CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 79



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENTE: DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ



Sesión núm. 3



celebrada el jueves, 17 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997. (Número de expediente
121/000015.)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




COMPARECENCIAS A CELEBRAR ANTE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO, EN
RELACION CON LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA 1997 (número de expediente 121/000015):



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLON LEAL). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Números de expedientes 212/000339 y
212/000342.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos. Se abre la sesión.

Damos la bienvenida al señor Subsecretario de Sanidad y Consumo, don
Enrique Castellón, en su primera comparecencia ante esta Comisión.

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Como saben sus SS. SS. por el orden del día, esta sesión trata de las
comparecencias previas al debate del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997. Sólo hay una solicitud de comparecencia,
como decía, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

Si más preámbulos damos la palabra al portavoz de dicho grupo
parlamentario, señora Amador.




La señora AMADOR MILLAN: Señor subsecretario, en nombre de mi grupo le
quiero dar la bienvenida a esta Comisión en su primera comparecencia y
agradecerle su presencia aquí para despejar algunas dudas y dar algunas
explicaciones, en las que mi grupo está muy interesado.

Como conoce, habíamos pedido la comparecencia de la Directora General de
Farmacia habida cuenta del protagonismo que en estos presupuestos tiene
la farmacia, tanto desde el punto de vista de su traducción numérica como
desde el punto de vista de las trascendentes modificaciones legislativas
que se introducen en la conocida como ley de acompañamiento. En todo
caso, agradezco que usted, responsable de la Dirección General de
Farmacia, pueda atender esta petición de aclaraciones que le vamos a
formular.

Hay una cuestión previa, señor subsecretario, que le voy a plantear
después al Secretario General de Asistencia Sanitaria en la medida en que
tiene atribuida, según el decreto de organización del ministerio, la
responsabilidad del presupuesto del Insalud. Pero habida cuenta que es
una cuestión medular y previa a todo el debate presupuestario que en
materia sanitaria podamos tener, me parece que siendo usted el segundo
cargo del ministerio su información es absolutamente relevante.

Por ello, como cuestión previa al análisis del presupuesto, me gustaría
rogarle una explicación sobre la aplicación del modelo de financiación a
la hora de elaborar el presupuesto de 1997 y, específicamente, en el
problema que ha sido objeto de debate público en estos meses previos, que
es el planteamiento que se ha hecho desde otras formaciones políticas, y
concretamente desde Convergència i Unió, en el sentido de la deuda
sanitaria, de la aplicación del modelo y sus deficiencias. Por tanto,
quiero preguntarle cómo se ha resuelto la discrepancia manifestada
públicamente y reiteradamente por el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña en relación con la aplicación del modelo de financiación, cuál
ha sido el resultado de esa negociación en el ámbito sanitario y su
traducción en el presupuesto. Esta es la cuestión previa. Ya sé, como he
dicho antes, que el presupuesto del Sistema Nacional de Salud está
atribuido al Secretario General de Asistencia Sanitaria, pero dada su
relevancia como responsable del ministerio me parece imprescindible
conocer también su opinión sobre este tema.

Señor subsecretario, voy ha hacer un repaso de las cuestiones que en el
análisis del presupuesto nos suscitan alguna duda, primero en cuanto al
reflejo de las cifras y después respecto a la ley de medidas fiscales.

Me gustaría alguna aclaración en relación con el presupuesto del sida.

Hay una reducción, según las cifras de que disponemos, y quiero
preguntarle a qué se va a aplicar esa reducción y a qué va a ir destinada
una consignación de 150 millones a instituciones, que figura
expresamente.

En el ámbito de los servicios generales del ministerio, me gustaría saber
qué van a hacer con las publicaciones. Se ha suprimido el programa de
publicaciones y figura únicamente una partida de 27 millones. Mi
preocupación se dirige a saber si se van a mantener las revistas de
información terapéutica y de salud pública que el ministerio edita. Nos
parece que las publicaciones de sanidad, por la trascendencia que tienen,
son importantes. Quisiera que me hiciera alguna aclaración sobre las
publicaciones del Ministerio de Sanidad.

En el área de la salud pública, señor Subsecretario, me gustaría saber si
se va a hacer el laboratorio de Vigo, en el ámbito de la sanidad
exterior; si en el seguimiento del Plan Nacional de Hemoterapia se va a
seguir ocupando el ministerio de la promoción de la hemodonación, que no
figura o figura de una manera muy poco explícita, y nos parece un ámbito
en el que la autoridad sanitaria tiene mucho que hacer. Le quiero
preguntar por qué no figura la estadística de atención primaria en el
mantenimiento de los sistemas de información sanitaria. Qué ocurre con el
registro de donantes de reproducción asistida, sobre el que tampoco hay
ninguna referencia y estaba a punto de ser puesto en marcha.

En el ámbito de la farmacia tengo algunas consideraciones que hacer, que
me parecen de especial trascendencia a la hora de examinar este
presupuesto. El Gobierno, señor subsecretario, viene situando el gasto
farmacéutico, la política de farmacia, en la máxima prioridad en los
últimos meses, abriendo un gran debate en la opinión pública, en los
afectados, que somos todos, en los sectores, anunciando medidas tendentes
a reducir el gasto farmacéutico.

El señor Presidente del Gobierno, al contestar una pregunta en el Pleno,
hizo referencia expresa al acuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad
con Farmaindustria para limitar el crecimiento del gasto farmacéutico al
2,5 por ciento. Además se ha anunciado la reducción por decreto de los
márgenes de las oficinas de farmacia y de los distribuidores en tres
puntos. Con esos antecedentes, señor subsecretario, produce verdadera
sorpresa ver consignado en el capítulo correspondiente a farmacia un
crecimiento del 14,21 por ciento.

Me gustaría que nos explicara cómo se compaginan semejantes anuncios y
semejantes compromisos con la distancia enorme que hay entre el 2,5
admitido como crecimiento en los acuerdos con Farmaindustria y el 14,21
que se consigna en el presupuesto. Si a eso se añade que en la ley de
acompañamiento se prevé una disposición en virtud de la cual las
deducciones o los descuentos que se obtengan se van a poder deducir en la
contabilización del gasto, que hasta ahora no se hacía, quiere decirse
que con estas medidas que acabo de reseñar todavía hay que sumar a ese 14
tres, cuatro o cinco puntos, de manera que aquí debe haber



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algo que no entendemos porque no es comprensible esta disparidad.

Además, en el ámbito de la farmacia que, como digo, tiene un gran
protagonismo en estos presupuestos y en la política del Gobierno, me
gustaría que nos explicara, señor subsecretario, a qué razones obedece la
introducción del artículo 142 en la ley de acompañamiento, que crea la
definición de la especialidad farmacéutica genérica. Es verdad que el
ámbito de medicamentos genéricos en nuestro país es muy pequeño, pero
existen y se han registrado. Salvo que me diga que no se podía hacer,
quisiera saber qué añade esta nueva definición de especialidad
farmacéutica genérica; por qué el Gobierno considera necesario modificar
la ley para introducirla; qué alcance tiene la exigencia que el artículo
que define a la especialidad farmacéutica genérica contiene respecto al
estudio de bioequivalencia y al uso clínico continuado. Si la
especialidad farmacéutica genérica es un principio activo, que está ya
fuera de la protección de la patente, porque ha vencido el plazo de
protección del monopolio que la patente representa, ¿por qué son
necesarios estudios de bioequivalencia y acreditar el uso clínico
continuado en el supuesto, por ejemplo, de un medicamento que pierde la
protección de la patente pero que lleva utilizándose 20 años?
El artículo de la ley de acompañamiento que prevé el establecimiento de
un sistema de precios de referencia, señor subsecretario, también
requiere, a nuestro juicio, alguna aclaración. ¿Cree el Gobierno que con
la Ley del Medicamento vigente y con el decreto de financiación selectiva
no es suficiente para establecer precios de referencia? La redacción del
artículo que comienza estableciendo la condición de que se hará a medida
que se vayan introduciendo en el mercado los medicamentos genéricos, ¿a
qué responde? ¿Por qué se condiciona la introducción en el mercado de los
medicamentos genéricos a la decisión del Gobierno de establecer precios
de referencia? ¿Cuál es el sistema de precios de referencia en el que el
Gobierno está pensando, de los conocidos y experimentados en países
europeos? ¿Por qué no se consigna la obligación de informar al paciente
acerca del alcance de lo que significa el precio de referencia? Nos
gustaría, señor subsecretario, que nos explicara la razón, el objetivo y
cuáles son los planes inmediatos del Gobierno para introducir en la ley
de acompañamiento estas medidas.

Señor Castellón, de la interpretación de la disposición general que
regula las tasas --no estrictamente referidas a las sanitarias-- en la
ley de acompañamiento, puede deducirse que los derechos de examen se han
convertido en tasas. Me gustaría conocer su opinión. Si es así, ¿cómo se
van a financiar los exámenes MIR a partir de ahora?
En el ámbito del Insalud --sin perjuicio, como le digo, de la
comparecencia del secretario general--, también hay una serie de
decisiones trascendentes sobre las que es obligado preguntarle al
Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo. Respecto al plan
estratégico del Insalud --que está mencionado en los documentos que
acompañan al presupuesto, en la memoria, en los objetivos--, quiero
preguntarle quién lo está haciendo. Si se está haciendo en el Ministerio,
me gustaría saber si tiene anclaje o conexión con el plan de salud y con
el contrato-programa. Si se está haciendo en el ministerio, me gustaría
saber también quién tiene la responsabilidad, habida cuenta que la
dirección general competente en esta materia, la que hizo el plan de
salud y el plan estratégico, ha desaparecido. Y si no se está haciendo en
el ministerio, señor subsecretario, me gustaría saber quién lo está
haciendo, por qué procedimiento se ha contratado, cuánto va a costar ese
plan estratégico, cuáles son los objetivos y quién los fija y en qué
plazo va a estar concluido, habida cuenta que a lo largo del presupuesto
se hace referencia a él y que es un instrumento muy importante a la hora
de analizar los objetivos del Insalud.

También en el ámbito del Insalud, señor subsecretario, pero afectando a
modificaciones legislativas de primer orden --por eso se lo pregunto a
usted también--, me gustaría saber cuál es el alcance, la razón, el
fundamento del artículo 55 de la ley de acompañamiento, que es el que
establece una modificación de la ley de contratos públicos en virtud de
la cual toda la contratación de la concertación de asistencia sanitaria
se va a hacer a través del procedimiento negociado. A mi juicio, ésta es
una decisión absolutamente trascendente, por lo que le pido aclaraciones,
señor subsecretario. Quiero preguntarle si esto es acorde con la
directiva de servicios, de la que el artículo 55 es fiel transcripción.

Las causas por las que se remite a un procedimiento excepcional, como es
el procedimiento negociado, en el que se excluye la libre concurrencia y
la publicidad, son causas tasadas, y ahora, a esos procedimientos
excepcionales, se añade toda la concertación sanitaria. Si entiendo bien,
esto incluye desde los conciertos que se hacen con los grandes
hospitales, los conciertos llamados sustitutorios --por ejemplo, los que
se hacen con el Gregorio Marañón--, de los que son titulares otras
administraciones públicas, hasta la concertación de las diálisis, del
transporte sanitario o del servicio de oxigenoterapia. ¿Cuál es la razón,
señor subsecretario, para que toda esa contratación, que va a alcanzar un
volumen, me parece, de 100.000 millones de pesetas, se derive a un
procedimiento extraordinario de contratación directa, sin publicidad, sin
concurrencia.

Si el Gobierno, en materia sanitaria, está reiterando que es necesario
introducir la competencia, ¿por qué, a la hora de contratar con el sector
privado, se excluye absolutamente a la competencia mediante la remisión a
este procedimiento excepcional de la concertación sanitaria?
La redacción del artículo, señor subsecretario, no le quiero ocultar que
nos causa una gran perplejidad, porque se refiere a un contrato-marco que
ha de adjudicarse con arreglo a la ley de contratos públicos, y le
confieso que no hemos encontrado ese contrato-marco. ¿Qué institución
jurídica es esa del contrato-marco? ¿Dónde está reglada? Por tanto, la
remisión que en la segunda parte del artículo se hace a las garantías del
contrato-marco, según la ley de contratos públicos, dónde está, porque no
sabemos qué figura es ésa.

En el artículo 61 de la ley de acompañamiento, señor Castellón, se regula
la incapacidad laboral transitoria y se hace una referencia que también
nos suscita alguna duda, que me gustaría que nos aclarara, porque se
habla de que se



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hará con los criterios que establezca el Consejo Interterritorial. El
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tal como está
regulado, no tiene carácter decisorio y, por tanto, me gustaría conocer
su opinión sobre el alcance que le quieren dar a la remisión a la
capacidad del consejo para establecer criterios.

Le ruego una aclaración en relación con la regulación que la ley de
acompañamiento tiene respecto a los contratos de obras. Esta modalidad de
contratos de obras, para los que no hace falta disponer de crédito y que
se pueden pagar en 10 años, ¿están ustedes pensando en que sea aplicable
también a la inversión sanitaria? Es decir, ¿se van a poder hacer
inversiones en el Sistema Nacional de Salud, construcción de hospitales o
de centros de salud, acogiéndose a esta nueva modalidad que el pago se
difiera hasta 10 años?
Otro asunto que nos preocupa, señor Castellón, es el artículo 113 de la
ley de acompañamiento. El citado artículo hace una referencia a las
subvenciones públicas y contiene una regulación que, entre otros
extremos, establece que las subvenciones públicas tienen que ser
públicas, en el sentido de que tienen que tener publicidad y todos los
requisitos y garantías de control de a dónde va ese dinero público en
subvenciones. Pues bien, contiene un párrafo que excluye del requisito de
la publicidad a las subvenciones que estén consignadas de manera
nominativa en los Presupuestos Generales del Estado. Pero es que, a
continuación, establece una excepción, cuyo alcance le ruego explique, en
el sentido de que no tendrán que tener publicidad las subvenciones que se
otorguen para financiar las entidades que se vayan a crear en desarrollo
del decreto-ley que habilita nuevas formas de gestión en el Insalud. Si
entiendo bien, las entidades que el Gobierno va a crear en desarrollo de
ese decreto-ley que habilita nuevas formas de gestión, se van a financiar
por subvenciones que no van a tener que ser públicas, que no van a tener
que reunir el requisito de la publicidad. Le ruego, señor subsecretario,
que nos explique cuál es la intención, el objetivo, el alcance de este
precepto que, como digo, contiene una excepción sólo para estas entidades
y que es, a nuestro juicio, sorprendente.

En el mismo asunto, es decir, el de las nuevas entidades que se vayan a
crear, en la memoria y en la definición de objetivos, el presupuesto
contiene algunas referencias a los nuevos modos de gestión, a los nuevos
instrumentos de gestión y a los nuevos hospitales; habla de una serie de
nuevos hospitales que se van a crear con arreglo a los nuevos sistemas de
gestión. Menciona específicamente el hospital de Manacor y el hospital de
Alcorcón, más de una vez, y, sin embargo, no se contiene una sola
especificación respecto a estos hospitales. ¿Cómo se van a poner en
marcha? ¿Qué actividad asistencial van a tener? ¿Dónde está su dotación
presupuestaria? ¿Dónde está la financiación de estos nuevos centros? Ya
dicen que va a ser con arreglo a los nuevos modos de gestión, pero nos
gustaría conocer algo más de lo que la memoria del presupuesto consigna,
y sobre todo dónde están los fondos para financiar y poner en marcha esos
hospitales.

Hay un asunto también, en el ámbito de la salud pública, sobre el que le
ruego una aclaración, y es que no se hace referencia al programa de salud
bucodental infantil, que el catálogo de prestaciones extendió y que no
está priorizado en ninguno de los programas que recogen los objetivos del
Insalud, cuando, por ejemplo, sí se prioriza la educación para la salud,
que es competencia de las comunidades autónomas y no del Insalud.

Estos son, señor Castellón, los asuntos más importantes de un primer
análisis del presupuesto; le agradezco de antemano las explicaciones y
las aclaraciones que nos pueda facilitar. (El señor Villalón Rico pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villalón.




El señor VILLALON RICO: Para una cuestión de orden en relación a la
intervención de la Diputada portavoz del Grupo Socialista. Este trámite
de las comparecencias de los altos cargos es para explicar los
presupuestos. Cuando hay alguna duda sobre alguna de las cantidades o de
las partidas presupuestarias que ha suministrado el Gobierno a las Cortes
Generales, los portavoces o los Diputados de los diferentes grupos tienen
la oportunidad de aclararlo. La señora portavoz del Grupo Socialista ha
introducido un nuevo tema, que sería el debate político, y no es el
momento para hacer que el alto cargo del ministerio, en este caso el
subsecretario, conteste a algunas de las cuestiones que ha presentado la
señora Diputada.

Yo quiero rogar a la Presidencia de la Comisión que se atengan los
Diputados al trámite al que está consignada la comparecencia del día de
hoy y no al debate que ha planteado la señora Diputada, aparte de que
tenemos conocimiento de los diferentes altos cargos que van a comparecer
en la tarde de hoy y la señora Diputada ha mezclado los temas de la
comparecencia del señor subsecretario con los de otros altos cargos que
van a comparecer a lo largo de esta tarde. Algunas de las dudas que ha
presentado la señora Diputada serán contestadas en el momento oportuno
por el Secretario General de Asistencia Sanitaria, pero la señora
Diputada ha introducido otra cuestión distinta de lo que es el motivo y
el trámite de esta comparecencia. (La señora Amador Millán pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Amador, tiene la palabra.




La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, deseo expresar mi absoluta
discrepancia con la interpretación que hace el portavoz del Grupo
Popular, que por lo visto no considera un debate de política sanitaria el
debate de los presupuestos sanitarios. El presupuesto es la traducción de
las decisiones políticas del Gobierno. Todas las dudas y las peticiones
de aclaración que yo he planteado se derivan de lo que está escrito en
los presupuestos. Cada vez que he preguntado algo en relación con el
Insalud he hecho la aclaración de que se lo voy a preguntar al Secretario
General de Asistencia Sanitaria, pero me parece hasta descortés
considerar que el Subsecretario de Sanidad y Consumo no tiene nada que
decir a la hora de hablar de la financiación de la sanidad o del modelo
de financiación de la sanidad.




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Está bien que el grupo que apoya al Gobierno apoye al Gobierno, pero hay
apoyos que realmente el Gobierno no necesitaría.




El señor PRESIDENTE: Estoy plenamente de acuerdo con sus últimas
palabras, y esta Presidencia lo único que estima es que quizá S. S. ha
hecho preguntas al subsecretario que corresponden a otros intervinientes
que comparecerán a lo largo del día de hoy.

También quería aclararle a la señora Amador que la ausencia de la
Directora General de Farmacia no es problema del ministerio ni de esta
Presidencia; ha sido un acuerdo de la Mesa de la Comisión de Presupuestos
el que ha marcado los comparecientes y lo que asumían en cuanto al debate
de presupuestos.

Tiene la palabra para contestar el señor Subsecretario del Ministerio de
Sanidad y Consumo, señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal): Si me
permite, señor Presidente, empezaré haciendo una exposición global y
luego pasaré a contestar las preguntas que se me han formulado.

En términos generales el proyecto de presupuestos del Ministerio de
Sanidad y Consumo, comprendidas las transferencias internas entre
subsectores a favor del Insalud, así como las dirigidas a organismos
autónomos del departamento, que son el Instituto Nacional de Consumo y el
Instituto de Salud Carlos III, se ha fijado en tres billones 302.000
millones de pesetas, con una variación positiva de 12,9 por ciento sobre
la prórroga de 1996, si se consolida en ésta el efecto del suplemento de
crédito por importe de 389.000 millones de pesetas, para atender a la
sanidad pública, concedido por el Real Decreto-ley 1/1996, de 19 de
enero.

Este proyecto obedece a los siguientes condicionamientos. Los gastos
propios del departamento sufren, en líneas generales, la minoración que
resulta de las políticas dirigidas a conseguir una reducción del gasto
público para situar el déficit en los niveles exigibles para la
convergencia. Los gastos corrientes sufren una minoración del 16,6 por
ciento, respecto a la prórroga de 1996 y los gastos de capital
experimentan un aumento de 1.496 millones, es decir, un 39 por ciento
sobre la prórroga de 1996, especialmente para fijar, de acuerdo con el
convenio suscrito al efecto con la Comunidad Autónoma de Canarias, la
tercera anualidad para la financiación de un nuevo hospital en Las Palmas
y del plan director del hospital de La Candelaria en Santa Cruz de
Tenerife. En consecuencia el conjunto del departamento experimenta una
variación negativa de 5,6 por ciento, con respecto a la prórroga de 1996.

El conjunto de transferencias al Insalud, consolidando en la prórroga de
1996 el suplemento de crédito referido, experimenta un incremento del 13
por ciento, en razón al esfuerzo efectuado en la asignación de recursos
para la asistencia sanitaria pública y bajo la óptica, como luego diré,
del nuevo modelo de financiación.

Para avanzar de forma decisiva hacia la financiación total de la sanidad
pública, a través de recursos del Estado, se establece una transferencia
niveladora de 345.000 millones de pesetas, integrada en el conjunto que
acabo de referir, que compensa la minoración procedente de cotizaciones
sociales. Se produce también la baja de la transferencia a favor de la
investigación sanitaria, que se canaliza a partir del año 1997
directamente al Instituto de Salud Carlos III, a tenor de las
competencias establecidas por Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto.

Las transferencias por otras acciones sanitarias figuran incardinadas en
el proyecto en la aportación del Estado para la asistencia sanitaria.

Las transferencias a los organismos autónomos del departamento sufren
igualmente los efectos de las políticas restrictivas, si bien se constata
el efecto que produce la transferencia a favor del Instituto de Salud
Carlos III, por importe de 2.505 millones de pesetas, para el fondo de
investigación sanitaria que, en ejercicios anteriores, figuraba a favor
del Insalud.

Para 1997 las áreas de acción prioritarias que han de atenderse
encuentran reflejo en los distintos programas de gasto.

Sin perjuicio de un comentario específico, que se pueda hacer más
adelante, merecen citarse previamente las circunstancias de carácter
general que han influido en la configuración presupuestaria de 1997.

La estructura de programas de gastos de departamentos se ha visto
afectada por la supresión del programa 126.F, publicaciones. Dichas
actividades y objetivos, como sus recursos financieros, han pasado a
formar parte del programa dirección y servicios generales de Sanidad.

Aprovecho para comentar una pregunta que se me hizo en relación con esta
cuestión, de los objetivos que figuran dentro del servicio O2, Secretaría
General Técnica, los gastos de edición, distribución y publicaciones que
tienen un valor en el presupuesto de 27 millones de pesetas y que tiene
entre sus objetivos la revista Información Terapéutica del Sistema
Nacional de Salud, que son seis números y se ha publicado
ininterrumpidamente y con una periodicidad mensual desde 1977. Entre
paréntesis, tengo que decir que en el programa editorial de los años 1995
y 1996 su periodicidad ha tenido que reducirse a ser bimensual por falta
de recursos, pero esta revista es la única fuente de información objetiva
acerca de las características de los medicamentos que reciben los médicos
de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, lo que la convierte
en un instrumento esencial para la correcta prescripción, ya que permite
contrastar la adecuación o inadecuación de los datos que sobre
medicamentos ofrecen las numerosas publicaciones de carácter publicitario
y fines comerciales que se remiten por parte de los laboratorios.

Otro objetivo en los gastos de edición es la Farmacopea Europea, que es
una publicación que garantiza la calidad de los medicamentos,
estableciendo normas reguladoras de las materias a utilizar y de los
procedimientos adecuados para su elaboración, conservación y control.

También entra dentro de los objetivos de gastos de edición y distribución
de publicaciones la memoria de actividades del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y que recogen, como es sabido, las
actividades llevadas a cabo durante el año por el consejo
interterritorial y



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su aprobación figura entre los cometidos del artículo 7 del reglamento de
régimen interior que se atribuye a dicho Consejo.

En segundo término, y como cuestiones básicas en relación con los
distintos programas de gasto, consecuencia de la aplicación de los reales
decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 1893/1996, de 2 de agosto, de
reorganización del Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha producido un
reajuste en el contenido de los programas de gasto. El mismo ha
consistido en traspasar de unos programas a otros determinadas
actividades, objetivos y los recursos financieros respectivos en función
de las distintas áreas de competencia atribuidas a los centros gestores.

Por último, cabe señalar el esfuerzo de austeridad y la aplicación de
criterios de racionalización a los gastos de funcionamiento.

Desde el punto de vista presupuestario estos criterios se han traducido
en el mantenimiento, en algunos casos, cuando se consideraba esencial
para la prestación del servicio, o la disminución, en otros, de los
niveles financieros de los distintos programas de gasto.

Los programas esenciales que componen este presupuesto son: la
coordinación de la política de promoción de la salud, con actuaciones
tendentes al diagnóstico de la situación de salud y a la elaboración del
plan integrado de salud, en colaboración con las comunidades autónomas,
así como la definición de una estrategia global dirigida fundamentalmente
hacia la promoción de hábitos saludables de vida, protección de medios
ambientales para la salud y prevención de enfermedades más prevalentes.

La ordenación de medicamentos y productos sanitarios, es otro programa, a
través de actuaciones que lógicamente se mantienen y refuerzan dirigidas
a valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos, así como la
elaboración de criterios para la financiación, administración y buen uso
de ellos, y de los productos sanitarios, potenciando el establecimiento
de normas para la evaluación de su eficacia clínica previa a su
financiación por el Sistema Nacional de Salud.

Está el programa de planificación de la asistencia sanitaria, orientado
hacia la consecución de una mayor eficiencia de los servicios públicos de
salud y de un mayor control sobre el crecimiento del gasto sanitario.

Dentro de este programa se incluye la transferencia --como he comentado
hace un momento-- a la Comunidad Autónoma de Canarias de unos recursos
globales de 5.144 millones de pesetas, destinados a la construcción y
remodelación de centros sanitarios en su ámbito territorial, en
aplicación del convenio suscrito con dicha Comunidad el 26 de mayo de
1994.

Otro programa que interesa resaltar es el de la sanidad exterior, que
implica extremar los controles sobre aquellos productos que ingresen en
el mercado europeo a través de nuestro país como consecuencia de la
desaparición de las fronteras comunitarias. Ello exige el fortalecimiento
de las estructuras de los servicios de sanidad exterior y la redefinición
de puntos de inspección y puestos fronterizos.

Aprovecho para contestar otra de las preguntas diciendo que a esta
exigencia responde la dotación de 115 millones que corresponde a la
primera anualidad para la construcción de un nuevo edificio destinado a
los servicios de sanidad exterior y farmacia en Vigo, que sirva como
laboratorio de referencia para las biotoxinas marinas, en cumplimiento de
la decisión 98/383, de la Comunidad Económica, de 14 de junio de 1993,
del Consejo de la Unión Europea.

Finalmente, el programa de dirección y servicios generales, que incorpora
las actividades de alta dirección, alta inspección y relaciones
institucionales, de ordenación de las profesiones sanitarias; el programa
de trasplante de órganos, que pasa al de dirección y servicios generales,
y el conjunto de servicios horizontales. Sé que se referirán más tarde
los ponentes respectivos a los proyectos de presupuestos de los
organismos autónomos, al Instituto Nacional de Consumo y al Instituto de
Salud Carlos III, pero merece la pena explicar, se ha hecho hace un
momento, que he presentado una adición global de recursos en el
presupuesto de 2.500 millones, que corresponde al fondo anteriormente
dirigido al Insalud.

Sin perjuicios de los comentarios que con suficiente acopio de datos
pueda presentar el Secretario General, comento brevemente que el
presupuesto del Sistema Nacional de Salud se atiene escrupulosamente al
nuevo modelo de financiación, lo que no es óbice para que previsiblemente
existan fuertes tensiones financieras al final del ejercicio de 1997. Por
este motivo se ha considerado oportuno que los distintos ahorros que se
puedan obtener en las medidas, unas ya en marcha y otras que se pondrán,
en relación con el gasto farmacéutico, no se descuenten en ese escenario,
como tampoco se descuenta el hecho de que hay una congelación salarial
para funcionarios, que tampoco disminuye el presupuesto que, de acuerdo
con el compromiso suscrito en el nuevo modelo de financiación, va a ser
la resultante del presupuesto del Sistema Nacional de Salud.

Posteriormente, si la señora Diputada lo estima conveniente, el
Secretario General podrá dar las cifras con mayor detenimiento.

En relación con el programa del sida, existe una cantidad de 150 millones
de pesetas destinadas a subvencionar instituciones de cualquier
titularidad sin ánimo de lucro, con destino a programas de prevención y
control del sida. Entendemos que la colaboración y coordinación entre el
Plan Nacional sobre el Sida y las organizaciones no gubernamentales es un
elemento imprescindible --siempre lo ha sido-- para el desarrollo de
actuaciones complementarias y coherentes con las que realizan las
diferentes administraciones públicas que integra el plan nacional. Por
tanto, las ayudas económicas o subvenciones a organizaciones no
gubernamentales y sin ánimo de lucro constituyen un elemento fundamental
de la política en relación con el Plan Nacional sobre el Sida. La
relación de actuaciones que hagan posible la consecución del objetivo
señalado aconseja establecer las bases y la convocatoria de subvenciones
que contribuyan a financiar programas relativos a la información,
prevención y control de enfermos afectados de sida, dentro de las
directrices establecidas en el Plan Nacional sobre el Sida por la
Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento. Aparte de esto, existen



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en el presupuesto cantidades relativas a la lucha contra el sida que
incluyen la promoción de la atención integral a los enfermos del sida
infectados por VIH, mediante actuaciones consistentes en campaña de
prevención del sida población general, mantenimiento del programa sida y
jóvenes, es decir, prevención VIH, enfermedades de transmisión sexual,
embarazos en adolescentes y drogas intravenosas, III Conferencia Nacional
Sida y Drogas, programa de intercambio de jeringuillas para usuarios de
drogas por vía parenteral en España, campaña de accesibilidad al
preservativo destinada a distintos colectivos con prácticas de riesgo,
estudio de seroprevalencia al VIH, operación centinela, curso de
formación en vigilancia epidemiológica del VIH y sida para responsables
de los registros de sida del Estado, encuesta sobre conocimientos
actitudes y prácticas frente al VIH en la población española.

En concreto, en el presupuesto de 1997, manteniendo prácticamente una
continuidad con respecto al año 1996, habrá cinco establecimientos de la
red nacional de vigilancia epidemiológica seroprevalencia de VIH; tres
estudios de análisis económico de consumo de recursos sanitarios y
actitudes de la población ante el sida; tres campañas de información y
educación para prevención de la infección por VIH en población general y
en grupos de mayor riesgo; tres campañas de acciones directas de
prevención; tres conferencias sobre sida, drogas, grupos de apoyo y
escuela y ciento cincuenta acciones de intervención preventiva y apoyo
psicosocial a través de las subvenciones a las ONG.

En relación con la pregunta que me hacía del laboratorio de Vigo, de
diotoxinas marinas, creo que ya he contestado a la misma; tiene 115
millones y está incluido en el presupuesto de este año. Existe una
segunda anualidad de 45 millones de pesetas para el año 1998.

El registro de donantes de reproducción asistida tiene una condición que
entendemos previa y estamos preparando un real decreto para regular la
Comisión Nacional de Reproducción Asistida. La Ley de reproducción
asistida es del año 1990, ciertamente, y quizás debería haberse puesto en
marcha el registro, ya que la ley marca unos plazos que fueron superados
hace algún tiempo.

El plan de hemoterapia se encuentra en fase de reparto competencial, y se
está desarrollando a través de las comunidades autónomas, como saben.

Hasta principios de los años noventa existió un presupuesto específico en
el ministerio para financiar actividades relacionadas con la
hemodonación, para cooperar en esas actividades, pero estas partidas
presupuestarias desaparecieron en los últimos ejercicios.

En farmacia me ha planteado varias cuestiones. El acuerdo con
Farmaindustria implica el comienzo de retornos por parte de la industria
a partir de un crecimiento del 2,6 por ciento, un crecimiento que es
progresivo y no lineal. Es decir, conforme se produce un crecimiento
mayor con respecto al ejercicio anterior, el retorno se va haciendo
mayor, porque éste es un acuerdo con una filosofía esencialmente
diferente del que existía previamente, una filosofía que consiste en
disuadir, en la medida en que la industria pueda influir directa o
indirectamente en el crecimiento del gasto, en que se encuentre un mayor
efecto disuasorio a traspasar determinados crecimientos. El acuerdo
vigente era lineal, de manera que ese efecto disuasorio era inexistente o
muy poco efectivo.

Con la oficina de farmacia ya conoce la señora Diputada las medidas que
se van a tomar, junto con otras. El incremento tan rápido en el gasto
farmacéutico no es algo que se pueda detener con una sola medida, ni con
dos ni con tres, probablemente, sino con un conjunto idealmente bien
coordinado y ensamblado; medidas dirigidas a todos los agentes que
participan o que pueden tener no responsabilidad, pero sí parte que ver
con este problema. La cuestión de los medicamentos genéricos es uno de
esos abordajes, junto con otros, que se puede hacer a este tema, y aunque
evidentemente el ministerio disponía de instrumentos que podían ser
mejorados --es una cuestión que se puede discutir-- nos parece que el
conocimiento de que ese instrumento se iba a poner en marcha, el mismo
hecho de que la industria farmacéutica se haya sentido estresada respecto
de esto, implica que el instrumento parezca algo más poderoso que los
instrumentos que había previamente. Pero respetando una política de
entrar en los temas con decisión, pero también con cautela, tiene esa
redacción en la cual el ministerio no quiere establecer precios de
referencia de una forma abrupta, sino que quiere vincularlos al hecho de
que existan genéricos de verdad en el mercado. Ciertamente, aunque los
cálculos estiman el mercado de genéricos en España en un 2 por ciento, es
un concepto de genérico que no encaja con una definición, digamos, de
mayor pureza, puesto que, depende de como se considere, medicamentos
genéricos en España podría no haber hasta el año 2012, teniendo en cuenta
que las patentes de producto son posibles, creo, desde octubre de 1992.

En cualquier caso, está en nuestra intención negociar con la industria el
respeto por parte de las autoridades sanitarias de las patentes
internacionales, en la medida en que esto pueda dar lugar a una
progresiva entrada de productos que sí podríamos prácticamente considerar
como genéricos, y en la medida en que vayan entrando se instaurarían para
esos grupos precios de referencia. Por otro lado, esta política de
cautela es obligada, puesto que forma parte del propio pacto de
crecimiento que se ha hecho con la industria farmacéutica.

Me ha hecho una pregunta en relación con los derechos de examen de las
pruebas MIR y las tasas. Efectivamente, se está negociando con Hacienda
sobre la forma de retornar la cuantía de la recaudación para los gastos
de las pruebas MIR. En todo caso, arbitrada la solución considerada más
conveniente, es evidente que sería muy arriesgado por mi parte asumir el
compromiso de que las pruebas MIR se celebrarán siempre en los plazos
establecidos.

Me ha hecho también una pregunta en relación con la incapacidad
transitoria, aunque no directamente referida a la incapacidad transitoria
sino más bien al papel del consejo interterritorial. Nosotros hemos
manifestado públicamente (también el señor Ministro de Sanidad y Consumo
en la primera comparecencia ante esta Comisión) y dijimos en la primera
convocatoria del consejo interterritorial



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que nuestro objetivo era darle al consejo un mayor protagonismo y
autonomía, y posibilitar al mismo tiempo que se incluyan en el orden del
día las cuestiones de auténtica actualidad e importancia sanitaria. De
hecho estamos trabajando ya en una modificación del reglamento y del
artículo 61 de la Ley de acompañamiento. Eso ha de inscribirse en este
mismo contexto.

En cuanto a la salud bucodental, este programa se hace a través del
Insalud y de las comunidades autónomas. Se puede decir que se mantendrá
en las condiciones actuales; es decir, no hay ningún retroceso en lo que
se refiere a salud bucodental.

Me hizo también una pregunta en relación al incremento del 14 por ciento
en el presupuesto de farmacia del año 1997. Este es un presupuesto que
recoge la desviación estimada del año 1996, que será aproximadamente de
10.000 millones, y un crecimiento sobre el gasto real de 1996 del 10 por
ciento. Es un presupuesto, evidentemente, conservador, y puesto que
pierde el carácter de ampliable es evidente que puede ser aplicado, en su
caso, como esperamos que así sea, a otras partidas donde sea necesario.

Algunas de las preguntas caen dentro del ámbito del Instituto Nacional de
la Salud. No obstante, y casi sobrevolándolas sin entrar en detalles, voy
a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, el plan estratégico del Insalud
lo hace el Insalud efectivamente. El ministerio no tiene nada ver con el
plan del Insalud en el sentido de que no lo trabaja, pero también ha sido
requerido, y lo hace gustosamente, para aportar sugerencias en la medida
en que se las piden. No está conectado ni con el plan de salud ni con el
plan integrado, que forman parte de las competencias que desarrolla la
Dirección General de Salud Pública.

Lo mismo puedo decir, en términos generales, respecto a los hospitales
nuevos, que puesto que se financian a través de un contrato programa
efectivo, lógicamente tienen su asiento presupuestario donde corresponde
a este tipo de concertación. Ciertamente, en algunos de los hospitales
que tienen una consideración distinta --en este caso fundaciones-- la
experiencia dicta que al principio, evidentemente, no llegan de manera
súbita a una situación estable en cuanto al coste de su actividad. La
experiencia de fundaciones existentes, que ahora produce servicios a un
coste inferior por diversos motivos, en los cuales no voy a entrar, a un
hospital convencional, es que ciertamente al principio no resulta fácil
calcular exactamente los recursos que su puesta en marcha puede implicar.

Por tanto, esta medida del artículo 113 de la ley de acompañamiento
facilita este tránsito inicial sin mayores traumas.

Ya he comentado que no voy a entrar en alguna cuestión puesto que se
detallará en intervenciones posteriores, pero si a alguna pregunta de las
que me ha hecho no he contestado, no tengo ningún inconveniente en que me
la replantee, aunque tengo la impresión de que he tomado nota de todo;
siempre es posible haberse dejado algo en el tintero.




El señor PRESIDENTE: Para turno de réplica tiene la palabra la señora
Amador.




La señora AMADOR MILLAN: Hay algunas cuestiones, señor Castellón, que
efectivamente sigo sin entender.

Quiero hacer una consideración previa, y es que la separación entre
autoridad sanitaria o proveedor y financiador o prestador y financiador,
que es un asunto repetido reiteradamente por el Gobierno, no es una frase
teórica, tiene su traducción. Es decir, el Insalud provee los servicios,
pero quien tiene la responsabilidad de garantizar los principios del
modelo sanitario es el Ministerio de Sanidad y Consumo, del que el señor
Castellón es subsecretario. Por tanto, en relación con el Insalud, aparte
de que ha quedado de manifiesto en la intervención del subsecretario que
el comentario del portavoz del Grupo Popular huelga porque él mismo, en
la intervención que tenía preparada, ha hecho referencia a hospitales y a
centros, como no podía ser de otra manera, hay algunas cuestiones que me
preocupan, señor Castellón. Porque una cosa es que el Insalud ejecute los
objetivos que se le marquen y otra cosa es que el Insalud decida acerca
de cuestiones medulares que afectan al modelo, insisto, sanitario público
y que están, a mi juicio, fuera de su capacidad de decisión porque entran
de lleno en el ámbito de la autoridad sanitaria, encarnada en el
Ministerio de Sanidad, que es quien tiene, por imperativo constitucional,
la obligación de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos.

Y los asuntos que he planteado afectan a eso. Por ejemplo, afecta a eso
la concertación sanitaria, afecta a eso las entidades públicas o privadas
en las que el subsecretario me remite al Insalud y, por tanto, haré la
pregunta al Insalud. Pero hay algunas cuestiones sobre las que voy a
insistir para obtener información.

El subsecretario ha explicado algunas cuestiones en relación con la
farmacia, pero no nos ha dicho cómo se explica esa diferencia enorme
entre el 2,6 --el Presidente del Gobierno dijo el 2,5, según el «Diario
de Sesiones»-- y el 14,21, a pesar de ese anuncio de desviación
importante para el año 1996. Sigue habiendo una gran diferencia, señor
Castellón, entre un objetivo de contención del crecimiento al 2,6 y el
14,21 pintado en el presupuesto, al que hay que añadir los descuentos que
según otro artículo de la ley se van a deducir. El carácter ampliable de
la partida de farmacia se perdió en el año 1994, con el nuevo modelo de
financiación, que es cuando se decidió. Por tanto es un asunto conocido.

He creído entender que los nuevos hospitales de Manacor y Alcorcón, en lo
que se refiere a su financiación --por la que me interesaba--, están en
el capítulo de conciertos. Si es así, señor subsecretario y le he
entendido bien, mi preocupación aumenta porque la posibilidad de
concertar con un centro perteneciente a la Seguridad Social escapa al
escenario que a mí me parece posible. Es decir, ¿se está pensando poner
en marcha Alcorcón y Manacor con entidades nuevas, creadas al amparo del
decreto-ley y por la vía del concierto? Esa es la pregunta.

La referencia al artículo 113, señor subsecretario, quiero saber si es a
los contratos de obras que ha dicho y , por tanto, si es posible hacer
inversiones sanitarias con arreglo a esa nueva modalidad o se refiere a
la falta de publicidad en las subvenciones. Le ruego que me lo aclare.




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En la política de farmacia, señor Castellón, deduzco --y me gustaría
estar segura de mi deducción-- que las medidas que se introducen de
modificación de la ley del medicamento en la ley de acompañamiento, que
parece que tienen una cierta urgencia, habida cuenta de esas
explicaciones no se van a aplicar en el año 1997, sino que respecto al
tema de los medicamentos genéricos y de los precios de referencia se está
pensando en un medio plazo.

Hay una cuestión que me preocupa especialmente y también le ruego que la
aclare. Cuando dice que se incide en todos los eslabones no responsables
--ha dicho-- pero que sí tienen parte en el gasto farmacéutico, ¿sigue
contemplando el Ministerio alguna medida en relación con el paciente y el
gasto farmacéutico? Nos ha hablado de la industria, y nos ha hablado de
las oficinas de farmacia. Sobre esa referencia a todos los que tienen que
ver con el gasto farmacéutico, le ruego me diga si contempla también al
paciente y el ministerio sigue adoptando medidas en farmacia que puedan
afectarle directamente.

Me ha dicho que el plan estratégico lo realiza el Insalud y que, por
tanto, me remite a él. También ha dicho que el plan estratégico no guarda
relación ni con el plan de salud ni con el contrato programa. Trataré de
que el responsable del Insalud nos aclare un poco más estos temas.




El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Castellón.




El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (Castellón Leal):
Efectivamente, la separación es una cuestión que hemos mantenido y lo
hacemos anticipándonos al futuro porque consideramos el Insalud como
consideramos a otras comunidades autónomas con gestión transferida, por
tanto sí somos autoridad sanitaria para el conjunto del Estado. No
queremos fagocitar al Insalud como tampoco podemos ni debemos fagocitar a
ningún servicio de salud transferido. El plan estratégico del Insalud es
equivalente al plan estratégico que han hecho muchos servicios de salud
con competencias. Cuando he dicho que no estaba vinculado al plan de
salud quería señalar que una cosa es el plan estratégico, en el que se
está trabajando en el Insalud y otra cosa es el plan integral de salud,
que es un trabajo que ya está casi desarrollado y se concluirá en su
debido momento por la Dirección General de Salud Pública en relación con
los planes de salud de las distintas comunidades autónomas.

Con respecto a los nuevos hospitales, he dicho que no es un hospital
convencional y, por tanto, su presupuesto no aparece donde aparecen los
hospitales convencionales. No he dicho dónde está; lo aclarará
convenientemente el secretario general en la intervención inmediata.

Lógicamente, el objetivo de crecimiento del gasto es el que hemos
planteado y por eso empezamos los retornos a partir de esa cifra, pero
tampoco quiero que se nos impute el ser realistas y tener ciertas
seguridades en beneficio de una buena gestión.

Respecto a la otra cuestión que planteaba, le diré que me refería a las
subvenciones a las fundaciones.

En cuanto a la ley de medidas de acompañamiento y la implantación
inmediata de algunas acciones en relación con los genéricos, yo no veo
que tenga que ser obligada la puesta en marcha inmediata por cuanto que
nosotros entendemos que la ley de medidas tiene que reforzar la
credibilidad de los presupuestos. En la medida en que el ministerio hace
manifestación explícita, a través de la formalización de esos artículos
en la ley de acompañamiento, realmente refuerza la idea de que se va a
tomar en serio y de que se va a avanzar con rigor en cuanto a los
genéricos y, eventualmente, los precios de referencia. Ese es, a mi
juicio, el sentido que tiene.

Con respecto a los pacientes, el ministerio ya manifestó en su momento
que hay estructuras más equitativas de coparticipación que la actual
vigente y, en cualquier caso, que es un tema que remitiría a la ponencia
para su deliberación y estudio y para la evidente aceptación de los
criterios que allí se expongan.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón. Termina el turno de
intervención correspondiente a la comparecencia del señor subsecretario.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (NUÑEZ FEIJOO), A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Números de expediente 212/000340 y
212/000341.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ahora el Secretario General de
Asistencia Sanitaria, también a solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista, al que damos la bienvenida en su primera comparecencia,
deseándole nos acompañe en otras comparecencias que estoy plenamente
convencido que le van a solicitar los miembros de la Comisión.

Tiene la palabra la señora Amador.




La señora AMADOR MILLAN: Señor secretario general, en nombre del Grupo
Socialista le doy la bienvenida a esta comisión y le agradezco su
comparecencia para contestar las preguntas y aclaraciones que le voy a
plantear inmediatamente sobre el presupuesto del Sistema Nacional de
Salud y del Insalud.

Como usted sabe, señor secretario general, mi grupo había pedido la
comparecencia del Director General de Presupuestos del Insalud,
atendiendo a la distribución de competencias que en el decreto del
ministerio se contiene, que le atribuye al secretario general el
presupuesto de todo el Sistema Nacional de Salud y el del Insalud. En
todo caso, la decisión de la Mesa, que el Presidente ha comunicado,
concentra en usted todas las cuestiones que queríamos plantear al
Director General de Presupuestos también. Por tanto, me va a permitir
tres bloques de cuestiones. El primero hace referencia a los grandes
principios de la financiación y su traducción en el presupuesto de 1997;
el segundo hace referencia a las importantes novedades legislativas que
contiene la Ley de acompañamiento de los presupuestos y que afectan
medularmente al Insalud; y el tercero a cuestiones concretas del
presupuesto del Insalud propiamente dicho.




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La primera cuestión sobre la que le ruego aclaración, señor Núñez, es
cómo se ha aplicado el modelo y el escenario previsto en el acuerdo de
financiación aprobado en el año 1994 para el cuatrienio, cuál ha sido el
resultado de las negociaciones con otros grupos políticos, especialmente
con Convergència i Unió, cuyo debate público hemos tenido todos ocasión
de seguir en relación con la deuda invocada por Cataluña, cuál es la
traducción de esos acuerdos en el presupuesto del Sistema Nacional de
Salud, cómo se reparte el crecimiento del gasto sanitario entre el
Insalud-gestión directa y las comunidades autónomas, habida cuenta de que
en la información que se facilita en el presupuesto se hace la
comparación y se facilita la explicación para comparar presupuesto
homologado en relación con el Insalud, pero no se dice nada en relación
con el crecimiento respecto a las comunidades, es decir, en la gestión
directa y en la transferida. Se explica en el documento, al exponer el
análisis económico funcional del estado de gastos del Insalud, qué pasa
con el presupuesto inicial y cómo se hace la comparación, pero no
respecto de la división entre gestión directa y transferida, y por lo
tanto lo que aparece en el cuadro es el 1,58 y el 2,63, respectivamente.

Le ruego si puede explicarnos cuál es esa situación. Respecto a la
aplicación del modelo valen las preguntas concretas que le acabo de
hacer, pero naturalmente con cualquier aclaración que considere relevante
para entender el presupuesto y cómo se ha aplicado el modelo de
financiación.

Le decía que iba a hacer referencia en segundo lugar a la introducción en
la ley de acompañamiento, en el texto articulado también, de algunas
decisiones de enorme trascendencia, sobre las que acabo de preguntar al
señor Subsecretario de Sanidad y Consumo y que en general ha remitido a
su comparecencia porque afectan al Insalud. Lo primero que quiero
preguntarle es a qué responde la propuesta que contiene el proyecto de la
ley de acompañamiento de modificar la Ley de contratos públicos para
encauzar hacia la contratación directa, que ahora se llama procedimiento
negociado, y por tanto con exclusión de la publicidad de la libre
concurrencia, etcétera, a qué se debe la decisión de encauzar a esa vía
excepcional la concertación de la asistencia sanitaria; si es acorde con
la directiva de servicios públicos de la que el artículo correspondiente
de la Ley de contratos es fiel transcripción, qué es un contrato-marco,
que se invoca en ese artículo y no sabemos dónde está regulado. Esta es
la primera cuestión sobre la que le ruego explicación. ¿A qué filosofía
responde esa decisión? ¿Cómo se compagina la continua invocación a la
competencia por parte de su Gobierno, en el ámbito sanitario, llevada en
algunos casos a extremos delirantes, señor secretario general, cómo se
compagina esa invocación de la competencia como principio deseable con
esta manera de evitar de un plumazo la competencia que entendemos supone
la contratación directa por vía de procedimiento negociado de toda la
concertación sanitaria, que, si no me equivoco, tiene previsto para el
año 1997 un gasto de 100.000 millones de pesetas, y si va a aplicarse
tanto a los conciertos sustitutorios con entidades sanitarias
dependientes de otras administraciones públicas como a los conciertos por
transporte sanitario o por oxigenoterapia o por diálisis, es decir, todos
los conciertos sanitarios.

En la ley de acompañamiento, señor secretario general, se incluye también
la decisión de pasar al sistema de control financiero posterior el
control de todos los hospitales del Insalud y sustituirlo por la
intervención previa. Este procedimiento estaba ya instaurado, me parece
que en quince o veinte hospitales, y toman la decisión de generalizarlo a
todos. Me gustaría saber, señor secretario general, si existe alguna
relación entre esta decisión, que, como digo, extiende a todos los
hospitales lo que ya estaba decidido para unos cuantos, con una
afirmación que el Presidente del Gobierno hizo en el Pleno del Congreso
en relación con que existía un número muy importante de hospitales sin
control de intervención; afirmación cuyo alcance no es claro, por lo que
me gustaría saber si existe alguna relación entre esa manifestación del
Presidente del Gobierno y esta decisión que adoptan ustedes ahora a
través de la ley de acompañamiento.

También le quiero preguntar por la nueva regulación del contrato de
obras, que se contiene en el artículo 113, con la nueva modalidad de que
se puedan abordar inversiones públicas sin disponer del crédito, en el
momento de iniciarlas, y sustituyéndolo por el compromiso de crédito para
ejercicios futuros. ¿Piensan utilizar esta modalidad en el ámbito
sanitario y, por tanto, iniciar inversiones sanitarias de hospitales o de
centros de salud o de lo que sea, enviando su pago a la siguiente década?
Porque me parece que el artículo prevé un plazo de diez años.

También le quiero preguntar, señor Núñez, por la excepción a la regla
general de publicidad a las subvenciones que se refleja en el artículo
113, en un párrafo expresamente dedicado a las subvenciones que se vayan
a otorgar para financiar las nuevas entidades que se creen al amparo del
decreto-ley que habilita nuevas formas de gestión en el Insalud y que
excluye del requisito de la publicidad el otorgamiento de estas
subvenciones. ¿A qué se debe, por qué se hace y en qué se está pensando
para introducir en la ley esta modificación?
Le ruego también información sobre el plan estratégico del Insalud que se
menciona reiteradamente en los documentos del presupuesto. Queremos saber
quién lo está haciendo y dónde se está haciendo. Si se está haciendo en
el Ministerio, qué conexión guarda con el plan de salud y con el
contrato-programa del Insalud, quién lo coordina, teniendo en cuenta que
la unidad responsable de la elaboración, tanto del plan de salud como del
contrato programa, que era la Dirección General de Aseguramiento y
Planificación, fue suprimida en su reestructuración. Si, por el
contrario, no se está haciendo en el Ministerio y se está efectuando
fuera, le ruego información sobre quién lo está realizando, en virtud de
qué procedimiento de contratación o de lo que sea, cuál es el importe,
cuáles son los objetivos y cuál es el plazo en que se va a ejecutar ese
plan estratégico.

Entrando ya, señor secretario general, en el detalle del presupuesto,
quiero hacerle algunas preguntas sobre las distintas áreas, empezando por
la de la atención primaria. El Gobierno ha venido repitiendo en todo su
discurso político



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una gran consideración hacia la atención primaria. Ello nos ha
tranquilizado porque no siempre ha sido ésa la posición del grupo
político que apoya al Gobierno en relación con la atención primaria. Como
digo, nos ha tranquilizado oír manifestaciones del Ministro y de otros
altos cargos en relación con la prioridad que representa la atención
primaria. Pero, señor secretario general, al ir al presupuesto, que es la
traducción de las decisiones políticas, nuestra preocupación en relación
con la atención primaria es enorme. En el capítulo 1, de atención
primaria, señor Núñez, aparece la cifra de 171.000 millones de pesetas,
frente a 168.000 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento de
2.309 millones, si las cifras son correctas. Teniendo en cuenta que de
cuotas de Seguridad Social hay que pagar 978 millones; de personal
laboral, 885; del presupuesto de 1996, que se consolida, otros 850
millones, señor Secretario General, el saldo es negativo para atender 64
equipos de atención primaria, según enuncian ustedes. ¿Cómo van a atender
64 equipos de atención primaria con un crecimiento de 2.309 millones,
según los datos que le acabo de leer? Poner en marcha un equipo de
atención primaria cuesta 20 millones de pesetas; calcule para 64. No
vemos reflejada presupuestariamente la afirmación de crear 64 equipos con
el dinero que figura para hacerlo.

En las inversiones la situación es preocupante, señor Secretario General.

Bajan un 30 por ciento en la atención primaria. Y el análisis del
presupuesto es complicado. Por primera vez en muchos años, en la serie de
las hojas de inversiones del Insalud no consta el presupuesto total de
cada centro, no consta el conjunto de anualidades, por primera vez; y,
por tanto, analizar los centros y su coste total se convierte en una
tarea imposible. Pero se anuncian quince centros nuevos con una dotación
de diez millones para cada uno. Y nos preocupa porque con diez millones
poco va a poder iniciarse en esos quince centros nuevos. Es una cifra que
está muy por debajo de la media de lo que el Insalud venía haciendo, una
media que estaba entre 25 y 30 centros nuevos cada año. Hay muchos menos,
pero además, con el dinero que se consigna, creemos que no es posible
iniciar las obras. En el año 1996, señor Núñez, había una previsión de
construir 42 centros nuevos, faltan 18, según los datos del presupuesto.

Los planes de necesidades se dotan con 257 millones. En la memoria del
presupuesto contabilizan ustedes 2.826 unidades, lo que quiere decir que
a cada unidad le tocan 90.000 pesetas. Pocas necesidades se van a poder
atender con estas cifras.

En la especificación de los objetivos hay cosas que nos suscitan dudas,
por lo que le ruego una aclaración. Por ejemplo, cuando hablan ustedes de
las relaciones entre atención primaria y especializada. En su discurso el
Gobierno está repitiendo cosas contradictorias, y en el documento que
acompaña a los presupuestos se anuncia en los objetivos un nuevo modelo
de gestión integral del área sanitaria. Esto es lo que se dice en el
texto. Le ruego nos aclare lo que significa un nuevo modelo de gestión
integral del área sanitaria, porque con un solo enunciado no se disipan
algunas de las dudas que tenemos planteadas. O es un modelo integral, o
se facturan recíprocamente. ¿En qué quedamos? Señor Núñez, le ruego una
aclaración porque el modelo para la gestión del área no es irrelevante.

No le voy a hacer la relación de centros de salud que desaparecen, pero
la reducción del 30 por ciento es suficientemente expresiva de lo que
ocurre con la asistencia primaria en este presupuesto y cómo se
contradicen estos datos con el discurso reiteradamente expuesto por el
Gobierno respecto al valor que le da a la atención primaria.

En atención especializada también tenemos algunas dudas. En primer lugar,
en el capítulo 1. Nos acaba de decir el subsecretario, señor Castellón,
que del crecimiento que se produce como consecuencia de la aplicación del
modelo, un crecimiento global del presupuesto equivalente al crecimiento
del PIB nominal, de ese crecimiento no se ha excluido el capítulo 1. Como
hay congelación salarial, ahí hay dinero disponible que aumenta los
recursos de la sanidad, de todo el modelo de la sanidad. Sin embargo, hay
algunos datos que quiero que me explique, señor Núñez. Por ejemplo, el
aumento de la productividad variable en atención especializada del 34,1
por ciento y el aumento del 10 por ciento de las retribuciones de los
trabajadores laborales. Si van ustedes a aumentar la productividad, ¿es
que se han cumplido los objetivos pactados con los sindicatos médicos de
aumento de actividad, como mínimo, de un 5 por ciento? ¿Ha aumentado la
actividad de los centros? ¿Cómo se compadece el aumento de la
productividad variable con la congelación? ¿Va a ser sólo para los
médicos, o también para el resto del personal sanitario?
La previsión de que los mayores de 55 años dejen de hacer guardias
médicas, que estaba contenida en los acuerdos con los sindicatos, y hagan
otro trabajo supone 1.000 millones, que se mantienen para esos médicos en
su retribución pero que salen de las guardias médicas. ¿Se va a aumentar
la dotación para guardias, o se va a reducir el número de guardias?
¿Dónde está la financiación de los nuevos hospitales, señor secretario
general? A lo largo de toda la memoria se hace referencia a los nuevos
hospitales, a los nuevos modos de gestión, a las nuevas entidades que se
van a crear. ¿Dónde está la consignación presupuestaria para Manacor y
para Alcorcón? y, en su caso, para alguno más, porque ésos son los dos
que se citan nominativamente.

En el capítulo 2, señor secretario general, se produce un aumento de
18.000 millones. ¿cuánto va a conciertos y cuánto al resto?
En las inversiones, señor Núñez, le ruego aclaración sobre algunas cosas
sorprendentes. Aparece el hospital de Calahorra dotado con 300 millones
de anualidad para el año 1997. El hospital de Calahorra, señor Núñez,
está expresamente citado en un documento firmado por el Ministerio de
Sanidad y por el Gobierno de La Rioja y la construcción y el pago del
hospital de Calahorra los asume la comunidad autónoma. El Insalud asume
otras obligaciones de financiación de otras actuaciones sanitarias, pero
la comunidad autónoma se compromete a construir y a financiar el hospital
de Calahorra. ¿Cómo es posible que aparezca en el presupuesto del Insalud
para 1997 con una anualidad de 300 millones de pesetas?



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Por el contrario, ¿cómo es posible que haya desaparecido el hospital de
Fuenlabrada, un hospital que tenía ya consignación en el presupuesto de
1995 y que desaparece de la previsión de inversiones? ¿Qué pasa con el
hospital de Valladolid, señor Núñez, que no aparece y sobre el que había
un acuerdo y un compromiso entre la comunidad Autónoma de Castilla y
León, el Ayuntamiento de Valladolid y el Insalud? Es un compromiso de
construcción de un nuevo hospital para sustituir al Río Hortega, un
compromiso de todas las Administraciones interesadas, y fíjese que son el
Ayuntamiento de Valladolid, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el
Insalud, pero desaparece.

El hospital de Sonsoles, en Avila, para el que había un compromiso en
1996, pasa a 1997, con un año de retraso. Y no aparecen ni el hospital de
Mahón, ni el de Plasencia, ni el de Rosell, ni la segunda fase del de
Avilés, ni lo previsto en el de Segovia, ni el de la Cruz Roja de Ceuta.

Todos hospitales con compromisos y consignaciones previstas. En cambio,
señor Núñez, aparece una consignación presupuestaria, en estas
condiciones de estrechez, aparece una anualidad de 3.167 millones para el
Palma II, de Baleares, señor Núñez. quizá convendría repasar la
distribución porque, realmente, no parece muy equitativa.

Respecto a la farmacia, señor secretario general, nuestras dudas son
grandes. Hay un acuerdo con Farmaindustria, al que ha hecho referencia en
el Pleno de esta Cámara el Presidente del Gobierno y acaba de explicar en
sus grandes líneas el señor Subsecretario de Sanidad y Consumo, que cifra
el crecimiento en un objetivo del 2,6. Además, introducen ustedes una
disposición en virtud de la cual los descuentos que se obtengan se van a
deducir en la partida de gasto. De manera que la cifra se va a reducir,
cosa que hasta ahora no se podía hacer. Y con todo eso consignan ustedes
un crecimiento en el gasto farmacéutico del 14,21. El presupuesto de
farmacia crece el 14,21 en la previsión que hace el ministerio. Sin
embargo, en los indicadores tienen ustedes objetivos verdaderamente
sorprendentes como, por ejemplo, reducir el coste medio por receta el
1,7, cuando la tendencia es del 5 al 6 por ciento. ¿Cómo se compagina ese
objetivo con ese crecimiento? Al elaborar los presupuestos, señor
secretario general, ¿estaba previsto el decreto que va a modificar los
márgenes de las oficinas de farmacia, o es una decisión que han adoptado
ustedes con posterioridad a la elaboración del presupuesto?
En la elaboración del presupuesto del Insalud, que, como usted sabe, es
muy compleja, no se han contabilizado las entidades colaboradoras, la
colaboración de empresas. Salvo que me corrija y que yo no lo haya visto,
no he encontrado en el presupuesto del Insalud a las empresas
colaboradoras. Eso qué significa, señor Núñez, ¿que dejan de existir las
empresas colaboradoras? ¿Que siguen existiendo pero no se reflejan en el
presupuesto del Insalud? ¿Van a modificar ustedes la Ley de Seguridad
Social para suprimir las empresas colaboradoras? ¿Puede usted, por favor,
informarme de qué pasa con las empresas colaboradoras y el presupuesto,
cuál es la razón de que no figuren y si es consciente y deliberadamente
han adoptado ustedes las medidas complementarias que hay que adoptar, por
ejemplo, en relación con la Ley de Seguridad Social?
Creo que éstas son las cuestiones más relevantes que tenía señaladas.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a la intervención de la señora
Amador, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo):
Señorías, es motivo de doble satisfacción mi comparecencia en el día de
hoy, en primer lugar, por ser la primera comparecencia en esta Comisión
de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados y, en segundo lugar,
por poder comparecer para informar de algo tan importante como son los
presupuestos que, sin duda, consolidan el Sistema Nacional de Salud de
este país.

Dicho esto, voy a intentar responder, en el orden que usted ha seguido,
las cuestiones planteadas. Primer bloque, modelo de financiación; segundo
bloque, texto del articulado de la ley de acompañamiento, de la ley de
presupuestos y de la ley de medidas de carácter social y, tercer bloque,
detalle del presupuesto del Insalud con distintas consideraciones en lo
que se refiere a atención primaria, atención especializada, farmacia y
entidades colaboradoras.

Para hablar del modelo de financiación hemos de decir, en primer lugar,
que el escenario macroeconómico para 1997 de los Presupuestos Generales
del Estado prevé una tasa de crecimiento del PIB nominal del 6 por ciento
--que marca el crecimiento de la asignación financiera base del proyecto
de presupuestos de la asistencia sanitaria canalizada a través del
Insalud--, dando así cumplimiento al modelo de financiación de los años
1994 y 1997. En este contexto las grandes cifras presupuestarias de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 sitúan el gasto público en 29
billones 931.000 millones de pesetas, lo que representa un crecimiento
del 2,4 por ciento respecto al presupuesto base de 1996 y, por tanto,
supone una disminución en términos reales al situarse este crecimiento
por debajo de la previsión de inflación.

Pues bien, con este panorama de contención del gasto público se mantiene
el esfuerzo presupuestario de las políticas de solidaridad, de cobertura
de prestaciones sociales y, concretamente, la política de sanidad atiende
al compromiso del Gobierno de hacer efectivo el derecho a la protección
de la salud.

Insisto, en el contexto de este presupuesto, de extremado rigor y de
contención del gasto, se hace un esfuerzo sin precedentes en lo que es la
apuesta definitiva y decidida por la consolidación de nuestro Sistema
Nacional de Salud al ascender el presupuesto del sistema a la cifra de 3
billones 561.865 millones de pesetas, de los cuales al Insalud le
corresponden un billón 373.000 millones y a las comunidades autónomas con
servicio de asistencia sanitaria transferido la cantidad restante de 2
billones 188.063 millones de pesetas.

Este proyecto de presupuesto se configura, como decíamos anteriormente,
con una estimación de crecimiento del índice de valoración del PIB para
1997 del 6 por ciento de la siguiente forma y con los siguientes
importes. Como sabe S. S., el escenario de 1997 asciende a 3 billones



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538.000 millones de pesetas, los desequilibrios interterritoriales, o lo
que es lo mismo la partida de desplazados, asciende a 16.113 millones y
la liquidación por incremento del PIB de 1995 previsto en aquel
presupuesto asciende a 7.200 millones de pesetas.

A S. S. le interesa saber en qué consistieron las negociaciones con los
partidos que apoyan al Gobierno y la cuestión de la deuda del sistema
sanitario. Usted conoce sin duda, ahora ya no sé si mejor que yo, pero sí
en todo caso en aquel momento, el porqué de la deuda del sistema
sanitario. Todos los servicios de salud confluyen ante un hecho, y es que
en 1995 el Gobierno decide unilateralmente que las medidas de ahorro,
previstas en un primer momento en 90.000 millones, han de ser 149.000
millones de pesetas. Esta decisión --insisto-- unilateral por parte del
Gobierno supone que se ha detraído al sistema sanitario en 1994 la suma
de 58.000 millones de pesetas, y esto evolucionado al PIB ronda la cifra
de 240.000 millones de pesetas. Por tanto, los servicios de salud, el
Consejo Interterritorial, todos las agentes de la Administración que
están gestionando los servicios sanitarios entienden que el sistema es
deficitario en esta cantidad por una interpretación unilateral y no
compartida, como es natural, de lo que fueron las medidas de ahorro en
aquel momento.

Pues bien, ante este hecho y ante un incremento de los gastos de los
Presupuestos Generales del Estado de tan sólo el 2,4 por ciento, el
Gobierno ha tomado dos decisiones. La primera de ellas es que la
presupuestación de la sanidad no se vea minorada por este hecho y, por
tanto, que se siga planteando un crecimiento del PIB del 6 por ciento en
los gastos sanitarios. La segunda es que no haya medidas de ajuste en
1997, a pesar de que hay dos hechos fundamentales y que son los que
llevan al Gobierno en 1995 a considerar que debería haber unas medidas de
ajuste suplementarias a los 90.000 millones de pesetas.

El primero de los dos hechos, anunciado por el subsecretario del
Ministerio, que supone 44.000 millones de pesetas, es que la congelación
salarial siga en el sistema sanitario y no se reporte a minorar el
déficit público, como se hizo en 1994. El segundo, que el real decreto de
márgenes de los medicamentos, anunciado por el ministerio hace escasas
fechas, supone un recorte del 2 por cien a las oficinas de farmacia y un
1 por cien a los distribuidores. Evidentemente, en el momento en que se
cierra el presupuesto esta decisión no estaba tomada, pero sí, como S. S.

sabe, existía un acuerdo con el Consejo General del Colegio de
Farmacéuticos un poco inferior a este decreto de márgenes, pero ya hacía
presuponer que se iban a producir unos ahorros estimados en torno a los
20.000 millones de pesetas.

Si comparamos el real decreto anunciado por el ministerio con el anterior
acuerdo con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, hemos de decir
que el Sistema Nacional de Salud se ve mejorado en su financiación en
20.000 millones de pesetas más de las que actualmente disponía por este
acuerdo con el consejo general. Por lo que se refiere al Insalud, se ve
mejorado con 5.700 millones de pesetas más de los 5.700 que, más o menos,
venía consiguiendo a través del descuento del 2 por cien con los consejos
de colegios que operaban en las veintisiete provincias del Insalud.

Por lo tanto, de la decisión tomada resulta que estos 44.000 millones más
esta previsión de 26.000 millones, forman una cantidad global de 70.000
millones de pesetas, que queda para la consolidación y la dotación de los
presupuestos del Sistema Nacional de Salud y no se va a minorar el
déficit público, insisto, como ocurrió en otros ejercicios.

Estas son, señoría, junto con la explicación que le voy a dar a
continuación, si me lo permite, las grandes decisiones que sustentan el
presupuesto de gastos del Sistema Nacional de Salud, tanto de los
servicios transferidos como del Insalud gestión directa.

Para hacer la comparación homogénea, señoría, entre el presupuesto para
1997 y el de 1996 --usted ya lo ha anticipado-- ha de hacerse una serie
de ajustes que nos llevan ante el hecho, como he dicho anteriormente, de
que el crecimiento evoluciona en torno al 6 por cien del PIB. Las
cantidades que no deben tenerse en cuenta en esta comparación homogénea
son las siguientes: 82.000 millones de pesetas que existían en 1996,
donde se incluían los créditos para saneamiento de deudas; 20.967
millones de pesetas, que suponen la necesaria minoración del PIB de 1996,
toda vez que el PIB real en este año ha sido menor que la previsión que
hubo en la iniciación del presupuesto de 1996; una minoración de 12.134
millones de pesetas como consecuencia de los créditos para atender esta
operación de saneamiento; 18.485 millones de pesetas, que no aparecen en
el presupuesto del Sistema Nacional de Salud y se refieren a las empresas
colaboradoras.

Si me permite, le anticipo la explicación. Si se fijan en las fuentes de
financiación del presupuesto, se observa que las aportaciones del Estado
vía impuestos crecen un 13,43 por cien, lo que supone aproximadamente que
la Sanidad ya está financiada en 1997 en torno al 94 por cien vía
impuestos, sólo el 5,6 por cien se financia vía cotizaciones. Se ha
mantenido una orden de la década de los años sesenta de forma
imperturbable durante todos los ejercicios, donde se definía la
configuración y conceptualización de las empresas colaboradoras, a pesar
de que ya en 1997 las cuotas de la Seguridad Social solamente representen
el 5,6 en el presupuesto, lo que llevó a los responsables del Ministerio
de Hacienda a no contemplar esta partida de ingresos en los presupuestos
de ingresos del Sistema Nacional de Salud que, por otra parte, como usted
sabe, no tiene ninguna repercusión en el presupuesto de gastos, toda vez
que era un ajuste en formalización.

En cuanto a la conceptualización y el futuro de estas empresas
colaboradoras, señoría, le corresponde al Ministerio de Trabajo dicha
conceptualización y cualquier decisión en cuanto a la orden en la que se
tipifica la colaboración voluntaria de las empresas en la asistencia
sanitaria. Por tanto, será dicho ministerio el que le pueda aclarar estas
consideraciones. Quiero decirle que, como responsables sanitarios, a
nosotros no nos afecta esta fuente de financiación del Sistema Nacional
de Salud en el presupuesto de ingresos ni en el presupuesto de gastos.




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Por último, así como en 1996 el PIB previsto sufre una minoración porque
el PIB real es inferior al previsto, en 1995 ocurre lo contrario, sufre
un incremento, dado que el PIB previsto en 1995 ha sido inferior al PIB
real. Este incremento supone 7.200 millones de pesetas para el sistema.

Por lo tanto, el crecimiento del presupuesto supone un 6 por ciento en la
comparación homogénea con el presupuesto de 1996.

Para concretar esta primera parte de su exposición sobre el modelo de
financiación, quiero decirle que los presupuestos del Insalud gestión
directa sufren un incremento en términos homogéneos, dado que hay que
hacer la deflación del PIB de 1996, del 5,69 y el de las comunidades
autónomas del 5,57. En Insalud crece un poco más que las comunidades
autónomas debido a que hay comunidades autónomas que siguen minorando su
porcentaje de participación como consecuencia del acuerdo de
financiación, en concreto las comunidades autónomas de Valencia, de
Euskadi y de Canarias.

En cuanto al texto articulado, la primera cuestión planteada al
subsecretario y a mí mismo es la extrañeza que le ha provocado a S. S. la
previsión de los conciertos, la nueva fórmula de contratación de los
conciertos. Como sin duda S. S. sabe, un concierto no es más que un
contrato administrativo tipificado como un contrato de gestión de
servicios públicos. Ha de ser sometido, por consiguiente, a la Ley de
Contratos del Estado y lo único que se pretende con esta disposición es
que estos contratos de gestión de servicios públicos tengan la misma
celeridad que tienen, por ejemplo, los contratos de suministros. Y me
explico.

Como usted sabe también, porque lo ha hecho y con acierto en su etapa de
ministra, en el Insalud se hacen con mucha frecuencia los concursos de
determinación de tipo, es decir, se sacan a concurso determinados
productos de uso muy intenso por parte de los centros de atención
primaria o especializada y mediante la licitación y la convocatoria
pública se establece una determinación de tipos, es decir, un precio de
referencia en el cual cualquier hospital podrá comprar esos productos que
se obtienen a través de un concurso público mediante un procedimiento
negociado. Pues bien, esto es exactamente lo mismo que se pretende en los
conciertos. Se pretende que se puedan licitar con publicidad y
concurrencia las posibilidades de concertación que tiene el Insalud
gestión directa y que después cualquier hospital ubicado en cualquier
provincia del país pueda, a través de un simple procedimiento negociado y
una vez concretado el precio, adherirse a esta concertación o a esta
contratación. Lejos de huir de la publicidad y concurrencia, señoría, de
lo que huimos es de las autorizaciones de uso, que, como usted sabe, no
tienen ningún tipo de publicidad y concurrencia, y cuando llegamos al
Insalud estaban bastante generalizadas.

Por lo que se refiere al control financiero y fiscalización previa, he de
decirles que esta propuesta ha partido del Ministerio de Economía y
Hacienda. He de decirles también que como responsables de Insalud somos
firmes partidarios de sustituir la fiscalización previa por el control
financiero y que creemos que ése es el avance en cuanto a la fórmula de
control a la que deben estar sometidos todos los caudales públicos, un
control financiero y no un control acto a acto, como si un hospital fuese
un negociado de tasas o una sección cualquiera de cualquier ministerio.

En relación con la regulación de contratos de obra, he de decirle que
este artículo no ha sido una propuesta del Ministerio de Sanidad, pero sí
le puedo decir que lo hemos visto con mucho interés y si para consolidar
las inversiones del Sistema Nacional de Salud es necesario acudir a esta
fórmula y nuestro escenario de financiación nos lo permite, en principio
no desechamos acudir a dicha fórmula que, por otra parte, utilizarán los
ministerios que conforman la Administración general del Estado. Insisto
en que solamente vamos a utilizarla si nos interesa adelantar alguna
inversión porque el principio de equidad lo reclame.

Por lo que se refiere a otra de las cuestiones planteadas al señor
subsecretario y a mí mismo en relación con la publicidad y concurrencia
de las subvenciones, lo primero que hemos de decir es que de momento no
sería razonable el que todos los hospitales del país estuviesen sometidos
en la ley de presupuestos a una subvención nominativa. En definitiva, un
contrato programa no viene a ser más que la dedicación de una serie de
recursos públicos hacia un hospital sin que tenga reflejo presupuestario
previo. Pues bien, la propia naturaleza de hospital público que tendrán
las fundaciones de Alcorcón y Manacor nos lleva a pedir --si fuese
otorgado previo informe, como es natural, de la abogacía del Estado-- la
excepcionalidad de que estos hospitales públicos no estén sometidos a la
publicidad y concurrencia para tener cualquier tipo de subvención por dos
vías. La primera de ellas es que desde el momento en que se pone en
funcionamiento un hospital tarda tres o cuatro meses en realizar una
actividad ordinaria. Eso es normal en cualquier tipo de montaje de un
hospital. Y en segundo lugar, que haya hospitales, los públicos --y
también nos tememos que los de las fórmulas de gestión--, en los que se
pueda producir algún tipo de subvención a la explotación toda vez que lo
que facturen sea inferior a lo que gastan.

Bajo estos dos supuestos, hemos optado por no someter a publicidad de
concurrencia, al igual que al resto de hospitales, a estos hospitales
públicos con personificación jurídica, y por no concretar nominativamente
la subvención, porque, como usted sabe, si la subvención que necesitasen
fuese inferior a la prevista en el crédito se perdería ese crédito, y si
aun siendo inferior quisiéramos gastarlo, lo que en definitiva estaríamos
haciendo sería una sobrefinanciación del hospital que sería incorrecta.

Por lo que se refiere también al plan estratégico del Insalud, las
preguntas de quien lo coordina y si se someterá al ministerio, las voy a
contestar con la mayor amplitud posible. Los servicios de salud (y
creemos que el primer servicio de salud del Estado es el Insalud gestión
directa) deben de tener la autonomía suficiente para hacer su propia
planificación y su propio plan estratégico. Si un servicio de salud está
sometido a una administración, aunque ostente la misma la autoridad
sanitaria y no pueda hacer ningún tipo de planificación, mal o escaso
servicio de salud y mal o escasa prestación puede hacer en cuanto a la
orientación de un presupuesto tan importante como este



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de 1 billón 300.000 millones si no tiene una planificación y unos planes
estratégicos a impulsar a corto, a medio y a largo plazo.

Por lo que se refiere al Insalud, en esta Comisión anunció ya el
ministro, insisto, que iba a ser un plan realizado por, para y desde el
Insalud. Por lo tanto, es la Dirección General de Organización y
Planificación la que está realizando el plan estratégico, coordinado por
el presidente ejecutivo del Insalud, y en el que participan todas las
direcciones generales de dicho organismo autónomo.

Una vez hecho este plan estratégico, que esperamos poder presentar al
ministro el primer trimestre de 1997, será ya el ministro, en aquellas
cuestiones que afecten o que puedan afectar, de forma directa o
indirecta, o que simplemente por un criterio de prudencia consideren que
puede verse afectada la autoridad del ministerio, quien decida la
aprobación o no aprobación del mismo en estas áreas concretas de
coordinación con la autoridad sanitaria. En el resto, señoría, lo que
está estudiando el plan estratégico, en definitiva, es cómo vamos a
mejorar un principio de la Ley General de Sanidad, que es el principio de
eficiencia.

Una vez consolidados los principios de universalización de la asistencia,
es decir, el principio de la financiación pública, el principio del
aseguramiento único y el principio de equidad, debemos también pensar en
que el principio de eficiencia tiene el mismo rango y que es el sustento
de todos ellos. Si nuestros hospitales públicos no son eficientes,
señoría, le puedo asegurar que los demás principios no podrán verse
llevados a la práctica.

Por lo que se refiere al detalle de temas que competen al Insalud, ha
empezado S. S. a señalar cuestiones que afectan a la atención primaria.

En concreto le preocupa el tratamiento que a la atención primaria se le
da en este presupuesto. La subfunción 21, atención primaria, tiene un
crecimiento del 8,41 por ciento, supone, por lo tanto, un crecimiento de
algo más de 40.000 millones de pesetas. Evidentemente --después
hablaremos de farmacia--, la mayoría de estos recursos, de momento, se
incluyen en el presupuesto inicial a efectos del pago de la factura
farmacéutica.

Actualmente, si finaliza el año como tenemos previsto, va a haber 102
equipos de atención primaria que queden para extender la cobertura al
cien por cien del modelo de atención primaria. Pretendemos acometer la
cobertura al cien por cien en dos años, 1997-1998. Pretendemos poner (no
sé si en la memoria está correctamente transcrito, iban 61) 50 nuevos
equipos en 1997 más otros 11, que son equipos que no se pudieron poner en
1996, como que ha ocurrido en 1996 con equipos previstos en 1995, que se
quedaron sin implementar, y así sucesivamente en los ejercicios
anteriores.

Lo importante es concretar el porcentaje de población protegida al final
del ejercicio. Así, en el año 1993, frente a 1992, el porcentaje de
población protegida mediante equipos subió un 10 por ciento. En 1994,
frente a 1993, un 5; en 1995, frente a 1994, un 5; y en 1997, frente a
1996, esperemos que un 11 por ciento. Pretendemos acabar en 1996 con una
cobertura del 82,22 por ciento y en 1997 llegar a una cobertura del 93,41
por ciento. Por lo tanto, no es importante el número de equipos sino
dónde se ponen y qué cobertura poblacional tendrá cada uno.

Por lo que se refiere a las relaciones entre la atención primaria y la
atención especializada, señoría, al mencionar usted una frase de una
memoria de objetivos --que, por cierto, hemos hecho con la mayor amplitud
posible, y creo que ofrece bastantes más datos que otras memorias de
objetivos, o al menos así lo hemos intentado hacer-- no puedo responderle
exactamente en este momento. Le contestaré, con mucho gusto, una vez
aprobado el plan estratégico del Insalud.

Por lo que se refiere a su decepción en cuanto a las inversiones reales
en atención primaria, efectivamente, usted está en lo cierto: decrecen un
30 por ciento, pero hay que decir lo que representa dicho porcentaje.

Este 30 por ciento representa exactamente 2.000 millones de pesetas; por
tanto, decrecen 2.000 millones de pesetas. Hemos de decir que el capítulo
6 del Insalud crece un 10 por ciento en el presupuesto, y a pesar de que
en los cuadros --y después diré cómo se financian los hospitales de
Alcorcón y Manacor-- aparece un crecimiento del 1,07 por ciento
solamente, en realidad este crecimiento supone un 10 po ciento porque en
capítulo 2 están previtas unas dotaciones para poner en funcionamiento el
hospital de Alcorcón, que ascienden a alrededor de 3.000 millones de
pesetas, lo que supondrá, repito, un crecimiento del 10 por ciento del
capítulo de inversiones en Insalud.

He hecho el estudio de los ejercicios anteriores y cuesta llegar a ver un
incremento de un 10 por ciento en los capítulos de inversión en el
Insalud gestión directa en los últimos años, y mucho más en un ejercicio
en el que el capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado decrece
en torno al 13 por ciento. Pues bien, en sanidad, frente a un
decrecimiento de los demás ministerios de un 13 por ciento, se incrementa
un 10 por ciento. Creo que esto es importante.

En cuanto a los centros, señoría, creo que hemos hecho el anexo de
inversiones con la misma sistemática que con los anteriores, porque
además creíamos que estaba bien hecho; si no, lo hubiéramos modificado.

Los datos que usted me ofrece no se corresponden exactamente con los que
yo tengo, en primer lugar, porque se van a terminar de equipar 36 nuevos
centros de salud durante 1997; se van a iniciar otros 15; se continúa la
ejecución de 7 centros de salud y se termina la reforma y ampliación de
3. Esto ha de estar reflejado en el anexo de inversiones.

Paso a contestar las preguntas relativas a atención especializada. La
primera cuestión es la relativa a capítulo 1. El capítulo 1 de atención
especializada, se enmarca dentro de la subfunción 22 y estos presupuestos
le dedican la cantidad de 801.420 millones de pesetas, lo que supone un
incremento del 4,18 por ciento, que da un crédito no comprometido de
32.000 millones de pesetas. Pues bien, estos 32.000 millones de pesetas
los vamos a destinar, señoría, primero, a cubrir la desviación que se
produce en 1996 de los laborales, artículo 13. En mayo de 1996 la
previsión de desviación de capítulo 1, elevada la nómina a 12, suponía
4.000 millones de pesetas. Lógicamente, esto ha creado un handicap
importante para la gestión en 1996, y vamos a



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ver si somos capaces de reconducir estos 4.000 millones de pesetas y que
se queden en torno a los 3.000 millones para 1997. Pero, insisto, la
nómina de mayo elevada a 12 suponía una desviación de 4.000 millones de
pesetas.

En relación con el complemento de productividad variable, puedo decirle
que el pacto al que usted se refiere partía de dos premisas: un
incremento del 5 por ciento de actividad y unos ahorros producidos de,
aproximadamente, 5.000 millones de pesetas, pues, como usted sabrá --en
este caso, sí que mucho mejor que yo--, no había consignación
presupuestaria para atender este hecho, y me explico. Además del pacto
con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, al parecer, había una
serie de compromisos con otras organizaciones sindicales, en el sentido
de que, si se retribuía a los facultativos, parecía razonable que también
hubiese un incremento de retribuciones del personal sanitario no
facultativo y del personal no sanitario, y esto supone, señoría, una
cantidad aproximada de 10.000 millones de pesetas. En 1996 no había, ni
hay, consignación presupuestaria para atender este pacto.

En cuanto a si se cumple o no se cumple --lo ha expresado el Ministro--,
nosotros nos comprometimos a dos cuestiones. La primera de ellas es que
queremos cumplir el acuerdo con los facultativos, firmado con el
ministerio en 1995, porque cremos que los acuerdos se firman para ser
cumplidos. Pero también hemos de decir que, en aquellos hospitales donde
no haya un incremento del 5 por ciento de actividad, pero donde --ya no
vamos a pedir que se hayan producido ahorros, porque el ahorro,
lógicamente, está un poco reñido con un incremento de actividad en un 5
por ciento--, al menos, se hayan sometido a contrato-programa, nosotros
vamos a repartir esos incentivos entre el personal. Será en la mesa
sectorial donde creo que por prudencia debo de pronunciarme sobre si este
pacto va a tener o no efectos en relación con personal sanitario no
facultativo y al personal no sanitario, porque previamente se han de
mantener los contactos con las centrales sindicales que forman parte de
la mesa sectorial. En todo caso, como usted sabe, este pacto no está
explícito, no está escrito. Por consiguiente, a nosotros nos dicen que se
había pactado esto, pero tampoco lo sabemos exactamente; puede ser que
sí.

Por lo que se refiere a los nuevos hospitales, señoría, la Fundación
Hospital Manacor se va a constituir en este mes de octubre --eso espero--
o, en todo caso, en los primeros días del mes de noviembre. En cuanto al
hospital de Alcorcón, vamos a intentar abrirlo, si las obras y la
previsión de dotación lo permiten, en el segundo semestre de 1997. Por lo
tanto, el crédito ha de estar situado donde parecía razonable que
estuviese, toda vez que, como usted sabe también, en la estructura
presupuestaria no había ningún concepto abierto en capítulo 7 para
destinar a dotación el patrimonio fundacional de estos centros. Con un
criterio exclusivamente de prudencia, lo hemos situado en el capítulo 2,
tanto lo que se refiere a conciertos como a compra de bienes y servicios;
previamente, como es lógico, habrá que hacer las transferencias
correspondientes.

Me preguntaba S. S. si vamos a incrementar o no la partida destinada a
conciertos. La cantidad exacta que prevé el anexo de presupuestos para
conciertos son 126.160 millones de pesetas; pero, como usted sabe, para
hacer comparaciones homogéneas, a esta cantidad han de ser sumados 3.000
millones de pesetas que provienen de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, para participar en la financiación del hospital general de
Asturias. Por tanto, la cantidad resultante será 129.160 millones de
pesetas. El gasto real de esta partida en 1995 fue superior al
presupuesto inicial de 1996. En 1995, el gasto real ascendió a 119.580
millones de pesetas y el presupuesto inicial de 1996 fue inferior en
1.000 millones de pesetas, concretamente, 118.761 millones de pesetas.

Pero además de este presupuesto inicial inferior al gasto real del
ejercicio anterior, la previsión en mayo de 1996, en conciertos, era una
desviación en el entorno de 3.000 millones de pesetas. Es decir, si
mantenemos todo el año el nivel de concertación que había en mayo de
1995, nos desviaríamos del entorno de 3.000 millones de pesetas. Por lo
tanto, señoría, lo que hemos hecho en 1996 es cubrir esta desviación
--parece razonable-- y, además, detraer o incrementar --desde luego, en
una parte muy pequeña, aproximadamente en 1.500 ó 1.800 millones de
pesetas-- nuestras posibilidades de conciertos para llegar al objetivo de
que nadie espere más de doce meses; es decir, que se intervenga a los
54.000 pacientes que, de no ser intervenidos, esperarían, a 31 de
diciembre de 1996, más de doce meses. Por tanto, en 1996 frente a 1995,
la partida de conciertos, de gasto sobre gasto, crece un 4,65 por ciento,
esto es, 6.000 millones de pesetas. De este 4,65 por ciento, 4.000
millones de pesetas, es decir, aproximadamente, un 3,5 por ciento es en
incremento de tarifas, exclusivamente, y el resto, los 1.800 millones de
pesetas restantes, es el incremento de actividad quirúrgica, a través de
este tipo de resorte.

Por lo que se refiere a 1997, el presupuesto, como decíamos, 129.160
millones de pesetas, se incrementa tan sólo el 3,21 por ciento sobre la
previsión de gasto de 1996. Este 3,21 por ciento se destinará: 2,6 para
la revisión de tarifas y el 0,6 restante para el incremento de actividad
o, más que para ello, para cuestiones como la hemodiálisis, la
litotricia, etcétera, cuyo uso está incrementándose debido a las nuevas
tendencias asistenciales.

Por lo que se refiere a inversiones --creo que es la penúltima pregunta
de S. S., después viene lo de farmacia-- la verdad es que ha mostrado su
preocupación porque bajan las inversiones en atención primaria y parece
ser que también ha mostrado su preocupación porque las de atención
especializada no se ven incrementadas en lo que nos gustaría. La
reflexión es la misma que hacía previamente. Si las inversiones crecen un
10 por ciento, en un momento de restricción de gasto público y ante una
decisión de reducir las inversiones en los otros ministerios, la verdad
es que un responsable sanitario, aun no sintiéndose satisfecho
plenamente, se siente aliviado por este dato.

Por lo que se refiere a una serie de cuestiones concretas que usted ha
expuesto, no se preocupe usted por el hospital de Valladolid. Nosotros
tenemos intención, y no sólo intención, sino que se va a hacer el
hospital de Valladolid. (La señora García Manzanares: ¡Faltaría más!)
Como usted sabe, no hay nada en el ministerio ni en el Insalud, ni



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siquiera ese acuerdo firmado, porque, al menos, de los que me han pasado
los funcionarios, no hay ningún acuerdo firmado: había un protocolo que
no se firmó, para la realización de este hospital. Ya hemos entablado
contacto con el Ayuntamiento de Valladolid y con la consejería para
firmar realmente este convenio, para que el Insalud pueda disponer de una
parcela adecuada y suficiente para esta inversión y para que en 1997 se
pueda de verdad contratar la redacción del proyecto, pagar los honorarios
y hacer los estudios geotécnicos necesarios en cuanto esté concretada la
ubicación de la parcela.

En cuanto al hospital de Calahorra, existía un compromiso que estaba
redactado, yo creo, de una forma muy inteligente, en el que no se decía,
en mi opinión, o no se deducía explícitamente que la comunidad autónoma
debería hacer el hospital de Calahorra, sino que lo único que se decía
era que habrá que hacer el hospital de Calahorra y que la comisión de
seguimiento establecerá los mecanismos para la construcción de dicho
hospital. En todo caso, el convenio está ahí y podemos revisarlo, si le
parece. El acuerdo para el hospital de Calahorra se ha protocolizado
--creo que ha sido una buena noticia en la Comunidad Autónoma de La
Rioja-- el lunes pasado, si no recuerdo mal, por el Ministro y por mí
mismo con el Presidente y con el Consejero de Sanidad de dicha comunidad.

Sorprendentemente, la Comunidad Autónoma de La Rioja está por debajo del
gasto sanitario si la comparamos con las provincias de gestión directa o
bien con las comunidades autónomas de gestión directa; está por debajo
del gasto sanitario que le correspondería. Y digo sorprendentemente
porque este hecho a mí me causó también sorpresa, pues creí que no era
así. Este ha sido el motivo que nos ha llevado en principio a hacer un
esfuerzo, junto con la comunidad autónoma, que consiste en que la
comunidad financia el 40 por ciento del hospital y el Insalud financia el
60 por ciento restante. Por tanto, éste es el compromiso que creemos que
responde a algo esperado en dicha comunidad autónoma y también creemos
que la comunidad autónoma se viene a comprometer de forma explícita con
esta inversión al poner el 40 por ciento en algo sobre lo que seguro que
a ustedes les han dicho muchas veces y a mí también, que las comunidades
autónomas sin transferencias sanitarias no deben de destinar sus recursos
a la atención especializada, toda vez que no tienen competencia en dicha
materia.

Por lo que se refiere al hospital de Fuenlabrada, es posible, señoría, yo
no lo discuto, que en 1996, en el anexo de inversiones, apareciese una
dotación, pero lo cierto y verdad es que no había absolutamente nada, ni
proyecto, ni convenio de transmisión de la propiedad necesaria del
inmueble para realizar el proyecto, ni convenio explícito a tal efecto.

Y, claro, en inversiones nos resulta muy difícil actuar, porque el 80 por
ciento de las mismas el responsable anterior del ministerio, del Insalud
lo dejó comprometido, y por tanto nos resulta muy difícil disponer de
este margen del 20 por ciento. En todo caso, en el hospital de
Fuenlabrada hemos hecho algo que creemos que también usted había hecho
previamente y que consiste en ver si realmente, con el nuevo hospital de
Alcorcón, que se va a poner en funcionamiento en el segundo semestre del
año, es necesaria o no, teniendo 600 camas, prácticamente el aforo del
Gómez Ulla casi sin utilizar, esta infraestructura sanitaria, toda vez
que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un superávit importante en
atención especializada. Por tanto, no desechamos la posibilidad de que se
haga un centro de atención especializada en dicho municipio, tampoco
desechamos la posibilidad de que se amplíe el hospital de Leganés y
solucione esta demanda sanitaria y tampoco desechamos la posibilidad de
que se utilicen camas de un hospital público, como es el hospital Gómez
Ulla, para solventar los problemas de esta población, pero lo que sí
decimos es que en todo caso el hospital de Alcorcón vendrá a mejorar, sin
duda, la demanda asistencial que se produce en aquel término municipal.

Por último, por lo que se refiere a la explicación de los créditos
destinados a farmacia, lo primero que hemos hecho en farmacia ha sido
considerar que los créditos no deben tener el carácter de ampliables. Lo
que podemos hacer con esto es que los sobrantes que tengamos en farmacia
los podremos destinar a cubrir otras necesidades, cosa que, como usted
sabe, hasta la fecha no era posible hacer. Con esta garantía hemos sido
prudentes en cuanto a previsión de farmacia, pero prudentes llevados por
dos hechos. El primero de ellos es que en mayo de 1996, es decir, en el
momento en el que nos hacemos responsables de la administración sanitaria
y de la Administración general del Estado, la desviación en farmacia
suponía en términos anuales 10.000 millones de pesetas. Por tanto, lo
primero que hemos hecho es mostrar nuestra preocupación, porque el
crédito destinado a farmacia en el presupuesto de 1996 estaba excedido ya
en mayo en 10.000 millones de pesetas. Ante este hecho hemos actuado bajo
una doble dirección: en primer lugar, absorber esta desviación en 1997,
y, en segundo lugar, prever un gasto real, así como este año andará en el
entorno del 12 ó 12,5 por ciento, prever un gasto real de 2 ó 2,5 puntos
por debajo, en concreto un 10 por ciento.

En todo caso, el decreto de márgenes y el acuerdo con Farmaindustria --en
aquel momento de presupuestación de la farmacia no conocíamos el decreto
de márgenes; sí conocíamos el acuerdo con el Consejo General de Colegios
Farmacéuticos-- nos hacen ser optimistas en esta partida, porque pensamos
implementar dos medidas fundamentales que creemos pueden intentar minorar
un problema que tiene planteado la sanidad en este país desde hace ya
mucho tiempo. La primera es que vamos a identificar a los beneficiarios
de las recetas. Hasta la fecha solamente estaban identificados los
médicos prescriptores; parece razonable que se sepa exactamente también
el consumo de los pacientes, de los beneficiarios. En segundo lugar,
vamos a intentar dar un presupuesto capitativo a cada facultativo,
pactado con los coordinadores de equipos y con las gerencias, en base al
histórico y en base a la estructura etárea de la población que tiene el
cupo de ese facultativo, pensionistas o activos, todo ello aderezado, si
es posible, con unos objetivos que hasta la fecha estaban orientados a la
gerencia de atención primaria. Es decir, en aquella gerencia de atención
primaria constituida por diez equipos, de los que tres cumplían los
objetivos pero siete no, suponía que ningún equipo pudiera llevarse estos
incentivos



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por cumplimiento de objetivos. Nosotros creemos que los profesionales
comprometidos con su trabajo no pueden verse menoscabados por otros
profesionales menos comprometidos. En consecuencia, vamos a intentar --y
lo digo con mucha prudencia-- que los incentivos se paguen a la unidad,
es decir, al equipo, y que no estén vinculados a la gerencia de atención
primaria, para intentar incentivar, insisto, a los profesionales, sin
duda, la mayoría comprometidos con la sanidad pública de este país.

Dicho esto, señoría, creo haber respondido, o al menos haberlo intentado,
a la mayor parte de las consideraciones que me ha hecho, y quedo a su
disposición para cualquier aclaración.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Amador para turno de
réplica.




La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor secretario general por su
explicación. Usted sí nos ha aclarado muchas cosas. Yo creo que su
intervención ha sido muy clarificadora, muy ilustrativa y, para decirle
todo, para mi grupo, preocupante.

Algunas de las cosas que nos ha explicado y que yo le agradezco despejan,
de manera definitiva, las dudas que ha suscitado un discurso por parte
del Gobierno, que en un cierto momento ha diluido cuáles eran las
intenciones reales de la política sanitaria del Gobierno. Le voy a dar un
ejemplo de lo que digo. Usted acaba de confirmar que se va a constituir
la fundación para el hospital de Manacor en el mes de octubre --estamos
hoy a 17 de octubre--. Cuando el Gobierno aprobó el malhadado decreto-ley
de habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, ante las
protestas de mi grupo y demás grupos de la oposición por el contenido de
su contenido, el Gobierno intentó tranquilizar a la oposición diciendo
que, como no estaba en su intención hacer nada de lo que nos temíamos, en
la fase de enmiendas a la hora de tramitar el decreto-ley como proyecto
de ley, trámite que votó el Grupo Popular, tendríamos ocasión de
enmendarlo. Ese trámite, señor Núñez, no ha empezado o acaba de empezar,
porque se acaba de ver la enmienda a la totalidad presentada por dos
grupos parlamentarios, y ustedes ya tienen la fundación decidida,
constituida y consignada en los presupuestos por una vía poco
transparente, señor Núñez, permítamelo. Durante muchos años el Partido
Popular ha hecho proclamaciones y ofertas de transparencia, de claridad,
de agilidad, y usted entenderá que ahora tenga que rendir cuentas. Si
usted cree que la forma más transparente, más tranquilizadora de estrenar
este nuevo modelo de gestión es constituir ya las entidades jurídicas,
las que sean, que no conocemos (usted acaba de decirnos que es una
fundación en Manacor), sin esperar a que la ley se tramite, ¿por qué el
Grupo Popular votó la tramitación del decreto-ley, como proyecto de ley?
El Gobierno, señor Núñez, tiene la capacidad de decidir, incluso tiene la
capacidad de legislar a través del decreto-ley. Por tanto, mi mayor
reproche en este momento es que no asuma esa responsabilidad y pretenda
crear la apariencia de actitud para el diálogo y de acuerdos
parlamentarios. ¿Por qué votó a favor de la tramitación del decreto-ley
como proyecto de ley? ¿Por qué dijo que, a través de esa tramitación, los
grupos parlamentarios iban a poder clarificar las dudas, las
incertidumbres, las preocupaciones que ese decreto-ley nos suscitaba? El
hecho de que en este mes se constituya y se ponga en marcha el primer
hospital del nuevo modelo demuestra el respeto que al Gobierno le merece
el resultado final de la tramitación de esta ley. Y las enmiendas que
vayamos a discutir sabemos qué valor y qué trascendencia van a tener
cuando las decisiones están tomadas. En la financiación, que está en el
capítulo 2, me dice usted, hay 3.000 millones para poner en marcha esta
nueva modalidad, he creído entenderle en Alcorcón, no en Manacor. En todo
caso, señor Núñez, tengo que decirle que si ésta es la nueva forma de
gestión, la nueva forma de mejorar la eficacia, la transparencia, a mí me
produce una enorme preocupación. La Fundación de Verín según información
obtenida recientemente lleva funcionando tres años. Cuando hemos pedido
un avance de la evaluación de los resultados del modelo de una fundación
gestionando la sanidad se nos ha dicho que se está en trance de
evaluarla. Tres años. Por tanto vamos a tener que esperar, señor Núñez,
tres, cuatro o no sé cuántos años, si utilizan este nuevo procedimiento
de obras, diez años. Señor Núñez, la inversión que se hace en Sanidad no
me preocupa en relación al déficit, que también me preocupa. Lo que
ocurre es que lo que se gaste en inversiones está condicionando otras
políticas de salud. De manera que cuando habla de mandar al futuro la
financiación de centros, de inversiones, según usted porque la equidad lo
requiera, permítame que cuestione ese principio de equidad, porque a lo
mejor no deliberadamente pero teniendo en cuenta la distribución de
inversiones que han hecho, la interpretación de la equidad es relativa.

Yo no le he presionado con las inversiones, señor Núñez, porque el
Gobierno tiene la capacidad de decidirlas. Le he mostrado la
preocupación, y usted me contesta para explicar las inversiones, con los
siguientes argumentos: en Valladolid no hay documento firmado, pero se va
a hacer, no hay papeles firmados; en La Rioja sí los hay, pero los
interpretamos de manera distinta; y en Fuenlabrada no hay nada. Lo que
pasa de verdad es que se replantean ustedes el hospital de Fuenlabrada,
que es lo que para mi grupo constituye una pésima noticia. De manera que
los papeles, de que estén firmados a que no lo estén, de que existan a
que no, tienen distinto valor según quien sea el interlocutor o el sitio,
señor Núñez. Eso ustedes tienen derecho a hacerlo, están gobernando en el
Ministerio de Sanidad, pero no intenten quedar bien con todo el mundo,
porque eso al final no es posible. Si en Valladolid no hay nada firmado y
en Fuenlabrada tampoco, resulta que ustedes se deciden por Valladolid; y
si en La Rioja hay un convenio firmado que dice que se va a construir el
hospital, ustedes interpretan que además de las otras obligaciones que
existían en ese documento para el Insalud, el hospital de San Pedro, me
parece que se llama, además de eso, el Insalud carga con el 60 por ciento
de la financiación del de Calahorra. Puesto que hemos hablado de este
hospital, que es seguramente paradigmático de lo que está pasando por
varias razones, quiero decirle que la razón de que el Insalud no lo



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financiara no era sólo por un problema de selección desde el punto de
vista de la financiación, sino porque en los criterios de planificación
del Insalud no entraba la necesidad de que en Calahorra hubiera un
hospital, que era un empeño, en cambio, de la comunidad autónoma. No es
sólo por razones financieras; es que el Insalud y sus criterios de
planificación y de medidores de comparación con el resto de las
inversiones en el territorio priorizaron invertir en el hospital de San
Pedro, si recuerdo bien, y no en el de Calahorra. De manera que ustedes
han modificado las inversiones, en uso de su derecho, pero defiéndanlas,
defiendan que su criterio es otro, defiendan que no creen que haga falta
un hospital en Fuenlabrada y que con el de Alcorcón nos vamos a arreglar
los madrileños y los visitantes. Y díganselo a la Comunidad de Madrid y
al Ayuntamiento, porque estaban muy interesados en el hospital de
Fuenlabrada. Por tanto, no es un problema de que yo pretenda modificar
las inversiones, ni de que usted se sienta presionado por las mismas; es
que ustedes tienen otros criterios, tienen otros criterios para las
inversiones, tienen otros criterios para la atención primaria, tienen
otros criterios para la política de personal.

Señor Núñez, no hay más acuerdos que los firmados con el sindicato que
hizo la huelga médica. Me asombra que le pueda causar preocupación que
existan otros acuerdos no firmados. Señor Núñez, aquélla fue una huelga
durísima, que ojalá hubiéramos podido evitar todos los responsables de la
misma, pero ¿de verdad usted cree que después de haber llegado a una
situación de huelga, que se prolongó los meses que se prolongó, se pone
fin a la huelga en virtud de un acuerdo no escrito? (El señor Secretario
General de Asistencia Sanitaria, Núñez Feijoo: No he dicho
eso.--Rumores.)
Las aclaraciones que me da en relación con las modificaciones
legislativas, señor Núñez, se las agradezco y además le agradezco la
claridad con que las ha expuesto, se lo agradezco sinceramente y le
expreso nuestro desacuerdo más profundo. Ni creemos que se agilice la
contratación y se mejore la eficiencia por llevar a un procedimiento como
el negociado toda la concertación sanitaria, sin distinción, no lo
creemos, y nos vamos a oponer a eso; ni creemos admisible hacer la
excepción del requisito de la publicidad de las subvenciones. Dice usted
que no le parece razonable que figuren todos los hospitales en los
presupuestos. Mire usted, con el volumen que tienen los presupuestos, que
figuren 90 consignaciones presupuestarias no me parece un argumento, pero
es que además estamos hablando de dinero público, señor Núñez, estamos
hablando de control de fondos públicos, estamos hablando de cómo se van a
destinar, cuál es la titularidad, cuáles son las garantías, qué va a
pasar en la gestión de esos hospitales, y después de tres años no tenemos
todavía evaluación de las nuevas experiencias.

Señor secretario general, yo le expreso mi preocupación enorme y la de mi
grupo por esas decisiones que os parece que caminan en una dirección
absolutamente peligrosa para la consolidación del sistema. Nos parece que
esas decisiones son incompatibles con la proclamación de principios que
ustedes hacen y, por tanto, le agradezco las aclaraciones, pero le
expreso nuestra discrepancia con todas esas decisiones.

Ha hecho una referencia al aumento de los conciertos y de las listas de
espera, vinculadas a la productividad. Yo no le había preguntado por las
listas de espera. Les pediré cuentas cuando lleguen las fechas en las que
ustedes se han comprometido. He dicho siempre que la lista de espera no
se debe utilizar en el debate político de manera demagógica y no lo voy a
hacer, señor secretario general, pero como ha mencionado la lista de
espera, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que en los
indicadores que reflejan las intervenciones quirúrgicas y las
programadas, las ambulatorias, etcétera, hay un aumento de 39.000
intervenciones quirúrgicas que no tienen luego ningún reflejo en la
consignación presupuestaria. Me gustaría saber si va a ser por
autoconcertación o por concertación externa.

Por último, señor Núñez, en varios asuntos que ha tratado ha hecho
continuas referencias, unas más veladas y otras más explícitas, a que
todos los males de la evolución de la ejecución del presupuesto del
Insalud en el año 1996, estamos en el mes de octubre, están en el mes de
mayo. Lamento esos comentarios. Quiero recordarle que durará lo que dure
el poder seguir imputando al Gobierno anterior todos los males, y en el
caso del Insalud, hay unos meses de responsabilidades directísimas de
gobierno y otros meses en funciones, en los que se evitó tomar decisiones
que condicionaran ni el tema del presupuesto ni de otra naturaleza.

Lamento que, una vez más, por parte de su Gobierno se recurra a las
imputaciones continuas y generalizadas a que si va a haber desviación en
farmacia, es que en mayo la había ya; a que si hay desviación en el
capítulo 1, es que en mayo la había ya. De doce meses, señor Núñez,
ustedes van a tener que responder de siete, y nosotros de catorce años
--lo hicimos entonces y lo vamos a seguir haciendo el tiempo que haga
falta--, pero no sigan utilizando ese argumento, porque cada día que pasa
parece más fuera de lugar.

Muchas gracias por sus explicaciones.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Núñez.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo): Voy a
intentar contestar a las cuestiones que me plantea. Si le parece empiezo
por el final.

Yo no he hecho ningún tipo de imputación a la previsión de 1996 en lo que
se refiere a desviación, salvo que sea una respuesta lógica a su
pregunta. Si S. S. me pregunta cómo es posible que se presupueste un 14
por ciento en farmacia, tengo que decirle que la previsión de desviación
en farmacia en 1996 son 10.000 millones de pesetas, porque si no no
habría una previsión de un 14 por ciento. Haríamos quizás una previsión
como la que se hizo para 1996, de un crecimiento de un 8 por ciento. El
problema es que no fue un crecimiento de un 8 por ciento, el problema es
que el crecimiento ronda el 12,5 ó 13 por ciento. La explicación lógica y
también seria para poder responder con argumentos a un planteamiento, por
otra parte lógico que



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usted hace, es que crece un 14 por ciento la farmacia porque hay que
atender a 10.000 millones de previsión de desviación en 1996.

Me ha preguntado también por qué se incrementa el artículo 13, personal
laboral. Su señoría estará de acuerdo conmigo en que no encuentro ninguna
otra explicación más que decirle que los créditos del artículo 13 en mayo
de 1996 reflejaban en términos anuales una desviación de 4.000 millones
de pesetas. Créame si le digo que no es mi estilo hacer ningún tipo de
referencia cuando no se me pregunta una cuestión, pero cuando se me
pregunta creo que es un deber parlamentario responder con corrección a
las cuestiones que usted me plantea. Este es el espíritu y no otro,
señoría, de las cuestiones referentes a los ejercicios anteriores y tengo
que decirle que cuando se llega a un organismo tan importante como el
Insalud la pregunta lógica es cómo estamos en el cumplimiento del
contrato-programa, cómo estamos en el ajuste del presupuesto, para tomar
las decisiones convenientes, y la respuesta, señoría, es que a veces
estamos bien y otras veces no lo estamos y en este caso me temo que en
estas partidas no estábamos bien; en otras sí, pero en éstas usted no me
ha preguntado, porque la previsión es lógica con el presupuesto de 1996;
donde no es lógica usted me ha preguntado y yo le he respondido.

En relación con el incremento de actividad, completamente de acuerdo con
usted en que la lista de espera quirúrgica o la de consultas externas o
la de pruebas diagnósticas es algo consustancial con un Sistema Nacional
de Salud y con un sistema de universalización de la asistencia y de
gratuidad de la misma. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. No
sacaré yo esta referencia salvo cuando usted me la pregunte.

Por tanto, lo que hemos hecho es intentar paliar una situación que estaba
sin ninguna comparación homogénea en ningún servicio de salud del Estado.

En ningún servicio de salud del Estado, señorías, existen personas que
llevaban más de dos años e incluso tres años esperando una prótesis
quirúrgica, salvo que los datos de los servicios de salud que manejan
sean incorrectos. Sin duda como consecuencia de la huelga de
facultativos, sin duda como consecuencia de otro tipo de cuestiones, es
posible --y estoy convencido de que tenemos que luchar contra ellas
también, este equipo y los que nos sucedan--, lo cierto es que había este
tipo de lista de espera quirúrgica y nosotros hemos tenido que acometerla
como usted lo haría sin duda si estuviera en el lugar que estamos
nosotros a la hora de asumir estos compromisos. Hablaremos cuando usted
nos lo pregunte y no otras veces sobre cómo vamos en el programa de lista
de espera quirúrgica, pero en 1997 vamos a incrementar la actividad
quirúrgica, y lo digo en esta Comisión y me arriesgo a no poder hacerlo,
pero es que si no me comprometo a ello, creo que no me comprometería con
una buena utilización de los recursos sanitarios públicos y del
presupuesto.

Prevemos incrementar en 1997 44.500 intervenciones quirúrgicas, señorías.

Si los facultativos y el personal sanitario quieren, creemos que la
capacidad que tiene el sistema puede responder a este reto y para esto
hay 13.700 millones de pesetas, que es el crédito que queda en capítulo 2
de atención especializada destinado pura y llanamente a incremento de
actividad, a consumo de farmacia hospitalaria, a consumo de productos
sanitarios y a consumo de prótesis y a otro tipo de cuestiones necesarias
para reponer un principio de equidad que creo quebrado en este caso. Pero
insisto, señoría, créame, en mi anterior responsabilidad administrativa
solamente he respondido a las preguntas de lista de espera quirúrgica
cuando se me han hecho; cuando no se han hecho no utilizamos este tipo de
argumentos porque creo que no es correcto.

Por lo que se refiere a otras cuestiones como el tema de que tenemos
otros criterios. Será legítimo en todo caso, y si no los tuviésemos,
seguro que usted nos lo reclamaría. Lo que ocurre es que son criterios
que se orientan hacia la consolidación del sistema sanitario y lo que
ocurre también es que hay grupos o personas interesadas en decir que no,
pero claro, por los hechos nos conocerán, y si algún tiempo nos dejan
gestionar estos servicios, la consolidación del balance de actuaciones no
podrá conllevar otro tipo de conclusión que éste. Este es un compromiso
asumido por el Ministro de Sanidad, con el que me honro en trabajar en
los últimos cinco años, y le puedo asegurar que todas las decisiones que
he visto de este ministro en sus últimos cinco años han ido siempre por
estos derroteros y nos gustaría saber el porqué hay grupos y personas que
dicen lo contrario, pero que lo digan con hechos. Decir esto cuando
hablamos del Real Decreto-ley 10/1996 --usted me ha dado la posibilidad
de hablar de él, porque yo no había hablado de él, no he hecho ningún
tipo de explicitación al respecto-- es especialmente doloroso; es
especialmente doloroso para un gestor de la sanidad pública cuando se
utiliza un real decreto que persigue exclusivamente, en primer lugar, la
consolidación del sistema sanitario público de este país y, en segundo
lugar, ligar los principios de equidad con el principio de eficiencia;
insisto en que es especialmente doloroso y además que provenga de un
grupo parlamentario tan importante como el que usted representa. Le voy a
decir los motivos.

La Ley de ordenación sanitaria de Cataluña de 1990 prevé todas las
fórmulas que contiene este real decreto; el Parlament de Cataluña, desde
luego con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, aprobó esta ley en
1990. El plan estratégico del Osakidetza, de 1983, prevé que el
Osakidetza se conforme en una entidad de derecho público sujeta a derecho
privado. En el caso de este plan y desde luego con el anuncio que ha
hecho el Consejero Azkuna de llevar ya al Parlamento --no sé si lo ha
presentado o no, él ha dicho que sí-- una ley que habilite al Osakidetza
como entidad de derecho público sujeta a derecho privado, en un Gobierno
del que forma parte su grupo, es especialmente doloroso también. Además,
señorías, que en Andalucía, con un Gobierno creo que no sospechoso de no
coincidir con sus planteamientos, se hayan empleado fórmulas exactamente
iguales a las que estamos pretendiendo y que en Andalucía esté bien y que
aquí no también es especialmente doloroso.

Por último, cuando hemos visto las leyes de otras comunidades autónomas
sin competencias transferidas, hemos



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visto que en Asturias, en Castilla y León, en La Rioja, en Murcia, esto
no es discutible, esto es un hecho, la ley está publicada y, lo que es
más curioso, el Ministerio de Sanidad no ha impugnado nunca este tipo de
disposiciones. Y nosotros creíamos y seguimos creyendo que son
disposiciones que bordean, por no decir que incumplen, la Ley General de
Sanidad de 1986. Por eso, lo que hemos hecho ha sido adecuar la situación
jurídica y la situación de hecho que existe en las comunidades autónomas
del Estado a una realidad evidente, y es la empresarialización, en base a
un principio de equidad, de la consolidación del Sistema Nacional de
Salud.

Por tanto, señoría, no se debe decir que se rompe algún consenso por
hacer una fundación pública. Convendrá conmigo, por su formación, en que
el hospital de Alcorcón, o la Fundación Hospital de Alcorcón y la
fundación Hospital de Manacor, son exactamente igual de públicas que el
hospital 12 de Octubre o que el Ramón y Cajal, exactamente igual de
públicas. Le voy a decir por qué. En primer lugar, porque es una decisión
de la autoridad pública el hacerlas; en segundo lugar, porque el
protectorado es público; en tercer lugar, porque el patronato es público;
en cuarto lugar, porque una fundación es un bien sin ánimo de lucro, es
un patrimonio fundacional sin ánimo de lucro, en el que el fundador no
puede disponer de él; en quinto lugar, porque en los estatutos de la
fundación se prevé control financiero permanente y sometimiento al
Tribunal de Cuentas; en sexto lugar, porque en la contratación de
servicios por parte de la fundación se somete a los principios de
publicidad y concurrencia; y en séptimo lugar, porque en la contratación
de personal se somete a los principios de mérito y capacidad.

Por tanto, por todas estas razones, señoría, la Fundación Hospital de
Alcorcón y la Fundación Hospital de Manacor son exactamente igual de
públicas que las demás, con una particularidad, y es que si esta
fundación no realiza la actividad para la que el Sistema Nacional de
Salud la contrata, esto se ve y hay que solucionarlo, mientras que en el
resto de hospitales, señoría, estas desviaciones de las que hablo no hay
forma de solucionarlas, al menos, ni siquiera hay fórmulas para
imputarlas.

De verdad, créame, para mí personalmente ha supuesto un disgusto
considerable --y no estoy hablando en plan figurado-- ver que un grupo
parlamentario tan importante y ver que S. S., que conoce mejor que yo la
legislación y el derecho administrativo, puedan pensar que una fundación
tiene algún sesgo o algún riesgo de que se pueda tipificar como una
figura jurídico-privada. Todo lo contrario, señoría, una fundación, una
empresa pública, un ente de derecho público sujeto a derecho privado, en
definitiva, todas estas fórmulas están previstas en la Ley General
Presupuestaria, en la Ley de Fundaciones; yo he leído con mucho interés
la enmienda que ha presentdo el partido al que usted representa, y si la
comparamos con los estatutos de la fundación, hay bastantes más
coincidencias, se lo digo en serio, señoría, de las que usted parece
destacar.

Por último, hospital Verín. Como decía antes, en los últimos cinco años
en los que he estado al frente de la Secretaría General de la Consellería
de Sanidad en el Gobierno de Galicia, he tenido que comparecer, con mucho
gusto, no le puedo decir en cuántas ocasiones, y no se puede decir que la
experiencia del hospital Verín está sin evaluar. Hay --no le puedo decir
exactamente cuántas-- decenas de preguntas parlamentarias sobre la
actividad en el hospital, sobre el coste UPA, sobre el capítulo 1, sobre
el capítulo 2, pero lo que es más importante, en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Galicia el hospital Verín se sometía al mismo
trámite que los presupuestos de todo el Servicio Gallego de Salud, es
decir, acompañaba al presupuesto y se sometía al debate de la comisión
correspondiente.

Dicho esto, señoría, acabo refiriéndome a los acuerdos con los
sindicatos. Seguro que me ha entendido mal porque yo no he querido decir
esto bajo ningún concepto. La huelga ha sido dolorosa. Lo ha sido en
todos los territorios. Todos los territorios prácticamente, menos
Cataluña y Euskadi, hemos sufrido esa huelga. Pero yo no me refiero al
pacto escrito con la CESM, que ése sí lo conozco. Yo me refiero a si no
hay pacto con otros sindicatos. Si la respuesta suya es no, pues yo tomo
nota y, desde luego, me reafirmo en que lo que no está escrito no existe
y que no hay pacto ni con Comisiones Obreras ni con UGT ni con Saste. Por
lo tanto, este dato se lo agradezco para poder utilizarlo adecuadamente.

Dicho esto, creo que he respondido más o menos a las preguntas que usted
me ha hecho y le agradezco el tono y el contenido de las mismas.

Nada más. (La señora Amador Millán pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Amador, ¿para qué? Ya hemos terminado del
debate.




La señora AMADOR MILLAN: Para contestar a algunas de las explicaciones
que el secretario general acaba de facilitar.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa puntual? (Asentimiento.)
Tiene la palabra



La señora AMADOR MILLAN: Empezando por el final, yo creo que no es
admisible que deduzca usted de lo que yo he dicho y de lo que usted me
contesta que toma buena nota de que no hay acuerdos con Comisiones, con
UGT; no es comprensible, señor Núñez. El Gobierno anterior tenía firmado
un acuerdo no con Saste, Comisiones y UGT, sino con la mesa de la Función
pública, que ustedes no han cumplido o no se han visto obligados a
respetar. Los compromisos que hubiera entre el Insalud, el Saste,
Comisiones, UGT forman parte de la obligación de un organismo como el
Insalud de estar con los sindicatos en una relación permanente. Usted no
puede deducir de esta comparecencia y de lo que yo haya dicho aquí,
pidiéndole cuentas al Gobierno, que no hay nada escrito, que toma buena
nota y que actuará en consecuencia. ¿Qué va a hacer usted, irse a los
sindicatos a decirles que yo niego que hubiera algún compromiso? Esto no
puede usted plantearlo así.




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Con Saste, Comisiones y UGT el Insalud tendría los compromisos que
tuviera de seguir avanzando en las relaciones de negociación que ha
tenido permanentemente. Por tanto, señor Núñez, que el Gobierno son
ustedes y nosotros la oposición, y que lo que usted vaya a hacer con
Saste, Comisiones y UGT es su responsabilidad, no la nuestra. Y los
compromisos del Gobierno anterior con los sindicatos en materia de
retribuciones me parece que se resumen por todos en lo que va a pasar con
el de la función pública y la congelación salarial. No puede ser que unos
se los tomen a beneficio de inventario y deduzca usted de mis palabras
que está liberado de cualquier compromiso con el Saste, UGT o Comisiones.

No, señor Núñez. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, ha dicho usted lo que yo le iba a preguntar. Si las
cosas son como usted dice, ¿por qué han votado en contra de la enmienda
presentada al decreto-ley? Y si usted me dice aquí que coincide el texto
de nuestra enmienda con los estatutos de la fundación, ¿qué pasa, señor
Núñez? Porque nosotros sí nos creímos lo que dijo el Ministro de Sanidad.

Hicimos un texto alternativo que recoge esos objetivos, facilita la
gestión privada con titularidad pública, con todas las garantías de lo
público, y eso es lo que dice la enmienda del Grupo Socialista, que
ustedes han votado en contra y han buscado el apoyo de sus socios de
gobierno para que votaran en contra. ¿Quiere usted explicar a este país
qué tiene ese texto que sea incompatible con los proyectos que usted
tiene para las entidades públicas? Como está escrito, señor Núñez --es
público--, no pueden ustedes seguir diciendo, como ya ha dicho algún
representante del Grupo Parlamentario Popular que se ha encargado de
difundirlo, que hay discrepancias entre lo que el grupo dice aquí o lo
que digo yo y lo que hace Andalucía, porque es público y notorio que no
es así. El texto que el Grupo Socialista ha presentado ante esta Cámara
naturalmente que es compatible con las sociedades públicas de Andalucía
--públicas--, y desde luego con el proyecto de ley del Gobierno Vasco,
que es absolutamente garantista de la titularidad pública, y con otras
muchas figuras. Si hay alguna que no estuviera cubierta por la legalidad
vigente, pues allá quien tomó la decisión de constituirla, pero no se
sienta dolido por la actitud de este grupo sin que pongamos en claro cuál
es la actitud de este grupo.

¿Nuevas entidades con personalidad jurídica? Sí. ¿Con sujeción al Derecho
privado? Sí. Garantizando la titularidad pública, señor Núñez,
garantizando la titularidad de los recursos públicos, garantizando el
régimen de responsabilidad y garantizando el acceso de los pacientes en
condiciones de igualdad a esas entidades nuevas con personalidad jurídica
propia. Y eso, ni más ni menos, es lo que dice nuestro texto alternativo
al que el Grupo Popular y sus socios del pacto han votado en contra. Por
tanto, vamos a clarificar esta cuestión de una vez por todas. No impute a
mi grupo parlamentario incoherencias que no tiene, porque está escrito en
esa ley. Ese es el modelo que defendemos y ustedes lo han votado en
contra. ¿Cómo pueden haber votado en contra y decir usted hoy aquí que se
corresponde exactamente con los principios de la fundación que van a
constituir o que no hay colisión? Tendrán ustedes que explicar por qué.

Pero si tiene dudas haga el favor de releer ese texto y verá cómo no se
puede sentir dolido por la actitud de mi grupo, en cuyo nombre le
agradezco que resalte nuestra importancia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA (Núñez Feijoo): Muy
brevemente, señor Presidente.

Señoría, creo que yo no puedo suplantar al grupo parlamentario y mucho
menos a su excelente portavoz. Seguro que el portavoz del grupo
parlamentario le va a aclarar con mucho interés por qué el grupo se ha
posicionado en este sentido.

Yo sí le digo que no he visto un antecedente como éste ni en la Ley de
Ordenación Sanitaria de Cataluña ni en el Plan de la Osakidetza ni en
ninguna legislación aprobada en Andalucía. Decir que en una entidad de
derecho público ha de hacerse una mención especial a las particularidades
del personal, a las particularidades de la contratación, a las
particularidades del control financiero, etcétera, es imposible, porque
no hay ninguna ley de ordenación sanitaria que prevea esto. Una entidad
de derecho público es lo que es y está sometida a la Ley General
Presupuestaria y al ordenamiento jurídico del Estado. Una fundación es lo
que es, señoría, y una empresa pública también. Por eso, quizá, ninguna
de las leyes vigentes de los servicios de salud se parecen a su enmienda,
porque parece innecesario --y en opinión del ministerio, improcedente--
decir que las entidades de Derecho público deben estar sujetas en una
parte al Derecho Administrativo y en otra al Derecho privado, creemos que
esto es una obviedad.

Por otra parte votar su texto alternativo significaría no poder
constituir fundaciones hasta que el tema estuviera resuelto. Señoría, si
para constituir una fundación pública hay que esperar un año, en este
país llevábamos 13 años esperando a que se pudiera constituir una
fundación pública, por tanto, no podíamos esperar un año más, cuando en
el resto del Estado esto no es discutible. En el resto del Estado ésta es
la práctica ordinaria y entiendo que en ningún servicio de salud del
Estado ni en el andaluz ni en el vasco ni en el catalán ni en el
valenciano se discute que sea un servicio de salud con financiación
pública. Y no apuesten por la consolidación del Sistema Nacional de
Salud. ¿Por qué se le niega esta posibilidad al Ministerio de Sanidad,
señoría? Esa pregunta la debe responder usted porque yo --insisto-- no le
encuentro explicación alguna.

Por último, señoría, créame que no es un juego parlamentario el que yo
venga aquí a que se me diga si había un pacto o no con Saste, con UGT o
con Comisiones Obreras; evidentemente el pacto no está escrito y yo le he
dicho, como responsable del Insalud, que ese pacto no existe.

Respecto a si el complemento de productividad variable se va a repartir o
no a los sindicatos, le he dicho que el tema será sometido a la mesa
sectorial de sanidad, dado que no hay pacto, a pesar de que ellos dicen
que sí hay



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compromiso de la anterior Administración. Este es el contexto en el que
yo me he expresado.

No es mi estilo, señoría, intentar sacar información, porque le habría
preguntado a usted por teléfono si había algún tipo de compromiso y
habríamos acabado este problema. Yo sé que los compromisos en la
Administración se protocolizan y el principio de escritura en el Derecho
Administrativo es fundamental y si no hay pacto, no está escrito y si no
está escrito, no hay compromiso.




El señor PRESIDENTE: Terminada la comparecencia del Secretario General de
Asistencia Sanitaria y agradeciéndole su primera comparecencia en esta
Comisión, pasamos al tercer punto del orden del día.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (GUTIERREZ
FUENTES), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/000343.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos el orden del día con la
comparecencia del Director General del Instituto de Salud Carlos III,
comparecencia también solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Damos la bienvenida a don José Antonio Gutiérrez por su primera
comparecencia en esta Comisión, a la vez que le pedimos excusas por la
larga espera a la que le hemos sometido.

Sin más preámbulos, doy la palabra a doña Blanca García Manzanares, en
nombre del Grupo Socialista.




La señora GARCIA MANZANARES: Mi grupo se une a la bienvenida que el
Presidente de la Comisión da al Director General del Instituto de Salud
Carlos III, don José Antonio Gutiérrez y, además de darle la bienvenida
en nombre de mi grupo, personalmente quiero felicitarle y darle mi
pésame, que, aunque parece una contradicción, lo va a entender muy bien.

Le felicito por su nombramiento, porque es usted un científico que viene
trabajando en esa prestigiosa institución de investigación que es el
Instituto de Salud Carlos III y supongo que llegar a dirigirlo debe ser
un motivo de satisfacción, pero dirigirlo con el presupuesto que a usted
le han asignado no es precisamente, entiendo yo, una gran alegría, y va a
entender enseguida por qué también le doy mi más sincero pésame.

En la descripción del programa 542.H, programa de investigación sanitaria
del instituto que usted dirige, se inicia esa descripción con un párrafo
espléndido, que por cierto no solamente comparto sino que lo he oído,
como usted, en alguna reunión científica de no hace mucho tiempo; ambos
conocemos a su autor. (El señor Vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa la
Presidencia.) Resaltaré sólo una frase que creo que es fundamental para
centrar los presupuestos que hoy nos ocupan. Esa frase dice: el cultivo
de la ciencia es fundamental para garantizar el progreso de los pueblos.

Pues bien, señorías, parece que a este cultivo se le avecina una fuerte
sequía, o, para ser más acordes con el tiempo y con las cifras, una
fuerte congelación.

Iré directamente a las preguntas para compensarle de la larga espera, y
trataré de ser lo más breve posible.

En primer lugar, quiero recordar a SS. SS. cómo las ayudas a la
investigación que viene financiando el Ministerio de Sanidad y Consumo a
través del FISS, en este caso también integrados dentro del Instituto de
Salud Carlos III, se engloban en tres grandes grupos, por decirlo
resumidamente.

Uno sería programas de promoción a la investigación, otro es el programa
de formación y perfeccionamiento de personal con distintas becas, un
tercero de acciones especiales para facilitar la difusión de la actividad
científica, con becas también.

Mi primera pregunta, señor director general, mi primera gran duda es que
las ayudas correspondientes a los programas 2 y 3 que he mencionado, es
decir, becas para la formación y perfeccionamiento del personal y becas o
reuniones científicas para facilitar la difusión de la actividad
científica, todavía no han sido convocadas cuando su primer plazo de
presentación habitualmente finaliza en octubre para que puedan ser
disfrutadas a partir de enero. De ahí, la gran duda que se despierta,
¿van a ser suprimidas estas becas? Espero que no. ¿Qué ha ocurrido para
que no las hayan convocado todavía? ¿A qué ha sido debido el retraso?
¿Van a dar otros plazos? Esa sería mi primera pregunta.

En segundo lugar, otra cuestión que me plantea dudas. En el presupuesto
del Instituto de Salud Carlos III, que nos presenta para 1997 (empezaré
por lo positivo), hay una partida que en nuestra opinión, por los datos
que tenemos, sobra. Es la partida 482 que se refiere a becas de
investigación mediante convocatoria y adjudicación por el Instituto de
Salud Carlos III. Usted sabe que estas becas a las que se refiere fueron
asumidas a partir de 1996 por el presupuesto del FISS directamente; por
tanto entendemos que la partida que se señala es excesiva para los
becarios de tercer curso del Instituto de Salud Carlos III, que quedarían
de la convocatoria de 1995. Mi duda, la pregunta que le formulo es si es
que es un error porque se ha traspuesto tal cual el presupuesto inicial
de 1996, donde sí figuraba esta partida que, posteriormente, fue
directamente absorbida por el FISS, si se trata de un error, o si, a
pesar que sólo cubriría, según los datos que tenemos, a los becarios de
tercer año, el sobrante lo destinarían a otras nuevas becas y, en ese
caso, cuáles serían, dónde están presupuestadas, etcétera.

Quiero señalar también que de la descripción de los programas que hace el
programa 542.H, estamos en el de investigación, no en el de formación, en
actividades se señalan becas de iniciación cuando usted sabe muy bien que
no se convocan desde hace cuatro años. Y lo mismo ocurre con las becas
para formación y perfeccionamiento de personal sanitario en Iberoamérica.

Estas becas para el perfeccionamiento de personal sanitario en
Iberoamérica se transfirieron a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y se gestionan directamente por el CIF, el
Centro Iberoamericano de Formación dependiente del ICI, como muy bien
sabe. Por lo tanto vuelvo a insistir:



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¿se trata de un error que está ahí porque históricamente estuvieron ahí
--la matriz para hacer los presupuestos la ha debido poner alguna persona
que tenía prisa, sin contrastar con la realidad de 1997-- o de lo
contrario se van a convocar otra vez estas ayudas? En todo caso, se trata
de becas que nos parece que, por lo menos las de iniciación, si no se han
convocado en cuatro años van a ser nuevas. Quisiéramos saber en qué
consistirían y por qué están contempladas aquí las otras becas de
Iberoamérica, cuando, a mi entender, están transferidas a través de otras
partidas.

En la descripción de objetivos figura el punto 1, que dice ordenar y
fomentar la investigación y desarrollo en salud para España. En 1995
aparecen 10 proyectos financiados y, sin embargo, se realizaron más de
1.400. Es verdad que fueron 10, correspondientes a los proyectos del SAT,
el síndrome de aceite tóxico, si no recuerdo mal. Puede ser un error,
puede que se haya confundido esa descripción de proyectos y que se
refieran exclusivamente a los del SAT. Si no es así, donde dice 10
proyectos evidentemente debería decir 1.400.

Estos errores se repiten también, lamentable e incomprensiblemente en mi
opinión, en ese capítulo de objetivos. Y digo errores porque quiero creer
--me parece que debe ser así-- que no es un olvido consciente; olvido
consciente que quizá justificaría cómo a partir de 1996 es cuando se
empieza a hacer algo porque anteriormente no se hacía nada. Espero que
sea un error y no un olvido consciente.

Igualmente, cuando el punto 6 del primer objetivo dice becas al Instituto
de Salud Carlos III, no aparece ninguna en 1995 ni en 1996, que es en el
que estamos. ¿Esto quiere decir que no hay ninguna? Según mis datos --y
seguramente en los suyos, señor Gutiérrez--, figuran 60, las mismas que
están presupuestadas para el año 1997. ¿Pero por qué han desaparecido?
Espero una explicación a esta duda.

En el apartado 4 de los objetivos, tampoco aparece ninguna relación sobre
que se hubieran realizado informes en 1995. El año 1995 parece
extrañamente gafado. La oleoteca activa existía en 1995 e igualmente la
seroteca activa y las reuniones de coordinación y de prospectiva. Todas
ellas existían. Si pretenden presentarnos unos presupuestos
exclusivamente referidos a 1996-97, a mí me parece muy bien, pero
entonces no pongan nada de 1995. Si aparece 1995 unas veces con datos y
otras sin ellos, altera bastante el conocimiento de la evolución del
presupuesto del instituto y, sobe todo, sorprende que haya tan graves
errores.

Lo mismo ocurre con los indicadores del punto 4. Los informes de
evaluación de difusión limitada, y los informes de evaluación para
publicaciones, ¿existían o no en 1995? Usted, que ha sido un trabajador
de la Casa, probablemente por la acumulación de trabajo que todo cargo
nuevo lleva, no ha podido revisar desde sus conocimientos la confección
de este presupuesto, pero le ruego que nos lo aclare. Son los mismos
indicadores, ausentes en el año 1995, del apartado 5. Curiosamente,
además, el punto 7 del apartado 5, se refiere a proyectos de
entrenamiento, que sabe que se vienen realizando exactamente desde 1987,
con programas de entrenamiento en metodología de la investigación
clínica, y desde 1995 con programas de entrenamiento en epidemiología
aplicada, cuestiones bien importantes como para que no aparezcan en una
memoria presupuestaria.

En el apartado número 8 también vuelve a haber, en mi opinión, una grave
ausencia, pues no hay datos sobre los proyectos de investigación
aprobados, siendo el Centro de Microbiología uno de los centros que más
investigan en su campo y de los de mayor producción científica que
existen en España.

Usted sabe que esto ha sido reconocido por el profesor Ayala y el editor
de la revista Science. No es porque antes lo hubiera hecho un grupo
parlamentario o un gobierno y ahora otro, sino porque esto es algo
importante para el nivel de investigación en España y parece relevante
que se completen todas estas ausencias que espero no hayan sido
conscientes olvidos, sino ausencias debidas a errores ajenos a su
voluntad. Aunque también he de decirle que me sorprende un poco porque
como ya es tan habitual que cada cosa que nos presentan lo hacen sobre la
herencia recibida, qué casualidad que las herencias buenas se olvidan. En
fin, espero que nos aclare estas ausencias en la respuesta que espero de
usted.

Otra de las cuestiones que quiero plantearle es la siguiente: por qué en
el presupuesto del Instituto de Salud Carlos III no aparecen las
transferencias que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene previstas
para el FISS, porque están en ese ministerio; de la misma manera que
aparece otra partida de transferencias de la Tesorería de la Seguridad
Social, pero por qué no aparecen aquí como aparecían en otras ocasiones.

A propósito de estas transferencias tanto del ministerio como de la
Tesorería de la Seguridad Social para el FISS, se venían haciendo
directamente del Insalud o de la Tesorería de la Seguridad Social, pero
la integración del FISS en el Instituto de Salud Carlos III nos preocupa
que quizá no sea la vía más ágil para que los fondos lleguen a los
destinatarios a lo largo de 1997, no que no vayan a llegar sino que nos
da la impresión de que esta nueva organización, organigrama u ordenación
del servicio que han hecho puede entorpecer esta llegada de fondos,
fondos de los que no está muy sobrado el Instituto de Salud Carlos III.

Finalmente, quiero recordarle al Director General del Instituto, señor
Gutiérrez, que una de las últimas actuaciones de la Comisión de Sanidad y
Consumo de la anterior legislatura fue la aprobación de un informe de la
Ponencia especial en relación con el síndrome del aceite tóxico que
seguramente conocerá. En sus recomendaciones --propuestas son de obligado
cumplimiento para el Gobierno porque son propuestas aprobadas también por
los votos del Grupo Parlamentario Popular--, había un capítulo de medidas
en investigación y una de ellas instaba a constituir una entidad
técnico-administrativa por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo que
asegure un nivel suficiente de coordinación entre el grupo directivo de
investigación, evidentemente el Instituto de Salud Carlos III, y las
estructuras sanitarias que llevan a cabo el seguimiento de los afectados
por el síndrome tóxico.

No veo en los presupuestos ninguna previsión para hacer frente al
cumplimiento de estas recomendaciones aprobadas.




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¿Tienen ustedes alguna previsión; dónde estaría? Habida cuenta de que
rastreando los presupuestos además del presupuesto específico del Carlos
III se van encontrando partidas en otros lugares del presupuesto del
Ministerio de Sanidad y Consumo que vamos recogiendo, sin embargo, ésta
no la he encontrado y si no existe me gustaría hicieran un pequeño
esfuerzo de localizar alguna de donde la hubiere porque parece necesaria.

En el análisis comparativo que he hecho del presupuesto 1996-1997, el
crecimiento es cero, de ahí que ese cultivo de la ciencia se vaya a
congelar. Sin embargo, no he visto reducidos los niveles 30 dentro del
Instituto; había siete subdirecciones generales y siguen existiendo. A
nosotros no nos preocupa especialmente, pero como uno de los grandes
anuncios de toda la campaña ha sido el de detraer esos fondos, que eran
innecesarios y estériles, a otras partidas más necesitadas, habida cuenta
de que el crecimiento es cero, no tengo ningún interés en que supriman a
nadie, pero sin duda podrá darnos alguna explicación de por qué no se ha
reducido ningún nivel 30. ¿Es que no sobraba ninguno, como yo pienso?
Nada más de momento. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez. Si usted me lo
explica estoy dispuesto a tomar buena nota de todas esas dudas, que
espero se me despejen, además de desearle que tenga mucho éxito.




El señor VICEPRESIDENTE (Arnau Navarro): Para contestar a la
representante del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Director General del Instituto de Salud Carlos III. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (Gutiérrez
Fuentes): Señorías, se me ha vertido un buen número de preguntas,
curiosamente casi todas ellas alrededor de un tema concreto, el de la
financiación de la investigación. No voy a entrar directamente en la
respuesta de estas preguntas sin antes --porque creo que es bueno--
tratar de resumir un poquito, tratar de llevar a su conciencia lo que
está llamado a ser el Instituto de Salud Carlos III.

El Instituto de Salud Carlos III es creado por la Ley General de Sanidad,
en 1986, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, y creo
sinceramente que es uno de los grandes aciertos de la misma. Por razones
que quizá sería muy arduo o prolijo de comentar, desde 1986 hasta la
fecha, el Instituto de Salud Carlos III --pienso-- no ha alcanzado a
cubrir las expectativas o las necesidades para las cuales fue creado, y
esto por una serie de circunstancias amplias, que podíamos debatir
también ampliamente, y que tiene mucho que ver con los presupuestos.

Nunca me atreveré a decir que los presupuestos para el año que viene son
unos presupuestos suficientes ni que son los presupuestos con los que nos
sentimos cómodos, ni mucho menos.

En el campo concreto de la investigación, y si nos ceñimos a los
presupuestos para el FIS, hay dos programas, 227.12 y 13, que ciertamente
no crecen, permanecen exactamente iguales; sin embargo, en el 227.11 se
hace un esfuerzo de crecimiento de un 10,7 por ciento. ¿Es suficiente?
Creo que no. Sinceramente pienso que el Estado hace un esfuerzo para
financiar la investigación que yo considero insuficiente. Es más, este
esfuerzo no cubre lo que la propia Ley General de Sanidad prevé en cuanto
a ese 1 por ciento del gasto sanitario. Por tanto, no puedo decir que es
suficiente pero va a crecer con respecto al del año pasado.

No quiero seguir hablando en exclusiva del FIS, del Fondo de
Investigaciones Sanitarias, sin recordar que el Instituto Carlos III es
algo más complejo que el FIS. De hecho, el FIS se incorpora como tal al
Instituto Carlos III en la nueva reestructuración recientemente aprobada.

Por el contrario, el Instituto Carlos III tiene y alberga una serie de
centros y de funciones de muy diferente cualidad, empezando por las
funciones de formación, cubiertas a través de la Escuela Nacional de
Sanidad y presupuestadas en el programa 121.C, que tampoco son lo que
nosotros quisiéramos desde el punto de vista presupuestario y esperamos
que en el futuro puedan ser mayores los presupuestos que se dediquen a
estas actividades.

Entrando en el tema presupuestario desde otros aspectos, porque yo creo
que también es presupuesto, hemos de decir que en el momento actual en el
Instituto de Salud Carlos III, y a través de la reestructuración a que me
acabo de referir, se han creado estructuras para tratar de mejorar esa
financiación por vías ajenas a la presupuestación pública. Nosotros, como
instituto que produce servicios, como organismo autónomo comercial,
creemos que debemos ahondar en la posibilidad de aliviar al erario
público (la palabra correcta no es aliviar porque sería como admitir que
estamos dispuestos a que disminuya) del crecimiento del gasto en los
conceptos que competen al Instituto de Salud Carlos III, recurriendo a
otras fórmulas, que están en la mente de todos, como la comercialización
de los servicios de muy diferente índole que el Instituto de Salud Carlos
III facilita no sólo al Sistema Nacional de Salud sino a la sociedad. De
manera que en el Instituto de Salud Carlos III hay una Escuela Nacional
de Sanidad que, insisto, se presupuesta en un programa aparte, que es el
121.C, y que puedo adelantar que su monto total se eleva a 761 millones
401.000 pesetas.

El resto de la actividad del instituto, que sigue siendo muy abigarrada,
muy compleja, y que engloba a centros muy diferentes que me voy a
permitir recordar rápidamente, está integrado por el Centro Nacional de
Epidemiología y el Centro Nacional de Investigaciones Sanitarias, el
Fondo de Investigaciones Sanitarias, al que ya nos hemos referido antes,
el Centro de Investigación del Síndrome del Aceite Tóxico --luego
comentaremos en respuesta al planteamiento que hacía S. S. algo al
respecto--, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el Centro
Nacional de Farmacobiología, el Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición, el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de
Sanidad Ambiental, el Centro Nacional de Biología Fundamental y un
hospital, el Centro Nacional de Investigaciones Clínicas. A esto hay que
añadir una secretaría técnica, que acaba de ser creada precisamente para
tratar de mejorar las relaciones hacia afuera del



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propio instituto, para tratar de mejorar en lo posible la relación
intramuros desde el punto de vista de la investigación y para que se
encargue de la coordinación de la red de unidades de investigación, que
creo que es un logro importante que no podemos dejar de estimular. Aún
más, tenemos una secretaría general que se encarga de la administración y
gestión de todo el Instituto de Salud Carlos III. En total tenemos, como
bien decía S. S., siete subdirecciones generales, dos menos de las que
había antes de la reciente reestructuración. Por tanto, sí es cierto que
hemos suprimido dos subdirecciones generales con respecto al organigrama
del Instituto vigente hasta el 2 de agosto del presente año.

Entrando en el detalle de alguno de los planteamientos que me hacía, la
primera cuestión se refería a las becas de ampliación de estudios y al
retraso en la publicación de la convocatoria de las mismas en el «Boletín
Oficial del Estado». Para tranquilidad de S. S. le diré que de ninguna
manera hemos pensado en suprimir las becas de ampliación de estudios y
que, por el contrario, si no me equivoco hoy mismo ha sido firmada la
convocatoria por el señor Ministro y estará publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» en breves fechas. ¿Por qué el retraso? Muy sencillo.

Porque usted bien sabe que en fechas recientes, a partir del 2 de
septiembre que es cuando entra en vigor la nueva reestructuración, ha
habido un reacomodo respecto al FIS, desde el punto de vista de manejo
del propio FIS, que ha condicionado este retraso y que lamentamos. Aun
así quiero llevar a su espíritu la tranquilidad de que estas becas van a
ser inmediatamente publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

Respecto a las becas del Instituto de Salud Carlos III, que convoca el
propio instituto con cargo a sus presupuestos, nada tienen que ver con el
FIS y creemos que deben seguir existiendo. No sé si a usted le parece
excesiva la cantidad que se dedica a estas becas, que es exactamente de
36 millones de pesetas. Sinceramente creemos que el problema está en que
las becas redunden en una buena formación de los profesionales que
acceden a ellas y ojalá pudiéramos dedicar más fondos a este tipo de
ayudas.

En cuanto a los conceptos de las becas para Iberoamérica, tiene usted
razón en lo que decía, pero verá cuando se publique la nueva convocatoria
que está a punto de salir en el «Boletín Oficial del Estado», cómo esto
ya no va a figurar con este concepto. De manera que quiero trasladar
también a S. S. la tranquilidad en este sentido.

Hay unas becas que se convocan a través del FIS que también se llaman
becas del Instituto de Salud Carlos III. No recuerdo el número de ellas,
pero también salen en esta próxima convocatoria. Creo poder asegurarle
que no van a disminuir del número de becas que se publicaban en años
anteriores.

Me parece importante lo que comenta respecto al problema del síndrome del
aceite tóxico. No voy a plantear aquí la conveniencia o no, desde un
punto de vista estrictamente científico, de continuar el seguimiento del
síndrome del aceite tóxico porque no es éste el foro ni creo que sea el
momento, pero me consta que hay un mandamiento parlamentario para
continuar con ello e incluso para poder gestionar mejor una estructura a
la que usted se refería antes. En ese sentido, y en la reciente
reestructuración del Instituto de Salud Carlos III, se acaba de crear el
Centro de Investigación del Síndrome del Aceite Tóxico, que en este
momento está dotado de personal y cuyo gasto, que también figuraba entre
sus preguntas, se seguirá cubriendo, como en anteriores años, con cargo a
presupuestos del FIS. Podemos decir que es una estimación presupuestaria
por cuanto los presupuestos para el FIS se hacen en base a proyectos de
investigación, que siempre son variables tanto en su cuantía como en su
número. Eso por una parte y, por otra, se hacen en base a unos gastos de
gestión y contratos en los que participan el CDC de Atlanta y la
Organización Mundial de la Salud. Le decía que los gastos presupuestados
para el próximo año con respecto al FIS esperamos que estén alrededor de
los 150 millones de pesetas, que en ningún caso es un montante inferior
al del año pasado.

El Centro Nacional de Microbiología. Creo que si en el Instituto de Salud
Carlos III --y debo decirlo así porque es verdad-- hay centros
prestigiados, internacionalmente prestigiados, uno de ellos es el Centro
Nacional de Microbiología, como usted bien decía. Eso es herencia
recibida, estamos orgullosos de esa herencia y vamos a hacer todo lo
posible no sólo por mantenerla sino por mejorarla. Todo el mundo ha oído
hablar del Centro Nacional de Microbiología en los días recientes. Le
puedo garantizar que el Centro Nacional de Microbiología responde y está
capacitado para responder ante cualquier emergencia microbacteriológica o
epidemiológica que se pueda presentar en el país si es requerido para
ello, y creo que el Sistema Nacional de Salud debe estar orgulloso de
tener en el Instituto de Salud Carlos III un Centro Nacional de
Microbiología como el que tiene. ¿Que en el planteamiento de objetivos
del programa 542.H no hemos descrito o pormenorizado suficientemente las
actividades del centro? Pues entono el mea culpa, pero si tuviéramos que
hacer lo mismo con cada uno de los doce centros que alberga el Carlos
III, probablemente llenaríamos varios libros, por lo menos muchas
páginas, planteando los objetivos o las justificaciones para el
presupuesto del Instituto de Salud Carlos III.

Yo no creo que haya que preocuparse por que la reubicación del FIS en el
Carlos III vaya a entorpecer o restar agilidad a la llegada de las ayudas
a los investigadores. Creo que no hay que preocuparse por ello. Le diré
más. No sólo creo que seremos capaces de poner los mecanismos para que
eso no suceda --entre otras cosas van a ser prácticamente los que había
porque, de hecho, lo que se hace es una trasposición, prácticamente con
las mismas personas, todas ellas de altísima cualificación por cierto--,
sino que vamos a intentar que esa agilización en la tramitación de las
ayudas no se convierta sólo en un aspecto cualitativo desde el punto de
vista de esa agilidad, sino también en un aspecto cuantitativo, y estamos
estudiando fórmulas para poder acrecentar los fondos del FIS, si es
posible sin cargo al erario público. Creo que a nadie se le escapa que
hay posibilidades imaginativas --ya veremos si fáciles o no, no estoy
queriendo decir ni mucho menos que lo sean-- de dar participación en esos
fondos, de una manera u otra, a la propia industria farmacéutica, quizás
a la industria de la



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alimentación, por qué no --el FIS también investiga en estas cosas--, a
industrias relacionadas con el medio ambiente, por qué no, o a entidades
financieras que puedan aunar recursos para el FIS, quizás a través de la
creación de una fundación. Es decir, no nos conformamos con que el FIS
tenga un presupuesto que consideramos escaso. ¿El crecimiento del
presupuesto es cero? Pues probablemente sea cero. En los aspectos que más
preocupaban a S. S. --al menos así lo traduzco a través de las
preguntas--, que son los relacionados con el FIS, hay algún crecimiento,
no es el que queremos pero hay algún crecimiento y esperamos, insisto,
con fórmulas imaginativas y quizá con unos presupuestos más cómodos en
futuros años, poder ir haciendo crecer estos presupuestos, no sólo para
el FIS sino para el Carlos III.

Quiero recordar que el Carlos III --quizá no haga falta y a lo mejor
hasta tiro piedras contra mi tejado-- es un instituto tecnológico, y como
tal instituto tecnológico necesita estar al día. Para ello, o para
permanecer al día al menos, necesitamos un esfuerzo importante, lo vamos
a hacer, lo estamos intentando hacer y estamos planteando el estudio de
un plan estratégico que nos permita llegar a alcanzar estos objetivos a
que me estoy refiriendo. De momento ¿qué hemos hecho? De momento hemos
acometido una reestructuración en el instituto que ha supuesto la
creación de algún centro nuevo, como es el Centro Nacional de Información
Sanitaria, la supresión de otros órganos y subdirecciones, el cambio de
denominación de algunos y la creación de la secretaría técnica que,
insisto, tiene el objetivo de mejorar las relaciones, de facilitar la
gestión de la investigación dentro de la casa y hacia fuera de la casa y
velar por la continuidad y la potenciación de las unidades de
investigación clínica de los hospitales, las llamadas Reuni.

Tenemos un presupuesto que no es el que desearíamos, yo creo que nadie lo
tiene. Esto no es nuevo. No es que este año sea un presupuesto
insuficiente. Yo creo que cualquiera que se siente a dirigir un organismo
público o no público considera el presupuesto limitado e insuficiente.

Pero vamos a hacer lo posible por que el presupuesto pueda ser mejor en
sucesivos años y, desde luego, en lugar de lamentarnos de que el
presupuesto no nos llega vamos a tratar de buscar fórmulas para
acrecentarlo hasta donde podamos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra la señora García
Manzanares.




La señora GARCIA MANZANARES: Quiero dar las gracias a don José Antonio
Gutiérrez, Director General del Instituto de Salud Carlos III, por su
exposición y por sus aclaraciones.

Al hilo de lo que me ha ido diciendo, le quiero manifestar que yo no
trato de que sea un lamento solamente por el hecho de que el presupuesto
sea insuficiente. Soy consciente de que, no sólo ahora sino siempre, si
la investigación no ha avanzado más en nuestro país es porque
desgraciadamente quizá no ha habido una presupuestación suficiente. En
teoría ése es el gran deseo de todos, no solamente de todos los
científicos sino de todos los que estamos empeñados en que avance, en
este caso evidentemente, la sanidad y sólo avanza desde la investigación
y desde una buena formación. En esto estoy completamente de acuerdo con
usted. A mí me alegra que no esté usted satisfecho y que asuma la
dirección del centro con la idea muy clara de que no le gustan estos
presupuestos y que va a pelear para que en el próximo futuro sean
mayores.

Es verdad que yo le he preguntado casi exclusivamente por la financiación
de la investigación. ¡Claro, por razones obvias! Estamos tratando quizá
uno de los temas más importantes, en un foro como es el del debate de los
presupuestos, y he creído que debía hacerlo más que entrar en los
programas de formación sobre los que nada tendría que decir, sino que
lamento que no crezcan nada y que no haya más programas de formación,
exactamente igual que lo ha dicho usted.

Hay una idea muy interesante que ha planteado, pero junto a ser una idea
muy interesante, como últimamente llueve mucho sobre mojado y también ha
dicho una palabra mágica, yo le voy a pedir que me aclare un poco por
qué. Como cosas interesantes plantea algunas vías para financiación. Sin
duda. Estamos hablando de un organismo autónomo de gran prestigio.

Estamos hablando de un centro de prestigio internacional, de grandes
profesionales que pueden hacer estudios para otros, investigaciones para
otros, es decir, servicios a terceros que se pueden comercializar y
cobrar por ellos. Si no he entendido mal ésta es su idea, loable idea,
¡cómo no! Como es un organismo autónomo tendría capacidad para hacerlo.

¿Por qué esa palabra mágica que de verdad nos despierta? Si hubiera aquí
alguien con un pequeño sopor, dada la hora que es, seguro que se ha
despertado. La palabra mágica es la de «fundación». ¿Otra más? ¿Para qué?
Una fundación de interés público, privado, de no sé qué. Señorías,
tenemos el Instituto de Salud Carlos III que es un organismo autónomo con
plenas competencias para la investigación y con una red de profesionales
extraordinariamente bien preparados. ¡Pues ya está! Puede funcionar como
organismo autónomo. Se me alerta el semáforo. Se me pone en ámbar cuando
oigo una vez más esta palabra que no creo que fuera necesaria. Espero, no
obstante, que S. S., si tiene madura la idea, me la explique un poco más
y a lo mejor me convence, pero ya le digo que mi predisposición es a no
dejarme convencer.

También quería decirle que me alegra que en el Instituto Carlos III se
haya constituido el Centro de Investigación del SAT, porque,
efectivamente, es una recomendación de la ponencia. Bienvenido el que se
empiece a hacer caso de las recomendaciones del Parlamento, aunque tenga
poquito presupuesto. Si me permite una pequeña corrección, señor director
general, usted ha dicho que no iba a abundar más en esta cuestión porque
no era éste el foro ni el momento. El momento evidentemente no lo es,
porque estamos hablando de presupuestos, pero el foro sí. Tenga por
seguro que le volveremos a llamar de aquí a unos meses. Le daremos un
tiempo suficiente para que ponga en funcionamiento y desarrolle un poco
más este centro de investigación, pero como somos integrantes de la
Comisión



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de Sanidad y Consumo, que además aprobamos esta ponencia, volveremos a
llamarle. Por tanto, alerta al trabajo que va a hacer ese centro porque
sin duda éste va a ser el foro donde va a rendir cuentas su señoría.

Finalmente, hablando del Centro Nacional de Microbiología, estoy de
acuerdo con usted en que es de internacional prestigio, y si se reconoce
como herencia recibida voy a decirle que no es una obra de un partido
político sino la obra, quiero reconocerlo, de los grandes profesionales
que, además de la intención política de quien lo puso en marcha, son los
que le han dado prestigio. Vaya desde aquí mi felicitación a todos los
profesionales del Instituto de Salud Carlos III que, con medios tan
limitados, han conseguido este nivel de reconocimiento. Ha comentado S.

S. que tienen tal nivel que pueden resolver cualquier emergencia si se
les requiere. Mi pregunta es: ¿Les ha requerido a ustedes la Comunidad
Autónoma de Madrid, ante la reciente desgracia de la epidemia de
legionella desatada en el mes de agosto y que parece que hasta la semana
pasada no ha habido manera de saber de qué se trataba? A mí me parecería
razonable que se hubiera hecho así. No lo he oído. A lo mejor es que han
trabajado con gran discreción. Le hago esta pregunta sin ningún ánimo de
crítica y sí con el interés que merece un tema tan escabroso y tan
desgraciado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Director General del Instituto
de Salud Carlos III.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (Gutiérrez
Fuentes): Voy a empezar por lo último para no dejar mal sabor de boca al
final por aquello de lo escabroso.

El Centro Nacional de Microbiología es una parte integrante del Centro
Nacional de Salud Carlos III. El Centro Nacional de Salud Carlos III está
para dar apoyo científico-técnico al Sistema Nacional de Salud, que es un
sistema descentralizado y lo va a ser totalmente en un futuro próximo.

Hay algunas competencias que, incluso en las comunidades digamos Insalud,
han sido transferidas, como son las competencias en salud pública. En
Alcalá de Henares, por desgracia, ha habido un brote epidémico (me gusta
hablar de ello porque soy médico) que por sus características clínicas
los pacientes que ingresan en el hospital son pacientes con neumonía. Y
no con cualquier tipo de neumonía; es una neumonía que responde a un
determinado tipo de tratamiento, al tratamiento con eritromicina. No
responde a otros tratamientos antibióticos, y eso, para un clínico,
limita mucho las posibilidades. Es decir, cuando empieza a generarse el
problema y empiezan a ingresar enfermos con características clínicas de
neumonía no piógena, que responde bien a eritromicina, las posibilidades
son muy escasas. Si a eso se añade una pequeña visión, no hace falta que
sea una gran visión, en principio, de una agrupación de enfermos de un
determinado distrito, de una determinada zona de Alcalá de Henares, eso
limita aún más la posible causa. Si unos días después, cuando se requiere
al Centro Nacional de Microbiología para que intervenga y se empiezan a
enviar sueros de estos pacientes, se observa una seroprevalencia en esta
población de enfermos muy superior a la de la población habitual, por
decirlo así, hay que pensar que se está más próximo a un diagnóstico
determinado. Si después, desde la Comunidad Autónoma de Madrid, se envían
una serie de muestras de aguas a Alcalá de Henares en las cuales crece
abundantemente una determinada bacteria, la sospecha diagnóstica empieza
a ser importante, tanto que a partir de ese momento es inexcusable el
iniciar una actuación sanitaria al respecto. Es decir, no se puede
demorar la actuación sanitaria, desde el punto de vista de tratar de
acotar la situación, hasta tener el cien por cien de seguridad, porque
esto en biología es, como S. S. sabe, prácticamente imposible. En un caso
como del que estamos hablando, para llegar a ese cien por cien o, por lo
menos, a una aproximación muy importante, debemos dejar pasar tiempo.

¿Por qué? Porque los datos relevantes para fundamentar la sospecha, y yo
diría que la sospecha está ahora mismo en un porcentaje de fiabilidad de
un 99,5 por ciento, se basan, en primer lugar, en la serología, y ésta
actualmente deja poco lugar a dudas; no recuerdo cifras exactas pero debe
de haber aproximadamente un 30 por ciento de seropositivos entre los
enfermos ingresados frente a un 3 por ciento en la población que
habitualmente estudia el Centro Nacional de Microbiología a través de un
laboratorio que analiza legionellas permanentemente y que puede tener un
3 por ciento con muestras sospechosas. De manera que serológicamente creo
que hay pocas dudas.

Por si eso fuera poco, a fecha de hoy tenemos 8 aislamientos de
legionellas en muestras de secreciones de pacientes que han estado
ingresados por este motivo. Para que usted se haga una idea, a lo mejor
ya la tiene, en el famoso brote de Filadelfia el número de aislamientos
no superó los 3 ó 4; nosotros tenemos 8. Esto lo único que hace es avalar
la fiabilidad del Centro Nacional de Microbiología. Evidentemente,
nosotros acudimos a esta cita porque nos llamó el Insalud y la Comunidad
Autónoma de Madrid; evidentemente.

Respecto al Centro de Investigación del Síndrome del Aceite Tóxico, me
dice que me volverá a llamar. Yo volveré cuantas veces se me llame, no le
quepa a usted le menor duda. Y tampoco desconfíe de que haremos todo lo
posible en el sentido de realizar el mejor seguimiento posible de esta
cohorte de afectados que bastante desgracia tiene con haber padecido este
problema.

Ha hablado de los escasos presupuestos, las operaciones comerciales y el
organismo autónomo. Si quiere, luego también hablamos de la fundación. Le
puedo decir que, en el ejercicio 1995, el Instituto de Salud Carlos III
se financió a través de presupuestos en un 96 por ciento, siendo un
instituto --y quiero poner énfasis en ello-- que, además de investigar
--aunque figure en el programa 542.H--, fundamentalmente produce
servicios para la sociedad y servicios para el Sistema Nacional de Salud.

A pesar de eso, dependimos de presupuestos en un 96 por ciento. Como
referencia, le puedo citar el Centro Superior de Investigaciones
Científicas, que es una OPI, un organismo autónomo comercial --igual que
nosotros--, pero que prácticamente se dedica en su totalidad a la
investigación en sus diferentes



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variantes, y que sólo dependió de presupuestos en un 63 por ciento. Es
decir, fue capaz de generar un 37 por ciento de su financiación y
nosotros aspiramos a podernos aproximar a esas cifras. ¿A través de una
fundación? Bueno, ¿por qué no? Usted dice que aquí hay muchas
fundaciones. En otros países hay muchas más, y funcionan francamente
bien. Yo no he dicho que vayamos a ser una fundación; digo que es una
posibilidad. De hecho, de cara al plan estratégico que nos estamos
planteando, la primera pregunta es: ¿Estamos sacando suficiente fruto de
ser un organismo autónomo? Pregunta que usted misma hacía y que nosotros
también nos hacemos. Antes, tenemos que decidir si debemos ser una
fundación, o si debe haber una fundación en la escuela --¿por qué no?--,
o si debe haberla sólo en el FIS --¿por qué no?--, o si todo el instituto
tiene que ser una fundación. Yo no digo que vaya a ser; digo que es una
fórmula a la que me niego a cerrarme simplemente porque se considere que
una fundación es un desdoro. Yo creo que no es ningún desdoro.

Usted misma ha dicho --y voy de atrás a adelante-- que el instituto tiene
un gran prestigio. Yo creo que sí, tiene un grandísimo prestigio; pero el
Instituto de Salud Carlos III es un gran desconocido. No sólo es un gran
desconocido para la ciudadanía, que ya es lamentable que así sea; lo es,
incluso, dentro del sector sanitario. A mí me felicitan ahora en el
hospital, cuando me ven, alguna vez que voy a visitarles. Por cierto, yo
nunca he estado en el Instituto Carlos III. Lo dirijo desde el 20 de
mayo, pero yo no vengo de allí. He hecho toda mi vida profesional en el
Hospital Clínico de San Carlos --se llama Carlos también, pero es otro
Carlos (Risas.)--, nunca estuve en el Instituto Carlos III, y estoy
orgulloso de estar en él y de tener la misión que el señor ministro ha
tenido a bien encomendarme. Y una de las cosas que pretendemos es que el
Instituto de Salud Carlos III deje de ser ese gran desconocido, no sólo
para el Sistema Nacional de Salud --que yo creo que está llamado a jugar
un papel importante dentro del concepto del Sistema Nacional de Salud--,
sino, incluso, dentro del ámbito sanitario general. Esperamos poder
llegar a muchos convenios, a muchos acuerdos, a ofertar nuestros
servicios y que sean, primero, conocidos y, después, reconocidos, no sólo
por su cualidad, por su calidad y por su garantía, y ofertárselos a todo
el Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente, a través del consejo
interterritorial, que está llamado a jugar también el papel que todos
sabemos en el futuro del Sistema Nacional de Salud.

De manera que ¿insatisfecho? No; estoy muy satisfecho, porque me toca
sacar adelante algo muy bonito, algo en lo que creo, algo que existe en
otros países con sistemas de salud descentralizados y funciona y tiene
gran crédito. Nuestro Instituto de Salud Carlos III funciona, va a tener
mucho más crédito del que tiene y, si es posible, le va a costar menos al
Estado o, por lo menos, no más. Vamos a tratar de colaborar, en el
sentido de aliviar la carga --yo creo que esto no es una carga-- que algo
como el Instituto de Salud Carlos III pueda suponer a los Presupuestos
Generales del Estado, echando mano de las fórmulas que nos permita el
hecho de ser un organismo autónomo comercial, o lo que seamos en el
futuro.




El señor PRESIDENTE: Damos las gracias al Director General del Instituto
de Salud Carlos III por su comparecencia, y le anunciamos que será
llamado, como es habitual, por esta Comisión, a petición de cualquiera de
los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor Gutiérrez, por su
comparecencia y por su defensa del Instituto Carlos III.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (DIAZ
YUBERO). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000344.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al último punto del orden del día,
que es la comparecencia del Secretario General del Instituto Nacional de
Consumo, dando la bienvenida a don Ismael Díaz Yubero, Secretario General
de dicha institución.

Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista,
señora Montes Contreras, que ha solicitado la comparecencia del
Secretario General del Instituto Nacional de Consumo.




La señora MONTES CONTRERAS: Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar
la bienvenida, en nombre del Grupo Socialista, al señor Díaz Yubero,
Secretario General del Instituto Nacional de Consumo.

Voy a intentar ser breve, señor Presidente, dada la hora que es.

El proyecto de presupuestos en materia de consumo que se nos ha
presentado para el año 1997 continúa con los objetivos que, a grandes
rasgos, el Partido Socialista tenía marcados en presupuestos anteriores,
es decir, ordenación del consumo, fomento de la calidad y protección de
los derechos de los consumidores. No podía ser de otra forma, ya que es
un mandato que viene impuesto por la propia Constitución en su artículo
51.

Sin embargo, el proyecto de presupuestos que el Gobierno nos ha
presentado para 1997 contiene una serie de matices que al Grupo
Socialista le suscitan una serie de dudas sobre si el Gobierno, a través
de estos presupuestos, va a hacer frente al objetivo de la defensa de los
consumidores y cómo lo va a hacer exactamente. Por todo ello, vamos a
hacer una serie de preguntas para despejar estas dudas; son concretamente
seis los matices que queremos aclarar.

En primer lugar, queremos que el señor Díaz Yubero nos aclare qué
importancia real da el Gobierno a la problemática del consumo; le hago
esta pregunta en relación al hecho de que haya bajado la categoría de una
dirección general a la de subdirección general. Nosotros hemos tenido
siempre un Ministerio de Sanidad y Consumo, y ahora no sabemos si tenemos
un Ministerio de Sanidad con una subdirección y exactamente en qué
categoría queda el consumo. Nos gustaría saber también qué categoría
tiene el director del Instituto de Consumo, ya que en el proyecto de
presupuestos, para el programa 443.C, desaparece el artículo de altos
cargos. Quisiéramos que nos aclarase cuál es la categoría que tiene el
director del Instituto de Consumo.




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La Constitución establece, en los artículos 139 y 149, que son desarrollo
del artículo 51 que antes he mencionado, que los derechos de los
consumidores y de los propios operadores económicos no son compatibles
con tratamientos distintos ante situaciones similares. Hago esta
aclaración porque queremos saber si se va a garantizar la homogeneidad
del mercado interior, ya que no lo encontramos claramente como criterio
en la descripción que se hace del programa 443.B, de ordenación de
consumo y fomento de la calidad.

La siguiente cuestión que planteamos se refiere al programa 443.C. En la
descripción de objetivos del proyecto de presupuestos para 1997 se
reconoce el mandato ineludible --señalo esta palabra-- del artículo 51 de
la Constitución. Concretamente le podemos decir que el artículo 51.2
establece el mandato de promover la información y formación de los
consumidores, y además este mandato está desarrollado por los artículos
18 y 19 de la Ley 29/1984, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios. En la descripción de objetivos de este programa establecen los
medios operativos, como son las publicaciones, acciones informativas,
material didáctico, etcétera, para darle cumplimiento. Nuestra duda es
cuál va a ser la política de información que va a seguir el Gobierno en
materia de consumo, ya que en el presupuesto para el Instituto Nacional
de Consumo el gasto previsto es de ocho millones de pesetas --esto viene
recogido en el capítulo 2, artículo 4, programa 443.C--, frente a los
veinte millones de pesetas que tenían presupuestados para 1996. Nosotros
queremos saber por qué se produce esta caída del gasto en publicaciones y
si realmente va a haber alguna publicación con este presupuesto, teniendo
en cuenta además que el presupuesto total para esta partida de
publicaciones que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo es de 27
millones, con lo que será difícil sacar de esta partida algo para
dedicárselo al consumo.

La cuarta cuestión está relacionada con la anterior pregunta, y es la
siguiente. En la descripción de actividades para atender al objetivo de
información, formación y educación en materia de consumo del programa
443.C no aparecen dos actividades, que son el desarrollo de actividades
de formación destinadas a las OMIC, asociaciones de consumidores y
usuarios, y la elaboración de material didáctico. Sin embargo, en la
descripción de objetivos indicadores de seguimiento se mantienen los
mismos indicadores que en el presupuesto de 1996, elaborado por el
anterior Gobierno. Por ello queremos saber si se van a hacer cursos de
formación para las OMIC, para las asociaciones de consumidores y
usuarios, y si se va a elaborar material didáctico y cuánto material,
porque está relacionado con el presupuesto al que antes he hecho mención.

Quinta cuestión que queremos que nos aclare. El presupuesto contempla en
el programa 443.C el objetivo de fomento del asociacionismo de
consumidores, y para ello destina en el capítulo 4, artículo 8, concepto
2, la cantidad de 225 millones de pesetas. ¿Podrían decirnos cuáles van a
ser los criterios para la adjudicación de subvenciones? ¿Qué objetivos
son los que pretenden cumplir con estas subvenciones y a quién van
dirigidas estas subvenciones?
En sexto y último lugar, nos gustaría conocer, dado que se establece el
objetivo de impulso y consolidación del arbitraje de consumo, cuántas
juntas arbitrales van a crear y dónde.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el Secretario
General del Instituto Nacional de Consumo.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (Díaz
Yubero): Ante todo quiero decirle algo que usted sabe perfectamente y es
que el Director General de Consumo, que existió en las legislaturas
anteriores, ha sido sustituido por un Secretario General del Instituto de
Consumo, pero al frente del Instituto de Consumo sigue estando el
Presidente del Instituto de Consumo, que tiene nivel de subsecretario.

Con lo cual el nivel en absoluto ha disminuido, en tanto que el nivel del
Presidente del Instituto es nivel de subsecretario. Quizá por esta razón
es por la que el Ministerio se sigue llamando de Sanidad y Consumo. Por
otra parte, también le quiero decir que la categoría del Secretario
General es de subdirector o nivel 30, como seguramente usted misma ha
deducido en el momento que ha visto que en los presupuestos, aparte de
que el Boletín Oficial también lo ha publicado, el capítulo de altos
cargos ya no está dentro del Instituto de Consumo, lo cual supone que no
existe un alto cargo, sino que es simplemente un funcionario con nivel
30.

Usted me habla, en segundo lugar, de que los derechos de los consumidores
no son compatibles, derechos distintos en situaciones similares.

Evidentemente que sí. Pero no se le oculta a usted también que estamos en
una situación no solamente española, intraterritorial, sino que tenemos
una serie de compromisos con la Unión Europea. En consecuencia, el
problema va más allá incluso de nuestras fronteras. El consumidor en
estos momentos debe ser y es, de hecho, considerado por las legislaciones
de todos los tipos, desde las comerciales, desde las de protección,
etcétera, como un consumidor único dentro de la Comunidad, o al menos a
eso es a lo que tiende la Comunidad. Y evidentemente estamos de acuerdo
con su aseveración que, por supuesto, no es más que lo que dice la
Constitución.

En cuanto a formación e información de los consumidores, tenemos
preparadas una serie de medidas en el programa 443.C dirigidas a formar e
informar a los consumidores. ¿Maneras de formar a los consumidores?
Afortunadamente en este sentido hay algunas posibilidades superiores a
las que había hasta hace relativamente poco tiempo. Entre ellas está la
disponibilidad de unos medios de información muy superiores a los que en
estos momentos había. Es lógico que vayamos aplicando estas nuevas
posibilidades de formación e información para poder llegar a una mayor
información y formación del consumidor. Pero sabe usted perfectamente que
muchas de estas funciones son competencia de las comunidades autónomas,
que están haciendo también su labor y que además es muy interesante.

Nuestra labor fundamentalmente debe ser, además de colaborar en parte,
coordinar y hacer que la formación y la información



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sean homogéneas, correctas y acordes con las que nos dicta la propia
Comunidad Europea.

En lo que se refiere a publicaciones y cursos, es cierto que hemos bajado
de 20 millones a 8 millones de pesetas. Es posible que hubiese sido más
interesante poder disponer de más dinero, pero no se le oculta a usted
que estamos en unos momentos de rescisión de gasto. Por este motivo es
por lo que el capítulo ha bajado de 20 a 8 millones.

Lo que se piensa seguir publicando es la revista Estudios de Consumo, que
es una magnífica revista que tiene un gran prestigio en la Universidad y
entre los estudiosos de consumo. Esta es una revista difícil de vender,
por la que se adquieren muy pocos ingresos, pero es una revista de un
gran nivel técnico y con una tradición muy importante.

Por otra parte, hay una línea que viene siguiendo el instituto porque el
programa tiene bastante de continuista, en tanto que hay además aprobado
un plan por todas las comunidades autónomas, desde 1993 a 1997, para
evitar precisamente que se puedan hacer desviaciones sobre un proyecto
inicial. Por ese motivo el programa mantiene las posibilidades de actuar
en función de una serie de proyectos que ya venían programándose
anteriormente. Entre ellos están los llamados abecé. Los abecé son las
cuestiones básicas que deben saber los consumidores sobre temas
específicos. Estos temas específicos lógicamente van variando. En estos
momentos estamos programando el abecé de la informática, porque pensamos
que es un factor muy importante en un futuro inmediato en el consumo de
los españoles.

Por otra parte, pensamos seguir haciendo folletos sobre materias que
aconsejen su divulgación, y son muchas y muy variadas, pero van a
depender también --una parte está programada, como es lógico-- de las
circunstancias que se vayan dando incluso en el propio mercado. Estos
folletos son francamente muy baratos y, sin embargo, son muy eficaces
porque se pueden hacer llegar a muchos sitios. De esta forma, podemos
facilitar estos pequeños folletos --que son poco más que un folio doblado
en forma de tríptico y a un costo relativamente muy bajo-- a todas las
organizaciones municipales de información al consumo, a todas las juntas
arbitrales y a todas las asociaciones de consumidores, por supuesto.

Dentro del programa 443.C, pregunta por el desarrollo de las OMIC. Como
usted sabe, las OMIC son oficinas municipales de información al
consumidor, y las mismas están fomentadas y subvencionadas y figuran en
los presupuestos de los ayuntamientos. Lo que ocurre es que no es
suficiente muchas veces con que los ayuntamientos sufraguen los gastos, y
es necesario elaborar material como estos folletos divulgativos u
organizar cursos, que sí que están previstos para este próximo año. Hay
que tener en cuenta que el material didáctico que en general se emplea
para todas estas organizaciones una de las cosas que no tiene que ser es
caro, no debe serlo y de hecho no lo es, lo que pasa es que se puede
editar de muchas formas. Es verdad que en el momento actual posiblemente
haya que restringir y a lo mejor en vez de editarlos a cuatro colores
haya que hacerlo a dos. A lo mejor hay que hacerlos incluso con un papel
más barato, pero desde luego no estamos en absoluto predispuestos a
disminuir la elaboración de material, aunque sí elaboraremos quizá un
material más barato.

En cuanto al fomento de las asociaciones, efectivamente hay 225 millones
de pesetas. Es la cantidad que acabamos de repartir de los presupuestos
de 1996. Es cierto que las asociaciones de consumidores estarían muy
satisfechas si se les hubiese podido proporcionar una cantidad superior,
pero la realidad es que no deja de ser menos verdad que las asociaciones
de consumidores tienen que empezar a vivir por sí mismas. En principio lo
que le digo es que la cantidad que vamos a dar en 1997 es la misma que se
ha dado en el año 1996, no ha habido ninguna variación. También es cierto
que las asociaciones de consumidores tienen que ser conscientes de que
sus propias cuotas deben ser una parte importante de la financiación de
las mismas. Por este motivo, la línea fundamental que vamos a seguir para
el reparto de las subvenciones en el año 1997 será por una parte, que
sean a proyectos finalistas, es decir, actuaciones concretas elaboradas
por las asociaciones de consumidores que sean el fruto de un esfuerzo que
ellos mismos hagan en algo que a ellos mismos les va a mejorar.

En segundo lugar, vamos a procurar que tengan un carácter suficientemente
amplio. Creemos que con frecuencia los estudios o los trabajos que se han
hecho han sido demasiado locales, demasiado pequeños. Pretendemos que en
gran parte estos trabajos tengan un carácter mucho más amplio, a ser
posible nacional. Incluso estamos pensando en la posibilidad de que
lleguen subvenciones de la Unión Europea, que están establecidas, y
estamos en contacto con la Dirección General 24 de la Unión Europea, que
es la dirección de los consumidores, para establecer líneas de trabajo de
defensa de los intereses de los consumidores, pero no solamente con
España, sino en colaboración con Italia (parece que ya algunas
asociaciones han empezado a tomar interés en este tema), e incluso con
Portugal y Grecia. Otro criterio que vamos a seguir es dar una
información completa e incluso someterlo a informe del Consejo de los
Consumidores y Usuarios. Como usted sabe perfectamente, hay un Consejo de
Consumidores y Usuarios que en estos momentos y quizá por la propia
evolución de la sociedad está adquiriendo una mayoría de edad que es muy
interesante. En el Consejo de los Consumidores y Usuarios están
representadas las doce asociaciones nacionales y cada una va a tener voz
y voto y va a poder expresar su opinión con todo el interés que quiera.

El Instituto no forma parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, que
está formado exclusivamente por miembros de asociaciones a las que el
Instituto les presta un servicio de secretaría. Deben ser los propios
consumidores que forman este Consejo los que nos digan por dónde quieren
que vayan las subvenciones y cómo deben ir. Su decisión no puede ser la
definitiva, pero la participación y la elección de los trabajos sí lo va
a ser.

Finalmente me preguntaba qué previsiones tenemos en cuanto a arbitraje de
consumo. En este momento tenemos 54 juntas arbitrales de consumo con
niveles distintos. Hay algunas que tienen carácter autonómico, otras
tienen carácter



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provincial y algunas tienen carácter local. De estas 54 juntas arbitrales
que en este momento están establecidas, algunas no funcionan; exactamente
13 no han tenido ninguna actuación en 1996. Lo primero que hemos hecho ha
sido dirigirnos a ellas y a las autonomías correspondientes, aunque las
juntas arbitrales están formadas exclusivamente, al menos en principio,
porque quizá haya también alguna excepción, por el organismo en el que
están encuadradas, en general municipios y en algunos casos autonomías
cuando son autonómicas, y el propio Instituto Nacional de Consumo. Nos
hemos dirigido a las autonomías para que nos den información de la
situación en cada una de las zonas y nos den también sus opiniones con
respecto a las juntas arbitrales de consumo que debería de haber en cada
una de las autonomías y dónde deberían de estar ubicadas. En estos
momentos tenemos ocho peticiones, algunas ya elaboradas con todos los
informes favorables. En cuanto acabemos este programa, que tendrá que ser
dentro de este año y así nos hemos comprometido por escrito, decidiremos
qué es lo que hacemos con estas ocho juntas arbitrales que están
solicitadas y empezaremos el programa para el año 1997, tenido en cuenta
también la evolución que tengan las juntas que puedan desaparecer. Hay
algunas que en el año 1996 no han dictado ningún laudo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montes.




La señora MONTES CONTRERAS: Voy a empezar por el final. Le preguntaba
cuántas juntas arbitrales se pensaban crear y dónde. Parece que todavía
no está decidida esta cuestión. En la relación de indicadores he visto
que tenían previstas diez juntas arbitrales. Quería saber exactamente
dónde pensaban ubicarlas, pero no me ha contestado a la pregunta.

Me gustaría incidir sobre todo en el tema de las publicaciones y los
cursos para las oficinas municipales de información para los
consumidores. Es cierto que estas oficinas están ubicadas en los
ayuntamientos y tienen financiación municipal, pero no es menos cierto
que la Administración del Estado tiene encomendada la función de
coordinar y hacer que la política de arbitraje que se siga en las
distintas oficinas sea homogénea en todo el territorio nacional. Por eso
me parece fundamental que se sigan llevando a cabo estos cursos que
vendrían a dar cumplimiento a este doble objetivo, tanto de coordinar
como de conseguir esa homogeneización que viene mandatada por la
Constitución.

Con respecto a las publicaciones, me suscita la duda de cuáles son las
publicaciones que van a dejar de editarse, porque o bien se van a editar
todas pero se va a hacer menor tirada o no sé cómo se hará exactamente.

Quisiera que me aclare cómo va a quedar exactamente el tema.

Con respecto al mercado interior en todo el territorio nacional, comparto
la posición de que hay que homogeneizar también los mercados a nivel
europeo, pero me parecía que en el texto no quedaba bien aclarada esta
necesidad con respecto al mercado interior; lo entendía perfectamente en
el ámbito europeo, pero no lo veía plasmado en el mercado interior. Si el
señor secretario me garantiza que queda homogeneizado, no tengo ninguna
objeción que hacerle.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Yubero.




El señor SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (Díaz
Yubero): Está prevista la creación de diez juntas arbitrales; lo que pasa
es que usted me pregunta por la ubicación de las mismas. Le puedo decir,
por ejemplo, que las de Granada, Jaén, Aranjuez, Getafe, no funcionan. Lo
que hemos hecho ha sido, primero, dirigirnos a estas juntas y a otras más
para ver si quieren funcionar, si van a funcionar o no. Si van a
funcionar, evidentemente éstas serán cuatro ubicaciones de esas juntas.

Si esas cuatro juntas no quieren funcionar o no van a funcionar en el
futuro por el motivo que sea, por ejemplo, para suplir las de Getafe y
Leganés --hay dos, una en Getafe y otra en Leganés-- posiblemente
creásemos la de Fuenlabrada, que lo tiene solicitado. Lo que ocurre es
que es muy difícil que en estos momentos le pueda decir eso, porque
precisamente estamos haciendo ese estudio. Pensamos que con una cantidad
de, aproximadamente, 66 juntas arbitrales, diez más que las que hay en
estos momentos, podríamos tener bastante bien cubierto el territorio
nacional. Pero tampoco es exactamente así, porque no se trata simplemente
de que haya juntas arbitrales, sino de que emitan los laudos que son
necesarios, como es lógico. Tenemos algunas que son verdaderamente
eficaces, que están haciendo una cantidad de laudos impresionantes y que
están haciendo una labor muy buena, muy favorable. Hace unos días tuve
una entrevista con representantes de la junta arbitral de Cádiz, que
quiere ampliar sus actuaciones, que quiere, incluso, hacerse cargo, a
costa del propio Ayuntamiento de Cádiz, de algunas de las funciones que
podrían desempeñarse para alguno de los pueblos limítrofes; creo que
estaba El Puerto de Santa María --no recuerdo muy bien los pueblos,
prefiero no decirlos en estos momentos porque me podría equivocar
también, aunque sí sé que son los pueblos más próximos a Cádiz--. También
ésa es una forma de actuar y de aumentar la posibilidad de que lleguen a
todo o a casi todo el territorio nacional las juntas arbitrales.

Por eso es por lo que no le puedo decir dónde van a estar ubicadas. Lo
primero que tenemos que saber, de las que ya están en estos momentos
calificadas como tales, es cuáles vamos a hacer desaparecer, porque el
ayuntamiento, la provincia o la autonomía han decidido que no tiene
sentido que siga la junta arbitral por el motivo que sea. Lógicamente,
cuando esto se hace con un convenio, es voluntad de dos partes. Si
aquella que, en principio, tiene la obligación, decide no hacerlo,
difícilmente podemos obligarla a que lo lleve a efecto. Este es el motivo
por el que no le puedo decir dónde van a estar ubicadas las juntas
arbitrales.

Otra cosa muy distinta es la OMIC. La OMIC en absoluto hace arbitraje; es
una oficina de información al consumidor y, efectivamente, como tal está,
además, como hemos



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dicho antes, sufragada en todos sus gastos por los propios municipios.

Está claro que nosotros tenemos la obligación, y así lo hacemos, de hacer
llegar a los municipios toda la información. Para eso tenemos un fondo de
datos, el Cidoc, que hacemos llegar a todas las juntas arbitrales, por
pequeñas que sean, porque las hay también de muchos tamaños y muy
diferentes. Toda la información del Cidoc está absolutamente a su
disposición, se la hacemos llegar en CD-rom y pueden tenerla por este
medio, pero también es posible que en algunos casos --y de hecho así
ocurre-- no dispongan de los medios para poder leer estos discos; en ese
caso se lo mandamos --además encantados-- en la forma en que ellos
consideren más oportuna, que normalmente suele ser el telefax. En ese
sentido, la coordinación de los consejos que las OMIC dan a los
consumidores, pueden y deben ser, en cualquier caso, perfectamente
homogéneos y no tiene por qué haber ninguna disparidad entre unos
criterios y otros.

En lo que se refiere a publicación, sinceramente no creo ni que haya que
disminuir la tirada ni que haya que disminuir el número de publicaciones.

Tampoco tengo una varita mágica para poderlo hacer. Creo que sólo hay una
cosa, con mucha frecuencia, las publicaciones que se han hecho han sido
excesivamente caras y creo que los costos se pueden disminuir de una
forma verdaderamente importante. Se puede hacer la misma tirada y las
mismas publicaciones simplemente disminuyendo la calidad del papel,
disminuyendo los colores y haciendo, además, que la elaboración de esos
folletos se realice por los propios funcionarios del Instituto Nacional
de Consumo. En algunas ocasiones ha sido necesario proceder a contratar
estas publicaciones, estos textos. Evidentemente, esto tiene un costo
alto; es posible que en el futuro también tengamos que contratar algún
texto, pero, desde luego, van a ser muchos menos, procuramos que sean
muchos menos. Eso puede hacer que bajen mucho los costos. Un folleto
puede ser igual de explicativo cuando es un folio doblado a dos colores,
incluso a uno, que cuando se hace en una carpeta más o menos lujosa. La
situación en estos momentos nos conseja que lo hagamos de la forma más
modesta posible.

Finalmente, quizá haya una confusión. Muchas veces cuando hablamos de
mercado interior no hablamos solamente del mercado interior español,
hablamos del mercado interior europeo. Lo que pasa es que, por supuesto,
el mercado interior español está subsumido en el propio mercado interior
europeo. Es posible que por ese motivo se haya podido producir una
confusión en su señoría.




El señor PRESIDENTE: Agradecemos la comparecencia del señor Secretario
General del Instituto Nacional de Consumo, señor Díaz Yubero.

Terminado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.