que ha podido incluso ahondarla más.
El señor PRESIDENTE: El señor Sanjuán tiene la palabra.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor secretario de Estado, tengo que
agradecer sus explicaciones y sus expresiones. Usted nos ha dicho que no
quiere retroceder en cuanto a los sistemas de actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad anteriormente, que están dispuestos a reconocer las
equivocaciones y los errores y a enmendar actuaciones. Después usted nos
ha hecho un recorrido por la ley --que naturalmente los miembros de esta
Comisión conocemos-- en cuanto al derecho de reunión, al derecho de
manifestación, al derecho de los concejales, y en cuanto a lo que dice la
Ley de Bases de Régimen Local. Demasiados recorridos para intentar
justificar un tema como éste. Las leyes están allí. La aplicación de las
leyes, y sobre todo en materia de orden público, se basa siempre en la
proporcionalidad. La ley se interpreta y, en temas que afectan a
cuestiones de seguridad, con mucho mayor motivo. Ha dicho usted que su
objetivo es asegurar la convivencia impidiendo la violencia. En este caso
había una violencia objetiva que se estaba provocando por el ayuntamiento
de Marbella, y la actuación que se ordenó, la presencia que se hizo
palpable en la puerta del ayuntamiento de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad no impidió en este caso la violencia. La actuación está
plenamente justificada, dice usted, porque se trataba del requerimiento
de un alcalde. La policía local, dice usted, puso en conocimiento del
alcalde y de ustedes el riesgo que había para el orden público si se
celebraba este pleno municipal, y exigió el alcalde, dice usted, ejercer
su derecho a celebrar el pleno. Aquí es donde está la quiebra; aquí es
donde juega la inteligencia, la sensatez, la proporcionalidad. Estamos
acostumbrados a que los más autoritarios son siempre los que hacen valer
más la ley cuando se trata de ejercer su autoritarismo y sus posibles
derechos. Esto es lo que ocurre aquí y ustedes entran de hoz y de coz y
caen en la trampa que les plantea un alcalde de un ayuntamiento
absolutamente autoritario. ¿Cuántos policías locales tiene el señor Gil?
¿No podía el Gobierno haberle dicho que él tenía suficiente policía
local? Si precisamente presume de hombres de Harrelson, los lleva
vestidos de negro, los lleva montados a caballo y los está siempre
exhibiendo. ¿Por qué entran ustedes y caen en la trampa?
Yo no he discutido la actuación policial, ni desde luego la he criticado,
aunque me parece que es discutible. Me he querido centrar en los 14 ó 15
funcionarios que en un momento determinado se encuentran donde se
encuentran y les dan una orden: que abran un pasillo sobre hombres,
mujeres y niños también, que se encuentran sentados, para impedir que se
realice un ejercicio de violencia, naturalmente amparado y justificado en
la ley. La ley justifica y ampara que todo el mundo tiene derecho a
pasar, a entrar en un ayuntamiento. Eso es lo que piden. ¿Pero se le ha
ocurrido alguna vez a ese ayuntamiento y a su alcalde aplicar la ley en
tantas y tantas cuestiones? ¿Se le ocurría aplicar la ley en pagar a los
trabajadores? ¿Se le ocurría aplicar la ley al no decir que no se
derogaba un convenio colectivo? Porque es absolutamente estrafalario que
el que ha firmado un convenio después, por su propia autoridad, lo rompa
mediante la convocatoria de un pleno para ese fin. Eso es lo que yo desde
el primer momento he hecho con mis preguntas; lo que desde el primer
momento les he pedido que no vuelvan a hacer ustedes; que agoten las vía
de diálogo; que les digan a los ayuntamientos o a cualquier autoridad, en
casos en donde se está utilizando la ley para quebrantar otros derechos,
que agoten las vías de diálogo y no pongan de parapeto a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad ante esas actitudes autoritarias.
Yo no he querido citar las extrañas connivencias del Partido Popular en
Málaga con el grupo del señor Gil, con ese grupo que se llama Gil,
absolutamente gratuitas y que desgraciadamente al Partido Popular, en la
provincia de Málaga --y diría que en toda España--, le hacen muy poco
favor, pero ésa es la responsabilidad del Partido Popular, y yo no estoy
aquí pidiendo responsabilidades al Partido Popular, que es muy libre de
actuar como le dé la gana y como quiera. Estoy hablando con el
representante del Gobierno, estoy preguntando en este momento al Gobierno
y le estoy diciendo que no rompan esas actitudes, que actúen con
proporcionalidad, que amparen la convivencia, que impidan la violencia y
que desde luego no hagan caso de los autoritarios que les exigen el
cumplimiento de leyes que precisamente ellos no cumplen, porque eso es lo
que hace siempre el autoritario: aprovecharse de la democracia para
ejercer su autoritarismo y privarnos a todos de las libertades y de los
derechos que tenemos. No caigan ustedes en esa trampa y corrijan algunas
de esas actitudes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente, intervengo sólo en
función de la referencia tan expresa hecha por el señor portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, para decirle que no se equivoque, que en el
planteamiento del Grupo Parlamentario Popular no hay en este caso, ni
habrá nunca, una vara doble de medir como nos ha señalado cuando, como él
decía, se habla del ayuntamiento de Marbella o de otros estamentos; no la
habrá nunca. En el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular habrá
siempre un análisis entre hechos producidos y el imperativo surgido de
nuestro ordenamiento vigente, y eso nos hará formular siempre las mismas
valoraciones en la apreciación del binomio hechos-ordenamiento, se
produzcan esos hechos en Oyarzun, en Marbella, en Granollers, en Alcalá o
en Mérida. No hay más posible actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, señor portavoz del Grupo de Izquierda Unida, que
aquella que nace de la aplicación del ordenamiento jurídico y de la
aplicación previa del sentido común. Y desde luego, en este caso que
estamos analizando, no solamente hubo atenimiento al ordenamiento
jurídico sino un ejercicio previo de sentido común y de diálogo por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el lugar de los
hechos, más de cuarenta y cinco minutos para evitar lo que al final no se
pudo evitar, es decir, una intervención.
La política de este Grupo Parlamentario Popular la estamos intentando
acreditar día a día, la política del diálogo, la política del Gobierno,
en todos los ámbitos y, desde luego, en el ámbito de lo que afecta a la
política de seguridad es y será siempre la del diálogo y, como ha
señalado en su momento el señor Ministro del Interior, como ha señalado
el señor secretario de Estado, la de reconocer los errores, lo cual
supone una importante novedad --subrayo lo dicho--, cuando se produzcan.
Pero en este caso, lamentablemente, no se produjo un error en la
intervención policial sino un forzamiento, porque otros no actuaron con
sentido común, a la actuación de la dotación de Policía Nacional que
intervino.
Y quede constancia de una cosa igualmente clara. El Grupo Parlamentario
Popular hoy y aquí no se ha pronunciado sobre lo que no era objeto de
esta comparecencia, es decir, sobre la actuación de la corporación
municipal de Marbella o sobre el talante del alcalde de Marbella o sobre
el conflicto laboral o institucional de fondo que dio origen a los hechos
del 31 de agosto. El Grupo Parlamentario Popular se ha pronunciado
exclusivamente sobre lo que era objeto de esta comparecencia, es decir,
la adecuación o no de la intervención policial, y ésta estuvo en todo
punto adecuada a derecho. Nosotros creemos que hablar de provocación en
la actuación de las fuerzas policiales cuando interesa, desde cualquier
óptica política, es un discurso muy peligroso, porque es introducir un
concepto subjetivo y acomodable a los intereses propios que puede llevar
a relativizar el sentido de eso que se denomina imperio de la ley y
Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señor Centella,
no hay predeterminación alguna en la actuación de 14 miembros del Cuerpo
Nacional de Policía que se encuentran en la puerta del ayuntamiento de
Marbella que, por otra parte, no están a las ocho y media de la mañana
cuando los manifestantes comienzan su actitud, sino que llegan cuando no
hay más remedio que actuar, por lo menos en su mayor número, señor
Centella.
El señor Sanjuán ha comprendido muy bien el tema porque su grupo ha
tenido responsabilidades de gobierno
hasta hace muy pocos meses y sabe que la policía no actúa por orgullo
satánico o con un impulso que pretende vulnerar la ley o realizar
cualquier otro tipo de actuaciones contrarias a derecho. Señor Centella,
la policía actúa cuando no hay más remedio y el gobernador que da la
orden de actuación, el alcalde que solicita la intervención policial lo
hace en el último momento, cuando no hay más remedio, cuando es la única
forma de poder realizar un derecho determinado. En este caso es evidente
que el derecho del ayuntamiento, de los concejales con su alcalde a
reunirse, estaba siendo vulnerado por el grupo de manifestantes, que
tampoco eran tan pacíficos en cuanto que hubo una serie de lesiones y
piedras. Sé que en la plaza de los Naranjos hay naranjas, pero también
hay piedras y algún que otro elemento arrojadizo. Por otra parte, en esa
manifestación, señor Centella, los responsables son los organizadores,
que reconocen más tarde que se les ha ido de las manos, que ellos
pretendían otra cosa. Ellos, como responsables de la organización, son
también responsables de que se produjeran esos hechos y no la
desproporcionalidad de la actuación policial.
No creo que el Gobierno se pudiera sentir utilizado ni cómplice en las
actitudes del ayuntamiento o del alcalde de Marbella. Existía,
evidentemente, un problema de seguridad ciudadana, que está en la mente
de todos: que no podían acceder al ayuntamiento. El acuerdo para
manifestarse y luego disolverse no se pudo llevar a cabo y, por tanto, el
Gobierno no hace sino cumplir con su obligación y ayuda al alcalde y a
los concejales a acceder a la sede municipal.
Me presenta una corporación poco dialogante. En eso no entramos ni
salimos, señor Centella. La corporación es la que es, la que han votado
libremente los ciudadanos de Marbella. Habrá unas corporaciones más
dialogantes y otras menos. El Gobierno lo que tiene que hacer es asegurar
el derecho, primero, de reunión y manifestación de unos y, segundo, poder
actuar según lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local de otros. Y
no hay doble vara de medir. Frente a las dos actitudes, el Gobierno toma
la decisión de que ambas partes puedan cumplir con sus derechos y puedan
cumplir con sus obligaciones.
Señor Sanjuán, el tedioso recorrido que le he hecho por la legislación no
es sino para justificar las razones de la actuación policial. Sé que el
señor Sanjuán conoce perfectamente bien la ley, probablemente mucho mejor
que yo, pero he tenido que relatarla para llegar a esa explicación de la
proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión. Hay una
violencia objetiva en el ayuntamiento de Marbella, tal vez, pero también
hay una violencia no objetiva, sino real, por parte de los manifestantes,
y el Gobierno evidentemente no puede renunciar a su responsabilidad,
sacurdirse las manos y decir que es puramente un tema de Marbella, que es
puramente un tema que debe ser resuelto por la policía local. El Gobierno
frente a dos derechos, el de manifestarse y reunirse, por una parte, y el
de los concejales y el alcalde en funciones de reunirse en consistorio,
tiene que facilitar los dos. Tiene que respetar los dos derechos y
facilitar los dos derechos. La voluntad y el deseo de diálogo --que me
reconoce el señor Sanjuán y que le agradezco profundamente-- en este caso
se ha mostrado en el sentido de que al final se ha resuelto el problema
mediante el diálogo. Gracias a la voluntad de diálogo demostrada por el
Gobierno, por el gobernador civil en funciones o por el gobernador civil
actual se ha resuelto el pacto y hay acuerdo.
Esto es todo, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado. Termina esta
comparecencia solicitada al Ministro del Interior.
La siguiente comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista, hace referencia a los graves sucesos que están ocurriendo en
el sur de España y su posible relación con la delincuencia organizada y
su especial presencia en la Costa del Sol.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señoras y
señores Diputados, en relación con la solicitud de comparecencia
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pasaré a exponer a SS.
SS. los sucesos que han ocurrido en el sur de España y su posible
relación con la delincuencia organizada, con una referencia muy especial
a la Costa del Sol. Comenzaré, señorías, con una exposición y análisis de
lo que podríamos denominar delincuencia organizada en esa zona, con la
finalidad de estudiar sus problemas actuales, el posible grado de
implantación en España y las repercusiones y alcance que en lo que se
refiere a la seguridad de los españoles tiene este problema.
El estudio de un fenómeno tan complejo como la delincuencia organizada
debe ser abordado, necesariamente, de una forma parcelada a fin de poder
ofrecer una información concreta y no generalidades difícilmente
cuantificables. En este sentido, el análisis de la actividad organizada
de carácter criminal en la Costa del Sol puede ser desglosado, para su
mejor exposición, en tres grandes bloques. En primer lugar, señorías, me
referiré a la delincuencia organizada detectada en la Costa del Sol
durante el bienio 1994-1995. En el año 1994 se detectaron once grupos
formados por personas de nacionalidad extranjera y cinco grupos
constituidos por españoles y extranjeros. Entre las nacionalidades de los
integrantes de estos grupos se encuentran británicos, turcos, italianos,
marroquíes, franceses, colombianos, sirios, venezolanos, húngaros,
yugoslavos y búlgaros. En el año 1995 se produce una pequeña incidencia
positiva y se detectan dieciséis grupos de delincuencia organizada, de
los que tres están formados por españoles, cuatro por personas de
nacionalidad extranjera y nueve mixtos, con nacionalidades de varios
países. En estas nacionalidades hay británicos también, rusos,
holandeses, marroquíes, argelinos, argentinos, turcos, italianos, suecos,
uruguayos y portugueses. Las principales zonas de actuación de estas
bandas organizadas fueron, durante 1994 y 1995, Madrid, Andalucía,
Levante y Cataluña. Pero hay que precisar que durante el año 1995 se
extendieron a las islas Canarias. En cuanto a la actividad delictiva
realizada por estos grupos se detectó, señorías, que sus principales
campos de actuación eran narcotráfico --en una gran mayoría--,
falsificación de documentos, atracos, blanqueo de capitales, tráfico de
armas, contrabando y prostitución, fundamentalmente.
En segundo lugar y como segundo bloque, el resumen general de la
actividad delictiva conocida en la Costa del Sol durante este período
--1994 y 1996 hasta octubre, como es lógico-- es que se ha constatado la
presencia de delincuentes extranjeros, a veces actuando solos y a veces
en compañía de españoles, habiéndose detenido 272 individuos durante
1994. En el año 1995 esas detenciones disminuyeron a 150 personas. En
este año 1996, mediante la actuación policial, se han detenido 339
delincuentes en la Costa del Sol. Estas cifras, señorías, son
preocupantes, pero no deben sumirmos en la alarma. Como dato destacable
conviene señalar que, en los tres años de referencia, más de la mitad de
los detenidos lo fueron por actuaciones relacionadas con el narcotráfico.
En tercer lugar y como tercer bloque me referiré a los operativos
policiales sobre tráfico de drogas, actividad que abarca, como antes he
señalado, el 60 por ciento de la delincuenca organizada a nivel nacional,
realizados éstos en la Costa del Sol, en colaboración con otras policías
extranjeras, durante el período 1995 y hasta el mes de octubre de 1996.
En este apartado destaca la existencia de 19 operaciones conjuntas entre
España y otros países en materia de tráfico de drogas, 10 con el Reino
Unio, tres con Italia, tres con Holanda, tres con Canadá, una con
Dinamarca y una con Estados Unidos.
Señorías, las razones que explican la elección de la Costa del Sol como
lugar de asentamiento de los grupos de delincuencia organizada son,
fundamentalmente, la especial configuración del litoral mediterráneo, que
por sus especiales características geográficas, climatológicas,
urbanísticas, de población y nivel de vida constituye el lugar elegido
para el asentimiento de grupos de delincuentes con distinto nivel de
organización o sin organización alguna, procedentes de muy diversos
países y fundamentalmente, como he señalado antes, del Reino Unido,
Francia, Italia, Turquía, Marruecos y Rusia, si bien deben citarse otras
nacionalidades de procedencia como Argelia, Países del Este, Argentina,
Colombia y China. A este respecto, señorías, deben distinguirse tres
fases de asentamiento de los delincuentes procedentes de estos países. En
una primera fase eligen la zona como lugar de descanso y de refugio. En
una segunda utilizan la zona como base de operaciones y de lavado de
dinero a través de inversiones. A este respecto, la costa de Málaga
constituye uno de los más importantes centros de blanqueo de capitales en
nuestro territorio. Y en una tercera fase preparan las acciones
criminales que se producen fuera de la zona o realizan actos delictivos
en la propia zona de asentamiento. Entre estos actos delictivos destacan
el tráfico de drogas, como he dicho, el tráfico de vehículos y armas,
defraudación con medios de pago e inmigración clandestina, así como toda
una serie de delitos conexos o instrumentales de los anteriores como
falsificaciones, amenazas y secuestros. Señorías, estos hechos de
delincuencia organizada en la Costa del Sol, con estas características
especiales del territorio, características sociológicas incluso, no son
una excepción en España. Situaciones similares se han dado en áreas de
Estados Unidos, con unas características muy parecidas en zonas del sur
de Francia y en otros lugares del mundo donde en determinados momentos se
asientan esas bandas de delincuencia organizada.
Por lo que se refiere a los actos criminales violentos más graves, y en
concreto a los asesinatos y homicidios, suelen producirse por tres tripos
de motivos. En primer lugar, por disensiones propias surgidas en el
ámbito de la relación criminal de los delincuentes que actúan en la zona.
En segundo término, por los ajustes de cuentas sobre delincuentes que
residen pero que no operan allí. Y en tercer lugar, hechos violentos que
a pesar de tener como víctimas o autores a sujetos extranjeros se
corresponden con la simple delincuencia común, sin que puedan ser
confundidos con los producidos por delincuencia organizada.
Señorías, tras esta exposición general, quiero llamar su atención sobre
una reflexión que debemos tener presente. En el día de hoy debe
afirmarse, con rotundidad, que no puede hablarse de existencia de una
mafia en la Costa del Sol. Es evidente --y antes lo he dicho-- el
asentamiento en distinto grado de grupos de delincuencia organizada en la
zona, pero no concurren, sin embargo, las circunstancias necesarias para
que un grupo criminal organizado pueda ser calificado de mafia; esto es,
jerarquización, penetración en el tejido político, económico y social y
control en distinta medida, con mayor o menor profundidad, de las
diferentes instituciones, públicas y privadas.
Una vez hecho este análisis, con carácter general, del programa de la
delincuencia en la Costa del Sol pasaré, señorías, a continuación, a
exponer unos hechos ocurridos recientemente en esta área geográfica del
sur de España, examinando en cada caso su posible conexión con el
fenómeno de la delincuencia organizada. Los hechos ocurridos en Marbella,
que son suficientemente conocidos porque han tenido gran repercusión en
los medios de comunicación, no tienen, como saben SS. SS., conexión
alguna entre sí, simplemente una incidencia en el tiempo y en el espacio.
No obstante, no puede en modo alguno ocultarse la gravedad de tales
sucesos que, aun siendo aislados, han provocado una considerable alarma
ciudadana, especialmente en la Costa Malagueña.
Como ya les he señalado, el litoral mediterráneo, y en particular la
Costa del Sol, está recibiendo, desde hace tiempo, asentamiento de grupos
de delincuentes nacionales y extranjeros. Sin embargo, no todo delito que
se produzca en la zona, por grave que sea, está directamente relacionado,
está directamente unido con la criminalidad organizada, aunque es
indudable que en muchos casos sí existe esta relación más o menos directa
con este tipo de delincuencia. Sin entrar en una relación pormenorizada
de hechos que ya son conocidos en detalle, parece oportuno centrarse en
el estado actual de las investigaciones policiales, caso por caso,
incidiendo en los sucesos que allí ocurrieron. En primer lugar, me
referiré al asesinato de don Francisco Javier Sánchez Bocanegra, en su
domicilio de Marbella, el 9 de septiembre del corriente año.
Policialmente, señoría, este caso está resuelto y, como saben, han
sido detenidos los ciudadanos búlgaros, quienes reconocieron los hechos y
pasaron a disposición judicial, así como el material probatorio que les
fue intervenido. Está absolutamente descartada la vinculación de este
asesinato con el crimen organizado y así, según se deduce de las
investigaciones policiales, el móvil pudo ser de tipo personal y de tipo
económico. Las investigaciones han sido realizadas por funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Marbella con la cooperación
y participación de funcionarios de la Brigada provincial de la policía
judicial de Valencia y de la Brigada de delincuencia organizada de la
Unidad central de policía judicial.
En segundo lugar, me referiré al asesinato del oficial del Cuerpo
Nacional de Policía don Juan Alameda Rodicio y de las lesiones graves a
otro policía marbellí, ambos componentes de la dotación de un vehículo
radiopatrulla perteneciente a la comisaría de policía de la citada
localidad, hechos ocurridos el 3 de octubre de 1996. Como saben, ambos
recibieron disparos por parte de un individuo de nacionalidad holandesa
cuando la dotación policial procedía a efectuar una identificación
rutinaria. Policialmente el caso está también resuelto, habiéndose
procedido a la detención y puesta a disposición judicial del ciudadano
holandés Albertus Van Dick como supuesto autor material de los disparos,
así como de tres personas más relacionadas con el hecho: Jhon Aarbey, de
nacionalidad noruega, Kin Hartvig, de nacionalidad danesa, y Sanab El
Maati, indocumentado. Tampoco en este caso, señorías, el hecho de
asesinato se encuentra vinculado a móvil que pueda ser relacionado con la
criminalidad organizada. No obstante, las informaciones disponibles hasta
la fecha hacen suponer que los detenidos se dedicaban al tráfico de
drogas en Marbella. Las investigaciones y actuaciones policiales han sido
llevadas a término en este caso, señorías, por funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía pertenecientes a la comisaría de Málaga. Es decir, en
este segundo caso, crimen relacionado con la droga, pero no parece que
fuera un crimen relacionado con ninguna banda organizada por las
informaciones que dispone la policía hasta el momento.
En tercer lugar, asesinato de los franceses Catherine Isabelle Castagna y
Jacques Rene Grangeon, con resultado de lesiones muy graves al también
francés Jean Pierre Brune, ocurrido en el domicilio de los dos primeros
en Marbella, el día 5 de octubre de 1996. Se consideró como hipótesis de
trabajo más probable que se trataba de un ajuste entre delincuentes de
nacionalidad francesa. En este último caso, debo poner en conocimiento de
SS. SS. que el pasado día 27 de octubre fueron detenidos como sospechosos
de estos dos homicidios, así como por tráfico de estupefacientes, ocho
ciudadanos extranjeros cuya identidad ya ha sido confirmada. A estos
ciudadanos se les intervino diverso material, entre el que se encontraba
al parecer 200 gramos de cocaína, tres vehículos, dinero y documentos
varios. Como saben SS. SS., estos individuos han sido ya reconocidos en
algún caso por la hija del matrimonio asesinado y se encuentran a
disposición judicial. En la operación intervinieron funcionarios de las
comisarías de Marbella, Estepona y Málaga, de la Brigada de delincuencia
violenta organizada, de la Unidad de sistemas especiales y del Grupo
especial de operaciones.
Señorías, el Ministerio del Interior es plenamente consciente de la
gravedad de la situación de la Costa del Sol, pero aun siendo esto
cierto, quiero tranquilizar a SS. SS. porque en nuestro departamento
existe el convencimiento de que se está realizando un efectivo control
sobre el crimen organizado. Somos conscientes de la gravedad del
problema, pero también de que existen soluciones, y en ello estamos
empeñando nuestro esfuerzo diario. Se están adoptando medidas eficaces
para luchar contra la delincuencia organizada en la Costa del Sol, dentro
del objetivo general del mantenimiento de la seguridad ciudadana, tarea
fundamental que nos atribuye la Constitución y el ordenamiento jurídico.
De este modo, recientemente se han venido intensificando las actuaciones
dirigidas a la lucha contra esta criminalidad y hemos establecido un plan
que toma como base la cooperación y coordinación policial, tanto a nivel
nacional como a nivel internacional. Señorías, más adelante expondré con
más detenimiento cuáles son estas medidas. Me reservo el derecho de
intervenir más tarde, después de escuchar las intervenciones de los
grupos participantes.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--INTERVENCION DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LOS INCIDENTES
PRODUCIDOS POR LAS PROTESTAS DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA (MALAGA). FORMULADA POR EL SEÑOR SANJUAN DE LA ROCHA, GRUPO
SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000119.)
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Presidente, para una cuestión de
orden.
El Grupo Socialista tenía presentada, además de esta petición de
comparecencia de carácter general, una pregunta que yo había tramitado
personalmente relacionada más estricta y concretamente con el entorno de
Marbella. El Grupo Socialista considera acumulada la pregunta a la
comparecencia, sin perjuicio de reservarme el derecho de poder intervenir
en relación con el tema concreto de la pregunta para poderla retirar.
El señor PRESIDENTE: Se acumula, en principio, la pregunta a la
comparecencia, con idea de que el señor Sanjuán pueda intervenir.
Tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor secretario de Estado, quiero agradecerle la
información que ha dado a esta Comisión y de manera específica al Grupo
Parlamentario Socialista que adoptó esta iniciativa, por lo que veo, con
el mismo nivel de preocupación que tiene el secretario de Estado de
Seguridad. No trataba el Grupo Parlamentario Socialista de aumentar la
alarma o la gravedad, que ésas son
expresiones que usted ha dicho en esta Comisión, porque existe, incluso
hay una cierta alarma en los ciudadanos no sólo de Marbella y de la Costa
del Sol, sino en zonas adyacentes como Cádiz, Sotogrande, etcétera. Por
el contrario, lo que queríamos era, mediante la información adecuada
facilitada por la secretaría de Estado, informar a su vez a los
ciudadanos de que estaban suficientemente protegidos. Pero el problema
existe, señor secretario de Estado, y usted lo ha dicho. Las causas son
muchas, sin duda alguna. Unas, las que usted ha relatado de manera
pormenorizada en esta Comisión. La alarma, además, procede no sólo de la
personalidad de los posibles delincuentes, de los posibles autores de
este tipo de hechos criminales últimos, sino también incluso de los
métodos empleados en su acción criminal, que son especialmente crueles y
que han tenido un extensivo relato por parte de distintos medios
audiovisuales y de distintos medios de comunicación escrita; métodos que
hacen pensar que si no estamos cerca de lo que se puede considerar
técnicamente mafia --es verdad que se trata en ese caso de un grupo
jerarquizado que se introduce en medios judiciales, políticos,
sindicales, económicos, etcétera-- sí estamos cercanos a algún tipo de
organización de este calibre.
Los recientes asesinatos han creado, por supuesto, una enorme
inseguridad. Además, han sido graves en zonas adyacentes a Marbella y a
la Costa del Sol, propiamente dichas, a otra llamada Costa de la Luz, y
por lo que veo a otras zonas turísticas que usted ha relatado como
Cataluña, Levante y Canarias. Debe servir, por tanto, esta comparecencia
--no tenemos que decir que cuenta con nuestro apoyo en cuanto a
información-- para recabar lo que se viene en llamar la seguridad
objetiva, es decir, la seguridad de la tranquilidad que tiene el
ciudadano cuando se sabe garantizado en el ejercicio de sus derechos por
parte del Estado. Porque todas esas zonas que usted ha relatado y de
manera especial el sur de España, la Costa del Sol, son especialmente
atractivas para el turismo. Pero no se desecha la alarma, como se ha
dicho en algunas declaraciones curiosas de miembros del Ejecutivo y algún
alcalde pintoresco de la zona, por el hecho de ensombrecer la verdad,
sino por decirla y por estar todos juntos para evitar que estos sucesos
ocurran.
La situación era preocupante para nuestro grupo porque existen informes
de medios de la seguridad del Estado, fundamentalmente de finales de 1995
o principios de 1996, y me imagino que habrán seguido informando sobre
este tema. No se trata ya lo que ocurra allí, de asentamientos de tipo
turístico que después, como usted dice, devienen en vías de criminalidad,
sino que creo que usted ha empleado la palabra, que es correcta, de
centros operativos de criminales, que son más preocupantes en algunos
lugares concretos como es la zona de Marbella, que preocupaba de manera
especial al Diputado por Málaga señor Sanjuán. Pero preocupan también
otros sitios. No ha dado usted los datos, pero seguro que los tiene.
Desde Málaga a Cádiz, más concretamente de Málaga a Sotogrande,
aproximadamente hay unos 120 kilómetros de playa, con serias dificultades
para hacer cualquier actuación preventiva de tipo criminal. Además, hay
alrededor de 16 puertos deportivos, lo que conectado al tráfico de
estupefacientes hace dificultoso cualquier tipo de operación y crea
inseguridad, y más de 110 urbanizaciones de carácter privado en donde
parece ser que han asentado sus reales este tipo de organizaciones
criminales, señor secretario de Estado. Pero es que, además, algunos
datos son preocupantes si no hay, como espero que usted nos diga después,
algún plan operativo como consecuencia de esta gravedad.
Málaga recibió, hasta el mes de agosto, en su aeropuerto alrededor de
seis millones de viajeros, de los cuales un porcentaje elevado era de
extranjeros, desechando todo tipo de transeúntes foráneos que puedan
venir a través de vehículos, ferrocarriles, etcétera. Usted ha dado una
importante cuenta sobre las investigaciones policiales. Incluso parece
que este tipo de grupos criminales tienen su desgraciado nivel de
especialización. Parece ser que franceses y británicos tienen a gala ser
especialistas en el tráfico de hachís, de estupefacientes, en la venta de
coches robados que después al parecer venden a países africanos,
fundamentalmente. Los italianos tienen su especialidad --para que vea
usted las dificultades del mercado que lleva también a estos delincuentes
a la especialización (Risas.)-- en el robo de joyas, que es donde parece
que se consideran más artistas. Hay otra procedencia, que también ha sido
objeto de informe por parte de la policía, de asentamiento de personas
que proceden del Este, cuya triste especialidad parece que está más
dirigida a la prostitución, al blanqueo de dinero, etcétera. Hay un
asentamiento último, del que usted ha hecho un relato demasiado breve y
que me gustaría que nos lo ampliara, de un auténtico desembarco de
turistas, entre comillas, rusos, que parece que también reconvierten su
acción en la Costa del Sol hacia una profesión con mejores consecuencias.
En 1994 entraron alrededor de 3.500, según datos que nosotros tenemos,
pero en 1995 entraron más de 23.000 de los llamados turistas rusos. Este
tipo de asentamiento --según los datos que nosotros tenemos es de
procedencia rusa de manera especial, que vienen con dinero efectivo y que
transforman a través de operaciones inmobiliarias en blanqueo de dinero--
preocupaba también, de acuerdo con los datos que tenemos nosotros y otros
que estarán en su poder, a la policía.
A nosotros nos preocupa, señor secretario de Estado --voy a terminar
ya--, algunas declaraciones, porque en esto más vale que el mensaje sea
único, pues podemos reducir las expectativas lógicas de correcta
inversión, de turismo de toda esta zona. Nos preocupan algunas
declaraciones como la del gobernador señor Cabezas, que decía --me
imagino que con la ingenuidad propia del neófito en el cargo-- que
Marbella reúne condiciones geofísicas idóneas para este grupo de
criminales. Esto dicho en la prensa en junio o julio no parece que anime
especialmente al turismo, a no ser que se diga inmediatamente que existe
un plan muy claro para prevenir y hacer operaciones de cirugía, de
política criminal, con referencia a este tipo de asentamientos. O bien
cuando se refería --y esto sí quisiera preguntárselo para ver qué datos
tiene-- a la innegable irradiación delictiva de Gibraltar, que parece que
según el señor gobernador va más dirigida a la zona de la Costa del
Sol o a la zona de Cádiz. En cualquier caso, reconocía el señor
gobernador que era Málaga uno de los más importantes lavaderos de dinero
negro de España, sin dar otros datos de prevención o de represión en ese
aspecto.
Decía usted que no es mafia, pero debía llamar la atención al señor
Cotino, Director General de la Policía, porque algunas de sus
declaraciones --estará conmigo-- no han sido especialmente brillantes en
los últimos días al manifestar: No decimos que no haya mafia, sino que en
los dos de los tres asesinatos no está la mano de la mafia. De lo que hay
que deducir, de acuerdo con lo que todos estudiamos en escolástica,
porque todos procedemos más o menos de lo mismo, que en alguno de ellos
está la mano de la mafia. Eso contradice en alguna medida lo que usted
dice, en lo que por cierto estoy de acuerdo y no creo que haya mafia
asentada, pero hay que decírselo al Director General de la Policía que ha
cometido este error, no sé si por negligencia o por desconocimiento.
Dice además el Director General de Policía, lo cual nos llena de
satisfacción, que la policía este año va a tener dinero real (no entiendo
bien lo que es dinero real) para invertir más que el año anterior en este
tipo de cuestiones. Al margen de que no terminamos de entender lo de
dinero real y a lo mejor forma parte de lo que hoy viene en llamarse
contabilidad creativa, esto también nos ayuda porque, de acuerdo con sus
datos, en los presupuestos para Interior había una importante reducción
en la Dirección General de Policía, como bien sabe y sufrirá.
Para concluir, señor secretario de Estado, nos gustaría que nos informara
del plan y de las medidas que tiene la Secretaría de Estado para evitar
este tipo de problemas. Preocupa que en el año 1996 --no habiendo
terminado--, según sus datos, haya 339 detenciones --han aumentado al
doble--, por lo que parece que, aparte de la eficacia policial, hay un
mayor asentamiento.
En segundo lugar, ¿hasta qué punto este tipo de asentamientos,
fundamentalmente el ruso del que le he hablado, está siendo seguido por
la policía, controlando, por ejemplo, las propiedades inmobiliarias?
Porque se están haciendo con unas importantes propiedades inmobiliarias,
sospechamos todos que con el fin de blanquear dinero.
Tenía una pregunta particular a la que no sé si podrá contestarme. Antes
había un asentamiento británico, que campaba por sus reales, con algún
que otro delincuente de historia brillante que venía protegido
especialmente --usted es diplomático-- porque no existía convenio de
extradición, cosa que ahora no ocurre.
Las otras preguntas me imagino que entrarán dentro de lo que nos va a
hablar cuando lo haga del plan. ¿Se van a aumentar los efectivos, señor
secretario de Estado? ¿Se van a enviar fuerzas policiales de carácter
especializado, por ejemplo en traducción, que es uno de los problemas que
puede haber en esa zona? Nos preocupan los presupuestos porque esa zona
tiene ese tipo de asentamientos (usted ha dicho que se inicia como
turista y es cierto) de manera especial en la época de verano, y este
año, en contra de un uso que existía hasta ahora, en general, en las
costas, al menos en las del sur, el nivel de aportación en cuanto a
fuerzas de seguridad ha bajado en esta época. Por tanto, queríamos saber
si se van a seguir aumentando durante ese tiempo en efectivos de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la costa y si se cuenta con
presupuestos que garanticen este tipo de asentamientos también, pero de
fuerzas de seguridad, que den tranquilidad para garantizar los derechos
de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: El señor Sanjuán tiene la palabra.
El eñor SANJUAN DE LA ROCHA: Señoras y señores Diputados, señor
secretario de Estado, en primer lugar, mi felicitación a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado por lo que tenemos que considerar
brillantes intervenciones en la resolución de los asesinatos cometidos
recientemente en la Costa del Sol, fundamentalmente en Marbella. A este
hecho concreto, al entorno de Marbella y a estos sucesos, me voy a
referir con toda brevedad.
Usted ha señalado que en la Costa del Sol, desde 1994 a 1996, viene
produciéndose un incremento de la delincuencia organizada. En primer
lugar, estos delincuentes, que lo son antes de llegar a Marbella y a su
entorno, la Costa del Sol, cogen la zona como lugar de descanso y de
refugio; en una segunda fase efectúan inversiones y blanquean dinero, y
posteriormente pasan a constituir centros operativos de delincuencia y de
graves delitos como los que usted ha descrito. Ha señalado usted que hay
causas geográficas, geofísicas, pero también motivos sociológicos para
que se establezcan en esta concreta zona. Con este cambio de lugar de
descanso y de refugio a blanqueo de dinero e inversiones, que convierten
ya en actividades de blanqueo de dinero y de inversiones especulativas,
irregulares y delictivas, se pasa a la tercera fase. Yo quiero incidir
brevemente en las razones sociológicas. Las razones sociológicas estriban
en que donde se hace desprecio de la legalidad y se usa del autoritarismo
se establecen y encuentran su caldo de cultivo todos estos grupos de
delincuencia organizada. Desgraciadamente, eso está ocurriendo
continuamente en la ciudad de Marbella, ahora se ha extendido también a
Estepona, y amenaza a otros municipios de la provincia de Málaga.
La presencia de ciudadanos rusos en estos momentos en Marbella,
dedicándose a inversiones especulativas y al blanqueo de dinero, no es
una casualidad. Le pido al Secretario de Estado y al Gobierno que
profundicen en sus investigaciones, pero que no paren en lo que pueden
ser conexiones políticas. Recientemente hemos leído una noticia: El
ayuntamiento de Marbella ha donado, entre comillas, tres parcelas de
terreno, por valor de 140 millones de pesetas, al alcalde de Moscú. No
sabemos cuáles son las razones por las que se puede donar a un alcalde,
desde un ayuntamiento, tres parcelas valoradas en más de 140 millones de
pesetas. Hay muchas inversiones de ciudadanos rusos que tienen que ver
con concejales y con negocios del ayuntamiento de Marbella, a través de
sus múltiples sociedades. Profundicen por ahí y posiblemente romperemos
el aura sociológica de amparo que están significando para la Costa del
Sol las actitudes autoritarias y de desprecio total de la legalidad. Ese
desprecio absoluto a la legalidad y de
aprovechamiento de la ley para ejercer actividades ilegales es, a mi
juicio, uno de los caldos de cultivo para que se haya pasado de la
primera fase (descanso y refugio) a la segunda (blanqueo de dinero e
inversiones especulativas) y en estos momentos a la tercera.
Felicitándole nuevamente a usted como responsable de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado por los éxitos obtenidos, les pediría y
exigiría desde el Grupo Socialista que profundicen en todos los ámbitos
de la investigación para terminar con estos fenómenos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el
señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: La cuestión que voy a plantear al señor
secretario de Estado va al hilo de los datos que nos ha facilitado en su
última intervención, específicamente a la cita que ha hecho del ámbito de
Canarias.
En primer lugar, señor secretario de Estado, sabe que desde mi coalición
estamos prestando un apoyo pleno a la política policial que viene
desarrollando su departamento. Esperamos que una serie de situaciones que
en este momento se están planteando en España con respecto a las mafias
puedan obtener pronto una respuesta legal, jurídica y técnica con el
trabajo que desarrolle la recientemente aprobada ponencia encargada del
estudio del modelo policial. Esperamos que las mutuas relaciones entre
los miembros de esta ponencia y el Ministerio del Interior puedan
fructificar en un modelo adecuado policial que responda a todas las
expectativas, tanto las que se deducen del espacio policial europeo, de
los compromisos internacionales, sobre todo con la Unión Europea, con
Interpol, como de la modernización que requiere la dinámica del crimen
organizado, como se viene detectando y que bien nos ha informado.
Mi primera pregunta es si, ante este fenómeno del crimen organizado, las
mafias que ha citado, en cualquiera de sus actividades, exigirían de
inmediato, sin esperar a dictámenes de dicha ponencia, que el Ministerio
del Interior especializara policías, dada la singularidad de los delitos
en los campos que ha señalado: los tradicionales de la droga, del
blanqueo de dinero, de la prostitución infantil y de la prostitución
organizada, y luego hablaremos de este tema centrándolo en Canarias.
Creemos que, junto a la labor logística policial de conseguir introducir
informadores en todas estas redes, el seguimiento de las mismas requiere
una especialización en el policía.
Al propio tiempo, yo no sé si desde el Ministerio de Justicia, señor
secretario de Estado, se puede abrir una línea de actuación que
necesitaría una imprescindible coordinación con el Ministerio del
Interior. Digo esto, señor secretario de Estado, al hilo de las
declaraciones que ante esta Comisión y en otras, como la Mixta de la
Unión Europea, han expresado la señora Ministra de Justicia, doña
Margarita Mariscal de Gante, y recientemente ante esta Comisión el propio
Fiscal General del Estado, al referirse a la Policía judicial; si hay una
especialización judicial en determinados juzgados para el tipo de delitos
que persiguen (ahí tenemos las competencias de la Audiencia Nacional en
lo que tiene circunscrito que prácticamente toca desde terrorismo hasta
blanqueo de dinero, pasando por drogas en las actividades delictivas de
las mafias creemos que sería imprescindible que el Ministerio de
Justicia, a través también de los órganos especializados de la Fiscalía
General, coordinara este tema con el Ministerio del Interior, porque
entendemos nosotros que el Ministerio del Interior en este momento está
planteando una política muy realista, muy racional, muy eficaz y
necesita, por tanto, no que se ponga el Ministerio de Justicia a su
servicio, pero sí toda la organización administrativa del Gobierno en la
punta de lanza que representa el Ministerio del Interior, que tiene bajo
su mando inmediato los Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto el Cuerpo
Nacional de Policía como el de la Guardia Civil en estas funciones.
Bajando ya al tema concreto de Canarias, citado en su intervención, señor
secretario de Estado, me gustaría preguntarle: esas mafias que ha
detectado la policía que están actuando en Canarias, territorio
tremendamente atractivo por la cuestión, expuesta también por el portavoz
socialista, de ser zona turística, fundamentalmente en Canarias el
turismo está generando casi el 70 por ciento del producto interior bruto,
por tanto, es un pastel muy apetecible para que introduzcan sus malas
artes las mafias del crimen, si se trata, señor secretario de Estado,
porque no lo sé, de mafias de nivel y estructura local o hay
correlaciones con las mafias que están operando en otras partes del
territorio del Estado, que usted ha citado, como Galicia, Levante,
Andalucía y también entre ellas después Canarias, si la policía tiene
noticias de que son mafias de pura estructura y mando local, que empiezan
y terminan allí o tienen correlación con organizaciones mafiosas de la
península o de otros sitios.
En este punto, es decir, respecto al tema de la droga, en honor a la
verdad quiero hacer señor secretario de Estado un elogio a la eficacia de
las unidades especiales de la Guardia Civil, fundamentalmente en
operaciones en los aeropuertos canarios, donde sólo entra pasaje, que
están desarrollando una meritoria y brillantísima represión del tráfico
de droga, sobre todo en los tráficos aéreos que llegan a Canarias
procedentes de Centro y Sudamérica, para utilizar Canarias bien como
fuente de consumo, pero sobre todo como plataforma intermedia de la
comercialización con el territorio peninsular y europeo. Quiero destacar
ese asunto porque están haciendo una ímproba labor que me consta, señor
secretario de Estado, y pedirle tanto el reconocimiento para las personas
que lo hacen como las garantías de dotación numérica suficiente de dichos
efectivos. Lo digo yo, que muchas veces he criticado y critico la
presencia masiva, excedentaria a mi juicio de fuerzas de la Guardia Civil
en los controles de pasajeros mediante arcos magnéticos, pues creo que
algunos serían innecesarios, labor que sería perfectamente hecha por
guardas jurados, lo cual no significa quitar a la Guardia Civil de los
aeropuertos sino que esté allí el mando, como tiene la gendarmería
francesa --en los aeropuertos franceses, la gendarmería no hace el
control de las maletas de los pasajeros-- y, sin embargo, detraen la
presencia de guardias civiles en otras actividades,
como en la lucha contra la droga, tráfico, etcétera, que pudiera haber.
Me gustaría conocer si de estas mafias, en Canarias, tiene el señor
secretario de Estado alguna información más concreta sobre las áreas en
que se están especializando. Por las informaciones que tiene este
Diputado, los datos de que dispongo, obtenidos muchas veces de fuentes
informativas privadas, reflejan que están actuando más en el campo del
blanqueo de dinero, bien por la compra de inmuebles, actuaciones en el
mundo del turismo, etcétera, y en el campo de la prostitución, pero no la
infantil. No pasa semestre en el que alguna revista española nos hable de
orgías organizadas en determinados puntos turísticos y costeros de las
islas Canarias, lo cual es un factor tremendamente negativo por las
connotaciones que tiene, y no me meto en el ámbito de la moral, sino que
planteo puramente lo que es la corrupción que puede generar y, a este
respecto, animo al señor secretario de Estado, a los mandos del
Ministerio del Interior y a las brigadas de lucha contra la corrupción
interna que pudiera existir, porque la corrupción se contagia, el que
corrompe, el corruptor, tiene que corromper, tiene que tratar de
corromper, en primer lugar las estructuras de su clientela, pero, en
segundo lugar, las estructuras de quienes están obligados a reprimirlo.
Tenemos plena confianza en todos los instrumentos del Estado. Me consta
su voluntad, señor Martí Fluxá, y la del señor ministro, que se nos ha
expresado tanto pública como privadamente, y en eso queremos colaborar.
Tienen ustedes nuestro apoyo total y absoluto, el personal, el de mi
coalición y el de la representación en el Gobierno de Canarias, para ser
vigilantes en el perfecto comportamiento de todos los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y quiero incentivarle también
para que esas brigadas de régimen interior funcionen con plena garantía y
eficacia, porque el poder de las organizaciones mafiosas no se para en
barras. Usted me entiende, señor secretario de Estado.
Termino, señor Presidente, felicitando al señor secretario de Estado por
la labor que vienen desarrollando y ratificándole nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans i Cambó tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, brevemente.
Señor Secretario de Estado, agradezco su información y quiero centrar mi
breve intervención en poner de relieve y dejar constancia de que éste es
un tema que nos preocupa, porque, como usted mismo ha dicho, aunque la
comparecencia estaba centrada con especial referencia a la Costa del Sol,
evidentemente, el tema afecta a todas las zonas costeras, la presencia de
delincuencia organizada en Cataluña es una realidad, al menos así se
percibe, y aunque quizá es menor, o afortunadamente todos tenemos la
impresión de que es mucho menor de lo que ocurre con algunas de las cosas
que usted mismo ha planteado o que ha planteado alguno de los otros
intervinientes sobre la situación en la que está la Costa del Sol, pero
más vale prevenir que curar y, particularmente en lo que es la zona de la
Costa Brava, se nota esa misma afluencia inmensa y creciente de turismo
ruso. Ese turismo es positivo. Aquí se está hablando del turismo ruso
como si en sí mismo acarreara delincuencia por el solo hecho de ser
turismo ruso; yo creo que no es cierto, evidentemente, pero sí es cierto
que provoca un fenómeno nuevo, a causa de que hay una gran cantidad de
dinero líquido en circulación de origen más que dudoso, por carecer de
más información, pero está claro que cuando se están haciendo operaciones
inmobiliarias, y me consta concretamente de varias, en la Costa Brava de
inmuebles de mucho valor, se pagan en metálico, con una maleta de cartón
llena de billetes y eso provoca cierta sensación de que ahí hay, por lo
menos, semilla de delincuencia de origen.
Por tanto, hay un problema, y querríamos saber qué medidas hay para
prevenir el futuro en ese sentido, para evitar que se puedan implantar
mafias rusas, porque como decía el secretario de Estado no hay mafia en
el sentido estricto del término. Yo me atrevería a hacer un matiz: no hay
mafia aquí; sí hay --sobre todo, en el caso de los rusos--, o puede haber
aquí, dejémoslo en hipótesis por lo menos, un despliegue de mafias que sí
están perfectamente acreditadas allí y, en ese sentido, cuando se está
hablando de la extensión en España de determinadas mafias extranjeras, yo
creo que se hace referencia a eso. Un determinado trabajo de
investigación periodística, bastante bueno, conocido hace poco tiempo en
Cataluña, ponía muy de relieve este problema, es decir, cómo vienen a
refugiarse, concretamente a la costa catalana, determinadas cabezas
importantes de la mafia rusa, con el riesgo consiguiente de que eso luego
provoque ajustes de cuentas en dicha costa.
Quiero hacerle constar que el tema preocupa; agradeceríamos que se tomen
medidas para evitar que esto crezca, es decir, medidas de control de ese
tráfico inmobiliario por lo menos peculiar, heterodoxo --dejémoslo así,
careciendo de más información detallada--, y saber que la alarma que nos
produce es doble: no es sólo la alarma de los propios ciudadanos
españoles que ven a su alrededor la instalación de personajes que en el
futuro pueden ser auténticos focos de crimen, sino que nos preocuparía
--y ya con eso bastaría para ser una preocupación importante-- la alarma
que se puede crear entre el propio turismo ruso. Como decía antes, el
turismo ruso, los llamados nuevos rusos, en la terminología que ellos
mismos usan, es en sí mismo absolutamente beneficioso y está siendo un
elemento muy claro que está contribuyendo al mayor desarrollo turístico
de la zona, pero ellos mismos tienen que ver que están viajando a una
zona segura.
Por tanto, querría hacer esa pequeña nota a pié de página, es decir, no
nos preocupa sólo que el ciudadano español se sienta inquieto ante la
presencia de mafias extranjeras, sino que los propios extranjeros que
aparecen puedan tener la seguridad de que vienen a una zona segura y de
que no viene tras de sí --y eso sí que es un dato objetivo-- todo lo que
en Rusia es una mafia organizada, es un crimen organizado y es una
situación que bordea la anarquía en algunos casos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Quisiera intervenir con cierta prevención por ser un tema complicado
tanto en su exposición como en sus repercusiones. Estamos hablando de un
tema donde los datos son escasos y entendemos que pueden ser incluso no
públicos en una Comisión parlamentaria.
Somos conscientes también de las repercusiones negativas que en la
industria turística genera cualquier tipo de debate de este tipo. Por eso
yo quisiera empezar señalando --y esperando que el secretario de Estado
lo confirme-- que la Costa del Sol como destino turístico está muy por
encima de los hechos que aquí estamos viendo. La Costa del Sol no es en
este momento la zona de más riesgo para los ciudadanos que viven en ella
o que la visitan que otras zonas turísticas de España o que el resto del
país. Este es un tema que, ya digo, con prevención me gustaría dejar
claro desde el principio.
Tampoco podemos decir que no ocurre nada, porque no es bueno ocultar
estos temas y tampoco se hace un favor a la propia industria turística
ocultándolos y propiciando con ello que se vaya degenerando y al final,
cuando se quiera poner remedio, ya sea tarde. Por eso es bueno el debate
de aquí siempre que se enmarque en unos términos justos y que se evite
hacer tremendismo y generar unas expectaciones que no son las reales. Es
muy importante que se aborde con responsabilidad, y a partir de ahí decir
tres o cuatro ideas.
En primer lugar, no es buena una cultura que se ha extendido por zonas
turísticas y por otras zonas del país según la cual el dinero es bueno
venga de donde venga. Ahí puede estar en parte la base del boom del
blanqueo de dinero en determinadas zonas turísticas. Al dinero hay que
pedirle nombre y apellidos y no hay que decir que da igual venga en
maletas de cartón o donde sea con tal de que así no nos cree problemas.
En este tema el Gobierno tiene que actuar y tiene que ser tremendamente
vigilante de cómo puede entrar el dinero en este país. También es bueno
que se pongan trabas a la hora de diseñar determinadas políticas que
facilitan la especulación y hacen que sea fácil refugiar dinero negro en
determinados sitios.
Antes hemos hablado del caso de Marbella y yo estoy convencido de que la
política urbanística de Marbella no solamente no ayuda sino que colabora
a que sea fácil blanquear dinero en este momento en Marbella, con un
urbanismo a la carta, donde lo importante es que se pague dinero por
cambiar el Plan de ordenación urbana, o que se hagan determinados favores
por cambiarlo. No digo irregularidades, que sería otro tema, pero se
compran esas modificaciones de los planes generales de ordenación urbana
y a cambio se permite construir lo que sea. Este tipo de política
urbanística también tiene repercusiones, aunque esté dentro de la
legalidad, para que sean zonas de fácil blanqueo de dinero.
Es importante, y creo que aquí se ha dicho, la regulación de los puertos
deportivos. Es demanda de los propios usuarios el que haya más vigilancia
y más control de la entrada y salida de los puertos deportivos que en la
Costa del Sol proliferan como en otras zonas turísticas. Es un elemento
turístico importante que hay que potenciar y ayudar, pero que también hay
que controlar.
Otro elemento importante de regulación a la hora de evitar el blanqueo de
dinero es la multipropiedad. Quizá al Ministerio del Interior no le
interese esta materia, pero todo al final va haciendo que esa zona sea
apetecible para el blanqueo de dinero. La multipropiedad, que actualmente
no está regulada, y que tiene una venta agresiva, que incluso llega a
propiciar verdaderas mafias, por entendernos, a la hora de su publicidad,
que se exporta de unas comunidades a otras, genera un ambiente en el que
es fácil que aniden elementos indeseables que vienen no a hacer un
turismo que puede interesar a todo el Estado sino a blanquear el dinero
de actividades totalmente ilícitas.
En consecuencia, son los ciudadanos de las zonas turísticas los que
tienen más interés en eliminar y evitar los asentamientos de indeseables,
que no contribuyen en nada a la industria turística, sino al contrario.
Por eso en las intervenciones anteriores recalcábamos lo indispensable
que es la buena relación que tiene que haber entre la policía y la
ciudadanía, que debe ser un objetivo de todos, y fundamentalmente del
Ministro del Interior, que esa colaboración ciudadana, sin la cual es
imposible ninguna actuación policial, se sustente en una buena imagen de
la policía en aquella zona. Para eso son fundamentales medios policiales.
En la Costa del Sol se da la circunstancia de una falta total de medios
para la propia policía, desde cosas tan anecdóticas, pero tan
importantes, como que es impensable que la policía en esa zona no conozca
idiomas. En los últimos incidentes se nos comentaba por propios
funcionarios que un policía que va a intentar investigar en una zona
donde solamente se habla el inglés no tiene ni idea de inglés. A partir
de ahí empieza a haber malos entendidos y se tiene que visitar tres veces
el mismo apartamento para descubir a una persona que estaba escondida. Es
una cosa tan simple como que se especialicen en inglés los agentes que
actúen en aquella zona, eso por no hablar de otros medios técnicos más
sofisticados y la propia moral de los Cuerpos de Seguridad, que no es la
mejor, y no por propia voluntad, sino porque las condiciones laborales
que tienen --y sería otro debate-- no son precisamente las que más
inciten a desarrollar su actividad. Son una serie de elementos que deben
ser tenidos en cuenta, más que el hecho puntual de que haya un asesinato
o de los incidentes ocurridos en Marbella en los últimos tiempos.
Otra cosa que tiende a minar la colaboración es una diferencia que se da,
por lo menos en el sur de España, y es cómo se intenta perseguir o frenar
el tráfico de pateras y, sin embargo, los indeseables que viajan en yates
de lujo o en avión particular tienen mucho más fácil la entrada en el
país. Esos son elementos importantes, porque evidentemente la patera hará
mucho menos daño que el yate de lujo que atraque en Marbella cargado de
droga.
Todo esto lo decía con la intención de que aquí estamos todos en el mismo
equipo y todos debemos contribuir a hacer, no sólo de la zona de
Marbella, sino de toda la costa
española, una zona atractiva. Estamos hablando de la primera industria
española y parece ser, por lo que nos van a dejar en otros sitios, la
única industria de este país; por tanto, es muy importante que la
cuidemos, que la vigilemos y evitemos que circunstancias, que todavía en
este momento se pueden controlar y evitar, al final degeneren y
convirtamos nuestro turismo en una industria manchada, Si llegamos a eso,
no habrá campaña de promoción que lo elimine.
En este sentido usted tendrá toda nuestra colaboración en lo que sea
construir, pero también tendrá toda nuestra denuncia cuando entendamos
que hay dejación de la responsabilidad por parte del Gobierno. Nos consta
la disposición del Gobierno Civil de Málaga, pero también nos consta la
falta de medios y, como decía, la falta de dotaciones adecuadas para
actuar.
Esa sería la responsabilidad que deberían asumir, aparte de que, repito,
nos interesa quede aquí claro que no es Málaga una zona más peligrosa o
de más alto riesgo que el resto del Estado español, sino que lo que
ocurre en Marbella por desgracia también ocurre en otras zonas. En ese
sentido hay que atacarlo, pero no como un hecho aislado propio de la zona
de Marbella, sino como un problema de Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, nosotros quisiéramos celebrar la iniciativa del Grupo
Socialista y decirlo así porque consideramos que es, sin lugar a dudas,
útil en la medida que va a permitir una información más precisa en pro de
la tranquilidad de la opinión pública.
Quisiéramos decir igualmente que compartimos y nos sentimos plenamente
identificados con algunas afirmaciones que podíamos entender como de
principio formuladas por el señor portavoz de Izquierda Unida, cuando
señala que la zona de la Costa del Sol está muy por encima de hechos
puntuales que se puedan producir, cuando señala que este debate, por
tanto, se tiene que situar en sus términos exactos, sin hacer tremendismo
y planteando los enfoques con responsabilidad, cuando señala que al
dinero hay que pedirle nombre y apellidos y que no es bueno cualquier
dinero venga de donde venga.
Por tanto, agracedemos también la afirmación realizada por el portavoz
del Grupo de Izquierda Unida, que viene a ser la síntesis, en definitiva,
de las intervenciones de todos los portavoces, cuando ha señalado que en
este asunto, sin lugar a duda, todos estamos en el mismo equipo y lo
agradecemos sin olvidar también lo manifestado por el propio portavoz de
Izquierda Unida, cuando ha dicho que ello no obstará para que la
colaboración pueda operarse, si es el caso, como crítica. Sin lugar a
duda esa colaboración crítica enriquecerá la obtención de los objetivos
que todos deseamos.
Desde estas consideraciones queremos agradecer, como Grupo Parlamentario
Popular, como grupo parlamentario que sostiene al Gobierno el
ofrecimiento de colaboración expresado por todos los grupos
parlamentarios y que desde luego será correspondido y servido lealmente
por parte de nuestro grupo.
Al fijar nuestra posición en esta comparecencia queremos básicamente
resaltar una idea fundamental: el realismo con que el Ministerio del
Interior está actuando respecto al asunto de fondo que nos ocupa. Creemos
que ese sentido realista es la referencia indispensable previa para no
perder en ningún momento la dimensión exacta de esta cuestión y poder
estar en disposición de articular adecuadamente la respuesta policial
precisa.
Nosotros creemos que de la intervención de hoy del señor secretario de
Estado ha quedado bien claro que en la Costa del Sol no existe un
asentamiento delictivo que se adecue al esquema tradicional sobre el que
opera cualquier mafia; es decir, al esquema tradicional de la mafia
stricto sensu y conviene resaltar literalmente lo dicho por el secretario
de Estado sosteniendo esa afirmación, en tanto en cuanto no se aprecian
en la Costa del Sol esos principios de jerarquización orgánica de la
estructura criminal, penetración de ésta en el tejido comunitario e
infiltración y control de las esferas institucionales.
Nosotros de esta inicial afirmación del señor Secretario de Estado
sacamos un primer diagnóstico que debiera comportar una exigencia que nos
vincularía a todos para evitar incurrir en simplificaciones del lenguaje
social, del lenguaje político o periodístico que puedan inducir a error
en la opinión pública y, por tanto, a generar una mayor inquietud social.
Téngase en cuenta, sin embargo, la idea, concatenada con la anterior, que
es fundamental en ese principio de realismo, porque de la afirmación del
secretario de Estado se desprende que no existiendo esa mafia stricto
sensu como tal y con independencia de que probablemente el señor portavoz
del Grupo Catalán tiene también razón cuando dice que no hay aquí una
mafia pero probablemente hay miembros de otras mafias de allí que
intentan actuar aquí, sin embargo, digo, a partir de esa afirmación del
Secretario de Estado queda suficientemente claro que eso no comparta, ni
mucho menos, sino todo lo contrario, por parte de la política del
Ministerio al respecto, un intento de minimizar o desconocer la dimensión
exacta del problema, sino que, por el contrario, por parte del Ministerio
del Interior se han impulsado ya una serie de iniciativas orientadas a
impedir que la presencia de estos grupos profesionales de delincuencia
organizada trasnacional puede llegar a consolidarse y multiplicarse en la
zona de referencia.
Nosotros creemos, por tanto, que ese planteamiento realista del
Ministerio del Interior que hoy nos ha trasladado el señor secretario de
Estado y en el que, sin lugar a duda, abundará en su segunda
intervención, permite servir ya un principio de confianza en lo que va a
ser la respuesta policial operativa frente a este fenómeno de
delincuencia organizada trasnacional, porque no se desconoce la gravedad
del problema, ni se desconoce tampoco ese plus de complejidad que una
zona de las características de la Costa
del Sol, como toda zona turística, zonas esencialmente definidas por el
amplio y gran movimiento de personas, gran movimiento de iniciativas
comerciales y gran movimiento, por tanto, de capitales, comporta a la
hora de diseñar esa función operativa policial que, evidentemente, como
han dejado suficientemente expresado todos los portavoces de los grupos
parlamentarios no puede moverse en función de los criterios operativos
policiales en otras zonas o en la generalidad de las zonas del territorio
nacional.
Creemos, por tanto --y así lo desprendemos del sentido de la intervención
del señor secretario de Estado--, que en estos momentos serían tres las
prioridades para actuar en relación con el enfoque general de la
cuestión, más allá, si se quiere, del enfoque policial estricto, del que
luego probablemente se nos hablará en el sentido que ya conocemos de lo
que a través de las declaraciones del propio señor Ministro del Interior,
del señor Secretario de Estado de Seguridad, y del Director General de la
Policía se ha avanzado a los medios de comunicación. Pero esas tres
cuestiones que de alguna forma podrían resumir el escenario de principio,
partirían de estas tres consideraciones: en primer lugar, la necesidad de
situar, como se ha hecho, el problema en sus términos exactos, sin
maximalizarlo, pero sin despreciar tampoco el alto riesgo que estas
actividades criminales comportan; en segundo lugar, la certeza de que el
Ministerio del Interior está en situación de aplicar medios y estrategias
acordes con la naturaleza de la acción delictiva de dichos grupos
organizados y el alcance de esas actividades criminales; en tercer lugar,
la conveniencia, como siempre, de apelar a la colaboración ciudadana y a
la cooperación entre instituciones en función del objetivo común de todos
perseguido.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular quiere insistir en lo
ejemplar de la comparecencia de hoy, en tanto en cuanto ha quedado
perfectamente definido que todos en esta cuestión estamos en el mismo
barco, y estamos en el mismo barco, señorías, en definitiva, porque
estamos hablando de algo que afecta, como es natural, a la seguridad de
los ciudadanos como derecho base, como derecho cimiento sobre el cual
construir el ejercicio de todos sus demás derechos y libertades y porque
también, al margen de esa consideración constitucional y jurídica básica,
estamos hablando de una cuestión que afecta de manera determinante, de
manera capital a la economía nacional y a la generación de empleo y que,
por tanto, tiene un valor trascendente indubitado.
Evidentemente, no podemos concluir esta intervención sin hacer una
mención expresa (y agradecer en ese sentido la que han hecho también
todos los grupos parlamentarios) al Cuerpo Nacional de Policía y en
especial a la comisaría de Marbella por las detenciones efectuadas el día
de ayer en relación con la presunta autoría de uno de los últimos sucesos
criminales acaecidos en la ciudad. Creemos que estas actuaciones revelan
una vez más que las medidas instrumentadas por el Ministerio del Interior
están siendo adecuadas, por eficaces, en orden al fin perseguido y
porque, insistimos en ello, nos parece de elemental cortesía agradecer la
valoración que en ese mismo sentido han realizado los demás grupos
parlamentarios.
Para concluir, señor Presidente, voy a hacer una expresión, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, no sé si quizás transgrediendo la letra del
Reglamento de la Cámara, pero estoy seguro de que no el espíritu de los
demás grupos parlamentarios, quizá incluso haciéndome portavoz de todos
los grupos parlamentarios, porque nos parece que en el escenario del
asunto de que estamos hablando no podríamos concluir sin expresar hoy, en
nombre de todos y en sede parlamentaria, nuestro recuerdo y homenaje al
oficial del Cuerpo Nacional de Policía, don Juan Alameda, y transmitir,
en nombre de todos, nuestro afecto y solidaridad a su familia.
El señor PRESIDENTE: Me parece que en relación con esa propuesta, con
independencia de que pienso que tampoco el Reglamento lo prohíba, si a
los grupos les parece bien podemos transmitir estos sentimientos a la
familia del policía nacional.
Antes de conceder la palabra en esta segunda intervención al señor
secretario de Estado, quiero decirles --lo saben los miembros de la Mesa
y los portavoces de los grupos-- que estaba previsto que esta sesión
durara hasta un poco antes de la una, porque a esa hora hay un acto en la
Cámara al que algunos por lo menos hemos de acudir. Vayan pensando qué
decisión tomamos, si la comparecencia termina al punto de la una y
levantar la sesión; si no podríamos dar lugar a las primeras preguntas,
si hay margen para ello, y me temo que no. Lo digo también porque las
señoras y señores Diputados que estén en la sala y vean que sus preguntas
no están situadas al comienzo del orden del día en el capítulo de
preguntas pueden tranquilizarse o intranquilizarse porque no tendrán
lugar en el día de hoy.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Quiero
agradecer todas y cada una de las intervenciones de los portavoces de los
diferentes grupos en cuanto suponen un espíritu constructivo, repitiendo
una vez más una idea que es particularmente grata tanto al Ministro del
Interior como a mí mismo, que en los temas de la seguridad de España, en
los temas de seguridad de los españoles, estamos generalmente todos de
acuerdo.
Muy especialmente quiero contestar y agradecer la intervención de don
Javier Barrero. El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto el dedo en la
llaga en el sentido de que existe ese problema. Es un problema de
delincuencia organizada que está allí y entre todos, pero especialmente
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Ministerio del Interior, tenemos
que conseguir que este problema no vaya a más. No podemos esperar a que
la situación actual vaya degenerando y aparezcan esas mafias que, como
antes he dicho y en ello coincide conmigo el señor Barrero, todavía no ha
aparecido en un término estricto. En este aspecto --y también estoy de
acuerdo con el señor Barrero y con el señor Centella-- nunca podemos
ocultar la verdad. Los hechos están ahí y nuestra obligación como
Gobierno es combatirlos, combatir la delincuencia, no limitarnos a
ocultarlas y hacer la política del avestruz que a nada nos conduciría.
El desembarco de turistas rusos ha sido inquietante en cuanto que han
venido a ocupar una posición de compra dentro de los mercados
inmobiliarios de toda la costa, no sólo en la Costa del Sol, sino también
en algunas otras zonas de España, como por ejemplo en la Costa Brava,
planteando unos problemas iniciales, unos primeros balbuceos pero que
pueden llegar a ser muy preocupantes. Las cifras de presencia rusa en
España --que ha recordado el señor Barrero-- han crecido de forma
exponencial y nos obligan a ser vigilantes y a tener un gran cuidado para
que este tipo de problemas no siga aumentando.
Por otra parte --sin perjuicio de que luego me refiera más extensamente a
las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior--, en relación con
la actuación de bandas organizadas rusas en territorio español, el
Ministerio del Interior ha creado en la Embajada de España en Moscú una
agregaduría de tipo policial que se va a ocupar muy especialmente de
estos temas.
Respecto a la presencia de algunos ciudadanos británicos en la Costa del
Sol, ciudadanos que tienen causas pendientes, gracias al tratado de
extradición firmado entre los dos gobiernos están desapareciendo de forma
progresiva de nuestros territorio, pero indudablemente tenían una
presencia muy importante, presencia que también ha suscitado algunas
intervenciones con incidencia sobre el tema de Gibraltar. Gibraltar,
según las informaciones recibidas en el Ministerio y conocidas por las
señoras y señores Diputados, ha tenido una importancia decisiva en lo que
se refiere a determinadas actividades delictivas, especialmente al
blanqueo de dinero. Una de las reivindicaciones del Gobierno español
sobre Gibraltar, que ha sido puesta de manifiesto muy recientemente en
las conversaciones que han tenido lugar en Londres --según he sido
informado--, ha sido la preocupación de nuestro Gobierno de que Gibraltar
sirva de base para actuaciones delictivas.
Estoy también de acuerdo con el señor Sanjuán y muy especialmente con la
frase que ha pronunciado: en el desprecio de la legalidad y en el abuso
del autoritarismo pueden florecer actuaciones delictivas. Le puedo
garantizar, señor Sanjuán, que profundizaremos en todo tipo de actuación
para evitar que esto se produzca. No nos pararemos por conexiones
políticas ni de ningún otro tipo, para que cualquier actividad delictiva
en la Costa del Sol o en otro lugar de España pueda sufrir un frenazo
deterioro en la investigación por culpa de algún tipo de conexiones o
personalismos.
Quiero agradecer muy especialmente los elogios a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que todos y cada uno de los grupos parlamentarios
han ido haciendo, y tendré el orgullo de transmitírselo.
El señor Centella se ha referido al hecho de no facilitar el blanqueo de
capitales. Evidentemente es una de las preocupaciones del Gobierno por
cuanto supone uno de los elementos en esa escala de delincuencia a la que
antes me he referido y a la que posteriormente se ha referido el señor
Sanjuán. Hay que evitar por todos los medios que puedan producirse este
tipo de actuaciones. Para ello, señorías, voy a exponer a continuación
cuáles son las medidas policiales que configuran la actuación del
Ministerio del Interior en esta materia.
La primera clave, señorías, en toda actuación policial es la información.
En este sentido se está actuando en la intensificación y mejora de la
captación de información, potenciando los sistemas propios de recepción y
análisis de la misma, susceptibles de explotación operativa. De este modo
se ha implantado un mecanismo singularizado a nivel nacional de
canalización, depuración y valoración de datos con fines estratégicos y
de investigación de dicha delincuencia.
En segundo lugar y por lo que hace referencia a la organización
funcional, se ha potenciado la estructura de investigación compuesta por
brigadas, secciones y grupos especializados en delincuencia organizada
dependiente de la Dirección General de la Policía, tanto a nivel central
como territorial. Estas nuevas unidades policiales que se han potenciado
coordinan y ejecutan labores operativas contra el crimen organizado con
el apoyo de unidades especializadas en delincuencia económica,
principalmente en lo concerniente al blanqueo de capitales, señor
Centella, a través de investigaciones patrimoniales previas coetáneas o
posteriores a la intervención policial.
En el ámbito de la formación --y este tema es particularmente
importante-- se han potenciado también los programas de formación
específica de unidades policiales y la selección rigurosa de personal que
debe participar en los círculos formativos de actualización y
especialización en materias relativas a la delincuencia organizada en sus
múltiples facetas. Aquí quiero incidir especialmente en el tema de los
idiomas, al que antes hacía referencia S. S.
Por lo que se refiere a la operativa policial se está actuando en la
mejora de la coordinación investigadora y en el apoyo humano y material
que prestan entre sí las unidades centrales y territoriales de los
cuerpos policiales. Esta cooperación cobra especial significación ante el
crimen organizado, señorías, y supone una importante actividad
profesional especializada en cuanto a la cobertura de medios técnicos,
colaboración de expertos en temas determinados, así como un frecuente
desplazamiento de personal especializado a la zona operativa que en este
momento es la Costa del Sol, esos 120 kilómetros a que antes nos
referíamos. Esta actividad que ya viene realizándose estos días está
siendo potenciada. Concretamente y con el fin de incrementar las medidas
de prevención e investigación en esta materia, se ha configurado una
unidad policial específica para la Costa del Sol. Esta unidad está
integrada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con un perfil
personal y profesional específico y altamente especializado que se está
distribuyendo en distintas localidades del litoral mediterráneo, muy
especialmente en Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Estepona,
Vélez-Málaga, Almería y en El Ejido, con base en la zona de actuación
pero coordinados funcionalmente, tanto a nivel central como territorial,
por la unidad central de Policía judicial y por la comisaría provincial
de policía de Málaga.
En síntesis las actuaciones que se están llevando a cabo, en concreto en
España, están dirigidas, en primer lugar, a potenciar las estructuras
policiales en la lucha contra la delincuencia organizada mediante el
fortalecimiento de las
unidades operativas especializadas en las diferentes ramas criminales.
Buscamos profundizar en las actuales técnicas de investigación, como son
las entregas vigiladas, la persecución transfronteriza, los oficiales de
enlace, las técnicas de vigilancia y seguimiento, los programas de
protección de testigos, agentes encubiertos, etcétera. En segundo término
perseguimos incrementar los canales de colaboración para garantizar la
transmisión de información de las organizaciones criminales mediante el
intercambio fluido y rápido de la información.
Como tercer gran grupo de actuaciones, quiero destacar la intensificación
de la cooperación con otros países comunitarios actuando en la
homogeneización del concepto de delincuencia organizada y su generalizada
aceptación con el conjunto de los países.
Para concluir, señorías, sólo me resta poner de manifiesto que, conforme
a lo expuesto, son muchas y de muy variada índole las actuaciones que se
están realizando y se van a realizar desde el Ministerio del Interior,
todo ello para abordar el fenómeno de la delincuencia organizada en la
Costa del Sol, que en los últimos tiempos preocupa al Gobierno, señorías.
Quiero transmitir a los señores Diputados dos últimos mensajes. El
primero de serenidad, porque como he dicho antes, no puede hablarse hoy
por hoy de mafia en España. El segundo mensaje es de confianza, porque
los fenómenos delictivos están siendo objeto de riguroso control y
seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz de los grupos parlamentarios desea
intervenir? (Pausa.)
Termina la comparecencia del señor secretario de Estado.
Faltan quince minutos para la una de la tarde; si les parece, vamos a
seguir el orden del día y tratar de dar respuesta al menos a alguna de
las preguntas que se habían planteado.
La primera pregunta es del señor Sanjuán.
El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Presidente, es la una menos
diecisiete minutos y con relación a este mismo tema hay presentadas
cuatro preguntas, dos del Grupo Socialista y otras dos del Grupo
Izquierda Unida. Me temo que son preguntas que se van a acumular,
lógicamente, porque van encadenadas y es absolutamente imposible que en
diecisiete minutos el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida
formulen sus preguntas, ya que son diez minutos de tiempo lo que tiene
cada portavoz con arreglo al Reglamento, después nos contestará el
secretario de Estado y tendremos otros cinco minutos para réplica, por
tanto, no queda tiempo suficiente. Eso es lo que determina el Reglamento
del Congreso con relación a las preguntas escritas que, única y
exclusivamente autoriza a intervenir a los preguntantes.
Desde este punto de vista, no sé si está de acuerdo o no el señor Meyer,
pero preferiríamos que el tema se aplazara para otra sesión que se
celebre lo más rápidamente posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: De acuerdo. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: El portavoz de mi grupo ha manifestado su
conformidad en que ese tema concreto se pueda retrasar. Yo plantearía que
se puedan abordar otras preguntas específicas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Peralta.
¿El señor Barrero estaría en disposición de formular la pregunta incluida
en el punto nueve del orden del día?
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, si el señor Peralta ha
solicitado alguna otra pregunta es porque sospecho tiene especial interés
en hacerla.
--BALANCE DE APLICACION DEL ULTIMO REAL DECRETO-LEY SOBRE INDEMNIZACIONES
A LOS DAMNIFICADOS POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS. FORMULADA POR EL
SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA).
(Número de expediente 181/000109.)
El señor PRESIDENTE: ¿Las señoras y señores Diputados están de acuerdo en
permitir al señor Peralta Ortega que aborde la pregunta que está en el
número 13 del orden del día? (Asentimiento.)
Tiene la palabra, señor Peralta Ortega, para formular dicha pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: Entiendo que contesta el señor Secretario de
Estado de Seguridad a esta pregunta y agradezco su presencia.
En relación con el último Real Decreto-ley sobre el caso Tous, me parece
oportuno recordar que cuando se debatió en la Diputación Permanente la
convalidación de dicho real decreto-ley, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, actualmente en el Gobierno y entonces en la
oposición, habló doña Loyola de Palacio, hoy Ministra de Agricultura.
Decía --y cito literalmente del «Diario de Sesiones»-- que aquel real
decreto-ley promulgado por el Gobierno del Partido Socialista era
incompleto e insuficiente. Añadía: nos damos cuenta de que la única
extraordinaria y urgente necesidad es la electoral del Partido Socialista
Obrero Español y del Gobierno para intentar mejorar y rebañar unos
cuantos votos, haciendo un guiño a una serie de personas a costa del
drama vivido, a costa de la ruina vivida por muchos de ellos a lo largo
de estos años. Insistía: el Grupo Popular lamenta que haya habido que
recurrir a un real decreto-ley para dar una solución que es insuficiente.
Cuando han transcurrido meses desde que el Partido Popular ha llegado al
Gobierno de la nación, creo que a la
hora de hacer balance la primera pregunta es si el Partido Popular
mantiene esa posición de que el real decreto-ley es insuficiente y habría
que cambiarlo y mejorarlo, tal como decía doña Loyola de Palacio, hoy
ministra y, por tanto, está en condiciones, quizá, de hacer operativas
aquellas manifestaciones que entonces hacía en representación del
principal grupo de la oposición.
Por tanto, mi primera pregunta al señor Secretario de Estado de Seguridad
es si mantienen hoy desde la gestión en el Gobierno esa conclusión de que
este real decreto-ley era insuficiente y, por tanto, se plantea la
modificación del mismo. En todo caso, partiendo de la base de que el real
decreto-ley está vigente ¿cuál es el balance de aplicación de esa norma,
al margen de que se pueda modificar el mismo?
Estas serían las preguntas que me gustaría contestara el señor Martí
Fluxá.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Paso a
contestar los dos puntos de su pregunta.
En primer lugar, señoría, vamos a aplicar el actual real decreto-ley, que
tenemos entre las manos en este momento y viendo su aplicación el
Gobierno se planteará la suficiencia o insuficiencia del mismo.
Pasaré a exponerle entonces el balance sobre la aplicación del real
decreto-ley, de 28 de diciembre, relativo a las indemnizaciones que
corresponde a los damnificados como consecuencia de la rotura de la presa
de Tous.
En primer lugar, creo que es preciso hacer referencia a la base jurídica
en que se asienta la concesión de las indemnizaciones que nos ocupan. Hay
que partir de la sentencia número 548, de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Valencia que vino a absolver a determinados
funcionarios por el delito de imprudencia que se les imputaba por el
derrumbamiento de la presa de Tous, no habiendo lugar, por consiguiente,
a la responsabilidad civil subsidiaria que se reclamaba entonces de la
Administración general del Estado.
Sin embargo, el Presidente del Tribunal emitió, como saben VV. SS. un
voto particular en el que se manifestaba que al margen del fallo y a
través del juego de los artículos 106 de la Constitución y 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
públicas, la Administración debía resarcir a los damnificados como
consecuencia del anormal funcionamiento de un servicio público, en este
caso, la presa de Tous.
Por ello, se promulgó el Real Decreto-ley 10/1995, de 28 de diciembre,
con el fin de ofrecer a los afectados la posibilidad de celebrar
convenios transaccionales con el Estado similares a los establecidos en
el Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, y hacer extensivo a quienes
ya se acogieron a éste los aspectos de la nueva norma que pudieran
resultarles beneficiosos.
En cuanto al proceso de concesión de estas indemnizaciones, es preciso
señalar que las solicitudes son tramitadas por la Delegación del Gobierno
de la Comunidad Autónoma Valenciana, órgano competente para en caso
favorable formular la propuesta de transacción y, si ésta es aceptada por
el interesado, celebrar el convenio correspondiente. Una vez firmado el
convenio corresponde a la Dirección General de Protección Civil la
ejecución de los trámites administrativos pertinentes para la gestión del
pago.
Entrando ya en el balance de la aplicación del real decreto, conviene
señalar que según el informe de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma Valenciana el balance es el siguiente. Primero, por lo
que se refiere a la gestión del trámite de concesión de indemnizaciones
el número de expedientes presentado se desglosa de la siguiente forma:
por una parte hay 5.778 relativos a nuevas solicitudes de celebración de
convenio y, por otra, 20.643 correspondientes a damnificados que ya
realizaron transacción conforme a la normativa anterior, pero que ahora
solicitan acogerse a los beneficios que reporta la nueva disposición. En
conjunto el total de expedientes presentados asciende a 26.421.
En segundo lugar, expedientes resueltos favorablemente al día de la
fecha, un total de 13.361. Han recibido resolución desfavorable un total
de 7.834 correspondientes todos ellos a damnificados cuya reclamación se
regía por la normativa anterior; por tanto al día de la fecha, el total
de expedientes resueltos asciende a 21.195.
No sé si con esto contesto a S. S., pero estoy dispuesto a dar alguna
otra precisión si está en mi mano hacerla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve.
Señor secretario de Estado, en relación con la primera consideración que
le he trasladado, la de si el Gobierno estaba dispuesto a modificar el
real decreto-ley, me dice que van a aplicarlo y ya veremos en su día si
es suficiente o insuficiente.
Entiendo que con esto, señor secretario de Estado, se mantiene en una
posición radicalmente distinta de la que se expuso en su día, el 30 de
enero de 1996, pues la que entonces actuaba de portavoz del Grupo
Popular, hoy Ministra y que está en el Gobierno, decía claramente que el
real decreto-ley era incompleto e insuficiente; la declaración de
insuficiente la repetía varias veces. El Grupo Popular consideraba que en
este texto seguía habiendo una serie de lagunas, una serie de
deficiencias. Incluso afirmaba más, tal como decía anteriormente: nos
damos cuenta de que la única, extraordinaria y urgente necesidad es la
electoral del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno que había
entonces.
Ese cambio de posición que anuncia usted hoy lleva a la conclusión de que
quizá la que hoy es Ministra de Agricultura no estaba muy informada y no
tenía una opinión muy clara del tema, o que la extraordinaria y urgente
necesidad no sólo era la electoral del Partido Socialista, sino también
la del Grupo Popular, de rebañar votos con ese tipo de manifestaciones
que hoy quedan desautorizadas. En todo caso, señor secretario de Estado,
todos los damnificados individualmente --porque éste es un derecho
individual, no es un derecho colectivo-- tendrán ocasión de juzgar.
Ha dicho usted que ha habido un total de 26.000 solicitudes, porque fue
un tema que afectó a mucha gente y ha tardado muchos años en resolverse,
duración que no es imputable al actual Gobierno, pero que tiene las
condiciones y la capacidad de resolverlo definitivamente. Ha indicado que
se han resuelto un total de 21.000 solicitudes. Faltan por resolver,
según los datos que usted ha dado, 5.000 solicitudes y esto cuando han
transcurrido más de diez meses desde la entrada en vigor de aquel real
decreto-ley y más de seis meses desde la formación del actual Gobierno.
Nos permitimos solicitar que se resuelvan con celeridad esos 5.000
expedientes que quedan. También nos gustaría saber qué cantidades suman
los expedientes ya resueltos al día de hoy, así como la cifra del monto
económico, puesto que el crédito previsto en aquel real decreto-ley eran
6.500 millones.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Sin entrar a
juzgar o no las condiciones que incidieron en la intervención de la
entonces Diputada y hoy ministra doña Loyola de Palacio, sí quiero
señalar a S. S. que nada vendría mejor al Partido Popular que la
actuación de las asociaciones de afectados. Quiero manifestarle, como sin
duda conoce, que las asociaciones de afectados en una reciente asamblea
celebrada en Alcira han manifestado su satisfacción con lo hecho por este
Gobierno, y cito textualmente: dan por concluida la cuestión y resaltan
la sensibilidad y celeridad con que ha actuado este Gobierno.
Esta asamblea pública de Alcira fue presidida por el ahora Presidente de
la Generalidad Valenciana, don Eduardo Zaplana, que fue al parecer
aclamado enfervorizadamente por los damnificados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Bien está que en Alcira muestren fervor, pero aquí
no es necesario.
El señor PERALTA ORTEGA: Son los mismos en un sitio y en otro.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): De cualquier
forma, concretamente del crédito extraordinario de 6.500 millones de
pesetas concedido para hacer frente a las obligaciones derivadas de lo
dispuesto en el Real Decreto 10/1995, le voy a decir a continuación las
cantidades que hasta el momento se han ido satisfaciendo.
En primer lugar, en cuanto a los expedientes de solicitud de beneficios,
el número total asciende a 11.743, lo que totaliza un importe de
2.683.009.765 pesetas. Por lo que se refiere a los expedientes de nuevo
convenio transaccional, su número asciende a 1.618, por un importe total
de 1.188.659.367 pesetas; ambos tipos de expedientes suman 13.361 y su
importe asciende a 3.871.669.132 pesetas. La cantidad pagada hasta la
fecha es de 1.411.154.000 pesetas. En cuanto a las cantidades que están
en fase de fiscalización para proceso de pago --es decir, para pago
inmediato--, éstas ascienden a un total de 1.189.524.626 pesetas. Las dos
cantidades suman en total una cifra próxima a los 3.000 millones. Por
último, las cantidades propuestas por la Delegación del Gobierno en
Valencia y pendientes de remisión a la Dirección General de Protección
Civil, ascienden a un total de 1.270.989.506 pesetas.
Como consecuencia de todo ello, señorías, quiero resaltar que puede
afirmarse que se encuentra en una fase no sé si muy avanzada, pero sí
avanzada, la tramitación de las indemnizaciones que corresponden a los
damnificados; y lo que sí les puedo señalar es que desde el Ministerio
del Interior se está trabajando duramente a fin de dar cumplida respuesta
a estas necesidades.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Con su intervención concluimos el punto relativo a la pregunta del señor
Peralta Ortega.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.