CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 81



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 5



celebrada el miércoles, 9 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--De ayuda para iniciación de actividades empresariales, encuadrado en la
política de reinserción de reclusos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000160) (Página 1928)



--Relativa a los procesos electorales de la Organización Nacional de
Ciegos (ONCE). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000170) (Página 1931)



Preguntas:



--Sobre resultado del informe elaborado por los servicios del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las causas del accidente laboral que
ha costado la vida a cuatro trabajadores de la empresa Repsol Petróleo en
Puertollano (Ciudad Real) el pasado 26 de agosto de 1996. Formulada por
el señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya). (Número de expediente 181/000114) (Página 1935)

Página 1928



--Sobre explicación del contenido del informe relativo a los accidentes
laborales mortales ocurridos en la factoría de la empresa Repsol Petróleo
en Puertollano (Ciudad Real). Formulada por el señor Gimeno Marín (Grupo
Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000148) (Página 1935)



--Sobre actuaciones en favor de los marineros españoles que trabajan en
la flota belga o con bandera de Luxemburgo ante la posible desaparición
del pool de marinos de Amberes. Formulada por la señora Fernández Sanz
(Grupo Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000129)
(Página 1939)



--Sobre actuaciones practicadas en relación con el fraude de pensiones
detectado en diversas ciudades de la provincia de Pontevedra. Formulada
por el señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya). (Número de expediente 181/000132)
(Página 1941)



--Sobre medidas adoptadas para el desarrollo de la previsión contenida en
el segundo párrafo de la Recomendación duodécima del denominado Pacto de
Toledo. Formulada por el mismo señor Diputado. (Número de expediente
181/000134) (Página 1943)



--Sobre estado de las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno español
ante el Gobierno argentino para que puedan ser protegidos por el sistema
español de Seguridad Social los trabajadores españoles con domicilio real
en España que prestan servicios en barcos abanderados en Argentina, de
empresas mixtas hispano-argentinas. Formulada por el mismo señor
Diputado. (Número de expediente 181/000135) (Página 1945)



--Sobre fecha prevista para el desarrollo reglamentario del artículo
tercero del Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, relativo al fomento de la
contratación indefinida. Formulada por el señor Gimeno Marín (Grupo
Parlamentario Socialista). (Número de expediente 181/000146) (Página 1946)



--Sobre explicación de las manifestaciones del Gobierno en cuanto a la
reducción de las modalidades de contratación a tres. Formulada por el
mismo señor Diputado. (Número de expediente 181/000147) (Página 1947)



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señora y señores Diputados.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--DE AYUDA PARA INICIACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, ENCUADRADO EN LA
POLITICA DE REINSERCION DE RECLUSOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000160.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la reunión de la Comisión,
comenzando por el primer punto del orden del día: Proposición no de ley
de ayuda para iniciación de actividades empresariales, encuadrado en la
política de reinserción de reclusos. Del Grupo Popular.

Tiene la palabra, para su defensa, el señor Caneda.




El señor CANDEDA MORALES: Señorías, en la exposición de motivos de la
iniciativa que ahora presentamos se explica la dificultad, en un entorno
de paro tan alto, en una sociedad a la que le cuesta tanto crear empleo,
la especial circunstancia en que se encuentran los reclusos para
encontrar trabajo. Un 22 por ciento de paro para un ciudadano normal es
muy alto; cuando, además, tiene un rechazo social, se hace prácticamente
imposible acceder al empleo. En la Cámara siempre ha habido unanimidad a
la hora de aprobar que el trabajo y la educación son elementos
fundamentales para hablar de reinserción. Y en este sentido, se ha
aprobado en esta Cámara, en esta misma legislatura, una resolución
genérica.

Además de estos dos hechos, yo quería resaltar que en una mayoría de los
reclusos, en lugar de hablar de ayudar a la reinserción, habría que
hablar de ayudar a la inserción. Porque en todas las grandes ciudades se
han generado unos barrios que difícilmente queremos ver y que se
convierten en guetos, donde una población muy joven convive desde su
infancia con el alcohol, con la droga, con la violencia, y nunca va a
tener la opción, por haber tenido un pronto abandono de la escuela, por
desarraigo familiar, de estar en lo que es la sociedad en pleno. Viven
con unos márgenes muy lejos de los estándares de cualquier nivel
cultural, social, incluso de arraigo en general, y es muy difícil que se
inserten. Por eso, cuando una vez delinquen y, al cabo de los años,
vuelven a este ambiente, es muy difícil que puedan encontrar empleo,
porque vuelven al mismo ambiente del que habían salido.

Pensamos que hay que hablar de unos cursos específicos, que no sean los
genéricos, donde además de la formación



Página 1929



profesional, que el entorno geográfico y laboral requieren, una formación
a la autoestima que eleve la autosuficiencia y que rompan las barreras
mentales de que sólo se puede acceder al empleo por cuenta ajena, se les
dé esa fuerza, ese estímulo, cuando salen, de que puede lograrlo; que,
una vez que conozca una profesión, puede vender a la sociedad sus
conocimientos sin necesidad de que esa sociedad, que hasta entonces le ha
rechazado, tenga, una vez más, que examinarle cada vez que va a pedir un
empleo y que le diga que no, lo cual ahondará la diferencia y
profundizará la distancia.

Pensamos que estas medidas tienen que ir conjuntas, no son válidas
separadas, en el sentido de promover la formación, la cualificación
profesional. Después hay que estimular la iniciativa propia, hay que
recorrer las barreras administrativas y burocráticas que rompen este
deseo de iniciativa, ver la financiación, ayuda a la financiación y la
tutela posterior. Además, en esta tutela que pedimos, creemos que es muy
importante que se inicie la implicación de otras organizaciones sociales
y no sólo necesariamente las que están vinculadas a los problemas
marginales.

Pensamos en los colegios profesionales, en un colegio profesional como el
de economistas; que simplemente se le contrate, que un profesional tutele
esta iniciativa del ex recluso al empleo autónomo o en la pequeña
empresa.

Queremos dar otra vía, una oportunidad en la que no se dependa tanto de
la sociedad para poder integrarse en ella. Estamos absolutamente
convencidos de que estos ciudadanos que, en teoría, tienen los mismos
derechos que los demás, en muchos casos, nunca han encontrado el derecho
tan elemental de integrarse en la sociedad.

Por estas razones, Señorías, proponemos que aprueben esta proposición no
de ley que insta el Gobierno a promover cursos de formación profesional
adecuados a las necesidades del mercado laboral, seguidos de unos cursos
de formación que fomenten la iniciativa propia; a promover la asesoría
profesional de las actividades iniciadas, mediante acuerdos con colegios
profesionales durante un período de tres años. Y, por último, a
promocionar la ayuda financiera necesaria sujeta a un plan de viabilidad
aprobado por el Inem.




El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a preguntar qué grupos parlamentarios
desean fijar su posición, quiero decir que me ha comunicado el portavoz
de Coalición Canaria el problema que tiene sobre una enmienda presentada
y que no ha llegado a nosotros.




El señor RIVERO BAUTE: En la línea que indicaba el señor Presidente, por
problemas burocráticos, no pudimos dar entrada por Registro,
reglamentariamente, a una enmienda que iba en la línea de complementar
la...




El señor PRESIDENTE: Quiero saber si el resto de los grupos no pone
ningún inconveniente, sin que sirva de precedente, a la enmienda que in
voce va a formular el Grupo de Coalición Canaria. ¿Están de acuerdo?
(Asentimiento.)
Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias a los distintos grupos políticos
por esa magnanimidad a la hora de solventar este problema reglamentario.

Decía que acciones encaminadas a mejorar la formación de los presos, su
capacitación, acciones para que puedan acceder al mercado laboral,
seguramente, a todos y cada uno de los grupos políticos que estamos en la
Comisión se nos ocurrirían miles, pero siempre estamos con una limitación
importante para todo este tipo de objetivos loables, los recursos
económicos.

En ese sentido, la enmienda es una aportación más a la proposición no de
ley del Grupo Popular. Que en los programas que existen actualmente
dedicados al autoempleo y a la formación empresarial se considere a los
ex reclusos como colectivos prioritarios a la hora de conceder las
ayudas.

Textualmente, la enmienda diría lo siguiente: Promover la inclusión de la
población ex reclusa dentro de los colectivos considerados como
prioritarios, dadas las circunstancias especiales que dificultan su
inserción laboral, para la concesión de ayudas y subvenciones, dentro de
los programas existentes para el fomento del autoempleo y la formación
empresarial.




El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, le ruego que nos facilite el texto
escrito, para su incorporación al acta.

Fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Romero, por el Grupo Parlamentario Socialista.




La señora ROMERO LOPEZ: La iniciativa que hoy contemplamos merece, como
cualquier iniciativa de esta naturaleza, toda la atención de nuestro
grupo y así la hemos leído con todo el interés que suscita el tratamiento
de una población como la que hoy estamos contemplando. No obstante, a
pesar de ese interés, sí quisiéramos decir que se aborda desde una óptica
que, desde nuestro punto de vista, no es la adecuada, supuesto que, en el
trasfondo de esta iniciativa, está la modificación en parte del plan Fip,
que fue acordado por Gobierno, sindicatos y empresarios. La introducción
de este colectivo, tal y como está presentada la iniciativa, supondría
una modificación del diseño de ese plan y, por tanto, una modificación de
ese acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

Teniendo en cuenta, además, que la formación ocupacional ha sido y será
transferida a las comunidades autónomas, serán ellas las que, en lo
sucesivo, tendrán que definir cuáles serán sus políticas, cuáles serán
sus diseños con respecto a estos cursos de formación ocupacional y cuáles
serán también sus objetivos prioritarios. Por esto, pensamos que ahí
existe ya una dificultad de inicio en esta iniciativa.

En segundo lugar, creemos que la población reclusa, como está contemplado
en los artículos 25 y 35 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica
General Penitenciaria, tiene el derecho y el deber de trabajar y, por
tanto, es un elemento fundamental de la resocialización ese derecho y ese
deber al trabajo. Así lo ha establecido posteriormente toda la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y así es



Página 1930



como se desarrolló la Ley Orgánica General Penitenciaria, que destaca que
las modalidades de trabajo que realicen los internos en las instituciones
penitenciarias deben seguir dos objetivos: primero, los de formación
profesional, a los que la Administración tiene que dar carácter
preferente; y segundo, los de producción de régimen laboral o mediante
fórmulas cooperativas o similares. Se entiende aquí iniciativas
empresariales dentro de las cuales puede considerarse un abanico muy
amplio, desde iniciativas empresariales, autoempleo, sociedades
laborales, etcétera.

Está contemplada esta iniciativa prácticamente desde esa Ley Orgánica
General Penitenciaria y, además, el propio Estatuto de los Trabajadores
establece ya esa relación laboral, si bien con la necesidad de matizar su
carácter especial.

El Reglamento penitenciario, que se deriva del Real Decreto 190/1996, de
9 de febrero, establece los mecanismos que podría tener esta
Administración penitenciaria para desarrollar esa relación laboral
especial de los internos. Nosotros creemos que en nuestra legislación, y
la última que acabo de citar es muy reciente, se establecen todos los
procedimientos para que la Administración penitenciaria diseñe esos
programas formativos orientados a desarrollar esas posibilidades de los
internos y a mejorar todas sus capacidades.

Nuestro grupo ha tenido siempre en mente esa tradición, que nace ya desde
Concepción Arenal, pasando por Victoria Kent, por citar a dos mujeres que
fueron claves en ese espíritu resocializador de las penas privativas de
libertas, espíritu que llevó a Victoria Kent a hacer un busto a
Concepción Arenal con los grilletes de los presos. Ese espíritu es el que
ha presidido toda nuestra política con respecto a estas personas que se
ven privadas de libertad y ha estado también presente en toda la
discusión sobre el Código Penal. Pensamos que lo que en este momento
habría que hacer, supuesto que existen ya los mecanismos legales e
incluso las dotaciones presupuestarias, aunque no sean suficientes, sería
dotar presupuestariamente esos mecanismos que existen ya en la
Administración penitenciaria, para que se puedan poner en marcha esos
objetivos de manera más eficiente a como se han puesto hasta este
momento. Sabemos de convenios que se han hecho entre administraciones
locales y administraciones penitenciarias, pero a veces esos convenios
han tenido dotaciones insuficientes o han estado carentes de dotación. En
este momento, creemos que es más necesaria la dotación de los mecanismos
existentes que contribuir a crear falsas expectativas que, sin duda, nos
llevarían a frustrar aún más la necesidad que tiene este colectivo.

Por esa razón, porque no quisiéramos contribuir a crear esas falsas
expectativas y por las dificultades que entraña que la iniciativa esté
incluida en algo que pensamos que habría que reorientar con el acuerdo a
que inicialmente me he referido, mi grupo no piensa votar a favor de la
presente iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Nacionalista Vasco, señora Aguirre.




La señora AGUIRRE URIBE: Intervengo para anunciar el voto de nuestro
grupo en contra de esta proposición. Y lo voy a argumentar.

No es porque estemos en contra de estas acciones, que nos parecen
fundamentales, sino porque aprobar acciones sociales sin financiación es
crear expectativas que generan más frustración, sobre todo, tratándose de
un colectivo de ciudadanos privado de libertad, que necesita
urgentemente, desde nuestro punto de vista, una oferta seria y rigurosa
para poder alcanzar la reinserción social a través de oportunidades para
ser autónomos o para alcanzar una autonomía, tanto en su vida personal
como familiar. Y se lo digo desde el conocimiento de estas experiencias,
porque, desde un ayuntamiento como es el de la capital de Euskadi, desde
hace seis años, se están ofertando al centro penitenciario de Nanclares
cursos de formación para el empleo, cursos de formación ocupacional en
los que participa una población de casi 200 internos, de los 650 que
tiene el centro penitenciario.

Hasta ahora se han destinado más de 30 millones de pesetas al año desde
una institución local y no se ha conseguido un convenio con instituciones
penitenciarias, precisamente para corresponsabilizarnos, desde diferentes
niveles institucionales, en lo que es una oferta de formación para el
empleo para una población que necesita estas acciones, si queremos que
sea una realidad la inserción social a través de la inserción laboral.

Yo espero que se dote de los suficientes recursos para que esta
iniciativa no se quede en papel mojado y, cuando tengamos un plan de
viabilidad y se presente en esta Cámara una dotación suficiente
presupuestaria para poder dar una respuesta que no cree falsas
expectativas y frustración a un colectivo que bastantes necesidades
tiene, nuestro grupo votará a favor. Mientras tanto, queremos ser serios,
no queremos incrementar esa frustración, y, si ustedes tienen contacto
con esta población, podrán percibir día a día qué es lo que pasa en las
cárceles. Cuando se consiga esa dotación presupuestaria, repito, cuenten
con nuestro voto; mientras tanto, votaremos en contra.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Catalán
Convergència i Unió, señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Nosotros entendemos que la propuesta del
Grupo Parlamentario Popular está bien orientada, pues se trata de proveer
acciones específicas a un colectivo que evidentemente tiene necesidad de
ellas. Es cierto que estas actuaciones, para que tengan sentido, han de
estar dotadas de los recursos económicos suficientes y la obligación del
Grupo Popular deberá ser, en el marco de su responsabilidad, desarrollar
las medidas necesarias para que esa expresión de buena voluntad, que hoy,
en esta Comisión de Política Social, va a expresar, se concrete. Es
evidente que si, en los próximos meses, estas expresiones de buena
voluntad no se pueden concretar, a nuestro entender, se habrá producido
un cierto fraude, porque nosotros partimos de que cuando el Grupo Popular
propone estas cuatro medidas lo hace desde la voluntad política de su
implementación.




Página 1931



Desde la confianza en que esta actuación sirva para reforzar las
actuaciones que se hacen para los ex presidiarios, nuestro grupo votará
favorablemente esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Izquierda Unida va a apoyar críticamente esta
proposición no de ley del Grupo Popular. Digo que vamos a dar un sí
crítico en el sentido de que, lógicamente, las medidas propuestas en la
proposición no de ley son, en cualquier caso, positivas. Sin embargo,
entendemos que el lugar adecuado para esta proposición debería ser el
marco que ofrece la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su título II,
El régimen penitenciario, y en el capítulo II de ese título, Del trabajo.

Sin duda alguna, ahí es donde debe inscribirse la ayuda a la reinserción
de reclusos, que debe comprender los ámbitos de la formación profesional,
etcétera, dentro del régimen penitenciario, en el cumplimiento mismo de
la pena, y, con posterioridad, acabado el período de cumplimiento de la
condena.

Nosotros entendemos que, sin embargo, aparte de esta pega de tipo formal,
existe otra de tipo financiero. El organismo autónomo de Trabajo y
Prestaciones penitenciarias tiene previsto 2.972 millones de pesetas en
los Presupuestos Generales del Estado, más los fondos que se recaben de
la Unión Europea. Por otro lado, el Inem y el Ministerio de Trabajo, en
general, tienen un recorte presupuestario para el próximo ejercicio que,
sin duda alguna, va a dificultar enormemente el cumplimiento fiel de esta
proposición no de ley. De ahí que nosotros, aunque no nos cuadran las
cifras, entendiendo que es loable su objetivo, tengamos, en cualquier
caso, que apoyarla, pero esperamos que el Grupo Popular, que hoy pide
esto, cuando nosotros propongamos a los Presupuestos Generales del Estado
enmiendas que generen la viabilidad financiera para el cumplimiento de
esta proposición no de ley, también las apoye, en lógica consecuencia y
coherencia con su propuesta de hoy.

En este sentido, vamos a dar este sí crítico y esperamos que, al final,
no se convierta esto en una frustración, como decía algún compañero, para
que nuestro trabajo parlamentario no sólo no se vaya devaluando, sino
que, efectivamente, vaya adquiriendo validez en función de la adecuación
de los presupuestos, de la capacidad financiera y de los objetivos que
aprobaremos con esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, desearíamos conocer
el parecer del Grupo Popular acerca de la enmienda de adición presentada
por el Grupo de Coalición Canaria.




El señor CANEDA MORALES: La aceptamos, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se somete a votación la proposición
no de ley presentada por el Grupo Popular, con la enmienda incorporada,
de adición, presentada por el Grupo de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.




--RELATIVA A LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA ORGANIZACION NACIONAL DE
CIEGOS (ONCE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000170.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
relativa a los procesos electorales de la Organización Nacional de Ciegos
(ONCE), presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa y presentación, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, voy a defender la proposición
no de ley y también me pronunciaré sobre la enmienda que ha presentado el
Grupo Socialista. (La señora Alberdi Alonso pide la palabra.)
Creo, Señorías, que no es necesario que hablemos de la importancia que
tiene la Organización Nacional de Ciegos...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Urán, que la interrumpa. ¿Es una
cuestión de orden, señora Alberdi?



La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor Presidente. Es una cuestión de orden.

Quiero retirar la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista en relación con este punto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.

Continúe, señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Entonces, señor Presidente, ya paso a defender
solamente la proposición no de ley.

Decía que no vamos a resaltar ahora la importancia que tiene la
Organización Nacional de Ciegos porque todas SS. SS. la conocen y, por
tanto, vamos a obviar esto. Lo que sí es cierto es que esta organización
plantea elecciones cada equis número de años y que tienen gran
importancia, dado su número de afiliados, las personas a las que
representa y por las que está trabajando.

Esta organización ya ha venido celebrando diferentes procesos electorales
y la normativa electoral que ha desarrollado, a través de sus estatutos,
ha sido objeto en muchas ocasiones de muchos contenciosos
administrativos.




Página 1932



En el último período electoral, en total fueron trece los recursos
contenciosos administrativos que se plantearon por diferentes
organizaciones que conviven en la Once, por la falta de transparencia y,
digámoslo de manera suave, poco democráticos que son estos procesos
electorales. Solamente voy a apuntar algunos de los datos que nos han
aportado y que no favorecen la transparencia democrática a la hora de
celebrar estos comicios.

Para que se puedan presentar otras asociaciones que no son digamos la
mayoritaria dentro de la Once, necesitan avales. Ya en las elecciones de
1992 existe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de
Cataluña, por la incorrecta aplicación de este sistema de avales, y las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Baleares,
Extremadura y País Vasco, también por lo mismo, anulando incluso, en
estas últimas, las elecciones.

Aunque están pendientes en estos momentos del recurso de casación
presentado por la Once ante el Supremo, lo que sí es cierto es que,
precisamente, tener que presentar avales organizaciones que ya están
identificadas ante el Ministerio del Interior está restando posibilidades
a estas organizaciones para poderse presentar o concurrir a las
elecciones de la Once.

Hay otros temas, como es la necesidad de poseer los censos para poderse
dirigir a los lectores y que no todas las organizaciones que se presentan
tienen posibilidades de acceso a ellos, cuando sí lo puede tener el Grupo
que dirigir la organización, con independencia de que se pueda argumentar
que no se utiliza. Pero yo creo, señorías, que nosotros estaríamos
hablando de forma bastante ingenua o infantil si pensáramos que una
organización que tiene el mando no utiliza todos aquellos medios que
tiene a su alcance para poderse dirigir a los electores. Lo que ocurre es
que, como todos no están en igualdad de condiciones, se perjudica a
aquellas organizaciones minoritarias que no tienen acceso a este tipo de
información.

Por tanto, señorías, sin extenderme más, nuestra proposicion no de ley lo
que quiere hacer constar es que se vela por la transparencia y la
democracia, desde el protectorado que tiene encomendado el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para que, en concreto, se cumplan los
objetivos y la democracia en la Organización Nacional de Ciegos. Nuestra
proposición no de ley viene a decir que el protectorado tiene que emitir
un informe favorable, que el protectorado lo que tiene que hacer es estar
presente como Administración en las juntas electorales, porque la
experiencia que se tiene en la Once es que, las primeras elecciones,
donde estuvo presente la Administración, fueron mucho más transparentes,
pudieron concurrir en mejores circunstancias todos los grupos que se
presentaban y, por lo tanto, fueron muchísimo más democráticas. Es
necesario que todo el mundo tenga a su disposición los censos
electorales, para que, en igualdad de condiciones, se pueda dirigir a los
electores. Y es necesario que el voto por correo esté reglamentado por la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General que, en principio, es la que
debería regir este tipo de voto por correo, puesto que la Norma ya
existe. También sería necesario que el protectorado dijera que no es
necesario que se presenten avales, puesto que son organizaciones
reconocidas en el Ministerio del Interior.

Señorías, nosotros, ante todos estos hechos, lo que decimos es que nos
parece que no están siendo lo suficientemente democráticas las elecciones
en la Once y también solicitamos el aplazamiento de éstas para que, si se
aprueba esta proposición no de ley, se pueda, por parte de la
Administración y del Consejo del Protectorado, incluir estos puntos y que
todos los grupos puedan concurrir en igualdad de condiciones.

Espero, por el bien de la Organización Nacional de Ciegos, que esta
proposición no de ley sea aprobada por esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
En el orden de participación de los grupos siempre se ha seguido el mismo
criterio. En primer lugar, el grupo mayor de la oposición y, a
continuación, de menos a más, cerrando, en consecuencia, el Grupo Popular
siempre.

Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, doña Cristina
Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, voy a explicar la retirada de
la enmienda de sustitución que había hecho el Grupo Socialista.

Simplemente, por no dar lugar a malas interpretaciones, porque era una
enmienda que reproducía la legalidad vigente, concretamente reproducía lo
que contiene el artículo 83 del Real-Decreto de marzo de 1991, en cuanto
a la potestad, desde el protectorado de la Once, en función de su tutela,
de advertir a la Organización de cualquier ilegalidad que apreciara en
sus normas, entre ellas, por supuesto, las normas electorales, cuya
competencia sobre su desarrollo compete en exclusiva a la propia
Organización, dentro de su autonomía. Por tanto, debido a que era una
reiteración de la normativa vigente y para no dar lugar a malas
interpretaciones o que pudiera entenderse de otra forma, la retiramos.

A continuación, explicaré la posición de nuestro grupo en cuanto a la
proposición no de ley de IU-IC. Nuestra posición es contraria a la
votación favorable de esta proposición no de ley, por cuanto entendemos
que sería inmiscuirse en la autonomía y en las funciones que tiene el
propio consejo general sobre el desarrollo de las normas electorales.

El primer punto, que se refiere a exigir el informe favorable del Consejo
del protectorado, incidiría de lleno en esa autonomía que está
establecida en los propios estatutos de la Once.

En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley, que alude a todas
las normas relativas a la posesión de los censos, a la composición de las
juntas electorales con la presencia de la Administración, a la exigencia
de avales o a la tramitación del voto por correo, entendemos que las
normas que rigen en la Organización son normas sujetas al ordenamiento
jurídico y, por tanto, cualquier persona que entienda que no están dentro
de la legalidad o que han podido ser utilizadas de forma inadecuada puede
acudir a los tribunales para obtener, en su caso, la



Página 1933



satisfacción de sus pretensiones. Entendemos que este segundo punto
tampoco merece el apoyo de este grupo y, además, debemos decir que en el
punto cuarto, el de la tramitación del voto por correo, ha incorporado la
Once, precisamente en sus últimas normas aprobadas en septiembre de este
año, el contenido de la última sentencia recaída en cuanto al voto por
correo, con lo cual estaría plenamente en consonancia con la resolución
de los tribunales al respecto.

En el tercer punto de la proposición no de ley, aplazamiento del proceso
electoral, en consonancia con lo anterior, no podemos por menos que
oponernos a él.

Por tanto, concluyo haciendo constar la oposición de nuestro grupo
parlamentario a la proposición no de ley de IU-IC, por las razones
expuestas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto,
señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de
ley porque nos parece que está orientada claramente a que se garanticen
los derechos democráticos de los trabajadores de la Once, está orientada
a que se garantice un proceso electoral en el que las distintas
candidaturas puedan presentarse en igualdad de condiciones y, por lo
tanto, que los afiliados puedan ejercer su derecho a votar libremente.

Sin embargo, si se está pidiendo que, de alguna manera, la Administración
vele por este proceso democrático es porque hay sectores o grupos que ven
sus derechos cercenados por actuaciones antidemocráticas. En esto
conviene no engañarse; una cosa es la apariencia y otra la realidad. Esto
se viene denunciando desde hace muchos años.

Yo creo que sí existen problemas, como que hay determinados grupos que no
pueden disponer de esos censos o que se exigen avales para presentar las
candidaturas. Esto no solamente dificulta la acción de algunos grupos,
sino que, además, no hay ninguna razón para tener que presentar estos
avales y hace que la gente tenga que emitir públicamente su voto; a mí me
parece que vulnera el voto secreto.

En cuanto a las juntas electorales, también son evidencias. Están
controladas obviamente por los grupos dominantes y, desde luego, yo creo
que la Administración debe participar, no para limitar la autonomía de la
organización, sino para que se garantice la limpieza del proceso.

Respecto al voto por correo, es conocido, no solamente en estos procesos,
sino en otros muchos, cómo se ejerce en este tipo de actuaciones. Yo creo
que debe ser algo excepcional, como en cualquier otro proceso electoral,
y lo que no puede ser es que suceda lo que está sucediendo, que hay votos
por correo de forma absolutamente masiva.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque va
claramente orientada a conseguir la democratización interna de una
organización tan importante como es la Once, y eso es deseable para
todos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra la señora Amorós.




La señora AMOROS Y SANS: Señor Presidente, señorías, es bien cierto que
todos deseamos que se cumplan con el máximo rigor los principios
democráticos internos de todas las organizaciones, sea la Once o no, pero
no debemos olvidar que la organización que nos ocupa, la Once, es una
corporación de derecho público que se rige por sus propios estatutos,
debidamente aprobados. En ellos se fija el máximo órgano de gobierno, que
es el Consejo General de la Once, que, entre otras, tiene la potestad de
aprobar la norma electoral para la elección de cargos dentro de la propia
organización.

Por otra parte, existe el Consejo del Protectorado, cuyos fines son
dobles: velar por la observancia y la legalidad, y el cumplimiento de los
fines de la organización. En su día, el Consejo del Patronato aprobó los
estatutos de la organización. Está obligado el Consejo General de la Once
a remitir al Consejo del Protectorado aquellas normas que pueden dictarse
para el desarrollo de sus estatutos. Sin embargo, conviene precisar que
esta remisión no lo es para su aprobación, fiscalización o control, sino
pura y simplemente para su conocimiento.

La proposición no de ley que se propone supone una intromisión en el
órgano máximo de la dirección de la Once, con vulneración de las
funciones que son propias del protectorado. Además, nada garantiza que la
proposición no de ley, en caso de aprobarse, impida la presentación de
recursos contencioso-administrativos, a los que, por otra parte, tienen
derecho los que se crean afectados y en defensa de sus intereses.

Por todo esto, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió rechaza esta
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz, por el
Grupo Parlamentario Popular.




La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señorías, se nos presenta hoy una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que, a
nuestro juicio, supone una delimitación sobre el proceso electoral de la
Once. En definitiva, viene a pedir esta proposición no de ley que las
normas electorales y la supervisión del proceso electoral se lleve a cabo
directamente por la Administración, a través del Consejo del
Protectorado.

Tal y como se expone en el preámbulo de la proposición no de ley, nos van
a permitir, Señorías, que, aunque brevemente, hagamos alusión a unos
párrafos que creemos que son fundamentales, en los cuales nosotros vamos
a sostener la argumentación por la que el Grupo Popular va a votar
negativamente a esta proposición no de ley, porque creemos en el
principio de autonomía y libertad de las diferentes instituciones que
tienen su apoyatura en la legislación vigente.

Pues bien, Señorías, en el preámbulo hay tres apartados claramente
diferenciados. La Organización Nacional de Ciegos, Once, es una
corporación de derecho público de carácter social. Segundo, se rige por
sus estatutos, publicados en el BOE por resolución de 23 de noviembre de
1992.




Página 1934



Y tercero, su estructura orgánica y funcional está regulada por el Real
Decreto 358/1991, de 15 de marzo.

¿Qué dice la normativa vigente a este respecto? Existen dos textos
legales en los que se apoya la actuación y estructuración de esta
organización: el decreto que acabamos de nombrar y los estatutos de la
organización.

La primera, la definición como corporación de derecho público, como base
asociativa, fue regulada ya por primera vez en 1985, en el Real Decreto
23/1985, y esta misma consideración sobre la naturaleza jurídica de la
Once aparece en el artículo primero del Real Decreto 358/1991, de 15 de
marzo, ya mencionado, que reordena la Once al tiempo que dota de mayor
autonomía de decisión y capacidad de desarrollo, sin perjuicio, claro
está, del necesario control de su actividad, a través del Consejo del
Protectorado. En este texto existen, asimismo, disposiciones legales
relacionadas con el proceso electoral, que están contenidas en la
normativa vigente, en el citado Decreto. Así, el apartado primero del
artículo 4 dice: El Consejo General es el órgano de gobierno de la
entidad; estará constituido por varios vocales... Todos los vocales del
Consejo serán elegidos por y entre los afiliados mediante sufragio
secreto con arreglo a las normas electorales aprobadas por el propio
Consejo General. Y continúa en el artículo 5, apartado 2, el siguiente
texto: Los miembros de los consejos territoriales serán elegidos por y
entre los afiliados de cada demarcación territorial mediante sufragio
igual, libre, directo y secreto, con arreglo a las normas electorales
aprobadas por el Consejo General.

Queda, pues, claro, señorías, que, según estas normativas, las normas
electorales han de ser aprobadas por el Consejo General de la Once. Es
más, en este mismo Real Decreto 385/1991, el artículo 8.3 dice: Las
normas internas que dicte el Consejo General, en el caso que nos ocupa
relativas al proceso electoral, no están sometidas a aprobación
administrativa, sino que la Once debe limitarse a remitirlas al Consejo
del Protectorado para su conocimiento. Claro está, como hemos dicho, sin
perjuicio de la potestad del protectorado de advertir a la Once de
cualquier ilegalidad que aprecien dichas normas. Y en este caso se
incluye la normativa electoral, tal y como consta en la segunda parte del
apartado a) del punto tercero del citado artículo.

El segundo texto legal al que hemos hecho referencia son los propios
estatutos y en ellos podríamos ver claramente explicitado cómo, en el
capítulo segundo, sección primera del Consejo General, en su artículo 23,
hace referencia también a quién corresponde la capacidad del poder
convocar y efectuar estas normas referentes a los procesos electorales.

Asimismo, el artículo 40 de los estatutos, apartado i), que excuso a SS.

SS. de leer.

Por otra parte, la propia disposición adicional segunda de los estatutos
atribuye, con carácter general, la potestad para el desarrollo normativo
de los propios estatutos al Consejo general y al director general, en el
marco de sus respectivas competencias.

Pues bien, señor Presidente, Señorías, es evidente que la actual
normativa vigente atribuye al Consejo general la competencia para
convocar y regular el proceso electoral, y al director general, la
responsabilidad de ejecutar dichos acuerdos. Una modificación que
hiciésemos, tal como se pretende con esta proposición no de ley, del
reparto existente de competencias supondría la modificación de la
normativa que actualmente está en vigor.

Permítanme reiterar, Señorías, que la Once es una corporación de derecho
público y, como tal, supone que en su naturaleza tiene un sustrato
asociativo y, en consecuencia, le resulta de aplicación el conjunto de
garantías previstas en la Constitución, en su artículo 22, para el
régimen jurídico de asociaciones, y el principio básico y primordial de
sus consideraciones debe ser la libertad, esencial a toda asociación con
las únicas limitaciones que especialmente le imponga el ordenamiento
jurídico. Existen otro tipo de corporaciones de derecho público similar a
ésta, que tienen, por la normativa legal, su propia autonomía. Por tanto,
señorías, pretender la intervención de la Administración para la
regulación y aplicación del proceso electoral de una corporación
resultaría una decisión que no se ajusta a derecho, a la normativa
vigente y, además, es contraria al principio de autonomía de sus miembros
y al protagonismo e independencia que debe tener la sociedad civil. Este
excesivo intervencionismo de la Administración es una forma de conducta
de otros gobiernos que yo no voy a señalar pero que están en la mente de
todos y desde luego no es, en modo alguno, la forma de conducta del
Gobierno del Partido Popular.

Por estas argumentaciones, el Grupo Popular va a votar en contra de esta
proposición no de Ley, fundamentalmente, y lo reitero, por respetar el
principio de autonomía de todas las instituciones que es el principio
fundamental de un Estado de Derecho.




El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de fijación de posiciones por los
distintos grupos parlamentarios, procede pasar a someter a votación la
proposición no de ley que estamos debatiendo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 33.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Entramos en el punto tercero del orden del día, preguntas.

Va a comparecer, en nombre del Gobierno, el Secretario General de Empleo,
señor Pimentel.

Quisiera decir a SS. SS. que hay dos preguntas del Grupo Parlamentario
Socialista casi de la misma redacción, relacionadas con el accidente
laboral de la empresa Repsol Petróleo en Puertollano (Ciudad Real). Se
formularán una detrás de la otra, con el fin de que haya una misma
respuesta por parte del representante del Gobierno.

Igualmente he de decir que la pregunta formulada por el Grupo Catalán
Convergència i Unió ha quedado aplazada para otra Comisión.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, si no le importa, hacemos un
receso mientras se incorpora el Secretario General de Empleo.




Página 1935



El señor PRESIDENTE: Podríamos aprovechar para tener una reunión aquí de
Mesa y portavoces.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




PREGUNTAS:



--SOBRE RESULTADO DEL INFORME ELABORADO POR LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES SOBRE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE LABORAL QUE
HA COSTADO LA VIDA A CUATRO TRABAJADORES DE LA EMPRESA REPSOL PETROLEO EN
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) EL PASADO 26 DE AGOSTO DE 1996. FORMULADA POR
EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000114.)



--SOBRE EXPLICACION DEL CONTENIDO DEL INFORME RELATIVO A LOS ACCIDENTES
LABORALES MORTALES OCURRIDOS EN LA FACTORIA DE LA EMPRESA REPSOL PETROLEO
EN PUERTOLLANO (CIUDAD REAL). FORMULADA POR EL SEÑOR GIMENO MARIN (GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA). (Número de expediente 181/000148.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.

Damos la bienvenida al Secretario General de Empleo, señor Pimentel, que
va a responder, en nombre del Gobierno, a las diversas preguntas que se
contienen en el orden del día, comenzando por la formulada por el Señor
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre el resultado del informe elaborado por los servicios del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las causas del accidente
laboral que ha costado la vida a cuatro trabajadores de la empresa Repsol
Petróleo en Puertollano (Ciudad Real), el pasado 26 de agosto de 1996.




El señor PERALTA ORTEGA: Tal y como se indica en el encabezamiento de la
pregunta, el pasado día 26 de agosto se produjo un desgraciado accidente
laboral en la factoría de Repsol Petróleo, de Puertollano. Como
consecuencia del mismo, fallecieron cuatro personas y un número similar
resultaron heridas. En días sucesivos y en relación con la conmoción
lógica y natural que produjo la magnitud de este accidente, los medios de
comunicación recogieron unas informaciones procedentes del propio
Ministerio de Trabajo en las que se hacía referencia a que este
departamento ministerial se había unido a las investigaciones sobre las
causas del accidente. A tal fin, dos especialistas del Instituto de
Seguridad e Higiene en el Trabajo se trasladaron a Puertollano. Nos
gustaría saber hoy, cuando ha transcurrido un período razonable de
tiempo, cuáles son los resultados de esas investigaciones llevadas a cabo
por los servicios del Ministerio de Trabajo, bien directamente a través
de la estructura de la Administración central o a través de los convenios
que puedan existir con las comunidades autónomas, en concreto con la de
Castilla-La Mancha.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno Marín para formular
la pregunta sobre explicación del contenido del informe relativo a los
accidentes laborales mortales ocurridos en la empresa de referencia.




El señor GIMENO MARIN: En principio, deseo poner de relieve mi criterio
análogo a lo manifestado por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida
sobre un hecho luctuoso en que han fallecido varios trabajadores. Por
desgracia, todavía en España se producen a lo largo del año unas cifras
de accidentes mortales que rondan los mil trabajadores, sin contar los
accidentes in itinere que también son elevados. Por lo que llevamos de
año, hasta mayo, según los cómputos estadísticos del Ministerio de
Trabajo --son los únicos datos que he podido constatar-- en 1996
estaremos ante una siniestralidad parecida a la del año anterior, porque
debemos tener unos 500 fallecimientos como consecuencia de accidentes
laborales. Esto ocurre en un momento en que coinciden varias
circunstancias --casualmente ésta es la Semana Europea de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo-- y también coinciden dos hechos importantes y
trascendentes en los temas de la salud laboral y de la seguridad en el
trabajo y es que, por un lado, está en vigor ya la nueva Ley de
prevención de riesgos laborales que se aprobó el año pasado, y, por otro,
en materia de seguridad e higiene se han producido ya, como consecuencia
de esa ley y de las decisiones políticas tomadas en su día, las
transferencias de competencias al conjunto de las comunidades autónomas.

En ese sentido coincide una serie de circunstancias que nos hace
preguntar qué es lo que se ha hecho, desde el Ministerio de Trabajo, en
ese nuevo contexto y teniendo en cuenta las declaraciones que el propio
ministro se apresuró a hacer diciendo que en relación con estos hechos
iba a elaborar un informe sobre cómo se habían producido estos accidentes
para, desde la experiencia, evitar que se produjeran en el futuro otros
parecidos. Es en este contexto en el que formulamos una pregunta que es
prácticamente la misma que la presentada por el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las dos preguntas de similar
contenido, tiene la palabra el Secretario General de Empleo, señor
Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Como no podía ser
de otra forma, desde el Gobierno me uno a la profunda preocupación y
pesar manifestado por los dos Diputados que me han precedido en el uso de
la palabra.




Página 1936



Efectivamente, haciendo uso de la estadística, podemos concluir, y es un
dato objetivo y por tanto no ocultamos nada, que la evolución de
accidentes de trabajo en lo que va de año no nos debe mover al optimismo
en absoluto; estamos en cifras muy similares al año pasado y, por tanto,
no estamos todavía consiguiendo esa deseable mejora de los índices de
siniestralidad laboral. Nosotros, desde el Gobierno, ya hemos manifestado
nuestra preocupación genérica y nuestro deseo de abordar acciones
concretas. En este asunto de la salud laboral, como SS. SS. conocen, hay
que guardar siempre un delicado equilibrio entre lo que son competencias
autonómicas, que son prácticamente todas en lo que se refiere a la salud
laboral, y el deseo expansivo normal de un Gobierno que tiene una gran
preocupación por estos temas. En este sentido, aunque después ampliaré un
poco la respuesta al hilo del reglamento de salud laboral y de la
constitución de la Comisión nacional, quería decirles que, cuando ocurrió
el desgraciado suceso en Puertollano, inmediatamente se personaron dos
inspectores de Trabajo a elaborar un informe y, desde el ministerio, al
día siguiente, después de hablar personalmente con el consejero de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, enviamos a los
dos técnicos de calderas, específicos dentro del instituto, que son dos
personas de alto prestigio profesional en el área de la tecnología de
calderas, para que elaboraran un informe.

Las competencias en materia de ejecución de la normativa de prevención de
riesgos laborales, como saben, se encuentran asumidas por la Junta de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha desde el 1 de julio de 1995, en
virtud de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de dicha comunidad
autónoma y de las transferencias acordadas mediante el Real Decreto
384/1995, de 10 de marzo. Consecuentemente, teniendo en cuenta el lugar
en que se produjo el accidente, es a dicha Administración Autonómica a la
que corresponde fundamentalmente la investigación de los hechos y la
aplicación de las medidas que de ella se deriven. No obstante, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social está teniendo una participación
activa en este tema realizando una actuación investigadora, si bien bajo
la dependencia funcional correspondiente de la autoridad laboral
autonómica, en aplicación de la normativa transferencial y de los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional en dos sentencias de 1988 y
1991. En esta línea además tengo petición expresa de las autoridades
laborales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de que no
hagamos público nuestro informe, porque quieren, como les corresponde,
coordinar el conjunto de investigaciones y emitir el informe final.

Nosotros, desde el respeto que tenemos que tener a esta autonomía y en
función de la petición que nos han realizado, no podemos hacer públicos
los informes que en todo caso ya tiene en su poder dicha comunidad.

Nosotros, como Gobierno, sí tenemos esa capacidad genérica de actuación
que hemos impulsado de forma muy importante. Dentro del diálogo social se
abrió una mesa de salud laboral, porque entendíamos que era uno de los
grandes temas pendientes, de lo que no podemos felicitarnos ninguno de
los agentes de la sociedad española. Esa mesa ha dado su fruto, y con un
acuerdo básico sobre un texto de reglamento se ha iniciado ya el trámite
para aprobar el reglamento de los servicios de prevención, que desarrolla
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como primer paso, dentro de
este impulso en cuanto a la prevención de los riesgos laborales, se ha
constituido ya la Comisión nacional de seguridad y salud laboral, ya
hemos tenido la reunión constitutiva y se ha enviado a los miembros de
esta comisión el proyecto de reglamento de los servicios de prevención.

En esa comisión están representados sindicatos, empresarios y comunidades
autónomas. Tanto por la naturaleza del reglamento de los servicios de
prevención, que quiere implantar una cultura preventiva de los riesgos
laborales --y, por tanto, hace falta que estén involucrados todos los
agentes sociales-- como por la naturaleza de competencias transferidas
que tienen estas materias es muy importante la composición múltiple de
este órgano.

No quería extenderme más en esta respuesta. Me uno a la preocupación que
demuestran sus señorías. Les repito que la comunidad autónoma, que es la
competente, ya tiene nuestros informes. Nosotros respetaremos sus
competencias. Finalmente, les reitero que ya está en marcha la Comisión
nacional y el reglamento de los servicios de prevención.




El señor PRESIDENTE: ¿Quieren hacer uso del turno de réplica o de
aclaración? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por su respuesta.

Quiero destacar positivamente su contestación y, en primer lugar, la
voluntad que usted ha reiterado, por parte del Ejecutivo, de intentar
mejorar los índices de siniestralidad de nuestro país que, literalmente
decía usted, tienen una evolución que no induce al optimismo.

Efectivamente, ésta es también nuestra constatación y, desde luego, todo
lo que sea trabajar en esa dirección cuenta con nuestra participación
decidida y con nuestro apoyo. En segundo lugar, manifestamos nuestra
conformidad con la actuación que tuvo el Ministerio de Trabajo de, ante
un accidente de esta magnitud, ofrecer todos los medios de que dispone
para que se consiguiera una investigación lo más exhaustiva posible de
ese accidente, fundamentalmente de cara a evitar su repetición. Creo que
éstos serían los dos aspectos más positivos de su respuesta.

También me parece positiva la voluntad por parte de la Administración
central de respetar las competencias establecidas, en relación en este
caso concreto con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Sin
embargo, nos sitúa en una posición ciertamente poco satisfactoria, porque
afirma usted que está hecho el informe, y ese informe, al día de hoy,
cuando han transcurrido más de dos meses desde que se produjo el
accidente, no es conocido, con lo cual, un accidente que tuvo una enorme
repercusión en la opinión pública, que suscitó distintos tipos de
reflexiones, de interrogantes acerca del estado de la normativa sobre
salud laboral y de la evolución de esta variable tan importante, en la
medida en que afecta a millones de ciudadanos de nuestro país, al día de
hoy sigue sin tener una respuesta



Página 1937



adecuada. No sabemos si como se señalaba en una editorial de un destacado
medio de comunicación, la existencia de sus subcontratas laborales en
empresas de alto riesgo era un factor añadido de siniestralidad laboral.

En este sentido, qué duda cabe que la circunstancia de que los cuatro
fallecidos y los cuatro accidentados pertenecieran a empresas de
subcontratas daba fundamento a ese tipo de reflexión que, desde ámbitos
sindicales y, desde luego, con razonables pruebas y fundamentos a su
favor, se viene vertiendo en los últimos años acerca de la incidencia que
un mercado laboral tan precarizado como en el caso de nuestro país pueda
tener en cuanto a unos índices de siniestralidad que se alejan, en
términos negativos, de las medias europeas.

Se planteaban también problemas y dudas más específicos relacionados con
la situación de una empresa como Repsol que es de alto riesgo. Parece ser
que el accidente consistía en la explosión de la cuarta caldera de
producción de vapor de la unidad 20-A, caldera que se había puesto en
funcionamiento tras varias semanas de inactividad, y se habían suscitado
dudas acerca de si este hecho no había sido excesivamente prematuro
cuando todavía se estaban realizando labores auxiliares en relación con
la misma.

También se planteaban dudas acerca de la magnitud de la explosión que
provocó un desastre personal tan importante y que sólo se puede explicar
por una notable acumulación de gases. ¿Se había dotado a las calderas de
todos los dispositivos que impidieran esa acumulación de gases tan
notable? Hay mecanismos automáticos que pueden impedir que se alcancen
esos niveles. En opinión de los técnicos del ministerio, ¿esas calderas
tenían todos los mecanismos de control que pudieran, si no impedir,
porque es muy difícil, sí minimizar lo más posible las consecuencias de
los accidentes que desgraciadamente se puedan producir?
Estas eran algunas de las reflexiones, importantes en nuestra opinión,
porque, en primer lugar, daban respuesta a un lamentable accidente, pero,
además, podían servir de punto de partida para impedir que se produjera
de nuevo este tipo de fenómenos tan negativos. Tengo que constatar que no
es un resultado satisfactorio --y estoy convencido de que el Secretario
General de Empleo coincidirá conmigo-- que estando elaborado el informe
no se haya hecho público el mismo por una u otra Administración.

Respetamos el ámbito competencial, pero tenemos que llegar a la
conclusión de que, en relación con este punto concreto, no se ha sido
capaz al día de hoy de dar una respuesta satisfactoria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Quiero indicar al Secretario General de Empleo
que, por supuesto, en todo tipo de actuaciones y medidas para impulsar y
mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, mi grupo le va a dar no
sólo el apoyo sino el impulso necesario para que usted pueda avanzar en
esa línea, pero en cuanto al tema de las competencias de las comunidades
autónomas, y es verdad que tienen competencias, a nivel de la
administración de la comunidad autónoma correspondiente y de su Cámara
parlamentaria también, sin ninguna duda conocerán, si ellos quieren, de
los informes que se planteen a esos niveles. Fue el Ministro de Trabajo,
si mal no recuerdo, quien manifestó que su departamento iba a hacer un
informe sobre el accidente y le quiero indicar que me parece positivo que
dijera que iba a hacer dicho informe; una cuestión es hacer un informe y
otra es decir quién tiene la competencia y quién decide si hay medidas
sancionadoras o medidas de suspensión del trabajo. Por cierto, en este
caso se suspendieron las actividades laborales en relación con las
calderas. El portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha relatado más o menos cómo sucedió el
accidente, se ha conocido por los medios de información y tampoco voy a
ocultar que también se ha conocido por los medios sindicales. En lo que
quería insistir es en que la Administración y el ministerio no pueden
ampararse en las competencias de los demás para no asumir sus propias
responsabilidades, y no me refiero a responsabilidades en relación con el
accidente específico, en el que, por supuesto, no estoy diciendo que las
tuvieran, sino en cuanto a responsabilidades sobre lo que debe hacer el
Gobierno. Simplemente, deseaba recordarle que si leemos la Ley de
prevención de riesgos laborales, en su artículo 5 y en otros, se habla
claramente de un mandato de la ley al conjunto de las administraciones
públicas, y al Gobierno le corresponde un impulso global en esa materia
de coordinación del conjunto de las administraciones públicas, para
evitar que se produzca este tipo de situaciones.

Ustedes tienen un informe y yo no acabo de entender que no se pueda
conocer. Otra cuestión es que decida o no se decida si hay que proponer
una sanción para alguien, si tiene una responsabilidad o no; no digo que
ustedes lo digan, pero sí tienen ustedes la responsabilidad como
Gobierno, porque son muchos los accidentes mortales que ocurren en
España, y la obligación del Gobierno, en un momento en que las
competencias están distribuidas entre todas las comunidades autónomas,
porque lo dice la ley de riesgos laborales, es hacer un seguimiento,
accidente por accidente, también de los mortales, para ver si se puede
llegar a conclusiones para extenderlas al conjunto del territorio
español. Hay que indagar sobre las causas de cada accidente, aunque
después siempre haya razones que le hagan a uno pensar que se podía haber
evitado, pero aun así es evidente que aunque no existan
responsabilidades, siempre se podría haber evitado el accidente.

Lo que quiero plantear es que, ustedes, ante cualquier accidente --es la
opinión de mi grupo y la mía propia-- tienen que hacer un seguimiento
para poder sacar conclusiones. Por ejemplo, ustedes podrían también
hablar con el Ministerio de Industria para que, con la experiencia de ese
accidente, cuando lleguen a las conclusiones, no tengan que estar
pendientes de ese informe definitivo para actuar, no vaya a ser que
tengamos accidentes en otros sitios, y habría que saber si las normas
técnicas del Ministerio de Industria se adecuan a la realidad de esas
calderas en las que se ha producido una explosión, o si sería conveniente
cambiar



Página 1938



esas reglamentaciones técnicas o intentar dar a conocer al conjunto de
las comunidades autónomas lo que es la experiencia concreta en un
accidente. Lo que quiero decir es que el Gobierno, su ministerio y usted
mismo, que está al frente de esta responsabilidad, creo que sí tienen la
responsabilidad de intentar evitar que se produzca cualquier accidente de
las mismas características en otro punto del territorio español. Y ya le
digo que no hago responsable ni a usted ni al ministerio de esa
situación, pero la actuación en este campo, y sobre todo en un momento en
que se han transferido las competencias, se tiene que demostrar también
andando, actuando y tomando iniciativas para que no vuelvan a ocurrir
accidentes.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): No saben ustedes,
en primer lugar, la satisfacción que me producen sus intervenciones y su
orientación sobre la necesidad de un impulso global en lo que se refiere
a la salud laboral. Lo hemos intentado y ese impulso ya está en marcha en
la Comisión nacional, pero querría matizar algunos aspectos, para que
vean SS. SS. cómo de los grandes enunciados y de esa necesidad global se
baja a la casuística.

Cuando ocurre el accidente llamo, porque entendía que tenía que hacerlo,
al Consejero de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Me ofrezco a enviarle a dos personas que específicamente han desarrollado
su actividad profesional en calderas, porque es una tecnología única; el
consejero no me pone impedimentos, todo lo contrario, me pide que se
encauce el proceso de investigación en el ámbito de las competencias de
comunidades autónomas y al día siguiente van los dos inspectores, sin
ningún ánimo de hacerse fotos. Independientemente, la Inspección de
Trabajo está coordinada por la autoridad laboral.

A los pocos días nos encontramos con unas declaraciones duras del
Director General de Trabajo de la Junta de Castilla-La Mancha, que, con
una amplitud de miras, según él, enorme y en línea con esa visión global
que S. S. tiene, hace declaraciones con las que no esconde su indignación
por la presencia de dos técnicos enviados por el Ministerio de Trabajo y
dice: «No tienen esos señores nada que rascar» --perdonen la literalidad;
se ve que su forma de hablar va en consonancia con su altura de miras en
estos temas-- «y no sé qué pintan aquí, porque no tienen nada que mandar.

Para bien o para mal quienes tenemos que mandar en este tema somos
nosotros. El ministerio ahí no tiene nada que decir, puesto que las
competencias de seguridad en cuestión de prevención de riesgos laborales
se nos han transferido, y el ministerio no tiene nada que ver.» Y
continúa en la línea previa: «Esos muchachos deben estar nerviosos y el
Ministerio de Trabajo dijo al Instituto nacional que enviara a dos, cuyo
informe, en lo que respecta a la instrucción, ni lo voy a tener en
cuenta. ¿Qué informe van a hacer si no han pedido declaraciones a nadie?
Vinieron para hacerse la foto y decir que el ministerio está aquí desde
el primer momento.»
Yo lamenté profundamente esa actitud del Gobierno autonómico, desde el
respeto que tuvimos, porque no hemos hecho uso del informe. No van en
consonancia las declaraciones del Director General de Trabajo, miembro
del Gobierno de Castilla-La Mancha, con la amplitud de lo que usted
plantea y con lo que yo coincido plenamente. La salud laboral es algo que
nos afecta a todos y, por tanto, ni siquiera es una relación
administrativa o entre gobiernos; hay que meter a empresarios y, sobre
todo, a trabajadores, porque la cultura preventiva debe afectar a lo que
es la estructura de la empresa. No le contesté al señor Rubio. La próxima
vez y siempre volveremos a ofrecerle apoyo. Por unas declaraciones
desafortunadas no vamos a empañar la tarea o el impulso de una comunidad
autónoma. Con este precedente redoblo nuestra natural y obligada cautela
en lo que son las competencias autonómicas.

El señor Peralta introduce otro elemento que es interesante, pero que es
muy complicado de conocer, si existe relación de causalidad entre
empresas subcontratistas e incremento de riesgos laborales. Hay teorías
de todos los gustos y, desde luego, es un tema que sí vamos a empezar a
estudiar, porque nos preocupa. Los cuatro trabajadores fallecidos
pertenecían a dos empresas subcontratistas: tres a la empresa Coplain, S.

L., y uno a la sociedad cooperativa Coaisma. No hemos podido comprobar
todavía que exista relación de causalidad entre el siniestro y el tipo de
contrato, puesto que los tres trabajadores de Coplain eran fijos, aunque
era subcontrata, y en cuanto al de Coaisma, aunque tenía un contrato por
obra o servicio, la inspección no ha apreciado ninguna irregularidad en
dicho contrato. Todos ellos habían superado además pruebas de
profesionalidad y de formación en seguridad e higiene. Los sindicatos, de
todas formas, nos han hecho llegar, supongo que también a la autoridad
laboral, su opinión al respecto y estamos teniéndola en cuenta.

En cuanto al caso concreto sobre si cuando se produce un accidente de
este tipo es razonable pensar que hay un cúmulo de circunstancias,
básicamente son de dos tipos, o fallo humano o fallo tecnológico de la
maquinaria. Tuvo que haber una acumulación de gases para que se produjera
la explosión. Sobre el informe no quiero extenderme por las razones ya
señaladas, pero sí quisiera señalar lo que ha sido nuestra actuación.

El 16 de septiembre, teniendo en cuenta las comprobaciones efectuadas, la
Inspección de Trabajo acordó, como medida preventiva, la paralización de
los trabajos de encendido de las calderas de vapor de la unidad 20 en la
referida factoría, al considerar que en la misma faltaba un dispositivo
de seguridad que cortase automáticamente la entrada de gas cuando no se
prendiera la llama principal. Esta recomendación de paralización fue
apoyada por la representación sindical, que hizo público un comunicado
manifestando su acuerdo con la decisión adoptada por la inspección.

Repsol impugnó dicha paralización dejándose la misma sin efecto por
resolución del 19 de septiembre de la Delegación de la Consejería de
Industria y de Trabajo que tiene atribuida la competencia en materia de
ejecución de la normativa de la prevención de riesgos laborales. Nuestra
actuación tenía que terminar ahí y no tengo nada



Página 1939



que añadir al respecto. Unicamente me queda decir que ya hemos estado con
los responsables de Castilla-La Mancha en la Comisión nacional y creo que
con este órgano vamos a iniciar un sendero de entendimiento y
racionalidad que deje en mera anécdota escaramuzas puntuales que siempre
tienen una cara muy trágica porque afectan a la salud y en este caso a la
vida de los trabajadores.




--SOBRE ACTUACIONES EN FAVOR DE LOS MARINEROS ESPAÑOLES QUE TRABAJAN EN
LA FLOTA BELGA O CON BANDERA DE LUXEMBURGO ANTE LA POSIBLE DESAPARICION
DEL POOL DE MARINOS DE AMBERES. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ SANZ
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA). (Número de expediente 181/000129.)



El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta la presenta la Diputada del
Grupo Socialista doña Matilde Fernández Sanz sobre actuaciones en favor
de los marineros españoles que trabajan en la flota belga o con bandera
de Luxemburgo, ante la posible desaparición del pool de marinos de
Amberes.

Tiene la palabra doña Matilde Fernández.




La señora FERNANDEZ SANZ: Señor secretario general, la pregunta que le
dirijo tiene que ver con la situación de alrededor de 280 trabajadores
españoles, emigrantes, en Bélgica, en Amberes, todos ellos de la Marina
mercante, fundamentalmente gallegos y, excepcionalmente, de alguna otra
región española. La pregunta va encaminada a conocer las actuaciones que
el Gobierno, supongo que liderándolas el Ministerio de Trabajo, piensa
llevar a cabo en apoyo y ayuda de estos trabajadores emigrantes
españoles.

El pool de la Marina mercante, para que a SS. SS. les resulte asequible
esta información tan concreta, es un organismo formado por los sindicatos
belgas --sobre todo el sindicato socialista y el sindicato cristiano--,
por los armadores o empresarios, marinos mercantes, y por el Gobierno
belga. En él hay 1.600 trabajadores, 1.200 de ellos belgas y, como les
decía, 280 españoles. Los empresarios han denunciado el convenio y
pretenden hacer desaparecer el pool de Marina mercante, que es algo así
como un Inem y un fondo de pensiones complementarias de marinos
mercantes, y, desde luego, modificar las condiciones laborales y sociales
de todos sus trabajadores. El planteamiento concreto es el de suspender
el derecho a la pensión completa que tienen los marinos mercantes de este
pool, que consiste en que, a los 14 años de navegación --365 días por 14
años -- y alcanzar la edad de 60 años, pueden tener una pensión al cien
por cien, que está en un mínimo de 32.000 francos belgas. Esto pretenden
hacerlo desaparecer, así como los demás requisitos del régimen especial
de Marina mercante belga. También pretenden hacer desaparecer la
cobertura de desempleo complementaria del régimen del mar que tienen en
Bélgica. Para estos trabajadores pasar del régimen del mar al régimen de
tierra supondría una pérdida de un 40 por ciento de los beneficios que en
este momento tienen, además de algo que consiguió el Gobierno español a
través de la agregaduría laboral y que consistía en que, mientras
estuvieran stand by, mientras estuvieran en espera de ser embarcados,
estos ciudadanos podían encontrarse en Galicia cobrando su desempleo y no
tener que estar en Amberes o en cualquier otra ciudad de Bélgica. Es un
pacto no escrito pero está acordado entre nuestra embajada y el pool de
marinos de Amberes.

Por supuesto, estamos hablando de pérdida de derechos laborales de estos
trabajadores, planteada unilateralmente por los armadores. Al conocer
este problema es por lo que le hemos hecho esta pregunta. Tal vez usted
sepa que antes se la formulamos por escrito y ahora, al tener la
oportunidad de esta comparecencia, se la hacemos oralmente. Usted puede
contestarnos globalmente, pero lo que persiguen las preguntas es saber lo
que piensa hacer el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el
Gobierno, en apoyo y ayuda a estos emigrantes españoles ante el deseo por
parte de los empresarios --armadores belgas-- de retirarles derechos
laborales y derechos sociales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Tengo que
coincidir con todos los antecedentes que S. S. plantea en la pregunta y
que demuestra un profundo conocimiento de una materia tan puntual como es
ésta. Efectivamente, el problema surge el 1 de julio pasado, fecha en la
que el sector empresarial de la Marina mercante belga denunció el
convenio colectivo vigente al considerar que sus cláusulas, mucho más
favorables para los trabajadores incluidos en su ámbito que las que rigen
para los trabajadores de tierra, estaban siendo nocivas para sus
intereses. La denuncia parte, efectivamente, de los armadores. Además,
los armadores belgas están trasladando la matrícula de sus barcos a
Luxemburgo, cuya legislación les es más favorable, lo que incidiría
también en los beneficios que hasta la fecha tienen reconocidos los
trabajadores con arreglo a la legislación belga.

Aunque la denuncia del convenio debía suponer, de acuerdo con las normas
del mismo, que éste finalizara su vigencia el 1 de octubre,ha sido
prorrogado un mes más --hasta el 1 de noviembre-- como resultado de las
gestiones efectuadas por los sindicatos belgas, que están siendo muy
sensibles a esta materia. Mientras tanto y puesto que se trata de una
cuestión interna belga, los sindicatos, con la mediación de las
autoridades belgas, están intentando encontrar una solución negociada que
permita para estos trabajadores unas condiciones más favorables que las
que se derivarían de la aplicación de la normativa de los trabajadores de
tierra. Si no se llega a un acuerdo, podría suponer, efectivamente, la
desaparición del pool de marineros de Amberes, que actúa a modo de
oficina de empleo o con funciones similares a las de Inem, como S. S.

decía, y que significaría una pérdida y disminución de derechos y
beneficios sociales.

El problema afecta a un colectivo de 1.600 trabajadores de la Marina
mercante belga, de los que 214 son españoles



Página 1940



--creo que S. S. hablaba de 280--, básicamente gallegos. Ante esta
situación la Administración española está llevando a cabo todas las
gestiones que le están permitidas, teniendo en cuenta que se trata de un
asunto interno de otro país. Las actuaciones han sido dobles: a nivel de
embajada y de consejería laboral. Por una parte, la consejería laboral de
la embajada en Bélgica está siguiendo muy de cerca todo el proceso
manteniendo contacto continuo tanto con el comité paritario del convenio
como con el propio pool de marineros. Además, nuestro embajador ha
intervenido directamente ante las autoridades belgas, mediante carta
dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, en la que expresa
la preocupación de las autoridades españolas por la difícil situación en
la que podrían llegar a encontrarse nuestros trabajadores, junto con los
belgas y los nacionales de otros países de la Unión Europea,
fundamentalmente portugueses e italianos.

Esta preocupación ha llevado asimismo al embajador español a solicitar
una entrevista con el director general del Ministerio de Trabajo en
Bélgica, que es, a su vez, el presidente de la comisión paritaria del
convenio de la Marina mercante belga. Dicha reunión ha tenido lugar muy
recientemente, el 3 de octubre, y en ella el embajador reiteró la
preocupación del Gobierno español por el futuro profesional de este
colectivo de trabajadores españoles, así como el deseo de disponer de la
máxima información posible sobre las negociaciones actualmente en marcha.

En su respuesta, el representante belga ha manifestado en principio un
interés general de su Gobierno por este asunto y un compromiso de
búsqueda de soluciones lo más aceptables posible para los afectados,
confirmando en esa línea que se encuentra trabajando la comisión
tripartita que está negociando el tema. Le informó asimismo que
probablemente en un plazo de dos o tres semanas podría facilitar
información más concreta sobre las posibles soluciones del conflicto. En
cualquier caso, que es lo que ha llenado de satisfacción o de
tranquilidad al menos inicialmente a nuestros representantes en Bélgica,
el director general belga ha dado en la mencionada reunión todo tipo de
garantías de que las posibles soluciones no discriminarán en absoluto a
los trabajadores no belgas, ya que, a solicitud de los sindicatos y con
el acuerdo en principio de los armadores, cualquier solución final que se
adopte se aplicará basándose en criterios puramente objetivos, como la
edad del trabajador o su antigua edad en el pool, y en ningún caso en la
nacionalidad. Entendemos que en un primer avance no va a existir
discriminación por el origen nacional de los trabajadores.

En paralelo a estas gestiones y aparte ya de nuestra consejería laboral y
embajador, la representación permanente de España ante la Unión Europea
está contactando con los representantes de otros Estados que tienen
trabajadores en la misma situación, con idea de poder presionar y actuar
en su conjunto. La idea es examinar la posibilidad de plantear el tema
conjuntamente ante instancias comunitarias, dentro por supuesto del más
absoluto respeto a la soberanía belga, con la finalidad, llegado el caso,
de conseguir ayuda para los trabajadores que resulten afectados.

No habiéndole ampliado a S. S. en nada los antecedentes, que conoce en
profundidad, sí espero al menos haberle trasladado el resumen de las
actuaciones que en ambos frentes estamos realizando.




El señor PRESIDENTE: Doña Matilde Fernández tiene la palabra.




La señora FERNANDEZ SANZ: Esta Diputada conocía por los trabajadores que
incluso parece ser que ha habido una llamada por parte del Ministro de
Trabajo al embajador, al no tener, como no tenemos por desgracia, cónsul
en Amberes, cuya plaza está sin cubrir. Como conoce el señor Pimentel,
desde hace tiempo tampoco tenemos agregado laboral. Sobre lo primero no
le debo decir nada porque no es de su competencia, pero en cuanto a lo
segundo sí aprovecharía para pedirle que se ocuparan de intentar cubrir
las vacantes de agregadurías laborales que tenemos en diferentes países,
porque aunque ya no tenemos ese movimiento migratorio, siguen quedando
cerca de 400.000 españoles en Europa y cerca de 800.000 en América Latina
y necesitan de esas agregadurías laborales para resolver buena parte de
sus problemas. Como decía, conocía la gestión del Ministro de Trabajo
porque el Partido Socialista Español en Bélgica fue recibido por el
embajador y le dio este dato y también conocemos la carta que ha enviado
al Ministro de Exteriores el sindicato de UGT --sección marina-- y que
por tanto los dos ministerios estaban siguiendo esta información.

Ha hecho un comentario acerca de la garantía o de la casi seguridad de la
no discriminación por nacionalidad. Como filosofía lo creo en cuanto a la
actitud de los sindicatos belgas, pero tiene un poco de trampa, y eso
usted y yo lo tenemos que saber, porque se habla sobre todo de seguridad
para los oficiales, y de esos 214, para usted, con prepensionados 280
según los trabajadores, hay menos oficiales de la Marina mercante y hay
más no cualificados. Cada vez que hablan del respeto y de no mirar la
nacionalidad de este colectivo de 1.600, inmediatamente hablan de más
seguridad para oficiales que para personas no especializadas.

Lo que yo quisiera en esta oportunidad de réplica, es proponerle algunas
ideas más para que nuestro Gobierno tenga presencia y voluntad activa
ante este problema de trabajadores emigrantes. Se acaba de inaugurar la
semana de la Conferencia anual de la OIT. Sé que no debe estar en el
discurso, que tiene que ser global, del Ministro de Trabajo, pero, tal
vez, nuestra composición tripartita en la OIT debería buscar la fórmula
de dejar en este organismo esta queja ante el intento de abandono de unas
obligaciones por parte de empresarios belgas para que los sindicatos y el
Gobierno belga no se desentiendan.

Ha hablado de relaciones bilaterales en la Unión Europea. Tal vez, señor
Pimentel, esto se debería llevar al Coreper de ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales y ser tratado así de una manera un poquito más
sistematizada. Desde luego, creo que el Gobierno español tiene que seguir
con la presión bilateral hacia Bélgica para que los derechos de estos
trabajadores sean respetados.

Le pediría también que estudiara la posibilidad del apoyo económico, vía
agregaduría o vía consulado, de los



Página 1941



gastos que estos trabajadores puedan tener si no hay acuerdo y se va a un
conflicto jurídico, que casi seguro tendrá dos vertientes: la de unos
empresarios y un Gobierno de un país e, incluso, la vertiente de un
planteamiento comunitario. No he tenido posibilidad de confirmar una
información que se me ha dado, pero creo que tenemos antecedentes. Con
trabajadores de la Marina mercante que faenaban con bandera británica,
hace unos años, el Gobierno, vía no sé si presupuestos de Trabajo o
presupuestos de Exteriores, sí cubrió la minuta jurídica de la defensa de
los intereses de estos trabajadores cuando una ley británica cambió y
perjudicó también a unos marinos mercantes que estaban faenando en
caladeros británicos. Si existe este antecedente, creo que nuestro
Gobierno debería estudiar la posibilidad de colaborar y costear los
gastos jurídicos de la defensa de estos trabajadores.

Terminaría diciendo que, por favor, se intente cubrir el puesto de la
agregaduría laboral, porque Bélgica es uno de los países donde todavía
tenemos trabajadores activos y se necesita contar con ese soporte de la
Administración española en defensa de los intereses de los trabajadores.

Le pido finalmente que nos mantenga informados de cómo evolucionan estas
negociaciones y que nos traslade toda la información que estime necesaria
para el conocimiento de los grupos políticos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Agradezco la
intervención de la señora Diputada en la que, aparte de requerir un
conocimiento de las actuaciones que el Gobierno realiza, también aporta
soluciones y propuestas que en lo que valen como elemento de sugerencia
le agradezco personalmente. Desde luego, por múltiples causas, el
Gobierno tiene interés en garantizar el derecho de estos trabajadores,
primero, porque son trabajadores y nos compete la cobertura de estos
derechos, y, segundo, porque son españoles fuera de nuestra frontera y,
por tanto, en una situación manifiesta de debilidad.

Me hacen llegar que esta afirmación del principio de no discriminación
por origen nacional es extensiva ya no tan sólo a los oficiales sino al
resto de trabajadores. Son las noticias que tengo y, al igual que usted,
necesitaría confirmarlas formalmente, pero tengo entendido que se está ya
solucionando ese problema.

Apunta S. S. tres líneas de actuación: comisión tripartita en la OIT,
Coreper y apoyo económico. Algunas se han iniciado ya y otras las vamos a
estudiar, porque probablemente sea posible hacer una actuación en estos
frentes. Creemos que es pronto para hablar de apoyo económico, cuando
todavía no sabemos cómo puede terminar el asunto. Habrá que tenerlo en
cuenta y, si llegara el caso, lo tendríamos que estudiar, y más
existiendo precedentes que no simplificarían mucho los trámites
administrativos que son complicados en esta materia. Personalmente, sí
contraigo con usted el compromiso de tenerla informada. La contestación
nos la tienen que dar en dos o tres semanas y, en ese plazo, remitiré el
informe que tengamos al respecto.




--SOBRE ACTUACIONES PRACTICADAS EN RELACION CON EL FRAUDE DE PENSIONES
DETECTADO EN DIVERSAS CIUDADES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. FORMULADA
POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de expediente 181/000132.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta presentada por don Ricardo
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre actuaciones practicadas en relación con el fraude de
pensiones detectado en diversas ciudades de la provincia de Pontevedra.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, este pasado verano, saltaban a
los medios de comunicación las investigaciones que se habían llevado a
cabo y que habían permitido descubrir la existencia de un presunto fraude
en la Seguridad Social centrado fundamentalmente en la provincia de
Pontevedra. Como en alguna medida es normal en este tipo de supuestos,
inmediatamente aparecen aspectos, en nuestra opinión incidentales, de los
fraudes que consisten en buscar vinculaciones políticas. En este caso
aparecía la posible actuación de un ciudadano, alias Chaparrita, de quien
se decía literalmente que había sido conspicuo agente electoral del
Partido Popular en el caso de la provincia de Pontevedra e, incluso en
algún momento determinado, ante la huida de este ciudadano, se llegó a
hablar de que el gobernador civil podía haber facilitado este tipo de
actuaciones. En nuestra opinión, este tipo de incidencias, sin perjuicio
de la importancia que puedan tener y que le puedan dar los medios de
comunicación, no son lo que nosotros deberíamos tratar en este ámbito de
la Comisión de Política Social y Empleo. Deberíamos tratar de conocer,
eso sí, porque es un tema que nos preocupa, el tema del fraude en
relación con la Seguridad Social, las circunstancias concretas de este
supuesto. ¿Cómo es posible que se haya conocido un fraude que se remonta
a hace muchos años? --se habla de 1983-- y que afecta a centenares de
ciudadanos --no es, por tanto, un fraude de pequeña monta?-- ¿Cómo es
posible que haya estado funcionando esta especie de agencia de fraude
dentro de las estructuras de la Seguridad Social? En definitiva, le
preguntaríamos qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de las
autoridades competentes del Ministerio de Trabajo, sin perjuicio de las
investigaciones que se hayan realizado por la autoridad judicial y por la
policía, en orden a corregir esas estructuras que actuaban de forma
fraudulenta en el seno de la propia Seguridad Social, así como en
relación con los ciudadanos que habían obtenido de forma fraudulenta esas
prestaciones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): En primer lugar,
dos aspectos previos a la



Página 1942



contestación. No es presunto fraude, es fraude, ha existido fraude y, con
todas las consecuencias, tenemos que actuar. Segundo, le agradezco las
matizaciones con que lo ha hecho, pero, de todas formas, lo ha dicho una
Administración y un Gobierno y, además, con un mandato constitucional;
tiene que tratar por igual a todos sus ciudadanos, en lo bueno y en lo
malo, independientemente de su ideología, religión, raza y sexo. Para la
actuación de un gobierno será indiferente la ideología, religión, raza o
sexo de la persona que haya cometido un fraude. Por tanto, le
agradecería, si es posible y respetando su libertad de expresión, que
evitara afirmaciones como que un gobernador puede facilitar la huida de
una persona; me parecen afirmaciones tremendas, que tengo que negar,
porque no cabe en mi lógica que se hayan producido y las doy por dichas,
por supuesto, pero no pondría en cuestión nuestras actuaciones.

El fraude se detecta a partir de siete expedientes físicos falsificados
y, a partir de ese momento, la dirección provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra inicia las actuaciones
necesarias para evaluar su volumen. Se detectó el fraude, digo, pero no
sabíamos en aquel momento exactamente qué volumen tenía mi de cuantas
actuaciones se trataba.

La investigación se centra en el examen de los listados de pensionistas
por oficinas pagadoras, estudiando las sucursales de las zonas afectadas:
Marín, Caldas de Rius, Villagarcía de Arousa y Poio. Al tiempo, se
investiga sobre un listado de 1.749 pensiones de vejez SOVI, resueltas al
amparo de los convenios internacionales. De esta investigación se deducen
las características que con carácter general presenta el fraude. Se trata
de pensiones de vejez SOVI, cuyos beneficiarios no acreditaban
cotizaciones suficientes a dicho seguro ni al retiro obrero en España.

Han sido instruidas en el extranjero y no existe expediente físico en el
archivo general, residiendo en la actualidad todos los afectados
detectados en España. Se había estructurado ese fraude de forma bastante
inteligente y la investigación ha sido complicada por este cúmulo de
circunstancias.

Se deduce que ello ha sido posible mediante la realización de una serie
de actuaciones de difícil detección, que implican la falsificación de
informes de cotización y de otros documentos que no solamente son
expedidos por nuestro país, sino por otros donde residieron las personas
con hipotético derecho al cobro de pensión; ello hace extremadamente
compleja su tramitación y requiere, en muchos casos, la utilización de
documentos que no son originales. Se ha podido dar la circunstancia de
que el pensionista solicita en el país extranjero de residencia la
correspondiente pensión y los organismos de Seguridad Social de los
países afectados, Argentina, Brasil y Uruguay, según tenemos detectado,
tardan años en remitir la documentación al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, lo que conlleva que, en muchas ocasiones, los propios
interesados, que trasladan la residencia a España, aporten fotocopias de
la documentación cuyo original aún obra en el país de residencia.

En este momento, una vez dicha la complejidad que tiene lo que ya
denominamos fraude, y como resultado de las actuaciones realizadas, se ha
podido constatar que exsisten casos de fraude que se remontan no tan sólo
a 1983, sino a 1981; ya se han detectado 157 supuestos, ascendiendo la
cuantía defraudada a 582 millones de pesetas, sin que esto signifique que
no se puedan detectar nuevos supuestos en la línea de investigación que
estamos desarrollando.

La entidad gestora ha iniciado las actuaciones legales procedentes en
cada caso, para la recuperación de las cantidades defraudadas, siguiendo
dos vías. En los supuestos en que se estima error de hecho, se procede, a
través de revisión en vía administrativa, a exigir el reintegro de las
prestaciones indebidamente percibidas en los últimos cinco años; y en los
supuestos que se considera error de derecho, la revisión se efectúa vía
demanda ante el Juzgado de lo Social, con suspensión cautelar del pago de
la pensión, a la espera de la oportuna sentencia que resuelva la demanda.

En todo caso, la entidad gestora está colaborando activamente con el
juzgado instructor, facilitándole toda la documentación que le es
solicitada.

Dada la importancia de estos hechos, pues, sin duda ninguna, la tienen, y
ante los indicios de que puedan existir más supuestos de fraude, se ha
iniciado por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social un nuevo
proceso de trabajo dedicado a la depuración de otras posibles
irregularidades.

Finalmente, quiero decir que la Administración de la Seguridad Social,
dentro de las nuevas orientaciones y actuaciones operativas que está
impulsando, ha puesto en marcha un plan especial de actuaciones, a
efectos de revisar y controlar los procedimientos administrativos de
reconocimiento de todas aquellas prestaciones afectadas por normas
internacionales de la Seguridad Social, que, como todo, tiene que tener
un doble aspecto. Por una parte, no debe suponer retraso en el pago de
prestaciones a los beneficiarios; es decir, no podemos introducir una
excesiva complejidad burocrática, pero sí tenemos que incorporar mayores
elementos de seguridad jurídica y de lucha contra el fraude



El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿quiere añadir algo?



El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, permítame que sinceramente le
felicite por la actuación que se ha llevado a cabo en relación con este
tema. Toda actuación contra un fraude, y más en materia de Seguridad
Social, que se fundamenta en la solidaridad, es digna de felicitación.

Nuestro grupo está comprometido en evitar cualquier tipo de fraude, mucho
más en la Seguridad Social, y esto ha de traducirse en actuaciones
concretas, como se ha hecho en este caso.

Esta felicitación debe considerarla especialmente reiterada en el
supuesto de que fueran ciertas esas implicaciones de carácter colateral a
las que yo he hecho referencia y que, si fueran ciertas, harían mucho más
meritoria la actuación de la Administración. Yo comparto esa afirmación
que hizo usted de que la Administración debe actuar sin ningún tipo de
distinción. Cuando, además, podría haber



Página 1943



lugar a poner en duda esa actuación, el hecho de que la Administración
convalide y haga realidad ese principio es mucho más meritorio. En este
caso concreto, entienda, de verdad, que esa felicitación por mi parte, y
más en el caso de que fueran ciertas esas incidencias que ya he
calificado y que aparecieron en los medios de comunicación, que usted
conoce perfectamente, incluso con la gravedad, y lo comparto con usted,
de hacer imputaciones relativas a un gobernador civil, que me parecen
afirmaciones extraordinariamente graves que no pueden hacerse sin el
menor fundamento, debe entenderse especialmente oportuna.

Señor Pimentel, a mí me parece que las actuaciones que ha anunciado son
muy adecuadas. Creemos que debe depurarse a fondo este supuesto concreto
y que deben analizarse los mecanismos que han sido utilizados para
producir el fraude. En este sentido, en la medida en que esos mecanismos
puedan dar lugar a actuaciones fraudulentas, no sólo en la provincia de
Pontevedra, como al parecer es el ámbito en el que se han descubierto
estos hechos --podrían producirse en cualquier otro contexto--, nos
parece oportuno que se lleve a cabo una investigación y una depuración de
los mecanismos administrativos, para evitar que este tipo de actuaciones
puedan tener incidencia en el seno de una entidad tan importante como es
la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: ¿Desea añadir algo, señor Pimentel?



El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Sólo quiero
decirle que, efectivamente, es muy complejo. Dése cuenta que este fraude
ha estado de forma continua desde el año 1981; se ha ido remontando en
los años a medida que hemos ido profundizando. Está bien pensado, desde
el punto de vista de los defraudadores, puesto que ha seguido durante
todos estos años, y no por deseo de ocultación, como no podía ser menos,
de ningún gobierno, sino porque no ha saltado hasta el día de hoy.

Intervienen diversos países; el secreto de evitar este fraude está en los
requisitos administrativos que hagamos, previos, de reconocimiento de
derecho y, sobre eso, vamos a actuar, porque si un fraude, en cualquier
campo es doloroso y perseguible, en el eje fundamental de la solidaridad
nacional que es la Seguridad Social es especialmente doloroso y
perseguible.

En cuanto a su felicitación, creo que es una felicitación que tenemos que
hacer al Sistema y a la actuación jurídica de un Estado de Derecho, donde
todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y a mí me parece que, en
esto, el Gobierno actual ha procedido como lo habría hecho cualquier
gobierno de cualquier ideología que está representada en esta Comisión,
porque no podría ser de otra forma. Todos los ciudadanos son iguales ante
la ley, repito, para sus derechos y también para sus deberes.




--SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL DESARROLLO DE LA PREVISION CONTENIDA EN
EL SEGUNDO PARRAFO DE LA RECOMENDACION DUODECIMA DEL DENOMINADO PACTO DE
TOLEDO. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA). (Número de
expediente 181/000134.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, formulada
igualmente por don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas
adoptadas para el desarrollo de la previsión contenida en el segundo
párrafo de la recomendación duodécima del denominado Pacto de Toledo.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, nos pareció oportuno formular,
en el contexto del desarrollo del Pacto de Toledo, que recientemente
terminaba con un acuerdo que creo que en estos momentos debe estar
firmándose por parte del Presidente del Gobierno junto con los líderes
sindicales de las centrales más representativas, Comisiones y UGT, y que
en nuestra opinión es un paso importante en el desarrollo de ese Pacto de
Toledo, nos parecía de interés, digo, para nuestro grupo, en el marco de
ese proceso, hacer una pregunta concreta sobre uno de los puntos de las
recomendaciones del conocido como Pacto de Toledo. En concreto, era la
previsión que se contenía en el segundo párrafo de la recomendación
duodécima de dicho Pacto de Toledo. En ese segundo párrafo se hacía
referencia a la necesidad de una regulación de la responsabilidad en
orden a las prestaciones adecuadas a la realidad actual y a las
características del modelo actual de Seguridad Social.

En mi condición de miembro de la ponencia que dio lugar a ese Pacto de
Toledo, recuerdo las discusiones que tuvimos en relación a esta
definición aparentemente tan corta pero que, sin embargo, tiene contenido
y tiene entidad, y veo, por sus gestos, que el Secretario General
coincide. En el desarrollo de esta previsión nos consta que, en la
anterior legislatura, el Gobierno, en el mes de febrero de este año,
inició la tramitación de un proyecto de real-decreto, que fue sometido,
incluso, a dictamen por parte del Consejo Económico y Social. Se
pretendía en él dar contenido a ese párrafo segundo de la recomendación
duodécima del Pacto de Toledo.

El Consejo Económico y Social emitió un dictamen en el que literalmente
se decía: Este Consejo Económico y Social entiende que este proyecto de
real-decreto supone una sustancial mejora del marco jurídico de la
Seguridad Social en la materia y afirma --el Consejo-- la conveniencia y
oportunidad de la norma, que viene a cubrir una larga laguna normativa
que, hasta el día de la fecha, venía suplida por la aplicación de la Ley
de Seguridad Social de 1966 y una actuación de los tribunales delicada,
positiva y, en ocasiones, contradictoria.

El mismo dictamen del Consejo Económico y Social, en sus conclusiones,
decía que valoraba positivamente el proyecto de real-decreto, en tanto en
cuanto se asumieran las modificaciones que se preveían, en el sentido de
que



Página 1944



viene a completar la laguna normativa existente al respecto, a la vez que
refleja en un texto legal la tendencia jurisprudencial vigente.

Constituye un indudable avance por lo que supone de adaptación a la
realidad social.

Nos gustaría saber, señor Pimentel, cuáles son las previsiones del actual
Gobierno en relación con esta exigencia del segundo párrafo de la
recomendación duodécima del llamado Pacto de Toledo y, en concreto, si el
Gobierno tiene entre sus actuaciones inmediatas la previsión de proceder
a ese desarrollo, en los términos sustancialmente similares a los que se
preveían en el real-decreto que en su día dictaminó el Consejo Económico
y Social y en la línea de las conclusiones que fueron aprobadas por ese
Consejo.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Haciendo una
breve memoria, efectivamente, esta recomendación recoge ya una petición y
un deseo, incluso previos a la propia ponencia del Pacto de Toledo de la
que usted formó parte. El desarrollo reglamentario de la responsabilidad
en orden a las prestaciones a las que se refiere el artículo 127 y
siguientes de la Ley General de la Seguridad Social es una demanda que se
ha venido explicitando en diversas instancias, que, entre otras, son nada
más ni nada menos que los consejos generales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social,
el Consejo General del Poder Judicial o la unidad especial para el
estudio y propuesta de medidas para prevención y corrección del fraude.

Con independencia de lo anterior y lógicamente recogiendo este sentir
unánime, en el Pacto de Toledo, y dentro de su recomendación duodécima,
el Congreso de los Diputados instaba al Congreso para que procediese a la
regulación de la responsabilidad en orden a las prestaciones adecuada a
la realidad actual y a las características del modelo presente de la
Seguridad Social.

En desarrollo de las previsiones anteriores, el entonces Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, procedió a la elaboración de un proyecto de
reglamento que, tras ser sometido a determinados informes, fue remitido a
dictamen del Consejo Económico y Social, en cuyo seno, independientemente
del informe que ya comentaba S. S., se manifestaron algunas posturas
discrepantes. Por una parte, las organizaciones sindicales, que
demandaban una mayor extensión de la automatización de las prestaciones
y, de otra parte, las organizaciones empresariales, que, en orden a una
mayor seguridad jurídica, solicitaban el establecimiento de un plazo de
prescripción de la responsabilidad.

Por pura secuencia de tiempo, la convocatoria de elecciones, la
configuración de un nuevo Gobierno y la puesta en marcha de la Mesa de
negociación con sindicatos y empresarios, en desarrollo del Pacto de
Toledo, hizo que esta iniciativa no decayera pero sí que quedara en
stand-by.

En los meses posteriores a la formación del nuevo Gobierno y la creación
del actual Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales no se ha querido
abordar este aspecto, independiente de la Mesa del Pacto de pensiones.

Hemos creído oportuno, primero, cerrar el acuerdo global de pensiones,
que se estará firmando en estos momentos o se habrá firmado ya entre el
Presidente del Gobierno, señor Aznar, y los secretarios generales de las
confederaciones sindicales más representativas, Comisiones y UGT, y, a
raíz de este momento, sí creemos que hay ya un marco para poder
desarrollarlo. De ahí que nuestro compromiso evidente es la puesta en,
marcha desde este desarrollo.

Una vez ya firmado este pacto se someterá el acuerdo al análisis de la
ponencia y queremos hacerlo en la ponencia constituida al efecto en esta
Cámara, donde se procederá, según el Reglamento, al desarrollo de la
responsabilidad en orden a las prestaciones. Para nosotros, hoy es el
punto de salida de esta actuación y el foro donde se desarrollará será,
con una propuesta concreta del Gobierno, en la ponencia de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Presidente.

Comparto, señor Pimentel, la actuación del Gobierno en el sentido de
dejar el desarrollo de este punto concreto del Pacto de Toledo al
resultado sin lugar a dudas importante del acuerdo alcanzado con los
sindicatos, en orden a la globalidad del Pacto de Toledo.

Efectivamente, una vez que se ha producido ese acuerdo, parece que ya hay
condiciones para desarrollar esta previsión concreta. Yo, desde luego, le
manifiesto el interés de nuestro grupo --que creo que era el de todos--,
puesto que se contenía explícitamente en las recomendaciones del Pacto de
Toledo, de que se produzca este desarrollo. Sólo quisiera decirle que nos
parece que las razones que se contenían en el dictamen del Consejo
Económico y Social, especialmente las emitidas por la representación
sindical, que se fundaba en una preocupación que me consta, a través de
lo que dicen hoy los medios de comunicación, de las necesidades
económicas de la propia Seguridad Social, deben ser especialmente
atendidas. Nosotros trasladamos al Gobierno nuestra apreciación en este
sentido, porque consideramos que, por una parte, mejoraría la situación
financiera de la Seguridad Social y, por otra, sería coherente con un
Sistema de Seguridad Social de carácter actual, moderno y en el que se
reconozca la automaticidad de las prestaciones.




--SOBRE ESTADO DE LAS GESTIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO ESPAÑOL
ANTE EL GOBIERNO ARGENTINO PARA QUE PUEDAN SER PROTEGIDOS POR EL SISTEMA
ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES CON DOMICILIO REAL
EN ESPAÑA QUE PRESTAN SERVICIOS EN BARCOS ABANDERADOS EN ARGENTINA, DE
EMPRESAS MIXTAS HISPANO-ARGENTINAS. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA



Página 1945



ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA). (Número de expediente 181/000135.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta presentada igualmente por don
Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de IU-IC, sobre las
gestiones llevadas a cabo por el Gobierno español ante el Gobierno
argentino para que puedan ser protegidos por el sistema español de
Seguridad Social los trabajadores españoles con domicilio real en España
que prestan servicios en barcos abanderados en Argentina de empresas
mixtas hispano-argentinas.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: El tema, como usted conoce perfectamente, señor
Pimentel, viene de antiguo. Tengo a la vista escritos remitidos en
febrero de este año por la Secretaría General de la Seguridad Social a
los distintos sindicatos que se habían interesado por el mismo; tengo
asimismo una comunicación posterior del mes de abril, en la que el
Director General del Instituto Social de la Marina contestaba de nuevo a
los sindicatos, diciéndoles que se están llevando a cabo contactos con
las autoridades de la República Argentina, en orden a hacer operativo un
canje de notas llevado a cabo en marzo de 1979 entre ambos países sobre
el desarrollo del Convenio bilateral vigente entre España y Argentina, y
nos consta, como le constará al señor Pimentel, que en el mes de junio de
este año se formulaba una pregunta sobre este tema y era contestada en
aquel momento por el Secretario de Estado de Seguridad Social.

En aquel momento, el Secretario General de la Seguridad Social respondía
diciendo que era un tema que desde antiguo preocupaba al Ministerio y que
estaba llevando a cabo una actuación en doble sentido. En primer lugar,
con carácter provisional, conseguir que el antiguo Convenio bilateral de
1979 se pudiera aplicar de forma inmediata y provisional a dar solución a
la situación de los marineros españoles que trabajaban en empresas que
inicialmente habían sido empresas conjuntas y que ahora pasaban a ser
empresas mixtas. Este cambio en las condiciones de las empresas y en la
normativa reguladora del tema, que ahora dependía de la Unión Europea,
obligaba a buscar una solución definitiva que, lógicamente, requeriría un
mayor plazo de tiempo.

En todo caso, por parte de la Administración, se estaban llevando a cabo
contactos con las autoridades argentinas de cara a hacer viables estas
dos soluciones, la provisional y la definitiva, y en aquellos momentos el
Secretario de Estado hacía referencia a que el día 7 de junio se había
dirigido a las autoridades argentinas y no podía concretar la respuesta
en orden a fechas en la medida en que no dependía sólo de las autoridades
españolas.

Cuando han transcurrido más de tres meses desde aquella respuesta, nos
gustaría saber cuál es la situación al día de hoy, porque éste es un tema
que, como sabe, señor Pimentel, afecta a un número importante de
trabajadores de nuestro país, que tiene incidencia especial en algunas
zonas geográficas de nuestro país, y estoy convencido de que la
preocupación del Gobierno es efectiva y operativa.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente,
este asunto ya se planteó en esta Cámara y respondió el Secretario de
Estado, en lo que afecta a las empresa mixtas hispano-argentinas. Nos
estamos encontrando con que, desde aquel momento, es un problema que se
nos está presentando no sólo con las empresas mixtas con Argentina, sino
con las hipotéticas o reales empresas mixtas con terceros países que
tienen caladeros donde están faenando actualmente buques, pescadores
españoles o empresas mixtas.

Sin conocimiento profundo del tema del mundo de la pesca, sí parece, así
me lo han indicado en el Ministerio, que hay un futuro razonable donde
parte de nuestra flota irá reconvirtiéndose o avanzando con formación de
empresas mixtas con armadores y buques de los países que tienen los
caladeros. Parece que va a ser la tendencia natural que le traslado,
según lo que me dicen los expertos, porque no conozco el mundo de la
pesca.

Si es cierto eso y cada día va a haber más empresas mixtas, no sólo con
Argentina sino con terceros países, tenemos que buscar una solución que
permita a nuestros trabajadores estar cotizando en el régimen de la
Seguridad Social española y que no sea un elemento disuasorio a la vez
para la contratación de trabajadores españoles.

Lógicamente, cuando la empresa es una empresa mixta, el buque o los
armadores tienen posibilidad de contratar trabajadores españoles o
trabajadores de segundo país, incluso de terceros. ¿Qué está pasando? Que
muchas veces puede ocurrir que determinados costos sean un elemento
disuasorio y no se proceda a la contratación de trabajadores españoles.

Para nosotros, para todos, es muy importante conseguir que también estas
empresas contraten, primero, a trabajadores españoles y, segundo, que
tengan todos los derechos que tiene un trabajador español normal.

En esa línea y siendo éste el primer problema concreto que se nos
planteó, quisiera responderle a esto y después le hablaré de lo que vamos
a hacer con el conjunto, porque nos preocupa y lógicamente sería malo
para nuestro país y un fracaso para nuestra política de empleo si
trabajadores que actualmente están trabajando en empresas mixtas son
sustituidos por trabajadores de otras nacionalidades, o si, lo que es
igualmente preocupante, no se incrementa el número de trabajadores porque
estas empresas mixtas están contratando personal y este personal no
español, en un sector donde se ha demostrado la alta profesionalidad de
nuestros trabajadores como es el mundo de la pesca.

Centrándome en el asunto de la empresa mixta argentina, el Secretario de
Estado respondió a esta pregunta el pasado 25 de junio, y manifestó
básicamente la preocupación que había movido al departamento y a la
Secretaría de Estado a realizar las actuaciones necesarias encaminadas a
resolver el problema con carácter provisional, en la primera



Página 1946



línea de actuación, en tanto se apruebe un nuevo convenio de Seguridad
Social que recoja la solución definitiva.

A tal fin, y como ya se informó, se habían recabado las opiniones de las
autoridades argentinas acerca de la aplicación de un acuerdo suscrito
entre España y Argentina en 1979, mediante el que se exceptuaba la
aplicación del convenio bilateral vigente a los trabajadores españoles de
empresas pesqueras conjuntas que prestaban servicio en buques abanderados
en Argentina a aquellas empresas que, como consecuencia de la entrada en
vigor del Reglamento comunitario 3.447/93, se debieron constituir en
empresas pesqueras mixtas.

Hemos obtenido ya la conformidad por parte de las autoridades argentinas
el 19 de julio de 1996. Tras esta conformidad, se envió nota por parte de
la Secretaría de Estado, en la que se proponía la adopción de la
siguiente decisión. Usted ya sabe que, una vez que hay esa aprobación
verbal, únicamente con un intercambio de notas entraría en vigor la
solución provisional. El texto que les remitimos, que por nuestra parte
sería la última actuación y únicamente nos restaría esperar su nota en
este intercambio, decía: En aplicación de lo dispuesto en el artículo
tercero, apartado segundo, del Convenio hispano-argentino de Seguridad
Social de 28 de mayo de 1966, y como excepción a la regla del apartado
1.c) del mismo artículo, las autoridades competentes de ambos Estados
acuerdan que los españoles con domicilio real en España que presten
servicio para empresas mixtas pesqueras constituidas en la República
Argentina, a las que se refiere el Real Decreto 798/1995, de 18 de mayo,
en buque abanderado en la República Argentina, se considerarán
pertenecientes a las empresas españolas participantes en dichas empresas
mixtas y, como tales, estarán sujetos a la legislación de la Seguridad
Social española.

Actualmente, estamos esperando la remisión de la nota por parte de las
autoridades argentinas y entraría en vigor a partir de la fecha de la
propia nota. Esta sería la solución transitoria y, como ya sabe usted, se
ha redactado un proyecto de nuevo convenio de la Seguridad Social, cuya
negociación está previsto que comience a finales de este año y en el que
se regula esta situación.

Una vez dicho todo lo anterior, esto nos tiene que servir para diseñar
qué va a pasar con la futura constitución, bastante probable, de más
empresas mixtas con terceros países y en un mundo donde la libertad de
contratación es tan enorme. En el día de ayer, y como va a dirigirlo, de
alguna forma, el Instituto Social de la Marina, se reunieron con
representantes del Inem, de la Tesorería de Seguridad Social y del
Ministerio de Agricultura, para crear una ponencia, técnica, en primer
lugar, para ver qué medidas de fomento de empleo podríamos desarrollar y
qué marco jurídico tenemos que darle para que los trabajadores españoles
estén en el régimen de la Seguridad Social española y que la pertenencia
a este régimen no actúe de elemento disuasorio para la contratación de
españoles, por su coste. Probablemente tengamos que hacer alguna política
de fomento de empleo vía Inem, algún tipo de apoyo a cotizaciones,
porque, si no hacemos algo, existe el riesgo firme de que se produzca la
no contratación de nuevos trabajadores, y es un campo de trabajo muy
digno y en el que realmente son requeridos nuestros profesionales, y, en
segundo lugar, y ello sería más preocupante, un desplazamiento de
trabajadores españoles actuales.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, solamente quiero decirle que
comparto el conjunto de sus manifestaciones, celebro que se produjera la
respuesta por parte de las autoridades argentinas en cuanto a una
solución provisional, en este caso concreto. Me parece muy adecuada la
actuación por parte de la administración española remitiendo, con
posterioridad, esa nota sobre la que usted dice que estamos en espera de
la contestación.

Permítame que le insista en que hagan lo que esté en sus manos, quizás a
través de los cauces diplomáticos, para conseguir la máxima celeridad en
la respuesta argentina a esta solución provisional. En cuanto a la
solución definitiva, desde luego compartimos sus afirmaciones y busquemos
las soluciones más adecuadas.




--SOBRE FECHA PREVISTA PARA EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL ARTICULO
TERCERO DEL DECRETO-LEY 7/1996, DE 7 DE JUNIO, RELATIVO AL FOMENTO DE LA
CONTRATACION INDEFINIDA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIMENO MARIN (GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA). (Número de expediente 181/000146.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada por don Fernando Gimeno Marín,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre fecha prevista para el
desarrollo reglamentario del artículo tercero del Decreto-Ley 7/1996, de
7 de junio, relativo al fomento de la contratación indefinida.

Tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor Pimentel, quería plantear el tema relativo a
la contratación indefinida. Por un lado, le diría que usted tiene la
ventaja en esta Cámara de no haber sido Diputado en la legislatura
anterior, donde habría escuchado las opiniones de compañeros de su
partido para saber lo que opinaban sobre este tipo de cuestiones, pero,
por otro, es evidente que conoce usted la realidad existente en este país
en relación con el tema de la contratación indefinida. Usted sabe, sin
duda, que el número de asalariados con contrato indefinido ha venido
descendiendo con algunos altibajos desde 1987. Sabrá que el descenso de
esa contratación indefinida fue sistemático desde 1990 hasta 1994 y que
esa tendencia descendente se quiebra a partir del cuarto trimestre de
1994, entre otros por un factor muy relevante, que fue la reforma laboral
que se introdujo, y también, por supuesto, por la mejora en la situación
económica que se venía produciendo; fundamentalmente, yo diría que la
reforma laboral introdujo una quiebra de esta tendencia y desde esa fecha
se ha incrementado



Página 1947



la contratación indefinida en nuestro país. Concretamente, según los
últimos datos que he barajado, a nivel trimestral, en cuanto a los
asalariados con contrato indefinido y a los contratos temporales, en
términos cuantitativos se ha producido un crecimiento en el segundo
trimestre en relación con el primero de 139.000 personas,
aproximadamente, con contratos indefinidos, y si lo comparamos con el
mismo trimestre del año anterior, tendríamos 316.000 contratos.

Sabe usted que el restablecimiento del carácter causal de la contratación
laboral ha dado lugar a este cambio de tendencia. Lo digo porque es
importante que se sepa que dicho restablecimiento ha dado lugar a que el
contrato temporal como fomento del empleo prácticamente desaparezca de
nuestra legislación actual, sin perjuicio de programas específicos que
ustedes en estos presupuestos vuelven a prorrogar, por lo que he leído
hasta ahora, para algunos sectores de la población en determinada
situación.

Sin ninguna duda, supongo que todos coincidimos --supongo que también el
Gobierno, por lo que vamos oyendo-- en que hay que reducir más la
temporalidad. Creo que ésa es la voluntad y usted sabe que en la reforma
laboral se introdujo un período transitorio, de 18 meses si mal no
recuerdo, que de alguna manera empezará a hacer sus efectos en un momento
determinado.

En relación con el tema de la contratación indefinida, también es muy
importante la claridad de las medidas y propuestas que se hacen al
conjunto de los ciudadanos, al conjunto de los empresarios
fundamentalmente, y también de los trabajadores, puesto que con esa
claridad se puede producir un fenómeno psicológico que ayude a mejorar
esa incentivación para que los contratos sean indefinidos; no se trata
sólo de un fenómeno psicológico, sino que, a veces, también hay que
incentivar económicamente y, sin lugar a dudas, tengo la impresión de que
ustedes han adoptado medidas en esa línea, o por lo menos el real decreto
a que se hace referencia en la pregunta que usted conoce lo plantea en
esos términos.

También hay un problema que me preocupa y es que se puedan producir
interferencias entre distintas medidas que afectan a la incentivación de
la contratación indefinida, pero, en cualquier caso, lo que nos gustaría
saber es si el Gobierno piensa aprobar algún reglamento para, en
desarrollo de esa ley, incentivar claramente que la aplicación de esa
medida que ustedes aprobaron por decreto-ley, que llegó al Parlamento y
se debatió en esta Cámara, tenga una realidad lo más fuerte posible, o
sea, que llegue al conjunto de los empresarios y de los trabajadores,
porque nos gustaría, aunque quizá no sea el momento y la pregunta no iba
formulada en esta línea, saber qué efectos produce ese tipo de medidas
respecto a la contratación indefinida, para concretar qué es imputable a
un tipo u otro de medidas. En cualquier caso la pregunta es la que usted
conoce y queríamos saber si se van a establecer disposiciones
reglamentarias sobre ese artículo de la ley que ustedes propusieron y que
fue aprobada en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles). Dentro del debate
global de apoyo al contrato indefinido y a la evolución del mismo,
coincido con su análisis cuantitativo. Efectivamente, los datos y las
tendencias de las que S. S. hablaba son las mismas que yo poseo y, por
tanto, no tengo nada más que añadir a su intervención.

Como la pregunta se ciñe al decreto-ley transformado en ley, toca nada
más que un aspecto muy específico, una parcela pequeña dentro del
conjunto de contratos indefinidos. Como usted sabe, este decreto-ley tuvo
marcado carácter económico. Desde luego, correspondería básicamente a
Economía y algo a Fomento en cuanto a liberalización de determinados
sectores. Nosotros, como área de Empleo, fuimos muy prudentes a la hora
de la introducción medidas, por varias causas. Básicamente, la primera es
por el respeto que tenemos al diálogo bipartito que se celebra entre
empresarios y sindicatos sobre negociación colectiva y mercado del
trabajo. El ministro ha dicho en numerosas ocasiones que tenemos el
compromiso de esperar a los frutos de este diálogo antes de actuar
unilateralmente en ningún aspecto que toque lo que es el mercado de
trabajo. Por tanto, nuestra base jurídica es la que existe, y tan sólo
como fomento puntual de cara a un colectivo muy específico, con unos
problemas de reinserción laboral muy grades, sobre el que ya se ha ido
actuando en el anterior Gobierno y vamos a seguir haciéndolo ahora y
también, ya lo anuncio, vamos a llevar a cabo alguna política activa
concreta, quisimos introducir en este decreto-ley, hoy ley, una pequeña
medida. El artículo 3 del decreto-ley establecía beneficios fiscales.

Corresponde al Ministerio de Economía lo que es la regulación del
beneficio fiscal. Nosotros inspiramos de alguna forma la introducción de
esta medida pero no la subvencionamos con fondos de Trabajo ni de Empleo,
sino que se trata de un beneficio fiscal, es decir, representa menos
ingresos para las arcas de Hacienda, menos pagos de impuestos por parte
de la empresa.

Estos beneficios fiscales tendían a la creación de empleo con la
finalidad de apoyar el empleo de las personas mayores de 45 años y ayudar
al relanzamiento de la economía, sobre todo en lo que afecta al
desarrollo de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que
aglutinan una gran parte del empleo de nuestro país. En concreto, la
medida, que afecta tanto al Impuesto sobre Sociedades como al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, consistía en una deducción de un
millón de pesetas para las sociedades y empresarios o profesionales que
contratasen por tiempo indefinido a trabajadores mayores de 45 años. Se
trata de una deducción fiscal que reviste características similares a la
prevista en relación con los trabajadores minusválidos en las últimas
leyes de presupuestos, deducciones que en ningún caso necesitaran
desarrollo de carácter reglamentario. Es decir, en principio, una vez
consultadas las fuentes jurídicas tanto de nuestro ministerio como del de
Economía y Hacienda, no hace falta para su entrada en vigor desarrollo
reglamentario alguno, entendiendo que en el artículo de referencia no se
contienen habilitaciones reglamentarias concretas ni tampoco conceptos
jurídicos indeterminados que hubieran hecho precisa la concreción
reglamentaria. Por tanto, no haciendo falta, no se va a realizar



Página 1948



ese desarrollo reglamentario, sin excluir que si el Ministerio de
Economía, que es el encargado de aplicar la medida, constatase la
conveniencia de hacerlo debido a que se advirtiese la existencia de
especiales facultades interpretativas, que al día de hoy no están
existiendo, se procedería a dictar las disposiciones reglamentarias
pertinentes al amparo de lo establecido en la disposición final primera
del Real Decreto-ley 7/1996. Al día de hoy entendemos que está en vigor y
no hace falta ese desarrollo reglamentario.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Agradezco su contestación al secretario general.

Ya veo que no quiere responsabilizarse mucho de la medida. Aunque es una
medida a iniciativa del Gobierno, me da la impresión de que el Ministerio
de Trabajo hubiera sido más partidario de haber esperado a llegar a
acuerdos con empresarios y centrales sindicales respecto a este tipo de
medidas. Me ha parecido entender de su intervención algo por el estilo y
no me extraña, porque, entre otras razones, usted ha intentado minimizar
el efecto de esa medida, pero le invito al secretario general y a los
expertos a que intenten delimitar cuál es su efecto sobre la creación de
empleo. ¿Por qué? Siempre es dudoso en todo este tipo de temas definir
cuál es el efecto real. Creo que esta medida ha generado confusión, por
un lado, porque puede producir efecto positivo pero también negativo,
porque la gente se pregunta cómo se aplica eso, cómo se hace, y entonces
esperan antes de contratar a trabajadores nuevos para ver si se pueden
beneficiar o no de determinado tipo de medidas.

Como usted dice, se proponía una bonificación fiscal y ustedes presentan
otras medidas de fomento del empleo que están en esta ley de
presupuestos, con lo cual hay un conjunto de normas que se ven afectadas,
aunque luego se establecen determinadas incompatibilidades en sus
aplicaciones, y se generan confusiones, y en este tipo de cuestiones creo
que cuanta mayor claridad, mucho mejor para que produzcan efecto. Tengo
dudas de que se pueda discernir cuál es el efecto real en estos momentos
sobre la creación de empleo de ese tipo de medidas, pero ya veremos.

Hacienda algún día nos lo podrá contar en base a las deducciones que en
el Impuesto sobre Sociedades hayan hecho las empresas. Lo que pasa es
que, tal y como está planteada, aunque usted establece la cautela de si
el Ministerio de Economía lo reglamentará o no --que parece que no--, a
mí lo que me parece es que va a ser muy difícil de controlar el fraude
sobre ese tipo de cuestión, muy difícil, tan difícil que tengo dudas, si
no se articula algo más, sobre que pueda controlarse ese efecto. En
cualquier caso, he escuchado su opinión. Veo que se separa un poco del
tema, puesto que es competencia del Ministerio de Economía, y le puedo
entender en esa parte.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles). No comprendo en
base a qué palabras mías el señor Gimeno presume que no estoy de acuerdo
con esas medidas, cuando lo estoy profundamente y creo que tendrá
puntualmente carácter específico. Supongo que siguiendo la misma base de
presunción que usted utiliza, yo podría deducir de su intervención que
usted no está de acuerdo con que incentivemos la contratación de mayores
de 45 años. Parece que, de alguna forma, siendo un colectivo
especialmente marginado y con dificultades de reinserción, usted no está
de acuerdo con las medidas que podamos tomar. Yo no quisiera seguir en
esta línea y estoy seguro que su único ánimo es conocer la técnica
jurídica y de aplicación.

Esta medida es muy parecida a la que se utilizó en la ley presupuestaria
de años anteriores para minusválidos. En aquel momento no tuvo desarrollo
reglamentario y se aplicó. Por tanto, entendemos que esta medida, con la
estructura jurídica que tiene, es suficiente. Realmente tenemos que
acostumbrarnos muchas veces --y es un objetivo de la sociedad-- a
simplificar lo que son normas y trámites. En ese sentido creo que
recogemos un interés común de unificación de todas las medidas como
veremos en el punto siguiente. En esa línea, si entendemos que la
estructura jurídica es suficiente, ¿para qué complicarlo desarrollándolo
mucho más?
Esta medida, efectivamente, todos somos conscientes que afecta a un
número determinado de trabajadores, y su objetivo cuantitativamente
sabemos que no es muy alto. Lo que pasa es que se va buscando una
finalidad cualitativa en función de la naturaleza de las personas
afectadas, y no pudiendo por menos que deducir que esa presunción de no
apoyo por su parte a esta medida simplemente va en el entorno, le quiero
decir que, aparte de esta regulación, que es de carácter fiscal, en
naturaleza de fomento de empleo y de política activa habrá una medida
específica para este colectivo.




--SOBRE EXPLICACION DE LAS MANIFESTACIONES DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA
REDUCCION DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION A TRES. FORMULADA POR EL
SEÑOR GIMENO MARIN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA). (Número de
expediente 181/000147.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta del orden del día,
formulada igualmente por don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista,
sobre explicación de las manifestaciones del Gobierno en cuanto a la
reducción de las modalidades de contratación a tres.

Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Que no tenga ninguna duda el Secretario General de
Empleo de que apoyamos las medidas de incentivación del empleo y, sin
ninguna duda, tendremos oportunidad de debatir mucho sobre estos temas.

Es más, me parece perfectamente positivo que el Gobierno actual siga
prorrogando medidas sobre fomento



Página 1949



del empleo que ya proceden, por lo menos, de hace dos años; también
coincidimos sobre este tipo de cuestiones. De todos modos, en el debate
de presupuestos también tendremos ocasión de discutir.

Vamos a la pregunta, señor Pimentel. Respecto al tema que se le plantea,
creo que su ministro y usted tienen suerte --aunque no sé si su ministro
le ha metido a usted en este lío-- de que al señor Barea no le dé por
opinar sobre temas de contratación. (Risas.) Perdone la broma, estamos
casi al final de la sesión y así nos distraemos un poco. Tengo la
sensación, por las declaraciones que se oyen provenientes del ministerio
sobre el tema de las modalidades de contratación, de que en algún lío sí
que le están metiendo a usted.

A estas alturas en que yo creo que todo el mundo defiende mayor
estabilidad y menos precarización en el empleo, me preocupa que se diga
que las modalidades de contratación se quieren reducir a tres. Doy por
supuesto que lo que he leído en los medios de comunicación es cierto y en
base a ese tipo de declaraciones le hago la pregunta. Si no es así, no
tendría tanto sentido esta pregunta. En cualquier caso es en los medios
de comunicación donde he leído cosas como que ya tienen ustedes un
borrador elaborado en su ministerio --supongo que lo tendrá usted--, de
cien folios por cierto, que permanece en la nevera hasta que se conozca
si hay avances en la mesa bilateral centrales sindicales-CEOE. Me parece
excesivo, pero eso es lo que he leído. En el mismo medio de comunicación
se decía que, por boca del ministro, sólo ha trascendido la reducción de
los contratos a indefinidos, temporales y de formación, con incentivos
especiales para fomentar los primeros. Supongo que coincidirá conmigo,
señor secretario general, en que, si eso es así, hemos descubierto el
Mediterráneo otra vez. Esto es más antiguo que la pana, esto es de la Ley
de Contrato de Trabajo de 1944 y podemos remontarnos hasta la historia
del movimiento obrero. Aún más, si leyéramos a los técnicos y a los
expertos en estas materias, podríamos reducir los contratos a dos: a
indefinidos y a temporales, porque hay quien entiende que los contratos
formativos son una especie de presituaciones en las cuales se define una
relación laboral de unas características más normales y ordinarias.

Si ustedes insisten en esa línea de decir que van a reducir los contratos
a tres, creo que es decir bien poco --supongo que lo conocerá, o si no,
en todo caso ahora empieza a conocerlo bastante bien--. No sé si eso
abarca todos los contratos y formas especiales de contratación que se
definen en el Estatuto de los Trabajadores en las distintas fases
--existen modalidades especiales: hasta para los deportistas tenemos
contratos específicos y diferenciados--. Supongo que no se refieren a
eso. Supongo que usted conoce que, hoy, como decíamos antes, los
contratos temporales ya son causales en nuestra legislación, porque hubo
unas medidas de fomento del empleo que se generalizaron durante bastante
tiempo y hoy ya no existe esa posibilidad. Y cuando usted o su ministro
dicen eso ¿están diciendo que van a quitar ustedes todas las modalidades
de contratos temporales que existen, actualmente causales? Creo que no
será así. ¿El contrato de obra o servicio determinado no va a existir?
¿El contrato de interinidad no va a existir? ¿El contrato de aprendizaje
no va a existir? ¿El contrato de formación o en prácticas no va a
existir? ¿El contrato a tiempo parcial no va a existir? ¿El contrato de
relevo no va a existir? Si ustedes lo que están haciendo es un árbol en
el que definen tres grandes grupos y luego saldrán las ramas, si nos
dicen qué es lo que piensan hacer, podremos discutirlo entre todos y creo
que llegaremos a conclusiones interesantes, porque sin ninguna duda el
tema es importante. Y lo es porque genera incertidumbres, y se genera
confusión cuando se dicen esas cosas, porque, cuando se habla de eso,
todo el mundo está pensando en su problema o, por lo menos, muchos
trabajadores, además con motivo. Y cuando están pensando en su problema
creo que hay que medir mucho las palabras que se dicen. Incluso en los
empresarios se puede generar confusión. ¿Van a quitar ustedes el contrato
de lanzamiento de nueva actividad como contrato temporal?
En fin, muchos ejemplos le pongo. Si quieren, traigan el debate a esta
Cámara. Si no, si siguen haciendo declaraciones, nos obligarán a traerlo
nosotros. En cualquier caso, coincidimos con ustedes en que si se pueden
poner de acuerdo los sindicatos con los empresarios, sería positivo.

Mientras, prudencia cuando se hable en público sobre estos temas.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor Gimeno, le
agradezco sus buenas palabras en cuanto a suerte y prudencia. Le deseo,
asimismo, que se aplique S. S. esta última porque representa a un partido
muy importante para España que tiene un gran grupo parlamentario, y que
ha constituido el Gobierno de España durante muchos años, con sus luces y
sus sombras, y, por tanto, esa prudencia le es debida a usted en sus
palabras y manifestaciones en el día de hoy.

Quien quiebra la causalidad continuamente entre las causas y los efectos
es usted, porque de las palabras del ministro en ningún caso se puede
deducir, a no ser que usted fuerce mucho las cosas y quiebre la
causalidad en este efecto también, que vamos a quitar los contratos de
obra y servicios. Es decir, no existe ninguna relación lógica o racional
que de esos antecedentes le lleve a sus conclusiones. Por tanto, creo que
de forma maniquea usted introduce elementos y no tiene razones fundadas
para ello. Además, en aras de esa prudencia, si usted con esas palabras
me está anunciando que va a traer una propuesta de reforma laboral,
tráigala. Estaremos encantados de estudiarla si quiere saltarse usted
también ese debate entre empresarios y sindicatos.

En esta dinámica de quiebra continua de la causalidad, introduce usted al
señor Barea, y tampoco logro comprender qué pinta este señor en todos
estos efectos y supongo que no es más que un botón más de esa técnica
parlamentaria de dispersión en la exposición.

Si su pregunta viene motivada, como deduzco del texto, de un interés
genérico sobre algo que conceptualmente el ministro apuntó, tendente a la
simplificación y clarificación, y, efectivamente, de sus palabras he
deducido



Página 1950



que hay un interés en ese sentido para que realmente nuestras normas sean
más transparentes y para que tanto empresarios como trabajadores no
tengan que recurrir a una casuística casi infinita, en estos términos y
en aras de esa simplificación, le informo que el ministro dijo que en
nuestra opinión el conjunto de normas laborales deberían ir a una
simplificación conceptual. Y, conceptualmente, enumeró lo que la gran
mayoría de trabajadores y empresarios entienden, en los tres ámbitos
laborales y contractuales a los que usted se refiere. Unicamente dijo eso
y no dijo nada más. No entró en tipos de contratos y únicamente habló de
ámbitos conceptuales de relación laboral, y lógicamente suscribo
íntegramente este principio y creo que lo suscribiría cualquier persona
con conocimiento profundo de estas materias, como supongo que es usted.

No se puede deducir ninguna otra materia.

Y no avanzamos porque estamos esperando el resultado de la mesa del
mercado de trabajo y de la otra mesa tan importante que es la de
negociación colectiva. Su Gobierno hizo una reforma laboral que en
algunos aspectos aún está pendiente de desarrollo y, básicamente, vía la
autonomía de las partes, por negociación colectiva. Nosotros, como
Gobierno, creemos que a la sociedad española le interesa tanto el
resultado y la evolución de la mesa del mercado de trabajo como la de
negociación colectiva, porque hay muchos elementos que consideramos
positivos que se podrían aplicar vía este acuerdo de negociación
colectiva.

No le voy a explicar nada, conceptualmente hablando, sobre el tipo de
contrato, porque, realmente, en la actitud consecuente, razonable y
responsable de este Gobierno de respeto a la autonomía sindical y
empresarial, esperaremos a que ellos presenten su propuesta, salvo que el
Grupo Socialista nos sorprenda y proponga en fechas próximas, como ha
parecido indicar, alguna modificación de la norma que desconocía hasta el
presente.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Sin ninguna duda me he explicado mal. Lo que pasa
es que en esta Cámara hay otros instrumentos que no son las proposiciones
de ley, señor Pimentel. Se pueden presentar interpelaciones y se pueden
celebrar debates sobre todo este tipo de cuestiones.

Ya le digo que compartimos que las negociaciones se articulen entre
empresarios y trabajadores, pero ustedes lanzan mensajes, y yo estoy
convencido de que de lo que se dice por parte del ministerio no es
posible que se puedan deducir algunas de las interrogantes que yo he
apuntado, pero le puedo asegurar que ésa es la impresión que las
afirmaciones que se están planteando les transmitan a algunos de los que
les transcriben en los medios de comunicación. Ya sé que ustedes hablan
conceptualmente. Me imagino que el ministro habla conceptualmente. Por
eso le digo que prudencia, quizá por la interpretación que les hacen, no
es por otra cuestión. Si ya sé que es imposible que todas las modalidades
de las contrataciones temporales no existan, pero le puedo asegurar que
cuando se dice en un medio de comunicación y se pone el titular de que se
van a reducir las modalidades de contratación a tres, hay quien se lo
cree, y es normal que piensen que es así, y entonces no están pensando en
los términos conceptuales en que ustedes se mueven. Cada uno está
pensando en su contrato de trabajo, y se generan situaciones complejas y
complicadas de explicar.

Desde ese punto de vista, por supuesto, sigan ustedes con las
negociaciones o las mesas con empresarios y con sindicatos, nosotros
estamos totalmente de acuerdo con ello, pero sí le digo que si quieren
introducir debates sobre estos temas en los medios de comunicación, me
parece muy bien, pero tráigalos también a la Cámara, que nosotros, al
margen de esas mesas, a nivel general y sin discutir textos concretos de
ninguna norma, estamos dispuestos a debatir. Si siguen hablando ustedes
para los medios de comunicación, no le quedará otro remedio al Grupo
Parlamentario Socialista que traer el debate a esta Cámara, no para que
termine en una ley, sino para clarificar todas las posiciones.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles). Unicamente quiero
manifestarle que, desde el profundo respeto que tiene este Gobierno por
el proceso de diálogo, debate y concertación y entendiendo que al igual
que el diálogo social y la concertación social debe desarrollarse en
mesas bipartitas o tripartitas y que el compromiso de adopción normativa
de acuerdo en mesa tripartita es una novedad importante, también este
Gobierno tiene el máximo respeto a lo que representa esta Cámara y a la
opinión de los grupos aquí representados. Por tanto, en el caso de que se
avanzara y se llegara a un acuerdo entre sindicatos y empresarios en esta
negociación, como S. S. sabe, el procedimiento normativo haría preciso
someter estos temas a un profundo debate en esta Cámara.

Le quiero decir que los temas laborales tocan profundamente no digo ya la
médula sino la piel del cuerpo social. Por tanto, las declaraciones de
prensa tienen una repercusión importante, pero también es necesario
lograr el máximo acuerdo en estos temas. Y si hemos manifestado, y
aprovecho la ocasión para decirlo, nuestra voluntad de acuerdo con
empresarios y sindicatos, porque si no no es posible poner en marcha
medidas, creo que sería del máximo interés que estos acuerdos también
tuvieran un contenido político; independientemente de puntuales mayorías
que se puedan sacar en esta Cámara, dado que son medidas que afectan al
cuerpo social, los diferentes partidos deberíamos acercar posturas,
entendiendo además que es una responsabilidad de Gobierno. Cuando usted
dice que hemos adoptado medidas que habían tomados ustedes antes, creo
que eso no es un demérito para el actual Gobierno; somos responsables, no
se trata partir de cero, se trata de recoger líneas de actuación y hemos
recogido bastantes que el Gobierno anterior había realizado; otras no nos
gustan y las hemos cambiado, igual que lo que parece que me recrimina
puntualmente. Yo sin embargo estoy orgulloso de haber recogido algunas
políticas



Página 1951



que hemos considerado acertadas, y en su momento lo dijimos y así lo
dijeron compañeros de partido --no compañeros de grupo parlamentario
porque no he estado en la Cámara antes--. Nosotros estamos muy orgullosos
de seguir con determinadas líneas y lo vamos a hacer sin que tengamos
para ello ningún complejo ni sensación de vergüenza. Y en esa misma
actitud de compromiso futuro, expreso nuestro compromiso obligado,
normativo, de traer esas medidas a debate aquí y además le quiero
manifestar personalmente a su grupo, por lo que son y por lo que
representan, que sería muy positivo un gran acuerdo en estos temas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel por su presencia y
sus respuestas. Igualmente, muchas gracias a las señoras y señores
Diputados por la prudencia en el uso de la palabra que nos ha dado
agilidad y, de esta manera, terminamos la sesión, que se levanta.




Era la una y cinco minutos de la tarde.




NOTA.El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política Social
y Empleo, del miércoles 9 de octubre de 1996, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.