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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 63, de 26/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 63
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 4
celebrada el jueves, 26 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre la Empresa Unión Eléctrica de Canarias, S. A. (UNELCO), en el
marco de la política global de privatizaciones. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000108) . (Página 13475
)
Comparecencia del señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado
(AIE) (Prada Gayoso), para explicar las iniciativas y contactos que ha
mantenido para privatizar empresas adscritas y dependientes de dicha
Agencia y, en especial, las realizadas en torno a Hulleras del Norte, S.
A. (HUNOSA), así como sus resultados. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 212/000010) (Página 1355)
Proposiciones no de ley:
--Sobre declaración como fiesta de interés turístico nacional de la
celebración de «El Paso de Riogordo», de Málaga. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya .
(Número de expediente 161/000013) . (Página 1371)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar en el plazo de tiempo más
breve posible un informe en el que se analicen las causas de los
accidentes en la minería española, en especial la del carbón, así como
las medidas a adoptar para evitarlos, y se acuerda constituir en el seno
de la Comisión de Industria, Energía y Turismo una Subcomisión relativa a
la siniestralidad laboral en la minería española, en especial la del
carbón. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de
expediente 161/000022) (Página 1373)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Este pequeño retraso que ha habido al inicio de la sesión de la Comisión
de Industria se ha debido a dos circunstancias. La primera, una petición
de un conjunto de Diputados que pertenecen a la circunscripción de
Canarias y miembros de la Comisión de Industria que nos han rogado que
sometamos a consideración de la Comisión debatir en primer lugar el
último punto del orden del día, al objeto de facilitar el regreso de
dichos Diputados --que, por cierto, pertenecen a todos los grupos
parlamentarios de la Cámara, excepto al Grupo Catalán (Convergència i
Unió), del que yo formo parte, al Grupo Nacionalista Vasco y al Grupo
Mixto-- a sus lugares de origen por exigencias de los horarios de los
aviones.
La segunda circunstancia, señorías, ha sido la de interpretar la decisión
que tomó la Mesa y Junta de Portavoces al establecer el orden del día de
la sesión de esta tarde, en el sentido de que al resolver la
comparecencia del Presidente de la Agencia Industrial del Estado para
consumir la iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, también había otra solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista que se refería a la comparecencia del Presidente de la Agencia
Industrial del Estado para que informara sobre una determinada empresa de
esta Agencia. En el bien entendido de que la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida se refiere a todas las empresas de la
Agencia, pero en especial --y hace mención escrita-- a la que figura en
el orden del día --Hunosa--, el Grupo Socialista dijo que si se hacía
también referencia a la Empresa Santa Bárbara, se podría interpretar que
ambas solicitudes podrían quedar subsumidas en una sola y tratar los dos
temas esta tarde. Esta será una cuestión que quedará resuelta de la
siguiente forma.
En el orden del día, formalmente distribuido a todas SS. SS., sólo figura
la primera iniciativa mencionada, con lo cual el Presidente de la Agencia
Industrial del Estado formalmente estaría obligado a informar sobre esta
sola iniciativa, pero en el bien entendido de que esta iniciativa hace
mención a las empresas de dicha Agencia, si se extiende en su explicación
a la empresa Santa Bárbara --solicitud formulada por el Grupo
Socialista-- y ello da satisfacción a dicho grupo, será el propio Grupo
quien tomará la correspondiente decisión al entender que ya se ha
consumido esa iniciativa y procederá --si lo cree oportuno-- a retirarla.
Si no es así, en la próxima sesión de la Comisión de Industria se
incorporaría la iniciativa del Grupo Socialista con el objeto de que la
comparecencia del Presidente de la Agencia Industrial del Estado se
circunscriba entonces, de forma específica y exclusiva, a la información
relativa a la Empresa Santa Bárbara.
Por consiguiente, señorías, voy a someter, en nombre de la Mesa y
portavoces, a la consideración de toda la Comisión si aceptan el orden
del día, en el sentido de anteponer el último punto al primero y así
poder atender la petición de los Diputados que forman parte de la
circunscripción de Canarias.
¿Acepta la Comisión esa petición? (Pausa.--El señor Hernández Moltó pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
El señor HERNANDEZ MOLTO: He solicitado la palabra para que quede
constancia de cuál es la posición real del Grupo Socialista en relación a
este pequeño error de transcripción de los acuerdos de la Mesa al orden
del día.
El Grupo Parlamentario Socialista lo único que echaría en falta sería la
petición de convocatoria de nuestro grupo, como quedó acordado en la
Mesa, aunque es un tema de carácter menor. Nuestra petición no hacía
mención exclusivamente a la empresa Santa Bárbara, por lo tanto, nuestro
planteamiento era de carácter general y probablemente ha sido el
malentendido, es decir, que el Presidente pudiera informar de la
estrategia de la Agencia y de cuestiones como su funcionamiento
administrativo, estrategias o funcionamiento de la empresa. Por
consiguiente, como en la petición de convocatoria de Izquierda Unida
parecen recogidas, en principio, estas cuestiones, nosotros daríamos por
celebrada esa comparecencia. Si no es así, la inclusión en el orden del
día no sería específica de la empresa Santa Bárbara, sino de aspectos
genéricos que nosotros creíamos que iban a recogerse en la comparecencia
de hoy.
He hecho estas aclaraciones para que no haya ningún error de
interpretación en el sentido de que nosotros solicitábamos solamente la
comparecencia para informar sobre la empresa Santa Bárbara.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, creo que su interpretación es
la misma que entiende la Mesa. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario
Socialista es absolutamente soberano para tomar la decisión de entender
--tras la presentación que pueda hacer el Presidente
de la Agencia Industrial del Estado-- que su exposición ha dado
suficiente satisfacción al Grupo Parlamentario Socialista en el contenido
que hace referencia a la iniciativa que ustedes presentaron en su
momento. Si esto es así, ustedes procederán a manifestarlo en la reunión
de la Mesa y portavoces, que tendremos al final de la sesión y podremos
resolver que queda subsumida esta iniciativa. Si no lo es, ustedes son
plenamente soberanos para poder mantener dicha iniciativa y, en tal caso,
se incorporaría en la próxima sesión de la Comisión de Industria.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE LA EMPRESA UNION ELECTRICA DE CANARIAS, S. A. (UNELCO), EN EL
MARCO DE LA POLITICA GLOBAL DE PRIVATIZACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000108.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión debatiendo la
proposición no de ley sobre la Empresa Unión Eléctrica de Canarias, S. A.
(Unelco), en el marco de la política global de privatizaciones. El autor
es el Grupo Socialista del Congreso.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
en efecto hemos dado el título genérico para esta proposición no de ley
vinculado a la empresa Unelco, la Unión Eléctrica de Canarias, en el
marco de la política global de privatizaciones que fue presentada ante la
Comisión de Industria en el mes de julio pasado por el Ministro de
Industria, un plan eufemísticamente denominado plan de modernización del
sector público español.
Señorías, parece importante que esta Comisión y las Cortes Generales
tengan muy claro para los debates posteriores que en un futuro van a
tener lugar, qué es la empresa Unelco y qué significa para la comunidad
canaria y para cada una de las siete islas que la integran, esencialmente
comerciales.
En la Comunidad Autónoma de Canarias la realidad de la producción y
posterior distribución de energía eléctrica presenta notables rasgos
diferenciados respecto a lo que ocurre en la realidad peninsular. Es
obvio que ésta es una realidad de sistemas termoenergéticos
interconectados entre sí e interconectados con la red de la Unión
Europea, pero no podemos decir eso de la realidad energética de la
Comunidad Autónoma de Canarias. De ahí que nos parezca conveniente
comenzar la defensa de esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista para su debate en esta Comisión de Industria
recordando la evolución de producción de energía eléctrica en las islas
Canarias. Porque, en efecto, señorías, creemos que la etapa pública de la
Unión Eléctrica de Canarias, dentro del ámbito del antiguo INI, se ha
erigido en el transcurso del tiempo, y podemos calificarlo así, como el
mayor compromiso que el Estado español ha tenido con Canarias en lo que
se refiere a la aportación de infraestructura básica. Ha significado
también el mayor esfuerzo inversor jamás llevado a cabo en la región,
basado en el convencimiento estatal de que solamente la iniciativa
pública podía conseguir garantizar un servicio eléctrico adecuado al
desarrollo que han tenido las islas y que la iniciativa privada, con
anterioridad, no fue capaz de llevar adelante en los años previos a la
irrupción pública en el sector eléctrico canario a través de esta
compañía Unelco.
Unelco, como tal compañía, tuvo su origen en 1930 y, anteriormente, con
la existencia de empresas como la Compañía Industrial de Tenerife, la
Sociedad Eléctrica de Las Palmas o la Compañía Insular Colonial de
Electricidad y Riegos, todas ellas de capital privado de otros países, el
servicio eléctrico a duras penas lograba abastecer a poblaciones como Las
Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, señeras en el seno de la
comunidad canaria, y a muy pocos pequeños pueblos restantes que podían
acceder al privilegio de disponer de fluido eléctrico. Y es precisamente
a comienzos de la década de los años 60 cuando el INI comienza a tomar
parte activa en la electrificación de las islas, trasladando desde
Barcelona al puerto de Santa Cruz de Tenerife --y esto lo diríamos
entrecomilladamente-- una central eléctrica flotante para coadyuvar a la
producción de fluido eléctrico a la única central que existía en la isla
de Tenerife.
Podríamos afirmar que hasta que en 1962, fecha en la que se produjo la
primera intervención del INI, a la que acabo de hacer referencia, el
servicio eléctrico de las islas, en manos siempre privadas, estuvo
presidido por conflictos entre empresas, entre accionistas de una misma
empresa y entre las empresas y las autoridades locales, por un escaso
esfuerzo inversor y por una raquítica voluntad de desarrollo y extensión
de las redes de distribución. Se discriminaba en aquella época además a
las áreas del archipiélago con menores recursos económicos y se buscaba
con avidez las zonas donde el beneficio parecía más probable.
En 1969, el INI se hace con el control de Unelco, mediante su compra a
los propietarios privados, naciendo la empresa pública Unelco e
iniciándose un proceso inversor y de desarrollo sin precedentes en la
comunidad canaria, que condujo a la empresa que actualmente conocemos y
de la que tan satisfechos nos sentimos. Baste indicar, para comprender en
toda su dimensión el significado de este cambio, que en 1969 la potencia
instalada en las centrales de Unelco era de 130,7 megavatios, mientras
que desde 1970 y hasta la actualidad esta potencia instalada ha alcanzado
los 1.434 megavatios a finales de 1995. Entre los años 1970 y 1983 la
Unelco pública consiguió lo que no se había hecho en 30 años, es decir,
extender el servicio eléctrico a todo el archipiélago, no sin grandes
dificultades, pero, al fin y a la postre, se conseguía que una sola
empresa estuviera presente en todas las islas.
A partir de 1980, normalizó el suministro, mejorando de una manera
constante los índices de calidad del servicio. En ese período, multiplicó
casi por cinco las ventajas de energía y por 25 los recursos propios,
como consecuencia de la extensión del suministro a todas las islas y,
prácticamente,
a la totalidad de su población. Este hecho, que constituye en sí mismo un
hito que había resultado impensable alcanzar durante muchos años, no fue
sino un primer paso ante los retos que tuvo que afrontar la compañía a
partir de 1983, cuando queda precisamente bajo la responsabilidad del
primer Gobierno socialista que presidió Felipe González.
El crecimiento galopante de la demanda de energía en la segunda mitad de
la década de los años 80, movido fundamentalmente por el explosivo
desarrollo del turismo y por las necesidades de desalación de agua del
mar --y reitero este término-- debido a su importancia en la economía
canaria ante situaciones deficitarias de naturaleza acuífera, ha sido un
desafío de igual o mayor calado que la Unelco pública ha sabido afrontar
con éxito en los últimos años. Téngase en cuenta que esta demanda crece
constantemente por encima de la media nacional, habiendo tenido que
afrontar en determinadas islas incrementos de hasta el 30 por ciento
interanual, datos que no paralelismo en el crecimiento de ninguna
provincia peninsular del Estado español, y valor que queda fuera de toda
capacidad imaginable de previsión y que pone también de manifiesto la
primitiva situación en la que se encontraba la producción eléctrica.
El crecimiento del sector turístico y las necesidades de desalación de
agua del mar --y vuelvo a ello-- han sido los principales motores de la
demanda eléctrica. Si bien en cuanto al primero, las cifras de
crecimiento se han moderado algo en los últimos años, aun manteniéndose
alta, la cobertura de las necesidades de abastecimiento de agua a la
población está íntimamente ligada en Canarias a la producción energética.
El tan intensamente comentado y conocido binomio agua/energía es un
factor vital en el archipiélago canario, lo que introduce una variable
singular, atípica y sin paralelismo cuando se ha de planificar dar
respuesta a la demanda de energía eléctrica en las islas.
Unelco ha sabido resolver este reto y ha conseguido adaptarse a los
fuertes incrementos que se han producido estos años en Canarias. A modo
de ejemplo, y a efectos de conocimiento de todos ustedes, señorías,
miembros de esta Comisión de Industria, baste el dato: esta demanda de
energía eléctrica se ha más que duplicado en el período que va desde 1985
a 1995, pasando de los 2.047 a los 4.569 gigavatios/hora, a lo que ha
respondido la compañía con la instalación, en el mismo período, de 737
megavatios de potencia, pasando de 697 a 1.434 megavatios actuales.
Un sencillo análisis de estas cifras y su comparación con la evolución
histórica permite ver que en sólo 10 años se ha instalado más potencia
que en los 40 años anteriores de existencia de la compañía. Pero no sólo
se ha de centrar esta cuestión en la instalación de nueva potencia. En
los últimos 20 años se han renovado casi completamente las redes de
transporte y distribución de energía que el Estado se encontró al hacerse
cargo de la compañía, además de extenderse hasta el último rincón de
cualquiera de las islas de la comunidad canaria, llegando hoy en día al
ciento por ciento de la población. Actualmente, Unelco dispone de casi
18.000 kilómetros de red en alta, media y baja tensión, y de cerca de
7.000 centros de transformación. Ha acometido además un ambicioso plan de
reducción del impacto ambiental de sus instalaciones y se ha modernizado
tecnológicamente --desde el telecontrol de sus redes hasta la lectura
remota de sus contadores-- y, por si fuera poco, ha ampliado su actividad
al área internacional y a otros negocios, según he mencionado, como el
agua, las telecomunicaciones y otra larga serie de actividades.
Unelco hoy aporta el 2,1 por ciento del valor añadido bruto de la
Comunidad Autónoma de Canarias. En el período 1985/1995, la inversión
acumulada de Unelco ha sido cercana a los 240.000 millones de pesetas, lo
que ha supuesto un ritmo anual de crecimiento de 24.000 millones de
pesetas. No existe precedente en ningún sector industrial de las islas ni
en ningún sector industrial de la Comunidad Autónoma de Canarias con
semejantes niveles inversores, en un servicio que además es básico para
el desarrollo de la comunidad autónoma. La empresa Unelco pública lo ha
hecho, conjugándolo con la obtención de resultados que debe ser inherente
a cualquier actividad empresarial y de la que no nos alejaremos en
nuestras aspiraciones de futuro, sino que, en el mismo período de tiempo,
su cash flow pasó a 3.991 millones de pesetas en el año 1985, a 24.302
millones en el año 1995, datos que he extraído de la última memoria, y en
el resultado, antes de impuestos, de 682 a 10.411 millones de pesetas.
La Unelco pública, señorías, ha puesto de manifiesto, por tanto, en 25
años, un compromiso con Canarias que la iniciativa privada no adquirió en
ningún momento en los 40 años anteriores de existencia de la empresa.
Las previsiones para los próximos cinco años indican que la inversión
total va a ser cercana a los 100.000 millones, siempre en infraestructura
básica y en un área estratégica para el desarrollo de la región.
Por consiguiente, se debe ser extremadamente prudente con las actuaciones
que se adopten en el futuro con esta compañía, esencialmente canaria por
el desarrollo de su propia actividad comercial y por la importancia
social y de desarrollo global que tiene para la propia comunidad; y lo
contrario, señorías, podría tener graves consecuencias para Canarias.
No podemos tampoco dejar de tener presente la política de diversificación
que ha experimentado la compañía en los últimos años y es bueno que se
tenga un ligero barniz de lo que ha supuesto. Así hay que tener en cuenta
que esta empresa participa en el 33 por ciento del capital social de la
empresa Emalsa que tiene, ni más ni menos, la importancia de suministrar
agua al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la capital más poblada
de la comunidad canaria, con un elevado índice de densidad poblacional si
tenemos presente el cinturón de ciudades que le circundan. Además, con su
participación en el sector de las telecomunicaciones, en las
instalaciones de redes de fibra óptica en toda Canarias, se ha erigido en
el transcurso del tiempo en el principal motor público de desarrollo de
la comunidad canaria.
Al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados,
señorías, le preocupa notablemente el futuro de esta compañía y, por
ello, estamos presentando y defendiendo esta proposición no de ley.
Entendemos que el tratamiento
general que puede dársele, en lo que a la privatización del sector
energético público español se refiere, en Canarias debe tener una
singular atención y un especial cuidado, derivado esencialmente de
mandatos constitucionales.
Se recoge la singularidad de la insularidad en la Constitución española.
En el Tratado de la Unión Europea de 1992 se recoge específicamente un
éxito histórico de quien fue Presidente del Gobierno, Felipe González,
para recoger por primera vez en un tratado internacional el concepto de
zona ultraperiférica para las regiones archipielágicas, como Madeira,
Azores, Canarias, Martinica y Guadalupe. No podemos olvidar que el sector
eléctrico español presenta en la actualidad una estructura equilibrada
entre el sector público, desde el punto de vista societario, y el sector
privado. Hoy en día, y de una forma aproximada, podemos afirmar que el 50
por ciento de la potencia instalada y del mercado es de titularidad
pública en manos del Grupo Endesa; mientras que el otro 50 por ciento es
privado en diferentes manos, como Sevillana de Electricidad,
Hidrocantábrico, Unión Fenosa, etcétera.
Sin embargo, curiosamente tal distribución accionarial, equilibrada, no
se ve correspondida en lo que a saneamiento financiero se refiere o a
rentabilidad y dividendo. Baste, por ejemplo, el dato aproximado de que
de un total global de deuda de todo el sector eléctrico español de unos
cuatro billones de pesetas, solamente unos 700.000 millones son
soportados por el sector eléctrico público y el resto de tres billones
300.000 millones, lo soporta precisamente el sector eléctrico privado,
encontrándose el origen de tal desequilibrio, y sin duda alguna esto será
motivo de debates en un futuro en el seno de esta Comisión y no es
materia de la proposición no de ley que estoy defendiendo, en razones de
muy diversas circunstancias.
Consiguientemente, señorías, y termino, señor Presidente, soy consciente
de que, en ocasiones, cuando se plantean en esta Cámara singularidades
existe una predisposición para un tratamiento globalizado uniformizador;
cundo decimos que en cualquier zona peninsular del Estado español los
sistemas termoenergéticos están interconectados y el kilovatio/hora puede
obtenerse en Madrid de una central eléctrica del sur de la Península, de
Vandellós o de cualquier otro punto geográfico, eso es una realidad
incuestionable. Por el contrario, debe tenerse presente que en cada una
de las islas de la comunidad canaria existe un sistema productor de
energía y que no hay posibilidad, de una isla a otra, de transferir, ni
de recibir kilovatios/hora. Y que de la autosuficiencia vinculada a la
producción de la central térmica de cada isla dependerán el desarrollo
económico, la obtención de agua y, en suma, la economía.
De aquí que si hemos defendido en esta Cámara en los últimos años un
status especial para Canarias en el seno de la Unión Europea,
esencialmente por iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, una de
las cuales está a punto de ser debatida el próximo mes de octubre en la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, con un proyecto de
artículo y protocolo anexo para recoger en el nuevo Tratado de la Unión
Europea que surja de la Conferencia Intergubernamental de 1996 para
consolidarle y dar un status permanente diferenciado a regiones tan
necesitadas precisamente de consideración hacia esa insularidad, es decir
las regiones ultraperiféricas, y convertirlo en derecho primario, ¿cómo
es posible que en paralelo a los diferentes sectores productivos y
económicos no se les tenga muy en cuenta la diferencia necesaria con
respecto a ese tratamiento, lo digo coloquialmente, de chocolate para
todos?
Por eso, señorías, nosotros hemos planteado la proposición no de ley con
el siguiente texto: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
mantenga el control mayoritario del Estado sobre el capital de la empresa
Unelco, a fin de que ésta siga desempeñando con la misma eficacia, al
menos, que hasta ahora, su función en la generación y distribución de
energía eléctrica en el archipiélago canario, así como su papel impulsor
en el desarrollo global de la economía de esa comunidad autónoma.»
Del análisis que del contenido de la proposición no de ley han hecho a lo
largo de estos dos meses últimos, desde que se presentó hasta hoy, y de
la defensa que este interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista
ha llevado a cabo, esperamos que se produzca el debate razonable que
permita el que se alcance el pronunciamiento con el contenido que acabo
de leer.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún Grupo que tenga interés en consumir un
turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
Señor Mardones, creo entender que la intención de su Grupo es proponer
alguna enmienda transaccional al texto. Enmienda que tiene usted
intención de defender en su intervención. En cualquier caso esa enmienda,
que creo que ha sido formalmente cursada en la Secretaría General de la
Cámara, debe tener para la sesión de hoy la naturaleza de enmienda in
voce, propuesta en la sesión de esta tarde. En todo caso, si usted tiene
la intención de hacerlo, haga mención de ello, propóngalo y recogeremos
su iniciativa.
Tiene la palabra, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Dejo a la competencia de la Mesa la
calificación que quiera dar a la enmienda que hemos presentado, en forma,
en el Registro de la Cámara esta mañana, para que se interprete como
enmienda al texto de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
enmienda in voce aquí en Comisión o enmienda transaccional. En cualquier
caso, con el Reglamento en la mano, el grupo proponente de la iniciativa
es quien tiene la capacidad de aceptar o rechazar la enmienda o proponer
la transaccional prevista formalmente.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, la Mesa hace llegar a los portavoces
la enmienda que se ha cursado en la Secretaría de la Cámara para que la
conozcan en su literalidad.
El señor MARDONES SEVILLA: Con su venia, señor Presidente, comienzo mi
intervención.
Respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, cuya defensa ha hecho el señor Diputado don
José Segura, en cuanto a lo que ha dicho como documentación y aporte
técnico no tengo nada que añadir porque son informes de lo que ha sido la
evolución técnica y económica de la empresa Unelco en el archipiélago
canario. Ahora bien, quiero añadir un dato complementario. Esta empresa
comenzó siendo privada. Mantiene precisamente las siglas de Unelco,
porque son las que tenía en su origen en inglés, ya que fue una empresa
británica: la Union Electric Company. La tradición ha hecho que se
mantuviera esta marca-logotipo, una vez que a lo largo del tiempo esta
empresa pasó al ámbito del entonces Instituto Nacional de Industria y
después ha seguido los procesos de adaptación a las nuevas empresas del
Grupo Téneo y las actualmente existentes.
¿Pero qué ocurre con la proposición no de ley del Grupo Socialista? Que a
juicio de Coalición Canaria es insuficiente, y queremos exponer los
siguientes criterios diferenciadores. Primer punto para la Coalición
Canaria, de acuerdo en la línea del actual Gobierno de privatización de
empresas públicas. En segundo lugar, y para que quede bien claro el tema
de la privatización, que el control mayoritario no sólo debe corresponder
al Estado sino también a la comunidad autónoma. Por eso, nos parece
insuficiente y discrepamos del texto del proyecto del Grupo Socialista.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido solicitando
reiteradamente de los poderes públicos, del Gobierno central, la
participación de representantes del Gobierno autónomo canario en los
consejos de administración de las empresas públicas ubicadas en el
Archipiélago. El portavoz socialista ha expuesto muy bien una serie de
peculiaridades que diferencian el sistema de producción y distribución
eléctrico en Canarias, en este caso para la empresa Unelco. Pero quiero
decir lo siguiente. Cuando se discutió en España la moratoria nuclear
hubo que hacer la salvedad del archipiélago canario. Ha estado en un
régimen que, si se quiere, se puede llamar de monopolio, ya que hay una
sola empresa, Unelco, que se encarga de la producción y distribución. El
kilovatio de energía eléctrica se produce en una central, con
combustibles derivados del petróleo, de fuel, de centrales, dado que no
hay ni producción hidroeléctrica, ni producción térmica de carbón, ni
producción nuclear. Es sólo energía obtenida por el sistema de fuel de
petróleo, pero la marca Unelco se encarga, desde la fábrica, de la
producción, la distribución y el recibo que el usuario recibe en su
domicilio o en su industria. Por ello, el Gobierno canario se ve obligado
a enfrentarse a una serie de consecuencias de todo esto, desde problemas
de contaminación, problemas de medio ambiente, problemas de ubicación,
problema de prestar su asistencia, en las carreteras cuya competencia
está transferida a la Comunidad Autónoma canaria, para el acceso a las
centrales de producción de energía eléctrica de Unelco. Qué menos que el
Gobierno autónomo canario se llame a la parte. Resulta, señor Presidente,
como proponemos en nuestra enmienda, que en cuanto a esa competencia de
la Administración pública canaria, que no se la negamos a la del Estado,
pero en la que pedimos que también participe la comunidad autónoma, por
tener una dependencia centralizada estatal es sustraída a la competencia
de control del Parlamento autónomo canario. Podemos estar discutiendo
aquí sobre Unelco con toda naturalidad, pero a veces ha habido problemas
al tratar temas, incluso en sus momentos iniciales, de las comparecencias
del presidente de una entidad que era nombrado por Madrid, respondía ante
Madrid y no ante órganos administrativos, ni políticos, ni parlamentarios
de la Comunidad Autónoma canaria.
Entendemos que en todos estos problemas derivados de la propia gestión,
incluso la proposición no de ley del Grupo Socialista dice algo que viene
a abogar a favor nuestro, porque en el párrafo final dice: Así como su
papel impulsor (se refiere a Unelco) en el desarrollo global de la
economía de esta comunidad autónoma. El Estatuto de Autonomía de Canarias
centra estas responsabilidades de economía precisamente en las
competencias del Parlamento autónomo canario, del Gobierno de Canarias,
nada menos que con una ley específica que es la Ley de Régimen Económico
y Fiscal de Canarias. Si dicha ley centra este aspecto competencial en la
economía, ¿cómo podemos tratar de olvidar aquí el Título VIII de la
Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley de
Régimen Económico y Fiscal y sustraerle competencias a su Gobierno
autónomo y a su Parlamento democrático autónomo? Por esta razón
mantenemos este criterio.
Después se puede producir una cosa y es que estando de acuerdo en el
planteamiento de privatización que el Ministro de Industria, señor Piqué,
hizo ante esta Cámara, y que nosotros hemos apoyado, nos podíamos
encontrar con otro problema si no hay un núcleo duro de control en la
privatización de Unelco, si no hay unas garantías, por ser sector
estratégico único en el archipiélago canario, aunque nosotros estamos de
acuerdo en una parte de la proposición no de ley del Grupo Socialista, en
establecer garantías con la misma eficacia en Canarias isla por isla,
porque una empresa privada puede decir que no le interesa el suministro
eléctrico de una determinada isla, porque no tiene la compensación en
ingresos de los costes de instalación que pueda tener por la peculiar
orografía canaria. Aquí no hay capacidad, como en la Península de
engancharse con las redes peninsulares o europeas, en que si hay déficit
de energía eléctrica en España, enganchan a través del Pirineo con las
centrales francesas y nos traen energía. Allí, salvo entre Lanzarote y
Fuerteventura, ni siquiera se puede dar un transporte interinsular y
submarino, vía cable, entre islas. Cada isla tiene que tener su propia
central eléctrica generadora de la energía eléctrica. Nosotros decimos
que si hay una venta de participación de la Administración pública, que
sea en unas condiciones que se garantice siempre el control público en el
consejo de administración. Y segundo, señor Presidente, algo muy
importante, que si se obtiene un beneficio por la venta de acciones de
una empresa que está en Canarias, que al menos haya una garantía de que
revierta allí, porque si no se diluye en la bolsa común del segmento de
Endesa a nivel de todo el territorio estatal, cuando están produciéndose
allí unos costes especiales de producción de energía eléctrica y de
contaminación medioambiental. Nosotros proponemos en la consideración
final que las entidades de crédito canarias, como pueden ser las cajas de
ahorro, tengan una posición preferencial en la adquisición del capital
que se vaya a privatizar.
Estos son los argumentos, señor Presidente, que han motivado nuestra
enmienda. No podemos aceptar la proposición no de ley del Grupo
Socialista porque nos parece totalmente insuficiente y no responde a los
criterios que el Gobierno autónomo de Canarias, el Estatuto de Autonomía
y la Ley de Régimen Económico y Fiscal reflejan para estas actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores Diputados, la posición del
Grupo de Convergència i Unió ante la proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista respecto a la posibilidad de la no privatización de
la empresa pública Unelco va a ser favorable en el caso de que el Grupo
Socialista acepte la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Saben perfectamente que la posición de nuestro grupo parlamentario ante
la racionalización del sector público empresarial español ha sido
favorable a dicha racionalización del sector público empresarial en
aquellos sectores donde exista concurrencia privada, en los que en
algunos casos se ha llegado a la competencia desleal, pero el caso de
Unelco estamos debatiendo sobre su pertenencia a un sector estratégico.
Desde Convergència i Unió hemos mantenido siempre la posición de que es
interesante y conveniente la posición estratégica del Estado, aunque sea
una participación minoritaria, ante una empresa de este calibre como
puede ser el sector energético. Por tanto, valoramos positivamente la
enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria. Desde una
perspectiva racional la consideramos lógica, adecuada, objetiva y eficaz.
Pensamos que Unelco puede seguir contribuyendo a generar un impulso
económico en la Comunidad Autónoma canaria desde la perspectiva en que es
posible, según esta enmienda, que continúe la presencia pública del
Estado en dicha empresa eléctrica, así como su representación en los
consejos de administración y en el nombramiento de órganos directivos a
través de la comunidad autónoma.
En el caso de que dicha enmienda fuera aceptada por el Grupo Socialista,
la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sería
la de votar favorablemente dicha proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán,
La señora URAN GONZALEZ: Señorías, es conocida ampliamente por parte de
esta Comisión la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto al plan de modernización o al,
por nuestra parte, llamado plan de privatizaciones de las empresas
públicas. Es conocido que estamos en desacuerdo con la privatización,
fundamentalmente de sectores estratégicos del sector público, que
consideramos que no sólo va a ir en detrimento de unos mejores servicios,
sino que, además, va a ser utilizada, como suele producirse en estos
casos, para generar una cantidad de beneficios económicos cuya
posibilidad no negamos a las empresas privadas, pero sí creemos que
pueden ir en detrimento del beneficio social que representa este tipo de
servicios.
En cuanto a la proposición no de ley que plantea el Partido Socialista
habría que decirles que con la estrategia que mantiene el Gobierno con
respecto a las privatizaciones, casi ustedes se lo ponen más fácil para
que las pueda hacer mucho más deprisa. Es una empresa rentable, es una
empresa que se encuentra, a la hora de ponerla a la venta en el mercado,
con una infraestructura bastante modernizada y con una inversión que ha
realizado durante muchos años y que por tanto ahora en manos privadas no
necesitaría realizar, como tiene previsto hacerlo en manos públicas.
Vemos además que es una necesidad social para las propias islas, porque
aquí hablamos en muchas ocasiones de que tenemos que eliminar monopolios
estatales y estamos cometiendo o podemos cometer el error de caer en
monopolios privados que, al fin y al cabo, no tiene como mira el interés
general, sino el interés privado de sus propios negocios, a lo que tienen
derecho legítimamente.
En consecuencia, señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a votar favorablemente la propuesta del Partido
Socialista, y nos abstendríamos o votaríamos en contra en función de la
intervención del portavoz del Grupo Socialista con respecto a la enmienda
de Coalición Canaria. Señorías, Coalición Canaria está apoyando al
Gobierno, y la representación de su comunidad autónoma en los órganos de
administración de la empresa Unelco podría conseguirla perfectamente a
través de la negociación con el propio Gobierno y no a través de la venta
de esta empresa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Diputado don Alfonso Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Como cuestión previa, entiendo que
sería conveniente someter a votación la transaccional, porque en el
supuesto de que el grupo proponente no la acepte, decae dicha enmienda,
si no entiendo mal.
El señor PRESIDENTE: No entiende mal, señoría.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Entonces yo rogaría a la Presidencia
que recabara la opinión del Grupo Socialista sobre la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Yo le rogaría al portavoz del Partido Popular que
explicase cuál es la posición de su grupo en relación con el contenido de
la proposición no de ley, que se explique usted en torno a la iniciativa
que ha presentado también Coalición Canaria y, al final de su
intervención,
solicitaremos la opinión del Grupo Socialista al respecto y actuaremos en
consecuencia. (El señor Torres Sahuquillo: Como se ha hecho siempre.)
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.
El objetivo planteado por la proposición no de ley del Grupo Socialista
de que Unelco siga desempeñando con la misma eficacia al menos que hasta
ahora su función en la generación y distribución de energía eléctrica en
el archipiélago canario es compartido plenamente por el Grupo Popular,
pero razones diversas justifican que no consideremos que el mantenimiento
del control mayoritario del Estado sobre el capital de Unelco, propugnado
por la proposición no de ley, sea una condición necesaria para la
consecución de dicho objetivo.
La evolución de Unelco desde que el Consejo de Ministros, con fecha 21 de
febrero de 1969, autorizó al INI su compra, así como las sucesivas
adquisiciones y fusiones con otras empresas eléctricas de Canarias, han
dado lugar a una gran empresa eléctrica, la mayor del Archipiélago --y
coincido plenamente con la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista--, empresa que yo mismo califiqué en esta Comisión, en la
anterior legislatura, en la comparecencia del Presidente de Endesa, el
día 2 de octubre de 1995, como modélica. La situación actual del
suministro de energía en las islas Canarias es indudable que es
totalmente diferente a la de absoluta carencia que existía en el año
1969. Lógicamente también, esta evolución está de acuerdo con el gran
despegue que se produjo en Canarias a finales de los sesenta, principio
de los setenta, cuando el gran turismo de masas llegó al Arhipiélago y
llevó consigo una gran expansión en la energía eléctrica, como era de
esperar.
Por otra parte, el suministro de electricidad ha sido regulado por la Ley
40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, conocida por
Losen, que configura el suministro de electricidad en el sistema
integrado como un servicio público. Igualmente, esta ley del anterior
Gobierno socialista del año 1994 reconoce la libre iniciativa de las
empresas para el ejercicio de las actividades en ellas reguladas, y sólo
prevé que exista obligatoriamente una empresa con mayoría pública, que es
la que realiza la explotación unificada del sistema eléctrico nacional,
al declararse como servicio público esencial de titularidad estatal dicha
explotación unificada. Por tanto, en cierto modo, esta proposición no de
ley del Grupo Socialista contradice los principios básicos de la Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que fue propuesta y aprobada,
como he indicado, cuando tenía la mayoría relativa en la Cámara.
En cuanto a la liberalización, tenemos que decir que fue iniciada ya por
el Grupo Socialista en las anteriores legislaturas, con lo que el plan de
liberalizaciones del Gobierno del Partido Popular, en definitiva, lo que
viene a ser es la continuidad de aquella política. Por tanto, se debe ser
extraordinariamente prudente con las actuaciones que se adopten en el
futuro con Unelco, sobre todo si tenemos en cuenta que no es posible el
flujo energético de una isla a otra, como ya aquí se ha puesto de
manifiesto, y el hecho de que no coexisten, como en la Península,
empresas diferenciadas que compitan en la producción y en la distribución
eléctrica. En la comparecencia del propio Ministro Solbes, el 21 de
septiembre de 1993, para informar sobre las previsiones y líneas
generales a desarrollar en su departamento en la anterior legislatura, al
defender el portavoz de Coalición Canaria señor Mauricio la posibilidad
de privatizaciones, llegando a hablar de una propiedad mixta, el propio
Ministro señor Solbes no rechazó la idea, señalando que sería un extremo
a considerar. Por consiguiente, a estas consideraciones hay que sumar los
principios que guían la política del Gobierno actual para el sector
energético y que apoya el Grupo Popular.
En la proposición no de ley y como motivación de la petición en que ésta
propiamente dicha se materializa, se incluye una extensa y documentada
exposición, que ha explicado con todo detalle el portavoz del Grupo
Socialista, de los antecedentes de la problemática del suministro de
energía eléctrica en el archipiélago canario y del eficaz papel
desempeñado en las últimas décadas por la Unión Eléctrica de Canarias,
bajo el control o dependencia del Instituto Nacional de Industria.
Por consiguiente, el Grupo Popular podría sin dificultad coincidir con la
proposición en lo que ésta tiene de reconocimiento de la labor realizada
por la iniciativa pública en un ámbito como el energético, siempre
decisivo y que, como es bien conocido, reviste especial importancia en la
Comunidad Autónoma canaria ante la ausencia en la misma de recursos
propios significativos en este campo. El objeto esencial de la
proposición no es, sin embargo, el antedicho reconocimiento a la labor
realizada, sino, como claramente se expone, el de que en el proceso de
privatización de la empresa que pueda llevarse a efecto, el Estado
conserve un control mayoritario en el capital de Unelco, a fin de que
ésta siga desempeñando su función con la misma eficacia que hasta ahora.
Es de sobra sabido que es intención del Gobierno del Grupo Popular y del
grupo que le apoya y aún de parte de sus postulados programáticos, el
acometer, que en realidad es continuar, un proceso de privatización de
nuestro sector público en línea con similares acciones y programas
realizados en otras economías de nuestro entorno y no opuesto tampoco,
aunque su ritmo e intensidad ahora puedan ser mayores, a las importantes
acciones privatizadoras del Ejecutivo anterior. Y así, en el Consejo de
Ministros de 28 de junio de 1996, como ya se ha indicado anteriormente,
el Gobierno aprobó las bases del programa de modernización del sector
público empresarial, en el que se pretende introducir, según textualmente
se afirma en la reseña del referido Consejo de Ministros de donde
extraemos la cita, criterios de optimación y de racionalidad económica en
las empresas propias del Estado, con objeto de contribuir a su viabilidad
futura y, consecuentemente, al mantenimiento del empleo, así como a
modernizar el tejido productivo español, estimular los procesos de ahorro
e inversión y situar así la economía española en condiciones de competir
con los países más avanzados de nuestro entorno. Asimismo y dentro de los
expresos principios inspiradores del referido programa de modernización
del sector público empresarial del Estado,
destaca el de continuidad del proyecto empresarial de las empresas
privatizadas, en el marco de salvaguardar los intereses económicos
generales y garantizar la provisión de los servicios públicos esenciales.
A tenor, pues, de las anteriores referencias, cabría estimar como
infundada la alarma o, al menos, la indudable prevención que late en la
proposición no de ley que consideramos, al solicitar el control
mayoritario del Estado sobre Unelco, al objeto de evitar la pérdida de
eficacia de la empresa.
En el terreno de los principios, incluso de los principios económicos y
no políticos, parece afirmarse, naturalmente con el valor relativo de
toda formulación general, el fenómeno y doctrina contraria. Dicho en
otros términos: la ineficacia no es objetivo de las privatizaciones, ni
las múltiples experiencias ya contrastadas por doquier permiten
considerar que aquélla sea su resultante. Dentro del programa de
modernización del sector público empresarial, cuyas bases se aprobaron
por el acuerdo del Consejo de Ministros ya citado, se dibuja un proceso
de privatizaciones con vocación de globalidad y como proceso tendencial
en el que el Gobierno distingue, entre otros, un grupo de empresas
eficientes, bien gestionadas, que tienen capacidad para generar recursos,
pero que están actuando todavía en mercados muy regulados, aunque no en
beneficio de los ciudadanos --es el caso del sector eléctrico-- y que,
por tanto, exige una desregulación previa para que las condiciones de
competitividad de nuestras empresas y los precios que pagan nuestros
ciudadanos por determinados servicios sean mucho mejores.
Por lo tanto, en un plazo razonable, previa desregulación del sector
eléctrico, se abordará la privatización de sus empresas públicas. Ahora
bien, el Grupo Popular entiende que el Gobierno no piensa privatizar una
a una las filiales de Endesa. Es cierto que la situación
económico-financiera de la empresa Unelco es lo suficientemente atractiva
como para que el sector privado pueda, sin menoscabo de la calidad, hacer
frente a los retos de los incrementos de demanda en las islas, pero la
pertenencia de Unelco al grupo Endesa ha contribuido a la expansión y
consolidación de Unelco, por lo que todos los analistas financieros
valoran el grupo más que el sumatorio de cada una de las empresas que lo
componen. Será, por tanto, dentro del proceso global del grupo como se
determine el futuro de Unelco.
Hay que señalar que la desregulación mencionada no implicará una ausencia
de regulación. Bien al contrario, para el cumplimiento del objetivo
señalado en la proposición no de ley se dispondrá --y me parece que éste
es el aspecto importante-- de mecanismos de regulación suficientes, no
vinculados necesariamente con la titularidad pública de la empresa, para
asegurar la eficacia, tanto en calidad como en cantidad, de la prestación
del servicio. Más aún, sensible al hecho insular y a las particularidades
del archipiélago canario, el Grupo Popular entiende que el Gobierno debe
considerar, dentro de lo establecido por el acuerdo del Consejo de
Ministros, algún tipo de tratamiento diferenciado para asegurar que los
intereses de la comunidad estén de alguna forma representados, de modo
que no se rompa la cohesión, que en el archipiélago canario hay que
salvaguardar en todo caso. Para que no haya en ningún momento perjuicio
alguno para los ciudadanos, además de los mecanismos de regulación, el
Estado se tiene que reservar, y se reserva de hecho, la capacidad de
intervención, de manera excepcional y no indefinida en el tiempo, a
través de instrumentos ya existentes o de aquellos otros que se pudieran
establecer, al objeto de garantizar que, en todo momento, se satisfacen
los intereses públicos.
A la vista de cuanto se ha indicado, el Grupo Popular considera que la
iniciativa que se recoge en la proposición no de ley del Grupo Socialista
no puede ser apoyada por el Grupo Popular, por cuanto entraría en
contradicción con la política de privatizaciones que el Gobierno ya ha
anunciado y que, en definitiva, no viene a ser otra cosa que la
continuidad de la política ya iniciada por el anterior Gobierno
socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor Segura, ¿acepta el Grupo Parlamentario Socialista la enmienda que
le ha ofrecido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, en su integridad no podemos
aceptarla y queremos presentar una enmienda transaccional alternativa a
la que ha ofrecido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede proceder exclusivamente a leer la enmienda
transaccional que propondría el Grupo Socialista al Grupo de Coalición
Canaria?
El señor SEGURA CLAVELL: Que quede claro que es la transaccional del
Grupo Socialista a la que ha propuesto.
El señor PRESIDENTE: Ha quedado claro, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Diría: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que mantenga el control mayoritario del sector público
eléctrico estatal, incluyendo a la Administración pública canaria», que
es la introducción de un hecho que consideramos relevante en esta
transacción... «sobre el capital de...».
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, por favor, le ruego que vuelva a
repetir, a efectos de que quede constancia, la literalidad de la enmienda
que propone. Lea exclusivamente, y sin comentarios, la literalidad de la
enmienda transaccional, a los efectos de que todos los grupos puedan
saber qué van a votar acto seguido. Si lo desea, al final le dejaré que
haga algunas observaciones. Pero, por favor, proceda ahora sólo y
exclusivamente a leer la literalidad.
El señor SEGURA CLAVELL: Leeré y solamente leeré la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Se lo ruego.
El señor SEGURA CLAVELL: Es un placer.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que mantenga el control
mayoritario del sector público eléctrico estatal, incluyendo a la
Administración pública canaria, sobre el capital de la empresa Unelco, a
fin de que ésta siga desempeñando, con la misma eficacia al menos que
hasta ahora, su función en la generación y distribución de energía
eléctrica en el archipiélago canario, así como su papel impulsor en el
desarrollo global de la economía de esa comunidad autónoma.»
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, ¿el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria acepta esa transacción a su enmienda?
El señor MARDONES SEVILLA: No, señor Presidente. El grupo canario ha
especificado bastante (Rumores.) y mantiene el texto literal de la
enmienda que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, quisiera dejar constancia de
las razones, porque no me gusta decir sí o no sin un razonamiento, al
menos objetivo o discrecional para este Diputado y para mi grupo
parlamentario.
Las razones estriban en que solamente se da entrada a una administración
pública autonómica canaria, cuando nuestra enmienda recoge otros
aspectos...
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Mardones, con ánimo de no emprender
de nuevo un debate sobre la materia, no aceptándose, pues, la transacción
que se ofrece por parte del Partido Socialista a la enmienda del Grupo de
Coalición Canaria y no admitiendo el Grupo Socialista la literalidad de
la enmienda que propone Coalición Canaria, decae esa enmienda y
procederemos a votar el texto literal de la proposición no de ley. (El
señor Segura Clavell pide la palabra.)
El señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, con la benevolencia de la
Presidencia le pediría un par de minutos, a efectos de explicar el
posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista y de que queden muy
claras las razones que nos conducen a rechazar la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, de la literalidad de su respuesta
a la enmienda de Coalición Canaria, ha entendido perfectamente las
razones de su sugerencia. Si S. S. interpreta que algún otro Diputado ha
podido no entenderlas, le doy un minuto para que lo pueda explicar, pero
creo que ha quedado perfectamente claro, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: De la clarividencia de la Presidencia, de todos
los miembros de la Mesa y de todos los integrantes de esta Comisión este
pobre Diputado no tiene la más mínima duda. No obstante, Canarias tiene
1.500 habitantes que tienen mucho interés en conocer... (Risas.), perdón,
un millón y medio. Iba a decir 1.500 por diez elevado a tres, pero me
interrumpieron en seguida. (Risas.)
Señor Presidente, gracias por la benevolencia, pero termino en un minuto.
El señor PRESIDENTE: Por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, la propuesta que hemos puesto sobre la
mesa se justificó razonadamente y, desde luego, el rechazo a la enmienda
de Coalición Canaria pensamos que es obvio, porque la privatización de
esta empresa, desde nuestra óptica, supone la descapitalización de
Canarias. Además, pensamos que, tal y como dijo el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en el Pleno de ayer, cuando formuló una
pregunta al Presidente del Gobierno, en efecto, esto forma parte de
pactos no recogidos de manera escrita.
El Estatuto de Autonomía, el REF al que ha hecho referencia el señor
Mardones, no tiene nada que ver con el contenido de la propuesta, señor
Mardones. No se ha producido hasta ahora descapitalización de la empresa,
en modo alguno; los beneficios que ha generado la empresa se han
reinvertido en Canarias con el status actual, por la reserva de
inversiones; de todos los incentivos a la inversión recogidos en el
régimen económico fiscal canario se ha beneficiado la empresa. Por
último, señor Presidente, no olvidemos que Canarias es región Objetivo 1,
desde la perspectiva comunitaria. El concepto de zona ultraperiférica, el
haber quedado fuera del plan nacional del gas, los contenidos --y les
ruego que lo lean SS. SS.-- de todas las directivas, reglamentos y
normativas comunitarias sobre los mecanismos de transporte energético
entre países y en regiones fronterizas justifican plenamente la
racionalidad de nuestra propuesta y la necesidad del control público. Nos
preguntamos: ¿Cómo es posible que se privatice si por todos los
intervinientes ha sido calificada esta empresa en su desarrollo y
quehacer, hasta el día de hoy, como una empresa modélica y estratégica?
(Una señora Diputada: Por eso.) ¿Dónde está la razón? ¿Por qué hacemos
que se dé un golpe de timón a lo que ha sido una trayectoria de servicio
público altamente eficaz y con la que la población canaria se encuentra
identificada, con la importancia que tiene para el desarrollo económico y
social de la Comunidad Autónoma canaria?
No podemos aceptar, y con ello sí termino, señor Presidente, que se
proponga por un grupo parlamentario la compra de acciones por parte de
entidades, por respetables y serias que sean las cajas canarias, sin que
se hayan pronunciado previamente las juntas generales de las mismas.
Además, los socialistas estimamos que la aceptación de sustituir con
capital canario, derivado del ahorro de los ciudadanos canarios, el
capital estatal, que retorna al Ministerio de Economía, significa un
claro y flaco servicio a la Comunidad Canaria que, con ese dinero de las
cajas, debería propiciar políticas sociales, como políticas de vivienda,
de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y elevación del nivel de
vida, notablemente escaso en algunos rincones de nuestra comunidad.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO
(AIE) (PRAGA GAYOSO) PARA EXPLICAR LAS INICIATIVAS Y CONTACTOS QUE HA
MANTENIDO PARA PRIVATIZAR EMPRESAS ADSCRITAS Y DEPENDIENTES DE DICHA
AGENCIA Y, EN ESPECIAL, LAS REALIZADAS EN TORNO A HULLERAS DEL NORTE, S.
A. (HUNOSA), ASI COMO SUS RESULTADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día.
Ruego a don Francisco Prada que se acerque a la Mesa. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar la comparecencia del señor Presidente de la
Agencia Industrial del Estado. En primer lugar, en nombre de la Comisión,
quiero agradecerle su amabilidad al aceptar el cambio del orden del día y
haberle retenido un poco más de tiempo de lo que previamente estaba
obligado a hacer.
Quiero reiterar que en la solicitud de comparecencia, a iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, se le pide que explique las
iniciativas y contactos que ha mantenido para privatizar empresas
adscritas y dependientes de dicha Agencia, pero de forma especial las
realizadas en torno a Hulleras del Norte, Hunosa. Como la iniciativa no
deja cerrada la posibilidad de referirse a otras empresas que están
sometidas a la dependencia de la Agencia Industrial del Estado y habiendo
otras solicitudes de comparecencia en esta Comisión de Industria,
especialmente para referirse a la empresa Santa Bárbara, en la medida en
que desee hacer mención a esta empresa y a otras, y ello dé satisfacción
al Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a su iniciativa, no le
requeriríamos en otra comparecencia para cuestiones planteadas hasta hoy
en la Comisión de Industria. En caso de no ser así, tendríamos que
solicitar nuevamente su presencia al Presidente de la Agencia Industrial
del Estado para responder a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista. En todo caso, ésta será una cuestión que quedará plenamente
resuelta en la reunión de la Mesa y portavoces al término de la sesión de
esta tarde.
Sin más, le agradezco su presencia, rogándole que inicie una primera
intervención para que, acto seguido, los grupos parlamentarios realicen
la suya.
¿Desea el grupo proponente hacer uso de un turno para presentar su
iniciativa o se reserva para una posterior intervención al conocer la
exposición del Presidente de la Agencia Industrial del Estado?
El señor SANTISO DEL VALLE: Medio minuto, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por un breve plazo de tiempo, tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Simplemente para insistir en algo que el
propio Presidente ya ha dicho, que nos gustaría que la exposición no
fuera solamente sobre Hunosa, pues, aunque esa petición tenía un motivo
coyuntural concreto y sigue siendo importante conocer estos extremos, sin
embargo, dada su actualidad, sería importante que también nos explique
cuál es la situación de Santa Bárbara y, si acaso, dejar para más
adelante otra comparecencia, que anuncio que pediremos, sobre el tema de
Astilleros.
El señor PRESIDENTE: Sin más, tiene la palabra don Francisco Prada,
Presidente de la Agencia Industrial del Estado.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (Prada Gayoso):
Señor Presidente, señorías, quiero empezar por una cuestión evidentemente
previa. Para el Presidente de la Agencia Industrial del Estado es una
satisfacción poder asistir a esta Comisión cuantas veces se considere por
SS. SS. que es oportuna su presencia.
Voy a referirme de modo general a los contenidos que se han destacado
anteriormente y no con el objetivo de ahorrarme la presencia aquí, lejos
de mi intención, porque lo considero absolutamente interesante, ya que,
como luego trataré de explicar, en la Agencia Industrial del Estado nos
enfrentamos a un conjunto de problemas lo suficientemente complejo como
para que no regateemos esfuerzos a la labor de justificación de cada una
de las medidas que sea preciso adoptar. Por tanto, cuenten tanto con esa
presencia formalizada, institucional, que, repito, es en cumplimiento,
con gran satisfacción, de un deber como incluso de una manera menos o
nada formalizada, en una relación personal directa con los señores
Diputados que lo consideren oportuno, como ya se ha venido produciendo
hasta el día de hoy de manera completamente informal, no sólo con señores
Diputados pertenecientes a los grupos que dan apoyo al Gobierno sino con
otros señores Diputados presentes hoy aquí en esta Comisión y
pertenecientes a grupos de oposición. Adelanto desde ahora mi
agradecimiento porque pensamos que, cuanta más información haya,
probablemente mayor posibilidad existirá de que se comprendan algunas
decisiones que en algunos momentos también a los responsables de la
Agencia nos gustaría poder no tomar.
Voy a referirme, en primer lugar, de modo concreto, al texto liberal del
contenido de la comparecencia y, luego, trataré de hacer una referencia
genérica a los demás asuntos que están en la mente de SS. SS.
Según la notificación que se me ha enviado, esta comparecencia tiene su
origen en un escrito fechado el día 28 de mayo de 1996. Ese día, el 28 de
mayo de 1996, se producía mi toma de posesión como Presidente de la
Agencia Industrial del Estado. Por tanto, es sencillo, señor Presidente,
contestar al texto literal de la comparecencia, al menos en cuanto al
momento en que se produce. ¿Qué iniciativas he tomado en ese momento para
privatizar empresas de la Agencia? Ninguna, señor Presidente. Sería
absolutamente temerario que, incluso antes de haberse producido mi toma
de posesión, estuviese ya desarrollando cualquier tipo de iniciativa para
atender a cuestiones que no sólo no tenía posibilidad de conocer, sino
que no estaba investido de la menor autoridad, ni siquiera moral, para
poder hacerlo. De modo que, desde ese punto de vista, quiero ser
absolutamente claro. En ningún momento, de ninguna manera se había
producido, a la fecha en que se solicita la comparecencia, ningún tipo de
actuación directa o indirectamente referida a la posible privatización,
total o parcial, de Hunosa o de ninguna de las demás compañías de la
Agencia Industrial del Estado, de las que, por otro lado, tenía
escasísimo conocimiento a esa fecha.
Ciertamente, la fecha de esta petición coincide con una información
aparecida en diversos medios de comunicación. Voy a leer, señor
Presidente, algunos de estos titulares de prensa, del día 28 de mayo, el
mismo día que se presentó esta iniciativa. Uno de los periódicos editados
en Madrid, de general difusión: Primer contacto del Presidente de la AIE
para vender Hunosa. Otro periódico del mismo día, asturiano en esta
ocasión: El Presidente de la AIE mantuvo contactos con responsables de un
determinado grupo sobre el proyecto de Hunosa; quiere abrir un diálogo
sobre las empresas en el que están también sindicatos y eléctricas. Otro,
del día siguiente, señala: Piqué --el señor Ministro de Industria--
descarta la venta de Hunosa al grupo en cuestión. Hay una serie de
titulares semejantes, utilizando a veces, quizá progresivamente, un mayor
tamaño de tipografía. Es decir, son claras referencias a supuestos
contactos mantenidos por el Presidente de la Agencia Industrial del
Estado con un conocido empresario --conocido en cuanto a que sus negocios
en el sector del carbón se desarrollan en León--, que en esos momentos
estaba al frente, y lo sigue estando hoy, de la compañía minera de carbón
de mayor tamaño de España en cuanto a las empresas privadas, que es la
MSP, Minero-Siderúrgica de Ponferrada. Efectivamente, en esta compañía,
en mi época de actuación profesional privada, había tenido una
responsabilidad como comisario designado por el juzgado competente en el
procedimiento de quiebra que se había seguido sobre esta compañía. Este
procedimiento había finalizado anteriormente, a iniciativa de una entidad
financiera, Caja España, que dirigió las operaciones necesarias para la
terminación de este procedimiento de quiebra, y fue con posterioridad al
cese de mis responsabilidades en esta compañía cuando Caja España
procedió a su venta a este empresario privado.
No he tenido nunca la oportunidad de tener ningún contacto, ni siquiera
en esa época de mi permanencia en la MSP, ni después, hasta hoy, nunca,
con este empresario. No he hablado nunca con él, ni directamente ni por
teléfono, ni nos hemos comunicado por escrito ni por ningún otro
procedimiento. Tampoco he hablado con ningún representante suyo ni con
ninguna persona en relación con este asunto; pero es cierto que estas
informaciones periodísticas siempre tienen alguna fundamentación. Es
cierto que yo, por esos días, había mantenido algunas entrevistas,
fundamentalmente con una persona --un, entonces, ejecutivo-- que
desempeñaba un puesto de trabajo relevante en esta empresa, en MSP, con
quien ya había tenido la ocasión de compartir responsabilidad en la época
en que esta compañía había estado en quiebra. Esta persona es hoy el
presidente de la compañía Hunosa, y es evidente --creo que ahora puede
quedar claro-- que la razón de mis reuniones, que no pasaron
desapercibidas a algunos medios de comunicación, tenían por objeto
analizar las posibilidades de su incorporación a este proyecto, como
efectivamente luego ha sucedido. A los pocos días ya tuve ocasión de
aclarar esta situación porque, cuando se produjo la toma de posesión del
señor De Juca, el presidente de Hunosa, ya tenía información de que se
había promovido esta iniciativa, aunque no hubiese recibido directamente
la comunicación. Queda así aclarada, entiendo, la razón fundamental de
este --creo-- malentendido periodístico-social que inquietó al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya.
Si no recuerdo mal, con ocasión del proceso electoral, se había producido
una referencia, al menos periodística --ésta es la única información que
yo he conseguido--, a una propuesta procedente de este empresario para
hacerse con la gestión de Hunosa, y dicen los periódicos de esas fechas
que este empresario se había dirigido a varios grupos políticos para
hacerles una proposición, según la cual podía hacerse cargo y resolver
para el Estado un problema tan grave como era el de la gestión de Hunosa.
Puedo asegurar que ni en el Ministerio de Industria ni en la Dirección
General de Minas ni en la Agencia Industrial del Estado ni en la compañía
Hunosa existía, desde que están bajo mi responsabilidad, por lo menos no
ha aparecido absolutamente nadie, ningún documento, ninguna referencia a
nadie que haya conocido ninguna propuesta concreta y formal de esto que,
al parecer, se quedó en gestiones exclusivamente desarrolladas durante
esa fase anterior a las últimas elecciones generales.
Por lo que he podido deducir de estas informaciones de prensa, la
propuesta de privatización a la que se alude se refería a asumir
privadamente la gestión de la empresa pública Hunosa. Repito que no hemos
conseguido conocer más profundamente los puntos en los que se basaría o
justificaría el supuesto ahorro o el supuesto beneficio que, para el
Estado y para la sociedad, podría derivarse de esta gestión privada. Pero
es algo que queda absolutamente alejado, ajeno a lo que son los criterios
del Gobierno y de la Agencia Industrial del Estado, que es su
instrumento, en
cuanto a la posible colaboración de la iniciativa privada y las empresas
públicas. Anteriormente, ya se ha hecho referencia a que la privatización
de empresas públicas viables es un objetivo central del Gobierno actual.
Pero por privatización entendemos el traslado a la iniciativa privada de
la responsabilidad sobre estas empresas, absolutamente inherente e
inseparable a su asunción de riesgo, que es, pensamos, el elemento
esencial de la actividad empresarial privada. Lo que de ninguna forma
puede ser analizable es el supuesto de que los riesgos sigan a cargo del
Estado y la gestión sea privatizada. Algo así como un arrendamiento de
servicios; cuestión que, desde luego, para nosotros, no merece siquiera
un análisis somero. Por tanto, está fuera de toda consideración la
posibilidad de una actuación de este tipo.
Creo que no es necesario distraer la atención de SS. SS. para justificar
por qué pensamos que es imposible privatizar Hunosa, entendiendo por tal
una actuación en la que alguien invirtiese dinero para comprar esas
explotaciones, porque creo, señor Presidente, que es suficientemente
conocido por todas SS. SS. cuál es la situación y cuáles son las
posibilidades de Hunosa. Creo que no hace falta extenderse más sobre que
no existe ninguna posibilidad de privatización, ni total ni parcial, de
Hunosa. Entiendo que será suficiente referirme a cuáles son algunos de
los principales datos que enmarcan la situación de Hunosa para dejar
claro que no existe ninguna posibilidad de privatización.
El carbón tiene un precio internacional, que --por no llenar de datos
esta intervención; siempre hay una serie de correcciones de menor
importancia-- podemos situar en 6.000 pesetas la tonelada. El carbón que
se produce en Hunosa tiene un coste, que pagan los contribuyentes
españoles, de 35.000 pesetas la tonelada, aproximadamente. Creo que es
suficiente hacer referencia a esta disparidad tan tremenda para
comprender que es necesario poner coto a esta situación. No es posible
seguir manteniendo por más tiempo, no es posible seguir manteniendo
indefinidamente esto que está tan lejos de la racionalidad económica.
Este fenómeno no es nuevo. Esto es perfectamente conocido e identificado.
Ha sido enfrentado por quienes sucesivamente han tenido la gran
responsabilidad de continuar haciendo frente a la gestión de Hunosa; esto
no es nuevo. Pero siendo tan importantes las cifras y, evidentemente, sin
poder olvidar las razones sociales que soportan el mantenimiento de una
empresa, quisiera llamar la atención de SS. SS. sobre que acaso exista
aquí, junto al mantenimiento de una estructura tan consumidora de
recursos para los contribuyentes españoles, una situación de dudosa
justicia, incluso dentro del propio sector del carbón.
El precio que el conjunto de las empresas productoras de carbón en España
perciben por el carbón que entregan a las compañías eléctricas, que como
es sabido es el único destino dado al carbón nacional, está en torno a
las 13.000 pesetas por tonelada, que ya indica una diferencia más que
llamativa sobre el precio al que se puede conseguir carbón de la mejor
calidad, que es el de 6.000 pesetas la tonelada si atendiésemos
exclusivamente al referente coste de una materia prima necesaria para
avanzar en un proceso productivo. Hasta 8.000 pesetas la tonelada es el
precio que pagan directamente las compañías eléctricas a los productores
de carbón, y la diferencia desde 8.000 hasta 13.000 pesetas se distribuye
a partir del instrumento, que es el Ofico, pero se financia directamente
por los consumidores de energía eléctrica. El recibo de energía eléctrica
al que se ha hecho referencia en la anterior sesión, que pagan todos los
consumidores españoles en usos domésticos o en usos industriales, lleva
incluida la parte correspondiente a la constitución de un fondo, que es
el que se distribuye luego a través de Ofico y que hace llegar hasta esa
cifra de 13.000 pesetas la tonelada. Significa, por tanto, que las
empresas privadas, cuyos costos de funcionamiento estén por encima de
13.000 pesetas la tonelada, no tienen posibilidad de producir y esas
minas, en general, están cerradas. Podría haber posibilidades de puestos
de trabajo si se subiese con carácter general el listón de las 13.000
pesetas, si se aceptase con carácter general que podría ser asumible por
la economía española un precio un poco más elevado. Pensemos que si fuese
16.000 pesetas, y para todos, habría minas que hoy están cerradas y que
podrían estar en actividad si el precio fuese igual para todos. Pues
bien, hay aquí una enorme discriminación a la que hacía referencia hace
un momento. Las explotaciones mineras que por razones históricas --y que
ahora no me corresponde poner en discusión-- se han incluido en este
conjunto que es Hunosa siguen produciendo carbón a pesar de que su coste
es de 30.000 ó 35.000 pesetas la tonelada, y en el medio hay una serie de
ellas que podrían producir carbón a costes más bajos que las 35.000
pesetas, pero por encima de las 13.000 pesetas, que no han tenido esa
posibilidad de incorporarse a este proceso, que es Hunosa, y que por
tanto hoy están cerradas y que respecto a sus puestos de trabajo no se ha
encontrado, supongo, la suficiente justificación histórica en su momento
para que esas explotaciones siguieran en funcionamiento.
Estas son unas pinceladas generales en las que creo que no he dado ningún
dato novedoso para SS. SS. porque entiendo que son suficientemente
conocidos, que marcan la situación de Hunosa. ¿Y cómo puede hacerse
frente a esta situación? Si he dicho antes que parece difícil que se
mantenga durante mucho tiempo, o al menos de una manera indefinida, esta
situación en Hunosa, ¿cuál es el futuro que nos espera? A corto plazo, el
sistema de gestión de Hunosa se basa en el instrumento del
contrato-programa. El contrato-programa actualmente vigente comprende un
período de validez, de funcionamiento, hasta final del año 1997. Por
tanto, a muy corto plazo ¿cuál es la posición de la Agencia Industrial
del Estado? ¿Cuál es la posición del Gobierno que va a ejecutar su
instrumento, que es la Agencia Industrial del Estado? Cumplir
estrictamente, con la mayor posibilidad de acierto, el contrato-programa
vigente, ser escrupuloso en cumplir cada uno de los aspectos del
contrato-programa vigente. Es evidente que el contrato se produce siempre
entre diversas partes, y quizá cada una de ellas tiene una mayor
pretensión en subrayar del conjunto de contenidos que configuran un
contrato-programa aquellas partes que pudiésemos considerar sus derechos,
las partes que le favorecen y se olvida un tanto de lo que
son sus compromisos. El contrato-programa contiene compromisos para la
Administración pública, contiene compromisos para el Estado a través de
la Agencia Industrial del Estado, contiene también compromisos para todas
las partes. Quiero recordar aquí que uno de ellos es el de reducir el
enorme absentismo laboral, que está muy por encima no sólo de lo que
puede considerarse aceptable en el conjunto de la industria española sino
incluso en el conjunto de la minería del carbón y en la misma zona en que
residen las explotaciones de Hunosa; objetivo que por ahora no se está
cumpliendo pero que no nos va a servir siquiera de pasajera justificación
para dejar de cumplir con los compromisos asumidos por la Administración
pública. Pero este contrato-programa finaliza el año próximo, a finales
del año 1997, y es preciso afrontar una nueva etapa. Esta nueva etapa
está, a su vez, referida a una fecha que es mítica en todo el sector del
carbón, el año 2002. En junio del 2002 finaliza el tratado CECA y
termina, por tanto, el marco de referencia en el que ahora mismo tiene
encaje esta política del carbón a la que antes hacía referencia y en el
que pueden jugar estos precios diferenciales.
Es evidente que el problema del carbón, siendo muy relevante en el caso
de Hunosa --estamos en 33.000 ó 35.000 pesetas de coste por tonelada--,
también lo es para el conjunto del sector carbonero español, porque no es
posible seguir manteniendo indefinidamente --parece difícil que sea
posible mantenerlo después del año 2002-- que el precio del carbón siga
siendo de 13.000 pesetas la tonelada y, sin embargo, parece que habría
que acercarse a ese objetivo de las 6.000 pesetas. Por tanto, el
Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado de Energía está
desarrollando los estudios necesarios y los contactos con todas las
partes implicadas para conseguir un marco adecuado con el que afrontar
esta nueva etapa que para el sector del carbón en general se presenta de
inmediato, de manera que la llegada al año 2002, a la finalización del
tratado CECA, no nos pille al borde del abismo sin tener preparado el
camino por el que podamos avanzar a continuación. Está, por tanto,
pendiente, y en estos momentos con carácter prioritario en el Ministerio
de Industria, la culminación de los análisis necesarios para someter a
discusión de las partes afectadas, a discusión de la sociedad española en
definitiva, cuál debe ser el marco de referencia para el sector del
carbón en el próximo período, al menos hasta el año 2002. Se ha hablado
de la posibilidad de que en la Unión Europea se alargase algo el plazo
del 2002, pero son por ahora puras expectativas, puros deseos que no
tienen ninguna clase de concreción. Se ha aventurado la fecha del año
2005. En algunos países europeos se piensa que podrían alargarse esas
ayudas por alguna fórmula que en la Unión Europea se pudiese establecer,
naturalmente especulación sobre el futuro. De todos modos, sea el año
2002, sea el año 2005, es evidente que se requiere una posición de claro
enfrentamiento a este problema del carbón que dé lugar a un nuevo marco
de referencia. Esto está íntimamente unido a lo que puede ser la nueva
política energética en nuestro país, porque ya he hecho antes referencia
a que una parte importante de la diferencia que hay entre las 6.000 y las
13.000 pesetas que se pagan por el carbón se repercute directamente en el
coste de la energía eléctrica, y que es también objetivo del Ministerio
de Industria conseguir las condiciones necesarias para que se vaya
alineando con lo que son los costes de otros países el precio de la
energía eléctrica en nuestro país.
Por tanto, necesidad de avanzar en la definición de un marco para el
sector del carbón, y una vez que esté definido será cuando estemos en
condiciones de preparar a su vez el posible marco de referencia, el
posible programa de actuación para Hunosa en ese próximo período que,
naturalmente, siendo Hunosa --hay que reiterarlo una vez más-- y
manteniéndose la voluntad de ser, probablemente porque no existe ninguna
otra posibilidad, una empresa pública, una empresa de la Agencia
Industrial del Estado, es difícilmente imaginable que se aparte la
programación que pueda hacerse para Hunosa de lo que haya de ser el marco
general del carbón. Nuestra intención es, una vez que estén esos
parámetros definidos, iniciar los procesos de negociación cuanto antes,
con todas las partes afectadas, fundamentalmente con la representación
social, con las principales centrales sindicales involucradas, lo que
pudiese llevarnos a la conclusión, mediante el mecanismo de la
negociación, de un nuevo contrato-programa o el instrumento jurídico que
en su momento se establezca para afrontar esta nueva fase.
Creo que con lo dicho, señor Presidente, la referencia a Hunosa podría
considerarse suficiente. Voy a referirme brevemente a las demás empresas
de la Agencia Industrial del Estado de una manera muy general,
centrándome en el aspecto que aquí se menciona y que preocupa a SS. SS.,
que es el de su posible privatización.
Hay una primera referencia obligada en este asunto. La Agencia Industrial
del Estado tiene ahora mismo un status jurídico, establecido en la ley de
su creación, del que difícilmente se desprende que la Agencia Industrial
del Estado, en la situación actual, deba privatizar empresas. No
obstante, el equipo anterior ha producido prácticamente dos
privatizaciones al amparo de esa ley y parece que no se ha suscitado
ningún problema. Hay otra serie de elementos importantes que afectan a la
estructura jurídica de la Agencia Industrial del Estado, que son de
difícil encaje en el sistema legal español. Por tanto, hemos sugerido al
Gobierno la posibilidad, la conveniencia, la oportunidad de introducir
algunas modificaciones. Es evidente que serán objeto de discusión en el
supuesto de que el Gobierno culmine el correspondiente proyecto de ley en
esta Cámara y entenderán SS. SS. que no me extienda en este momento en
cuál será ese contenido específico. En general, parece razonable pensar
que se producirán las adaptaciones necesarias para que la Agencia
Industrial del Estado pueda cumplir la función que le ha sido señalada en
el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la modernización del sector
público empresarial español --al que se ha hecho referencia
anteriormente--, porque configura tres agentes privatizadores: la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sociedad Estatal de
Participaciones Accionariales y la Agencia Industrial del Estado. Llevar
a efecto la previsión que se contiene en ese acuerdo del Consejo de
Ministros exigirá la adopción de una modificación
legislativa, y serán SS. SS. quienes deban decidir su oportunidad.
Hay una primera privatización: la compañía denominada Productos
Tubulares, sociedad anónima. Productos Tubulares es el resultado de la
escisión de lo que en épocas anteriores fue la sección de fabricación de
tubos de acero sin soldadura de la compañía Babcock Wilcox, situada en
Vizcaya. Se produjo la escisión y se convirtió en una compañía
independiente bajo la denominación de Productos Tubulares, sociedad
anónima. Esta compañía entre sus activos detenta una participación
próxima al 50 por ciento en otra compañía privada, Tubos Reunidos, S. A.
En España, el sector de tubos de acero sin soldadura, de tubos de acero
al carbono y aleados, está centrado únicamente en tres compañías: Tubos
Reunidos, Tubacex y Productos Tubulares, S. A. Las tres están ubicadas en
territorio vasco. En octubre del año 1994, por una iniciativa conjunta
--en opinión de la Agencia Industrial del Estado y en la mía propia muy
positiva y que puede servir de ejemplo para actuaciones futuras-- de las
administraciones central y autonómica, se llegó a un acuerdo sectorial
para los tubos sin soldadura que contemplaba la necesidad de efectuar
determinados esfuerzos financieros y de otro tipo en cada una de las tres
compañías, de forma que se convirtiesen en empresas viables --Productos
Tubulares no tenía asegurada su viabilidad-- y en el futuro, culminadas
las realizaciones que se preveían y detallaban en el acuerdo, se
produjese en una primera fase --se fijaron dos años y el próximo mes de
octubre se cumple ese plazo-- la integración, mediante la correspondiente
fusión, de Productos Tubulares en Tubos Reunidos, S. A. Podría
interpretarse --aunque no está claro-- que había una visión positiva
sobre una ulterior fusión de las dos compañías, Tubos Reunidos en
Tubacex, pero en el ámbito estrictamente privado puesto que estas
compañías no serán públicas. La actuación de la Agencia Industrial del
Estado se ha encaminado a eliminar cualquier tipo de obstáculo que
pudiese existir en el camino para que se cumplan, en sus propios
términos, los acuerdos suscritos hace dos años. Hemos mantenido diversas
reuniones tanto con el Gobierno vasco como con los restantes
interlocutores en este tipo de acuerdos. La información que puedo dar a
SS. SS. es que todo apunta a que, dentro del próximo mes de octubre,
Productos Tubulares S. A., deje de ser una compañía de titularidad
pública, en un proceso en el que la Agencia Industrial del Estado
--reitero-- se ha limitado a cumplir los compromisos definitivamente
alcanzados, firmados y cuantificados por el equipo que nos ha precedido
en esta responsabilidad.
A continuación, señor Presidente, voy a hacer referencia a la CSI. La CSI
--lo hemos dicho reiteradamente-- es la empresa --con independencia de
Productos Tubulares, que en términos relativos es una pequeña compañía
integrada en la Agencia Industrial del Estado-- que se acerca, en todas
sus características, a ser claramente privatizable. Tras un importante
esfuerzo financiero, tecnológico, laboral, etcétera, se ha conseguido que
la siderurgia integral española haya pasado de ser un problema con tintes
de catástrofe a ser una empresa competitiva, alineada con lo que hoy es
una empresa siderúrgica en cualquier país de nuestro entorno. La CSI
tiene un tamaño que probablemente está un poco por debajo de lo que
debiera ser una compañía dispuesta a competir en un mercado tan complejo
como es el de los aceros. Nuestro volumen de producción está en el
entorno de los 4 millones de toneladas por año. Hoy se considera que una
empresa está claramente asentada en este complejo mercado de los
productos siderúrgicos, que tiene necesariamente una situación
globalizada mundialmente, a partir de los 10 millones de toneladas por
año. En su configuración actual CSI es una empresa privatizable, pero su
privatización se deberá realizar cuidadosamente. El equipo actual hace
poco tiempo que tiene esta responsabilidad como para poder dar una
respuesta a este tema. Creemos que CSI es una empresa privatizable, pero
debiéramos intentar realizar una política de alianzas con algún grupo
suficientemente potente, de forma que despeje cualquier tipo de dudas
respecto al tamaño de la empresa en la que se integre. Es absolutamente
prematuro anticipar cuál puede ser el grupo. Los grupos siderúrgicos en
el mundo no son muchos y tenemos el deber de iniciar conversaciones en
este sentido con los más importantes. No hay, de momento, mayor
concreción. Si se lleva a efecto la privatización de la CSI --como la del
resto de las empresas públicas-- se ajustará en su proceso a lo
establecido en ese acuerdo del Consejo de Ministros al que antes hacía
referencia. Estará basada, fundamentalmente, en los puntos siguientes. En
primer lugar, la transparencia del procedimiento. Ello significa que
todas las partes interesadas (desde luego esta Cámara, señor Presidente,
y de modo específico esta Comisión) tendrán puntual información de cada
uno de los procesos de privatización de las empresas industriales. Es
necesario que esta puntual información sea compaginada con la prudencia
que se requiere en todo proceso de negociación. No es posible que de cada
uno de los contactos, de cada una de las reuniones se dé anticipadamente
cuenta y se exponga públicamente lo que se espera conseguir a través de
un proceso de negociación. Es imposible compaginar la publicidad tan
extendida con la eficacia en el resultado buscado. Por supuesto que los
criterios que sirvan de base y el procedimiento en sí serán puestos de
manifiesto a esta Comisión con la suficiente anticipación y, en todo
caso, antes de que se haya producido cualquier decisión con carácter
definitivo. Hay una idea general de que CSI es una empresa privatizable y
se debe llevar a cabo mediante un proceso de alianza estratégica que
garantice los intereses futuros de esta compañía y, sobre todo, la
posibilidad de competir en un mercado globalizado.
El mejor objetivo que podríamos fijarnos en la Agencia Industrial del
Estado sería el de que todas las empresas que la componen fuesen
privatizables en el más corto plazo posible; pero esto no deja de ser una
aspiración demasiado optimista, señor Presidente. Qué más nos gustaría en
la Agencia Industrial del Estado, y a quien les está hablando, que poder
anunciar aquí que vamos a privatizar muy rápidamente todas las empresas
que se incluyen en la agencia, porque ello significaría que se habrían
despejado todas las dudas que hoy planean sobre nosotros. Creo que sólo
puede hablarse con seriedad de la posibilidad de privatización
de las dos empresas a las que antes me he referido: Productos Tubulares,
que en realidad es un trabajo del equipo anterior, y CSI, en la que
manifestamos la voluntad de avanzar en un proceso que nos lleve a la
privatización.
Los astilleros públicos, incluidos en lo que se denomina --por mantener
una antigua denominación del INI-- la división de construcción naval,
están en una situación compleja, de la que en estos días se han hecho eco
los medios de comunicación, y parece razonable que, aunque sea
someramente, señor Presidente, SS. SS. tengan alguna información algo más
directa que la de los medios de comunicación, a pesar de que, en general,
puedo decir que de algunos asuntos, incluso de la agencia, nos enteramos
por los medios de comunicación, señor Presidente, lo cual significa que
hacen una excelente labor porque nos sirven también de conocimiento de lo
que en algunos casos vamos a hacer a la semana siguiente.
Los astilleros públicos españoles han estado, en el pasado, en una
situación francamente muy difícil. Con el concurso de grandes esfuerzos,
también aquí de origen financiero y de otros orígenes, con gran esfuerzo
de puestos de trabajo, con gran esfuerzo creo que de espíritu negociador
por todas las partes implicadas, se dio lugar al diseño de un plan que se
ha denominado plan de competitividad. Este plan de competitividad tuvo
dos partes: primera, el plan objetivamente desarrollado por quienes en
ese momento tenían la responsabilidad y, segunda, el plan de
competitividad firmado. Hubo antes un período de fuerte contestación
social. En su momento se consideró necesario hacerse eco de esta
contestación social e introducir modificaciones en el plan de
competitividad. Se puso en ejecución un plan de competitividad que es,
señorías, difícilmente sostenible, al menos, sin modificaciones. Cierto
que el plan de competitividad incluye los mecanismos para la revisión
precisamente de algunos de sus aspectos fundamentales cuando se planteen
divergencias importantes. Sin embargo, tenemos dos condicionantes muy
serios en esta cuestión. En primer lugar, la imposibilidad de conceder
ayudas públicas de cualquier naturaleza a los astilleros públicos más
allá del año 1997. Es una prohibición clara. Por tanto, tenemos la
responsabilidad de conseguir situar en condiciones de viabilidad, sin
ayudas públicas, a los astilleros a partir de 1997. Tenemos la enorme
responsabilidad de poner de manifiesto a todas las partes interesadas y a
la opinión pública que, si existen desviaciones importantes, está en
juego la viabilidad de todo el conjunto de los astilleros públicos
españoles. Se han producido --y hemos llamado la atención sobre ello--
desviaciones en el primer año de la puesta en ejecución del llamado plan
de competitividad. Estaba previsto que ese plan de competitividad
arrojase unos resultados negativos, en términos de cuenta de explotación
exclusivamente, del orden de los 20.000 millones de pesetas en el año
1996, y la última previsión que estamos manejando, con datos del primer
semestre, es la de que esas pérdidas van a llegar al 50 por ciento más,
es decir, van a estar en el nivel de los 30.000 millones de pesetas, por
lo que hemos llamado la atención, sobre todo a las partes implicadas, en
cuanto a la necesidad, por un lado, de que los datos se conozcan y de que
con una posición responsable, conjuntamente, negociemos la posibilidad de
llegar a fórmulas que permitan que hagamos frente a estas fuertes
disparidades y volvamos a la senda de la competitividad y de la
viabilidad cuanto antes. Estamos seguros de que lo vamos a hacer. No
hemos adoptado ningún criterio ni ninguna medida específica para ello. Ha
habido quizás un excesivo alarmismo porque no hemos comentado, barajado o
utilizado en ningún momento, ni siquiera como hipótesis de trabajo,
medida concreta alguna y en particular no hemos planteado el cierre de
ninguna instalación. Hemos llamado la atención sobre que, en el próximo
mes, necesitamos poner en cuestión las partes todos los parámetros de
competitividad para que, todos juntos, seamos capaces, si es posible, de
encontrar una solución de viabilidad. Lejos, por tanto, cualquier
posibilidad de privatización entre tanto.
Los astilleros públicos --y menciono el segundo condicionante a que antes
me refería-- han sido objeto de un conjunto de ayudas públicas cifradas
en el entorno de los 180.000 millones de pesetas que, como SS. SS.
conocen, salen exclusivamente de las arcas del erario público español, es
decir, de los contribuyentes españoles. Salgo con ello al paso de alguna
referencia periodística. Como SS. SS. conocen perfectamente, se trata de
un error de interpretación que parece dar a entender que estos fondos
procederían del presupuesto comunitario, de Bruselas. Estos fondos
proceden del presupuesto público, proceden de los contribuyentes
españoles. Pues bien, aproximadamente la mitad de estas ayudas están
pendientes de aprobación definitiva por Bruselas, y podría darse la
circunstancia --que no dejaría de tener precedentes en el sistema
comunitario-- de que alguna de esas ayudas no fuese definitivamente
aprobada y comportase la necesidad de devolver alguna de esas ayudas
públicas. Es evidente que, mientras este riesgo no esté despejado, no es
posible plantear la privatización ni del todo ni de la parte. Con
posterioridad, una vez que esto se despeje, probablemente no sea
necesario acudir a la privatización globalizada de toda la división de
construcción naval y sea posible plantearse la oportunidad de
privatizaciones parciales con fórmulas que en su momento, como antes
decía, serán adecuadamente comentadas.
Las demás empresas tienen muy lejos la posibilidad de privatización. Las
demás empresas son, fundamentalmente las empresas de defensa, además de
otras denominadas en el argot interno de la agencia empresas latentes,
que son aquellas que no desarrollan ninguna actividad productiva y que no
son más que restos de procesos de reconversión anteriores.
La división de defensa de la Agencia Industrial del Estado está
constituida por dos empresas: la Empresa Nacional Bazán, dedicada a la
construcción de buques para la Armada española y de otros países, y la
Empresa Nacional Santa Bárbara. Estas dos empresas no tienen el futuro
nada claro, porque la reducción de gastos de defensa que se ha producido
en todos los países, y desde luego en España, no es posible que deje de
afectar a las empresas que tienen por fundamental o única razón de su
existencia la provisión de medios materiales para esa defensa. Sus
Señorías tendrán
oportunidad muy pronto de discutir los presupuestos generales del Estado
y probablemente podrán llevar al convencimiento del Gobierno la
oportunidad, en su caso, de que se incrementen drásticamente las partidas
destinadas a gastos de defensa. Pero no parece que ésa sea una
posibilidad realista; no parece posible que se incrementen en forma
alguna las cantidades destinadas a gastos de defensa. Y si no es posible
que se incrementen las partidas destinadas a gastos de defensa, no es
fácil seguir olvidándose por más tiempo de la necesaria adaptación a las
nuevas circunstancias de las empresas de defensa que se han creado,
exclusivamente, para atender a esas necesidades pero que siguen
dimensionadas para las necesidades de defensa definidas hace 15 ó 20
años. Es necesario ponerse al día, porque seguir abandonando por más
tiempo esta puesta al día puede llevar a la conclusión, señor Presidente,
de que sea demasiado tarde para introducir las medidas que en su caso se
requieran.
En el caso de la Empresa Nacional Bazán, especialmente con referencia al
centro productivo de Ferrol, dedicado a nuevas construcciones
fundamentalmente de elementos de gran porte, en los últimos años se ha
estado trabajando en la expectativa de que iba a producirse un contrato
ciertamente relevante, el de las fragatas conocidas por sus siglas, las
fragatas F-100, para la Armada española. Se ha llegado a una situación en
la Empresa Nacional Bazán en la que, si no se consigue ese contrato,
estamos casi, se puede decir, al borde del abismo, porque no se ha
tomado, señor Presidente, ninguna medida alternativa en todos los años
pasados para abordar la hipótesis, la posibilidad de que no se produjese
ese encargo. La Agencia Industrial del Estado no tiene ningún
conocimiento oficial de esta materia, pero en medios de comunicación ha
salido reflejado, creo que el día de ayer, que, al parecer, se va a
producir una decisión que lleve la confirmación de esta carga de trabajo.
Si ello es así, será la oportunidad para que la Empresa Nacional Bazán,
con la tranquilidad que produce contar con una carga de trabajo relevante
para los próximos diez años, acometa, desde ahora mismo, desde el mismo
momento en que tenga conocimiento, en su caso, de ese contrato el
necesario análisis de su futura viabilidad.
El futuro de la Empresa Nacional Bazán, en los planes existentes en la
Agencia Industrial del Estado, está completamente en blanco a partir del
año 1999. Es necesario, por tanto, contar con una cierta carga de trabajo
inicial para poder estudiar, con alguna perspectiva de futuro, lo que
haya de ser la Empresa Nacional Bazán.
Pero necesariamente la Empresa Nacional Bazán ha de buscar su viabilidad
centrándose, primero, en lo que es su razón de ser, y para lo que tiene
una gran dotación tecnológica, la construcción de buques de defensa; y,
segundo, adaptarse a un tamaño adecuado a las esperadas demandas futuras
de este tipo de productos, tanto por la Armada española, como
especialmente por las armadas de otros países.
Por último, me voy a referir a la Empresa Nacional Santa Bárbara. Hemos
dicho reiteradamente, señor presidente, que la Empresa Nacional Santa
Bárbara es la que nos parece que está situada más allá de todos los
parámetros de razonabilidad económica de las existentes en la Agencia
Industrial del Estado, porque sus parámetros son, quizá, todavía más
negativos que los de Hunosa.
La Empresa Nacional Santa Bárbara, y se ha reiterado hasta la saciedad
este dato en los últimos días en la prensa, en el último año ha facturado
un poco menos de 7.000 millones de pesetas y ha tenido pérdidas por
27.000 millones. Sería una situación tremendamente preocupante si se
produjese un hecho aislado, un año en el que las cifras estén tan fuera
de cualquier lógica económica. Pero es que esta situación viene
produciéndose desde los últimos años. Podemos remontarnos a los últimos
diez años para saber que ésta es una situación absolutamente recurrente,
y no es posible seguir esperando más tiempo, ni esperar modificaciones
sustanciales en los presupuestos de Defensa, ni que venga una solución
poco menos que llovida del cielo.
Es necesario afrontar con realismo la situación de esta compañía, porque
la alternativa, no hacerlo, continuar más tiempo, permítanme, señor
presidente y señorías, que lo diga, con una política de avestruz, a lo
que lleva necesariamente es a la desaparición de esta empresa. Y los
esfuerzos de la Agencia Industrial del Estado se están volcando, no en
promover la quiebra de la Empresa Nacional Santa Bárbara, sino en evitar
que esto sea el último reducto que nos queda.
Por tanto, la Agencia ha hecho suyo, en principio, un plan que estaba
preparado por el equipo anterior, porque es escasísimo el margen de
variación, debido a la orientación política del grupo político que ocupe
la responsabilidad del Gobierno en un momento determinado, para afrontar
una situación de esta naturaleza.
Creo, con realismo, que hay escasísimo margen para el ejercicio político
en cuanto a resolver estos problemas. La única cuestión que hay que
discutir es ésta: o se está dispuesto a seguir manteniendo
indefinidamente, con cargo a los presupuestos generales del Estado, unas
cifras de esta naturaleza, o hay que encontrar una solución para que
termine cuanto antes esa sangría de recursos.
Los actuales responsables de la agencia industrial del Estado hemos hecho
nuestro plan elaborado bajo la responsabilidad del equipo anterior. Este
plan fue objeto de un análisis muy profesional hecho por un consultor
externo tan conocido como Arthur Andersen que en diciembre de 1995
entregó al equipo anterior lo que era su propuesta del plan de adecuación
de Santa Bárbara. Y voy a leer, con el permiso del señor presidente, un
párrafo de este documento entregado por Arthur Andersen en diciembre de
1995 al equipo anterior: Teniendo en cuenta las características de cada
fábrica, sus puntos fuertes y débiles desglosados en el informe adjunto,
y la demanda prevista para el año tipo, se deberían considerar como
fábricas operativas para el futuro Trubia, Palencia y Granada. El resto
de las fábricas no permanecerían operativas y su personal debería ser
recolocado dentro del marco estratégico definido con anterioridad.
Señorías, pensamos que el trabajo que se ha desarrollado, tanto por la
dirección de la Empresa Nacional Santa Bárbara, como por la Agencia
Industrial del Estado, como por el consultor externo contratado, es un
trabajo solvente,
es un trabajo serio, es un trabajo objetivo y en el que hay escasísima
aportación de ideología política. Escasísima diferencia, por tanto, entre
una y otra filosofía sustentante del Gobierno y, por tanto, de quien
tenga la responsabilidad de la Agencia Industrial del Estado. El problema
es exclusivamente de realismo. No es posible seguir en esta situación.
No obstante, por razones que no me corresponde ahora a mí examinar, este
plan no se puso en ejecución y lo que intentamos es ponerlo. Tampoco
hemos anunciado una decisión de ponerlo en ejecución sin discusión. Hemos
iniciado un proceso de discusión, de negociación, en cada lugar, con cada
Gobierno autónomo que se ha mostrado interesado en ello, o con las
representaciones de los trabajadores, para tratar de encontrar una vía de
aplicación de éste u otro programa alternativo que, basado en la
racionalidad económica, pueda ser puesto en ejecución. Pero tenemos que
ser rigurosamente serios, señor Presidente. Pensamos que no es posible
pasar del día 31 de diciembre del año actual sin que hayamos adoptado una
solución definitiva y clara para abordar con seriedad y realismo el
futuro de la Empresa Nacional Santa Bárbara, porque pasar de esa fecha,
aunque no sea más que una fecha mítica, significaría abandonar a su
suerte el futuro de los puestos de trabajo que, al menos, sean salvables,
que son suficientemente importantes, aunque no sean todos los que nos
gustaría salvar, para que requieran la atención, el esfuerzo y la
comprensión de todas las partes afectadas y de SS. SS.
Señor Presidente, me he extendido mucho más de lo que tenía previsto al
principio. Le ruego que me disculpe, pero, atendiendo a su invitación de
que no me constriñese a Hunosa, me parecía adecuado pasar esta revisión
general.
Reitero lo que decía al principio, tanto institucional, formal como
informalmente, la Agencia Industrial del Estado y su presidente, están a
la plena disposición de
SS. SS., bien en todas aquellas comparecencias que consideren necesarias,
bien de manera informal por su conexión directa con la Agencia Industrial
del Estado, pidiendo a todos un esfuerzo para que el necesario debate
político, en la medida de lo posible, se centre en cuestiones que
seguramente son más adecuadas y que se ponga el esfuerzo de realismo
necesario para que todos seamos capaces de reconducir esto por una vía
aceptable para el conjunto de los contribuyentes españoles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Prada, por esta primera intervención
en esta Comisión que, sin duda, no será la última y por su extensión en
cuanto a los propósitos que tenía la comparecencia.
Pasamos a un turno de intervenciones de los distintos grupos
parlamentarios. Empezaremos por el grupo proponente de la comparecencia y
luego, con brevedad, podrán intervenir los restantes grupos que deseen
aportar alguna observación más, en el bienentendido de que si el Grupo
Socialista interpreta que la explicación que se ha dado por parte del
Presidente de la Agencia Industrial se ha referido a la iniciativa que en
principio estaba previsto que se subsumiera con esta comparecencia,
tendrá, después de la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, un turno para explicarse.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias al señor Prada por su comparecencia.
Creo que, dada la entidad y la complejidad que abarca su presidencia, nos
tendremos que ver a menudo.
Siguiendo el hilo de su intervención, quiero decir, en primer lugar, que
agradezco que haya intuido el por qué de esta petición de comparecencia
y, en segundo lugar, que las peticiones de comparecencia no significan en
sí mismas que sólo haya que responder a los temas producidos hasta la
fecha en que se pide la comparecencia, porque la propia dinámica nos
lleva a que, desde la petición de la comparecencia hasta que ésta se
produce, como se puede ver, han pasado unos cuantos meses. Si
desgraciadamente se confirmasen algunas de las informaciones alarmantes,
y el mismo señor Prada ha hecho referencia a titulares de prensa,
veríamos conveniente tener información puntual de cómo se podrían
desarrollar determinados acontecimientos o, en caso contrario, ratificar
un desmentido rotundo si no se corresponde con la realidad. Por lo tanto,
bienvenida sea esta comparecencia, aunque insisto en que se nos va a
quedar muy corta en el tiempo por la cantidad de temas y habrá que
dedicar espacios concretos a algunos de los temas que hoy han salido.
Este Ministerio está teniendo muy mala suerte, fundamentalmente en sus
relaciones con la prensa o en sus comunicaciones. Entre otras cosas,
porque más allá de que en muchos casos estas informaciones se atribuyen a
fuentes del Ministerio, lo tremendo del caso es que producen una gran
inquietud en los colectivos afectados. No hay que remontarse a tan lejos;
un periódico que yo últimamente considero casi el portavoz oficial del
Ministerio de Industria, La Vanguardia, vuelve a titular, el día 23 de
septiembre, el Gobierno plantea otra reconversión naval, la quiebra de
Santa Bárbara y el cierre de Hunosa. Además del contenido de la
información --y algunos hemos tenido responsabilidades políticas en temas
de comunicación-- se deduce que es una información muy estructurada y que
procede de fuentes del propio Ministerio. Una de dos, o ustedes en su
Ministerio tienen alguien interesado en crear esta inquietud, o los
titulares no son exactamente lo que dice luego la información, pero en
todos estos colectivos afectados la situación es tremenda. Incluso en
algún caso han llegado a provocar algunas movilizaciones simplemente por
esta inquietud, que ha ido aumentando.
Quiero ir más allá. Tienen mala suerte también por una serie de
coincidencias, como puede ser el hecho de que una serie de altos cargos
del Ministerio haya coincidido en el tiempo, antes o después, en los
procesos de quiebra en Ercros, en MSP y en los nombramientos de personas
de una de estas empresas. Y para culminar la fatalidad que tienen, en
Asturias ha creado un gran revuelo la coincidencia de que otra persona,
don Celso González, Secretario del Real Oviedo, casualmente fuera el que,
a instancias de Caja de
Asturias, instó la quiebra de MSP. A partir de ahí sale la noticia de que
los terrenos de la fábrica de armas de Oviedo van a ser utilizados para
construir una gran superficie y el nuevo estadio de fútbol, antes,
incluso, de la comparecencia del señor Piqué en el Senado. A pesar de los
compromisos adquiridos y de la comisión que teóricamente estaba
trabajando para ver cómo se podían resolver las dificultades que tenía la
fábrica de armas, ya existe esta información que se convierte en
titulares en páginas enteras, posteriormente desmentidos o no, creando
situaciones muy difíciles que dificultan las soluciones razonables. Al
mismo tiempo, puede producir una gran inquietud entre los trabajadores
afectados.
En Asturias, también se producen contradicciones entre lo que plantea el
Gobierno del Partido Popular con lo que parece plantear. Digo parece
porque ya no se sabe muy bien. Por eso prefiero estas comparecencias,
porque queda escrito y teóricamente suponemos que ésta será la posición
oficial.
Volviendo al inicio, insisto, una vez más, tuvieron mala suerte con la
prensa. Ya empezó a hablarse en la campaña electoral de la posible venta,
privatización u oferta por parte de un empresario sobre Hunosa. A lo
mejor también es un error de la prensa. Un ilustre Diputado que está
aquí, que creo que va a participar después en el debate, podría
explicarnos si es cierto lo que dice la prensa, que ya en aquel momento
hubo contactos en la zona de León con este mismo empresario y para el
mismo tema. Quizá el señor Landeta pueda ampliarnos la información y
evitar los rumores que surgieron en la campaña electoral y que vimos con
inquietud en la prensa. Es importante que se aclare en la comparecencia
que no hay ninguna tentación en esa dirección.
Continúo con su intervención sobre Hunosa en general. A nosotros nos
siguen preocupando las últimas noticias. Según fuentes del Ministerio de
Industria, lo que se quiere hacer es aprovechar la renegociación del
contrato-programa para intentar poner un calendario o fecha fija al
cierre de la empresa Hunosa. Me alegro de que pueda quedar constancia de
que ésta no es la intención última. Si no, alguien tendría que
desmentírselo a los periódicos de alcance nacional que han dado la
información a toda plana. (Incluso El País lo recoge también). Dicen: El
Gobierno quiere cerrar todas las minas de Hunosa en un plazo máximo de
diez años. Son periódicos respetables. Por lo tanto, alguien se equivoca.
No sé si las fuentes o los periódicos de alcance nacional.
Insisto en algo que dije en la anterior comparecencia. Cuiden ustedes su
política de comunicación. Quizá a la oposición podría venirnos muy bien,
porque es fácil entrar a ese trapo, pero yo tengo más en cuenta la gran
inquietud que produce en los trabajadores afectados. Nos gustaría
conocer, y no a través de este tipo de entrevistas que luego parece que
siempre son informaciones malinterpretadas, cuál es la realidad de los
planes sobre todos estos sectores.
Queda pendiente un debate sobre qué se piensa de la minería del carbón en
general, sobre la nueva situación, los planes de acompañamiento y las
inversiones en las comarcas mineras afectadas. Es otro debate que habrá
que hacer en su momento, tanto con el señor Ministro, como con los
responsables directos de estos temas.
En cuanto a la corporación siderúrgica integral, que quizá hoy tampoco
haya tiempo suficiente para tratarlo, me preocupan las últimas
informaciones. Izquierda Unida está en desacuerdo con el planteamiento
genérico que se hace. Se desea que sea una empresa en condiciones de
privatizar. Yo estaría de acuerdo en que sea una compañía competitiva y
que sea equiparable en cuanto a su funcionamiento en el mercado. Hasta
ahí estoy de acuerdo. En lo que ya no lo estoy tanto es en que cuando
ustedes mismos reconocen que tiene un problema de tamaño, se haya estado
casi al borde --estaban muy avanzadas las negociaciones y el propio señor
Ministro lo reconoció en una pregunta en su última comparecencia-- de
segregar una parte con una venta parcial de la corporación, decisión que
por el momento parece ser que no se ha tomado y me alegro que no se haya
cedido a las presiones. Es otro debate en el que Izquierda Unida
insistirá en que se estudien una a una las negociaciones, dados los
diferentes problemas que presentan cada una de estas empresas, tanto las
rentables como las no rentables, en sectores muy diversos. También me
parece bien que se anuncie que ese debate se va a producir antes de la
decisión definitiva. Nosotros continuaremos insistiendo en que no sean
decisiones tomadas y de difícil análisis a posteriori.
En cuanto a Astilleros Públicos, insisto en lo mismo, tienen ustedes muy
mala suerte con la prensa. Hay teletipos, hay todo tipo de informaciones
que han promovido una gran inquietud, en concreto, en Sevilla, con el
posible cierre del centro de Sevilla. Y no sólo eso, sino que los
sindicatos plantean una serie de cuestiones. Incluso creo que han pedido
ya la rectificación del propio señor Ministro en cuanto a las
declaraciones de Astilleros, Santa Bárbara y Hunosa. ¿Por qué? Entre
otras cosas, porque había unos compromisos adquiridos en el mes de julio
cuando se dijo que Astilleros y Hunosa cumplirían el contrato-programa y
que con Santa Bárbara se abriría una negociación. En cuanto a las
informaciones, incluso usted no nos tranquiliza mucho en la práctica.
Hace falta cambiar esta dinámica que lo que hace es incentivar actitudes
de respuesta que a mí me preocupan seriamente; además, hay precedentes y,
en el caso concreto de Santa Bárbara, la gente se siente en este momento
acorralada.
Quiero dedicar un pequeño apartado a Santa Bárbara y en particular al
centro de Oviedo. Me gustaría que los responsables en este momento
releyeran las intervenciones que el Grupo Popular hacía, la última de
octubre de 1994, del señor Fernández de Mesa Díaz del Río. Tenía unos
planteamientos que precisamente no coinciden con lo que usted está
diciendo. Está diciendo que ustedes retoman la continuidad del plan
anterior de Santa Bárbara, cuando se criticaba muy duramente en aquel
momento por el hoy Gobierno aquel plan y se pensaba precisamente que
había que ir a un relanzamiento, a estudiar precisamente cuáles eran los
planes de Defensa. Sobre todo, para mí hay algo muy claro; es muy fácil
decir que Santa Bárbara está muy mal, pero yo creo que se obvian algunos
datos importantes, sabiendo las dificultades. Primero, creo que el
Ministerio de
Defensa tiene una gran responsabilidad en la situación actual, entre
otras cosas por su política de compras; también la propia compañía de
Santa Bárbara, porque creo que ha sido un desastre en todo el apartado
comercial, también quizá porque no ha tenido un control, una
participación suficiente en todo el apartado de compra. Pero están
ustedes trasladando indirectamente a la opinión pública la idea de que es
una empresa obsoleta, que no tiene posibilidades de futuro, etcétera, y
yo creo que quien conoce la realidad sabe que esto no es así, y como no
es así yo creo que es conveniente resaltarlo, porque incluso esta última
alternativa que ustedes plantean en el caso concreto de Asturias de
trasladar el centro de Oviedo a Trubia, desde luego es descabellada
empresarialmente, como me consta que opinan directivos o incluso técnicos
importantes de la propia compañía. A usted me imagino que le constará
también. Y, además, de esos 27.000 millones de que ustedes hablan, hay
varios temas que sería conveniente tener en cuenta. Por ejemplo, las
prejubilaciones previstas en el plan, que han supuesto un desembolso de
alrededor de 5.000 millones de pesetas, y que lógicamente aparecerán
contabilizadas en un solo año, al igual que costes de diversificación del
orden de 3.000 millones. Por otro lado, como siempre pasa en estas
compañías, están los gastos financieros, que son del orden de los 5.000
millones. Y aprovecho para decir de pasada que en Hunosa nos preocupa
también esta aparente iniciativa de permitir o buscar la vía precisamente
de ampliar el endeudamiento de Hunosa para maquillar a corto plazo, pero
al final provocar problemas a medio y largo plazo. Además, como son
experiencias que ya se han experimentado en otras compañías públicas,
como pudiéramos hablar de Renfe, desde luego son preocupantes, porque es
muy fácil después, al cabo de unos años, poner en evidencia que ya no hay
posibilidades de viabilidad, cuando en muchos casos los gobiernos
respectivos no cumplen a veces los compromisos de aportaciones por parte
del Estado.
Quiero decir asimismo que hay dificultades de competencia cuando, por
ejemplo, las compras al exterior desde el programa Faca están exentas del
16 por ciento de IVA y como es lógico aquí hay que pagar religiosamente
el IVA, con lo cual tiene también unas dificultades de competencia
importantes.
En definitiva, creemos que es un mensaje equivocado decir que es un
desastre; en todo caso, hay un laudo arbitral, como usted sabe, hay una
Comisión mixta que estaba intentando estudiar la solución, pero parece
que en dicha Comisión, en lugar de poder analizar seriamente el problema,
ya hay una decisión a priori tomada, y esto es lo que realmente nos
preocupa, que no se permite nunca al final estudiar las cosas seriamente
y sólo se va a mensajes que de cara a la opinión pública tienen un efecto
quizá de provocar el aislamiento de los propios trabajadores al final,
cuando tienen que revelarse ante estas situaciones.
Termino de momento, diciéndole que me preocupa enormemente en este caso
la situación que se está generando o se puede generar en Santa Bárbara y
que creo que es imprescindible recuperar el diálogo con los sindicatos y
buscar soluciones que pasan también por implicar lógicamente al
Ministerio de Defensa en la solución del panorama actual. De momento,
nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, y ruego que con brevedad,
si es posible, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Yo no sé, porque estamos hechos un lío, si, dado
que --y al principio lo decía el Presidente-- se ha extendido el
compareciente en los términos de hablar genéricamente de las
privatizaciones, podemos hablar con cierto tiempo de esto. En todo caso,
la intervención del compareciente no ha entrado en el fondo del asunto de
por qué hay que privatizar y de qué forma y cómo, y por tanto, en este
tema ya anunciamos que pediremos una nueva comparecencia, no solamente
para el tema de privatizaciones, sino para todos los que afectan a la
agencia.
En primer lugar, antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer su
presencia y darle la bienvenida al señor Prada en esta Comisión, y el
Grupo Socialista lamenta que esta comparecencia se esté desarrollando en
unos términos peculiares, pero nosotros no los hemos provocado. Hay un
ambiente motivado por declaraciones profusas desde el día 12 de mayo
--que yo tenga constancia-- hasta prácticamente hoy del Ministro, del
Presidente de Santa Bárbara, del propio Presidente de la agencia. Ha
habido multitud de declaraciones contradictorias no ya sólo sobre el tema
de privatización, sino sobre cierres, sobre otras medidas que afectan a
la agencia industrial. A mí me parece que esto no puede ser nunca
producto de una situación puntual, sino que tiene que deberse a algo más.
Si es una generalizada desinformación o mala interpretación de las
palabras cada vez que habla un portavoz, bien del Ministerio o bien del
Presidente de la agencia, tendrán que corregirlo, pero en todo caso esto
crea una gran inquietud y, por ello, hay ya iniciativas tanto en el
Parlamento gallego, como en el Parlamento asturiano, como en el
Parlamento andaluz, los trabajadores ya están empezando a hacer algunas
movilizaciones, ha habido reuniones con los sindicatos; una gran
confusión, en definitiva.
A pesar de que la petición de comparecencia tenía su corrección y se
podía hablar con mayor profusión de los temas de privatización, sin
embargo en su intervención --perdóneme que se lo diga-- no nos ha dicho
absolutamente nada, nada más que lugares comunes que ya sabemos. Que
ustedes van a tener muchísima transparencia, que van a privatizar porque
es bueno; la transparencia significa hablar de cómo se va a hacer, por
qué se va a hacer y en qué condiciones se está desarrollando ese proceso,
y luego podemos discutir si es bueno o es malo. Eso es otra historia.
Pero yo se lo quiero poner fácil, señor Prada. Como ya he anunciado que
vamos a pedir una nueva comparecencia, voy a aprovechar esta intervención
y, más que debatir sus argumentos, le voy a dar una serie de guiones para
que usted se los prepare para la próxima comparecencia, y así tendrá la
oportunidad no solamente de desmentir todas esas informaciones
periodísticas, sino de decir a esta Cámara y a los ciudadanos qué quieren
hacer realmente con el sector público
y con las empresas públicas, de las que depende no solamente un
importante sector productivo, sino muchos trabajadores.
Me va a permitir que en ese guión que quiero hacerle le hable de unas
cuestiones de carácter muy general. Usted ha hablado del convenio-marco.
Nosotros no tenemos muy claro --porque yo creo que también ha tenido una
cierta ambigüedad-- si ese convenio marco, suscrito entre el entonces
Ministerio de Industria y Energía y el entonces Presidente de la agencia,
que regulaba los compromisos y obligaciones de la agencia, le parece a
usted bien, si hay que modificarlo, en qué sentido, si eso colma sus
aspiraciones de crecimiento de la productividad y de poner en mejor
disposición las empresas públicas, como decía y tanto nos ilustró el
Partido Popular cuando estaba en la oposición, que el problema no era
solamente reestructurar una empresa, sino ponerla en producción,
incrementar esa producción, etcétera. Ese convenio-marco tiene unos
contenidos básicos. Yo se los enuncio muy brevemente: El plan financiero
de la agencia, en donde han reducido el 50 por ciento en 1999 de las
aportaciones de 1996. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿En qué sentido va? ¿Se lo
creen? ¿No se lo creen? ¿Lo van a hacer? Etcétera. Los planes
estratégicos definidos para cada una de esas empresas. ¿Los han comenzado
ya? ¿Están en marcha? ¿Los piensan hacer? ¿Les parece bien o les parece
mal?
El nuevo sistema de seguimiento y control de la situación
económico-financiera de las empresas. ¿Lo van a implantar? ¿No lo van a
implantar? Y luego hay en esa relación de empresas que usted mismo ha
citado, cuestiones que podíamos discutir muy a fondo, pero yo creo que
ahora no es el momento, como por ejemplo, el coste del carbón, que no
depende sólo del coste directo de explotación, depende de otros factores,
como usted bien sabe, y en esos factores intervienen también el coste de
la tarifa eléctrica, el coste de la energía nuclear, etcétera. En ese
tema no vamos a entrar ahora, pero no nos compare solamente dos
parámetros para a continuación decir que la situación es muy mala. Eso ya
lo sabíamos todos, ya lo decíamos cuando estábamos en el Gobierno. Pero
el problema es que ahora tienen ustedes la responsabilidad y la
oportunidad de poner en práctica lo que en la oposición nos decían que
era fácil y que se podía hacer con prontitud.
Sobre Hunosa me gustaría saber --y ya se lo anuncio-- los objetivos
resultado de los planes de reducción de costes de explotación, aspecto
importantísimo para acometer otras iniciativas, y el estado de los planes
de diversificación y promoción económica, empresas y puestos de trabajo
creados. Hablar sólo de la situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara
no es decir nada. Eso ya está recogido en todas las intervenciones
habidas en la anterior etapa. El problema es si los compromisos
adquiridos para reflotar esta empresa y para ponerla en condiciones de
productividad se están llevando a cabo. En ese sentido, nos gustaría
saber cuál es la situación actual del programa de diversificación
empresarial para la recolocación de trabajadores acordado con los
sindicatos, así como la de los diversos programas que tienen en marcha,
como Pizarro, Leopard, etcétera, porque ésa es una base importante. Aquí
estamos hablando de un plan que ustedes dicen asumir, pero después no es
así. Asumir el plan no es asumir cierres. Eso no está recogido en él. En
ese plan existe la intención de reducir algunos centros de trabajo,
recolocando a determinados trabajadores y potenciando otros centros. No
digan que asumen el plan, sino que van a cerrar tal o cual centro.
Nos gustaría, igualmente, que nos concretara, ya que el día de la toma de
posesión y después ha hecho declaraciones que indican que tiene un buen
conocimiento de la situación de esta empresa, cómo van a quedar los
centros de Santa Bárbara de La Coruña, Oviedo, Palencia, Murcia,
Valladolid.
Nos interesaría conocer qué avances se han producido en el proceso de
elaboración del nuevo plan estratégico de la Empresa Nacional Bazán, de
construcciones militares, porque este plan estratégico se quedó en
período de elaboración cuando terminó la gestión del anterior Gobierno.
Nos gustaría saber cómo va. Parece que se va a resolver el programa de
las fragatas, pero nos interesaría saber también cómo está la situación
del programa de ferrys rápidos en San Fernando y los resultados que está
obteniendo, pues, como bien sabe, se hizo una reconsideración sobre el
primer coste que tenían estos barcos.
Sobre la división de construcción naval, nos interesaría saber si la
Comisión Europea ha autorizado ya las aportaciones estatales previstas
para la financiación del PEC. Si las ha autorizado, ¿qué actuaciones se
están desarrollando al efecto? En cuanto a los ocho programas contenidos
en el PEC, ¿qué medidas han adoptado para recuperar el objetivo de
resultados financieros previstos para 1996?
Con el tema de la Corporación Siderúrgica, del que tampoco da tiempo a
hablar ahora, porque es complicado, entramos de lleno en cómo parece que
van a hacer las privatizaciones. Hay un asunto muy interesante. No sé si
ha sido usted directamente el que ha manifestado a la prensa o ha sido
una filtración del Ministerio, aunque está muy bien explicado, cómo van a
hacer la reducción de ayudas públicas, cifradas en 75.000 millones y cómo
van a intentar que SEPI adquiera a la AIE la CSI. En esa operación --que
no es posible explicar aquí, lo haremos en la próxima comparecencia-- se
da una circunstancia que nos parece algo extraña. Ustedes tendrán que
explicar cómo van a destinar los recursos de las privatizaciones a la
amortización de deuda pública y no a la reducción del déficit público.
Por cierto, que éste era un compromiso electoral del Partido Popular
irrenunciable. No sé cómo van a casar ambas cosas.
Decir que hay transparencia y negociaciones con algunas empresas
siderúrgicas europeas no es decir nada, por lo que nos gustaría que nos
explicara algo más. Asimismo, quisiéramos saber si se está cumpliendo el
programa de la acería compacta de Vizcaya, cómo va la remodelación de los
Altos Hornos de Gijón y cómo piensan casar que haya que privatizar una
empresa que puede dar beneficios, que está empezando a darlos y a ser
rentable; me parece que ha dicho que es una de las empresas susceptibles
de privatizar. A continuación ha dicho: «¡Ya nos gustaría privatizar
todas!» Aquí estamos utilizando demasiado esa frase. El
Presidente del Gobierno dice que ya le gustaría que bajaran los
impuestos. A ver si vamos a estar dándole vueltas siempre a lo que nos
gustaría hacer. Dígame cómo piensa hacerlo.
Termino con dos asuntos más. Respecto a Presur, ¿cuál ha sido el
resultado de los estudios técnicos y económicos sobre el yacimiento de
Agua Blanca?, y ¿qué relaciones se mantienen con Riotinto Minera en
relación con la eventual explotación del yacimiento?
En cuanto a Potasas de Subiza, ¿cuál es la situación actual de los
proyectos de diversificación emprendidos, los depósitos de residuos, la
desinversión del negocio de sal o la venta de activos de compactación? Ya
nos ha explicado el tema de Productos Tubulares, pero nos gustaría saber,
puesto que por lo visto es la primera privatización que van a hacer, si
han tenido contactos con esa comisión consultiva de privatizaciones que
han creado, qué valoración han hecho y cómo está funcionando porque nos
tiene intrigados.
Hay otros aspectos referentes a los proyectos de futuro y le anuncio que
vamos a preguntar por ellos en la próxima comparecencia. Nos gustaría
saber --le damos la posibilidad de que lo vaya apuntando, para que tenga
más tiempo de contestarnos-- cuáles son las previsiones de aportaciones
financieras del Estado a las empresas de la Agencia para el ejercicio
1997. En el caso de que sean distintas de las previstas en el
convenio-marco, cuáles son las causas que lo explican.
Nos ha hablado del cambio de marco jurídico institucional, aunque no nos
ha dicho en qué va a consistir. Esperamos alguna explicación antes de su
comparecencia. En todo caso, queremos saber cuál es el marco jurídico
institucional de la Agencia que considera adecuado y, por lo tanto, qué
modificaciones van a plantear y por qué motivos.
¿Qué política de relaciones laborales va a desarrollar en las empresas de
la Agencia, por qué se va a establecer un marco común de relaciones
industriales en las empresas y qué ventajas aporta a la gestión
individual de cada una?
Finalmente, en cuanto a los motivos para transferir la CSI a la SEPI,
¿cuáles son los procedimientos utilizados para la valoración de la
Corporación Siderúrgica Integral, en orden a esa transferencia? En prensa
han manifestado ustedes que supondrá 200.000 millones. ¿Por qué 200.000
millones? ¿Por qué no 290.000, como parece que puede ser la valoración de
los activos de la empresa? ¿Por qué no 300.000? ¿Por qué esa cantidad?
¿Han hecho una valoración objetiva de esa cantidad? ¿Tiene la
transparencia suficiente como para decirnos en qué ha consistido esa
valoración para que al final les dé una cifra de 200.000 millones?
En cuanto a la empresa Productos Tubulares, nos gustaría conocer si
existe ya algún proyecto concreto de privatización o cierre de alguna
empresa de la Agencia.
El señor PRESIDENTE: Algunas de las preguntas que reformula en su
intervención no encajan en la estricta solicitud de la comparecencia del
Presidente de la Agencia Industrial del Estado. No obstante, señor Prada,
si está en condiciones de emitir alguna opinión sobre ellas, se lo
agradeceremos. En cualquier caso, no se sienta obligado a extenderse más
allá de los motivos que justifican su comparecencia al razonar las
respuestas. Como el Grupo Socialista ha anunciado ya otra petición de
comparecencia, tendrá por anticipado las cuestiones que interesan al
Grupo Socialista y podrá preparárselas con tiempo para cuando vuelva a
comparecer en esta Comisión, que sin duda será muchas veces, porque el
tema es de gran interés político.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Mixto. (El señor Cuevas Delgado
pide la palabra.)
Tiene S. S. la palabra.
El señor CUEVAS DELGADO: El señor Presidente ha dicho que puede o no
contestar a mis preguntas. Con independencia de que puede considerarse
que algunas no corresponden a esta Comisión, hay otras muchas que sí. Yo
solicito que se contesten aquellas que tienen que ver con esta
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, me ha entendido mal. No me refería a
que las preguntas que ha formulado no encajen en el ámbito de esta
Comisión. Todo lo que usted ha preguntado entra en el ámbito de esta
Comisión, pero no en la estricta solicitud de comparecencia que se le ha
cursado al señor Prada. Preguntarle por la política laboral de la
Agencia, por iniciativas y contactos para proceder a privatizar empresas,
creo que es ir mucho más allá. De todas formas, si el Presidente de la
Agencia está en condiciones de precisar alguna cuestión se lo
agradeceremos. Si no, como ya ha sido anunciada una segunda solicitud de
comparecencia, tiempo habrá de entrar con detalle en otras muchas
cuestiones, pues ahora no se puede responder a todas, porque el tiempo es
limitado.
Para no extenderme más, tiene la palabra el señor Rodríguez, por el Grupo
Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Trataré de ser breve.
Aunque el señor Prada, al que también quiero agradecerle su presencia, ha
intentado presentar toda la problemática de las empresas que dependen de
la Agencia Industrial del Estado como un problema casi objetivo, de
números neutrales y vinculado bien a falta de productividad, bien a falta
de competitividad, bien a desajustes de carácter presupuestarios o bien a
pérdidas de las compañías --lo que no resulta muy explicable desde el
punto de vista del ciudadano normal--, el Bloque Nacionalista Galego
estima que la exposición que ha hecho es todo un síntoma de una
incapacidad para enfrentar un problema político desde coordenadas como
las que sustenta el Gobierno del Partido Popular. Voy a explicar por qué,
al mismo tiempo que le formularé algunas cuestiones con un sentido
constructivo o, cuando menos, de defensa de un país que no tiene La
Vanguardia --es decir, que no tiene periódicos de este tipo--, y que no
tiene tampoco ningún grupo de presión social y económica importante.
Es curioso que las industrias que están en una situación crítica son las
vinculadas al sector naval, de defensa, o en concreto otras que usted ya
dijo que se podían privatizar,
que son las de siderurgia y las tubulares. Respecto a estas primeras que
se van a privatizar, quería preguntarle cómo va a incidir esto en una
empresa que usted no citó --porque pertenece a ese país que no tiene La
Vanguardia, ni tiene tampoco grupos de presión--, que se llama Imenosa, y
cuál va a ser el resultado de los procesos privatizadores que se
establezcan en Euskadi con intermediación del Gobierno vasco.
En segundo lugar, cuando usted habló del sector naval se refirió a la
continuidad de los proyectos anteriores y a las sumas ingentes de dinero
que se dedicaban a sustentar el sector naval, en concreto, a todo aquel
que fue afectado por el plan estratégico de competitividad. Si ustedes
tienen tan clara la situación crítica por qué razón están tan empeñados
en mantener los proyectos del anterior Gobierno. Si los proyectos del
anterior Gobierno fuesen totalmente correctos habrían dado resultado. No
entendemos por qué no se rectifican y se intenta mantener la especialidad
productiva diciendo que Astano siga sin construir barcos, dejando la
construcción naval de carácter civil vinculada a los astilleros del sur;
o por qué se intenta seguir con la tesis de que Bazán, y concretamente
Bazán-Ferrol, continúe vinculada a la industria militar.
Es un contrasentido pensar que todos los astilleros españoles que hoy
están dedicados a la construcción militar se puedan sustentar, teniendo
en cuenta cómo van teóricamente los gastos de defensa a nivel
internacional y, sobre todo, quién controla también la producción de
defensa a nivel internacional, porque cada vez es más un negocio en manos
de unas cuantas grandes potencias. El proceso de internacionalización no
beneficia precisamente la capacidad del Estado español para abrirse un
hueco en ese mercado.
En ese sentido, querría preguntarle si no es posible --sé que no lo es
desde su perspectiva-- discutir la cuota de mercado que tiene el Estado
español a nivel internacional en la construcción del sector naval. Si
antes el Estado español, hasta 1975, mantuvo el liderazgo como gran
potencia en la construcción naval y era competitivo, da la casualidad de
que es a partir de la integración en la Comunidad Económica Europea
cuando la cuota de mercado del Estado español a nivel internacional
comienza a sufrir una reducción brutal. Sin embargo, Alemania la mantiene
o, incluso, la supera. Francia intenta mantenerla e incluso Dinamarca. Es
curioso que el Estado español sea el único, de los países que eran
altamente competitivos y una gran potencia, que ahora no lo es. Tendrá
que ser por un problema político, no por un problema de competitividad,
entendida como una cuestión de carácter neutral. Si en la división
territorial del Estado español las migajas que quedan se reparten con
determinado criterio, yo creo que esto va a ser un sinfín de disparates
que nos van a llevar al empobrecimiento de todos.
Aquí quiero hacer un inciso en el sentido de que no hablo de Hunosa
porque no soy capaz de tener todos los datos, pero no es por
insensibilidad social o política. Yo soy de los que apuesto porque se
mantenga aunque sea con pérdidas. En todo caso, si se pueden reducir las
pérdidas debe hacerse por la vía de crear tejido productivo alternativo,
pero tampoco hay esa política dentro del Gobierno y esto es lo
preocupante.
Aquí enlazo con el problema de Santa Bárbara. Realmente usted tiene todos
los datos, los conoce perfectamente, para saber que Santa Bárbara, por
ejemplo en el caso de A Coruña, fue conducida al desastre de manera
premeditada. No se aceptaron ofertas de trabajo a esa empresa, no se
respetaron ninguno de los convenios-marco que había respecto de ella,
incluso las inversiones en tecnología, que era muy moderna hace unos
años, no se utilizaron después para los objetivos a que estaba destinada
oficialmente.
Aquí se ve que algo falla. O bien el Gobierno no gobierna y solamente
actúa en función de unos grupos económico-sociales que tendrán nombre y
apellido --y que a pesar de que cambie el Gobierno siempre siguen
determinando la política industrial, por lo menos en estos sectores--, o
bien el proceso de internacionalización mete al Estado español en un
marasmo de tal calibre que por vía política hay una incapacidad total,
por lo menos en cuanto a los resultados políticos y a cómo funcionan las
instituciones de gobierno, para hacer frente a esos objetivos políticos
que nos saquen de esta situación.
Para acabar, desearía puntualizar que es curioso que usted diga que a
estas alturas la Agencia Industrial del Estado no sabe si ese contrato de
las fragatas F-100 es real o no. Es prácticamente imposible, en un Estado
que funcione de manera coordinada y donde haya gobierno, que una agencia
industrial que depende de él no sepa esto, a no ser que haya una
atomización de tal calibre que indique una debilidad brutal, incluso a
nivel internacional. Esto es indicativo de que hay debilidad brutal por
falta de coordinación en la actuación interna. No quiero saber lo que
significa esto a nivel de la Unión Europea o a nivel internacional,
porque ahí los intereses de ciertas zonas del Estado español tienen que
estar indefensas y sin posibilidad de abrirse camino.
Comprendo las gravísima dificultades que tiene el Gobierno del Estado
español, pero una cosa es tener dificultades y otra no enfrentarse a
ellas y someterse a las estrategias tal como están definidas. Comprenderá
S. S. que desde la órbita de Galicia, que da la casualidad de que tiene
en su territorio empresas fundamentales de la Agencia Industrial del
Estado, es suicida esta política.
También preguntaría por qué razón no coordina la política del Gobierno
español con lo que dice defender la Xunta de Galicia, por ejemplo, en el
caso de Santa Bárbara. Si tenemos que desmembrarla de Defensa o incluso
entrar en un proceso de privatización, ayudemos a los empresarios, pero
desde una óptica de responsabilidad de la Administración pública, que
tendrá alguna, para que pueda pasar a la empresa privada por un proceso
lento, de cooperación, y usted sabe que hubo proyectos en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En nombre del Grupo Parlamentario
Popular, quiero agradecer al
presidente de la Agencia Industrial del Estado esta primera comparecencia
ante esta Comisión a fin de informar, como lo ha hecho, no sólo del
problema concreto de Hunosa, sino también de todas las iniciativas,
contactos y actuaciones que ha llevado desde su toma de posesión.
Tengo que decir, en primer lugar, que le agradezco su buena voluntad de
comparecer ante esta Comisión todas las veces que la misma lo considere
necesario. Lo que está claro es que la misión que tiene encomendada la
Agencia Industrial del Estado es eminentemente compleja y muy difícil de
llevar a cabo. Prueba de ello es la exposición que ha hecho el portavoz
del Grupo Socialista, que ha realizado un examen completo de todos los
posibles problemas o dilemas que tiene en el momento actual sacar
adelante esa Agencia Industrial del Estado, así como las empresas
eminentemente deficitarias y en estado de reconversión que tiene bajo su
patrocinio.
Por otra parte, tengo que decir, que al plantear la cuestión de Hunosa,
se ha puesto claramente de relieve en este lugar, con luz y taquígrafos,
que el presidente de la Agencia Industrial del Estado no ha tenido
relación ni contacto alguno con empresarios leoneses, o de otro lugar,
que tenga como consecuencia la idea de privatizar la gestión de esta
importante empresa minera radicada en Asturias. La exposición que nos ha
hecho el presidente, en el sentido de que sus contactos con el actual
presidente de Hunosa, Luis de Juca, han tenido --y esto es está claro--
una aceptación generalizada por parte de todos los entes sociales de
Asturias, porque la persona que se ha designado presidente de Hunosa es
un ingeniero con experiencia, independiente y realmente conocedor de
todos los problemas que afectan a esta importante empresa minera.
En segundo lugar, es muy importante oír, de palabras del presidente de la
AIE, que es muy difícil pensar en la privatización de Hunosa en estos
momentos, incluso podíamos considerarlo actualmente imposible. Tengo que
decir que también nos colma de satisfacción el hecho de que dentro de la
Agencia se tiene la idea clara de cumplir el contrato-programa hasta el
año 1997, y que ya se están realizando lo estudios necesarios para
programar precisamente esta actuación minera hasta el año 2002. Estos
días, en declaraciones del señor Ministro, incluso se decía que se
estaban ya realizando gestiones en Europa para prorrogarlo, por lo menos,
hasta el año 2006, y posteriormente, si daba lugar a ello.
Todos sabemos que la situación de Hunosa es compleja y muy delicada, pero
tenemos que tener en mente que es una empresa necesaria para una gran
parte del sector asturiano de las cuencas, puesto que de ella, en los
momentos actuales, no sólo dependen sus 9.000 puestos de trabajo --en
estos últimos años su número de obreros ha bajado de 22.000 a 9.000--,
sino que de los trabajos indirectos de los operarios de esta empresa
viven dos zonas muy importantes de Asturias. Además, entiendo que, al
examinar la dinámica y la problemática de la minería, hay otras regiones,
como la leonesa y otras partes de España, para las que también tienen una
importancia trascendental las determinaciones que se tomen sobre el
sector minero.
Quiero aprovechar este acto para manifestarle al portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Santiso del Valle, que este Diputado --y no lo tiene que
negar--, a título particular, se reunió con don Victorino, pero a
petición e instancia de él, al igual que hizo con diferentes
representantes de partidos políticos, para poner de relieve sus
intenciones. Pero tengo que decir que tales intenciones en modo alguno
han tenido la mínima trascendencia después de una simple conversación.
Nosotros estamos dispuestos en todo momento a este tipo de encuentros, no
sólo con este empresario sino con todos, al igual que nos reunimos con
los sindicatos o con los entes sociales, para conocer las ideas y las
intenciones de cualquier organismo o persona, con el único fin de ver si
entre todos podemos resolver realmente el grave problema que tiene esta
empresa. Creo que en los momentos actuales se está trabajando con cordura
para lograr que prosperen las actuaciones laborales de esta comarca.
Respecto a las posibles privatizaciones, el presidente de la AIE nos ha
dejado tranquilos al manifestar que, en los planteamientos actuales de la
Agencia, la única empresa que parece que en estos momentos tiene
posibilidades de salir adelante y ser privatizada es Productos Tubulares,
S. A. Por lo que se refiere a la CSI, también nos da tranquilidad, en el
sentido de ver que en estos últimos años se ha convertido en una empresa
competitiva, que actualmente tampoco hay intención de privatizarla y que,
lógicamente, se están realizando estudios para ver si es una empresa
viable. En todo caso, tengo que decir --y eso es importante-- que todas
las privatizaciones gozarán de transparencia y se llevarán a cabo --así
lo ha anunciado el presidente de la AIE-- con conocimiento de este
Congreso de los Diputados y de las personas o entidades que tengan
importancia, trascendencia y relación directa con las referidas
privatizaciones.
En cuanto al sector naval, el presidente de la AIE nos ha explicado con
claridad cómo se encuentra actualmente el plan de competitividad de 1995,
los grandes problemas que existen para su cumplimiento, que se están
realizando estudios en profundidad sobre esta materia y que, hasta este
momento, no se ha tomado ninguna determinación de privatizar total o
parcialmente el sector naval.
Respecto a Defensa, nos ha dicho que Bazán y Santa Bárbara no tienen
posibilidades de privatización y que lo que se está haciendo es intentar
buscar, por todos los medios, una salida viable a estas dos empresas.
Tengo que decir que, en los momentos actuales, no sólo está trabajando a
favor de la permanencia de Santa Bárbara la AIE, sino que, en Asturias y
en Galicia, se han constituido sendas comisiones de estudio para darles
una salida viable y rentable a estas dos empresas.
Sabemos que la actuación de la AIE es realmente difícil y acreedora de
apoyo, no sólo de todos los organismos sociales, sino también de este
Congreso de los Diputados. Quiero adelantarle al señor Prada que
nosotros, en todo momento, estaremos a su lado, apoyándole, intentando
lograr, entre todos, que la Agencia Industrial del Estado tenga éxito en
los difíciles planteamientos que se le han encomendado.
El señor PRESIDENTE: Señor Prada, atendida la hora y toda vez que esta
Presidencia no tiene intención de que la sesión de esta tarde se
prolongue más allá de las ocho y media, le rogaría que, con brevedad y
globalización, diera usted una respuesta a las cuestiones que le han
planteado y dejara para siguientes comparecencias el entrar en otros
aspectos más profundos para no cansar a SS. SS. excesivamente. Tiene la
palabra para un último turno de réplica.
El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (Prada Gayoso):
Señor Presidente, procuraré atender su amable sugerencia y no cansar más
a sus señorías.
En primer lugar, quiero manifestar una enorme satisfacción por el tono y
el contenido, profundo, de todas las intervenciones que se han producido.
Me congratula comprobar el grado de preocupación, y también de
información, que SS. SS. tienen acerca de las empresas que están ahora
mismo en la Agencia Industrial del Estado bajo mi responsabilidad. Me
temo, señor Presidente, que van a ser necesarias ulteriores
comparecencias, y le digo me temo por SS. SS., no por mí, porque reitero
una vez más que es una enorme satisfacción compartir criterios y puntos
de vista en este marco.
Le agradezco al señor Santiso su intervención y especialmente un consejo
y por el que públicamente le he dado las gracias ya en alguna otra
ocasión, y ahora dejo constancia de él. Tiene usted razón, y procuraré
seguir su consejo, en que tenemos que mejorar todo lo que se refiere a
nuestra comunicación. Es verdad que, sin haberlo previsto, damos lugar a
contradicciones, damos lugar a más preocupación de la que es ineludible
en colectivos muy importantes. Le agradezco sinceramente el consejo y
procuraré en la medida de mis posibilidades aplicarlo.
Ha hecho usted una referencia puntual a un tema que estos días ha tenido
como protagonista a la empresa asturiana. Tengo 52 años y, efectivamente,
a lo largo de mi vida --he empezado a trabajar bastante joven-- me he
relacionado con muchísimas personas. De escasísimas me arrepiento o
lamento haberme relacionado con ellas. Como nos sucede a todos, algunas
están en este último grupo, y todos tenemos que lamentarnos haber
coincidido con algunas personas, pero hace bastante tiempo de ello. Pero,
en particular, por lo que se refiere a mis actuaciones profesionales, me
siento --permítame que lo diga-- profundamente orgulloso de ellas, en
particular de toda la experiencia que tiene que ver con Minerosiderúrgica
de Ponferrada, porque ha sentado un hito en algo que hasta entonces no
era frecuente. La quiebra de una compañía en España comportaba su cierre,
sigue comportándolo para mucha gente, y tengo la enorme satisfacción de
haber podido demostrar en un caso tan peculiar como ése que no
necesariamente la quiebra de una compañía significa su cierre. Al
contrario, he contribuido a convertir esta compañía, con una situación de
quiebra absolutamente indiscutible, en una de las compañías --si no la
más-- de la minería del carbón más saneadas no de España, de Europa. Y
ésa es una gran satisfacción. Y es evidente que tengo conexión con
muchísimas personas. Es lógico que tenga una continua relación con el
abogado que en ese momento determinado tenía la responsabilidad
profesional de llevar adelante este proceso a instancia de Caja Asturias.
Le puedo asegurar que hemos tenido bastantes discrepancias en toda la
tramitación, como es lógico. Como ustedes conocen, la quiebra comporta
una pieza siempre complicada, que es la llamada decalificación, y no
suele resultar tremendamente cómoda para muchas personas, y, en
particular, le puedo decir que para los intereses de ese entorno no fue
muy cómodo el informe que insoslayablemente, por incumplimiento de un
deber absolutamente inseparable de ese cometido, tuve que llevar a cabo.
Pero he seguido, naturalmente, con mucha relación y con profunda amistad
con ésta y otras personas con las que me he cruzado, sin perjuicio de que
hayamos discrepado en algunas ocasiones.
Hace unos días me he visto tan sorprendido como usted. Efectivamente,
aparece con una gran claridad una información sobre la ubicación. Yo he
recibido una fotocopia de estos planos perfectamente ubicados, de sus
instalaciones un tanto llamativas y un tanto alejadas de lo que son los
objetivos de la Agencia Industrial del Estado como es un campo de fútbol.
Pero, en fin, como en la etapa anterior se entendía que era un deber de
la Empresa Nacional Santa Bárbara promover una solución de sus problemas
a partir de un procedimiento que se dio en llamar de diversificación,
tampoco me pareció demasiado descabellado, con sinceridad. Si se había
previsto montar una fábrica de bombillas o de implantes ortopédicos en lo
que era una fábrica, ¿por qué no se iba a poder hacer un campo de fútbol?
Tampoco tiene mucho más trascendencia. A partir de ahí, hacer
especulaciones, como comprenderá usted, uno no puede más que entender que
ése es el coste que tiene este tipo de responsabilidades públicas y que
seguramente SS. SS. conocen mejor que yo. Creo que estamos en un mundo en
el que cada uno puede hacer las propuestas que considere más razonables.
Y añado una cosa más: a la Agencia Industrial del Estado no le parecería
mal. La Agencia Industrial del Estado no tiene ninguna responsabilidad
sobre esos terrenos. Son del patrimonio de todos los españoles a través
del Ministerio de Defensa.
La Empresa Nacional Santa Bárbara, que es sobre la que tiene
responsabilidad la Agencia Industrial del Estado, utiliza a través de un
sistema de gestión esos terrenos, naturalmente vinculándolos a que sigan
realizándose ese tipo de actividades, que es la fabricación de armamento.
Tan pronto dejase de producirse esa actividad, dejaría de tener toda
vinculación la Agencia Industrial del Estado y la Empresa Nacional Santa
Bárbara con esos terrenos. Lo que pase después es, en su caso, cuestión
ajena. Esto se aplica tanto a Oviedo, donde esto ha tenido mayor difusión
por lo llamativo de ubicar un campo de fútbol, como a La Coruña, donde
también se habla mucho de posibles operaciones con esos terrenos.
Afortunadamente, para que no haya lugar a dudas, está radicalmente fuera
de la competencia de la Agencia Industrial del Estado y del Ministerio de
Industria el futuro uso de esos terrenos. Pero, le reitero, si es verdad
--y yo no lo he visto-- que ahí se crearían 1.100 puestos de trabajo,
como dicen, no me parece que sea un asunto tan criticable en el supuesto
de que a quienes corresponda
les parezca adecuado que se haga un campo de fútbol, un centro comercial
y no sé cuántas cosas más.
Respecto a si la posición actual de la Empresa Nacional Santa Bárbara es
responsabilidad del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Industria,
no creo que sea oportuno que fomentemos este tipo de debates. El Gobierno
de la nación es un gobierno único y solidario, necesariamente; el
gobierno es el gobierno y no puede seguir sosteniéndose que el problema
es del Ministerio de Defensa o es del Ministerio de Industria. El
Gobierno es único y no tienen cabida ese tipo de cuestiones.
Sugiere usted que avancemos en el proceso de negociación,
fundamentalmente con los sindicatos. Coincido plenamente con usted, tanto
que, como es sabido, hace muy pocos días hemos abierto formalmente un
proceso de negociación con las principales centrales sindicales para
encontrar un marco en el que discutir --y ojalá ello sea posible-- y
alcanzar acuerdos para las distintas cuestiones que nos afectan.
El señor Cuevas requiere una comparecencia. Yo creo que no una, señor
Cuevas, sino varias comparecencias. En todo caso, le agradezco esta
facilidad que me permitirá ir preparando un tratado que dé contestación a
todas estas cuestiones. Sin embargo, adelanto ahora una.
Me pregunta usted si la privatización de productos tubulares va a ir a la
comisión consultiva. Pues no, porque aquí nos hemos planteado una
disyuntiva: en primer lugar, incumplir un contrato vinculante firmado
--desde luego, sin que se haya sometido a criterio de nadie, más que de
los involucrados, de si era oportuno, conveniente o no, sin que se haya
discutido, salvo que esté mal informado; si fuera así, le pido por
anticipado disculpas--. Esta Cámara no ha tenido conocimiento de eso ni
la comisión ha sabido por qué, en qué momento, en base a qué fundamentos
o por qué razones eso era bueno. Tanto el Gobierno actual como la Agencia
Industrial del Estado como quien habla tienen un tremendo respeto por los
compromisos adquiridos. Podemos discutir su oportunidad, pero, desde
luego, sería muy complicada la gestión de cualquier asunto e incluso la
convivencia si pensásemos que los compromisos firmados jurídicamente
válidos pudiesen ser, a voluntad del gestor, olvidados.
Le adelanto que lamentablemente esa privatización no irá a la comisión
consultiva o, al menos, no irá con el carácter que tiene en el acuerdo
del Consejo de Ministros; irá a información, pero hay muy poco de lo que
informar. Incluso la contrapartida de esa operación está ya
predeterminada en un documento jurídicamente vinculante.
Por lo que respecta a si me gusta o me parce adecuado el llamado
convenio-marco, con claridad le adelanto que no, que me parece muy mal;
que me parece muy mal incluso la propia figura jurídica. Yo no entiendo
que sea razonable que la Agencia Industrial del Estado firme un contrato
con el Estado. Mire usted, la Agencia Industrial del Estado es un
instrumento que está más abajo, dependiente del Gobierno, y no está en
plano de igualdad, que es uno de los requisitos esenciales para que dos
partes puedan convenir. No tiene independencia la Agencia Industrial del
Estado. ¿Qué es eso de que la Agencia contrate con el Estado? La Agencia
tiene la función de ejecutar lo que sean instrucciones recibidas del
Estado. Por eso, y por otra serie de razones, estamos en proceso de
modificación. Será objeto de una ulterior comparecencia, al igual que
todas las demás cuestiones que usted ha adelantado.
Yo creo que sí tiene vanguardia Galicia, señor Rodríguez, y creo que S.
S. es un estupendo ejemplo de esta situación. Realmente he tenido ocasión
de decírselo personalmente. Coincido fundamentalmente en el aspecto
literario, pero, desde luego, discrepo profundamente en lo que son las
razones de sus puntos de vista. Es un problema de filosofía general, como
hemos tenido ocasión de discutir personalmente y espero que tengamos
oportunidad de seguir haciéndolo en el futuro. Considera la Agencia
Industrial del Estado y también yo personalmente que la especialización
de Astano y Bazán es, en primer lugar, incuestionable. Es incuestionable
desde un punto de vista objetivo. Decía S. S. que yo había intentado
llevar mi intervención al campo objetivo. Tiene razón S. S., me gustaría
estar exclusivamente en el campo objetivo y no el filosófico.
Creo que hay que sentirse orgullosos, como responsables públicos
españoles, de tener dos empresas que tienen una excelente dotación
tecnológica. Una deficiente gestión anterior nos ha llevado --sobre todo
en el caso de Bazán-- a una situación realmente preocupante. Pero hay que
seguir apuntando --y cada vez más-- por la especialización. Es impensable
que Astano y Bazán, por sus costos y estructura, vayan a ser
competitivos, en un mercado cada vez más globalizado, en un tipo de
construcciones cuya tecnología consiste exclusivamente en soldar unas
junto a otras unas chapas de acero. Si no hay más tecnología, estas
empresas tendrían una enorme dificultad para seguir existiendo.
Usted ha dicho que eran altamente competitivas. Yo creo que nunca fueron
altamente competitivas las empresas del sector de construcción naval en
España. Serían altamente competitivas mientras se mantuviese un sistema
público en el que todos los españoles pagáramos lo que hace falta para
que puedan venderse barcos. En la época a la que usted se ha referido, la
parte que realmente pagaba el armador que compraba un buque medio
--siempre un extranjero-- en un astillero español estaba en torno al 55
por ciento de lo que de verdad a los españoles nos costaba hacer ese
barco. Y mientras exista el sistema de subvención pública --algo parecido
a lo que sucede con el carbón-- podrá sostenerse y podremos salir sacando
pecho --permítame la expresión-- porque tendríamos una industria muy
competitiva. Pero no teníamos una industria competitiva, en absoluto.
Esperamos que con las actuaciones que estamos poniendo en marcha sí
consigamos una industria naval competitiva.
Creo que éste no es el lugar más adecuado para hacer referencia a lo que
debería ser la actuación de la Xunta de Galicia. Su Grupo tiene
oportunidad de plantear allí las acciones que pueda llevar a cabo. Sin
embargo, permítame que exprese una coincidencia en general, al menos
desde el punto de vista de la posibilidad. Posiblemente, la Empresa Santa
Bárbara, en su fábrica de La Coruña, haya sido conducida
de manera predeterminada al desastre, y cito textualmente sus palabras.
Discrepamos profundamente en quién sea el autor de la predeterminación.
Es posible que a esta situación no se haya llegado por casualidad.
Tendré, señor Presidente, sumo gusto en aceptar cualquier invitación,
como he reiterado anteriormente, y lamento haberles ocupado mucho más
tiempo del que estaba inicialmente previsto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prada, porque esta materia,
como puede usted comprobar, interesa a todos los grupos y hay y habrá
solicitudes de comparecencia por parte de todos ellos, cada vez más
precisas y concretas a medida que vaya transcurriendo el tiempo.
Agradezco en nombre de la Comisión su presencia, su explicación y la
amabilidad que ha tenido en esperar un plazo razonable de tiempo para
poder debatir la proposición no de ley que hemos anticipado a su
comparecencia. (El señor Santiso del Valle pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, quería en medio minuto
añadir un matiz a la intervención del señor Prada.
Yo comprendo que él salude la posibilidad de una iniciativa de un campo
de fútbol u otra similar que pueda crear puestos de trabajo. Pero lo que
me sorprende es que en un país en el que nos quejamos de falta de cultura
industrial, y en un centro como el de Oviedo sobre el que informes
especiales expresan que es el más cualificado tecnológicamente, tanto por
sus trabajadores como por las instalaciones que tiene en este momento, se
pueda entender --creo que alegremente-- que estos trabajadores puedan ser
indirectamente trasladados y ser porteros de un estadio de fútbol o
cajeros de un supermercado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE DECLARACION COMO FIESTA DE INTERES TURISTICO NACIONAL DE LA
CELEBRACION DE «EL PASO DE RIOGORDO», DE MALAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000013.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Espero
que SS. SS. sepan administrar el tiempo con brevedad y precisión, toda
vez que son temas que requieren poca explicación porque son sobradamente
conocidos y alguno de ellos ya ha sido debatido en anteriores trámites.
Les rogaría que nos ciñéramos estrictamente a la cuestión y no
demoráramos más la sesión.
Proposición no de ley sobre declaración como fiesta de interés turístico
nacional de la celebración de «El Paso de Riogordo», de Málaga.
Para presentar dicha iniciativa, tiene la palabra el portavoz del Grupo
de Izquierda Unida.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy a presentar esta proposición muy brevemente,
atendiendo al ruego de la Presidencia.
Quiero informar a SS. SS. diciendo que Riogordo es un municipio de la
comarca de los montes de Málaga que vuelca toda su ilusión y todo su
trabajo desinteresado en esta representación en la que participan más de
cuatrocientos vecinos y que, independientemente de sus creencias y de sus
ideas, han conseguido hacer de esta celebración un fenómeno cultural de
masas con una importante repercusión tanto en los medios de comunicación
como en la principal industria de esta provincia, que es el turismo. Una
representación que recoge una serie de pregones que ya se representaban
en el pueblo desde el siglo XVII y a los que en el año 1995 se les dio un
carácter teatral. De esta manera podemos afirmar que «El Paso de
Riogordo» es una tradición tan profundamente arraigada que forma parte ya
de un patrimonio colectivo que trasciende los límites propios del
municipio.
Quiero aquí resaltar brevemente la importancia de esta posible
declaración de interés turístico, porque ello significaría reafirmar la
trascendencia de este acontecimiento que, a pesar de la poca ayuda
oficial recibida, gracias a la voluntad y al empuje del pueblo, consigue
reunir cada año a más de quince mil visitantes. Estamos en unos tiempos
en que todos hablamos de la importancia de desarrollar los distintos
segmentos turísticos. En ese sentido el turismo de sol y playa necesita
complementos de carácter cultural. Todos afirmamos que es necesario
motivar al visitante y al turista para que circule por el territorio, lo
que permitiría una mayor extensión de la industria turística y, por
consiguiente, de sus beneficios. En este sentido el turismo del interior
no puede consistir solamente en hablar de construir un hotel en cada
pueblo, sino en encontrar alicientes de suficiente interés para conseguir
diversificar la elección de los distintos destinos turísticos.
Por otra parte, el turismo de Semana Santa alcanza en estos momentos un
importante nivel de ocupación en Andalucía y, en concreto, en la Costa
del Sol. Por ello, el objetivo es ampliar y diversificar la oferta, sobre
todo si, como en este caso, puede suponer una importante plataforma para
el desarrollo turístico de toda una comarca. Se trata, por tanto, de
apoyar una oferta en la que se complementa el segmento sol y playa con el
atractivo que supone una representación tan genuina del arte popular como
es la representación de «El Paso de Riogordo».
En aras a la brevedad solicitada por la Presidencia, sólo me queda
solicitar el voto afirmativo para esta proposición no de ley, tal y como
se ha solicitado de un buen número de instituciones de la provincia, como
puede ser el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga, la Diputación y otros
ayuntamientos de la provincia. Solicito su voto afirmativo por ser un
importante acontecimiento cultural turístico, por
ser un ejemplo de participación popular, porque aunque está representado
por más de cuatrocientos vecinos indirectamente participa toda la
población de Riogordo, entregando su tiempo, su esfuerzo, y sobre todo su
ilusión, para poner en escena una obra que tiene un gran interés no
solamente humano, sino también artístico. Por tanto, solicito su voto
afirmativo como reconocimiento a este trabajo desinteresado de los
vecinos de Riogordo y a la importancia que han dado a su representación.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que tenga intención de solicitar un
turno de explicación?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Cristina Alberdi tiene la
palabra. (El señor Souvirón García pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, yo quería tomar la palabra
para consumir un turno en contra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Gracias, señor Presidente.
La Orden ministerial de 29 de septiembre de 1987 regula las declaraciones
de interés turístico de carácter nacional para las fiestas. En ella se
establecen los requisitos y los trámites y, entre ellos, la necesidad de
un informe preceptivo de la respectiva comunidad autónoma para que sea
aprobado por la Dirección General de Turismo, que tendrá un carácter
vinculante en caso de que sea negativo. Por tanto, en este caso, las
reglas del juego están claras y el camino está marcado.
Corremos, desde nuestro punto de vista, el peligro de que, si aprobamos
la proposición no de ley en los términos en que se nos plantea por
Izquierda Unida, hagamos un clamoroso brindis al sol; estamos instando al
Gobierno a que tome un acuerdo que, de alguna manera, vulnera el
ordenamiento jurídico administrativo o invitando a que no se tome en
serio las competencias que la comunidad autónoma tiene a este respecto.
En definitiva, estaríamos pidiendo un imposible, con la mejor de las
intenciones, y utilizando métodos extraordinarios para conseguir algo que
entendemos que, por los métodos normales, habituales y de trámite, se
puede conseguir, porque estamos convencidos de que la celebración de
Riogordo reúne las suficientes característicias como para tener esta
consideración.
El Grupo Parlamentario Popular es coherente con los apoyos que han
manifestado instituciones de Málaga que el Partido Popular preside, como
el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial o el propio
Ayuntamiento de Riogordo.
Compartimos absolutamente la descripción rápida que ha hecho el señor
Centella, que incluso diríamos que ha sido sobrio en su exposición, cosa
que le honra, porque los atributos de la fiesta son aún mayores. Lo que
nosotros queremos es no perder el tiempo; queremos centrar el tema, y ya
que queremos llegar al mismo sitio que el señor Centella y que a lo único
que no estamos dispuestos es a acompañarlo por el camino que creemos
equivocado, para que no tengamos otra vez un problema como el que hizo
que en el año 1992 se denegara la posibilidad de que la fiesta fuera
declarada de interés turístico nacional, lo que proponemos es una
enmienda transaccional que quedaría en los siguientes términos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la celebración del
«Paso de Riogordo», de Málaga, sea declarada como fiesta de interés
turístico nacional, una vez cumplidos los requisitos previstos en la
Orden ministerial de 29 de septiembre de 1987.
En definitiva, se trataría de ir todos juntos por el camino que
entendemos de la legalidad. Desde luego, apoyamos absolutamente todo lo
que ha dicho el señor Centella; manifestamos nuestro deseo de que esta
fiesta sea considerada cuanto antes como de interés turístico nacional y
pondremos los medios de nuestra parte para que se haga cuanto antes,
evitando problemas que no nos conducirían a sitio alguno.
El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, haga llegar a la Presidencia la
redacción literal de la enmienda.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Cristina Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor Presidente, nosotros vamos a apoyar la
propuesta de Izquierda Unida, porque nos parece que instar al Gobierno a
que sea declarado el «Paso de Riogordo» como fiesta de interés turístico
nacional es una buena oportunidad para dejar claro el reconocimiento
hacia una fiesta de la Semana Santa malagueña de extraordinaria
importancia.
Para Málaga, el turismo es una de las fuentes de riqueza más
fundamentales, y hoy queremos diversificar --y se está diversificando--
no sólo la oferta turística en la costa, sino también en el turismo de
interior. Este pueblo, Riogordo, está situado en los montes de Málaga; es
bellísimo y las 400 personas del pueblo intervienen en el paso en un
paraje extraordinariamente abierto, de una belleza singular. Se trata de
una realización en la que interviene prácticamente todo el pueblo y que
tiene una enorme difusión; es decir, no sólo tiene un sentido local, sino
que tiene una enorme difusión no sólo en Málaga debido a todos los
turistas, especialmente alemanes, que frecuentan aquella zona. Nosotros
creemos, naturalmente, que se debe de declarar fiesta de interés
turístico nacional porque puede ayudar.
Qué duda cabe de que si existen una serie de requisitos que han de
cumplirse, no va a realizar el Gobierno una declaración sin el
cumplimiento de esos requisitos. Esos requisitos han sido solicitados. Yo
tengo aquí el certificado del Ayuntamiento de Riogordo que pide a la
Junta de Andalucía la declaración de fiesta de interés turístico nacional
y, por tanto, estará a punto de producirse. También los representantes
socialistas en ese ayuntamiento y en otros han propuesto y apoyado la
declaración de fiesta de interés turístico nacional para el «Paso de
Riogordo».
Yo, en aras de la brevedad y dada la sencillez del caso, termino esta
breve intervención reiterando el apoyo de este grupo a la propuesta de
Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: La enmienda que ha presentado el Partido Popular a
esta proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
propone añadir al texto literal, al final de la proposición no de ley, la
frase: una vez cumplidos los requisitos previstos en la Orden ministerial
de 29 de septiembre de 1987.
¿Acepta Izquierda Unida esa propuesta de enmienda adicional?
El señor SANTISO DEL VALLE: Sí, señor Presidente, aunque quiero decir
brevemente que nos parece que es una redundancia, porque nosotros
entendíamos que el Gobierno sabría cómo tramitar esta declaración de
fiesta de interés turístico nacional y que se podían haber ahorrado
intervenir en turno en contra. Yo creo que el Partido Popular se podía
haber ahorrado agotar un turno en contra que, al final, queda
testimonialmente como turno en contra, cuando podía haber sido
simplemente una adición. Nosotros no tenemos inconveniente alguno en
aceptar la enmienda, porque, repito, lo único que hace es redundar en lo
expuesto.
Vuelvo a reiterar que nosotros creíamos que el Gobierno del Partido
Popular no necesitaba que sus Diputados le dijesen cómo tenía que
trabajar; pero, en vista de la poca confianza que tienen sus propios
Diputados en la capacidad de que el Gobierno tramite una cosa tan simple,
no tenemos ningún inconveniente en decirle que el Gobierno tiene que
tramitar la declaración de fiesta de interés turístico nacional de
acuerdo, como no puede ser de otra manera, con la legislación vigente.
Por tanto, no tenemos ningún inconveniente y espero que el Gobierno
merezca más confianza por parte de sus Diputados en el futuro.
El señor PRESIDENTE: En síntesis, esta Presidencia entiende que acepta la
enmienda. Por consiguiente, procedemos a la votación de la proposición no
de ley con la adición de la enmienda propuesta por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR EN EL PLAZO DE TIEMPO MAS
BREVE POSIBLE UN INFORME EN EL QUE SE ANALICEN LAS CAUSAS DE LOS
ACCIDENTES EN LA MINERIA ESPAÑOLA, EN ESPECIAL LA DEL CARBON, ASI COMO
LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA EVITARLOS, Y SE ACUERDA CONSTITUIR EN EL SENO
DE LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO UNA SUBCOMISION RELATIVA A
LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA MINERIA ESPAÑOLA, EN ESPECIAL LA DEL
CARBON. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000022.)
El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día se refiere,
señorías, a la proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta
al Gobierno a que realice en el plazo de tiempo más breve posible un
informe en el que se analicen las causas de los accidentes en la minería
española, en especial la del carbón, así como las medidas a adoptar para
evitarlos, y se acuerda constituir en el seno de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo una Subcomisión relativa a la siniestralidad
laboral en la minería española y, en especial, la del carbón.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, voy a intentar ser
brevísimo.
Quiero decir que esta proposición no de ley tiene su origen en la
legislatura pasada, donde se había llegado a un consenso de todos los
grupos ante los graves sucesos que ocurrieron fundamentalmente en
Asturias, en el año 1995, con los accidentes de San Nicolás, de Minas de
Figaredo, de Candín y otros. Incluso recientemente se ha producido un
accidente también relevante que, aunque no ha tenido mayor alcance, por
suerte, en cuanto al coste de vidas, es preocupante por ser una explosión
de grisú en León.
Anuncio también que, con los grupos Socialista y Popular, hemos elaborado
un texto que englobaría tanto lo que propone literalmente nuestra
proposición no de ley como una incorporación que hace el Partido
Socialista; creo que el señor Landeta la va a pasar después a la Mesa.
Por tanto, sólo quiero reiterar que todos los esfuerzos que se hagan por
mejorar las condiciones de trabajo de los mineros serán bienvenidos. En
el momento en que se constituya la ponencia ya entraremos a analizar y
exponer nuestros puntos de vista sobre cuáles pueden ser algunos de los
factores que han incidido en este aumento de los accidentes que se están
constatando todavía hoy.
Por tanto, termino diciendo que aceptaremos también esa transacción que
hemos pactado todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, toda vez que han
presentado tres enmiendas al texto de la proposición no de ley, tiene la
palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Me corresponde defender, en nombre del
Grupo Popular, las enmiendas a la proposición no de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre siniestralidad
minera y creación de una ponencia.
En primer lugar, hemos de manifestar que estamos conformes con la
iniciativa, que es reproducción del acuerdo adoptado por esta Comisión
el 22 de noviembre de 1995,
pues entendemos que las enmiendas presentadas tienden a mejorar y
concretar los trabajos de la subcomisión.
El tema de la seguridad minera ha sido objeto de estudio y debate en
todas las anteriores legislaturas. Nos cabe recordar que en la III
Legislatura la Comisión de Industria y Trabajo del Senado emitió
obligatoriamente un buen informe que trataba precisamente de esos
problemas. En la legislatura anterior se aprobó la Ponencia, que no tuvo
efectividad al finalizar la legislatura, y la seguridad ha quedado
reflejada también en nuestro programa electoral y en declaraciones del
propio Ministro, señor Piqué, que en su comparecencia el 5 de junio de
1996 manifestaba su preocupación por el problema, que sería una de las
prioridades de su departamento.
Tengo que manifestar que la grave accidentalidad que está ocurriendo en
estos momentos en España, y concretamente en Asturias y en regiones como
León, con los graves accidentes del pozo de San Nicolás y de Candín y
otros muchos, justifican plenamente la creación de esta subcomisión.
Las enmiendas presentadas son las siguientes. En primer lugar, al segundo
párrafo de la exposición de motivos, al entender que la pérdida de
actividad minera no tiene por qué indicar el deterioro de la propia
actividad, y de ser así lo debe reflejar indiscutiblemente el informe que
se emita, por lo que proponemos la eliminación del primer apartado de la
proposición no de ley. En segundo lugar proponemos que el estudio y los
trabajos se realicen única y exclusivamente en la minería española del
carbón, y no para los accidentes en general, como refleja la proposición.
Hemos de señalar que al apartado 1 se presenta una transaccional que ha
sido redactada y pactada por los grupos Popular, Socialista y de
Izquierda Unida, en el sentido de que la letra a) quedara redactado de la
siguiente forma: La Comisión tendrá por objeto el estudio, elaborado por
la Comisión Nacional de Seguridad Minera, denominado La seguridad minera
en España. Análisis y propuestas, así como los informes sobre accidentes
específicos que en su caso solicite la subcomisión referidos en todo caso
a la minería del carbón.
Este texto lo facilitaré, al terminar mi intervención, a la Mesa de la
Comisión.
En tercer lugar, sustituimos en nuestra enmienda la creación de una
ponencia por la creación de una subcomisión, de acuerdo con la resolución
de la Presidencia 411/03 del Presidente del Congreso, de 26 de junio de
1996.
En cuarto lugar, en nuestra enmienda ampliamos el plazo de tres a seis
meses, al considerar que en el momento actual estamos pendientes de las
siguientes actuaciones: del informe de la Comisión Nacional de Seguridad
Minera sobre el grave accidente de Nicolasa que costó la vida a catorce
mineros hace un año, y en el momento actual, aunque han emitido informes
Industria, Hunosa y Comisiones Obreras, está pendiente de la realización
de la simulación de explosivos en Burgos por el Instituto Madariaga;
asimismo está pendiente el informe que hemos alegado, realizado por la
Dirección General de Minas, y por último el informe de la ponencia de la
Junta General del Principado de Asturias sobre los últimos accidentes,
elementos precisos y fundamentales para el trabajo de la subcomisión.
Por último ampliamos el número de integrantes de la subcomisión, al
considerar más operativo dar oportunidad a concurrir a Diputados de
diferentes localizaciones mineras a fin de contrastar sus informaciones y
criterios, manteniendo el voto ponderado.
Por lo expuesto solicito de los integrantes de la Comisión el voto
favorable a las enmiendas presentadas y también a la enmienda de
modificación presentada en este acto a la letra.
El señor PRESIDENTE: Si no he entendido mal, de la intervención que ha
hecho el portavoz de Izquierda Unida se desprende que hay voluntad de
admitir las tres enmiendas e incluso la transacción que se ha apuntado a
la letra a) de la última de las tres enmiendas.
Esta Presidencia sólo tenía una duda en relación con la letra d) de la
enmienda que plantea el Partido Popular, toda vez que ustedes ya marcan
la composición de esa subcomisión. Sobre la composición de la subcomisión
esta Presidencia tenía la duda de si venía determinada por la Mesa del
Congreso de los Diputados con un criterio general para toda la Cámara.
Parece ser que la resolución de la Mesa de la Cámara deja abierta la
recomendación que puedan hacer las comisiones sobre la composición de las
subcomisiones.
Por consiguiente, podemos considerar esa letra d) como una sugerencia que
hacemos. La composición de esta subcomisión será distinta a otras que se
están constituyendo en la Cámara. Esta composición que ustedes proponen
es, sin duda, singular, por eso yo tenía algún recelo. Una vez constatado
con el letrado de la Comisión que no hay ningún problema, podríamos
someter a votación conjuntamente las tres enmiendas que usted ha
defendido, así como la enmienda transaccional que usted ha consensuado
con los demás grupos.
Tiene la palabra el señor Fernández, por el Grupo Socialista, para
conocer su posición.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Voy a procurar ser muy breve porque el
Grupo Socialista apoya, sin fisuras, esta proposición no de ley ya que
entendemos que interpreta correctamente lo que es la petición de la
sociedad de que, de alguna forma, se minoren los accidentes en la minería
y se vaya poniendo coto a ese goteo continuo de vidas humanas en nuestras
explotaciones. Por tanto, apoyamos sin reticencias esta proposición no de
ley.
Unicamente quería dejar claro que en la exposición de motivos parecen
considerarse como inoperantes las medidas que se han adoptado hasta ahora
y eso no es cierto. No se trata de defender ninguna actuación presente o
pasada de ningún tipo de Gobierno, autonómico o central, pero es verdad
que si no somos conscientes de que aquí se han hecho muchas cosas y que,
sin embargo, hay que hacer bastantes más, porque no son suficientes
todavía, vamos a partir en esa subcomisión de una premisa que es
incierta, que es la de que todo está por hacer. Va a haber mucha
retórica, muchas medidas, pero no va a haber ningún resultado y va a ser
absolutamente estéril.
Se han hecho muchas cosas y ahora estamos en la situación de retomar el
impulso que, en su día, dio a la seguridad minera la subcomisión que se
formó en el marco del Senado en el año 1988. Es decir, que los poderes
públicos no abdiquen, sino al contrario, que potencien su intervención en
la minería, tanto en el aspecto normativo, como en el de la inspección y
control y en ejercer la necesaria coacción sobre las explotaciones
mineras; que los empresarios entiendan que la inversión en seguridad es
rentable en toda la literalidad del término y que los otros agentes
sociales, es decir, las organizaciones sindicales, conciencien a los
trabajadores para que puedan conocer los riegos y adopten las necesarias
cautelas. En esa dirección es en la que creemos que debe trabajar la
subcomisión.
Por nuestra parte no nos queda más que reiterar este apoyo a la
iniciativa de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Saben SS. SS. que en las proposiciones no de ley lo
que sometemos a votación formalmente es el texto de las mismas. La
exposición de motivos no queda recogida como redacción formal del acuerdo
que se adopta en la votación en las comisiones y no se reproduce en el
Boletín Oficial de las Cortes. Con lo cual, para ahorrarles posibles
interpretaciones, sepan que podemos formalmente someter a votación la
enmienda a la exposición de motivos pero en realidad la misma no se
reflejará en la publicación final del Boletín Oficial de las Cortes. En
consecuencia, tenga usted la tranquilidad que, a efectos formales, lo que
vamos a acordar es la literalidad del texto de la proposición no de ley,
no la exposición de motivos.
Para no entrar en polémica someteremos a votación todo, pero sepan que a
efectos formales solamente queda constancia en el Boletín Oficial de las
Cortes del texto de la proposición no de ley.
Es una aclaración genérica que hago antes de someter la enmienda a
votación.
Pasamos a votar globalmente las tres enmiendas, con la transaccional
anunciada por el portavoz del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley con la incorporación de las enmiendas que se han propuesto.
Señorías, quiero recordarles que el día 9 vamos a reunirnos otra vez en
la Comisión de Industria.
Muchas gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.