CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 84



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 9



celebrada el martes, 22 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Preguntas:



--Previsiones sobre la cesión de la Torre de San Vicent y su entorno,
ubicada en el municipio de Benicassim (Castellón), y propiedad
actualmente del Patrimonio del Estado, al Ayuntamiento de esa ciudad.

Formulada por el señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya). (Número de expediente
181/000115) (Página 2006)



--Posición del Gobierno acerca del futuro de la empresa sevillana
Mediterráneo Técnica Textil (antigua HYTASA). Formulada por el señor
Alcaraz Masats (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 181/000165) (Página 2008)



--Posición del Gobierno acerca de la devolución de las ayudas concedidas
por el Patrimonio del Estado a la empresa sevillana Mediterráneo Técnica
Textil (antigua HYTASA). Formulada por el mismo señor diputado. (Número
de expediente 181/000166) (Página 2008)

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--Solicitud de creación de una Subcomisión para el análisis y seguimiento
del proceso de integración de la peseta en el euro y sus repercusiones en
el sector financiero y en la economía en general. (Número de expediente
158/000022) (Página 2011)



--Solicitud de creación de una Subcomisión para el seguimiento del
proceso de Unión Económica y Monetaria. (Número de expediente 158/000023)
(Página 2011)



Se abre la sesión a las doce y treinta minutos de mediodía.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señoras y señores
Diputados.

Vamos a celebrar la sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda correspondiente al día de hoy, 22 de octubre de 1996,
consistente en contestación a algunas preguntas formuladas por algunos
señores Diputados y, también, en relación a la solicitud de creación de
sendas subcomisiones, solicitadas tanto por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) como por el Grupo Popular.

Damos la bienvenida al señor Subsecretario de Economía y Hacienda, que es
quien va a proceder a contestar las preguntas en nombre del Gobierno. De
acuerdo con las conversaciones mantenidas con anterioridad con la señora
Aramburu, que es la que iba a formular las preguntas en nombre del señor
Alcaraz, relativas a la empresa sevillana Mediterráneo Técnica Textil,
procederemos a acumular ambas preguntas en una; el señor subsecretario
también está de acuerdo en que así se realice.




PREGUNTAS:



--PREVISIONES SOBRE LA CESION DE LA TORRE DE SAN VICENT Y SU ENTORNO,
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BENICASSIM (CASTELLON) Y PROPIEDAD ACTUALMENTE
DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, AL AYUNTAMIENTO DE ESA CIUDAD. FORMULADA POR
EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000115.)



El señor PRESIDENTE: Sin más dilación, comenzamos con la pregunta que
formula al Gobierno el señor Peralta, relativa a previsiones sobre la
cesión de la Torre de San Vicent y su entorno, ubicada en el municipio de
Benicassim (Castellón) y propiedad actualmente del Patrimonio del Estado,
al Ayuntamiento de esa ciudad.

Señor Peralta, tiene la palabra para formular la pregunta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia. Sin lugar a dudas, el señor subsecretario conoce que el
enclave de la Torre de San Vicent en la localidad de Benicassim
(Castellón) ha venido siendo una continua reivindicación por parte del
Ayuntamiento de dicha ciudad; incluso, las Cortes valencianas se
pronunciaron sobre el tema, por unanimidad, aprobando una proposición no
de ley solicitando la desafectación de esos terrenos. El objetivo de esa
desafectación y su adscripción al municipio de Benicassim, tal como ha
sido reiteradamente expresado por parte de la corporación municipal,
sería poder utilizar dichos terrenos para fines que tienen un gran
interés en esa localidad, que es eminentemente turística. De hecho, se
pensaba instalar allí una oficina local de turismo, aprovechando la
ubicación de dichos terrenos, así como utilizarlo para diferentes
actividades de tipo cultural, que están particularmente relacionadas y
conectadas con las actividades turísticas, en las que Benicassim es un
municipio puntero. Nos consta, señor subsecretario, que, para conseguir
la cesión de dichos locales al ayuntamiento, se han llevado a cabo muchas
gestiones, muy diversas y muy sistemáticas. Creemos que es oportuno hacer
referencia a las realizadas por el anterior alcalde de dicha ciudad, el
señor Colomer, al que hasta tres gobernadores civiles le acompañaron en
gestiones con la Dirección General de la Guardia Civil. En un momento
determinado, se alcanzó un acuerdo de principio en torno a la cesión de
dichos terrenos al ayuntamiento, cesión de uso, en tanto se culminaba una
solución de carácter definitivo. Circunstancias absolutamente ajenas,
como fueron los escándalos que rodearon la gestión del antiguo director
General de la Guardia Civil, señor Roldán, dejaron sin culminación aquel
acuerdo de principio y se ha ido prolongando una situación que, al día de
hoy, sigue pendiente de solución. Nosotros queremos creer --y nos
gustaría que en tal sentido fuera la contestación que nos diera el
subsecretario-- que la actual Administración está dispuesta a avanzar en
lo que es una solución largamente reclamada por parte del municipio de
Benicassim, largamente reclamada por las autoridades valencianas y
coherente con la ubicación, la finalidad social. En todo caso, señor
subsecretario, nos gustaría saber cuáles son las previsiones del Gobierno
en relación con la cesión de los terrenos que constituyen el enclave de
la Torre de San Vicent al Ayuntamiento de Benicassim.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Subsecretario de Economía y
Hacienda, señor Díez Moreno.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Con relación
a su pregunta,



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señoría, tengo que decirle que la posición del Gobierno en este punto no
es en absoluto contraria a los intereses del municipio; es decir, nos
agradaría mucho poder dar respuesta cumplida a esa reiterada petición y
que esas múltiples gestiones a que S. S. se refería pudiesen
efectivamente fructificar. Como S. S. sabe, en este momento, la Torre por
la que se interesa S. S. en esta pregunta está ocupada por la Guardia
Civil. Para comparecer ante esta Comisión, he solicitado información a la
Dirección General de la Guardia Civil y la recibo, con fecha 4 de
octubre, en dos sentidos. En primer lugar, se me comunica que la Guardia
Civil está estudiando una reubicación de todos sus efectivos de
vigilancia costera, por lo que es posible que, cuando este estudio
finalice y se produzca esta reubicación, la Torre de San Vicent pueda
quedar libre de uso para el Instituto. Por otra parte, también se me
indica que, desde 1992 y durante la época estival, esta Torre se viene
cediendo para fines de información turística, por lo que ya existe una
especie de uso compartido entre la Dirección General de la Guardia Civil
y le Ayuntamiento de Benicassim.

Como S. S. comprende, mientras la Torre esté afectada al fin público de
ser utilizada como cuartel o cuartelillo de la Guardia Civil, la
Dirección General de Patrimonio no puede proceder a su desafectación. Si
cesara el uso, se procedería, primero, a la desafectación y, después, a
su declaración de innecesariedad, dado que éstos son los dos requisitos
que exige la legislación vigente sobre Patrimonio de Estado, a los
efectos de proceder, ulteriormente, a la cesión gratuita. Por otra parte,
S. S. tiene que tener en cuenta que la zona marítimo-terrestre donde está
ubicada la Torre de San Vicent, se encuentra en proceso de deslinde de
dominio público marítimo-terrestre, por lo que, si antes de que
finalizase dicho deslinde se pudieran producir los que he hecho
referencia, indudablemente, podría accederse sin dificultad a la cesión
gratuita. Sin embargo, si una vez finalizado el deslinde no se ha
producido esta cesión, también tendrá que tener competencia y actuar el
Ministerio de Medio Ambiente; teniendo en cuenta, por último, que, en
este caso, ya no sería posible la cesión gratuita, sino un convenio de
uso y explotación, en el que tendría que intervenir precisamente el
Ministerio de Medio Ambiente.

En función de la posibilidad de desafectación, en función de la
declaración de innecesariedad del uso y en función de cuándo se termine o
no el deslinde de la zona marítimo-terrestre, la respuesta del Gobierno
sería distinta. En todo caso le reitero el ánimo con el que comencé mis
palabras al decirle que la Dirección General de Patrimonio del Estado no
tiene prevista ninguna utilización de la Torre de San Vicent, si no que,
por el contrario, nos agradaría mucho poder hacer la cesión gratuita al
Ayuntamiento de Benicassim.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Díez Moreno, por sus
manifestaciones y, en concreto, por esa voluntad que usted proclama de
colaborar, entiendo, a una solución favorable a la cesión, en su caso,
cubiertos los trámites, de ese enclave al Ayuntamiento de Benicassim.

Dice usted, con razón, que en la actualidad la Torre de San Vicent está
ocupada por la Guardia Civil y que ésta está estudiando la reubicación de
sus efectivos. La Guardia Civil viene manteniendo esta posición desde
hace años. Señor subsecretario, yo me he referido a gestiones llevadas a
cabo en la anterior legislatura municipal por quien entonces era alcalde
de Benicassim, el señor Colomer, y quiero darle un dato concreto. En
algún momento determinado, el Ayuntamiento de Benicassim consignó en sus
presupuestos dotación destinada a rehabilitar un cuartel donde se
pudieran ubicar esos efectivos de la Guardia Civil. Todas esas
previsiones y esa voluntad, por parte de la corporación municipal,
quedaron paralizadas como consecuencia de la situación anormal que afectó
a la gestión de la dirección de la Guardia Civil en un momento
determinado.

Con esto quiero decirle, señor subsecretario, que a esa reubicación, que
parece ser que es la condición que se pone por parte de la Dirección
General de la Guardia Civil, está dispuesta a colaborar el ayuntamiento
para solucionar este problema. Yo le instaría, señor subsecretario, a
que, en la medida en que pertenece al Patrimonio del Estado y forma parte
de sus competencias, se hagan gestiones en la Guardia Civil para
conseguir que ese condicionamiento quede resuelto cuanto antes, ya que
por parte de la corporación municipal hay la mejor disposición a
colaborar en esa solución, de tal manera que pudiera quedar libre de uso
lo más rápidamente posible. Es verdad que en la época estival se produce
colaboración en la cesión de esas instalaciones dedicadas a finalidades
de información turística, que son importantes en una ciudad tan
emblemática en esa actividad, como es Benicassim. Pero, qué duda cabe --y
usted lo comprenderá perfectamente--, que la posibilidad de disponer del
conjunto de esas instalaciones sería muy bien recibida y tendría una
utilidad social más importante de la que hoy se puede llevar a cabo.

La utilización del edificio por parte de la Guardia Civil, no es en estos
momentos --compartirá usted conmigo esta afirmación-- la más racional. Es
verdad que se viene arrastrando históricamente y que no es fácil
reordenarla, pero, sin lugar a dudas, no es la utilización más racional y
más útil socialmente en estos momentos.

En la medida en que la corporación municipal está dispuesta a colaborar
para solucionar los problemas que se plantean, me permitiría solicitarle
que haga gestiones en la Dirección General de la Guardia Civil para que
esa finalidad que usted comparte y con la que está dispuesto a colaborar,
pueda ser una realidad cuanto antes y la podamos celebrar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Sólo quiero
decir que acepto su propuesta y sugerencia y que haré gestiones en el
Ministerio del Interior para intentar resolver este tema.




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--POSICION DEL GOBIERNO ACERCA DEL FUTURO DE LA EMPRESA SEVILLANA
MEDITERRANEO TECNICO TEXTIL (ANTIGUA HYTASA). FORMULADA POR EL SEÑOR
ALCARAZ MASATS (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000165.)



--POSICION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA DEVOLUCION DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
POR EL PATRIMONIO DEL ESTADO A LA EMPRESA SEVILLANA MEDITERRANEO TECNICA
TEXTIL (ANTIGUA HYTASA). FORMULADA POR EL SEÑOR ALCARAZ MASATS (GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número
de expediente 181/000166.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguientes preguntas: Posición del
Gobierno acerca del futuro de la empresa sevillana Mediterráneo Técnica
Textil, antigua Hytasa. Y posición del Gobierno acerca de la devolución
de las ayudas concedidas por el Patrimonio del Estado a la empresa
sevillana Mediterráneo Técnica Textil, antigua Hytasa, que formula al
Gobierno la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenos días, señor subsecretario. Yo creo que
coincidimos todos en que estamos ante uno de los temas más conflictivos
para la Comunidad Autónoma andaluza y para los trabajadores de la antigua
empresa Hytasa, que ayer tuvieron incidentes graves, como bien conoce el
subsecretario. Por tanto, hoy la pregunta parece adecuada en el tiempo y
en el momento político.

Estamos ante uno de esos pocos temas que en tiempo electoral concitan el
consenso de todas las fuerzas políticas, y sería de difícil digestión que
ese consenso se rompiese tras las elecciones que se llevaron a cabo el 3
de marzo en el Estado español.

Querríamos saber en las dos preguntas que hoy acumulamos porque el debate
es muy similar, primero, cuál va a ser la cobertura del Gobierno con los
acuerdos firmados entre Patrimonio, la junta, el comité de empresa y las
centrales sindicales y cuál va a ser la posición respecto al dictamen de
la Comisión de Bruselas acerca de la devolución de las ayudas concedidas.

Teniendo en cuenta tanto mis necesidades, como las del comité de empresa
y las de las centrales, que son los que nos hemos entrevistado, tengo
interés en conocer la intención del Patrimonio del Estado --usted mañana
se lo relatará a los interlocutores-- sobre su apuesta en el grado de
cumplimiento del plan de viabilidad que se recogía en el esquema de
actuaciones; la cobertura en la liquidación de la empresa y de la
formalización de la SAL; si va a haber acuerdo con respecto a las
indemnizaciones por año entre los 55 o los 40 y 30 que se proponen
ustedes, aunque ya sé que el comité de empresa necesita subir los
porcentajes para la creación de la futura empresa; si con el plan de
viabilidad puesto en marcha ustedes merman la oferta que hace el comité
de empresa, habría que replantearse qué hay que hacer con estos 541
trabajadores en términos globales; si el Gobierno se ha dado cuenta de
que la sentencia condena al Estado a pagar ya que, como usted sabe,
Hytasa, con el 30 por ciento de acciones pertenecientes a Patrimonio, era
una empresa dependiente del Estado; y cómo está la situación de la
interposición del recurso del Gobierno español contra la decisión
comunitaria ante el Tribunal de Luxemburgo. En caso de que la respuesta
no fuese positiva por parte del Tribunal de Luxemburgo, nos gustaría
saber cuál sería la situación del Ministerio de Economía, porque todo,
incluso los compromisos andaluces, dependen en este momento del
Patrimonio del Estado.

Estas son las preguntas y quedo a la espera de su contestación, señor
subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el Subsecretario de Economía y Hacienda, señor Díez Moreno.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Ciertamente
que Hytasa no es un tema nuevo, que haya suscitado este Gobierno.

Nosotros nos hemos encontrado con un problema y tenemos que intentar
resolverlo.

Para comprender el planteamiento global del tema, convendría recordar
algunas cifras. Hytasa tiene problemas prácticamente desde su creación,
nada menos que desde 1937. Estamos hablando de la historia lejana. En
épocas más recientes, desde 1982 a 1990, en que se privatiza esta
empresa, las pérdidas acumuladas de la misma alcanzaron los 11.659
millones, habiéndose desembolsado por parte del Estado en esta época
hasta 21.927 millones en aportaciones de capital y 1.747 millones,
aproximadamente, en otros créditos excepcionales. Estas aportaciones se
realizaron no solamente para absorber pérdidas, sino también para
proceder a un proceso de reconversión, como S. S. sin duda sabe, para
proceder a bajas incentivadas y también para una ampliación de capital,
que dio lugar a esa decisión de la Comisión, que constituye el contenido
de su segunda pregunta y a la que luego me referiré con más extensión.

Pero desde 1990 fecha en que la empresa se privatiza, hasta la
actualidad, las pérdidas han continuado ascendiendo y en este momento
alcanzan el volumen aproximado a los 19.000 millones de pesetas.

Mi intención al recordarle estas cifras es simplemente poner de
manifiesto que el Estado no ha podido ser más generoso con una empresa y
que esto nos plantea un problema político, como es el de la igualdad o no
discriminación. ¿Por qué Hytasa tiene derecho a pedirle al Estado una
aportación tan exorbitante y cualquier otra empresa con problemas no lo
tiene o no se le reconoce?
Hay que partir de esta base: toda ayuda a Hytasa indudablemente está
fundamentada en un problema social y hay que tener la sensibilidad social
suficiente como para abordarlo así, pero, por otra parte, creamos un
precedente que podría ser utilizado por cualquier otra empresa en
dificultades, como las que tiene ahora Hytasa.




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En este momento, como S. S. ha destacado, el Patrimonio del Estado, a
través de la empresa pública Improasa, es propietario del 30 por ciento
de las acciones. Pero esa propiedad le viene porque para ayudar a la
misma, después de la fallida privatización, hubo de suscribir ese capital
como forma de financiación de las dificultades en curso existentes en ese
momento. Ahora la empresa se encuentra en quiebra técnica y sus deudas
ascienden a 14.500 millones de pesetas.

Sobre estas bases, el 27 de febrero de 1996 --repito la fecha: 27 de
febrero de 1996-- se firma un acuerdo cuya ejecución, por razones
políticas y del resultado electoral, debemos en este momento asumir. Un
acuerdo de esta naturaleza tiene muchos problemas, especialmente el de su
legitimación de origen, pero el sentido del Estado y esa sensibilidad
social a que antes me refería, ha hecho ya que el nuevo Gobierno tome una
decisión: asumir este acuerdo. Pero asumir este acuerdo en toda su
amplitud. No asumir el acuerdo en lo que interesa a una de la partes y no
cumplirlo en lo que no le interesa a la otra. Este acuerdo es complejo y
prevé varias medidas. Lo que no se puede pretender es que solamente se
cumplan las obligaciones que el Estado asume y no se cumplan las
obligaciones que las otras partes firmantes del acuerdo han asumido.

En consecuencia y para resumir, señora Aramburu, le diría que la posición
del Gobierno en el tema Hytasa es la siguiente. Primero, el Gobierno está
dispuesto a asumir y cumplir los compromisos que para él se derivan del
acuerdo, pero a exigir que las condiciones previstas en el acuerdo
también se cumplan, especialmente la elaboración de un plan de viabilidad
y que este plan de viabilidad esté conforme a las exigencias de la
normativa comunitaria. No tendría sentido aceptar, asumir y financiar un
plan de viabilidad que después la Comisión de la Comunidad Europea
pudiese declarar que contiene ayudas ilegales o incompatibles. Por tanto,
decisión de asumir y cumplir el compromiso siempre que se den las
condiciones de existencia de un plan de viabilidad debidamente sancionado
y aceptado por la Comisión de la Comunidad.

En segundo lugar, el elemento establecido en este convenio de 27 de
febrero de 1996 para llevar a cabo el acuerdo sobre indemnizaciones es
una comisión técnica, una comisión en la que están representadas todas
las partes interesadas y, por tanto, una comisión que debe finalizar su
trabajo. No se puede aceptar que si no hay acuerdo de esta comisión,
entonces se quiera tirar por elevación y se quiera subir el rango o el
nivel político de la decisión. La decisión la tiene que tomar la comisión
técnica, o la tiene que proponer para que sea aprobada o aceptada por los
órganos competentes.

En tercer lugar, las indemnizaciones que en su caso hayan de otorgarse
--porque no olvidemos que la indemnización es una alternativa de las
previstas en el convenio-- deben pactarse dentro de los límites que el
acuerdo prevé; límites que pueden ser desde 20 días, en caso de despido
por razones técnicas --en este supuesto las indemnizaciones estaría a
cargo de Fogasa, del Fondo de Garantía Salarial--, o por el contrario,
podrían ser indemnizaciones por 45 días, como consecuencia de estimarse
despidos improcedentes. Por tanto, los límites que establece el convenio
y la referencia que el convenio hace al Estatuto de los trabajadores
deben cumplirse también.

En cuarto lugar, los acuerdos deben seguir intentándose de manera
pacífica. No parece adecuado que se utilice la violencia rayana en lo
delictivo para intentar llegar a un acuerdo. Los acontecimientos de la
mañana de ayer no deben repetirse, porque eso enrarece y obliga a tomar
las medidas de defensa correspondientes. De hecho, Improasa ya ha tenido
que formular denuncia ante el juzgado de guardia por el hecho de que ayer
su presidente se viese objeto de una retención, cuasi secuestro, como
consecuencia de la discrepancia en el curso de las negociaciones.

En quinto lugar, lo que los trabajadores quieran hacer con sus
indemnizaciones es cosa de los trabajadores. En ese punto el Gobierno no
puede decir nada, porque eso forma parte de su plena libertad. Si quieren
después constituir, como S. S. indicaba, una sociedad anónima laboral, es
una cuestión que a ellos les compete. Lo que sí es importante tener en
cuenta son los criterios relacionados con el derecho de la competencia
que aplica y utiliza la Comisión de la Comunidad Europea, porque de nada
valdría que el Gobierno llegase a un acuerdo con los trabajadores de
Hytasa, si las actuaciones posteriores de éstos invalidasen esos acuerdos
por cuanto que utilizan o desean aprovechar fórmulas que no sean
aprobadas previamente por la Comisión de la Comunidad.

En definitiva, la comisión técnica fijada en el convenio prevé y estudia
la posibilidad de indemnizaciones en metálico, finalistas; es decir,
indemnizaciones para pagar las mismas, poder liquidar la empresa que
permitan, además, a Improasa, en su caso, subrogarse en la posición de la
empresa que estaría obligada a pagar estas indemnizaciones.

Por lo que se refiere a la segunda pregunta incorporada a la anterior, la
posición del Gobierno en relación con la decisión de la Unión Europea
sobre la ampliación de capital a que antes hice referencia, S. S. sabe
que ya en un determinado momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad
se ha pronunciado anulando la decisión de la Comisión que declaraba
incompatible las ayudas de Estado, es decir, consideraba que esta
ampliación de capital, por importe de 4.200 millones, era incompatible y,
por tanto, nula. Hay que tener en cuenta que la sentencia del Tribunal de
Justicia se basó en motivos formales, es decir, en que la Comisión no
había razonado suficientemente, no había fundamentado suficientemente su
acuerdo de declarar incompatibles tales ayudas. La Comisión ha entendido
que esa anulación por motivos formales del Tribunal de Justicia es
susceptible de reproducirse y, según nos han informado oficiosamente, con
fecha 18 de septiembre, se ha dictado una nueva decisión en la que vuelve
a declarar ayuda ilegal o incompatible la citada ampliación de capital.

Esta decisión no ha sido notificada. No tenemos conocimiento ni
constancia formal de que la decisión haya sido notificada. En ese caso,
sería tal vez aventurado anunciar una posición del Gobierno, porque, una
vez se nos notifique, el primer trámite deberá ser necesariamente un
informe de la asesoría jurídica para determinar, examinar y, en su caso,
proponer, a la mista del contenido, cuál debiera ser la posición del
Gobierno.




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Aquí podría terminar mi contestación a S. S., pero como probablemente le
deje insatisfecho, quiero anticiparle que en la hipótesis de que la
asesoría jurídica, como es previsible, nos indique que lo lógico sería
recurrir esa decisión, el Gobierno está dispuesto a recurrirla, teniendo
en cuenta que con ello continúa una posición congruente en relación con
la impugnación de la anterior decisión de la Comisión de la Comunidad
Europea. Por tanto, cuando se nos notifique oficialmente, cuando se pida
el informe de la asesoría jurídica, y en la hipótesis de que no existan
obstáculos insalvables, el Gobierno está decidido a recurrir de nuevo
esta decisión e intentar, puesto que ésa es su postura, que se declare
por el Tribunal de Justicia que aquellas ayudas de la ampliación de
capital no son ayudas ilegales y, por tanto, son ayudas plenamente
compatibles con la normativa comunitaria europea.




El señor PRESIDENTE: La señora Aramburu tiene la palabra.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Siento que el señor subsecretario no haya
aportado ninguna novedad. Como decía al inicio de mi intervención, yo
tenía alguna esperanza dada la situación que se está viviendo en
Andalucía con este tema, que S. S. ha calificado inadecuadamente al
afirmar que se rayó en la violencia. Yo creo que la palabra violencia
está mal aplicada a situaciones límites como la de ayer, en la que lo
único que se quería era presionar para conseguir una fecha de reunión con
la Dirección de Patrimonio para resolver los problemas.

A mí me preocupa que cuando me he referido a la voluntad del Ministerio
de cumplir el acuerdo, se me responda, si no he entendido mal: para
información propia y para trasladar al conjunto de los afectados. Se
plantea que el requisito es un plan de viabilidad. El señor subsecretario
sabe que está en marcha. Se señala que la comisión técnica es quien
arbitra las indemnizaciones, que estarían a cargo del Fondo de Garantía
Salarial o que ascenderían a 45 días, límite fijado por usted. Sabe S. S.

que esa posibilidad no es aceptada por los trabajadores, que la mayoría
de las indemnizaciones que van a recibir son para la creación de la SAL y
es absolutamente insuficiente. Esa respuesta --vuelvo a insistir-- es
insuficiente para abordar un acuerdo en los términos planteados.

Por otro lado, el señor Subsecretario ha manifestado algo que no va a
agradar a los interlocutores, cual es la referencia a la forma no
pacífica y violenta de los acontecimientos, añadiendo que Improasa ha
interpuesto denuncia sólo por presionar y conseguir una reunión en la que
se resuelvan los problemas. Comenta, a continuación, que lo que los
trabajadores quieran hacer con sus indemnizaciones es cosa de los
trabajadores; que Bruselas ha vuelto a ratificarse, cuando ya se sabe que
hay sentencias que se han modificado, como en el caso de Interlhorce,
porque se entendía que la nueva empresa no era dependiente directamente,
sino que era una nueva empresa y por tanto no tenía contraídos
compromisos. Y finaliza diciendo que lo único que va a hacer es recurrir.

Usted podrá entender la desilusión de los trabajadores cuando les
transmita que Patrimonio se mantiene en la posición inicial de no cumplir
los acuerdos. Cumplir los acuerdos es flexibilizar las posiciones y las
partes. Los trabajadores han mostrado durante tiempo la suficiente
esperanza y paciencia, y yo creo que la respuesta es --permítame que se
lo diga, señor subsecretario-- inadecuada y poco tranquilizadora.

Efectivamente, hay pendiente un pleito que tiene Patrimonio contra el
accionista mayoritario Hytasa, con la sociedad Integusa, que está
presidida, como sabe el subsecretario, por el señor Fernández Feijoo, por
el que se le reclama la devolución de la cantidad aportada por el Estado
para la compra del 30 por ciento de las acciones. Usted sabe que esta
cantidad son unos 1.000 millones de pesetas; una participación que, según
los acuerdos de reprivatización, tenía que haber sido recompensada por
Integusa. Es uno de los temas que pertenecen al oscurantismo de las
negociaciones. Me gustaría saber en qué momento están éstas y, si la
respuesta es satisfactoria, qué se va a hacer con ello.

Ha habido noticias estos últimos días en los medios de comunicación de
que, como producto de las privatizaciones, las arcas van a ingresar
aproximadamente un billón de pesetas y, hasta el final de la legislatura,
dos billones de pesetas más. Quiérese decir que no es el Estado el
perjudicado, ni mucho menos, sino los trabajadores, que son los que están
pendientes de decisiones de este calibre y de esta envergadura.

Señor subsecretario, quiero decirle que los flecos siguen sueltos; que
las indemnizaciones están sin resolver; que el plan de viabilidad, que
era el compromiso contraído por los trabajadores, está en marcha; y que
la normativa comunitaria está impecablemente cumplida en el plan de
viabilidad, y usted lo sabe perfectamente. No me parece adecuado que un
gobierno declare que el destino de las indemnizaciones de los
trabajadores es problema de éstos, cuando sabe que su objetivo
fundamental es montar una nueva empresa y que la viabilidad de llevarlo a
cabo se halla en algo que usted ha dejado en el aire que es, en función
del asesoramiento de los servicios jurídicos, la posibilidad de presentar
un recurso. Convendrá S. S. conmigo que es absolutamente insatisfactorio,
que las declaraciones inmovilistas que usted ha hecho hoy en esta
Comisión pueden provocar alarma social y que, por lo tanto, es impensable
la actitud (lo digo en el tono más sosegado y más pacífico que se puede
usted imaginar), que los quinientos y pico trabajadores de Hytasa vayan a
tomar. Lo que usted llama violencia de ayer, un forcejeo, casi una
privación de libertad de algunos directivos --que, vuelvo a repetir, es
simplemente intentar llegar a acuerdos para poner fechas en la agenda--
puede tener consecuencias como las que hemos vivido en los últimos días
en Andalucía con el tema astilleros o se pueden vivir con otras
industrias dado el nivel de desmantelamiento industrial que se está
produciendo en el sur de este país.

Yo le pediría que mediara y rebajara los contenidos --que yo creo que son
tremendamente intransigentes e inflexibles-- para que el día de mañana se
abra la esperanza en Andalucía. Porque temas como Tabacalera,
Interlhorce, Astilleros o Hytasa pueden provocar alarma social. Este



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Gobierno ha firmado y ha afirmado el 3 de marzo compromisos electorales y
políticos de una enjundia tremenda. Si una vez en el poder el Gobierno
los incumple, perdería la credibilidad y provocaría, insisto, una alarma
social que el resto de las fuerzas políticas tenemos graves dificultades
en contener.

Siento, señor subsecretario, que mis palabras tengan este tono un poco
ácido, pero simplemente retratan la realidad que estamos viviendo en el
sur de Europa, en el sur de España; en concreto, en Andalucía.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra el señor
Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Intervengo
brevemente para decir que lamento no haber podido llevar a su ánimo el
espíritu que, no sólo este Gobierno sino muy distintos gobiernos de
España, han tenido en relación con esta empresa a lo largo de su
historia.

Yo entiendo que violencia es cuando a una persona se la retiene contra su
voluntad y se le priva de su libertad de movimiento. Insisto en que lo
que se produjo ayer fue una actitud violenta que se manifestó, además, en
esta retención contraria a su voluntad, que determinó la intervención de
la Policía y que hubo que pedir autorización del juez para poder realizar
esta actuación. Comprenderá S. S. que nos podemos poner o no de acuerdo
en el significado del término violencia, pero yo lo decía en un sentido
jurídico-penal más que en un sentido sociológico.

En segundo lugar, insisto en que hay un acuerdo de 27 de febrero que no
ha firmado este Gobierno. En ese acuerdo se cita al artículo 56 del
Estatuto de los Trabajadores en su sentido muy favorable a los
trabajadores --es decir, la posibilidad de que se aplique este acuerdo en
un sentido muy favorable-- y que, por supuesto, no va a ser un límite
exacto. Estamos hablando de horquillas, estamos de negociación y de la
posibilidad de absorber los costes fiscales de las indemnizaciones. Por
tanto, el tema no está cerrado en cuanto a los flecos, pero hay un
acuerdo. Si se exige que cumplamos el acuerdo, lo tendremos que cumplir,
pero no saltárnoslo o ignorarlo.

Precisamente el acuerdo prevé un acuerdo de viabilidad. Dice S. S., con
razón, que se está elaborando, pero aún no lo está. Todavía no sabemos si
la empresa es viable o no, porque el plan no está terminado, y sin
embargo estamos aceptando la posibilidad de indemnizar a los
trabajadores. Por tanto, ahí hay también flexibilidad. Podíamos
perfectamente, hasta que el plan no se apruebe y Bruselas sancione que no
hay ayudas del Estado encubiertas, no mover o no aplicar la cláusula
correspondiente del convenio.

Existe ejercitada una acción contra los propietarios privados por el no
ejercicio del derecho de recompra. Esta es una acción judicial que sigue
su curso y no hay ninguna novedad de la que yo pueda en este momento
informar a S. S., salvo la de que los asuntos judiciales tardan bastante
y no sabemos en este momento cuál será la ulterior decisión judicial.

Finalmente le quiero decir que yo también tengo esperanza, señoría, de
que resolvamos el tema, ¡claro que la tengo! Precisamente por eso estamos
en la comisión técnica negociando con los trabajadores y estamos
aportando nuestros criterios y discutiendo con ellos. Si no tuviésemos
esperanza no habríamos negociado y podríamos haber utilizado una
argumentación para negar nuestra vinculación al acuerdo de 27 de febrero.

Hemos aceptado este acuerdo, aunque podíamos no haberlo hecho, estamos
negociando y, por tanto, tenemos esperanza en resolver el problema.

El Gobierno no es el que incumple. El Gobierno ha firmado un acuerdo, ahí
está, plasmado por escrito, puede ser conocido por todo el mundo. Estamos
intentando cumplir ese acuerdo. Su señoría pide flexibilidad. La estamos
teniendo, pero una cosa es la flexibilidad y, otra, que aceptemos de
pleno las reivindicaciones de la otra parte cuando esas reivindicaciones
se salen del convenio. Vamos a intentar la flexibilidad máxima y vamos a
hacer uso de esa sensibilidad social a la que antes me he referido. Pero,
indudablemente, eso no pasa porque haya que cumplir necesaria y
automáticamente las pretensiones de una de las partes y especialmente,
repito, cuando no se plantean éstas por las causas normales de diálogo
que se estaban siguiendo hasta ahora.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

Se suspende la sesión, por cortesía, por uno o dos minutos simplemente
para despedir al señor subsecretario e inmediatamente, a continuación,
reanudaremos la sesión. (Pausa.)



--SOLICITUD DE CREACION DE UNA SUBCOMISION PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO
DEL PROCESO DE INTEGRACION DE LA PESETA EN EL EURO Y SUS REPERCUSIONES EN
EL SECTOR FINANCIERO Y EN LA ECONOMIA EN GENERAL. (Número de expediente
158/000022.)



--SOLICITUD DE CREACION DE UNA SUBCOMISION PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PROCESO DE UNION ECONOMICA Y MONETARIA. (Número de expediente
158/000023.)



El señor PRESIDENTE: Como ya discutimos en la Mesa y Junta de Portavoces,
vamos a proceder, si les parece a ustedes bien, al debate acumulado de
los dos siguientes puntos del orden del día consistentes en la solicitud
de creación de una subcomisión para análisis y seguimiento del proceso de
integración de la peseta en el euro y sus repercusiones en el sector
financiero y en la economía en general y la solicitud de creación de una
subcomisión para el seguimiento del proceso de Unión Económica y
Monetaria. La primera de ellas, formulada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y la segunda, por el Grupo Popular.




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Para la defensa de la creación de esta subcomisión, tiene la palabra, por
término de 15 minutos, el señor Homs, que me imagino que no va a agotar
el tiempo.




El señor HOMS I FERRET: Sí, tiene usted razón, señor Presidente. No creo
que sea necesario, porque estoy seguro de que tengo a todas SS. SS.

absolutamente convencidas de la bondad y de la oportunidad de esa
iniciativa que planteamos en estos momentos.

Señor Presidente, se trata de que esta Comisión considere la oportunidad
de constituir una subcomisión específica para poder profundizar mucho más
en un aspecto que mi grupo entiende que es importante en estos momentos,
que es la transformación que van a experimentar los sectores económicos,
y especialmente el sector financiero, a raíz de todo el proceso de
incorporación de la peseta en el euro. No se trata, señorías, de
constituir una subcomisión de seguimiento del proceso político de nuestra
incorporación a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, puesto
que para ello ya hay en la Cámara una comisión mixta constituida por
Senadores y Diputados que perfectamente siguen el proceso político,
incluso sectorial, de toda esa integración, sino que se trata de poder
analizar y conocer con mayor precisión las transformaciones que, dentro
del mercado interior español, hay que operar como consecuencia de
integrarnos en la Unión Económica y Monetaria en la tercera fase. Se
trata de poder conocer con precisión en esta Comisión qué medidas se
deberían poner en funcionamiento, qué problemas van a aparecer y qué
decisiones se deberían tomar si España entra en la tercera fase (que mi
grupo así lo desea y en ese empeño pone toda su posición política), qué
transformaciones hay que adoptar en el mercado interior español.

Ustedes saben que, si entramos en el proceso de la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, está prácticamente definido el calendario,
están definidos prácticamente los pasos a seguir para instrumentar la
integración de la peseta en el euro, pero lo que no se sabe, sobre lo que
hay mucha incertidumbre y sobre lo que, a medida que se nos acerque la
fecha clave, va a haber mucha más atención social, económica y también
política, es sobre cómo van a operarse algunas cuestiones en el mercado
español, desde cuál va a ser el mecanismo que va a utilizarse para poder
adaptar todos los compromisos ya suscritos con anterioridad, y que van a
verse alterados por el cambio monetario, desde ese extremo, a cómo va a
repercutir la sustitución de la peseta por el euro, por ejemplo, en todas
las hipotecas constituidas en el territorio, o cómo va a operar el tipo
de interés y cuál va a ser el tipo de referencia para todas las futuras
nuevas constituciones de pólizas hipotecarias, o cuál va a ser la
actualización que se tendrá que experimentar, de acuerdo con los
contratos suscritos ya en estos momentos, de créditos o de líneas de
créditos hipotecarios, cómo van a actualizarse estos tipos de interés a
partir de aquella fecha. Todo eso no se sabe. Pero tampoco se sabe cómo
se van a transformar los cajeros automáticos, si van a operar con euros o
con pesetas, y qué cambios van a verse obligados a realizar; o cómo van a
tener que orientarse las políticas de seguros en el mercado español, o
las empresas que exportan, cómo van a tener que ajustar sus contratos con
las empresas internacionales para adaptar los compromisos en pesetas, o
en dólares, a la nueva situación a que nos obliga el euro. Señorías,
cantidad de cosas hay que empezar a prever, y no solamente en esta
Cámara, sino que la sociedad, por sí misma, debe empezar a hacer los
análisis y los estudios necesarios para saber qué medidas hay que
adoptar.

Señorías, esta subcomisión que mi grupo propone tiene por finalidad
activar esta reflexión. Políticamente, tomar conciencia de esa
transformación que nos viene, conocer con detalle los principales
problemas que va a conllevar, que va a traernos, y proponer
recomendaciones, resoluciones, para ir concienciando cada vez más a la
sociedad para esos cambios.

Yo creo que podría ser políticamente oportuna la subcomisión, aunque
somos conscientes de que va a cargar mucho más de trabajo a los Diputados
de esta Comisión de Economía, pero yo creo que va a ser oportuna porque
va a generar, señorías, el hecho de constituirse, un impacto de
expectativa, de interés, de prioridad política, de voluntad política del
Congreso de los Diputados de conocer las repercusiones y las
transformaciones internas que en el mercado interior español vamos a
tener que analizar. Esta es la finalidad de la subcomisión, éste es,
preferentemente, el sentido que queremos darle a nuestra iniciativa.

Por ello, señorías, proponemos a la Comisión que se cree una subcomisión
para el análisis y seguimiento del proceso de integración de la peseta en
el euro y su repercusión en el sector financiero, preferentemente, porque
ahí va a ser donde van a operarse los mayores cambios, pero también en la
economía en general, en todos los demás sectores.

Creemos que los objetivos preferentes de esta subcomisión deberían ser
dos: uno, analizar la situación y perspectivas de la economía española en
el proceso de integración de la peseta en el euro y sus particulares
incidencias en el sector financiero (yo diría que incluso apuntar ahí los
aspectos positivos y los aspectos más negativos que pueda tener esa
repercusión) y, otro, emitir un conjunto de recomendaciones en materia
económica y financiera para garantizar y afianzar la integración de la
peseta en el euro, reducir los costes de la misma, mejorar la
competitividad de nuestra economía ante el nuevo proceso de
internacionalización y apertura al exterior que dicha integración
conlleve.

En definitiva, señorías, se trata de que en esta Comisión de Economía,
soberana en conocer y en legislar sobre la materia económica en uno de
los momentos más claves de la evolución económica del país, cuando
nuestra peseta se va a incorporar a una moneda de ámbito más global y
general, que va a ser el euro, tomemos conciencia de la repercusión de
ese cambio, que sepamos con profundidad lo que se va a operar en el
mercado español, que conozcamos con detalle lo que esto va a suponer, los
problemas que va a generar y que podamos elevar a la sociedad
recomendaciones, sugerencias, aportaciones, para poder mejor conducir
este proceso.




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De hecho, se trata de eso, porque, si no, podría suceder que nos
encontráramos con que ya la peseta no circula por nuestros bolsillos, que
ya la peseta no es la moneda oficial de este país y que no se utiliza en
las transacciones económicas y esta Comisión de Economía no haya podido
tener oportunidad de profundizar sobre las consecuencias y las
transformaciones de ese cambio, que nuestro grupo apoya, que no queremos
cuestionarlo, que no estamos ni introduciendo el menor atisbo de duda ni
de incertidumbre sobre la oportunidad, conveniencia e interés de tomar
esas decisiones; estamos por integrar la peseta en el euro, creemos que
es bueno para el futuro del desarrollo de nuestra economía, pero queremos
conocer con detalle las consecuencias y las transformaciones que se van a
operar como consecuencia de esa decisión política. No vayamos a estar de
acuerdo en el objetivo y nos perdamos el detalle de las consecuencias más
inmediatas.

Por tanto, señorías, la subcomisión que proponemos es una subcomisión que
se va a circunscribir mucho al ámbito financiero, sin duda que sí; es que
el tema es preferentemente financiero, pero con repercusión en toda la
economía, y hay que saber el coste económico que va a suponer adaptar
todos los mecanismos hoy operativos en el sistema económico español a la
nueva moneda; esto, señorías, representa un volumen de inversión
tremenda, y debemos saber recomendar al ciudadano nuevos comportamientos
para ir utilizando una moneda que va a ser la que a partir de ahora va a
circular por nuestros bolsillos.

Creo, señorías, que no estamos con esta iniciativa deseando sobrecargar
los trabajos de los Diputados, porque es verdad que estamos constituyendo
subcomisiones para muchas materias, pero a este Diputado, dedicado a los
temas económicos, no le parecería procedente que hubiera sido
protagonista en el tiempo del momento de la transformación monetaria más
importante de nuestros tiempos, y sin duda de este siglo, y esta Comisión
de Economía, soberana en todas las materias económicas, no haya
profundizado con detalle y haya conocido con exactitud las consecuencias
de esa transformación.

Este es el objeto de la iniciativa, y no es seguir políticamente lo que
hagan los ecofines, que para eso tenemos una subcomisión mixta
Senado-Congreso, que deberá conocer con detalle; es conocer las
consecuencias de nuestra economía y qué comportamientos tenemos que
iniciar y tenemos que proponer desde esta Cámara soberana.

Señorías, ésta es la finalidad. Les pido su adhesión a esta iniciativa.

Conozco y sé de otra iniciativa equivalente, con la misma finalidad
también, propuesta por el Partido Popular y desearía que de ambas pudiera
salir un consenso amplio con el apoyo de todos los grupos.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la creación de la subcomisión
propuesta por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Sin lugar a dudas, tomando las palabras del
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con esa
vocación de consenso asistimos y tomamos esta iniciativa de la creación
de la subcomisión a la que estamos haciendo referencia.

Señor Presidente, para el Grupo Popular la Unión Europea viene
comprometida y está clarísimamente decidida a dotarse de una moneda única
en el proceso que culminará aproximadamente a mediados del año 2002.

Hay que constatar que el origen primero y el móvil último es alcanzar una
unión política por la vía de hechos y por la vía de avances, de hechos y
avances concretos, todos ellos realizados en el ámbito económico.

Partimos clarísimamente de la existencia real de quince zonas monetarias
distintas y separadas que gozan de su propia soberanía monetaria y
cambiaria. Esta situación de las quince zonas monetarias separadas es hoy
un clarísimo impedimento para la fluidez de los intercambios comerciales,
para la movilidad de las personas, para la toma de decisiones en el campo
de la inversión de los ahorradores y, ¿por qué no decirlo?, para la
óptima localización de los recursos.

El Grupo Popular entiende que la Unión Económica pivota fundamentalmente
sobre una potestad monetaria única, que iría en detrimento de la que
actualmente conservan los Estados miembros. De igual manera, consideramos
que serán los mercados los que premien aquellos países que adopten
políticas ortodoxas y serán también los mercados los que penalicen a los
que se alejen del patrón de estabilidad macroeconómica que se viene
definiendo en los sucesivos ecofines.

Estas consideraciones nos conducen a afirmar que la nueva zona monetaria
que se va a crear tendrá que caracterizarse por estar residida en la
estabilidad macroeconómica y en el rigor de las políticas económicas. El
cuadro de estabilidad macroeconómica será el origen para despejar
aquellas incertidumbres que se puedan plantear a los gestores de
empresas, a los consumidores, a los inversores, ¿por qué no decirlo?, al
mercado laboral.

La realidad de la moneda única como paso irrenunciable e irreversible
obligará a profundas modificaciones en los hábitos que hoy se encuentran
muy enraizados en la sociedad española. Se hace, por tanto, absolutamente
imprescindible que todos los actores económicos, sin excluir a ninguno,
sean conscientes de la nueva realidad y de sus derivadas, que al entender
del Grupo Popular van a cambiar básicamente las reglas del juego en la
economía.

Consideramos, desde mi grupo, que no anticiparnos de una manera rigurosa
y de una manera estudiada a la nueva situación podría tener consecuencias
absolutamente nefastas para la competitividad de nuestra economía. Por
esas razones, sería prudente observar que avanzamos hacia una unificación
de monedas sin que previamente haya existido una unificación de la
autoridad política. Esta característica es una experiencia que no tiene
ningún precedente en la historia de Europa.

En el período que va a abarcar desde 1999 al 2002, será necesario que no
haya lugar a la equivocación por el desconocimiento de las consecuencias.

Los comercios deberán aplicar una doble indicación de precios, los
agentes económicos deberán proveerse de dos series de monedas y de
billetes distintas, los recibos y facturas tendrán que adaptarse a la
nueva situación; en general, todos los contratos



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y documentos de pago, tesorerías y contabilidades tendrán que comenzar a
realizarse en la nueva moneda; las cajas registradoras, las expedidoras
automáticas, los cajeros automáticos, es decir, todo aquel material que
funciona con monedas o que tiene que indicar precios se verá básicamente
afectado por estos cambios.

También los consumidores se van a tener que enfrentar a las dificultades
que se derivan del cambio de los tipos de conversión o por la
modificación de los precios de las cosas. Las oficinas bancarias, ante el
cambio físico de moneda, tendrán que soportar problemas de diversa
índole: los costes de transformación de su aparato informático, de sus
impresos, el efecto que sobre los productos financieros se producirá por
este cambio, la atención y el asesoramiento a los clientes.

De igual manera, los mercados financieros, además, se van a ver sujetos a
notables transformaciones. Los ahorradores y los inversores tendrán ante
sí una gama mucho más amplia de productos y de valores. Cabría pensar que
habría que anticiparse a cierta tendencia a la concentración del sector
financiero más intensa cuanto menos diferenciado sea el producto que se
ofrezca. Habrá también modificaciones en el mercado de cambios, en el
mercado monetario, en el mercado de deuda pública.

Suponemos que se presentará una tendencia, igual que en el mercado
financiero, a la concentración, sin que ello suponga, en ningún caso, la
desaparición de los mercados domésticos. Todo hace indicar que la
negociación bursátil camine también por el mismo patrón que estamos
planteando.

Por todas estas razones, señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular considera que estamos ante un complejo proceso que
deseamos culmine con absoluto éxito. Creo que hoy podemos coincidir todos
los miembros de esta Comisión en que estamos ante un hito absolutamente
histórico de la integración europea, motivo que nos ha movido --y
comprobamos con satisfacción que a otros grupos también--, a expresar
nuestra voluntad política a favor de que el Congreso de los Diputados se
sitúe en la vanguardia de los estudios del impacto de la implantación de
la moneda única, haciendo necesario, por supuesto, que tanto el Gobierno,
como empresas, ciudadanos, agentes económicos, agentes sociales e
instituciones sean y estén absolutamente conscientes de las dificultades
que comporta y, por tanto, de que se adecuen y actúen en consecuencia.

Creemos, señor Presidente, que estamos ante un desafío trascendental que
va a significar la zona monetaria única y por esas razones instamos a la
creación de esta subcomisión.

Como es conocido por SS. SS., hay dos iniciativas que tienen el mismo fin
y que han utilizado redacciones muy paralelas, aunque todavía distintas,
y en aras de buscar ese consenso y ese documento que pueda ser unificado
entre los dos grupos que han tomado esta iniciativa, hemos hecho llegar a
la Mesa un texto de transacción que unifica tanto el espíritu como los
objetivos que inspiran la redacción de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la redacción de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Es un documento que confío
haya podido llegar al resto de los grupos a través de los servicios de la
Cámara y para el que solicitamos el voto favorable en los términos de la
transacción que acabamos de plantear a la Mesa y a los diferentes grupos
parlamentarios.

Estas son las razones que nos mueven, señor Presidente, a proponer esta
iniciativa de creación de subcomisión para el análisis y el seguimiento
del proceso de integración económica y monetaria, así como de las
derivaciones que tiene la implantación del euro en nuestro mercado.




El señor PRESIDENTE: El señor Homs tiene la palabra, a los efectos de si
acepta o no la transacción formulada.




El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, la aceptamos.

Del documento que nos han pasado, nos parece interesante la redacción de
los párrafos cuarto y quinto. Lo que propongo al Grupo Parlamentario
Popular es que, tras la denominación de la subcomisión, añadamos un
párrafo que venga a recoger la segunda fase que contempla el tercero, que
es: la citada subcomisión, con la colaboración del Gobierno, Banco de
España y demás instituciones económicas, debería elaborar un informe --no
un primer-- en el que se reflejen tanto las ventajas que supone para
nuestra economía la integración en la Unión Económica y Monetaria, en la
primera fase, como los cambios y transformaciones que el propio proceso
de integración va a suponer.

Asimismo, propondría recoger el espíritu del segundo párrafo que dice:
así como las implicaciones que se derivan de la sustitución de la peseta
por el euro y que afectarán a los sectores económicos y al conjunto de la
sociedad española. Dejaría que el letrado terminara de perfilar la
redacción final.

Propongo introducir en la literalidad del texto que votamos el que
hagamos referencia al alcance de esta subcomisión, a la finalidad, al
objetivo, para acotarlo un poco más y no permitir ahí una indefinición
genérica. Por eso, yo recogería el segundo y el tercer párrafo de los
antecedentes, que nos ofrece el Grupo Popular, y los incorporaría al
texto literal de la propuesta.

Señor Presidente, también creo oportuno considerar un plazo de tiempo. Le
propongo al Grupo Popular que reflexione sobre la oportunidad de
considerar un plazo. Lo lógico sería darnos un plazo prorrogable de seis
meses para poder hacer ese informe, que no estuviera acotado el tiempo
que dedicara la Comisión a estos trabajos.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, ¿acepta usted la transacción de la
transacción?



El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Presidente, nos parece que las
consideraciones hechas por el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) perfeccionan el texto de la transacción porque adquiere mayor
precisión y, sobre todo, la última observación hecha respecto al plazo.




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Nos sumamos a que se incluya la definición de un plazo de seis meses
prorrogable.

Consideramos que con estas aportaciones del Grupo de Convergència i Unió
el texto se enriquece y gana en precisión, motivo por el cual aceptamos
todas las razones que mueven al grupo enmendante a presentar la
transacción y estamos a la espera de la redacción final que el letrado dé
a esta iniciativa parlamentaria.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: El Grupo Parlamentario Socialista ha escuchado
nuevamente las formulaciones de los portavoces de los grupos que ya
tuvimos ocasión de conocer en la pasada reunión de Mesa y portavoces, y
la verdad es que quizá se ha elevado a categoría de extraordinario lo que
tenía que ser normal en un trabajo parlamentario en el sentido de que,
efectivamente, la economía española va a llevar adelante unas
transformaciones como consecuencia de algo que el Grupo Parlamentario
Socialista desea fervientemente y, además, no lo pone en duda, que es la
integración plena de España en la Unión Económica y Monetaria en la
siguiente fase de la unión monetaria y, consecuentemente, la superación o
la sustitución en esa fase de la peseta por el euro. Sin embargo,
nosotros defendimos en su momento, y lo volvemos a hacer ahora en
Comisión, que existe una tendencia, no sé si fruto de algún grupo
parlamentario, consistente en la poca confianza que parece que tiene
depositada en el Gobierno, que creemos que tiene que asumir una
responsabilidad importante en la preparación de informes, en la
preparación de la sociedad española para asumir los cambios profundos que
se van a producir y que se tienen que producir en esta fase definitiva,
razón por la cual no estábamos de acuerdo en que se creara una
subcomisión en el seno de la Comisión de Economía para estudiar, yo creo
que de forma orbi et orbe, la consecuencia global del proceso de
integración económica y monetaria de España en la Unión Europea.

Creemos que existe una centrifugación habitual en el seno de este
Parlamento de responsabilidades propias del Gobierno de la nación hacia
la creación de diferentes subcomisiones. Sus señorías conocen todas las
que se han creado y las que posiblemente se creen en un corto plazo,
desde una perspectiva en la que el Grupo Parlamentario Socialista no
coincide, porque creemos que está produciéndose una dilución y
centrifugación de responsabilidades en comisiones de ámbito parlamentario
donde parece que sea el Parlamento el que tenga que decir al Gobierno de
una forma permanente lo que el Gobierno ya sabe, el Banco de España ya
sabe, y la prueba está en que incluso lo están haciendo en algunos casos
con eficacia, porque los sectores económicos se están preparando, están
analizando las consecuencias a todos los niveles, desde el punto de vista
de la competitividad, desde el punto de vista de la incidencia en el
factor económico, en los costes, en las incidencias positivas y negativa,
y la prueba está en que cualquier día, leyendo las páginas económicas de
cualquier medio de comunicación, ya el propio sector bancario nos dice
que la integración final en la Unión Monetaria va a producir un
incremento del volumen de negocios en torno a un 20 por ciento. Luego ya
está estudiado, alguien lo está estudiando, y yo creo que se está
pretendiendo que, a través de esta subcomisión, lo mismo que a través de
otras, el Parlamento trate de validar o de aceptar determinadas
decisiones que los órganos competentes en esta materia ya deben estar
realizando o tienen que realizar, desde el punto de vista de publicidad,
desde el punto de vista de preparación a la sociedad, porque escuchando
alguna intervención hay que reconocer que es verdad que la Unión
Monetaria va a afectar de una forma tremenda a todos los sectores
financieros, el mercado de letras de cambio, contratos, cajeros
automáticos, incluso casi las tiendas de «todo a cien» ya serán «todo a
euro»; es decir, va a tener incidencias de todo tipo a todos los niveles,
pero todo eso se está estudiando, se debe de estar estudiando y esta
Comisión, no a través de una subcomisión, sino a través de los cauces
oportunos y reglamentarios de este Congreso, puede establecer este
conocimiento y la aportación de un debate político.

Todo el mundo conoce en esta Cámara la existencia de una comisión mixta
Congreso-Senado precisamente para estudiar el proceso de la Unión
Monetaria, que podía ser un elemento donde estas cuestiones se pueden y
se deben seguir estudiando. Es habitual la comparecencia cuatrimestral
del Gobernador del Banco de España para informar a este Parlamento, no
sólo de las magnitudes monetarias y del control de la inflación, sino
para realizar todas las intervenciones necesarias para preparar la
economía española. Pensamos, también, en las intervenciones del
Secretario de Estado de Economía para ir estableciendo el seguimiento del
proceso de integración económica y monetaria y la incidencia, no sólo en
los sectores económicos, sino también en los industriales o de cualquier
tipo.

La prueba está en que el Grupo Parlamentario Socialista está tan
preocupado y quiere seguir a fondo todas estas incidencias que todavía
está pendiente una comparecencia del Ministro de Economía y Hacienda para
informarnos a esta Cámara del proceso de convergencia y de las
consecuencias y la evolución de temas que parece que ya va a tratar, no
la Comisión, sino esta subcomisión.

Por eso creemos que es innecesaria, es ociosa, es una centrifugación de
responsabilidades de los órganos o de las instituciones necesarias para
llevar adelante la preparación del país en el proceso de convergencia y
en las consecuencias de la integración en la Unión Monetaria, por lo que
el Grupo Parlamentario Socialista no va a votar afirmativamente, como lo
anunció en la Comisión, en la reunión de la Mesa y portavoces, la
creación de esta subcomisión.

Dicho esto, también tengo que manifestar, señor Presidente, que, como no
tenemos ninguna duda de que esta subcomisión va a ser creada, el Grupo
Parlamentario Socialista anuncia que colaboremos leal y activamente en el
trabajo parlamentario de esta subcomisión, pero el grupo parlamentario
quiere dejar claro cuál es su postura respecto a esta subcomisión que
posiblemente se cree en la mañana de hoy.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor
Zabalía. ¿Es Lezámiz o Lezamiz, señor Zabalía?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, cada vez que nos reunimos en
la Comisión de Economía me pregunta usted lo mismo. So lo mandaré por
escrito. Es Lezamiz, y además, creo que figura en el último «Diario de
Sesiones» la pregunta con la respuesta. En euskera no hay acento
ortográfico, pero sí fonético, y en cuanto a la pronunciación es Lezamiz.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Zabalía, por su precisión,
Tiene usted la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente, por su interés.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, compartimos la preocupación de
todos los grupos sobre lo que va a suponer la integración en la Unión
Monetaria, la integración en un primer momento o en un segundo momento, o
no integración, porque todavía no lo sabemos, pero yo creo que ésta es
una preocupación que no sólo tenemos los grupos parlamentarios, la tienen
las empresas, los trabajadores, la tienen todos los agentes sociales, la
tienen los mercados de inversión, en definitiva, la tiene toda la
sociedad. Hoy, desde luego, tenemos incertidumbres sobre esta integración
en la Unión Monetaria, incertidumbres sobre si vamos a estar entre los
primeros países que vayan a incorporarse al euro, y también nos preocupa
este futuro, porque, tanto si nos integramos como sin no nos integramos,
de cualquiera de las dos maneras se desprenden consecuencias que hay que
medir. Por tanto, en cualquiera de los dos casos, creo que es necesario
evaluar el impacto de esa situación.

En este momento, se nos presenta la creación de una subcomisión para
estudiar todos estos aspectos. ¿Es un instrumento adecuado la
subcomisión? Puede serlo o no, depende del contenido, depende del
interés, depende del objetivo, depende de los comisionados que
intervengan, depende de muchas cosas. Pero nuestro grupo no va a negarse
a su creación por principio; sí vamos a ser críticos si no cumple con lo
que creemos que debe ser su objeto. Desde luego, no sería suficiente si
se dedicara solamente a un seguimiento del proceso. Hay que tener cuidado
con la creación de subcomisiones. Creo que estamos entrando en la era de
las subcomisiones en el Parlamento y pienso que hay que hacerlo siempre
que los motivos sean suficientes y siempre que sea demostradamente
necesario por los efectos positivos que, para el Parlamento, porque es
una subcomisión para un órgano legislativo, debe tener.

Por cierto, entre otras cosas, no se había establecido fecha de
finalización; ahora, se habla de seis meses. Yo no sé si tiene objeto
establecer una subcomisión de seis meses para todo el análisis e
información del proceso de la unión monetaria; me da la sensación de que
se está cambiando el objeto de esta comisión sobre la marcha y sí me
gustaría que estuviese claro. ¿Para qué se va a crear esta subcomisión?
¿Cuándo va a finalizar? Porque, con el establecimiento de su fecha de
finalización, estamos dando ya alguna opinión sobre cuál es el objeto de
la misma; si es en seis meses, creo que no necesita crearse una
subcomisión para sacarse un informe sobre un impacto determinado, que,
analizando desde esta fecha, tampoco es preciso. Más veo que su
finalización pudiese ser en el momento de incorporarse o no a la unión
monetaria, parece que ahí tendría más sentido.

En mi grupo parlamentario, como pueden observar SS. SS., somos
ciertamente críticos porque estamos empezando a tener experiencia sobre
el funcionamiento de algunas subcomisiones. Desde luego, como he dicho,
no me voy a negar a su creación; por principio, no nos negamos a algo
que, de alguna forma, favorezca la marcha de los trabajos de este
Parlamento, pero, como digo, hay que tener en cuenta que el fin del
Parlamento es legislativo, que esto debe preocupar también a los demás
poderes públicos, entre ellos al Gobierno, el mayor preocupado en estos
temas, que debe liderar la ejecución de la política económica y el
proceso de integración.

Espero que todas estas dudas queden despejadas a corto plazo, en cuanto
empecemos a funcionar, pero desde mi grupo nos quedaríamos
suficientemente satisfechos si esta subcomisión sirviera para una cosa,
para transmitir a la sociedad, de forma clara, sencilla y comprensible,
las consecuencias del proceso de la Unión Monetaria y del proceso de
construcción europea, algo que en este momento es el gran hándicap que
tenemos, la gran carencia, la sociedad todavía no sabe más que los
efectos negativos que está teniendo, o puede tener, alguna de las medidas
encaminadas a este proceso de la Unión Europea. Como digo, sería para mí
suficiente si somos capaces de transmitir a la sociedad, clara y
comprensiblemente, las ventajas de la integración en Europa y de la Unión
Europea.




El señor PRESIDENTE: ¿Quieren abrir un turno de búsqueda de votos o no,
señores portavoces? (Pausa.)
Pasamos a votar.




Efectuada la votación , dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de esta subcomisión en
los términos resultantes de las transacciones realizadas entre el Grupo
Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y será elevada
oportunamente al Pleno para su ratificación.




Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.