CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 65



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA



Sesión núm. 8



celebrada el martes, 8 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Interior (Mayor Oreja), para dar
cuenta del resultado de la investigación sobre las circunstancias de la
muerte de los miembros de ETA Lasa y Zabala. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 213/000002.)



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, señor ministro,
comenzamos la sesión de comparecencia del señor Ministro de Interior,
solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y relacionada con las investigaciones relativas a la muerte de
los dos miembros de ETA señores Lasa y Zabala.

Si les parece a SS. SS., el orden de esta comparecencia sería el
siguiente. En primer lugar, intervendría el señor Ministro de Interior;
después tendrían lugar las intervenciones de los grupos empezando el
representante del grupo que ha solicitado la comparecencia, el Grupo de
Izquierda Unida, y luego, por el orden normal, intervendría el resto de
los grupos parlamentarios. El señor Ministro tiene libertad para
intervenir en contestación a los grupos bien por

Página 1398



separado o en su conjunto. Si se considerara oportuno, habría un segundo
turno, brevísimo, al cual contestaría el señor Ministro, y con él se
daría por terminada la comparecencia.

Por tanto, si les parece, y de acuerdo con el Reglamento, tiene la
palabra el señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, la razón de mi presencia hoy en esta Comisión es la de
informar a SS. SS. acerca del resultado de las investigaciones policiales
que se realizaron para el esclarecimiento de las muertes de José Antonio
Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano. Comenzaré, señorías, con un
breve relato de los hechos tal y como se produjeron.

La anterior Secretaria de Estado de Interior, doña Margarita Robles,
encargó en el mes de marzo de 1995 a una comisión mixta, compuesta por
miembros de la Policía y de la Guardia Civil, la investigación de los
hechos. Dicha comisión estaba dirigida por el comisario general de
Policía judicial, Enrique de Federico, y el general de la Guardia Civil
Francisco Fuentes. Esta comisión conjunta, es decir, formada por miembros
de la Policía y de la Guardia Civil, creada en el seno del Ministerio del
Interior, no llegó a resultados algunos. Esta comisión, quiero ponerlo de
manifiesto, constituye la única investigación fuera del ámbito judicial,
que es en definitiva donde se produce.

Estábamos hablando de marzo de 1995. Pues bien, ya en el mes de abril de
1995 se abre el sumario 15/1995, que trae causa de las diligencias
previas 168/1995, de enero de ese año. La Audiencia de Alicante se inhibe
de este asunto en favor de la Audiencia Nacional. En junio de 1995 el
juez Juan Carlos Bueren encarga una investigación por separado, en uso de
sus atribuciones, a la Policía y a la Guardia Civil; una vez concluidas
dichas investigaciones fueron remitidas directamente al juez, exactamente
en el mes de julio del mismo año.

En este relato cronológico de hechos, la Comisión GAL creada en el Senado
en noviembre de 1995 reclama a los mandos de la Policía y de la Guardia
Civil que habían participado en la investigación que declararan sobre el
asunto, pero no lo hicieron porque siguieron una recomendación del juez
de instrucción Juan Carlos Bueren en ese momento. En esa misma línea se
expresó en aquel momento el Director General de la Policía, Angel
Olivares, que, tras declarar en junio pasado ante el juez Gómez de Liaño,
manifestó que no existió una investigación paralela judicial y que todas
las pesquisas habían sido realizadas por orden de la autoridad judicial.

En este punto, antes de continuar con la sucesión de hechos, conviene
recordar, señorías, que las investigaciones que se produjeron por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se verificaron en el
ámbito de las competencias que éstos tienen atribuidas como Policía
judicial. La Policía judicial, no hace falta que se lo repita, tiene por
objeto, entre otras tareas, realizar las diligencias necesarias para
comprobar los delitos, descubrir a los delincuentes y recoger todos los
efectos, instrumentos o pruebas del delito, poniéndolos a disposición de
la autoridad judicial. Hemos de recordar que la Policía judicial depende
de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones
de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de los
delincuentes en los términos que la ley establece.

Por tanto, señorías, del resultado de las investigaciones verificadas por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuando en sus
funciones de Policía judicial no se dio cuenta al Ministerio del
Interior, y no se hizo además, señorías, siguiendo instrucciones de la
propia autoridad judicial que se encontraba instruyendo la causa conforme
al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La actuación en ese
sentido de la Secretaria de Estado de Interior fue impecable desde un
punto de vista jurídico, y en ese aspecto no tengo la menor duda que se
hizo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Por todo ello,
señorías, es preciso señalar que las actuaciones sobre las que se
solicita información en esta comparecencia se encuentran todas ellas
incorporadas al sumario 15/1995 antes citado, que al efecto se instruye
en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Fruto de esa investigación judicial, con una participación activa de la
Policía judicial, se obtienen resultados que ustedes yo creo que conocen,
que son de dominio público, y únicamente voy a enumerar algunos de ellos,
que corresponden al año 1996, desde el momento en que el Gobierno del
Partido Popular accede a esta responsabilidad.

Ustedes saben que el 20 de mayo de 1996 se procede a la detención de don
Enrique Dorado Villalobos y de don Felipe Manuel Bayo Leal por orden de
la autoridad judicial competente, y tras su presentación en la Audiencia
Nacional se ordena su ingreso en prisión, siendo trasladados a la cárcel
de Alcalá-Meco, donde continúan en la actualidad.

El 19 de junio del año 1996, tras acudir, previamente citado, al Juzgado
Central de Instrucción número 1 para prestar declaración como imputado,
el titular del mismo ordena el ingreso en prisión de don José Julián
Elorriaga Goyeneche, situación en la que continúa al día de la fecha.

Con posterioridad se decretó la prisión del teniente de la Guardia Civil
don Pedro Gómez Nieto y del general de la Guardia Civil don Enrique
Rodríguez Galindo, quien tras permanecer dos meses en prisión, quedó en
libertad provisional, y quiero decir que desde el mes de marzo del
presente año los encartados en el denominado caso Laso y Zabala son
también investigados como imputados por el Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional en el sumario ordinario por el
asesinato de don Ramón Oñaederra, por lo que las investigaciones llevan
un cierto paralelismo. En la actualidad, las investigaciones que se
realizan se encuentran totalmente supeditadas a las actuaciones de la
autoridad judicial, que en muchos casos se encauzan a través de
funcionarios destinados en la Policía judicial en la Audiencia Nacional.

Por eso, señoras y señores Diputados, nos encontramos ante una
investigación judicializada plena y absolutamente desde el mes de abril
de 1995, como ustedes habrán podido observar.

Como verdaderamente no quiero ser reiterativo, quiero recordar algunos de
los preceptos y de las normas que rigen



Página 1399



el régimen de publicidad de un proceso penal, regulados en los artículos
301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tales preceptos dibujan
un sistema en el que la fase instructora hasta que se abre el juicio oral
está presidida por el secreto de las actuaciones, sólo públicas para las
partes personadas, que podrán tomar conocimiento de las mismas e
intervenir en todo el desarrollo del procedimiento, con la posibilidad
excepcional de que el referido juez de instrucción, bien de oficio, a
propuesta del fiscal, o de cualquiera de las dos partes, pueda declararlo
total o parcialmente secreto para las partes personadas. Por tanto, el
sumario hasta el juicio oral sólo es público para las partes personadas y
secreto para quienes no lo son, en este caso el Gobierno.

Excepcionalmente, si recae la declaración del artículo 312, también será
secreto para las partes personadas, y quizás de este tema hoy tenemos una
referencia escrita de lo que puede significar un planteamiento de estas
características ante un proceso que sin duda ninguna nada tiene que ver
con el que hoy nos ocupa.

Pues bien, señorías, el Estado en su momento decidió no personarse como
parte de este procedimiento y, por tanto, y siguiendo con los argumentos
señalados en la citada instrucción, haya o no haya auto declaratorio del
secreto para las partes personadas, el sumario frente a los que no son
parte en el proceso está afectado por el secreto que se proclama en el
artículo 301 de la Ley de Ejuiciamiento Criminal. Nosotros consideramos,
desde un punto de vista estrictamente legal, al margen de cualquier
consideración política, que la situación en ese sentido resulta
inapelable. Así, la obligación de secreto afecta al Estado y por ello al
Ministerio de Interior como órgano del Estado, que no puede
transgredirlo, además de que no lo conoce, porque les reitero que las
informaciones fruto de las investigaciones de la Policía judicial fueron
remitidas directamente al juez. Aunque parcialmente en este procedimiento
haya sido levantado el secreto del sumario para las dos partes, ello sólo
afecta al conocimiento de determinadas actuaciones por las mismas y en
modo alguno autoriza a revelar alguna cuestión que afecta a la
investigación sumarial a quienes no lo son.

En definitiva, por todo ello --y termino--, conviene hacer dos
consideraciones finales a efectos de la explicación de la comparecencia
en el día de hoy. En primer lugar, evidentemente el Gobierno está
obligado a comparecer en el Parlamento a requerimiento del mismo, como no
podía ser de otra forma, además de que muestra su satisfacción por
hacerlo, en un esfuerzo de colaboración y de máximo respeto con esta
institución, de modo y manera que cada día pongamos más claramente de
manifiesto esa lealtad constitucional entre los poderes públicos. En ese
sentido felicito la iniciativa de Izquierda Unida de solicitar la
comparecencia del Ministro de Interior que hoy tiene lugar. En segundo
lugar, el deber de colaboración sólo puede tener un sentido jurídico si
se ejercita dentro de lo que el ordenamiento establece y, por tanto, con
un respeto a las potestades de los diferentes poderes públicos.

Si bien el Gobierno tiene la obligación y la satisfacción de comparecer
ante el Parlamento, no podrá informar, como ustedes comprenderán, de
aquellas actuaciones incluidas o amparadas por el secreto sumarial, como
es el caso de las investigaciones policiales que se siguen en el caso
Lasa y Zabala. Y para el Gobierno lo importante y lo relevante es que,
además, de esas investigaciones policiales, se están obteniendo
resultados. No se trata de una investigación judicial que no esté dando
resultados; se están obteniendo resultados y está dando frutos, de modo y
manera que también quiero poner de manifiesto que sin duda ninguna la
actuación de la Policía judicial al servicio del juzgado de instrucción
está siendo en ese sentido ejemplar y no ha habido ningún problema,
ninguna queja, ninguna dificultad en ese orden, y lo quiero señalar por
lo que viene a significar una confirmación de la profesionalidad de unos
miembros de la Policía que en estos momentos desarrollan funciones de
Policía judicial.

El procedimiento sumarial, señorías, continúa abierto y, por tanto, el
carácter secreto del mismo tiene en la actualidad todo su valor y
vigencia hasta que se produzca la apertura del juicio oral. La publicidad
absoluta con fundamento constitucional sólo rige a partir de la apertura
del juicio oral y, en ese sentido, si algún grupo quiere replantear esa
nueva fase del proceso, no tendré ningún inconveniente, en función de lo
que puede significar ya una autorización judicial concreta y determinada,
en detallar todo lo que en ese instante yo pueda dar a conocer, en el
supuesto de que en un momento determinado el juez lo autorizase y en el
supuesto de que pudiésemos obtener de una manera legal lo que vienen a
ser las investigaciones de los dos cuerpos que, insisto, han sido
remitidas en su momento directamente al juez.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 31 de enero de 1981,
establece a este respecto que la regulación legal del secreto sumarial no
se interpone como un límite frente a la libertad de información, sino más
amplia y genéricamente como un impedimento al conocimiento por cualquiera
de las actuaciones seguidas en esta etapa del procedimiento penal. No hay
que olvidar, señorías, que el fundamento del secreto sumarial se
encuentra en la importancia del sumario, ya que la más mínima
indiscreción --y evidentemente al margen de que algunos lo puedan hacer,
no lo va a hacer el Gobierno-- podría malograr el completo
esclarecimiento del hecho por el que se procede.

Señorías, éste ha sido el comportamiento del Gobierno; éste ha sido el
comportamiento del Ministerio de Interior, en colaboración estricta y
permanente con el Poder Judicial a través de la Policía judicial y ésta
ha sido la explicación con la que quiero responder a la petición de
comparecencia del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, voy a dar la palabra al portavoz
del grupo parlamentario que solicitó la comparecencia.

Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor ministro, por esta
comparecencia y por la felicitación a nuestro grupo por haberla
solicitado, lo que nos ha permitido a todos escuchar de primera mano la
información que obra



Página 1400



en poder del Ministerio de Interior en relación con la detención ilegal,
tortura y asesinato de Lasa y Zabala.

Nos temíamos, efectivamente, que no se llegara a resultado alguno en la
investigación que se realizó desde el propio Ministerio de Interior en
marzo de 1995 por parte del comisario señor De Federico y del general
Fuentes, de la Guardia Civil. Digo que nos temíamos que no hubiera
resultado alguno en cuanto a esa investigación porque efectivamente
detrás del caso de Lasa y Zabala asoma simplemente la punta de un
iceberg, de toda una trama organizada y financiada desde la propia
Administración, con complicidades al más alto nivel, con un servicio de
información cómplice de ese silencio. Por tanto, dada la envergadura del
caso ante el que estamos, que simplemente es esa punta de iceberg y que
constituye claramente un caso tipificado como terrorismo de Estado, con
la dimensión y el alcance preciso de sus víctimas y de los verdugos,
lógicamente habría sido muy difícil que desde el propio ministerio
hubiese habido algún resultado claro de investigación; por tanto, no nos
sorprende. Nos felicitamos de que por parte de la Policía judicial, del
Poder Judicial, tengamos ya un avance importante en cuanto a la
investigación, en cuanto a depuración de responsabilidades penales, y,
efectivamente, desde ese punto de vista nos contragulamos.

Lógicamente, dada la dimensión de este caso, convendría hacer algunas
reflexiones importantes. En primer lugar, estamos ante la evidencia de
intentar resolver el fenómeno terrorista de ETA con sus mismos medios: la
tortura, la detención ilegal, el asesinato, y de que los gobiernos que
consienten por acción u omisión estos fenómenos no merecen la
calificación de democráticos. Esa es una primera consideración importante
que está detrás de este caso. Tenemos en estos momentos en prisión
preventiva a los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe
Bayo Leal; al ex gobernador civil Julen Elgorriaga, además de los
procesos del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, del
teniente Pedro Gómez Nieto, del abogado Jorge Argote y del ex secretario
de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Estamos hablando de detención
ilegal, de tortura y de asesinato, hechos espeluznantes que no pueden
quedar impunes por la sola voluntad de un poder del Estado, como así lo
ha manifestado en el auto recientemente la Audiencia Nacional. Estamos
ante crímenes horribles, organizados y dirigidos desde el propio
Ministerio de Interior. A esta causa hay que acompañar otras (instruidas
a generales, ex gobernadores, secretarios de Estado y, por tanto, no
podemos minimizar estos hechos, ni pasar página, ni decir que es fin de
la transición, como de alguna manera se intenta plantear ante la opinión
pública por voces bastante autorizadas.

En primer lugar, hay que considerar que en España ya hemos pasado página
una vez y fue cuando decidimos aprobar una Constitución, sin señalar
responsabilidades de los torturadores, de los que nos perseguían, de los
que encarcelaban, y se decidió de una manera solemne y democrática pasar
página, con una sola condición: que nunca más la tortura, la detención
ilegal o el asesinato quedaran impunes. Pues bien, creo que éste es un
principio que tiene que prevalecer. No se puede deslizar nadie planteando
que la transición termina con la llegada del Presidente de Gobierno,
señor Aznar, al poder. Nadie se puede situar en la rampa de intentar
justificar ni minimizar este hecho. Este es un hecho gravísimo que no se
puede volver a repetir y los propios poderes del Estado tienen que tener
la capacidad, una vez que aparece, de perseguirlo y de resolver todas las
responsabilidades políticas y penales a que hubiera lugar. Por tanto,
quien se sitúa en la pendiente de justificar los GAL, de relativizarlos,
de dividir a los terroristas en buenos o malos, se sitúa en la pendiente
que conduce al totalitarismo, con claridad, con nitidez. Sólo los Estados
totalitarios relativizan o justifican el terrorismo organizado desde el
propio Estado. En este sentido las últimas declaraciones del señor Fraga
no solamente son escandalosas por el propio hecho de haberlas realizado,
sino que merecerían la actuación del Ministerio Fiscal para que actuara
por si fueran constitutivas del delito de apología del terrorismo. Yo
creo que es impresentable, desde el punto de vista de la conciencia
democrática, y que ninguna autoridad, ningún ciudadano puede hacer
apología del terrorismo. En definitiva, hasta ahora la democracia
española está sucia, está manchada y hay que limpiarla, y solamente se
van a poder limpiar cuando se depuren hasta el final, caiga quien caiga,
todas las responsabilidades penales y políticas, y subrayo, lógicamente,
por el foro en el que estamos, las políticas.

Respecto de este punto me interesaría intentar coordinar un poco más la
posición de su Gobierno en relación a la línea de investigación y de
auxilio a la justicia que se debe mantener hasta el final para el pleno
esclarecimiento de los hechos. Como usted conoce mejor que yo, en la
campaña electoral ustedes se comprometieron a intentar llegar hasta el
final, a auxiliar a la justicia en toda la trama del GAL, a desclasificar
los papeles referidos al caso GAL, etcétera, pero el Consejo de Ministros
del 2 de agosto echa por tierra esa promesa electoral y a partir de esa
fecha asistimos a una situación un tanto irregular, porque, por un lado,
se opta por la no desclasificaicón, pero, por otro, el Vicepresidente del
Gobierno señor Alvarez Cascos hace declaraciones tajantes planteando que
el GAL fue un terrorismo de bodeguilla, organizado por el propio Felipe
González. Es una contradicción que hay que resolver de alguna manera. Nos
interesaría conocer si usted puede confirmar como Ministro de Interior,
con la información de que usted dispone al día de hoy, las afirmaciones
del señor Vicepresidente del Gobierno, porque si es verdad que el señor
Alvarez Cascos, con la información de que dispone por el cargo que ocupa,
ha llegado a esa conclusión, tiene que ser dada a conocer a la autoridad
judicial más próxima y desde luego no se compadece con la posición del
Gobierno de no desclasificar los papeles del Cesid.

Por consiguiente, señor Ministro, con el caso de Lasa y Zabala no estamos
ante un asesinato aislado, estamos ante una trama perfectamente
organizada y esa trama la tuvo que consentir alguien. Usted plantea que
desde el mes de marzo en el propio ministerio no se pudieron concluir las
investigaciones y, por el contrario, continuaron en el ámbito judicial,
lo que no nos sorprende porque dado el alcance



Página 1401



de esa trama, hubiese sido muy complicado y difícil que ningún miembro
perteneciente al Ministerio de Interior hubiese llegado a alguna
conclusión.

Nos preocupa en todo este proceso que los servicios de información, desde
que comienza el GAL hasta el final, no detectasen esa actividad y no
evitasen de raíz la aparición de un fenómeno terrorista dentro del
apartado del Estado, sobre todo cuando uno de los encarcelados --el señor
Bayo-- fue investigado por el Cesid en 1980 --un año antes del
secuestro--, llegando a la conclusión de que el señor Bayo formaba parte
de grupos paramilitares. Por lo tanto, nosotros tenemos la plena certeza
de que los servicios de información sí sabían --porque eran cómplices--
de la trama del GAL, y esto lo podemos afirmar con rotundidad.

Respecto a la coordinación de la investigación por parte de la Guardia
Civil y de la Policía judicial, nos tememos que una de las causas por la
que no pudieron llegar a ninguna conclusión fue porque se encontraron con
bastantes trabas, tanto el general Fuentes como el comisario señor De
Federico, las trabas lógicas de personas que entienden que están ante una
gran operación que trasciende de una detención ilegal, tortura y
asesinato, y porque los propios servicios de inteligencia del Estado se
negaban a facilitar la información suficiente para llegar hasta el final.

Señor Ministro, nosotros creemos que a partir de este hecho no se trata
de justificar sino de plantear con claridad que el Estado tiene que
luchar frente al terrorismo de ETA con la legalidad y con la Constitución
en la mano, que lo contrario significa dar alas a los violentos de ETA y
que no podemos entrar en argumentos peregrinos, como el que ha realizado
el señor Aznar, para justificar la no desclasificación de los papeles del
Cesid. El señor Aznar decía textualmente que no ha llegado al Gobierno
para perseguir a nadie; que no quiere un ajuste de cuentas al estilo del
Oeste; que no desclasificar los papeles del Cesid es un servicio al país
y a la democracia. Lógicamente esas declaraciones son sorprendentes.

Ahora nos enteramos de que la justicia es venganza o represalia y que los
jueces son, por tanto, verdugos. ¿Es que el sometimiento del poder al
Derecho es un ajuste de cuentas propio de matones y pistoleros? Yo creo
que es todo lo contrario. De lo que se trata aquí es de auxiliar a la
justicia hasta el final, esté encausado quien esté, caiga quien caiga, y
de esa manera intentar que prevalezca el Derecho y la Constitución frente
a aquellos que han intentado usar las mismas armas que ETA --la tortura y
la detención ilegal-- para luchar contra ese fenómeno terrorista.

Finalmente, señor ministro, queríamos plantearle algunas preguntas que
convendría aclarar, una vez que ya se ha puesto de manifiesto que la
investigación por parte de los señores De Federico y Fuentes no llegó a
ninguna conclusión. Quisiéramos saber si es cierto que el comisario de
Alicante que hasta el final mantuvo una posición firme en cuanto a la
investigación de los restos de Lasa y Zabala tuvo algún impedimento por
parte del ministerio, si hay constancia de ello, y también que aclare
--en la medida de sus posibilidades-- si existe información al respecto
de que en algún momento los servicios de inteligencia advirtieran al
Ministerio de Interior --si hay alguna constancia por escrito-- de que en
su tiempo se estaba organizando esta trama criminal y terrorista del GAL.

Señor Ministro, si somos capaces de hacer una declaración rotunda y
democrática, en el sentido de que nunca más, desde dentro del Estado se
va a permitir la financiación y la organización de grupos como el que nos
ocupa, creo que junto con la línea de investigación judicial abierta,
podríamos concluir deseando que de una vez por todas consigamos que esta
mancha que ensucia la democracia y la sociedad española se limpie para
siempre.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la
señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Agradezco al señor ministro la
información que nos ha facilitado, poca, porque, al parecer, no se lo
permite la legalidad vigente, en base a determinados artículos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y a la propia doctrina del Tribunal
Constitucional.

En esta intervención podría haber dos partes. La primera parte sería
general y reflexiva respecto del conjunto de lo que han sido los GAL y lo
que ha sido el terrorismo de Estado, aunque haya algunos que digan que no
ha habido terrorismo de Estado. Yo creo que cuando ha habido terror,
cuando ha habido horror --y en los crímenes de Lasa y Zabala nadie podrá
negar que ha habido horror, ha habido terror y ha habido crimen-- y
cuando estos grupos han sido organizados, fundados o pensados por
miembros o personas que al parecer tenían una relación de dependencia del
Estado, la definición es terrorismo de Estado. Por supuesto no se trata
de incidentes, por supuesto es algo absolutamente ilegal y perseguible, y
ante el asesinato de cualquier persona, sea la que sea, quienes lo hayan
realizado, organizado o planeado tienen que responder de igual manera
ante la ley. Vayan estas afirmaciones como una reflexión general en la
que no me voy a extender, porque desde Eusko Alkartasuna lo hemos puesto
de manifiesto en muchas ocasiones. En futuras comparecencias que ya hemos
solicitado del señor Alvarez Cascos formularemos preguntas respecto de
por qué hace las afirmaciones que hace y sobre qué valoraciones. Dicho
todo lo anterior, el sumario de Lasa y Zabala se engloba --y me estoy
refiriendo al marco general-- en la famosa guerra sucia, trama GAL y, a
nuestro entender, terrorismo de Estado.

Tenía perfectamente claro que el señor ministro no iba a poder responder
a determinadas cuestiones concretas de esta investigación, por ser un
tema sub iudice, y por eso no voy a entrar en los asuntos que están
siendo juzgados o por lo menos instruidos en este momento por parte de la
Audiencia Nacional. Sí voy a entrar en las cuestiones políticas que
entiendo que el ministro puede o debe responder.

Primero, en el mes de marzo de 1995, en concreto creo que fue el día 22,
el Ministro de Justicia e Interior en aquel momento envía un comunicado a
la prensa en el que dice que ha ordenado que se inicie una investigación.

Hasta el mes de abril de 1995 hay un mes en el que dicha investigación
depende del Ministerio de Interior. Me gustaría saber



Página 1402



si es cierto o no que los señores Fuentes y De Federico tuvieron
dificultades en conseguir la colaboración de determinadas personas o
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Segundo, si en
concreto tuvieron dificultades de colaboración por parte de determinadas
personas pertenecientes al cuartel de Intxaurrondo. Tercero, si durante
ese mes --ya no le hablo de cuando pasaron a hacer una investigación; se
lo pregunto a usted porque es el Ministro de Interior y me imagino que
tendrá acceso a los archivos o quedará constancia por escrito, pues es de
suponer que en todos los ministerios las actuaciones de los ministros,
secretarios de Estado, etcétera, se registren o al menos así lo espero--,
esa colaboración se dio por parte de personas que hoy están acusadas o
incluso han estado en la cárcel y qué parte del resultado de la
investigación, durante ese mes, se basó en esas informaciones. Cuarto,
qué ha ocurrido con los señores De Federico y Fuentes. Quinto, en
relación con las responsabilidades del Ministerio de Interior, por qué se
concedieron determinadas indemnizaciones o prebendas a personas como los
señores Bayo y Dorado Villalobos, que hoy se encuentran en la cárcel,
teniendo un currículum desde luego nada elogiable, porque ya estaban
condenados por delitos comunes.

En sexto lugar, me gustaría preguntarle sobre una cuestión que me ha
dejado muy sorprendida. ¿Por qué el Estado, como dice usted, ha decidido
no personarse en ese sumario? Yo entiendo que el Estado o el Gobierno
--usted ha dicho el Estado-- tiene tanto interés como cualquier ciudadano
en clarificar y en esclarecer cuáles son las responsabilidades que le
afectan. En este caso, yo entiendo que tendría que tener más interés en
esclarecer, y por eso en personarse, un asunto en el cual están siendo
imputadas y acusadas personas que han dependido del propio Gobierno. Como
ésta sí que es una cuestión política, me gustaría que nos explicara
cuáles son las razones que el Gobierno tiene para no personarse en ese
sumario.

En séptimo lugar, dos cuestiones muy concretas. Como sabe perfectamente,
la justicia tiene su papel, pero todos tenemos que auxiliarla, según el
artículo 118 de la Constitución. Es también responsabilidad política --y
no es un tema sub iudice-- determinar si el Gobierno va a auxiliar o no a
la justicia. En ese sentido, me gustaría saber su opinión respecto de la
decisión adoptada por el Gobierno el 2 de agosto de no desclasificar los
papeles del Cesid y su opinión respecto de lo que van a hacer si el
Tribunal Supremo se lo pide. Y, por último, quisiera saber qué harían
ustedes si se pidiese otra serie de documentos por parte de determinados
jueces de la Audiencia Nacional que sean clasificados como secretos, pero
que pudieran ser vitales para el sumario Lasa y Zabala.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Uría
Echevarría tiene la palabra.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor ministro, vaya por delante mi convicción
de que la investigación en sede administrativa de los hechos a los que se
refiere la comparecencia es anterior a su entrada en el ministerio.

Coincido con usted en sus apreciaciones sobre el secreto sumarial, pero
convendrá conmigo en la ridícula situación a que se ha llegado en este
país para quienes respetamos las leyes procesales y creemos en la
necesidad de sus principios como garantía. No es posible revelar algo
que, sin embargo, por goteo o en fascículos e incluso anunciado, ha
aparecido en determinados medios de comunicación con proliferación de
detalles. Sí me hubiera gustado oírle alguna referencia a si en el
ministerio se abrió o no expediente disciplinario, que hubiera debido
obviamente paralizarse, a la espera del resultado de las diligencias
penales, pero a ello obligaría la Ley Orgánica 11/1991, de régimen
disciplinario de la Guardia Civil, cuyo artículo 9.2 contempla como
infracciones muy graves este tipo de conductas. Igualmente, quisiera
saber si se ha adoptado algún tipo de medidas cautelares administrativas,
puesto que las penales son de público conocimiento, a las que también da
base legal el artículo 17 de la ley orgánica a la que me he referido.

También quisiera que me informara sobre si se ha considerado en algún
momento la conveniencia de reunir al Consejo Superior de la Guardia
Civil, conforme a lo que establece el artículo 3 c) del Real Decreto
854/1993, dada la gravedad que tienen los hechos que se han ido
descubriendo, aunque sólo sea, de momento, de manera presunta, para la
honorabilidad o el repeto del cuerpo.

Pasaré a hablar del GAL, de cuya existencia ya nadie duda. Hemos leído en
la prensa, días pasados, un debate sobre si es correcto hablar de
terrorismo de Estado. Algunas precisiones son, desde el punto de vista de
mi partido, aterradoras en sí mismas. Desecharé sus manifestaciones más
burdas --no citaré a sus anteriores-- y me quedaré sólo con si estamos
ante un Estado terrorista o ante comportamientos ilegales de los aparatos
del poder. Quizás esta segunda opción es más perniciosa, por perpretrarse
oculta bajo la cobertura institucional y de principios de un Estado que
formalmente es democrático y de Derecho. En todo caso, me apunto al
concepto que maneja el profesor Tusell, para que no se me tache de
ignorante, puesto que ha habido mucho pontífice en este debate, de que
por terrorismo de Estado ha de entenderse la actuación al margen de la
ley de funcionarios policiales en redes organizadas y con uso de dinero
público, bajo el mando de una cúspide decisoria, cuya identidad no se
conoce todavía completamente.

Este es el caso. A estas alturas no es posible sostener que Dorado, Bayo
y tantos otros actuaban por sí y ante sí. Existió en los aparatos del
Estado un concierto de voluntades para combatir a ETA con los métodos
propios de una cuadrilla de matones. Se me dirá que por qué el empeño de
mi partido en llegar hasta el final en este asunto, en que se investiguen
todas y cada una de las acciones de las que se vaya teniendo noticia, con
petición incluso de comisiones de investigación. Aclaro que ni ahora con
un Gobierno del Partido Popular ni antes en la etapa del Partido
Socialista esta pretensión ha tenido como finalidad socavar las
instituciones o el desgaste por el desgaste, aun en los difíciles tiempos
preelectorales.

La respuesta que le voy a dar aparece, a mi juicio, excelentemente
recogida en el artículo del profesor Tomás y Valiente publicado el triste
día siguiente de su asesinato,



Página 1403



el 15 de febrero, y que se titulaba «Razones y tentaciones de Estado». La
primera tentación contra el Estado que apunta es precisamente el olvido
por parte de éste de la legitimidad y de sus límites; es decir, la
utilización del poder para, luchando contra los terroristas, emplear sus
mismos métodos, sus crímenes. Es la mala razón de Estado --sigue el
profesor-- y hay que perseguir a quienes hayan caído en ella. Coincido
con él también en otra afirmación que hace más adelante en este mismo
artículo, y es la de que en estos casos el silencio es deshonesto, el
olvido es culpable.

Se habla de puntos finales y de mirada al futuro. Desde nuestro punto de
vista, es irrenunciable saber lo que pasó, porque entendemos que es la
única garantía de que no va a ser posible que se repita en el futuro. El
consenso del que se habla sólo podrá estar basado en el conocimiento de
la verdad y no en la manipulación de las emociones agraviadas.

Me resta referirme a otra cuestión, ésta sí atinente al Gobierno actual,
aunque proviene también de la etapa anterior, y es la que hace referencia
a la declaración de secreto de lo que convencionalmente se ha dado en
llamar los papeles del Cesid.

Se habla desde su Gobierno de mirar al futuro y de dejar actuar a los
jueces, pero se olvidan las no facilidades que se han dado a los jueces
para que puedan demostrar lo que ya es evidente e incluso esto se
presenta como una decidida voluntad de no interferir en la lógica
judicial, cuando en realidad se está impidiendo o se están poniendo
trabas a la labor de jueces y fiscales. Muchas cosas se han dicho ya
desde mi partido en contra de la decisión que se adoptó durante el mes de
agosto de mantener la calificación de secreto y no voy ahora a
repetirlas. Sí manifestaré mi fe, mi esperanza, sería mejor decir, en que
la Sala de lo Contendioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva
los recursos presentados contra esta decisión del Gobierno, recursos ya
admitidos a trámite, en el sentido de entender que el concepto de secreto
de Estado no es formal, no puede serlo, sino que sólo debe amparar a lo
que materialmente afecte a la seguridad del Estado, y entre lo solicitado
por los jueces en este caso, según los listados que todos conocemos por
la prensa, no parece que haya nada que pueda afectar a la seguridad
exterior ni interior de España. Cuando se habla de si en la casa de Lucía
Urigoitia, por poner un ejemplo, hubo manipulación de las pruebas se me
hace difícil entender qué seguridad exterior o interior de España pueda
estar en juego.

Voy a concluir, señor Ministro, con una imagen recientemente aparecida en
la prensa y que me impresionó, es una viñeta del dibujante Máximo,
siempre genial diagnóstico de la realidad, y que la dedicaba al GAL: onda
expansiva. Citaba hasta quince puntos y me voy a fijar en el último.

Decía que el GAL ensombrecerá a una democracia que merecía y aún merece
ser diáfana tras una dictadura opaca.

Señor ministro, si me acepta un consejo, haga cuanto pueda y esté en su
mano para alumbrar las sombras en todo este asunto también en sede
judicial.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Guardans i Cambó.




El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Ministro, voy a ser breve. De entrada,
le agradezco la explicación y el hecho mismo de su comparecencia aquí. En
nombre de mi grupo, le diré que nosotros entendemos perfectamente el tono
que ha tenido su intervención, es decir, creo que no se entendería que a
través de comparecencias de autoridades administrativas o gubernativas en
este caso que tienen información vía policial se revelara información
contenida en sumarios judiciales declarados secretos. Sería una vía
triangular que nada tiene que ver con nuestro actual sistema judicial y
legislativo en general. Por tanto, nos parece perfectamente correcto que
la respuesta a una petición de información de este estilo sea remitirse
al carácter de secreto que tiene el sumario y, por consiguiente, atenerse
a las consecuencias que de tal secreto se derivan. En este sentido,
querría dejar constancia que consideramos lamentable que en este país ese
secreto sumarial no se aplique a determinados medios de comunicación.

Este país necesita, y en su caso incluso legislativamente, una mayor
protección, mucho más estricta del secreto sumarial, porque,
efectivamente, lo que es contradictorio y provoca perplejidad en los
ciudadanos es que lo que es secreto sumarial y, por tanto, impide la
explicación pública o política, como la que se puede pedir en este foro,
sin embargo vaya siendo revelado con cuentagotas, y a veces respondiendo
a intereses que no acabamos de conocer, en determinados medios de
información. Eso nos parece tremendamente dañino, perjudicial para todos,
contraproducente, y todo lo que se haga gubernativamente o, sobre todo,
legislativamente para reforzar el secreto del sumario en los casos en que
los jueces así lo hayan dictaminado nos parecerá absolutamente oportuno y
será bienvenido por nuestra parte.

En todo este tema nosotros lo que hacemos es proclamar, y lo hemos hecho
muchas veces, la necesidad de combinar dos principios o dos dimensiones
que tienen el problema que estamos tratando aquí. El primer principio es
la evidente necesidad de defender el Estado de Derecho sin ambages, sin
matices, sin límites, sin disquisiciones terminológicas que oculten otras
intenciones y, por tanto, proclamando la necesidad de que al terrorismo
sólo se le combate mediante Estados legales, que estamos en un Estado de
Derecho y que, por tanto, cualquier método ilegal, cualquier método al
margen de la ley o al filo de la ley por parte de fuera, como en algún
caso ha declarado alguien, para luchar contra el terrorismo será
duramente condenado, debe ser duramente condenado por todos, por otro
lado, en este caso concreto del que estamos hablando, no podemos tratar
estos crímenes que están siendo investigados como si se tratara de un
hurto, como si se tratara de un crimen menor, en absoluto, y me remito al
contenido de uno de los autores de la Audiencia Nacional, en el que se
describe con mucha crudeza y con varios adjetivos, que evidentemente
suscribimos, la gravedad de los hechos que tenemos entre manos aquí.




Página 1404



Ahora bien, esta dimensión del problema, que no se puede silenciar, que
no matizamos en absoluto, debe ser perfectamente combinada con otra
complementaria, que es la plena confianza en la justicia, la plena
confianza en que estamos en un Estado de Derecho y, por tanto, la clara
necesidad de remitir este tema a lo que es su foro y su ámbito concreto
no de debate, sino de investigación y de solución del problema, que es el
ámbito judicial. Ese es exclusivamente el foro en el que ese tema debe
ser resuelto, debe ser tratado y debe ser finalmente solucionado,
aplicando las penas correspondientes a los responsables que hayan sido
inculpados después de una determinada investigación. Por tanto, todo lo
que se haga por sacar este tema del debate político evidentemente tiene
no sólo nuestro empeño sino nuestro máximo ánimo, evitando --lo hemos
dicho en público y no me importa volverlo a decir en este momento-- y
criticando duramente cualquier declaración pública que intente enturbiar
este tema y volver a poner en el contexto de lo político algo que nunca
debió entrar en él o que, por lo menos, desde las elecciones del 3 de
marzo, debiera haber salido absolutamente del marco político. Fuera
acusaciones gratuitas, fuera afirmaciones que no se pueden fundamentar, y
si alguien las pudiera fundamentar sabe bien en qué foro debe hacerlo;
fuera determinadas declaraciones que crispen inútil y estérilmente la
vida pública y, en su conjunto, la vida social. Este tema de la lucha
ilegal contra el terrorismo, terrorismo de Estado en el caso de que así
lo acaben dictaminando los jueces, debe ser resuelto en vía judicial, y
criticamos, insisto, y no me importa decirlo otra vez más, cualquier
intervención que pretenda reconducir o volver a traer este tema como si
fuera un problema político, que no lo es, o, en todo caso, ya no lo es.

Para terminar, lo único que nos queda es apoyar absolutamente al
Ministerio de Interior en su respuesta, en su remisión del problema al
ámbito judicial, y, evidentemente, animarle a que, en la medida en que
esté en su mano en lo que supone de aportación de medios policiales a la
investigación, que colabore, como estamos seguros de que está haciendo,
en todo lo que esté a su alcance a esa investigación judicial que se está
llevando a cabo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Señor Ministro, yo me voy a concretar
exclusivamente en el objeto de la comparecencia y, por tanto, a Lasa y
Zabala, y no voy a entrar en otra serie de temas que se han anunciado,
que podrán tener otro momento y otro trámite parlamentario.

Quiero mostrar mi acuerdo con su intervención, señor Ministro, salvo en
una expresión que ha facilitado un error, supongo que involuntario, de
otros grupos parlamentarios. Se trata de la afirmación que ha hecho de
que la comisión no llegó a resultado alguno. Sin duda, es una imprecisión
en el sentido muy concreto de que todos los resultados que han
determinado las actuaciones judiciales se basan precisamente en el
trabajo de esa comisión, en el trabajo de Enrique de Federico y del
general Fuentes, y por definición, como ha aclarado, sí, en otro momento
de su intervención, lo que ocurre es que ese trabajo sólo puede
entregarse a los jueces, que es lo que hicieron por vías de informes
tanto el comisario general de Policía judicial, como el general Fuentes.

En realidad, su frase, que ha sido aprovechada para, naturalmente, darle
una interpretación torcida, que sin duda no existía en su intervención,
me obliga a aclarar con precisión en qué consiste una investigación
judicial y en qué consiste la Policía judicial, a ver si de una vez
aquellos que no quieran voluntariamente falsear la verdad puedan tener
datos sobre esta materia.

Cuando se constituye un grupo de Policía judicial su trabajo por
definición no está a disposición de ningún poder ejecutivo, ni a
disposición del Ministro del Interior, sino que su trabajo, por ser el de
Policía judicial, tiene que entregarse necesariamente, legalmente
hablando, a la autoridad judicial, que es lo que hicieron precisamente el
comisario general de la Policía judicial Enrique de Federico y el general
Fuentes de la Guardia Civil. Esto es así de claro. No puede existir por
definición material de la Policía judicial en otro sitio que no sea la
autoridad judicial. No se puede establecer una investigación
administrativa de un delito paralela a la investigación judicial de ese
mismo delito. Por tanto, sólo aquel que desea oscurecer la verdad, sólo
aquel que desea no saber la verdad puede distinguir entre una supuesta
ineficacia de esa policía actuando desde un punto de vista administrativo
y la eficacia de esa misma policía actuando desde un punto de vista
judicial, porque aclararé que el juez encargado del caso, aprovechando el
ofrecimiento del ministerio, de la Secretaría de Estado de Interior en
este caso, precisamente mantuvo como Policía judicial a los miembros de
la comisión que había designado la Secretaria de Estado Margarita Robles.

Por lo tanto, no existe diferencia alguna --y sólo el que quiere mentir o
no sabe nada puede seguir sosteniéndolo-- entre el resultado de la
investigación de esa comisión en sede administrativa y judicial, porque
sólo puede haber investigación en sede judicial y porque la totalidad del
trabajo realizado por la Policía judicial debe ser entregado a la
autoridad judicial.

Aclarado este extremo, que, insisto, no estaba en sus palabras, sino en
una frase que ha sido consciente o inconscientemente mal utilizada por
otros intervinientes, aclarado que todos los resultados de la
investigación Lasa y Zabala se deben precisamente al general Fuentes y al
comisario general Enrique de Federico, que fueron los responsables
designados por la entonces Secretaria de Estado de Interior, Margarita
Robles, se trata simplemente de restablecer la verdad --no estaría mal
que de vez en cuando ese valor de la verdad se tuviera en cuenta--, la
totalidad de la investigación, naturalmente a las órdenes del juez desde
el momento en que el juez se hace cargo del asunto, como no puede ser de
otra manera. Quiero subrayar que en aquel momento nombrar a esas dos
personas era darle el máximo nivel posible en el ámbito de la
investigación de Policía judicial, porque eran los máximos responsables
respectivamente en las áreas de la Policía y de la Guardia Civil. En
definitiva, se le dio prioridad absoluta y afortunadamente, pese a que
han transcurrido muchos años, la Policía judicial pudo aportar datos que
permiten de momento



Página 1405



que siga la investigación en marcha y que haya un determinado nivel de
inculpación que en su día resolverán los tribunales. El compromiso que se
asumió se ha cumplido en sus propios términos. Ahora se trata simplemente
de dejar que los jueces y tribunales hagan su trabajo, pero los jueces y
tribunales no lo pueden hacer más que cuando cuentan, como en este caso,
con la colaboración decidida de los funcionarios de Policía judicial
encargados de la investigación, tanto Policía como Guardia Civil. Esta es
la verdad del asunto. Decir otra cosa en este campo es simplemente,
insisto, ignorancia o mala fe.

No me resisto, sin embargo, aunque le he prometido que sólo me voy a
concretar al objeto de la comparecencia, a decirle que efectivamente me
alegro ver que ahora sí que son comprensivos respecto de que los datos
sumariales no se pueden dar a conocer. Eso, señor Mayor Oreja, es una
suerte. En mi comparecencia equivalente los grupos parlamentarios
opinaban otra cosa. Opinaban que debía dar todos los datos y que parecía
mentira que no lo hiciera. Veo que se ha mejorado el clima y alguna cosa
de sentido común, como la evidencia de que las investigaciones de un
juzgado son, por lo menos para las personas responsables, datos secretos
que no deben ser ni mal utilizados ni manipulados, es un progreso que
alguno de los representantes que hoy han intervenido han realizado en el
curso del tiempo, lo cual es digno de agradecer.

Señor Ministro, quiero terminar diciéndole una cosa. Sí que nos importa
mucho al Grupo Parlamentario Socialista que el día que se alce el secreto
del sumario la totalidad de documentación policial y de la Guardia Civil
que existe en el mismo sea puesta a disposición de la Cámara. Será el
propio Grupo Parlamentario Socialista el que lo solicitará, precisamente
para que no sea posible más la incuria, la difamación, la mentira pura y
dura, como desgraciadamente se utiliza en este caso. Usted sabe, señor
Ministro, lo sabe la autoridad judicial, que es el trabajo de la Policía
judicial, al mando de las personas designadas por la Secretaria de Estado
de Interior, Margarita Robles, lo que ha hecho posible el estado actual
de la investigación, pese a las dificultades de todo tipo que ese
supuesto implicaba.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Ministro, habida cuenta de que
de la intervención de S. S. se desprenden dos realidades de tipo objetivo
no opinables que enmarcaban el sentido de la comparecencia de hoy. En
primer lugar, que en el Ministerio de Interior no se conocía el resultado
de esas investigaciones, porque fueron directamente remitidas al juez y,
en segundo lugar, que existía, mediaba, una imposibilidad legal de
transgredir el secreto sumarial. Y digo que merecen ser destacadas estas
dos consideraciones porque las mismas, no siendo opinables, siendo
objetivas, estando ahí, podían de alguna forma haber sido argumentadas
por el propio Gobierno, por el grupo parlamentario que lo sostiene, para
impedir esta comparecencia, pero ha sucedido todo lo contrario. El grupo
parlamentario que sostiene al Gobierno, el propio Gobierno ha querido, a
pesar de esas limitaciones materiales y legales manifiestas, que esta
comparecencia se produjera y se produjera con inmediatez en el tiempo.

Así lo ha impulsado personalmente el señor Ministro del Interior, como
manifestación de un deseo de transparencia y de colaboración del Gobierno
con la institución parlamentaria. En ese contexto es de agradecer, sin
lugar a duda, porque redunda en lo dicho, el ofrecimiento que el señor
Ministro de Interior ha formulado en esta sesión en cuanto a su plena
disponibilidad para poder comparecer en relación con este asunto de fondo
una vez se entre en fase de juicio oral.

Yo creo que el Grupo Parlamentario Popular tiene muy claro que esta
actitud del Ministro de Interior y en su representación del conjunto del
Gobierno supone un deseo expreso de colaborar con la justicia y con el
Parlamento, supone una manifestación clara de respetar los límites
señalados por el marco legal, porque además no puede ser de otra forma, y
permite además cooperar desde esta posición al más absoluto
esclarecimiento de los hechos y, por tanto, de la verdad. Esta es una
afirmación de principio que también ha sido hoy formulada por el señor
Ministro de Interior y que conviene en todo punto no perder de vista.

Desde esta triple consideración y desde esta actitud del Ministerio de
Interior y del Gobierno yo creo que es bueno que la sesión de hoy permita
nuevamente al Grupo Parlamentario Popular recordar algunas de las
expresiones de las que este grupo ya ha dejado constancia a lo largo de
los sucesivos debates parlamentarios que se han planteado desde el inicio
de esta legislatura y que son muy claras. En primer lugar, que todos los
ciudadanos son iguales ante la ley y, por tanto, de manera igual
responden ante ésta. En segundo lugar, que el delito, sea cual sea, no
tiene nunca acepción diferente en virtud de quién lo cometa o de la
hipotética causa por la que lo cometa. En tercer lugar, que en la lucha
contra el delito no cabe nunca ningún tipo de atajos, y, finalmente, que
la fuerza intelectual de los demócratas estriba precisamente en no
incurrir nunca en los mismos métodos que los violentos y que los asesinos
y que la frontera entre unos y otros métodos marca siempre nuestra razón
política y nuestra razón moral, la razón política y la razón moral de
todos aquellos que movidos en el marco de la democracia, del respeto a
las opiniones del otro, del respeto a lo que significa el Estado de
Derecho, apuestan desde posiciones políticas legítimamente diferentes por
la supremacía de esos valores de la convivencia, del entendimiento y del
respeto a la ley.

Yo creo que estas consideraciones, sin entrar en ninguna referencia
concreta para mantener el tono constructivo de esta comparecencia,
permiten afirmar al Grupo Parlamentario Popular que, a juicio de este
grupo, el Gobierno ha actuado siempre dentro del más escrupuloso respeto
al marco de la legalidad y así lo va seguir haciendo. Permiten afirmar
igualmente que el Gobierno ni ha interferido ni interfiere ni interferirá
nunca en la actuación de otros poderes del Estado y desde luego en esa
línea va a mantenerse.

Coincidimos con lo señalado por algún portavoz, en concreto por lo
señalado por el portavoz del Grupo Parlamentario



Página 1406



Catalán (Convergència i Unió), en cuanto a la necesidad de que el asunto
de referencia, objeto del fondo de esta comparecencia, se sitúe ya en los
términos estrictos en que debe situarse, es decir, en el ámbito judicial,
porque solamente desde ahí se va a poder lograr el más perfecto objetivo
que todos deseamos, esto es, el esclarecimiento de la verdad y la
determinación de las responsabilidades que correspondan.

Quiero concluir mi intervención haciendo referencia a una cita que ya se
considera clásica. Alguien dijo una vez que la razón de Estado era hielo
de la razón y fuego de la política. Este Gobierno--ésa el la valoración
que hace el Grupo Parlamentario Popular-- en sus decisiones y en sus
acciones de pasado, de presente y de futuro, no se va a esconder nunca en
la invocación de la razón de Estado para transgredir la ley o situarse al
filo de la misma. Para este Gobierno, razón de Estado sólo es y será
razón del derecho en la defensa política del interés general. Celebramos
que esta comparecencia haya podido tener lugar, celebramos la iniciativa
del grupo proponente, celebramos la actitud con la que el Ministro del
Interior ha querido impulsar la rápida convocatoria de esta comparecencia
y celebramos finalmente la conclusión última formulada por el señor
Meyer, en representación del Grupo de Izquierda Unida. Decía el señor
Meyer, como conclusión última: Los jueces actuarán y nunca más hechos de
esta naturaleza. Tenga la seguridad, señor Meyer, en representación del
Grupo de Izquierda Unida, de que la posición política del Grupo
Parlamentario Popular consiste plenamente en afirmar esa creencia
expresada por S. S.: Los jueces actuarán y nunca más hechos de esta
naturaleza.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): En primer lugar, muchísimas
gracias a todos los grupos intervinientes y participantes en el debate de
hoy. Yo no voy a tener una intervención larga, voy a tratar de limitarla
esencialmente a lo que en mi opinión es la comparecencia en función de la
investigación de las muertes de Lasa y Zabala, pero no quería dejar, como
acabo de señalar, de mostrar mi satisfacción por el tono y, en general,
por las intervenciones que se han ido produciendo en la mañana de hoy.

A mí me preocupaba que en la comparecencia de hoy --y por eso quería
escuchar los argumentos de los distintos grupos-- pudiera producirse una
acusación al Gobierno por falta de cumplimiento en cuanto a la legalidad
vigente o incluso por falta de apoyo y respaldo a la actuación judicial
en los casos de Lasa y Zabala desde la Policía judicial adscrita al
Ministerio del Interior. Y me alegro de no haber escuchado ninguna
crítica ni descalificación en ese sentido. Yo quisiera que todos
hiciéramos el esfuerzo de acotar a este respecto las cuestiones y los
temas, porque aquí no se puede producir un factor de compensación con
otra decisión del Gobierno. Hoy estamos analizando el caso de Lasa y
Zabala, estamos hablando de la actuación del actual Ministro del Interior
y del anterior a la hora de ordenar la investigación de las muertes de
Lasa y Zabala. De eso estamos hablando. Si empezamos a hablar de todas
las otras cuestiones, qué duda cabe de que corremos el riesgo de dar la
impresión de que estamos mezclando todo y que no estaríamos abordando con
la profundidad necesaria un caso que de por sí tiene su complejidad
técnica, judicial y policial. Y yo creo que eso no contribuye en exceso a
la clarificación en el debate de hoy.

Pienso, y lo he dicho antes, que la actuación de la Secretaría de Estado
de Interior, desde el punto de vista de su relación con la justicia, fue
impecable en su momento. El señor Belloch tenía razón cuando decía hace
unos segundos que en mis palabras no había crítica a la posición de
Margarita Robles. Lo que yo digo es que, si se abre una investigación
policial en el mes de marzo, una comisión mixta de la Policía y de la
Guardia Civil, tiene otro sentido la actuación policial cuando en el mes
de abril, es decir, un mes después, se judicializa. Como usted bien ha
apuntado, hay una dependencia judicial que hace que en estos momentos
tenga otro sentido y otro carácter la investigación, y es verdad que
probablemente en un plazo de un mes los responsables del anterior
Departamento de Interior difícilmente podrían introducir un conjunto de
conclusiones, pero son ellos los responsables de explicar exactamente
cuál fue la marcha de aquella investigación. A mí me parece que ahí
sufrió una modificación sustancial ese procedimiento, porque se
judicializó y porque evidentemente en ese momento, aunque eran las mismas
personas que habían participado en la comisión anterior, había cambiado
la naturaleza del proceso de manera tan significativa que estaban al
servicio de unos jueces, como era el caso entonces del juez Bueren. En
definitiva, yo no he tratado más que decir que esa respuesta desde la
Secretaría de Estado jurídicamente fue impecable y policialmente también.

Yo pido el esfuerzo de que no mezclemos muchas cuestiones. A mí me parece
muy bien que el debate de la no desclasificación de los papeles sea
objeto de interés parlamentario y que se debata esa cuestión, pero, si
venimos a esta Comisisón a debatir sobre el caso de Lasa y Zabala,
debatamos sobre las cuestiones que afectan a esa investigación. Lo que
sería terrible es que algunas veces pudiéramos tener la impresión de que,
como se actuó de una determinada manera con el caso de la
desclasificación de los papeles, podríamos rozar la ilegalidad, que
tendríamos que compensarlo en la dirección contraria y que tendríamos que
empezar, por ejemplo, a hacer unas declaraciones sobre cuestiones que
afectan al secreto del sumario. A mí me parece que ése es un mal
procedimiento. Y quiero poner de manifiesto que no he escuchado ningún
planteamiento crítico por parte de ningún grupo respecto a la actuación
de la Policía judicial al servicio de los jueces de instrucción del
sumario Lasa y Zabala.

Es verdad que puede haber habido alguna falta de precisión por mi parte,
porque la comparecencia que me piden es fundamentalmente por actuaciones
del Gobierno anterior, y es posible que en algún detalle yo no tenga la
misma precisión que si se tratase de una actividad, controlada por parte
de este Parlamento, que protagoniza el actual Ministerio del Interior. En
ese sentido, perdonen si algunas veces



Página 1407



no he tenido la precisión de lo que viene a significar el control
respecto de una actuación que no corresponde esencialmente al Gobierno.

Al margen de los debates que se puedan producir sobre la actitud del
Gobierno en cuanto a la clasificación y desclasificación, en este tema,
lo que mide la transparencia y la efectividad del Gobierno está en los
resultados que se han obtenido al final de ese procedimiento o en el
proceso en el que estamos en estos momentos. Yo creo que el termómetro de
la transparencia del Ministerio del Interior es el nivel de colaboración
con el Poder judicial, y en ese sentido no ha habido ninguna queja,
durante estos meses, de que desde el Ministerio del Interior se haya
podido ofrecer o producir ninguna limitación respecto de la actuación de
los jueces. Eso es lo que, en mi opinión, mide el termómetro de la
transparencia necesaria, y en ese terreno yo reitero que no ha habido
ningún margen de actuación del Gobierno, como no lo podía haber, desde el
momento en el cual esta investigación ha sido judicializada, como ustedes
lo habrán comprendido cuando he hecho el relato cronológico de hechos.

Respecto de los otros temas generales y genéricos que se han ido
produciendo a lo largo del debate, yo conozco y he vivido un fenómeno tan
dramático como es el terrorismo, y estoy aburrido de decir que nosotros
no vamos a actuar en base a actuaciones de terrorismo de Estado, porque
es obvio. Me sacarán todos los tipos de calificativos, que me producen
repugnancia, rechazo, que me dan asco, todo lo que ustedes quieran, lo
cual es evidente, como yo creo que les ocurre a todos los miembros de
esta Comisión y de esta Cámara en este momento, pero yo no quiero empezar
a decir que no vamos a practicar terrorismo de Estado, como si ya
tuviésemos que hacer una política defensiva en esto, señor Meyer. Es
obvio que precisamente por saber lo que es el fenómeno terrorista,
precisamente por conocerlo y por saber lo que son las víctimas del
terrorismo, lo que produce repugnancia es cualquier actividad en ese
terreno que pueda significar una tragedia para una familia, una tragedia
para una vida humana, y le reitero que la política y la claridad del
Gobierno va de suyo. Empezar defendiendo que no vamos a hacer política
terrorista de Estado sería un error por parte mía y por parte del
Gobierno. Por supuesto, y eso es evidente en un poder y en una
institución democrática y de Gobierno.

Y quisiera hacer alguna precisión en ciertas cuestiones concretas que han
ido surgiendo en la intervención de hoy, en temas que afectan
esencialmente al sumario, aunque evidentemente haré luego un precisión de
la postura del Gobierno respecto de lo que viene a significar cómo nos
aproximamos a este tema de un modo general.

La Diputada de Eusko Alkartasuna me preguntaba las razones por las que el
Estado no fue parte en este procedimiento. Le vuelvo a contestar que por
la misma falta de precisión que yo no tomé la decisión en su momento,
pero supongo que era lo normal que no fuera parte en el procedimiento. No
era parte acusada y el abogado del Estado no ha actuado en representación
y defensa de los funcionarios acusados, dado que éstos tenían su propia
defensa. El Estado tampoco fue citado como responsable ciivl subsidiario,
y el Estado tampoco actúa como parte acusadora por no tratarse de delitos
que producían una lesión económico-patrimonial; tampoco se ha producido
por parte del juez ofrecimiento de acciones. Será el Gobierno anterior el
que tomó la decisión, pero yo creo que está en el proceso normal y
lógico, en este proceso, insisto, del caso de Lasa y Zabala.

No sé quién preguntaba por los destinos del Comisario Enrique de Federico
y del General Fuentes. El General Fuentes en estos momentos está de jefe
de zona de Barcelona y Enrique de Federico está en un puesto enormemente
importante como es la Jefatura Superior de Granada, donde --y aprovecho
para decirlo en la Comisión-- ya tenemos el próximo jueves una reunión
para abordar los temas referentes a las mafias organizadas, especialmente
en la Costa del Sol y sobre todo en Marbella. En ese terreno, como puede
comprender, ha habido un planteamiento de respeto a dos magníficos
currículos y a dos magníficas biografías en el ámbito policial.

Contesto a algunas preguntas que me hacía el señor Meyer. No me consta
que el Comisario de Alicante tuviera ningún problema. No me consta. ¿En
los servicios de inteligencia advirtieron alguna de estas cuestiones? En
estos momentos tampoco consta en el Ministerio del Interior. No lo sé;
probablemente cabría preguntárselo a otros responsables; a mí no me
consta. Me hablaba del nunca más o el compromiso; una vez más le digo que
creo haberle respondido.

La postura del Gobierno en esta cuestión. Asesinatos como los de Lasa y
Zabala, no al Gobierno, sino a cualquier persona le producen repugnancia,
como se la produce a una persona de bien, a una persona normal de la
sociedad española, un asesinato. Esta cuestión se está dilucidando en los
tribunales y en este terreno tenemos que dejar que los tribunales vayan
definiendo todas las responsabilidades personales e individuales que
correspondan. La opinión del Gobierno es que, en la medida en que las
sentencias de los tribunales vayan produciéndose, habrá más legitimidad y
será más fácil y preciso introducirse en las definiciones políticas y en
las definiciones de lo que pudo haber significado un proceso de esta
naturaleza. Yo no digo que ahora nadie tenga derecho a hacerlo; ahora
todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión política en este
sentido. Lo que yo digo es que habrá más legitimidad y más datos para
hacerlo cuando se empiecen a sustanciar algunos procedimientos penales;
habrá más posibilidad que en estos momentos de definir de una manera u
otra la situación.

Para terminar, haría una última recomendación a todos los grupos. Al
margen de que se critique la actuación del Gobierno por los papeles o por
los no papeles, deberíamos hacer todos un esfuerzo, porque además es
verdad, en poner de manifiesto la fortaleza del Estado de Derecho que
tenemos en España. Al final, con dificultades, con problemas, a trancas y
barrancas, pero es evidente que los procesos judiciales están teniendo
lugar y están produciendo situaciones de cárcel y situaciones que en este
momento dejan muy claro a los que son incapaces de entender procesos de
esta naturaleza, es decir a los terroristas, que claro que



Página 1408



la democracia española tiene fortaleza para superar esta situación y para
dar respuesta a estos conflictos. Tendríamos que hacer todos el esfuerzo
de decir que el Estado no está tocado, como ellos están tratando de
reiterar todos los días, al margen de las críticas a cada uno de los
poderes, para poner de manifiesto la fortaleza y la confianza en el
funcionamiento del Estado de Derecho. Desde el Ministerio del Interior lo
entendemos así, creemos que es una necesidad, y en ese sentido
solicitaríamos, no especialmente a ningún grupo, sino a todos, una
disposición para crear ese estado de opinión; que, al margen de las
barbaridades, errores, dificultades --y creo que no debíamos entrar en
más calificativos-- que se pudieron hacer o errores que se pueden estar
cometiendo, la fortaleza del Estado de Derecho sea al final un mensaje de
tranquilidad y confianza que podamos trasladar al conjunto de los
españoles.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad, quiero reiterar, en primer
lugar, nuestro agradecimiento al señor Ministro por su comparecencia,
entendiendo la dificultad de dar cuenta de una investigación cuando el
propio señor Ministro no ocupaba esa responsabilidad.

La verdad, señor Ministro, es que desde que se tortura y asesina a Lasa y
Zabala en 1983 hasta que de forma gubernativa se concreta una comisión de
investigación en marzo de 1996 pasan 12 años. Esa es la verdad. Doce años
en los que, desde el punto de vista gubernativo, hay una tremenda
dificultad por detectar y perseguir delitos bárbaros. Y no podía ser de
otra manera. Porque ¿quién iba a encargar la investigación, el secretario
de Estado para la Seguridad? ¿El director general de la Guardia Civil?
¿El general de la Guardia Civil encargado de la lucha contraterrorista?
¡Si los tres están encausados! ¿Eso significa que la Policía y la Guardia
civil, como tales cuerpos, no tuvieran interés en esclarecer e investigar
los hechos? No. Eso sería confundir, entender que la Policía y la Guardia
civil estaban detrás de esos hechos tan bárbaros y dramáticos. Y no es
verdad. No lo es. Como ejemplo pongo el Inspector de Alicante, Jesús
García. Gracias a su cabezonería personal se resiste a que desaparezcan
los restos no identificados. Sin ningún tipo de orientación por parte del
Ministerio, gracias a su profesionalidad en la investigación, permite, no
sólo no destruir la pruebas, sino concretar, desde el punto de vista de
la investigación criminal, que esos restos son de Lasa y Zabala. Por
cierto, que si este inspector no ha sido condecorado de alguna manera o
no se le ha agradecido esa línea de investigación, convendría hacerlo,
porque significa que ése es el otro ejemplo, que ésa es la otra cara de
la moneda; que hay policías, como la mayoría de policías y guardias
civiles, que sí estaban por esclarecer este delito bárbaro, fuera quien
fuera la mano inductora, un guardia civil, un director general, un
secretario de Estado, etcétera. Esa es la verdadera conducta ejemplar que
debe tener un servidor, un funcionario público. Todos estamos de acuerdo
con la magnífica actuación de la Policía judicial, pero, lo cierto y
verdad es que, desde dentro del Gobierno, ninguna investigación
gubernativa, en doce años, concretó nada. Absolutamente nada.

Señor Ministro, hemos hablado de los papeles, no por un capricho
gratuito, no por una cabezonería, sino porque son los propios jueces los
que están reclamando esos papeles para esclarecer la verdad. Por lo
tanto, hoy hemos hablado de los papeles, mañana hablaremos de los
papeles... hablaremos mientras que los jueces sigan reclamando que son
una línea de investigación fundamental para el pleno esclarecimiento de
los hechos.

Una cosa que sí le compete a usted, señor Ministro, es el espionaje que
ha tenido el testigo de cargo de Lasa y Zabala, el señor Miguéliz, el 24
de agosto. Como usted conoce bien, fue investigado por dos agentes, que
han sido expedientados, pero creo que por parte del Ministerio del
Interior debería seguir la línea de investigación, porque detrás de esos
dos agentes al parecer está un teniente, Salón Clotet, del servicio de
información de Intxaurrondo (digo que al parecer porque habría que
comprobarlo). Esa línea de investigación es fundamental, no vaya a ser
que el General Rodríguez Galindo tenga capacidad, indirectamente, a
través de antiguos subordinados, de intentar espiar y amedrentar a
testigos fundamentales del caso Lasa y Zabala. Por lo tanto, y eso sí que
le compete a usted, una línea de investigación y de firmeza para hechos
como éste de que dos guardias en activo, del servicio de información,
puedan amedrentar, puedan espiar a un testigo de cargo como el señor
Miguéliz.

Finalmente, reitero lo que decía: Que, a partir de esta comparecencia,
tengamos todos la seguridad de que, combinando la línea de investigación
judicial, actuando sobre la responsabilidad política que queda pendiente,
con una colaboración al auxilio de la justicia y con ese compromiso, que
comparto con usted, que sería dramático que lo tuviéramos que hacer de
forma expresa, que está claro lo que es el mandato constitucional, nunca
más se puedan cometer desde ningún rincón del Estado hechos bárbaros que
manchan la convivencia y que manchan la Constitución.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Cuatro cuestiones en relación a las
respuestas que ha dado el señor Ministro.

En primer lugar, cuando he hablado de problemas que han tenido el señor
De Federico y el señor Fuentes, lo hacía porque, efectivamente, durante
aquel mes que duró la investigación dependiente del Ministerio de
Interior se dijo en los medios de comunicación que habían tenido muchos
problemas y muchas reticencias por parte de determinados miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ofrecer su ayuda en la
investigación que realizaban los encargados. Me limitaba simplemente a
ese tiempo y quería comprobar si eran reales o no dichas dificultades,
porque había aparecido en los medios de comunicación, no por nada. No
hablo de lo que ha ocurrido luego cuando se ha judicializado la
investigación de este equipo de investigación.




Página 1409



En segundo lugar, señor Ministro, me refiero a esa conclusión a la que
usted ha llegado de que los grupos políticos o, al menos, este grupo al
que yo represento, dábamos por buena la investigación realizada dentro
del sumario. Pues probablemente sí, pero hasta que no se levante el
secreto del sumario yo no tengo elementos para juzgar que realmente ha
sido maravillosa o no lo ha sido. A lo mejor sí, pero no tengo ningún
elemento para, en este momento, entrar a valorar esa investigación.

Déjenos usted que termine todo el sumario, que, cuando se levante el
secreto del sumario, podamos conocer todos los elementos que hay, no
solamente lo que aparece en los periódicos, y entonces, con todos los
elementos y con toda la información suficiente, podremos llegar a esa
conclusión, pero no lo adelante todavía, o, al menos no es lo que yo
había dicho. No dudo que a lo mejor sea así, pero, en principio, no tengo
los elementos en la mano para hacer esa conclusión. Vamos a ver qué es lo
que pasa cuando se levante el secreto del sumario.

En tercer lugar, cuando hablamos de los documentos o papeles del Cesid,
no es una cuestión genérica. No se olvide usted que, de los 18 ó 25
documentos --no sé, porque en unos medios de comunicación se dice que son
18 y en otros, 25--, uno de los documentos es clave para el sumario Lasa
y Zabala. Es un documento en el cual aparece una transcripción --a lo
mejor me estoy equivocando a la hora de definir literalmente el
documento--, en la cual se describe cómo se secuestró, cómo se asesinó a
los señores Lasa y Zabala. No es una cuestión genérica, es una cuestión
clave para la determinación de responsabilidades del sumario en concreto
del que estamos hablando, del de Lasa y Zabala. Por eso, yo creo que es
muy importante saber cuál va a ser la actuación. Ya sabemos cuál ha sido
la decisión del Gobierno el 2 de agosto, pero, a la vista de determinadas
manifestaciones en los medios de comunicación, parece que pudiera existir
un cambio de actitud por parte del Gobierno, y es lo que yo preguntaba. Y
afecta directamente al sumario Lasa y Zabala.

Por último, hablaba de la decisión del Estado de no personarse. Lo he
suscitado porque usted lo ha dicho: «Decidió.» Así, parece ser que
estudió que podía o no podía personarse el Estado. Lógicamente, hablaba
de personarse como acusación particular, como parte acusadora. Yo, desde
luego, no lo he estudiado y no sé si tiene cabida jurídica o no la tiene.

También habría que valorar o estudiar si hoy por hoy el Gobierno puede
seguir tomando esa decisión. No sé en qué momento está la fase de
instrucción. Habría que estudiar jurídicamente si puede o no, en cuyo
caso tendría a lo mejor que tomar una nueva decisión. No sé si ha habido
lesión económica patrimonial. A lo mejor también habría que estudiar si
la imagen del Estado se puede cuantificar económica y patrimonial. Quizás
podría haber una interpretación extensiva y podría permitir al Estado
personarse; no lo sé, pero podrían estudiarlo y, en cualquier caso,
podría verse si hoy el Gobierno podría decidir personarse; a lo mejor
puede hacerlo.

En resumen, que efectivamente habrá que esperar a que se levante el
secreto del sumario y habrá que hacerlo porque en ese momento sí que
quizá podamos hablar con conocimiento de causa y tomar las decisiones y
conclusiones pertinentes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de
volver a reiterar --ya sé que lo hemos dicho muchas veces, pero lo
seguiremos diciendo-- que el Gobierno sí tiene la capacidad o la
posibilidad de auxiliar a la justicia desclasificando o, cuando menos,
simplemente certificando que son auténticos determinados documentos que
aparecen en concreto en el sumario Lasa y Zabala.




El señor PRESIDENTE: Señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quiero agradecer al señor Ministro sus
explicaciones. Ya he indicado con anterioridad que conocía perfectamente
que el objeto de la comparecencia, la investigación en sede
administrativa era anterior a su entrada en el Gobierno, si bien tampoco
tengo nada que reprochar a la actuación de la anterior Secretaria de
Estado, doña Margarita Robles.

Me han gustado sus manifestaciones sobre la repugnancia que le suscita
este tipo de conductas y lo que se hará desde el equipo actual para
evitar que en el futuro puedan volver a producirse.

Sólo me resta, tal y como he indicado ya, creo, en mi exposición, el
reproche sobre la responsabilidad o la parte alícuota que le corresponda
por la decisión del Gobierno de mantener el secreto respecto de
determinados documentos, que no es un tema general, pienso yo, sino que
sí hace al contenido de esta comparecencia, en cuanto que son documentos
que solicitaba el juez de la investigación del caso Lasa y Zabala.

Le agradezco, finalmente, que entienda la no renuncia por parte de mi
partido, pese a la condición de grupo que apoya al Gobierno, a su
criterio, a su perfil en determinados temas a los que por todos es
conocido que es especialmente sensible.




El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Voy a ser muy breve y perdonará el señor Ministro
que sea tan insistente en un punto.

Siempre estuvo judicializado, primero en Alicante, después en la
Audiencia Nacional; siempre. Lo digo de nuevo porque se vuelve a prestar
a interpretaciones distintas. Siempre la Policía judicial depende
orgánicamente del Ministerio y funcionalmente del Juzgado, siempre que ya
está abierta una causa. Lo que ocurrió es que en la primera fase,
Alicante, no se sabía que eran Lasa y Zabala. Eso fue después, cuando
efectivamente, a través de los análisis, de la Policía judicial y de
medicina forense, se identificaron los cadáveres, lo que determinó la
competencia de otro órgano. Pero siempre, siempre, estuvo judicializado,
y siempre que la policía judicial trabaja, siempre, siempre, debe dar sus
conclusiones, no al Ministerio, sino a los juzgados y tribunales. Me
gustaría que esto quedara definitivamente claro, si es posible. Nunca un
grupo de Policía judicial tiene otro destinatario de su trabajo que no
sean los jueces y tribunales. Es así de simple. Y hay grupos que todavía
hablan de investigación administrativa. No existe investigación



Página 1410



administrativa de un delito. Cuando la Policía judicial interviene es
siempre para un destinatario concreto, jueces y tribunales, y sus
conclusiones deben hacerse llegar a jueces y tribunales.

Espero que sirva esta vez la aclaración no tanto para el señor Ministro
como para otros representantes de grupos parlamentarios, que parecen
tener dudas al respecto.

En segundo lugar, señor Ministro, probablemente no procede personarse,
pero lo que es evidente --y en eso comparto la opinión de otro
representante-- es que está permanentemente a tiempo de personarse y de
estudiarlo. Claro que ahora es su responsabilidad, como también lo es que
el procedimiento está vivo, y, por lo tanto, la posición del Grupo
Parlamentario Socialista es muy clara. Son atentados terroristas
particularmente repugnantes los asesinatos y torturas de Lasa y Zabala,
que merecieron en su día la atención preferente de la Secretaría de
Estado de Interior y, naturalmente, solicitamos que la sigan mereciendo
del actual Ministerio del Interior, con la misma intensidad que le dedicó
el Gobierno anterior.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Intervengo muy brevemente para resaltar una
afirmación realizada por el señor portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su segunda intervención;
nosotros la compartimos plenamente y me parece que es de especial
justicia que se haga énfasis en ella en el contexto de lo que estábamos
hablando.

Yo creo que es bueno --probablemente es obvio, pero, siendo obvio, es
bueno-- recordar que, efectivamente, cuando todos manifestamos, el
conjunto de la sociedad española, el conjunto de los grupos
parlamentarios de esta Cámara, el Gobierno, el Ministerio del Interior,
nuestra especial y radical repugnancia frente a hechos de esta
naturaleza, como bien ha recordado el señor portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en ese estadio de repugnancia un plus
especial lo plantean precisamente los profesionales de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado porque, en su conjunto, con su conducta
diaria, ellos acreditan perfectamente que saben lo que es servir al
Estado desde el más escrupuloso respeto al marco de legalidad. Me parecía
obvio tener que recordar eso, pero justo en el contexto de esta
intervención, y, en ese sentido, el grupo Parlamentario Popular agradece
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que
haya hecho ese recordatorio.




El señor PRESIDENTE: Cierra el debate el señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, con
extrema brevedad; me voy a quedar simplemente en una afirmación que ha
sido compartida por varios grupos y me gustaría que ésa fuese la
conclusión del debate de hoy en el caso de Lasa y Zabala. El compromiso
del Ministerio del Interior es, en el momento en que se pueda introducir
la publicidad absoluta, en base al fundamento constitucional al que antes
nos referíamos, es decir, a partir de la apertura del juicio oral, venir
a esta Comisión, a petición de los grupos parlamentarios --lo ha
propuesto antes el Grupo Parlamentario Socialista-- para dar conocimiento
exhaustivo a la Cámara y a esta Comisión de lo que hoy, por razones
obvias, no puedo dar a conocer. Lo que quiero ya es adelantar mi
compromiso para que, en ese momento procesal, este Ministro pueda
explicar a los grupos políticos exacta y exhaustivamente todo lo que a
nivel policial podamos conocer en aquel momento.




El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.




Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.