CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 48



PRESUPUESTOS



PRESIDENTE: DON NARCIS SERRA I SERRA



Sesión núm. 3



celebrada el martes, 17 de septiembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Proposición no de ley sobre remisión a la Cámara de un proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario a la Sección 33, Fondo de
Compensación Interterritorial, por importe de 10.469 millones de pesetas.

Formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000030)
(Página 952)



Comparecencia del señor Director de la Oficina del Presupuesto (Barea
Tejeiro), para informar sobre la política presupuestaria. (Número de
expediente 212/000004) (Página 954)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana



--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE REMISION A LA CAMARA DE UN PROYECTO DE LEY
DE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO A LA SECCION 33, FONDO DE
COMPENSACION INTERTERRITORIAL, POR IMPORTE DE 10.469 MILLONES DE PESETAS,
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000030.)



El señor PRESIDENTE: Aunque veo que faltan bastantes miembros de la
Comisión, vamos a comenzar, porque es mejor que dispongamos del tiempo
necesario para la comparecencia posterior.

El primer punto del orden del día de esta primera reunión de la Comisión
de Presupuestos, en el inicio del curso político, es el debate y votación
de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre remisión a la Cámara de
un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario a la Sección
33, Fondo de Compensación Interterritorial, por un importe de 10.469
millones de pesetas.

Tiene la palabra el señor Ríos para defenderla.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, para defender el texto de la
proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta hoy para cumplir un compromiso de
la pasada legislatura que quedó parado, por así decirlo, al no terminar
su trámite un proyecto de ley de crédito extraordinario del Gobierno para
hacer frente a un compromiso con la Generalitat de Cataluña de 1.267
millones de pesetas.

El antecedente, señor Presidente, es la aprobación por el Consejo de
Ministros, el 26 de abril y el 16 de junio de 1989, de un crédito
extraordinario de 197.000 millones de pesetas, y para que no se
incrementase el gasto presupuestario redujo 10.469 millones de pesetas
del Fondo de Compensación Interterritorial. Ese dinero se distribuiría
entre varias comunidades autónomas en una determinada, y en concreto a
Cataluña le correspondían 1.276 millones de pesetas. Con posterioridad la
comunidad catalana presenta recurso ante el Tribunal Supremo, dictándose
la correspondiente sentencia. Antes de esta sentencia, el propio Abogado
del Estado manifiesta que con este crédito se debería hacer frente no
solamente a la parte que corresponde a Cataluña, sino a la de todas las
comunidades autónomas para que no se produjese una solución injusta,
beneficiando a una frente a otras. La sentencia del Tribunal Supremo
venía a decir que el Consejo de Ministros no debía modificar un fondo de
compensación, puesto que era un compromiso de distribución para obras
concretas decidido por los distintos gobiernos de las comunidades
autónomas y, por tanto, no se podía producir esta reducción. La sentencia
obligaba al Gobierno a devolver, para ser invertido por la Generalitat de
Cataluña, 1.267 millones de pesetas. Fruto de esta sentencia el Gobierno
aprueba un crédito extraordinario para hacer frente a esta obligación.

En el año 1995 el Grupo de Izquierda Unida, utilizando este trámite --no
es lo mismo que la discusión que ahora podríamos tener--, intentó que el
crédito se destinase, por un lado, a cumplir la sentencia y, por otro, a
que con el resto del dinero, hasta los 10.469 millones de pesetas,
pudieran verse beneficiadas todas y cada una de las comunidades autónomas
con competencia propia en cuanto a obras.

En el curso de aquel trámite, el entonces portavoz de Convergència i
Unió, señor Homs i Ferret, en el debate en Pleno, nos dijo que quería
dejar constancia de que no había discrepancia por parte de su grupo en
cuanto a que se hiciese frente a esta propuesta de Izquierda Unida, pero
que no se hiciese con motivo de la tramitación de un crédito
extraordinario como consecuencia de una sentencia del Supremo, es decir,
que si se buscaban otras soluciones, tales como otros créditos u otras
propuestas por parte del Gobierno, ellos estarían en disposición de
apoyarlas. En igual sentido se pronunció el entonces portavoz del Grupo
Popular, señor Fernández Díaz, quien vino a decir que compartía las
razones de la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero
que no era el momento de discutir el tema, puesto que la sentencia
obligaba a devolver solamente la parte reclamada por la Generalitat de
Cataluña, pero no a hacer frente al resto de partidas de las distintas
comunidades autónomas. Por ello el Grupo Popular se abstuvo en la
votación.

¿Cuál es nuestra propuesta? El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya insta al Gobierno a que, además de cubrir con ese crédito de
1.267 millones de pesetas a que obliga la sentencia la cantidad que no
fue satisfecha en su día y que está en el resumen de los famosos 761.000
millones de pesetas que el Gobierno anterior ha derivado a otro, cumpla
con lo que se contiene en el fondo de dicha sentencia, ya que el Gobierno
no podía reducir del Fondo de Compensación Interterritorial esos 10.400
millones, y, además, les instamos a que restituya a todas y cada una de
las comunidades autónomas la cantidad que tenían prevista para cumplir
sus propias competencias, es decir, que se restituya a los dos bloques.

Por eso, nuestra proposición es que se remita a la Cámara en el plazo más
breve posible, con cargo a la Sección 33, Fondo de Compensación
Interterritorial, un crédito de 10.469 millones, que ese crédito cumpla
la sentencia del Tribunal Supremo y que, por otro lado, se lleven a cabo
también las medidas para que todas las comunidades autónomas reciban esos
beneficios.

Señor Presidente, éste es el razonamiento por el que nosotros instamos al
Gobierno a que en la tramitación de esta legislatura no solamente venga
el crédito a que obliga la sentencia del Supremo, sino el que sirva para
cumplir el fondo de la sentencia del Supremo, que es que el Gobierno no
pueda reducir lo que son competencias de las propias comunidades
autónomas, y no se produzca así un trato desigual,



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al haber una comunidad que ha ganado esa posición en un proceso jurídico
ante el Tribunal, puesto que aunque las otras comunidades pueden haberse
aquietado o no haber actuado, el móvil y el objetivo siguen siendo los
mismos.




El señor PRESIDENTE: ¿Los demás grupos parlamentarios quieren fijar su
posición sobre este tema? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Romero González.




El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, hemos conocido y estudiado a
fondo la sentencia ante el recurso interpuesto por la Generalitat de
Cataluña. El Grupo Socialista entiende que es más coherente que sea
abordada la cuestión para el conjunto de las comunidades. De acuerdo con
nuestras informaciones, alguna otra comunidad autónoma interpuso también
recurso ante los tribunales competentes, recurso que fue dictaminado en
el mismo sentido --por poner un ejemplo a esta Comisión diré que la
Generalitat Valenciana interpuso recurso en su día, que fue igualmente
favorable--. Por estas otras razones, después de un debate y
deliberación, la posición del Grupo Parlamentario Socialista será la de
votar favorablemente el texto de la proposición no de ley en los términos
en que ha sido redactada.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor López-Amor.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Intervengo muy brevemente para decir que el
Grupo Popular, en principio, va a rechazar la proposición no de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida, fundamentalmente por entender
que debería estar encajada en algún otro tipo de actividad por parte del
Gobierno o por parte de la Cámara y que no es el momento procesal
oportuno para tomar la decisión de aceptarla, pues obligaría de alguna
manera al Gobierno a volver contra los actos propios del Gobierno, siendo
así que entre el Gobierno Socialista y el Gobierno del Partido Popular ha
habido un tracto sucesivo que impide volverse en contra de los actos que
el Partido Socialista en su día determinó.

Ustedes saben que esta proposición no de ley tiene su causa última en un
acuerdo del Consejo de Ministros que se adoptó por Real Decreto-ley
3/1989, de 31 de marzo, y que tuvo como virtualidad fundamental recoger
las motivaciones o pretensiones derivadas de una huelga general. Entre
esas medidas estaban la elevación de pensiones, la compensación de
pérdidas del poder adquisitivo de los empleados públicos, la ampliación
del subsidio de desempleo para parados de larga duración, así como otro
conjunto de medidas que no viene al caso enumerar. El coste de estas
medidas excedió con mucho los 200.000 millones de pesetas, que deberían
obtenerse, según el artículo 22 de dicho Real Decreto-ley, a partir de
una serie de modificaciones presupuestarias que impidieran el incremento
del gasto total previsto en los Presupuestos Generales del Estado de
dicho año. Entre esas modificaciones presupuestarias estaban dos basadas,
una, en el artículo 57.1.b) de la Ley General Presupuestaria y, otra, en
el artículo 67.2 de la misma ley. En este sentido conviene decir que
fueron afectadas las partidas que las diferentes comunidades autónomas
iban a recibir por transferencia del Estado, y en concreto, de la partida
correspondiente al Fondo de Compensación Interterritorial.

Esta medida adoptada por el Gobierno fue recurrida de forma inmediata por
alguna comunidad autónoma, en concreto por la catalana, y también por la
Generalitat valenciana. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha conseguido
sentencia favorable por parte del Tribunal Supremo y a pesar del
incidente de inejecución de dicha sentencia planteado por el jefe de los
servicios jurídicos del Estado en el Tribunal Supremo, éste ha sido
rechazado, por lo que en su día habrá que proceder a la ejecución de esta
sentencia, que en el caso de la Comunidad Autónoma catalana asciende a un
total de 1.267 millones de pesetas.

Izquierda Unida argumenta que debería hacerse extensiva esta sentencia,
que sólo es para un caso particular, al conjunto de las comunidades
autónomas, ya que de otra manera afectaría al espíritu último del Fondo
de Compensación Interterritorial y, desde luego, a lo pactado como
transferencias de dicho fondo para aquel año. Sin embargo, nosotros
entendemos que hay un consentimiento tácito en el cual la disposición
gubernativa tomada en aquel momento deviene firme en el momento en que no
es recurrida. Por tanto, únicamente habrá que proceder a la ejecución de
la sentencia en sus términos estrictos y, dentro de ese acuerdo general
de financiación autonómica para el próximo quinquenio que se va a adoptar
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, adoptar las medidas
oportunas que tengan en cuenta al final las disposiciones que en el año
1989 se tomaron por parte del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Puesto que hemos dado la palabra a los dos grupos
que lo han solicitado, no nos queda más que votar la proposición no de
ley. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
¿Es para una cuestión de orden?



El señor RIOS MARTINEZ: No, no es por una cuestión de orden. Es
simplemente para precisar la decisión de la sentencia. He sido
contradicho en algo que no obedece a la argumentación que he expuesto. Es
muy breve.

La sentencia dice que los Presupuestos Generales del Estado no pueden
modificar ni la cuantía global ni la distribución entre las distintas
comunidades autónomas. Por tanto, si se le da solamente a una y no a
todas, se está restando dinero. Si ahora se les puede compensar por el
nuevo sistema, no estamos abordando algo que pasó en las legislaturas
anteriores. No se trata de compensar ahora en el nuevo sistema lo que
antes se hizo mal, sino de hacer frente a lo que antes se hizo mal.




El señor PRESIDENTE: ¿El señor López-Amor desea intervenir?
(Denegaciones.)



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Vamos a votar la propuesta no de ley que presenta Izquierda Unida
Iniciativa per Catalunya.

Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 19



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.




--COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO (BAREA
TEJEIRO), PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA PRESUPUESTARIA. (Número de
expediente 212/000004.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que se
refiere a la comparecencia de don José Barea, Director de la Oficina del
Presupuesto, para informar sobre la política presupuestaria.

Tiene la palabra don José Barea.




El señor DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO (Barea Tejeiro): Señor
Presidente, señorías, he recibido notificación de la Comisión de
Presupuestos de esta Cámara para informar a SS. SS. sobre la política
presupuestaria.

El análisis de la política presupuestaria del Gobierno hay que realizarlo
dentro del contexto de los acuerdos alcanzados por los países
comunitarios en Maastricht en diciembre de 1991, recogidos en el Tratado
de la Unión Europea firmado el día 7 de febrero de 1992, y del objetivo
prioritario del Gobierno de la creación de empleo. Para conseguir este
último objetivo podían diseñarse dos alternativas. La primera alternativa
consistiría en expansionar la inversión pública financiada con déficit,
lo que originaría un incremento de la deuda pública y la inflación.

Tratándose de una economía abierta como la española, los efectos sobre la
demanda interna serían pequeños y, además, de duración temporal corta.

Rápidamente se produciría una caída del crecimiento y sólo se habría
conseguido desestabilizar aún más la economía. Caso típico lo encontramos
en Irlanda, donde se inició ese tipo de política presupuestaria, que
rápidamente abandonó y se embarcó en una política de estabilidad, cuyos
frutos están a la vista: ha conseguido pasar a España en los criterios de
convergencia y en la convergencia real con los países comunitarios.

La otra alternativa sería la de adoptar una política económica de
estabilidad, que, como ha sucedido en Irlanda, es generadora de empleo.

Esta política requiere una reducción del déficit, que permitiría rebajar
o al menos contener el crecimiento de la deuda, reducir el tipo de
interés, lo que activaría la demanda de inversión privada, lográndose un
crecimiento sostenido y sostenible, con generación de empleo estable. Tal
política nos llevaría a alcanzar los objetivos de Maastricht. Ha sido
ésta la alternativa elegida por el Gobierno.

En el Tratado de la Unión Europea, la estabilidad económica constituye
uno de los grandes principios de la Unión y de los Estados miembros. El
número 3 del artículo 3.a. del Tratado de la Unión Europea establece que
las acciones de los Estados miembros y de la Comunidad han de respetar
los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y
condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable. En los
acuerdos de Maastricht, la futura Unión Monetaria queda diseñada como un
área de estabilidad, a cuyo efecto se establecen condiciones estrictas
para que los Estados miembros puedan incorporarse a la tercera fase de la
Unión Monetaria. Sin embargo, la convergencia hacia la senda de
estabilidad queda confiada a la voluntad y a las decisiones de cada
Estado miembro, si bien sometida a la supervisión de los organismos
comunitarios.

El artículo 109 J del Tratado de la Unión Europea establece que las
finanzas públicas deberán encontrarse en una situación sostenible. Para
conseguir el objetivo de estabilidad, la disciplina presupuestaria
constituye un pilar fundamental. Por ello, entre los indicadores de
Maastricht para medir el grado de convergencia nominal de los países de
la Unión Europea se han incluido dos, que son expresión de la voluntad de
conseguir la convergencia a través de la política presupuestaria, que
además condiciona la mayor parte de los restantes indicadores: el déficit
público y el nivel de deuda pública.

El artículo 104 C del Tratado de la Unión establece que los Estados
miembros evitarán déficit público excesivo y que la Comisión examinará
las observancias de la disciplina presupuestaria, atendiendo a los dos
criterios siguientes: a) si la proporción entre el déficit público y el
producto nacional bruto sobrepasa un valor de referencia, fijado por el
protocolo sobre déficit excesivo en el 3 por ciento; b) si la proporción
entre la deuda pública y el producto interior bruto rebasa un valor de
referencia, fijado por el citado protocolo en el 60 por ciento del PIB.

Junto a estas dos limitaciones, el artículo 104 establece la prohibición
de descubiertos o créditos de los bancos centrales nacionales a favor de
las administraciones públicas y empresas públicas, y el artículo 104 A
prohíbe el acceso privilegiado a las entidades financieras por parte de
las administraciones y empresas públicas. Por último, el artículo 104 B
establece que ni la Comunidad ni los Estados miembros asumirán o
responderán de los compromisos de los gobiernos centrales, autoridades
regionales, locales, otras autoridades públicas o empresas públicas de
otro Estado miembro. Se establecen así fuertes condicionantes en favor de
la sanidad presupuestaria, puesto que las instituciones públicas citadas
tendrán que financiarse en los mercados y, caso de no atender a sus
compromisos, ni la Comunidad ni los demás Estados miembros podrán venir
en su ayuda. Los organismos comunitarios supervisarán la situación
presupuestaria y el nivel de endeudamiento público.

El Tratado de la Unión abordó también el problema de los procedimientos
presupuestarios, disponiendo, en el artículo 3 del protocolo sobre el
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, que los Estados
miembros garantizarán que los procedimientos nacionales en materia
presupuestaria



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le permitan atender, en dicho ámbito, a sus obligaciones derivadas del
Tratado, que son las que hemos expuesto.

El principal problema del sector público español es el de su déficit.

Sobre esta cuestión existe un consenso generalizado en todos los análisis
realizados sobre la economía española, y la necesidad de su reducción ha
figurado en los programas económicos de los principales partidos
políticos. Es en este marco conceptual en el que voy a informar a SS. SS.

de la política presupuestaria del Gobierno.

Primero, política presupuestaria y estabilidad económica. En el difícil
camino de la convergencia, 1996 ha sido un año en parte perdido. El nuevo
Gobierno, constituido en mayo del corriente año, después de las
elecciones del 3 de marzo, se encontró con un presupuesto en marcha, que
era el presupuesto prorrogado de 1995, adaptado a 1996 por las
modificaciones aprobadas por los decretos-leyes de 28 de diciembre de
1995, número 12/1995, y de 19 de enero de 1996, número 1/1996, y por el
ajuste técnico del acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre de
1995, declarando no disponibles créditos por un importe de 850.810
millones de pesetas, acciones que configuraron para 1996 un presupuesto
prácticamente equivalente en cuanto a su cuantía global al que el
Gobierno había presentado en septiembre de 1995 a las Cortes y que fue
devuelto por las mismas, si bien con un entorno económico totalmente
diferente.

En efecto, el presupuesto presentado por el Gobierno anterior se
insertaba en un crecimiento de la economía del 3,4 por ciento del
producto interior bruto, con un deflactor del 3,8 por ciento, cuando la
realidad es que, para el corriente año, se estima un crecimiento máximo
del 2,3 por ciento en términos reales, con un deflactor del PIB del 3,6
por ciento. Tal cambio de escenario llevó al Gobierno a adoptar, en mayo
de 1996, un acuerdo de no disponibilidad de crédito por un importe de
200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de
gasto derivada del presupuesto prorrogado y adaptar la política
presupuestaria a la senda de convergencia.

Por otra parte, diseñar una política de corrección del déficit público
español requería, como condición previa, el conocimiento real de la
situación de las cuentas públicas. El Tribunal de Cuentas, desde 1990,
venía poniendo de manifiesto la práctica de trasladar gastos, y por tanto
déficit, de un año a otro, lo que daba lugar a que las cuentas públicas
no dieran la imagen fiel de la actividad económica del sector público.

Para conocer los efectos que la política presupuestaria tiene sobre la
estabilidad de la economía es necesario contabilizar las transacciones
realizadas por los entes públicos, de acuerdo con el sistema europeo de
cuentas económicas integradas (SEC), que establece el criterio de
devengo. La imputación temporal de las operaciones, ya sean de bienes y
servicios o de distribución de la renta, se debe efectuar en el año en
que las mismas se realizan. Dado que el plan de contabilidad pública
aprobado en 1994 establece igualmente el principio de devengo, al decir
que la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función
de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y
no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de aquéllos, el Gobierno asumió, por Real Decreto-ley 12/1996,
de 26 de julio, como obligaciones de pago exigibles un conjunto de
obligaciones nacidas de operaciones realizadas antes del 31 de diciembre
de 1995 por importe de 721.200 millones de pesetas y, dado que carecían
de cobertura presupuestaria, propuso a las Cortes la concesión de los
oportunos créditos extraordinarios. Sin embargo, como dichas
transacciones habían surtido sus efectos económicos con anterioridad al
31 de diciembre de 1995, se han contabilizado en dicho año, de acuerdo
con el criterio de imputación temporal de la transacción establecida en
el plan de contabilidad pública y en el sistema europeo de cuentas
económicas integradas, lo que permite clarificar la incidencia que la
política presupuestaria tiene en cada ejercicio. El indicador más
fehaciente de esta incidencia es el déficit público, que queda así
registrado en 1995, año en el que realmente tuvo su efectos obre la
estabilidad de la economía.

Otra cuestión es que el nuevo Gobierno ha implantado una nueva estrategia
de estabilidad y convergencia. En efecto, ocho reformas de carácter
estructural han sido puestas en marcha. Primero, la creación, por Real
Decreto 838/1996, de 10 de mayo, de la Oficina del Presupuesto,
dependiente directamente del Presidente del Gobierno, con las funciones
de asistirle en la formulación de la política presupuestaria, así como en
el seguimiento de los presupuestos generales. Se hace así realidad una de
las propuestas de la doctrina para lograr la reducción del déficit
público, situando las decisiones presupuestarias al máximo nivel de
Gobierno.

Segundo, la constitución de una comisión para la elaboración de una nueva
Ley General Presupuestaria acorde con el nuevo entorno de estabilidad
económica en el que la política presupuestaria ha de desarrollarse. Los
principios que informan esta ley son los siguientes: el presupuesto como
instrumento al servicio de la estabilidad económica; la implantación de
un sistema integrado de gestión presupuestaria, asignación de recursos,
dirección por objetivos y control por resultados; la contabilidad como
instrumento al servicio del gestor y el establecimiento de criterios
claros que sirvan de base para delimitar el subsector dentro del sector
público donde debe ser encuadrado cada agente público.

Otra medida es la introducción de la corresponsabilidad fiscal, pendiente
todavía de aprobación, en el nuevo sistema de financiación autonómica; la
iniciación del desarrollo del Pacto de Toledo para que comience a surtir
sus efectos en el presupuesto para 1997, pendiente todavía del acuerdo
con las fuerzas sociales; la introducción de la competencia en el mercado
de las telecomunicaciones --Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio--; las
medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales
--Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio--, y la aprobación de un plan de
privatización de las empresas públicas --acuerdo de Consejo de Ministros
de junio de 1996--, con tres finalidades: ir reduciendo la aportación del
presupuesto del Estado a la cobertura de las pérdidas y a la financiación
de las inversiones de acuerdo con el marco regulador



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comunitario, obtener recursos para amortizar deuda pública colaborando a
cumplir el criterio de Maastricht en cuanto al nivel de deuda pública, y
asegurar un funcionamiento eficiente de las empresas para que puedan
alcanzar el mayor nivel de productividad integrando las empresas públicas
en grupos empresariales más amplios que aseguren su viabilidad futura en
un mundo globalizado.

Otra reforma es la aprobación del plan de lucha contra el fraude fiscal.

La estrategia presupuestaria para 1997 se ha insertado en un marco de
recuperación económica con estabilidad: crecimiento del PIB del 3 por
ciento en términos reales; deflactor del PIB, 2,9 por ciento; el IPC,
diciembre sobre diciembre, se prevé aumente el 2,6 por ciento, y el
crecimiento del empleo se estima en el 2 por ciento. La estrategia
seguida para reducir al nivel del 2,5 por ciento del PIB el déficit del
Estado, indicador de la convergencia para dicho agente, se ha basado en
mantener la presión fiscal individual, de conformidad con el plan de
convergencia actualizado, aprobado por las Cortes y por la Comisión de la
Comunidad Europea, de forma que la senda de convergencia discurriese a
través de la reducción del gasto público. Esta reducción del gasto
público ha tenido que ser muy fuerte, ya que, al hecho de que el programa
de convergencia reservaba al año 1997 casi un tercio del esfuerzo en
materia presupuestaria a realizar en el cuatrienio 1994-1997, igual
porcentaje que para el conjunto del bienio 1994-1995, los dos primeros
años del plan de convergencia actualizado, hay que unir los
condicionantes impuestos por la Comisión de la Comunidad de que las
plusvalías obtenidas de la privatización de empresas públicas no pueden
destinarse a reducir el déficit público y de la no asunción de deudas de
empresas públicas para que no puedan ser consideradas como transferencias
de capital y, en su consecuencia, con efecto sobre el déficit público.

Todo esto es el primer año que la Comunidad lo impone, para el año 1997;
con anterioridad estas dos medidas no tenían efecto sobre el déficit
público.

Pueden SS. SS. imaginarse el fuerte ajuste realizado para que el déficit
del Estado se sitúe en la senda de convergencia, teniendo en cuenta
además la firme voluntad política del Gobierno de que el gasto de
protección social no experimente recorte alguno. Hay que tener presente
que los gastos ineludibles, derivados ya de derecho subjetivo, leyes,
acuerdos, tratados, etcétera, representan en el presupuesto el 84 por
ciento del gasto no financiero del Estado. La reducción de los gastos de
funcionamiento del Estado (personal y compras de bienes y servicios) y la
revisión de las subvenciones han sido rúbricas que han soportado parte
del ajuste. El resultado ha sido un crecimiento del gasto público no
financiero del Estado en el entorno del 2 por ciento.

Segunda cuestión impuesta por la Comunidad en el Tratado de la Unión: un
nuevo marco para los procedimientos presupuestarios al servicio de la
estabilidad. El Gobierno ha sido consciente de que el presupuesto que
presentase sólo tendría credibilidad si el marco laxo que venía
impregnando en años anteriores la elaboración y gestión del mismo
experimentaba un cambio total. Dado que la nueva Ley General
Presupuestaria, actualmente en elaboración, que ha de ser un instrumento
al servicio de la estabilidad de la economía, no estará en vigor en el
período de ejecución del presupuesto para 1997, el Gobierno ha adoptado
las siguientes acciones. Primera, aprobación y remisión a esta Cámara de
un proyecto de ley de disciplina presupuestaria que modifica determinados
preceptos de la Ley General Presupuestaria, de la Ley de Contratos del
Estado y de la Ley de Expropiación Forzosa, con la finalidad de que no se
puedan adquirir obligaciones sin la existencia del oportuno crédito
presupuestario, cerrando así la posibilidad de agujeros presupuestarios a
que daba lugar una legislación permisiva. Segunda, incorporar al proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, y solamente con
vigencia para dicho año, ya que se espera que para 1998 la nueva Ley
General Presupuestaria esté en vigor, la modificación de las normas de la
citada Ley General Presupuestaria que afectan a los créditos ampliables,
las incorporaciones de crédito y los créditos extraordinarios y
suplementarios. La finalidad de tal modificación es doble. Por un lado,
que la presupuestación de las obligaciones que venían amparadas por
créditos ampliables se efectúe de una manera realista y no minusvalorando
los créditos iniciales, sabiendo de antemano que el crédito experimentará
un fuerte incremento en el transcurso del ejercicio sin necesidad de la
aprobación de esta Cámara; y por otro lado, mantener el volumen de gasto
dentro del límite autorizado por las Cortes, a cuyo efecto todo aumento
de gasto, cualquiera que sea su causa, se tendrá que financiar con baja
en otra partida presupuestaria. En este principio se fundamenta
igualmente la no incorporación de remanentes de crédito del ejercicio
anterior. Tercera, incorporar a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 un anexo comprensivo de los compromisos futuros adquiridos en
el momento en que el presupuesto se presenta a las Cortes, dando así una
visión más amplia del presupuesto anual al incluir las consecuencias
futuras de las decisiones actuales, pasadas y presentes.

Como ha dicho el Vicepresidente Segundo en la reciente comparecencia ante
el Pleno de esta Cámara, el Gobierno espera que a partir de ahora podamos
entrar en una nueva etapa con respecto a la fiabilidad de las cuentas
públicas, a la seriedad de los documentos presupuestarios y a la
vinculación del Gobierno a los compromisos presupuestarios que le
establece esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Empezaremos este turno dando la palabra a don José Borrell, del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor BORRELL FONTELLES: Señor Secretario de Estado, muchas gracias
por su presencia en esta Comisión.

Me dirijo a usted con el título que le corresponde orgánicamente de
Secretario de Estado, que no es poco, de Director de la Oficina
presupuestaria del Presidente del Gobierno, que tampoco es poco, para
agradecerle la información que nos ha dado y lamentar que no haya sido
más



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sustanciosa. Agradecemos de verdad que nos haya explicado usted el
articulado del Tratado de Maastricht. (Risas.) También agradecemos que
nos haya explicado el proceso de estabilidad europeo. Todos ellos son,
sin duda, temas del máximo interés, pero quizá podía usted haber suponido
(Risas.--Un señor Diputado: ¡Bien empezamos!) --son los inconvenientes de
traducir mentalmente de otro idioma-- (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien! ¡Muy bien!), de haber supuesto que era del conocimiento de las
señoras y señores Diputados. En cambio, no nos ha explicado aquí, en la
Cámara, un conjunto de propuestas que ha venido usted haciendo desde que
fue nombrado, mejor dicho, hasta el verano, porque hay que reconocer que
después del verano no hemos tenido oportunidad de volverle a oír a usted,
quizá porque lo dijo todo antes del verano o quizá porque otros tomaron
el relevo en las propuestas que el Gobierno ha venido haciendo.

Quiero saludarle como colega universitario, como persona que ha tenido,
como usted, en el pasado responsabilidades importantes en área tan
compleja y difícil como es la del presupuesto; desearle para bien de
todos que sus consejos conduzcan a la consecución de los objetivos de la
incorporación de España al proceso de Unión Europea que tan bien nos ha
descrito usted esta mañana y desear también que su contribución aumente
el conocimiento social de los problemas presupuestarios. Estoy seguro de
que así será. Pero también quisiera rogarle que entrase usted con alguna
sustancia en el complejo mundo de propuestas que desde la Oficina
presupuestaria que usted dirige ha venido haciendo y que supongo que el
Gobierno incorporará o ha incorporado en su proceso de decisión.

Hemos oído de su boca las terribles catástrofes que acechan al sistema
público de pensiones; la necesidad de recortar en 600.000 millones de
pesetas como mínimo el gasto público; la conveniencia de suprimir los
impuestos de transmisiones y de sucesiones a las pequeñas empresas; la
necesidad de elaborar un nuevo índice de precios al consumo aplicable a
los pensionistas. Cito sólo algunos ejemplos de lo que es una variada
gama de propuestas a cual más interesante. Y quisiera, señor Barea,
rogarle que, en su siguiente intervención, no nos explicase, si algo nos
explica, lo que puedan ser entendidas como opiniones personales. No nos
interesan. Sus opiniones personales son, sin duda, interesantes y
respetables, como las de otros muchos colegas de cátedra, pero, en su
función de Director de la Oficina presupuestaria del Presidente del
Gobierno, en su comparecencia ante una Comisión del Parlamento, no son
sus opiniones personales las relevantes; son muy interesantes y
respetables, pero quisiéramos saber no lo que opina el señor Barea,
ciudadano, catedrático, sino lo que opina el Director de la Oficina
presupuestaria del Presidente del Gobierno, de una manera, suponemos, no
desvinculada de lo que el Gobierno hace. Le ruego que nos explique, pues,
en qué estado se encuentran sus procesos de asesoramiento y control sobre
los temas con los cuales usted ha planteado a la opinión pública esos
aspectos que he citado: 600.000 millones de reducción del gasto, todavía
no suficiente; necesidad de ajustar las pensiones de la manera que usted
ha descrito; elaboración de un nuevo índice de precios al consumo,
proceso de privatizaciones. De todo ello usted, si me permite, aquí, hoy,
no ha dicho nada. Y es sorprendente que desde el Gobierno o desde las
personas que tienen, como usted ha dicho, la alta responsabilidad de
contribuir a elaborar una estrategia presupuestaria y controlar el
proceso de gasto público, se dirija a la sociedad española de forma
permanente y continua con un verdadero aluvión de lo que alguien ha
llamado globos sonda, yo creo que no es ni eso, y que, en cambio, cuando
se acude a la Cámara se nos lea el Tratado de Maastricht.

Su colega, el Secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público, en una
anterior comparecencia que espero que pueda repetir, hizo algo parecido,
pasó de puntillas sobre los problemas. Entonces le dije que sería bueno
quizá que usted acudiera aquí, porque usted había demostrado una mayor
capacidad de propuesta, pero aquí en la Cámara usted no nos ha dicho nada
de todos los temas que ha creído oportuno explicar a la opinión pública
de una forma que en algunos casos pudo haber creado preocupación, en
otros, inquietud y, en otros, simple curiosidad.

Señor Secretario de Estado, Director de la Oficina presupuestaria del
Presidente del Gobierno --no mero asesor como se intentó plantear aquí
que era su función--, debería usted en esta ocasión que tiene, y espero
que en su siguiente intervención lo haga, explicarnos las medidas y su
fase de elaboración, la conveniencia gracias a la cual ustedes han
considerado oportuno transmitir a la opinión pública, y usted muy en
particular, un conjunto de temas que, en cambio, no cuentan en sus
comparecencias parlamentarias. De todos ellos, usted lo sabe mejor que
yo, le ruego que nos dé una información más completa, porque tiene usted
aquí una ocasión de transmitir a la opinión pública, a la sociedad
española, a través de sus representantes, todo aquello que
manifiestamente deben estar ustedes estudiando.

A usted se le ha calificado como gran hinchador de globos sonda. Usted ha
dicho: no, no lo soy --estoy leyendo-- porque lo que digo lo digo a
título estrictamente personal. Quisiera rogarle de nuevo que no nos
dijera nada a título estrictamente personal, lo podemos hacer después, si
usted quiere; pero sentados aquí, cuéntenos, por favor, lo que forma
parte de la estrategia presupuestaria del Gobierno.

Como le decía, ya no creemos que sean globos sonda. En un principio
pensamos que era una estrategia de auscultación, pero ahora creemos que
ya no es ni eso, que es más bien el fruto del desconcierto, de la
improvisación, de dar palos de ciego, en lo que algunas personas dotadas
de conocimientos en la materia, como usted, contribuyen desde una
perspectiva, digamos, intelectual, pero dirigir la acción política de un
gobierno es algo distinto de la especulación universitaria. Tomar
decisiones, elaborar presupuestos, establecer normas, fijar criterios de
evolución de rentas, afectar a las personas, a la sociedad en lo concreto
es algo distinto de la publicación científica y de la curiosidad
intelectual. Y usted ya no está en la cátedra, señor Barea. Está usted en
un puesto, supongo, de relevancia e importancia para el futuro de este
país. Y cuando se acomete una tarea de estas características, habiendo
antes desempeñado



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otras, y cuando en el espacio de dos meses a la sociedad española se la
inunda de iniciativas que se anuncian hoy como ideas geniales y se
abandonan mañana, porque se dice que el tema no está maduro, por poner un
ejemplo, o porque se dice que ha sido rechazado, no se puede dejar de
tener una responsabilidad política en base a la cual usted está aquí y en
base a la cual usted ejerció también responsabilidades en el pasado, a su
mejor saber y entender, como todos, acumulando aciertos y errores, como
todos.

Permítame que le diga algo con la mayor de las cortesías y el mejor
aprecio. Cuando se juzga una legislación y se dice, como usted ha dicho,
que es la más laxa de Europa --refiriéndose a la legislación
presupuestaria española-- y se hace, como usted ha hecho, una crítica,
quizá con fundamento, a algunos aspectos de la Ley General Presupuestaria
--y lo digo con el mejor aprecio y con la mejor voluntad, pero para que
situemos en una perspectiva histórica las cosas-- señor Barea, la Ley
General Presupuestaria, como usted sabe muy bien, es de 1977, y algunos
de los aspectos a los que usted ha hecho referencia no han sido
modificados desde entonces, son los mismos. Yo quisiera preguntarle si
recuerda quién era el Secretario General de Presupuestos y Gasto Público
en 1977. Era usted, señor Barea. Había estado usted ejerciendo en 1976 y
1977 importantes responsabilidades en la Dirección General del Tesoro y
del Presupuesto y posteriormente en la Secretaría General de Presupuesto
y Gasto Público. Luego algo tendrá usted que ver con la legislación
presupuestaria española a cuya elaboración ha contribuido de forma
importante. Se lo digo porque cuando a veces juzgamos de forma
retrospectiva la evolución de las normas y de su aplicación debemos ser
conscientes de que todas las normas tienen una elaboración derivada de
circunstancias históricas en las que se producen, y su aplicación en un
momento determinado puede ser perfectamente manipulada, como en nuestra
opinión lo ha sido, con ese rebobinar de la contabilidad que el Gobierno
ha efectuado con el Real Decreto-ley de 26 de julio. Pero, ya que está
usted en un puesto de la importancia que ocupa y puede asesorar
adecuadamente y le guía la buena intención, que aplaudo, de que las
cuentas reflejen la realidad del presupuesto de cada año, estamos
esperando impacientes un decreto-ley de crédito extraordinario que dote
al presupuesto de este año de los fondos necesarios para pagar la cuota
láctea de 1996 o las diferencias entre el presupuesto y la realidad en la
explotación de Renfe en 1996, y le pongo sólo dos ejemplos, porque, si no
es así, habrán incurrido de forma automática e inmediata en los mismos
problemas que han pretendido resolver con el Real Decreto-ley de julio
pasado, que, más que descubrir un agujero, ha sido un intento de fabricar
un colchón, que son dos cosas distintas; más que descubrir un agujero, ha
sido un intento de crear un margen de maniobra, trasladando al pasado
operaciones cuya imputación temporal era discutible que fuese de 1995 o
antes de 1995, o de 1996 y siguientes, para crear un margen de maniobra
para futuras decisiones presupuestarias.

Estamos todos de acuerdo, y usted nos ha leído lo que establece el
sistema europeo de cuentas económicas integradas con el criterio de
devengo, en que sin duda alguna ha habido, como dijo mi colega el señor
Solbes, tensiones presupuestarias, y ustedes han descubierto ahora que no
había despilfarro sino que había insuficiencias, pero tengamos todos
mucho cuidado, y estoy seguro de que usted lo tiene y de que no le guía
ninguna intención aviesa cuando habla de agujero, porque en el
subconsciente, en la conciencia colectiva de la sociedad española, la
palabra agujero se asocia al vaciado patrimonial de una institución,
hecho de forma fraudulenta en beneficio de sus gestores. A esta
interpretación han contribuido algunos portavoces del partido que
sustenta al Gobierno, con el cual usted colabora, al decir que si la
Administración fuera una empresa, los gestores socialistas estarían
incursos en procesos penales. Ante tanta frivolidad no es posible dejar
de aprovechar esta comparecencia para volver a insistir, y usted lo sabe,
en que no hay ninguna irregularidad ni ninguna aplicación torcida de la
ley, como reconoce la Intervención General del Estado en su informe, en
la reubicación temporal de créditos, y esa imputación a 1996 es muy
discutible, en ningún caso obligada por los preceptos de la Ley General
Presupuestaria que usted ayudó a alumbrar; que no hay ningún agujero ni
ninguna presunta responsabilidad penal, y nadie, por lo menos, fue capaz
de citarlo en el debate presupuestario pasado. Por eso yo le invito a que
en sus asesoramientos sean ustedes consecuentes, que no intenten
desmontar las operaciones entre la relación financiera del ICO con el
Estado, que sería actuar justamente en la dirección contraria de la
lógica en la que se han amparado para dotar el presupuesto de 1965 a
posteriori de créditos y que actúen en 1996 de forma consecuente con
ello.

Señor Barea, de verdad, que su intervención ha sido interesante, pero no
ha contenido ninguna de las razones por las cuales este grupo pidió su
comparecencia en esta Comisión. Espero que en su respuesta tenga usted
ocasión de explicarnos qué va a hacer el Gobierno, en qué fase de
elaboración están sus propuestas, cuántos desmentidos más piensa usted
que va a recibir en los próximos días, si tiene usted alguna reflexión
adicional que hacer y, en general, de qué manera el presupuesto del año
1997 va a recoger o no las propuestas que de una forma, permítame, un
tanto exuberante, ha formulado usted, y se lo agradecemos, desde que fue
nombrado. Todo ello creo que debe ser incorporado en el contexto de lo
que usted ha calificado como medidas estructurales. Y usted mismo se ha
calificado de medida estructural. La creación de una oficina
presupuestaria es para usted una medida estructural, que ésa sí es
concreta; las demás, si me permite, forman parte en su definición de ese
conjunto de buenas intenciones o de solemnización de lo obvio, sin
consecuencias inmediatas. Ese nuevo marco de gestión de la empresa
pública para hacerles capaces de afrontar la globalización, ¿en qué
consiste, señor Barea?
¿Se van a financiar, como ha dicho el Ministro de Industria, desmontando
el proceso de transparencia presupuestaria del Gobierno socialista por el
cual las empresas con pérdidas estructurales quedaban reflejadas en el
presupuesto a través de los correspondientes contratos/programa y las de
actividad, digamos, en el mercado actuaban



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aparte, sin transferencias de beneficios y pérdidas entre ellas, o van a
volver ustedes al totum revolutum, es decir, a reinventar el INI, como
parece deducirse de las declaraciones recientes del Ministro de
Industria?
Es de eso de lo que hemos pedido que venga usted a hablar; no a leernos
los artículos 104 a) y 105 b) del Tratado de Maastricht, y se lo
agradecemos. Por eso, el Grupo Socialista le invita de nuevo a que en su
siguiente intervención tenga la cortesía de dirigirse a estos
parlamentarios como mínimo como ha hecho usted con todos los periodistas
de este país.

Estamos seguros de que su intervención será así mucho más interesante.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Barea, por su comparecencia. Yo
me sumo al agradecimiento del Diputado socialista, señor Borrell, por la
lectura de determinados artículos del Tratado de Maastricht, y quiero
añadir mi agradecimiento personal porque sólo nos haya leído usted unos
cuantos, ya que si nos llega a leer todos, hubiera sido interminable.

Ciertamente, señor Barea, aquellas afirmaciones y aquellas explicaciones
que se dieron, cuando a usted, con la experiencia que tenía, tanto en el
ámbito de la Administración como en el de la Universidad, se le nombraba
Director de la Oficina presupuestaria, me temo que, tras la intervención
de usted hoy, quedan, en alguna medida, en entredicho.

Señor Barcea, el 17 de septiembre, que es el día de hoy, a dos semanas
escasas de la presentación del presupuesto en esta Cámara, no nos ha
dicho usted absolutamente nada de ese presupuesto. Nos ha dado usted una
lección teórica, como toda lección teórica, discutible. Yo no quisiera
entrar a contradecirle en ese tipo de afirmaciones teóricas. Creo que
efectivamente hay ámbitos más adecuados para ello.

Lo que se esperaba de usted, en la calidad que tiene de Secretario de
Estado y Director de la Oficina de Presupuestos, era que en la fecha de
hoy, 17 de septiembre, nos dijera por dónde van a ir a los presupuestos
de este año 1997, que diera usted alguna información concreta de las
cifras y las cuentas de esos presupuestos. Y de eso no ha dicho usted
nada. Absolutamente nada.

Cabe pensar que, como se ha dicho, pueda responder a que algunas de las
declaraciones que hizo usted en su momento de una manera reiterada no
podían sostenerse aquí, donde lógicamente deben hacerse, en sede
parlamentaria. No sé si es peor eso que pensar que no se tienen esas
cifras, que los necesarios acuerdos con otras fuerzas políticas están tan
suficientemente en mantillas como para que sea, al día de hoy, imposible
pensar y cuantificar cifras.

Esta última hipótesis, sin lugar a dudas, haría pensar que los acuerdos
que se alcanzaron hace escasos meses en el debate de investidura del
señor Aznar no tenían ese fondo de estabilidad que se proclamaba. Yo creo
que ésa es una imagen que cabe deducir de su intervención y que usted
está obligado a desmentir inmediatamente.

Se han dicho muchas cosas en estos meses y a mí me parece que usted hoy
nos podría aclarar algunas de ellas. Por ejemplo, los sueldos de los
funcionarios. Sobre este tema se ha hablado, se han dicho opiniones
distintas, sin lugar a dudas fruto de un proceso de reflexión que yo
estoy convencido que al día de hoy debe estar acabado. ¿Cuál es el
resultado de ese proceso de reflexión, señor Barea?
Lo mismo ha ocurrido con las innumerables tasas que se han barajado;
porque se ha hablado de tasas de todo tipo. En alguna ocasión se ha
hablado incluso de tasa del aire; se ha hablado de muchas tasas, señor
Barea, de muchas. En el supuesto de que se haya tomado decisión
afirmativa, ¿cuáles son las que se van a implantar por parte del
Gobierno?
Ha dicho usted en un momento determinado que una apuesta del Gobierno es
mantener la presión fiscal individual. ¿Eso, señor Barea, es compatible
con que se modifique la fiscalidad de las plusvalías? Porque se ha
modificado la fiscalidad de las plusvalías. ¿Eso, señor Barea, es
compatible con que se modifique la tarifa del IRPF? ¿Eso es compatible
con que se implanten tasas? Y, en el supuesto de que sea compatible, ¿en
qué términos se resuelve esa compatibilidad?
A la fecha de hoy, 17 de septiembre, señor Barea, yo estoy convencido de
que el Gobierno tiene alguna idea más precisa que la de decirnos
simplemente que se va a mantener la presión fiscal, sobre todo cuando
durante tantos años hemos oído a la derecha de este país, tanto a la
derecha política como a la económica, hablar de que nuestro país tenía
una presión fiscal individual insoportable. (El señor López-Amor García:
Es verdad.) Veo que lo sigue diciendo todavía. Que había crecido en unos
términos desmesurados y que, por tanto, se afirmaba --al menos en los
momentos electorales, ahora parece que incluso se puede cambiar el
mensaje-- que se iba a modificar ese tipo de actuaciones.

¿En qué se concretan en el presupuesto del año 1997 los planteamientos
que ha venido defendiendo el Partido Popular antes y después de las
elecciones? Porque se decían cosas ciertamente importantes; no quiero
entrar en otro calificativo.

En la misma línea, usted, señor Barea --aquí tengo un pequeño libro
firmado por usted--, decía nada menos que si estaba el Estado español en
quiebra. Hoy, que conoce usted las cifras y las cuentas del Estado, ¿nos
puede decir usted, señor Barea, no en términos interrogantes, sino en
términos claros, cuál es la situación? ¿Está usted en condiciones de
afirmar que está el Estado español en quiebra?
¿Algunas de las conclusiones que sostenía en este libro firmado por usted
se van a hacer realidad, desde el puesto que usted ocupa de Secretario de
Estado, director de la oficina presupuestaria? Por ejemplo, usted decía:
Racionalizar el sistema de pensiones públicas rebajando el grado de
protección social que hoy existe, para evitar una posible situación de
quiebra a medio plazo, e introduciendo paulatinamente en la Seguridad
Social el sistema de capitalización. Eso, que es verdad que es una
afirmación parcial, pero una afirmación literal de ese libro, va a ser
realidad. Usted decía que los factores que han impulsado el déficit



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público han sido: la falta de disciplina presupuestaria --lo ha dicho
usted aquí--, la descentralización del gasto público en las comunidades
autónomas... Le voy a hacer una pregunta, señor Barea, que le han hecho
antes que yo otros más destacados líderes políticos: ¿Cuál es el coste
del nuevo sistema de financiación autonómica? ¿En qué medida tienen
incidencia en el déficit público esos acuerdos de financiación
autonómica? Según usted, tienen una incidencia importante en el déficit
público.

Decía literalmente en este libro: La privatización de empresas públicas
no disminuye el déficit público, únicamente produce un cambio en los
activos financieros del Estado. Y completaba la conclusión, en su
opinión, de esa afirmación diciendo: privatizar las empresas públicas
concurrenciales no rentables era el objetivo. Yo le pregunto: ¿Eso es
coherente con que las empresas públicas concurrenciales que se van a
privatizar, según los datos que conocemos de ese plan, son precisamente
las rentables, al menos de entrada? Porque, desde luego, empresas como
Tabacalera, Argentaria, Telefónica, Repsol se caracterizan por ser
rentables. ¿En qué medida este tipo de afirmaciones, señor Barea, que
usted hacía con anterioridad a su nombramiento, al día de hoy se van a
trasladar a las cifras concretas de los presupuestos? Yo creo que es
importante que se hagan realidad; eso puede permitir a los ciudadanos de
a pie que, como consecuencia de su incorporación a la Administración,
ganen parcelas importantes de conocimiento teórico presupuestario --yo
estoy convencido de que lo han ganado y lo ganarán, como nosotros,
después de escuchar su intervención--; pero ciertamente al ciudadano de
este país, más que ese conocimiento teórico, le preocupa saber cómo van a
quedar los datos concretos del tema de los funcionarios --como le decía
antes--. No digamos ya, por ejemplo, sistemas de protección social, el
Inem; ¿qué va a pasar con el presupuesto del Inem, qué evolución va a
tener su presupuesto? ¿Va a seguir produciéndose esa caída de la tasa de
cobertura de la protección del Inem; va a ser verdad que en el desarrollo
del Pacto de Toledo el Estado va a asumir el coste de todas las
prestaciones no contributivas, o va a seguir manteniéndose, como hasta
ahora, el dato de que los trabajadores paguen la sanidad por dos vías,
por la vía de los impuestos y por la de las cuotas? No digamos ya si se
introdujera esa tercera vía que se ha dicho de la tasa farmacéutica;
llegaríamos a una situación ciertamente kafkiana. Yo creo que esos datos
concretos, señor Barea, son los que en la fecha de hoy, 17 de septiembre,
tiene usted obligación de explicarnos aquí. Las lecciones de carácter
general y teórico estoy convencido de que siempre vienen bien, porque es
bueno actualizar conocimientos, máxime si vienen de una persona tan
autorizada como usted, pero realmente no es éste el ámbito adecuado.

Nosotros y las personas a las que representamos aquí, todo el pueblo
español, tiene derecho a conocer en qué medida los presupuestos del año
que viene van a incidir en sus intereses más inmediatos; y a eso,
desgraciadamente, usted no ha hecho la menor referencia en su primera
exposición. Es su obligación, señor Barea, y yo estoy convencido de que
en su próxima intervención usted dará cumplida respuesta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: También quiero agradecer al Secretario de Estado,
señor Barea, su breve y yo diría que poco significativa exposición, con
todos los respetos. Señor Barea, haber generado tantas declaraciones y
tantas reflexiones en los últimos meses y terminar diciéndonos lo que nos
ha dicho --no sé qué concepto tiene usted de esta Cámara y de todos
nosotros--, yo creo que, cuando menos, es decepcionante. Yo esperaba
mucho más, a no ser que sea una estrategia y nos cuente a partir de ahora
lo que de alguna forma esperábamos. Ha sido usted noticia durante los
últimos meses --y lo sabe-- de forma significativa por sus reflexiones y
por sus opiniones, y ostenta usted, como sabe perfectamente, una
responsabilidad en el aparato del Estado. Yo creo que si usted asiste a
la Comisión de Economía o Presupuestos para exponer sus reflexiones, debe
ser más exhaustivo y más profundo. No lo ha hecho, sus razones tendrá,
quizás lo hará a partir de ahora. En todo caso, mi Grupo estará atento a
su segunda intervención para conocer con mayor detalle sus
consideraciones sobre la situación económica.

De su intervención, por tanto, pocas cosas tengo que decirle. La verdad
es que no puedo discrepar de lo que ha dicho, porque pocas cosas ha
dicho. Nos ha descrito una serie de aspectos de la realidad económica que
no me inducen a hacer ninguna observación. Sólo quiero comentarle muy
brevemente una en la que discrepo, simplemente porque no la comparto, y
es que en algún momento usted ha hecho una reflexión valorativa de que el
año 1996 era un año perdido. Yo no lo creo; un año en el que se está
reduciendo la tasa de paro, la inflación y el tipo de interés, no puede
nunca definirse como un año económicamente perdido. Siempre se pueden
hacer muchas más cosas de las que se hacen, sin duda alguna; siempre se
pueden tomar muchas mas decisiones de las que se han tomado, pero el año
1996 no lo valoremos como un año perdido, porque cuando menos es un año
que nos está dando un balance de reducción del paro de forma
significativa, y cuando en España en paro se reduce, jamás debemos
despreciarlo desde la perspectiva del análisis económico.

Quiero hacerle alguna observación para el futuro. En la lectura de sus
declaraciones y de todas sus intervenciones públicas, a veces he visto
como si usted tuviera algún recelo sobre la importancia y la viabilidad
del Pacto de Toledo. Y quiero aprovechar su comparecencia para
transmitirle una opinión política del Grupo al que yo represento,
Convergència i Unió. Para nosotros, el Pacto de Toledo es un gran
instrumento de gran valor político. ¿Servirá o no servirá para el
propósito por el que acordamos las fuerzas políticas suscribirlo? El
tiempo lo juzgará con mayor detalle y con precisión, pero nosotros
valoramos que ese marco de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para
hacer evolucionar el sistema público de pensiones en España de forma que
no se dispare y no exceda en la incidencia sobre el presupuesto tiene un
gran valor político. Con ese acuerdo podremos tomar muchas decisiones
aunque no será fácil adoptarlas, tendrán el



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consenso político necesario para adoptarlas. El Pacto de Toledo no es a
corto plazo un pacto que vaya a generar un ajuste de reducción del gasto
social, y eso lo sabemos todos, pero el Pacto de Toledo tiene un elemento
de mucho valor, y es que evita las desviaciones excesivas del sistema
público a medio plazo. A medio plazo nos evita que el sistema se nos
desborde y no podamos hacerle frente en el momento que esto suceda. Por
tanto, yo creo que tiene mucho valor político. Yo le pido, señor Barea,
que usted le dé también mucho valor político. Si dentro de unos años
vemos que es insuficiente, las fuerzas políticas reflexionarán sobre su
alcance, sobre su contenido y ya tomarán alguna decisión al respecto,
pero de momento démosle mucho valor político a lo que es, sin duda, uno
de los más importantes acuerdos sociales que se han alcanzado en los
últimos años. Y en ese sentido, me gustaría que usted no lo quebrara, ni
lo cuestionara, ni lo interpretara, sino que se adhiriera plenamente a
todo su contenido y lo hiciera realidad desde su posición de
responsabilidad de Gobierno.

La segunda observación que quisiera hacerle es que nuestro grupo está de
acuerdo en que hay que reducir el gasto público y que hay que cumplir las
exigencias de Maastricht, sin duda alguna, pero ¿estamos dispuestos a
ajustar el aparato del Estado? ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones
para hacer lo mismo o más de lo que se hace desde el ámbito público, a un
coste inferior? ¿Estamos dispuestos a revisar el funcionamiento ordinario
del aparato público para ir introduciendo cambios e innovaciones, para ir
prestando los servicios que hoy prestan las instituciones públicas a los
ciudadanos, con menor coste y, por tanto, reduciendo los gastos del
sistema?
Esta es la cuestión. La economía, la sociedad está ya hace años metida en
un ciclo de reducción de costes y los ciudadanos saben que todo aquello
que en España se fabricaba hoy se elabora igual o más, en volumen, pero a
unos costes inferiores. El aparato del Estado debe hacer lo mismo, pero
con costes más bajos. En esa dirección, ¿qué medidas se están estudiando?
¿Qué decisiones tienen ustedes intención de impulsar en esa dirección?
La tercera observación que quisiera transmitirle es que uno de los
problemas importantes que tenemos es la deuda pública acumulada. La deuda
pública acumulada en España nos genera una financiación corriente anual
que ya alcanza unos volúmenes muy significativos. Nuestro grupo cree que
deberíamos reflexionar sobre si deberíamos abordar una reestructuración
de la financiación de la deuda pública acumulada en España. ¿Qué se está
haciendo desde la instancia de Gobierno y desde su posición para
profundizar en la posibilidad de reestructurar la forma en que se está
financiando la deuda pública emitida en estos momentos, para buscar, si
es posible, una dilatación en el tiempo y bajar los costes anuales de la
financiación de esta deuda contraída?
La cuarta observación que le quiero hacer es preguntarle, con todos los
respetos, en qué está trabajando ahora el Director de la Oficina
presupuestaria, si nos lo puede usted contar. Si no puede, mi grupo lo
comprenderá y no le hará ninguna réplica tras su intervención.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero, ante todo, agradecer al señor Barea su
presencia en esta Comisión y, como es la primera vez que acude a ella,
desearle éxito en su labor, en la difícil labor que tiene que desempeñar.

Indudablemente, la respuesta a la expectación no ha sido la adecuada.

Además, yo sabía --creo que todos-- que iba a ser así. Pero es que su
comparecencia era para informar sobre la política presupuestaria.

Indudablemente, «política presupuestaria» es un término muy amplio, pero
yo me voy a centrar en esto, porque me preocupa el presupuesto de 1997,
me preocupa lo mismo que a todos los ciudadanos, y me preocupa el futuro,
cuál va a ser la política presupuestaria del Gobierno.

En estos momentos el presupuesto, el déficit público, reducir gastos, si
van a afectar o no a los gastos sociales, las pensiones, la sanidad, el
Pacto de Toledo, es todo lo que está en la opinión pública, es lo que
preocupa y creo que tenemos el deber de aclarar estos aspectos. Esta es
una de las mayores preocupaciones de la sociedad, creo que debe serlo, y
de todos los que tenemos responsabilidades públicas. Hay que explicar
claramente, de una forma comprensible, de una forma creíble, a la
sociedad todo esto. Por eso es importante conocer cuál va a ser la
política presupuestaria del Gobierno del Partido Popular. En este
sentido, entendemos que es adecuada su comparecencia, porque ha habido un
nuevo enfoque, un nuevo enfoque que, al parecer, ha dado el Gobierno a la
política presupuestaria, y queremos conocer los objetivos y el
funcionamiento de la Oficina presupuestaria que usted dirige. Queremos
que intente aclararnos ese aluvión de noticias referidas al presupuesto
de 1997, que parece que van y vienen y que están creando incertidumbre;
creemos además que es usted la persona adecuada para hacerlo por el
prestigio y el conocimiento que tiene de estos temas y porque, de alguna
forma, está al frente del órgano que se creó por decisión del Partido
Popular, que está recogida en su programa electoral, en cumplimiento del
cual era el Presidente del Gobierno quien iba a controlar personalmente
el presupuesto general del Estado y su cumplimiento. Por todas esas
razones es adecuada su comparecencia.

La política presupuestaria, además de tratar aspectos que preocupan e
inciden directamente en los ciudadanos, como los que he comentado, es el
principal instrumento macroeconómico para potenciar el crecimiento
económico equilibrado sostenido, que resuelva el grave problema del
desempleo y que permita, al menos, mantener el nivel de bienestar social
alcanzado, con mejor redistribución y, desde luego, con una mayor
cohesión social.

En concreto, el control y reducción del déficit público, que es el
verdadero problema, se ha convertido en el paradigma de unas cuentas
públicas que tienen que ser saneadas, rigurosas y creíbles. Y no sólo por
cumplir con los criterios de Maastricht, que ya se ha expuesto, puesto
que, en cualquier caso, se entre o no con los primeros en la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria, la reducción del déficit público es,
desde luego, un requisito indispensable,



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si queremos controlar la inflación y permitir la disminución de los tipos
de interés, en definitiva, si queremos alcanzar una economía competitiva.

Además, no nos tenemos que quedar en cumplir el objetivo de un déficit
público del 3 por ciento para 1997; en mi opinión, es necesario seguir en
una senda descendente, en una senda hasta alcanzar un déficit cero. En
los últimos diez años, la relajación en la planificación, ejecución y
control del presupuesto ha sido manifiesta, lo que ha concluido con
alcanzar niveles de déficit público del 7 por ciento del producto
interior bruto; situación, desde luego, insostenible que todos
participamos en la que hemos estado involucrados no sólo nosotros sino
todos los países de la Unión Europea y que ha conducido a tomar medidas
de política presupuestaria para reducir drásticamente esta tasa; algo que
se ha conseguido pero que, como usted también entenderá --y creo que
comparte--, es insuficiente. El Gobierno debe establecer, desde mi punto
de vista, un escenario presupuestario con este objetivo de déficit cero.

En este aspecto, me va a permitir que me detenga en dos elementos que
para mí son fundamentales en política económica. En primer lugar, el
gasto público. El control y reducción del déficit público requiere
control y reducción del gasto público. Ahora bien, si no queremos elevar
la presión fiscal global --parece que estamos de acuerdo--, si no
reducimos los gastos totales, descontados los gastos necesarios para
financiar la deuda pública, que están ahí, si no reducimos los gastos
sociales, que prácticamente es el 50 por ciento de los gastos totales, no
nos queda más que actuar sobre los gastos corrientes y la inversión
pública, algo, esto último, que parece desaconsejable si no queremos
ahogar el crecimiento económico, además, eso sí, de incrementar la lucha
contra el fraude, tal como ha indicado usted, y de seguir con una
política de privatizaciones, ingresos que, desde luego, hay que tenerlo
en cuenta, son atípicos y que no reducen el déficit estructural.

Es cierto que el Gobierno, además de estructurar el Departamento de
Economía y Hacienda con una secretaría de presupuestos y una oficina de
control presupuestario, tomó como una de las primeras medidas el recorte
presupuestario de 200.000 millones. Pero usted mismo dijo en su momento
que esto no era suficiente para alcanzar el objetivo del déficit público,
y eso sin conocer --o ya lo conocía, no lo sé-- el desfase presupuestario
de los 721.000 millones de pesetas. Por cierto, ¿cree usted que puede
haber sorpresas, entre comillas, de este tipo? ¿Nos puede aclarar si
existe o no lo que en estos momentos se está poniendo de manifiesto, que
hay un déficit oculto en Sanidad? ¿Es verdad que existe un déficit oculto
en Sanidad? Además, aún nos quedan por conocer las desviaciones
presupuestarias, si bien estamos hablando de un presupuesto prorrogado,
pero en el que, como usted también ha comentado en algunas ocasiones, los
desfases presupuestarios rondan el 20 y el 25 por ciento. Este es,
precisamente, uno de los aspectos más graves de la ejecución del
presupuesto. Por tanto, si coincide en que, independientemente de las
necesarias reformas estructurales de nuestra economía, el control y
reducción del déficit público pasa por el control y reducción del gasto
público, ¿nos podría decir cuáles son las medidas necesarias y posibles
que debe tomar el Gobierno en el sentido de reducir el gasto público?
¿Qué prioridades de reducción de gasto aconseja usted al Gobierno?
¿Coincide con el Gobernador del Banco de España en unas declaraciones que
ha hecho recientemente en que hay que retocar el gasto social? Esto es
todo lo que, de una forma esquemática, referente a lo que es el gasto
dentro del presupuesto --y supone una de las partidas fundamentales--,
nos preocupa.

En segundo lugar, hay otro aspecto en el que me voy a detener porque
pienso que es importante. En la política presupuestaria es importante el
papel que tiene el presupuesto como instrumento de control del gasto
público. No es suficiente formular unos presupuestos restrictivos, por lo
menos yo así lo creo, si no existe una administración financiera que sea
capaz de alcanzar los objetivos previstos, y aquí entran grandes dudas y
desde luego muchos nubarrones. Porque hasta ahora las administraciones no
han evitado el crecimiento incontrolado del gasto, de ahí que el control
del gasto sea totalmente necesario. Y no solamente como una fase del
ciclo presupuestario; debe estar presente en todas las fases, en la
elaboración, en la aprobación y en la ejecución. El control
presupuestario es clave, desde mi punto de vista. A tenor de los
resultados, me atrevo a pensar que el control ejercido sobre los
presupuestos generales del Estado y sus organismos y empresas públicas ha
sido tremendamente deficiente, deficiente en la normativa reguladora y en
los organismos fiscalizadores. De hecho, el descubrimiento de
obligaciones de ejercicios anteriores no contabilizados y las
regularizaciones de anticipos de fondos no efectuados, que se han
descubierto recientemente y que han provocado un desfase de 721.000
millones, han puesto de manifiesto claramente estas deficiencias, y
parece ser --según anunció el Vicepresidente del Gobierno, señor Rato--
que ello produciría en el año 1995 un incremento del déficit público del
6,5 por ciento, en lugar del 5,9 por ciento --estoy hablando de
memoria--, del objetivo que existía. ¿Efectivamente va a haber ese
incremento de déficit público? ¿Se va a poder cumplir el objetivo del
déficit público en 1996?
Independientemente de las medidas propuestas por el Gobierno para
reforzar la disciplina presupuestaria, es necesario reformar la Ley
General Presupuestaria, y usted ya lo ha anunciado, además de otras leyes
que infieren directamente en el control de la ejecución del presupuesto,
como son, por ejemplo, la Ley de Contratos de Administraciones Públicas,
etcétera. Sin embargo, ¿es éste el instrumento verdaderamente necesario
exclusivamente para un rigor y control presupuestario? ¿No es más bien el
hecho del incumplimiento por parte de la Administración de la normativa
existente el que está provocando estas situaciones? ¿No es menos falta de
modificaciones legislativas y más de cumplimiento de las mismas?
Desde mi punto de vista, más importante que las modificaciones normativas
--como estoy diciendo-- es la mejora de los mecanismos de control de los
órganos de la Administración que intervienen en el presupuesto y
fundamentalmente en dos: en la Intervención General de la Administración
del Estado y en el Tribunal de Cuentas. El primero,



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en calidad de órgano de control interno, y --no sé si es preciso y me
gustaría que usted lo comentara-- podría ser preciso dotarle de mayores
competencias que las que tiene en estos momentos, porque al final la
Intervención General del Estado queda al margen de las modificaciones
presupuestarias de los créditos extraordinarios, de los suplementos de
crédito y de las transferencias de capital, porque son otros los
organismos que tienen que autorizarlo. Por tanto, ¿sería necesario
modificar y dar mayor contenido a la Intervención General de la
Administración del Estado?
En tercer lugar y referente al Tribunal de Cuentas en calidad de órgano
de control externo que realiza un informe anual y lo envía a las Cortes
para su conocimiento y aprobación, ¿cree usted que puede ser efectivo el
hecho de que, por ejemplo, mañana, en este Parlamento, en la Comisión
Mixta del Tribunal de Cuentas, se nos presente el informe de la Cuenta
General del Estado del año 1992? Todo esto demuestra, desde mi punto de
vista, una falta de eficacia absoluta en el control de las cuentas
públicas y de la ejecución del presupuesto. Después se verá de quién es
la culpa, si de los anteriores o de ustedes, que lógicamente no han
tenido tiempo de realizar ninguna reforma. Lo que sí sé es que no se
puede permitir que esta situación continúe, si es que verdaderamente
queremos que el presupuesto sea el instrumento que debe ser en política
económica, si queremos que sea riguroso y si queremos que haya un
control. Este es el verdadero problema.

A lo anteriormente expuesto hay que añadir una falta de coordinación
entre los órganos encargados de la elaboración, ejecución y fiscalización
del presupuesto, como lo demuestran las discrepancias puestas de
manifiesto recientemente entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención
General del Estado sobre las cuentas de las empresas públicas. ¿Qué
podría decirnos usted a este respecto? Porque todo ello da a entender que
hay una descoordinación interna en la Administración, sobre todo en
aquellos organismos que son los que verdaderamente tienen la labor de
fiscalización y control del presupuesto. Me gustaría conocer su opinión,
como director de la Oficina presupuestaria, sobre la situación actual y
los planes del Gobierno para mejorar esta situación.

Como yo entiendo que éste es el objeto de su comparecencia, no me voy a
referir a las declaraciones que usted hizo antes del verano o a los
libros que usted ha publicado, porque no se debe mirar solamente el
pasado de todos. Yo no he escrito libros, sólo artículos y he participado
en algunos foros, pero no estaría muy seguro de opinar ahora igual que
antes. No me preocupa eso, señor Barea. A mí lo que me preocupa es el
futuro, me preocupa la política presupuestaria del Gobierno del Partido
Popular que ha llegado ahora al poder.

Finalmente quisiera que nos explicara --eso sí, porque creo que para eso
está usted-- la división de funciones y la coordinación entre la
Secretaría de Estado de presupuestos y la Oficina de presupuestos. Tengo
mis dudas respecto a la parte organizativa; el resto de los aspectos que
le he señalado son importantes, interesan a la opinión pública, que
quiere conocer cuáles van a ser al final las líneas presupuestarias del
Gobierno, y es lógico, porque están escuchando todos los días noticias
contradictorias, lo cual es preocupante, como también han reclamado mis
compañeros.

Señor Barea, usted es director de una oficina de asesoramiento al
Presidente en temas presupuestarios y ha venido a hablar de la política
presupuestaria y yo, además de escuchar con mucho interés las respuestas
de mis compañeros, le ruego que hable precisamente del tema motivo de su
comparecencia, que son las cuestiones que a nuestro grupo parlamentario
le preocupan.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Amor.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Quiero agradecer, en primer lugar, la
presencia del Secretario de Estado, Director de la Oficina del
Presupuesto, en la Comisión de Presupuestos de la Cámara. En segundo
lugar, le deseamos en su primera comparecencia en esta Cámara el mayor de
los aciertos en el desempeño de su gestión y queremos decirle algo que
suena muy castizo, pero que, dada la edad del compareciente, creo que
viene al caso y es desearle larga vida. (Rumores.) Y, en tercer lugar,
queremos pedirle que nos siga ilustrando con su auctoritas moral y con su
auctoritas doctrinal.

Creo que el señor Barea supone una incorporación absolutamente necesaria
al desempeño de las funciones del Gobierno que se forma allá en la
primera semana del mes de mayo y es una incorporación necesaria porque
viene a ser el primer titular de la primera Oficina presupuestaria que,
dependiendo del Presidente del Gobierno, se ha creado en nuestro país.

Ello es sintomático de la preocupación del nuevo Gobierno del Partido
Popular por introducir un criterio de mayor rigurosidad en la ejecución
de la disciplina presupuestaria. No sólo existe un centro directivo que
se dedica a hacer la elaboración, el seguimiento y, en definitiva, a
cerrar el ciclo presupuestario, sino que existe, dependiendo de la
Presidencia del Gobierno, una Oficina presupuestaria que tiene entre sus
misiones más importantes la de asesorar al Presidente del Gobierno en
materia de difícil, a veces, comprensión, o de difícil interpretación y
que diferentes estrategias o tácticas presupuestarias pueden llevar a
resultados a veces similares. En este sentido, quiero decir que la
aportación del señor Barea a este Gobierno desde la Oficina
presupuestaria es una aportación rica y que quiero agradecer, a pesar del
poco tiempo que lleva desempeñando dicha labor.

En su comparecencia de esta mañana, creo que ha definido claramente
cuáles son las estrategias presupuestarias del Gobierno del Partido
Popular. Si se ha producido una decepción por parte de algunos de los
asistentes es porque esperaban que esto se convirtiera en una especie de
toma y daca entre las opiniones doctrinales e intelectuales del señor
Secretario de Estado, alguna ya veo que se ha leído con cierta atención
en un manualito que está encima de alguna mesa, es diferente juzgar
opiniones intelectuales, doctrinales, como catedrático, del señor Barea,
que opiniones del señor Barea como Secretario de Estado de un Gobierno
del



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Partido Popular. En cuanto a las opiniones intelectuales, no faltaría más
que aquí le fuéramos a juzgar por opiniones del pasado y además por el
ejercicio de una libertad de expresión y de una libertad de cátedra,
absolutamente imprescindibles dentro del sistema de libertades públicas
de este país.

Quiero agradecer su comparecencia también porque ha sido verdaderamente
ilustrativo en relación a que este Gobierno ha adoptado estrategias
presupuestarias que claramente apuestan por la estabilidad económica que
genere empleo, mayor drama político y social de este país, estrategias
presupuestarias que tratan también, por primera vez, de introducir
criterios de cierta rigurosidad en la posible reducción del gasto público
en el futuro y que han tenido traducción en lo que ya todos conocemos,
que es, en primer lugar, declarar no disponibles partidas presupuestarias
por importe de 200.000 millones de pesetas, y, en segundo lugar, por las
medidas de carácter estructural que el señor Barea ya ha enumerado en su
comparecencia.

Esa estrategia de estabilidad presupuestaria y de reformas estructurales
tiene como objetivo nuestra incorporación en la primera fase a la Unión
Europea, y, segundo, resolver ese problema interno, porque nuestro país
en este momento, como herencia del Gobierno del Partido Socialista, tiene
una tasa de paro que dobla la media de cualquier otro país de Europa.

Creo que ha sido una información ilustrativa, ha sido una comparecencia
medida y rigurosa. No le pueden pedir ustedes --yo no me atrevo a
responder por el señor Barea, ya lo hará él en persona-- que hable de
unas estrategias presupuestarias que se concretarán en la ley de
presupuestos generales del Estado para 1997 cuando todavía están en fase
de discusión y todavía no hay siquiera el acuerdo de Consejo de
Ministros; en último lugar, debe ser la Cámara quien conozca en su
conjunto el contenido de los próximos presupuestos generales del Estado.

Además, yo diría que son unos presupuestos del Estado --aquí me atrevo a
dar una opinión como portavoz del Partido Popular en esta materia-- que
van a ser los más importantes desde que se instauró la democracia, con la
única excepción quizás del período predemocrático, de los presupuestos
que se generaron como consecuencia de los pactos de la Moncloa, que
además fueron importantes en un sentido muy diferente al de los
presupuestos generales para 1997.

Por lo tanto, no ha sido una excepción, sino que ha habido una
intervención absolutamente rigurosa, en la que ha explicado las
estrategias presupuestarias del Gobierno; lo que no ha hecho ha sido
jugar a lanzar globos sonda, como algunos pretendían que hiciera el señor
Barea.

La tentación me puede y tengo que responder al portavoz presupuestario
del Partido Socialista, señor Borrell, diciéndole que evidentemente me
ratifico en lo que dije hace unos días. El señor Borrell si fuera un
gestor privado, si exigiera una simetría entre las normas contables
privadas y las públicas, se pasaría algunos fines de semana castigado y
castigado por el juez. Nada más, sin ánimo de proseguir en esta disputa
estéril, le recordaré que el Código Penal, que ustedes aprobaron con la
abstención del Partido Popular, en su artículo 310 dice que una
contabilidad llevada de la misma manera que ustedes llevaron la
contabilidad presupuestaria del Estado durante el ejercicio 1995 y
anteriores produciría un tipo penal que está definido de la siguente
manera: será castigado con la pena de arresto de siete a quince fines de
semana --por lo tanto, usted lo tiene muy complicado-- y multa incluso
hasta diez meses el que estando obligado a llevar contabilidad mercantil,
libros o registros fiscales, dice el apartado c), no hubiere anotado en
los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general,
transacciones económicas o los hubiera anotado con cifra distinta a las
verdaderas.

Yo creo que el informe de la Intervención General del Estado en este
aspecto sobre el agujero de los 721.0000 millones de pesetas es claro,
deja muy clarito que ha habido unas irregularidades contables
importantes, y eso, señor Borrell, le hubiera costado a usted quince
fines de semana castigado, como mínimo, según apuntan por ahí.

Volviendo a la intervención que nos ocupa, yo creo que el señor Barea va
a mantener en su respuesta las mismas líneas argumentales de su
exposición inicial y, evidentemente, no va a poder responder a preguntas
que ya tendrán ustedes tiempo de hacerlas en el órgano y en la
tramitación de los presupuestos generales del Estado.

Evidentemente, suscribimos las afirmaciones que ha hecho el portavoz de
Convergència, en el sentido de que el Pacto de Toledo no es sólo para
Convergència sino para el Partido Popular un instrumento de gran valor
político, del que nos hemos autodotado todos los grupos políticos de esta
Cámara, que precisamente tiene un sentido equilibrador del sistema, tiene
un sentido de buscar la seguridad en el sistema de provisión público de
pensiones y que, por supuesto, no tiene un sentido de recorte, un sentido
de agresión a las clases más débiles de nuestra sociedad; todo lo
contrario, tiene el sentido de buscar que haya una seguridad, que no se
desborde el sistema, que podría estar ciertamente en sus principios algo
desequilibrado. Lo que sí es verdad es que el Partido Popular ha apostado
por hacer un recorte en el aparato del Estado y ese recorte viene no sólo
porque estamos viviendo reducciones de costes en el ámbito privado, sino
porque es evidente que hay que incrementar la productividad en la
provisión de bienes y servicios por parte del Estado en su conjunto. Y
ese esfuerzo no debe ser solamente del Estado central; tiene que afectar
también a las otras partes que conforman el Estado en un sentido
constitucional de comunidades autónomas y también de entidades locales.

Es muy importante que todo el mundo comprenda que hasta el momento y
desde que nos dotamos de la Constitución de 1978, quizás por las
carencias históricas que este país tenía, hemos vivido muy por encima de
las posibilidades que hemos tenido, y eso ha provocado un incremento yo
diría que exponencial de la deuda pública y el ir financiando, ajustando,
o cuadrando, los presupuestos permanentemente con apelación a las
entidades financieras que cubrían aquella parte que no podían cubrir los
ingresos fiscales. Quería decir que los ingresos fiscales en este país
están soportados en un sistema fiscal que tiene una presión



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fiscal individual que es la más alta de Europa (Rumores.) y además es un
sistema fiscal que en su conjunto es tan inadministrable que ha producido
que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea un impuesto
sobre el trabajo y no un impuesto sintético sobre todas las rentas que se
están generando en este país.

El Partido Popular se ha comprometido a ir reduciendo poco a poco esta
presión fiscal, de forma que vaya acompasada con la reducción de la deuda
pública y, en definitiva, del déficit público. Pienso que hay que esperar
al medio y largo plazo, al término del desarrollo del trabajo político y
de gestión de una legislatura para ver lo que el Partido Popular es capaz
de hacer.

Por tanto --y termino ya para no ser demasiado extenso--, creo que la
comparecencia del señor Barea ha dado plenamente en la diana, nos ha
explicado las estrategias del presente, y no de lege ferenda del
Gobierno, sobre los presupuestos, sobre la ejecución presupuestaria, que
es su función, y no ha entrado en materias que todavía están por
consolidarse, por cuajarse y por cristalizarse.




El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones de los grupos, tiene
la palabra el señor Barea.




El señor DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO (Barea Tejeiro): Quisiera
ante todo aclarar cuál es mi función, porque se me ha citado para que
diga la política presupuestaria del Gobierno, no la mía, la del Gobierno;
al menos, yo lo he interpretado así.

Yo he expuesto la política presupuestaria del Gobierno, con la cual estoy
conforme puesto que he hecho un montón de documentos, asesorando al
Presidente y al Gobierno en general sobre las estrategias presupuestarias
necesarias, para cumplir dos objetivos y en ello ha sido en lo que he
encuadrado la exposición que he hecho: el Tratado de Maastricht, sin
intentar hacer en ningún caso una exposición doctrinal, sino resaltar
aquellos puntos del Tratado de Maastricht que condicionan una política
presupuestaria para este Gobierno, que quiere cumplirlos.

Este Gobierno se ha comprometido, tanto en la investidura del Presidente
como después en declaraciones, y quiere una política de estabilidad
económica, porque es la única que va a generar empleo. La prueba está en
cómo en este año esa política de estabilidad económica está generando
empleo. Este es el marco en el que he situado mi exposición: el Tratado
de Maastricht y si la política presupuestaria que el Gobierno va a tener
está o no encuadrada en ese marco contractual de Maastricht.

Quizá en otros gobierno no ha sido así. Primero hubo un Plan de
Convergencia, que hubo posteriormente, con los indicativos de Maastricht,
que modificar como consecuencia de que no se había realizado una política
presupuestaria de ajuste de acuerdo con el Tratado. Yo vengo a explicar
esa política presupuestaria que el Gobierno se ha diseñado y a lo cual he
contribuido con mis documentos, ya que he estado trabajando y sigo
haciéndolo para la realización de estos documentos de estrategia
presupuestaria algo así como catorce horas diarias. Los que han estado en
Presupuestos, sobre todo en las fechas en que se comienza, saben que esto
es lo normal; no es que lo haga yo, sino todos los que trabajan en el
campo presupuestario. Y más este año.

Hay que tener en cuenta que otros años la orden de elaboración del
presupuesto salía en enero o en febrero lo más tardar para que estuvieran
preparados el 30 de septiembre. Este año no pudo ser así, puesto que el
Gobierno se constituyó en el mes de mayo y había ya tres o cuatro meses
de retraso sobre lo que era normal. Por eso he dicho que en parte el año
1996 se ha perdido, porque no se ha podido elaborar una estrategia
presupuestaria de forma que hubiera dado tiempo a incluir reformas
estructurales que son necesarias, que se tendrán que incluir en la ley
general presupuestaria, algunas incluidas en la propia Ley
Presupuestaria.

No he pretendido con mi exposición primera sino centrar el objetivo del
informe a esta Cámara, pero también quiero decir que no era mi intención
--ni creo que fuera de la Comisión al citarme-- explicar lo que va a ser
el presupuesto del año que viene. Creo que, por cortesía de la Cámara, ni
yo podía explicarla, ni estaba yo autorizado a explicar el presupuesto;
tiene que ser el Gobierno, en el Pleno de la Cámara, quien haga esa
explicación. Yo venía a explicar las estrategias presupuestarias y es lo
que he hecho. Explicarlas.

¿Qué condicionantes tenían estas estrategias presupuestarias que ha
adoptado el Gobierno? Primero, no subir la presión fiscal. Esto es un
condicionante para una estrategia. Podía haber adoptado otra y no lo ha
hecho, a pesar de que la reforma que se hizo en 1985 del Impuesto de
Sociedades va a tener en 1997 un efecto sobre la recaudación. Se ha
estimado alrededor de 180.000 millones la rebaja que va a tener en la
recaudación, como consecuencia de la reforma del Impuesto de Sociedades.

Aunque se ha dicho que se ha vulnerado el principio de que baja la
presión fiscal, no es así, señorías, porque ya hay una rebaja de 180.000
millones de pesetas, que es una estimación; en tanto en cuanto no se
ponga ese resultado en las cuentas, no será una realidad. Eso es lo que
ha estimado la Agencia Tributaria como consecuencia de la modificación de
la Ley del Impuesto de Sociedades. 180.000 millones de pesetas.

Segunda cuestión, gasto público. El gasto ineludible --ya lo he dicho en
la exposición--, el que viene comprometido ya, representa en España un
porcentaje muy elevado del gasto total; he dicho que era un 84 por ciento
aproximadamente. ¿Por qué? Vamos a ir repasando un poco cuáles son los
tipos de gasto que vienen condicionados por el pasado y no por decisiones
del actual Gobierno, sino por leyes, por tratados, por acuerdos
anteriores.

El gasto de aportación, de participación en los ingresos del Estado de
las Comunidades Europeas, consecuencias del Tratado, tiene una
participación en los ingresos y otros que son ingresos propios de la
Comunidad, como son los de Aduanas, que el Gobierno no puede cambiar
porque supondría cambiar el Tratado, ya firmado; luego eso le viene dado.

Los porcentajes de participación en los ingresos de los entes
territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos también vienen
dados, incluso por leyes orgánicas.




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Por tanto, tampoco el Gobierno, lo que sale lo tiene que poner.

Respecto a los intereses de la deuda, es el mercado el que fija el tipo
de interés. Parece ser que el mercado está confiando en la política
económica realizada por el Gobierno, porque no sé qué pasa, pero los
tipos de interés van bajando, por algo será; será porque la política
económica que está realizando no es mala. Hay una bajada del gasto
comprometido, pero también una subida respecto al año porque el déficit
ha sido creciente.

Hay un gasto de protección social, que son derechos subjetivos que están
definidos por leyes, y en tanto no se modifiquen las leyes, nadie, ningún
gobierno puede modificar esos derechos subjetivos. Este Gobierno lo ha
dicho ya por activa y por pasiva y firmó el Pacto de Toledo. Y respecto a
esta cuestión quisiera decir --puesto que algunos se dedican a buscar en
las opiniones que yo como profesor he dado en revistas o en libros-- por
qué no han encontrado una que expresaba mi opinión sobre la protección
social diciendo que era el principal activo que tenía la sociedad
española y que había que conservarlo. Si tan aficionados son a ir
investigando lo que he dicho en el pasado, ¿por qué no investigan las
cosas que he dicho sobre este particular? Esa partida no sólo no va a
sufrir algún recorte, sino que va a experimentar el aumento
correspondiente al número de nuevos pensionistas, que crece
automáticamente y depende de la demografía y no del Gobierno, de la
pensión real media, que es consecuencia de que los nuevos pensionistas
tienen una pensión media más alta que los que causan baja. Todo esto hace
que ese gasto en pensiones vaya a crecer entre el 5 y el 5,5 por ciento
y, a pesar de que el crédito sea ampliable, va a figurar la cantidad
exacta que corresponda, de tal manera que al presupuesto se va a
acompañar un anexo en el cual se haga constar el método de cálculo
útil... (El señor CERCAS ALONSO: ¡Lo hemos hecho siempre!) Perdón, le
contestaré en su momento. Como iba diciendo, al presupuesto se va a
acompañar un anexo en el que se haga constar el método de cálculo para
determinar el crédito, porque si hubiera sido siempre así, primero, no se
ha acompañado, segundo, no hubiera habido créditos ampliables que han
hecho que las desviaciones entre los créditos iniciales y los créditos
finales hayan oscilado alrededor del 20 o el 25 por ciento. Es cierto que
después de 1993 esto se atenuó y estuvo alrededor del 12 o del 15 por
ciento, pero ha habido años en que llegó al 20 o al 25 por ciento. Son
cifras oficiales publicadas por la Intervención General de la
Administración del Estado. Primero, se quitan absolutamente todos los
créditos ampliables, excepto aquellos dos en que, por su propia
naturaleza, cuando un pensionista venga a cobrar no se le puede decir: No
le puedo pagar porque no tengo crédito. Es lógico que el crédito sea
ampliable. En el crédito de intereses de la deuda ocurre lo mismo; cuando
van a cobrar el título o los intereses no se les puede decir que no se
les paga y es ampliable. Estos son los dos únicos conceptos que quedan
como crédito ampliable para que el presupuesto responda a las verdaderas
necesidades y a los gastos reales, y, además, uniendo como anexo cómo se
ha calculado el crédito de estos créditos ampliables. Que no ha sido así
lo demuestra el hecho de que cuando se celebraron las elecciones y se
produjo el relevo, en el ajuste que hizo el Gobierno del Partido
Socialista, junto a los dos decretos-leyes y a la prórroga del
presupuesto entregó un estado en el que estimaba los créditos que iban a
hacer ampliables en el transcurso del año, y según la estimación del
Gobierno entonces, porque no estaban contemplados en ese presupuesto, la
cuantía era de 340.000 millones en intereses de la deuda, aproximadamente
30.000 en clases pasivas.

Entonces, y siguiendo con la estrategia: No hay absolutamente ninguna
modificación en lo que se refiere a protección social porque el Gobierno
no puede modificarla, y además ha sido voluntad política del Gobierno no
modificarla; Pacto de Toledo, lo que resulte de las negociaciones con los
agentes sociales; y queda el asunto de los gastos de funcionamiento de la
Administración pública. ¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué estrategia ha
adoptado el Gobierno? En las remuneraciones de personal --no sé cómo se
me pregunta a mí si el Gobierno ya lo ha dicho--, absoluta congelación de
los sueldos de los funcionarios, como ya se ha hecho otras veces por el
Gobierno anterior. No incremento, no cobertura de las bajas que sucedan
en el transcurso del período. Esto supone un ahorro de 200.000 millones
de pesetas aproximadamente.

En compra de bienes y servicios, el otro elemento del gasto de
funcionamiento de los servicios, hay una reducción de carácter general
del 10 por ciento de los créditos, con la advertencia a todo el mundo de
que lo tiene que ahorrar, porque hemos visto créditos extraordinarios,
que se han tramitado recientemente como gastos del año 1995, y hemos
comprobado que había un sinfín de gastos de funcionamiento de los
servicios que se habían realizado, cuyas facturas estaban allí y que no
se habían pagado. Es voluntad total del Gobierno que no vuelva a suceder,
y para eso ha puesto en la Ley de Presupuestos, que después se trasladará
a la Ley General Presupuestaria, un precepto en el que hace vinculante no
a nivel de artículo, como se había hecho en la Ley General Presupuestaria
(y ahora hablaré de mi participación en la misma), repito que no a nivel
de artículo como se hizo en un principio, y después de ver lo que sucedía
en algunos casos se bajó a nivel de concepto, sino que en el nuevo
presupuesto que ustedes discutirán y aprobarán en su caso va una
limitación a nivel de subconcepto, de tal manera que hoy no se podrá
gastar, por ejemplo, en publicaciones, en propaganda, en cosas que el
gestor en ese momento ha considerado más prioritario para él, en gastos
de funcionamiento de la Administración como son los de la luz, el
teléfono, papel, etcétera, que son todos los que han originado una parte
de ese agujero presupuestario (posteriormente explicaré en qué sentido se
le llama agujero presupuestario) y que ha tenido que tramitar el Gobierno
y presentar a esta Cámara. Esta es la estrategia que ha diseñado.

Quedan las subvenciones de empresas públicas. En el Decreto-ley que llegó
a esta Cámara ha habido créditos para otorgar subvenciones a empresas
públicas que estaban en el contrato-programa y, sin embargo, no se puso
en presupuesto. El contrato es algo de cumplimiento de ambas partes; si
eso no se pone en el presupuesto, deben ser



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modificadas las dos partes del contrato-programa; si no, hay que
incluirlo porque es obligatorio que, a través de ese contrato-programa
aprobado por el Gobierno, se incluya el crédito presupuestario para hacer
efectiva esta obligación en que había incurrido.

Para que no se me olvide, voy a contar mi intervención en la Ley General
Presupuestaria. Era yo subdirector entonces. He estado algo así como
dieciocho años en Presupuestos ocupando toda la escala, empezando casi de
funcionario de a pie hasta subsecretario de Presupuesto y Gasto Público y
director general. El primer anteproyecto de la Ley General Presupuestaria
se hizo en la Subdirección de Inversiones, de la cual era yo subdirector.

Una vez hecho, se nombró una comisión dentro del Ministerio para que
estudiara esa Ley General Presupuestaria con representantes de muchas
direcciones generales del Ministerio, entre los cuales estaba yo. Cuando
se aprobó la Ley General Presupuestaria, yo ya no desempeñaba funciones
en el Ministerio --estaba fuera en el año 1977 y volví después--, pero la
Ley General Presupuestaria no permitía en absoluto ese comportamiento
laxo que la Administración pública ha tenido posteriormente. Fue a partir
del año 1983 ó 1984 cuando empezó a modificarse la Ley General
Presupuestaria en virtud de las sucesivas leyes de Presupuestos que
modificaron los artículos que sujetaban la Administración del Estado a
los créditos que había aprobado la Cámara. A partir de entonces, las
consecuencias de eso se convirtieron en el agujero. En los años 1990,
1991, 1992 y 1993, el Tribunal de Cuentas, órgano de control externo a la
propia Administración --podemos decir que la Intervención General es un
órgano de control, pero es interno a la propia Administración--, un
órgano absolutamente independiente de la Administración, ha puesto de
manifiesto en todos sus informes cómo se trasladaban gastos de un año a
otro, sin crédito presupuestario en el año en que debieron ser imputados,
lo que suponía un traslado de déficit de un año a otro y, por tanto, que
las cuentas públicas no reflejaban la realidad de la actividad económica
del sector público.

Yo no quiero decir con esto que el agujero presupuestario sea algo
punible por el Código Penal, no he dicho eso --sus razones tendrá S. S.

si lo ha dicho, pero yo no lo he dicho--; lo que sí digo es que un
agujero presupuestario existía el 31 de diciembre de 1995, ya que había
772.000 millones de pesetas gastados sin crédito presupuestario y con
facturas del año 1995. Creo que eso es un agujero entre el crédito puesto
que debió gastar y aquello que gastó, gastó 772.000 millones de pesetas
de más que el crédito presupuestario. Juzguen ustedes si existía o no
agujero.

Yo estoy de acuerdo con el Pacto de Toledo puesto que es la percha en la
que se pueden colgar las modificaciones que en nuestra protección social
haya que realizar. Este pacto ha sido suscrito por todos los partidos
políticos, entre ellos el Partido Popular. Quiero dejar constancia de que
yo no soy del Partido Popular; aunque no es necesario que lo diga, yo lo
digo, no he pertenecido nunca a ningún partido político, aunque como
técnico haya servido a muchos gobiernos. Creo que es el instrumento
idóneo para, cuando se vean las dificultades, anclar ahí la reforma
necesaria; reforma que ya en parte está incluida en el Pacto de Toledo,
no nos engañemos. El Pacto de Toledo supone el instrumento para ir
corrigiendo las desviaciones que la protección social pueda sufrir y
estoy absolutamente de acuerdo con él. Para mí, la importancia, mucha; la
viabilidad, absoluta. Como aquí se ha dicho muy bien, creo que ha sido
por el representante de Convergència i Unió señor Homs, efectivamente el
Pacto de Toledo constituye el principal instrumento que en estos momentos
se han dado los partidos políticos para hacer siempre viable el sistema
de protección social, que ya he dicho, no ahora sino en muchos escritos
que pueden ver los que están acostumbrados a leer mis declaraciones, que
es el principal activo que tenemos para conservar la cohesión social en
España.

Reducción de gastos y déficit, pregunta formulada por el representante de
Convergència i Unió, que ha planteado cuestiones muy acertadas. Ha
preguntado concretamente si se está dispuesto a cambiar el aparato del
Estado y qué medidas se están estudiando. Cuando yo dije que parte de
1996 es un año perdido, me estaba refiriendo a que en ese momento nada
más tomar posesión el Gobierno, tuvo que hacer los estudios pertinentes
para saber la capacidad de gasto que hay en el presupuesto heredado y el
cumplimiento del objetivo de déficit, a declarar no disponibles 200.000
millones y, a la vez, empezar con el nuevo presupuesto. Las reformas de
la propia Administración requieren esas medidas estructurales. También he
dicho en libros que tenemos una Administración con una organización del
siglo XIX, con una concepción de esa organización y del funcionamiento de
tipo weberiano, que miraba la legalidad, hasta que en determinados
momentos incluso ni esto porque se quebró a través de esas reformas de la
Ley General Presupuestaria, pero no la eficacia y la eficiencia. Sobre la
eficacia y la eficiencia, que constan en preceptos constitucionales de
nuestro país, yo diría que se ha hecho poco o nada.

Cuando llegó al poder el Partido Socialista en el año 1982 habló de la
modernización de la Administración pública. La reforma, la modernización
de la Administración pública sigue ahí. Es un tema lento. No se puede
hacer de boletín, no se puede ir con una ley diciendo que la reforma es
ésta y que se empiece porque entonces fracasará. Es un tema que hay que
abordar pausadamente pero con prisa. Hay que ir ensayándola, con la
prueba y el error, probando, rectificando, extendiéndola a muchos campos.

La función de la Administración pública es la de financiar los servicios
públicos. Me parece que este extremo el señor Homs lo ha puesto de
manifiesto, y eso es lo que le interesa al ciudadano: que los servicios
se le den gratuitos y con un coste eficiente. Eso requiere implantar una
contabilidad de coste, una contabilidad analítica, campo en el que, a
pesar de estar en la Ley General Presupuestaria, no se ha avanzado nada.

Es un trabajo lento. Desde el mes de mayo al de septiembre me he
embarcado en un presupuesto del año 1996 y en un presupuesto para 1997, y
esas cuestiones han quedado sobre la mesa para trabajar sobre ellas. Me
han preguntado para qué. Pues es lo que está en cartera en lo sucesivo.

No se trata de que la Oficina presupuestaria lo haga, sino de que elabora
informes para que esa eficiencia



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de la Administración, eficiencia organizativa y eficiencia en el proceso
de toma de decisiones se lleve a cabo.

El señor Peralta, de Izquierda Unida, me ha dicho que a dos semanas de la
presentación del presupuesto no he dicho nada sobre él. Es obvio que no
podía decir nada. He mencionado las estrategias presupuestarias. He
hablado algo de la protección global, porque eso no se puede modificar,
el Gobierno viene impuesto. Lo demás, el 84 por ciento del presupuesto es
lo que he explicado al hablar de las partidas principales que han
soportado un ajuste, que ha sido muy duro, como ya he dicho. El gasto va
a estar en torno al 2 por ciento y con un hecho, como ya he dicho, que va
a ser de aplicación en el próximo año. No se va a contar con los ingresos
de privatizaciones (las plusvalías originadas por las privatizaciones son
clave) como ha sucedido en los ejercicios anteriores; en éste tampoco. No
se va a poder asumir la deuda pública, la deuda que habían emitido las
empresas públicas, porque el nuevo SEC y la interpretación que la
Comisión ha hecho del SEC-70 es que eso supondría una transferencia de
capital a esa empresa y, por tanto, tendría incidencia en el déficit
público. Estos son dos instrumentos que habían servido para cuadrar los
Presupuestos en ejercicios anteriores y que ahora no se van a poder
disfrutar.

De una cuestión sí quisiera hablar: descentralización del gasto público
en comunidades autónomas y sus efectos sobre el déficit. No cabe duda de
que la descentralización que se ha efectuado con la creación del Estado
de las autonomías era necesaria; estaba en la Constitución. La cuestión
está en si los servicios que han sido transferidos a las comunidades
autónomas han originado dentro de la Administración central una reducción
de ese gasto de funcionamiento en su organización y en su número de
funcionarios. Esto no ha sucedido así. No ha sido el hecho de crear dos
administraciones, sino el hecho de que una se quita porque sus funciones
se trasladan a otros órganos, las comunidades autónomas. Automáticamente
eso debería haber producido una reducción del gasto en la Administración
central. Los funcionarios han permanecido y el gasto de funcionamiento y
su organización también. Incluso ha crecido el gasto de aquellos que
habían hecho esa descentralización.

El presupuesto del próximo año va a seguir, como ya se venía haciendo, en
un traspaso de reducción de la aportación de las cuotas de Seguridad
Social a la sanidad y una mayor aportación del Estado a sanidad y al
resto de la Seguridad Social, puesto que, en definitiva, la separación
entre las prestaciones contributivas y no contributivas (que, por cierto,
también lo había dicho yo en otro de mis estudios que publiqué) es el
camino que se va a seguir en esa estrategia presupuestaria. Lo que no
puedo decir es cuánto, porque eso lo tendrán que decidir. Primero, no
está aprobado. Una cosa es la estrategia y cuánto se materializa ni
siquiera yo lo sé, porque hasta el próximo viernes el Gobierno no
aprobará el presupuesto.

El señor Zabalía ha hecho una pregunta muy importante, yo creo, sobre el
presupuesto como papel de control del gasto público, en la elaboración,
en la ejecución y en el control. Efectivamente, es lo que se pretende
hacer. A pesar de los pocos meses que lleva el nuevo Gobierno y de que la
Ley General Presupuestaria, que es permisiva en todo esto, no se puede
modificar puesto que se enviará ya a final de este año a la Cámara y no
entrará en vigor, por tanto, hasta el año 1998, se ha querido adelantar
para que ni en el proceso de elaboración ni en el proceso de ejecución ni
en el proceso de control exista la laxitud que consentía la Ley General
Presupuestaria (no la de 1977, sino la aprobada por el Real Decreto
legislativo, puesto que había sido una refundición de lo que leyes de
presupuesto habían modificado anteriormente), con todos los créditos
ampliables, con todas las incorporaciones de crédito, en la ejecución del
presupuesto, en el que el crédito no era limitativo para las obligaciones
que se tenían que contraer y sucedía lo que ha pasado con los 721.000
millones, y en cuanto al control, definiendo claramente, ya lo he dicho
también, en la nueva Ley General Presupuestaria los tipos de funciones
que realiza cada agente y en función de ello qué legislación de tipo
presupuestario le debe ser aplicable. Por consiguiente --en este extremo
me permito discrepar un po-co--, el incumplimiento viene en parte de la
permisividad de la ley y también de la permisividad del comportamiento de
los agentes que excepciona.

Efectivamente, hay dos órganos de control dentro de nuestro aparato
institucional. Uno, el control interno de la propia Administración, pero
externo, no dependiente, digamos, funcionalmente de ningún ministerio; y
dos, el control absolutamente externo a la Administración que realiza el
Tribunal de Cuentas. Cuestión de mayor coordinación. Ya saben ustedes que
cuando existen órganos absolutamente independientes es difícil esa
coordinación. El Tribunal de Cuentas es un órgano dependiente de esta
Cámara, más o menos, y la Intervención General es un órgano de la propia
Administración. No obstante, yo creo que cada uno en su campo realiza una
función importantísima. Y respecto al Tribunal de Cuentas, yo he escrito
algún artículo en el que decía que me extrañaba cómo la Cámara, ante
hechos relevantes explicitados en sus informes, había pasado sin hacer
casi nada sobre las grandes desviaciones que el Tribunal de Cuentas
estaba poniendo de manifiesto.

División de funciones entre la Secretaría de Estado del Ministerio de
Economía y Hacienda y la Oficina del presupuesto dependiente directamente
del Presidente del Gobierno. Hay dos modelos para organizar la gestión
presupuestaria: el modelo americano, en el que la oficina del presupuesto
depende directamente del presidente, el cual tiene todas las funciones;
el modelo francés, con un ministerio del presupuesto dependiente también;
y aquí hay, digamos, una especie de organización compartida: una oficina
del presupuesto, que la denominaría como oficina pensante de estrategias,
que no interviene directamente en la discusión con los ministerios, que
tiene a su cargo la otra Secretaría de Estado, la del Ministerio de
Economía, que ha llevado absolutamente toda la discusión de las partidas
presupuestarias con cada uno, dentro de una estrategia que previamente
había sido fijada en unas reuniones que hemos tenido, presididas por el
Presidente del Gobierno, el Vicepresidente económico y los Secretarios de
Estado de Hacienda y de Economía y yo mismo. Allí se definían unas



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estrategias que después se tenían en cuenta en las discusiones de cada
ministerio. Afortunadamente no ha surgido ni el más mínimo roce entre las
dos secretarías. Desde el primer momento establecimos esta línea
divisoria de competencias, lo cual ha sido bueno para llevar a cabo tanto
las funciones de la Oficina del Presupuesto como de la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos.

Puede ser que con la cantidad de papeles que tengo aquí, notas y más
notas, algunas cosas, indefectiblemente, se tienen que quedar en el
tintero. Por ello les pido mil perdones si cuestiones que pudieran ser
fundamentales no las he tocado. Yo he tratado de recoger aquello que me
parecía más importante de las preguntas y observaciones que se habían
realizado a mi intervención.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barea.

Como es normal en este tipo de comparecencias, abriremos un segundo
turno, rogando a quienes hagan uso de la palabra que sean lo más breves
posible, dada la duración de esta sesión de comparecencia.

¿Todos los grupos que han hecho uso de la palabra quieren repetir en este
segundo turno? (Asentimiento.) Empezaremos por don Josep Borrell, del
Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra.




El señor BORRELL FONTELLES: Es inevitable, señor Barea, que tomemos de
nuevo la palabra para hacerle observar que en su segundo intervención
tampoco ha entrado usted en ninguno de los temas por los cuales hemos
pedido su comparecencia. No nos ha contado Maastricht. Nos ha dado una
lección de Derecho comparado sobre cómo se organizan los órganos
presupuestarios en distintos países; tiene su interés. Pero le hemos
pedido que venga aquí para que nos explique no el presupuesto del próximo
año, no se escude usted tras eso; sabemos que no nos lo debe usted
contar. Pero sí que debería explicar a los representantes de la sociedad
española lo que profusa y difusamente ha estado usted contando, se supone
que con alguna relación con lo que el Gobierno hace, en temas tan
importantes como un IPC específico para los pensionistas, ¿o no lo ha
dicho usted nunca?; un recorte inmediato de 600.000 millones en el gasto
público; modificaciones en la fiscalidad de sucesiones y transmisiones
patrimoniales de empresas, por poner un sólo tres ejemplos. Por favor,
señor Barea, de eso usted no ha dicho ni una sola palabra. O las dijo
usted de más antes o ahora las echamos de menos. O no debió usted, desde
el puesto que ocupaba, plantear este tipo de propuestas o debería usted
habérnoslas explicado ahora. Pero ha preferido usted pasar de puntillas
sobre todo ello y decirnos algo tan obvio como que hay que cumplir con
Maastricht y para ello hay que reducir el déficit público. Si todo lo que
usted viene a decirnos aquí es que hay que cumplir con Maastricht y ello
exige reducir el déficit público, seguramente no le hace falta trabajar
14 horas diarias. (Rumores.)
No viene a explicarnos el presupuesto del año que viene; por supuesto que
no, aunque alguna consideración estratégica distinta de cómo organizan
los americanos su oficina presupuestaria nos hubiera gustado escuchar.

Dice usted que no hay que subir la presión fiscal, que no se va a hacer.

¿Cómo llama usted las subidas del tabaco y el alcohol? ¿Eso no es presión
fiscal y no ha habido incrementos?
Se queja de que el Impuesto sobre sociedades va a ver su recaudación
mermada como consecuencia de la nueva ley. Parece que todavía les sobra a
ustedes dinero, porque a esta nueva ley de sociedades han añadido una
regularización de balances que fue debatida y rechazada en el trámite de
esa ley, y una modificación a la baja de la tributación de las ganancias
de capital que implica, en su terminología, un futuro agujero para los
ingresos.

Yo no voy a entrar a discutir la estructura del gasto público. Es de
manual: lección segunda o tercera de Hacienda pública. Tampoco es lo que
estos Diputados esperaban escuchar de usted. Pero si quiere usted jugar a
catedrático, si quiere usted seguir disfrutando de un prestigio
intelectual, entonces tiene usted que ser riguroso. Puede usted hacer
como el señor López-Amor y decir tonterías (Risas.) o puede usted hablar,
desde una perspectiva intelectual y científica, de hechos y valoraciones
concretas. Y en este caso yo le pido que me diga cuándo ha habido en las
pensiones de la Seguridad Social, desde que gobernamos los socialistas,
una desviación superior al 1 por ciento. Dígame en qué ejercicio
presupuestario ha habido una desviación superior al 1 por ciento en el
crédito de pensiones de la Seguridad Social. Seamos concretos y
rigurosos. Y dígame qué ha pasado con los tipos de interés, porque usted
viene aquí a cantar las excelencias del Gobierno al que sirve diciendo
que gracias a la confianza que inspira los tipos de interés han bajado.

Señoría, ésta es la gráfica de la evolución de los tipos de interés en
España en los últimos cinco años. ¿La ve usted, verdad? La conocerá de
sobra. Habrá observado que la deuda a 10 años estaba al 13 por ciento
hace año y medio y ahora está al 7,5 o al 8, y que yo sepa eso no ha
ocurrido en los últimos cuatro meses. Es más: en los últimos cuatro
meses, la caída de los tipos de interés se ha estancado, en comparación
con siete puntos de disminución de cuando gobernaban aquellos que, según
usted, no inspiraban confianza. Explíquemelo. Explíqueme la evolución de
los tipos de interés y explíqueme las desviaciones en las pensiones de la
Seguridad Social, porque ahí es donde usted tiene que esmerarse en el
rigor.

Pone usted el ejemplo del contrato-programa de Renfe en ese agujero
--usted ha insistido en la denominación-- de 711.000 millones de pesetas.

Señoría, dígame sí o no las cuotas lecheras y los anticipos para el pago
del seguro de cambios de autopistas estaban contabilizados en el déficit,
según criterio de devengo, de contabilidad nacional de los años
correspondientes. Si es que sí no hay agujero alguno, estaba reflejado en
la contabilidad de devengo, y si es que no está usted en un error, porque
lógicamente ese tipo de operaciones la Intervención General las había
contabilizado, siguiendo el criterio de devengo, en el déficit de
contabilidad nacional que no se ve modificado por esos descubrimientos
entre comillas. Eso es lo que dice, y dice bien, el informe de la
Intervención General. Luego usted no puede venir aquí a decir que se ha
aumentado el déficit con respecto a lo contabilizado en esta cantidad
porque no es



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cierto, señor Barea. Yo le pido rigor. Le pido rigor y le pido que me
diga cuándo ha habido una desviación superior al uno por ciento en las
pensiones; que me explique quién y cómo ha causado, gracias a la mayor o
menor confianza, disminución de los tipos de interés; y que me diga si
esas partidas concretas habían sido contabilizadas por la Intervención
General, como es su obligación, en el criterio de devengo de contabilidad
nacional del año 1995.

Dice usted que el contrato-programa con Renfe obligaba a imputar al año
1995 una serie de cuantías. ¿Usted sabe cuándo se aprobó el
contrato-programa de Renfe? ¿Usted sabe que no hay presupuesto del año
1996, que el vigente es la prórroga del anterior, que el anterior se hace
en octubre del año 1994 y que esas circunstancias hacen imposible que el
presupuesto de 1996 refleje concretamente un contrato-programa, aprobado
posteriormente, que dice textualmente que se liquidará a su fin? ¿Por qué
imputar al año 1995 lo que depende del balance final de gestión de un
cuatrienio? Porque se utiliza un criterio contable de forma orientada al
colocar en el pasado obligaciones que con la ley en la mano y sin ninguna
laxitud, señor Barea, se hubieran podido perfectamente contabilizar en
los años 1996 y siguientes. De todas formas espero que, siguiendo sus
doctas indicaciones, el Gobierno remita de forma inmediata un decreto-ley
para colocar en el año 1996 las operaciones en curso de igual naturaleza
que las descubiertas entre comillas, porque de lo contrario incurrirían
ustedes en los mismos problemas que denuncian.

¿Pero de verdad cree alguien que ha habido un descubrimiento? ¿De verdad
ha descubierto alguien que España tenía una multa por exceso de
producción lechera? ¿De verdad ha descubierto alguien que el déficit de
Feve en 1994 estaba por liquidar, porque no estaba todavía el informe
final de la Intervención o de la auditoría correspondiente? ¿De verdad
cree alguien que las becas que se conceden en septiembre de un año tienen
que imputarse todas ellas en ese año, cuando se pagan y dos tercios de
los derechos surten efectos en el ejercicio siguiente?
Todo criterio contable es susceptible de interpretación. Esto no es un
problema de laxitud, es un problema de oportunismo. Yo no digo que no
hubiese habido deficiencias e insuficiencias presupuestarias en
determinados apartados del presupuesto del año 1995. Seguramente las ha
habido. Las ha habido, seguro. Yo reclamaba al Ministro del Interior,
cuando era Ministro de Correos los pagos, vía capítulo 2, de operaciones
que Correos prestaba al Ministerio del Interior. Pero esas partidas,
comparadas con el montón que han querido crear de 711.000 millones de
agujero, son insignificantes.

Usted fue Director General del Tesoro y del Presupuesto entre los años
1971 y 1976, y a partir de julio de 1977, si no me equivoco, Secretario
General de Presupuesto y Gasto Público. Algo habrá tenido que ver con la
Ley General Presupuestaria de 1977, algo más que la de un mero
subdirector, porque usted fue Director General del Tesoro y del
Presupuesto entre 1971 y 1976, y usted sabe perfectamente, o debe
recordar, que los artículos que permiten imputar a un ejercicio
presupuestario gastos originados en el anterior, e incorporar para ello
los remanentes de crédito del presupuesto anterior, no han sufrido
modificación desde la versión original de la ley. Esa es una posibilidad
lógica y racional que ojalá se mantenga, porque la vida no se puede
dividir en compartimentos estancos y todo presupuesto arroja sobre el
siguiente un conjunto de consecuencias que la Ley General Presupuestaria
prevé en buena lógica, permitiendo la incorporación de remanentes e
imputar al crédito de un año operaciones nacidas el año anterior. Luego
no hay ningún descubrimiento ni hay razones para desmelenarse.

Señor López-Amor, no voy a replicarle porque no es usted el
compareciente. Le voy a decir simplemente que su altura intelectual está
al mismo nivel que su humor negro con respecto a la esperanza de vida del
señor Barea, y que si en el Ayuntamiento de Madrid, en el que usted creo
que ha tenido alguna responsabilidad gestora, se aplicaran los mismos
criterios de imputación temporal del gasto que aquí usted defiende en
nombre del Código Penal, no sé cuántos fines de semana se pasaría usted
junto conmigo privados de libertad. ¿Cree usted, de verdad, que en el
Ayuntamiento de Madrid, si se le aplica la misma medicina, usted,
Concejal de Hacienda, no se va a encontrar con obligaciones nacidas del
pasado y que están todavía pendientes de imputación presupuestaria? Yo le
aconsejo un poco más de seriedad y un poco más de tino y tiento a la hora
de hablar de responsabilidades penales.

Pero quien comparece aquí es el señor Barea, y al señor Barea hay que
preguntarle: ¿Cree usted que tenemos más crédito o menos crédito ahora
que antes de esta operación de rebobine y marcha atrás de las cuentas
públicas? ¿Cree usted, de verdad, que los mercados financieros han
respondido con bajadas de tipo de interés a la dialéctica de la parada
del reloj de Maastricht o a los descubrimientos de agujeros
presupuestarios? ¿Cree usted, de verdad, a la vista de este gráfico que
los tipos de interés han bajado gracias al Gobierno del Partido Popular?
¿Lo cree usted, de verdad, a la vista de este gráfico que está
perfectamente horizontal desde hace cuatro meses y arroja una caída en
picado en el año y medio anterior? No, señor Barea, no es un problema de
confianza a este Gobierno, que está dando todas las razones del mundo
para que la confianza disminuya día a día. Usted ha venido aquí a
decirnos que está de acuerdo con el Gobierno. La pena es que el Gobierno
no parece estar de acuerdo con usted en casi nada. Pero puesto que ha
venido y no ha hablado de aquello que nos interesaba, yo le ruego que en
próximas comparecencias o remisiones de documentación trate usted de
explicarnos, por ejemplo, cuál es su evaluación del coste del nuevo
sistema de financiación autonómica. Tendrá usted alguna. ¿O no la tiene?
El señor Aznar dice no tenerla, pero usted le habrá asesorado y
explicado. ¿Cuánto cuesta el nuevo sistema de financiación autonómica?
¿Cuál es el coste de las medidas fiscales tomadas para 1996 y 1997 por
decreto-ley? ¿De dónde salen los 600.000 millones de ingresos adicionales
que el señor Piqué anunció ayer en Barcelona por privatizaciones? ¿En
cuánto cifra usted el ahorro por esa nueva estrategia de alquileres, tan
cacareada, como antes lo fueron los 5.000 altos cargos? Estas son las
cosas que nos interesan. ¿Qué opina el Gobierno al que usted asesora
sobre



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el IPC para pensionistas? De todo esto usted no ha dicho una sola
palabra. Nos ha explicado cosas muy interesantes, pero permítame
recordarle que no somos sus alumnos en la facultad, que esto es una
asamblea política que quiere respuestas políticas a problemas económicos
pero que tienen, inevitablemente, una dimensión política que no se puede
obviar.

Habla usted de la reforma de la Administración y ha parecido lanzar un
deje de duda sobre el incremento de esta eficacia y eficiencia. Yo sólo
le pido que compare usted la Seguridad Social que usted dejó en 1982 con
la Administración de la Seguridad Social que hemos dejado nosotros.

Compare usted y dígame cuál es más weberiana, cuál es más eficaz y
eficiente, cuánto tiempo tardaba usted en reconocer una pensión y cuánto
tiempo se tarda ahora.

Estas son las cosas que interesan a la gente, no los discursos teóricos.

Desde esa perspectiva yo creo que ha faltado absolutamente a las
expectativas y a las razones por las cuales le hemos convocado aquí. Y
tendrá usted que volver, como tendrá que volver el señor Folgado, a
contarnos aquello que ustedes profusamente han contado a la sociedad
española y que, sin embargo, le niegan a la Cámara. Y por favor, si tiene
ocasión en su última intervención de contestar a esas cosas tan concretas
y precisas, su comparecencia no habrá sido tiempo perdido.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Barea, señorías, yo creo que tan malo
sería que nos centráramos en discutir futuros utópicos como que
discutiéramos de pasados que son pasados y no se pueden modificar. Yo
creo que los ciudadanos de este país esperan de nosotros, y para eso
estamos aquí y nos han votado, que seamos capaces de construir el futuro,
día a día, y transformar la realidad. De ahí que, señor Barea, los
ciudadanos esperan de usted, Director de la Oficina presupuestaria del
Presidente de Gobierno, que dé datos, y cuando usted ha querido, señor
Barea, ha dado datos. Por ejemplo, ha dicho usted con rotundidad que el
incremento del sueldo de los funcionarios es cero, que no se cubren las
vacantes, que los gastos suben el dos por ciento. En todo esto se dice,
señor Barea, si hay datos concretos, porque la subida del dos por ciento
de los gastos totales implica datos parciales concretos. No los ha
querido dar usted por lo que se ve. Imagino que buenas razones tiene.

Si atendemos a las manifestaciones que hace alguno de los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno y que hablan de las dificultades
que hay para esos apoyos, quizá encontremos la explicación, aunque la
misma nos hace pensar que la estabilidad y la fortaleza de este Gobierno
para el que usted trabaja, aunque no sea del Partido Popular, eso no
quita para que este Gobierno sea de derechas y trabaje usted para un
gobierno de derechas, con toda su independencia técnica, con toda su
valía profesional, pero la ideología y la práctica del Gobierno es la que
es, ése para el que usted trabaja y en el que usted es un alto cargo
político, nada menos que Secretario de Estado, pues ese Gobierno al
parecer tiene dificultades para llevar a la práctica una política
gubernamental coherente con su ideario y necesitado de apoyos
parlamentarios para la estabilidad y para sacar adelante los
presupuestos. En nuestra opinión, ésa es la razón importante por la que
hoy usted aquí no nos da datos.

Pretender que la razón es otra, señor Barea, y que es, como ha dicho, que
usted sólo es el cerebro de los presupuestos y que la labor de discusión
con los ministerios le corresponde a otra persona, en la medida en que
esa otra persona pueda carecer de cerebro, como ha dicho, porque el
cerebro está en la Oficina de presupuestos de la Presidencia, no es un
modelo de Administración pública que nos parezca muy positivo y muy
clarificador. Estaría de acuerdo con usted en que la Administración
pública española necesita reformas, pero esa innovación que usted dice
que están poniendo en práctica de que por un lado existe un cerebro
presupuestario y, por otro, un ejecutor presupuestario que se tiene que
reunir con el Vicepresidente y con el Presidente del Gobierno, de
entrada, señor Barea, nos parece discutible y dudoso que sea la gran
modernización que se requiere en esta materia. Esperemos resultados. Los
que conocemos hoy, 17 de septiembre, por lo que se refiere a los
presupuestos de 1997, no son nada alentadores.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Quiero agradecer al señor Barea las
explicaciones que ha dado a las preguntas que le he hecho. Me ha
contestado más que nada a una de las dos cuestiones que he planteado,
concretamente a la segunda, el presupuesto como instrumento de control
del gasto público, pero no me ha contestado a la primera, relativa al
gasto público. No se las voy a repetir porque nos alargaríamos demasiado,
pero sí me gustaría, si es que ha sido un lapsus, volver a una de las
cuestiones que le he planteado.

Es importante que por parte del Gobierno y de todos sus responsables haya
una explicación clara y comprensible para todos en aquellas materias que
son de una sensibilidad como las que en este momento están en la opinión
pública. No se pueden hacer afirmaciones contradictorias, supliendo unas
a otras, porque crea incertidumbre y se va a volver precisamente en
contra de la credibilidad del Gobierno, dando la sensación de que no se
sabe muy bien por dónde va a una semana de aprobar los presupuestos.

Tienen que ser mucho más serios y más rigurosos. Que hablen los que
tienen que hablar y que callen los que tienen que callar, pero que todos
digan las mismas cosas. En este sentido le vuelvo a preguntar algo que
aparece en la opinión pública: si existe o no un déficit oculto en
sanidad. También si usted cree puede haber más agujeros, no de 721.000
millones, pero sí de otros miles de millones. En la primera comparecencia
del señor Rato en la Comisión de Economía le pregunté si conocíamos el
verdadero déficit público del Estado, y me dijo que sí, cuando
posteriormente él mismo ha admitido que el déficit público de 1995 va a
ser



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incrementado. Tienen que ser mucho más rigurosos porque, si no, su
credibilidad puede estar en entredicho.

Por tanto, si puede me contesta, y si no ahí dejo la pregunta para
hacérsela en otra ocasión a otro representante por si cree que no es su
función. Pero, por favor, traslade al Gobierno el ruego de que transmitan
la información de forma clara y comprensible a la opinión pública, sobre
todo en los aspectos que más preocupan en estos momentos y sobre los que
son más sensibles.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Amor García.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Quiero agradecer las contestaciones que ha
dado el señor Barea en su comparecencia, que creo que han sido
demostrativas de las estrategias presupestarias de este Gobierno. Quiero
también matizar alguna intervención que ha podido ser interpretada por
algún miembro de esta Comisión como de humor negro. Todo lo contrario fue
mi deseo. He expresado al señor Barea una fórmula ya hecha con la mejor
de las intenciones en ese haz de parabienes que le he deseado
personalmente en nombre de mi grupo.

Dicho esto, hay aquí un portavoz presupuestario, el del Partido
Socialista, y lo digo desde la tranquilidad, que parece que no se entera
de ningún tema. No entiende al señor Folgado, no entiende al señor Barea,
replica y vuelve a decir que debe comparecer otra vez para explicarnos lo
que no ha podido entender en una primera instancia. El discurso del señor
Borrell es absolutamente reiterativo en este tema y, desde luego, su
comprensión verbal deja mucho que desear. Pero es que además su altura
intelectual está a la altura del insulto como argumento.

Es evidente que el señor Barea ha hablado de la disminución del déficit
público, pero lo ha hecho porque es un objetivo del Gobierno y que por
obvio ustedes jamás han realizado. Insisto, el objetivo de disminuir el
déficit público es obvio, cosa que ustedes no han podido y no han sabido
realizar y que el Gobierno del Partido Popular está haciendo desde hace
cuatro meses y medio.

Le diré más. Como responsable de finanzas del Ayuntamiento de Madrid he
conseguido reducir el gasto público en términos nominales y reales en el
año 1991, cuando ustedes estaban embarcados en un discurso de crecimiento
del gasto público, en aplicación de su ideología socialdemócrata, y
celebrando todavía fastuosamente los aledaños del año 1992 que nos
trajeron la recesión del año 1993. El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido
con todos los requisitos presupuestarios, incluso con la formulación de
la cuenta general del Ayuntamiento, que ha sido formulada dentro del
plazo, a pesar de cambiar, como usted sabe, todo el sistema de
contabilidad de los entes locales, y ha presentado de forma sucesiva un
superávit presupuestario, a pesar de que los niveles de inversión pública
realizados en ese Ayuntamiento han sido un 50 por ciento superiores a los
realizados por el Partido Socialista.

Pero como ésta es una batalla que a poca gente importa y que no es el
motivo de la comparecencia, le diré, señor Borrell, que yo no sé si digo
tonterías, pero usted --y quiero matizar esto-- si aplicara
simétricamente las normas que existen en el ámbito privado al de la
contabilidad presupuestaria, usted como generador del 47 por ciento de
ese agujero presupuestario al menos solidariamente debería aceptar esa
privación de fines de semana y debía pasarlos en un 50 por ciento, usted
solito, privado. El resto para sus compañeros.

Termino con esto. Señor Borrell, no sé si digo tonterías, pero usted las
ha hecho, muchas y muy grandes, desde la Secretaría de Estado de Hacienda
y después como Ministro de Obras Públicas.




El señor PRESIDENTE: Señor Barea, tiene la palabra.




El señor DIRECTOR DE LA OFICINA DEL PRESUPUESTO (Barea Tejeiro): El señor
Borrell ha dicho algo así como mi falta de rigurosidad en la exposición.

Siempre --no sé por qué-- he pretendido ser riguroso en las exposiciones.

Si el que recibe no quiere recibirlo y todo lo tergiversa, efectivamente
no se es riguroso. Esto quede claro.

Por ejemplo, concretamente respecto a lo que he dicho de que la Ley
General Presupuestaria de 1977 ha sido modificada a partir del año 1982,
y concretamente en el precepto que ha dado lugar al agujero
presupuestario. La tengo aquí porque, como la ley presupuestaria es tan
importante, me la he traído. Se refiere al artículo 63. Al número 2 se le
añadió un apartado b) y dice el libro --no lo digo yo--, publicado por la
Intervención General, que el artículo 63 se incorpora al texto refundido.

Este texto que aprobado por Decreto legislativo de 23 de septiembre de
1988, ya que todas las modificaciones fueron hechas desde 1982/1983 y
ésta se hizo por la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, y este precepto no estaba en la Ley
General Presupuestaria del año 1977. Y continúa diciendo: no obstante lo
dispuesto en el número anterior. Y el número anterior dice: con cargo a
los créditos sólo podrán contarse obligaciones derivadas de
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones que se realicen en
el año natural del propio ejercicio presupuestario. Después dice la letra
b) que se añadió: las derivadas de compromisos de gastos debidamente
adquiridos en ejercicios anteriores.

Vamos a ver ahora la interpretación laxa que se ha dado. Si hay un
precepto de la Ley General Presupuestaria que dice que son nulas de pleno
derecho las obligaciones contraídas sin que exista crédito
presupuestario, la interpretación de ese artículo 2.b), que fue añadido,
que no estaba en la Ley General Presupuestaria del año 1977, quiere decir
que cualquier gestor podía adquirir un compromiso de gasto para años
futuros, pero no si no tenía crédito presupuestario para ese año. (El
señor Borrell Fontelles hace signos negativos.) Sí, sí. Está claro. Es
decir, usted puede hacer una subasta o puede pedir un suministro en el
año 1995, como se hizo; para la obra o el suministro puede usted
comprometer crédito del año que viene pero no que el traspaso del bien o
servicio se haga en 1995 para ser aplicado a 1996. Esa ha sido una
interpretación extensiva que se ha venido haciendo. La ley lo que hace es
distinguir entre



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crédito de compromiso y crédito de obligación. Es lógico que una obra se
alargue con todo el expediente de subasta, concurso, etcétera, y llega el
mes de octubre o noviembre y se adjudica, pero le pone usted en el
contrato: la obra se realizará el año que viene porque el compromiso de
gasto es lo que yo tengo, pero no el gasto; el gasto no se puede realizar
sin crédito presupuestario porque, con arreglo a la propia Ley General
Presupuestaria, son nulas de pleno derecho las obligaciones surgidas. Si
no, no existiría sino un presupuesto de caja y el presupuesto español no
es un presupuesto de caja, sino de derechos y obligaciones con arreglo a
lo que la propia Ley General Presupuestaria dice, ya que define el
presupuesto como el conjunto de derechos y obligaciones, no de caja. Se
ha tergiversado esto.

La rigurosidad por mi parte es exacta, pero la suya, perdóneme que se lo
diga, no lo ha sido al decir que este precepto existía en la Ley General
Presupuestaria. Yo no sé con qué intención se puso, pero si se hizo para
interpretarlo de esa manera, se podía haber dicho claramente qué es lo
que se pretendía, porque lo que se dijo no era eso; ésa ha sido una
interpretación extensiva de lo que dice el precepto de la Ley General
Presupuestaria.

La regularización de balances. El coste para una empresa de un producto
que fabrica es el coste de la mano de obra y de los bienes y servicios
consumidos en la producción, lo que los contables nacionales llaman
consumo intermedio, más las amortizaciones, el coste de reposición de un
bien, porque cuando tenga que reponer ese bien no lo hace al precio que
lo compró, sino al coste de reposición de ese bien. Si esos bienes no se
actualizan, estamos falseando la contabilidad de la empresa de una manera
legal, pero se falsea. El coste real de producción no es el que hoy día
recogen los balances de las empresas desde ese momento, pero la empresa
no puede hacer más en este caso que cumplir esto porque lo puede hacer
voluntariamente, pero con un coste fiscal fuerte, con el tipo que le
meten en sociedades. Esto quiere decir que puede retrasarse una
actualización de balances un año, dos, tres, pero no se puede estar
indefinidamente con una actualización de balances. Aparte de eso, no se
ha hecho gratuitamente, se ha puesto una tasa a aquel que lo actualice.

No sé si es mucho o poco, pero le voy a dar la impresión que hay: no hay
demasiadas empresas que vayan a aceptar la revaluación de balance como
consecuencia del precio que se le ha puesto.

Tipos de interés. Estoy siguiendo los tipos de interés de España y el
alemán, con el tipo a largo plazo, que estaba en cuatro o cinco puntos, y
estamos en dos puntos. Nosotros estamos pagando por intereses menos en la
deuda que emitimos. A lo mejor es que nos lo regalan, puede ser, pero
creo que no lo será, porque efectivamente los tipos de interés son más
bajos. (El señor Borrell Fontelles: ¿Desde cuándo?) ¿Desde cuándo?
Principalmente desde que se produjo el cambio de Gobierno, no hay más que
verlo.

Anticipos de la lechera y de la sanción por la leche y otros. (Risas.)
Parece que los setecientos y pico mil millones de pesetas se reducen a
eso. Vamos a ser también rigurosos. Hay unos anticipos que comprenden lo
de la multa, la cobertura por el Banco de España de las diferencias de
cambio, con la devolución del recargo del IRPF, que de los 723.000
millones importan 197.000 millones. Pero ni siquiera estos 197.000
millones de pesetas han tenido cobertura presupuestaria, no la han
tenido. Cuestión distinta es que sí eran conocidos de la Administración
--efectivamente eran conocidos-- porque figuraban como anticipos en la
contabilidad pública fuera del presupuesto o en la contabilidad del Banco
de España cargados al Tesoro como operación realizada. (El señor Borrell
Fontelles: ¿Y estaban en la contabilidad nacional?) Vamos a ver, un
momento. Estaban en contabilidad nacional estos 197.000 millones de
pesetas. Por eso, el aumento del déficit público en 0,6 puntos no son los
727.000 millones de pesetas. Se ha dicho que son los 727.000 millones de
pesetas menos los que ya estaban contabilizados, 197.000 millones de
pesetas, porque si no hubiera sido cero setenta y tantos, cerca del 0,8.

Hasta ahí sé de contabilidad nacional. Hice un curso en Francia de cinco
meses sobre esa cuestión. (Risas.) Esto figuraba en contabilidad nacional
en el año 1995 porque estaba en las cuentas, pero ¿y el resto? ¿O es que
el resto no son gastos realizados en el año 1995, algunos anteriores
inclusive, cuando ya ha habido tiempo de haberlos regularizado? Pero
todos ellos estaban sin cobertura presupuestaria --los 723.000 millones
de pesetas-- y, por tanto, metidos en el agujero presupuestario.

«El criterio contable es una cuestión de interpretación.» Discrepo
totalmente. Los criterios contables no son cuestiones de interpretación
porque, si fuera así, todo el mundo haría sus balances, su cuenta de
resultados, las cuentas de las administraciones públicas se presentarían,
porque todo el mundo tendría el criterio para contabilizar de acuerdo con
el criterio contable que se interpretara. Pero lo es mucho menos en una
contabilidad pública, que es una contabilidad reglada, donde los
principios están claramente establecidos. Y el Plan de Contabilidad
Pública establece claramente --ya lo he dicho en mi exposición-- el
principio de imputación temporal de la transición de acuerdo con el
devengo. Entonces ya no cabe interpretar que en lugar del devengo me voy
al principio de caja, porque en la Contabilidad Pública, que es una
contabilidad reglada, hay un principio con una norma que dice que se le
aplique. (El señor Borrell Fontelles: ¿Cuándo se devenga una beca?)
Bueno, tengo que contestar. Después podemos hablar de todas y cada una de
las transacciones, que me las conozco bien.

El representante de Izquierda Unida, el señor Peralta, dice que he dado
datos como el 2 por ciento, y que este 2 por ciento será el reflejo de
una serie de aumentos. Por consiguiente, yo no he dado los demás, aunque
he dicho que únicamente en funcionarios aumentará el vencimiento de
trienios. Es lógica la escalada que hay, lo mismo en la empresa que en el
sector público. He dicho igualmente lo del 10 por ciento del Capítulo II.

He dicho que el capítulo de la protección social no tendrá absolutamente
ningún recorte, y el resto es el total. Las participaciones de las
administraciones territoriales tampoco pueden tenerlo. Los intereses
dependen del mercado. Lo que va a depender del mercado y va bajando es lo
que hay que ver en relación con el crédito de intereses que viene en el
presupuesto para el año que viene, en relación con lo que ha sido el
crecimiento



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en los presupuestos liquidados de la época anterior. Uno era el 10 por
ciento, el 12 por ciento; veremos el crecimiento que trae. El 2 por
ciento se marcó en la estrategia. Ahora, al discutirse todos los
presupuestos, podrá ser el 1,8 por ciento o el 2,2 por ciento. De algunos
de éstos ya se sabe, del resto será difícil. El señor Borrell sabe cómo
en el Consejo de Ministros el último día se modifican cifras en este toma
y daca que siempre sucede.

Yo no soy ningún cerebro, me considero una persona normal. En la
distribución de funciones hay personas que dibujan estrategias y otras
que realizan la labor más dura y más ingrata, la de ejecutar y elaborar
el presupuesto. Esto existe ya en las empresas, los que planifican y los
que ejecutan, y normalmente tienen mucha más importancia los que ejecutan
que los que planifican. En el ejército, el Estado Mayor planifica y el
que siempre queda para el futuro es el general que gana la guerra, no el
que planificó. Luego, por tanto, no es el cerebro el que planifica sino
aquel que sabe ejecutar y tomar las riendas en un momento determinado,
como se debe hacer.

El señor Zabalía ha hablado de las afirmaciones que crean incertidumbre.

Efectivamente. Quizá yo también fui un tanto imprudente con algunas de
mis afirmaciones, por una interpretación muchas veces no correcta. Pero
es así. Muchas veces uno habla creyendo que se encuentra en un entorno
universitario, y no es así. Pero la pregunta concreta que me ha realizado
es si hay déficit oculto en sanidad.

Hubo un modelo aprobado por el anterior Gobierno socialista. El gasto en
sanidad en España y en todos los países es un gasto que tiene una
dinámica interna de crecimiento enorme. El gasto total de sanidad que
había en España en el año 1960 estaba en el 2 y hoy estarán el privado y
el público alrededor del 7 ó 7,5 por ciento. Esa dinámica se debe a que
es un servicio que la gente ha ido recibiendo gratuitamente cada vez
mejor, porque se han aplicado técnicas mejores, porque es un buen
preferente; la sociedad demanda principalmente este tipo de bien. El
anterior Gobierno, creo que con buen criterio, trató de contener este
gasto, juntamente con un acuerdo de las comunidades autónomas, y se fijó
que el crecimiento del gasto en sanidad aumentaría lo mismo que el PIB
nominal. Si esto se ha llevado a efecto, no hay déficit oculto porque
cada uno se ha debido ajustar a lo que estaba ya acordado por todos en la
Comisión de Política Fiscal y Financiera. Su gasto no puede crecer y son
los recursos que se le entregaron. La discusión ha surgido sobre si la
base sobre la cual se tomaba podría producir diferencias. Es la discusión
que hay. A eso sí que no le llamaría déficit oculto. Aquí surge la
cuestión. El acuerdo tomado estaba claro, la base parece ser que no lo
era tanto. Yo no estaba allí, tampoco conozco literalmente el acuerdo,
pero lo que se dice por unos y por otros es que quizá el año base sobre
el que se tomaba el acuerdo pudiera no estar de una manera clara.

Yo he procurado contestar a todo en esta segunda intervención, y creo que
he empleado mucho tiempo en mis tres intervenciones.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barea, por su comparecencia.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.