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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 57, de 25/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 57
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 7
celebrada el miércoles, 25 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Costa Climent)
para informar sobre:
--Materias competencia de esta Comisión relativas al sistema tributario,
previa remisión del informe correspondiente. Comparecencia cuatrimestral.
(Número de expediente 213/000183) (Página 1186)
--Principales proyectos de su Departamento. A petición propia. (Número de
expediente 212/000076) (Página 1186)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados, señor
Secretario de Estado de Hacienda, don Juan Costa.
Vamos a comenzar la sesión de hoy consistente en varias comparecencias
del señor Secretario de Estado de Hacienda. Según me comunican los
portavoces de los grupos parlamentarios, han decidido posponer por
razones técnicas el punto primero del orden del día, relativo a informar
sobre el desarrollo reglamentario de la Ley 19/1994, con
especial hincapié en el de la zona especial (ZEC), a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, a lo cual accede la Mesa de la Comisión, y
dejamos para su debate en una sesión posterior.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA CLIMENT)
PARA INFORMAR SOBRE:
--MATERIAS COMPETENCIA DE ESTA COMISION RELATIVAS AL SISTEMA TRIBUTARIO,
PREVIA REMISION DEL INFORME CORRESPONDIENTE. COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL.
(Número de expediente 213/000183.)
--PRINCIPALES PROYECTOS DE SU DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA. (Número de
expediente 212/000076.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las dos comparecencias
siguientes. La primera, la cuatrimestral normal, de acuerdo con la
proposición no de ley aprobada por esta misma Comisión en el mes de
julio, así como otra comparecencia, del mismo señor Secretario de Estado
de Hacienda, solicitada por el Gobierno, previa remisión del informe
correspondiente, para informar sobre los principales proyectos de su
departamento.
Quiero decir a los señores Diputados que, al parecer, el informe remitido
por el Secretario de Estado de Hacienda no ha estado a disposición de los
diferentes portavoces de los grupos porque, según me informan los
servicios de la Cámara, dicho informe fue enviado en el día de ayer y
seguidamente se remitió a los grupos parlamentarios, con copias para
todos los señores Diputados miembros de esta Comisión pertenecientes a
los diferentes grupos habiendo acusado recibo dichos grupos
parlamentarios de la remisión del informe.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra para exponernos el informe
correspondiente:
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muchas
gracias, señor Presidente.
Buenos días a todos los miembros de esta Comisión de Economía y Hacienda
a los que quiero saludar, en primer lugar, además de agradecer a todos
ustedes la oportunidad de comparecer ante esta Comisión para informarles
sobre los proyectos de la Secretaría de Estado de Hacienda y sobre la
situación, ejecución y desarrollo concreto de esos proyectos en estos
momentos.
Lamento si, como consecuencia del retraso, no han tenido tiempo de
analizar la documentación que les remitió el Gobierno con relación a esta
comparecencia, y espero que en el futuro puedan tener con mayor
antelación esta documentación. Quiero manifestarles que el Gobierno les
remitirá la documentación con los extremos y en la forma que ustedes
consideren más conveniente.
En primer lugar quiero decir que, como todos ustedes saben, como
consecuencia de los Reales Decretos del pasado 7 de mayo y 2 de agosto de
1996, la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda ha
sido modificada y, en concreto, la anterior Secretaría General de
Planificación Presupuestaria ha quedado desgajada de la Secretaría de
Estado de Hacienda, ha pasado a convertirse en una Secretaría de Estado
independiente y, por tanto, las competencias que corresponden a mi
Secretaría de Estado, como todos ustedes saben, son el diseño global de
la política tributaria del Gobierno, la aplicación efectiva de esa
política tributaria, la gestión catastral y todo lo referente a las
relaciones con las haciendas territoriales y la financiación autonómica.
Por consiguiente, teniendo en cuenta esa circunstancia, como no podía ser
de otra forma, voy a limitarme a exponer aquellos proyectos que en estos
momentos está impulsando la Secretaría de Estado de Hacienda, y que
tienen que ver con esos centros directivos a los que he hecho referencia.
El pasado 7 de junio, como todos ustedes saben, el Gobierno aprobó un
paquete de medidas mediante dos reales decretos-leyes, de medidas de
carácter fiscal, de fomento y liberalización de la actividad económica.
Por lo que respecta a la Secretaría de Estado de Hacienda en esos
decretos-leyes se aprobó un conjunto de medidas extraordinariamente
importantes, en opinión del Gobierno, para impulsar la actividad
económica, el fomento del ahorro y la creación de empleo. Son medidas que
todos ustedes conocen, pero me gustaría resumirlas y destacarlas por su
importancia desde el punto de vista de la creación de empleo, como he
dicho, y liberalización de la fiscalidad del ahorro en nuestro país.
Todos ustedes saben que se aprobó una reducción del 15 por ciento en el
rendimiento neto en régimen de módulos, reducción extraordinariamente
significativa. El Gobierno consideraba que las actividades desarrolladas
en régimen de módulos no tenían en cuenta la situación económica real de
los sectores y los beneficios de las actividades y consideró conveniente,
para impulsar la creación de empleo, la reducción de los módulos en un 15
por ciento, en la medida que es un sistema de tributación que, como todos
ustedes saben, afecta fundamentalmente a las pequeñas empresas que son
uno de los principales motores de creación de empleo en nuestro país.
Al mismo tiempo para incentivar la contratación de empleo estable a lo
largo del ejercicio 1996 el Gobierno acordó que en el régimen de módulos
no se computaran las nuevas contrataciones efectuadas a partir del 8 de
junio de 1996. En la misma línea se aprobó una deducción por creación de
empleo estable de un millón de pesetas que afectaba a los contratos
estables correspondientes a determinadas categorías de trabajadores, en
concreto mayores de 45 años y minusválidos.
En el área del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aprobó una
reducción del 95 por ciento para la transmisión de la empresa familiar y
de la vivienda habitual con el objetivo de fomentar el mantenimiento del
empleo y no penalizar la transmisión y sucesión de la empresa familiar.
Igualmente se aprobó una actualización de los balances empresariales para
eliminar el impacto de la inflación y se aprobó también un paquete de
medidas extraordinariamente importantes para el fomento de la
internacionalización de la empresa española. En una economía globalizada
es imprescindible disponer de un marco tributario que no penalice la
realización de inversiones en el exterior, teniendo en cuenta que ésa es
la mejor manera para conseguir que las empresas españolas sean más
competitivas en los mercados internacionales, sean más competitivas por
contar con una dimensión más óptima, con una dimensión suficiente para
competir con otras empresas que operan en esos mismos mercados y, además,
dispongan de una presencia activa en los mercados de destino de sus
productos como fórmula para mejorar su posición en esos mercados.
Asimismo se aprobó también un nuevo régimen de tributación de las
plusvalías con el objetivo de impulsar el ahorro de nuestro país, un
régimen de tributación que descansa en el principio de que el paso del
tiempo no es el que debe definir la fiscalidad que el ahorro soporta en
nuestro país, sino que el ahorro debe moverse con una mayor libertad con
el objetivo de que los inversores opten por aquellos proyectos de
inversión que resulten más atractivos en cada momento desde un punto de
vista de rentabilidad económica.
En segundo lugar, como todos ustedes saben también, el pasado 5 de julio
el Consejo de Ministros decidió encomendar a la Secretaría de Estado de
Hacienda el desarrollo y ejecución de un plan bianual para la mejora del
cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude tributario y aduanero,
creando simultáneamente una comisión encargada de la coordinación y del
seguimiento de todas las medidas que debieran ponerse en marcha con esos
objetivos. Este plan se enmarca en el ámbito de un compromiso político,
compromiso asumido por el Gobierno, y es desarrollar sus actuaciones de
política tributaria en una doble vertiente, como he dicho: por una parte,
fomentar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales; y, por otra parte, incrementar el rigor en la lucha contra el
fraude incidiendo en aquellos ámbitos donde especialmente se percibe la
existencia de niveles de incumplimiento fiscal.
Creo que hay un conjunto de factores que claramente inciden en los
niveles de cumplimiento fiscal en nuestro país: el rápido crecimiento que
se produjo en los últimos años de la presión tributaria; la complejidad y
la falta de estabilidad de nuestra normativa fiscal; cierta falta de
equidad en la aplicación de las normas, en parte por esa existencia de
niveles de incumplimiento fiscal; y la inexistencia, en ocasiones, de
controles eficaces en la gestión del gasto público que constituían, de
alguna manera, las principales causas o los factores que predisponían a
la existencia de niveles de incumplimiento fiscal.
Creo que el plan bianual de lucha contra el fraude aprobado por el
Gobierno va a constituir la columna vertebral de la política tributaria
en los próximos años en lo relativo a la efectiva aplicación del sistema
tributario y concreta por primera vez, como he dicho antes, los ámbitos
específicos de actuación inmediata donde pueden detectarse bolsas de
fraude reales o potenciales; asimismo sienta los criterios operativos y
de organización necesarios para la actuación sobre cada uno de esos
ámbitos referenciados.
Como consecuencia de ese acuerdo de Consejo de Ministros se ha creado una
comisión, como he dicho al principio, y en estos momentos existen diez
grupos de trabajo que se encargan de analizar y de estudiar las medidas
que deben ser puestas en marcha como consecuencia de ese acuerdo de
Consejo de Ministros. Algunas de esas medidas figurarán recogidas en la
Ley de presupuestos, en la Ley de acompañamiento, otras serán el
resultado de modificaciones normativas en proyectos de ley y también como
consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de que dispone el
Gobierno.
Otro proyecto importante de la Secretaría de Estado de Hacienda, que el
Gobierno tiene el compromiso y la voluntad de aprobar y remitir a esta
Cámara a lo largo del próximo mes de octubre, es el proyecto de ley de
derechos y garantías del contribuyente. El Gobierno ha asumido este
compromiso porque considera imprescindible crear un nuevo marco de
relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes, un
marco basado en principios como la mayor igualdad de las partes en la
relación tributaria y en la mayor seguridad jurídica, por otra parte
imprescindible teniendo en cuenta que el marco de relaciones de que
dispone en estos momentos nuestro país es un marco preconstitucional que,
aunque haya sido modificado en algunas ocasiones desde la entrada en
vigor, desde la aprobación de la Constitución española, exige
necesariamente adecuar ese marco de relaciones a la realidad legal y
política que surge de nuestra Constitución.
Es un proyecto de ley que incorporará medidas extraordinariamente
importantes y novedosas en lo que es la definición de un nuevo marco de
relaciones entre el contribuyente y la Administración. Puedo decirles que
va a incorporar, por ejemplo, la exoneración de responsabilidad en
materia tributaria y sancionadora en supuestos como acuerdos previos
entre el contribuyente y la Administración. Se establecerá un nuevo
sistema de acuerdos previos de forma que los contribuyentes, en
determinadas circunstancias, puedan acudir a la Administración tributaria
y plantearle cuáles con las consecuencias fiscales de una determinada
operación o la realización de una determinada transacción, inversión
etcétera. La administración tributaria le contestará, le definirá las
consecuencias fiscales tasadas y concretas de esa operación y el
contribuyente, por tanto, tendrá derecho a una previa revisión, por
decirlo de alguna forma, de las consecuencias fiscales de cualquier
operación que quiera realizar en un momento determinado.
En la misma línea se reforzará el régimen de las consultas vinculantes y
se establecerán también sistemas de comunicación o contestación a
consultas que puedan hacer los ciudadanos y que serán expedidas por
escrito por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Serán
comunicaciones informativas pero en la medida que el contribuyente adecue
su conducta al contenido de la consulta y al resultado de la comunicación
por escrito de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria, se
le exonerará de responsabilidad sancionadora.
En la misma línea se establecerá la equiparación entre el interés que
debe satisfacer el contribuyente a la Administración cuando se demora en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el interés que la
Administración tributaria debe satisfacer cuando es ella la que se demora
en el cumplimiento de la devolución, por ejemplo, de pagos anticipados de
una deuda tributaria que el contribuyente tiene derecho a recuperar.
Serán aproximadamente 40 artículos, con todo un catálogo de derechos en
cada uno de los procedimientos tributarios, como el derecho a la
información y asistencia, derecho específico sin procedimiento de
inspección y recaudación, derechos en el marco del proceso sancionador,
derechos en materia de recursos y reclamaciones
económico-administrativas, donde el Gobierno está estudiando la
posibilidad de simplificar de forma importante el régimen de recursos en
la vía económico-administrativa y atribuir al recurso de alzada ante el
Tribunal Económico Administrativo central el carácter de potestativo, de
forma que el contribuyente no tenga obligación de seguir todos los pasos
en la vía económico-administrativa a que viene obligado en estos momentos
y pueda acceder con mayor celeridad a la tutela judicial efectiva, a
través de un recurso en la vía contencioso-administrativa.
Al mismo tiempo, se va a crear un consejo para la defensa del
contribuyente, consejo que estará enmarcado dentro del ámbito de la
Secretaría de Estado de Hacienda, y contará con 18 vocales. Tendrá un
Presidente. Serán vocales, asesores y presidente, cargos no retribuidos,
con funciones consultivas, pero con la obligación de emitir informes y
recomendaciones sobre cuáles son las principales deficiencias que pueden
percibirse en el desarrollo normal de las relaciones entre el
contribuyente y la Administración tributaria. El objetivo de este consejo
para la defensa del contribuyente es crear un nuevo cauce de relación
entre la Administración tributaria y el contribuyente, de forma que éste
pueda exponer cualquier queja, cualquier sugerencia, cualquier
reclamación que tenga por conveniente, como consecuencia no sólo del
funcionamiento anormal de un servicio o de una actividad de la
Administración tributaria, sino también como consecuencia del propio
funcionamiento normal, cuando de la aplicación de la norma pueda percibir
que se le produce una lesión o que la norma no es equitativa en la
aplicación al caso concreto que afecta a este propio contribuyente.
Está previsto el proyecto de real decreto donde se crea este consejo, que
afectará, desde luego, a todos los ámbitos de la Administración
tributaria no sólo por tanto a los de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria sino también a otros, como pueda ser el
catastro o los propios tribunales económico-administrativos, y será un
proyecto en el que se prevé que no exista incremento de gasto.
La Secretaría de Estado de Hacienda, como todos ustedes saben, está
trabajando en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997, y se han incorporado medidas en el texto de la Ley de
acompañamiento. No voy a hacer referencia a las cuestiones relacionadas
con estos proyectos, porque, previsiblemente, van a ser objeto de
posteriores comparecencias, pero sí quiero manifestarles que es voluntad
del Gobierno remitir, de forma paralela a estos proyectos, un proyecto de
ley de reforma del sistema de financiación autonómica y de adaptación del
sistema tributario común, con el objeto de cumplir con las
recomendaciones alcanzadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
el pasado lunes, día 23 de septiembre, en el que, como todos ustedes
saben, se establece un nuevo modelo de financiación autonómica basado en
los principios de corresponsabilidad y solidaridad. Es voluntad del
Gobierno, por tanto, remitir en breve a esta Cámara un proyecto de ley en
el que se dará cumplida cuenta a esas recomendaciones alcanzadas por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera.
También se encuentra dentro de las previsiones de la Secretaría de Estado
de Hacienda la ultimación de los reales decretos de infracciones,
sanciones y fraude de ley; el real decreto de desarrollo de las
previsiones contenidas en el artículo 107 de la Ley General Tributaria;
el proyecto de reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que es voluntad
del Gobierno esté aprobado antes del 31 de diciembre de este mismo
ejercicio, con el objetivo de que pueda ser aplicado a la liquidación del
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio de 1996 y que,
como todos ustedes saben, se presentará en el ejercicio de 1997, así como
otros proyectos que figuran detallados en el informe que les ha sido
remitido por el Gobierno.
Debo decir también que el Gobierno quiere poner en marcha un paquete de
medidas en materia de lucha contra el contrabando de tabaco. Todos
ustedes saben que el Decreto-ley 12/1996 establece un conjunto de medidas
de elevación de la fiscalidad que soportan el tabaco y los alcoholes. La
fiscalidad que soportan el tabaco y los alcoholes en todos los países de
la Unión Europea, incluido España, es una fiscalidad elevada comparada
con la que soportan otros productos de consumo, pero es una fiscalidad
elevada justificada por el hecho de que el consumo de estos productos
ocasiona unos costes sociales. Como SS. SS. conocen, el IVA representa
cerca del 15 por ciento en el precio de venta de los cigarrillos; el
impuesto sobre labores de tabaco representa, aproximadamente, el 60 por
ciento del precio de venta y los impuestos de aduana representan
alrededor del 76 por ciento del precio de la importación. En España, la
fiscalidad del tabaco después de las subidas, todavía se encuentra por
debajo de la media de la Unión Europea y muy por debajo en el caso del
tipo fijo que se aplica a las labores de tabaco. Sin embargo, el hecho de
que estos productos soporten una elevada fiscalidad comparados con otros
productos de consumo exige una atención constante y continuada al
contrabando de tabaco. Por ello, siguiendo el mandato del Gobierno, la
agencia, a través del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y
del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha elaborado un plan de actuación de
lucha contra el contrabando de tabaco que, en síntesis, consta de las
siguientes medidas:
En el plano internacional, un incremento de la coordinación entre el
departamento de Adunas e Impuestos Especiales y la Unidad de Coordinación
de la Lucha antifraude de la Unión Europea; la realización de acuerdos de
control conjunto con las administraciones de Francia y
Portugal, al amparo de la normativa de la Unión Aduanera, para
posibilitar la realización de controles conjuntos; la coordinación en la
lucha contra el fraude con los países del Mediterráneo y del Norte de
Africa en el seno de las reuniones internacionales Marinfo Sud; e
impulsar en el seno de la Comisión de la Unión Europea la modificación de
algunas disposiciones para facilitar el control del régimen de tránsito.
En el plano nacional, se está ultimando el proyecto de reglamento de
desarrollo de la Ley de Contrabando, que establecerá procedimientos
simplificados y ágiles en el plano sancionador, sin perjuicio de las
debidas garantías que deben tener los contribuyentes o sujetos a los que
puede afectar esta normativa.
Se va a implantar desde el Gobierno una mayor coordinación con todas las
administraciones públicas que pueden verse involucradas en la lucha
contra el contrabando, con el objetivo de lograr un mayor esfuerzo común,
una mayor coordinación y, por tanto, que participen en la lucha contra el
contrabando no solamente policías estatales sino también las autonómicas
y locales y cualquier entidad que pueda ser afectada de forma directa por
la realización de actividades de contrabando.
En el informe que se les ha remitido, figuran otra serie de medidas:
operaciones específicas de control; medidas en el ámbito de la gestión
aduanera y reconocimiento de mercancías, en el ámbito de la investigación
aduanera y tributaria y, por tanto, me remito a la información que se les
ha suministrado, sin perjuicio de que las señoras y señores Diputados de
esta Comisión que deseen tener información adicional, desde luego, les
será remitida por el Gobierno.
Con relación a las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en las áreas de inspección, de gestión y de recaudación,
quiero poner de manifiesto una serie de extremos que, en mi opinión,
resultan importantes. Las cifras estadísticas en materia de actas de
inspección evidencian cierta paralización o desincentivación de la
actividad inspectora durante el primer semestre, probablemente como
consecuencia de las vicisitudes que durante esos meses puede haber
padecido la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el resto de la
Administración pública. Lo cierto es que, tanto en el número de actas
levantadas como en el número de contribuyentes inspeccionados y en el de
deuda descubierta, se presenta un cierto diferencial negativo que
preocupa a la Secretaría de Estado de Hacienda, aunque pueda encontrarse
justificado a consecuencia de algunos factores estructurales, como la
nueva normativa en materia sancionadora, que se ha traducido en un
importante descenso del importe de las sanciones: el 56 por ciento,
aproximadamente, en relación con el mismo período de 1995. La realidad es
que, en los últimos meses, el levantamiento o la parte de cuota
tributaria ha experimentado un crecimiento importante con relación al
mismo período de 1995 y, por tanto, las previsiones de la agencia son que
el resultado, en materia de actas de inspección, al finalizar el
ejercicio 1996, será significativo y mejorará claramente la evolución y
el comportamiento durante el primer semestre.
En lo que se refiere al resultado de la campaña del Impuesto sobre la
Renta de las personas físicas correspondiente a 1995, según datos
cerrados en la segunda quincena de este mes de septiembre, quiero
informarles que se presentaron un total de 13.935.331 declaraciones, de
las que fueron positivas 4.097.558; a devolver, 9.697.773 y negativas o
con renuncia, un total de 140.000. En cifras las declaraciones positivas
presentan un saldo de 693.701 millones, que se instrumentan en dos
plazos, un primer plazo de 455.250 millones y un segundo plazo de 238.451
millones de pesetas. El importe de las devoluciones a gestionar con
relación a la campaña del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
de 1995, asciende a 892.264 millones.
Quiero informarles que, en cumplimiento de lo previsto y especificado por
el Gobierno en el acuerdo de puesta en marcha de un plan bianual de lucha
contra el fraude, se está haciendo un esfuerzo en materia de devoluciones
y, por tanto, se ha producido un importante incremento, tanto en importe,
a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre, como en número de
devoluciones. El número de devoluciones se ha incrementado el 35,3 por
ciento a nivel acumulado, y en importe el 40 por ciento.
Con relación al área de recaudación, quiero destacar algunas novedades y
previsiones que se están estudiando y pueden ponerse en marcha de forma
inmediata.
En primer lugar, se están estudiando medidas para facilitar el pago de
los contribuyentes y, entre éstas, se encuentra la posibilidad de emplear
medios de pago de utilización general para abonar las deudas en las cajas
situadas en las administraciones y delegaciones de la agencia. Como todos
ustedes saben, me refiero a la posibilidad de pagar cualquier liquidación
de carácter tributario, a través de una simple tarjeta de crédito, Visa o
cualquiera de las modalidades, que todos ustedes conocen, que se
encuentran en el mercado; poder pagar las declaraciones fiscales
utilizando una simple tarjeta de crédito y la posibilidad también de
utilizar los cajeros electrónicos de las entidades de crédito, para hacer
directamente las transferencias desde ese propio cajero electrónico a las
cuentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Se va a analizar una modificación reglamentaria para permitir que se
domicilien los pagos de deudas fraccionadas. Como todos ustedes saben, en
estos momentos, si un contribuyente presenta una solicitud de
aplazamiento y fraccionamiento de pago, no tiene posibilidad de exigir o
de instrumentar una domiciliación bancaria de las deudas correspondientes
a ese fraccionamiento y aplazamiento. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria está impulsando una modificación reglamentaria,
que aprobará el Gobierno, para establecer esa posibilidad. También la
posibilidad de utilizar una plataforma de recordatorio telefónico, al
igual que se hace en estos momentos desde múltiples empresas privadas,
para que los contribuyentes estén informados, cuando lo soliciten y así
se lo comuniquen a la Administración, de cuál es la realidad en el tiempo
de sus débitos tributarios, en qué fase se encuentran, cuáles están
pendientes de pago y cuál es la situación procedimental.
En materia de tribunales económico-administrativos, como les he informado
antes, existe interés del Gobierno
para impulsar algunas modificaciones de la normativa que regula los
tribunales económico-administrativos, con el objetivo de flexibilizar la
utilización y el funcionamiento de la vía económico-administrativa,
introducir una mayor celeridad en el procedimiento
económico-administrativo y permitir que, con mayor antelación, el
contribuyente pueda acceder a tutela judicial efectiva, a través de la
vía jurisdiccional.
Creo que éstas son algunas de las principales medidas que el Gobierno,
desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Hacienda, está
estudiando y está impulsando. Quiero decir que, en cualquier
comparecencia cuatrimestral en la que pueda comparecer en el futuro,
estaré encantado de suministrarles cualquier otra información, o
estructurar la información correspondiente a la Secretaría de Estado de
Hacienda de la forma que consideren conveniente las señoras y señores
Diputados.
Finalizo mi intervención volviendo a agradecerles la oportunidad que me
han brindado para comparecer hoy aquí ante todos ustedes y exponerles
cuáles son los principales proyectos de mi Secretaría de Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Costa, sea bienvenido a esta Comisión,
como es ya norma de cortesía y, además, sincera, a todos los nuevos
comparecientes, Secretario de Estado, en este caso, de Hacienda, al que
tendremos el gusto y la satisfacción de escuchar, espero, en muchas
ocasiones, para explicarnos cómo van los ingresos públicos y las
modificaciones que tienen ustedes planteadas en materia fiscal.
Nos ha contado en su intervención, señor Costa, algunas normas que han
entrado en vigor, las modificaciones que han introducido en el sistema
tributario, las que pretenden introducir en el futuro y básicamente el
resultado global de la campaña de renta.
Déjeme en mi intervención, que será necesariamente breve, siguiendo los
consejos que enfáticamente me da el Presidente de esta Comisión, sea más
bien en tono de preguntas que en tono de polémica.
No quiero entrar en las medidas de junio. Las hemos debatido hasta la
saciedad en esta Comisión, en el Pleno y las vamos a seguir debatiendo.
Naturalmente no puedo sino señalar que frente a la caracterización que
usted ha hecho, como medidas de impulso de la actividad económica y de la
creación de empleo, poco tienen que ver con la creación de empleo ni con
el impulso de la actividad económica, sí con la desfiscalización y con
algunos efectos que vamos a pagar en términos de déficit este año y en
los años próximos.
Se refería usted, por ejemplo, a esa medida espectacular de reducción de
los módulos del 15 por ciento que, por tomar una estimación que no es mía
y que he repetido varias veces en esta Comisión, El Banco de España
significaba que iba a implicar 10.000 millones menos de pesetas de
recaudación en el año 1996, solamente ésta, con independencia de los
efectos que, sin duda alguna, tendrán otras medidas como las de
actualización de balances, la de internacionalización o la de tributación
de las plusvalías. Pero, en fin, todo es conocido, tanto su posición,
como la posición del Grupo Parlamentario Socialista, y esperemos que el
Tribunal Constitucional sustancie el debate en términos, incluso, de
constitucionalidad, no en términos políticos, porque el debate ya lo
hemos hecho en términos políticos.
Quiero volver a decir que las preferencias que una u otra fuerza
política, un Gobierno, como el Gobierno del Partido Popular, frente al
Partido Socialista, pueda tener en materia tributaria pueden ser
perfectamente legítimas y naturalmente nada hay más razonable que poder
tener distintas posiciones en materia fiscal, entre un partido de corte
conservador, como puede ser el Partido Popular con todos mis respetos, y
un partido como el Partido Socialista. Cosa distinta es que en nuestra
opinión, y esto es algo que el Tribunal Constitucional tendrá que
sustanciar, ustedes han tomado medidas que no solamente tienen efecto
sobre la recaudación, sobre el déficit y sobre la equidad tributaria,
sino que, al mismo tiempo, las han tomado por mecanismos que son
inadecuados para adoptar esas medidas, decreto-leyes, y, en segundo
lugar, afectando a los principios establecidos en el artículo 31.1 de la
Constitución en términos de lo que tiene que ser un sistema justo, tal y
como lo define la Constitución, en términos de progresividad, etcétera.
Por tanto, en esa dirección espero que este debate lo hagamos en el
futuro y podamos tener también una clarificación. Pero no es de esto de
lo que quiero hablar, simplemente quería dejar constancia, una vez más,
de nuestras posiciones.
Quiero señalarle, señor Costa, que las medidas de lucha contra el fraude
que ustedes adoptaron, sin duda alguna, vienen bien, ya que ustedes han
desfiscalizado, en parte, la fiscalidad existente y van a producir algún
agujero, lo lógico es que, al menos, combatan el fraude y, ojalá que
tengan éxito. Esta es una batalla de todos. Ojalá tengan éxito.
Le he escuchado y he tomado nota, si no lo he hecho con total exactitud
corríjame, por favor, que la lucha contra el fraude va a ser la columna
vertebral de la política del Gobierno en materia tributaria. ¡Ojalá!
Ojalá, no se dediquen ustedes a hacer cambios sin pensarlos o
irreflexivos en materia tributaria y dediquen toda su energía y toda su
atención a la lucha contra el fraude. Espero que nos pueda dar datos en
próximas comparecencias de los resultados que van obteniendo en la lucha
contra el fraude que, por cierto, tal y como la han explicado, incluso
con algún aparato propagandístico, es básicamente la continuidad de los
resultados de las decisiones de gobiernos anteriores y de las comisiones
que se crearon para luchar contra el fraude y establecer los mecanismos y
las acciones conducentes a ser efectivos y eficaces en esa materia.
Hay otra serie de proyectos que nos ha anunciado, proyectos de derechos y
garantías del contribuyente, buena parte también continuidad de proyectos
o de iniciativas que estaban tomadas, o algunos otros que tienen que ver
con desarrollo de infracciones y sanciones, o medidas en materia de
contrabando. Por cierto, en materia de contrabando,
sin duda alguna el contrabando en este país es más rentable hoy que antes
de que adoptaran ustedes las medidas fiscales del pasados mes de julio.
No quiero entrar de nuevo en la polémica alrededor de esa cuestión, pero
es evidente, y, si todavía no es mucho más rentable, se debe a una
posición que no podrá durar indefinidamente, y es que la subida de la
fiscalidad todavía no ha tenido toda la repercusión que acabará por tener
en materia de precios en la medida que haya acuerdos entre las empresas
internacionales y Tabacalera española, pero ciertamente tendrá efectos en
elevación de precios, salvo que condenemos indefinidamente a Tabacalera
española a tener unos márgenes absolutamente cercanos a cero. En
consecuencia, éste es un problema que significará más incentivación al
contrabando, por lo que ustedes deben hacer un plan efectivo de lucha
contra el contrabando en un país en el que es obvio que tenemos algunos
problemas incluso comparativos de contrabando en relación con los países
vecinos.
Por tanto, me parece que cuando se adoptan medidas como las que han
adoptado ustedes que son el resultado, por otro lado, de medidas como las
que adoptaron el mes de junio de desfiscalización, aun cuando ciertamente
suponga una contradicción con el programa electoral del Partido Popular,
me parece que de ahí se sigue que tengan ustedes que adoptar nuevas
medidas de lucha contra el contrabando, en las cuales, si son efectivas,
saben que van a tener nuestro apoyo.
Pero quería preguntarle unas cuantas cosas, señor Costa, como antes le he
anunciado. Una, que me preocupa muy mucho y que tiene que ver con los
resultados, entre otros, de la campaña de renta y con la evolución de la
recaudación de los últimos meses, es ¿cuánto tiene que ver en la
evolución, no especialmente esplendorosa de estos últimos meses, en
materia de ingresos tributarios, la actitud que usted mismo y algunos
representantes, algunos miembros del Gobierno han expresado sobre el
sistema fiscal? Cuando se expresa que el sistema fiscal es
preconstitucional o incluso anticonstitucional, según alguna expresión
probablemente apócrifa, que yo leí hace meses atribuida a usted, o cuando
se dice que se están gravando excesivamente determinadas rentas en
relación con otras rentas, ¿cuánto se está incentivando a que los
ciudadanos no especialmente bien afortunados o afortunados tributen menos
o eludan sus pagos y obligaciones con Hacienda?
Cuando, en plena campaña de rentas, señor Costa, se hacen apelaciones a
la necesidad de alterar el sistema fiscal existente para rebajar la
tributación y se dice que es injusto por el fraude existente, ¿cuánto de
justificación desde el poder público se está dando precisamente a quienes
esos días están haciendo el laborioso y doloroso proceso de poner en un
papel aquello que son sus ingresos y, por tanto, el resultado que son sus
obligaciones con Hacienda? ¿Cuánto de este tipo de actitudes ha sido
quizás el fruto de una falta de reflexión en relación con los efectos que
habría de tener de desincentivación de las declaraciones y de incitación
al fraude fiscal?
Segundo. Hace unos días tuvimos la sorpresa de enterarnos que el
Secretario de Estado de Economía no nos había explicado lo que ya sabía
cuando vino aquí, y es que el déficit público, el déficit de caja
acumulado hasta el mes de agosto, en relación con el año anterior,
solamente se había reducido el 9 por ciento, cosa de que nos enteramos
por el Gobernador del Banco de España y no por el Secretario de Estado de
Economía y que motivó que ese mismo día, por la noche, desde el Gobierno
se confirmara que ése era el dato efectivo de la reducción del déficit
público en el mes de agosto, cuando la semana anterior solamente nos
habían dado los datos hasta julio, que implicaban una reducción del
déficit público del 18 por ciento.
Señor Costa, espero que nos confirme usted estos datos y, sobre todo, que
nos explique por qué de un resultado acumulado de reducción del déficit
del 18 por ciento, en julio, se pasa a un resultado acumulado de
reducción del déficit del 9 por ciento, que es exactamente la mitad de la
previsión de reducción del déficit en término de previsiones para el
conjunto del año, qué explica esto, qué razones hay en materia de
ingresos o de gastos y si cree usted, señor Costa, que esta tendencia
continuará, porque si continúa implicaría una menor corrección del
déficit público previsto y de los objetivos que nos habíamos trazado.
En tercer lugar, señor Costa, me gustaría que nos dijera qué previsión
tiene su departamento, la Secretaría de Estado, el Ministerio, en
relación con el coste financiero que ha de tener el nuevo régimen de
fiscalidad en materia de plusvalías. Como usted sabe, en este momento se
está produciendo un desplazamiento extraordinario, como consecuencia de
la nueva fiscalidad, entre otras figuras o entre otras fórmulas de
ahorro, de los depósitos hacia fondos de inversión. Esto es materia de
preocupación, por ejemplo, para las instituciones financieras; tiene
efectos sobre la evolución de las instituciones financieras, pero tiene
también efectos en términos de ingresos fiscales. Al mismo tiempo, se
viene produciendo la creación de nuevas figuras, que vulgarmente se
llaman de ingeniería financiera, para convertir productos que
anteriormente tenían rendimientos explícitos en productos con
rendimientos implícitos, que naturalmente podrían beneficiarse de una
tributación diferente en este sentido, menor de la que existe para las
rentas del capital en el marco del Impuesto de la Renta de las personas
físicas. Pues bien, ¿cuál es la previsión que tiene su departamento de
crecimiento de estos fenómenos y, por tanto, de pérdida de recaudación?
Es evidente que la pérdida de recaudación no se va a producir solamente
por el volumen de declaraciones actuales de plusvalías o de rentas
irregulares, sino por el efecto de desplazamiento hacia nuevos productos
financieros y nuevas colocaciones que la nueva fiscalidad ha de producir.
Si no entiendo mal, usted ha anunciado que a esas medidas tendrán que
seguir otras que extiendan el mismo régimen de tributación a todo el
conjunto de las rentas del capital. Si eso sigue siendo intención de su
departamento y, en consecuencia, del Gobierno, habrá que plantearse cuál
puede ser el efecto en términos de recaudación que eso habrá de tener
cuando evidentemente no estamos contemplando el fin del mundo en el año
1996, ni en 1997, sino en los años próximos y cuando el déficit público
tendrá que ser mantenido por debajo del 3 por ciento en los años
siguientes.
En cuarto lugar, el Gobierno, por boca del Vicepresidente y Ministro de
Economía, señor Rato, expresó también con todo lujo de detalles la
aprobación de un proyecto de reforma de la Ley General Presupuestaria.
¿cuándo entrará ese proyecto en la Cámara, señor Costa? Si tengo
entendido, se aprobó hace uno o dos consejos de ministros y, que yo sepa,
no ha entrado todavía en la Cámara. ¿Tienen intención de que eso forme
parte de las normas que integren la llamada Ley de acompañamiento, la Ley
de presupuestos, o será un proyecto de ley independiente? Hemos tenido el
anuncio, pero no hemos visto el texto y no sabemos cuándo lo veremos.
¿Acaso es que se aprobó sólo nominalmente y todavía no está el texto
hecho?
En quinto lugar y por último, en esta primera intervención, señor Costa,
¿nos dirá usted cuánto cuesta el nuevo sistema de financiación
autonómica?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradecer la comparecencia
del Secretario de Estado de Hacienda, señor Costa.
Respecto a la intervención que va a plantear el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), quisiera manifestar, respecto a las
medidas de carácter urgente remitidas a través del Real Decreto-ley sobre
fomento y la liberalización de la economía productiva, que nuestro grupo
ya ha valorado positivamente dichas medidas cuando fueron remitidas al
Parlamento. También valoramos positivamente las mismas en cuanto
creíamos, y creemos, que básicamente van orientadas a la creación de un
marco estable para la canalización del ahorro y la inversión y,
consecuentemente, para la generación de empleo.
Asimismo, manifestamos que éste era un primer paso importante, orientado
a la modernización del sistema fiscal español y que, en muchos caso,
estaba equiparado o iba en camino de la equiparación y la homologación
con diferentes sistemas fiscales que hoy son realidad en los diferentes
países de la Unión Europea.
Respecto a algunas puntualizaciones incorporadas en su momento en dicho
real decreto, valoramos muy positivamente la rebaja de la fiscalidad para
todas aquellas pequeñas y medianas empresas que estaban establecidas
dentro de los signos de tributación por módulos e índices; pensamos
sinceramente que esta rebaja del 15 por ciento sobre los rendimientos
empresariales de dichas actividades es un primer paso importante, pero, a
continuación, hemos de manifestar que en el momento procesal oportuno
conviene profundizar en dichas medidas. En definitiva, no se trata de
decir si con esta rebaja del 15 por ciento el Estado va a recaudar más o
menos dinero (en este caso, a través de la intervención del Diputado
socialista que me ha precedido en el uso de la palabra, se manifiesta que
el Banco de España ha constatado que tal vez haya menos recaudación por
los índices y módulos de dicha tributación) sino que lo importante, desde
nuestra perspectiva, es que si clarificamos el sistema fiscal de las
pequeñas y medianas empresas, que son un embrión muy importante para la
generación de empleo, posiblemente notaremos la mejora fiscal por el
incremento de contratación que puedan llevar a cabo dichas pequeñas y
medianas empresas y, seguramente, si mejoramos la fiscalidad en este
sector tan importante, emergerá mucha economía sumergida, con lo cual
también estaremos luchando contra el fraude.
Respecto a la mejora del tratamiento fiscal en las plusvalías, que
nosotros, repito, valoramos positivamente, es verdad que hay una
importante bolsa de ahorro de los contribuyentes españoles que van
pasando los depósitos en cuentas corrientes o en otros tipos de inversión
hacia un producto financiero que ya estaba perfectamente afianzado en
nuestro mercado, los fondos de inversión. Se está produciendo un trasvase
importante de ahorro de diferentes productos financieros a los fondos de
inversión y pienso sinceramente, señor Secretario de Estado, que valdría
la pena que, desde el Gobierno, pusieran imaginación para intentar
resolver un problema que hoy está pendiente en la financiación de las
pequeñas y medias empresas españolas.
Hemos mejorado realmente la fiscalidad; hemos mejorado realmente la
posibilidad de la contratación de empleo, pero nuestras pequeñas y
medianas empresas siguen sin un tratamiento fiscal desde el punto de
vista financiero. La financiación de dicho importante conglomerado
empresarial español no está resuelta y creemos que, a través de la
imaginación y de trabajar en el mejor tratamiento fiscal de los fondos de
inversión, se puede posibilitar un mecanismo que facilite el acceso a la
financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas.
Respecto al mejor tratamiento fiscal en el Impuesto de Sucesiones para
las empresas de tipo familiar, creemos que es un paso realmente
importante y en el momento procesal oportuno o cuando lo permitan
nuestros objetivos respecto al déficit público, las cifras
macroeconómicas importantes, pensamos que hay que dar un paso valiente y
decidido en cuanto al Impuesto de donaciones, para que las empresas
familiares puedan planificar perfectamente su sucesión a través de ese
impuesto. Lo dejamos encima de la mesa porque pensamos que es un tema que
habrá que abordar en el momento procesal oportuno.
También vamos a esperar con expectación el proyecto de ley que en su
intervención ha manifestado que iba a remitir al Congreso de los
Diputados, respecto a los derechos y garantías de los contribuyentes.
Creemos que ya se dio un paso importante cuando en la anterior
legislatura el Gobierno socialista impulsó en la Cámara la reforma
parcial de la Ley General Tributaria. En dicha ley se mejoró
ostensiblemente la seguridad jurídica del contribuyente y pensamos que
este proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente es una
buena idea y puede llevar a mejorar el marco jurídico correspondiente a
la seguridad y a las relaciones entre los contribuyentes y la
Administración del Estado.
Respecto al proyecto de ley de presupuestos para el año 1997, nos ha
indicado en su intervención que iban a remitir al Parlamento español un
nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. La posición
de Convergència
i Unió respecto a ese modelo es valorarlo positivamente. Se corresponde a
unos pactos de gobierno entre nuestro Grupo Parlamentario y el Gobierno
del Partido Popular y, aunque esperamos hasta verlo, pensamos que va a
ser una copia fiel de lo aprobado en el último Consejo de Política Fiscal
y Financiera.
En cuanto a la lucha contra el fraude y el plan bianual que ha presentado
el Gobierno, lógicamente, vamos a apoyar esta iniciativa, pues estamos
totalmente de acuerdo en que hay que intentar luchar contra el fraude.
Los expertos fiscales, los expertos económicos dicen que el fraude fiscal
en España podría cuantificarse entre el cuatro y cinco por ciento del
producto interior bruto y si elimináramos el fraude fiscal en nuestro
país es posible que no tuviéramos la problemática de un déficit público
importante para poder acceder a los países de primera categoría en la
Unión Europea. Creemos sinceramente que contra el fraude fiscal también
se lucha intentando modernizar el sistema fiscal, que un paso importante
en la lucha contra el fraude fiscal y para la eliminación de la corriente
del dinero negro quizá ha supuesto el mejor tratamiento de las plusvalías
en el índice del 20 por ciento. Este tipo de medidas pueden ayudar
consecuentemente a la lucha contra el fraude fiscal.
Para finalizar mi intervención, señalaré que nuestro grupo parlamentario
está plenamente convencido de que la participación de las comunidades
autónomas en este modelo de financiación, en cuanto al esfuerzo fiscal y
la participación de la Agencia tributaria del Estado, también va a
posibilitar un esfuerzo consecuente de dichas comunidades autónomas para
poder conseguir el objetivo final de luchar contra el fraude fiscal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor Zabalía, ¿es Lezámiz o Lezamiz, señor Zabalía?
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Lezámiz, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía Lezámiz.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Después de esta precisión quiero, por supuesto,
agradecer, en nombre de mi grupo parlamentario, la comparecencia del
señor Costa, y porque es su primera intervención, desearle mucho éxito en
su labor, que creo lo va a tener. Conozco de su talante y de su capacidad
y estoy seguro de que va a desempeñar perfectamente la labor que se le ha
encomendado, espero que con la ayuda de nuestro grupo.
Me va a permitir, señor Costa, que sea un poco crítico en ésta su primera
intervención, más que nada porque me ha producido cierta frustración en
cuanto a la expectativa de la comparecencia y el contenido del documento
que nos ha presentado.
Desde luego me hubiera gustado conocer cuál va a ser la política
tributaria del Gobierno en esta legislatura, en ésta su primera
comparecencia. Me hubiera gustado que nos hablase no tanto de las medidas
que el Gobierno ha desarrollado hasta ahora, aunque tengo que reconocer
que indudablemente se ha solicitado su comparecencia para hablar sobre
los proyectos del departamento y los aspectos relacionados con su
Secretaría de Estado. Sin embargo, creo que la primera comparecencia
debería haberse centrado en cuál va a ser la política tributaria del
Gobierno; si se va a abordar en los próximos años una reforma global del
sistema tributario; en qué principios se va a basar esta reforma, en caso
de que se aborde; cuál es la orientación del sistema tributario y cuáles
sus objetivos. En este sentido, quisiera conocer su consideración sobre
el nivel actual de la presión fiscal global ¿es poco o es mucho? También
quisiera saber si está de acuerdo con el peso relativo actual de la
recaudación tributaria que soportan los impuestos indirectos y los
directos.
También me gustaría que el Secretario de Estado de Hacienda nos diga si
se va a abordar la reforma global del impuesto sobre la renta con el
objetivo de disminuir o no su peso recaudatorio y, en tal sentido, qué
opina sobre la reducción y simplificación de la tarifa del impuesto sobre
el ajuste de los tipos de retención, dadas las masivas declaraciones
negativas, como se desprende del informe que nos ha enviado. En la
campaña de renta de 1995, hay casi diez millones de declaraciones a
devolver y cerca de 900.000 millones de pesetas. ¿Se va a contemplar el
ajuste de los tipos de retención?
También me hubiera gustado saber, respecto a esa reforma sobre la renta
que podría tener prevista el Gobierno, qué piensa sobre la fiscalidad del
ahorro o el tratamiento a la familia. Son aspectos que tendríamos que
conocer en una primera intervención para hacernos una idea de cuál va a
ser la política tributaria del Gobierno sobre todas estas figuras.
Tampoco ha dicho nada del Impuesto sobre Sociedades, solamente ha
adelantado la elaboración de un exhaustivo y meticuloso desarrollo
reglamentario, por cierto, anunciando que va a ser técnicamente complejo.
Esto puede crear un cierto desasosiego entre todos los que tienen que
hacer las declaraciones y los asesores. Nos da la sensación de que el
Gobierno está totalmente de acuerdo con el texto legislativo aprobado en
la legislatura anterior, con alguna modificación que se ha establecido,
como ha sido la actualización de balances y el tratamiento de la doble
imposición. En definitiva, parece ser que el Impuesto sobre Sociedades va
a quedar ahí de esta forma, ya fijo.
No puedo sino manifestar el rechazo de nuestro grupo parlamentario a la
reciente decisión del Gobierno de presentar un recurso contra las normas
forales vascas. No voy a entrar en este debate porque no es el momento
oportuno, pero creo que ésta es una vía que, más que nada, indica una
cierta impotencia de los gobiernos del Estado, porque no es sólo el suyo,
para establecer medidas, que en el fondo considera que deben de hacerse,
pero que no pueden realizarlas por los motivos que ellos consideren. En
este aspecto, nuestra condena y rechazo a este nuevo recurso presentado
por el Estado, pero, como digo, habrá otros foros donde podamos
debatirlo.
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, tampoco dice nada. ¿Se va a
reformar o no el Impuesto sobre el Valor
Añadido para conseguir una simplificación del mismo dentro del contexto
comunitario? Es necesario el acercamiento del tipo general del impuesto
vigente al del resto de los países comunitarios. ¿No cree que habría que
revisar el capítulo de exenciones, los regímenes especiales, la
tributación de las prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el
Valor Añadido? ¿No es partidario de un tratamiento específico para las
cuotas repercutidas en los supuestos de falta de pago? Usted sabe que
éste es un problema que está suficientemente comentado y debatido,
previsto en el proyecto de ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que
era contemplar el tratamiento específico para las cuotas repercutidas en
los supuestos de falta de pago por parte de los clientes. Creí entender
en su día que estaban de acuerdo con este tema. ¿Qué nos podría decir
sobre esto?
Sobre la tributación local, ¿cómo pretenden abordar la financiación de
las entidades locales? ¿Es adecuado el sistema impositivo actual, el
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades
Económicas? Me habría gustado que nos hubiera hablado usted de todo esto
en la comparecencia de hoy. Esta es la perspectiva que tenía mi grupo
parlamentario al anunciar el Gobierno su voluntad de comparecer. De esto
es de lo que a mí me hubiera gustado hablar hoy. Es un tema muy amplio,
pero me gustaría que, en su contestación, el Secretario de Estado nos
dijera algo.
Por lo que respecta al contenido del documento que se nos ha presentado,
también siento decir que es muy simple, que está deslavazado, que no
profundiza en los aspectos importantes que debe de contener un programa
de política tributaria. Desde luego, y en esto recojo su ofrecimiento, no
encuentro que este informe pueda representar un modelo de información
para futuras comparecencias. Desde mi grupo parlamentario, si a usted le
parece, le podremos indicar cuál debiera ser, en cierto modo, la
estructura o el contenido de este informe, pero repito que no es
precisamente éste el modelo adecuado.
Me cuesta valorar el contenido, porque no profundiza demasiado en las
materias. Desde luego, detalla la nueva forma, estructura y competencias
de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre su organización, con la que
podemos estar de acuerdo, pero no detalla los objetivos ni las líneas de
actuación del departamento y de los órganos que lo integran. Tampoco se
dice nada de la coordinación con las otras secretarías de Estado,
principalmente con la de Presupuestos, que es la otra cara de la moneda
en cuanto a la política fiscal y que se refiere al gasto, ni tampoco nos
ha hablado de la coordinación con el departamento de comercio, turismo y
pequeñas y medianas empresas, precisamente en el aspecto de la fiscalidad
que se está estudiando en este departamento para las pequeñas y medianas
empresas. Relata las iniciativas normativas acometidas por el Gobierno en
los primeros meses, a las cuales nosotros dimos apoyo en general. Creemos
que son importantes, las debatimos y también criticamos algunos aspectos
que parecía que no estaban bien, pero en el fondo hicimos una valoración
global positiva de esas medidas acometidas por el Gobierno.
Me parece un poco exagerado que digan que este paquete de medidas ya ha
comenzado a surtir los efectos correspondientes, tanto directos como
indirectos. Creo que es muy pronto para que eso pueda ocurrir. Decir que
la mejora del empleo, el ahorro o el crecimiento económico proceden
fundamentalmente de esto, es un poco exagerado. Usted sabe que la
consecuencia de las medidas fiscales no es inmediata sino a medio y largo
plazo, y eso es reconocido así. Tenemos que ser un poco más rigurosos en
el análisis de las consecuencias que puedan tener unas medidas tomadas
hace dos días. En ese aspecto, fuimos críticos concretamente sobre las
consecuencias del empleo. No creemos que las medidas concretas adoptadas
pudieran tener efectividad en el empleo. Este fue un debate que ya
hicimos y ahí está.
Se extiende algo más sobre la mejora del cumplimiento fiscal y de la
lucha contra el fraude. También me parece un poco excesivo considerarlo
como la columna vertebral de la política tributaria del Gobierno para los
próximos años, aunque estoy totalmente de acuerdo en que es uno de los
objetivos prioritarios que tiene que tener el Gobierno. En este aspecto,
nos hubiese gustado conocer los planes especiales de inspección que tiene
previstos la Agencia Tributaria. También es importante considerar que la
lucha contra el fraude no debe basarse únicamente en acciones de tipo
represivo o sancionador. Creo que hay una labor muy importante que debe
realizar el Gobierno, sobre todo con perspectiva de futuro, en cuanto a
las estrategias y a los planes de prevención del fraude. Mientras exista
Hacienda existirá fraude. Eso es algo inevitable aquí y en todos los
países. Desde luego, lo que sí tenemos que hacer es combatirlo, reducirlo
a unos márgenes que puedan ser asumidos por un sistema de economía de
libre mercado, un sistema económico como el nuestro. Sin ser tan ingenuos
como para pretender que se puede erradicar, sí hay que hacer una lucha
decidida y seria contra el fraude fiscal en este caso, pero, además de
establecer las medidas de tipo represivo y sancionador, una política y
unos planes preventivos creo que son necesarios.
En cualquier caso, sí me gustaría conocer algunos datos, que supongo que
hoy no me va a poder facilitar el Secretario de Estado y en tal caso le
emplazo para que lo haga cuando pueda. Me gustaría saber las estimaciones
del fraude fiscal que tienen desde la Secretaría de Estado en tres
direcciones: en figuras impositivas, por sectores económicos y en
localización por regiones. Queremos saber cuánto es el fraude, quién lo
produce y dónde se produce.
Me parece también adecuado todo lo que vaya en la línea de las relaciones
con el contribuyente, otro de los aspectos que tiene su informe. Me
parecen importantes estas medidas que en el fondo van en defensa de los
intereses del contribuyente, aunque a veces puede parecer paradójico que
Hacienda establezca mecanismos de defensa del contribuyente, porque
parece que están totalmente enfrentados, pero es bueno que tenga esa
filosofía el departamento de Hacienda, de todas las haciendas, el ver a
los contribuyentes como clientes. Por ahí hay que avanzar. Nosotros lo
estamos haciendo y creo que es bueno. En ese sentido, apoyamos algo que
estaba también previsto, la
elaboración del estatuto del contribuyente, aunque, como digo, puede
resultar ciertamente paradójico que Hacienda sea quien haga el estatuto
del contribuyente, pero me parece que debe ser así.
También la creación del consejo de defensa del contribuyente me parece
muy bien. Hacienda va a aconsejar al contribuyente, que es al que tiene
que recaudar. También esas cuestiones parecen paradójicas. Lo que me
gustaría es conocer quiénes van a componer el consejo para la defensa del
contribuyente.
En cuanto a las medidas tributarias que contemplan los presupuestos
generales y la ley de acompañamiento, prudentemente no ha dicho nada. Me
parece bien, aunque también me parecería bien que con la misma prudencia
el Gobierno hiciese las declaraciones en los medios. Creo que es bueno
ser prudente en todos los sitios. Supongo, además, que bastante tienen en
estos momentos con adaptar el nuevo modelo de financiación de las
comunidades autónomas al impuesto sobre la renta.
En este aspecto me va a permitir que le pida, señor Secretario de Estado,
si es posible --porque creo que esto puede interesar a todos los
contribuyentes--, que le diga al contribuyente que tiene que realizar la
declaración de la renta cómo la va a tener que hacer, si van a ser dos
impresos o uno, si tiene que declarar a dos administraciones. Le digo
porque creo que inmediatamente de la toma de decisión del modelo, es muy
importante que despejen estas dudas simplemente formales de realizar una
declaración de renta, que es lo primero que se ha preguntado el
contribuyente: «¿Cómo vamos a hacer el año que viene la declaración de la
renta?» Si usted lo cree oportuno --y éste puede ser el momento--
despejar esas dudas pudiera ser bueno para el contribuyente.
Se extiende, desde luego, en el apartado en el que se habla de la lucha
contra el contrabando del tabaco. Me parece muy bien. En esa idea que yo
tenía de lo que debía de ser la comparecencia, me parece un poco
desproporcionado el contenido que le han dado a las explicaciones o a la
lucha contra el contrabando de tabaco con respecto al resto del
documento.
Finalmente, hay un aspecto que me ha llamado la atención, que usted ha
apuntado y ha pasado por encima, pero que yo, viendo el documento, lo he
pasado por encima varias veces. Es el apartado referente a la actuación
de la Agencia Tributaria. Me gustaría que volviese usted a matizar lo que
figura en el apartado a) al referirse al área de inspección. Pregunto si
es cierto que se ha dado una paralización --y leo textualmente-- o
desincentivación de la actividad inspectora durante el primer semestre
del año, sin duda consecuencia de las vicisitudes que durante esos meses
la Agencia Tributaria ha padecido, parecidas a las del resto de la
Administración pública. ¿Quiere decir esto que la Agencia Tributaria ha
estado parada? Hay un análisis, que lo ha aclarado usted, en cuanto a la
influencia que ha podido tener la nueva normativa en materia
sancionadora, pero eso es aparte. ¿Es cierto que se ha dado una
paralización en las actuaciones de la Agencia Tributaria? ¿Qué pasa, que
no ha habido gobernabilidad en seis meses? ¿Por qué se ha dado ese parón?
¿Han estudiado ustedes algún expediente disciplinario porque haya
personas que no han realizado su labor como deberían de hacerlo durante
estos seis meses?
Porque en el fondo --viene aquí determinado-- se insinúa que esto ha
motivado una disminución en el número de actas de un 36,1 por ciento, que
equivale a una deuda descubierta del orden de 55.000 millones de
diferencia entre enero-agosto de 1995 a 1996. ¿Esa paralización puede
motivar el hecho de que haya habido una falta de recaudación por esta vía
de 55.000 millones? Si eso es así, es grave. En este aspecto me gustaría
que nos diese alguna explicación.
En definitiva --y se lo digo con toda sinceridad--, siento que de mi
intervención se pueda desprender una crítica a la labor del departamento,
que no es tal, pero esperaba que en esta primera comparecencia nos
hablara mucho más de la política tributaria del Partido Popular y del
Gobierno, que ya la conocemos en la oposición, pero que ahora que está en
el gobierno me gustaría saber cuál es y si mantiene sus principios. De
ahí el hecho de que le haya realizado todas estas observaciones. Espero
que lo entienda en sus justos términos y que podamos en otra
comparecencia poder profundizar en lo mismo. A mí me gusta empezar por el
principio y el principio es saber en este caso cuál va a ser la política
tributaria del Gobierno para esta legislatura.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Gómez Rodríguez tiene la
palabra.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias.
Como han hecho otros grupos, quiero dar la bienvenida al señor Costa,
desearle éxito en su gestión y decirle que tengo la suerte de haber
recibido este resumen con tiempo suficiente. Me lo he leído y tengo que
darle las gracias porque no es un estudio profundo, pero sí es un
adelanto de la política que se ha venido realizando hasta ahora por el
Gobierno de la nación.
No voy a entrar en lo que se pudo haber traído y no se ha traído, voy a
ceñirme a los puntos de la comparecencia. He apoyado que no se tratara
del tema de la zona especial de Canarias, al igual que todos los grupos
políticos. Me hubiese gustado conocer cómo andan los reglamentos de esta
zona, por cuanto que es un tema que está incidiendo en un perjuicio para
la economía canaria porque hay cientos de empresas dispuestas a
instalarse en el archipiélago, pero esto será objeto de contestación en
otra futura comparecencia.
Tampoco me voy a dedicar aquí a adoptar posiciones de temas ya debatidos
y aprobados por el Parlamento. No voy a hablar del Real Decreto-ley sobre
medidas urgentes, porque está en vigor y son un conjunto de normas que
nosotros aplaudimos y apoyamos, en especial todo lo referente a módulos,
por lo que tiene de trascendencia para las pymes como productoras de
trabajo, y sobre la Ley de Actualización de Balances, porque, a partir de
su entrada en vigor, que será a fin de año, comenzará a producirse un
ahorro empresarial importante en las empresas obligadas a la tributación
por el Impuesto de Sociedades.
Me voy a referir concretamente a tres puntos. Respecto a los derechos y
garantías del contribuyente y en relación con los intereses por retraso
de devoluciones, me gustaría, si es posible, que el señor Secretario de
Estado ampliase un poco más la información para conocer mejor cómo se va
a llevar a cabo la política de devolución de intereses, porque a veces se
cometen abusos debido a los retrasos. Asimismo quisiéramos saber si el
tipo de interés se va a acercar al del mercado, porque a veces existen
disfunciones.
Me parecería perfecto que antes de fin de año se promulgase el reglamento
del Impuesto sobre Sociedades. Es un tema muy importante, así como todas
las medidas que se van a tomar en la lucha contra el fraude y el
contrabando. Ustedes dirán que esto es motivo de egoísmo canario, pero
desde Canarias nosotros aplaudimos fuertemente la lucha contra el fraude
por el tabaco, porque está perjudicando hoy muchísimo a la modesta --pero
importante, porque es exportadora-- industria tabaquera canaria.
Consideramos que es una medida de solidaridad nacional y la valoramos en
todo su contenido. También aplaudimos las medidas que se van a adoptar
para ejercitar el pago a los contribuyentes y nos preguntamos si no
podría realizarlo un mayor número de entidades colaboradoras, que no sean
solamente dos o tres, sino que se amplíe al panorama de ahorro bancario
nacional.
Por último, respecto a la paralización de la recaudación --de la que aquí
se ha hablado--, le pregunto --si no me puede contestar ahora, lo hará en
la próxima comparecencia-- qué medidas se van a adoptar contra los jefes
de servicio y responsables de este grave perjuicio que se ha hecho a la
Hacienda pública. También me gustaría conocer si se van a cubrir todas
esas plazas vacantes que son necesarias para poder llevar la gestión de
la Hacienda Pública e incluso de la lucha contra el fraude. En Canarias
hay déficit de personal, quizá sea debido a que los exámenes no se
realizan simultáneamente en la Península y en Canarias y van funcionarios
de la Península que a los tres o cuatro meses están desesperados porque
quieren volver. Yo lo comprendo, pero todo ello quita posibilidades al
universitario isleño. Todos somos españoles, por lo que estimamos que las
oposiciones y concursos deben ser simultáneos en todo el país.
Por último, quiero agradecer su presencia en esta Comisión, señor
Secretario de Estado, y felicitarle por este pequeño y breve memorándum
que es un avance y, sobre todo, desearle mucha suerte en la gestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, y como está siendo
habitual en esta comparecencia, quiero agradecer la presencia del señor
Secretario de Estado, felicitarle por el nombramiento y desearle todos
los éxitos.
Es la primera comparecencia del Secretario de Estado de Hacienda que se
plantea en estos términos. Es la primera vez que el Secretario de Estado
viene a informar sobre las medidas tributarias que se han adoptado y
sobre las previsiones de medidas tributarias para un próximo futuro.
Quiero centrar mi intervención, bajando el tono de lo que el portavoz del
Grupo Vasco solicitaba. La solicitud de comparecencia se circunscribía a
ver qué medidas estaba adoptando e iba a adoptar en un futuro cercano
esta Secretaría de Estado, porque la política general del Ministerio ya
se trató en una comparecencia a la que acudió el Vicepresidente segundo y
Ministro de Economía. Por tanto, nos parecía adecuado hablar en esta
comparecencia del trabajo que se estaba desarrollando desde la Secretaría
de Estado en estos momentos, así como del que se va a afrontar en los
próximos meses.
Es opinión del Grupo Parlamentario Popular que se están poniendo los
primeros pilares para una reforma global del sistema fiscal. Desde otros
grupos parlamentarios se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular
pretendía afrontar una reforma fiscal. El Grupo Popular, evidentemente,
en respuesta a su programa electoral, desea afrontar una reforma global
del sistema fiscal y cree que son muy positivas las reformas que se han
ido adoptando hasta el momento.
Los portavoces de otros grupos parlamentarios han hecho referencia a las
medidas adoptadas por los Reales Decretos-leyes 7/1996 y 8/1996, de
medidas urgentes. Nosotros valoramos las medidas adoptadas no sólo por
lograr una mayor o menos recaudación, como parecía comentar el portavoz
de algún grupo. Nosotros valoramos el conjunto de medidas que contienen
los Reales Decretos-leyes anteriormente mencionados, porque con ello se
consigue un sistema fiscal más justo y más equilibrado, de forma que se
contribuya al crecimiento de la economía y a la creación de empleo. Hay
que valorar muy positivamente las medidas fiscales adoptadas en esos
Reales Decretos-leyes. En la opinión pública los efectos han pasado
demasiado rápidamente. Se han rebajado los impuestos y se ha rebajado la
presión fiscal para las pequeñas y medianas empresas. Este Grupo
Parlamentario valora muy positivamente la rebaja del 8 al 15 por ciento
en los módulos, creemos que es muy importante, pero no se puede decir que
sólo supone mil millones más o menos, de recaudación. Favorecer la
fiscalidad de las pymes es una necesidad; son las pymes las que tienen
que crear empleo. Cuando éramos oposición ya entendíamos --así lo
manifestamos desde esta tribuna y, en muchas ocasiones, el que hoy
comparece-- que había que rebajar la fiscalidad de las pymes en los
módulos. Si es cierto el anuncio que el Secretario de Estado hizo en la
prensa hace unos días, relativo a que esa fiscalidad va a seguir bajando
para el año 1997, hay que valorar ese dato muy positivamente. La rebaja
en el impuesto de sucesiones para los negocios familiares y para la
vivienda familiar era una medida necesaria y hay que valorarla
favorablemente, así como las medidas de fomento del empleo, sobre todo
para los más desfavorecidos. Se ha empezado a modificar la fiscalidad del
ahorro. Respecto al ahorro previsión, el Gobierno adoptará medidas de
reequilibrio de la fiscalidad de esas figuras de ahorro que ahora
se están estudiando en la subcomisión de economía, sobre sistemas
complementarios de pensiones.
Todas estas medidas han supuesto un impulso económico. Difiero de la
opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, porque entiendo que
la economía funciona muchas veces por la confianza que se transmite y
estimo que esas medidas han provocado confianza en los mercados, han
provocado confianza en los entes económicos que las acogieron muy
favorablemente y, por tanto, hay que valorarlas muy positivamente.
Además, se compatibilizan los dos grandes objetivos que tiene el
Gobierno, que son, cumplir los criterios de convergencia y generar
empleo.
Por otra parte, el señor Secretario de Estado se ha referido a las
medidas de lucha contra el fraude. Este tema no es nuevo para nosotros.
Desde estos bancos ya denunciábamos que se dedicaban pocos medios para
luchar contra el fraude. Si coincidimos con todos los grupos
parlamentarios en que esta política es importante y que debe
desarrollarla la Secretaría de Estado de Hacienda, nos alegramos mucho.
Si ya se estaba realizando esta lucha contra el fraude, nos alegramos
mucho y los resultados son los que son. Me imagino que no habrá datos tan
detallados como los que solicitaba el portavoz del Grupo Parlamentario
vasco porque, si fuera así, me imagino que se lucharía todavía mucho más
eficazmente contra el fraude. Este es un tema muy importante, que
nosotros denunciamos y que la Secretaría de Estado tiene que afrontar con
la valentía con la que lo está haciendo.
Mi Grupo entiende que es muy positivo, y le felicitamos por ello --ya lo
ha hecho algún otro portavoz--, que, junto a las medidas contra el
fraude, se establezcan unas medidas de apoyo al contribuyente. Como ha
manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que la
Administración entienda que los contribuyentes son clientes y no posibles
o potenciales defraudadores, sino usuarios a ayudar, nos parece muy
importante.
Además, el nuevo modelo de financiación autonómica, donde se les cede a
las comunidades autónomas una participación en el IRPF y en la Agencia
Estatal Tributaria, ayudará a luchar contra el fraude, ya que sus
ingresos dependerán también de la eficacia en la lucha contra el fraude.
Me agradaría que el Secretario de Estado nos hablara sobre la
participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal
--cuestión a la que se ha referido--, y si él entiende que eso ayudará a
controlar el gasto y a luchar contra el fraude.
Los objetivos que señala en la página 8 de su informe --creo que es un
informe completo de lo que se está haciendo hasta ahora-- nos parecen
especialmente importantes --reducción de los plazos en el procedimiento
de inspección, simplificación de modelos, etcétera-- y nos alegra que se
vaya cambiando la mentalidad de la Hacienda Pública. Además, nos ha dicho
que se va a afrontar ese famoso estatuto del contribuyente y que lo
traerá a la Cámara en octubre. Nos alegrará enormemente poder debatir
pronto ese proyecto de ley, que nosotros reclamábamos insistentemente. Si
otros grupos parlamentarios entienden que es consecuencia de lo que ellos
ya estaban haciendo, mucho mejor, porque llegaremos a consenso más
fácilmente.
Nos ha hablado en su intervención de la modificación de leyes para
configurar el nuevo modelo de financiación autonómica. Mi grupo
Parlamentario entiende que esto era algo que había que hacer, y nos
gustaría dejar bien sentado que no es consecuencia del cambio de
Gobierno, sino que había terminado la vigencia del modelo de financiación
autonómica para el quinquenio 1992-96 y había que llegar a un acuerdo
para el modelo a aplicar en el quinquenio 1997-2001. Ese modelo no es
sólo consecuencia de los pactos de Gobierno del PP con CIU --que sin duda
también lo es--, sino que se ha consensuado con todas las comunidades
autónomas y cuyos puntos esenciales ya estaban contenidos en el Libro
Blanco de financiación autonómica; libro blanco que, por cierto, se había
elaborado durante el Gobierno del Partido Socialista.
Quiero agradecer el anuncio del reglamento del Impuesto de Sociedades,
que se está pidiendo insistentemente por todos los agentes económicos.
Asimismo, quisiera saber si el Secretario de Estado entiende que los
reglamentos consecuencia de los reales decretos estará pronto ultimado,
sobre todo lo necesario para la actualización de balances. Por otra
parte, nos parece esencial la lucha contra el fraude del tabaco. En
España, se calcula que se fuman cada año más de 40.000 millones de
pitillos de contrabando. Ahí sí que se da una situación de injusticia,
porque el fraude sí que produce injusticia; sin embargo, rebajar la
presión fiscal para provocar crecimiento económico, no, y nos alegran las
medidas que se están tomando.
Por último, voy a referirme a los datos de recaudación del IRPF que nos
ha facilitado. No sé si la diferencia entre las declaraciones a devolver
y declaraciones positivas supone que el Gobierno pueda afrontar una
rebaja de las retenciones, pero desde mi grupo entendemos que a lo mejor
no es prudente hacerlo ahora porque no ayudaría a conseguir los criterios
de convergencia, que es el elemento esencial para el año 1997.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿desea intervenir? (Denegación.)
Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): En primer
lugar, quiero agradecer la bienvenida que me han brindado todos los
señores Diputados representantes de los diferentes grupos parlamentarios
y, además, el tono de todas las intervenciones. Hay que reconocer que el
tono de todas ellas ha sido única y exclusivamente a los efectos de
solicitar una mayor información y, como compareciente en esta Comisión,
tengo que agradecerlo personalmente.
Me han planteado muchas cuestiones y voy a hacer un esfuerzo para
intentar responder a su totalidad, pero si hay alguna que no quede clara
tras mis contestaciones, trataré de responderla en otro momento o remitir
por escrito cualquier información adicional que se me haya requerido. En
primer lugar, se ha dicho que las medidas adoptadas en junio de este año,
a través de los reales decretos-leyes que se
aprueban por el Gobierno, van a suponer una pérdida de ingresos y un
agravamiento del déficit público. Esto no lo suscribe el Gobierno en
ningún caso. Creo que las medidas deben analizarse y contemplarse en su
conjunto y no de forma independiente, y dentro de un marco. Por otra
parte, hay que considerar que las medidas, cuando son imprescindibles o
son razonables, hay que adoptarlas y, en su caso, garantizar el
cumplimiento de unos objetivos recaudatorios a través de otras vías. Voy
a poner un ejemplo. No resulta razonable aprobar un texto de impuesto
sobre sociedades donde se elimina el impacto de la inflación cuando se
enajena un elemento patrimonial --cosa que fue aprobada en la pasada
legislatura-- y, sin embargo, no eliminar el impacto de la inflación
cuando se producen o se computan las amortizaciones. El coste de esa
medida está absolutamente descontado si partimos de la realidad de que,
si no se adoptara, se recuperaría el efecto de la inflación en el momento
de obtenerse la plusvalía monetaria y enajenar, transferir el elemento
patrimonial. Por lo tanto, esa afirmación no está justificada.
Con relación a la medida consistente en someter los incrementos de
patrimonio correspondientes a elementos patrimoniales que han permanecido
en el patrimonio del contribuyente durante más de dos años a un tipo de
gravamen del 20 por ciento, si analizamos los datos estadísticos de
recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
referidos a plusvalías, vemos que estamos hablando de una recaudación muy
pequeña --en torno a 80.000 millones de pesetas-- y, en opinión del
Gobierno, esta media, por el contrario, puede contribuir a agilizar y a
fomentar las transacciones de elementos patrimoniales, y por lo tanto a
mejorar el comportamiento de la recaudación.
Por otra parte, quiero manifestar que el régimen que existía con
anterioridad podía permitir, en muchos casos, que la tributación fuera
absolutamente inexistente. Es decir, podía obtenerse una plusvalía de
1.000, 2.000 ó 5.000 millones de pesetas --una plusvalía
extraordinariamente elevada-- y, sin embargo, esa plusvalía podía estar
absolutamente exonerada de tributación. Con esta medida, el Gobierno
garantiza que todas las plusvalías estén sometidas al pago de impuestos a
través de un tipo, que es un tipo del 20 por ciento, con un mínimo exento
de 200.000 pesetas, que configura una tributación progresiva; tributación
que, por otro lado, se aplica a elementos o a rentas que se obtienen en
un período superior al ejercicio, y superior a dos años, donde el patrón
de progresividad definido en el IRPF para las rentas ordinarias no puede
resultar de aplicación.
Desde luego que la lucha contra el fraude va a ser una columna vertebral
de la política tributaria del Gobierno, por lo menos en lo relativo a la
aplicación del sistema tributario, y, por supuesto, este Gobierno espera
contar con todo el apoyo de los grupos parlamentarios, como se ha
manifestado aquí a través del ofrecimiento de colaboración que se le ha
hecho al Gobierno.
No puedo aceptar que el plan aprobado por el Gobierno marque una
continuidad con relación a planes aprobados por gobiernos anteriores o en
la legislatura pasada. Yo creo que es absolutamente diferente el plan que
aprueba el Gobierno con relación a esos planes que pudieron aprobarse en
la legislatura pasada y voy a poner algunos ejemplos, única y
exclusivamente, a título ilustrativo. En este plan el centro de atención
es definir cuáles son los ámbitos de especial atención, es decir, cuáles
son los ámbitos en los que se va a incidir, en lugar de fijar unos
objetivos recaudatorios y distribuirlos entre unos sectores, o entre un
grupo de contribuyentes concreto y determinado. De la misma manera, se
establecen medidas que, en ningún caso, habían sido contempladas en
planes por el Gobierno anterior en la pasada legislatura.
El paquete de medidas que fue aprobado en la pasada legislatura, en
opinión de este Gobierno, no tenía conexión, era más enunciativo que otra
cosa y no obedecía a una filosofía; es más, alguna de esas medidas no
tenía sustantividad como para ser computada de lucha contra el fraude.
Piensen ustedes que en ese paquete de 400 medidas se repetían medidas,
única y exclusivamente, con el objetivo de llegar a un resultado final
numérico que fuera estético o espectacular.
Ustedes probablemente recordarán que una medida era elaborar un documento
divulgativo de los derechos del contribuyente, y otra que se computaba
entre las 400 medidas era repartir el texto del derecho del
contribuyente; otras eran analizar cuáles eran las necesidades de
personal, convocar el concurso y proveer las plazas. Ese es un paquete de
medidas estético que en nada tiene que ver con el paquete de medidas
aprobado por el Gobierno. Quizás pueda no compartirse esta estimación por
todos los grupos parlamentarios, pero la apreciación del Gobierno es ésa.
Si en el futuro seguimos debatiendo esas cuestiones, podemos entrar a
analizar muchas medidas que, en ningún caso, se habían impulsado en el
plan de lucha contra el fraude que aprobó el Gobierno anterior.
¿El contrabando es más rentable después del decreto-ley de subida de los
impuestos especiales? Como he dicho al principio, el tabaco y el alcohol
soportan una fiscalidad muy elevada comparada con otros productos de
consumo. Eso es así y nadie lo puede poner en duda. En ese caso, puede
ser mucho más atractivo el contrabando o el fraude con relación a ese
tipo de productos. Pero no podemos olvidar que en España la fiscalidad
que soportan en estos momentos el tabaco y el alcohol se encuentra por
debajo de la media comunitaria. En el caso del tabaco, el tipo específico
es probablemente el más bajo de toda la Unión Europea. Sin embargo, en la
práctica totalidad, o en la mayor parte de los países de la Unión
Europea, no existe contrabando de tabaco y curiosamente en España y algún
otro país, Italia, si no recuerdo mal, es donde está focalizado el
contrabando de esos productos. Por tanto, no se puede establecer una
relación directa entre la fiscalidad que soportan esos productos y el
nivel de contrabando, porque la realidad es que en los países de la Unión
Europea la fiscalidad es muchísimo más alta y, sin embargo, el nivel de
contrabando es inexistente o claramente insignificante.
Se señala que el sistema tributario actual es preconstitucional. Yo nunca
he dicho eso, lo que he dicho es que la Ley General Tributaria es un
texto preconstitucional al que se le han incorporado modificaciones
después de la Constitución.
Nadie puede dudar que una ley aprobada antes de la Constitución es un
texto preconstitucional y que, en algunas de las cosas, evidencia o
refleja el marco político que existía en esos momentos. Un marco en el
que el contribuyente, lejos de ser un sujeto con derechos y con garantías
para hacerlos efectivos, es un sujeto en el que prima el aspecto de
obligado tributario. Eso es lo que yo he dicho en esta Cámara en muchas
ocasiones. Yo no he manifestado que el sistema tributario sea
preconstitucional y tampoco he puesto en duda la voluntad de los grupos
parlamentarios de avanzar en la mejora del marco de relaciones. En la
legislatura pasada se modificó la Ley General Tributaria, con una
participación muy importante de todos los grupos parlamentarios, a
iniciativa de un proyecto de ley remitido por el Gobierno socialista.
Hubo un grado de consenso muy elevado en la necesidad de continuar en la
mejora de ese marco y adaptarlo a la realidad política y legal surgida de
la Constitución de 1978. En ese mismo ánimo es en el que se encuentra en
estos momentos el Gobierno.
Se me pregunta cuál es la situación del déficit de caja no financiero.
Tengo que manifestarle, por lo que respecta a los ingresos --usted lo
sabe tan bien como yo--, que para analizar el comportamiento del déficit
en un determinado mes hay que homogeneizar el comportamiento de los
ingresos y ver en qué aspectos concretos pueden producirse desviaciones
que justifican un determinado comportamiento del déficit en ese
determinado mes.
Yo quiero recordar aquí que los datos del mes de agosto no son
significativos. Pensemos que las declaraciones correspondientes a grades
empresas por retenciones del trabajo personal, por IVA, se presentan en
el mes de septiembre. Se han acumulado también devoluciones del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. He hecho antes referencia al
esfuerzo que está haciendo la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por anticipar un mayor número e importe de devoluciones, y en
estos momentos nos situamos en torna a una tasa de 40 por ciento de
crecimiento con relación al ejercicio anterior en materia de
devoluciones. Por tanto, las devoluciones se están gestionando antes, en
lugar de en un período temporal posterior. En materia de IVA, por
ejemplo, se han producido devoluciones atípicas, por importe de más de
30.000 millones de pesetas, en el mes de agosto, que lógicamente también
inciden en el comportamiento de los ingresos en ese mes.
Se me plantea cuál es la provisión del coste recaudatorio relacionado con
el establecimiento de un tipo del 20 por ciento para las plusvalías. Como
he dicho antes, el Gobierno no prevé que esto vaya a producir en ningún
caso una pérdida recaudatoria. Hay que pensar, por otra parte, que el
desplazamiento que se ha producido con relación, por ejemplo, a depósitos
en cuentas corrientes o a otro tipo de instrumento financieros hacia
fondos de inversión, tiene lugar como consecuencia del régimen fiscal de
los fondos de inversión y de la entrada en vigor de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas el 1 de enero de 1992. Una ley en
la que, como todos ustedes saben, se establecía la posibilidad de que las
plusvalías, es decir las rentas de capital, no pagaran impuestos, siempre
que se hubiera mantenido durante un determinado período esa inversión.
Eso lógicamente produce un espectacular desplazamiento hacia ese tipo de
instrumentos financieros de muchos niveles de ahorro.
Pero hay que reconocer también otra serie de cuestiones. El hecho de que
unas rentas estén materializadas en un depósito que está sometido a
retención, si luego se trasladan a fondos de inversión, éstos están, a su
vez, materializados en activos que, en muchas ocasiones, también están
sometidos a retención. Yo no creo que pueda establecerse un paralelismo
entre el desplazamiento de una determinados activos financieros a otros y
manifestar que eso puede incidir en el comportamiento de la recaudación.
No es la previsión del Gobierno, en ningún caso, el que eso pueda incidir
en el comportamiento de la recaudación. Probablemente cuando tengamos los
datos estadísticos de 1996 y de 1997, veremos cuál ha sido el
comportamiento de la recaudación imputable a rentas del capital.
Quiero repetir lo que he dicho antes. Pensemos cuál es el tipo que han
soportado las plusvalías en ejercicios anteriores como 1994; pensemos el
tipo que soportarían con el régimen fiscal actual elevadas plusvalías,
que va a ser un tipo del 20 por ciento y, sin embargo, con el régimen
fiscal que existía antes de junio, una plusvalía de 2.000, 3.000 ó 5.000
millones de pesetas estaba absolutamente exonerada de tributación, si se
había producido un determinado transcurso del tiempo. Eso es mucho más
nocivo para la recaudación y pone en mayor medida en peligro ese
principio al que se ha hecho referencia aquí de la progresividad, de la
igualdad y de la capacidad económica.
Se me plantea cuál es el coste del modelo de financiación autonómica. El
modelo de financiación autonómica es un modelo que, en el punto de
partida y en el año base, carece de coste porque se sustituyen
transferencias estatales por un instrumento que se pone a disposición de
las comunidades autónomas para que lo administren y lo gestionen, lo que
produce un resultado equivalente al importe de las transferencias
estatales que se han visto reducidas. Por lo tanto, eso no produce un
coste.
Yo les recordaría a ustedes qué es lo que ocurre cuando se ceden tributos
o cuando se instrumentó la cesión de tributos como patrimonio, sucesiones
y donaciones, o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. Esos tributos se cedieron, se descontó el importe
de las transferencias estatales en función del resultado que podrían
producir esos impuestos, y nunca se ha computado como un coste las
diferencias que puedan producirse entre la recaudación real y la
recaudación teórica o normativa de esos tributos cedidos. Eso no se ha
computado en ninguna de las valoraciones o juicios que puedan haberse
hecho con relación a un modelo como un coste añadido o del modelo. Eso no
se hace nunca, entre otras cosas, porque lo que hace el juego de la
corresponsabilidad fiscal es que la participación de las comunidades
autónomas pueda mejorar los niveles de recaudación y de aplicación del
sistema tributario. Las señoras y señores Diputados estarán de acuerdo
conmigo con que el nivel de recaudación imputable a los tributos cedidos,
desde que fueron cedidos a las comunidades autónomas, mejoró
notablemente. Por lo tanto, instrumentar la corresponsabilidad fiscal
como uno de los instrumentos en los que debe apoyarse un modelo de
financiación autonómica es, desde esa perspectiva, muy positivo.
Si se me plantea qué estimaciones puede tener el Gobierno sobre el juego
de los mecanismos de solidaridad que se introducen en el modelo de
corresponsabilidad fiscal que, como todos ustedes saben, son mecanismos
que garantizan unos niveles de financiación y que el crecimiento de la
financiación de las comunidades autónomas sea similar para todas las
comunidades autónomas, de forma que no se abran brechas de financiación
entre unas u otras comunidades autónomas; o si me plantean cuál es el
coste de las asignaciones de nivelación que se ponen en marcha y que van
a ser introducidas en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, lo
que contestaría es que en ningún caso tendrá un coste superior, sino todo
lo contrario, al modelo de financiación aprobado para el quinquenio
1992/1996, y que las estimaciones del Gobierno son que esos mecanismos de
solidaridad en ningún caso superarán la cifra de 200.000 millones de
pesetas.
Quiero contestar también a alguna pregunta que se me ha hecho sobre el
proyecto de disciplina presupuestaria, que fue aprobado por el Gobierno,
que modifica determinados artículos de la Ley General Presupuestaria, de
la Ley de Contratos del Estado y de la Ley de Expropiación Forzosa. Es un
proyecto que ha sido aprobado pero no sé si ha entrado en el Congreso de
los Diputados. Todos ustedes son conscientes de que en muchas ocasiones
entre la aprobación de un proyecto de ley y la entrada en el registro de
la Cámara se producen retrasos. Yo recuerdo un retraso que me pareció
sumamente espectacular cuando se aprobó la Ley de reforma del delito
fiscal, que se aprobó el primer viernes del mes de agosto y, sin embargo,
creo que tardó dos meses y medio o tres en entrar en el registro de la
Cámara, igual que la Ley de Ordenación del Seguro Privado. Yo pido
disculpas si no ha sido remitido, pero no dispongo de información sobre
el motivo por el que pueda ser producido ese retraso.
Me preguntan cuáles son las líneas de la reforma global del sistema
tributario y por qué no he hecho referencia a todas esas cuestiones a lo
largo de mi intervención. Yo creo que sí he planteado alguno de los
principios en los que se basa la política tributaria del Gobierno. He
hecho referencia a la necesidad de acuñar y poner en marcha un nuevo
marco de relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes, basado en otros principios; he hecho referencia a la
política de lucha contra el fraude fiscal; y he hecho referencia a la
necesidad de modernizar y reformar algunas de nuestras instituciones
tributarias, cosa que se está haciendo de forma gradual. Desde esa
perspectiva, la reforma que el Gobierno asumió en el debate de
investidura del Presidente del Gobierno es una reforma fiscal que se pone
en marcha de forma gradual y que se acometerá a lo largo de esta
legislatura.
Hay cuestiones en las que lógicamente no quiere entrar el Gobierno en
estos momentos porque, incluso en muchos casos, son objeto de debate en
esta Cámara. Pensemos, por ejemplo, en la reforma de la fiscalidad del
ahorro o previsión. Tiene que ser esta Cámara la que alcance conclusiones
que van a incidir en toda la fiscalidad del ahorro. Desde luego, el
Gobierno lo que va a hacer es partir de esas conclusiones para introducir
cualquier tipo de modificación tributaria.
Se me plantea la simplificación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. La previsión del Gobierno es establecer una
tarifa de diez tramos para 1997, dentro del marco del acuerdo de reforma
de la corresponsabilidad fiscal.
Se hace referencia también a la fiscalidad en materia empresarial y al
acuerdo o no con el texto del Impuesto sobre Sociedades. Lo dije en su
momento, en las intervenciones que tuve en esta Cámara en la legislatura
pasada; creo que en el Impuesto sobre Sociedades se ha producido un
avance importante con relación a la legislación que existía con
anterioridad. Es algo que manifestamos los grupos parlamentarios, en lo
que todos estábamos de acuerdo, aunque había extremos en los que era
necesario mejorar y continuar. Desde luego, yo manifesté que nosotros
podíamos haber suscrito íntegramente el proyecto si se introducían
medidas como la actualización de balances, una nueva fiscalidad de la
inversiones españolas en el extranjero, o unos mecanismos adicionales de
eliminación de la doble imposición económica. Esto es lo que está
haciendo el Gobierno en estos momentos, está mejorando el marco del
Impuesto sobre Sociedades con las medidas que ha venido aprobando.
Comprendo perfectamente que el representante del Partido Nacionalista
Vasco manifieste su rechazo al recurso presentado por el Gobierno con
relación a la normativa aprobada por las diputaciones forales. Yo sólo
tengo que decirle que el Gobierno tiene la voluntad de que exista un
mayor diálogo institucional y que, por lo tanto, exista un mayor
intercambio de información y de consenso a la hora de introducir
modificaciones normativas, tanto por parte del Estado como de las
diputaciones forales, con el objetivo de reducir la conflictividad que
pueda haberse producido en el pasado. En esa línea que se ha empezado hay
que seguir trabajando. Lo demuestra el hecho de que el Gobierno haya
manifestado ya su intención de retirar algunos recursos que, en su
opinión, no se encuentran justificados en estos momentos, como el recurso
contra la actualización de balances, en la medida en que ha sido aprobada
por el Gobierno una actualización de balances y algunas otras cuestiones.
Ya lo hemos manifestado y en esa línea queremos seguir trabajando, aunque
hay algunos puntos de esas disposiciones forales que no suscribimos, como
las medidas relacionadas con los centros de coordinación o alguna otra
que pone en tela de juicio la aplicación del sistema tributario del
Estado. Lógicamente, ahí es difícil que pueda producirse un acuerdo. Pero
en otras cuestiones, podemos seguir trabajando dentro del marco de la
reforma del concierto. Desde luego, el Gobierno va a hacer un gran
esfuerzo para reducir o eliminar esa conflictividad o legitimidad que
puede existir en estos momentos con relación a las diputaciones forales.
Se me plantea también si el Gobierno tiene previsto acometer alguna
reforma en materia de IVA para simplificar el impuesto. El Impuesto sobre
el Valor Añadido es un
impuesto armonizado, en el que nos tenemos que ceñir a lo establecido en
las directivas comunitarias, aunque sí que se pueden hacer cosas. El
Gobierno plantea que para 1997, por ejemplo, la posibilidad de recuperar
el IVA en el caso de operaciones relacionadas con contribuyentes que
entran en situaciones de quiebra o suspensión de pagos sea automática, no
se requiera la autorización de la Administración tributaria, con el
objetivo de flexibilizar la recuperación de esas cuotas de IVA no
cobradas pero sí repercutidas y evitar que el riesgo del impago recaiga
en los contribuyentes.
Se hace referencia también a qué previsiones tiene en materia de
tributación local. En esto, lo único que le diría al representante del
Partido Nacionalista Vasco es que el Gobierno tiene el objetivo de
consensuar con los municipios, con las haciendas territoriales, cualquier
modificación que se refiera a la normativa de los tributos que
fundamentan una parte muy importante de su presupuesto de ingresos.
Se manifiesta que es un documento deslavazado el que ha presentado el
Gobierno. Pido disculpas si ésa es la apreciación de algunos de los
señores y señoras Diputados e intentaré que, en la medida de lo posible,
no se vuelva a repetir esa situación.
También me pregunto sobre los planes preventivos del fraude y quiero
señalar que en materia de prevención del fraude es donde hay que hacer un
esfuerzo más importante. Probablemente, cualquier medida que tenga como
objetivo eliminar y reducir factores que predisponen al fraude fiscal
será siempre mucho más eficaz que una medida de represión o de control
del fraude que, aunque absolutamente imprescindibles, serán mucho más
operativas si existe un marco importante, amplio, en el que se eliminen o
reduzcan los factores de predisposición al fraude.
También me pregunto sobre la composición del consejo para la defensa del
contribuyente. Se trata de un consejo que tendrá una composición
paritaria entre representantes de la Administración tributaria y
representantes de los diferentes sectores relacionados con el mundo del
Derecho tributario, que tendrá independencia en su actuación y
recomendaciones con relación al Gobierno, y que tiene como objetivo, como
he dicho antes, hacerse eco de los planteamientos que hacen los
contribuyentes. En muchas ocasiones no se perciben, por lo menos no de
forma directa, desde la Administración tributaria algunas de las quejas y
molestias que causamos a los contribuyentes, y el objetivo del Gobierno
es que exista un cauce idóneo para que los contribuyentes manifiesten
esas quejas, se elabore un informe anual y puedan discutirlo las señoras
y señores Diputados para hacer sus planteamientos y presentar, en su
caso, cualquier tipo de iniciativa.
Se me pregunta si el impuesto autonómico sobre la renta se va a liquidar
en un impreso o van a ser dos los impresos, uno el correspondiente a la
parte del impuesto sobre la renta que corresponde al Estado y otro a la
comunidad autónoma, y si va a haber dos agencias. No, va a haber un único
impreso y va a haber una única agencia. Un único impreso donde el
contribuyente liquidará tanto la tarifa general del impuesto como la
tarifa complementaria del mismo, la tarifa autonómica, si es asumido el
modelo por la comunidad autónoma correspondiente y ejercita su capacidad
normativa. Y se va a liquidar por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, donde se prevé la existencia de unos órganos de relación, de
un comité de dirección, en el ámbito territorial, en el que van a estar
representadas las comunidades autónomas, que va a adoptar decisiones por
unanimidad en cuanto afecta al impuesto sobre la renta que se comparte
entre la Hacienda central y la autonómica.
Se refiere el documento en cuanto a la desincentivación que podría
existir en la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante el
primer semestre. Lo que quiero decir es que, durante el primer semestre,
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria hubo un cierto
relajamiento en cuanto a la actividad inspectora, en parte motivado por
la conflictividad con algún cuerpo concreto, en particular el de
subinspectores, que se encontraba en situación de huelga desde principios
de año, si no recuerdo mal, y a partir de mayo se empezó a resolver esa
situación. De hecho, cesó la situación de huelga y creo que en todos los
aspectos hemos vuelto a la normalidad y, desde luego, en cuanto a cuota
tributaria descubierta los resultados se han incrementado notablemente en
ese período con relación al mismo período de 1995.
Se me plantea también la posibilidad de informar en el futuro con
relación al reglamento de la zona especial de Canarias. Como todos saben,
en estos momentos ese reglamento se encuentra pendiente de informe por el
Gobierno canario, así como por la Comisión Europea, y, por supuesto, en
cuanto tengamos esos informes se suministrará toda la información que
deseen a las señoras y señores Diputados.
En cuanto a los intereses de demora, el objetivo del Gobierno es
equiparar el interés de demora o el interés que paga la Administración en
el retraso en sus relaciones con los contribuyentes al interés que pagan
los contribuyentes en su retraso o en situaciones de demora con relación
a la Administración.
Creo que con esto he contestado --en algún caso quizá mezclando las
preguntas de unos y otros representantes-- a la práctica totalidad de las
preguntas que se han formulado. Si he omitido alguna cosa no ha sido por
falta de interés a la hora de contestar sino por olvido, en su caso, por
lo que les rogaría que me disculparan.
El señor PRESIDENTE: Turno de puntualizaciones.
Tiene la palabra el señor Aguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Costa, por el esfuerzo
que ha hecho para tratar de responder a todas las preguntas y, desde
luego, a algunas de las formulaciones que yo he hecho. De todas formas
déjeme que, en este turno de puntualizaciones, tenga que incidir en
algunas de sus respuestas.
No voy a polemizar con usted sobre si las medidas del mes de junio son
medidas incentivadoras de la actividad económica y el empleo. No se lo
cree nadie, pero es la doctrina oficial del Gobierno y, naturalmente,
usted está obligado a repetirla. Sin embargo, me parece que sí ha dicho
una cosa que revela lo que de verdad piensa. Yo decía que esas medidas
generaban una pérdida de ingresos en un sentido dinámico en el tiempo, en
1996, en 1997, en 1998 y, por tanto, atentaban a los objetivos de déficit
público de este país. Y usted ha dicho algo en lo cual al menos se puede
concluir que ha sido sincero. Ha dicho usted que incluso si eso es así,
si son imprescindibles, hay que adoptarlas. Yo creo que esto es de verdad
lo que usted piensa.
Ahora bien, a renglón seguido le pediría, señor Costa, que no haga usted
trampas. Si está dispuesto a seguir esa lógica, la de que puede que haya
que aceptar pérdidas de recaudación, sígala hasta el final. Y sígala
hasta el final diciendo que la pérdida de recaudación que ustedes han
asumido por una vía --una vía particularmente regresiva-- están tratando
de compensarla por otras vías, sea por la de las tasas ahora, sea por la
vía de nuevos impuestos como el del tabaco y el del alcohol, sea por
otros mecanismos. Y el argumento es precisamente ése: Ustedes han
generado un agujero --y usted lo ha reconocido-- y si son
imprescindibles, de acuerdo con su concepción, para beneficiar a algunos
o para producir algunos efectos en la economía, en su análisis técnico,
había que adoptarlas. Pero no niegue la mayor, porque sería muy difícil
de aceptar el que pudiera derivarse de las medidas que ustedes aprobaron
ganancias o neutralidad en la recaudación. Esto sí que no es posible.Y no
haga la trampa de decir que lo que en materia de plusvalía tenemos
registrado en este año o el año pasado son 80.000 millones de pesetas
que, obviamente, es una cantidad relativamente menor. Es que expresamente
le había dicho: No me haga usted esa trampa. Hábleme de cuáles son los
efectos de desplazamiento que van a tener lugar como consecuencia de la
introducción de una nueva forma de tributación por plusvalías, que va a
significar que aparezcan nuevos activos, nuevas formas que, naturalmente,
tributen por tipos menores y en consecuencia se pierda recaudación.
Si pretende negar esto, creo que nadie lo entenderá. Incluso aunque usted
hable de mecanismos compensatorios o de la aparición de otra forma de
materialización del ahorro, que también tributará. No lo entiende nadie.
Ya sé que yo soy sospechoso dialécticamente, en este momento, a los
efectos de lo que estamos hablando. Pero alguien que --me parece a mí--
tiene la autoridad que le queramos atribuir, que utiliza un lenguaje
prudente, entre otras cosas porque esto es competencia del Gobierno y no
suya, como es el Banco de España, dice --y cito textualmente--: Los
cambios en la tributación de las plusvalías, en la medida en la que
estimulen el trasvase de fondos --que usted ha reconocido que se está
produciendo-- desde activos que generan rendimientos de capital hacia
aquellos que comportan variaciones patrimoniales, podrían conducir a una
reducción de los ingresos por retenciones de capital, incluso este mismo
año --estoy hablando de 1996--. Si este proceso continúa habrá mayores
efectos. Por tanto, no neguemos aquello que es evidente. Yo entiendo que
la doctrina oficial obliga a un secretario de Estado a decir
permanentemente el mismo discurso, pero no nos tome el pelo pensando que
las medidas del mes de junio van a producir incluso aumentos de
recaudación. Esto no se ha probado jamás, y es evidente que ustedes son
los únicos que están sosteniendo esto contra todos los demás.
Decía usted que el plan de medidas de lucha contra el fraude que se hacía
en el pasado era estético. Yo le quiero felicitar, y déjeme que lo haga
con alguna ironía. Llegaron ustedes al Gobierno, adoptaron las medidas de
junio, y unos pocos días después, naturalmente prescindiendo de todos los
estudios previos --según hoy nos acaba de revelar--, adoptaron medidas de
lucha contra el fraude absolutamente novedosas y, ésas sí, eficaces. Ya
sé que nosotros éramos mucho más tontos que ustedes. Nosotros tuvimos que
dedicar meses y un montón de unidades de la Administración pública a
hacer exactamente lo que usted ha dicho que tenían que hacer: cuál era el
origen del fraude, cuáles eran los medios con los cuales se podía
combatir eficazmente, cuáles eran no los objetivos de recaudación, como
usted ha ridiculizado aquí, sino cuáles eran los mecanismos, las formas
de actuación, los sectores y las áreas en las cuales había que incidir.
Eso nos llevó tiempo para hacerlo con rigor. Y una parte de ese rigor
significaba también el que pudieran encontrarse ustedes al llegar al
Gobierno con algún material a su disposición que, aunque usted no lo
reconozca, felizmente lo han utilizado, lo cual me parece muy bien. Lo
que pasa es que ustedes se han puesto unos pompones y unos flecos que
nada tienen que ver con lo que de verdad han hecho.
Contrabando. Me ha entendido mal, señor Costa. Quiero pensarlo porque si
no su contestación no es lógica. Yo no le he dicho que la fiscalidad en
España en materia de tabaco o de alcohol sea superior a la media de la
Unión Europea. He afirmado que el contrabando en este momento en España
es más rentable después de las medidas que ustedes adoptaron, lo cual no
tiene nada que ver con el análisis comparativo en términos relativos con
la media de la Unión Europea. Estaba hablando de España. Si antes, por
una determinada fiscalidad, había un determinado incentivo al
contrabando, ahora lo hay más, y sobre todo lo habrá más tan pronto las
empresas de tabaco tengan que desplazar a precios el aumento de la
fiscalidad, entre otras cosas para aumentar su margen de beneficios si
pretenden privatizar.
Me alegro de que matice algunas de sus afirmaciones. No he querido sacar
afirmaciones que han aparecido atribuidas a usted en los periódicos antes
y después del verano. Usted durante su intervención ha insistido en que
hubo una ley, como es la Ley General Tributaria, que naturalmente tiene
su origen antes de la Constitución, con independencia de las reformas que
después ha tenido. Pero cuando se utilizan algunos lenguajes (usted ha
utilizado sobre todo antes del verano un lenguaje crítico con el sistema
fiscal y tiene toda la razón de pensarlo) y sobre todo si usted se sitúa
en la oposición como Diputado del Partido Popular, me parece que tiene
que cambiar ese chip porque usted es el Secretario de Estado de Hacienda.
Y el Secretario de Estado de Hacienda no puede estar diciendo que el
sistema fiscal de este país es un desastre. No lo puede estar diciendo al
menos durante la campaña de renta, y no puede estar ni siquiera dando a
entender que piensa que hay un montón de cosas que, con independencia de
que sean mejorables
como todo lo humano, se convierten en auténticos incentivos a un
comportamiento deficiente en términos de ética cívica en nuestro país.
Sobre el déficit, señor Costa, me dice que los resultados de agosto no
son significativos. Yo me alegro. Estoy a favor de que se reduzca el
déficit, señor Costa. Si me lo dice usted le quiero creer. Me dice que
por qué no son significativos. Porque se producen devoluciones del IVA
atípicas y porque hay otra serie de devoluciones también muy importantes,
etcétera. Y me da como argumento, sin embargo, el que en septiembre se
producirán mejores resultados, por ejemplo, en sociedades. ¿Por qué no me
dice que septiembre tampoco es significativo a estos efectos o que lo es
a efectos de sociedades, pero no de los demás impuestos? No me haga
trampas, señor Costa. No me quiera hacer trampas al menos. Si mi
preocupación es saber por qué, frente a unos objetivos de reducción del
déficit de caja del 18 por ciento para el conjunto del año, hemos pasado
de julio, en el que nos situábamos aproximadamente en la media de
reducción en el déficit de caja acumulado, a un cumplimiento solamente
del 9 por ciento de este objetivo. Esa es mi preocupación. Si usted me
dice que las cosas van a ir mejor en el futuro, yo me tengo que alegrar.
Si yo me voy a alegrar de eso. No voy a estar triste porque se cumplan
los objetivos de déficit, créame. Estamos en eso. Lo que me preocupa es
que no haya una explicación coherente de por qué se ha producido en
solamente un mes, que es por cierto atípico, nada menos que una caída
hasta la mitad en el objetivo de cumplimiento del déficit. Esto es lo que
me preocupa, señor Costa. Creo que usted no lo ha aclarado porque el dato
de septiembre, por lo menos de acuerdo con la historia, razonablemente
tampoco va a servir para que ustedes digan que hemos mejorado otra vez
enormemente, porque también es un dato no significativo, como cada uno de
los meses es en realidad no significativo y solamente el conjunto lo es.
Plusvalías. De nuevo tengo la sensación, señor Costa, de que nos quiere
tomar el pelo. Dice usted que el Gobierno no prevé pérdidas. ¿Qué
entiende usted por pérdidas? ¿El que sobre los 85.000 millones de
ingresos fiscales no se producirá una notable evolución? ¿No hay que
considerar todo lo que anteriormente le decía de los efectos de
desplazamiento? ¿Cree de verdad que con la fiscalidad que han introducido
por este renglón se ingresará más en el futuro? ¿Está queriendo decir que
todavía tendremos más ingresos? ¿No sería más lógico, más creíble, como
usted indicaba al principio, decir: Creíamos que había que hacerlo y lo
hemos hecho, aunque caiga la recaudación? Esto lo puedo entender. Me
parece que al menos es un argumento lógico. Pero decir que creíamos en
una cosa y al mismo tiempo defendemos contra toda evidencia el que va a
aumentar la recaudación, eso ya resulta un poco más difícil de aceptar. Y
el argumento de que con la legislación anterior había plusvalías que
podían no tributar porque estuvieran invertidas en determinados fondos,
la verdad es que ustedes no han dado lugar siquiera a experimentarlo en
la medida en que el plazo previsto nunca se ha cumplido, y no se va a
cumplir ya porque han modificado la legislación. Por tanto, están ustedes
comparando algo que no se puede comparar. Simplemente están tratando de
negar algo que sí es evidente: que ustedes reducen la tributación y que,
por tanto, tendremos un efecto neto, absoluto, y un efecto de
desplazamiento que significará menor recaudación en el futuro, aparte de
otros muchísimos efectos de orden cualitativo en el Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas, en la progresividad del sistema, etcétera, y
que, como usted ha dicho, deberán extenderse a las otras rentas del
capital, con lo cual tendremos todavía un efecto ampliado.
Respecto a la financiación autonómica, señor Costa, me parece que usted
se ha esmerado a sí mismo. Se lo digo con todo respeto, pero yo sé que en
política hay que hacer a veces ejercicios para explicar las cosas de
manera que se entiendan y sin faltar a la verdad, y a lo mejor no
diciendo todo lo que uno piensa. Ahora bien, ¿como cree que puedo yo
entender sus dos afirmaciones fundamentales sobre el sistema de
financiación autonómica, que son --si le he entendido bien-- las dos
siguientes? Primero, hay un sistema de financiación de las competencias,
que es distinto que el que existía antes. Segundo, hay unos mecanismos de
solidaridad y la introducción de asignaciones de nivelación. Sobre lo
primero, por entendernos, dice usted: Este no tiene coste. ¿Por qué no
tiene coste? Porque la recaudación normativa y, por tanto, la
financiación atribuida a las comunidades autónomas en el año base se
entiende que es la misma que existía. Luego vuelvo sobre su manera de
analizar los costes. Segunda afirmación: los mecanismos de solidaridad y
las asignaciones de nivelación costarán menos de lo que costaban hasta
ahora. La suma de esas dos afirmaciones da el que el conjunto del sistema
es más barato que el de antes. Y a continuación ustedes hacen el
siguiente discurso: Todas las comunidades autónomas mejoran. Si es así,
señor Costa, ¿cómo puede ser que mejoran si reciben lo mismo? Para que
sea así, y las comunidades autónomas están haciendo la cuenta diciendo
que recibirán más de lo que recibían anteriormente, tiene que sumar más.
No me diga usted que cuesta lo mismo. Si se reducen los fondos destinados
a solidaridad o a asignación de nivelación (usted lo ha cifrado en un
importe de 200.000 millones de pesetas, que es menos, según le he
entendido, de lo que existía anteriormente) tengo que decirle: ¿Cómo
ustedes están diciendo entonces que hay nuevos mecanismos de solidaridad
que van a significar todavía un mayor esfuerzo por introducir esas
características en el sistema? O están diciendo una cosa que no es
verdad, al principio, cuando hablan de que todo el mundo mejora y de que
han introducido nuevos mecanismos de solidaridad y la asignación de
niveles, o no están diciendo la verdad, señor Costa, cuando dicen que el
sistema cuesta menos.
La verdad es que las cosas son un poco distintas. ¿Cómo no va a tener
coste la asignación de nuevas figuras a las comunidades autónomas? ¿O es
que no es un coste para el Estado el que la evolución que anteriormente
tenían determinadas figuras que estaban en el Estado ahora se las
apropian las comunidades autónomas? Tendrá un coste. Dígame cuánto es.
Eso es lo que le estoy preguntando, pero no me haga juegos malabares para
decirme que hay una restricción financiera inicial en el modelo, cosa que
es
bastante elemental. No es de esto de lo que le estoy hablando. Le estoy
diciendo que cuánto cuesta en los cinco años. Hasta ahora no hemos
conseguido que el Señor Aznar nos lo diga, ni el señor Rato. Tenía la
ingenua pretensión, señor Costa, de que usted no me dijera cosas que no
cuadran, porque esto atenta al rigor y le hace poco creíble. Si usted me
dice que cuesta menos, ¿qué me quiere decir? ¿Que van a pagar menos por
solidaridad, menos por asignación, menos también en el ejercicio de las
competencias? ¿Que va a costar menos que el sistema anterior o que la
prórroga del sistema anterior? Entonces ¿cómo es mejoran las comunidades
autónomas? ¿No se da cuenta de que sopas y sorber no puede ser? ¿No se da
cuenta de que no puede sumar más de cien si hay una restricción como la
que usted ha señalado? ¿Cómo quiere que le crea? Y si no nos lo explican,
¿cómo podríamos aceptarlo? ¡Si no lo sabemos! ¡Si lo único que nos dicen
es que la recaudación normativa establecida en el modelo, con
independencia de que los mecanismos sean distintos tiene que dar una
igualdad en el año base respecto del modelo anterior! Con eso no estamos
hablando de nada; no estamos hablando de cuánto cuesta el modelo. Y si la
suma de la financiación del Estado y de las comunidades autónomas sufre
una alteración, esto es, si el Estado, para el ejercicio de las mismas
competencias, tiene ahora o en el futuro menos recursos de los que tenía
hasta ahora, esa será la razón por la cual han mejorado las comunidades
autónomas. Pero si eso se produce así, tendremos un problema, problema
que afectará bien a que el Estado ejerza sus competencias con menores
recursos o bien a que el Estado tenga que endeudarse de una u otra forma,
lo que afectará al déficit público.
De eso es de lo que estamos hablando. Dígamelo, señor Costa, pero no me
cuente milongas. No me diga, por favor, que las cosas no tienen coste. No
se ha inventado todavía el sistema de multiplicación de los panes y los
peces. Eso ocurrió en Palestina hace muchos años y con autoridad divina.
Yo, hasta ahora, no he encontrado que ustedes se sitúen en semejante
geografía ni, desde luego, que tengan esa autoridad. Por tanto, por
favor, no nos cuenten milongas; dígannoslo de una vez. Si no lo dice
usted, volveremos a preguntárselo al señor Rato o al señor Aznar. En
algún momento alguien tendrá que decir a este país cuánto cuesta y no
contar estas milongas de la neutralidad financiera del modelo en el año
base o de la restricción restricción financiera inicial, porque no
estamos hablando de eso. Y ya está bien de que la opinión pública de este
país tenga que estar escuchado esa insistente melopea en virtud de la
cual la oposición pregunta una y otra vez una cosa bien sencilla y el
Gobierno no quiere contestar, se va por los cerros de Ubeda y simplemente
oculta la realidad.
¿Cómo puede decir el Consejero de la Región de Murcia ayer, en una
intervención en radio, lo mismo que todos los demás consejeros de las
comunidades autónomas del Partido Popular, que su comunidad va a ganar
30.000 millones --ya digo que hablo del caso de Murcia-- a lo largo de
cinco años respecto al sistema anterior y usted venir aquí a decirnos que
no tiene coste? ¿De dónde sale? ¿O es que estamos haciendo la comparación
sobre bases falsas? Si suma 30.000 millones de pesetas para Murcia,
teniendo en cuenta que Murcia supone aproximadamente el 2,4 por ciento
del PIB, extrapolándolo al 100 por ciento significaría alrededor de un
billón 250.000 millones de pesetas. No quiero hacer extrapolaciones
absurdas, pero si alguien hace este tipo de comparaciones resulta que la
suma de los logros obtenidos por todos los consejeros de todas las
comunidades autónomas del PP, extrapolada a los cinco años, da lugar a
una cantidad absolutamente exobirtante. ¿Cómo puede usted decir que no
tiene coste? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo tendremos que estar escuchando estas
cosas?
Señor Costa, yo le pediría que nos dijera alguna cosa y no qué es lo que
ocurría, que ya lo sabemos. Y si el sistema que existía anteriormente era
un sistema inmejorable, creo que haríamos todos bien en buscar un nuevo
sistema mejor. Ahora bien, si ustedes quieren prescindir de varias
fuerzas políticas en la implantación nada más y nada menos que del
elemento fundamental del funcionamiento del Estado de las autonomías, que
es la financiación autonómica, entonces, señor Costa, como le hemos dicho
al Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno y le hemos dicho en
público a todo el Gobierno, tendremos problemas. ¿Cómo no vamos a tener
problemas? ¿O es que cree que es razonable que el consenso que ha
presidido la edificación del Estado de las autonomías se rompa en una
materia como la financiación autonómica por su acuerdo? No es razonable,
señor Costa; no es razonable haber funcionado con un determinado espíritu
en esta dirección y tener ahora que romper ese acuerdo, incluso
utilizando argumentos tan faltos de lógica y tan llenos de ocultación,
tan propensos o tan plenos de prestidigitación como los que usted, su
ministro y el Presidente del Gobierno están utilizando para explicar esta
cuestión. No es verdad, señor Costa; esto no es verdad. Díganoslo si lo
quiere decir y si usted no lo puede decir, a lo mejor hay que volvérselo
a preguntar al señor Aznar, pero tomaduras de pelo a estas alturas ya no.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer al señor Secretario de Estado
de Hacienda, señor Costa, las contestaciones respecto a las preguntas que
le habíamos formulado en nuestra intervención, y ahora, en este turno,
quería intervenir sobre un aspecto que nuestro grupo considera muy
importante.
En primer lugar, quiero constastar que es cierto, y también se deduce de
la intervención del Secretario de Estado, que a través del nuevo
tratamiento sobre las plusvalías se ha producido un desplazamiento de los
productos financieros que existían y existen en la actualidad hacia los
fondos de inversión. Es posible que a finales de año estos productos
financieros pasen a suponer una cantidad global que puede oscilar entre
los 15 y los 18 billones de pesetas, con lo cual se constata que el nuevo
tratamiento fiscal va encaminado a que dichos productos financieros
jueguen un papel importante dentro del sistema financiero español.
Nuestro grupo cree que con esta nueva regulación existe
un espacio fiscal y financiero que a través de su Secretaría de Estado, y
lógicamente en coordinación con otras secretarías de Estado,
concretamente la de Comercio Exterior y la de Pequeñas y Medianas
Empresas, que no dejan de estar globalizadas dentro del Ministerio de
Economía, es posible profundizar y estudiar, por medio de la
globalización de dichos productos, un nuevo espacio fiscal y financiero
que permita una mejora en la financiación de los proyectos empresariales
y, concretamente, dentro de las pequeñas y medianas empresas. Somos
conscientes de que dichos fondos están sujetos a unas inversiones
importantes en productos financieros del Estado, pero pensamos que a
través de la colaboración con las secretarías de Estado, con los
mecanismos que el Ministerio de Economía estime pertinentes, es posible
buscar este espacio financiero que permita un mejor tratamiento en cuanto
a las inversiones de las pequeñas y medianas empresas ligadas al
tratamiento de productos como los fondos de inversión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Voy a ser muy breve. Simplemente quería
agradecer al señor Costa las contestaciones a los interrogantes que ha
planteado nuestro grupo. Creo que ha contestado a casi todo, pero me he
quedado con dos aspectos que sí quiero puntualizar.
En primer lugar, que me parece muy positivo el talante del Gobierno, a
través de las manifestaciones del Secretario de Estado, en cuanto al
conflicto generado por la Hacienda estatal con respecto a las normas
forales vascas. Espero que ese talante se siga traduciendo en hechos
concretos y en esa línea espero poder seguir manifestando mi complacencia
en el futuro.
Otro de los aspectos que he anotado es el hecho de que el Gobierno no va
a tomar medidas fiscales sobre los productos de ahorro antes de que se
pronuncie la subcomisión que está creada en el Parlamento sobre el
análisis de los sistemas de previsión social complementaria. A este
respecto le tengo que decir que allí no tratamos sobre la fiscalidad del
ahorro en su globalidad, sino sobre la fiscalidad del ahorro siempre y
cuando esté dirigida a la previsión social complementaria, es decir, a
los planes de pensiones, y no entramos en el debate sobre cómo tiene que
ser la fiscalidad del ahorro de otras figuras financieras.
Estos son los aspectos que me han resultado más importantes en la
contestación que me ha dado, independientemente de la importancia del
resto de las cuestiones que ha planteado. Por mi parte, no tengo más
consideraciones que hacer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias por su contestación, señor
Costa. Solamente quiero preguntarle, sobre lo que ya le interrogué, si se
ampliaría el número de entidades para facilitar el pago de los impuestos
por los contribuyentes y preguntarle también --es una cuestión que se me
quedó-- sobre la situación actual de los préstamos o créditos
participativos, de lo que se habla en la Ley de medidas fiscales
urgentes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Quiero agradecer, en primer lugar, las
respuestas claras que ha dado el señor Secretario de Estado y, en segundo
lugar, el talante de su intervención, que no se ha visto acompañado con
el que ha mantenido algún otro portavoz de un grupo, que ha cambiado el
tono del debate por otro más crispado, pues ha hablado no sé si diez o
doce veces de trampas y no sé cuántas veces de mentiras. Lamento que en
un debate que se estaba tratando de forma más técnica y menos crispado
cambiemos el tono, porque a veces da la impresión de que una mentira o
una media verdad dicha muy enfáticamente pretenden que acabe siendo una
verdad absoluta. Eso no es así. Es más, en algún momento incluso ha
adoptado un tono un poco amenazante hablando de la ruptura de los
acuerdos de financiación autonómica. Le recuerdo que en el anterior
modelo no tenían un acuerdo unánime ni siquiera entre los miembros de su
propio partido; había miembros de su propio partido que no aceptaban el
modelo de financiación anterior. Es justo decirlo, porque cuando habla de
ese acuerdo unánime conseguido por ustedes tengo que recordarle que no
era así.
Decía el portavoz del Grupo Socialista que si hacía un alarde, que si
pretendía que le hiciéramos creer... No hay peor creyente que el que no
quiere escuchar, porque no hay manera de hacerle entender. Parece que se
quiere hacer de los debates de la fiscalidad, del sistema fiscal o del
sistema de financiación autonómica un debate político y no un debate
sobre las técnicas fiscales y sobre el modo de garantizar la autonomía y
la solidaridad de la financiación en las comunidades autónomas.
Muy brevemente me quiero referir a algunas cosas. Hablaba de las medidas
de junio y volvía a decir: «Una mentira contada mil veces puede llegar a
ser una verdad. Es una tomadura de pelo. Salvo ustedes, no hay acuerdo
con nadie». Tenemos acuerdo con el resto de los grupos de la Cámara, no
sólo el Partido Popular ha apoyado estas medidas; hay un acuerdo unánime
entre los técnicos fiscales; hay un apoyo de estas medidas en la doctrina
económica; han producido un buen efecto económico. Yo quiero manifestar
que mi grupo apoya totalmente las medidas que se han adoptado, que
tienden a rebajar la fiscalidad de las Pymes. Si ustedes quieren subir la
fiscalidad de las Pymes, díganlo; si ustedes creen que las Pymes tienen
una fiscalidad muy alta y que hay que seguir subiendo los módulos,
díganlo, porque hace pocos meses hasta tenían manifestaciones en las
puertas de las delegaciones de Hacienda.
Si ustedes quieren que sigamos manteniendo el Impuesto sobre Sucesiones
en los niveles en los que está, díganlo, porque no parece que tenga mucho
sentido el doble lenguaje que usan. Por una parte dicen que perdemos
recaudación y por otra parte dicen que estamos tomándoles el pelo. No sé
a quién, desde luego a nadie en la sociedad.
Habla del fraude y del contrabando, pero no voy a entrar en ello.
Sobre las plusvalías dice que el régimen aprobado por el Gobierno es una
tomadura de pelo, y se refiere no sólo a la comparecencia del señor
Secretario de Estado sino a lo que ha apoyado este grupo parlamentario
con los acuerdos de Gobierno que tenemos con el resto de los grupos.
Entendemos que el tratamiento que se ha dado al ahorro es un régimen
apropiado y es un primer paso para mejorar la fiscalidad del ahorro,
necesario para crear empleo, necesario para que la economía crezca.
El portavoz del Grupo Socialista después ha hecho un alegato referido a
algunas palabras del Secretario de Estado sobre el coste de la
financiación autonómica: si hay comunidades que mejoran, cómo es posible
que no haya coste. Parece que esa pregunta le lleva a un cuestionamiento
general del sistema. Si se le da espacio fiscal desde la Administración
central, el coste puede ser neutro en transferencias y, sin embargo, se
les dan mecanismos para que ellos mejoren su capacidad financiera.
Evidentemente, con los mecanismos que el modelo conlleva, las comunidades
autónomas van a tener mejor financiación, la van a ver aumentada. En ese
sentido ya lo decía el Consejero de Economía de Murcia (provincia de la
que usted es representante, pero parece que no se alegra de que esta
comunidad consiga una mejor financiación), que es cierto, va a tener un
incremento en su financiación, pero eso no va a suponer, en ningún caso,
un mayor número de transferencias por parte del Estado. Lo que se les
concede es que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
puedan ejercer la capacidad normativa, tanto en tipo como en deducciones.
Yo le quiero decir que ustedes han hecho una bandera política del
tratamiento a la financiación autonómica. Tendrán que explicar si es que
ustedes pretenden que las comunidades autónomas sean peor tratadas, si es
que ustedes pretenden que las comunidades autónomas no tengan suficientes
recursos para proveer los servicios que los ciudadanos les están
demandando. Porque eso de que el Grupo Socialista en esta Cámara mantenga
que rebajemos la financiación de las comunidades autónomas y, por otra
parte, en cada región estén diciendo que el modelo es malo porque no se
consigue suficiente incremento o que el modelo es bueno porque se
consigue ese incremento, ese doble lenguaje del Partido Socialista no va
a ayudar a que encontremos el consenso, que es lo que desde mi grupo
estamos buscando. Nos gustaría llegar a ese consenso que ustedes no
tuvieron, ni siquiera entre los suyos, pero si somos razonables y
escuchamos, si damos razonamientos sensatos. Desde luego, haciendo sólo
una bandera política me parece que es muy difícil llegar a consensos.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de alusiones y de réplica,
tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Martínez-Pujalte, con todo respeto le
diré que lamento que no le gusten mis intervenciones y los argumentos que
utilizo, pero una cosa sí le voy a pedir por favor: que no desfigure lo
que he dicho. Primero, no he pedido que se empeore la financiación de las
comunidades autónomas. No me lo atribuya. Es de mala laya utilizar ese
tipo de argumentación. Segundo, cuando nosotros estamos planteando
nuestro desacuerdo, en ningún sentido hay una amenaza. Yo no estoy
amenazando. Probablemente ustedes se reconocen demasiado en su estilo de
oposición y creen que cuando nosotros expresamos, con convicción y con
argumentos, nuestras posiciones estamos recurriendo a las mismas formas
que ustedes utilizaron. Que no. Lo que sí le pido al Secretario de Estado
es que no utilice argumentos que desde el punto de vista lógico, al menos
tal y como yo los entiendo, no se pueden aceptar por quien crea
simplemente que cincuenta más cincuenta suman cien, pero no pueden sumar
ciento veinticinco ni ochenta y ocho. Esto es lo que estoy diciendo.
No sé si en su argumentación hay una especie de dolor porque sus propios
asesoramientos en materia de financiación autonómica merezcan tan poca
consideración por parte del Grupo Socialista, pero créame, es lo que
pensamos, lo pensamos así, y nos parece que éste es un tema demasiado
serio como para ser dejado simplemente a los términos de los acuerdos a
los cuales se ha llegado. ¿Qué ocurrió en el pasado? Equivoca usted los
acuerdos en materia de edificación del Estado de las autonomías con los
desacuerdos en materia de un algo muy parcial en el Consejo de Política
Fiscal. Recuerde, la Lofca fue acordada por la UCD, el Partido
Socialista, Convergència i Unió y en aquel tiempo participó también
Alianza Popular. Recuérdelo. Posteriormente, los estatutos de autonomía,
incluso en la parte relativa a los tributos, son fruto de un acuerdo. El
marco de financiación autonómica, en sus primeros modelos, en sus
primeros esquemas, es también el fruto de un acuerdo político amplio, no
solamente de un acuerdo o de un desacuerdo parcial con las comunidades
autónomas. Y cuando estamos hablando ahora de un cambio mayor, sobre el
que había un acuerdo de todas las comunidades autónomas y de todas las
fuerzas políticas para implantar un nuevo modelo, acuerdos autonómicos
anteriores y acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
ustedes están convirtiendo esto en una cuestión estrictamente para
mantenerse en el Gobierno de una forma que les puede parecer legítima, si
yo no digo que no tengan los votos para ello, lo que les estoy diciendo,
lo que estoy tratando de decirles es que esto es demasiado serio para
convertirse exclusivamente en un tema de desacuerdo o en un tema de
acuerdo al estilo del que han logrado. Deberíamos hacer todos un esfuerzo
para encontrar un acuerdo en materia de financiación autonómica, porque
no es solamente un problema de dinero; no lo es, siendo muy importante.
Es un problema de normas de funcionamiento del Estado autonómico, es un
problema de consenso político básico. Eso es lo que quiero decir. El
problema no es si una comunidad tiene dos mil o tres mil millones más, no
es ese el problema. El problema es si el modelo de financiación para los
próximos años es el fruto no sólo del acuerdo con las comunidades
autónomas, sino de las principales fuerzas políticas, no vaya a ser que
un nuevo Gobierno, con una nueva mayoría, tenga que cambiar el modelo.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, les ruego que en un
turno por alusiones no repliquen, a su vez, contradiciendo las
argumentaciones contrarias, aludiendo de nuevo, porque se establecen
debates cruzados que no nos conducen a ninguna parte.
Voy a conceder un último turno al señor Martínez-Pujalte, pero le ruego
que, por favor, ni contradiga ni replique al señor Eguiagaray, sino
simplemente las posiciones que él ha contradicho usted las defienda, sin
introducir, para nada, nuevos elementos de debate ni intentar dar
contraargumentaciones a las realizadas. Además, señores Diputados, les
advierto que en el futuro esta Presidencia hará llamadas a la cuestión
para que se ciñan SS. SS. a los debates y no den lugar a debates
cruzados.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, intentaré ceñirme a lo
que nos ha dicho.
Agradezco al señor Eguiagaray que en este turno haya bajado el tono, ya
no ha descalificado las palabras que se han pronunciado aquí.
Respecto a la financiación autonómica, lamento no estar de acuerdo con
él. Lamento que ahora se diga que sí había un consenso amplio. Le
recuerdo que había comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Socialista que no habían firmado el último acuerdo de financiación sobre
qué avances se habían producido en el camino de la corresponsabilidad
fiscal. Y quiero decirle también que el acuerdo que se ha alcanzado se
enmarca en el Libro Blanco de financiación autonómica; libro blanco que
se encargó desde el Ministerio de Economía y Hacienda y que era fruto del
consenso al que habían llegado los consejeros de economía en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera en el sentido de solicitar un nuevo
modelo de financiación autonómica. En ese libro blanco se dice que un
instrumento idóneo para conseguir la corresponsabilidad fiscal es el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En ese sentido se
avanza.
Señor Eguiagaray, tiempo tendremos de debatir estos temas, pero no sigan
planteándose si cincuenta más cincuenta son cien. Efectivamente,
cincuenta más cincuenta son cien, pero una cosa es que las comunidades
autónomas van a conseguir una mayor financiación por recursos propios y
otra es que las transferencias no se aumenten. Efectivamente, los
recursos propios de las comunidades autónomas, que hasta ahora no
llegaban ni al 20 por ciento, van a ser ampliados; sin embargo, se les da
capacidad y se va a lograr con ese sistema que las transferencias del
Estado no aumenten. Con ese sistema el Estado no pone más dinero, pero
las comunidades autónomas pueden aumentar su financiación con el impuesto
que se les ha transferido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado, don
Juan Costa, para contestar a las puntualizaciones formuladas por los
señores Diputados.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
Presidente, voy a intentar contestar a todas las manifestaciones que aquí
se han hecho. Con independencia de algún calificativo, creo que se ha
mantenido el tono de la intervención inicial --como no podía ser de otra
forma-- y, por tanto, les agradezco que hayan seguido manteniendo el
mismo tono en sus intervenciones.
Yo no sé si no se me ha entendido en algunas de mis afirmaciones. Espero
que ésa sea la realidad. Desde luego, yo no voy a hacer ninguna
presunción de intenciones respecto a lo que puedan justificar las
palabras o argumentos que hayan sido utilizados por algunos de los
intervinientes. Cuando yo he dicho que el Gobierno espera que no se
produzca ninguna pérdida de ingresos, en sentido dinámico, con relación a
las medidas que fueron aprobadas, digo lo que piensa el Gobierno. Algún
señor Diputado puede no compartir esa apreciación, pero es la que tiene
el Gobierno, es lo que piensa el Gobierno, y creo que lo que tenemos que
hacer es esperar a disponer de los datos estadísticos de recaudación
tributaria y en ese momento veremos quién tiene la razón, porque
probablemente sobre hechos no discuten más que los tontos y yo estoy
convencido de que cuando tengamos los datos podremos verificar y
comprobar quién tiene razón. La previsión del Gobierno es que no exista
ninguna pérdida de recaudación. Si el Gobierno aprueba medidas para
cubrir agujeros, insuficiencias presupuestarias o partidas que no
disponían de crédito presupuestario, las aprueba precisamente por esa
razón. Yo creo que hay una razón objetiva que justifica la aprobación de
unas medidas. Se pueden seguir haciendo presunciones de intenciones, pero
la realidad es que hay un hecho objetivo y el Gobierno adopta unas
medidas.
Cuando se plantea la revisión de tasas, el Gobierno no está haciendo más
que algo que considera que es imprescindible en un sistema tributario en
el que tiene que prevalecer la equidad como principio. Estoy
absolutamente convencido de que las señoras y señores Diputados estarán
de acuerdo conmigo en que si se adopta la decisión de establecer una tasa
porque se opina que esos servicios, de los que hay un único beneficiario
o un beneficiario muy determinado, tienen que ser satisfechos, sufragados
o financiados por ese beneficiario, porque eso es mucho más justo que lo
pague el resto de los ciudadanos a través de los impuestos cuando no se
benefician lo más mínimo de ese servicio público o de esa actividad de la
Administración, digo que estaremos todos de acuerdo en que si las tasas
--cuando se aprobaron en su momento-- reflejaban el coste de los
servicios pero han transcurrido cinco o quince años y no se han
actualizado en función de la realidad y de la evolución de los precios,
habrá que actualizarlas, porque es una medida de racionalización de la
actuación de la Administración y es una medida que dota de equidad el
sistema tributario.
El plan contra el fraude aprobado por el anterior Gobierno, en mi
opinión, es un plan estético, y lo vuelvo a decir aquí. Yo he intentado
poner algunos ejemplos que avalan esta afirmación. Por ejemplo, no me
parece razonable que se consideren como medidas independientes, cuando se
aprueba un plan, analizar las necesidades de efectivos, convocar los
concursos correspondientes, aprobarlos o cerrarlos y tomar posesión de
las plazas. A mí me parece que
eso no es una medida. O, por ejemplo, modificar una relación de puesto de
trabajo me parece que tampoco es una medida que tenga sustantividad
propia como para calificarla como una de las medidas que integran un
programa de lucha contra el fraude.
El equipo anterior de Gobierno encargó un informe --que yo calificaría de
positivo, como lo califiqué aquí--, informe que se discutió y en el que
participaron todos los grupos parlamentarios y desde luego el Grupo
Parlamentario Popular, porque a iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular se abrió un debate en esta Cámara con relación a ese informe y
los diferentes grupos parlamentarios hicieron aportaciones que permiten a
quien tenga responsabilidades de gobierno adoptar medidas en cada
momento. Ese trabajo nadie lo puso en duda en aquellos momentos en esta
Cámara y este Gobierno tampoco lo va a poner en duda. Pero la
interpretación que se hizo de ese trabajo por el Gobierno y el listado de
medidas inconexas que fue aprobado, en mi opinión, sí que puede ponerse
en duda y no es nada contradictorio con lo anterior.
Permítanme que les ponga algunos ejemplos de las medidas que ha aprobado
el Gobierno en el plan de la lucha contra el fraude y que no eran
consideradas por el Gobierno anterior o que no figuraban en ese plan. Y
no es que nosotros seamos más inteligentes que ustedes, ni mucho menos,
no se me ocurriría ser tan presuntuoso, pero de la misma forma tampoco
espero que los señores Diputados puedan pensar que somos más tontos de lo
que era el anterior Gobierno. Por ejemplo, se implantará un sistema de
consultas en las delegaciones de la Agencia estatal de Administración
Tributaria para que cualquier contribuyente vaya a la agencia y pregunte
cómo tributa una operación, pudiendo obtener una respuesta por escrito.
Eso no figuraba en el anterior plan. O, por ejemplo, establecer un
sistema de pre-revisión de determinadas declaraciones tributarias para
que la actividad de inspección de la Administración se realice antes del
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en lugar de realizarla con
carácter posterior cuando han transcurrido dos, tres, cuatro, cinco o
seis años, en ocasiones, desde el momento en el que se cumplieron las
obligaciones fiscales o se realizó la transacción. Fijar un plazo máximo
de doce meses para concluir los procedimientos de inspección es una
medida de racionalización en la actuación de la Administración e
introducirá mucha más seguridad jurídica en los contribuyentes, que en
muchas ocasiones se ven sometidos a procesos de inspección absolutamente
inacabables. Por ejemplo, anticipar la realización de devoluciones
tributarias para que exista más equidad en el cumplimiento fiscal es algo
que está haciendo este Gobierno, y podemos remitirnos a los datos
estadísticos. Estoy seguro de que ustedes comparten conmigo que, cuando
la renta es la misma, por el hecho de que en un caso esté sometida a
pagos anticipados y en otro no lo esté se produce un desfase importante
entre el momento del pago, cuando la capacidad económica es exactamente
la misma. Y eso solamente puede resolverse anticipando el plazo de
devoluciones. Por ejemplo, introducir mecanismo para controlar las
transacciones con paraísos fiscales estableciendo la obligación de
suministrar información sobre todos esos pagos es algo que no estaba
recogido en las medidas de lucha contra el fraude aprobadas por el
anterior Gobierno. Ustedes, señores Diputados, conocen a través del
«Boletín Oficial del Estado» el plan aprobado por el Gobierno y yo me
remito a él a efectos de mayor información.
Con relación al régimen de las plusvalías, se dice que el Gobierno
pretende tomarle el pelo a los ciudadanos o a los contribuyentes, que no
podían plantearse esos supuestos y que, como no se ha cumplido el plazo
previsto en las leyes para que determinadas operaciones estén exoneradas,
el supuesto a que me refería de una plusvalía de 2.000 millones de
pesetas, que las hay y las ha habido, está exonerado de tributación. Es
que el plazo no es el de vigencia de la ley: el plazo es el de tenencia
del patrimonio, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que se han
producido transacciones a lo largo de la vigencia de la ley con relación
a activos que se tenían 10, 15 ó 20 años y que, por tanto, la plusvalía
estaba totalmente exenta. Esas transacciones se han producido. Son
transacciones que no han soportado el más mínimo gravamen fiscal, cosa
que sí puede calificarse como contraria a la equidad. Que una plusvalía
no soporte ninguna tributación, tributación cero, eso, en mi opinión, sí
es contrario a la equidad; pero que soporte una tributación determinada
porque es una renta que se obtiene en un período largo de tiempo y a la
que, por tanto, no tenga que aplicarse el mismo patrón de progresividad y
los mismos tipos que diseña la tarifa del impuesto para rentas de devengo
anual, yo creo que eso está absolutamente justificado y, por otra parte,
es la tendencia en el Derecho comparado. Yo recordaría a las señoras y
señores Diputados que Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia,
Portugal, en el ámbito de la Unión Europea, establecen exenciones o tipos
reducidos para la tributación de las plusvalías a largo plazo, que es
exactamente lo que ha hecho el Gobierno. Además, a mí lo que me gustaría
es saber qué es lo que habría hecho el Partido Socialista. ¿Habría
mantenido para siempre el mismo régimen de tributación? ¿Tiene la
intención de cambiarlo, si tiene responsabilidades de gobierno en el
futuro? Ya veremos qué es lo que ocurre. De nuevo los hechos serán los
que podrán decidir qué sistema de tributación es mejor, si el que ustedes
habían diseñado en la pasada legislatura o el que ha diseñado el Gobierno
en ésta.
Se me plantean unas cuestiones en relación con el modelo de financiación
autonómica. La primera duda que tengo es cuál es el modelo que se
auspicia o se plantea desde el Grupo Parlamentario Socialista o cuál es
el modelo que se auspicia o se plantea desde las comunidades autónomas
del Partido Socialista, porque yo todavía no lo tengo claro y me gustaría
saberlo. Me gustaría saber si el Grupo Parlamentario Socialista suscribe,
por ejemplo, el modelo que presentó la Junta de Andalucía, porque ni
siquiera las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha lo
suscriben. En cada comunidad autónoma el Partido Socialista utiliza unos
argumentos que
nada tienen que ver con los de otra. En la Comunidad Autónoma de
Andalucía se dice que la Comunidad Valenciana es la más beneficiada y en
ésta se dice justamente todo lo contrario. La verdad es que estoy
absolutamente dispuesto a hablar de cualquier modelo que se ponga encima
de la mesa y que refleje las inquietudes del conjunto de las comunidades
autónomas. La realidad es que el Gobierno lo que ha hecho es alcanzar un
consenso muy amplio con una gran mayoría de las comunidades autónomas que
existen en este país; comunidades autónomas que tienen una situación
económica y un perfil absolutamente dispar, pero la realidad es que ha
sido capaz de suscribir un acuerdo que es aplicable y beneficioso para
cualquier tipo de comunidad autónoma, y sin ninguna directriz política.
Si usted lee las actas de las intervenciones de los representantes de las
diferentes comunidades autónomas, verá como cada comunidad autónoma hace
su planteamiento. El Gobierno lo que intenta es buscar un modelo
consensuado. La realidad es que la paternidad de este modelo no es del
Gobierno sino de todas las comunidades autónomas que han participado
activamente en los debates del Consejo de Política Fiscal y Financiera
para sacar adelante un modelo. Cuando se aprobó el sistema de
corresponsabilidad, mal llamado corresponsabilidad fiscal, del 15 por
ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las
comunidades en las que tenía responsabilidades de gobierno el Partido
Popular una votó no, otra abstención y otra sí. Cada una votó lo que
consideraba mejor para los intereses de sus ciudadanos. Da la casualidad
de que las comunidades autónomas del Partido Socialista todas han votado
que no, unidad de criterio, y sin embargo no ha habido una propuesta
homogénea, del conjunto, que pueda ser sometida a debate y a la
consideración de las otras comunidades autónomas. El Gobierno ha hecho un
esfuerzo por buscar un consenso que, sin embargo, no se ha visto
respaldado por otras partes afectadas por la reforma del sistema de
financiación autonómica.
¿Qué coste tiene el modelo? Voy a intentar explicarme de nuevo con la
mayor claridad posible. Nosotros sustituimos un mecanismo, que se
introduce en 1993, que es la participación en la cuota líquida del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tomando como año neutral
1993 y lo sustituimos por una cesión del Impuesto Sobre la Renta a través
del instrumento que sea, del 30 por ciento, tomando como año neutral
1996. Se sustituye un mecanismo por otro. Pero la masa inicial de
recursos es exactamente la misma en un momento que en otro. ¿Cómo pueden
mejorar las comunidades autónomas su financiación? Lo hemos dicho en
muchas ocasiones y en el documento remitido por el Gobierno figura:
participando en la gestión, que es una manera de mejorar los ingresos. Se
crea una sociedad de intereses entre la Hacienda central y las haciendas
autonómicas, ejercitando su capacidad normativa, aplicando por el
Gobierno decisiones de política económica que impulsen e incentiven el
crecimiento económico en esa comunidad autónoma. Hay muchas posibilidades
para mejorar la financiación.
Lo que he dicho es que este modelo no va a costar más que lo que costó
incrementado el modelo anterior. Es decir, que el dinero que puede
ponerse encima de la mesa o al que se puede renunciar como consecuencia
de este modelo, desde luego, va a ser menos que el que se puso encima de
la mesa con el modelo del quinquenio 1992-96. Los 200.000 millones de
pesetas que pueden llegar a costar los mecanismos de solidaridad que
aprobó el Gobierno no existían en el anterior modelo de financiación.
Quiero recordarles que durante trece años el Gobierno fue incapaz de
poner en marcha el artículo 15, asignaciones de nivelación, y este
Gobierno lo ha puesto en marcha y va a figurar una asignación
presupuestaria en 1997 para hacer frente a ese mecanismo del artículo 15
de la Lofca. Esos mecanismos de solidaridad no estaban en el anterior
modelo de financiación. Son mecanismos nuevos. Por tanto, lógicamente,
tienen que costar más dinero que los mecanismos que existían antes porque
no existían. Esa es la realidad.
Yo lo que quiero transmitir a las señoras y señores Diputados es que el
Gobierno, en este aspecto, ha hecho el mayor esfuerzo posible por buscar
un consenso generalizado en la reforma del modelo de financiación
autonómica. ¿Se puede presumir que no ha sido así? Se puede presumir.
Pero yo he tenido contactos bilaterales con la totalidad de los
consejeros y, desde luego, no podrán manifestar que el Gobierno no ha
tenido la intención de buscar su acuerdo y su consenso e intentar mejorar
la propuesta inicial del Gobierno. Y ésta, desde luego, no tiene nada que
ver con el modelo que finalmente se ha aprobado; modelo que es paternidad
exclusiva de las comunidades autónomas, que con sus propuestas y con sus
planteamientos han hecho posible que salga ese sistema de financiación
autonómica. A nosotros nos habría gustado contar con mayor consenso.
Teníamos que haber hecho un esfuerzo adicional para encontrar un mayor
consenso. Créame que lo hemos intentado. Yo, personalmente, lo he
intentado, de verdad. Nos habría gustado contar con el apoyo de la
totalidad de las comunidades autónomas, pero la realidad es que no ha
sido posible, y lo que quiero poner de manifiesto es que es un modelo que
está hecho para comunidades autónomas con unas características y con un
perfil absolutamente distinto y que, sin embargo, ha sido aceptado por
ellas. En cualquier caso, a través del debate parlamentario de las
medidas que se presenten aquí para adecuar el sistema tributario y la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas al modelo de
financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el
pasado lunes, veremos qué aportaciones hacen los diferentes grupos
políticos, y ojalá seamos capaces de mejorar, consensuar o aprobar por
unanimidad un modelo de financiación que en opinión de este Gobierno,
honestamente, es el que necesitábamos, es un modelo en el que se dota de
mayor autonomía política a las comunidades autónomas, que no descansa en
un centralismo exacerbado y que además beneficia al conjunto de las
comunidades autónomas. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: ¿Puedo intervenir para hacer una
puntualización, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Eguiagaray. El debate ha concluido
en este trámite parlamentario.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.