CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 97



AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA



PRESIDENTE: DON JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN



Sesión núm. 6



celebrada el martes, 29 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Elección de Secretario segundo. (Número de expediente 041/000017)
(Página 2504)



Proposiciones no de ley:



--Sobre medidas para solucionar la situación agraria y rural de Andalucía
y Extremadura, en relación con el Plan de Empleo Rural (PER). Formulada
por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000003) (Página 2504)



--Por la que se insta al Gobierno a defender, en las instancias
comunitarias, el mantenimiento íntegro de las ayudas a los cultivos de
cereales. Formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 161/000206) (Página 2508)



--Sobre legislación reguladora de las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias. Formulada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 161/000208) (Página 2513)

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Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




--ELECCION DEL SECRETARIO SEGUNDO. (Número de expediente 041/000017.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión número 6
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con el primer punto del
orden del día: elección del Secretario segundo.

Habiendo comprobado que existe quórum, vamos a iniciar el llamamiento de
los señores Diputados para la elección del Secretario segundo. El
Vicepresidente primero leerá el orden de llamada. (El señor
Vicepresidente, Amarillo Doblado, procede al llamamiento de las señoras y
señores Diputados.)
Vamos a proceder al escrutinio.




Terminado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: 27
votos emitidos, 27 votos para don Leocadio Bueso Zaera.

Terminada la votación y verificado el escrutinio, se procede al
nombramiento de don Leocadio Bueso Zaera como Secretario segundo de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Le doy la enhorabuena y le
invito a tomar posesión de su sitio en la Presidencia.

Señorías, para su información, les comunico que la votación de las
proposiciones no de ley se realizará como muy pronto a la una de la
tarde. También les quisiera comunicar que la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las normas
reguladoras de las actividades acuáticas, ha sido retirada por su
proponente.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACION AGRARIA Y RURAL DE ANDALUCIA
Y EXTREMADURA, EN RELACION CON EL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER). FORMULADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000003.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número dos del orden del día,
proposición no de ley sobre medidas para solucionar la situación agraria
y rural de Andalucía y Extremadura, en relación con el plan de empleo
rural.

Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor CENTELLA GOMEZ: Yo quisiera empezar mi intervención recordando
un proverbio que dice que son tiempos difíciles aquellos en los que hay
que demostrar lo evidente. Por desgracia para los jornaleros andaluces y
extremeños, parece que están condenados a demostrar la evidencia, son
siempre tiempos difíciles. Es una evidencia que en el campo andaluz, en
el campo extremeño, la situación del mercado laboral es, por decirlo con
palabras suaves, de una casi total desregulación. La contratación se hace
todavía en muchos casos, aunque parezca mentira, a dedo, sin fijarse las
condiciones de trabajo ni la duración del mismo. No hay órganos en el
campo de control democrático representativo, ya que no se han celebrado
elecciones sindicales. Señorías, todavía en el campo se necesita al
patrón para obtener la baja por enfermedad. Somos conscientes de que esta
realidad escapa a la modernidad y que duele en los salones del
neoliberalismo, pero la realidad, por ocultarla, no desaparece.

Los andaluces nunca hemos mirado el Rh de los pueblos ni hemos
considerado las diferencias culturales y de raza como barrera entre
pueblos, sino como una posibilidad de enriquecernos. Quizá por eso hemos
contribuido desde la solidaridad a una reconversión industrial, cuando
pocas industrias había en esta tierra. También hemos pagado junto con el
resto de los españoles el saneamiento de la banca cuando pocos bancos
grandes había en Andalucía. Por eso, cuando se habla con desprecio, con
el desprecio del ignorante, del coste que supone para el Estado el
mantenimiento del PER o de la incapacidad de Andalucía para subsistir sin
subvenciones, se nos debe de perdonar la petulancia, pero no tenemos más
remedio que recordar que si hay una comunidad con historia ésa es
Andalucía. Porque nosotros no somos solamente una comunidad histórica,
somos sobre todo una comunidad con historia. Y si hay una comunidad con
derecho a pedir solidaridad, ésas son Andalucía y Extremadura. ¿O es que
alguien cree que el atraso económico y social del sur de España es
cuestión del Rh? Algunas veces no hay más remedio que saltar cuando se
hace verdadera apología de la xenofobia contra nuestro pueblo.

Volviendo a la proposición no de ley, nosotros queremos reconocer que en
los últimos tiempos en el campo ha disminuido sensiblemente el trabajo,
tanto por la mecanización del sector como por los cambios y las
limitaciones de la producción agraria como consecuencia de la política
agraria comunitaria. Veremos cómo queda el sector si la Unión consigue
aprobar la OCM de aceites, tal y como está prevista.

La reducción del nivel de ocupación y del empleo en el último año ha
afectado al campo en todos los estratos, tanto de edades como de sexos.

Pero esta situación se ha agudizado mucho más en las edades comprendidas
entre 16 y 19 años, y sobre todo en los mayores de 54 años. En estos
momentos, en este último sector el desempleo puede superar el 60 por
ciento de la población, sin ninguna perspectiva de ocupación en el
futuro. Se puede afirmar sin ninguna duda que la iniciativa privada no
solamente no ha creado empleo, sino que lo ha destruido. El empleo
destruido en los últimos tiempos es mucho mayor, por supuesto, que el
empleo generado en el mundo rural. Podríamos hablar de las subvenciones a
las grandes fincas, aunque sería cuestión de otro debate porque también
es una



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realidad que existe un PER de los ricos, que es mucho mayor que el PER de
los jornaleros.

Comprobamos desde Izquierda Unida cómo las políticas de protección han
crecido menos que el desempleo que se ha generado en el sector. Las
distintas administraciones no han sabido desarrollar una política que
haya impulsado la industria agroalimentaria de manera que hubiera sido
posible diversificar la oferta de empleo mediante el desarrollo de una
industria auxiliar complementaria. En esta situación, el Gobierno no
puede pretender aplicar en el campo las recetas Barea de política
neoliberal. Por el contrario, la situación de desempleo estacional y la
especial precariedad que padecen los trabajadores eventuales agrarios,
hace necesaria la existencia de un sistema de protección específico que
admita la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras del campo,
que no pueden en estos momentos ni podrán en el futuro conseguir las
peonadas con la actual situación de nuestra agricultura. Y repito que las
perspectivas de futuro no son precisamente las de que se aumenten los
jornales. Tampoco es posible mantener una situación en la que el subsidio
esté muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero sobre todo
es necesario que el empresario agrícola deje de asumir un protagonismo
que es impropio de cualquier Estado de Derecho.

Al pedir el voto afirmativo a la proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo que pedimos es que el
Gobierno trate con más justicia al sector agrario, y en concreto a los
jornaleros y parados del medio rural. Somos todos conscientes de que
eliminar las peonadas, que se aumenten los fondos del PER; que se aumente
la cantidad que se percibe como subsidio agrario y que se supriman los
requisitos actuales, a fin de que la baja por enfermedad y otras
prestaciones sanitarias no tengan que depender de la autorización
patronal; que se apruebe, en definitiva, esta proposición no de ley no va
a resolverlos males del campo andaluz, del campo extremeño. Eso
evidentemente sería objeto de otro debate y de medidas mucho más
radicales. Pero somos conscientes de que si se aprobase esta proposición
no de ley se empezaría a hacer justicia con el campo del sur.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Seguramente estamos de acuerdo en que la
acción en el sector rural de las comunidades autónomas, sobre todo en
Andalucía y Extremadura, llevada a cabo por los anteriores Gobiernos, ha
significado un paso adelante y una mejora de la situación.

Nuestro grupo, señor Presidente, no es partidario de la política del
subsidio, que convierte a las personas en parados crónicos colgados del
presupuesto del Estado. Es solamente a partir del derecho constitucional
al pleno empleo que la acción del Estado debe dirigirse a resolver esta
cuestión. Nuestro grupo siempre ha sido partidario de incentivar la
economía productiva y poner en marcha políticas activas de fomento de la
ocupación. Por lo tanto, políticas activas de empleo en el sentido de lo
manifestado por nuestro grupo en el debate presupuestario. Somos
partidarios del trasvase de recursos procedentes de políticas pasivas de
empleo, subsidios de desempleo, para destinarlos a políticas activas de
formación, ayudas a la creación de empleo, y en línea con la política que
se aplica en los demás países europeos, con las condiciones que tenemos
en estos momentos en determinadas zonas del país. Apreciamos la voluntad
del Gobierno de modificar paulatinamente la estructura del antiguo PER en
un nuevo plan basado en el acuerdo con las organizaciones de los
trabajadores, que se fundamente en aspectos básicos que nuestro grupo
defiende.

Por ello creemos que debe darse un amplio margen de confianza al Gobierno
para que en los próximos ejercicios vaya rebajando los recursos que se
destinan a subsidiar el paro y aumentando la proporción de recursos que
se dedican a la creación de riqueza y a la ampliación del régimen de
prestaciones como consecuencia del acceso de los trabajadores del campo
al sistema contributivo general.

Por este motivo, señor Presidente, votaremos en contra de la proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Rueda.




El señor RUEDA ESPINAR: Intervengo para fijar la posición de mi grupo en
relación con la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señorías, como todos saben, el tema que nos ocupa fue objeto de una
reforma a raíz de las conclusiones de la ponencia que para este fin se
constituyó en esta Cámara. La ponencia señaló la necesidad de que
existiera un sistema de protección específico para los trabajadores
agrarios de Andalucía y Extremadura, y realizó una valoración positiva
del mismo. También identificaba las deficiencias y proponía algunas
recomendaciones para subsanar el sistema. Los acuerdos alcanzados entre
el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales en 1994 responden a
estas conclusiones de la ponencia, que fueron plasmadas en los Reales
Decretos de 24 de febrero de 1995 y de 12 de abril de 1996, que reguló el
plan de empleo rural para el presente año.

A mi grupo, señorías, le parece que dado que se ha abierto una mesa de
negociación del plan de empleo rural, la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es en este momento
inoportuna. No obstante, haré algunos breves comentarios a ella.

En primer lugar, de los cuatro puntos que contiene la proposición no de
ley, Izquierda Unida sabe que el primero, relativo a los requisitos de
las jornadas o peonadas, tema que el citado grupo lleva defendiendo
bastante tiempo, ni siquiera en la mesa de negociación lo están
planteando los sindicatos mayoritarios. El señor Centella sabe que el
Partido Socialista no está de acuerdo en este punto porque entendemos que
tiene que haber algún respaldo para entrar en el sistema.




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En el segundo punto, que se refiere a aumentar los fondos, podríamos
estar de acuerdo porque también lo hemos defendido. Parece ser que la
misma negociación, la mesa, está tocando a su fin, por lo que mi grupo
confía en que al final se alcance un acuerdo en este punto. Respecto al
punto número tres, aunque lo llevan las centrales sindicales en la
negociación, puede haber algún problema, por lo que no hay acuerdo. Y,
por último, habría que hacer algunas matizaciones en el punto cuarto.

Quería aprovechar la ocasión para decir, en nombre de mi grupo, que
parece ser que desde el día 3 de marzo el sistema vale, que es bueno. A
mi grupo le alegra escuchar las últimas posiciones, que denotan un cambio
de rumbo, sobre todo en el Partido Popular. Yo no voy a recordar las
manifestaciones vertidas sobre los males del sistema, el voto cautivo, el
uso del PER como instrumento político, etcétera, que el Partido Popular
ha vertido sobre el plan de empleo rural. Parece ser que después de la
noche del 3 de marzo han descubierto que este sistema es bueno. Me alegra
que, aunque tarde, se dé cuenta el Partido Popular y que la derecha en
este tema rectifique para bien.

El Grupo Socialista sigue manteniendo en esta materia la misma posición:
que la regulación para 1997 responda a los acuerdos alcanzados, incluida
la evaluación conjunta de su funcionamiento y la introducción de las
medidas correctoras que, de común acuerdo con las centrales sindicales,
se estimen oportunas.

Por estas razones, señorías, mi grupo votará en contra de esta
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz,
señor Marquínez.




El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Habría que decirle al grupo proponente que
el Partido Popular no sabe si esto representa una preocupación o una
fijación, porque una preocupación significa para todos. Todos los que
hemos intervenido hemos mostrado nuestra preocupación y estamos tratando
de darle una solución al problema, pero para ustedes es una fijación. Lo
digo porque el anterior portavoz que ha hecho uso de la palabra ha
reconocido que hay unos antecedentes sobre esta materia. En la anterior
legislatura, en la que no tuve el honor de participar pero sí he leído
los «Diarios de Sesiones», hubo unos antecedentes importantes, de los
cuales se ha producido todo un proceso ulterior que está a punto de
culminar. Voy a hacer una breve referencia a esos antecedentes.

La iniciativa más importante que entró en esta Cámara vino de la mano del
Grupo Popular en forma de moción, que se presentó el 22 de febrero de
1994. Y como consecuencia de esa moción se produjo una ponencia. Esa
moción acordó, con la transaccional de Izquierda Unida, la creación de
una ponencia especial en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca, con la participación de todos los grupos parlamentarios, para
estudiar la reforma del actual sistema del plan de empleo rural y el
subsidio agrario. Esa ponencia se constituyó el 10 de marzo y se debatió
posteriormente en el pleno el 26 de mayo.

Voy a aprovechar para decirle al portavoz del Grupo Socialista que ha
cometido un error --no sabemos si imperdonable o no, dejaremos que él
mismo lo juzgue-- porque ha dicho que después del 3 de marzo el Partido
Popular cambia su posición. Fíjese usted qué casualidad que tengo aquí la
referencia de la ponencia de aquel momento. El portavoz del Grupo
Socialista manifestaba en aquel momento la esperanza de su grupo porque
las líneas de actuación señaladas en el informe sirvan para facilitar el
necesario consenso entre las administraciones implicadas y los agentes
sociales, de forma que se mejore el sistema y contribuya al desarrollo de
ambas comunidades. Es decir, estaban de acuerdo en que había que reformar
el sistema. Esto lo decía el señor Roncero. Y el señor Martín Mesa, que
fue el que defendió la postura del grupo, decía lo mismo. Reconocía que
había que mejorar el sistema. Por el Grupo Popular, la presentación fue
hecha por el señor Diego Jordano, que no está presente en este momento.

Voy a recordar, sin embargo, tres de los puntos del voto particular de la
ponencia del Partido Popular que decían: primero, necesidad de un sistema
de protección específico para Andalucía y Extremadura. Es decir,
estábamos de acuerdo en la necesidad del sistema, no hemos cambiado de
opinión después del 3 de marzo. Tiene usted una memoria frágil. Consta en
el «Diario de Sesiones», bastaría conque se hubiera tomado la molestia de
leerlo, si su memoria le fallaba.

El segundo punto de los doce que se presentaron --no voy a ser exhaustivo
en su lectura-- decía: incluir otros criterios de acceso al sistema y no
únicamente el cumplimiento de las sesenta jornadas en los doce meses
anteriores; ese límite debe flexibilizarse atendiendo a las posibilidades
reales de trabajo. Es decir, que ya antes del 3 de marzo contemplábamos
que era necesario darle otra virtualidad al sistema en función de las
necesidades de los trabajadores. Y finalmente, el punto tercero, y no el
último de la ponencia, decía que había que establecer una fórmula nueva
de subsidio, que es en lo que actualmente está trabajando el ministro del
ramo, señor Arenas, junto con los agentes sociales. Luego, la posición
del Partido Popular no ha cambiado, afortunadamente para los españoles y
para todos los que nos encontramos aquí, porque seguimos manteniendo la
preocupación exactamente en la misma línea que la mantuvimos.

¿Qué decía Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entonces? Manifestaba
su portavoz --por eso digo que es una fijación--, dentro de los once
puntos que presentó como voto particular, las mismas cosas que ahora:
supresión inmediata del requisito de las sesenta peonadas, incrementar la
cantidad a percibir en concepto de PER, incremento de la percepción del
subsidio del salario mínimo interprofesional. Hubo un gran debate en esa
ponencia y no fue aprobado lo que ustedes decían. Se les demostró que no
era importante para el sistema, y no fue aprobado. Y ustedes aprobaron la
ponencia por unanimidad. Luego por eso parece deducirse que más que una
preocupación, es una fijación. Ustedes quieren hacer su propio PER, no
quieren colaborar en la ejecución de un nuevo PER ni fomentar una nueva
fórmula de protección a los trabajadores



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andaluces y extremeños. Parece que lo que quieren ustedes es hacer un
nuevo PER. Tendrán que alcanzar el Gobierno si quieren hacerlo de esa
manera. O entrar en un diálogo, como estamos haciendo todos, incluido
Partido Socialista, centrales sindicales, agentes sociales, y atenernos a
lo que entre todos consensuemos. No quieran ustedes, por narices, con lo
que parece una fijación, llevar adelante una posición que ya ha sido
discutida y rechazada en esta Cámara.

Consecuencia de todo ello, como ha dicho el portavoz del Partido
Socialista, fue la aplicación al sistema de unas nuevas fórmulas. Se
rebajó de 60 a 40 peonadas. Se aprobaron dos nuevos decretos y después
del 3 de marzo, eso sí, hemos traído a la Cámara un nuevo decreto
relativo a la aplicación de las circunstancias especiales de la sequía en
el PER, que fue objeto de un debate y aprobación de todos los grupos
parlamentarios en esta Cámara. Y fíjese usted también que en este debate
el Ministro, señor Arenas, dijo que se trataba de una medida dialogada,
equilibrada y de tránsito. Y hago hincapié en la palabra dialogada.

Añadió que la modificación del sistema (modificación que nace de esa
ponencia, que fue un debate en la anterior legislatura) se basaría en
cuatro puntos, que se derivan exactamente de los mismos puntos que se
llevaron a la ponencia por parte del señor Jordano en el debate de la
anterior legislatura, cuales son: que el sistema contribuya a desarrollar
políticas activas favorecedoras del empleo estable e iniciativa de
desarrollo rural, involucrando para ello a las comunidades autónomas.

Segundo, que se creen políticas de formación profesional para los
trabajadores eventuales agrarios y para los más jóvenes. Tercero, que se
haga un esfuerzo enorme en limitar las posibilidades de fraude. Porque la
queja del Partido Popular --me dirijo ahora al portavoz del Partido
Socialista y al portavoz de Izquierda Unida-- estaba en el fraude, en la
perversión que podría haber originado o puede seguir originando ese
sistema. Me imagino que ustedes estarán de acuerdo con nosotros cuando en
la ponencia reconocieron que había que emplear fórmulas para que no se
produjera un fraude por medio de ese sistema. Eso es lo que decíamos
antes y eso es lo que decimos ahora también. Eso es lo que dijo el
Ministro Arenas cuando se debatió, hace muy poco tiempo en el Pleno de
esta Cámara, el último decreto. Finalmente, decía el ministro que el
cuarto punto sería dar los pasos necesarios para neutralizar
políticamente, de acuerdo con los sindicatos, lo que se ha conocido como
sistema PER.

Esa es la filosofía que ha impregnado la ponencia del debate en aquella
ocasión, en la anterior legislatura, y la que impregna las actuaciones
del Gobierno, pero lo básico de todo esto es que en estos momentos se
encuentra abierto un amplio debate con las organizaciones sociales para
reformar el sistema. Por tanto, no parece oportuno --estoy de acuerdo con
el portavoz socialista--, salvo que tengamos en cuenta esta materia
recurrente y objeto de la fijación de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que naturalmente disculpamos. Todo el mundo es dueño de actuar
como le parezca, pero nos trae usted aquí a discutir un tema que está en
la calle, que se está discutiendo por las personas que tienen que
tratarlo, que está siendo objeto de un amplio estudio y de una amplia
reflexión por los agentes sociales y por el ministro de Trabajo como
representante del Gobierno, que ya ha dado sus frutos y se han traído a
esta Cámara. Luego no sabemos lo que pretenden ustedes al traer aquí una
iniciativa que por sí misma queda obsoleta porque se está resolviendo.

Fíjese usted, hoy mismo dice la prensa, hoy mismo, qué casualidad, que la
Junta de Andalucía, lo tengo aquí, apoya el nuevo sistema del PER. Y el
señor Gutiérrez, que como usted sabe es consejero de la Junta de
Andalucía, añadió que su apoyo al AEPSA --sabe usted que el AEPSA es el
acuerdo por el empleo y la protección social y agraria-- también se basa
en que aumenta las dotaciones presupuestarias según el IPC previsto y que
rebaja las peonadas exigidas para cobrar el subsidio agrario.

¿Pero qué pretenden ustedes? Brevemente, voy a tratar de decirle lo malo
que tiene su iniciativa, ya que usted no ha dicho lo bueno de su
propuesta, porque usted ha hecho una diatriba sobre la xenofobia, el Rh y
una serie de cosas, que parecía más una conferencia médica que algo sobre
el PER. En cuanto al tema de eliminar las peonadas, si usted se da cuenta
de lo que está diciendo, la filosofía que impregna el sistema es una
filosofía de ocupación-protección. Tiene que haber un proceso de
ocupación para que haya protección; si no, no sería el sistema del plan
de empleo rural; sería un simple subsidio para cobrar el cual no sería
necesario ser agricultor, bastaría con ser simplemente un ser humano. Y
si es a esto a lo que se refería usted al hablar de xenofobia y demás,
probablemente lleve razón, pero no es la filosofía que impregna este
sistema. La filosofía que impregna este sistema es: ocupación-protección.

Tiene que haber un sistema previo que permita el acceso. Luego por sí
misma la propuesta que usted hace se cae por su peso. No sabemos qué
pretenden con ella.

Después dicen ustedes también que se aumenten los fondos. Se está
debatiendo el aumento de fondos, y si no se han aumentado los fondos ha
sido porque el presupuesto del 95 se prorrogó para el 96, y ustedes lo
saben también. Y en estos momentos además se produce un ajuste para
lograr la convergencia que obliga a una reducción de todas las políticas
económicas. No obstante, se está discutiendo el aumento de fondos y ya se
habla de igualarlos al incremento del IPC. Luego es algo que se está
haciendo, y no parece procedente traer aquí a discutir algo que ya se
está haciendo.

En el tercer punto hablan ustedes de aumentar la cantidad recibida e
igualarla al cien por cien. Bueno, eso sería de momento un agravio con el
resto de los trabajadores. Y no creo que ustedes traten de plantear aquí
mismo un agravio con el resto de los trabajadores. Si el subsidio de
desempleo es el 75 por ciento del salario interprofesional para todos los
trabajadores, ustedes no sólo quieren favorecer a los trabajadores del
campo, sino hacerles quedar por encima de los demás. ¿Eso es lo que
pretenden? Todos desearíamos que fuera así, pero hace falta dinero para
eso y el Gobierno tiene que ajustar los fondos a todas las concurrencias
que obligan a un trato concreto en los presupuestos. Entonces,
explíquennos ustedes si lo que quieren es crear un agravio en ese
sentido. Están igualados al resto de los trabajadores españoles en todas
las ramas.




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Finalmente hablan ustedes de una circunstancia de intervención que no sé
de dónde la sacan, porque realmente no entendemos qué intervención tienen
los patronos en que un trabajador se ponga malo o no. Las prestaciones de
la Seguridad Social no dependen en ningún caso de los patronos, y por
tanto esto parece absolutamente incoherente.

En consecuencia, no tenemos más remedio que oponernos, pero yo le diría
más: no debíamos oponernos, debía usted retirar esta iniciativa. Es una
iniciativa hasta absolutamente falta de fundamentos, si se está
resolviendo esto, y se está resolviendo a pasos largos y concretos
--vamos a verlo muy pronto reflejado en los medios de comunicación--, por
medio de un acuerdo entre los sindicatos, entre los agentes sociales,
entre el ministro como representante del Gobierno, entre quienes tienen
que dialogar, y todo ello como mandato de este Parlamento, de una
ponencia debatida y consensuada en este Parlamento. Luego realmente la
iniciativa no tiene mucho sentido, salvo la fijación a la que hice
referencia en primer término. Por tanto, si ustedes siguen manteniendo su
propuesta, no vamos a tener más remedio que oponernos a algo que como tal
iniciativa no tiene sentido, siendo defensores, naturalmente, del
sistema, de la mejora del sistema y sin duda alguna defensores, tanto o
más que ustedes, de Andalucía, de Extremadura y de los trabajadores del
campo de estas comunidades. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Centella, es para hacer algún tipo de
puntualización?



El señor CENTELLA GOMEZ: Sí, muy brevemente, para hacer alguna
puntualización no entrando en el fondo del debate, porque cada grupo
tiene derecho y obligación de explicar su postura, pero sí para contestar
a algunas alusiones.

En primer lugar, debo decir que lo que el portavoz del Partido Popular
llama fijación nosotros lo llamamos coherencia. Después me ha parecido
entender de su intervención que lo que quiere es hurtar al Parlamento que
participe en un debate, que dice que está en la calle y por eso el
Parlamento no puede opinar. Yo creo que posiblemente al Partido Popular
le sobren los Parlamentos; a nosotros no solamente no nos sobran, sino
que nos hacen falta. A partir de ahí --yo repito-- el Partido Popular
tiene perfectamente derecho, como lo tienen otros partidos, a defender el
sistema de peonadas, pero que no lo lleve al absurdo, porque yo no sé si
el Partido Popular sabe lo que significa la forma de conseguir las
peonadas, y ahí están alcaldes y ahí están jornaleros en los juzgados,
fruto de esa situación. Por lo tanto, tan absurdo es el tema como tan
absurdo e ilógico es que haya alcaldes y jornaleros en estos momentos
procesados. Y al final hay una realidad, que Maastricht es culpable.

Viene a decir que, claro, como hay que entrar en la convergencia, a
partir de ahí no hay más remedio que hacer esta política. En eso sí
estamos de acuerdo. Evidentemente, Maastrich será culpable de que no
vayan los fondos necesarios al mundo rural.

Por lo tanto, yo creo que, efectivamente, cada grupo tiene derecho y,
digo, obligación de defender sus posturas, pero pido que, por favor, no
se le hurte al Parlamento la posibilidad, el derecho y la obligación de
debatir una cosa que hoy preocupa, con una solución o con otra, a miles
de trabajadores de Extremadura y de Andalucía.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER, EN LAS INSTANCIAS
COMUNITARIAS, EL MANTENIMIENTO INTEGRO DE LAS AYUDAS A LOS CULTIVOS DE
CEREALES. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO). (Número de expediente 161/000206.)



El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del segundo punto pasamos, una
vez retirado el tercero, a debatir el cuarto punto del orden del día:
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a defender en las
instancias comunitarias el mantenimiento íntegro de las ayudas a los
cultivos de cereales. Para su defensa, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, la reforma de
la política agraria comunitaria en 1992 significó un paso muy importante
en la estabilización del sector agrario, muy importante --repito-- en
aquel campo de los grandes cultivos, cereales sobre todo, oleaginosas y
proteaginosas. El balance de la aplicación de la reforma en los tres
primeros años de su vigencia puede calificarse de positivo para los
agricultores, ya que a las buenas producciones y precios altos del cereal
se han añadido los pagos compensatorios, así como el incremento en el
cambio del ecu, lo que ha comportado unos buenos ingresos económicos para
los productores cerealistas. Igualmente, cabe señalar que en ciertas
zonas del Estado español, y fundamentalmente en las más cerealistas, la
sequía ha sido constante en estos últimos años, y de no ser por los pagos
compensatorios, los agricultores de Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura y otras comunidades autónomas hubieran tenido muy difícil su
supervivencia. En definitiva, podemos concluir que los pagos
compensatorios instaurados en la reforma de los cultivos herbáceos han
supuesto, para unos, buenos ingresos, complementarios a los de por sí
interesantes precios de los cereales, mientras que para otros ha
representado la única fuente de recursos económicos, en razón de la nula
cosecha de estos últimos años.

Y nos vamos a la situación actual. El hecho de que el punto referente a
esta cuestión haya sido retirado del orden del día del Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se está celebrando en
Luxemburgo no significa que debamos darlo por liquidado, sino más bien, a
nuestro entender, todo lo contrario. La necesidad de buscar fondos para
solucionar las crisis del mercado de carne de vacuno debido al tema de
las «vacas locas» ha llevado y seguramente seguirá llevando en un futuro
a la Comisión a buscar fondo extra mediante la reducción de los pagos
compensatorios de cultivos herbáceos, exceptuando las



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proteaginosas. Esta propuesta se hace en base a la argumentación de que
desde que se reformó la PAC, la política agraria comunitaria, los precios
de los cultivos herbáceos no han bajado tal y como se esperaba.

El proyecto ya aprobado por el Colegio de Comisarios incluye la reducción
del pago para la retirada de tierras, la de la compensación de los
cereales y la de compensación de oleaginosas y lino no textil. Las
proteaginosas se exceptúan de esta reducción en razón del interés que
existe en potenciar su cultivo. Se estima que solamente en el primer año
estas medias supondrían un ahorro para las arcas comunitarias de 220
millardos de peseta, 220.000 millones de pesetas. Para el conjunto del
Estado español, esta reducción sería de alrededor de 30.000 millones de
pesetas.

En esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió plantea instar al Gobierno a que defienda
enérgicamente el mantenimiento íntegro de las ayudas a los cultivos
herbáceos, y ello, señorías, por los siguiente motivos. En primer lugar,
debemos partir del posicionamiento de que cada sector tiene que
autorregularse y controlar, y aceptando que el presupuesto comunitario no
tiene que estar estrictamente ceñido a una actuación concreta, sí que es
cierto que el problema de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme
es una cuestión de falta de control de un Estado, y por lo tanto tiene
que ser ese Estado miembro el que asuma el coste sanitario, social y
económico que esta problemática comporta.

En segundo lugar, si bien se nos puede argumentar que los pagos
compensatorios a los cultivos herbáceos se han concedido sin tener en
cuenta los objetivos y finalidades para los cuales fueron instaurados, sí
que puede argumentarse en justicia que estas ayudas han servido para
sustentar a un sector que ha atravesado un difícil periodo de sequía y
que gracias a ellas ha podido superar una difícil y complicada situación.

En tercer lugar y por último, hay que tener en cuenta que la nueva ley
americana de agricultura liberalizará la producción, más de diez millones
de hectáreas nuevas entrarán en producción, y la consecuencia más
previsible que acompaña a este hecho será una caída de los precios. Es en
este momento cuando los pagos compensatorios tendrán su razón de ser, de
forma que hay que actuar con previsión a la vista de lo que puede ocurrir
en un futuro muy próximo en el sector.

Es por ello, señorías, señor Presidente, por lo que nuestro grupo
solicita su apoyo para esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra su portavoz, señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Para fijar la posición de nuestro grupo, que
va a votar a favor de esta proposición no de ley.

Si bien la actuación y las declaraciones del Gobierno hasta el momento
presente se han manifestado en el sentido de una oposición rotunda a que
se reduzcan los pagos compensatorios a los cultivos herbáceos, sin
embargo, ha habido también algunas informaciones que nos han producido
alguna preocupación. Leo de una revista de agricultura especializada que
todas SS. SS. supongo que reciben, en la que se dice: «Sin embargo,
miembros de la delegación española dejaron entrever la posibilidad de que
Madrid aceptase la reducción de ayudas en herbáceos si la Comisión
solucionaba el problema planteado por la reducción de la ayuda como
consecuencia de la superación de la superficie de base en los cultivos de
regadío diferentes al maíz, según se ha informado.» Esperamos que estas
informaciones no sean en absoluto ciertas. El tema de la superación de
cultivos fue objeto de discusión en una proposición no de ley que tuvimos
ocasión de debatir en esta Comisión y creemos que debería ir por otro
conducto completamente distinto, pues ya la Comisión incluso se había
pronunciado por realizar un estudio para evitar la penalización en estas
superaciones.

Creemos, señorías, que los pagos compensatorios han sido de utilidad para
muchas explotaciones en las que efectivamente no había suficientes
rendimientos, pero pensamos también, y así se ha subrayado, que los pagos
compensatorios ya en la campaña anterior se redujeron un 6,2 por ciento
en pesetas constantes, si tenemos en cuenta la inflación y el cambio de
la peseta, y para la próxima campaña habría una reducción del 11 por
ciento en pesetas constantes, lo que supondría que en dos años se
reducirían un 16,5 por ciento.

Creemos también, señorías, que sería realmente injusto que un problema
suscitado por los fabricantes de piensos ingleses, poco escrupulosos en
la elaboración de cereales, el alimento para el ganado vacuno, deba ser
pagado por productores de cereales que suministran una buena calidad de
cereales a las fábricas de piensos y que cada vez exigen mayor calidad.

Sería una gran injusticia que eso tuviese que ser pagado por los
productores de cereales que se ajustan a las normas de calidad y, por
tanto, eso debería repercutir sobre los causantes de la crisis, que son
realmente los fabricantes de piensos ingleses.

De cualquier manera, nosotros consideramos que la reducción en herbáceos
no puede plantearse ni muchísimo menos de esta manera, pero nos
pronunciamos en la línea de lo que venimos diciendo desde hace muchos
años: si alguna reducción se tuviese que plantear, debería ser en la
línea de limitar la superficie para esos pagos compensatorios y de
delimitar también qué titulares pueden ser objeto de estas ayudas
compensatorias. Creemos que el hecho de que no haya una limitación por
hectárea favorece a los grandes terratenientes y, por otra parte, también
pensamos que el hecho de que no haya una delimitación clara de qué
titulares agrarios pueden ser sujeto de esas ayudas hace que
efectivamente gran parte de los fondos comunitarios vayan ahí. Y creemos
que ante una situación en este caso coyuntural, no estructural, en el
caso de que tuviésemos que ir a alguna reducción, debería ser en el
sentido de modular las ayudas y delimitar el tipo de titulares. De esa
forma se podrían liberar recursos para atender a situaciones de
coyuntura, a situaciones de crisis, sin que ello afectara



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de forma no discriminatoria al conjunto de los productores de cereales.

Nada más, señor Presidente, señorías. Vuelvo a reiterar que nuestro voto
será positivo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, le damos la palabra a su
portavoz, señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Anuncio ya de entrada que el voto del Grupo
Parlamentario Socialista va a ser también a favor de la proposición no de
ley que presenta Convergència i Unió. No podía ser de otra forma si se
tiene en cuenta que nuestro grupo ha presentado recientemente, hace muy
poquito tiempo, una proposición no de ley en esta misma Comisión, que fue
aprobada por unanimidad --recuerdo--, con unas modificaciones, sobre la
preocupación del futuro de los cultivos herbáceos, haciendo una serie de
propuestas que yo creo que es necesario abordar, que es necesario que el
ministerio las aborde, para corregir de una vez por todas, o por lo menos
para corregir ahora mismo, los problemas que estos cultivos tienen.

Sobre todo nos preocupa algo fundamental de la propuesta de la Comisión
Europea, porque lo que viene a decir es: como tenemos un problema en el
vacuno para carne, provocado por el tema de la encefalopatía espongiforme
bovina, lo que se llama popularmente las «vacas locas» británicas, y el
consumo de carne ha caído, vamos a comprar 470.000 toneladas más de carne
en el mercado comunitario, aparte de las 750.000 previstas ya, y no
tenemos dinero para comprarlas. Entonces, como no tenemos dinero, ese
dinero lo vamos a sacar reduciendo las ayudas a los cultivadores o a los
agricultores de cultivos herbáceos.

La primera razón por la que nos preocupa es que habría que analizar por
qué cae el consumo. El consumo en nuestro país y en otros cae cuando el
consumidor observa cómo el Consejo de Agricultura toma decisiones sin
tener en cuenta informes del Comité Veterinario, sin tener en cuenta
otros informes de expertos que ponen muy en duda la conveniencia de
levantar la prohibición de la exportación por parte de Gran Bretaña de
determinados productos derivados de las «vacas locas» o del vacuno, mejor
dicho. Lo digo porque, con independencia de lo que puedan pensar quienes
se sientan en el Consejo, la imagen que el consumidor recibe es que se
corre el grave riesgo de que la carne contaminada esté en los mercados y
pueda ser consumida. Ese miedo, lógico, sobre todo cuando se observa
bastante descontrol en la toma de decisiones de ese Consejo de
Agricultura, hace que el consumo caiga, pero de esto no son responsables
los agricultores españoles, ni lo son, por supuesto, los franceses, ni
los griegos o los italianos, y menos todavía son culpables los
cerealistas españoles.

Entonces, que la Comisión al final decida que hay que producir recortes
tan impresionantes como, por ejemplo, en la retirada de tierras, de 18,5
ecus por hectárea; o en el trigo duro, de 26 ecus por hectárea, o en las
oleaginosas, de 18 ecus por hectárea en la ayuda, es alarmante. Y es
alarmante para nosotros porque además hay otra medida que también nos
preocupa, aunque reconocemos que algo menos, que es el retraso en el pago
de la ayuda adelantada que se da tradicionalmente a los cultivadores de
oleaginosas, de girasol en concreto. La verdad es que esta propuesta a
nosotros nos parece muy regresiva, no sólo por la pérdida de renta
agraria que significa, sino porque se hace pagar a un solo sector, al
sector de cultivos herbáceos, para proteger a otro, el sector de la carne
de vacuno y además es que no hay ni una sola medida de modulación. La
señora Rivadulla decía, con razón, que la política agraria no puede
permanecer como está. Como muestra de lo injusto que es el reparto, en
todos los foros donde se habla, siempre se pone un ejemplo que es
paradigmático, y es que se dice, como ejemplo --digo-- de esta
injusticia, que una de las mayores fortunas del mundo, que es la reina de
Inglaterra, es la mayor perceptora de primas de ovino en la Unión
Europea. Esto no es lógico y por tanto está claro que la Unión Europea se
tiene que plantear más pronto que tarde la modulación de las ayudas. En
España el 90 por ciento de los agricultores de cultivos herbáceos reciben
ayudas que están por debajo de los dos millones de pesetas, y desde luego
el 90 por ciento reciben el 40 por ciento de las ayudas totales. El
reparto es bastante injusto. Por tanto, si ya es injusto de cada al
agricultor, porque no hay modulación de las ayudas, si encima se hace
recaer todo el problema de solucionar la crisis del consumo de vacuno
sobre un solo sector, todavía es mucho más injusto. En consecuencia,
nosotros nos oponemos radicalmente a esta propuesta de la Comisión y
esperamos que el Gobierno español, la Ministra de Agricultura lo haga
también y que lo haga con más éxito de lo que lo ha hecho en algunas
otras cosas.

Efectivamente, esta disminución para España significa una pérdida de
ingreso de en torno a los 30.000 millones de pesetas, pero esos
aproximadamente 30.000 millones de pesetas fíjense más o menos cómo se
distribuyen, brevemente. La comunidad autónoma más perjudicada en España
por esa reducción sería Castilla y León, con una reducción aproximada de
7.500 millones de pesetas. La siguiente sería Andalucía, con una
reducción sobre 6.400 millones, después Castilla-La Mancha, con 6.260,
después Aragón, con 3.400 millones de reducción, y finalmente también
Extremadura y Cataluña. Son las seis comunidades gravemente perjudicadas
si esta decisión --digo-- se lleva a cabo. Y estas ayudas, señorías, son
muy importantes para España, porque nosotros tenemos una climatología
irregular, hemos padecido una pertinaz sequía. Gracias a estas ayudas se
ha podido mantener la renta agraria, señorías, en estos últimos cuatro
años. Eso es algo muy importante, no deberíamos olvidarlo nadie, gracias
a estas ayudas. Por ello, es trascendental que estas ayudas no se
reduzcan. Y, claro, cuando digo que no se reduzcan, a mí y a mi grupo nos
preocupa cuál sea la posición que la Ministra de Agricultura vaya a
mantener en este asunto, porque nosotros la consideramos corresponsable
de la situación, corresponsable. Cuando la Ministra de Agricultura cambió
sorpresivamente el voto español mantenido por el anterior ministro, Luis
Atienza, en el tema de las «vacas locas» y con su voto hizo que fuera un
problema de la Comunidad y no sólo de Gran Bretaña, de la Comunidad, de
todos,



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también de España, provocó que cosas como éstas nos estén pasando ahora,
pero la ministra seguramente no recordaba lo que nos pasó a nosotros, por
ejemplo, en el sector del cerdo, con la peste porcina africana. La
Comunidad Europea nunca asumió que fuera un problema de la Comunidad; el
problema era de España. Nos ayudó a resolverlo, pero el problema era
nuestro y lo tuvimos que resolver nosotros, y eso es lo que debía haber
hecho la Ministra de Agricultura. La Comunidad Europea debería ayudar a
Gran Bretaña a resolverlo, pero el problema debería ser de Gran Bretaña y
no nuestro. Y por eso digo que nos inquieta, porque si la firmeza que
tanto el Partido Popular nos cantó a bombo y platillo en la campaña
electoral es ésta, nos preocupa qué va a pasar ahora con este asunto.

Por ejemplo, y termino, señor Presidente, rápidamente, no sabemos qué ha
ocurrido con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
que comentaba al principio, que la presentamos con fecha 30 de mayo, que
fue debatida en esta Comisión y aprobada el día 26 de junio de este año;
aprobada por unanimidad, recuerdo, con unas enmiendas que presentó el
Grupo Parlamentario Popular, que fueron, digamos, consensuadas por todos
los grupos, y que básicamente venía a plantear una serie de medidas
importantes para España de reforma del sistema de los cultivos herbáceos.

Y no sabemos qué pasa con ella, no sabemos nada de nada. Parece que la
ministra debía darnos alguna explicación respecto a las gestiones que,
suponemos, estará haciendo en Bruselas; pero digo que suponemos, porque
no las conocemos. Además, hay otra cosa que nos preocupa, señorías, y que
no viene en la proposición no de ley, pero que yo voy a sacar también
porque tiene bastante que ver con ella. Se quiere modificar el régimen
del trigo duro. Se quiere modificar el régimen abandonando el registro de
las zonas tradicionales del trigo duro y pasando a que los Estados tengan
una superficie máxima garantizada, lo cual va a plantear también
bastantes problemas, porque en tanto en cuanto el trigo duro está
subvencionado de una manera importante, en cuanto saquemos la producción
de las zonas tradicionales, la producción o, mejor dicho, la siembra del
trigo duro se va a extender de una manera tremenda. Y aunque se diga que
se va a poner la superficie máxima garantizada, veremos eso luego cómo
casa con la guerra que se va a producir entre los que son cultivadores
tradicionales, que ya pierden su derecho, y los que quieren ser nuevos
cultivadores. Por tanto, es otro problema que nos inquieta.

Estamos ahora mismo, señorías, en plena sementera y no se sabe qué va a
pasar con los posibles rebasamientos de la superficie base de secano. No
sabemos qué va a pasar ni sabemos tampoco cuál va a ser su repercusión el
año que viene, no solamente en el índice obligatorio de retirada de
tierras, que sus señorías saben que afecta si se sobrepasa la superficie
base, sino también en las penalizaciones o los recortes a las ayudas que
se pudieran producir, que en el reglamento también está especificado que
pueden tener lugar. No sabemos nada, es decir, no conocemos qué está
haciendo este Gobierno, este ministerio para resolver estos problemas que
nos preocupan. Y cuando no se ha abordado ninguno de estos problemas,
cuando no hemos dado los pasos para resolverlos, resulta que la solución
viene por parte de la Comisión proponiendo un recorte a las ayudas, y
esto, señorías, es desmoralizador para el sector cerealista español,
bastante desmoralizador. Yo termino diciendo, señorías, que creo y cree
mi grupo que es hora de que la ministra deje de lamentarse y que actúe,
que no se lamente más y que actúe, y que a ser posible esta vez se note y
que esta vez vote teniendo en cuenta los intereses españoles y
defendiéndolos, y que cuando la ministra quiera hacer un favor a sus
amigos o compañeros conservadores británicos (Un señor Diputado: Como
Romero.) que no lo paguemos o que no lo paguen los agricultores
españoles, simplemente.

Por tanto, señorías, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley de
Convergència i Unió, porque consideramos que es justa y que es necesaria.

(El señor Pascual Monzó: Romero nunca ha sido Ministro de Agricultura.)



El señor PRESIDENTE. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Pintado.




El señor PINTADO BARBANOJ: En primer lugar, oído lo debatido en la
Comisión de Agricultura hasta el momento, nos ha tocado debatir el
problema que a juicio del Grupo Popular subyace no en el fondo de la
propuesta, lógicamente, de Convergència i Unió, sino del planteamiento de
la Comisión en la reforma del reglamento 1.765/1992, de ayudas a cultivos
herbáceos. Lo que subyace realmente es un planteamiento de la Comisión en
tanto que una nueva reforma de la política agraria comunitaria, donde se
quiere hacer de chivo expiatorio al sector cerealista, en este caso de la
Unión Europea, y especialmente por lo que afecta también al sector
español. Con esta propuesta lo único que se intenta justificar es esa
reducción, que supondría unos 1.352 millones de ecus, de los cuales el
señor Torres ha dado una explicación extensiva de lo que supondría para
el sector español. Son 27.000 millones aproximadamente lo que supondría
de reducción para el sector agrario. Y lo que nos preocupa de esta
iniciativa o de esta propuesta de la Comisión, propuesta respecto de la
que todos los grupos parlamentarios han reconocido que el ministerio está
también en una oposición frontal --aunque lógicamente dentro de la
negociación que en todos los temas se tiene que llevar en el seno de la
Comisión de Agricultura de la Unión Europea--, es el tema de que sea una
propuesta permanente en cuanto al tema de la disminución, que entraría en
vigor a partir de la campaña 97-98, es decir, para las siembras que se
están efectuando ya en este momento, y que estos recortes que se plantean
con carácter permanente en las ayudas de cultivos herbáceos no tengan
trasposición en la propuesta de la Comisión Europea en cuanto a las
ayudas del sector vacuno, porque estas ayudas terminarían ya en la
próxima campaña 97-98 y no se especifica qué se haría con ese dinero a
partir de esa campaña.

La posición del ministerio creo que ha quedado claramente reflejada en la
intervención del resto de los portavoces y por lo que hemos conocido no
solamente a través de



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los medios de comunicación, sino por lo que también ha comentado en
sucesivas ocasiones la propia Ministra de Agricultura. A nuestro juicio,
es una cuestión de inaceptable planteamiento, ya que consideramos que
problemas excepcionales tienen que ser solucionados con medidas
excepcionales. No se puede invocar la solidaridad de unos pocos para
resolver un problema que al final afecta al común de toda la sociedad de
la Unión Europea --en este caso estaríamos hablando no solamente de
sectores productores en el caso agrario, sino también de lo que son los
propios consumidores-- y en definitiva también habrá que hablar de la
situación actual de los cereales. En este orden de cosas creo que es un
error el planteamiento que se hacía por parte de algún compañero de otro
grupo parlamentario, porque ha venido muy bien que haya habido ayudas
--que no hay que olvidar que son ayudas a rentas de las producciones
cerealistas-- y el hecho de que haya habido una medida coyuntural para
paliar los efectos de la sequía que ha padecido España, ha venido muy
bien ese dinero, y yo creo que es un planteamiento erróneo, porque,
vuelto por pasiva, nos va a llevar a la conclusión de que el año que no
haya sequía esas ayudas no van a ser necesarias.

Yo creo que el planteamiento de la Unión Europea se hace sobre la base de
una problemática realmente existente dentro del sector agrario
cerealista. Se ha invocado también lo que suponen las importaciones de
cereales de terceros países, cómo repercuten directísimamente en el
precio, y yo tengo información de estos últimos días de cómo están
cotizando las lonjas testigo en el caso concreto de los cereales y sé de
una reducción grande y grave de precios con respecto a la campaña pasada.

Bien es cierto que hemos tenido dos o tres campañas de unos precios
bastante aceptables, pero ahora mismo en las oleaginosas sabemos que ha
bajado prácticamente a un 50 por ciento del precio de cotización de años
anteriores, y en el caso de los cereales, por hablar de un caso muy
concreto e importante como es el maíz, que se estaba cotizando por estas
fechas el año pasado sobre las 28 pesetas, hoy cotiza en lonja a 24,50
pesetas.

En definitiva, la política agraria comunitaria en el caso de los cultivos
de los herbáceos, especialmente para los países del sur y en este caso en
concreto para España, en muchos sitios supone una política de
subsistencia, porque en definitiva, como anteriormente planteaban, si le
añadimos el grave problema de la sequía, realmente es la única entrada de
ingresos que puede hacer viable la agricultura en muchas zonas de nuestro
territorio. Es una propuesta incompleta y desequilibrada. Es una nueva
reforma encubierta de la actual reforma de la política agraria
comunitaria. Yo creo que ahí el Ministerio de Agricultura español va a
tener que estar con el ojo muy avizor para saber cuáles son las
propuestas que se hacen, no solamente con la excusa de ayudar en el tema
de la enfermedad de las «vacas locas», sino, en el futuro próximo, en lo
que va a pasar con los cereales españoles.

Hay otro problema de fondo que subyace, y no dejan de sorprender las
declaraciones o manifestaciones de algún portavoz de esta Comisión cuando
quiere hablar de la modulación de las ayudas. Yo le diría al señor Torres
en concreto si conoce en profundidad cuál fue el problema que subsistió
para España cuando se negociaron las ayudas en el tema de la
regionalización y en definitiva dónde está el problema de fondo en lo que
es el sistema de superficie de base del plan de regionalización. Es
decir, parece ser que lo que se hizo en su día y lo que no se supo
acordar en su día se quiere cargar hoy sobre las espaldas de los que
vienen detrás. Estamos de acuerdo en que el debate de la modulación de
las ayudas dentro de lo que es el capítulo de herbáceos es un debate
abierto que habrá que abordar, pero no es el principal problema. El
principal problema subyace en la adjudicación de los rendimientos, en la
regionalización, en las determinadas zonas, donde hay desequilibrios
gravísimos. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a la cuestión de las
ayudas al trigo duro y se habla de zonas tradicionales, habría que ver
también, recordando al señor Romero, cómo se hizo esa distribución de las
zonas tradicionales. Usted, señor Torres, creo que tendría que saber
perfectamente, por la zona de donde proviene, cómo afectó y cómo se
negoció este tema y cómo ustedes mismos han empleado esa posición, y
hablo concretamente de Aragón, en tanto en cuanto que han manifestado por
activa y por pasiva que estaban totalmente en desacuerdo, cuando los
responsables del ministerio, que en aquellos momentos estaba sustentado
por su partido, hicieron caso omiso y realmente no se ha llegado a
ninguna solución. Hoy el problema es otro, es serio, porque en definitiva
hay derechos adquiridos por distintas partes, en este caso por
agricultores de determinadas provincias del territorio nacional, y
lógicamente quieren defender con uñas y dientes esos derechos adquiridos,
pero es un problema que yo creo que hay que plantearlo con mayor
seriedad, con mayor rigor y ver cómo se le encuentra salida.

Refiriéndome sucintamente a lo que supone el tema del mercado vacuno yo
también hago referencia a una revista, Ganaderos en concreto, de ámbito
nacional, donde ya se reconocen las gestiones que se han hecho desde el
Ministerio de Agricultura, la recuperación que ha comenzado a haber en el
tema de carne de vacuno y que la retirada de esas 23.135 toneladas del
sector ha conseguido desbloquear esta cuestión. No estoy de acuerdo, y yo
creo que es justo decirlo, cuando se habla en el marco de un
planteamiento general, como es el tema de las «vacas locas» en
Inglaterra, en que se le quiera achacar a la Ministra de Agricultura
alguna responsabilidad, en lugar de que el problema de las «vacas locas»
lo solucionen los británicos porque les afecta a ellos. (El señor Torres
Sahuquillo hace signos de denegación.) Este es un argumento totalmente
demagógico en tanto en cuanto se produce una noticia de esta envergadura
dentro de la Unión Europea, y díganselo ustedes a los productores, en
este caso del sector vacuno, cuando tenían todas sus ganaderías
bloqueadas y no había forma humana de sacar un cierto volumen de cabezas.

Terminará diciendo que desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos
la iniciativa de Convergència i Unió, que yo creo que es una iniciativa
valiente, porque no en vano Cataluña tiene un potencial productivo muy
importante en el sector vacuno y en definitiva están planteando



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unas ayudas o una solución a un problema sin que se le cargue el peso a
otras zonas españolas que realmente tienen mayor repercusión al respecto.

Anuncio, como no podía ser de otra manera, nuestro voto favorable a esta
proposición. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No procedería señor Torres. Se la concedo
simplemente por alusiones.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Si me permite, señor Presidente, para hacer
una precisión, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha
puesto en mi boca una frase que yo creo no haber dicho.

Con todo respeto y cordialidad al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, yo no he dicho que el problema debían resolverlo sólo los
británicos. Si usted recuerda mi intervención, he dicho que la Comunidad
Europea debía ayudar a Gran Bretaña a resolver el problema, pero no
hacerlo suyo, y he puesto el ejemplo de la peste porcina africana en
España, cuando la Comunidad no hizo suyo el problema, ayudó a España a
resolverlo, pero no lo hizo suyo. Esa es la diferencia, ése es el matiz
que quería hacerle simplemente. (El señor Burballa i Campabadal pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Burballa.




El señor BURBALLA Y CAMPABADAL: Brevemente, señor Presidente, sólo para
agradecer el apoyo a esta iniciativa. Estamos seguros que una propuesta
votada por unanimidad en esta Comisión puede reforzar la posición del
Gobierno y de la ministra en la negociación para mantener estas ayudas a
los cultivos herbáceos. Y si la ministra y el Gobierno no consiguen en
definitiva que estas ayudas se mantengan en su integridad y tiene que
haber algún tipo de mengua, lo que también pediríamos es que esa
hipotética, en su caso, bajada no se repartiera ni se distribuyera por
igual entre todos los países miembros, sino que se tuviera en cuenta, si
acaso llegara, que es una buena oportunidad para compensar las
diferencias que hay entre lo que reciben unos países y otros, en este
caso los del norte y los del sur.




--SOBRE LEGISLACION REGULADORA DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
AGROALIMENTARIAS. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000208.)



El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate del punto cuarto, pasamos al
punto quinto del orden del día: proposición no de ley sobre legislación
reguladora de las organizaciones interprofesionales agrarias. Para su
defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Quizá convenga empezar mi intervención
diciendo que nuestro grupo presentó una proposición no de ley y, como
hubo un error en la transcripción, hemos tenido que presentar dos
enmiendas a nuestro propio texto, que yo espero que los grupos no tengan
inconveniente en aceptar, para que se pueda debatir con la inclusión de
las mismas.

La enmienda primera hace referencia a que en el apartado c) de nuestra
proposición no de ley habría un segundo párrafo que diría: La Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca emitirá un dictamen que remitirá al
Gobierno. La segunda enmienda sería a la totalidad del apartado d), que
tendría una nueva redacción que dice: El Gobierno se abstendrá de
proponer reformas de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, hasta tanto se
hayan cumplido los preceptos contenidos en los apartados anteriores de
esta proposición no de ley.

Supongo que estas enmiendas obran en poder de todos los grupos. Si no
fuera así, paso, si me lo permite el Presidente, a la Mesa una copia para
que puedan conocerlas. Como está presentada la enmienda a la Cámara,
pienso que la tienen, pero parece que el Grupo Popular no la tiene. Si no
hay inconveniente, yo se la paso a dicho Grupo para que la pueda conocer.




El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Torres, que defiende la proposición
no de ley y las dos enmiendas presentadas conjuntamente.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Efectivamente, señor Presidente. Así lo
entendemos, si los grupos no tienen inconveniente en que se haga así,
porque ha sido un error de transcripción lo que ha motivado el que
tengamos que presentar estas dos enmiendas a nuestro propio texto.

Debo empezar por decir que mi grupo, preocupado con este asunto, tenía
noticia de que el Gobierno pretendía modificar la Ley sobre
interprofesión agroalimentaria. Dado que ésta fue una ley muy debatida,
una ley que obtuvo un amplio consenso (creo recordar que el Partido
Popular prácticamente sólo se opuso en el debate y en la subsiguiente
votación a la disposición transitoria primera que, por cierto, se incluyó
en el Senado, no en el debate del Congreso), nos sorprendió y habíamos
preparado una interpelación urgente al Gobierno con la subsiguiente
moción, que por problemas de calendario y del cupo de iniciativas de
nuestro propio grupo no pudo entrar a tiempo, y nos encontramos con que
el Gobierno propone la modificación de esta ley en la llamada Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997. Como
es lógico, hemos tenido que reconvertir la iniciativa porque no cabe
interpelar al Gobierno sobre algo que ya conocemos que pretende hacer. Es
por eso por lo que la hemos reconvertido en proposición no de ley ante
esta Comisión.

Dicho esto, paso rápidamente a exponer el texto y nuestra pretensión.

Hemos tenido muchas referencias de prensa. Por ejemplo, el día 21 de
junio, La Tribuna de Ciudad Real, decía: «Fuentes del MAPA indicaron que
la propuesta de modificación se estudiará con todos los sectores
afectados, y como primer paso se analizará con los responsables



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agrarios de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial a
celebrar mañana en Madrid.» El día 23, de junio también, la nota emitida
el mismo sábado por el gabinete de prensa del MAPA (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) informaba de que la modificación de la
Ley de organizaciones interprofesionales se centrará en la eliminación de
la disposición transitoria única. Exclusivamente parece que se iba a
centrar en eso. Seguimos con las noticias de prensa. El 12 de julio se
decía: «Fuentes del MAPA indicaron que la propuesta de modificación se
estudiará con todos los sectores afectados.» Y finalmente, el propio
subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don
Nicolás López Coca, decía el día 30 de junio en Las Provincias de
Valencia (esto le sonará bastante a mi compañero y amigo don José Ramón)
que para hacer viable la creación y desarrollo de estos organismos en
España, pero garantizando la participación de los representantes de la
producción, el comercio y la industria de cada sector de manera paritaria
y con la representación real y acreditada que les corresponde.

El Ministerio ha venido diciendo repetidas veces: vamos a modificar la
Ley de interprofesiones, pero lo vamos a hacer sólo en cuanto a lo que
hace referencia a la disposición transitoria única porque la queremos
suprimir. Pero no contentos con eso, el propio subsecretario matiza y
dice: No, y además nosotros queremos que la representación sea paritaria,
que es lo que la ley dice, por cierto.

Pues bien, nos encontramos con la sorpresa de que como disposición
adicional primera de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado se propone, nada más y nada menos, no sólo suprimir
la disposición transitoria única, sino además cambiar la representación
de paritaria a equilibrada. ¡Vaya palabra esa de equilibrada! Porque no
sabemos si el equilibrio es estable, inestable o indiferente. Y, por otra
parte, tampoco sabemos bajo qué parámetros se va a conseguir que el
equilibrio sea de una manera o de otra. No sabemos qué quiere decir.

Intuimos qué quiere decir. No lo sabemos, pero lo intuimos. La palabra
paritaria está muy clara. Por una parte, está el sector de la producción
y, por otra, están el sector de la transformación y de la distribución.

La forma en que se pretende cambiar no nos parece correcta. Se quiere
modificar una ley para nosotros fundamental, muy importante para el
campo, dentro de lo que es un debate de Presupuestos Generales del
Estado. La forma en que se quiere conseguir esto es a hurtadillas, con
nocturnidad, por decirlo de una manera jocosa. No se quiere que haya un
debate claro sobre el asunto, sino que se subsuma en el debate de
presupuestos y que no se note. Yo diría que parece que al Gobierno le da
un poco de vergüenza cambiar esto. No sé si es que tiene mala conciencia
y lo que quiere es que a ser posible se note poco. Nosotros hemos querido
traer este debate aquí porque entendemos que es muy importante esta ley y
que no se modifique.

Además, la propuesta que se hace rompe con la columna vertebral de la
propia ley. Si a nosotros nos parece importante que se mantenga la
disposición transitoria única por cuanto permite que el campo pueda ir
vertebrándose de un plazo, como se sabe, de dos años --tampoco es una
eternidad-- para que todas las OPA puedan estar presentes en las
interprofesiones sin tener en cuenta la representatividad que ostenten
durante dos años solamente, la columna vertebral de esta ley es el tema
de la representatividad o de la representación paritaria. Cuando pretende
el Gobierno cargarse con su propuesta la representación paritaria y
convertirla en equilibrada, sin especificar qué significa eso, nosotros
tenemos que decir que esto se hace incumpliendo las promesas del propio
Gobierno, a espaldas de los sectores, porque no se ha consultado con los
sectores, no se ha consultado con las organizaciones profesionales
agrarias, a no ser que me digan que ASAJA sí lo sabe.




El señor PASCUAL MONZO: O la COAG.




El señor TORRES SAHUQUILLO: No, la COAG no; la COAG no lo sabe. UPA no lo
sabe. (El señor Pascual Monzó pronuncia palabras que no se perciben.)
Hemos estado reunidos con ellos.




El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, por favor, deje hablar al portavoz
socialista.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Hemos estado reunidos con ellos y no lo
saben, no se les ha consultado. Lo afirmo, señorías, lo afirmo. Y reto a
quien me quiera desmentir para que llame a los representantes de COAG o a
los representantes de UPA para que nos cuenten si es verdad lo que digo.

Nos hemos reunido con ellos, no saben nada. Se ha hecho a espaldas de los
sectores.

Nos hemos reunido también con alguna federación de industriales, por
aquello que se decía de que eran los que pedían eso. No voy a citarlos,
no quiero poner en un compromiso a nadie. También nos han dicho que ellos
no han pedido la desaparición de la representación paritaria. Sí han
pedido la desaparición de la disposición transitoria única. Hay que ser
justos, es lo que nos han dicho. Pero la representación paritaria, no.

Por tanto, se hace a espaldas de los sectores, en contra de las promesas
del propio Ministerio, sin diálogo. Algo tan importante como es la
vertebración del campo se hace a espaldas de los auténticos
representantes de los agricultores.

Pero además se está condenando al sector productor a que no pueda
participar prácticamente en ninguna organización interprofesional
agroalimentaria, porque no va a pintar nada en el momento en que se rompe
la paridad y se pone una representación equilibrada. ¿Equilibrada qué
quiere decir? ¿En cuanto a la facturación de negocio? ¿En cuanto a
captación de mercado? ¿En cuanto a cantidad de producto? ¿En cuanto al
valor de mercado del producto? ¿Qué quiere decir representación
equilibrada? Eso no está explicado conscientemente. Este cambio se
pretende hacer (El señor Pascual Monzó: Estamos debatiendo una
proposición no de ley.) Decía que este cambio se pretende hacer sin
siquiera desarrollar la ley.

Hay una ley aprobada que no está desarrollada, no ha sido desarrollada
todavía. El Gobierno, en vez de desarrollarla, como nosotros le pedimos
en nuestra proposición no



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de ley, opta por cambiarla sin siquiera dejarla nacer. Señorías, esto es
el nasciturus, el non nato. Y a mí me preocupa que una Ministra como doña
Loyola de Palacio cometa una salvajada con un non nato, que es esta ley,
dicho jocosamente y con todo el respeto a la ministra, por darle a esto
un poco de jocosidad, porque estamos hablando aquí de cosas muy serias
pero hay que hablar a veces un poco en broma para que nos entendamos
mejor.

Esto nos parece muy preocupante. Nosotros en la proposición no de ley
pedimos que se cree el registro de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, que no se ha creado. Ya sé que me van a decir que
nosotros tampoco lo hemos creado. De acuerdo, nosotros no lo hemos
creado. Créenlo ustedes, por favor, antes de cambiar la ley. La
diferencia está en que en el tiempo que estuvimos en el Gobierno no
creamos el registro, pero tampoco pretendimos modificar la ley. Ustedes
en vez de decir: lo hacemos, en vez de desarrollar la ley, que es lo
lógico, antes de que empiece a funcionar, pretenden cambiarla.

Tampoco se ha constituido el consejo general de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias. Nosotros pedimos que se constituya
antes de proponer un cambio de la ley; que, en el plazo de un año desde
la constitución de ese consejo, se le solicite un informe sobre los
problemas que haya podido observar de la aplicación de la ley, sobre qué
opina, cómo es la ley, y que ese informe se remita a la Comisión de
Agricultura para que ésta, a su vez, emita un dictamen que se enviaría al
Gobierno, el cual teniendo en cuenta el informe del consejo y el dictamen
de la Comisión de Agricultura tomará sus propias decisiones. Nos parece
correcto que el Gobierno, si en un momento determinado decide que debe
cambiarse la ley, lo proponga. Lo que no nos parece lógico es que se haga
una propuesta de cambio de una ley tan importante sin siquiera haberla
pretendido poner en marcha, sin haber escuchado a nadie, ni a este
Parlamento, que es el autor de la ley, ni al consejo, que no se ha
querido constituir para no tener que escuchar, ni siquiera al sector o a
las organizaciones profesionales agroalimentarias; es decir, a espaldas
de todo el mundo se quiere cambiar esta ley. Señorías, nosotros pensamos
que esta modificación que se pretende de la ley a quien margina es al
sector productor.

No es cierto cuando se dice --y termino ya señor Presidente-- que la ley
no propicia la creación de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, que es mala y que hay que cambiarla para que se puedan
constituir. Desde luego, con el cambio que ustedes pretenden no se van a
constituir, por lo menos con la participación de los productores. Quizá
con una parte de los productores se pueda constituir, pero no con la
participación generalizada.

Hay productos donde ya se han elaborado propuestas de estatutos para
constituir organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Por
ejemplo, en vacuno, en forrajes, en algodón, en pera o en manzana. Hay
propuestas de estatutos hechos, lo que pasa es que el registro está sin
abrir, no se pueden inscribir y el Consejo está sin constituir. Es decir,
no se quiere desarrollar la ley. Lo que se quiere es cargársela;
sencillamente, cargarse la columna vertebral de esta ley a espaldas del
sector.

Por otro lado, el Ministerio deniega (espero que no me lo nieguen, porque
tengo aquí el escrito de la directora general de Alimentación y lo sacaré
en esta Comisión) el acuerdo interprofesional remolachero porque no lo
firma ASAJA. Es así de descarado el escrito. Si no lo tienen, yo se lo
proporciono porque lo tengo aquí. Con estas actuaciones se ve muy bien
por dónde quiere el Ministerio que vayan las cosas y a quién está
claramente perjudicando. Pues bien, a nuestro juicio está perjudicando al
sector productor. Es conveniente que los agricultores sepan que este
Ministerio, esta ministra, el Gobierno del señor Aznar, ha optado por
proteger y apoyar a las multinacionales, a las grandes industrias --y no
olvidemos que las multinacionales tienen mucho que ver con el sector
agroalimentario español-- y por abandonar a los productores, es decir, a
los agricultores y a los ganaderos. Es así de sencillo y de duro, pero
hay que decirlo.

Señorías, espero que el Partido Popular reflexione y apoye esta
proposición no de ley, porque lo único que pedimos es que se ponga en
marcha la ley, que después el propio Gobierno proponga su modificación y
entonces la estudiaremos. Esperamos también el apoyo del Grupo
parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que estuvo a favor de esta
ley y la votó favorablemente porque le pareció correcta. Quiero aclarar
--termino ya, señor Presidente-- que fue una ley muy debatida en el
propio sector, que el propio Ministerio --lo recordarán sus señorías--
nos convocó a los grupos parlamentarios y a los representantes de los
sectores a un debate sobre el proyecto de ley, cita a la que acudimos don
José Ramón Pascual Monzó por parte del Partido Popular (que está aquí y
va a ser el portavoz del grupo en este asunto), doña Mercedes Rivadulla
(que está también aquí) por el grupo de Izquierda Unida, y yo mismo por
el Grupo Socialista. Quiere esto decir que no se hizo a espaldas de los
sectores, sino con un gran debate previo. Lo único que estamos pidiendo
es que se debata antes de proponer una modificación de la ley.

Simplemente eso, que se reproduzca ese debate. Nada más.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muy brevemente para pronunciarme, como
portavoz de Coalición Canaria, sobre la proposición no de ley sobre la
legislación reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

Nosotros, señor Presidente, vamos a votar en contra de esta proposición
no de ley en la forma en que nos ha sido presentada, con las dos
enmiendas aportadas posteriormente por el Grupo Socialista. Porque no
entendemos qué es lo que subyace como intencionalidad. En primer lugar,
por los aspectos formales, dado que tenemos que pronunciarnos sobre el
texto de la proposición, que queda con las dos enmiendas que el propio
Grupo Socialista presenta a su iniciativa.




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Voy a los aspectos formales. En primer lugar, la primera enmienda habla
de que una Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca emitirá el dictamen
que remitirá al Gobierno. No se nos alcanza cuáles son los motivos de
este dictamen, qué contemplación tiene y qué efectos puede producir este
dictamen, como no sea una simple insinuación o recomendación al Gobierno
de una iniciativa que se toma en una Comisión.

En segundo lugar, la siguiente enmienda nos parece totalmente
inadmisible. La Cámara no puede ir en contra de las potestades legales,
administrativas y orgánicas, que tiene todo Gobierno. ¡Cómo le va a decir
la Cámara al Gobierno que se abstenga de proponer reformas a cualquier
ley! Jamás se ha visto una cosa igual. Si el Gobierno manda un proyecto
de ley la Cámara se pronunciará sobre él. ¡Pero decirle un Congreso de
Diputados a un Gobierno que se abstenga de proponer reformas a una ley!
Si ésa es la soberanía que tiene el Gobierno: proponer proyectos de ley y
reformas a las leyes. Después la Cámara está en su soberanía de votarlas
a favor o en contra, de rechazarlas, en el proyecto que mande el
Gobierno. Pero no podemos entrar aquí en una confrontación de
competencias de este tenor, que es absolutamente inconstitucional. No
podemos nunca decirle al Gobierno que se abstenga de proponer reformas a
una ley si es de signo distinto al Gobierno que la propuso en su día ante
este Parlamento en el año 1994, y por tanto tiene una concepción
conceptual, ideológica y política totalmente diferente. Esto es una
cuestión de plena soberanía y de responsabilidad política y
administrativa de las instancias que entran ahí.

Volviendo a la propia iniciativa, se producen unas incongruencias. En el
apartado a) de la proposición no de ley, que no está enmendado, punto
segundo, se pide que se constituya el consejo general de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, recogido en el artículo 15 de la
mencionada ley, y en la letra c) se dice que el Gobierno, en aplicación
de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso, remitirá a la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca una comunicación que incluya
el informe emitido por el consejo general de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias. ¿Cuáles, si no están creadas? No
está creado este consejo general, porque se está pidiendo en el punto
segundo del apartado a). Esto suena a galimatías. Esto requiere un
procedimiento serio, respetuoso y formal con la manera de articular estas
iniciativas. Aquí nos podemos perder.

¿Y qué subyace en el fondo? Subyace, señorías, que la Ley 38 de 1994 es
inviable, una ley que no está pidiendo el sector, una ley que se impuso.

Porque muchos de los cometidos que se señalan en la ley están regulados
por las OCM en el ordenamiento de las directivas comunitarias a las que
está sujeta España como país miembro de la Unión Europea, son los
productores los que tienen que hacer uso de ellas y decir qué sector
productor es el perjudicado. ¿Qué ocurre? Que aquí, por una intromisión,
un exceso de intervencionismo oficial del Gobierno, se ha tratado de
ponerle puertas al campo. Esta ley no funciona, porque no la asumen las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias y habría que definir
dónde están, hasta dónde llegan, dónde empiezan y dónde terminan. Hemos
hecho una ley inviable, una ley que el propio sector denuncia cuando él
es el que tiene que generar, con una naturalidad y una iniciativa propia,
los distintos sectores del mundo agroalimentario: productores, de
distribución, de comercialización, de tipificación, etcétera, todos los
que se consideren llamados a la parte, que están mucho mejor reflejados
en una OCM. Dada la experiencia canaria que tenemos en el sector de
producción del plátano canario, esta ley es una pieza de museo colgada en
una estantería, que no tiene uso alguno. Esto es lo que pasa por hacer
leyes fuertemente intervencionistas que no reflejan la espontaneidad de
la producción.

Por esas razones, señor Presidente, señorías, votaré en contra de esta
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Con todo cariño, le voy a decir al portavoz
del Grupo Socialista que después de haberle escuchado la primera parte de
su intervención, uno tiene la impresión de que no estamos en la Comisión
de Agricultura discutiendo esta proposición no de ley, sino que estamos
debatiendo la modificación de la ley, que se hará en su momento.

Hemos consumido un tiempo muy importante discutiendo posibles enmiendas
que diferentes grupos políticos hagan. En su momento debatiremos la
bondad de la ley y de las enmiendas que vamos a presentar todos los
grupos, y en todo caso incluso podremos discutir si el mecanismo por el
cual el Ministerio se ha decidido es el más adecuado.

Yo coincido con la exposición del Diputado representante de Coalición
Canaria. Imagínese que el Gobierno dijese al Parlamento que se abstuviese
de legislar en un tema. Eso nos sorprendería a todos y nos indignaría. No
estamos de acuerdo con la enmienda que se ha presentado en el último
momento cuando se habla de que el Gobierno se abstenga, porque nosotros
no somos nadie para decir que el Gobierno se abstenga. Cuando lleguen
aquí sus proyectos votaremos a favor o en contra, pero en todo caso la
obligación del Gobierno es hacer aquello que, con la independencia que
tiene, tenga la voluntad de hacer. Nos vamos a ceñir a lo que teníamos
que haber hecho desde el principio, que es analizar la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista.

De hecho, durante largos años hubo presiones importantes hacia el
Ministerio de Agricultura por parte de los diferentes sectores
agroalimentarios, que exigían la presentación de una ley por parte del
Gobierno que regulase la creación de las interprofesionales, a fin de
dotar de los mismos instrumentos de defensa de sus producciones que los
que disponían sus más directos competidores de la Unión Europea. Por lo
tanto, había un sentimiento generalizado de agravio comparativo con otros
países de la Unión Europea que tenían unas organizaciones mejor dotadas.

Al final se logró que el 30 de diciembre de 1994 se publicase la ley que
la regulaba. Sin duda fue un paso adelante que llenó de esperanzas a los
sectores implicados,



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con la seguridad de que en poco tiempo las interprofesionales serían una
realidad y se convertirían en un elemento fundamental en la
estructuración de los sectores productivos españoles. Fue necesario un
año para que apareciese publicado, exactamente el día 22 de diciembre de
1995, el Real Decreto 2070/1995, que desarrollaba la ley y regulaba los
aspectos relativos a los procedimientos para la extinción de norma,
registro y el consejo general de organizaciones interprofesionales.

Han pasado prácticamente dos años desde la aprobación de la ley sin que
aparezca la orden ministerial que regula los aspectos financieros, las
dotaciones y los medios de los registros y la constitución del consenso.

Por lo tanto, una ley tan esperada, tan necesaria, después de veintitrés
meses de su publicación aún no ha podido constituir ninguna
interprofesional. Y ésa, señoras y señores Diputados, es la cruda y pura
realidad.

El actual Ministerio de Agricultura ha propuesto la modificación de
algunos de esos artículos y el trámite de esa modificación, que se hará a
través de la incorporación en la modificación de Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos del Estado para 1997. Lo que sí es cierto es la voluntad
del actual Gobierno de poner en marcha una ley que el Gobierno socialista
aprobó sin demasiada ilusión, que frenó su aplicación todo lo que pudo y
que finalmente, antes de entrar en funcionamiento, ya se modifica, en
aras a un mejor funcionamiento.

En este momento nuestro grupo no va a entrar en el debate sobre la bondad
de las enmiendas, lo haremos en su momento, de hecho nosotros ya hemos
presentado algunas enmiendas al respecto. Tampoco entraremos en valorar
si el procedimiento de modificación de la ley es el más adecuado, también
lo haremos en su momento. No vamos a analizar si las modificaciones que
ha presentado el Gobierno serán o no positivas para la posterior
aplicación de la normativa. Lo que sí vamos a hacer es posicionarnos en
torno a la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista.

Ahora, a través de esa propuesta, se pretende exigir al Gobierno que
resuelva en dos meses toda una serie de temas, cuando el anterior
Gobierno, el anterior Ministerio, no fue capaz de dar una solución
definitiva en quince meses. (El señor Vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa
la Presidencia.) Y ésa es la realidad de la propuesta. Aunque todos
creemos que es posible que a principios del año próximo sea una realidad
la Ley de las interprofesionales, no sólo la creación del registro y la
constitución del consejo general, sino también la dotación financiera que
haga posible que estas interprofesionales entren en funcionamiento.

Estamos convencidos de que no tendremos que esperar quince meses o dos
años para que sea una realidad. Nuestro grupo va a dar un voto de
confianza al Ministerio para que se apruebe, se analice y se estudie la
posibilidad de la modificación de la ley y para que en el plazo más breve
posible se ponga en funcionamiento.

Por lo tanto, nuestro grupo va a votar en contra.




El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Tiene la palabra la señora
Rivadulla, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña.




La señora RIVADULLA GRACIA: A nadie se le oculta que este debate de la
proposición no de ley del Partido Socialista se debe a la inclusión por
parte del Gobierno de una disposición adicional primera en la Ley de
Acompañamiento por la cual se modifican cinco artículos de una ley que
tiene un total de quince artículos; una ley que, como ha dicho el
Diputado Gerardo Torres, fue muy debatida en la Comisión de Agricultura y
en la cual llegamos a un consenso.

Las modificaciones que se pretenden introducir son muy importantes y
afectan a la espina dorsal de esta ley, que es la representatividad del
sector de la producción, de transformación y de comercialización. Nuestra
impresión, señorías del Grupo Popular y de Convergència i Unió, es que se
intenta favorecer, a partir de la modificación de esta ley, a las
organizciones sectoriales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Se
intenta decir que las organizaciones profesionales agrarias no tienen
representatividad. ¿Qué representatividad tienen las organizaciones de
productores sectoriales? Este es el verdadero objetivo, no solamente la
modificación de la transitoria, sino la modificación de artículos muy
claros que incluyen a las sectoriales en el sector de la producción, de
la transformación o de la comercialización, con los problemas que se
derivarían en ese caso. Generaríamos lo que ya queríamos evitar cuando
estábamos debatiendo la ley, que es la atomización de las organizaciones.

En ese error vamos a incurrir si se produce la modificación de la ley.

Ha dicho el señor Ramón Companys, el Diputado de Convergència i Unió, que
tendremos ocasión de debatir. No vamos a tener ocasión de debatir. La ley
de acompañamiento incluye muchas modificaciones que será imposible que
podamos discutir como si el Gobierno cumpliese con la obligación
contraída con esta Comisión y trajese como proyecto de ley la
modificación de la Ley de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias. Nuestro grupo parlamentario se dirigió personalmente a
la ministra para pedirle que enviara al Congreso este proyecto de ley
aunque fuera con el trámite de urgencia. Parece ser que estaba dispuesta
a hacerlo. Yo quisiera saber qué presiones ha tenido por parte de
sectores para que esto no se produzca y se quiera hacer otra vez, como ya
he dicho, de tapadillo y en la ley de acompañamiento.

Por otra parte, y entrando ya en la proposición no de ley del Grupo
Socialista, quiero decirle con todo cariño al Diputado Gerardo Torres
que, efectivamente, el Grupo Socialista tiempo ha tenido de desarrollar.

Eso es una evidencia. Tiempo ha tenido de desarrollar todo lo que se
refiere a la creación del registro y a la constitución del consejo. Quizá
si hubiésemos puesto ya en marcha esta ley, la hubiésemos dotado,
hubiésemos dado unas dotaciones presupuestarias, ahora el Partido Popular
no tendría la oportunidad, que está realmente ejerciendo, de modificar
una ley que prácticamente no se ha puesto en marcha. Ese es un problema
muy importante.

Se ha hablado aquí por parte del representante de Coalición Canaria, el
Diputado Luis Mardones, de intervencionismo en la proposición no de ley.

No seré yo la que la defienda, porque hay Diputados aquí del Grupo
Socialista



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para hacerlo, pero si hay una actitud intervencionista es la del Gobierno
del Partido Popular cuando hay un acuerdo marco interprofesional en el
sector de la remolacha, como yo misma tuve ocasión de decirle al
secretario general en su comparecencia de presupuestos, e interviene de
tal manera el Gobierno que cuando hay dos organizaciones profesionales
agrarias que firman un acuerdo con la industria dice que no y que como
falta otra, ese acuerdo no se valida. ¿Hay mayor intervencionismo que el
que se produce a través de esa actuación? Una cierta coherencia habría
que pedir al Gobierno.

En cuanto a Derecho comparado y a la situación de las interprofesionales
en Europa, es difícil que nos podamos equiparar porque son organizaciones
que llevan veinte años funcionando pero efectivamente hay un trato mucho
más riguroso y mucho más delicado en relación a las organizaciones
profesionales de agricultores y la representatividad se trata de mejor
manera de lo que se pretende a través de esta modificación.

Nuestro grupo parlamentario tiene presentada una enmienda de supresión a
la disposición adicional primera de la ley de acompañamiento en la ley de
presupuestos. Quisiéramos que esa enmienda prosperara y que la
modificación de la ley viniese aquí. Como mucho me temo que la decisión
ya está adoptada, nuestro grupo va a votar favorablemente a la
proposición no de ley del Grupo Socialista, en el bien entendido de que
interesaría una modificación a la mayor brevedad posible. Tendríamos que
haber llegado a un consenso las fuerzas políticas para conseguir que el
Gobierno retirase la adicional primera de la ley de acompañamiento, para
ver si era posible que esa ley viniese aquí, aunque fuera por el
prodecimiento de urgencia, con el fin de implicar al Gobierno en la
negociación con todas las organizaciones profesionales agrarias y lograr
una nueva discusión en esta Comisión de Agricultura. A mí ésa es la
solución que más me habría gustado. Parece ser que eso, por la falta de
voluntad del Gobierno, no se va a poder producir y tampoco se va a poder
producir porque parece ser que Convergència i Unió está de acuerdo con
que esa modificación se haga como de tapadillo, en la ley de
acompañamiento. Entonces, en ese caso y como ya se ve el panorama que
tenemos presente, el grupo al que represento va a votar a favor de la
proposición no de ley del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Efectivamente, señorías, si en un principio mi
grupo parlamentario tenía claro cuál era la posición con respecto a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
después de oír los «argumentos» esgrimidos por el portavoz del Grupo
Socialista, tenemos todavía más claro que vamos a votar en contra de la
misma. Y digo «argumentos» porque apenas los ha dado. Se ha entrado, como
han dicho varios de los Diputados que me han precedido en el uso de la
palabra, a debatir lo que serán, en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado, las enmiendas relativas a las
organizaciones interprofesionales agrarias, debate que corresponde hacer
en ese ámbito y no como consecuencia de esta proposición no de ley.

Seguramente tiene su razón de ser, señorías, pues porque como no tenía
argumentos suficientes para defender esta proposición no de ley, se ha
ido a un debate que vendrá a lo largo de los próximos días, porque,
señorías, ya no es solamente lo que se pide en la proposición no de ley
sino lo que se establece en la misma motivación, que está fuera de tono y
no tiene ningún sentido ni razón de ser.

Nos alegra que en la motivación, con arreglo a lo que en ella se recoge,
se vea, casi lo reconoce tácitamente el Grupo Socialista, que el Partido
Popular cumple con su programa electoral. También habla en la motivación
de que «la Ministra de Agricultura, en su comparecencia ante la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Congreso de los Diputados, de
fecha 12 de junio de 1966...». Normalmente nos equivocamos de vez en
cuando, pero yo creo que esta equivocación es exagerada, porque referirse
a una comparecencia de hace treinta años... No creo que doña Loyola de
Palacio fuera ministra hace treinta años... (Rumores.) Es lo que pone
aquí. Ahora que como ustedes últimamente han olvidado que han gobernado
hasta hace recientemente y parece que la situación económica y social con
la que nos encontramos en estos momentos en España no tenga nada que ver
con ustedes, quizá sea un lapsus bastante subjetivo de lo que les está
pasando.

Luego, hablan también de diversas noticias de prensa --el portavoz
socialista nos ha leído un dossier-- que han creado gran confusión en los
distintos sectores. Yo le tengo que decir, señor portavoz socialista, con
tono de humor, como dice usted, que ustedes nos piden en esta proposición
no de ley que cumplamos en dos meses lo que ustedes han tardado doce años
en hacer --una ley de interprofesionales--, doce años de Gobierno, y más
teniendo en cuenta que esta ley de interprofesionales, señorías, era
importantísima; hubiera sido importantísimo para los intereses de los
agricultores españoles, que usted tan encendidamente defendía en la
proposición no de ley anterior, haber sacado una ley de
interprofesionales antes de la adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea, porque nos estábamos jugando el futuro del sector
agrario español. Y todavía andamos en pañales debido a su política
agraria, gracias al que parece ser que no fue Ministro de Agricultura, un
tal señor Romero, que se cargó todo lo que sonaba a vertebración y a
organización en el campo. Como usted ha dicho antes, y lo he citado
textualmente para que luego no me diga que no lo ha dicho usted, algo tan
importante para la vertebración del campo se hace a espaldas del campo,
palabras que me he anotado textuales suyas. Pues esa vertebración tenía
que haberse hecho antes de entrar en la Comunidad Económica Europea.

Luego han tardado ustedes un año en desarrollar por real decreto la Ley
de organizaciones interprofesionales agroalimentarias, y ustedes nos
piden aquí que en dos meses solucionemos todo. Eso quiere decir que nos
ven con capacidad de solucionar los problemas. Parece ser que les
traiciona el subconsciente. Y yo creo que tienen razón, porque lo vamos a
solucionar, y de forma bastante rápida. Además se contradicen ustedes,



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porque afirman: se ha dicho en muchas noticias de prensa, todo el mundo
está confundido. Y al mismo tiempo, en la misma motivación, nos dicen
ustedes: resulta cuando menos ajeno y desvirtuado que esta normativa se
haya metido en la ley de acompañamiento, y ha hablado usted de
nocturnidad, alevosía y no sé cuántas cosas más. O sea, que todo el mundo
está enterado y confuso y resulta que parece que se haga de tapadillo.

Pues no, señorías. Creo que la ley de presupuestos es una bastante
conocida, y más este año que, gracias al Gobierno del Partido Popular, la
gente, la sociedad española se preocupa más por dicha ley, y esta
modificación va en una ley tan importante como es la de acompañamiento a
los presupuestos. Es más --y usted lo ha dicho antes--, se debatió mucho
en su momento, en el año 94, lo debatimos mucho, porque ambos estuvimos
presentes, y ahora simplemente lo que quiere el Gobierno del Partido
Popular es modificar los puntos esenciales, y yo lo dije desde la tribuna
en el Pleno del Congreso de los Diputados, si se acuerda usted, y se lo
dije al Ministro Atienza que estaba allí presente, porque lo que en un
principio nos había ilusionado de esta ley, que aunque tardía por lo
menos valía la pena, lo echaron ustedes a perder en el Senado con la
enmienda que formularon, y eso, se lo dije entonces y se lo vuelvo a
repetir, huele a sindicalismo vertical.

Y entrando en la proposición no de ley, en concreto ustedes instan al
Gobierno para que en el plazo de dos meses, tras la aprobación de esta
proposición no de ley, primero, cree el registro de organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, regulado en el artículo 14 de la Ley
38 de 1994. ¿Usted se ha leído este artículo? ¡Pero es que parece mentira
que usted firme esto! El artículo 14 dice textualmente y empieza de la
siguiente forma: «Se crea», y vuelvo a repetir, «Se crea». No se creará y
ya veremos, no, «Se crea en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el registro de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias.» Esto no es, como ha dicho usted, un non nato, señor
Torres Sahuquillo, esto es la recreación, porque es volver a crear algo
que ya está creado. Ustedes me dirán qué lógica encuentran con eso y qué
explicación, porque de non nato, nada: parece que usted esté solicitando
aquí la recreación. Pero, claro, como ustedes han hecho muchas leyes más
para la galería que para que entren en funcionamiento en realidad, así
pasa luego lo que pasa.

En cuanto se refiere al punto 2, de que constituya el consejo general de
organizaciones interprofesionales, recogido en el artículo 15 de la
mencionada ley, le vuelvo a decir lo mismo. Ustedes han estado más de un
año sin constituirlo y ahora nos dicen que lo hagamos en dos meses. Pero,
claro, ¿para qué se va a constituir este consejo, señor Torres
Sahuquillo, para tomar un café, para hacer una partida de mus, para
charlar? ¿Para qué se va a constituir si todavía no hay ninguna petición
formal de interprofesionales? Y le vuelvo a repetir, no hay ninguna
petición formal de interprofesionales por y básicamente la disposición
adicional única, donde se echa por tierra, y se lo vuelvo a repetir, toda
la ley de interprofesionales, porque usted ha hablado de que el acuerdo
con el sector remolachero, porque no estaba Asaja, no se firmó. Yo le
recuerdo a usted que Asaja en ese sector representa un porcentaje muy
mayoritario. (El señor Torres Sahuquillo: En ése, no.) Pero es que
podemos hablar también de otros sectores. Usted ha citado el de la pera y
la manzana. Precisamente ayer mismo se ha sabido que la COAG va a
impugnar la interprofesional de pera y manzana, porque dice que está UPA
y está Asaja, que no representan prácticamente a nadie, y el 70 por
ciento del sector lo representa COAG. Resulta que se quería esta
disposición adicional única, pero cuando a uno le afecta directamente
entonces ya no la quiere.

Yo creo que es un debate equivocado, porque estamos tratando de
entidades, como define la ley, entes de naturaleza jurídica privada,
según dice el artículo 1, de carácter económico, y estamos aquí midiendo
la representación en el campo. Creo que es un debate equivocado, tanto
por su parte como por la del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, porque la ley habla de entes económicos,
y ahí se tiene que sentar quien defienda algo, quien se juegue algo, no
quien creamos que porque sea una organización tenga que estar, porque
entonces en la interprofesional de la pera y la manzana ponemos al Barça,
ponemos al Club de Natación de Lleida y ponemos a no sé quién más que se
nos ocurra. ¿Por qué? Porque tienen derecho a estar también. Seamos un
poco serios, y si realmente queremos una ley de interprofesionales,
vayamos a que funcione, no pongamos chinitas para que no funcione. Es que
nosotros queremos que funcionen las interprofesionales, señor Torres
Sahuquillo, no como ustedes, que las hicieron para que no funcionaran,
ésa es la gran diferencia. Pues nosotros queremos gobernar para que
funcione España, no queremos hacer leyes de cara a la galería, como
hacían ustedes en la pasada legislatura, como churros, que muchas de
ellas no servían para nada precisamente por eso.

En lo que se refiere al punto b) y c), le tengo que decir también, señor
Torres Sahuquillo, que «creemos que no tiene sentido que unas
organizaciones de derecho privado tengan que presentar sus memorias al
ministerio, en un aspecto formal, al CES y al Congreso de los Diputados,
porque además generaría un sistema burocrático que supondría una pérdida
de tiempo en función de otras actividades de carácter interno de las
propias organizaciones interprofesionales que la componen. Sin embargo,
el argumento principal es que actuando el Ministerio de Agricultura como
presidente y con una importante presencia en este consejo, va a tener
toda la información, tanto de las organizaciones agrarias
interprofesionales como del propio consejo, y sería a éste al que, en su
caso, tendría que presentarla, o bien el propio Parlamento el que tendría
que pedirle información. Creo que no es el consejo sino el propio
ministerio en todo caso el que va a tener la información y se puede
acceder a ella». Estas son palabras textuales recogidas en el «Diario de
Sesiones» de la Comisión de Agricultura del 19 de octubre de 1994 del
entonces Diputado San Martín Sala, uno de los tres ponentes del Grupo
Parlamentario Socialista, junto con la señora Pelayo Duque y el señor
Torres Sahuquillo, a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular al artículo 15, la enmienda número 49, en la que pedíamos que se
añadiera el apartado



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d) al punto 3 del artículo 15, del tenor literal siguiente: d): «El
consejo general de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias
presentará una memoria anual de actividades al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, al CES y al Congreso de los Diputados.» Nos pareció
razonable la contestación que nos dio entonces, que es lo mismo que el
punto b) y c) de su proposición no de ley, y fíjense en nuestra
coherencia, que no volvimos a presentar esta enmienda en el Senado, que
la retiramos, mientras que otras enmiendas nuestras rechazadas aquí, en
el Congreso, se volvieron a presentar en el Senado. Por lo tanto, lo que
ustedes rechazaron hace dos años ahora vienen exigiéndolo. ¡Sean un poco
coherentes, léanse el «Diario de Sesiones», señor Torres Sahuquillo, no
me diga usted que no! Se lo he leído textual para que no haya malos
comprendidos.

Y respecto al punto d), en principio no tenía sentido, porque no lo tiene
el punto b) y c), pero sobre el d), que ustedes han enmendado, yo le
tengo que recordar, señor Torres Sahuquillo, lo que le he dicho antes. El
Partido Popular ha ganado las pasadas elecciones generales, ha formado un
Gobierno, y por lo tanto, en un sistema democrático, a lo mejor en otro
sistema no, el Gobierno tiene la capacidad y la obligación de modificar
las leyes que crea conveniente, que para eso gana las elecciones y para
eso le votan sus electores. Si lo cree conveniente, como es éste el caso,
las modifica y la vamos a modificar, y lo hemos hecho en la ley de
acompañamiento para darle toda la prisa posible, porque hay
interprofesionales que están esperando que así sea para poder
efectivamente llegar al registro de interprofesionales a inscribirse.

Por lo tanto, y termino, señorías, cerrando el debate, ya que ha hablado
el señor Torres Sahuquillo de multinacionales y nos ha acusado de meter
no sé qué multinacionales en las organizaciones interprofesionales,
porque ustedes se pierden con una facilidad tremenda, yo le preguntaría
al señor Torres Sahuquillo cuál fue la postura del Ministro Atienza con
las acciones del Banco Central Hispano de Ebro Azucareras cuando estaba
dispuesto a vendérselas a una multinacional francesa, y gracias ahora a
la Ministra Loyola de Palacio, que ha vetado esa venta, se ha comprado
por parte de Mercasa (La señora Leiva Díez: Mercasa se ha retirado.) y
por parte de algunas cajas de la región, o sea, por capital español, para
que no fuera así. O si no, dígame usted qué pasó con la venta del sector
olivarero a una multinacional italiana. No fuimos nosotros. ¿O también
somos nosotros responsales de eso? O, señor Torres, usted, que es de
Teruel, ¿quién cerró la azucarera de Santa Eulalia del Campo hace ya unos
cuantos años? Tampoco fue el Partido Popular. Si hablamos de
multinacionales, hablaremos de multinacionales, pero no creo que sea el
tema del debate, y lo he tratado porque usted lo ha sacado a colación, y
desde luego, ya hablaremos en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de las enmiendas cuyo debate usted ha
adelantado. No sé si se presentará ya entonces, porque yo creo que ya ha
usado todos los argumentos que tenía y a lo mejor ya no necesita luego
intervenir, pero, en fin, si interviene, indudablemente con toda la
camaradería del mundo que debemos de tener en este Parlamento,
debatiremos otra vez todos los argumentos y le rebatiré otra parte de los
mismos con la que no estoy de acuerdo y que ha mencionado hoy, pero como
no venía al caso no he querido entrar, en relación a esta Ley de
interprofesionales agroalimentarias. Y, desde luego, la ilusión y el
sentido del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular es de que
esta ley sirva para vertebrar el campo, y hay otras formas de potenciar
las organizaciones agrarias, desde luego no como hizo Romero, hay otras
formas de potenciarlas, pero las organizaciones interprofesionales no son
el lugar donde se deba de medir la representación de las organizaciones
profesionales agrarias. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Torres, ¿para alguna puntualización?



El señor TORRES SAHUQUILLO: Sí, señor Presidente, sin entrar en polémica
ni en el fondo del debate, le doy mi palabra.

Quería aclarar al señor Mardones dos cosas que me parecen necesarias para
su constancia en el «Diario de Sesiones» y también, si me lo permite, al
señor Pascual le aclararé el tema de Teruel, sin entrar en polémica con
él.

Respecto al señor Mardones, yo creo que no ha leído bien nuestra
proposición, porque yo puedo aceptar, y de hecho acepto, que se ponga en
cuestión el punto d) por los demás grupos. Yo, por supuesto, soy de los
que piensa, y además así está clarísimo, que el Gobierno naturalmente que
puede, cuando lo crea conveniente, cuando le apetezca, plantear cualquier
modificación. El espíritu de nuestro punto d) no era impedir al Gobierno
plantear una modificación, sino solicitarle que primero oyera a los
sectores implicados y después formulara la modificación si lo creía
conveniente. Simplemente quería aclarar esto.

Y respecto al señor Mardones, que ha dicho que fue una ley impuesta, sólo
quería aclararle una cosa a efectos del «Diario de Sesiones»: esta ley
fue impuesta por el mismo procedimiento con que se imponen en este país y
en cualquier país democrático todas las leyes. Es decir, fue una ley que
aprobó el Parlamento de la nación. Esa es la imposición de esta ley, por
el mismo procedimiento. Por tanto, si hay leyes impuestas, será porque
así lo establece la democracia, que los representantes del pueblo español
sean los que hacen las leyes.

Respecto al señor Pascual, una contestación muy cordial. Yo le rogaría
que no me eche usted sobre la mesa asuntos que como son de mi provincia y
los he vivido tan de cerca, probablemente, digo probablemente, no
pretendo con eso sentar cátedra, los conozco bastante mejor que usted.

Mire, quien cerró la azucarera de Santa Eulalia fue la compañía CIA,
propietaria de la empresa a la sazón, propietaria que no había invertido
durante veinte años ni una sola peseta en la modernización de esa empresa
y que no obstante recibir una oferta en firme del Gobierno, entonces
socialista, de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en concreto de su
Consejero de Agricultura, don Enrique López, de una ayuda de 1.000
millones de pesetas, de 1.000 millones de pesetas, para que se
modernizara la empresa



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y se pudiera continuar con la azucarera abierta, la rechazó porque tenía
decidido, empresarialmente hablando, en el ámbito de sus competencias,
que la cerraba y la cerraba, y la cerró. Y fue la empresa CIA, señor
Pascual Monzó, quien cerró esa empresa, a pesar de que el Gobierno
socialista de la comunidad autónoma de entonces puso mucho empeño e
incluso oferta de dinero cuantioso para intentar evitar que se cerrara.

Esa es la explicación, señor Pascual.




El señor PRESIDENTE: Les comunico a SS. SS. que procederemos a la
votación a la una de la tarde. Por lo tanto, realizaremos un breve
descanso.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la votación de la primera
proposición no de ley sobre medidas para solucionar la situación agraria
y rural de Andalucía y Extremadura en relación con el plan de empleo
rural.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 31.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.

Pasamos a votar la proposición no de ley número 4 del orden del día, por
la que se insta al Gobierno a defender en las instancias comunitarias el
mantenimiento íntegro de las ayudas a los cultivos de cereales.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley.

Votación correspondiente al punto quinto del orden del día, proposición
no de ley sobre legislación reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la proposición no de ley.

Señorías, levantamos la sesión hasta el próximo día 13 a las diez de la
mañana, que tendremos nueva Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.




Era la una y cinco minutos de la tarde.




NOTA.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del 29 de octubre de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.