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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 49, de 17/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 49
DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 17 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario para la Administración Pública (Villar
García-Moreno para:
--Dar cuenta del informe semestral de incompatibilidades de miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración, así como de las actuaciones
derivadas del incumplimiento de la obligación de declarar, tanto al
nombramiento como al cese, tal y como recoge la Ley 12/1995, de 11 de
mayo. A petición del Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000039.)
--Informar sobre las líneas programáticas de la reforma de las
Administraciones Públicas que el Gobierno se ha comprometido a abordar,
así como de las medias legislativas que piensa acometer al respecto. A
petición del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 212/000003.)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, señor Secretario de
Estado, vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas con dos puntos en el orden del día. El primero,
la comparecencia del Ministro de Administraciones Públicas para dar
cuenta del informe semestral de incompatibilidades de miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración, así como de las actuaciones
derivadas del incumplimiento de las obligaciones de declarar. Como
segundo punto del orden del día figura la comparecencia del Secretario de
Estado para la Administración Pública, para que informe sobre las líneas
programáticas de la reforma de las Administraciones Públicas que el
Gobierno se ha comprometido a abordar, así como de las medidas
legislativas que piensa acometer al respecto.
He de advertirles que la Mesa ha acordado, con la participación del Grupo
parlamentario que ha propuesto que ambas comparecencias, la del Ministro
y la del Secretario de Estado, se tramiten de una manera conjunta. Con lo
cual, sin más, paso la palabra al señor Secretario de Estado para la
Administración Pública para que nos informe, primeramente, sobre las
líneas programáticas de la reforma de las Administraciones Públicas, y
luego del contenido de la comparecencia que se había pedido para el señor
Ministro del Departamento.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Gracias, señor Presidente.
Quisiera agradecer de antemano a SS. SS., y a través de ellos a sus
respectivos grupos parlamentarios, todas las intervenciones, sugerencias
o críticas que puedan realizar ya que, dado el espíritu constructivo con
el que no dudo se producirán, nos permitirán perfeccionar y enriquecer, a
través de sus diversas visiones, los proyectos que pretendemos
desarrollar desde la Secretaría de Estado para la Administración Pública
en esta legislatura.
Mi intención va a tratar de plantear en grandes líneas aquellos temas que
afecten a las competencias de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública y que constituirán el eje de nuestra actuación
durante esta legislatura.
Quisiera también señalar antes de comenzar a desarrollar estos temas que
al haberse producido ya una comparecencia del Ministro ante esta
Comisión, en la que se informó sobre las líneas generales de la política
del Ministerio de Administraciones Públicas, es evidente que muchas de
las cosas que allí se dijeron puede que se repitan hoy. No obstante lo
cual, trataré de centrarme sobre aquellos temas que no fueron
suficientemente desarrollados en dicha comparecencia y de profundizar más
en los que sí se debatieron, así como de dar cuenta de aquellas
iniciativas que en este todavía corto período de tiempo ya se han puesto
en marcha.
La acción a desarrollar durante esta legislatura por el Ministerio de
Administraciones Públicas, y específicamente por esta Secretaría de
Estado que represento, tiene como eje fundamental profundizar en la
racionalización, profesionalización y modernización de la Administración
General del Estado, porque de ella va a depender buena parte del éxito o
fracaso de los objetivos que nos hemos marcado para los próximos años. Es
preciso restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones
como instrumento garantizador de la equidad, la eficacia y la calidad de
los servicios públicos en la medida en que ése será el elemento esencial
de legitimación para introducir estas reformas.
Existen diversos elementos sobre los que creo que podremos alcanzar el
consenso y que son los que hacen necesario acometer esta reforma en
profundidad de la Administración, la cual, lejos de ser un fin en sí
misma, trata de dar respuesta a la influencia de, al menos, tres tipos de
factores. En primer lugar, cualquier actuación en relación con la
Administración debe tener presente la necesidad de articular el diseño de
una administración acorde con el nuevo modelo de Estado surgido tanto del
desarrollo del Estado autonómico, como de la integración española en la
Unión Europea. Estos dos sucesos han dado origen a un cambio en las
misiones y métodos de funcionamiento de la Administración que aún no han
tenido plasmación en su estructura organizativa. Así, el modelo de
Administración al que abocan estos dos fenómenos poco tiene que ver con
el existente cuando se elaboran las leyes que rigen actualmente su
funcionamiento y que partían de la consideración de la Administración
como un gigantesco aparato de prestación de servicios, cuya actividad se
extendía a todos los sectores y llegaba a todos los rincones del Estado.
Hoy día, sin embargo, la realidad es muy distinta y nos ofrece un modelo
de administración que se orienta hacia tareas de coordinación,
planificación, elaboración de información, etcétera, lo que hace precisa
la readaptación de unas estructuras que no responden adecuadamente a
estas nuevas necesidades.
En segundo lugar, este intento racionalizador debe ir dirigido a diseñar
una administración acorde con el modelo de Estado social y democrático de
Derecho al que se refiere la Constitución española, y cuya legitimación
ha de venir, por sus resultados, por el hecho de que sea o no capaz de
satisfacer las demandas de los ciudadanos, con servicios públicos de
calidad, toda vez que esta vocación de servicio es el principio básico
que justifica su existencia y que debe presidir su actividad. Es preciso
llevar a cabo una transformación en profundidad de la Administración, de
modo que se traslade a sus estructuras y métodos de funcionamiento lo que
ya es una realidad social, aunque sin un claro reflejo administrativo: la
concepción de la Administración como un aparato instrumental cuya misión
es la prestación de los servicios que en cada momento demanden los
ciudadanos.
Estas demandas son cada vez más exigentes y más fragmentadas, lo que
unido al cambio de talante en las relaciones ciudadano-Administración,
que pasan de la consideración del ciudadano como mero sujeto pasivo de la
actividad de la Administración a la concepción del ciudadano como
cliente, llevan a la necesidad de que las prestaciones
que los ciudadanos exigen a la Administración sean cada vez más rápidas y
con niveles de calidad crecientes.
De este modo, la correcta atención a estas demandas exige adoptar nuevas
medidas organizativas y funcionales que conduzcan a la articulación de
procedimientos ágiles, a la transformación de las estructuras
orientándolas hacia la gestión por objetivos, a la potenciación y
profesionalización de los recursos humanos y especialmente de sus
directivos y al diseño de nuevos mecanismos de control de eficacia para
la valoración de la gestión.
Finalmente, el tercero de los factores a considerar es el hecho de que el
modelo a que pretendemos llegar ha de tener unos esquemas de
funcionamiento coherentes con la realidad política, económica y social
actual, que permitan el cumplimiento de los criterios de convergencia
para la integración de España en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. Ello hace necesaria una fuerte reducción del déficit público,
que debe ser ineludiblemente compatible con el mantenimiento de las
prestaciones y servicios a favor de los ciudadanos. Se trata, en
definitiva, de compatibilizar el actual o superior nivel de servicios
públicos con un menor coste de los mismos. Esta exigencia es similar, por
otra parte, a la que han experimentado los países de nuestro entorno y
nos lleva a la necesidad de un replanteamiento global de la estructura
administrativa, tanto desde el punto de vista organizativo, lo que se
traducirá en una simplificación y racionalización de estas estructuras,
como desde el punto de vista subjetivo, llevando a cabo una verdadera
planificación estratégica de los recursos humanos dentro de la
Administración.
En esta línea es necesario acometer de forma inmediata un proceso de
redefinición de competencias ajustado a la realidad del modelo autonómico
y europeo que acabe con el crecimiento incontrolado de nuestras
administraciones públicas y permita liberar recursos a través de la
supresión de duplicidades en la gestión.
A muy grandes rasgos éstos son los factores que determinan la necesidad
de iniciar un proceso de transformación y cambio y que con la misma
intensidad condicionan el modelo al que debemos llegar al final del
mismo.
El análisis de los puntos que antes he desarrollado nos lleva a afirmar
que no existe una total adecuación entre la actual configuración del
aparato administrativo y los fines a que debe dar cumplimiento, toda vez
que el marco formal en que se inscribe data básicamente de los años
setenta, sin que se haya procedido a una reforma global y en profundidad,
por lo que éste es el objetivo que en este campo nos hemos marcado para
los próximos años.
Por ello, en este momento estamos en disposición de sentar las bases de
esta visión de futuro en la que se conjugan las ideas de racionalización
y modernización del Estado; racionalización como transformación de sus
estructuras, adecuándolas a las nuevas circunstancias políticas,
económicas y sociales que configuran el campo de su actividad, y
modernización como esfuerzo permanente de adecuar las características de
los servicios públicos y su nivel de prestaciones a la evolución de las
demandas ciudadanas. Evidentemente, para implantar este modelo debemos
realizar muy distintas actuaciones que básicamente son reducibles a tres
líneas de actuación.
En primer lugar, el diseño de una nueva estructura organizativa. Se trata
de que la Administración sea un instrumento eficaz para el cumplimiento
de los fines que justifican su existencia, con un diseño adecuado a las
actuaciones que los ciudadanos demandan al Estado y con unas dimensiones
y modos de actuación acordes con las misiones que debe realizar.
En segundo lugar, una definición y regulación del empleo público que se
adapte a ese nuevo diseño organizativo. Así se trata de garantizar en
todo caso los principios constitucionales para el ingreso en la Función
pública y diseñar un sistema de carrera administrativa basada en los
principios de mérito, capacidad, evaluación del desempeño, fomento de la
profesionalización y de la responsabilidad, de establecer un nuevo marco
jurídico común a todos los empleados públicos y diseñar un nuevo sistema
retributivo.
Finalmente, la tercera de estas líneas a desarrollar consiste en el
diseño de un nuevo modelo de relaciones ciudadano-Administración, en el
que éstos tengan un papel más activo. Así se trata de respetar la libre
iniciativa social abandonando el intervencionismo excesivo y dando a la
sociedad aquellos nuevos servicios que ésta le demanda.
Entrando en el análisis más pormenorizado de cada una de estas líneas,
quisiera señalar, en primer lugar, que por lo que se refiere al diseño de
una nueva estructura administrativa consideramos que este modelo habrá de
estar basado en una concepción flexible que permita hacer frente a la
pluralidad y diversidad de las misiones que le son encomendadas hoy al
Estado. En este sentido, es necesario contar con un modelo administrativo
que, sin que vea perjudicada su coherencia y unidad de acción, permita
deslindar los ámbitos político y administrativo, facilitando la
comprensión de los criterios rectores de la actividad de cada uno de
estos dos niveles que por razón de su diferente naturaleza estarán
sometidos a distintos principios de organización y funcionamiento.
Así se hace necesario desarrollar la distinción constitucional entre
Gobierno y Administración, finalidad a la que responde el proyecto de ley
de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
Lofage, que constituye una prioridad de este Gobierno y por ello ha sido
el primer proyecto legislativo remitido a estas Cortes, en concreto el
pasado día 13 de junio. Este proyecto, junto con la ley reguladora del
Gobierno, que está previsto remitir a la Cámara a lo largo de este
período de sesiones, servirá para establecer definitivamente el marco de
relaciones entre el Gobierno y la Administración, superando una
regulación que hoy por hoy es de carácter disperso y poco homogéneo y en
muchos casos preconstitucional.
Con estas premisas me gustaría destacar brevemente los principios
innovadores que supondrá la aprobación de la Lofage. Como les indicaba,
contiene una regulación global de la Administración General del Estado.
Ello es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico y ofrece la ventaja de
disponer de una visión de conjunto para encajar adecuadamente todas las
piezas que constituyen la organización
administrativa. Se trata, pues, de una regulación completa en la que
todos los ámbitos de actuación administrativa del Estado están
contemplados de forma conjunta y homogénea y esta regulación está
orientada por los principios de racionalización y eficiencia en la
organización. Ello se manifiesta en la simplificación notable de los
ministerios, parcialmente adelantada por los reales decretos de
estructuración ministerial ya aprobados. Estos reales decretos, del 7 y
10 de mayo de este año, tienen como objetivo racionalizar la organización
ministerial, posibilitar la máxima eficacia de la acción del Gobierno y
lograr una asignación racional del gasto público.
Para ello se introduce una reforma de las estructuras orgánicas de la
Administración General del Estado, de manera que se suprimen todas
aquellas secretarías de Estado, secretarías generales o direcciones
generales que se consideren innecesarias o que por la naturaleza y
entidad de sus funciones son susceptibles de integrarse en áreas para
mejorar la eficacia de su actividad.
Estos Reales Decretos han tenido su continuidad en los aprobados por el
Consejo de Ministros del 2 de agosto, con los que también se trata de
anticipar el modelo de Administración que diseña la Lofage y a los que
luego tendré ocasión de referirme.
La Lofage establece un diseño radicalmente nuevo de la organización
territorial de la administración del Estado, de acuerdo con el principio
de Administración única. Potencia los delegados del Gobierno, suprime la
figura del gobernador civil y crea una nueva figura, la de los
subdelegados del Gobierno en las provincias e islas, dependientes
jerárquicamente del delegado y nombrados por éste entre funcionarios.
Prevé la integración de los servicios periféricos de los ministerios,
salvo excepciones, en las delegaciones del Gobierno que se adscriben
orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas. Potencia la
profesionalización de los directivos públicos, reservando los puestos de
subsecretario, secretario general técnico y director general, salvo
excepciones, y subdirector general, para que ocupación por funcionarios
públicos a los que se les exigirá titulación superior.
Simplifica también la tipología de los organismos públicos, reduciéndolos
a dos categorías:organismos autónomos y entidades públicas empresariales,
para reconducir la proliferación producida en los últimos años, promover
su eficiencia y reforzar los controles sobre su actividad.
En síntesis, la Lofage hace frente a una serie de problemas actualmente
existentes en la Administración, a los que hasta ahora no se había dado
una solución adecuada y, con carácter general --como ya señalara al
principio de mi intervención--, es patente la inadecuación de la
Administración a la situación planteada por el proceso de traspasos a las
comunidades autónomas y a la integración en la Unión Europea, así como a
las nuevas funciones que debe asumir. Esta inadecuación se manifiesta en
unas estructuras ministeriales sobredimensionadas, que no se han
simplificado, unos servicios periféricos poco acordes con el principio de
administración única y una excesiva dispersión de la tipología del
régimen jurídico de los organismos autónomos.
De todos estos factores de eficacia y eficiencia es especialmente
destacable la organización de la Administración periférica tanto por lo
que respecta a los órganos de dirección, delegados o gobernadores
--figura esta última que ha perdido el contexto en el nuevo Estado-- como
en la no integración de servicios ministeriales en las delegaciones de
Gobierno, a efectos de evitar duplicidades innecesarias y conseguir una
eficiente utilización de los medios con los que la Administración del
Estado sigue contando en el territorio de las comunidades autónomas. En
concreto, se trata de superar en el caso de los gobernadores una
regulación que procede del año 1980, con el antecedente inmediato de
1958, y que no ha sufrido una evolución acorde con el modelo de
articulación territorial del Estado.
A todos estos problemas hace frente no sólo la Lofage sino también las
medidas complementarias de anticipación que está poniendo o va a poner en
marcha el Gobierno. Entre estas medidas complementarias destaca --ya lo
mencionamos-- el proyecto de ley reguladora del Gobierno, cuyos
contenidos políticos básicos se están estudiando en estos momentos.
Lógicamente sería precipitado por ni parte adelantar dichos contenidos,
pero sí procede destacar alguno de los objetivos que pretendemos cubrir y
algunas orientaciones relevantes. Así, el objetivo básico de este
conjunto de normas es establecer el marco regulador básico de los órganos
responsables, tanto del diseño de la política del Gobierno como de su
implementación.
En concreto, la ley reguladora del Gobierno se centrará en la función
directiva con el objetivo de establecer un claro deslinde, por lo menos
lo más claro posible, entre los dos aparatos, que, pese a estar
íntimamente relacionados, responde a diferentes lógicas, organizativa y
de funcionamiento. Su contenido --aunque es pronto para adelantarlo, y
como he anunciado al principio, se han comenzado recientemente los
trabajos-- habrá de referirse necesariamente a la composición y
organización del Gobierno --tal como exige el artículo 98.1 de la
Constitución--, al conjunto de los órganos de apoyo y colaboración en la
acción del Gobierno, al estatuto jurídico de los miembros de Gobierno, al
régimen de incompatibilidades, etcétera. De este modo se pretende
configurar, efectivamente, al Gobierno como máximo órgano del poder
ejecutivo, articulando sus delegaciones con los demás poderes
constituciones, y ello con un doble objetivo: en primer lugar, que el
Gobierno pueda ejercer adecuadamente sus funciones de dirección en
política interior y exterior y, en segundo lugar, promover su papel
institucional en relación con los otros poderes del Estado a fin de
consolidar y reforzar el equilibrio en su funcionamiento exigido por la
Constitución.
Estos son en muy grandes líneas los aspectos básicos que abordará este
proyecto de ley, de cuyo contenido concreto poco más puede adelantarse en
este momento. Estas dos normas supondrán, sin duda, las medidas más
importantes en relación con el proceso de diseño del nuevo modelo de
sistema administrativo. Sin embargo, no serán las únicas medidas, ya que
es voluntad del Gobierno anticipar alguna de las previsiones contenidas
tanto en la Lofage como en la ley de Gobierno de manera que se vaya
concretando el proceso de racionalización y simplificación de
la Administración General del Estado. Por ello, quisiera darles cuenta
ahora de aquellas iniciativas ya adoptadas en esta línea y anticiparles
los criterios rectores de aquellas otras que están en estudio.
En primer lugar, se ha procedido, como saben SS. SS., a aligerar y
racionalizar las estructuras centrales de dirección de los ministerios.
El objetivo no ha sido una redacción de niveles orgánicos porque sí, sino
una racionalización de las estructuras para promover una mayor eficacia
de la organización administrativa. Por eso, una valoración puramente
cuantitativa me parece insuficiente si no se tienen en cuenta
innovaciones cualitativas.
No creo necesario argumentar en detalle sobre la necesidad de simplificar
la estructura de la dirección de los ministerios ni entrar en una
pormenorización de datos sobre la evolución de las cifras de altos
cargos, puesto que el objetivo de este proceso no es una pura reducción
cuantitativa sino la implantación de una nueva forma de gestión.
En segundo lugar, como SS. SS. sabrán, este proceso ha tenido su
continuidad en los reales decretos por los que se desarrolla el resto de
la estructura de cada departamento, que han sido aprobados en el Consejo
de Ministros el 2 de agosto pasado. A través de estos reales decretos se
ha procedido al ajuste definitivo de la estructura administrativa a las
nuevas funciones asignadas, todo ello según un criterio de
racionalización en la utilización de los recursos y con el objetivo de
alcanzar la máxima eficacia en la acción administrativa. El proceso que
se ha llevado a cabo dentro de los plazos habilitados al efecto por el
Real Decreto 839 se ha saldado con la reducción del número de
subdirecciones generales, habiéndose suprimido aquellas cuyas funciones o
bien no justificaban su existencia en comunidades con entidad propia, o
bien se ha considerado que podían ser mejor desempeñadas en áreas de
gestión más amplias o conjuntamente con otras.
La tercera fase de este proceso de racionalización iniciado en mayo
pasado está ya en curso y es la que afecta a la reestructuración de los
organismos públicos, adecuándolos, por un lado, a esta nueva estructura y
procediendo, por otro, a la supresión o refundición de aquellos en los
que esos mismos criterios de racionalidad en la asignación de los
recursos, eficacia y contención del gasto público lo hagan aconsejable.
Finalmente, el proceso culminará cuando se aborde el diseño y adecuación
de las plantillas de la Administración a esta nueva estructura y método
de trabajo, para lo cual está prevista la revisión de todas las
relaciones de puestos de trabajo, ajustándolas al papel que a cada unidad
le va a corresponder. Debo insistir, en todo caso, y para no perder la
perspectiva, en el objetivo básico de conseguir con todas estas medidas
una aproximación al modelo Lofage de una Administración más eficaz en su
servicio a los ciudadanos, más adaptada a su doble misión de
interlocución con la Unión Europea y de cooperación con las comunidades
autónomas y lógicamente más simplificada y más eficiente.
Por último, se abordarán medidas parciales de reestructuración de la
Administración periférica si bien, dada la envergadura de la
transformación que la Lofage prevé, es claro que será a partir de su
entrada en vigor cuando se actuará en profundidad sobre la organización
territorial de la Administración General del Estado en la periferia. No
obstante, se han adoptado ya algunas medidas en este sentido como la
supresión de las 17 direcciones territoriales del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Creo que es opinión general que si hubiera que priorizar las distintas
actuaciones es la Administración periférica la más necesitada de
renovación, porque ha sido la más afectada por los traspasos a las
comunidades autónomas y, salvo algunas iniciativas puntuales de
determinados departamentos, no ha sido objeto de un proceso general de
adaptación y simplificación.
Sin perjuicio de las anteriores medidas, la aprobación de la Lofage
implicará actuar en diversos frentes, fundamentalmente en la adecuación
de la Administración periférica y los organismos públicos al modelo de la
ley. Por lo que respecta a la primera, el proyecto de ley establece un
plazo de seis meses desde su entrada en vigor para que el Consejo de
Ministros fije la estructura de las delegaciones del Gobierno, que
dependerán orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas
incluyendo en dicha estructura los servicios que deban integrarse y su
distribución en el ámbito autonómico y provincial, a cuyo efecto las
subdelegaciones del Gobierno se constituyen en órganos provinciales de la
correspondiente delegación del Gobierno en la comunidad autónoma. Por lo
tanto, las actuaciones a desarrollar, de indudable relevancia, se mueven
en distintos planos. Así, por aplicación de la ley, se procederá a la
supresión de la figura de los gobernadores y a su sustitución por los
delegados. Por otro lado, es necesario preparar la infraestructura de las
delegaciones para que puedan integrar los servicios en las áreas
funcionales previstas, cada una de las cuales está previsto que integren
diversos ministerios. Y, por último, el Ministerio de Administraciones
Públicas debe diseñar de forma conjunta con los ministerios afectados los
mecanismos para la integración efectiva, sin pérdida de eficacia en su
funcionamiento. Hay, por tanto, un compromiso político firme, manifestado
en la brevedad del plazo fijado, para realizar una operación de
transformación de la Administración periférica; transformación en
términos políticos por los cambios que supone respecto a la situación
actual y transformación en términos de gestión de los órganos y unidades
administrativas, que operarán en el territorio de las comunidades
autónomas de forma más coordinada y con una eficiente utilización de los
recursos disponibles.
En cuanto a los organismos públicos --los actuales organismos autónomos
administrativos, organismos autónomos comerciales y los entes públicos--
deben acomodarse a los dos tipos que establecerá la ley --organismos
autónomos y entidades públicas empresariales-- y este proceso de
adecuación de los organismos deberá quedar concluido en el plazo máximo
de dos años desde la entrada en vigor de la ley, a cuyo efecto los
ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda deberán
proponer, con carácter anual, un programa para llevar a cabo dicha
educación. Como es lógico, esta redefinición del aparato administrativo
del Estado debe tener un correlato lógico
en la definición de un nuevo marco regulador del empleo público que lo
adapte a esta nueva configuración y que necesariamente habrá de estar
inspirado por la idea de que los recursos humanos constituyen un elemento
fundamental en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, por
lo que el diseño que de ellos se haga habrá de ser coherente con el
modelo del sector público y con las demandas que le plantea la sociedad.
Este objetivo requiere de un doble proceso de adecuación de la Función
pública, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos.
Desde el punto de vista cuantitativo, el ajuste ha de tener como
referencia el actual marco de la política económica y social, de manera
que en un escenario presupuestario de control del gasto público, de
reducción del déficit y de austeridad se produzca el necesario balance
entre los recursos humanos con que cuenta la Administración para prestar
los servicios públicos y el papel que se le reserva al Estado dentro del
conjunto de las instancias territoriales.
Desde el punto de vista cualitativo, también es necesario un ajuste que
permita la implantación de nuevas políticas de recursos humanos,
orientadas a ofrecer a la sociedad un conjunto de profesionales
cualificados y capacitados para prestar a los ciudadanos los servicios
públicos que demandan con los máximos niveles de calidad posibles.
De este modo, se potenciará la legitimación social de la Función pública
a través de su capacidad para prestar servicios de modo eficaz y
eficiente, y todo ello, como ya ha señalado el Ministro de
Administraciones Públicas en su comparecencia ante esta Comisión, en un
nuevo marco de garantía de los derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración.
Esta doble transformación o proceso de ordenación de la Administración
que pretende afrontar esta Secretaría de Estado pasa por la puesta en
práctica de diversas medidas que configuren este nuevo marco que
proponemos.
Así, en primer lugar se hace necesario elaborar un estatuto de la Función
pública en el que se introduzcan principios y criterios acordes con la
realidad política, económica y social existente, toda vez que, a pesar
del tiempo transcurrido desde la publicación de la Constitución, sigue
sin aprobarse este estatuto, lo que determina que el modelo de Función
pública vigente carezca de ese conjunto de características y notas
homogéneas que inspiran la coherencia y armonía de estos sistemas. Por
ello, la finalidad primordial del Estatuto ha de ser la de configurarse
como un instrumento útil para atender de forma inmediata y adecuada la
satisfacción de las necesidades que los particulares demandan del sector
público, fomentando la prestación de los servicios públicos con eficacia
y eficiencia, y permitiendo la adopción de aquellas medidas singulares
que la especificada de cada Administración exija. Así, tanto desde el
punto de vista técnico-jurídico, ya que el estatuto permitirá superar la
actual dispersión legislativa, en algunos casos preconstitucional, como
desde el punto de vista de la nueva ordenación del territorio y del papel
reservado al Estado, esta norma se presenta como el elemento básico para
la ordenación y el diseño de la Función pública de los próximos años,
adaptando la política de recursos humanos y las técnicas de gestión de
personal a esta nueva realidad. Para cumplir esta función es evidente que
el Estatuto debe reunir una serie de notas características de las que
dependerá el éxito de su puesta en marcha.
En primer lugar, ha de tratarse de una norma marcada por las notas de
flexibilidad y vocación de permanencia. Flexibilidad, entendida como
capacidad para ser un instrumento válido de trabajo para todas las
administraciones públicas, de manera que las peculiaridades propias de
cada organización tengan cabida en el marco del Estatuto. De forma
gráfica, se trata de construir el armario en el que cada uno pueda colgar
su traje a medida. En este contexto es evidente que el debate sobre el
alcance básico de la norma aparece como un elemento fundamental para
garantizar la necesaria armonía entre unos principios generales
aplicables en todas las administraciones y la capacidad organizativa y de
desarrollo normativo propia de las comunidades autónomas.
Junto a la flexibilidad, como ya he señalado, el Estatuto debe tener una
vocación de permanencia que permita dotar de estabilidad a este sector,
lo que únicamente se conseguirá alcanzando un elevado grado de consenso
entre todas las partes interesadas --administraciones, grupos políticos y
sindicatos--, de modo que cuando finalmente vea la luz ya como una norma
jurídica, lo haga como un instrumento útil para todos y en todo tiempo
huyendo de situaciones coyunturales y debates oportunistas sobre su
contenido.
La segunda de las notas caracterizadoras de esta norma habría de ser la
vocación de armonizar y regularizar el marco jurídico de los empleados
públicos en general, superando la tradicional dualidad de las
regulaciones aplicables a los funcionarios públicos y empleados en
régimen de Derecho laboral. Así, sin que ello suponga romper la dualidad
de empleados públicos que recoge la Constitución, parece razonable, en
términos de simplificación de la gestión, que la normativa que regule las
condiciones de trabajo de los servidores públicos sea lo más general
posible, con independencia del tipo de vinculación que se mantenga con la
Administración.
Por tanto, un objetivo básico del Estatuto habrá de ser la aproximación
de estos dos marcos normativos, otorgando un tratamiento homogéneo para
la totalidad del personal al servicio de la Administración pública en el
que se recojan los aspectos fundamentales del régimen de ingreso,
derechos, deberes, incompatibilidades o jornada laboral.
Estas son algunas de las características del proyecto que presentaremos a
las Cámaras y que requerirá, como ya señalaba antes, un alto grado de
consenso puesto que, dado su carácter básico, es preciso evitar
conflictos sobre la interpretación del alcance de esta normativa,
teniendo en cuenta que del análisis de los preceptos constitucionales
sobre esta materia se desprende la necesidad de un régimen jurídico
unitario en sus aspectos esenciales, que serán los que se plasmen tras el
acuerdo con las administraciones territoriales.
En el mismo sentido, se hace imprescindible el mayor acuerdo posible con
las organizaciones sindicales como representantes del colectivo de
funcionarios que va a ser afectado por las nuevas medidas y que jugarán
un papel
esencial en su implantación y desarrollo, lo que hace necesario lograr de
ellas el mayor nivel de implicación posible.
Como conclusión, me gustaría señalar que con este Estatuto se trata de
asegurar que los recursos humanos al servicio de las administraciones
públicas se constituyan en su eje fundamental para lograr que estas
organizaciones cumplan de forma óptima las misiones que la sociedad
española les demanda en la época actual, así como de dotar al sistema de
los instrumentos suficientes para permitir su permanente adaptación a las
futuras exigencias de una sociedad en constante cambio.
Como les indicaba anteriormente, el entorno en el que actúan las
administraciones públicas se ha modificado en estos últimos años de forma
sustancial, siendo éste un fenómeno en el que ha influido sobremanera el
proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Este
proceso, caracterizado por su dinamismo, determina la necesidad de que,
al ser el elemento humano de las organizaciones un instrumento esencial
para la prestación de servicios, sea ineludible poder abordar en todo
momento el redimensionamiento de las administraciones públicas y su
adecuación a la nueva realidad competencial. En todo caso, esto se ha
intentado acudiendo a la técnica de la transferencia de los medios
humanos gestores de un servicio concreto cuando éste era transferido a su
vez; sin embrago, este proceso es insuficiente por hoy y se hace
necesario un nuevo enfoque para tratar con garantías la exigencia social
de establecer un sector público adecuado cualitativa y cuantitativamente
a las demandas ciudadanas.
Por ello, es necesario, en primer lugar, introducir en la Administración
una visión global de la planificación de recursos humanos en la cual se
integren elementos como la selección, formación, promoción profesional,
carrera administrativa, retribuciones, derechos y deberes, que
actualmente carecen de un hilo conductor que los vincule entre sí, y
permita superar la actual dispersión existente. De este modo, resulta
prioritario establecer los procedimientos y órganos de participación
necesarios para la definición del marco general de esta planificación de
recursos humanos, toda vez que en aplicación de este marco se deben
desarrollar las medidas concretas de ajuste de los distintos
departamentos y organismos a su nueva estructura administrativa y
funcional.
En este sentido, es necesario dotar de un nuevo enfoque la planificación
de los recursos humanos, ya que las actuaciones realizadas hasta ahora en
esa materia no han podido permitir unos objetivos a medio y largo plazo,
lo que nos lleva a plantear la necesidad de definir y debatir con los
interlocutores sociales aquellos sistemas de movilidad que permitan
adecuar las estructuras administrativas a la nueva realidad de la
Administración General del Estado. La redistribución selectiva de
efectivos entre los diferentes departamentos ministeriales y unidades
administrativas nos permitirá obtener unas dotaciones de recursos humanos
acordes con las misiones y cargas de trabajo reales, de manera que
podamos compaginar las necesidades de la Administración con las legítimas
aspiraciones de los empleados públicos.
Además de todos los aspectos cuantitativos relativos al
redimensionamiento de las organizaciones a los que hasta ahora me he
referido, al abordar este punto he señalado que el proceso de ajuste no
sólo ha de ser cuantitativo, sino, muy especialmente, cualitativo. Así,
es imprescindible que realicemos toda una serie de políticas orientadas a
conseguir que los empleados públicos desarrollen su trabajo con la
calidad que el servicio público exige. Para ello, debemos ser capaces de
inculcar una nueva cultura de la responsabilidad en la Administración, en
la que jugarán un papel determinate procesos como la selección de
personal, la provisión de puestos de trabajo, el diseño de la carrera
profesional o la formación que se dé a los servidores públicos.
Por lo que se refiere a la selección de personal y provisión de puestos,
debemos alcanzar un sistema que garantice simultáneamente el respeto a
los principios constitucionales inspiradores de estas políticas, la libre
circulación de trabajadores, la atención a las necesidades propias de los
profesionales y, especialmente, el interés de los ciudadanos y de la
propia Administración de contar con una administración pública eficaz y
cualificada, que permita prestar unos servicios públicos de calidad, en
línea con las demandas sociales. Para ello, el futuro Estatuto de la
Función Pública y la normativa que se dicte para su desarrollo
contemplarán los sistemas de selección y provisión de puestos de trabajo.
La carrera profesional de los empleados públicos es otro de los grandes
conceptos tradicionalmente mencionados, pero escasamente concretados en
la realidad de la Función pública española. En este sentido, nuestro
compromiso pasa por incorporar al Estatuto de la Función Pública la
regulación de lo que constituirá la articulación de esta carrera, desde
el punto de vista de cuerpos y grupos de clasificación y de los sistemas
para establecer mecanismos que instrumenten un efectivo desarrollo de la
carrera profesional de los funcionarios públicos, orientada a incentivar
su ejercicio profesional y a mejorar la motivación en el desarrollo de
los cometidos.
Estas grandes líneas de actuación se verán impulsadas por una serie de
medidas que supondrán anticipar sus efectos. Así, la reestructuración de
la Administración General del Estado, a la vista de los traspasos a las
comunidades autónomas, y la necesidad de potenciar las nuevas funciones
de regulación, planificación y coordinación, requieren la adaptación de
las relaciones de puestos de trabajo a estos nuevos esquemas de
funcionamiento.
El objetivo es optimizar la utilización de los recursos humanos de la
Administración General mediante las medidas que, de acuerdo con el
análisis que se realice, resulten idóneas. De este modo, se están
estudiando ya mecanismos que permitan adecuar los perfiles de los puestos
a las funciones que deben desarrollar, la mejor adaptación de la
dimensión de las organizaciones a la naturaleza y entidad de sus
funciones.
En el mismo sentido, creemos en la conveniencia de ir progresivamente
avanzando en la implantación, dentro de la Administración, de sistemas de
evaluación del rendimiento. Es indudable que los avances en este terreno
deben
producirse de una forma paulatina, empezando por aquellas organizaciones
en que resulten más fáciles de implantar por las características de la
actividad que desarrollan.
Otra de las líneas de actuación que asimismo jugará un papel clave en
este proceso va a ser la política de formación que se siga en las
administraciones públicas. Así, si queremos contar con un Estado más
abierto y plural, más ágil y eficaz y menos costoso, es imprescindible
abordar una adecuada política de formación que permita la optimización y
desarrollo del potencial de los recursos humanos de que dispone la
Administración.
En esta línea, los principales ejes de actuación suponen el desarrollo de
una política permanente de formación de directivos, medida ésta de
especial trascendencia por el efecto multiplicador que para la
organización tiene la formación de sus directivos, y sólo a través de
estos procesos será posible generar la masa crítica necesaria para llevar
a cabo un proceso de transformación como el que queremos afrontar.
Así, en una situación heterogénea como la actual, en la que conviven
excedentes de plantilla y servicios deficitarios en cuanto a personal, es
preciso elaborar un programa de racionalización en que el reciclaje
profesional se convertirá en una pieza clave para la movilidad funcional
de los empleados públicos. Esta racionalización habrá de ser, además,
conjugada con el impulso del desarrollo profesional de los empleados
públicos, desarrollo que, basado en la formación, les ha de permitir
mejorar sus capacidades profesionales, facilitando su promoción y carrera
profesional, a la vez que se incide favorablemente en la calidad de los
servicios públicos.
Por ello, es voluntad del Gobierno potenciar la formación continua y
facilitar su acceso a todos los que presten sus servicios en las
administraciones públicas, de manera que el proceso de mejora llegue a
todos los niveles administrativos. Para ello, el programa de formación
continua de las administraciones públicas, enmarcado en el contexto de
las actividades de la Forcem, constituye un instrumento adecuado que va a
ser mantenido y potenciado en el futuro.
Finalmente, esta línea de formación está concebida con un fuerte
componente de colaboración con las administraciones locales y con las
autonómicas, tanto a través de los intercambios formativos como de los
apoyos técnicos mutuos a las distintas iniciativas de formación que
pudieran promoverse.
Toda esta política de ajuste cualitativo y cuantitativo del empleo
público es evidente y de ello es plenamente consciente esta Secretaría de
Estado, que precisa contar con el apoyo de los empleados públicos si se
quiere llegar a buen término, toda vez que del apoyo e implicación de
éstos con sus objetivos dependerán, en buena medida, los resultados que
podamos obtener. Para ello hemos reanudado desde el primer momento el
proceso de diálogo social con los representantes de los empleados
públicos, en línea con el proceso general de concertación iniciado a
todos los niveles por el Gobierno y en el que dentro de la Función
pública aparece previsto como uno de los ámbitos de negociación
bilateral, conforme al modelo de diálogo social acordado por el
Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales.
Esta vocación de diálogo surge del convencimiento de que la vía de la
concertación es el mejor camino para que las políticas de racionalización
y reestructuración de la Administración que estamos impulsando se
traduzcan en mejoras recíprocas, tanto para la organización como para los
empleados públicos. Los avances en esta línea se han abordado en la
reunión. En junio pasado se constituyó la mesa general de negociación de
la Administración, de la que ha surgido el compromiso entre la
Administración y el sindicato de relanzar el diálogo social, a través de
la fijación de un calendario de trabajo, que se ha traducido en la
reunión de la mesa general de retribuciones y empleo durante el mes de
julio, de la comisión paritaria del acuerdo-marco del personal laboral de
la Administración del Estado y la mesa sectorial de la Administración del
Estado, marcos de negociación todos ellos en los que ha quedado patente
la voluntad de la partes por alcanzar los mayores niveles de consenso
posible.
Durante el presente mes de septiembre se han constituido ya diversos
grupos de trabajo, como el referido al personal laboral en el exterior,
el de análisis del fondo de mantenimiento y fijación de criterios de
funcionalidad, y está prevista la constitución de otros, como el que
acometera la elaboración de un acuerdo para la solución extrajudicial de
conflictos en la Administración General del Estado o aquellos en los que
habrán de analizarse los primeros borradores del proyecto de estatuto
básico de la Función pública.
Para esas mismas fechas, está asimismo prevista la convocatoria de la
mesa de salud laboral y acción social, a fin de negociar los mecanismos
para la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales en las
administraciones y establecer los criterios generales para la acción
social.
En el mismo sentido, van a abrirse los grupos de trabajo encargados del
análisis y proceso de transferencias, de la consolidación de empleo
temporal, etcétera.
Finalmente, anticipando ya lo que será el calendario de negociación para
el mes de octubre, se constituirán los gru- pos de trabajo para la
fijación de los criterios a los que se adecuarán los procesos de
promoción interna y el relativo a jornada y horarios de trabajo.
En definitiva, la apertura de todos estos foros pretende establecer un
clima de normalidad en las relaciones entre Administración y sindicatos,
desde el que sea posible conseguir el compromiso y la implicación de los
empleados públicos para avanzar en la renovación de las administraciones
públicas, proceso que no puede --insisto una vez más-- abordarse de forma
unilateral, sino en el marco de una amplia plataforma de diálogo y
acuerdo con los agentes sociales. Para ello, el próximo día 19 se reunirá
de nuevo la mesa general de negociación de la Administración General del
Estado, en la que, con la asistencia del Ministro de Administraciones
Públicas, se pasará revista a todo el proceso de negociación y debate que
antes les he expuesto.
Quisiera finalmente dedicar la última parte de mi intervención a la
tercera de las líneas que señalaba al principio.
Es necesario seguir para hacer efectivo este nuevo modelo, que pasa por
una nueva dimensión de las relaciones con los ciudadanos, superando
cierto distanciamiento entre la sociedad y la Administración.
En esta área, constituye un objetivo primordial la simplificación, la
utilización racional de los recursos y la mejora de la gestión y de los
servicios, como reflejo de los principios de economía organizativa,
eficacia y eficiencia, en un nuevo entorno de la cultura de la calidad.
Una Administración inequívocamente dirigida al ciudadano implica como
objetivo central de las actuaciones a desarrollar un continuo incremento
de la calidad en la prestación de los servicios públicos, mediante la
implantación de las bases de un nuevo modelo de funcionamiento de la
Administración General del Estado que consigan progresivamente definir
una organización con una óptima capacidad de respuesta y adaptación a las
necesidades sociales.
Las mencionadas bases responden a la definición de políticas y cauces de
actuación en dos ejes fundamentales y complementarios, en torno a las
cuales se articularán las actuaciones de esta Secretaría de Estado: la
implantación de una cultura de calidad en la Administración, promoviendo
sistemas de control y evaluación de la calidad en los servicios públicos;
la racionalización de la actividad administrativa, atendiendo a criterios
de eficacia, simplificación e integración de las nuevas tecnologías, así
como muy especialmente a la instrumentación de medidas par una efectiva
participación y ejercicio de sus derechos por los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la implantación de esa cultura de la calidad,
quisiera señalar que ésta se ha impuesto como una necesidad en todo tipo
de organizaciones. En este sentido, se parte de la consideración del
control y evaluación de la calidad como una herramienta fundamental para
la optimización de todo tipo de procesos, persiguiendo el objetivo de una
coherencia entre la eficacia en los resultados y una adecuada utilización
de los recursos de los que se dispone.
En el Ministerio de Administraciones Públicas consideramos que la
aplicación de estos sistemas de evaluación nos habrá de permitir,
primero, configurar una Administración en la que, sin perjuicio del
necesario respeto a los procedimientos como la garantía de su actividad,
exista una marcada orientación a la satisfacción de las demandas
planteadas por los ciudadanos y en la que éstos adquieran un papel
central, con altas cotas de participación, para lo cual es preciso contar
con mecanismos ágiles que nos permitan conocer a tiempo real la opinión
del ciudadano sobre los servicios públicos que recibe.
En definitiva, para una adecuada gestión de los servicios públicos es
preciso que sus responsables puedan conocer y evaluar los niveles o
estándares de calidad en su prestación, de acuerdo con metodologías
rigurosas y constantes en el tiempo.
Pretendemos que esta actividad se articule a través de una doble vía: por
una parte, a través de la cada vez más necesaria e insoslayable
evaluación del actual dimensionamiento de la Administración General del
Estado, teniendo en cuenta el momento actual y previsiones de futuro con
el proceso de transferencias; evaluar el grado de concordancia real entre
el tamaño de la Administración General del Estado y las funciones y
servicios que está llamada a prestar para que en esa tercera fase de
reestructuración de la Administración, que supondrá un rediseño de los
puestos y sus funciones, contemos con una información que nos permita
elaborar un cálculo plurianual de la evolución de las necesidades que se
van a plantear.
Por otra parte y avanzando hacia la concreción de los principios
generales de economía organizativa, eficacia y eficiencia en el entorno
de la calidad global de los servicios, se considera no sólo preciso sino
también insolayable acometer la importante tarea de analizar y evaluar
los servicios que la Administración del Estado presta y si esta actividad
se lleva a cabo con objetivos claros, medios idóneos y capaces y
resultados adecuados. Sin embargo, esta tarea debe ser llevada a cabo a
través de dos evaluaciones distintas pero complementarias. Una de ellas
hace referencia concreta a la evaluación del nivel global de la calidad
del servicio prestado al ciudadano y otra se enfoca a evaluar el
desempeñó de las unidades y profesionales que intervienen en la
prestación de tales servicios.
La evaluación de la calidad global de los servicios públicos arranca con
la doble finalidad de proporcionar a los órganos rectores de la
Administración un instrumento importante desde el punto de vista de la
toma de decisiones y de sistematizar el conocimiento y seguimiento de los
niveles de calidad de los servicios.
La implantación de esta medida debe ser, además, reflejo del cambio
generalizado en los modos de actuación en la Administración. Así, en este
modelo es preciso ir un paso más allá respecto del funcionamiento
tradicional de la Administración, de manera que, conservando el
escrupuloso respeto a la legalidad, lleguemos a concebir nuestra
actividad --que, no lo olvidemos, está financiada por el conjunto de la
sociedad-- como un proceso orientado a la prestación de servicios a los
ciudadanos.
Con este planteamiento, el proceso de evaluación comprenderá la
implantación de sistemas de medición que incluyan la fijación de valores
de referencia y selección de indicadores de calidad fiables y
representativos de la prestación del servicio, el diagnóstico sobre los
niveles de calidad y su relación con los objetivos marcados, la
implantación de planes de mejora o corrección de desviaciones y el
seguimiento de su cumplimiento, así como la integración y procesado de la
información para elaborar instrumentos de toma de decisiones.
Desarrollada esta fase, se pretende, como un paso natural, avanzar en la
regulación de las denominadas cartas de servicios, como instrumentos
idóneos para actualizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos,
al proporcionarles una influencia más directa sobre los propios servicios
públicos, haciendo explícito el catálogo de prestaciones dispensadas, los
niveles de calidad que constituyen su objetivo y la responsabilidad de
los gestores públicos ante los propios ciudadanos y los órganos
superiores de la Administración misma.
Por otro lado y como ya se anticipó, se propone asimismo poner en marcha
la regulación de procesos de evaluación
sobre el rendimiento de las unidades y profesionales, como una acción
complementaria a la evaluación global del servicio público a la que
acabamos de aludir.
En este aspecto que, como el anterior, está directamente unido a las
políticas de racionalización, profesionalización y modernización de la
Administración, que constituyen el objetivo básico de esta Secretaría de
Estado, se articularán procedimientos de evaluación del desempeño, que
incentiven el ejercicio y el control de la responsabilidad, buscando así
la excelencia en el funcionamiento interno de nuestra propia
organización.
Esta actividad, con un esquema similar a la anterior, requiere, por
tanto, enunciar qué objetivos se pretenden alcanzar, definir los
indicadores de resultados fiables y representativos, relacionar los
resultados con los medios materiales y humanos que se tienen, introducir
correcciones y articular sistemas de seguimiento y control.
El segundo de los ejes a seguir en este ámbito pasa por la
racionalización de la actividad administrativa. Así, una de las máximas
prioridades de la actuación de la Secretaría de Estado será proporcionar
respuestas adecuadas a la necesidad de adaptar el funcionamiento de las
administraciones públicas a los requerimientos de modernización. En
particular, se prestará especial atención a ampliar y reforzar las
garantías y derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración, procurando establecer instrumentos que faciliten al
máximo dichas relaciones.
A estos efectos, se trata de avanzar en la idea del ciudadano como un
sujeto activo de la Administración, desarrollando el catálogo de derechos
que le reconoce la Ley 30. Así, como primeras medidas en esta línea, está
prevista la elaboración de una norma reglamentaria en que se regule la
prestación de documentos, cotejos, copias selladas y copias auténticas.
Igualmente está previsto el desarrollo reglamentario del derecho al
acceso a archivos y registros, el impulso de la cooperación con las
entidades locales en materia de registros, etcétera. Del mismo modo, es
preciso adecuar las pautas de la actuación administrativa a la realidad
de un Estado fuertemente descentralizado, en el que el principio de
cooperación entre administraciones va a jugar un papel fundamental.
En este mismo sentido, en ese proceso de racionalización de la actividad
administrativa, va a ser también determinante la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para lo cual
el Ministerio de las Administraciones Públicas va a tratar de impulsar, a
través del Consejo Superior de Informática, una clara política de
desarrollo de la sociedad de la información. Se trataría de promover el
desarrollo de la información, logrando mejorar la eficacia y la calidad
de los servicios públicos a través de la implantación de estas nuevas
tecnologías.
En concreto, se trataría de seguir tres línea básicas de actuación. En
primer lugar, ha de promoverse el acceso a la información que genera la
Administración, ya que éste es uno de los nuevos bienes y servicios que
la sociedad demanda. Debe tenerse en cuenta que de los servicios de
información electrónica de la Administración General del Estado sólo una
tercera parte, aproximadamente, es accesible al público. Salvando todos
los aspectos de confidencialidad, es claro que en nuestro país existen
importantes restricciones de acceso a la información de la
Administración, que en una gran parte de los casos es utilizada sólo por
el órgano que la produce con las consiguientes limitaciones que ello
impone.
La tecnología Internet ofrece hoy la posibilidad de que en el plazo de
unos años sea una realidad el acceso desde un orden personal, dotado de
facilidades de comunicación, a todos los servicios de información de la
Administración General del Estado que tengan carácter de públicos y, por
tanto, éste debería ser nuestro objetivo.
Así, esta Secretaría de Estado considera que debe avanzarse en la
potenciación de la accesibilidad del ciudadano a la información,
incrementando los puntos de contacto, tanto físicos como electrónicos,
con los ciudadanos y garantizando la disponibilidad de similares niveles
de información en todo el territorio.
También es preciso racionalizar la utilización de la informática en las
administraciones públicas, de manera que se rentabilicen plenamente las
inversiones en estas tecnologías. En el mismo sentido, es preciso diseñar
un nuevo modelo organizativo de las tecnologías de la información en la
Administración, unificando la informática y las telecomunicaciones e
incluyendo en éstas tanto los servicios de voz como los de datos, de tal
modo que la Administración General del Estado pueda obtener reducciones
sustanciales de costes de comunicación, en línea con los ya obtenidos en
otros sectores.
Por último, el desarrollo de la sociedad de la información pasa
ineludiblemente por potenciar el intercambio de información entre las
administraciones, evitando duplicidades y potenciando las sinergias. Para
ello una pieza clave es la constitución y puesta en marcha, en
cooperación con las administraciones locales, del Instituto de
Normalización de Datos de las Administraciones Públicas, encargado del
mantenimiento y actualización y desarrollo del modelo de datos para el
intercambio entre administraciones.
Se trata pues, en definitiva, de que los poderes públicos asuman el
compromiso de poner las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano para
acercarle estos bienes y servicios de información que constituyen, como
ya he señalado, un importante activo público, y para ello este compromiso
habrá de materializarse en dos objetivos: por un lado, facilitar el
conocimiento de la existencia, disponibilidad y medios de acceso a los
productos de información elaborados a partir del sector público y, por
otro, promover políticas orientadas a asegurar que la información llegue
al mayor número posible de usuarios y en las condiciones más favorables
de tiempo y coste, contribuyendo, de este modo, a fomentar la
información.
Finalmente, en este proceso de racionalización de la actividad
administrativa jugará también un papel muy importante la simplificación
de los procedimientos y la reducción del componente burocrático en la
actividad administrativa, en aras de que su elevada formalización no
menoscabe su eficacia. En este proceso se pretende llevar a cabo la
publicación de diversos manuales de procedimiento
que permitan tanto su mejor conocimiento por los ciudadanos como la
reducción de los tiempos de tramitación. Está previsto asimismo preparar
una mejora del lenguaje administrativo y una profunda simplificación de
los documentos e impresos administrativos.
Estas son, por tanto, las líneas y proyectos que esta secretaría de
Estado pretende desarrollar durante esta legislatura. Soy consciente de
la dificultad que entrañan todos estos retos y de la necesidad ineludible
de contar con el más amplio consenso posible de los distintos grupos, que
estoy seguro así será. Quiero aprovechar esta primera comparecencia ante
la Comisión para solicitar y recabar encarecidamente su colaboración en
este proyecto de futuro y para que todos logremos dar un mejor servicio a
los ciudadanos.
Voy a entrar en la segunda parte de la comparecencia, a petición del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre informe de la Ley de
Incompatibilidades. En el artículo 10 de la Ley 12/1995, de 11 de mayo,
sobre incompatibilidad de los miembros del Gobierno de la nación y de los
altos cargos, se establece la obligación del Gobierno, a través de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública, de remitir
información al Congreso de los Diputados en relación con el cumplimiento
de las obligaciones de declarar de los altos cargos, así como las
infracciones que se hayan cometido y las sanciones impuestas.
La última vez que se remitió información en este sentido al Congreso fue
el pasado 5 de mayo y corrió a cargo del anterior Gobierno, como SS. SS.
conocen. En dicho informe, aparte de otros datos, se consignaba que en el
periódo a que se refiere la información se habían cursado 88
comunicaciones recordando a los altos cargos el contenido del Título III
de la Ley 12/1995, una vez transcurrido el plazo de tres meses
establecido en la ley para formular declaraciones, sin haberse recibido
éstas en los registros correspondientes. Tras esa fecha se han completado
las comunicaciones recordatorias a los restantes altos cargos, que
asimismo se incluían en el informe, sin que de los trámites efectuados se
hayan puesto en evidencia la necesidad de practicar actuaciones
posteriores.
En cuanto a dar información por si a SS. SS. les parece oportuno, se
informa también --aunque el informe preceptivo está previsto enviarlo en
noviembre-- que desde mayo se han controlado las declaraciones promovidas
por la designación de 408 nuevos altos cargos y por la sustitución de
467, así como por 374 actualizaciones producidas entre el 15 de junio y
el 15 de julio pasados. En todo caso y como decía antes, en noviembre, la
Dirección General de la Inspección trasladará al Parlamento el informe
preceptivo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por sus
informaciones.
Como solicitante de las comparecencias, por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el
Diputado señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Por ir de lo concreto a lo general, al revés del
procedimiento que ha utilizado el señor Secretario de Estado, voy a
empezar por lo último para así dejar el tiempo de demandar mayor
explicación o entrar en pequeña discusión de los elementos que ha ido
poniendo encima de la mesa.
Nosotros pedimos una explicación después de poder leer una declaración en
el registro de actividades y bienes de los derechos patrimoniales de
altos cargos de la Administración. La ley, en su artículo 9.º, establece
los registros que deben funcionar en la propia Administración, quién
puede acceder a los mismos, y dice que las Cortes Generales pueden
acceder a esos registros. Además, en el artículo 10 mandata al Gobierno a
que cada seis meses remita un informe sobre el cumplimiento de esta
obligación de declarar, tanto al ser nombrado como al cesar; son dos
momentos para poder declarar.
Después de regular las infracciones, la potestad sancionadora, las
actuaciones previas al procedimiento sancionador que se debe producir
cuando no se ha llegado a este tipo de declaración, termina en su
disposición adicional primera estableciendo las obligaciones que el
Gobierno tendría después de la puesta en marcha de esta ley. Se daban al
Gobierno cuatro meses, a contar del día siguiente de la publicación, para
dictar normas reglamentarias que exijan la aplicación y desarrollo de esa
ley, y también se daba un plazo de tres meses para actualizarla, de
conformidad con lo previsto en dicha ley y el desarrollo reglamentario
que fuese necesario. Esta ley fue publicada el 12 de mayo de 1995 y me
gustaría saber en qué momento se encuentran todas esas medidas de
desarrollo reglamentario; si se han elaborado, si se ha cumplido lo
previsto en estas disposiciones. ¿Por qué? Porque en la información que
se manda al registro de la Cámara se dice que están pendientes de
declarar, al momento de ser nombrados, 24 altos cargos. También se dice
que al cese de esa actividad están pendientes de declarar 96 altos
cargos. En el documento que se remite a esta Cámara, que está a
disposición de todos los grupos parlamentarios, se dice que no han
cumplido la obligación de declarar en el plazo previsto por la ley los
siguientes altos cargos: al nombramiento, 79, de los cuales 43 son
presidentes de empresas públicas, y al cese, 40, de los cuales tres son
presidentes de empresas públicas.
Decía que se habían realizado 88 recordatorios sobre obligación de
declarar, y acaba de confirmar el señor Secretario de Estado que se han
terminado de realizar los mismos. Me gustaría que explicase a la fecha de
hoy cuál es la evolución de esos 88 recordatorios; recordatorios de
segunda posición, tanto al nombramiento como al cese de altos cargos. Los
datos que se nos daban referidos al mes de mayo es verdad que están
producidos por el anterior Gobierno y estamos ya en septiembre, puesto
que hay tres meses de obligación para declarar.
¿Por qué decimos esto? Se dio mucha importancia a la Ley de
Incompatibilidades. Se ha dicho mucho, y de hecho sale a la palestra cuál
es la evolución cuando un alto cargo tiene una relación determinada al
dejar la Administración. Es muy controvertida esa situación; por tanto,
la Ley de Incompatibilidades iba a dar mayor transparencia, mayor
garantía,
porque una persona que accede a un alto cargo tiene una realidad
determinada y cuando se va tiene otra y así se puede comprobar, se puede
comparar. Esa es la petición por la que nosotros pedimos esa
comparecencia y los datos. En todo caso, entiendo que a lo mejor en este
momento sólo se puede dar información general y que al final se podría
precisar mejor; pero es que en la próxima información de noviembre se nos
tiene que facilitar también este detalle que nos ha dado aquí sobre las
466 nuevas declaraciones de altos cargos y las 408 de renovación o
modificación.
Me gustaría entrar en la primera comparecencia. Creo que nos encontramos
en un momento en la vida política en que deberíamos intentar pasar de las
grandes declaraciones a los hechos concretos para evitar que se nos pueda
decir que se barniza mucho, pero todo sigue igual. Para entrar en esta
petición, me gustaría sacar a colación lo que fue la intervención del
señor Ministro en esta Cámara cuando compareció al inicio de esta
legislatura, los compromisos electorales que adquirieron, porque usted
acaba de decir en su explicación que en realidad tampoco se tiene como
objetivo la reducción de la Administración, sino un mejor funcionamiento,
más dúctil, más flexible, más cercano al ciudadano; pero ustedes
anunciaron en su momento que abordaban dos grandes compromisos. Uno de
ellos era la restricción de la libre designación. Sin embargo, a una
pregunta mía se me responde que para el uso de la libre designación el
Gobierno está utilizando lo establecido por la ley actual y que en este
sentido se funcionará en todas las convocatorias y adjudicaciones. ¿Van
ustedes a cumplir el compromiso de reducir la libre designación como
fórmula de funcionar en la administración?
En segundo lugar, ustedes se comprometieron, además de reducir los
departamentos ministeriales, suprimir organismos públicos y organismos
comerciales, a abordar una sustancial reducción del número de altos
cargos y puestos de alto nivel de la Administración central del Estado.
Ese era el compromiso de su programa electoral y lo anunció también el
propio Ministro; lo malo es que cuando se pone en marcha el mecanismo nos
damos cuenta de que ya no está tan claro eso de alto cargo. En respuesta
escrita a una pregunta mía se dice que el alto cargo no está muy bien
definido. Ahora, en lo que ustedes han llamado la Ley de organización del
Gobierno, se pretende la separación de cargos políticos de decisión de
grandes líneas de los de la gestión o directivos. De subsecretario para
abajo son profesionales no politizados, por llamarlos de alguna manera
--después me referiré a ellos--, mientras que los altos cargos son los
Ministros y los Secretarios de Estado.
Lo cierto y verdad es que los datos que tenemos, según dijo el Ministro,
son que desde el año 1990 a 1996 se ha pasado de 4.000 a 8.000 altos
cargos. ¿Cuáles son los que han suprimido ustedes? Hablaban entonces de
la necesidad o no de que hubiera secretarios generales y decían que la
figura de secretario general era una determinada. Ustedes hablaron de lo
que era el subsecretario y el papel que debía jugar el subsecretario.
Ustedes hablaron del gran volumen de personal eventual contratado, lo que
se llamaban gabinetes; me han dado una respuesta y dicen que hay 1.005
dotaciones de puestos de trabajo adscritos a personal eventual, al 30 de
abril de 1996. Querríamos saber cuántos de esos gabinetes continúan,
cuántos nuevos se han creado, por si es verdad que ustedes han
simplificado o reducido esos altos cargos de asesoría, de libre
designación o eventuales.
¿Por qué he entrado en este criterio? Porque se había dicho que iba a
haber un gran cambio en la Administración, un cambio tan grande que
parecía que se iba a producir una nueva convulsión administrativa y yo
diría --permítame que lo haga con total sinceridad-- que daba la
impresión de que iba a ser mayor que la producida en el año 1979, cuando
se estaba desarrollando un proceso de renovación democrática y de la
realidad de la Administración anterior. Se había dicho que en los años
anteriores en España había un funcionamiento sectario de la función
pública, amical, etcétera, que ustedes iban a tomar un sinfín de medidas
para acabar con esos males que había antes y resulta han puesto en una
realidad determinada a la propia Administración pública.
Ese nuevo y gran impulso, ese gran cambio, si no lo explican ustedes
mejor, si no lo concretan ustedes mejor, puede ser simplemente un gran
evento, llegan pero las cosas continúan casi igual. En todo caso, me va a
permitir le diga que yo no he encontrado todavía una precisión
importante. Usted ha dicho que la simplificación administrativa la iban a
dirigir fundamentalmente a la administración periférica del Estado, pero
a mí me gustaría que ustedes se comprometieran a una simplicación más
detallada. Por poner un ejemplo: ¿Han hecho ustedes un inventario resumen
de los puestos anteriores, los que se han suprimido, los que van a
continuar, los que van a seguir siendo de libre designación o los que van
a seguir siendo por concurso de méritos?
En segundo lugar, en la Lofage se dan seis meses para trasladar
competencias a la Administración periférica, a las comunidades autónomas
o a los municipios. ¿Se ha hecho un primer inventario de esa posibilidad
competencial, para saber más o menos qué volumen va a dejar de hacer el
Estado y se va a transferir a otro lado? ya sabemos lo que ha sucedido en
el pasado, el volumen de funcionarios que hemos trasladado a las
comunidades autónomas, porque lo tenemos cuantificado en los distintos
decretos.
En tercer lugar, ¿han hecho ustedes un inventario de organismos públicos,
llamémosles organismos autónomos de índole administrativo, que ahora va a
agrupar en dos grandes conceptos, los que se avienen a la gestión pública
o a la legislación pública y los que se avienen a la gestión privada?
¿Cuáles de esos organismos públicos, según el inventario que ustedes han
hecho, son proclives a simplificar, a reducir, a agrupar? ¿Dónde se va a
ubicar? ¿Cuáles son los entes comerciales que funcionan por la iniciativa
privada? Todo esto sería conveniente saberlo para poder tener la
sensación del volumen total o del movimiento total a que nos estamos
refiriendo.
Cuando el Ministro vino aquí yo le planteé esto mismo. estaban recién
llegados y bueno, era lógico que esperásemos. Ya llevan un tiempo, no
mucho, pero suficiente para que hubieran conocido todo esto un poquitín
mejor desde
dentro. ¿Nos puede usted decir dónde caminará, aunque sólo sea
indicativamente?
Acepto, es verdad, que en la Lofage se dan seis meses para el tema
territorial y creo que dos años para los otros, pero usted convendrá
conmigo en que no es bueno que determinados organismos funcionen no
funcionando, no renovando los cargos directivos, etcétera, porque se
genera intranquilidad, una situación complicada en muchos de ellos. No
voy a entrar, porque sería prolijo, a enumerarles algunos organismos que
están viviendo con intranquilidad cuál será el devenir futuro, porque, a
unos se les han nombrado los cargos, a otros no; otros están a expensas
de agruparse o no agruparse. Sería bueno que por el bien del futuro de la
propia Administración se despejase toda esa nueva dinámica.
Tengo que pedir excusas porque no he estado al principio de su
intervención, ya que estaba en otras tareas de la Cámara que me han
impedido estar a tiempo, pero he podido recoger en su documentación de la
memoria de la Lofage dos criterios, a los que quiero referirme. Uno es la
idea de un modelo de Administración donde el propietario no es la
Administración pública, sino ese proceso de concepción de participación
en la gestión pública vía reducción de ese aparato y el concepto
subsidiario, es decir, devolver a la sociedad la capacidad de iniciativa,
las empresas privadas. Todo lo que no pueda hacer la empresa privada y la
iniciativa privada es lo que debería hacer la Administración. Ese gran
criterio o esa gran filosofía que ustedes ponen en el anteproyecto de la
Lofage en el punto 10 de la exposición de motivos y en el punto 11 del
proyecto, ese gran criterio de concepto subsidiario de la Administración
de lo que no puede hacer la iniciativa privada, las empresas, los
ciudadanos en general, ese criterio de participación, ¿qué significa?,
¿de qué manera lo van a proyectar ustedes? Porque después podemos ver
cómo se puede manifestar esa idea de una Administración más ágil, que
usted decía, más eficaz, de mayor calidad. También ha dicho que para eso
ustedes están incorporando las nuevas tecnologías, la modernización (creo
que aquí hay miembros del anterior Gobierno que llevan casi seis años
introduciendo la informatización, introduciendo modernizaciones) y usted
ha hecho mucho hincapié en la cultura, en el control y en la evaluación.
Parece que no han funcionado bien porque no han estado controlados
anteriormente. Ahora sí que los vamos a controlar, los vamos a evaluar y
vamos a poder ver cómo van a funcionar bien estos funcionarios.
La segunda gran idea que ustedes han lanzado es la de la
profesionalización, la idea de que ustedes no van a politizar la Función
pública y que van a marcar grandes objetivos políticos, por un lado, que
lo hará el Consejo de Ministros y los secretarios de Estado, y, por otro
lado, la Administración eficaz, que estaría formada a partir de
subsecretarios, secretarios generales, en fin, todos los cargos, por así
decirlo, directivos. Ustedes lo cifran todo en que el Gobierno nombrará
esos cargos de entre funcionarios de la Administración del Estado, de las
comunidades o de los municipios, titulados superiores. Ese es el elemento
motriz por el cual van a ser funcionarios los elegidos. Es posible que
eso signifique una mayor profesionalización, pero mi pregunta es:
¿significa un mayor dominio y un mayor conocimiento de las políticas a
desarrollar en cada uno de los casos el que un titulado biólogo, sea
titulado superior, y le pongan ustedes en administraciones públicas?
¿Significa que al ser nombrado por libre designación estamos politizando
funcionarios para que hagan funciones políticas? En suma, esa
profesionalización que ustedes tanto han defendido y de la que tanto han
hablado, esa Administración neutral que van a dirigir, la verdad es que
no queda claro cómo lo van a hacer. Es verdad que tengo que reconocer que
ustedes dicen que en algunos puestos que se justifique podrá nombrarse a
personas que no sean titulados superiores. Bueno, mire usted, eso está
muy bien. Yo soy funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, no
soy titulado superior, así es que no podré tener esa responsabilidad. Es
una profusión importante; ya sabemos que la profesionalización significa
una cosa determinada. En suma, solucionar el exceso de politización
arbitrario, discrecional, la regeneración de la administración pública de
la última década, ¿se cifra en esta propuesta de que van a elegir ustedes
para esos cargos de la Administración del Estado, local o regional a
funcionarios con título superior? La verdad es que yo creo que eso es lo
que le decía: grandes declaraciones, pero los efectos son un tanto
complicados.
En cuanto al tema de la racionalización, es verdad que ustedes midieron
mal. Yo tengo que reconocer que usted ahora está hablando como un gestor
que pone en marcha una determinada política, pero da la pequeña
circunstancia de que usted representa al Gobierno de una mayoría que se
ha compuesto en la Cámara. Ustedes anunciaron un sinfín de medidas y
sería bueno que las precisaran. Incluso, cuando se dice: Vamos a poder
reducir mil. Hemos reducido 60, hemos reducido 30, pero los otros, en
realidad, son puestos que --dicho así, ahora que no nos oye nadie, esos
4.000 puestos que hay ahí en medio-- no pueden dejar de ser funcionarios,
porque son funcionarios; es decir, que los anteriores ya habían elegido
funcionarios para esos puestos, han consolidado nivel y lo que al final
estamos discutiendo es si pierden una asignación determinada en función
del puesto que desempeñaban, pero tendrían que quedarse en la
Administración. Estamos hablando de 1.200.000 ó 1.400.000 pesetas, más o
menos, pero tendrían que seguir siendo funcionarios. Aclárennos y
precísennos cuáles son esas simplificaciones, con números concretos. Por
ejemplo, secretarías generales, porque ahora ustedes nos proponen que van
a continuar excepcionalmente, pero ya veremos cómo; es decir, cuáles son
los puestos que se reducen, uno a uno, y de esa manera lo podremos
cuantificar.
Voy a reconocer una cosa: no es un problema cuantitativo; el drama es que
ustedes lo han hecho cuantitativo en su explicación y en su campaña.
Nosotros estamos convencidos de que no es un problema cuantitativo,
ustedes sí lo hicieron así, lo anunciaron y lo pusieron en marcha, pero
ahora resulta que de lo cuantitativo se pasa a lo cualitativo. Pues
combinen ustedes lo cualitativo y lo cuantitativo, porque sería
importante para poder entenderlo.
Termino, señor Presidente, porque no quiero alargarme, refiriéndome a dos
temas que ha citado en la segunda
parte. Uno ha sido el Estatuto de la Función pública. Nos ha invitado a
un desarrollo de todos los temas que él lleva, lo más debatido,
consensuado y pactado entre todos. Vaya por delante que nosotros
recogemos ese guante y le digo que me gustaría no pasara esta legislatura
sin tener este Estatuto de la función pública, porque entiendo que es muy
importante que ese estatuto esté en marcha, con esos elementos que usted
ha puesto encima de la mesa: la selección, la carrera administrativa, los
sistemas de evaluación y la formación continua, en cuyo proceso ha hecho
usted mucho hincapié. En fin, sería bueno que todo ello, sobre lo que ya
discutiremos, se pusiera en marcha.
Pero permítame que entre en controversia con lo que usted ha llamado
recuperación de la concertación pública, diálogo social. Vamos a esperar
los resultados de la mesa del día 19 que usted ha anunciado, pero mucho
me temo que ese compromiso e implicación de los empleados públicos, que
usted ha pedido, arranca con un pie averiado, por no decir con mala pata.
¿Por qué lo digo? En primer lugar, no se va a continuar con lo pactado
para dos años con el anterior Gobierno, puesto que se anuncia congelación
salarial y oferta pública de empleo contenida. No me voy a referir ahora
a los datos que tengo --que me los han enviado ustedes-- de las vacantes
que se han pronunciado, ministerio a ministerio. Es un volumen importante
de puestos de trabajo y podríamos ver cuáles son vitales y tratar de
cubrirlos. No puede haber tabla rasa, porque san Maastricht bendito no
tiene que llevar consigo que no funcionen las guarderías, las escuelas o
los hospitales en los que se hayan producido vacantes.
Permítame le diga que los foros de diálogo social --me refiero a los
dirigidos a la Administración pública-- deberían llevar consigo
precisiones por parte de ustedes. Por ejemplo, ¿se ha puesto en marcha el
fondo que estaba comprometido en el acuerdo anterior, que significaba que
si los funcionarios perdían capacidad adquisitiva del 3,5 al 4,5 --o la
evolución que fuera--, se iba a prever una cuantía para recuperar la
pérdida de esa capacidad? Le digo esto porque creo que hay tres elementos
que deberían continuar siendo importantes hoy. El primero, la capacidad
de negociación colectiva en la función pública. Si es personal laboral,
usted tiene una realidad distinta, convenios colectivos, pero también
sabe que de poco vale la negociación colectiva, porque el volumen de la
masa salarial se puede discutir, pero lo que se aplica es lo que se fija
en los Presupuestos Generales del Estado. Fuimos a un proceso de Función
pública más normalizada, más globalizada y, en este sentido, sería bueno
que la capacidad de negociación colectiva estuviese encima de la mesa,
pero sin anatemas de partida.
En segundo lugar, la idea de defensa de lo público. Reconocerá conmigo
que ustedes son más amigos de lo privado, como fórmula normal, que de lo
público. Pues bien, la defensa de lo público, hoy, en la función pública,
para los que son funcionarios, es muy importante, entre otras cosas,
porque no está demostrado que lo privado funcione mejor que lo público,
ni siquiera que, hoy día, la capacidad pueda ser inferior. Sin poner en
marcha todos esos planes de formación que usted ha anunciado, ahora
mismo, dentro de la función pública hay capacidad para producir un sinfín
de iniciativas y de actuaciones.
A mí me gustaría que esa negociación colectiva, ese acuerdo social que
usted trata de poner en marcha, ese compromiso e implantación de la
función pública partiera de una idea de compromiso común desde el poder,
desde la base de que lo público no es malo, sino al revés. Puede ser más
o menos eficaz, más o menos ágil, pero es bueno porque supone la defensa
del interés general sobre lo particular o lo privado. En todo caso,
espero la concreción que nos pueda ir aportando en cuanto a desarrollo.
Usted nos ha hablado ahora mismo, por ejemplo, de que sería muy
importante la simplificación de los trámites administrativos. ¿Qué
reformas legales se van a producir? Nos ha hablado también de una mayor
garantía y derechos de los ciudadanos. ¿Va a funcionar el silencio
administrativo positivo? En fin, quisiera que nos precisara esas líneas
de actuación. En todo caso, si desea aplazarlo a otro momento, cuando se
pueda presentar esa petición en la Cámara, nos tendrá a su disposición,
en unos casos para hacer propuestas, críticas o modificaciones; en otros
para apoyar las medidas que puedan salir de su Gobierno y que sean
positivas para esa defensa de lo público y agilidad de la Administración.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Gómez Rodríguez tiene la
palabra.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por
su comparecencia y por su clara exposición sobre lo que constituye las
líneas programáticas de la reforma de las administraciones públicas,
teniendo en cuenta el régimen constitucional de autonomías y el fenómeno
incuestionable, indiscutible e insolayable de una mayor integración
europea. Creo que usted ha señalado con nitidez el papel que va a tener
la Lofage y, sobre todo, el Estatuto de la Función pública. La Lofage,
como Ley reguladora de la Administración general del Estado, con su
papel, digamos, sistematizador, tanto desde la Administración central
como de la periférica, creo que es plausible y no voy a entrar hoy aquí
en los defectos de la propia ley; defectos de repetición o defectos
gramaticales --verbos en plural y sujetos en singular-- y de redacción o
de estilo, en los que no entro porque sobrepasan el motivo de mi pequeña
intervención.
Respecto a la regulación de las empresas públicas, sí quisiera una mayor
exigencia en cuanto a la gestión de las mismas. Las empresas públicas han
originado, no solamente en España sino en muchos países de nuestro
entorno, problemas que van a repercutir después en el déficit
presupuestario. Las empresas públicas son un instrumento de las
administraciones y se utilizan como un instrumento cómodo del ejercicio
de la función pública en determinadas áreas, pero a los gestores de estas
empresas no se les exige una gran responsabilidad, al igual que se les
exige a los políticos. Los administradores son los grandes responsables,
porque estas empresas se rigen generalmente por leyes como la de
sociedades anónimas, en las que los consejeros o administradores tienen
la responsabilidad; pero a los gerentes de estas empresas, el alto cargo,
que son los que llevan el alma de la gestión, ¿por qué no se les imputa
también, y se hace extensiva, esa responsabilidad?
Quisiera saber si este país continúa practicando el sistema de blindajes
financieros contractuales. Me gustaría conocer la relación de altos
cargos que tienen blindajes en la Administración española. Su número, por
lo que se dice, es todavía alto y no sabemos si esta política va a
continuar o no. En mi opinión, también se debería estudiar la posibilidad
de que las auditorías externas se aplicasen a las empresas públicas,
independientemente de que concurran las circunstancias que exige la Ley
de auditorías o la Ley de sociedades anónimas. Basta que sea una sociedad
pública, para que sea auditada externamente y publicado; no sólo que se
inscriban en el Registro Mercantil las cuentas anuales, sino dar mayor
difusión a las cuentas públicas y exigir más responsabilidades, repito,
no solamente a los consejos de administración sino a los altos cargos de
estas empresas.
En cuanto al Estatuto de la función pública, nuestro grupo también
participa en que es deseable una pronta promulgación en esta materia, con
esas circunstancias que usted ha señalado de flexibilidad y vocación de
permanencia. Es necesario, hay que terminar con esa dualidad de que para
un acto administrativo exista un cargo laboral y un cargo público con
diferente retribución económica. Hace falta mayor colaboración del
funcionario en la Administración. Me parece muy bien que se establezca
ese diálogo social, pero también se debe establecer un sistema de
exigencia de responsabilidades; responsabilidades para imponer más
sanciones pero también para estimular. No entro en la discusión de si es
mejor la Administración pública o la privada, pero hay cosas que mueven
al hombre, y al hombre le mueve no solamente el cumplimiento del deber,
sino también tener un estímulo, que no siempre ha de ser de carácter
económico. En este aspecto, creo que sería muy importante tratar el
sistema de incentivos.
Felicito esta idea de la cultura de la calidad en la prestación pública.
Es un avance, porque se está imponiendo hoy día en todas las actividades,
tanto públicas como privadas. Es conveniente que el ciudadano conozca y
exija una mayor calidad en la prestación de los servicios. También es de
justicia que se tengan en cuenta las retribuciones económicas de los
funcionarios, que son los primeros que han pagado el pato en estas
medidas de contención presupuestaria.
Aplaudo asimismo el apoyo informático como elemento básico de una moderna
Administración, que debería ser más coordinada, a ver si la
Administración única se impone, a fin de evitar solapamientos y
repeticiones de cargos, y a ver si se consigue que el ciudadano español
tenga mejor concepto de la Administración pública a base de esa afinidad,
de esa profesionalidad que usted ha señalado y, sobre todo, de esa
modernización, de la que estoy oyendo hablar desde los tiempos históricos
del señor López Rodó.
Así, señor Secretario de Estado, cuente con nuestro buen deseo de que
esto salga adelante para el mejor funcionamiento de la Administración
pública española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Secretario de Estado, he escuchado su
extensa exposición de propósitos, es difícil no compartirla en el terreno
de los principios. Visto cuál es su norte, es difícil no estar de
acuerdo, repito, con ideas tales como restaurar la confianza de los
ciudadanos en las instituciones. Este tipo de propósitos lo alentamos
todos; cuestión distinta es ver luego en qué medidas concretas se van
plasmando estos propósitos definidos.
Dentro de los apartados que usted ha ido tratando, en primer lugar me
referiré al diseño de la nueva estructura organizativa, que está
actualmente en fase de tramitación en la Cámara por el proyecto de
Lofage. Siendo admisible y valorable en términos positivos el texto de
este proyecto, dista de plasmar la idea que el señor Secretario de Estado
pretende indicarnos de establecer la Administración única, por lo menos
lo que en el terreno doctrinal se entiende por esta figura. De todas
formas, mi grupo planteará las enmiendas que considere oportunas;
tendremos ocasión de debatirlas y de llegar a posibles acuerdos dentro de
nuestra voluntad de consensuar en la mayor medida posible este tipo de
aspectos.
De igual manera nos suscita recelos la idea de reducción de la
Administración del Estado, porque, vistas las estructuras orgánicas, no
parece que reduzcan en gran cosa la Administración periférica. La
plasmación que se hace en el proyecto de Lofage de las delegaciones del
Gobierno dista mucho también de tranquilizar las pretensiones en este
aspecto de un partido que, como el mío, pretende potenciar la idea del
autogobierno y que la Administración del Estado en el ámbito de la
comunidad autónoma se reduzca a lo mínimo indispensable.
En el segundo apartado se habla del empleo público. Hora es ya de que se
modifique la Ley 30/1984 y el escaso margen que esta Ley dejaba a las
posibilidades de creación de modelos propios de Función pública para las
comunidades autónomas. En este sentido me tengo que referir a la cierta
alegría que me suscitaron las expresiones empleadas por el señor Ministro
en su comparecencia ante la Cámara al hablar de un Estatuto de la Función
pública y no de estatuto básico de la Función pública, como se había
dicho en anteriores proyectos. Habló literalmente de bases mínimas
imprescindibles e incluso de estatuto holgado y no rígido para que las
comunidades autónomas puedan desarrollar su propio sistema. Espero que
estas expresiones del señor Ministro coincidan con lo que usted ha
referido como la idea de traje a medida y que el alcance de lo básico en
la reforma sea tal que permita nos movamos con las posibilidades que
nuestros respectivos estatutos conceden en esta materia de articulación
de funciones públicas propias.
Es imposible igualmente no coincidir, en el terreno de los principios,
con lo que usted ha señalado sobre la idea de necesidad de planificación
de los recursos humanos y
de técnicas de modernización, en tiempos en los que es absolutamente
indiscutible que la legitimación de la Administración viene dada por las
ideas de eficacia y eficiencia.
En el tercer apartado, cuando se ha referido al diseño del nuevo modelo
de relaciones ciudadano-administración, bienvenido sea cuanto antes el
desarrollo de los derechos de los ciudadanos que aparecían recogidos en
el catálogo de la Ley 30/1992. Sí me parecía interesante en este
apartado, y se lo sugiero como idea, dado lo atascado de la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo lejanas o remotas que se ven las
posibilidades de su reforma, avanzar en cierta idea que se ha ido
plasmando en los profesores de Derecho administrativo, que es potenciar
los órganos administrativos para dirimir conflictos entre ciudadanos,
cuya legitimación venga dada por el prestigio técnico y profesional de
sus miembros, cierta independencia dentro de la estructura jerárquica de
la Administración, motivada sobre todo, repito, por el prestigio técnico
y profesional, que pudiera evitar que los ciudadanos se vean obligados al
recurso a los tribunales de lo contencioso, con procesos largos que hacen
se pierda la idea de esa confianza de los ciudadanos en las
instituciones, puesto que nunca llega el momento de que la cuestión quede
definitivamente dirimida.
Le remito a usted a interesantísimos trabajos sobre este asunto (puesto
que él piensa que la solución a la resolución de conflictos
ciudadanos-administración no va a poder venir dada por los tribunales)
del profesor Tornos, que estaré muy gustosa de poner a su disposición si
así lo desea. En todo caso, es un interesante camino que explorar, y a mi
grupo le gustaría colaborar en iniciativas que se pudiesen adoptar en
este sentido.
No voy a extenderme mucho más; únicamente, por ponerme a tono con el
lenguaje escolar de estos días, le diré que, oída su exposición, tienen
ustedes deberes para rato y que, sobre todo, agradezco su voluntad
manifestada de suscitar consensos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tienen la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Desde el Grupo Parlamentario Catalán hemos seguido
atentamente la exposición de los planes que su Gobierno, señor Secretario
de Estado, tiene sobre el diseño de un nuevo modelo de Administración
pública. Tiempo y lugar habrá para el análisis y discusión de los
proyectos que ustedes elaboren, pero en cualquier caso nos parece que
éstos son también momento y espacio oportunos para que nuestro grupo
exponga sus objetivos y consideraciones generales al respecto, no sin
antes agradecerle su comparecencia y afirmar que estamos con ánimo
coincidente en los objetivos que usted ha planteado sobre la nueva
estructuración y organización de la Administración y sobre la definición,
también cualitativa, de lo que debe ser un servicio público.
Usted conoce bien, señor Secretario de Estado --y así lo ha mencionado--,
que el proyecto de reforma y de construcción política constitucional del
Estado autonómico no ha estado acompañada en toda su extensión de una
transformación en paralelo de las estructuras administrativas. Es
evidente, y sería injusto no reconocerlo, que las administraciones
públicas se han modernizado, que disponen de recursos tecnológicos
avanzados y que las trabajadoras y trabajadores públicos se han
profesionalizado y han rejuvenecido sus métodos de trabajo, pero esta
modernización no ha conllevado la reforma o transformación profunda de la
Administración y la Función pública.
La realidad administrativa, en sentido de responsabilidad, las pautas de
relación con la sociedad, son todavía mayoritariamente fieles al viejo
modelo formalista y burocrático, pues no en balde el funcionamiento de la
Administración pública del Estado español está encuadrado en un marco
formal normativo que, ya casi en el dintel del año 2000, genera en su
aplicación obstáculos para el cumplimiento de las actuales
responsabilidades públicas en el ámbito del Estado español y en el
proyecto europeo, tal como usted mismo en su exposición ha remarcado.
La Generalitat de Catalunya, como el resto de gobiernos de las
comunidades autónomas, se ha visto obligada a definir su propuesta de
Administración pública y de Función pública con sujeción a las normas
estatales básicas que han limitado y coartado su potestad
autoorganizativa, lo que ha impedido que nuestro Gobierno en la
Generalitat diseñara y pusiera en funcionamiento un modelo de gestión
administrativa del servicio público identificado y comprometido con la
sociedad catalana y capaz de dar respuestas específicas a su realidad
diferenciada.
La Constitución estableció un escenario y posibilidades diferenciadoras
acordes con la diversidad y asimetría que la historia, la cultura y la
misma geografía han conformado.
Las leyes y normas que el Gobierno del Estado español elabore, de acuerdo
con sus competencias y responsabilidades, esperamos que hagan compatibles
las lógicas del principio de eficacia, frecuentemente identificada de
manera mítica con la uniformidad, y la lógica nacionalista de la
identidad y la singularidad.
Para nuestro grupo, es conocido, el objetivo primordial de su actuación
política es avanzar en el pleno desarrollo del autogobierno catalán y en
la asunción por parte de éste de las cotas más amplias posibles de
soberanía, para poder seguir progresando en la construcción de nuestro
país. En el ámbito público ello implica, a nuestro entender, que nuestro
Gobierno en particular y los del resto de comunidades autónomas, si así
lo quieren, puedan aprovechar con rigor los recursos de toda índole de
que disponen y la rentabilidad y desarrollo de su capacidad institucional
y organizativa, ya que la Administración pública y las personas que la
administran son los agentes que interaccionan las instituciones propias
con la sociedad civil.
La Administración pública no sólo es y construye la imagen de un país,
sino que también es actuante privilegiada de la construcción de este
mismo país. Por ello, las normas que la diseñan deben ofrecer con
claridad la imagen singular y a la vez plural del Estado español y la
transformación de un modelo casi estático y centralizado en un
modelo flexible que pueda ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades
que plantea un Estado también compuesto y las consiguientes situaciones
complejas.
Nos ha sorprendido favorablemente la presentación de la propuesta de la
Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, que implica, a nuestro entender, la superación de otras
propuestas y un avance en la concreción de parte, pequeña parte, de lo
que podrá llegar a ser la Administración única. Esperamos que este
proyecto, en su discusión se convierta, en un espacio abierto de
consenso, en el que se puedan satisfacer los equilibrios de las diversas
necesidades y ensamblar los elementos sustanciales de las distintas
prioridades sociopolíticas de nuestras propias culturas públicas.
El Grupo Parlamentario Catalán analizará con detalle las propuestas que
su departamento elabore y colaborará en la transformación de la
Administración pública y del régimen estatutario de las personas
servidoras de esta res publica.
Nuestro Gobierno tiene un modelo de la Administración y servicio públicos
y esperamos que el modelo general que ustedes propongan proporcione
libertad a las comunidades autónomas que la exigen, destruya barreras e
intervencionismo siempre innecesario. Sí así fuera, no sólo se convertirá
en un instrumento útil, sino que romperá los clichés uniformadores
provenientes de tiempos pasados y conformará la posibilidad de que la
Administración y las políticas públicas administrativas demuestren en sus
diversos campos de actuación que los servicios públicos son aquel espacio
colectivo donde son más importantes las necesidades sociales que los
actores que deben satisfacerlas.
Ha dedicado usted parte de su exposición al futuro Estatuto de la función
pública. Nosotros esperamos que se construya de tal manera que permita la
actuación flexible de sus recursos, de acuerdo con las necesidades
sociales de cada momento. Disponemos en las diversas administraciones de
profesionales con probada capacidad y voluntad de servicio para dar
respuesta cualitativa y técnica a las demandas colectivas.
La función pública sólo tiene un objetivo y significado que es prestar un
servicio público. Los servidores públicos necesitan, como todo
trabajador, un estatuto para tener seguridad en sus relaciones con el
servicio y con los gobiernos. Háganlo ustedes compatible con espacios
abiertos de responsabilidad y de organización.
Esperamos que el estatuto cambie le concepto de función pública y de
funcionario. Debe modificar de raíz el concepto que la sociedad tiene de
éste. Sus condiciones de trabajo deben ser acordes en dignidad y
reconocimiento social con el alto servicio que prestan en los distintos
ámbitos públicos, y estas condiciones de trabajo no pueden provocar en un
futuro que las trabajadoras y trabajadores de la Administración,
servidores públicos, sean tratados singularmente como una mercancía para
justificar el equilibrio de la economía y del déficit público, pero
tampoco los derechos colectivos o individuales pueden transformarse en
momentos de cambio en trabas para la gestión eficaz del mismo servicio.
En el preámbulo de la Ley 30/1984 se declaraba que sin tardanza el
Gobierno elaboraría las bases del régimen estatutario de los funcionarios
públicos. Hemos esperado, pues, doce años. Durante el tiempo transcurrido
el Estado autonómico se ha definido abiertamente como Estado
plurinacional. El estatuto y las reformas, pues, deberán ser coherentes y
respetuosos, de manera explícita, con esta realidad.
Este es el escenario presente y futuro en que el servicio público deberá
insertarse. Si se dejan ustedes seducir por el fácil compromiso técnico o
laboral de poner orden en lo que ya existe, de recopilar y articular
normas dispersas, de repetir, en suma, la vieja historia de la
Administración y de establecer estatutariamente algo caduco e inmóvil,
nosotros preferiríamos esperar otros doce años.
Esperamos también que podremos identificar los proyectos que su Gobierno
elabore como instrumentos del proceso de modernización racional del
ejercicio de los servicios públicos que usted ha prometido.
En este caso encontrarán en nuestro grupo el consenso y la colaboración
para apoyar el cambio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz-Cano del Rey.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Muchas gracias, señor Presidente.
Bienvenido, señor Secretario de Estado, a esta Comisión, que es la suya,
con mucho retraso enhorabuena por su nombramiento, aunque por lo que
hemos podido intercambiar es una tarea difícil en la que yo le deseo los
mayores éxitos.
Además, quiero agradecerle sinceramente el tono de su intervención. Yo
creo que usted es un buen discípulo de aquel primer ministro francés de
entreguerras, que cuando se sentía acosado por la oposición en la
Asamblea Nacional francesa sacaba aquello: y ahora vamos a hablar de la
reforma de la Administración para relajar el ambiente. Yo creo que usted
nos ha relajado, a mí me ha relajado, pero no hay que confundir esta
relajación con la tranquilidad por lo que usted ha expuesto en este día
ante la Comisión.
Creo que su discurso extenso, que está lleno de muy buenas intenciones,
de muy buenos propósitos, no se compadece con la práctica del ejercicio
de la acción de su Gobierno. Es una clara contradicción, o al menos al
Grupo Socialista se lo parece, lo que han sido sus planteamientos en este
terreno durante la anterior legislatura, lo que es y ha sido su programa
electoral y sus propuestas programáticas en torno a la Administración
pública y a los empleados públicos, con lo que ustedes han venido
practicando en estos meses de acción de Gobierno.
Hay algunas cosas que me parecen muy significativas, que hoy usted ha
expresado y a mí me parece que es un retroceso al menos de lo que eran
sus posiciones iniciales. Ha reconocido que el problema de la
racionalización, de la austeridad, de la reducción de altos cargos y, por
tanto, de suprimir el despilfarro que existía en la Administración
pública, no es un problema cuantitativo, pero como decía el señor Ríos
ustedes hicieron bandera de esto. Este es un problema cualitativo y usted
lo ha transformado en algo que no se trata de un problema de número ni de
cantidad sino de implantar un nuevo modelo de gestión. Yo acepto esta
explicación, pero creo necesario poner encima de la mesa algunos datos
que es conveniente conocer. En primer lugar, ustedes plantearon la
reducción de 5.000 altos cargos, así lisa y llanamente, y ahorrar 70.000
millones de pesetas. Con la información que usted ha dado en la última
parte de su exposición, hay una diferencia, en aplicación de la Ley de
Incompatibilidades, de 61 altos cargos entre los que había y los que
ustedes han nombrado; por tanto, la famosa reducción se ha quedado en 61
altos cargos que, traducido en masa salarial, supone el 0,01 de la masa
salarial del conjunto de empleos públicos al servicio de la
Administración general del Estado. Reconózcalo y en este sentido nos
damos por satisfechos. A mí me parece bien reconocer que los
planteamientos cuando se hacen desde actitudes sectarias, no conducen a
nada positivo en la medida que luego sufren el duro revés de la realidad.
Pasando a lo que ha sido su intervención, quiero poner de manifiesto que
es difícil no compartir los principios que ha planteado de
racionalización, de profesionalización, pero nuevamente hay que poner
esto en contraste con lo que es el ejercicio del Gobierno. Ustedes
planteaban la profesionalización fundamentalmente desde el punto de vista
de la carrera administrativa, y para eso hacían mención, única y
exclusivamente, a lo que era la utilización como sistema de provisión de
los puestos de trabajo del concurso de méritos que, como ustedes mismos
decían en su programa, llegaría hasta director general, y por supuesto,
en subdirectores generales, todos, absolutamente todos. Y ¿qué han hecho?
Todos los subdirectores generales que se han nombrado cuando ustedes han
ocupado el Gobierno lo han sido por el sistema de libre designación.
Bueno, es también un cambio de criterio, pero no solamente se han quedado
ahí; descendiendo más, en las direcciones provinciales todos los
directores provinciales también han sido nombrados por este sistema de
provisión de puestos de trabajo, con la paradoja, además --y desde aquí
se lo quiero transmitir como Diputado de una provincia de la periferia--,
de que se llegaba a conocer el nombre de la persona que iba a ocupar ese
puesto con varias semanas de antelación, con lo cual, la
profesionalización creo queda bastante en entredicho. Pero a mí me
preocupa más lo que ha sucedido --por poner un ejemplo-- en el Ministerio
de Agricultura por el cese masivo de los subdirectores generales con la
agravante del verano por medio, es decir, cuando la opinión pública está
relajada en la línea de lo que decía al inicio de mi intervención. A mí
me preocupa eso por lo que supone de contradicción con sus propuestas
electorales, pero me preocupa más por otra cosa, pues creo que afecta de
manera muy importante a los intereses generales del Estado, porque en la
mayoría de los casos estamos hablando de buenos profesionales, con una
dilatada carrera profesional, que llevan asuntos relacionados con los
intereses de España en la Comunidad Económica Europea y a los que ustedes
han dado un serio varapalo, entre otras razones porque creo que no se
trata en todos los casos de rojos peligrosos ni de personas con
antecedentes criminales como para producir esa especie de razzia que ha
hecho la Ministra de Agricultura durante este verano en su departamento.
Por tanto, de profesionalización en la línea que ustedes planteaban,
nada; y de regionalización y austeridad, nada, como los hechos bien lo
demuestran.
En cuanto al Estatuto de la función pública, evidentemente recogemos su
propuesta de consenso y de diálogo. Entendemos que es necesario --y así
se habían hecho los trabajos necesarios en este sentido-- para elaborar
un Estatuto de la función pública que regule de manera única lo que son
diferentes relaciones contractuales de los empleados públicos, es decir,
los de naturaleza laboral y naturaleza administrativa. En su intervención
ha dado pie a algo que no es exacto, ha venido repitiendo que las normas
que regulaban la Función pública en este país eran normas
preconstitucionales. No, señor Secretario de Estado. Dígame alguna norma
preconstitucional que ahora rija la Función pública, porque la Ley
30/1984 y los reglamentos que la desarrollan son posteriores en seis años
a la publicación de la Constitución; y por supuesto la negociación
colectiva del personal laboral es perfectamente constitucional, como
usted bien sabe. Por tanto, estamos de acuerdo en las necesidad de
introducir una nueva modificación en lo que es la legislación de la
Función pública mediante el Estatuto y estamos dispuestos a su
negociación; negociación que, por supuesto --y compartimos--, tiene que
ser con la necesaria participación de los agentes sociales, de los
sindicatos y también de las comunidades autónomas. En este aspecto, como
su discurso está lleno de generalidades y pocas concreciones --a lo mejor
éste no es el momento de plantearlo--, a mí me gustaría conocer si en ese
estatuto se deben recoger temas tan importantes como la carrera
administrativa, la reforma del sistema retributivo, al que usted ha hecho
mención. Pero ¿qué modelo de sistema retributivo? ¿Se mantienen los
conceptos retributivos actuales? ¿En qué cambian? ¿Qué conceptos de los
diferentes complementos retributivos que actualmente existen en la
Función pública se van a modificar? ¿Vamos a ir a un sistema retributivo
más parecido a lo que es la legislación laboral de lo que ha venido
siendo en la legislación administrativa? En definitiva, más detalles para
poder hacernos una idea de en qué dirección se están encaminando los
trabajos tendentes a producir ese Estatuto de la función pública. En este
apartado compartimos evidentemente todo lo relacionado con la formación,
formación continua, etcétera.
Voy a referirme también, y brevemente, porque no quiero extenderme mucho,
a la nueva organización de la Administración del Estado, y en concreto al
proyecto de Lofage, que oportunidad habrá en su tramitación parlamentaria
de hacer las convenientes consideraciones a través de las enmiendas; pero
yo creo que sigue sin quedar claro algo que ustedes han venido
proclamando y que también hacían en su programa electoral, como era el
concepto de la Administración única. Es más, en la comparecencia del
señor Ministro ante esta Comisión, y además también por parte del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se hablaba de que la
Administración única era un concepto doctrinal, y se planteó así ante
esta Comisión. Ustedes eso lo recogen en la memoria del proyecto de ley
que han presentado en un punto, pero luego en la misma memoria hablan de
que es un principio, y luego que es un objetivo. ¿En qué quedamos? ¿Es un
concepto doctrinal, es un principio o es un objetivo? Si nos remitimos a
sus declaraciones en la revista Muface y centra la Administración única
en lo que son las delegaciones del Gobierno, me parece un escaso bagaje
desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de los
objetivos y desde el punto de vista de los principios, de lo que
entendemos por Administración única. Yo creo más bien que eso que ustedes
llaman Administración única va a suponer un alejamiento entre la
Administración y los ciudadanos, en la medida que concentran en esta
figura competencias que hasta ahora estaban residenciadas en los
gobiernos civiles y que ahora va a producir en los ciudadanos mayor
desconcierto y una mayor lejanía del centro de decisiones donde se tienen
que ventilar asuntos que le son de interés. Por tanto, en ese sentido yo
creo que es algo que habrá que debatir convenientemente, porque me da la
impresión de que más bien obedece a un eslogan electoral que a una
concreción desde el punto de vista legal.
En cuanto a la denominación, al cambio o supresión de gobernadores
civiles por subdelegados del Gobierno, señor Secretario de Estado, quien
le habla ha sido Gobernador civil, y no pretendo hacer ninguna defensa de
la figura del Gobernador civil, pero lo que ustedes hacen es un cambio
puramente nominal, sencilla y llanamente; lo único que hacen es
funcionalizar el acceso a esta condición. Por cierto, ustedes supongo que
cuando entre en vigor esta ley tendrán que sacar la conveniente
convocatoria para proveer los puestos de subdelegados del Gobierno y tal
como está planteado en el proyecto de ley, algunos gobernadores que
ustedes han nombrado no van a poder seguir ostentando la condición de
subdelegado del Gobierno, porque volviendo a eso de la profesionalización
de la Función pública, el hecho de ser titulado superior --algunos de los
actualmente nombrados no lo son-- tampoco tiene mucha relación con las
funciones que se hacen desde estas dependencias, con todos los respetos
para profesiones tan dignas como la de ATS, médico, veterinario,
etcétera. Me parece que es un mal síntoma, un mal ejemplo que, en
cualquier caso, va a suponer obstáculos en lo que va a ser la aplicación
cuando entre en vigor esta ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado.
Por otro lado, usted se ha referido, en el contexto de los empleos
públicos y teniendo en cuenta el sobredimensionamiento --es el término
que usted ha utilizado-- a la situación económica y social del país.
¿Esto qué significa? ¿Estamos hablando de que va a haber reducción de
oferta de empleo público? ¿Esto significa que va a haber una política de
retribuciones, en cuanto a su negociación y a su posible incremento, de
reducciones drásticas? ¿Va a suponer la amortización de puestos de
trabajo que actualmente existen en la Administración general del Estado?
Usted ha dejado caer de una forma genérica que en todo lo relacionado con
la Función pública el número de efectivos que existen en la
Administración debe estar en consonancia con lo que es el momento
económico y social de nuestro país. En este sentido, le invito a que sea
algo más explícito, si no es en esta Comisión, ya habrá oportunidad de
hacerlo en sucesivas convocatorias.
Algo que tampoco he llegado a comprender excesivamente bien es que desde
el punto de vista de la planificación de recursos humanos, el señor
Ministro, en su comparecencia del día 11 de junio, planteó que se iba a
estudiar con las comunidades autónomas, en concreto a través de las
comisiones de coordinación con las mismas, la posibilidad de movilidad
del personal que presta sus servicios en las distintas administraciones.
¿Esto va a ser así? ¿Cómo se va a concretar? ¿Cuándo puede estar en
marcha¿ En definitiva, son cuestiones que nos preocupan, evidentemente, y
en las que estamos dispuestos a participar con ustedes en su elaboración,
así como con los agentes sociales y las comunidades autónomas.
Finalmente --volviendo a insistir en darle las gracias por el tono de su
intervención--, le agradezco la sinceridad en cuanto a la cesión de lo
que ha sido un planteamiento político que no tenía consonancia con la
realidad, como bien ha quedado demostrado, y que por la senda del
realismo y de poner por encima de todo lo que son los intereses
generales, usted va a encontrar nuestra colaboración.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Quisiera comenzar mi intervención
agradeciendo la presencia del Secretario de Estado y dándole la
bienvenida en nombre de nuestro Grupo.
Quisiera también, en nombre del Grupo Popular, felicitarle por su
intervención, porque entendemos que ha realizado una exposición muy
acertada y muy clara de ideas en una materia como es la de las
administraciones públicas, en la cual es necesario saber muy bien cuáles
la Administración que tenemos, pero, sobre todo, cuál es el modelo de
administración que queremos aplicar.
En todo caso, refiriéndome al título de la comparecencia solicitada, cual
era las líneas programáticas del Gobierno, al igual que las medidas
legislativas que se piensan poner en marcha, quisiera resaltar, y lo ha
hecho el propio Secretario de Estado compareciente al igual que otros
grupos, un llamada al consenso y al acuerdo. Ciertamente corresponde al
Gobierno dirigir lo que es la Administración, pero también creo que es
obligaciones de todos los grupos, incluido el Grupo Popular, orientar,
impulsar la labor ejecutiva, precisamente porque las ideas que todos
podamos tener en positivo tienen que ser provechosas para los ciudadanos,
a los cuales, en definitiva, se debe la Administración y también los que
ocupamos cargos políticos.
En una intervención que intentaré que no sea excesivamente extensa, sí
quiero hacer unas reflexiones al hilo de algunas de las ideas expuestas y
manifestadas por el Secretario de Estado. Quiero resaltar algo
fundamental en su intervención: lo que es la racionalización, la
simplificación y la modernización de la Administración. Si la
Administración ha de servir, y éste es su fin esencial, con objetividad a
los intereses generales, sin duda ha de estar preparada para dar
respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y en ese sentido hay que
insistir en lo que supone el servicio público, idea fundamental en lo que
es una Administración prestadora de servicios. Pero para ello también es
esencial, como bien se ha dicho por el Secretario de Estado, que estos
servicios sean de calidad, por lo que considero un acierto las
referencias que anteriormente se han hecho hacia lo que suponen los
controles y los estándares de calidad.
Resulta evidente que esa calidad, como objetivo a conseguir por la
Administración, no puede llevarse a cabo sin profundizar seriamente en lo
que es su simplificación y su profesionalización. En todo caso, también
resulta fundamental llevar a cabo una reestructuración de lo que es la
organización administrativa. En estos temas, frente a lo que le planteaba
el portavoz de Izquierda Unida --que esperaba, a lo mejor, una cierta
convulsión en el seno de la Administración, como si todavía, al igual que
en otros campos, tal y como van manifestando los líderes de esa
coalición, tuviera que haber revoluciones pendientes--, nosotros
consideramos (El señor Ríos Martínez: Es de Velasco lo de la revolución
pendiente.) que lo que es la reforma de la Administración ha de partir,
sin duda alguna, de lo que hay.
En todo caso, diría que esto no puede llevarse a cabo de forma
improvisada, sino precisamente con rigor, con planificación estratégica
de lo que son los recursos humanos, con todo lo que lleva, en orden a las
estructuras, las relaciones de puestos de trabajo y los objetivos, siendo
fundamental una idea también señalada anteriormente por el Secretario de
Estado y es la evaluación de los rendimientos.
Indudablemente, la Administración pública no es una empresa, porque,
entre otras cosas, no tiene ánimo de lucro, pero sí debe imponerse una
idea muy clara de lo que son los objetivos y los controles de la calidad,
al igual que la responsabilización de los gestores en ello. La idea de
responsabilidad por parte de los directivos y también por parte de los
empleados públicos es positiva y creo que ha de insistirse en ello.
Junto a ello, también tiene notable importancia el valor de la
simplificación. Anteriormente se manifestaban por dos portavoces de otros
grupos parlamentarios unas supuestas contradicciones entre lo que era el
programa del Partido Popular y lo que es la realidad. Y la realidad
precisamente es la que es: que en apenas cuatro meses de acción de
Gobierno del nuevo Ejecutivo, en lo que se refiere a las direcciones
generales se han reducido 68, es decir, un 32 por ciento respecto de las
que había y, por otra parte, 144 subdirecciones generales.
Yo también comparto el criterio, y lo hacemos desde el Grupo Popular, de
que no es una cuestión simplemente cuantitativa, es también una cuestión
cualitativa. Pues bien, desde estos datos objetivos y que no pueden
admitir contestación alguna, diré que se ha producido una importante
disminución, una importante reducción de lo que es la Administración.
Además, no debe perderse de vista algo importante: ese programa es
precisamente para toda la legislatura. ¿Qué quieren ustedes, que en
apenas cuatro meses se hubiera llevado a cabo todo el Gobierno?
Precisamente la Lofage va a ser un instrumento muy importante en orden a
la simplificación que ya se ha iniciado, lo que queda demostrado con los
datos objetivos, que decía que no admiten ningún tipo de contestación,
que anteriormente he dado.
Pero es que, además, hay que partir de la Administración que hay y cómo
se ha dejado esa Administración. En ese sentido, desde el Grupo Popular
criticamos que el anterior Gobierno, en los últimos meses de su mandato,
adoptara ciertas medidas que están dificultando o imposibilitando la
reforma profunda que quiere llevar a cabo el Partido Popular. De manera
especial quiero hacer referencia a la resolución de 15 de febrero del
presente año, ya convocadas las elecciones generales, mediante la cual en
determinados casos se hace un notable blindaje para personas que ocupaban
altos puestos de responsabilidad. Precisamente ahora el Partido Popular
gobernante, al querer llevar a cabo esa profunda reforma, se encuentra
con que están blindados en cuanto a sus retribuciones y a una serie de
aspectos. Por tanto, ciertas dificultades que se puedan encontrar son
precisamente como consecuencia de acciones de un Gobierno que se iba a ir
y que quería dejar bien instalados en determinados casos a ciertas
personas.
También quiero aludir a lo que es la simplificación de la Administración.
Creo que en España tenemos una Administración que, sobre todo si la
comparamos con países de nuestro entorno, no está excesivamente
sobredimensionada. El número de funcionarios que siempre se da, en cuanto
a lo que existe en España y lo que existe en otros países del ámbito
europeo, no es tan alto como en ocasiones puede parecer, y sin embargo sí
se transmite esa sensación, que es la que tienen los ciudadanos. Quizá el
problema no sea tanto la sobredimensión, sino también que no está
suficientemente organizada. De ahí la importancia de lo que son los
ajustes, especialmente en el orden cualitativo. Creo que éste es uno de
los retos más importantes que tiene el nuevo Gobierno, y en ese sentido
creo que las ideas que ha expuesto el Secretario de Estado, al igual que
algunas medidas que ya el Gobierno ha empezado a tomar en esta línea, van
a ser positivas para lograr la labor que se concibió.
Por otra parte, también quisiera resaltar que uno de los grandes retos
que tiene la Administración en estos momentos es la adecuación a la
realidad autonómica, a la realidad constitucional. Anteriormente, algunos
portavoces también han hecho referencia a este tema, y desde el Grupo
Popular queremos insistir en ello. Es indudable que a pesar de los
importantes traspasos de competencias a las comunidades autónomas que se
han producido, la Administración General del Estado apenas se ha
transformado en este tiempo, a pesar de los píos deseos que la Ley del
Proceso Autonómico de hace ya más de diez años contenía a este respecto.
Estas transferencias que se han producido a las comunidades autónomas no
han tenido apenas consecuencias en orden a lo que es la configuración de
la Administración del Estado, decía, con la realidad autonómica. Por
ello, queremos felicitar, en nombre del Grupo Popular, al Gobierno por la
rápida aprobación del proyecto de Lofage, al igual que queremos desde
este Grupo felicitar a todo el equipo del Ministerio, de la
Subsecretaría, y de una manera especial a la Secretaría de Estado, la
Dirección General de Organización y también a la Secretaría General
Técnica, por la dedicación y por la responsabilidad que me consta que han
dedicado a este tema.
A diferencia de lo que sucedía con el proyecto que en su momento debatió
el PSOE, que tardó mucho tiempo en ser enviado a esta Cámara y que fue
remitido casi con carácter puramente testimonial, dado que parecía, como
en los toros, que había pitos y palmas --no se ponían de acuerdo dentro
del equipo gobernante sobre la importancia que debían tener ciertas
figuras--, es indudable que el Partido Popular tiene las ideas claras,
tiene una visión muy rotunda sobre este tema, y el empuje y la rápida
aprobación creo que así lo manifiestan. De una manera especial debe
llevarse a cabo esa readaptación en relación con la administración
periférica del Estado.
La integración en el proyecto Lofage --aunque vamos a tener tiempo para
debatirlo-- contempla uno de los grandes temas: los servicios integrados
para el mejor funcionamiento de la Administración. En otras ocasiones se
ha dicho, y hoy simplemente se ha apuntado, que este proyecto de ley
disminuye la presencia de la Administración del Estado. Nosotros
consideramos, por el contrario, que lo que se hace con este proyecto de
ley es adaptar la realidad de la Administración del Estado a un Estado
autonómico plenamente consolidado.
En este proyecto de ley, y en general en todas las actuaciones que
intenta llevar a cabo el Ministerio, siempre surge la idea de la
profesionalización. Esta idea, a diferencia de lo que decía anteriormente
el portavoz de Izquierda Unida, no es simplemente que se exija la
condición de funcionario público para ocupar determinados niveles en el
seno de la Administración, sino algo más importante que se dice en un
precepto previo: la exigencia de la cualificación y de la experiencia
para ser nombrado. Felicitamos al Gobierno por el hecho de que ya esté en
marcha la elaboración del proyecto de ley del Gobierno, que es una ley
que debe ser tramitada cuanto antes, dado que determinados aspectos
pueden ser necesarios con el fin de completar y relacionarse
adecuadamente con la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
Por otra parte, quisiera hacer referencia al tema de la Función pública.
Se ha dicho que el artículo 103 de la Constitución obligaba al legislador
a elaborar un Estatuto de la función pública. Esto no se ha llevado a
cabo. Quiero recordar que es la primera vez que en el seno de la Comisión
de Administraciones Públicas --no me refiero sólo a esta legislatura,
sino también a las anteriores-- existe un compromiso expreso del Gobierno
de elaborar este estatuto. A diferencia de lo que se ha dicho
anteriormente, sí que siguen vigentes en este momento determinadas leyes
preconstitucionales. Todavía tenemos el texto de López Rodó del año 1964,
vigente en su gran parte. Con este texto ha gobernado el Partido
Socialista, al igual que con la Ley de Régimen Jurídico de los años
cincuenta y tantos que nosotros queremos dejar sin efecto.
Respecto al tema del Estatuto de la función pública, quiero decir con
firmeza desde el Grupo Popular que vamos a pedir al Gobierno que sea lo
más generoso posible a la hora de configurar las competencias
autonómicas, con el mayor respeto a la legislación vigente respecto a la
capacidad de autoorganización que tienen las comunidades autónomas. Hasta
ahora, entendemos desde el Partido Popular que ha primado una idea
excesivamente centralista en lo que se refiere a la Función pública. Sin
duda tiene que haber un modelo global --así lo ordena la Constitución--,
sin embargo, este modelo global que impone la Constitución no impide que
se diseñe, como dijo el Ministro en su comparecencia ante esta Comisión y
ha sido recordado aquí, un marco más holgado para las comunidades
autónomas, y así lo deseamos desde el Grupo Popular, donde también
consideramos importante la permeabilidad y la movilidad. Por tanto, en
materia del Estatuto de la función pública, desde el Grupo Popular
apoyaremos un modelo básico, sin que signifique, en modo alguno, un
modelo uniforme, debiendo también procederse a una mayor integración
--así lo han expuesto otros portavoces, especialmente el portavoz de
Coalición Canaria-- en la superación de la dualidad de regímenes
jurídicos actualmente existentes, profundizando en una línea de
funcionalización, que es lo que ordenó el Tribunal Constitucional que
obligó a rectificar al Gobierno en este punto.
Otros aspectos importantes del futuro Estatuto de la función pública son,
entre otros, los siguientes. En primer lugar, deben superarse los
prejuicios que tenía el anterior gobierno respecto a la consideración de
los cuerpos. Ciertamente, los cuerpos no pueden proliferar, y
especialmente los cuerpos especiales tienen que responder a unos
objetivos muy claros y que en modo alguno se superpongan. Esta es una
técnica legítima, al igual que lo son las relaciones de puestos de
trabajo, elemento fundamental de organización --y así debe serlo--
respecto a la ordenación de la Función pública.
Quiero dar una importancia singular a la selección y provisión de puestos
de trabajo. En este sentido, desde el Grupo Popular manifestamos
claramente que no existe ningún tipo de discrepancia entre lo que era
nuestro programa electoral y la realidad. Lo que siempre ha denunciado el
Partido Popular, no sólo en esta Cámara sino a través de los medios de
comunicación, no ha sido tanto la existencia de la libre designación,
sino más bien el abuso que se realizaba de la misma. Por ello creo que es
importante que este mecanismo que está previsto en la ley se use de
manera racionalizada, y sobre todo con gran transparencia, valorando
siempre los méritos que la Constitución impone en este punto, cuales son
los principios de mérito y capacidad.
Otro tema pendiente es el relativo a la carrera administrativa. En estos
momentos la carrera administrativo queda casi como un concepto de escasa
aplicación, y debe potenciarse en serio, en la medida en que está muy
conectada no sólo con la incentivación de los empleados públicos, sino
también con una mejor ordenación de la Administración. Hay otros aspectos
que se deben considerar, como, por ejemplo, la formación, y ahí creo que
el INAP debe cumplir un importante papel.
Por último, quiero destacar dos ideas. En primer lugar, la cooperación y
colaboración con todas las administraciones públicas, siempre dentro del
debido respeto al ámbito competencial, con el fin de evitar duplicaciones
que crean gran confusión entre los ciudadanos. En segundo lugar, y para
terminar, permítanme hacer unas referencias a la Ley 30 de 1992, de 26 de
noviembre, Ley de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Esta Ley no tuvo el consenso adecuado
y fue dura y unánimemente criticada no solamente a nivel parlamentario,
sino también en todos los ámbitos doctrinales. Ciertamente, porque
nosotros buscamos la estabilidad y no la convulsión, no consideramos
necesario sustituir las leyes por el hecho de que haya cambiado un
gobierno, pero sí creemos necesario llevar a cabo ciertos ajustes
importantes en temas que la realidad demuestra que no han funcionado. Por
ello he de decir también que desde el Grupo Popular impulsaremos
modificaciones en algunos aspectos puntuales, como, por ejemplo, la
simplificación de los procedimientos, la comunicación previa a la
administración que es objeto de recurso contencioso-administrativo,
requisito que carece de justificación, así como adecuar el confuso
régimen del silencio administrativo existente en estos momentos; también
las alternativas que la portavoz del Grupo Parlamentario vasco ha
señalado, pudiendo introducir --siempre con carácter potestativo-- un
recurso de reposición que sirva para dar solución a aquellas
reclamaciones en asuntos de escasa importancia o de cuantía muy pequeña.
Concluyo mi intervención reiterando esa apelación al consenso,
felicitando al Secretario de Estado por su exposición y deseando que
entre todos, en la línea de colaboración y del impulso, vayamos
trabajando para hacer una Administración mejor para todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Agradezco el tono siempre agradable de todas las
intervenciones efectuadas en plan constructivo. Intentaré contestar
brevemente a la mayoría de las cuestiones planteadas, pero me pongo a su
disposición para aclarar algunos temas, si algo queda en el tintero,
mediante una nueva pregunta o comparecencia.
Respecto a la segunda pregunta formulada por el portavoz de Izquierda
Unida, en la que me solicitaba algún dato más, efectivamente, en el
informe de mayo había 119 incumplimientos de la obligación de declarar,
79 por nombramientos y 40 por cese. Hay que tener en cuenta en estos
informes que los datos evolucionan día a día. Un informe sólo puede tener
validez un día; al día siguiente puede variar porque los ingresos de las
declaraciones pueden aumentar. Se habían hecho 88 comunicaciones, dando
un plazo adicional de quince días. A esa fecha había 31 comunicaciones
pendientes de envío; posteriormente se remitieron 14 comunicaciones
adicionales, nueve de las restantes no fueron precisas al recibirse la
declaración antes de ser cursada, ocho no fueron tampoco necesarias
puesto que se trataba de sociedades mercantiles en las que el Estado dejó
de ser mayoritario y por tanto los titulares perdieron la condición de
alto cargo, y en la actualidad quedan 15 declaraciones pendientes de la
segunda reclamación. Estos son los datos. De todas maneras, si quiere S.
S., por mi parte no tengo problema en añadir información al día de hoy.
La declaración de los altos cargos nombrados nuevos, que va a ir en el
informe en noviembre, y de los cesados, es altamente positiva. De los
cesados falta por enviar una pequeña parte, y de los nombrados, ninguna,
y han sido 408. Al día de hoy están todas las declaraciones hechas. En
cuanto a las otras, si quiere alguna información más detallada, repito,
se la daríamos en otro momento.
En cuanto a las interpelaciones que me ha hecho sobre las
incompatibilidades, ya les he explicado que la primera declaración fue en
mayo --se me había olvidado-- porque cuando se publicó la Ley daba tres
meses para hacer el decreto de desarrollo, que a su vez dio tres meses,
en donde salieron las instancias y los papeles normativizados donde había
que hacer la declaración. Por tanto, nos encontraríamos en noviembre, y
el gobierno anterior tuvo la obligación a los seis meses, que fue en
mayo. Eso es lo que no le coincidía en las fechas.
Referente a los hechos concretos sobre la reducción de altos cargos, el
portavoz del Grupo Popular ya le dijo que en la primera reestructuración
que se hizo de los ministerios se habían reducido 63. En cuanto a la
reestructuración de los ministerios que se llevaron en el Consejo de
Ministros el 2 de agosto, también le ha dicho el portavoz del Grupo
Popular que se redujeron 144 subdirectores. Pero yo no le daría demasiada
importancia --insisto-- al número, sino a que es la primera vez que se
acometen unas reestructuraciones de este tipo. Sus señorías saben
perfectamente que tradicional e históricamente una reestructuración
conllevaba una ampliación de la estructura, y es la primera vez, insisto,
que se hace una reestructuración de todos los ministerios rompiendo la
inercia de igualar reestructuración a aumento de estructuras.
Respecto al personal eventual, nosotros hemos hecho dos decretos, el 839,
de 10 de mayo, y el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de julio, en
los que se regulaban los gabinetes y secretarías de los vicepresidentes,
ministros y secretarías de Estado. La última regulación era del 22 de
diciembre de 1982, y nosotros tratamos de regular los eventuales que
existían haciendo una reducción de 63, que era aproximadamente un 16 por
ciento de los que había. Como dato coyuntural le diré que actualmente
sólo está cubierto el 80 por ciento de los puestos.
En cuanto a la simplificación de la administración periférica, a mí me
gustaría decirle que ése es el proyecto más
ambicioso, el que más necesidad tenía la Administración de llevar a cabo.
Su señoría me preguntaba si ya habíamos hecho algo, aunque la Ley nos
daba seis meses desde su aprobación para la transformación, efectivamente
hemos hecho bastantes cosas.
Me preguntaba si existía un inventario. Sí tenemos el inventario. Si S.
S. quiere, le puedo facilitar el inventario de todos los edificios e
instalaciones de cada delegación de cada ministerio. Tenemos lo que
podríamos llamar un primer borrador, en el que se analizan todos los
servicios periféricos de todos los departamentos. En este primer borrador
ya se diseña cuáles de estos departamentos son decididamente integrados
en la delegación, cuáles, por sus características especiales, no se van a
integrar, y cuáles están en estudio; es decir, que los hemos clasificado
en tres grupos. Si a S. S. le preocupaba que no fuéramos avanzando, verá
que es evidente que sí se está avanzando. Todos sabemos, todos tenemos
conciencia de que la reestructuración de la periferia es un tema
importante y complejo, y que queremos adelantarnos a la posibilidad de
agotar los seis meses y tenerlo estudiado ya.
Referente al inventario de los organismos autónomos, tengo que decir que
sí existe. Como S. S. sabe, tenemos hasta el 30 de noviembre para hacer
la reestructuración, o la fusión, o la eliminación de estos organismos
autónomos. Los ministerios tienen hasta el 30 de septiembre de plazo para
presentar las soluciones que les parezcan oportunas en cuanto a los
organismos autónomos que consideren que se pueden suprimir, los que se
pueden fusionar o los que deben sufrir una reestructuración, pero, como
digo, el inventario existe.
En cuanto al concepto de Administración, creo que no hay que darle muchas
vueltas. Lo que tiene que quedar claro es que la Administración está
fundamentalmente para dar servicio al ciudadano, y nosotros tenemos que
lograr que sea lo más ágil, lo más eficaz y lo más eficiente posible, de
forma que se pueda atender sus demandas.
Respecto a la formación, tengo que decir que para nosotros también es
fundamental.
En relación con el estatuto, le agradezco su oferta de colaboración.
Desde luego, y ya lo he dicho en la primera intervención, es imposible
que acometamos el estatuto si no tenemos la colaboración de las fuerzas
políticas, de los grupos parlamentarios, de los sindicatos, etcétera.
Relativo a la relación con los sindicatos, yo puedo estar de acuerdo con
usted en que para lo que vamos a tener que acometer como primera medida
no nos facilitan la labor de entendimiento y de concertación social, pero
la intención de la Administración es que la concertación social y el
diálogo tienen que estar por encima de cualquier decisión. De hecho,
después de la comunicación a los sindicatos de la no subida de los
salarios, que fue el 27 de julio, hemos seguido manteniendo reuniones, me
parece que ha habido 15 hasta este momento. Yo espero que esto no va a
significar la ruptura del diálogo social, que, como digo, trataremos de
mantener a toda costa.
La oferta de empleo público es evidente que va a ser pequeña y se va a
concentrar en aquellos servicios que se consideren esenciales, pero va a
haber oferta de empleo público y, por tanto, aquello que usted temía de
que algunos servicios quedaran descubiertos no va a ocurrir. Es decir, va
a haber oferta de empleo público para los servicios más esenciales, pero
no una oferta de empleo público grande, eso se lo puedo asegurar.
En cuanto al fondo, S. S. sabe que se está discutiendo. Una de estas
mesas con las centrales sindicales es precisamente para la discusión
sobre si hay fondo de mantenimiento según el acuerdo de los sindicatos de
1994 y se les ha dado la documentación. Según la documentación que tiene
la Administración, no existe fondo. Como S. S. sabe, el fondo no es sólo
la diferencia entre el IPC real y el previsto, sino que hay que tener en
cuenta multiples desviaciones y la masa salarial en su forma global.
Según el cálculo que hemos hecho no existe fondo, pero insisto en que hay
una mesa abierta, que se ha dado a los agentes sociales la documentación
y está en discusión.
Ha hecho una apelación a la defensa de lo público que comparto
completamente. Me gustaría decirle que no sólo lo público no es malo,
sino que a mí me parece que es buenísimo.
Respecto al portavoz de Coalición Canaria, debo agradecerle en primer
lugar el tono de su intervención. Estamos de acuerdo con él en los
problemas que plantean los controles de las empresas públicas. De todas
formas, en la Lofage se remite todo a la Ley General Presupuestaria.
En cuanto al estatuto, quiero darle las gracias por su apoyo. Creemos que
es importante el comentario que ha hecho sobre la cultura de la calidad;
es importante que la Administración tenga una calidad y que el ciudadano
perciba cuál es esa calidad con que le damos los servicios. Por tanto,
muchas gracias por su intervención.
Referente a la portavoz del PNV, agradezco igualmente, aparte del tono,
su apoyo general al planteamiento que he hecho. En cuanto a la estructura
organizativa, he de decirle que lo que propugna la Lofage no es reducir
la estructura periférica, sino que es un problema de adaptación a las
necesidades que la Administración General del Estado tenga en ese momento
en cualquier comunidad autónoma. Según se vayan haciendo las
transferencias, lógicamente tendrá menos necesidad de disponer de una
estructura. A eso responde lo que le decía al portavoz de Izquierda
Unida: que ya tenemos estudiado perfectamente qué servicios de la
Administración periférica actualmente no tienen necesidad de una
estructura determinada, por lo que iremos integrando en las delegaciones
del Gobierno. Evidentemente, la reducción personal de efectivos no es
posible. De momento, lo que tenemos que reducir son las estructuras, y
los planteamientos van en ese sentido. Desde luego, la estructura
periférica --y así lo establece la Lofage-- tenderá a adaptarse a las
necesidades que la Administración del Estado tenga en esa determinada
autonomía.
Por lo que se refiere al empleo público, suscribo lo que ha dicho tanto
en cuanto a la función pública como a la planificación de recursos
humanos.
Respecto a la relación ciudadano-Administración, estoy de acuerdo en que
hay que avanzar para que el ciudadano
no tenga que acudir al contencioso. Estamos de acuerdo y avanzaremos en
ese camino. Ya que se ha ofrecido a colaborar en este terreno, nos
pondremos en contacto con su grupo.
En cuanto a la portavoz del Grupo de Convergència i Unió, igualmente
tengo que agradecerle el tono de su intervención, así como que piense que
los planteamientos que se han hecho son sensatos y están bien.
Por lo que respecta al estatuto, debo decir que no me he debido expresar
bien si no ha quedado claro que nuestra idea es elaborar un estatuto que
sea flexible, que tenga vocación de permanencia. Yo he puesto el ejemplo
del armario y de los trajes, y creo que es bastante explícito para darse
cuenta de cuál es la pretensión del Estatuto de la función pública.
Además, para mayor abundamiento, el día 3 nos reunimos en Cataluña todas
las comunidades --y no es el único tema que veremos--, pero un asunto que
llevará media jornada es este del estatuto. Agradezco su colaboración.
En cuanto al portavoz del Partido Socialista, no esperaba que se relajara
con mi intervención, pero me alegra. (El señor Díaz-Cano del Rey: Relajar
y tranquilizar.) No voy a entrar en debates. Insisto en que hay un hecho
fundamental: se ha hecho una reestructuración para racionalizar las
estructuras y es la primera vez que se hace. Las señorías de su grupo
saben que una reestructuración de un Ministerio llevaba tres meses y
seguía creciendo. Y es histórico que se haga una reestructuración de
todos los ministerios con crecimiento negativo. Le agradezco que comparta
los planteamientos generales.
Respecto a la libre designación, no hacemos nada anormal, estamos
siguiendo la legislación vigente y procurando, como decía el portavoz del
Partido Popular, compaginar lo que es la capacidad que tiene el Ejecutivo
de nombrar para un puesto a una determinada persona con los principios
fundamentales de mérito y capacidad. Ahí es donde hay que trabajar, en
que el concurso de méritos sea de verdad, aunque la provisión sea por
libre designación; es importante que esto quede claro. Hay que compaginar
lo que es la provisión por libre designación, repito, con un concurso de
méritos y con los principios de mérito y capacidad. (El señor Díaz-Cano
del Río: Yo lo tengo claro.) Si S.S. lo tiene claro, yo lo tengo
clarísimo.
En cuanto a los ceses de Agricultura, no fueron en agosto de forma
traicionera, fueron a primeros de septiembre, o tengo mal el calendario.
Su señoría, además, sabrá que se volvió a nombrar al 98 por ciento. Fue
una interpretación personal de una norma. Como comprenderá, si uno tiene
intención de cesar a todos los subdirectores, no los nombra al día
siguiente de nuevo a todos. Sólo tiene interés anecdótico y que S. S.
haga un alegato. Desde luego, yo no he cesado a ningún subdirector, pero
tampoco quiere decir que no lo vaya a hacer dentro de unos días. Se
cesarán no por motivos de que hayan sido nombrados antes, sino porque
creamos o no que cumplen con su función o que son adecuados.
Por lo que se refiere al Estatuto de la función pública, está abierto. Su
señoría me dice que le gustaría que le concretara qué pienso de la
carrera administrativa. Debo contestarle que nos planteamos
estratégicamente dos cosas: o empezar el estatuto haciendo una propuesta
nuestra con lo que S. S. Dice o no hacerla, y decidimos lo segundo. ¿Por
qué? Porque no nos pareció bueno estratégicamente establecer antes
ciertos principios, para evitar que alguien se sintiera coaccionado o que
pareciera que la Administración del Estado quería ir por esa línea. Hemos
realizado ya reuniones de grupos de trabajo, lo sabe S. S., en las que,
con toda intención, no se les ha dado un borrador fijo. No se trata de
otra cosa, o de no tener ganas de decir a S. S. cuál es la visión que
tenemos desde el Gobierno. Lo que pasa es que algo tan importante como el
estatuto, en que todos estamos de acuerdo, estratégicamente no queremos
que empiece mal, no queremos que empiece con el inconveniente de que
algún partido político o algún implicado pudiera creer que teníamos
cierta mala predisposición.
En cuanto a la Lofage, creo que caben pocas dudas sobre la administración
única. No soy un jurista experto, pero lo que quiero es profundizar en
que no haya duplicidades para el ciudadano, no quiero que el ciudadano
tenga el mismo servicio en dos administraciones, y a eso es a lo que
tenemos que tender. La integración de los servicios en las delegaciones
es otra cosa, es pura gestión de servicios, no tiene otra significación.
Referente a los gobernadores, como S. S. dice, cuando se apruebe la
Lofage hay que sacar un decreto y nombrar a los subdelegados. Le aseguro
que en estos momentos no sé si alguno de los gobernadores no podrá ser
nombrado subdelegado por alguna condición que fije la ley, pero si no
puede ser nombrado, no lo será. Además, respecto a que sólo cambia el
funcionario, le señalaré que cambian muchas otras cosas. Pierde
completamente el rango político --que yo creo que es el cambio más
importante-- y se convierte en un funcionario jefe de la Administración
del Estado en la periferia. En eso convertimos, simple y llanamente, al
subdelegado y, desde luego, sin ninguna representación política. La
representación política de la Administración del Estado en la periferia
la ostenta el delegado del Gobierno, mientras el subdelegado la pierde.
Respecto a la oferta de empleo público creo que ya he contestado. En
cuanto a las retribuciones, en ningún momento se ha hablado de cambio
alguno de las retribuciones. Esto se dejaría para el estatuto. Si hay que
cambiar algún modelo de retribución debería hacerse, repito, en el
estatuto.
Por lo que se refiere a lo que decía S. S. de los efectivos que existen o
no en la periferia y de si queremos reducirlos, creo que también lo he
contestado. Nosotros lo que pretendemos es tener los efectivos necesarios
en cada administración periférica, en cada autonomía, para desarrollar
las funciones que mejor conviene. En cuanto a la movilidad y otros temas,
van incluidos, como las retribuciones, en la discusión del estatuto.
Al portavoz del PP quiero agradecerle su intervención y su apoyo a todo
lo que hemos dicho. También me gustaría agradecerle públicamente --a él
particularmente-- el
apoyo que nos ha prestado en la tramitación de las enmiendas de la
Lofage, donde ha desarrollado una labor importante.
Por otra parte, me gustaría destacar algo que tengo aquí recogido.
Evidentemente, hay algunos puntos que sería importante modificar o
estudiar al abordar la modificación de aspectos puntuales de la Ley
30/1992. Yo comparto esa teoría y, de hecho, estamos estudiando la
posibilidad de alguna modificación puntual, referente sobre todo al
silencio administrativo, a los recursos, etcétera, pero quiero
agradecerle que nos lo haya indicado y, desde luego, contaremos con su
colaboración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Secretario de Estado. Muchas gracias
por sus comparecencias.
Señoras y señores portavoces, señoras y señores Diputados, levantamos la
sesión de la Comisión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.