CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 80



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 2



celebrada el viernes, 18 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997. (Número de expediente
121/000015.)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (número de expediente
121/000015):



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (BLANCO RODRIGUEZ). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA (número de expediente 212/000370), DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA (número de expediente
212/000217) Y DEL GRUPO MIXTO (número de expediente 212/000197).




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Señoras y señores Diputados, se abre la
sesión correspondiente a las comparecencias

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a celebrar ante esta Comisión en relación con la tramitación del proyecto
de Ley de Presupuestos Generales para 1997.

Comparece, en primer lugar, el Secretario de Estado de Aguas y Costas,
don Benigno Blanco, que tiene un turno breve para hacer una exposición
sucinta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Buenos días a todos en mi primera comparecencia en esta Comisión de
reciente creación.

Si ustedes me lo permiten y para dar paso a la parte sustancial de la
comparecencia, que es responder a las preguntas o inquietudes de SS. SS.

en la medida de mis posibilidades, quisiera hacer unas breves
consideraciones no sobre la cuantificación numérica, que obra en poder de
todos ustedes, como es lógico, y la conocen igual que yo, sino sobre las
líneas esenciales que subyacen en la decisión política de los
presupuestos de este ministerio.

Quisiera centrarme en dos aspectos. Uno es el control importante que se
hace de los gastos corrientes en la definición de los presupuestos del
ministerio. Estamos en un momento de austeridad, en un momento en que
todos somos conscientes de los ajustes que la política económica y
presupuestaria del Gobierno nos impone para cumplir con los objetivos de
Maastricht, y hemos querido hacer partícipes de este esfuerzo quizás a
las partidas menos elásticas a priori del presupuesto, como son las
correspondientes a gastos corrientes, lo que nos obliga a una austeridad
en la gestión y a, con menos medios, intentar obtener los resultados
óptimos que con más medios se supone que podríamos conseguir.

La segunda línea es el mantenimiento del esfuerzo inversor en los
programas específicos de este nuevo Ministerio de Medio Ambiente,
compaginando dos vías complementarias: la clásica del capítulo 6, de
inversiones, adjudicado a los distintos programas que componen el ámbito
operativo o funcional del Ministerio de Medio Ambiente, y lo que ha
venido en llamarse popular o periodísticamente la financiación
extrapresupuestaria. Nos parecía que siendo solidarios como somos desde
el ministerio, aunque sea un ministerio inversor, con la política de
ajuste y austeridad presupuestaria, sin embargo, deberíamos buscar las
fórmulas para que, de hecho, los españoles puedan contar en el plazo más
breve posible con aquellas infraestructuras que desde el punto de vista
especialmente hidráulico y de saneamiento necesitamos. Ha habido una
experiencia muy reciente y dramática en España de lo que puede suponer en
momentos de sequía --y el ciclo de sequía volverá, aunque no sepamos
cuándo-- la ausencia de determinadas infraestructuras y no podíamos
permitirnos que esta política, imprescindible desde el punto de vista de
nuestros compromisos con la Unión Europea, significase un recorte o un
retraso importante de los planes inversores del ministerio. Por eso, a
través de la ley de acompañamiento y de la propia ley de presupuestos, se
habilitan una serie de mecanismos, conocidos normalmente como
financiación extrapresupuestaria, que nos permitirían incentivar a la
iniciativa privada para que concurra con el Estado en la financiación en
los próximos ejercicios, empezando por 1997, de infraestructuras de
interés general. En la ley de acompañamiento a los presupuestos se
actualiza una legislación ya existente y de gran tradición en España,
como es la de la concesión para las infraestructuras hidráulicas; se
prevé el contrato con modalidad de pago aplazado único, que posibilitaría
la puesta en marcha en el próximo ejercicio de nuevas construcciones,
recayendo la obligación de pago por parte del Estado en ejercicios
subsiguientes, y, a la vez, se prevé un mecanismo para que, a través del
capítulo 8 de los presupuestos en materia de inversión medioambiental y
de infraestructura hidráulica se integren en el presupuesto inversor del
ministerio 45.000 millones a añadir a los que aparecen expresamente en el
capítulo 6, estableciendo la creación de sociedades anónimas dependientes
de las confederaciones como instrumento operativo para el gasto en nuevas
inversiones de infraestructura de estos 45.000 millones, que, repito, se
suman a través del capítulo 8 a las cantidades que se consignan en el
capítulo 6. De esta manera sumando las cuantía que aparecen en el
capítulo 6, con esta transferencia a través del capítulo 8, se logra
mantener, en términos nominales prácticamente iguales, la inversión
presupuestada para el año 1996. Además, a esta inversión presupuestaria
que suman los capítulos 6 y 8 se añadiría lo que den de sí las fórmulas
de financiación extrapresupuestarias que se habilitan a través de la
regulación que se incorpora a la ley de acompañamiento. A pesar del marco
de rigor presupuestario en el que nos movemos, de esta manera creo que
podemos no sólo mantener el esfuerzo inversor que ha venido siendo
tradicional en los últimos años, sino incluso aumentarlo específicamente
en materia de saneamiento e infraestructuras hidráulicas.

Por tanto, si tuviese que destacar --y con ello resumo y acabo-- dos
notas del presupuesto de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
sería, por una parte, la habilitación de mecanismos para mantener el
esfuerzo inversor e incluso incrementarlo y, por otra, la contención dura
de los gastos corrientes para ser solidarios con la política
presupuestaria general del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: A continuación quisiera comentarles que las
preguntas planteadas por el Grupo Parlamentario Mixto al Director General
de Obras Hidráulicas y que debían entenderse presentadas al Secretario de
Estado de Aguas y Costas han sido transformadas, por expreso deseo de
quien las formulaba, el señor Chiquillo, en preguntas escritas.

Igualmente ocurre con el Grupo de Coalición Canaria. Se mantienen, por
tanto, vivas las preguntas que habían presentado el Grupo Socialista e
Izquierda Unida.

En primer lugar, para la formulación de las preguntas del Grupo
Socialista, tiene la palabra el portavoz de dicho grupo.




La señora NARBONA RUIZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta
nueva Comisión de Medio Ambiente al secretario de Estado responsable de
las políticas del agua y de las costas. Espero que su presencia en esta
Comisión sea tan frecuente como sea oportuno en función de los
acontecimientos, teniendo en cuenta los cambios de



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carácter normativo y programático que usted mismo ha resumido en su
intervención.

En segundo lugar, quiero decirle que el Grupo Parlamentario Socialista
considera de forma muy desfavorable el presupuesto que el Ministerio de
Medio Ambiente presenta a esta Cámara. Es cierto que en relación con el
menor gasto en inversión, que en el caso del conjunto de los programas
del Ministerio de Medio Ambiente en relación con el año 1995, cae en
aproximadamente 70.000 millones de pesetas, contando no solamente los
programas correspondientes a su secretaría de Estado sino los restantes
programas del Ministerio de Medio Ambiente, ustedes pretenden confiar en
que una parte, al menos 45.000 millones, como usted ha dicho, más una
cantidad incierta debida a la posibilidad de ulterior colaboración de la
iniciativa privada, pueda verse compensada y evitar, por tanto, la
durísima paralización en procesos de inversión que en nuestro país son
necesarios.

Nosotros no compartimos, con carácter global, que haya que reducir la
inversión pública de una forma tan drástica --y tendremos ocasión en el
debate a la totalidad de explicar cómo se puede llegar al objetivo de
Maastricht sin producir esa reducción drástica en la inversión pública--,
pero además tampoco creemos que la oferta alternativa que ustedes
plantean dando entrada a la inversión privada bajo nuevas fórmulas de
intervención sea una alternativa que garantice de forma correcta el
cumplimiento de objetivos que en materia ambiental y en política de aguas
en particular tiene nuestro país.

Voy a comenzar refiriéndome a las grandes cifras del presupuesto de
inversión pública. Después haré algún comentario en relación con la
entrada de la inversión privada, que usted ha definido de manera un poco
eufemista como una actualización de la legislación en vigor sobre
concesiones administrativas. En primer lugar, hay una serie de
incoherencias manifiestas respecto a lo que han sido las declaraciones
programáticas en relación con el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha
dicho de forma reiterada que no se iba a seguir promocionando la
inversión pública en infraestructuras hidráulicas faraónicas y que, por
el contrario, se iba a primar lo que estuviera ligado a una mejor gestión
del domino público, tanto marítimo terrestre como hidráulico, y a
fortalecer las acciones ambientales que aparecen reflejadas en los
distintos programas.

Pues bien, si tomamos el programa correspondiente a calidad de las aguas,
vemos que hay un cuasi mantenimiento del capítulo 6 y nos encontramos con
que en 1995 el programa correspondiente sumaba 19.850 millones y en el
proyecto de 1997 la cantidad es de 18.289 millones, pero dentro de este
capítulo 6 no solamente bajan los gastos correspondientes a las
infraestructuras de depuración, sino que también bajan los gastos
correspondientes a la gestión del dominio público. Quiero recordarle,
señor secretario de Estado, que en el año 1995 los gastos de gestión del
dominio público, donde, entre otras cosas, se encuentra el programa
Linde, la restauración de los cauces y los programas de recuperación
ambiental de nuestros ríos, estaban situados en 1.500 millones y han
descendido a 700 millones en el presupuesto que presentan ustedes a la
Cámara. Ha caído también el volumen de recursos destinados a mejorar el
control y la vigilancia de la calidad de las aguas: 3.250 millones en
1995 y exclusivamente 1.500 en 1997. En el presupuesto de 1996 non nato
había ya prevista una partida para iniciar el programa Aryca, de
actualización de registros y catálogo de aguas, por un importe superior a
los 1.000 millones de pesetas y se reduce a 757 millones en el
presupuesto de este año.

Respecto al programa de calidad de las aguas, en su conjunto, hay una
disminución de las infraestructuras no sólo de depuración y saneamiento,
sino también de las partidas correspondientes a una mejor gestión y
control del dominio público y a una recuperación ambiental de nuestros
ríos, todas ellas partidas en las que difícilmente la inversión privada
vendrá a ayudarnos. No veo a la inversión privada haciendo, de entrada,
recuperación de nuestros cauces, imponiendo tarifas por pasear por el
borde de los ríos, pero es posible que ustedes me diga que eso se puede
hacer.

Naturalmente lo que más preocupa de este presupuesto es que ustedes han
ignorado el tremendo esfuerzo inversor que hay que hacer de cara al
cumplimiento de los objetivos en materia de depuración de las aguas que
marca la Unión Europea y que obligarían no sólo a que se mantenga la
inversión, como ustedes hacen con cifras semejantes al pasado, en obras
declaradas de interés general del Estado, sino a que se aumente tanto el
capítulo 6 como el capítulo 7, para dar cofinanciación a las inversiones
de las comunidades autónomas y complementar cifras que deberían estar en
estos años en torno de los 30.000 ó 35.000 millones de pesetas anuales de
aportación estatal al conjunto de las inversiones de las administraciones
públicas en materia, para llegar al año 2005 habiendo hecho los deberes.

En capítulo 6 sólo mantienen esa cifra de algo más de 18.000 millones de
pesetas y en capítulo 7 simplemente ponen 100 millones de pesetas,
además, destinados a algo que denominan cumplimiento de la Ley de Aguas,
pero que no creemos que refleje lo que han venido siendo en estos últimos
dos años aportaciones, de acuerdo con los convenios firmados, a
comunidades autónomas para complementar su esfuerzo, tal como se pactó en
su momento con todas las comunidades autónomas. Por tanto, el plan
nacional de depuración puede verse frenado de una manera bastante
drástica.

Me preocupa también que ustedes hayan presentado un conjunto de proyectos
de obras de interés general del Estado cuyo coste total nada tiene que
ver con la realidad. Ustedes presentan un conjunto de proyectos para la
totalidad de las obras declaradas de interés general del Estado que, para
1997, suma como coste total, con varias anualidades, 93.500 millones de
pesetas. Esos mismos proyectos, en el presupuesto non nato de 1996,
sumaban 156.000 millones de pesetas y muchas de esas depuradoras ya se
están haciendo. Por tanto, es bastante difícil de entender cómo se ha
recortado su coste y, consecuentemente, también las anualidades
correspondientes y cómo explicarán ustedes a la Comisión Europea que lo
que se presentó en su momento para ser objeto de ayudas del Fondo de
Cohesión no ha cambiado de contenido, puesto que, por ejemplo, el
saneamiento y depuración de Doñana ha pasado de costar



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9.000 a costar apenas 6.000 millones, el saneamiento del mar Menor ha
pasado de costar 5.500 millones a costar 2.798 millones y las obras de
depuración en el País Vasco han pasado a costar 15.900 millones a costar
8.000 millones. Basta una simple comparación entre los presupuestos de
1996 y 1997 para ver que, en materia de depuración, algo ha cambiado y no
sabemos exactamente por qué. Y también algo ha cambiado en cuanto que
ustedes no aportan para el año 1997 ningún recurso para las
infraestructuras previstas de depuración, contempladas como obras de
interés general del Estado, ni en Castilla y León, ni en Castilla-La
Mancha, ni en Madrid, ni en La Rioja, ni en Extremadura, que, por cierto,
ni siquiera aparece mencionada, ni en Ceuta y Melilla. También quisiera
saber si es que ésas son las infraestructuras para las que van a buscar
de forma inmediata colaboración de la iniciativa privada, porque es bueno
que los ciudadanos de estas comunidades autónomas sepan a qué atenerse en
relación con ello.

Por lo que se refiere al otro gran capítulo de inversiones de su
secretaría de Estado, las infraestructuras hidráulicas caen de una forma
drástica, pero eso no significa que caiga sólo la inversión relativa a
los embalses, no sólo lo que serían inversiones nuevas en embalses,
conducciones, etcétera, es decir, esa inversión que de alguna forma ha
sido cuestionada y que yo tampoco tengo empacho en considerar que
posiblemente puede ser revisada a la baja, sino que, dentro del capítulo
de infraestructuras hidráulicas, bajan de forma muy notable las partidas
correspondientes a la inversión en reposición, donde se encuentran la
mejoras de regadío, la modernización por tanto de infraestructuras, que
podría llevar a ese mayor ahorro que compartimos como objetivo en materia
de política del agua. Bajan también todas las intervenciones de carácter
forestal que aparecen contempladas en los presupuestos de
infraestructuras hidráulicas. Por tanto, no podemos decir que el que esta
partida baje beneficie a otras partidas de carácter ambiental, sino que,
por el contrario, incluye partidas que, como digo, no sólo para embalses
y obras hidráulicas, de entrada desvirtuadas y devaluadas en algunas
apreciaciones que ustedes han hecho.

En cualquier caso, como pregunta concreta, me gustaría saber, en cuanto a
esa no inclusión de obras que debían aparecer dada la evolución de sus
trabajos, qué sucede, por ejemplo, con las que estaban previstas para
aliviar la presión sobre el acuífero 23. Le pregunto en particular por la
conexión entre el acueducto Tajo-Segura y las poblaciones --por tanto,
para abastecimiento urbano-- que están utilizando el acuífero 23. Creo
que también es importante que nos hable de la desaparición de partidas de
abastecimiento para Ceuta y Melilla, que tienen problemas de
abastecimiento muy serios, como los tiene Baleares y como los tiene
Canarias, y aquí no estamos hablando de embalses faraónicos, sino de
procesos de desalación o de abastecimiento urbano absolutamente
necesarios.

Concluiré con algún comentario sobre lo que usted llama la actualización
de las concesiones administrativas. Es cierto que las concesiones
administrativas están contempladas en la legislación hasta ahora en
vigor; desde luego, lo que no estaba contemplado es que, abriéndose la
vía de esta colaboración, se establecieran tarifas con una garantía de
cobertura de todo gasto para facilitar y garantizar el equilibrio
financiero de las empresas --la Ley de Aguas dice algo muy distinto
respecto a cómo se fijan las tarifas para los usuarios de las
confederaciones hidrográficas--, a lo cual se añade la posibilidad de
compensaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Todo
eso tiene que tener un reflejo en términos de los precios del agua que
resulten de esas operaciones. Pero me preocupa mucho más, señor
secretario de Estado, que usted sólo haya hecho mención a la posibilidad
de que las confederaciones actúen en el marco de sociedades estatales, de
sociedades, de alguna manera, de carácter público. Lo que dice la ley de
acompañamiento es que también podrán formar parte de uniones temporales
de empresas con empresas privadas; por tanto, en ese supuesto, las
confederaciones pasarían a ser juez y parte y perderían el carácter de
tutela que se tiene encomendado a estos organismos. Por tanto, de
entrada, no nos gusta esta forma de dar cabida a la iniciativa privada,
sin garantías de control social suficientes y, de momento, sin que se vea
hacia qué actuaciones y en qué condiciones van a ir esos 45.000 millones;
es posible que vayan allí donde sean necesarios y es posible, por el
contrario, que las condiciones en que se lleven a cabo esas actuaciones
no sean asumibles por parte de los usuarios.

Por último, señor secretario de Estado, me voy a referir brevemente a la
Dirección General de Costas, también en el ámbito de sus
responsabilidades. En esta materia también se ha producido un recorte
respecto a la inversión en 1995 --el presupuesto era entonces de 18.750
millones de pesetas y en estos momentos la inversión total, capítulo 6,
es de 13.474--, y volvemos a reproducir el problema de incoherencia con
manifestaciones hechas respecto a la voluntad política de mejorar la
gestión del dominio público y la acción pública en general; las playas,
la rehabilitación, los accesos, mantienen cifras que son análogas, algo
más bajas que las de los años anteriores, pero es que cae la partida
correspondiente a los deslindes, y la necesidad de proceder de una manera
rápida a culminar el proceso de deslindes es un objetivo que
necesariamente todos compartimos. Pues bien, en esta partida hay menos
dinero del que estaba presupuestado. Si ustedes están pensando en alguna
forma distinta de mejorar la gestión del dominio público, creo que sería
el momento adecuado para que nos lo comentara, porque, por supuesto, la
política no es sólo el presupuesto, son más cosas, y usted, en esta
Comisión, tiene la ocasión de explicar por qué bajan partidas donde ni
siquiera de una forma un poco pícara han puesto una peseta más que en
años anteriores para demostrar esa voluntad que anunciaban en su momento.

También quisiera, señor secretario de Estado, dado que la ministra, en su
última comparecencia ante los Diputados de esta Cámara, dijo que se
habían dado de baja actuaciones en costas que han sido dadas de baja por
esa razón, porque ya entonces tuvimos ocasión de decir que lo que ustedes
manifestaban como existencia de un terrible agujero no era más que una
suma de previsiones contenidas en convenio en los cuales existen
cláusulas de precaución en



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términos de disponibilidad presupuestaria y, por tanto, no vamos a entrar
a discutir si ustedes han tenido que darlas de baja por razones de
austeridad. A mí me gustaría mucho más saber las razones de dar de baja
operaciones en las cuales, al parecer, según la ministra, se han
detectado objetivos que no son coherentes con la política ambiental. Me
gustaría que dijera en qué playas se produce esto.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don
Francesc Frutos, que tenía formuladas unas preguntas al Director General
de Costas y que debe entenderse que podrá contestar el Secretario de
Estado de Aguas y Costas, don Benigno Blanco.

Tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Voy a hacer también algunas preguntas formuladas
directamente al Secretario de Estado de Aguas y Costas.

Con relación al programa 441.A, planes de cumplimiento de la Directiva
91/271 de la Unión Europea sobre aguas residuales urbanas, ustedes dicen
que es necesaria la inversión de dos billones de pesetas hasta el año
2005 para ejecutar el plan nacional de saneamiento y depuración; dos
billones, de los cuales un 25 por ciento, 440.000 millones de pesetas,
corresponderían a la Administración central, y el resto a las comunidades
autónomas, naturalmente con la ayuda de la Unión Europea, entendiendo ya
que se dice que ya hay entregados por la Unión Europea 50.000 millones
para el desarrollo de estos planes.

La primera pregunta sería ¿cómo se computan los fondos de cohesión que
vengan de la Unión Europea? ¿Cómo se han computado ya estos 50.000
millones que han llegado? ¿Cuántos más van a venir y de qué forma: a la
Administración central, comunidades autónomas ayuntamientos? En
definitiva, qué método, qué proceso seguirán y con qué finalidad.

Como segunda cuestión, a nosotros no nos salen las cuentas. Ya sabemos
que estamos en época de penitencia maastrichtiana, pero, en todo caso, se
crea un Ministerio de Medio Ambiente, y resulta que, valorando cada
partida, cada capítulo, etcétera, nos damos cuenta de que hay menos
recursos en conjunto. Este problema hay que analizarlo, teniendo en
cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado para 1997 dedican en
concreto menos recursos, porque si de esta teórica partida de 440.000
millones de pesetas que corresponderían a la Administración central para
aguas residuales, urbanas, etcétera, se dedican en este presupuesto de
1997 sólo 14.000, casi 15.000 millones de pesetas, no sé si los próximos
años también serán de penitencia presupuestaria o habrá ya mano abierta,
pero si multiplico por quince siguiendo esta tónica no llegaríamos ni a
los 20.000 millones de pesetas. Por lo tanto, la preocupación consiste en
saber cómo se van a distribuir estos 440.000 millones de pesetas, con
cadencia más o menos, en una cierta programación, no viendo únicamente el
presupuesto de 1997 para intentar pasar el trance, sino con una cierta
perspectiva de cómo se trabaja.

Otra cuestión sobre lo que nos interesaría que nos informara es en
relación con la aplicación de la directiva europea sobre contaminación de
aguas por nitrados de usos agrícolas.

Por lo que se refiere a la gestión del dominio público hidráulico y, en
concreto, sobre la ejecución del programa Linde, la cantidad
presupuestada baja en relación a 1995 y a 1996, además en un año donde se
ha producido la catástrofe de Biescas, que ha ocasionado toda una
preocupación en la sociedad española y en este Parlamento de cara a ver
las necesidades que se desprenden para el control de los cauces
fluviales, etcétera; por tanto nos extraña que haya una partida en la
cual el presupuesto baje en relación a 1995 y a 1996. ¿Por qué se produce
esto?
Refiriéndome al proyecto Picrha, para la restauración de cauces
fluviales, nos gustaría que nos explicara cómo se plantea la inversión de
150.000 millones de pesetas hasta el año 2003, ya que, siguiendo la misma
tónica que antes he intentado explicar de la penitencia presupuestaria,
nos parece poco creíble porque si en el presupuesto de 1997 se dedican
cero pesetas, ¿cómo se irá aplicando esto?
En relación al programa 512.A, sobre gestión e infraestructura de
recursos hidráulicos, simplemente quiero señalar que los presupuestos, en
primer lugar, se adelantan al establecimiento de prioridades a través de
los planes de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional. La ministra en esta
comisión nos dijo que sería necesario poner en marcha planes concretos
que desarrollaran lo que fue una bella filosofía explicada a principios
del verano. Las filosofías pueden ser muy bellas, pero la gente come,
bebe, se ahoga si hay riadas, etcétera. Por lo tanto, nos interesa que
todas esas cuestiones se concreten ya y no se continúe en una
improvisación genérica, que está muy bien para las primeras
comparecencias, pero ya no está tan bien en el momento que abordamos en
concreto qué cantidad destinamos a cada una de las políticas que se
anunciaron genéricamente hace algún tiempo. ¿Qué prioridades de actuación
tiene el Gobierno establecidas con relación a este tema? En el conjunto
del presupuesto, hay muchos proyectos que demuestran que hay una política
de inversión continuista del Ministerio de Obras Públicas y en principio
no tengo nada a favor ni en contra, ya lo veremos. Me parece que el
Ministerio de Medio Ambiente debería centrarse bastante más en lo que es
una política de preservación del medio ambiente y de los recursos
destinados a esta preservación, lo cual no quita que desde el medio
ambiente se intervenga en todas las políticas industriales o de
infraestructura, que naturalmente en su desarrollo puedan atentar leve o
gravemente contra la mejora del medio ambiente en su conjunto.

Hay proyectos que ni siquiera tienen una evaluación de impacto ambiental
hecha. Me gustaría que usted si puede en esta comparecencia enumerara
aquellos que sí la tienen, porque sería bueno trabajar deslindando los
que ya tienen una evaluación de impacto ambiental hecha y los que no la
tienen para saber cómo vamos avanzando a partir de la creación de este
Ministerio de Medio Ambiente. También quisiera que especificará en qué
consistiría la inversión del sistema Aragón-Irati, con un coste de más de
8.000 millones de pesetas. ¿Es sólo para Itoiz, también para el canal de



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Navarra? ¿Cómo se divide esta parte del presupuesto de 8.000 millones de
pesetas?
Finalmente, en relación al programa 514.C, actuación de costas, hay una
mínima inversión en deslinden, y nos parece que para las medidas
necesarias de protección de la costa y el efectivo cumplimiento --por
tanto con presupuesto destinado a ellos-- de la Ley de Costas sería
preciso que se explicara por qué esta mínima inversión en deslinde cuando
parece que hay necesidades objetivas presupuestarias bastante más
importantes.




El señor PRESIDENTE: Para la réplica a los portavoces del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Benigno Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Intentaré ir contestando las distintas cuestiones planteadas y si en
algún caso no es suficiente mi respuesta, por supuesto me ofrezco a
completarla en otra comparecencia o a enviar por escrito algún dato
concreto del que no disponga en este momento.

En primer lugar, la señora Narbona critica la caída de la inversión que
cuantifica en el conjunto del Ministerio en 70.000 millones de pesetas, a
mi juicio, haciendo una comparación que es legítima pero no correcta,
puesto que las cuantías con que debe compararse la inversión de este año
no son las de 1995 sino las cuantías de inversión después de los acuerdos
de no disponibilidad tomados tanto por el anterior Gobierno en diciembre
del año pasado como, en su caso, si quiere concederme eso, por este
Gobierno en estos momentos. Reitero la idea del principio de que la
inversión en términos nominales prácticamente se mantiene, aunque puede
haber una caída que no llega al 2 por ciento en total, si se compara con
los presupuestos de los que hemos dispuesto durante el año 1995.

Dice también que no comparte la caída de la inversión pública. Como
ministerio inversor podría estar de acuerdo --no me gustaría que
cayese--, pero sí manifiesto la solidaridad, como es lógico, con una
política de gobierno que responde a la consecución de unos objetivos
nacionales que me parecen irrenunciables. Precisamente porque no quiero
compartir una caída de la inversión pública es por lo que defiendo
fervientemente acudir a las fórmulas que permitan movilizar recursos
privados para conseguir los mismos intereses de carácter general que se
persiguen a través de la inversión pública.

Manifiesta que no es partidaria de estas fórmulas de financiación
privada. Sinceramente, creo que es la única alternativa, en estos
momentos, para mantener el nivel de inversión en infraestructuras en el
país. Además de ser una forma de evitar una caída global de la inversión
pública, en un año de presupuesto restrictivo, con las consecuencias que
tendría no ya sólo en cuanto a que los españoles no contarían con las
infraestructuras reclamadas o deseadas sino por la incidencia que tienen
en el nivel de empleo, en la inversión, etcétera, no queda otro remedio
que acudir a las fórmulas de financiación privada. Pero, además de eso,
las fórmulas de financiación privada, jurídicamente controladas con un
régimen riguroso, tanto desde el punto de vista legal como de control,
debieran ser un mecanismo ordinario de actuación de los poderes públicos.

No creo que haya nada malo, deleznable o demonizable en movilizar un
servicio de intereses generales --en este caso concreto la consecución de
infraestructuras, que son objetiva y justamente reclamadas por
poblaciones, provincias, comunidades autónomas o por el conjunto de
españoles-- recursos de procedencia privada. Al revés, me parece que es
una buena fórmula para ir poniendo al servicio de las necesidades del
conjunto del país todos los recursos de los que, de hecho, éste dispone.

Afirma que existe incoherencia entre los discursos oídos a los
responsables del ministerio sobre obras faraónicas y la incidencia en la
gestión y los presupuestos. No hay incoherencia. Evidentemente, en estos
presupuestos no se da un giro radical a la política de inversión en
infraestructuras hidráulicas, en saneamiento, en costas, respecto a años
anteriores, entre otras cosas porque un giro radical en una materia como
ésta es absolutamente imposible en escasos meses, y porque la inercia de
los procesos de contratación, de los procesos de gasto administrativo,
impediría un giro radical de ese estilo. Además, las críticas que hemos
hecho, sea con el adjetivo faraónico o con otro, se refieren más bien --y
ésas sí las mantengo-- a que ha habido una escasa consideración objetiva
en algunos de los planteamientos inversores en épocas anteriores, tanto
desde el punto de vista de la justificación cuantitativa de las obras
como de la incidencia medioambiental que podrían tener.

Y con esto, aunque sea adelantar algo que diré luego contestando al señor
Frutos, quiero manifestar que si no hemos tomado con una prisa de meses
la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, que hubiese sido
relativamente sencillo presentarlo en estos momentos, es porque nos
parece que la reconsideración de las bases cuantitativas con las que se
ha trabajado en algunos campos para la planificación hidrológica hasta
ahora, como se deduce de los documentos que existen en el ministerio y la
escasa valoración medioambiental de conjunto del significado del Plan
Hidrológico Nacional, harían prematuro, aunque quizá políticamente más
atractivo, el poner un texto en las Cámaras para su discusión. Nos parece
que, a fuer de recibir la crítica de estar retrasando algo que el país
necesita, que es verdad que lo estamos retrasando, compensa hacerlo bien
en cuanto a la objetivación de los datos de hecho sobre los que se basa
la previsión de nuevas infraestructuras en el Plan Hidrológico Nacional y
también en la previsión global de la incidencia medioambiental del
conjunto de la planificación, no de cada una de las obras aisladamente,
como hasta ahora se ha venido haciendo. Eso lleva su tiempo. Nos hemos
dado un año para que el Plan Hidrológico Nacional esté aquí a comienzos
de 1998. Me parece que compensa perder, perder entre comillas, ese año si
hacemos correctamente el plan desde el punto de vista medioambiental y
desde el punto de vista de la objetivación de las causas de justificación
de las obras. Por lo tanto, no creo que haya una incoherencia entre los
principios programáticos o políticos que se han comunicado a la opinión
pública o a esta Comisión desde el ministerio y el contenido de los
presupuestos.




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¿Bajan las partidas consignadas para proyectos como Linde, Aryca,
Calidad, Saica, etcétera? Sí. Yo no vengo aquí a negar los hechos por
desagradables que sean. ¿Por qué bajan? Porque entendemos --y va en la
misma línea del esfuerzo de contención de los gastos corrientes a que
antes he hecho referencia-- que podemos hacer más con los medios propios
del ministerio, y la experiencia de estos escasos meses de gestión de la
secretaría de Estado lo confirma.

La política que se ha seguido en los últimos años, que no digo que esté
globalmente equivocada, pero sí cuantitativamente desproporcionada, de
subcontratar parte de los trabajos en que se fundamentan todos estos
proyectos fuera del ministerio, es corregible con una optimización de los
fondos públicos, haciendo una parte de esos trabajos internamente. Esto
mismo me sirve para decir la razón por la que baja la cuantificación de
la partida destinada al deslinde del dominio público costero en el
programa 514 de costas.

Con los medios internos de la Administración contra, en consecuencia los
gastos corrientes consignados en los presupuestos, podemos hacer una
parte de la labor que hasta ahora se viene haciendo mediante
subcontratación fuera de la Administración pública. ¿Me equivoco o no?
Ustedes tendrán ocasión de juzgarlo dentro de un año, pero sí les afirmo
esto con la seguridad que me dan unos meses de gestión en el ministerio
--escasos y quizá no representativos--, pero que me acreditan que una
parte importante de lo que hasta ahora se venía subcontratando fuera son
trabajos que podemos realizar internamente con los medios propios de la
Administración.

Comparto, evidentemente, que son trabajos absolutamente básicos. Quizá
sin suscribirlos al cien por cien --me refiero a los proyectos Linde y
Aryca--, porque respondiendo a un buen planteamiento de trabajo, sin
embargo tenían un carácter, en la configuración con que yo los he
heredado, demasiado general y poco ceñido al terreno. En este sentido,
estamos descentralizando en las confederaciones la concreción de los
tramos a deslindar y la selección de los tramos de río que merecen una
específica atención, desde el punto de vista de actuaciones
medioambientales.

¿Por qué digo esto? Porque sería utópico plantearnos que en un plazo
razonable de tiempo podemos proceder al deslinde de cuarenta y tantos mil
kilómetros de ribera de ríos que tenemos en España, cuando llevamos con
el deslinde marítimo-terrestre, que son sólo 7.000 kilómetros, desde los
años sesenta y no tenemos deslindado más que un 32 por ciento de la costa
española. Por tanto, parece que hay que hacer una clara prelación de
aquellos tramos de ríos que, por la agresión urbanística, por la agresión
del ocio humano o por los riesgos medioambientales, merece que nos
concentremos estrictamente en ellos --ya sé que nunca llegaremos a todos
los deseables, salvo en muchos años--, renunciando a una idea
planificadora muy centralizada de todo lo que sería deseable hacer. No
porque renuncie a lo deseable, sino porque hay que ser pragmáticos a la
hora de seleccionar qué se puede hacer con los medios de que disponemos.

Dice el señor Frutos --y perdónenme que, como algunos temas son comunes,
vaya saltando de apreciaciones de una a otra de SS. SS.-- que es
especialmente llamativo que en el año del desastre de Biescas se produzca
una reducción de la consignación para el proyecto Linde. El proyecto
Linde no tiene nada que ver en sí mismo con el desastre de Biescas. El
deslinde del dominio público, en el caso de los cauces de los ríos, es un
problema ajeno a las actuaciones encaminadas a evitar riesgos de ese
estilo. Por lo tanto, ni en el Linde ha estado nunca previsto el barranco
de Biescas, porque el Linde no contempla todas las zonas de los ríos --la
selección que se ha hecho hasta ahora parte de los ríos principales del
país--, ni el mero deslinde es la manera de evitar avenidas o catástrofes
de ese estilo. Por consiguiente, son dos cosas que no se deben mezclar.

La señora Narbona constata una reducción en las partidas designadas a
calidad. Se basa, sobre todo, en la reconsideración del programa Saica.

Como saben, se trata de un programa que estaba en marcha, a mi juicio,
con inversiones desproporcionadas, no a la bondad teórica del sistema,
pero sí a la funcionalidad del mismo para los fines que pretende
conseguir. El programa Saica tenía varios errores de concepto,
respondiendo, evidentemente, a una finalidad que es positiva en sí misma,
como es el control de la calidad de las aguas, que no voy a discutirlo,
respecto a los instrumentos puestos al servicio de ese seguimiento y
control de la calidad de las aguas.

En este momento estamos redefiniendo las bases de algunos pliegos que nos
hemos encontrado hechos para contratación, dentro del programa Saica, a
efectos de unificar el soporte informático en las confederaciones de los
programas Sai y Saica, que es otra manera de ahorrar dinero en gastos
corrientes, reconsiderando la unificación central en Madrid de todos los
datos que proporciona el Saica al objeto de que éstos estén disponibles,
a efectos operativos y funcionales, en las confederaciones, que las que
tienen la inmediatez y los medios para reaccionar ante cualquier
incidente de contaminación, trasladando sólo a Madrid --por decirlo de
una manera geográfica-- el conjunto de los datos, a efectos estadísticos
que no exigen esa inmediatez operativa del día y hora en que se produce
el incidente contaminante.

Por lo tanto, la disminución de partidas en materia de calidad no es una
renuncia a dar primacía a la calidad, sino una reconsideración de la
bondad de algunas de las previsiones presupuestarias heredadas y de
algunos de los programas en marcha, que nos parece que no están
justificados desde el punto de vista de la funcionalidad, pues se trata
de detectar los incidentes contaminantes para reaccionar a tiempo, no
para otra cosa.

El Plan Nacional de Depuración no está frenado, ni mucho menos. Los
objetivos son muy ambiciosos. El señor Frutos ha hecho referencia a los
dos billones que es necesario gastar. Es difícil gastar ese dinero en los
años que la directiva comunitaria nos permite hasta el año 2005 y si
hiciésemos una anualización de esas inversiones desde que se empezó con
el programa ni se podría cumplir con lo que se gastaba antes de llegar
nosotros al Gobierno, ni se podría



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cumplir con lo que hemos gastado o estamos presupuestando. Es un reto
importante. Creo que respecto al conjunto de los países europeos el nivel
de inversión que está teniendo y va a seguir teniendo --la señora Narbona
reconocía que los dieciocho mil y pico millones de pesetas es una
cantidad muy similar a la que estaba consignada antes-- nos permite estar
entre los países europeos que más cerca estamos de cumplir la directiva,
aunque no ignoro la dificultad para llegar a acabar todas las inversiones
necesarias en el horizonte del 2005.

Esto se vincula a los fondos de cohesión. Tenemos muchos proyectos, como
es lógico, presentados a fondos de cohesión en materia de depuración y va
a ser una de las atenciones prioritarias para la inversión de esos 45.000
millones del capítulo 8 al que antes he hecho referencia. La utilización
de instrumentos mercantiles controlados por las administraciones
públicas, en este caso los organismos autónomos confederaciones
hidrográficas, nos permitiría, participando del 85 por ciento de posible
inversión de fondos de cohesión, poner en marcha con esos 45.000 millones
una inversión en un paralelismo 15 pesetas inversión nacional, 85 pesetas
procedentes de los fondos de inversión. Por eso no tiene que preocuparse
la señora Narbona si en algunas comunidades autónomas hay una serie de
proyectos en marcha en fases distintas de aprobación técnica o de
licitación en materia de saneamiento y depuración que no encuentra en los
presupuestos. Se afrontarán igual porque el Plan Nacional de Depuración
va a seguir siendo --no es que vayamos a hacer que sea-- una absoluta
prioridad y se va a llevar una parte importante de esos 45.000 millones
asociándolo a lo precedente de fondos de cohesión en esa proporción 15-85
por ciento.

Me planteba al hablar de inversión la señora Narbona la conexión entre el
acueducto Tajo-Segura y los proyectos de abastecimiento de poblaciones en
La Mancha. Quizá sepa que hace escasamente dos semanas ha salido a
información pública el proyecto, por tanto, la tramitación administrativa
sigue adelante. ¿Qué va a ser de él al final? Tenemos que acabar. Está en
información pública, se recibirán las alegaciones y tengo la sensación
--porque me ha llegado con unos documentos no en fase de oficial de
información pública, pero sí como participación de opinión de movimientos
ecologistas y conservacionistas-- de que va a haber alegaciones fuertes;
serán estudiadas y veremos qué hacemos con ello cuando llegue el momento
de cierre de la información pública.

Esto lo conecto con la observación del señor Frutos sobre que existen en
presupuestos una serie de infraestructuras previstas que no cuentan con
evaluación de impacto ambiental. No puedo darle en este momento la lista
de todas las que no cuentan con evaluación de impacto ambiental, pero sí
que se le puede enviar, previa comprobación en el ministerio. Sí le digo
que tampoco tiene nada de extraño que sea así. Ahí quisiera hacer una
relativización, si ustedes me permiten, desde el punto de vista de
técnica presupuestaria, de lo que significa la consagración en el anexo
de inversiones de los presupuestos de obras concretas a través de
proyectos o subproyectos. Como ustedes saben muy bien, el trámite
administrativo desde que uno se plantea físicamente en el terreno, es muy
largo, a veces lleva muchos años y en los anexos de inversiones de los
presupuestos tenemos muchos proyectos que llevan años ahí y nunca se ha
gastado una peseta y que a lo mejor algún día hay que tacharlos por
razones técnicas --alguno podría citarles--, por razones medioambientales
o de otro tipo resulta que al final nos convencemos de que no es
necesario afrontarlo.

¿Qué razones pueden llevar a que algunos proyectos se incluyan sin tener
la evaluación de impacto ambiental?, porque estamos en una fase previa,
que es definir el proyecto y eso tiene también sus gastos. Por tanto,
difinir el proyecto implica una consignación presupuestaria que a veces
aparecerá incluida en un superproyecto genérico y otras aparece con su
nombre y apellidos propios respecto a la infraestructura de que se trate.

Pero desde el momento en que se quiere empezar a definir técnicamente el
proyecto aparece asociado un gasto presupuestario y, por tanto, es
legítimo que en presupuestos se incorpore esa obra. Una vez que tengamos
el proyecto técnico hay que hacer una evaluación de impacto ambiental y,
en ese momento puede, porque la evaluación sea negativa, paralizarse
definitivamente ese proyecto de construcción, en cuyo caso desaparecería
de los presupuestos.

Por tanto, no creo que haya contrariedad ni ninguna disfunción en que no
todas las obras que se consigna en el anexo de inversiones tengan todavía
la evaluación ambiental, porque dependerá de la fase de elaboración del
proyecto del expediente de contratación en que se encuentra.

Plantea la señora Narbona también las medidas de la ley de acompañamiento
respecto a lo que se ha venido en llamar financiación
extrapresupuestaria. La concesión sí es una vieja tradición jurídica de
este país, que se remonta al siglo XIX, que ha sido muy usada en materia
hidráulica, que está prevista en legislación vigente como es la Ley de
promoción de Infraestructuras Hidráulicas del año 1911 y, en su dualidad
genérica, en la legislación de contratos de las Administraciones
públicas.

Lo único que hacemos a través de la ley de acompañamiento es, mediante
una remisión muy amplia a la ley de contratos de las administraciones
públicas, establecer algunas peculiaridades que nos parecen de interés
para dar seguridad jurídica a la contratación de infraestructuras
hidráulicas por esta vía.

Quisiera quitarle a la señora Narbona toda preocupación sobre que la
construcción de infraestructuras hidráulicas por esta vía concesional
pueda suponer un aumento de las tarifas o cánones que se perciben es este
momento, conforme a la legislación de aguas vigente, de los beneficiarios
de la obra porque, a diferencia de lo que ella ha dicho, la ley no dice
en ningún sitio que se autoriza a incluir todo gasto en las tarifas. Lo
que se hace es incorporar un precepto de ley de contratos de las
administraciones públicas sobre garantía del equilibrio económico
financiero de la concesión porque si no, sería imposible conseguir el
objetivo que se prevé, que es la movilización de capital privado. No
obstante, las tarifas, se dice expresamente, las fijará la Administración
y basada en los mismos principios que los artículos 104 a 106 de la Ley
de Aguas establecen



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ya en estos momentos para la configuración de los cánones o tarifas que
percibe la Administración pública cuando es ella la que promueve las
obras.

El mecanismo es muy sencillo. Actualmente, conforme a la Ley de Aguas,
cuando se construye una infraestructura hidráulica para atender una
finalidad, la que sea, los beneficiarios de esa finalidad --sean los
ayuntamientos que perciben el agua para abastecimientos o los regantes
que lo utilizan para sus regadíos-- reciben la repercusión de los costes,
incluido el coste financiero en que incurre el Estado.

Eso mismo pasará cuando lo haga la inversión privada, porque si ya no es
la Administración la que hace la inversión, no tiene sentido que ella
perciba el canon o la tarifa a través de la cual repercute su inversión.

Si la hace otro, será éste el que perciba el mismo canon o tarifa porque
ha hecho la inversión y todo bajo un exquisito control de la
Administración a través del desarrollo reglamentario de la ley de
contratos de las administraciones públicas y el régimen económico
financiero de la Ley de Aguas que no se toca absolutamente en ningún
punto. De paso aprovecho, y aunque no se ha dicho aquí, para constatar
públicamente que tampoco a través de esta regulación se modifica el
régimen vigente en la Ley de Aguas del dominio público hidráulico. No
subyace a esta habilitación de formas de financiación privada de
infraestructuras hidráulicas absolutamente ningún intento de privatizar
el agua o de modificar el régimen previsto en la Ley de Aguas. La mejor
prueba es que no se toca ni una coma a través de esta regulación de la
vigente en la Ley de Aguas respecto al dominio público hidráulico.

Manifiesta la señora Narbona que le preocupa especialmente la posibilidad
que abre la ley de que las confederaciones participen en reuniones
temporales de empresas o agrupaciones de interés económico, que ella no
las ha mencionado pero también habilita la ley, de forma que las
confederaciones puedan convertirse en juez y parte respecto a las obras
que se promuevan. Quisiera quitarle también esa preocupación. La
posibilidad de que intervengan en las UTE o en agrupaciones de interés
económico, pretende únicamente habilitar una posibilidad muy normal en el
mundo mercantil y de la promoción de infraestructuras privadas que es que
el esfuerzo inversor no lo haga sólo una entidad. Puede ser muy
interesante, y por eso hemos echo esa previsión, lograr que en obras de
interés general participen las comunidades autónomas, ayuntamientos,
asociaciones de regantes. No queremos cerrar en la ley esta posibilidad
de movilizar no ya dinero del constructor o del beneficiario interesado
en hacer una inversión, sino corresponsabilizar a los beneficiarios de la
obra del esfuerzo financiero que tiene realizarla, porque me parece que
así introduciríamos también un instrumento de racionalización en la
planificación de infraestructuras hidráulicas, que es quien la reclama,
quien cree que se va a beneficiar de ella demuestre su fe en esa obra
poniendo también dinero para ella.

Son fórmulas que no son aplicables con carácter universal en el cien por
cien de los casos. Habrá que ir viendo caso a caso cuándo es posible,
cuándo existen los medios para ello y cuándo no. En esta ley abrimos
puertas en este sentido sin --por decirlo así-- apostar por ninguna de
ellas con carácter universal como instrumento apto para la creación de
infraestructuras hidráulicas.

En cuanto a costas, ya he hecho referencia a la partida de deslindes a la
que antes nos hemos referido. Dice que no ponemos ni una peseta más, que
podría ser una salida pícara por lo menos para disimular, pero es que no
queremos disimular. Los sitios donde cortamos el dinero, lo cortamos, es
así, es una decisión política impuesta por el convencimiento, como decía
antes, de que hay cosas que podemos hacer con los medios de la
Administración o en otro caso por la necesidad de cumplir con los
objetivos presupuestarios generales que en el marco europeo se ha
impuesto el Gobierno, pero no vamos a disimularlo con técnicas chapuceras
de poner una o cinco pesetas más. Es lo que es y asumimos nuestras
decisiones.

Se refiere a la no prioridad ambiental en la planificación de las
infraestructuras costeras. Reconozco que prácticamente, como Secretario
de Estado de Aguas y Costas, no decido nada en materia de inversiones en
costas. Voy a cumplir exquisitamente el programa de trabajo que la señora
Narbona me ha hecho heredar. ¿Por qué? Porque el grado de compromiso con
que me he encontrado en este presupuesto, unido a los acuerdos de no
disponibilidad, aunque asumimos nuestra parte de responsabilidad en la
materia, casi me inhabilitan para hacer inversión nueva el próximo
ejercicio. Por tanto, las inversiones que se van a hacer se corresponden
con la anualidad 1997, ya programada, de las inversiones que dejó en
marcha la anterior secretaria de estado responsable de esta materia.

Ha hecho alusión al tema de los convenios. Debo decirle que no todos
tenían cláusula de garantía, hay muchos que no la tenían y, sobre todo,
al margen de esa disquisición jurídica --que me preocupa poco porque no
son convenios vinculantes jurídicamente, porque, entre otras cosas,
muchos de ellos están firmados por personas sin capacidad de comprometer
a la Administración, y todos ellos, y éste es motivo de nulidad de pleno
derecho, según la Abogacía del Estado, sin retención de crédito--, debo
decirle que políticamente --y además entiendo que sea así-- los alcaldes
que han ido firmando convenios con el anterior director general de costas
o la secretaria de Estado responsable de la materia, han entendido --a lo
mejor es un error suyo-- que tenían derecho inmediato a esa obra. Le
puedo asegurar a la señora Narbona que ha sido una especie de calvario,
tanto para el director general de costas como para mí, a partir de
nuestra toma de posesión, recibir a cientos de alcaldes, en algún caso
acompañados por instancias de las comunidades autónomas o por
representantes políticos del respectivo territorio, que reclamaban la
obra que se les comprometió.

No voy a hacer un análisis jurídico de si tienen derecho a reclamarlo,
pero cuando han firmado un convenio, han comunicado o vendido a la
opinión pública de sus respectivos municipios que se iba a hacer esa obra
--venga o no venga un plazo en el convenio y si no se ha garantizado
también con ese carácter de publicidad que eso será cuando se pueda
presupuestariamente, dentro de dos, tres,



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cuatro o cinco años--, comprendo que, muy legítimamente, se sientan de
alguna manera engañados y nos hagan paganos de ese enfado. Y le aseguro
que eso es real, con nombres y apellidos, municipio por municipio y
convenio por convenio.

¿Cuáles son las cifras de los convenios? En el caso de los presentados a
fondos de cohesión y conocidos por la opinión pública, que no cuentan con
retención presupuestaria, 23.000 millones de pesetas, en cifra redonda,
si quiere le doy la exacta. En el caso de aquellos no presentados a
fondos de cohesión, comprometidos y vendidos ante la opinión pública como
un convenio cerrado, sin ningún tipo de retención de crédito, cerca de
otros 19.000 millones de pesetas. Puede ser que la intención de quien
firmó esos convenios era que se llevarían a cabo en el año 2000 o en el
2005, cuando se pudiese, pero le aseguro que la percepción que tienen los
alcaldes que firmaron con usted, o con personas del ministerio de su
época, es que se iba a hacer con carácter inmediato. Y a mí me toca, y
también asumo mi responsabilidad, decirles que no hay dinero para ello.

Por tanto, en materia de convenios es real que hemos recibido una
herencia --no jurídica, porque no son convenios que se puedan considerar
vinculantes, pero sí política-- de compromisos que por la otra parte
firmante se entendían como vinculantes, y que no podemos atender. Es muy
desagradable decir que no, pero lo estamos diciendo porque lo que no
merece la pena es engañar a nadie.

Con esto creo que, más o menos, he hecho referencia a los temas, no sé si
se me olvidará alguno, que ha mencionado la señora Narbona.

En cuanto a la intervención del señor Frutos, a la que en parte sí he
hecho referencia porque algunos de los temas eran comunes, sobre el
cumplimiento de la Directiva 91/271, ya lo he dicho: es difícil
objetivamente llegar al año 2005 teniendo la población equivalente que
prevé la directiva con sistemas de depuración y de saneamiento como prevé
la misma. Nos estamos esforzando, creo que el nivel de cumplimiento en
términos europeos es bastante alto, aunque sea difícil llegar a ese
objetivo. La manera de incentivar que podamos acercarnos aún más a ese
objetivo es habilitar una parte importante de esos 45.000 millones del
capítulo 8, apoyados en la cofinanciación en el 85 por ciento por los
fondos de cohesión, para poder lanzar adelante más proyectos todavía.

Me preguntaba por los fondos de cohesión. Puedo darle después los datos
detallados, pero en lo que a nosotros respecta tenemos, en este momento,
dos grandes dudas o temas planteados y que habrá que resolver. En primer
lugar, está la división entre temas de redes de infraestructuras y
proyectos estrictamente medioambientales. Sabe usted que hay opiniones,
tanto en Bruselas como en España, que defienden una división 50/50 ó
55/45. Evidentemente, mi ministerio está defendiendo que los proyectos
estrictamente medioambientales, donde se incluiría el plan de
saneamiento, se llevan por lo menos el 50 por ciento de los cerca de
450.000 millones que nos quedan por recibir de fondos de cohesión, porque
eso nos posibilitaría, entre otras cosas, lanzar muchos más proyectos de
estaciones depuradoras y colectores.

Creemos que razonablemente, con el nivel de programación de inversiones
que tenemos, con esta posibilidad de cofinanciar proyectos a un ritmo más
rápido que el que permite la tramitación administrativa a través de estas
sociedades instrumentales y con fondos de cohesión, no vamos a perder una
peseta teórica de lo que puede venir para proyectos medioambientales de
fondos de cohesión en el tramo estatal de aquí a 1999.

Ha hecho usted referencia a un recorte de la inversión en el programa de
infraestructuras urbanas y de calidad de las aguas, pero ese recorte no
existe sino que se mantiene, más o menos, la cifra de 18.300 millones de
pesetas, muy similar a la que existía en el capítulo 6 de los
presupuestos anteriores.

He hecho ya referencia a los programas Linde y Picrha. Plantea usted,
respecto del programa 512.A, la eventual incoherencia --aunque no ha
utilizado ese término-- entre previsión de inversiones en
infraestructuras de corte tradicional y el retraso que sufren los planes
hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.

Al respecto, le haría las siguientes consideraciones, aunque parte de
ellas ya las he hecho con anterioridad. La primera que todo giro en la
planificación de infraestructuras, desde el punto de vista inversor del
Estado, lleva su tiempo. Hay muchos derechos adquiridos, muchas
mentalidades y reclamaciones sociales que tenemos sobre la mesa, que ya
tienen reflejo, en proceso de contratación administrativa o en fase de
gasto y, por tanto, cualquier giro --que me gustaría darlo, sinceramente,
no sé si lo conseguiré o no-- en los criterios con que se planifican
infraestructuras hidráulicas me va a llevar tiempo.

Yo no creo --y espero que me dé el crédito de pensar que soy sincero al
decirlo-- que aunque yo llegue con unos criterios ligeramente distintos a
los que han venido siendo tradicionales sobre cómo seleccionar proyectos
de infraestructuras hidráulicas vaya a cambiar el ministerio de arriba
abajo, ni en los cuatro o cinco meses que llevo ni en cuatro años. Como
mucho, creo que podré, si tengo éxito, crear una cierta tendencia hacia
el futuro. En ese sentido quizá soy modesto, pero me parece que las
inercias administrativas y de opinión pública corporativa son difíciles
de vencer. Otra cosa es que sí se puedan reorientar los procesos
decisorios.

En el ministerio estamos ya, desde que yo estoy al frente de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas --el ejemplo puede ser pequeño
pero es una cosa que estamos intentando hacer--, intentando meter los
criterios con los que se hace actualmente, por disposición legal, la
evaluación de impacto ambiental una vez que está hecho el proyecto
técnico de la obra, en la fase de definición previa del anteproyecto. Eso
es alegal --no ilegal pero sí alegal--, al margen de la ley que prevé la
declaración de impacto ambiental al final, pero yo he dado orden --y se
está haciendo así en las nuevas infraestructuras que estudiamos-- de que
la evaluación del impacto ambiental se haga ya en la fase de anteproyecto
técnico.

¿Por qué? Porque eso nos permite cribar con criterios
medioambientalistas, que a mi juicio son tan interesantes al menos como
los de rentabilidad social, los proyectos



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que van avanzando. Es mucho más difícil parar por motivos
medioambientales --y perdóneme que use la palabra parar, tan poco
técnica-- un proyecto cuando ya está aprobado el proyecto técnico, ha
sido sometido a información pública, popularmente se ha descontado ante
la opinión pública qué se va a hacer, qué es lo que nos pasa con los
convenios en costas. En cambio, en la fase interna previa de trabajo, de
definición del anteproyecto, igual que se estudian las condiciones
geotécnicas sobre ubicación en la tierra, se estudian las condiciones
económico-financieras, ahora ya se estudian las condiciones
medioambientales, y eso nos permitirá probablemente rechazar por este
motivo, en una fase en que es mucho más fácil hacerlo, proyectos que con
el sistema todavía legalizado hoy en la legislación vigente, se hace a
posteriori contra un proyecto ya aprobado.

¿Con esto voy a cambiar radicalmente los criterios de planificación
hidrológica del país? No, pero a lo mejor sí logro ir dándole contenido
real a la decisión política que estaba detrás, que subyacía a la
incorporación de la administración hidráulica al Ministerio de Medio
Ambiente, sacándola del Ministerio llamado de Obras Públicas.

Con los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional pasa
lo mismo. Evidentemente de éstos han de deducirse, porque es en gran
medida su contenido, sobre todo los de cuenca más que del Plan
Hidrológico Nacional, los criterios de la planificación de
infraestructuras hidráulicas, aunque yo no concibo la planificación como
una planificación de obras. Pero mientras no dispongamos de esos
instrumentos normativos tampoco podemos parar el proceso constructor y
administrativo de infraestructuras hidráulicas. Lo que sí podemos hacer
--y es uno de los temas que va a ser muy importante en el Plan
Hidrológico Nacional, mucho más de lo que lo era en los proyectos
conocidos anteriormente--, con la objetivación de los criterios de la
población de impacto ambiental de las infraestructuras hidráulicas, es ir
incorporándolos, como lo estamos haciendo de hecho ya, a los trabajos
internos del ministerio, aunque eso no tenga consagración legislativa
hasta que los planes hidrológicos sean aprobados.

Dice que el Mimam debe centrarse básicamente en las políticas de medio
ambiente y no en las obras. Creo que el Ministerio de Medio Ambiente lo
que debe hacer es primar los criterios medioambientales en la decisión
sobre obras hidráulicas, además de desarrollar políticas estrictamente
medioambientales. No creo que exista una contraposición conceptual o
teórica entre infraestructuras y medio ambiente, entre hormigón y
conservacionismo del medio natural, pero sí creo que los criterios de
conservación del medio natural deben estar presentes en el hormigón, en
la infraestructura, y ser un criterio determinante para declarar la
viabilidad o no de una obra u otra y eso sí le aseguro que lo estamos
haciendo en aquellos proyectos que por la fase de elaboración interna de
la Administración todavía son susceptibles de que incorporemos estos
nuevos criterios.

Me pregunta sobre la consignación de 1.000 millones de pesetas, creo,
para el sistema Aragón-Irati; no sé decirle exactamente cuál es el
desglose de esa partida, pero si quiere se la hacemos llegar por escrito.

Por último, respecto a costas ha planteado el tema del deslinde. Antes ya
he hecho referencia a ello. Tenemos la intención --nos hemos comprometido
a ello y ustedes ya verán si lo conseguimos o no-- de acabar en esta
legislatura el deslinde, del cual llevamos hecho sólo un 32 por ciento y,
por tanto, nos queda mucho.

Creo que la interpretación de la consignación presupuestaria debe hacerse
desde la óptica que decía antes; haremos más con los medios propios de la
administración, en este caso de costas, y menos con contratación externa
y a este respecto --porque ingenuo tampoco soy-- si usted analiza los
presupuestos de gastos corrientes de la Dirección General de Costas verá
que son los únicos que suben de todo el ministerio. Hay un recorte, como
decía al principio, muy importante de gastos corrientes respecto a
ejercicios anteriores en todos los programas y partidas presupuestarias
y, sin embargo, en el caso de la Dirección General de Costas suben y casi
un 400 por ciento los gastos corrientes. Esto responde a dos cosas: una a
que van a tener que hacer los funcionarios y las autoridades
administrativas un mayor esfuerzo propio, que hasta ahora se contrataba
fuera, y en segundo lugar, a que había un desfase histórico desde la
época de escisión de la Dirección de Puertos respecto a la de Costas en
la consignación del presupuesto ordinario de gastos corrientes de costas,
que precisamente por carecer de los medios suficientes han incentivado
una política de subcontratación fuera que es la que intentamos corregir
ahora.

Con esto creo haber respondido, aunque supongo no a todo, a lo que me ha
dado tiempo de ir apuntando de sus intervenciones. De todos modos quedo a
su disposición.




El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles que éste es un trámite
informativo. Voy a dar la palabra a los efectos de cualquier aclaración o
preguntas complementarias, pero abrir debate con las consiguientes
réplicas no es objeto de este debate.

Entiendo que la señora portavoz del Grupo Socialista, señora Narbona, va
a hacer uso de la palabra para aclarar y presentar alguna pregunta o
hacer algún comentario.




La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, estaré a lo que se prevé en el
Reglamento y por tanto utilizaré el tiempo que me corresponde.

El señor secretario de Estado decía que hubiera sido mejor que presentara
la comparación con el presupuesto de 1996. No sé por qué ustedes no lo
han hecho. Por primera vez los anexos de inversiones no aparecen en los
datos correspondientes al año anterior al que se presenta el proyecto de
ley. Es posible que no lo hayan hecho bajo la idea, legítima, de que el
presupuesto de 1996, habiendo sido un presupuesto prorrogado, objeto de
numerosas modificaciones internas en los ministerios y también de un
crédito extraordinario que ha venido de hecho a aportar fondos a lo largo
de este ejercicio para muchas partidas presupuestarias, no fuera lo más
deseable. Por eso lo he comparado con un año donde había un presupuesto
cierto. Pero, en cualquier caso, señor secretario de Estado, si cogemos
el proyecto de presupuestos para 1996, que se presentó a la



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Cámara y que fue rechazado, la diferencia de cuantía entre la suma de
todos los programas correspondientes hoy día a medio ambiente con lo que
entonces era, se sitúa en más de 60.000 millones de pesetas; es decir, la
cifra es muy similar. Si vamos a ver partida por partida, por ejemplo le
diré que en calidad de las aguas la cuantía de ese programa era incluso
superior a la de 1995; era de 20.500 millones, y hay otras partidas que
no le enumero pero que simplemente puede usted ver en el proyecto de
presupuestos de 1996, incluso después de algunos de los reajustes que
efectivamente se han producido.

Según el secretario de Estado prácticamente no se hace nada en la ley de
acompañamiento. Si no se hace no sé por qué lo han hecho, porque
realmente aquí hay una señal clarísima de una voluntad política de giro
radical de la política del agua en España, que va a invalidar los
esfuerzos de planificación desde el sector público del recurso agua en
nuestro país. Esa es la realidad, señor secretario de Estado, y además a
ello van a contribuir algunas otras medidas que ustedes anuncian de forma
inminente para flexibilizar el régimen de concesiones.

Usted decía: el régimen tarifario no cambia. Naturalmente que cambia y
además usted ha dicho en lo que cambia. Hay un artículo en donde se dice
que la Administración velará para que en todo momento se mantenga el
equilibrio financiero de la concesión. Usted sabe que eso es un cambio y
usted mismo lo ha dicho. Eso es un cambio porque el reglamento que
desarrolla la Ley de Aguas hace que se repercutan a los usuarios, a
través de las tarifas correspondientes, unos costes que en absoluto
cubren los costes de amortización de la obra, que a lo largo de 50 años,
como mucho, cubren el 50 por ciento del coste de la inversión, y eso
estaba así en la Ley de Aguas y en su reglamento. Ahora tenemos una nueva
norma de rango legal y en la misma se nos anuncia que el Gobierno
desarrollará reglamentariamente estos preceptos, especialmente en cuanto
se refiere al régimen económico financiero. Veremos qué significa este
exquisito cuidado por el equilibrio financiero de la concesión, que se
liga no sólo al régimen económico financiero sino a la posibilidad de
complementar, vía compensaciones con cargo a los presupuestos del Estado,
la actividad de estas empresas, no sea cosa que asuman demasiado riesgo.

Esto, digamos, es un cambio, y desde luego respecto a las confederaciones
hidrográficas usted me dirá que lo que quieren hacer son empresas
estatales o agrupaciones con comunidades autónomas, con regantes. Lo que
se dice en el artículo correspondiente es que las confederaciones podrán
suscribir convenios de colaboración o participar en agrupaciones de
empresas y uniones temporales de empresas que tengan como objeto
cualquiera de los fines anteriormente señalados. ¿También lo han puesto
aquí por ponerlo o lo han puesto porque la iniciativa privada puede
sentirse satisfecha de encontrar una vía para entrar en el mismo negocio
que el órgano de tutela del citado negocio? No escondan ustedes cuáles
son sus intenciones, porque esta ley está ahora mismo siendo objeto de
análisis por parte de juristas mucho más entendidos que usted y que yo en
estas materias y desde luego esto hace una modificación profunda, muy
profunda de la Ley de Aguas, nada banal y no se trata de dejar las cosas
como estaban con algún pequeño retoque.

Por lo que se refiere a la reconsideración de Plan Hidrológico Nacional
que ustedes van a hacer, me alegro de comprobar que ahora sí que está
usted hablando de cuestiones que estaban ya en los últimos documentos
llevados a cabo por el ministerio y en particular en los documentos que
como fruto de todo el debate que se mantuvo a partir del año 1993
introducían la exigencia de una evaluación ex ante de las inversiones
cuenca a cuenca. Me gustaría, si es lo que se deriva de sus palabras, que
nos diga cómo se va a llevar a cabo esa evaluación ex ante de los planes
de cuenca que contemplábamos como nueva exigencia, porque los planes de
cuenca están aprobados casi todos y no ha habido todavía ninguna
evaluación ex ante de carácter integral de una cuenca.

Quiero decirle que ha sido sorprendente que la primera operación de
evaluación ambiental de carácter integral y ex ante de un proceso de
infraestructuras que se iba a llevar en España, que es la correspondiente
a las infraestructuras del delta del Llobregat, con incidencia tanto en
la costa como en el trazo de un río, se haya parado la parte de estudio,
que llevaba una parte realizada, y no tengamos ocasión de saber si
efectivamente se van a seguir tomando decisiones sobre el delta del
Llobregat sin que haya esa evaluación integral de carácter previo que
estábamos haciendo.

Las evaluaciones, señor secretario de Estado, de carácter previo a que
los proyectos se aprueben, las estábamos haciendo aunque la ley no lo
previera y en esto me alegro de ver que vamos progresando porque cuando
la política de aguas dependía del anterior secretario de Estado, me
encontré con que la evaluación de impacto ambiental se hacía con la obra
ya licitada. Hemos ido avanzando y usted ya nos dice que existe un
compromiso de que se haga siempre en la fase de anteproyecto. Me parece
muy bien y eso supongo que unido a lo anterior significa que esos 45.000
millones de pesetas que están en el capítulo 8 como préstamos
reintegrables a la iniciativa privada, no como subvenciones a fondo
perdido, no serán para ninguna obra hidráulica nueva, porque eso sería
contrario a decir que ustedes quieren tener una planificación donde se
integre la cuestión ambiental y que únicamente hacen lo que han heredado.

Sería consistente que eso lo dedicaran íntegramente --como usted de
alguna manera ha anunciado aunque no al cien por cien-- para lo que es el
Plan Nacional de Depuración, que buena falta nos hace que no se quede
frenado.

Por lo que se refiere al plan de costas, señor secretario de Estado, yo
no le he dejado comprometido más que lo que el Parlamento de la nación en
el año 1993 aprobó en un marco plurianual de Plan nacional de costas
hasta el año 2007, que tenía estudios correspondientes a todo el litoral
español y que se ha ido, lógicamente, plasmando en acuerdos concretos
sobre obras concretas. Quisiera que por escrito me hiciera llegar la
relación de esos convenios que, según usted, no tienen ninguna cláusula
de salvaguarda presupuestaria, porque la planificación del plan de costas



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obviamente cubría todo el litoral español, y con cada uno de los alcaldes
y, en su caso, con las comunidades autónomas, lo que se ha venido
construyendo es un escenario de planificación concreta, un escenario a
concretar en lo material, en lo presupuestario, cuando hubiera recursos
para ello. Por tanto, sí quisiera que me trasladara la lista de los
ayuntamientos que según usted no tienen derecho, en la medida en que no
había cláusula presupuestaria de precaución lógica, de decir: esta obra
hay que hacerla y la haremos desde el Ministerio cuando tengamos recursos
para hacerla, que me consta que ha sido la práctica habitual.

Por lo que se refiere a los deslindes, tanto en política de aguas como en
política de costas, ustedes dicen que aunque no haya dinero en capítulo
4, van a ser capaces de acelerar los procesos que son absolutamente
necesarios porque van a utilizar los recursos humanos de mejor manera,
igual que en el caso, por ejemplo, de la aplicación del programa Saica.

No le he oído decir que signifique que vaya a haber un aumento de
funcionarios que estén trabajando en estas materias. Puede ser que sea
así y, entonces, me gustaría una aclaración. Si no es así (y usted tiene
ocasión de ver cómo trabajan los funcionarios que tenemos en la periferia
del Estado, en concreto en la Dirección General de Costas), difícilmente
se podrá avanzar. Yo desearía que fuera así y que al final de este año,
habiendo gastado menos dinero y sin haber aumentado el capítulo 1, los
funcionarios adscritos a estas tareas, se pueda, efectivamente, lucir un
resultado en términos de kilómetros. Creo que eso sería bueno.

Hay algunas otras cuestiones que me resultan sorprendentes. La ministra,
en sus contactos con los responsables de Aragón, garantizó, en su
momento, que todas las obras que están en el pacto del agua iban a ser
objeto de actuación por parte del Ministerio en el momento en que
pudieran; cláusula de precaución que todos utilizamos. Pero no ha
trascendido a la opinión pública aragonesa que ese conjunto enorme de
obras hidráulicas vaya a ser sometido a una evaluación de carácter global
y conjunta a efectos ambientales. Se lo digo porque no ha trascendido, y
ésta es una ocasión para que a las personas que desde las instituciones
en Aragón se preocupan por el futuro de este conjunto de infraestructuras
se les diga si efectivamente es un compromiso que está sometido a
determinados criterios. Le reitero, señor secretario de Estado, que por
escrito se nos haga llegar copia de los convenios firmados, en los que no
aparecen cláusulas de precaución presupuestaria en relación con lo que le
he comentado.

Termino diciéndole que no quede la impresión de que aquí no hay un giro
radical en materia de política de aguas, porque lo hay, tremendo, porque
la inversión privada sólo acudirá a determinado tipo de acciones de su
Secretaría de Estado, pero no veo a la inversión privada cubriendo las
caídas drásticas en obras de carácter forestal, por ejemplo, o de
adecuación de cauces. Eso también es política del agua, señor secretario
de Estado, y no veo cómo la modificación en las concesiones
administrativas va a hacer que nuestros cauces mejoren su calidad
ambiental.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para hacer aclaraciones --le ruego
que no sea para abrir el debate-- y contestar a la señora portavoz del
Grupo Socialista el señor Blanco Rodríguez.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez): Como
soy nuevo en estas lides no sé cuál es la praxis normal; no sé si hay que
reabrir otra vez todos los puntos del debate. Prefiero, siguiendo la
indicación dela Presidencia, centrarme en lo que me ha parecido más
significativo, o me parece más objetable, de esta segunda intervención de
la señora Narbona.

Respecto a las concesiones, le reitero --aunque haya juristas,
evidentemente, más sabios que yo en la materia-- que lo que hace la
previsión de la ley de acompañamiento es concretar, para las
peculiaridades de la obra hidráulica, precisamente porque existe, a
diferencia de cualquier otro tipo de concesión, un bien que es, y seguirá
siendo, de dominio público, lo que dice la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En cuanto al mantenimiento u obligación de velar por el equilibrio
económico y financiero, aunque no lo pusiese ahí está ya en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. ¿Por qué se incorpora? Porque
aquí hay elementos de dos de los contratos que regula la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: el contrato de obra y, en parte, el
contrato de prestación. Pero esa obligación, en el caso de una concesión,
de velar por el equilibrio económico-financiero, está en la Ley de
Contratos, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No es nada especial.

Dice S. S. que la iniciativa privada estará muy satisfecha. Yo me
alegraría, no creo que tenga nada de malo la iniciativa privada; tendría
algo de malo si la iniciativa privada empresarial para construir
infraestructuras, en este caso hidráulicas, fuese un sistema para chupar
algo de las arcas del Estado ilegítimamente, pero es que no es eso. Es un
Estado que no llega en su capacidad inversora; hoy, pasado mañana y
cuando no haya presupuestos restrictivos, pide que se movilice una parte
de la capacidad económica que tiene la sociedad española para adelantar
el ofrecer a los ciudadanos infraestructuras. No hay nada ilegítimo que
ocultar, no hay intenciones ocultas, como usted ha citado; hay un
planteamiento de gestión económico-financiera previsto en la legislación
vigente, que se ha utilizado históricamente y que queremos impulsar
porque nos parece que de esa manera contaremos antes con las
infraestructuras que necesitamos.

Los planes hidrológicos de cuenca he dicho que están prácticamente
aprobados, menos tres, en los consejos de agua de las cuencas, pero no
han acabado su tramitación administrativa, como muy bien sabe usted, y
hay tres que ni siquiera han sido aprobados en los consejos de cuencas
respectivos.

La evaluación ambiental de las obras se predicará también de la
planificación, pero no reiniciaré los procesos de tramitación de los
planes hidrológicos de cuenca. Creo que hay una labor que ha hecho la
historia, que me puede gustar más o menos, pero que no procede revisar,
máxime cuando hay un instrumento normativo, como es el Plan Hidrológico



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Nacional, que obligará a los planes hidrológicos de cuenca a adecuarse a
lo que dispongan.

Ha hecho S. S. una alusión a que supone una contradicción, entre las
precisiones que yo he hecho sobre la inclusión de los criterios
medioambientales en la elaboración de los proyectos de inversión, la
referencia a que se paran los estudios de evaluación de las obras del
delta de Llobregat. No se han parado los estudios, se ha anulado un
concurso administrativo. Quiero recordarle que nadie lo ha impugnado; por
algo será.

Dice que sería bueno, desde el punto de vista medioambiental, que el cien
por cien de esos 45.000 millones del capítulo 8 (ha cometido un error, ha
dicho que va a ser transferido a empresas privadas para la promoción de
infraestructuras, va a ser transferido a empresas públicas para la
promoción de infraestructuras) debería gastarse en el Plan nacional de
depuración. Se gastará una parte muy importante, no el cien por cien,
porque también hay que atender otras obras urgentes, por otros motivos,
en esa vía.

No pretendo invalidar ningún esfuerzo planificador hecho con
anterioridad. Creo que tanto las manifestaciones que ha hecho la
ministra, doña Isabel Tocino, como las mías al respecto son bastante
claras. No nos gusta el anteproyecto de plan hidrológico nacional de
1993, no nos gusta el anteproyecto de plan hidrológico nacional de marzo
de este año que ustedes nos han dejado amablemente hecho en el
Ministerio. Sí nos parece, evidentemente, valiosa la acumulación de
estudios, informes y análisis que durante estos últimos años, como fruto
y al socaire del debate público y parlamentario, en parte exigido por el
Partido Popular, se han hecho respecto al conocimiento de los recursos
hidráulicos españoles y respecto a las previsiones que puede tener en la
planificación. Esa herencia documental que hemos recibido en el
Ministerio como fruto de su gestión nos vale. ¿Nos valen las conclusiones
de todos los estudios? Tampoco. Algunos de ellos son muy susceptibles de
ser revisados, tanto en las bases metodológicas que se han utilizado como
en las conclusiones a las que llegan. Todo estudio hecho, toda situación
de análisis de la realidad es bienvenida para formarse un juicio sobre la
misma y no será olvidada, aunque el fruto que salga de ese estudio no va
a ser ninguno de los dos planes hidrológicos que ustedes nos han dejado,
porque nuestra concepción es distinta, aunque no creo que sea éste el
trámite para analizar a fondo cómo concebimos el Plan Hidrológico
Nacional.

Por último, pueden compararse los presupuestos de este año en materia de
inversiones con 1995, con 1996, con 1996 con la primera disponibilidad,
con la segunda disponibilidad, con lo que se quiera. Lo que digo es que
el presupuesto de inversiones cae muy ligeramente. Si sumamos los 45.000
millones que al final van para inversión real también, nos mantenemos en
cifras muy similares, una pequeñísima reducción que no llega al 2 por
ciento, respecto al plan de inversiones que hemos tenido durante estos
años.

En cuanto a costas, con mucho gusto le enviaré la relación de todos los
convenios que no contaban con cláusula de garantía presupuestaria, pero
también le digo que incluso los que contaban con ella por la otra parte
no han sido ni son de hecho interpretados así, son interpretados como una
promesa de obra a corto plazo.

Respecto al Plan nacional de actuaciones en la costa, ni concretaba las
obras a realizar --por lo tanto, aunque todos estos convenios traigan su
causa teórica del plan, no es porque el plan contemplase las obras
concretas que luego en los convenios se proponen, porque, como usted
sabe, cuantificaba por tramos de costa pero no por obras concretas--, ni
se ha cumplido nunca; no lo he cumplido yo en cuanto a la inversión anual
de 30.000 millones de pesetas que habría que hacer para que el desarrollo
del plan quinquenal se llevase a cabo, ni lo han cumplido ustedes ninguno
de los años anteriores desde que se aprobó. En todos los años han sido
insuficientes, en primer lugar, las previsiones, quizá temerarias a la
luz del resultado final que hicieron ustedes sobre cofinanciación con las
administraciones locales, que nunca han llegado a cumplir, pero tampoco
se ha cumplido la parte que le correspondía, según las previsiones del
plan aprobado por el Consejo de Ministros, al Estado en ningún año, ni en
aquellos que ustedes gerenciaban las costas ni en éste que me ha
correspondido a mí. Es un plan indicativo, positivo en cuanto que marca
unas líneas de actuación, pero ni tiene contenido económico ni se ha
cumplido ni identificaba las obras a realizar. Por lo tanto, no me sirve
como causa legitimadora de estos convenios a los que he hecho referencia.

Nada más. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Por un turno brevísimo de dos minutos, por si hay
alguna aclaración al efecto, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular, doña María Teresa de Lara.




La señora DE LARA CARBO: Más que una aclaración desearía expresar la
postura del Grupo Parlamentario Popular después de las explicaciones del
Secretario de Estado de Aguas y Costas.

El Grupo Parlamentario Popular entiende que el presupuesto del Ministerio
de Medio Ambiente para 1997, igual que el de los restantes ministerios,
se halla muy condicionado por el cumplimiento de los objetivos de
Maastricht. Estamos en un momento de restricción presupuestaria, en el
que, además, el grado de créditos comprometido es elevado y entendemos,
por tanto, que le queda al Gobierno un margen estrecho de maniobra. A
pesar de ello, a través de las explicaciones del secretario de Estado, se
pone de manifiesto la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente por
mantener la inversión, sobre todo en obras hidráulicas, y el control
exhaustivo de los gastos corrientes en el momento de austeridad en el que
nos hallamos.

Lo que aquí se ha llamado financiación extrapresupuestaria es una muestra
de la imaginación que ustedes han desarrollado para habilitar mecanismos
que mantengan el esfuerzo inversor. Las fórmulas que permitan movilizar
los recursos privados es la única alternativa para evitar la caída global
de la inversión. Ademas, creemos que poner



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al servicio de las necesidades del país los recursos del que el país
dispone es algo solidario.

Esta fórmula que usted nos ha indicado, que será jurídicamente controlada
y que no va a suponer el aumento de las tarifas o cánones, como sugería
la portavoz socialista, ya que las tarifas serán fijadas por la
Administración, cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Nos tranquiliza saber que una buena parte de los 45.000 millones de
pesetas contemplados en el capítulo 8 van a ir destinados al Plan
nacional de saneamiento y depuración, asociándolos a fondos de cohesión
para así poder cumplir los objetivos previstos.

Finalmente quisiera incidir en que, desde el punto de vista ambiental, es
muy importante, como usted ha indicado, que el proceso de evaluación de
impacto ambiental se inicie en la fase de definición del anteproyecto de
la obra hidráulica en cuestión, dado que es un criterio importante que
apoyamos plenamente, que supone un gran avance en el sentido de que las
condiciones ambientales sean tenidas en cuenta en todos los proyectos que
se efectúen.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Benigno Blanco.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Unicamente, aunque sea por cortesía, quiero agradecer a la portavoz del
Grupo Popular su intervención.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Benigno Blanco. Le agradecemos
muchísimo su comparecencia en esta Comisión.

Damos por concluida, agradeciendo su presencia aquí, la comparecencia del
excelentísimo señor Secretario de Estado de Aguas y Costas, don Benigno
Blanco Rodríguez.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE (FERNANDEZ-CARNICERO
GONZALEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO MIXTO. (Número de expediente
212/000196.)



El señor PRESIDENTE: En el siguiente punto del orden del día la Comisión
tenía prevista la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Medio
Ambiente, don Claro José Fernández-Carnicero, al que aprovecho para darle
la bienvenida en nombre de la Comisión, que está presente en la sala,
pero no tendrá que comparecer puesto que el grupo solicitante, que era el
Grupo Mixto, en concreto, el señor Chiquillo, ha retirado la propuesta.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE (CARDELUS Y
MUÑOZ-SECA). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000371.)



El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, pasamos al siguiente compareciente,
que es el Secretario General de Medio Ambiente, ilustrísimo señor don
Borja Cardelús y Muñoz-Seca.

Señoras y señores Diputados, quisiera hacerles un ruego. Si hubiera
tenido que intervenir el señor subsecretario, francamente estaríamos
fuera de hora. Como, por otro lado, varios señoras y señores Diputados me
han expresado su deseo de que esta reunión terminara lo antes posible
para poder regresar a sus circunscripciones, rogaría a todos, en aras a
ese deseo común, que fueran lo más breves posible en sus intervenciones.

A los efectos de una breve exposición, tiene la palabra el Secretario
General de Medio Ambiente, don Borja Cardelús y Muñoz-Seca.




El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Cardelús y Muñoz-Seca):
Muy buenos días, señorías.

Voy a hacer una breve y general nota expositiva sobre el cuadro general
de la Secretaría General de Medio Ambiente y sus funciones. Como saben
SS. SS., de la Secretaría General de Medio Ambiente dependen dos centros
directivos: la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza, ambos con sendos
presupuestos. De la Dirección General de Conservación de la Naturaleza
depende el organismo autónomo Parques Nacionales, que es un organismo de
carácter administrativo pero, de una manera importante, inversor.

Por lo que se refiere a la primera de las direcciones generales, el
centro directivo de calidad y evaluación ambiental gestiona el programa
443.D, denominado protección y mejora del medio ambiente, con una
dotación de 7.282,7 millones de pesetas. Naturalmente no me voy a
extender en los prolegómenos de todo ello, pero sí quiero decir que nos
hemos visto limitados, a la hora de elaborar este presupuesto, por dos
circunstancias: una, la existencia de numerosos compromisos adquiridos
--que por el desarrollo y aplicación del principio de subsidiariedad
hemos tenido que asumir en una inmensa parte del presupuesto y que, en
alguna medida, son muy interesantes porque establecen programas piloto o
programas de tipo efecto y demostración-- y, segunda, las limitaciones
presupuestarias que todos ustedes conocen. Esto hace que el presupuesto
pueda parecer continuista, pero las circunstancias nos han venido
impuestas en este sentido.

No voy a exponer el detalle de cada uno de los capítulos, como los
capítulos 2 y 4 que tienen dotaciones concretas. Sí quería citar el
capítulo 6, inversiones reales, dentro del programa de la dirección de
calidad y evaluación ambiental, que tiene una dotación de 3.441 millones
que atiende, a lo largo de sus artículos 60, 61, etcétera, a una serie de
proyectos como, por ejemplo, la realización de un centro de tratamiento
de residuos en Zahara de la Sierra, una serie de actuaciones, como la
planta de tratamiento de lodos en Ariany, la extracción de transferencia
de residuos en Santander, sellado en un centro de transferencia en
Montoro; una serie de acciones en materia de control de la



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calidad del aire, estableciendo una red telemática para el intercambio de
datos.

Hay un capítulo importante, cual es la recuperación ambiental y
actuaciones singulares, que tiene presupuestados 525 millones de pesetas.

En este capítulo está prevista la recuperación ambiental de los embalses
de El Grado y El Mediano, una actuación que viene ya de antiguo y es muy
interesante porque constituye una experiencia muy demostrativa y
exportable a otros lugares. Y en el artículo 61 se contempla el programa
de vías verdes, que es muy interesante porque consiste en poner en uso
turístico-rural los antiguos tramos de ferrocarril. Por cierto, en
relación con este tema la Secretaría General de Medio Ambiente está
elaborando un proyecto de ley, puesto que existen problemas de reversión
que es necesario evitar. Una vez esté tramitada esta ley en el
Parlamento, abordaremos probablemente un plan nacional de recuperación de
vías verdes mucho más ambicioso, incluso utilizando la posibilidad de
aplicar fondos de cohesión.

En el artículo 62 se prevén 200 millones de pesetas. No voy a explayarme
en ello, pero comentaré que está incluido el programa Sigma, el tema del
Eurostat, el cumplimiento de la ley de acceso a la información, etcétera.

Muy rápidamente me referiré al artículo 64 que tiene multitud de estudios
en el campo de los residuos, del ambiente atmosférico y del control del
ruido, que es uno de los temas en los que más vamos a preocuparnos en la
próxima legislatura para conseguir unos niveles de ruido para la
población mucho más aceptables. También se incluyen aquí los impactos
ambientales a los que se va a dotar para que sean los instrumentos
objetivos y neutros que tienen que ser para evaluar toda obra pública.

Este tema es de gran importancia para la Secretaría General de Medio
Ambiente.

Respecto al capítulo 7, transferencias de capital, hay una dotación de
3.674 millones de pesetas para financiar a las comunidades autónomas una
serie de planes, como es el plan nacional de residuos peligros, el plan
nacional de recuperación de suelos contaminados y la elaboración del plan
nacional de residuos sólidos urbanos. Debo señalar que uno de los
objetivos prioritarios del Ministerio del Medio Ambiente será tratar de
solucionar --si no de forma definitiva, sí de una forma eficaz y
decidida-- el problema de los residuos, tanto los urbanos como los
industriales y peligrosos que, como saben SS. SS., están produciendo toda
clase de problemas, algunos de los cuales aparecen en la prensa
continuamente. Este sería el informe por lo que se refiere a la dirección
de calidad y evaluación ambiental y pasaría al estudio del programa
533.A, que corresponde al área de conservación de la naturaleza.

Respecto a la conservación de la naturaleza ha habido bastantes
dificultades a la hora de elaborar el presupuesto puesto que se ha
partido de una situación muy anómala, como es la desaparición en su día
del Icona y su desmembración en dos unidades: una, la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza y otra, el organismo autónomo Parques
Nacionales. Esto ha conllevado una serie de disfunciones presupuestarias
enormes que han venido a lastrar el presupuesto actual, puesto que las
transferencias presupuestarias que se produjeron desde el Icona al
Ministerio de Agricultura fueron consolidadas en los sucesivos ajustes y
ha sido muy difícil restablecer ese equilibrio. En alguna medida estos
desajustes han provocado tensiones graves en el capítulo de
funcionamiento de los parques nacionales, tensiones que, en ocasiones,
también han saltado a la prensa. Se han producido graves tensiones de
funcionamiento que en el presente presupuesto estamos intentado corregir
y creo que lo vamos a conseguir.

Los objetivos fundamentales del programa 533.A, conservación de la
naturaleza, pretenden iniciar, en primer lugar, la articulación de una
política global de conservación de la biodiversidad sobre todo el
territorio nacional. Saben SS. SS. que España es el país más biodiverso,
de mayor diversidad biológica de Europa Occidental y éste es un
patrimonio, un valor natural que debemos contemplar y exportar a Europa.

En segundo lugar, queremos posibilitar una gestión rigurosa y ordenada de
la red estatal de Parques Nacionales que está siendo en este momento
modificada por la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a una
cogestión de los Parques Nacionales. Y, en tercer lugar, queremos
articular una visión del mundo forestal de forma unitaria, pero teniendo
muy presente el carácter conservacionista y protector de los bosques y de
las especies autóctonas. Por consiguiente, el programa 533.A es
fundamentalmente inversor, con una dotación de inversiones reales de
12.000 millones, por lo que se refiere a la Dirección General de la
Conservación de la Naturaleza y de 8.000 millones de organismos autónomos
Parques Nacionales.

Paso revista a las partidas presupuestarias más importantes de la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza. En el capítulo 2,
gastos corrientes, se superan los problemas de mantenimiento que ha
habido y que en ocasiones han estado a punto de colapsar el
funcionamiento diario de los parques nacionales en su día a día.

El capítulo 6, que es, sin duda, el de más enjundia presupuestaria, se
proponen 12.000 millones de pesetas para gastos de inversión con el fin
de realizar una serie de proyectos, fundamentalmente, la defensa y
protección de los montes contra los incendios forestales. Como saben SS.

S.S, respecto a los incendios forestales, aunque corresponde a las
comunidades autónomas, la Administración del Estado conserva una función
de apoyo, de primer ataque y de mantenimiento de una flota de aviones que
sirven para apoyar la defensa que se hace desde las comunidades
autónomas. Por fortuna este verano hemos tenido mucho éxito y no sólo
ciertamente por la actuación de las administraciones, sino que el clima
ha ayudado muchísimo a ese éxito en materia de incendios forestales,
gracias a lo cual hemos podido evitar un verano que se presumía pavoroso.

Debemos seguir en esa línea porque, como vulgarmente se dice, los
incendios se apagan en invierno, en verano debe estar todo perfectamente
dotado. Este capítulo también contempla la defensa contra las plagas y
enfermedades de los montes, sector de creciente preocupación porque en
los últimos años todos hemos sido conscientes de las diversas
enfermedades que han aquejado a sectores completos de vegetación, como
las encinas o especies



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como los quercus y otros de carácter arbustivo y, en ese sentido, debemos
estar muy alertas.

El programa más ambicioso del presupuesto en materia de inversión real es
el de la lucha contra la erosión y la desertificación, que tiene una
dotación de 6.800 millones de pesetas. Este capítulo tiene dos aspectos.

Uno, el control de la erosión de la vertiente mediterránea y, otro, el
control de la erosión en la vertiente atlántica, cada uno con un
presupuesto de 3.300 millones aproximadamente, financiados con fondos
europeos. La novedad del Ministerio va a radicar no en el hecho de que
estos programas existan, porque figuraban ya en otros presupuestos, sino
en dar un sesgo mucho más conservacionista. Es decir, introducir nuevos
criterios, en cuanto a la manipulación del monte, de mayor suavidad,
menos maquinaria pesada, evitando los abancalamientos, los grandes tajos
que producen erosión, y buscando una mayor variedad de las especies a
introducir, ya que no solamente deben ser introducidas las coníferas,
sino que hay otras especies arbustivas del mundo mediterráneo y atlántico
que cumplen una función protectora, que pueden subvenir a las necesidades
de protección y que, además, al final protegen mejor a los bosques y a
los montes contra los incendios, producen mayor biodiversidad, mejor
clima, más agua, etcétera. En este sentido, se va a dar un sesgo
importante, lo que va a suponer un tratamiento más blando, más dulce, más
autóctono de los bosques en cuanto a la repoblación.

Dentro de las repoblaciones hay otras acciones diversas y
complementarias, como son las de mejora forestal. Aquí vamos a introducir
una línea novedosa: la intervención a través del programa Viveros,
programa que se firmó a finales del mes de julio, no tuvo cabida en el
presupuesto por razón de tiempo y, por consiguiente, probablemente se va
a proponer una enmienda para que tenga su encaje en el presupuesto. Se
trata de un programa que consiste en que cada municipio o cada
ayuntamiento posea su propio vivero de arbolado y de arbustos autóctonos
y, utilizando a la población escolar, a los voluntarios ambientales, a
los jubilados, a todos aquellos que voluntariamente quiera subvenir a la
repoblación, puedan atenderla a través de esta red de viveros municipales
que debe haber en toda España y que, en una primera fase, iniciarían la
repoblación en el llamado bosque de galería, que es el bosque que
circunda las riberas, las márgenes de carreteras, las márgenes de vías
pecuarias y, también, al entorno de las ciudades. Es a partir de la
sociedad la única forma de llegar a una repoblación forestal que cambie
un poco el paisaje terrible del solar hispano, paisaje peladísimo,
paisaje desmembrado en cuanto a la presencia de árboles se refiere, que
no tiene por qué ser así. Es un esfuerzo que llevará años, pero creo que
es necesario empezarlo cuanto antes.

Otra de las acciones importantes del presupuesto de la Dirección de
Conservación de la Naturaleza son las de conservación y mejora de la
biodiversidad, con un total de unos 806 millones de pesetas, que va a
iniciarse este año de una manera decisiva. Se va a tratar de establecer
la estrategia nacional de biodiversidad para que, en un futuro, la
biodiversidad sea algo que tenga un respaldo presupuestario muy sólido,
para que España pueda presentarse en Europa como la auténtica reserva
ecológica del continente y que no sea simplemente algo estético,
contemplativo, sino que tenga sus dotaciones presupuestarias.

Hay otros capítulos que voy a evitar en aras de la brevedad, pero sí
quiero señalar en el capítulo 7, transferencias de capital, una serie de
subvenciones a las comunidades autónomas en relación con los incendios,
con la creación de la Red Natura 2.000, derivada de la Directiva europea
de Hábitats, que va a establecer una red de espacios naturales, el más
importante de Europa occidental, y que, naturalmente, va a tener sus
necesidades presupuestarias. Además, se va a establecer una nueva línea
ligada a la figura de la PAC para medidas forestales asociadas a la
conservación y mejora de la superficie forestal. Como decía antes, los
incendios se apagan en invierno y todas las acciones de prevención que se
realicen en invierno en montes públicos y privados son las que pueden
evitar los desastres forestales que tienen lugar en verano y ocasionar la
mejora de las producciones naturales que tienen lugar en los montes.

En relación con el organismo autónomo Parques Nacionales, tengo que decir
que su presupuesto de gastos para el año próximo es de unos 8.000
millones de pesetas, que dependen básicamente del presupuesto del Estado,
porque aunque existe alguna financiación de tipo particular ésta es muy
pequeña y procede en su mayor parte de la explotación comercial de la
madera de los montes de Valsaín. La distribución de estos gastos estriba
fundamentalmente en el capítulo de personal, con 1.800 millones de
pesetas, y en el capítulo 6, de inversiones reales, que sirven para el
funcionamiento del parque, para las obras que hay que hacer, para los
centros, para multitud de obras que requiere el mantenimiento de la red
estatal de parques nacionales, con un volumen de visitantes de varios
millones al año, y que, como es lógico, es necesario atender.

El capítulo de gastos corrientes y el de intereses también registran un
aumento debido al pago de antiguas indemnizaciones que se debían a
algunos propietarios y que no se habían pagado, derivadas de viejos
contenciosos, que, al haberse solucionado, obligan a liberar esas
cantidades y, como digo, a transferir los intereses y el principal de la
deuda.

Otra parte importante del capítulo 6, de inversiones reales, es el
presupuesto del Ceneam --el Centro Nacional de Educación Ambiental--, con
un presupuesto superior a los 300 millones de pesetas, que da idea de la
importancia que el Ministerio de Medio Ambiente concede a la educación
ambiental. El Ceneam, que es un centro que radica en la localidad de
Valsaín, está llamado a ser el centro productor de educación ambiental,
es portador de enseñanzas ambientales y, por consiguiente, queremos darle
muchísima importancia en esta próxima legislatura y dar participación a
las comunidades autónomas, para que puedan colaborar en el centro en
coordinación con el Estado y, seguramente, realizar acciones conjuntas
que eviten la dispersión y la duplicación de esfuerzos y de actuaciones
que hasta ahora se venían desarrollando.

Este es un esbozo muy rápido de lo que son los presupuestos, ya que, por
la premura de tiempo de la que hablaba



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el Presidente, no he querido ser más prolijo, pero me someto con
muchísimo gusto a sus preguntas y, por supuesto, a las que no pueda
contestar en el día de hoy pero que fuera necesario responder en futuras
comparecencias.




El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Muchas gracias, señor
Secretario General de Medio Ambiente.

Habiendo pedido la comparecencia el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Ante todo, sea usted bien venido, señor
Secretario General, a esta nueva Comisión de Medio Ambiente, donde
esperamos tenerle a menudo.

En relación con los datos presupuestarios de la Secretaría General de
Medio Ambiente, quisiera decirle que, por desgracia, el capítulo 6 de las
dos direcciones generales que integran esa secretaría general tienen
cifras inferiores a las correspondientes de 1995 y 1996; concretamente,
el capítulo 6 de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
en 1995 tenía 16.476 millones y en el proyecto de 1997 ha caído a 12.079
millones; Parques Nacionales tenía 4.277 millones en capítulo 6 y pasa a
tres mil novecientos y pico en 1997. Para no extenderme mucho, diré que
las partidas correspondientes a capítulo 7 en ambos órganos se mantienen
en cifras muy parecidas. Si cogiéramos el presupuesto de 1996 --no lo
utilizo a propósito porque tampoco aparece en los propios presupuestos
que ustedes presentan a la Cámara--, el proyecto inicial de presupuestos,
también reflejaría ese decremento, tendríamos una visión, yo diría,
desconsoladora para quienes se preocupan por estos temas, porque, a
diferencia de lo que me ha podido decir su compañero, el Secretario de
Estado de Aguas y Costas de que estas caídas en la inversión pública que
aparecen en los presupuestos de 1997 serán compensadas por inversión
privada en lo que se refiere a su ámbito de responsabilidades, en el
ámbito que a usted le corresponde, salvo que nos aclare alguna iniciativa
que no aparezca en los presupuestos, hay lo que hay, es decir, un
presupuesto algo menor a presupuestos que usted mismo sabe que son
claramente insuficientes para atender de una manera adecuada la
conservación de la naturaleza en nuestro país y, además, con la
perspectiva que no sé cuándo se concretará por parte del Gobierno, pero
que es un compromiso electoral, de aumentar los espacios protegidos con
carácter de parque nacional, lo cual llevaría en un tiempo indeterminado,
a requerir incluso más recursos de los que ya en estos momentos resultan
insuficientes para lo que existe.

Dicho esto en lo cuantitativo, quiero manifestarle mi satisfacción por
alguna de sus afirmaciones, señor secretario general, porque no todo va a
ser crítica. Me agrada oírle decir que pretende introducir algunas
modificaciones en política forestal en cuanto al tipo de actuación a
realizar en nuestros montes y a la orientación a dar una política más
conservacionista. Confío en que su propia experiencia personal y su
acreditado prestigio en estas materias lleve también a modificar algunas
condicionantes derivadas del hecho de que estas actividades de
conservación de la naturaleza se encontraban ubicadas en el Ministerio de
Agricultura y, por tanto, con una cierta contradicción entre lo que
podían ser objetivos de política agraria y los objetivos de una política
conservacionista.

En materia de política forestal, se ha referido a la posibilidad de
presentar una enmienda para que se concrete el programa que ustedes
aprobaron este verano que tiene un enorme interés. Me gustaría saber, en
principio, qué cantidad creen que se debería destinar este año para ese
complemento a la política forestal. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Entrando en lo que es su responsabilidad en materia de política de
residuos, aquí no me puedo sentir sino preocupada por cómo se ha
presentado las cifras. Usted se ha referido sobre todo a lo que
denominado proyectos-pilotos ciertamente lo son, que aparecen en el
capítulo 6 y que son la continuación de acciones que se venían haciendo
por la Administración central en épocas anteriores a la aprobación del
Consejo de Ministros de los dos grandes planes de residuos peligrosos y
de descontaminación de suelos y a la previsión de un plan nacional de
residuos sólidos urbanos.

En el capítulo 6 ustedes tienen una serie de acciones de inversión
directa de la Administración central para sellado de vertederos, para
determinadas plantas de tratamiento, pero, como usted bien ha dicho, son
acciones puntuales que arrastran de una concepción en la cual todavía no
se había integrado suficientemente la iniciativa autonómica en estas
grandes líneas de política de residuos. Ahí es donde nos encontramos con
que hay un capítulo 7 similar a las cuantías que en años anteriores
habíamos empezado a destinar, en el que hay una cantidad que no se
desglosa pero que suma para las comunidades autónomas algo más de 2.600
millones de pesetas y usted ha señalado que efectivamente son para
atender estos planes.

Yo sólo quiero insistirle en que ésa es una cantidad insuficiente de
acuerdo con los compromisos que en el año 1995 se asumieron con todas las
comunidades autónomas y que llevarían a que este año, 1997, entre los
recursos que aporta el Ministerio y los que pudieran venir por fondo de
cohesión, el plan nacional de residuos peligrosos estuviera dotado con
unos 6.000 millones de pesetas. Y para el plan nacional de
descontaminación de suelos también serían necesarios unos 6.000 millones
de pesetas, que podría estar integrada, en parte, por aportaciones de los
fondos de cohesión, tal como en su momento se acordó con las comunidades
autónomas.

El panorama para el año 1997 es muy estrecho. Quisiera poner de
manifiesto que no tenemos esa iniciativa complementaria de la inversión
privada que podría, en condiciones que no compartimos, compensar la caída
de la inversión pública, y que el grado de cumplimiento que a lo largo de
1996 se ha tenido de las acciones en materia de residuos es francamente
desfavorable. Todavía no se ha publicado este año la orden de subvención
para las empresas de tratamiento de aceites usados, que es el paso previo
para que se concedan las cantidades correspondientes, que estaban en 600
millones en presupuestos anteriores, que deberían ser incrementadas de
acuerdo con el proyecto de ley



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de gestión de aceites usados que dejamos preparado y que, a la vista de
que el Gobierno no lo ha presentado, lo hemos hecho nosotros como
iniciativa parlamentaria, en el cual se contempla la cantidad de 2.400
millones de pesetas para aceites usados. Eso sí que sería una política en
ese campo de los residuos suficientemente potente desde el punto de vista
de la aportación presupuestaria.

Me consta, porque las comunidades autónomas se quejan de ello, señor
secretario general, que no ha habido, desde que ustedes llegaron al
Ministerio, ni una sola reunión para hacer un seguimiento de los planes
de residuos aprobados o para valorar el proyecto que se dejó en fase de
borrador del plan nacional de residuos sólidos urbanos. Todo esto genera
un retraso en lo que debería ser el cumplimiento de compromisos ya
tomados con la unanimidad y con el consenso con todas las comunidades
autónomas.

También se ha parado este año de forma drástica una iniciativa que en el
año anterior fue fructífera, que es la de la línea de préstamos, la
llamada línea verde del ICO, donde las modificaciones presupuestarias a
las que obligaba la prórroga del presupuesto de 1995 deberían haber
llevado a soportar durante este año un número similar de préstamos a los
que se dieron en el ejercicio de 1995. Veo que ese programa les interesa
en la medida que lo reproducen en los cálculos presupuestarios para 1997.

Pero este año no ha habido nada, por lo tanto habría que recuperar el
ritmo en cuestiones que usted mismo dice que consideran prioritarias.

Por lo que se refiere al presupuesto de conservación de la naturaleza y
de parques nacionales, independientemente del hecho que he tenido ocasión
de mencionar, que es que las cifras son más bajas que las que había en
los presupuestos de 1995 y de 1996, algunas de las cuestiones que en
particular usted ha mencionado como prioritarias: la lucha contra los
incendios, la lucha contra la desertificación o la conservación de la
biodiversidad, si se ven los correspondientes apartados en los
presupuestos de 1995 y 1996, nos encontramos en todos los casos con
cuantías más elevadas que las que ustedes han introducido este año. Esto
me preocupa en particular en lo que se refiere precisamente a los
proyectos de control de la erosión, porque es un problema que no va a
menos. Quizá con una política forestal y con una serie de medidas
preventivas, el problema pueda disminuir de intensidad, pero ciertamente
se mantienen las cifras: usted hablaba antes de algo más de 6.000
millones de pesetas en el área mediterránea y en el área atlántica para
control de la erosión, que es exactamente la cifra que tenía el
presupuesto de agricultura para estas materias el año pasado.

Por último, quisiera preguntarle, señor secretario general, cuáles son
las modificaciones --si es que las hay-- que se introducirán en el año
1997 en los mecanismos de control, vigilancia y gestión de los parques.

No me ha quedado claro si los presupuestos, a pesar de su austeridad,
recogen cambios en organización funcional, desde el punto de vista de las
tareas asignadas a funcionarios o a personal contratado, si hay un
aumento de los mismos o si hay alguna otra fórmula que nos pueda hacer
esperar que cuestiones no resueltas en el pasado van a poder empezar a
resolverse a partir de 1997.

Me gustaría saber también, aunque la ley de acompañamiento no introduce
ninguna novedad en la obtención de ingresos a partir de los parques
nacionales, dado que la ministra anunció que habría medidas concretas y
dado también que nos ha anunciado una enmienda, que es un regalo que hace
a esta Comisión, me gustaría saber, digo, si puede hacernos algún otro
anticipo en el sentido de prever ingresos complementarios a partir de la
existencia de espacios protegidos.

No puedo sino transmitirle el malestar que existe en algunas comunidades
autónomas por el retraso en la decisión del Gobierno sobre algunos
espacios que las comunidades autónomas consideran que deberían tener
rango de parque nacional, cuyas correspondientes decisiones en el ámbito
autonómico se dieron en la anterior legislatura. Voy a citar el caso de
Sierra Nevada, que en estos momentos ocupa el puesto número siete de la
lista de resoluciones de parlamentos autonómicos. Se sigue su ritmo
normal, hablaremos de Sierra Nevada el mes de junio, salvo que
efectivamente ustedes, que pueden hacerlo, anticipen esa decisión. Lo
mismo diría por lo que se refiere a Monfragüe o a otras iniciativas que
están pendientes de estudio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general para
contestar a la portavoz del Grupo Socialista.




El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Cardelús y Muñoz-Seca):
Observa S. S. una disminución en los presupuestos de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza y de Parques Nacionales. Efectivamente,
como dije al principio, se trata de un planteamiento de números. Aunque
puede haber una reducción, que no es tal, lo que se ha producido es lo
siguiente, y voy a leer el folio que tenía al respecto: La reorganización
administrativa impulsada por el Gobierno actual ha conllevado la creación
del Ministerio de Medio Ambiente y la transferencia de las competencias
en materia de conservación de la naturaleza a este nuevo departamento.

Esta modificación está condicionada por un conjunto de hechos acaecidos
meses atrás y que deben ser objeto de breve resumen.

En primer lugar, en junio del pasado año se produjo la desaparición
administrativa del Icona y sus competencias se distribuyeron entre la
Dirección General de Conservación de la Naturaleza y el organismo
autónomo Parques Nacionales. En consecuencia, el programa 533.A ha
quedado, en los actuales presupuestos, repartido entre ambos centros
directivos. El presupuesto de ingresos de este último viene conformado
por sus propios fondos, su remanente de tesorería al principio de
ejercicio y por la subvención, tanto de corriente como de capital,
procedentes del presupuesto de gastos de la Dirección General de
Conservación de la Naturaleza.

Una segunda cuestión es que, como consecuencia de la reestructuración
antes reseñada, algunas competencias, fundamentalmente de gestión de
fincas rústicas propiedad del antiguo Iryda, pasaron al nuevo organismo
Parques Nacionales. En consecuencia, este programa 533.A se ha



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implementado con dotaciones presupuestarias originariamente situadas en
el programa 531.A, dependiente de la Dirección General de Planificación y
Desarrollo Rural.

Una tercera cuestión es la que se refiere a las actividades comerciales
extrapresupuestarias, que desarrollaba el antiguo Icona. La pérdida de
carácter comercial de las nuevas estructuras creadas ha justificado su
dotación con cargo a presupuestos, de tal manera que ha visto reducido su
nivel de ingresos.

Por último, es preciso recordar que la distribución presupuestaria que,
como consecuencia de la prórroga de presupuestos de 1995 para 1996, se
realizó a principios de año entre la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza y el organismo autónomo Parques Nacionales, no se ajusta a
las necesidades reales de ambas unidades. El resultado fue una estructura
presupuestaria desequilibrada, que ha condicionado, y mucho, toda la
ejecución presupuestaria durante el presente ejercicio. En particular, la
gestión ordinaria de los parques nacionales se ha hecho
extraordinariamente complicada.

Esa modificación trastocó de modo considerable la ejecución y el nivel
presupuestario que venía gestionando el antiguo Icona. Una gran parte de
los fondos de ese organismo pasó al Ministerio de Agricultura y éste
consolidó las rebajas con cargo a presupuestos del antiguo Icona, con lo
cual ha sido extraordinariamente difícil recuperar esos dineros, hasta el
punto de que ha sido imposible recuperarlo en un cien por cien. Esa
desmembración es la que ha arrastrado --y me temo que posiblemente
durante bastantes años-- los presupuestos, tanto de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza como del organismo autónomo Parques
Nacionales.

Sin embargo, comparativamente con el presupuesto real del capítulo 6 de
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, el de 1997 se
mantiene. Es decir, no cabe hablar de una línea clara, como pueda haber
en otros organismos, sino que el presupuesto de esa dirección se ha
complicado extraordinariamente por la desmembración del organismo
autónomo en dos unidades.

Por lo que se refiere a las gestiones en los montes, como he dicho antes
--y le agradezco que haya sido positiva en relación con ello--, es de
todo punto imprescindible que la repoblación forestal se haga de otra
manera a como se ha venido haciendo, no años anteriores, sino desde hace
decenas y decenas de años. Los monocultivos de coníferas o de eucaliptos
deben desaparecer, so solamente porque producen graves problemas sobre el
suelo, sino porque al final acaban en incendios forestales, porque la
forma de tratar los montes con ellos es deficiente y eso debe terminar.

Vamos a hacer un esfuerzo muy considerable para que la gestión forestal
sea mucho más adecuada y adaptada a la necesidad del monte.

En cuanto al programa de viveros, para lo que es necesario presentar una
enmienda, estimamos que debe tener una cantidad aproximada de 200 a 250
millones de pesetas. Tenga en cuenta que en este programa van a
intervenir tres elementos: por una parte, el Ministerio de Medio
Ambiente, por otra parte, la Federación Española de Municipios y, por
otra, las escuelas-taller. Estas proveerían los técnicos, los
trabajadores necesarios para mantener el vivero en cada lugar; los
ayuntamientos dotarían mínimamente ese vivero, pues pondrían los terrenos
a disposición de los mismos, y el Ministerio de Medio Ambiente formaría
al personal necesario para la reforestación, la repoblación, la
producción de semillas, pero teniendo en cuenta también que no debe
hacerse mucho daño a los viveros existentes. Actualmente hay muchos
organizados empresarialmente y sería necesario comprarles semillas, con
el fin de que no vean disninuidas sus expectativas empresariales.

De tal manera que, entre unas cosas y otras, considerando el apoyo a los
viveros municipales, a los que habrá de dotar de algún material;
considerando la formación del personal monitor que atienda las
necesidades de la repoblación, porque la repoblación de planta autóctona
no es fácil, sino muy difícil, ya que tiene una técnica muy sutil y no es
tan sencillo como plantar coníferas, etcétera, necesita una dotación
técnica suficiente, se pretende en el primer año dotarlo de un total de
200 ó 250 millones de pesetas. El efecto de este programa puede ser
multiplicador. Si los pueblos empiezan a ver que a partir de su
voluntariado ambiental pueden reconstruir su bosque de galería y su
entorno ambiental, el ejemplo demostrativo va a extenderse y poco a poco
va a establecerse una malla, una retícula forestal que en el plazo de 10,
15 ó 20 años va a ser visible en el conjunto del país.

En cuanto a política de residuos, para abordarla de una manera coherente,
hasta el momento hay una serie de acciones dispersas en el capítulo 6,
algunas de gran interés, unas demostrativas, otras pilotos, pero es
necesario establecer un marco general, el cual va a estar determinado por
la ley básica de residuos, que va a atender no solamente a los residuos
sólidos urbanos, sino también al resto.

A partir de entonces podremos establecer una política presupuestaria de
más coherencia, que no se limite a realizar una serie de actividades
aisladas, sino que provea a un marco general, a una política general, a
una uniformidad de la acción presupuestaria.

El año que viene se pretende dotar dinero de los fondos de cohesión a la
política de residuos. Como S. S. sabe, hasta este momento apenas ha ido
dinero de fondos de cohesión a política de residuos y es nuestra
intención dedicar la parte ambiental del Estado que se refiere a fondos
de cohesión a actuaciones auténticamente ambientales, algo que no se ha
podido hacer siempre. Yo comprendo las dificultades que hay para ello,
pero así ha sucedido.

En cuanto a los aceites usados, está a punto de publicarse la orden de
subvención a los aceites usados, con una dotación de 400 millones de
pesetas para este año. Por otra parte, se están manteniendo diversas
reuniones entre los técnicos, incluso de las comunidades autónomas, para
el plan de residuos sólidos urbanos. Este plan debe tener una importancia
básica el próximo año. Como pueden leer en la prensa, algunos de los
elementos relacionados con los residuos sólidos urbanos están produciendo
problemas considerables que es necesario atajar. Abordar la política de
residuos y tratar, no de resolverla, pero por lo menos poner los raíles
para que pueda resolverse, es una de las políticas



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básicas que va a abordar el Ministerio de Medio Ambiente en los próximos
años. Para ello necesitamos, como digo, el vehículo legal de la ley
básica de residuos sólidos a partir de la cual podemos aplicar fondos,
medidas y dinero para abordar el problema de los residuos.

Debe comprender, señoría, que la creación del Ministerio de Medio
Ambiente ha entrañado unas dificultades de orden práctico enormes. Nos
hemos encontrado con muchos problemas. Yo diría que es más difícil hacer
un Ministerio de Medio Ambiente cuando proviene de competencias de otros
ministerios que hacerlo de nuevas, porque las resistencias son siempre
difíciles y el arraigo que hay con otros organismos es muy difícil de
separar. Una gran parte del tiempo se nos ha ido en montar esta
estructura del Ministerio de Medio Ambiente y eso ha hecho que algunos de
los programas, como por ejemplo el de los aceites usados, se retrase, o
como el de las subvenciones a los parques nacionales, que está a punto de
salir. En definitiva, algunos de los programas se han retrasado debido,
fundamentalmente, a la creación del Ministerio de Medio Ambiente que,
como digo, administrativamente ha supuesto una carga tremenda. En el caso
de la Dirección General de conservación de la Naturaleza y de los Parques
Nacionales ha tenido el añadido de este conflicto con el Ministerio de
Agricultura, que viene de la reestructuración del organismos autónomo.

Eso nos ha llevado una cantidad de horas de trabajo y de reuniones que
prácticamente han absorbido el trabajo sustancial.

En relación con la Dirección General de la Conservación de la Naturaleza
y de los Parques Nacionales, no creo que haya una bajada sensible. Se va
a mejorar la gestión. En algunos casos ha habido incrementos, como en el
capítulo 2, de funcionamiento de parques nacionales. Creo que en ese
sentido no vamos mal. Es necesario incrementar la red de parque
nacionales, pero antes es necesario consolidar la existente, lo cual se
va a hacer mediante la red estatal de parques nacionales. Hay un proyecto
de ley muy elaborado, que tiene que ser consensuado por las comunidades
autónomas, pero hasta que no se produzca este consenso se pueden hacer
pocos movimientos en los parque nacionales porque no serían bien venidos
por las comunidades autónomas. Ya hemos hecho algunas gestiones en ese
sentido y nos hemos encontrado con esa pared legal que nos imponen.

Primero es necesario establecer el marco de consenso, como ocurre, por
ejemplo, en Cabañeros, que es el único parque que parte de la sentencia
del Tribunal Constitucional y donde las relaciones son buenas porque ya
se ha establecido una mecánica adecuada. Será ese marco el que nos
permita abordar definitivamente este tema y ver qué otros parque
nacionales podemos asumir.

Hay muchos en cartera, está el parque nacional de Sierra Nevada, el
parque nacional de Monfragüe, el de Aigües Tortes puede ser contemplado.

Hay otras posibilidades, como el parque de alguna zona esteparia o
subdesértica, como el del desierto de Almería, pero necesitamos
urgentemente ese marco de la ley de parques nacionales para poder abordar
con éxito este problema.

Por lo que se refiere a los mecanismos de control, vigilancia y gestión
de los parques, no van a variar y si lo hacen va a ser en un sentido: los
parques nacionales no pueden ya ser islas ecológica, como han venido
siendo hasta ahora. No pueden vivir ajenos a la realidad, a la población
circundante y ésta tiene que entrar a formar parte de ese elenco de
beneficios que supone un parque nacional. No vamos a inventar nada,
existen ya varias figuras en algunos parques nacionales y, concretamente,
en Doñana donde la cooperativa de visitas funciona desde hace varios
años, mediante las que la sociedad está integrada a través de la figura
de las cooperativas que va a ser extendida a otros modelos de parques
nacionales para que la población circundante se vea comprometida con la
gestión del parque. De hecho, si en Doñana no hay más problemas --que los
hay-- es por esa gestión, por esa integración de una buena parte de la
población en los beneficios directos que produce un parque nacional.

A partir de ahí es posible concebir algunas posibilidades de financiación
adicional. En Cabañeros, concretamente, lo que más sorprende a la gente
cuando visita el parque es que el recorrido que se les hace en Land Rover
sea gratuito. Esto no sólo les sorprende, sino que incluso les
desilusiona porque consideran que aquello tiene menos valor. Yo no digo
que vayan a generalizarse los ingresos privados y la participación
privada en los parques nacionales, pero es posible establecer algún
mecanismo por el cual algunos servicios puedan cobrarse no sólo para
subvenir a las necesidades del parque, sino para que el público también
lo valore más.

No sé si he respondido a todo lo que me han preguntado, pero, según las
notas que he tomado de S. S., creo que sí. (La señora Narbona Ruiz pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, si desea aclarar algo tiene S. S. la
palabra.




La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor secretario general.

Nos ha explicado bastante bien por qué los presupuestos de la Secretaría
General de Medio Ambiente son escasos. Es una pena que cuando un Gobierno
y un partido anuncian que el medio ambiente es una prioridad política, a
la hora de la verdad no sea capaz, en la discusión con otros ministerios,
en concreto con Agricultura, de corregir, mejorar, reorientar los efectos
perversos que usted anuncia que van a durar, lo que fueron cambios
acaecidos en el Ministerio de Agricultura porque al final --como le he
dicho y usted y cualquiera pueden comprobar viendo los presupuestos de
los dos años anteriores-- lo cierto es que los parques nacionales
españoles tienen un presupuesto en el capítulo 6 que usted, como experto
en la materia, sabe que no da ni para atender a Doñana. Esa es la
realidad.

Cuando se hace un Ministerio de Medio Ambiente y pomposamente se dice que
la política ambiental es una política prioritaria del nuevo Gobierno, a
lo mejor había alguna forma, dentro de la austeridad general, de quitarle
otros dos o tres mil millones a obras hidráulicas, ya que de todas
maneras, en coherencia con lo que se anuncia, no se deben hacer más
embalses hasta que no haya una evaluación y una reconsideración del Plan
Hidrológico Nacional



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y porque dentro de cien mil millones, tres mil millones no se notan, todo
ello con el fin de haber dotado de forma más adecuada su área y, en
particular, el área correspondiente a conservación de la naturaleza.

No es importante sólo que haya un Ministerio de Medio Ambiente, sino que
haya una voluntad política para corregir insuficiencias o defectos que
han podido encontrar al establecer una nueva organización administrativa.

Espero que esa voluntad, si no se ha visto en estos primeros
presupuestos, se vea en los siguientes, porque me resisto a pensar que
este Ministerio no va a luchar por tener unos presupuestos más adecuados
que los que trae por primera vez a la Cámara.

Por lo que se refiere a los fondos de cohesión, señor secretario general,
lamento que usted no haya tenido ocasión de analizar un documento que se
le entregó a la ministra el día y hora que entró en el Ministerio, donde
se explica perfectamente que en 1996 y en 1995 las cuantías de recursos
de fondos de cohesión destinados a medio ambiente fueron, en el caso de
1995, de 92.450 millones, el 48,5 por ciento de los fondos de cohesión,
y, en 1996, fueron más de 99.000 millones de pesetas, es decir, el 50 por
ciento de los fondos de cohesión. Si el año 1997 se supera la barrera del
50 por ciento, empezaré a creer que sirve de algo, a efectos de fondos de
cohesión, que no haya sólo una Secretaría de Estado, sino un Ministerio
de Medio Ambiente.

Cuando usted decía que para las políticas de residuos no había llegado
dinero de fondos de cohesión, en el mismo documento que ustedes tienen,
en su página once, puede ver que, concretamente para actuaciones del plan
nacional de residuos peligrosos, se aportaron a las comunidades
autónomas, durante 1995, 4.500 millones de pesetas y otros 5.500 para el
plan nacional de descontaminación de suelos. Por tanto, el fondo de
cohesión ha estado ya aportando a dos planes nacionales, que no pueden
dejar de entenderse como un marco general que está diseñado no sólo de
acuerdo con las comunidades autónomas sino en base a lo que es la
política comunitaria de residuos. Por tanto, aunque en estos momentos no
exista una ley actualizada en esta materia, por parte de la Unión
Económica y Monetaria tenemos suficientes directrices como para haber
hecho unos planes que ustedes dijeron en su momento --y la ministra lo
dijo aquí-- que tenían que ser profundamente revisados. Nadie nos ha
explicado todavía qué sentido tendrá esa revisión, pero mucho nos
tememos, por el proyecto de ley de envases que han enviado a las Cortes,
que esa revisión pase, como han hecho en la ley de envases, por reducir,
valga la redundancia, la prioridad a la reducción en origen y a las
medidas preventivas que habíamos dejado en el último texto de la ley de
envases.

Por consiguiente, si ése es el criterio de la política de residuos, que
se irá desarrollando de una forma más completa cuando haya una ley básica
y cuando haya un plan nacional de residuos peligrosos, posiblemente no
podremos estar en absoluto de acuerdo.

En cuanto a los parques nacionales, me dice, y me gustaría que me diera
el dato porque no lo tengo, que incrementa el capítulo 2. Si puede
decírmelo, también me lo puede hacer llegar por escrito, quisiera saber
cuánto supone cuantitativamente ese incremento del capítulo 2 y en qué se
materializa. Es decir, cuáles son los elementos que, de acuerdo con lo
que usted nos dice, suponen ya un cierto esfuerzo, loable, para que los
parques funcionen mejor, a través de una modificación al alza en el
capítulo 2 de estos presupuestos.

Por supuesto, hay experiencias de colaboración con la iniciativa privada
en todo el territorio nacional, no sólo en el territorio competencia de
la Administración central sino también en las comunidades autónomas con
sus respectivos espacios protegidos. Hay un experiencia de colaboración
con la iniciativa privada y no seremos nosotros, en absoluto, quienes no
estemos de acuerdo con que se impulse esa colaboración. Pero aquí, como
en política de aguas, no podemos estar de acuerdo solamente de una forma
genérica con los objetivos de colaboración de la iniciativa privada sino
que, en su momento y en la medida en que nos traigan esas formas de
incentivar la iniciativa privada, podremos estar o no de acuerdo en los
efectos que esa colaboración puede tener.

En cualquier caso, espero que sean criterios que signifiquen no la
privatización de los espacios protegidos sino una colaboración eficaz,
desde el punto de vista social y ambiental. Sinceramente --y créame que
no lo digo con ánimo irónico--, desearía ver en el próximo ejercicio unos
presupuestos que reflejaran de una manera más exacta esa voluntad
política que en su momento se enunció y que en estos momentos no vemos en
absoluto recogida en los presupuestos generales para el Ministerio de
Medio Ambiente.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra, por favor muy resumidamente, don Borja
Cardelús.




El señor SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (Cardelús y Muñoz-Seca):
Reconozco lo que ha llamado usted con mucha propiedad los efectos
perversos de esa desmembración del Icona, que ha arrastrado y que
arrastrará, probablemente, durante algunos años al organismo.

En este año hemos tratado de paliar, y en alguna medida lo hemos
conseguido, esos efectos nocivos, pero no del todo. Hay que reconocer que
todavía no se han paliado del todo, pero estoy seguro de que en los
próximos presupuestos que se podrán hacer con más tranquilidad y más
serenidad, podrán de una forma definitiva establecerse los presupuestos
que requieren la conservación de la naturaleza y los parques nacionales,
que para mí son altísimamente prioritarios, no sólo dentro del ministerio
sino en el conjunto del país. Para mí el medio ambiente es el escenario
donde nos movemos todos los demás, simples y meros actores, y, por
consiguiente, si ese escenario no es sólido nada podemos hacer y de poco
sirve que estemos aquí.

En cuanto a los fondos de cohesión, quería decir que, efectivamente, en
los años 1995 y 1996 se ha producido una dotación ambiental del 47 y 50
por ciento. Pero, sin ánimo de crítica alguna, créame, es necesario
reconocer que muchos de esos proyectos eran ambientales sólo de forma,
sólo de título, pero no eran realmente los proyectos



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ambientales que hubiera requerido el país. Lo que quería decir con esto
no es que no hubiera habido dinero de fondos de cohesión para política de
residuos ni que no hubiera habido proyectos ambientales, sino que de una
forma real y práctica los proyectos que se titulen ambientales deben ser
realmente ambientales, porque con el volumen de dinero que hay en materia
de fondos de cohesión para medio ambiente, créame que se puede dar la
vuelta a muchísimas cosas en el país desde el punto de vista ambiental, y
una de ellas es la de los residuos. Pero también se pueden abordar
políticas de recuperación de humedades, de recuperación de vías verdes,
de recuperación de corredores ecológicos, etcétera. Se puede abordar una
cantidad ingente de proyectos ambientales que, hasta ahora --sin decir
que no sean ambientales, porque en alguna medida ambientales lo eran--,
no eran lo ambientalmente necesario que se requería. Eso es lo que yo
quería decir: que realmente los fondos de cohesión se dediquen a
proyectos ambientales, pero ambientales de verdad, no ambientales sólo de
nombre o sólo parcialmente ambientales.

En lo que se refiere al capítulo parques nacionales, sin perjuicio de que
le enviaré por escrito el dato, porque el que tengo lo considero
provisional, según el dato que tengo, en el año 1996 el capítulo 2 es el
que ha tenido mayores problemas; como, por ejemplo, que no se podía pagar
el teléfono, la luz, la limpieza, etcétera. En el año 1996 ha tenido un
presupuesto --lo digo provisionalmente, insisto, a reserva del envío del
dato definitivo-- de 270.667.000 pesetas y en el año 1997 tiene un
presupuesto de 654.546.000 pesetas. Es una diferencia importante
--insisto en que se lo ratificaré por escrito--, prácticamente del doble,
que es lo que nos va a permitir atender con confianza y con tranquilidad
el funcionamiento. De hecho, en parques nacionales el dato es que están
ya muy tranquilos con esta cifra, porque les va a evitar padecer las
angustias que han sufrido en el pasado.

En cuanto a la iniciativa privada en los parques nacionales no soy
contrario, en absoluto, a meter la iniciativa privada en los parques
nacionales. Los parques nacionales tienen una función y una misión
estatal importantísima. Los parques nacionales son el escaparate natural
de un país. Hay una gran parte del turismo internacional que acude a
España, o a cualquier otro lugar, que inmediatamente mira los parques
nacionales porque ellos deben ser el reflejo, el resumen ecológico del
país. En ese sentido, los parque nacionales deben contener la totalidad
de los ecosistemas españoles, que en este momento no la tienen. En este
momento están representados un 70 o un 75 por ciento de los ecosistemas
españoles, pero falta un 20 o un 25 por ciento de los mismos. Falta,
indudablemente, el ecosistema estepárico y falta el ecosistema árido y
posiblemente falte el fluvial.

Sin embargo, como sabe, un parque nacional no se hace de la noche a la
mañana, requiere una tramitación muy larga, en ocasiones excesivamente
larga. Parte importante de esa tramitación y de esa negociación es que lo
asuman las comunidades locales y el entorno afectados por ese parque. Yo
espero que a lo largo de este año --me refiero a finales de 1996, 1997--
se apruebe la ley de modificación de parque nacionales, que establezca el
marco general, y que para entonces puedan iniciarse los planes de
ordenación de los recursos naturales de otros parques nacionales para
completar el cuadro de ecosistemas del país. En ese momento podremos
abordar el presupuesto que requerirá mantener esos parques nacionales
que, repito, son de importancia máxima para resumir la esencia natural de
lo que constituye ecológicamente un país.

Por consiguiente, si el presupuesto de este año ha estado constreñido y
limitado por las razones que todos sabemos, espero que el próximo,
incluyendo la posible ampliación de parques nacionales, contemple esas
nuevas necesidades para atender y que la red estatal de parques
nacionales quede definitivamente completada.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Borja Cardelús.

Quiero agradecerle en nombre de la Comisión su presencia aquí con
nosotros.

Sin otros asuntos que tratar, doy por finalizada la sesión de hoy.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.