CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 64



PRESUPUESTOS



PRESIDENTE: DON NARCIS SERRA I SERRA



Sesión núm. 4



celebrada el martes, 8 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Elección de Vicepresidente Primero. (Número de expediente 041/000016)
(Página 1378)



Comparecencia del señor Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos
(Folgado Blanco) para informar sobre:



--El ajuste presupuestario acordado por el Gobierno, que no quedó
explicitado ni desglosado en sus partidas concretas en su comparecencia
ante la Comisión el día 18-6-96. A petición del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000053) (Página 1378)



--La utilización efectuada por el Gobierno del informe remitido por la
Intervención General de la Administración del Estado con fecha 30-8-96,
para justificar el Real Decreto-Ley 12/1996, de 26 de julio. A petición
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000070)
(Página 1378)



--La ejecución presupuestaria. A petición propia. (Número de expediente
212/000075) (Página 1378)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




--ELECCION DE VICEPRESIDENTE PRIMERO. (Número de expediente 041/000016.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión con el primer
punto del orden del día, que es la elección de Vicepresidente Primero.

El señor Letrado de la Comisión irá leyendo el nombre de los miembros de
la Comisión por orden alfabético, y votaremos en la urna que tenemos
sobre la Mesa.




(Por el letrado de la Comisión se procede a dar lectura de los señores
miembros de la Comisión presentes y sustituidos.)



Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda elegido, por unanimidad, don Salvador Sanz
como Vicepresidente Primero, que puede ocupar su sitio en la Mesa de la
Comisión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
(FOLGADO BLANCO) PARA INFORMAR SOBRE:



--EL AJUSTE PRESUPUESTARIO ACORDADO POR EL GOBIERNO, QUE NO QUEDO
EXPLICITADO NI DESGLOSADO EN SUS PARTIDAS CONCRETAS EN SU COMPARECENCIA
ANTE LA COMISION EL DIA 18 DE JUNIO DE 1996. A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000053.)



--LA UTILIZACION EFECTUADA POR EL GOBIERNO DEL INFORME REMITIDO POR LA
INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CON FECHA 30 DE
AGOSTO DE 1996, PARA JUSTIFICAR EL REAL DECRETO-LEY 12/1996, DE 26 DE
JULIO. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/000070.)



--LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. A PETICION PROPIA. (Número de expediente
212/000075.)



El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, don José
Folgado Blanco, para informar del ajuste presupuestario acordado por el
Gobierno, que no quedó explicitado ni desglosado en sus partidas
concretas en su comparecencia ante la Comisión, a petición del Grupo
Socialista; para explicar la utilización efectuada por el Gobierno del
informe remitido por la Intervención General de la Administración del
Estado, para justificar el Decreto-ley 12/1996, y, por último, para
informar de la ejecución presupuestaria, a petición propia.

Para las tres solicitudes, doy la palabra al Secretario de Estado don
José Folgado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado Blanco):
Señorías, es para mí un honor estar de nuevo ante ustedes. Comparezco
para tres temas: uno a petición propia, sobre la ejecución presupuestaria
y los otros dos a petición del Grupo Socialista. Con mucho gusto voy a
tratar de responder a los tres temas.

Si no hay inconveniente, señor Presidente, podría comenzar por el tema
que nos trae a petición propia en relación con la ejecución
presupuestaria. Quiero intervenir, en primer lugar, para hablar de la
ejecución de los presupuestos del Estado en relación con el informe que
les he remitido con anterioridad para los ocho primeros meses. Como
quiera que acabo de disponer de unos datos de la Intervención General del
Estado, que normalmente se tienen a mediados de mes, haré un breve avance
de la ejecución al mes de septiembre y luego, si me lo permite el señor
Presidente, incluso quería hacer una breve reflexión sobre la proyección
a final de año, avance de liquidación, tanto en términos de contabilidad
presupuestaria como en términos de contabilidad nacional, para a
continuación pasar a los otros temas del orden del día.

Constituye para mí una gran satisfacción comparecer hoy ante esta
Comisión para presentar a SS. SS. la evolución de la ejecución del
Presupuesto del Estado durante los dos primeros cuatrimestres del
ejercicio 1996. Entiendo que esta comparecencia, que tradicionalmente
despierta bastante expectación dada su proximidad a la presentación de
los Presupuestos Generales del Estado del siguiente ejercicio, vea en
esta ocasión su interés acrecentado por las diversas circunstancias que
han acompañado este año a la evolución presupuestaria.

En primer lugar, les recordaré que nos encontramos en un ejercicio
presupuestario con un presupuesto prorrogado, que ha sido objeto de
ajustes, al inicio del mismo, por vía de créditos extraordinarios. En
segundo lugar, están las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno, una
vez asumidas sus funciones en mayo. Estas, como ya saben SS. SS., han
sido la revisión de las previsiones macroeconómicas, con las que se venía
operando desde el comienzo del ejercicio, al no verse sustentadas por la
evolución de los distintos indicadores económicos; el acuerdo de 10 de
mayo de no disponibilidad de créditos, que ya fue objeto de debate en mi
anterior comparecencia y, por último, la aprobación del Real Decreto-ley
12/1996, de 26 de julio, con la finalidad de regularizar el estado de las
finanzas públicas.

Entrando ya en el análisis objeto de mi comparecencia, comenzaré por
señalar que el indicador global que sintetiza la evolución
presupuestaria, esto es el déficit de caja no financiero del Estado, ha
experimentado una reducción



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en los ocho primeros meses del año del 9 por ciento en relación al mismo
período del año precedente, situándose algo por debajo de los dos
billones de pesetas. Hay que señalar que esta evolución del déficit ha
tenido lugar por un comportamiento más dinámico de los ingresos que de
los pagos.

Como pueden comprobar en el primer cuadro del informe que se les ha
entregado, la reducción en cuatro décimas de déficit del Estado en
términos de PIB se explica por el aumento en una décima de los ingresos
en el PIB y el descenso en los pagos de tres décimas en el mismo PIB. El
ajuste anterior podría asimismo considerarse, a la hora de analizar el
saldo primario de caja que, como SS. SS. ya conocen, se obtiene del
conjunto de gastos no financieros y la carga por intereses. El superávit
primario del período considerado, como pueden observar en el cuadro de la
página 6, asciende a 420.000 millones de pesetas, situación de signo
contrario a la del ejercicio precedente, en el que se registró un déficit
de 117.000 millones de pesetas. Este superávit primario podría en sí
mismo constituir una primera aproximación del resumen de la situación al
final del segundo cuatrimestre de marcado carácter positivo, que permite
encarar con moderado optimismo el cuatrimestre que resta para cerrar el
ejercicio.

En cuanto a la financiación del déficit de caja, lo primero que hay que
destacar es que la necesidad de endeudamiento se redujo en ese período el
47 por ciento debido a la fuerte disminución experimentada en los activos
financieros, cuyo origen cabe atribuirlo fundamentalmente a la
disminución del saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de España y las
operaciones del FEOGA, sección garantía, que figura en la rúbrica otros
activos netos, donde han predominado en el período las cancelaciones
sobre los anticipos. El efecto conjunto de esta reducción de activos y de
un menor déficit a financiar posibilita que a finales de los primeros
ocho meses de este ejercicio la necesidad de endeudamiento del Estado
registre una importante disminución de dos puntos porcentuales del PIB en
relación al mismo período de 1995.

Habiéndose reducido de forma apreciable las tensiones por el lado del
endeudamiento, la financiación ha presentado un perfil más desahogado,
como lo testimonian los trasvases que han podido efectuarse entre las
distintas clases de pasivos, de manera que se ha reducido sensiblemente
la financiación a corto plazo y se ha mantenido en valores similares la
de medio y largo plazo. Por su parte, la financiación en divisas está
recuperando importancia, si bien no alcanza todavía el volumen a que
llegó en el pasado ejercicio.

Efectuado este primer análisis global del déficit de financiación,
corresponde ahora profundizar en la liquidación tanto del presupuesto de
ingresos como de gastos. Comenzando por el primero de ellos, el primer
rasgo del mismo que me gustaría destacarles es que el período objeto de
análisis, en cuanto a recaudación, representa aproximadamente el 64,5 por
ciento de previsión, tasa idéntica a la de 1995, a pesar de que en el
presente año el debilitamiento económico registrado en España y en toda
Europa obligó a revisar a la baja, como es sabido, nuestra previsión de
crecimiento del 3,4 al 2,3 por ciento.

Del conjunto de ingresos del Estado cabe resaltar los siguientes rasgos.

En primer lugar, el comportamiento de los dos grupos principales, los
impuestos directos e indirectos, que crecen respectivamente el 7 por
ciento y el 6,1 por ciento. Ambos porcentajes se encuentran dentro de lo
previsto para el conjunto del ejercicio y en línea con la estimación del
incremento del PIB para el presente año. Los ingresos patrimoniales, por
su parte, han aumentado cerca del 40 por ciento por efecto de los mayores
beneficios del Banco de España y del ingreso de los correspondientes
tramos de las privatizaciones de Repsol y Argentaria, que han tenido una
incidencia temporal diferente a los ingresos computados en el ejercicio
pasado. También las tasas, precios públicos y otros ingresos, han tenido
un comportamiento más positivo de lo esperado. En lo que se refiere a
transferencias, las corrientes han presentado un perfil menos brillante
que las de capital respecto a las previsiones.

Me gustaría detenerme ahora brevemente en el análisis de las dos columnas
que sustentan la imposición directa, el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. En el primero de ellos,
se observa un rendimiento relativamente ajustado a las previsiones, al
considerar el período una vez realizadas las correspondientes
matizaciones. Así, si se homogeneizan los datos, teniendo en cuenta las
retenciones en ambos ejercicios, la tasa de crecimiento que se obtiene
supera en dos puntos al 6 por ciento que figura en el cuadro
correspondiente del informe. El diferente dinamismo de los distintos
tipos de retenciones creo queda perfectamente explicado en el informe así
como la caída de la recaudación procedente de los pagos fraccionados de
empresarios y profesionales.

Las devoluciones, por su parte, han evolucionado en el período bastante
en línea con la recaudación, especialmente si contemplamos ésta en
términos homogéneos. El Impuesto sobre Sociedades, con una cifra de
recaudación de 937.000 millones de pesetas, ha presentado al final del
segundo cuatrimestre una tasa de crecimiento del 11,6 por ciento, que
dobla en intensidad a la del IRPF, merced a la conjunción de una serie de
factores positivos, como son las retenciones sobre rendimiento de capital
mobiliario y el primer pago fraccionado del Impuesto, en donde se incluye
el efectuado por la Sociedad Estatal Patrimonio 1, correspondiente a la
privatización del tercer tramo de Argentaria.

En cuanto a la imposición indirecta, se puede destacar como primer
elemento importante la evolución del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
cual refleja la falta de dinamismo del sector exportador y la atonía del
consumo, que han tenido lugar en el primer semestre de este año. Mejor
comportamiento, sin embargo, se observa en las operaciones interiores, en
especial las intracomunitarias en donde los cambios acaecidos en el
sistema de deducciones de cuotas, han tenido un efecto positivo.

Entre los impuestos especiales, la subida de los tipos impositivos del
3,5 por ciento, del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, se
sitúa como elemento clave de la evolución positiva en la recaudación del
Impuesto sobre las labores del Tabaco. En el lado negativo sobresalen



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el Impuesto sobre la cerveza y el Impuesto sobre determinados medios de
transporte, reflejando el primero de ellos, sin duda, cambios en los
hábitos de consumo y, el segundo, las influencias del plan Renove y la
disminución del tipo de gravamen, el 7 por ciento, para los vehículos de
menor cilindrada que recogía la mencionada norma.

Las tasas y precios públicos han tenido una evolución discreta en el
período, un crecimiento del 3,4 por ciento sobre el mismo período del año
anterior, si bien su heterogeneidad no permite tal vez demasiado margen
de mejora sin cambios importantes en su normativa y sin las
actualizaciones de tarifas en función del coste de los correspondientes
servicios.

Cabe hacer también una mención a las transferencias corrientes, cuya tasa
negativa tiene su causa en la caída de las contribuciones concertadas de
las comunidades forales de Navarra y País Vasco. Finalmente, los ingresos
patrimoniales presentan una evolución claramente positiva, aumento del
38,7 por ciento, debido, como ya les indiqué al inicio de esta
presentación de los ingresos, en primer lugar, a los mayores beneficios
del Banco de España, aunque convendría matizar que el especial sistema de
contabilización de los mismos, al no corresponderse exactamente con los
dos períodos estudiados, introduce una distorsión que magnifica la tasa
de evolución observada.

Otros aspectos recogidos en esta rúbrica son el producto de las
privatizaciones de Argentaria, tercer tramo, y Repsol, segundo tramo. Al
concluir agosto, este capítulo de ingresos tenía uno de los porcentajes
más bajos de realización, 46,2 por ciento, junto con el de transferencias
corrientes mencionado anteriormente.

La última partida de importancia en los ingresos del Estado la
constituyen las transferencias de capital, las cuales presentan una
evolución negativa, aunque por tratarse sobre todo de transferencias
procedentes de presupuestos comunitarios ésta no es muy significativa,
pues dependen de la dinámica propia de la gestión de los fondos
comunitarios que varía de un ejercicio a otro pero que, al final, se
imputarán al ejercicio en las cuantías previstas. De todas formas, el
porcentaje de realización era correcto al concluir agosto, con el 64,6
por ciento.

Sin perjuicio de que posteriormente profundicemos lo que sea necesario en
esa disección de la vertiente de ingresos, paso ahora a analizar la
vertiente del gasto. El esquema que voy a utilizar será similar al del
informe, lo que facilitará su seguimiento y consistirá en resaltarle lo
más significativo de la liquidación del presupuesto del Estado, entre lo
que cabe destacar las modificaciones introducidas sobre los créditos
iniciales para llegar al reconocimiento de obligaciones, las cuales
podemos analizar desde una doble perspectiva, económica y funcional; y el
análisis de la evolución de los pagos en sus diferentes clasificaciones.

Al iniciar este análisis, es inevitable repetir una vez más el hecho
singular que condiciona de manera fundamental este ejercicio
presupuestario: la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de
1995. Ello no solamente porque suponga un hecho de importancia
político-económica de alcance general, sino porque en lo que respecta a
los gastos su incidencia es inmediata, toda vez que los créditos
iniciales con que contamos en este ejercicio son, en la práctica, los del
anterior a los que ha habido que realizar los correspondientes ajustes,
como SS. SS. bien saben.

Por ello, la cifra de crédito de que partimos para iniciar el proceso de
gasto del Estado apenas se aleja de la de 1995, que es, en esencia, la
misma. Ahora bien, la diferencia fundamental entre uno y otro ejercicio
estriba en las modificaciones, las cuales han cuadriplicado este año su
importancia respecto al montante habitual de los últimos ejercicios al
pasar de una cifra de 355.000 millones a otra de 1,76 billones de
pesetas. Naturalmente, estamos hablando de los ocho primeros meses del
año.

A pesar de este cambio estructural tan importante, el reconocimiento de
obligaciones presenta la cifra de 11,5 billones, prácticamente calcada de
la del pasado año, aunque, como es lógico, el porcentaje de realización
ha experimentado una caída acorde con el incremento del crédito final,
que superó ligeramente los 19 billones de pesetas, frente de los 17,7
billones de 1995. En resumen, el crédito final de que se ha dispuesto al
final del segundo cuatrimestre de este año ha sido casi el 8 por ciento
más elevado y los pagos totales no financieros han visto aumentar su tasa
de variación en siete décimas porcentuales con relación al anterior
ejercicio.

Aquí también cabe reseñar la fuerte caída de las obligaciones pendientes
de pago, de casi un 25 por ciento, lo que ha ayudado a mejorar la ratio
pagos realizados/obligaciones reconocidas, hecho que, al situarse por
encima del 92 por ciento, supone la recuperación del nivel de 1994,
después de haber caído casi tres puntos en 1995.

Veamos ahora cuáles han sido las principales modificaciones que han
experimentado los créditos iniciales. Como ya les he indicado, y puede
comprobarse en el apartado correspondiente, esta rúbrica ha experimentado
un fuerte aumento, que se ha concretado a través de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. Así, frente a la cantidad de
43.000 millones de pesetas que introducían ambos instrumentos de
modificación de créditos en 1995, este año en el mismo período --en el
transcurso de los ocho primeros meses-- se rebasan los 1,5 billones de
pesetas. De esta última cifra, el 70 por ciento afecta a las
transferencias corrientes, correspondiendo el resto a inversiones reales
y gastos de personal.

Si bien ya he hecho a SS. SS. algunas referencias a la atipicidad de este
ejercicio presupuestario, es en el contexto del análisis de las
modificaciones donde mejor se puede ver la plasmación de dicho aserto. En
efecto, en el ámbito de sólo dos normas legales --ha habido una tercera
en el mes de marzo, aunque de menor importancia--, en los Reales
Decretos-leyes 1 y 12, de 19 enero y 26 de julio del presente ejercicio,
respectivamente, se contiene prácticamente la totalidad de la explicación
de tan importante aumento. En el primero de ellos se halla el ajuste de
cerca de 800.000 millones de pesetas, que, por vía de suplementos de
crédito, ha sido necesario hacer para adecuar el presupuesto prorrogado
de 1995 a las necesidades de 1996, destacando los casi 390.000 millones
destinados a la financiación de la sanidad pública y revalorización de
pensiones, y los más de 135.000 millones en concepto de participación



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en los ingresos del Estado para la financiación de las comunidades
autónomas que, como saben SS. SS., recogen las mayores necesidades
financieras por la asunción, en 1995, de nuevas competencias en materia
de universidades que debieron cubrirse con un crédito extraordinario de
algo más de 122.000 millones de pesetas en este ejercicio. Lo mismo cabe
decir del suplemento de crédito para las comunidades locales por la
participación en ingresos del Estado. Deben añadirse también las
revalorizaciones de los salarios de los funcionarios en base al IPC.

El otro gran hito presupuestario del período comentado y del ejercicio
es, sin duda alguna, el conjunto de créditos extraordinarios que, por
importe superior a 721.000 millones de pesetas, fue necesario habilitar
para hacer frente a diversas obligaciones de ejercicios anteriores, así
como para regularizar anticipos de fondos. Entiendo que no es procedente
repetir aquí el debate que tuvo lugar en su día sobre esta cuestión y en
el que SS. SS. tuvieron ocasión de exponer su posición y demandar las
aclaraciones precisas al señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato, aunque luego haremos
algunos comentarios al respecto.

El debate en sesión plenaria del Congreso, seguido de la correspondiente
votación, aprobación y publicación en el BOE del real decreto-ley, a mi
juicio, hace totalmente improcedente su posterior reproducción en
Comisión; sin embargo, lo traemos a colación aquí porque condiciona muy
claramente la evolución de la ejecución del presupuesto del Estado,
objeto central de esta comparecencia. Dicho condicionamiento debe
entenderse en términos de caja, porque en términos de contabilidad
nacional los efectos son imputables a 1995, elevando el déficit del
Estado en dicho año del 5,9 al 6,6 por ciento. En este sentido, tenemos
fundados motivos para creer que dicho planteamiento será asumido por la
Comisión Europea.

No obstante, les recuerdo que de estos 721.000 millones, casi 200.000
millones son formalizaciones de anticipos de fondos, como es el caso de
las correspondientes a la Unión Europea y a las concesionarias de
autopistas de peaje. Algo más de 28.000 millones de pesetas corresponden
a créditos que se encontraban en distintas fases de tramitación, siendo
los más importantes los correspondientes a FEVE, Hospital Clínico y
Provincial de Barcelona y subvención al transporte aéreo de residentes en
las islas Baleares. Finalmente, un montante de 495.700 millones
corresponden a créditos destinados a cubrir gastos ya realizados, pero
sin dotación presupuestaria, de los que 164.000 millones corresponden a
infraestructuras hidráulicas y de carreteras, 72.000 millones debidos a
la insuficiente consignación de Renfe según contrato-programa y 44.200
millones al régimen de previsión social del Estado.

Fuera de los créditos extraordinarios y suplementarios, el resto de
modificaciones de crédito por operaciones no financieras, esto es
incorporaciones de remanentes, ampliaciones de crédito y generaciones de
crédito, ha caído de manera importante, especialmente las dos últimas,
con relación al período enero-agosto de 1995. Tales modificaciones elevan
los créditos finales algo por encima de los 19 billones de pesetas, es
decir, 1,4 billones o el 7,9 por ciento por encima de los de 1995. Para
evitar que todas estas modificaciones hagan imposible el cumplimiento del
objetivo ineludible relativo al déficit, ha habido dos acuerdos de
Consejo de Ministros, uno en diciembre y otro en mayo, por los que se ha
asumido el compromiso de limitar la disposición de créditos por importe
de 1,051 billones de pesetas.

En lo que se refiere al reconocimiento de obligaciones, visto desde el
lado de su clasificación económica, esto es, por capítulo de gasto, el
conjunto de operaciones corrientes registra en el período un crecimiento
positivo del 2,2 por ciento, mientras que las operaciones de capital caen
cerca del 19 por ciento. Dentro de las operaciones corrientes hay que
mencionar, en primer lugar, lo que constituye el principal objeto de
preocupación del gasto público: los gastos financieros, que superan en
más de 180.000 millones de pesetas los correspondientes del anterior
ejercicio, creciendo a una tasa próxima al 9 por ciento. Como pueden
comprobar, los gastos de personal también experimentan un comportamiento
bastante dinámico aproximándose al 5 por ciento la tasa de crecimiento de
las retribuciones, mientras que las de clases pasivas, cuotas y
prestaciones apenas excede el 4 por ciento.

En el otro lado de la balanza debo resaltar, tanto la reducción de los
gastos en bienes corrientes y servicios, exponente de las directrices del
Gobierno en la materia y a las que seguirá todo un nuevo diseño para
profundizar en su racionalización, en el ya una se está trabajando, como
la estabilización en torno a los 6,3 billones de pesetas de las
transferencias corrientes, aspecto este más importante por su peso en el
conjunto del gasto corriente, ya que en el período representa en torno al
55 por ciento de la cifra de obligaciones reconocidas. Dentro de este
capítulo sobresale la evolución positiva de sus principales componentes:
las transferencias a la Seguridad Social, por un total de 2,5 billones,
de los que 2,1 recaen sobre el Insalud, y las dirigidas a las comunidades
autónomas, por importe próximo a los 1,5 billones de pesetas,
correspondientes a los servicios asumidos por la cesión de nuevas
competencias en materia de universidades, como ya les indiqué
anteriormente. Entre el resto de las partidas destacan las dirigidas a
financiar las corporaciones locales, en torno a 800.000 millones de
pesetas, y las dirigidas al exterior, básicamente como aportación al
presupuesto general de la Unión Europea, por una cifra superior a los
460.000 millones de pesetas, que compensa la anterior evolución alcista
al caer varios puntos en relación a 1995. Destaca también la fuerte
caída, del 47 por ciento, experimentada por las transferencias a
organismos autónomos administrativos y a empresas públicas y otros entes
públicos, que se ven reducidas el 17 por ciento. El primer caso merece
una breve mención, puesto que tras dicha caída subyace un hecho de clara
trascendencia socioeconómica, como es la reducción del desempleo,
fenómeno que, a juzgar por los últimos datos de que se dispone, continúa
produciéndose al observarse una reducción de las aportaciones al
desempleo que se efectúan a través del Inem, las cuales pasan en el
período de una cifra cercana al medio billón de pesetas a otra inferior a
los 200.000 millones; sin embargo, no caen las aportaciones dirigidas al
fomento del empleo.




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En cuanto a la segunda rúbrica que presenta un apreciable retroceso, las
transferencias a las empresas públicas y otros entes públicos, cabe decir
que dicho retroceso está justificado básicamente por la mencionada
reducción de las dotaciones correspondientes a universidades a raíz del
traspaso de competencias en esta materia a las comunidades autónomas.

Si pasamos a analizar ahora la evolución de las operaciones de capital,
veremos que la caída de casi el 19 por ciento observada en las mismas
obedece básicamente a una fuerte reducción del 29 por ciento operada en
las transferencias de capital, en donde caen todos sus componentes con la
excepción de las dirigidas a familias e instituciones no lucrativas
merced al incremento de las subvenciones de intereses en materia de
vivienda, que está parcialmente mitigada por una reducción de menor
intensidad en las inversiones reales, siendo ambas cifras, a 31 de
agosto, de similar magnitud, es decir, en torno a los 400.000 millones de
pesetas.

El apartado más importante cuantitativamente, pues representa la cuarta
parte de las mismas, corresponde a las dirigidas a empresas públicas y
otros entes públicos, las cuales se han visto reducidas en 30.000
millones en el período, algo más del 22 por ciento.

Contemplando ahora el reconocimiento de obligaciones con la ayuda de la
clasificación funcional, este análisis de la ejecución del presupuesto de
gastos del Estado se puede enriquecer aún más. Una primera mirada al
cuadro correspondiente de la publicación nos muestra que los dos únicos
grupos de función que registran crecimiento significativo son el nueve,
transferencias a otras administraciones públicas (por la ya comentada
participación de los entes territoriales en los ingresos del Estado y
traspaso de competencias), y el grupo de función cero, Deuda Pública, por
la subida de los gastos financieros. En el caso de esta última, si bien
la deuda a medio y largo plazo ha observado una evolución contenida por
debajo del 5 por ciento, no ha sido así en el caso de la deuda a corto
plazo que presenta un fuerte aumento del 20 por ciento que se explica por
el propio ciclo de este instrumento financiero, al acumularse en el
momento de su amortización los intereses implícitos de la misma.

También registran variación positiva en el reconocimiento de
obligaciones, como puede comprobarse, los grupos de función defensa,
protección civil y seguridad ciudadana, por un lado, y seguridad,
protección y formación social, por otro.

Destaca por su reducción del más del 13 por ciento, la función que recoge
la regulación económica de los sectores productivos por ser precisamente
la misma donde ha tenido lugar el mayor incremento porcentual de
crecimiento final, motivando que su tasa interanual, de enero a agosto,
haya rebasado el 50 por ciento.

Entremos seguidamente para cerrar esta parte de nuestra exposición en el
escalón final de la ejecución presupuestaria: los pagos de carácter no
financiero. Si se contempla conjuntamente su evolución y la de las
obligaciones contraídas se puede observar cierto comportamiento
divergente, ya que por un lado los pagos por operaciones corrientes
presentan un mayor dinamismo que su correspondiente contracción de
obligaciones más que duplicando la tasa de evolución de estas últimas;
mientras que en el caso de las operaciones de capital la caída observada
en los pagos es a su vez menos de la mitad que las obligaciones
contraídas por el mismo concepto. El efecto conjunto de todo ello supone
que la tasa de evolución de los pagos no financieros cuadruplique
ampliamente las obligaciones contraídas.

Es digno de resaltar el incremento de los gastos financieros cuya tasa de
crecimiento superior al 16 por ciento recoge el efecto del vencimiento de
los intereses implícitos de las letras del Tesoro por el calendario de
amortizaciones de éstas. También debe reseñarse la reducción confirmada
en el escalón de pagos de los gastos en bienes corrientes y servicios que
caen el 7 por ciento, un punto más que sus correlativas obligaciones.

Por su peso específico superior al 50 por ciento del total de pagos no se
puede eludir, siquiera de pasada, un comentario sobre el capítulo de
transferencias corrientes cuya evolución en el período encierra
movimientos de cierto interés.

En primer lugar, las dos principales partidas, las dirigidas a la
Seguridad Social y a las comunidades autónomas, como ya ocurriera con sus
correspondientes obligaciones, presentan importantes aumentos, en este
caso del 12 y 15 por ciento respectivamente. Por lo que se refiere a las
primeras, destacan las cantidades destinadas a la financiación del Estado
para cobertura de las pensiones no contributivas y para el cumplimiento
de pensiones mínimas. En el caso de las segundas sobresalen las dirigidas
a las comunidades autónomas por la participación en los ingresos del
Estado y a la repercusión en pagos, equivalente a sus obligaciones, del
coste de servicios asumidos en materias de universidades como asimismo se
ha visto anteriormente.

En segundo lugar, se produce por el contrario una fuerte caída de las
transferencias a organismos autónomos administrativos debido al ya
comentado fenómeno de reducción del desempleo y al favorable reflejo en
los pagos efectuados en el período correspondiente al Inem que caen casi
en sus dos terceras partes respecto al anterior ejercicio. La caída del
20 por ciento de los pagos de transferencia a las empresas públicas y
otros entes públicos es a su vez la resultante de dos evoluciones de
signo contrario, la reducción de la financiación a las universidades por
los traspasos comentados y el aumento de la destinada a Renfe.

Finalizaremos este repaso de la ejecución hasta el mes de agosto con una
leve alusión a las transferencias de capital, simplemente para resaltar
la única partida que ha evolucionado positivamente: transferencias a las
empresas privadas, entre las que se encuentran las primas a la
construcción naval.

Quiero pasar ahora, si me lo permiten SS. SS., a hacer una breve
referencia a la evolución más reciente de la ejecución de los
presupuestos del Estado en el pasado mes de septiembre, una evolución que
es importante resaltar aquí, si bien quiero llamar la atención sobre el
hecho de que son datos de avance, muy provisionales como saben ustedes,
por la cadencia con que salen estos datos de la Intervención



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General de la Administración del Estado hacia mediados de mes, lo que
hace que todavía sea un avance que suministro a esta Comisión en
primicia.

La primera característica a resaltar de la ejecución presupuestaria en
septiembre es que se acentúa el proceso de corrección del déficit de
caja. Si hasta agosto la mejora del déficit era de cuatro décimas del PIB
sobre el mismo período del año anterior, del 3,1 por ciento en ese
período de 1995 al 2,7 por ciento en 1996, con un mes más --es decir, con
nueve meses-- el déficit se corrige en siete décimas, pasando del 3,6 por
ciento del PIB en los nueve meses de 1995, al 2,9 por ciento en el mismo
período de 1996. Ello es debido a que en septiembre el déficit de caja
cae el 41,3 por ciento; ésta es la primera característica que quería
resaltar.

La segunda es que en los nueve meses continúa registrándose un importante
superávit primario, es decir, excluyendo de los pagos los
correspondientes a intereses, de 351.700 millones de pesetas, frente al
déficit primario --no superávit-- de 308.300 millones de pesetas en el
mismo período de 1995. En septiembre hubo un ligero déficit primario de
68.000 millones de pesetas, un 64,3 por ciento inferior al registrado en
el mismo mes de 1995 que había sido de 191.200 millones de pesetas.

La tercera característica que hay que resaltar de la ejecución del
presupuesto del Estado en septiembre es que los ingresos aumentan
moderadamente, el 4,1 por ciento, cifra realmente moderada que se debe a
la caída de los ingresos en el IRPF del 7,4 por ciento por la decisión de
agilizar las devoluciones; 127.000 millones de pesetas en ese mes que son
el 27,4 por ciento superiores a las del mismo mes de 1995. Por lo demás,
el resto de los grandes impuestos han registrado tasas importantes de
crecimiento. Por ejemplo, en el Impuesto de Sociedades, el 23,7 por
ciento de aumento; en el IVA, el 19,4 por ciento; alcohol y bebidas
derivadas el 150 por ciento; labores del tabaco, el 19,1 por ciento.

En septiembre ha habido un crecimiento moderado, pero en el conjunto de
los nueve primeros meses se sigue manteniendo un ritmo que nos permite
aventurar que se cumplen los objetivos en el presente ejercicio habiendo
crecido en los nueve primeros meses el 6,9 por ciento sobre el mismo
período del año anterior.

En cuarto lugar, quería resaltar que los pagos en septiembre cayeron el 8
por ciento sobre el mismo mes de 1995, habiendo descendido todos los
capítulos salvo el de gastos de personal que aumentó el 7 por ciento. A
nivel acumulado de nueve meses los pagos siguen una evolución más
moderada con aumento del 2,9 por ciento. El mayor crecimiento, como ya
pueden suponer SS. SS. es el correspondiente a gastos financieros que
aumentan el 14,1 por ciento, siguiendo los gastos de personal con el 5,4
por ciento. Los gastos en bienes corrientes y servicios han descendido el
9,2 por ciento.

En cuanto a las transferencias corrientes, como saben el capítulo más
importante del conjunto de gastos, en los nueves meses registran un
aumento moderado del 0,9 por ciento, repartiéndose de manera desigual.

Crecen mucho las transferencias a la Seguridad Social, en línea con lo
que venía pasando hasta ahora, el 12,7 por ciento; a entes territoriales,
el 7 por ciento. Crecen poco, el 1,8 por ciento, las transferencias a
familias. Se mantienen estables la transferencias al presupuesto
comunitario y caen mucho, el 62 por ciento, las dirigidas al Inem por las
prestaciones por desempleo, dada la evolución del empleo. Por último, las
operaciones de capital caen el 10,8 por ciento en estos nueve meses,
tanto las inversiones reales, el 5,4 por ciento, como sobre todo las
transferencias de capital. En resumen, prosigue una ejecución rigurosa
del presupuesto con la finalidad de evitar desviaciones en relación con
el objetivo de déficit establecido para el Estado en el 3,5 por ciento.

Podemos pasar a ver el avance de liquidación que ha realizado el
Gobierno, y que ha entregado al Parlamento juntamente con el resto de la
documentación presupuestaria, tanto en términos de caja como en términos
de contabilidad nacional. De acuerdo con las cifras de avance de la
liquidación de presupuesto para 1996, se ha previsto un déficit de caja
no financiero de 2,45 billones de pesetas, cifra que supone una reducción
del 22,2 por ciento respecto al obtenido a finales del ejercicio 1995,
que fue de 3,15 billones de pesetas. La recaudación prevista por ingresos
no financieros alcanza la cifra de 15,18 billones, que representan un
aumento anual del 7,9 por ciento. Por su parte, los pagos no financieros
se estiman en 17,63 billones, con un incremento del 2,4 por ciento en
relación a los pagos realizados durante 1995. Respecto a los pagos
previstos para 1996, hay que tener en cuenta que, debido a la aplicación
de los principios contables del nuevo Plan de Contabilidad Pública,
durante este ejercicio se han imputado como pagos no financieros un total
de 171.600 millones, que corresponden al nuevo tratamiento presupuestario
de los intereses a cargo del Estado correspondientes a las primas
negativas de emisión. Es preciso señalar que en los ejercicios anteriores
este coste se contabilizó como una operación de naturaleza financiera en
el capítulo de variación de pasivos financieros, por lo cual no tuvo
incidencia sobre el déficit de caja. Así pues, en estrictos términos de
homogeneidad, de imputación contable entre los ejercicios de 1995 y 1996,
deduciendo el efecto del cambio de criterio en la presupuestación de
estos intereses, el déficit de caja previsto para 1996 alcanzaría la
cifra de 2,28 billones de pesetas, que supone una reducción, respecto al
año anterior, del 27,7 por ciento.

Ahora bien, como consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto-ley
12/1996, durante el ejercicio de 1996 habrán de realizarse pagos por un
total de 721.200 millones de pesetas, que afectarán en su totalidad al
déficit de caja no financiero del Estado de este año, a pesar de que su
incidencia sobre la necesidad de financiación --déficit público en
términos de contabilidad nacional-- corresponde al ejercicio de 1995.

Teniendo en cuenta el efecto en caja de los pagos establecidos en el Real
Decreto-ley 12/1996, el déficit de caja no financiero del Estado previsto
para 1996 se elevará a 3,17 billones de pesetas, cifra que supone un
aumento, respecto al ejercicio anterior, del 0,7 por ciento.

En términos de contabilidad nacional, el déficit o necesidad de
financiación del Estado, que es lo que nos interesa



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desde el punto de vista de los efectos exigidos por el Tratado de la
Unión Europea, alcanzará los 2,63 billones, al cual se llega de la
siguiente manera: ingresos corrientes, 15 billones, dicho en cifras muy
globalizadas; empleos corrientes, 16,3 billones; un ahorro negativo de
1,3 billones y una cuenta de capital de 1,3 billones, que se desglosa en
1,6 de inversiones o transferencias de capital y 300.000 millones de
ingresos por transferencias de capital, que nos da una cuenta de capital
de 1,3 billones, que junto con el ahorro negativo de 1,3 nos da la
necesidad de financiación de 2,6 billones; en definitiva, el 3,5 por
ciento del PIB.

Nosotros creemos sinceramente que tal como está evolucionando el
presupuesto del Estado alcanzaremos el objetivo de déficit público a
final del ejercicio sin necesidad de ajustes, salvo ligeros retoques
llegado el caso, o salvo imponderables que obligan a ligeros retoques,
perfectamente centrados con este cumplimiento de déficit público.

Especialmente importante es cumplir este objetivo de déficit público dada
la sensibilidad que hay en los mercados y dada la necesidad de cumplir
obligatoriamente con este criterio establecido en Maastricht no sólo para
ganar credibilidad en los mercados, sino cumplir con ese requisito y
poder estar en el grupo de cabeza de los que acceden a la última fase de
la Unión Económica y Monetaria.

Fue necesario hacer ajustes en meses anteriores, en concreto un ajuste de
no disponibilidad de 200.000 millones el 10 de mayo, que se suma al
ajuste de no disponibilidad realizado a finales de diciembre por el
anterior Gobierno. Este ajuste de no disponibilidad, de 10 de mayo, fue
imprescindible llevarlo a cabo, y ya tuve ocasión de informar a esta
Comisión en la anterior comparecencia, porque había una desviación en la
ejecución presupuestaria relativamente notable que exigía este ajuste,
tanto por insuficiencia de ingresos como por desviación al alza de los
gastos. Forma parte de la práctica ordinaria de los gobiernos ir
realizando ajustes en la ejecución presupuestaria para evitar que éste se
desvíe en relación con las previsiones iniciales respecto al presupuesto.

En definitiva, estamos hablando del principal instrumento de política
económica para la consecución de los objetivos de la misma, para lograr
maximizar crecimiento, empleo y estabilidad de precios. Con esa mira se
elabora este principal instrumento de política económica y se envía al
Parlamento para su discusión y, en su caso, aprobación. Este es el
mandato del Legislativo al Ejecutivo; si se producen desviaciones --que
se pueden producir por muchos factores-- son necesarios estos ajustes.

Los gobiernos anteriores nos dieron sobradas muestras de ir realizando
ajustes en la ejecución presupuestaria, bien estableciendo límites al
reconocimiento de obligaciones, bien estableciendo no disponibilidades de
créditos precisamente para lograr estos ajustes. Es más, incluso después
de la decisión del Consejo de Ministros de finales de diciembre, de
establecer la no disponibilidad de 850.810 millones de pesetas, viendo
cómo se estaba ejecutando el presupuesto, a finales de febrero el
entonces Ministro de Economía y Hacienda envió cartas a los distintos
ministerios diciéndoles que no iba a permitir por su parte
incorporaciones de crédito en aquellos ámbitos en los cuales él tenía
responsabilidad de hacerlo, y además pedía a los demás ministros que en
sus competencias no hiciesen en lo posible esas incorporaciones de
crédito porque si no probablemente fuera necesario tomar nuevas
decisiones de no disponibilidad. En definitiva, éstas son las actitudes
responsables, difíciles, pero que tienen que tomar los gobiernos en su
momento para ajustar la ejecución de los presupuestos a las verdaderas
necesidades de la economía.

En ese sentido, y ajustándome, señor Presidente, a los planteamientos que
se hacían en la solicitud de comparecencia, puedo pasar a exponer el
desglose de la no disponibilidad que estableció el Gobierno en Consejo de
Ministros el día 10 de mayo. Yo podría hacer entrega de este desglose con
las distintas secciones y programas para que ustedes dispongan de las
cifras.

Hay inicialmente un cuadro, que ya conocen SS. SS. porque se entregó en
anterior ocasión, que hace la distribución por capítulos y secciones, una
tabla de doble entrada, y a continuación está el desglose por cada uno de
los ministerios y programas.




El señor PRESIDENTE: Vamos a fotocopiar ese documento para entregarlo a
los grupos que estén presentes en la Comisión.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado Blanco):
Puedo leer algunos programas, si SS. SS. lo desean, empezando por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos el programa 131 A,
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, 11 millones.

Estamos hablando de la no disponibilidad de créditos. Formación de
personal de relaciones exteriores, 2 millones; acción diplomática
bilateral, 24 millones; acción diplomática en las Comunidades Europeas,
36 millones; cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior,
134 millones; acción consular, 76 millones; y los programas relativos a
la AECI e Instituto Cervantes, 5 millones y 190 millones,
respectivamente. En total son 478 millones en esta sección del Ministerio
de Asuntos Exteriores. (El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Imagino, señor Borrell, que es para una cuestión de
procedimiento.




El señor BORRELL FONTELLES: Efectivamente, señor Presidente.

No hubiera sido demasiado difícil, para el señor Secretario de Estado,
haber acudido a esta comparecencia con una documentación escrita que
hubiese distribuido de ser posible antes a los parlamentarios. Eso nos
ahorraría esa lectura prolija y sin duda aburrida y poco eficiente de una
información que, si se hubiese tomado la molestia de remitírnosla antes,
habríamos podido estudiar y ahora usted no tendría que leerla. No
habiéndolo hecho antes, que no debe ser tan difícil hacerlo, usted
hubiera podido acompañar una serie de ejemplares que ahora obtendremos
gracias a los servicios de la Cámara. Pero creo que no es muy útil



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que usted nos lea este papel. Si le parece, mientras sacan fotocopias...

(El señor López-Amor García: Es su criterio.) Es mi criterio,
naturalmente. No estoy exponiendo más que mi criterio. Si les parece al
señor Presidente y al señor secretario de Estado, mientras obtenemos
fotocopias quizá podríamos pasar a intervenir sobre la primera parte de
su exposición, en vez de estar escuchando atentamente una lectura de
números cuya retención es difícil y poco útil. (El señor López-Amor
García pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Amor.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Siento discrepar de las manifestaciones
efectuadas por el señor Borrell, pues este grupo sí considera de todo
interés la descripción de las partidas que estaba haciendo el Secretario
de Estado de Presupuestos y Gastos. En este sentido le sugeriríamos,
señor Presidente, que tuviera a bien permitir al secretario de Estado que
continuara informándonos y que no rompiera la unidad de acto de esta
comparecencia en su primera fase, dado que el orden del día ha sido desde
el principio tratado conjuntamente y yo creo que se perdería mucha
información en el camino si la interrumpimos.




El señor PRESIDENTE: El criterio de la Presidencia es que el señor
secretario de Estado puede organizar su intervención de la forma en que
crea conveniente, con independencia de que para el debate posterior los
grupos que están presentes tengan el apoyo del documento fotocopiado.

El señor Folgado puede pasar a describir con el detalle que considere
preciso cuáles han sido esas partidas concretas en las que se produjo la
no disponibilidad del presupuesto.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado Blanco):
Creo que podemos emplear un criterio mixto, dando las cifras globales de
cada sección y algunos de los programas más importantes de cada sección,
si están de acuerdo sus señorías.

En el Ministerio de Justicia e Interior, sección 13, 2.282 millones de
pesetas. Sobresalen a tribunales de justicia y ministerio fiscal, 565
millones; a seguridad ciudadana, 1.122 millones; a dirección y servicios
generales de seguridad y protección civil, 127 millones; a centros e
instituciones penitenciarias, 212 millones.

En el Ministerio de Defensa se reseñan 83 millones; a administración y
servicios generales prácticamente algo más de la mitad, 48 millones.

En el Ministerio de Economía y Hacienda aparecen 2.040 millones:
direcciones y servicios generales, 679 millones; planificación,
presupuestación y política fiscal, 109 millones; Agencia Estatal de
Administración Tributaria, 1.000 millones.

En el Ministerio de Educación y Ciencia se anotan 8.102 millones: a
educación secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de
idiomas, 637 millones; servicios complementarios de la enseñanza, 569
millones; junta de construcciones, instalaciones y equipo escolar, 4.535
millones.

En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los programas 800 X,
transferencias internas al Instituto de Fomento de la Economía Social,
700 millones; al Inem, por desempleo, 2.500 millones; a Seguridad Social,
1.000 millones.

En el Ministerio de Industria y Energía indicamos 7.320 millones;
investigación y desarrollo tecnológico, 3.164 millones; dirección y
servicios generales de industria, 1.022 millones; al Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial, 2.000 millones; a normativa de
desarrollo energético, 652 millones.

En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se reseñan 9.679
millones: programa 533 A, protección y mejora del medio rural, 1.858
millones; comercialización, industrialización y ordenación alimentaria,
1.240 millones; parques nacionales, 1.435 millones.

En el Ministerio de Administraciones Públicas hay en total 2.460
millones: el programa 912 B, Cooperación Económica del Estado, 2.130
millones; acción social a favor de funcionarios, 212 millones.

En el Ministerio de Cultura, sección 24, están 2.074 millones; museos,
213 millones; promoción y cooperación cultural, 194 millones; promoción
de libros y publicaciones culturales, 120 millones; Instituto Nacional de
Artes Escénicas y de la Música, 985 millones.

En el Ministerio de Presidencia del Gobierno hay 254 millones: en los
propios servicios de Presidencia, 40 millones; relaciones Cortes
Generales, Secretaría de Gobierno y apoyo alta dirección, 51 millones.

En el Ministerio de Sanidad y Consumo aparecen 3.367 millones; dirección
y servicios generales de sanidad, 52 millones; planificación de la
asistencia sanitaria, 80 millones; oferta y uso racional de medicamentos,
90 millones; sanidad exterior, 115 millones; transferencias de capital al
Insalud, 3.000 millones.

En el Ministerio de Comercio y Turismo son 2.748 millones;
fundamentalmente al programa 732 B, promoción comercial e
internacionalización de la empresa, 2015 millones; al Instituto de
Turismo de España, 700 millones; entes territoriales, 18.000 millones,
transferencias a corporaciones locales por participación en ingresos del
Estado; relaciones financieras con las comunidades europeas, 56.000
millones; el programa 921, transferencias al presupuesto general de la
UE, 55.000 millones; y cooperación al desarrollo en el marco de convenios
de Lomé, 1.000 millones.

El último que falta por instrumentar a fecha de hoy es el acuerdo de no
disponibilidad en relación con el antiguo MOPTMA. Su causa es la
aplicación a créditos del ejercicio 1996, presupuesto prorrogado, menos
la no disponibilidad de diciembre de 1995 de obligaciones pendientes, a
31 de diciembre de 1995, como se puso de manifiesto en el Real
decreto-ley 12/1996. En este momento se están efectuando las últimas
operaciones de aplicación de dichas obligaciones a los créditos
extraordinarios oportunamente dotados por el real decreto-ley para que se
pueda proceder a instrumentar la no disponibilidad en créditos realmente



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libres. En este sentido hay que hacer notar que la no disponibilidad de
diciembre de 1995 en este ministerio, que por un importe de 87.186
millones de pesetas se llevó a cabo con fecha 1 de abril de 1996,
consideró como no disponibles 15.358 millones de pesetas correspondientes
a las dotaciones para hacer frente al contrato programa de Renfe para
1996, que ya estaban infradotadas por tratarse del presupuesto
prorrogado, por lo que se ha originado una insuficiencia presupuestaria
real para este ejercicio. Correspondientes a la deuda con Renfe de
Correos y Telégrafos por operaciones anteriores al 1 de enero de 1992,
5.913 millones de pesetas. Este importe, que no se hizo efectivo con
cargo al Presupuesto de 1995, en el que se dotó la oportuna cobertura
presupuestaria, ha debido ser cubierto en el Real Decreto-ley 12/1996. Y
2.100 millones de pesetas de aplicaciones a Feve por inversiones y
amortización de créditos igualmente obligatorias. Asimismo en dicho
acuerdo se declararon no disponibles créditos para numerosos convenios
que ya estaban firmados. Por todo ello, nosotros estamos ultimando todos
estos ajustes al acumularse y crearnos dificultades las dos no
disponibilidades. En breves fechas enviaremos a SS. SS. también el
desglose de los programas en relación con esta sección, el antiguo
MOPTMA, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

El último tema de mi comparecencia es el relativo al Real Decreto-ley
12/1996, por el que se dotan créditos extraordinarios por 721.000
millones de pesetas para atender obligaciones de ejercicios anteriores y
anticipos de fondo. La elaboración del real decreto-ley se efectuó en
base a informes perfectamente documentados de las diferentes
intervenciones delegadas de la Dirección General de Presupuestos. Para
posibilitar un conocimiento global de toda la operación por parte del
Parlamento, el Ministro de Economía y Hacienda solicitó de la
Intervención General un informe explicativo, resumen de actuaciones, que
fue enviado por el interventor general al ministro mediante oficio de 29
de agosto e inmediatamente remitido por éste al Congreso para
proporcionar la mayor información a los parlamentarios, de cara a la
sesión de convalidación del real decreto-ley celebrada el 3 de
septiembre.

El informe remitido al Congreso es explicativo de actuaciones, no un
informe de auditoría o de control directo. La referencia a actuaciones
posteriores de comprobación que hace el mismo es, por un lado, una
referencia obligada, pues a ello remite el propio artículo 5 del real
decreto-ley, perfeccionando la cláusula que en igual sentido se contenía
en el real decreto-ley de regularización de 1983. En todo caso, creo que
debería ser valorada positivamente, en cuanto que manifiesta una
exquisita prudencia por la Intervención General de la Administración del
Estado en la valoración inicial de operaciones que, en gran parte y desde
una perspectiva superficial, sí podrían ser consideradas irregulares.

También creo que es importante hacer referencia a si tenía implicaciones
el hecho de que estuviésemos ante un presupuesto prorrogado. Con
presupuesto prorrogado o nuevo la solución habría consistido en una
regularización como la efectuada, pues el problema existía por haberse
efectuado obligaciones sin crédito. No resulta correcto hablar de la
existencia, como se ha hecho ya en la comparecencia parlamentaria, de
planes de saneamiento en marcha en ministerios como el de Interior, pues,
en definitiva, implica un reconocimiento efectivo de la existencia de un
conjunto significativo de deudas anteriores que deberían haber sido
abonadas y que no lo fueron por falta de crédito.

Quería añadir algo muy breve, puesto que este tema ha sido tratado de
manera muy extensa por el Vicepresidente económico del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda en sesión plenaria del Congreso, donde
han tenido ocasión de intervenir SS. SS., y ha sido ampliamente debatido,
votado y aprobado el real decreto-ley. Por consiguiente, como les dije en
mi primera intervención, a mi juicio no parece procedente reabrir todo un
debate, puesto que este tema ha sido ampliamente discutido y votado en
sesión plenaria del Congreso. Unicamente quiero decir que se trata
fundamentalmente de que todas las obligaciones de un ejercicio estén
relacionadas con los gastos de ese ejercicio; de que cuando se vota y se
ejecuta un presupuesto tengamos una idea clara de lo que estamos
haciendo; de que no estamos realizando obligaciones ni compromisos que se
relacionan con ejercicios diferentes.

Hay dos principios: el de anualidad y el de devengo. Creemos que es muy
importante saber a qué atenerse, por razones de seguridad operativa.

Cuando hay un presupuesto que se aprueba para un año, en ese año se dotan
unos créditos y las obligaciones deben estar relacionadas, salvo casos
muy excepcionales, con los créditos de ese ejercicio. Creemos que lo que
se ha producido en la experiencia reciente española ha sido un
embalsamiento de problemas, un trasladar hacia ejercicios siguientes
obligaciones de créditos sobre créditos del ejercicio siguiente, de
manera que en cada uno de los ejercicios quedaban menos créditos
disponibles para ejecutar el presupuesto con los créditos que se habían
dotado en el Parlamento. Para evitar todo esto el Gobierno ha mandado al
Parlamento un proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria, en
cuya exposición de motivos trata de explicarnos por qué se corrigen
algunas de las disposiciones relacionadas con la Ley General
Presupuestaria y con la Ley de Contratos del Estado. En particular, este
proyecto de ley hace referencia a los siguientes cuatro frentes. En
primer lugar, pretende evitar que se produzcan anticipos de fondos sin
dotación presupuestaria previa o sin aplicación inmediata a presupuesto.

Con esa finalidad se modifica el artículo 65 del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, de forma tal que los anticipos de fondo que
se concedan en un ejercicio sean cancelados en el propio ejercicio. En
segundo lugar, lograr que los gastos corrientes generados por
obligaciones de tracto sucesivo tengan la suficiente dotación, es decir,
que no estén con crédito insuficiente, se establece un mayor nivel de
vinculación. Esto hace referencia al capítulo 2, gastos corrientes en
bienes y servicios. En tercer lugar, en relación con las obras de
emergencia, que ha sido uno de los ámbitos en los cuales se ha producido
esta situación anómala de trasladar a ejercicios siguientes la asunción
de pagos y de las correspondientes obligaciones en relación con gastos
realizados en ejercicios anteriores,



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se establece una modificación en el artículo 73.1.a) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas: un plazo máximo de 30 días
para dar cuenta al Consejo de Ministros, por cuanto en ese artículo se
especificaba que con posterioridad se daría cuenta, pero no se fijaba
límite temporal, lo que hacía que se trasladase de un ejercicio a otro.

En cuarto lugar, la realización de expropiaciones por el procedimiento de
urgencia, sin retención de crédito previa. Lo que se hace con esta
modificación presupuestaria es la exigencia de crédito previa para evitar
también este embalsamiento de gastos realizados en ejercicios anteriores.

Me detengo así, señor Presidente, y me pongo a disposición de SS. SS.

para lo que consideren oportuno.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Folgado.

Creo que los usos de la Comisión implican que otorguemos la palabra, en
primer lugar, al grupo que ha pedido las comparecencias, en este caso las
que no son a petición propia del Gobierno, y luego a los demás grupos,
por orden de menor a mayor, acabando el Grupo Popular, aunque me temo que
con la multiplicidad de Comisiones que hoy se han convocado sólo harán
uso de la palabra el Grupo Socialista y el Grupo Popular.

Doy la palabra en primer lugar a don José Borrell, portavoz del Grupo
Socialista.




El señor BORRELL FONTELLES: Gracias, señor Presidente.

Gracias al señor secretario de Estado, aunque las gracias no son muchas
porque la verdad es que nos hubiese podido ilustrar su intervención con
documentación escrita entregada en tiempo y forma.

En primer lugar, sobre el ajuste presupuestario de los 200.000 millones
de pesetas quiero hacer constar lo que entiendo es una actitud poco
cortés como mínimo, con respecto a los miembros de esta Comisión, el
haber pretendido informarles leyendo un documento que no hubiera costado
ningún trabajo suministrar con anterioridad. No es ésta una manera de
informar a una Comisión parlamentaria por parte del Ejecutivo y espero,
señor Secretario de Estado, que subsane usted estas pequeñas
deficiencias, que le costará muy poco esfuerzo hacerlo.

En segundo lugar, seguimos sin saber el ajuste presupuestario. Hemos
avanzado algo. Ahora tenemos el desglose por programas, no en todos los
ministerios, en todas partes menos en el anterior MOPTMA, que
curiosamente concentra 80.000 millones de 200.000. Y si descontamos los
56.000 de la Unión Europea, que no es ningún ajuste sino simplemente un
exceso de crédito que se constata, donde hay bien poco que informar,
simplemente que no es necesario transferir tanto y aquí se para, nos
quedamos con un ajuste de 144.000 millones de pesetas, de los cuales
80.000 millones, es decir el 60 por ciento, siguen sin ser explicados. A
estas alturas, con un presupuesto ya remitido a las Cortes, a mitad del
mes de octubre, el Gobierno es incapaz de explicar a qué partidas
presupuestarias concretas afecta el 60 por ciento de ajuste efectivo de
esta declaración de no disponibilidad. Es una realidad sorprendente e
inaceptable, señor secretario de Estado. Es inaceptable que a estas
alturas de la película usted venga aquí y nos diga que todavía sobre el
60 por ciento del ajuste no está en condiciones de informar. En cuanto al
40 por ciento restante, en esa operación de irle extrayendo información a
usted como si fuésemos dentistas del siglo XIX, hemos conseguido el gran
avance de tener un desglose por programas. ¿Pero por qué no nos lo da
usted por capítulos económicos? ¿O es que todavía no lo sabe? Si no lo
sabe, el ajuste es una declaración de intenciones. Pero creo que sí lo
sabe. ¿Qué le cuesta contárnoslo? ¿Por qué no podemos saber si esto
afecta al capítulo de inversiones, al capítulo de personal o a qué
concepto económico se aplica?
Su actitud es contumaz; la mía, en aplicación de mis funciones y
responsabilidades, también. Me gustaría, como Diputado que soy, y
portavoz parlamentario en materia presupuestaria de mi grupo, conocer a
qué partidas ha aplicado el Gobierno la declaración de no disponibilidad
de 200.000 millones de pesetas. Espero que algún día lo sepamos, pero hoy
usted todavía no nos lo cuenta. En el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente todavía no lo han hecho, y en los demás, que
insisto en que es sólo el 40 por ciento del total, nos lo dan por
programas y no quieren o no pueden dárnoslo por conceptos económicos, que
es como se aplican y se ejecutan las declaraciones de no disponibilidad.

No puedo sino manifestar mi protesta y advertirle que si eso no se
remedia en breve plazo tendremos que pedir amparo a la Presidencia de las
Cortes ante la negativa, por parte de la Administración, de suministrar
la información que le es requerida por los grupos parlamentarios. Su
sonrisa quizá podría usted aplicarla a trabajar más eficientemente y
conseguir informar a la Cámara, por una vez, de a qué partidas
presupuestarias han aplicado ustedes la declaración de no disponibilidad.

No puedo decirles más; simplemente le invito de nuevo a que nos entregue
una información y me sorprendo de que usted todavía no esté en
condiciones de hacerlo.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, permítame que le haga el
mismo reproche. Sería bueno que la información que usted da a la Cámara
la haga por escrito. Le agradezco que nos haya usted leído durante
interminables minutos una sucesión de cifras cuyo seguimiento oral es
difícil, pero ¿qué le costaría a usted haber distribuido por escrito los
datos de ejecución presupuestaria del mes de septiembre y sus previsiones
de cierre? Tampoco es un gran esfuerzo lo que le pedimos. Usted lo leía
en un documento, ¿por qué no nos lo distribuye usted? Sería mucho más
fácil para todos y más eficiente el trabajo parlamentario que tenemos el
encargo de hacer. Le ruego que, por favor --y se lo ruego con toda la
cortesía pero también con alguna firmeza--, en sus comparecencias procure
que nuestro trabajo pueda ser tan eficiente como usted desea que sea el
suyo.

Dicho esto, no voy a hacer referencia a las cifras del mes de septiembre
porque la verdad es que he retenido algunas, pero me gustaría disponer de
ellas por escrito para poderlas estudiar y conocer mejor. Me gustaría que
me explicase usted, con más detalle, la necesidad de endeudamiento que se
registra en los documentos referidos al mes de agosto, de qué manera y
por qué razones ha habido una



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cancelación de efectivos y depósitos en el Banco de España, que es
gracias a lo cual se consigue esta disminución de la necesidad de
endeudamiento. Hacer una enajenación de activos que provoca unos ingresos
que hace caer la necesidad de endeudamiento. Me gustaría que me explicase
con más detalle esto.

También me gustaría que me explicase con más detalle las previsiones de
ingresos y su relación con las que estaban en vigor en el momento del
cambio de Gobierno. ¿Cree usted que los ingresos tributarios, tal como se
están desarrollando, son susceptibles de converger hacia las previsiones
en las que se sustenta el presupuesto de 1997? ¿No están 200.000 millones
por debajo en el mes de agosto --me refiero a agosto porque es el único
del que usted me ha informado por escrito-- los ingresos tributarios
realizados con respecto a las previsiones de esa fecha? Si es así, ¿se
sustenta la cifra de ingresos tributarios previstos en el año 1996 y
utilizados por el Gobierno como base de comparación para el año
siguiente? ¿Cuántos ingresos patrimoniales adicionales piensan ustedes
obtener de aquí a fin de año, habida cuenta que se han incorporado ahora
todos o prácticamente todos los ingresos del Banco de España? ¿Qué
privatizaciones adicionales piensan hacer de aquí a fin de año para
cubrir la previsión en este terreno? En su conjunto, pues, la previsión
de ingresos, hecha para el año 1996, de casi 15,2 billones de pesetas,
¿sigue usted creyendo que se va a poder realizar?
En cuanto a los gastos se están produciendo las consecuencias que ustedes
buscaban con la aprobación del decreto-ley de crédito extraordinario. ¿En
qué cuantía están ustedes procediendo a desmontar la contabilidad
presupuestaria de 1996, anulando operaciones contabilizadas con cargo a
los créditos del ejercicio, para volverlas a contabilizar con cargo a los
créditos dotados en ese decreto-ley, generando así un crédito libre en el
año 1996, que es el causante de esa disminución del 10 por ciento en los
gastos de funcionamiento? Porque es de todos conocido, los que tenemos
algún conocimiento del funcionamiento de la Administración, que ustedes
están desmontando la contabilidad presupuestaria para imputar al
ejercicio de 1995, presupuesto cerrado, utilizando los créditos del
decreto-ley, al que hemos hecho referencia tantas veces, para desplazar
gasto de 1996 a 1995 y, así, lucir en 1996 un déficit menor o tener
mayores posibilidades de gasto. Esta razón y no otra es la que me temo
que explica esa caída del 10 por ciento en los gastos de funcionamiento
del año 1996, por pura traslación al año 1995. Me gustaría que me diese
usted explicación sobre eso. De la misma manera, señor secretario de
Estado, que están ustedes utilizando un cambio de criterio, que como
todos es discutible y tendrá ventajas e inconvenientes, para trasladar
gasto del año 1997 al año 1996 en el capítulo de intereses de la deuda.

Y, así, siguen ustedes aplicando la traslación, según conviene, de la
ubicación temporal de los ingresos y de los gastos para conseguir que las
cuentas les salgan bien; llevan al año 1995 operaciones que ya estaban
contabilizadas en 1996 aplicando los créditos del ejercicio corriente
según lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, que ustedes proponen
cambiar, y utilizan nuevos criterios para llevar al año 1996 gastos que
hubiesen tenido incidencia en el año 1997, por ejemplo, en el capítulo de
intereses. Creo que es especialmente interesante conocer en qué cuantía
la evolución presupuestaria de este año está condicionada o resulta
distorsionada por este tipo de traslaciones contables hechas en función
de la mayor conveniencia de su estrategia presupuestaria y de ninguna
otra razón.

La ejecución de los capítulos de capital demuestra claramente este tipo
de manipulación de los sistemas de contabilidad. Aparte de la caída de
las inversiones que se está produciendo por múltiples razones asociadas a
su gestión, hay también una transferencia al año 1995 de operaciones en
curso, de inversiones y de transferencias de capital, que estaban siendo
contabilizadas con cargo a este ejercicio y que han sido
descontabilizadas para contabilizarlas en un ejercicio ya cerrado. Un
ejemplo de ello --y con esto entro a hacer referencia al tercer objeto de
su comparecencia-- es lo que usted ha llamado el gasto realizado con
Renfe. No hay ningún gasto realizado sin crédito. ¿Me puede usted decir
cuándo se realizó el gasto? Usted sabe que realizar un gasto es una
operación administrativa. ¿Cuándo se realizó el gasto sin crédito
referido al contrato programa de Renfe que han tenido ustedes que
regularizar? Por favor, dígame cuándo.

Ustedes han utilizado una técnica de desplazamiento de ingresos y gastos
--e insisto en que quiero saber en qué cuantía y en qué capítulo se ve
afectada por ello la contabilidad en curso-- para colocar en el año 1995,
venga a cuento o no, todo aquello que podían, con el fin de disminuir el
gasto en 1996 y 1997; lo están haciendo en 1996 con respecto a 1997,
cambiando criterios de contabilización de los intereses. Tiempo habrá de
discutir el presupuesto de 1997, que no es objeto de su comparecencia,
pero dígame cuándo piensan llevar créditos extraordinarios para aplicar
en el presupuesto de 1996 los mismos criterios contables con respecto a
Renfe, becas, o la cuota láctea europea, que han utilizado para desplazar
a 1995 gastos de 1996. ¿Es que eso sólo vale una vez, cuando les
conviene? ¿No van a hacer la misma regularización en curso? ¿Van a dejar,
en el año 1996, sin atender obligaciones que tienen la misma lógica para
ser atendidas ahora que la han esgrimido para llevar de 1996 a 1995
operaciones que hubiesen estado perfectamente contabilizadas en 1996?
Porque si no lo hacen están desmintiendo radicalmente su pregonado
criterio del devengo, y no quiero preguntarle por la ley de
acompañamiento, que tampoco es objeto de esta comparecencia, pero sí me
gustaría saber cuándo van a modificar el presupuesto de 1996 para dotarlo
de los créditos necesarios, con el fin de aplicar los mismos criterios
que han utilizado en el decreto-ley.

Yo no le he pedido que compareciese para explicarme que los ajustes son
una técnica presupuestaria usual. ¡Qué me va usted a contar! Como
ministro de Obras Públicas he soportado muchos ajustes y como Secretario
de Estado de Hacienda he propuesto otros tantos; ya sé que es una técnica
habitual; ya sé que hay que hacerlo para adaptar el presupuesto a la
coyuntura y que pasa en todos los gobiernos, pero yo le he preguntado qué
uso ha hecho el Gobierno, de qué manera se incardina el informe de la
Intervención con el proceso de elaboración de este crédito
extraordinario,



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porque usted dice, y con razón, que la Intervención es prudente. Sin
duda; quien es imprudente es el Gobierno. De una imprudencia radical. Es
imprudente el Vicepresidente del Gobierno --y utilizo la palabra
imprudencia por no usar otra más contundente-- cuando dice, y quiero que
usted me lo confirme, que la Intervención ha solicitado al Gobierno,
después de haber descubierto agujeros presupuestarios, que los subsane
por la vía legislativa y que, de lo contrario, el Gobierno incurriría en
una grave irresponsabilidad.¿Cuándo y cómo la Intervención solicitó al
Gobierno que actuase después de haber descubierto estas situaciones que
usted --bien dice-- no califica de irregulares, puesto que no lo son,
pero que ustedes, en esa lectura superficial --creo que ha dicho--, han
sembrado la impresión de que sí lo son? ¿Cuándo la Intervención solicita
al Gobierno que actúe? Porque usted dice que el 28 de agosto la
Intervención envía un informe, hecho a petición del Ministro de Economía
y Hacienda, quien, sin embargo, le dice a la sociedad española que ha
tenido que actuar porque ha recibido una petición de la Intervención. A
fecha de hoy, ¿puede explicarme cuál es la cuantía de los créditos a los
que se hace referencia en la página 12 del informe, apartado 1.d), que
son aquellos que la Intervención dice, sin cuantificarlos y utilizando
potenciales, que se hubiesen podido contraer mediante actos voluntarios,
sin crédito previo? Es la única partida que no aparece cuantificada.

Todas las demás están perfectamente amparadas en la legislación y en los
procedimientos contables en curso, sin que se haya producido ninguna
vulneración de la legalidad ni de las prácticas presupuestarias que
permiten pagar con el crédito de un ejercicio las obligaciones nacidas en
ejercicios anteriores, algunas de las cuales, en su propia definición, se
establece que serán pagadas cuando, al final del contrato programa, por
poner otra vez este ejemplo, se haya procedido a una liquidación
definitiva.

La voluntad de colocar en el año 1995 gastos que todavía no habían sido
efectuados corresponde exclusivamente a su intención de crear alarma en
la sociedad y de abrirse una brecha presupuestaria con cargo a la cual
poder cerrar el ejercicio de 1996 y prepararse para el de 1997 con
mayores posibilidades de gasto. De lo contrario, no se explican las
caídas del 10 por ciento en la ejecución de los capítulos de gastos
corrientes y servicios, a los que usted ha hecho referencia. Me gustaría
saber en qué cuantía son producidas por este efecto traslación,
utilizando el decreto-ley de crédito extraordinario de julio pasado. Eso
es lo que le hemos pedido que explicara.

En cuanto a su opinión sobre si el debate es o no útil porque ya ha sido
desarrollado en la Cámara, es muy interesante, pero le ruego que intente
pasar por encima y pase a explicarnos, con el detalle que estime
conveniente, y si fuera posible por escrito, ya que hoy no lo ha podido
hacer, las preguntas que le formulo al respecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Amor.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Voy a ser muy breve. Sólo quiero agradecer al
secretario de Estado la amabilidad que ha tenido al darnos la información
solicitada en el orden del día de la comparecencia. Creo que ha sido un
orden del día verdaderamente extenso, comprensivo y en algunos casos --me
corresponde decirlo-- discutido en otros foros de esta sede
parlamentaria. En este sentido, hay que agradecer la voluntad del
secretario de Estado de explicar y desglosar en partidas concretas las
diferentes aplicaciones o distribuciones del ajuste conocido como de los
200.000 millones de pesetas. Hay que agradecer ese esfuerzo y,
simplemente, hacer una especie de recordatorio hacia el pasado, ya que
durante la última legislatura el Partido Socialista vino realizando
ajustes de este tipo y jamás dio información explícita de cualquiera de
las partidas a que se referían los diferentes ajustes. Para comprobarlo
se puede acudir al «Diario de Sesiones» de esta Cámara, en la que el
Grupo Popular hacía continuas peticiones y preguntas en las sesiones de
control parlamentario, rogando al ministro correspondiente que
explicitara dichas partidas, sin que hasta el momento fueran capaces de
atender esa petición con un sentido, primero, parlamentario y, después,
democrático.

Por tanto, quiero agradecer al secretario de Estado, en nombre de mi
grupo, la amabilidad que ha tenido al poner a nuestra disposición la
información e incluso solicitar al Presidente de esta Comisión que
hiciera llegar por escrito, mediante fotocopia, las diferentes partidas
en las que se ha concretado este ajuste de los 200.000 millones de
pesetas.

El señor Borrell, como portavoz del Grupo Socialista, ha estado
demandando información permanentemente en su intervención, una
información de futuro más que de pasado o de presente, una información
futurible de variables macroeconómicas que creo no le corresponde hacer
al secretario de Estado. El secretario de Estado no podrá dar en este
momento información alguna sobre los ingresos presupuestados o la
realización de dichos ingresos a 31 de diciembre; ya lo hará en su día,
cuando corresponda. Tampoco podrá dar su opinión sobre la evolución de
los ingresos patrimoniales a la fecha de terminación del actual ejercicio
presupuestario. Creo que lo que ha hecho el secretario de Estado ha sido
lo correcto, dar la información que se dispone en estos momentos por
parte de la autoridad gubernativa o de la autoridad encargada de
gestionar el presupuesto. En este sentido hay que resaltar un dato muy
importante y es que, a septiembre, el déficit de caja del Estado cae en
un 41,3 por ciento. Estos son los datos que conviene fijar en una
intervención que por su contenido es verdaderamente árida y complicada de
seguir; no obstante, al final quedan tres o cuatro grandes rasgos y creo
que el más importante de ellos es el avance que nos hace el secretario de
Estado de que el déficit de caja cae en un 41,3 por ciento en el mes de
septiembre. Esta sí que es una buena noticia y como tal no sólo hay que
procurar que el Estado siga en esa vía de aquí a la terminación del
actual ejercicio presupuestario, sino difundirla para que la conozca todo
el mundo. Es fundamental saber que existe una rigurosidad en la ejecución
presupuestaria que permite que ese déficit de caja no sólo no se haya
agrandado con un carácter coyuntural en el mes de septiembre, sino que
mantenga una



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tendencia de disminución creciente y de carácter estructural. Ese es un
dato importantísimo.

En cuanto a la evolución de los ingresos, creo que se pone de manifiesto
que el mes de septiembre va a corregir de forma relevante las cifras del
mes de agosto, cifras que son de carácter excepcional, aunque la
comparación se refiera al mismo mes del año anterior, ya que no es un
mes, como todo el mundo conoce, tanto en el ingreso como en el pago o en
la ejecución presupuestaria, así como en los ingresos que realizan los
contribuyentes, que tenga un transcurso de normalidad por comparación con
otros meses del ejercicio. Creo que es interesante resaltar que los
grandes impuestos han registrado, durante el mes de septiembre, una
recuperación importante y ha habido grandes crecimientos en algunos de
ellos como el Impuesto sobre Sociedades y el IVA --algunos de carácter
directo y otros de carácter especial-- y los impuestos sobre el alcohol y
bebidas derivadas. Por tanto, es de resaltar ese buen desarrollo de lo
previsto en materia de ingresos impositivos. También han subido de forma
relevante los ingresos derivados de tasas y precios públicos, por lo que
creo que debemos felicitarnos todos de la evolución de los ingresos
durante el mes de septiembre. Asimismo hay que destacar la
desaceleración, en muy pequeña medida, de los gastos efectuados durante
el mes de septiembre que nos permite una situación privilegiada de
déficit de caja.

En ese sentido quería decir que este Gobierno, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, no está realizando operaciones de maquillaje de
carácter contable. Lo que ha intentado ha sido precisamente desmaquillar
a la señora presupuestaria y volverla a poner en sus justos términos, que
es como mejor está. Algunos principios que para los que se dedican a
temas presupuestarios son muy importantes, como el principio de anualidad
y el principio de devengo, se han empezado a cumplir por este Gobierno,
ya que estaban muy manoseados y muy manidos con ocasión de la ejecución
presupuestaria de anteriores gobiernos de este país. Pienso que ha sido
el principio de anualidad presupuestaria y el principio de devengo los
que se han intentado dejar claros en cuanto a la contabilización de las
operaciones, y hay que decir que algunas de las interrogantes que tiene
el señor Borrell proceden de que confunde cuáles son las aplicaciones
presupuestarias y los términos en que dichas aplicaciones presupuestarias
se trasladan a la contabilidad nacional. Para su mejor información le
diré que las obligaciones vencidas se contabilizan de una determinada
manera, a su vencimiento, en el capítulo 3 y no en el capítulo 9. Le digo
esto para entender que una cosa es la contabilidad en términos de
contabilidad nacional, de contabilidad presupuestaria, y otra es el
desarrollo y las diferentes aplicaciones de carácter presupuestario. No
se está desmontando contabilidad presupuestaria alguna; sólo se imputan y
contabilizan dichas operaciones en términos de contabilidad nacional. Ese
dardo lanzado de que se están trasladando al año 1995 operaciones
realizadas en 1996, o a ejercicios posteriores operaciones realizadas en
éste, creo que no tienen ningún sentido y queda desmontado. Por parte del
Gobierno existe la voluntad no sólo del cumplimiento de la legalidad
presupuestaria vigente --insisto en los principios de anualidad y
devengo--, sino de reforzar las medidas de control presupuestario
existentes en dicha ley a través de su reforma y de la de algunos
artículos contenidos en ciertas disposiciones de carácter normativo.

Por tanto, creo que es importante el esfuerzo que está haciendo el
Gobierno. En nombre de mi grupo, no puedo aceptar las imputaciones que se
han hecho al Vicepresidente Segundo del Gobierno porque ha sido
absolutamente prudente y correcto y ha trasladado este debate al foro que
le corresponde, que es el Pleno de esta Cámara. Señor Borrell, no siga
haciendo usted de esto un totum revolutum intentando mezclar aquí al
vicepresidente del Gobierno, al secretario de Estado, a grupos
parlamentarios y deje de repetir argumentos que debiera haber empleado en
el foro parlamentario que le correspondía, el Pleno de la Cámara, cuando
se discutió el Real Decreto-ley 12. No lo hizo usted, no intente
trasladarlo aquí y duplicar y triplicar los debates que se vienen
realizando en esta Cámara en sus diferentes ámbitos. En este sentido,
quiero decir que el informe de la Intervención dejó bien claro que
existían irregularidades presupuestarias por importe de 721.000 millones
de pesetas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado Blanco):
Voy a tratar de responder a las cuestiones que ha planteado el señor
Borrell y más tarde al señor López-Amor.

El señor Borrell me decía que había que entregar la documentación en
tiempo y forma. No es ninguna excusa. Sabe que en cuatro meses, desde
mayo a ahora, hemos hecho muchas cosas, estableciendo medidas de
rectificación presupuestaria para encauzar el presupuesto a los objetivos
absolutamente imprescindibles de lograr; inmediatamente después hemos
tenido que proceder a regularizar situaciones, a elaborar los
presupuestos. Hoy hemos entregado una documentación aquí como no la hemos
recibido nunca. El Gobierno socialista nunca entregó una documentación
tan desglosada, por programas, de todas las decisiones en materia de no
disponibilidad o en materia de limitaciones a la contracción de
obligaciones. Entregamos en su día un documento de doble entrada, lo
reprodujimos por capítulos y por secciones, y hoy lo entregamos por
programas, con toda clase de desgloses por secciones.

Dice el señor Borrell que cómo es que hemos excluido de los 200.000
millones de pesetas 56.000 millones de no disponibilidad de créditos
relacionados con el presupuesto comunitario, porque no había que
enviarlo. Igual que en el acuerdo de Consejo de Ministros de no
disponibilidad de finales de diciembre casi el 50 por ciento de los
850.000 millones era dar de baja transferencias al Inem porque no hacía
falta habida cuenta de cómo evolucionaba el empleo. Cuando en un
ejercicio hay unos créditos disponibles, si en esos programas no hace
falta gastar tanto dinero, muy bien, lo puedes ahorrar o se puede decidir
por parte del Gobierno otras asignaciones dentro del montante global del
presupuesto en ejercicio, y lo que decidió el Gobierno es



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que ese dinero disponible, que no tenía que trasladarlo al presupuesto
comunitario porque se hizo una revisión del mismo, ese dinero queda no
disponible; además, con una decisión de no disponibilidad que es muy
importante, entendámoslo bien, y esto es un elemento diferencial muy
relevante en relación con otras decisiones anteriores de ejecución
presupuestaria, porque al hablar de no disponibilidad estamos hablando
inmediatamente de que un crédito que se tiene no se dispone de él, no que
se tiene, se dispone de él y luego se decide no contraer obligaciones con
cargo al mismo, porque esto sí que crea embalsamiento de problemas.

Me voy a referir a los ingresos tributarios, que es un tema importante.

Tal como están evolucionando hoy en día, a finales de septiembre, puedo
decir, con los datos de que disponemos actualmente, que los ingresos
tributarios se están ajustando plenamente a las previsiones; se están
ajustando plenamente. Hay una excepción, el Impuesto sobre la Renta,
debido a que hemos acelerado las devoluciones. Supongo que ese tema no
les sentará mal a SS. SS., porque los retrasos que había tradicionalmente
en las devoluciones eran de consideración. Esta situación había que
regularizarla, y esto provoca que a corto plazo en términos de
contabilidad presupuestaria, en términos de ingresos y de pagos, el IRPF
está aumentando con cierta moderación. Se ha hablado de otras figuras
tributarias, por ejemplo el Impuesto sobre Sociedades. El Impuesto sobre
Sociedades está evolucionando perfectamente conforme a las previsiones e
incluso algo por encima, bien es verdad que con oscilaciones en unos
meses y en otros; en verano, en un mes aumentó el 40 por ciento y en otro
cayó el 11 por ciento. En el conjunto del verano aumentó el 11,5 por
ciento, y ahora sigue en esa velocidad de crucero. Son las dos figuras
tributarias directas más importantes.

En el ámbito de la imposición indirecta, también se hablaba de que el IVA
estaba discurriendo por cauces inferiores a lo que era el camino que nos
llevase al cumplimiento de objetivos y, sin embargo, se ha centrado
plenamente con aumentos realmente importantes en septiembre, y
probablemente esto también tenga algo que ver con cierta mejora en la
actividad económica a partir de septiembre, como se denota por otras
variables como puede ser la demanda de crédito, etcétera. En cualquier
caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido está mostrando una recaudación
acorde con las previsiones. Naturalmente, los impuestos especiales, en
concreto el relacionado con las bebidas alcohólicas y el tabaco, han
adquirido velocidades superiores debido al cambio fiscal que realizamos
este verano precisamente para financiar las insuficiencias
presupuestarias, llamémoslas así, y para las cuales habría que dotar
fondos. Entendemos que es la mejor forma, la más ortodoxa de financiar
ciertas obligaciones pendientes de ejercicios anteriores.

En cuanto a los ingresos patrimoniales, no es verdad que se haya
ingresado todo lo previsto para el presente ejercicio por el Banco de
España. En relación con las privatizaciones, que son las dos partidas más
importantes, hasta ahora lo único que tenemos son los 202.000 millones de
las privatizaciones realizadas por el anterior Gobierno. Nosotros
realizaremos las operaciones de privatización en el momento que se
considere oportuno por el Gobierno y también en función de cómo
evolucionen los mercados. De manera que también en ese capítulo, como en
la mayor parte de los otros, hay margen, y previsiblemente va a
evolucionar perfectamente en coherencia con el objetivo que tenemos
planteado en materia de ingresos y de déficit.

No ha habido ningún tipo de traslación entre ejercicios en términos de
contabilidad presupuestaria. La compra de bienes y servicios, que está
cayendo en virtud de las disposiciones de disciplina que el Gobierno ya
está aplicando en estos gastos corrientes, no se hace cambiando la base
sobre la que aplicarlo, en absoluto; en contabilidad presupuestaria no ha
habido ningún tipo de cambio, ninguno. Estamos hablando de ingresos y de
pagos en términos de compra de bienes y servicios de un ejercicio sobre
el anterior, sin ningún tipo de componenda, en absoluto. Lo único es que
en términos de contabilidad nacional hemos hecho una regulación.

Respecto a los intereses se está haciendo una operación exigida ahora por
la contabilidad pública, totalmente necesaria, consistente en que al
vencimiento se imputen al capítulo 3 las primas de emisión y al capítulo
9, obviamente, la amortización del principal, que es lo correcto. Lo
único que se hace es precisamente aplicar las normas contables más
elementales que hay que hacer al respecto.

Es verdad que están cayendo las inversiones, en términos de obligaciones
y en términos de pagos. Forma parte de la ejecución presupuestaria que
estamos haciendo, rigurosa en el presente ejercicio, para cumplir el
objetivo de déficit, que es prioritario; lo era para el anterior Gobierno
y lo es para nosotros. También hay otras razones, creo que no se les
escapan a S. S., para explicar que las inversiones en estos momentos
todavía están en una etapa de entrenamiento porque el nuevo Gobierno
tiene que hacerse cargo de la situación, se enfrenta a que tiene que
hacer una no disponibilidad y, obviamente, tiene que poner en marcha toda
la operativa, en medio de elaborar unos nuevos presupuestos, en medio del
verano, etcétera. Desde luego, para nada hay dejación de responsabilidad,
pero en materia de ejecución presupuestaria y en materia de inversiones
en particular hay que ser prudentes, hay que evolucionar en función de
las exigencias presupuestarias, y hay que elaborar los programas de
inversión obteniendo la máxima rentabilidad social de los proyectos de
inversión. Es obvio que esto se contradice con cualquier precipitación,
que en absoluto sería deseable.

La Intervención General de la Administración del Estado, señoría, no ha
solicitado, no ha demandado nada al Gobierno, dicho así; no ¿Cómo
funciona? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo evoluciona el planteamiento normal
en materia de control presupuestario? Los distintos gestores de gasto
ponen sobre la mesa todos los papeles de que disponían: facturas,
documentos, etcétera; se los entregan a las intervenciones delegadas para
ver si todas esas facturas tienen su respaldo presupuestario, tienen su
respaldo en los créditos presupuestarios, y lo que hace la Intervención
delegada es testificar si realmente hay anomalías o no en el sentido de
si tienen o no su correspondencia en los créditos



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presupuestarios del ejercicio. Eso es lo que hizo la Intervención
delegada de cada uno de los ministerios, y ahí están los informes. ¿Qué
es lo que ha hecho el Interventor General del Estado? Como yo dije
anteriormente, un informe resumen, sumario, resultante de los informes de
las intervenciones delegadas. Este informe resultante sí es el que ha
sido solicitado por el Gobierno, pero no es que solicite el Gobierno la
intervención de la Intervención delegada del Gobierno, que es distinto.

Es decir, hay una documentación que ponen sobre la mesa los distintos
gestores de gasto, la ponen a disposición de la Intervención delegada y
la Intervención delegada de cada Ministerio, de cada sección cumple con
su obligación, realiza su papel de verificar esa documentación, que es su
obligación, repito. No es una auditoría ni, desde luego, se dedican a
hacer valoraciones fuera de lugar. Da fe de en qué medida se corresponden
o no esas facturas y estos gastos con los créditos del ejercicio, o si
hay o no hay dotación presupuestaria, y el Interventor General del Estado
emite un informe sumario que remitió al Congreso de los Diputados. Estas
son, en líneas generales, las explicaciones que cabría dar a las
manifestaciones del señor Borrell en relación, a su vez, con mi
intervención.

Agradezco al señor López-Amor sus palabras de aliento en esta tarea
difícil, pues el Gobierno tiene que realizar en poco tiempo muchas cosas.

Lo cierto es que tenemos que realizar en prácticamente año y medio el
total del ajuste presupuestario para poder estar en la primera línea de
países que quieren acceder a la última fase de la Unión Económica y
Monetaria. También agradezco el comentario en relación a nuestro trabajo
para lograr que se produzca una ejecución presupuestaria ajustada a las
necesidades de la economía del país, ajustada a los planteamientos
iniciales del Gobierno, estableciendo como objetivo prioritario la
reducción del déficit, sobre todo a través de la contención del gasto
público.




El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Borrell.




El señor BORRELL FONTELLES: Lamento tener que volver a solicitarle una
información que usted se obstina en no darme. Me gustaría conocer los
créditos presupuestarios afectados por el recorte. ¿Sabe usted lo que es
un crédito presupuestario? Tiene una clave numérica en la contabilidad.

Eso es un crédito presupuestario, y usted no me lo ha explicado todavía.

Me ha dado un desglose de secciones y capítulos, pero tampoco es un
crédito presupuestario, o un desglose por programas, pero tampoco es un
crédito presupuestario. Quiero que me dé usted el desglose por créditos
presupuestarios, en el sentido que da a esa palabra la contabilidad
pública, del ajuste en cuestión. Hasta ahora, usted no me ha dado esa
información y yo estoy en mi derecho y en mi deber de pedírsela. Se la
vuelvo a solicitar. Quiero saber, por ejemplo, si en el Ministerio de
Educación, el recorte lo han aplicado ustedes a las inversiones en
colegios públicos o lo han aplicado a los conciertos con colegios
privados. ¿Entiende lo que quiero saber? Lo que interesa al ciudadano es
si han recortado la educación en el sector público o en el sector
privado. Contéstemelo. ¿Afectan ustedes a las obras hidráulicas o a la
vivienda?
Esta es la pregunta que le vuelvo a formular y que usted se obstina en no
contestar: ¿Qué créditos presupuestarios, en el sentido que da a esta
palabra la contabilidad presupuestaria, se han visto afectados por el
recorte? No me dé un día una tabla de doble entrada, capítulo-secciones,
y otro día una columna por programas. Créditos presupuestarios son
créditos presupuestarios. Habrá que volver a llamarle a comparecer para
que nos cuente en particular esa pregunta: ¿Han recortado ustedes en el
Ministerio de Educación los conciertos o han recortado la inversión en
centros públicos? Esta es la clase de cosas que quiero saber.

También me gustaría que diese sentido operativo a alguna de sus
afirmaciones. He tomado nota literal de una de ellas porque no sé si
quiere decir algo; seguro que quiere decir algo, dígame qué quiere decir.

Un crédito que está disponible, se dispone de él, pero luego no se
contraen obligaciones con cargo al mismo, y eso crea problemas. ¿Puede
explicarme qué quiere decir con eso? Porque se me escapa.

Los ingresos van bien. Bueno, van bien. Yo le he preguntado concretamente
si, sí o no, están 200.000 millones por debajo los ingresos tributarios
con respecto a las previsiones del mes de mayo. Esta es la pregunta:
¿Están 200.000 millones por debajo con respecto a las previsiones del mes
de mayo, sí o no? ¿Cuánto más prevén ingresar por privatizaciones de aquí
a final de año? Ahora le hago otra pregunta más: ¿El déficit de
septiembre de 1995 qué grado de atipicidad incorpora? Es a efectos de
valorar el significado de esa tasa de reducción que usted ha citado sin
documentación de apoyo. ¿Cuán atípico es el déficit del mes de septiembre
con respecto a la ejecución presupuestaria de 1995? Es a efectos de saber
si las tasas de variación que usted utiliza son significativas o no.

Me dice usted que no hay traslaciones de gasto, que ya había sido
contabilizado presupuestariamente este año para ser imputado a 1995. Yo
creo que no está usted en lo cierto, que se están desmontando operaciones
de contabilidad presupuestaria en todos los ministerios para imputar al
crédito extraordinario de 1995, dado e imputado a 1995, gastos que habían
sido ya imputados a los créditos de 1996 para, de esta manera, disponer
de más crédito libre en 1996 habiéndolo trasladado a 1995. ¿Para qué han
dado un crédito extraordinario si no es para imputar con respecto a él
gastos, algunos de los cuales habían sido ya reconocidos
presupuestariamente con cargo a los créditos del ejercicio en curso? Me
dice usted que no, pero está muy mal informado, señor Folgado, muy mal
informado. Como está igualmente mal informado cuando dice que los
intereses implícitos de los activos emitidos al descuento se imputaban al
capítulo 9. Eso tampoco es cierto. Conviene que sea usted cuidadoso,
cuando viene a una comisión parlamentaria, con las cosas que dice, porque
en ningún caso los intereses implícitos de activos emitidos al descuento
se han computado como una variación de pasivos; se han computado a su
vencimiento, eso sí, a su vencimiento, los intereses en el capítulo 3 y
el principal en el capítulo 9. El cambio



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que están ustedes haciendo no es un cambio de capítulos, porque no hacía
ninguna falta, sino un cambio de imputación temporal para computar los
intereses no a su vencimiento sino mes a mes, a medida que van corriendo,
aunque no se paguen. Tiene una ocasión de rectificar.

No me ha contestado nada sobre la necesidad de endeudamiento que refleja
el documento que nos ha distribuido y la eliminación de depósitos en el
Banco de España, hecho por el Gobierno, por casi 500.000 millones de
pesetas. Se lo vuelvo a preguntar: Explíqueme usted la razón de ser de
las operaciones que permiten que la variación de activos financieros sea
negativa hasta el mes de agosto, negativa, lo cual disminuye la necesidad
de endeudamiento, haciendo que sea más baja que el déficit de caja.

¿Cuando van ustedes a dotar el presupuesto de 1996 --tampoco me lo ha
contestado-- de los créditos necesarios para aplicar en 1996 los
criterios contables que han utilizado para justificar el decreto-ley que
traslada a 1995 los gastos en curso? ¿Cuándo se realizó --también se lo
he preguntado y usted no me ha contestado-- eso que usted llama el gasto
sin crédito relativo al contrato programa de Renfe?
En todo caso, me alegro de que haya reconocido que el Vicepresidente del
Gobierno no dijo la verdad y que la IGAE no le había pedido nada. Son
palabras textuales suyas que quedarán reflejadas en el «Diario de
Sesiones»: La IGAE no ha pedido nada al Gobierno. Lo ha dicho usted y es
la verdad, pero en este caso, cuando un vicepresidente sale diciendo al
país que ha recibido una petición de la IGAE para que actúe, habiéndose
descubierto un agujero, y que sería una irresponsabilidad no hacerlo, no
está diciendo la verdad, como sabíamos. Eso es muy importante y me alegro
de que usted lo haya reconocido así. La IGAE no dirige ninguna petición
al Gobierno para que subsane irregularidades habiendo descubierto
presuntos agujeros. La IGAE interviene, como es su papel, en la
contabilización, en el análisis contable de todos los procesos
presupuestarios, pero no se dirige al Gobierno diciéndole que ha
descubierto un agujero y pidiéndole que lo subsane.

Yo comprendo que no pueda contestar sobre la marcha algunas preguntas que
se le formulan, y le ruego que, si lo tiene a bien, nos informe por
escrito de los extremos a los que he hecho referencia y que usted ha
obviado en su respuesta. Sobre aquellas respuestas que me ha dado que no
creo que sean correctas, también tenemos la oportunidad de converger
usted y yo sobre algunos aspectos que son de extrema importancia, porque
no es cierto --creo que es un error-- decir que los intereses de los
activos emitidos al descuento se imputaban al capítulo 9. Esto tiene que
saberlo usted y conviene que sepamos cuál de los dos está en lo cierto,
en este caso y en otros muchos, señor Folgado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Amor.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Muy brevemente quiero mostrar la satisfacción
por las explicaciones que ha dado el señor secretario de Estado. Creo que
no se puede estar volviendo sobre los mismos temas, que no podemos estar
tratando los mismos temas permanentemente y además haciendo de todo un
mismo saco en donde es igual un ajuste de 200.000 millones de pesetas que
la aprobación de un decreto-ley de créditos extraordinarios para hacer
frente a 721.000 millones de pesetas, que en algunos casos estaban con
insuficiencias presupuestarias y, en otros, pagados mediante anticipos de
fondo.

Unicamente quiero pedir al Presidente de esta Comisión que no se vuelva a
aceptar que se discutan temas que ya habían sido planteados en esta
Comisión porque sería un mal precedente estar arrastrando de forma
permanente y continuada en el tiempo los mismos debates y los mismos
planteamientos. Yo creo que son unos argumentos que verdaderamente no
sólo están ya trasnochados sino que, por reiterativos, son bastante
aburridos.

Tengo que salir en defensa del Vicepresidente Segundo del Gobierno, y ahí
está el «Diario de Sesiones» en el debate del Decreto-ley 12, durante el
cual él mismo reconoció públicamente que él no había solicitado a la
Intervención General del Estado ningún informe sobre los 721.000 millones
de pesetas. Ha sido la Intervención General del Estado la que ha
consolidado los informes que le remitieron todas las intervenciones
delegadas de los diferentes ministerios y entidades públicas que tienen
intervención delegada.

Por último, y termino de forma muy breve, le diré que al señor Borrell
que aquí no estamos haciendo una discusión puramente técnica de cómo se
contabiliza. Evidentemente, la contabilización de los intereses corridos
y no vencidos se efectúa como lo hace el Gobierno del Partido Popular y
no como lo hacían ustedes.




El señor PRESIDENTE: Para terminar, tiene la palabra el señor Folgado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTO (Folgado Blanco):
Señor Borrell, las primas de emisión de las emisiones a largo plazo,
¿cómo se contabilizaban hasta ahora? A su vencimiento se aplicaban al
capítulo 9, entre las emisiones a largo plazo, y las primas de emisión se
aplican ahora al capítulo 3. Estamos hablando de las emisiones a largo
plazo. Según las normas contables públicas debe realizarse así. En
definitiva, me parece que es normal separar lo que son gastos
financieros, que debe ser así, de lo que es amortización del principal.

Yo no sé, al final, qué vamos a hacer con el tema de la entrega de
documentación. A lo mejor podía haber dicho desde el principio que lo
quería exactamente así, que lo que quería saber era si en el Ministerio
de Educación se había quitado a los conciertos con colegios privados o a
la educación pública. En relación con la solicitud de información, yo
creo que la que se ha entregado hoy a esta Cámara sobre la no
disponibilidad tiene un nivel de desglose que no se había conocido nunca
en todo el tiempo en el que ha habido disposiciones relacionadas con
recortes presupuestarios para ajustar la evolución del presupuesto a las
directrices de los gobiernos.

No es lo mismo establecer una no disponibilidad que un límite a
reconocimientos de obligaciones. Lo que se ha establecido



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en muchas ocasiones es un límite a reconocimiento de obligaciones. Es
decir, se dispone de un crédito, se puede gastar, no se ha establecido
una no disponibilidad, y lo que se hace es fijar un límite al
reconocimiento de esas obligaciones; o sea, envasar un problema. Envasar
un problema porque, obviamente, si se tiene un crédito, se dispone de él
y no se contrae una obligación, pasa lo que ha venido sucediendo, que en
ejercicios siguientes hay que disponer de los nuevos créditos para
registrar, anotar, contabilizar y pagar lo que corresponde a gastos
realizados en ejercicios anteriores.

El señor López-Amor ya ha respondido en relación con la actividad de la
Intervención General de la Administración del Estado y, por tanto, me
obvia tener que incidir en ese tema. Creo que tanto la Intervención
Delegada como la Intervención General han actuado en su momento
cumpliendo con su obligación. El Gobierno ha obtenido esa información y
con arreglo a ella ha llevado a cabo el proyecto de real decreto-ley que
después ha sido aprobado en el Parlamento. Además, ha dado las
explicaciones correspondientes en Bruselas y, dicho sea de paso, los
servicios de la Comisión de las Comunidades Europeas, en principio, han
aceptado, de hecho hay documentación que lo podría avalar, como altamente
probable que sean perfectamente imputables, en términos de contabilidad
nacional, a 1995, con una única petición de aclaración sobre si algunos
de esos gastos que ahora se contabilizan no corresponderían a 1995 sino,
a lo mejor, a un ejercicio anterior, aunque sean de pequeña cuantía. Lo
que sucede es que la contabilidad de ejercicios anteriores estaba cerrada
antes de realizar estos ajustes y estas imputaciones contables al
ejercicio al que correspondían los gastos, a 1995 mayoritariamente.

La fuerte reducción del déficit de septiembre, más del 40 por ciento, sin
duda ninguna tiene algo de atípico. Es decir, no podemos extrapolar el 41
por ciento al conjunto del año, ni desde luego se lo había planteado el
anterior Gobierno ni éste. En principio, lo que hemos dicho es que el
déficit tendrá que registrar a final de año, con arreglo a las
previsiones, una reducción del orden del 20 por ciento. Por supuesto que
tiene algún componente atípico en el sentido, sobre todo, de que todos
los gastos han caído mucho, pero ya sabemos lo que sucede con la
ejecución presupuestaria. Ha pasado en algunos meses; pasó en julio, pasó
en agosto, pasa en ingresos. En absoluto hay un proceso de traslación de
nada. (El señor Borrell Fontelles: ¿Puede asegurarlo?) Puedo asegurar que
no hay ninguna decisión expresa del Gobierno de hacer ningún tipo de
traslación a futuros gastos. Lo único que sucede es que en cada mes se
producen unos pagos y unos gastos y que, a veces, simplemente el hecho de
cambiar uno o dos días, tanto en ingresos como en gastos, provoca
alteraciones bruscas, precisamente en la ejecución de esos ingresos o de
esos pagos, como lo hemos visto en algunos impuestos, o como cuando se
realiza el pago de una determinada certificación de obra, etcétera. Desde
luego, hay gastos, hablando ya en términos de pagos, que tienen una mayor
continuidad. Por ejemplo, los del capítulo 1, pagos por gastos de
personal, vienen teniendo una continuidad todos los meses, aunque tal vez
haya un mes, cuando se hacen efectivos los pagos de las cuotas
patronales, en este caso del Estado (a Muface, etcétera), en el que suben
los gastos de personal, pero lo normal es que se viene manteniendo en una
velocidad de crucero de cinco y pico por ciento, que es el 3,5 por ciento
de revalorización más los ajustes correspondientes en algunos colectivos.

En cambio, otros, qué duda cabe, tienen grandes oscilaciones, por
ejemplo, el que hayan caído los gastos financieros en septiembre cuando
en otro mes aumenta el veintitantos por ciento. Ahí no existe ningún
proceso de traslación; es cuando se producen vencimientos y cuando hay
que imputarlos.

En donde sí ha habido una contención en el gasto ha sido en los gastos de
inversión, que yo creo que se recuperarán algo pero creo que por la
propia dinámica de los hechos, no porque haya precisamente ninguna
intención de reducir inversiones. Y en los gastos que tienen un carácter
muy ordinario, como son las transferencias, usted ha podido ver qué
velocidad de crucero llevan las transferencias a la Seguridad Social y
las transferencias a las comunidades autónomas por participación en los
ingresos del Estado, que siguen aumentando a ritmos realmente notables.

Yo no sé si me queda alguna cuestión por responder. Me parece que, si es
así, es la relativa al contrato programa de Renfe. En efecto, en este
año, cuando se realizó la no disponibilidad el 1 de abril del Moptma,
parte de las aplicaciones concretas en las que se centró esa no
disponibilidad está en relación precisamente con el cumplimiento del
contrato programa en lo que son transferencias o subvenciones para el
cumplimiento del mismo. Eso es así y está ahí. De hecho eso nos ha
causado algún problema, desde el punto de vista contable, para realizar
la no disponibilidad del 10 de mayo.

Yo creo que en principio éstas son las respuestas que podría dar a la
intervención del señor Borrell. (El señor Borrell Fontelles pide la
palabra.) El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor Borrell, porque es
un hecho que hemos agotado lo que podríamos llamar los turnos normales de
este tipo de comparecencias.




El señor BORRELL FONTELLES: Simplemente para dejar constancia de que el
señor Folgado no ha sabido o no ha querido contestar a la mayor parte de
las preguntas que le he formulado: ni a la necesidad de endeudamiento del
mes de agosto, operaciones con el Banco de España, ni cuándo lo van a
llevar a efecto, etcétera. Tengo una lista de al menos seis preguntas que
se obstina usted en obviar y en no contestar, con lo cual sus
comparecencias, francamente, carecen de todo interés.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado Blanco):
Yo le enviaré por escrito respuesta, en particular en relación con la
variación de activos financieros, que unos meses bajan y otros suben, de
hecho ahora están aumentando --es lo que sucede con la cuenta corriente
del Tesoro en el Banco de España-- en función de las circunstancias, de
los mercados,



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de que haya más liquidez en los mercados a corto o a largo plazo, en
función de los tipos de emisiones de deuda, etcétera. Puedo enviarle
documentación complementaria, porque me parece que es una de las
cuestiones planteadas por usted que se me había pasado.




El señor BORRELL FONTELLES: ¿Me puede remitir también la no
disponibilidad? (Protestas.) ¿Podría rogar al señor secretario de Estado
que completase su información enviándonos...?



El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Hágalo fuera de la Comisión, por favor. Señor
Presidente, que le pida fuera de la Comisión la información o
aclaraciones pertinentes que estime oportunas.




El señor PRESIDENTE: Gracias por sus indicaciones, señor López-Amor.

Señor Borrell, usted también tiene abierto el trámite de solicitud por
escrito de toda esa documentación y de debate posterior en Comisión.

Levantamos la sesión, pero quiero recordar al señor Borrell y al señor
López-Amor que ahora, en la primera planta, vamos a tener reunión de la
Mesa para hacer el calendario de comparecencias en relación a los
presupuestos.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.