CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 43



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS I FERRET



Sesión núm. 3 (extraordinaria)



celebrada el jueves, 11 de julio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps),
a petición del Gobierno, para exponer el Programa de modernización del
sector público empresarial del Estado, acordado en Consejo de Ministros
de 28 de junio de 1996. (Número de expediente 214/000017.)



Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Comenzamos la sesión.

El Gobierno, mediante el Ministro de Industria, ha solicitado la
comparecencia del mismo para exponer el Programa de modernización del
sector público empresarial del Estado.

De conformidad con lo que establece el artículo 61.3 del Reglamento de la
Cámara, esta Presidencia ha procedido a convocar la sesión extraordinaria
en la fecha de hoy para poder realizar la citada comparecencia y abrir un
debate con todos los grupos parlamentarios.

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La intención de la Mesa y de esta Presidencia es, tras intervención del
Ministro de Industria, conceder un turno a todos los portavoces de los
grupos parlamentarios, de menor a mayor, abriendo después una réplica del
Ministro y la subsiguiente contrarréplica si SS. SS. estiman a bien
solicitarla.

Sin más, pues, doy la palabra al Ministro de Industria para que efectúe
su primera intervención.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor Presidente.

Señorías, efectivamente, tal y como ha dicho el Presidente de la
Comisión, el Gobierno, a través de este Ministro de Industria y Energía,
ha pedido la comparecencia voluntaria ante esta Cámara, incluso en un
período extraordinario, para darles cuenta del acuerdo del Consejo de
Ministros del pasado día 28 de junio relativo a las bases del plan de
modernización del sector público empresarial del Estado. Esto responde,
como es natural, a la voluntad de transparencia, a la necesidad, a la
conveniencia y a la convicción de que un tema de esta magnitud es
absolutamente imprescindible que sea examinado a fondo por las fuerzas
políticas mediante el debate democrático y parlamentario, pero también
responde, como ustedes bien conocen, a una serie de compromisos
electorales de los partidos que dan apoyo parlamentario al Gobierno y en
particular del Partido Popular. Asimismo, responde a un compromiso
introducido en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno.

Este plan de modernización del sector público empresarial del Estado
tiene una serie de principios que lo inspiran. A continuación, si me lo
permiten, intentaría inscribir ese programa de modernización del sector
público empresarial del Estado dentro de lo que es el contexto general de
la economía española y por lo tanto de la política económica del
Gobierno. Después intentaré desarrollar en qué consiste el programa de
modernización del sector público empresarial en cuanto a sus aspectos
formales, organizativos y también sus principios estructurales. Haré un
repaso de los objetivos que persigue este plan, que son diversos, para
finalmente tratar algunas cuestiones adicionales sobre las que creo que
conviene enfatizar, para que este plan, que forma parte de la política
económica del Gobierno, pueda ser bien entendido por la opinión pública,
por la sociedad española y, por supuesto, por las diferentes fuerzas
políticas.

Este debate de hoy puede ser enriquecedor para todos, en la medida en que
puede contribuir a que, primero, se entienda bien qué es lo que está
planteando el Gobierno y, por lo tanto, que no sea susceptible de
interpretaciones más o menos interesadas o sesgadas, que se transmita
bien al conjunto de la sociedad y que posibilite sobre esa base un
diálogo sereno y constructivo, que permita la negociación en cuanto a la
implementación en los casos concretos y el avance hacia la concreción de
esas reformas estructurales de las que tan necesitada está la economía
española y que tanto tiempo llevan pendientes.

Siguiendo este guión, si me permiten, me gustaría empezar por las razones
que inspiran este programa de modernización del sector público
empresarial del Estado. Hay un primer argumento que es de carácter casi
conceptual, porque se refiere a la racionalidad. Es nuestro punto de
vista que es urgente racionalizar la estructura del sector público
empresarial del Estado. Eso es así porque la situación actual del sector
público empresarial del Estado responde a una evolución histórica muy
heterogénea. Desde principios de siglo ha habido todo un proceso de
nacionalización o de titularidad pública de determinadas actividades, que
en principio venía justificada por una mentalidad muy proteccionista,
mentalidad muy proteccionista que posibilitó un cierto avance en su
momento en el desarrollo del tejido industrial, pero que después, en la
medida en que el mercado español siempre ha sido un mercado de demanda
débil, al final también ha marcado un tejido industrial empresarial en
España basado en pequeñas y medianas empresas, sin grandes grupos
empresariales, con poca capacidad de multinacionalización y, por
consiguiente, con una posición relativamente complicada a la hora de
afrontar este proceso de globalización y de mundialización al que,
economías como la muestra, están sometidas.

A continuación, a partir de los años cuarenta, después de la Guerra
Civil, hay también un proceso de estatalización de la economía, que se
basa en una profunda desconfianza, por una parte, en la capacidad del
sector privado y en su responsabilidad para ser el protagonista del
desarrollo económico y que tiene su base en una ideología muy
intervencionista de origen fascista, que pasa por la nacionalización de
muchas actividades económicas, actitud que hoy todavía persiste en muchos
ámbitos.

En otro momento histórico, ya en una situación de debilidad del régimen
político de la dictadura, hay una tentación, a la que se sucumbe casi
siempre, de convertir el sector público español en un hospital de
empresas. Un hospital de empresas que van mal, que no se saben adaptar a
las nuevas circunstancias de competencia derivadas, primero, del plan de
estabilización y después del acuerdo preferencial del setenta, que
provoca que el sector público asuma la titularidad de muchísimas empresas
muy heterogéneas entre sí, por razones estrictamente políticas o de
conflicto social o territorial, que hace que vayan engrosando este sector
público cada vez más heterogéneo, más desordenado, cada vez menos
coherente entre sí, más confuso.

Después, ya con posterioridad a los años ochenta y en una política de una
cierta racionalización de la situación --aunque luego me referiré a eso
con un poco más de detalle--, también la economía española, el sector
público empresarial del Estado ha estado sometido a un intensísimo
proceso de privatización, de cuyas características después me gustará
hablar, pero que, como no estaba enmarcado en un plano global ni se ha
hecho bajo las condiciones de transparencia que, desde nuestro punto de
vista, hubieran sido exigibles, al final ha dado lugar a una situación
desordenada. El Estado hoy se dedica a una gran variedad de actividades
empresariales; produce pastas de papel, produce cigarrillos, vende
seguros, servicios de transporte, barcos, tiene ingenierías, servicios de
asesoramiento tecnológico, constructoras civiles.




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Yo creo que la propia definición de esa situación justifica la necesidad
de proceder a una reordenación y a la introducción de racionalidad del
sector público empresarial.

Estoy hablando sólo del sector público empresarial, porque evidentemente
podríamos dedicar un rato, aunque creo que no es objeto del debate de
hoy, a la gran cantidad de bienes públicos, de activos públicos que están
en manos del Estado a través del Patrimonio, o de las empresas públicas,
o de las Fuerzas Armadas y que son producto de un proceso histórico de
acumulación que tiene su origen en concepciones que no tienen nada que
ver con la realidad actual y con la modernidad. Me estoy refiriendo, por
ejemplo, a bienes de las Fuerzas Armadas que tienen su origen en una
concepción de las mismas más orientada a la defensa del orden interior
que a la defensa exterior y más orientada a basar esa misma defensa en la
infantería más o menos masiva y no en los modernos sistemas de defensa.

En cualquier caso, ése es un tema que está al margen, que cualquier
administrador diligente, cualquier diligente padre de familia sabría que
es conveniente ordenar y tomarse en serio sin caer en simplismos ni en
chistes fáciles porque, al final, las cosas son bastante más serias de lo
que a veces aparentan y no conviene frivolizarlas.

Un segundo principio que inspira el plan de modernización del sector
público empresarial del Estado es la necesidad de optimizarlo. Me
explico. En los últimos años, particularmente en los últimos veinticinco,
desde el año 1970 aproximadamente, el peso del sector público en la
economía ha crecido de forma espectacular. Eso respondía a un secular
retraso de nuestro sector público, procedente de los años del franquismo
y no tenía nada que ver su peso con el que tenían los países de nuestro
entorno, los países europeos a los que en definitiva nos queremos
integrar, si hacemos aquellas cosas que es necesario hacer. Por tanto, a
partir de ese momento empieza un proceso extraordinariamente intenso de
acumulación que supone que en 25 años el peso del sector público haya
pasado del 20 por ciento a prácticamente el 50 por ciento del producto
interior. Es evidente que se trata de un crecimiento muy rápido, que ha
reportado beneficios al país, sin ninguna duda, pero que también, desde
nuestro punto de vista, ha ido generando ineficiencias importantes que
probablemente haya que subsanar ahora.

El Estado, por sus obvias limitaciones, y ahora más que nunca, no tiene
capacidad para abarcar tantísimas actividades y en la medida en que, en
muchos ámbitos en los que está, puede y debe ser sustituido y superado
por el sector privado, es nuestra opinión que debe centrarse en aquello
que sabe hacer mejor y que debe hacer bien. Me refiero a la provisión de
servicios básicos: la justicia, la sanidad, la educación, la defensa. Se
debe concentrar también en mejorar y fortalecer aquellos mecanismos de
distribución de la renta que, con independencia de las empresas públicas
que constituyen un instrumento, desde mi punto de vista, ineficiente, sí
que son eficaces como un buen sistema público de pensiones que debemos
garantizar o una buena cobertura de las situaciones de desempleo
involuntario.

En todo caso, me gustaría señalar, para tener una idea de la magnitud de
lo que estamos hablando, que el sector público empresarial del Estado ha
supuesto un coste altísimo para las finanzas del Estado y, por tanto, que
hay muy poca relación entre el valor de ese sector público, que diversas
estimaciones pueden situar en torno a los tres billones de pesetas, y lo
que realmente le cuesta al mantenimiento de este sector público, y hablo
en términos generales, al Estado.

Entre el año 1989 y 1995, las subvenciones orientadas al mantenimiento
del sector público empresarial han excedido los 8,5 billones de pesetas.

Por tanto, en sólo seis años los ciudadanos nos hemos gastado sólo en
subvenciones tres veces lo que es el valor de ese sector público hoy. Por
decirlo de otra forma, ustedes saben que el conjunto de las
administraciones públicas del Estado ha acumulado una deuda muy
importante que supera el 65 por ciento del producto interior bruto. Pues
bien, una quinta parte, un 20 por ciento de esa deuda coincide con esas
subvenciones que se han otorgado a las empresas públicas en estos últimos
y recientes años.

Yo creo que por sí sólo estas cifras justifican la necesidad de
replantearnos a fondo el papel y la dimensión que tiene que tener el
sector empresarial del Estado y la necesidad a fondo de modernizarla. No
es una situación satisfactoria ni es una situación a la que debamos
acomodarnos y en la que la actitud más o menos inmovilista o más o menos
acomodaticia sea la más adecuada.

En todo caso, el Programa de modernización del sector público empresarial
del Estado, y el proceso de privatizaciones se incorpora, hay que
situarlo en el contexto general de la economía española. Y aquí me
gustaría expresarme con toda claridad de la que sea capaz, porque, en el
fondo, no se plantea que hagamos cosas muy distintas de lo que, primero,
se ha hecho en otros países en los últimos años y están haciendo en la
actualidad.

El proceso de privatizaciones es un fenómeno generalizado a nivel
mundial. De aquí a finales del año que viene sólo en Europa continental
se prevé que las privatizaciones, sin contar las que podamos hacer en
España, suponen una cifra algo superior a los 11 billones de pesetas.

Pero eso no es sólo un fenómeno de la Europa occidental, es un fenómeno
mundial que no escapa a países que hasta ahora creían en la bondad de la
economía centralizada y planificada como pueden ser la República de China
o Vietnam. Ello es así con independencia del color político de los
partidos que están en el Gobierno. Muchas veces se dice que este programa
de este Gobierno parte de unos apriorismos ideológicos y tiene
concepciones, entre comillas «thatcheristas», calificativo que yo nunca
he entendido por qué tiene estas connotaciones negativas en algunos
sectores de nuestra opinión pública, porque alguien que ha podido
gobernar durante más de diez años con la mayoría democrática de su país
no debería tenerlas.

De todas formas, lo que les digo con toda rotundidad es que, si atendemos
a lo que pasa a nuestro alrededor en el resto del mundo, la privatización
no responde a prejuicios ideológicos, sino que responde a una necesidad
sentida en todos los países, porque todos los países, sean del color
político que sean, están haciendo lo mismo.

Por otra parte, no estamos planteando hacer, en el fondo, nada muy
distinto de lo que se ha hecho también en



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España en los últimos años. El valor de las privatizaciones realizadas a
partir del año 1985 por los gobiernos socialistas equivale, a pesetas de
hoy y deflactadas por el IPC, a 1,9 billones de pesetas. Si esa
traslación a pesetas constantes de hoy la hacemos con el tipo de interés
de la Deuda pública y por tanto pudiéramos decir cuál sería el ingreso
alternativo o el coste de oportunidad de esas privatizaciones,
elevaríamos esa cifra a 2,2 billones de pesetas. Por tanto, estamos
hablando de magnitudes relativamente parejas y podemos concluir, porque
no estoy valorando sino simplemente constatando una realidad, que la
magnitud del proceso de privatización que ahora queremos entender y
llevar adelante es de hecho muy similar a la que ya se ha llevado a cabo.

Y yo rogaría que en este tema no se hicieran excesivos ejercicios de
cinismo o, si se me permite la palabra, incluso de desfachatez.

(Rumores.)
En la forma sí que hay diferencias. Discutiremos de números. En la forma
sí que hay diferencias, y déjenme que les diga dónde están esas
diferencias, porque, a veces, ustedes saben que en democracia, en el
sistema democrático, las formas son el fondo. El respeto a las formas es
parte de la propia coherencia y de la propia naturaleza y lo que inspira
los valores del sistema democrático, y aquí sí que hay diferencias,
porque lo que estamos planteando es un plan global, es un plan explícito,
es un plan de actuación que pretendemos que sea coherente, que lo que
quiere es dar rigor y credibilidad a una reforma que se emprende en el
conjunto del sector empresarial del Estado.

Y ¿por qué lo planteamos así? Porque entendemos que así se puede
planificar mejor todo el proceso, se maximizan los objetivos que se
permiten y, como lo estamos planteando en términos globales y no ad hoc,
en función de necesidades inmediatas, se puede asegurar que el ritmo de
ventas se adecua lo mejor posible a las condiciones de mercado, cosa que
ya les anticipo que muchas veces no ha sido así. Muchas privatizaciones
se emprendieron, probablemente por la urgencia de atender estrecheces
presupuestarias de muy corto plazo en fases bajistas del mercado, con el
consiguiente perjuicio para las arcas del Estado que, en definitiva, son
las de todos.

¿En qué consiste este Programa de modernización del sector público
empresarial del Estado? En primer lugar, hay una voluntad de
simplificación de las estructuras, que tiene un ejemplo paradigmático,
que todos ustedes ya conocen, que es la supresión del sub-holding Téneo.

Ello, desde nuestro punto de vista, tiene una doble ventaja: por una
parte, aumenta el valor del sector público empresarial del Estado, porque
no hemos sido capaces de descubrir las sinergias que pueden derivarse de
la existencia de un holding como Téneo; de hecho, las propias
valoraciones que cualquier analista independiente hace implican que vale
mucho menos la totalidad que la suma de las partes, y, por tanto, desde
cualquier punto de vista simplemente objetivo, la necesidad de valorar y
de plantearnos la supresión de Téneo ya valía la pena; pero, por otra, se
genera un importante ahorro de recursos y, por consiguiente, un
importante ahorro también de los recursos que derivan de los impuestos de
los contribuyentes. Si algún miembro de cualquier fuerza política aquí
representada tiene curiosidad, yo les podría dar algunos datos respecto a
los gastos que ha podido haber en relación a asesorías, gastos de
creación de imagen corporativa, etcétera. Pero les doy sólo una cifra
ahora: De aquí a finales de año, pensamos que podemos ahorrar, sólo con
la supresión de Téneo, del orden de casi 1.000 millones de pesetas; a lo
mejor es un poco más o a lo mejor es un poco menos, pero del orden de esa
cifra.

Además, el Programa de modernización del sector público empresarial del
Estado establece unos principios que han de regir el proceso de
privatización, es decir, el traspaso, previo pago, de las participaciones
públicas en empresas al sector privado. Y hay unos principios formales y
después unos principios estructurales.

El primordial principio formal o el primero que me gustaría enfatizar,
porque creo que también incorpora una clara diferencia respecto a lo que
ha venido sucediendo hasta ahora, es el principio de transparencia, en el
sentido de explicar en cada caso todo lo necesario para que nadie se
quede con ninguna duda sobre la bondad del proceso. Y eso tiene además un
requerimiento previo, que es el establecimiento de un principio, que a
cualquier empresario del sector privado le parece absolutamente obvio,
que es que hay que separar la gestión de la propiedad y hay que separar
la gestión del proceso de privatización asociado a la voluntad del
accionista. Además, ese principio de transparencia implica el
establecimiento de una serie de controles, tanto ex ante como ex post y a
diversos niveles. Tiene que haber un control ex ante, que además se vea
reforzado por la creación de un consejo consultivo de privatizaciones al
que se someterá cada procedimiento para que dé su opinión respecto a los
requisitos de transparencia, de concurrencia, de no discriminación, y que
estará formado por personas independientes, de prestigio y
fundamentalmente no ligadas a ningún tipo de interés empresarial que
pudiera haber.

Por supuesto, tiene que haber también controles ex post por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado, por parte del
Tribunal de Cuentas, pero también por parte del Parlamento. Por tanto,
les anticipo la predisposición del Gobierno en general y de este Ministro
a venir cuantas veces sea necesario para explicar todo aquello que se
considere oportuno.

También, ese compromiso de transparencia va ligado a la delimitación de
lo que es el control político del proceso y la profesionalidad en su
ejecución y así el Gobierno asume, sin ningún tipo de reserva mental, que
es el responsable último y que es el responsable político, sin ninguna
duda, del proceso de privatizaciones, sin diluirlo después hacia gestores
o hacia holdings; pero también se va a recurrir, con criterios de
transparencia y de objetividad en la selección, a expertos externos para
que sean los que ejecuten el proceso en cada caso.

Además de esos principios de carácter formal, que yo creo que se resumen
en esta voluntad de transparencia, de control político y de
profesionalidad en la ejecución del proceso, hay unos principios
estructurales. Esos principios estructurales parten de dos conceptos; por
una parte, una vocación de globalidad, es decir, no hay ningún tipo de
prejuicio, no hay ningún tipo de apriorismo respecto a hacer



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llegar esa voluntad de modernización a todas y cada una de las empresas
que componen el sector público empresarial del Estado. Y, desde esa
perspectiva, el segundo concepto sería que contemplamos ese tema desde el
Gobierno como un proceso tendencial; en algunos casos se podrá
desarrollar de manera muy rápida y, en otros, que deberán afrontarse
también de manera muy rápida, el objetivo final requerirá más tiempo,
pero el proceso tendencial, la voluntad tendencial existe. Sobre esta
base, ustedes saben, porque se ha repetido hasta la saciedad y hasta
incluso alguno, yo creo que desde una cierta simplicidad argumental, se
ha permitido frivolizar, hemos dividido las empresas en cuatro grupos, y
dicen: ¡Vaya invento! Porque ustedes distinguen entre las empresas
fáciles, las menos fáciles, las difíciles y las imposibles. Voy a
intentar hacer un esfuerzo para explicarme, a ver si no tengo que
volverlo a repetir.

Los cuatro grupos son, por una parte, aquellas empresas que pueden ser
directamente privatizables, que dependen sólo de la decisión política que
se tome y de las circunstancias favorables de los mercados para que la
decisión de desinversión se pueda hacer con el máximo beneficio para los
ciudadanos. Se trata de empresas que están ya en los mercados de valores,
que han sido sometidas en general a procesos de privatización
intensísimos, que desde luego no hemos hecho nosotros, y que además están
actuando en mercados de competencia, en mercados perfectamente
competitivos a nivel internacional y que, por consiguiente, son
susceptibles de ser privatizables cuando se tome una decisión, y así lo
aconsejen, insisto, las condiciones del mercado.

Después, hay un segundo grupo, que son aquellas que son empresas
eficientes, que están bien gestionadas, que tienen capacidad para generar
recursos, pero que están actuando todavía en mercados muy regulados,
aunque no en beneficio de los ciudadanos y que, por tanto, es voluntad
del Gobierno, y forma parte de la política industrial que enmarca también
este proceso de modernización del sector público pero que va mucho más
allá de él, desregularlos, para que las condiciones de competitividad de
nuestras empresas y los precios que pagan nuestros ciudadanos por
determinados servicios sean mucho mejores.

El tercer grupo son aquéllas en las que también hay voluntad de
privatización pero que requieren de reestructuraciones o de decisiones
estratégicas y en las que lo relevante es que exista un proyecto
empresarial viable, que existan unas condiciones de competitividad que
permitan asegurar su futuro y que, por tanto, permitan asegurar los
puestos de trabajo que hoy sí que están en peligro si estas empresas
siguieran en manos del Estado, y si conviene, después podemos poner
algunos ejemplos al respecto.

Por último, hay un cuarto grupo compuesto por aquellas que no son
privatizables inmediatamente porque responden a situaciones muy
específicas, lo cual no tiene que impedir que desde ahora mismo hagamos
un esfuerzo entre todos para que mejoren su rendimiento, mejoren su
capacidad para ser competitivas y, por tanto, podamos disminuir el
esfuerzo que supone para el conjunto de los ciudadanos.

Dicen: No. Ustedes empiezan por lo fácil y acaban por lo difícil.

Quisiera ser rotundo en esto. Vamos a actuar desde ya en los cuatro
grupos y simultáneamente y, por tanto, nos dirán: Ustedes hacen lo fácil
y lo difícil, ¡como no llegarán nunca...! No se trata de cuatro fases
temporales, sino que de lo que se trata es de una clasificación en cuatro
grupos por las circunstancias específicas y por los requerimientos y los
esfuerzos que cada una de ellas necesita. Pero no nos vamos a quedar
parados y estamos ya tomando decisiones en cada uno de esos ámbitos para
que esa voluntad de modernización del sector público empresarial no se
confunda, porque no debe confundirse, con una simple ejecución de aquello
que es fácil.

Lógicamente, el plan de modernización del sector público empresarial del
Estado tiene unos objetivos. Aunque en sí mismo es un instrumento de la
política económica, la privatización y la modernización no son objetivos
en sí mismos, sino que son instrumentos para una serie de finalidades que
me gustaría que tuvieran la bondad de escuchar.

Por una parte, la finalidad de mejorar la eficiencia de nuestro sistema
económico. La titularidad pública (en muchos casos creo que podríamos
desarrollar ese argumento) significa un lastre para la buena marcha de
las empresas. En un contexto que cada vez es más abierto y más
competitivo, la permanencia en el sector público de muchas empresas lo
que hace es limitar su capacidad para competir. ¿Por qué? Porque cada vez
se requieren aportaciones de capital más relevantes, desarrollos
tecnológicos, alianzas estratégicas, nuevas redes comerciales, nuevas
formas de organización, que el sector público por sus obvias limitaciones
ya no puede satisfacer, no tiene capacidad para levantar recursos en el
mercado de capitales; no tiene capacidad para asignaciones
presupuestarias directas, entre otras cosas porque hay una serie de
limitaciones legales que todos ustedes conocen, pero cada vez es más un
obstáculo para el mantenimiento de esas empresas y, por tanto, para el
mantenimiento del empleo, que no precisamente un elemento de dinamismo y
de aseguramiento de su continuidad y de su futuro.

Eso pasando por alto que además las empresas públicas en muchos casos (no
digo en todos, porque afortunadamente no es así) adolecen de una cierta
cultura (si se me permite la palabra y sin que nadie me malinterprete,
por favor) funcionarial en su gestión, que también merma su capacidad de
competir.

La privatización se perfila así como un instrumento para aumentar la
productividad de las empresas y, en definitiva, para mejorar su capacidad
de competir y asegurar, como he dicho antes, su supervivencia en el
futuro. No es, por tanto, ni mucho menos, la antesala de un cierre sino
todo lo contrario, una garantía más, que es importante ya en sí misma,
para reforzar el empleo, para reforzar la capacidad de nuestro sistema
económico de generar puestos de trabajo, capacidad que, por otra parte, y
digo de paso, como ustedes saben bien, es muy limitada y que ha dado
lugar a una situación que desde cualquier punto de vista es
insatisfactoria, y que creo que todos tenemos la obligación de poner
encima de la mesa constantemente y no rehuir el debate al respecto.

Lógicamente el proceso de privatización ha de ir acompañado, cuando no
precedido (y he hecho referencia a ello



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cuando hablaba del segundo grupo de empresas), por un proceso de
liberalización, es decir, de aumento de la competencia en los mercados,
al objeto de evitar que lo que suceda es que simplemente haya una
transferencia desde posiciones de privilegio que hoy están en el sector
público a posiciones de privilegio que hoy están en el sector privado.

Por otra parte, la ampliación de los mercados y los avances tecnológicos
han hecho que en muchos sectores en los que estaba justificada la
presencia pública antes, porque parecía que era lógica la existencia de
un único proveedor --eso que los economistas llamados los monopolios
naturales--, ahora ya es conveniente, y muchas veces obligada, la
introducción de competencia, es decir, de proveedores alternativos. Creo
que todos podemos poner ejemplos de lo beneficioso que ha sido para
determinados consumidores. Este Ministro es consumidor habitual, por
ejemplo, del Puente Aéreo, y muchas de las señorías que están aquí
también, e introducir nuevos proveedores lo que ha hecho es que haya
habido beneficios para sus consumidores. Incluso en aquellos casos en que
se mantiene una estructura de monopolios naturales, desde nuestro punto
de vista, la titularidad pública tampoco está ya justificada. En el
pasado, el sector público en muchos casos era el único agente con
capacidad financiera suficiente para acometer determinados proyectos. Hoy
es ya todo lo contrario. El sector público tiene unas limitaciones que,
por otra parte, atendiendo a los requerimientos de convergencia de
Maastricht, hoy son visibles para todas las fuerzas políticas y para todo
el mundo y que prácticamente todo el mundo comparte, con alguna
significativa excepción. Por tanto, en muchos casos, la capacidad de
actuación del sector privado en esos sectores ya es superior también a la
del sector público.

De hecho las crecientes restricciones de este sector público, impuestas
por la necesidad de sanear el deterioro de sus finanzas, han mermado y
van a seguir mermando significativamente la capacidad financiera del
Estado para hacer según qué cosas y, por tanto, eso sí que pondría en
peligro que el Estado en algún momento no atendiera aquello a lo que está
obligado a atender, que son la provisión de los servicios públicos
esenciales y ciertos mecanismos de redistribución de la renta para
asegurar un esquema social que garantice también la cohesión.

Además de esa voluntad de mejorar la eficiencia, el plan de modernización
del sector público empresarial del Estado tiene otro objetivo, que es el
de mejorar la equidad de nuestro sistema económico y de nuestro sistema
social.

Actualmente las empresas públicas tienen una presencia significativa en
sectores que ya son plenamente competitivos y, por tanto, estamos
hablando de casos en los que compiten simultáneamente empresas públicas y
privadas. No tendría por qué ser así, en teoría, pero en la práctica sí
que lo es en muchos casos, porque se dan situaciones de clara injusticia
hacia empresas y por tanto hacia los empresarios, y sobre todo hacia los
trabajadores que están en el sector privado, en la medida en que los
trabajadores que están en el sector privado están sujetos a las leyes de
mercado en sentido estricto y éste puede quebrar. En cambio, aunque las
empresas públicas teóricamente también podrían, parece que éste es un
principio que no está asumido y que por experiencia histórica no se
contempla normalmente, por no hablar de las diferencias de criterio que
se aplican a los procesos de reestructuración empresarial cuando se trata
del sector público o cuando se trata del sector privado. Creo que es
voluntad de todos y debe ser obligación asumida por todos que no se sigan
dando situaciones de discriminación o de privilegio, en definitiva, y, en
último término, con cargo a los fondos de todos.

Por otra parte, esa mejora de la equidad viene dada por una exigencia
externa de carácter legal, pero a la que nos debemos de someter muy
gustosos, porque si hay alguna aspiración compartida por todos ésa es el
deseo de que España se integre definitivamente en el mundo en que debería
haber estado siempre, que es Europa, para que esté integrada en los
países más modernos, más prósperos y más justos de la tierra, y ese
objetivo pasa por la integración en la Unión Europea. Ustedes saben que
la Unión Europea ha decidido y está decidida a imponer cada días más
restricciones crecientes a las subvenciones que los Estados a las
empresas y tanto da si son públicas como si son privadas. Es decir que,
por imperativo legal, la capacidad del Estado de transferir recursos
hacia sus empresas es cada vez más limitada, y ello explica, por
consiguiente, que la privatización en muchos casos sea en último término
la culminación de ese proceso de igualación de las condiciones de
competencia.

Hay otro objetivo, que es fortalecer la iniciativa empresarial. El
proceso de privatizaciones ha de servir para dar confianza, para reforzar
el ahorro nacional apelando al mismo, y sobre todo la capacidad
empresarial del país. Aquí me gustaría hacer una breve referencia a la
capacidad de nuestros empresarios para competir. Este Ministro tiene la
profunda convicción de que esa capacidad de nuestros empresarios para
competir ha sido ya muy demostrada por la realidad, y muchas veces a
pesar del Gobierno. En ciertos períodos históricos, alguno de ellos
relativamente reciente, el Gobierno parecía empeñado en que sus
empresarios demostraran que eran capaces de competir, incluso en las
peores condiciones posibles, con un tipo de cambio absolutamente
apreciado o con tipos de interés altísimos. A pesar de eso no está mal la
capacidad de resistencia que se ha demostrado. Por tanto, esa pretensión
de decir: ¡ojo!, porque el sector público es también..., pero nuestro
sector privado..., me parece que es más propio de personas que no han
estado en contacto con la realidad cotidiana y con la realidad de vida de
nuestros empresarios y de nuestras empresas, y que han estado nuevamente
en despachos de distinta naturaleza.

Hay un cuarto objetivo, que es el de fortalecer el sector público y puede
parecer hasta incluso contradictorio que yo me exprese en esos términos,
pero voy a intentar explicarme.

Desde nuestro punto de vista el sector público, en virtud de esa
acumulación histórica de procesos heterogéneos que tienen orígenes
ideológicos además muy distintos de los que tienen que ser propios de un
sistema democrático, ha llegado a abarcar un excesivo número de
actividades. Por tanto, entendemos que es necesario reconducir su tamaño



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para que se concentre en aquellos ámbitos en los que realmente supera o
puede sustituir de manera eficiente al sector privado.

Es necesario que el sector público abandone ciertas áreas de actuación
que ya no le son propias (no se me ocurre ninguna justificación para
defender por qué el Estado tiene que tener servicios de ingeniería o
producir cigarrillos) y, en cambio, debe centrar sus esfuerzos en áreas
como la sanidad, la educación, las pensiones, por supuesto, y la dotación
de infraestructuras públicas.

En la actualidad, y con la situación internacional que tenemos, las
actuaciones del sector público en estos ámbitos están limitadas por la
existencia de unos déficit enormes --de los que desde luego la
responsabilidad no incumbe a este Gobierno-- de las finanzas públicas, y
por la acumulación lógica, consiguiente, de ingentes cantidades de deuda,
cuyo servicio limita y condiciona, hasta extremos hasta hace poco
inimaginables, la capacidad del Estado para atender dignamente las
funciones que sí que le son propias. Voy a dar unos cuantos números, muy
breves, para no intentar cargar más esta primera exposición.

En el año 1996 las administraciones públicas se habrán gastado más de 4,3
billones de pesetas, es decir, del orden de 12.000 millones de pesetas
cada día, del orden de 110.000 pesetas por cada ciudadano español y año,
en concepto de intereses. Y eso, que en sí mismo ya es suficientemente
significativo, todavía lo es más porque choca con otra realidad, y es que
lo que los españoles pagamos de intereses de nuestra deuda pública en
estos momentos es ya más del doble de lo que el Estado dedica a las
inversiones públicas. Si no hubiera que satisfacerlos --estoy hablando de
una situación que, lógicamente, es ideal y que tiene poco que ver no sólo
ya con nuestra realidad, sino con la realidad de países de nuestro
entorno--, el Estado obtendría un superávit en estos momentos superior al
billón de pesetas. Por tanto, entendemos que es urgente reducir el nivel
de deuda de las administraciones públicas, porque sólo así será posible
mantener unos niveles de inversión suficientes y mantener la capacidad de
proveer bienes públicos que son necesarios; sólo así tendrá la capacidad
suficiente para establecer los mecanismos de redistribución de la renta
que, en una sociedad como la nuestra, yo creo que deben ser indiscutibles
por parte de todos. Por tanto, cuando se produce la privatización, ésta
ha de ser contemplada como un traspaso de activos, de forma que el sector
público cede, previo pago, ciertos ámbitos de actuación al sector
privado, pero dedica esos recursos a capitalizar la economía, y lo hace
por vías alternativas, mucho más eficientes, mucho más necesarias para
los ciudadanos; por ejemplo, fomentando las infraestructuras, haciendo
inversiones públicas o dotando a esos servicios públicos esenciales.

Además de esas finalidades, me gustaría aprovechar esta ocasión para
mencionar una serie de cuestiones un poco adicionales, un poco
colaterales, pero que tengo interés en poder aclarar, ampliar o matizar.

La primera es la relación entre privatizaciones y empleo. Los posibles
ajustes que puedan tener lugar en el empleo --y da igual que se trate de
empresas públicas o de empresas privadas, no tienen nada que ver con la
titularidad de la propiedad, no tienen nada que ver ni con un proceso de
privatización--, si se llevan a cabo, tienen que ver con otro tipo de
cosas, tienen que ver con la necesidad de asegurar la competitividad, la
viabilidad de la empresa, insisto, independientemente de su titularidad.

Por tanto, no es honesto ligar la privatización con la pérdida de empleo
o regulaciones de empleo. Desde nuestro punto de vista es lo contrario.

En general y en las circunstancias actuales, las privatizaciones lo que
implican es el sostenimiento del empleo y en muchos casos incluso la
capacidad de incrementarlo por lo menos de forma indirecta a través de
sociedades o compañías que cada día son más competitivas y eficientes. De
todas maneras, me gustaría recordar que la experiencia reciente de los
últimos años no avala en absoluto la asociación, muchas veces basada en
la buena voluntad pero otras veces interesada, que a menudo se hace entre
la titularidad pública de las empresas y la estabilidad del empleo.

Entre 1981 --por no poner 1982 y parecer que siempre me refiero a los
mismos-- y 1994 el empleo en la construcción naval pública se ha reducido
en un 58 por ciento; en la minería pública, en un 49 por ciento; en las
empresas públicas de defensa, en un 41 por ciento. Y ¿por qué? ¿Porque
son públicas? No, porque tenían que adaptarse a la realidad. Esa
adaptación a la realidad es permanente y deberá hacerse siempre, sean
empresas públicas o sean empresas privadas, pero que nadie diga nunca más
que la propiedad pública de las empresas significa estabilidad en el
empleo, porque los datos nos lo desmienten de forma rotunda. Aunque la
evolución del empleo en el sector privado durante estos años no ha sido
ciertamente brillante, desafortunada y penosamente, sí que ha sido
claramente mejor, a pesar de todo, que la evolución del empleo que han
registrado la mayoría de las empresas públicas. Con todos sus problemas,
todas sus precariedades y todas sus debilidades, el empleo privado
ofrece, sin duda, bastantes más garantías que el empleo en la empresa
pública, y no hago una valoración, estoy simplemente constatando
estadísticas. Nótese además que los procesos de privatización ya
emprendidos se han centrado en las empresas públicas que absorbían un
mayor volumen de empleo. Por ejemplo, en 1995 las empresas públicas, ya
parcialmente privatizadas pero sin la mayoría de capital público, tenían
en plantilla cerca de 140.000 personas --ya no están en mayoría de
capital público--, en tanto que las que están pendientes en gran parte de
privatización dan empleo a unos 50.000 trabajadores, en la medida en que
en el pasado la privatización de empresas --que ya he apuntado que en sí
misma no ha afectado a un gran número de trabajadores-- no ha ido
asociada a reducciones de empleo. Las privatizaciones que se han hecho no
han ido asociadas a reducciones de empleo. Por tanto, no hay ningún
motivo para sospechar o presupuestar a priori que en el proceso de
privatización que ahora se emprende, que afectará además a muchísimos
menos trabajadores, tenga que haber un impacto distinto. Creo que va a
ser lo contrario.

Una segunda cuestión que me gustaría poder desarrollar es la relación que
a veces se ha establecido también, algunas veces desde la buena fe y
otras no tanto, entre la privatización



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y los oligopolios, eso que en terminología de los años 60 llamábamos la
oligarquía dominante. Por definición, la privatización significa el
traspaso de activos desde el Estado al sector privado y, como es natural,
dada la magnitud de los activos a transferir, tiene que haber
oportunidades para todos aquellos ahorradores que quieran participar en
el proceso. Desde luego me gustaría aprovechar esta ocasión para hacer un
llamamiento, hacer una apelación, al ahorro privado español --que
afortunadamente, entre otras razones por la debilidad del consumo, ha
crecido mucho en los últimos años-- para que participe muy directamente,
muy intensamente, de forma muy activa, en el proceso de privatizaciones.

Como es natural, muchos de esos ahorradores acudirán a la privatización
de forma directa y otros lo harán a través de entidades financieras. Las
entidades financieras son de muchos millones de accionistas y de muchos
millones de ahorradores y, por tanto, esa equiparación que muchas veces
se hace entre oligarquía y entidades yo creo que es abusiva. En cualquier
caso, en el pasado (no desde que está este Gobierno, sino en el pasado),
la participación de las entidades financieras en el proceso de
privatización ha sido muy importante. De hecho, incluso --cosa que este
Gobierno va a intentar no hacer y eso lo muestra la voluntad de no
hacer--, se han reservado tramos especiales para este tipo de
instituciones, lo que ha dado lugar a esto que ahora tanto se menciona de
la constitución de núcleos duros, que parece que nos hayamos inventado
nosotros en los últimos dos meses, pero que todo el mundo sabe que son
resultado de actuaciones anteriores. Yo me permitiría recordar una foto,
en la puerta del Palacio de la Moncloa, en la que el entonces
Vicepresidente del Gobierno estaba acompañado de los máximos responsables
de estas entidades financieras celebrando la constitución de un núcleo
duro en Telefónica. La foto existe. El Gobierno no va a primar la
constitución de los llamados núcleos duros y, si éstos surgen, en última
instancia van a ser el resultado de un proceso espontáneo que no va a ser
incentivado desde el Gobierno. Si alguien piensa que se incentiva, que lo
demuestre, porque nosotros vamos a explicar en cada caso lo que vamos a
hacer, como he dicho al principio. Sin embargo, sí que es posible otra
cosa, como es que ofrezcamos --y ésa es voluntad del Gobierno, insisto--
condiciones especiales de compra a los trabajadores de las empresas
privatizadas o a determinados colectivos especialmente interesados en su
futuro, al objeto de aumentar su implicación en los resultados de esas
empresas.

Una tercera consideración muy rápida, porque creo que ya he sido
reiterativo, es que hay una relación entre privatización y servicios
públicos esenciales. El traspaso, previo pago, de la titularidad pública
al sector privado no ha de implicar, en ningún caso, la desaparición de
los llamados servicios públicos esenciales. El Estado retiene en sus
manos mecanismos de regulación suficientes, que siempre son más
eficientes, porque son mucho más baratos, que la participación directa en
las empresas, para asegurar que estos servicios públicos son prestados de
forma suficiente tanto en calidad como en cantidad. Eso vale para
sectores tales como los energéticos, el eléctrico, el de las
telecomunicaciones, el del gas o el de los hidrocarburos.

Además, sin perjuicio de esos mecanismos de regulación, que les anticipo
que van a ser rigurosos e intensos para que no haya en ningún momento
perjuicio para los ciudadanos, el Estado se reserva, a través de
instrumentos ya existentes o de aquellos otros que pudiera establecer, la
necesidad de intervenir y de controlar determinadas decisiones
estratégicas de las empresas privatizadas, al objeto de garantizar que en
todo momento se satisfacen los intereses públicos.

Les digo también que ésa no es una voluntad indefinida en el tiempo, ni
generalizable a todos los casos, sino que se va a utilizar de manera
excepcional, pero desde luego siempre que lo estimemos oportuno.

Como conclusión, desde el punto de vista del Gobierno, la necesidad de
modernizar el sector público empresarial del Estado está fuera de toda
duda. Con el plan que hoy estamos explicando el Gobierno considera que se
sientan las bases --y ya saben ustedes que se ha acordado por el Consejo
de Ministros y se ha remitido al Parlamento-- para solucionar un problema
que nuestra economía y nuestro país han venido arrastrando con un coste
enorme --les recuerdo esos ocho billones y pico de pesetas gastados en
los últimos años-- y que aún ha sido mayor si lo contemplamos en las
últimas décadas. Ello permitirá al Estado poder atender mejor aquellos
campos de actuación a los que no llega la iniciativa privada o por lo
menos cuando llega lo hace de forma insuficiente. Dejar la gestión de
algunas empresas ha de ir en beneficio de servicios públicos, insisto,
tales como la sanidad, la dotación de infraestructuras o la educación y
también para atender mejor, como he dicho antes, mecanismos de
redistribución de la renta.

Como no podía ser de otra forma, el Gobierno es el responsable político
único y exclusivo del programa que ahora se presenta. Podrá contar con la
solidaridad y el apoyo de los grupos políticos parlamentarios que así lo
consideren oportuno, pero el responsable político es el Gobierno y, por
tanto, el Gobierno, cuya obligación es la de gobernar, lo va a llevar
adelante.

No obstante, quisiera también dejar claro, como se ha venido repitiendo
ya en muchísimas ocasiones, tanto en los medios de comunicación como en
sede parlamentaria, que en el desarrollo de este programa, en la
ejecución concreta, en la medida en que afecta a intereses concretos, el
Gobierno está completamente abierto al diálogo, a la negociación, al
contraste de pareceres, al intercambio de información, tanto con los
interlocutores sociales, con los sindicatos (y les anticipo que la semana
que viene está programada una reunión con los responsables de las
federaciones del metal y de los sindicatos mayoritarios), como con las
comunidades autónomas, con algunas de las cuales he tenido ocasión ya en
estas últimas semanas de, in situ, tener conversaciones con los
responsables de industria y con los presidentes de las comunidades para
ir de la mano, colaborar y coordinar nuestras actuaciones de la forma más
beneficiosa para los ciudadanos.

Está claro que el éxito de este plan depende del máximo consenso que en
cada caso podamos alcanzar entre todas



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las partes implicadas y no les quepa la menor duda de que desde el
Gobierno existe la mayor predisposición y la mayor voluntad de diálogo
para alcanzar los mejores acuerdos para todos, siempre desde la
perspectiva de su clara convicción de que el proceso de modernización del
sector público empresarial del Estado forma parte de esas famosas
reformas estructurales que todo el mundo menciona, pero que después
difícilmente se concretan y que desde nuestro punto de vista son
esenciales para que el año que viene cumplamos con los requisitos de
convergencia y a partir del año 1999 estemos en condiciones de
integrarnos de pleno derecho y con comodidad en la Unión Económica y
Monetaria europea.




El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar un turno de intervenciones por parte
de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra don Francisco Rodríguez Sánchez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Ministro, en este discurso o exposición
que usted acaba de hacer, mezcla muy bien aderezado el sano realismo
pragmático, que es característico de los tiempos, y la propaganda. Yo
empezaré, lógicamente, y es legítimo, por la propaganda.

Realmente llama la atención --y es un criterio muy utilizado también en
los tiempos que corren-- el hecho de que se confundan o se utilicen
terminologías como sinónimos, a todas luces infundadamente. Es curioso
que ustedes, en vez de hablar ya de privatizaciones, hablan de
modernización de la economía. Es curioso también que aludan a los
intereses económicos generales y, sin embargo, desprestigien lo que hasta
ahora por lo menos en el terreno de la práctica y de la realidad fue una
representación idealista, si usted quiere, pero la única con la que
contábamos desde el punto de vista institucional de todos los ciudadanos,
que era el Estado, cuando éste, que yo sepa, fue también una conquista de
la burguesía, por expresarme en términos un poco realistas, como hace
usted muchas veces, o si usted quiere una conquista de un determinado
tipo de capitalismo.

En tercer lugar, es curioso que usted hable de desequilibrios
presupuestarios, en definitiva del desfase que hay entre gastos e
ingresos, y se vayan a deshacer, sin pararse en barras, de aquello que
potencialmente podría ser rentable y de aquello que incluso realmente es
rentable.

Emplean ustedes también el lenguaje eufemístico cuando hablan de extender
el mercado de capitales para encubrir lo que es realmente un proceso de
acumulación y de concentración capitalista, por decirlo también en
términos contundentes.

Podríamos seguir enumerando muchas otras cuestiones, pero creo que cuando
alcanzan la cumbre de este tipo de propaganda es cuando nos dicen que,
gracias a unos expertos, vamos a tener garantía de objetividad respecto a
que las privatizaciones se harán con los criterios a los que usted
aludió.

Permítame --y permítanme todos, desde luego no soy un técnico, soy
malamente experto en cuestiones de humanidades que no están nada de
moda-- que le diga que igual que en las humanidades hay una filosofía
profunda a la hora de interpretar, debajo de los expertos, de los
economistas, de los ingenieros, y muchas veces debajo de sus sentencias,
hay realmente toda una ideología que, permítame que se lo diga con todos
los respetos, a veces en el mundo que estamos viviendo encubre o conduce
a una pobreza intelectual y muchas veces moral soberbia, igual que es una
de las cuestiones que caracteriza --y aquí yo me puedo meter también-- a
las instituciones políticas en las que estamos en este momento, no por
maldad de los que estamos, sino por el pragmatismo de los tiempos.

Decirle que, en definitiva, curiosamente van a pontificar sobre las
bondades de los sistemas privados estos expertos cuando ellos que sí
están perfectamente bien instalados en los sistemas públicos, cuando
muchísimos de ellos son funcionarios de alto standing y cuando desde
luego no van a tener peligro ninguno de quedarse sin puestos de trabajo.

Sin que la alusión personal valga para nada, sino solamente como una
constatación de que la técnica depende de los vientos y depende incluso
del grado de conciencia moral que tengan los individuos, escuché a un
técnico en economía como el señor Boyer defender hace unos años lo que
hoy denigra y, en todo caso tenemos claro que hacer la ecuación de
privatización-crecimiento económico-reducción de paro-aumento de la
renta-convergencia real --es decir, más o menos lo que era Suecia hace
muchos años, y que tampoco lo es ahora--, nos lleva, como diría nuestro
paisano el Padre Feijoo --que era un cura muy listo-- a que de la premisa
a la conclusión no hay ilación en términos de lenguaje aristotélico. Hay
ilación en la enumeración que usted hizo de que efectivamente estas
privatizaciones van a servir momentáneamente para reducir el
desequilibrio fiscal, la deuda pública y ser obedientes con los Tratados
de Maastricht que es, desde luego, desde un punto de vista de un debate
público-pragmático, una realidad contundente.

Los hechos, entonces, parece que van por el camino de beneficiar al
sector privado, que me va a permitir que lo califique en este momento,
porque soy un arduo defensor del sector privado capitalista, pero siempre
que tenga unos límites y una función, de monopolista feudal, y le digo
feudal porque va a ser el que va a sustituir al Estado en funciones muy
importantes. Esto me da realmente miedo, porque prefiero discutir y
debatir con un partido político, aunque esté condicionado por esos
poderes oligárquico-feudales, antes que tener que estar incluso en
grandes sectores de la economía, como pueda ser la energía eléctrica o
todas las comunicaciones, sin saber dónde se mueven los hilos, si en
París, en Frankfurt o en Nueva York, o qué papel ocupan los españoles de
turno, sean catalanes o sean madrileños. En todo caso, son las grandes
corporaciones y los grandes capitales los que van a poder hacer frente a
estas primeras privatizaciones a las que usted aludió de las
comunicaciones y de la energía, así como un cierto sector de la banca
española que, efectivamente, engordó como los hipopótamos en los últimos
años.




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Como a mí me gusta también la contundencia realista que usted emplea, le
diré que ésta es una fase nueva del sistema imperialista y que está
conduciendo a un empobrecimiento voraz de la periferia y a un
desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar. Aquí veremos cómo
después de esta andanada viene una discusión sobre cómo se reparten las
rentas, precisamente para garantizar esos servicios públicos que usted
dijo que se iban a mantener. De todas formas, no pensamos que ningún
grupo privado se vaya a guiar por otros criterios que no sean los de la
ganancia a corto plazo y el del control del futuro, que nos tiene muy
preocupados, concretamente respecto de esos sectores estratégicos a los
que antes ha aludido.

Como usted visitó recientemente Galicia, mi país, ya me dirá qué nos
queda allí donde el 50 por ciento de las empresas privadas, a las que
nosotros defendemos arduamente, tiene un trabajador, es decir, son
trabajadores por cuenta propia, y hasta el 90 por ciento de las empresas
tienen menos de 25 trabajadores. El sector moderno, es decir,
tecnológicamente avanzado --no exclusivamente, porque en ciertos sectores
vinculados a la agricultura o a la ganadería hay cosas muy modernas
hechas con esfuerzo privado-- pertenece a la empresa pública, y no fue un
regalo del Estado español, sino que fue debido a que había una
cualificación histórica muy importante: ya desde el siglo XIV Galicia era
una gran potencia naval; eso fue teniendo sus condicionantes para España,
unas veces por motivos militares, otras veces por otros motivos, y hoy
nos encontramos con una industria naval que es puntera a nivel mundial.

Nos encontramos con otras industrias que pueden ser privatizadas, que
estuvieron expoliando nuestras materias primas, y, por cierto, muy
rentables, de tal manera que hoy en la economía gallega ese sector
representa prácticamente el 20 por ciento del peso de la economía.

Algunas de ellas son tan rentables que usted sabe que Endesa
prácticamente tiene ganancias multimillonarias, sesenta y tantos mil
millones; libres de impuestos, 36.000. Si realmente las empresas públicas
que hoy existen en Galicia dieron como ganancias, después de descontadas
las que dan pérdidas, 56.000 millones de pesetas en 1995, yo me pregunto
si esto no podría ayudar también a disminuir el déficit público sin
necesidad de salir de la propiedad pública.

No le voy a hablar del resto, que están sometidas a una limitación de la
capacidad productiva, que usted sabe muy bien que no viene dada por su
carácter de empresas públicas, sino precisamente por todo lo contrario,
por eso que usted llamó desregulación y liberalización del mercado, que
parece ser que para nosotros no vale; usted ya conoce el caso de Astano y
el de Bazán. Habría que ver a qué se deben las pérdidas ahí, si a esta
liberalización, que allí no la hay, si a un concierto territorial que no
es muy beneficioso para nuestro país, que ya se sabe que no pinta mucho,
o a algo por el estilo. Incluso me pregunto si el deterioro progresivo no
está calculado para llegar a un fin de carácter determinado, o también si
por lo que se refiere a Santa Bárbara, cuya empresa de La Coruña tan
denigrada es, no habría que pasar la factura a los directivos militares
que la estuvieron dirigiendo, que no fueron precisamente aborígenes o
indígenas, o si eso no tiene algo que ver con que quieran llevar a Trubia
toda la fabricación de herramienta o munición ligera. Creo que ésas
también son opciones políticas. Quizá tenga algo que ver con grandes
negocios especulativos en el centro de La Coruña. Serían tantas cosas que
sería difícil saberlo.

No sé si usted conoce que Inespal fue primero privada, después pública y
ahora que prácticamente está en números ascendentes ustedes la van a
volver a privatizar, por cierto con capital transnacionalizado, que me
merece muchos respetos, pero que siempre es muy problemático.

En definitiva, por este proceso, que no inicia usted, que viene de atrás,
pero que va camino de agudizarse, en concreto, las empresas públicas como
Astano, Barreras, Santa Bárbara, Bazán, Inespal, Imenosa, en el ámbito
territorial de Galicia pasaron de 13.443 puestos de trabajo en diez años
a 7.515, incluidas todas las que son muy rentables. Si aún se va a
agudizar este proceso, ya me dirá lo que nos queda.

En todo caso, le pondría un ejemplo al señor Piqué, al que tengo un
cierto respeto, sobre todo político, porque veo que a veces es muy
contundente en sus expresiones. Como usted además es catalán, aparte de
español, puesto que ocupa un puesto en el Gobierno de España, me gustaría
saber qué opina si yo le dijese que esto de seguir subvencionando a Seat
tiene que acabarse, porque nos cuesta mucho dinero a los contribuyentes
españoles, y yo, como ya estoy muy empobrecido, no quiero dar dinero a
Seat, aparte de que, francamente, sobran muchos coches en el mercado, hay
mucha variedad de marcas y podríamos suprimir unas cuantas fábricas. No
es ése el criterio que se emplea con el sector industrial --por supuesto,
estoy de acuerdo en que no se emplee, porque, ante todo, creo que debe
imperar la solidaridad y el respeto mutuo--, pero quiero decir que cuando
hay este tipo de sensibilidad llama la atención que no la haya para otras
cosas que son más rentables que la fábrica de Seat, que chupan menos
dinero, menos cuartos, y que podrían, incluso, estar tecnológicamente
situadas en primera línea en el mercado internacional.

Por ir ya reduciendo tanto discurso, le diré que ya sé que los núcleos
duros se llaman Caixa --no sé si de Cataluña, porque no creo que ahora el
capital transnacionalizado esté por esto de las naciones-- y Banco de
Bilbao y, por otro lado, Banco de Santander, más todos los amigos
extranjeros. Ahora vamos a hablar de los amigos extranjeros, de la Unión
Europea.

A pesar de que usted dijo que ésta es una tendencia general, y estoy de
acuerdo --y es un gran drama para la humanidad--, aunque no participo de
su creencia tan optimista respecto de la República Popular China, porque
tiene un control muy real de su economía, vaya si lo tiene --hasta los
americanos los tienen que respetar; hasta el señor Aznar los respeta--,
le diré que aun después de privatizaciones, en Francia, según los datos
últimos, el peso de la economía pública es de casi un 18 por ciento; en
la República Federal de Alemania, sin contar la integrada República
Democrática Alemana, es del 12 por ciento; en Italia, del 19; en
Portugal, del 20 por ciento; en Grecia, del 20 por ciento --en esto se
parecen a Galicia--; en Dinamarca, del



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12 por ciento; en Irlanda, que va a coger ahora el timón, del 13 por
ciento; en el Estado español, ahora, es del 9 por ciento. Creo que en el
futuro va a ser menos que en Gran Bretaña, que solamente tiene el 4,5 por
ciento, después de todo lo que tiene pasado. Por cierto, opiniones no
politizadas de personas que viajan a Gran Bretaña dicen que aquello,
desde el punto de vista social, está a años luz de lo que era en los años
sesenta. A algo se deberá. No sé si se deberá solamente a que los
ingleses no tengan ganas de trabajar.

En todo caso, nosotros vemos que la obediencia española, los discípulos
aventajados que somos de ese tándem que es la Unión Europea, Estados
Unidos y Japón, está provocando, además de la presión interior de los
núcleos duros, una presión externa muy fuerte que está repercutiendo en
que el Estado español tenga mínimos de autonomía política interna. Sin
considerar el mercado interno, sin poder institucional, sin grandes
transnacionales, que usted ya me citó un día, conduciendo paulatinamente
a una desestructuración del tejido productivo interno, con una movilidad
de capitales como nunca hubo, con una reinstalación o reubicación
productiva como nunca hubo, ya me dirá lo que puede pasar aquí. Por
tanto, es legítimo también tener miedo. Usted está muy seguro de que
vamos por buen camino. A nosotros en concreto, en el Bloque Nacionalista
Galego, nos produce miedo, y eso que el punto de partida ya ve que está
en que somos los más pobres de la familia.

Lo que sí tenemos clarísimo es que ustedes están, erre que erre, en que
hay que reducir la inflación, equilibrar la balanza de pagos en cuanto
gastos e ingresos y el cambio de la moneda, pero yo creo que, a pesar de
que digan lo contrario, de lo que no se preocupan es de que el ritmo de
crecimiento sea real en términos sociales, en términos de consecuencias
sociales, de creación de empleo, y en términos de la balanza comercial,
que es muy importante, tanto o más importante que la balanza de pagos,
entendida como un criterio de ingresos y de gastos.

Podría acabar recordándole lo que decía una persona que cambió de
opinión, como es el señor Tamames, respecto del papel de la economía
pública, pero lo voy a obviar. Lo que sí quiero hacer es recordarle
nuestro catecismo y decirle lo que nos preocupa. Nuestro catecismo no es
igual de propagandístico que el suyo, pero, en todo caso, está
fundamentado en datos empíricos muy evidentes --lo suyo, en cuanto a las
consecuencias que va a traer, está por ver--. Tenemos claro que, desde
luego, los gobiernos que vengan detrás en el Estado español se van a
encontrar con una situación claramente enfeudada; es fácil privatizar,
pero volver otra vez a estatalizar exige un proceso revolucionario. O
sea, los que planifican todo este proceso saben lo que hacen.

En segundo lugar, yo creo que en Galicia la diversificación de la
producción que se podría hacer del sector público, manteniendo un
desenvolvimiento sostenido con creación de puestos de trabajo con estos
dineros que dan de ganancia las empresas públicas, queda prácticamente
imposibilitada. Incluso la participación de la administración autonómica
en las empresas públicas es ya de pena. Ya les ponen ustedes en unas que
inicialmente no dan ganancia y en las que además van a ser convidados de
piedra, y en las que dan ganancias no pintaron nunca nada y ahora se
confirma que no podrán pintar tampoco en el futuro. Hay muchas pequeñas y
medianas empresas en Galicia cuyo desarrollo se ve dinamizado por la
presencia de estas empresas públicas, que, a pesar de todo, hasta ahora
tuvieron nada más una función de enclaves, pero que potencialmente podían
cumplir otra función. Pregúnteles ustedes lo que piensan muchos pequeños
empresarios de Ferrol y su comarca y verán lo que les dicen sobre las
posibilidades de que sean privatizadas algunas empresas públicas allí.

Por mucho que usted venda las ventajas de la empresa privada, está
demostrado que la participación social, el grado de control a partir de
las instituciones públicas es mucho mayor en las empresas públicas, y eso
que no fueron un modelo tal y como estuvieron funcionando, porque estaban
perfectamente penetradas de intereses privados. Los que estamos aquí
sabemos muy bien sobre qué base está funcionando hoy Endesa. No creo que
esté funcionando con los criterios de un servicio público y de un control
político de los partidos que gobiernan y cosas por el estilo.

En definitiva, nosotros pensamos que se va a agudizar el proceso de
transnacionalización, de deterioro del tejido productivo y que esto va a
aumentar el déficit comercial y va a favorecer las maniobras
especulativas en sociedades que no tienen mucha defensa institucional,
como la nuestra. Y le vuelvo a repetir que las mismas medida tomadas en
medios económicos diferentes dan resultados radicalmente distintos. La
sociedad americana puede aguantar mejor, con bolsas de pobreza, con gran
miseria, con gran diversidad cultural, que países que, por un proceso de
empobrecimiento, encima reduciendo población --como es el caso, por
ejemplo, de Galicia, y sin poder político autóctono--, van a sufrir este
proceso con un empobrecimiento yo creo que mucho más generalizado.

Es curioso que el Banco Pastor haya anunciado que no tiene capacidad
económica alguna para participar en ningún tipo de privatizaciones. Y de
las cajas de ahorros, en concreto de la más importante, prefiero no
hablarle, porque es un modelo de transnacionalización en sus inversiones
monetarias. Las hace antes en Israel que en La Coruña, como dicen ellos.

Y ya para acabar, siento tener que decirle que, a pesar de que sea una
manifestación ideológica, ésta es una estrategia de grupo oligárquicos
privados, utilizando fondos y sacrificios públicos. La única duda que me
queda es si usted es un instrumento de esta política, si es un
intermediario, si realmente es un hombre que tiene buena voluntad y
piensa idealmente que esto va a ser muy positivo, y ahí sí que le dejo el
beneficio de la duda.




El señor PRESIDENTE: En segundo lugar tiene la palabra por parte del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, voy a ser breve. Por lo
pronto quiero agradecer el informe



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que nos ha presentado el señor Piqué. Me parece que ha hecho una amplia y
documentada explicación de las razones de este programa de modernización
del sector público empresarial. En definitiva, es un problema de costes,
de ineficiencia, de desregulación de mercados, de modernización de la
economía del país.

Yo no voy a entrar ahora, por razones elementales, en un debate sobre el
alcance de estas cuestiones. Solamente, si me lo permite el señor Piqué,
me gustaría hacerle algunas breves reflexiones que tienen un cierto
carácter de pregunta, a efectos de que usted me dé una respuesta más o
menos precisa. Lo digo porque el señor Piqué no da la impresión de tener
dudas. Tiene la determinación clara de que ésta es una tarea muy
complicada y muy difícil, pero que quiere hacerla y, por tanto, yo creo
que tiene previstas alguna de las ingenuas preguntas que yo voy a hacer.

La primera se refiere a la estrategia, porque, en definitiva a lo que voy
no es tanto a la filosofía y al debate sino a las estrategias. Usted ha
hablado de cuatro grandes grupos. Esto tiene un horizonte temporal
todavía no definido, supongo de unos años. Estamos en un proceso de
cambio de siglo, y quizá más allá incluso del cambio de siglo, tienen
alguna de las estrategias definidas. Entonces, estas estrategias plantean
diferentes problemas para esos cuatro grandes grupos que usted ha citado.

En cuanto a las empresas directamente privatizables, en definitiva, se
trata de la continuidad de un proceso de privatización que inició el
Gobierno anterior, aunque usted dice que de manera incontrolada, y con el
mismo argumento --aunque no empleando la misma expresión-- que utilizó el
otro día el seguir Eguiagaray, ya que usted se lo ha devuelto y les ha
dicho que ellos han hecho algún tipo de privatización para hacer caja. Lo
ha planteado así claramente y ha dicho que muchas veces, en situaciones o
coyunturas financieras difíciles, se hacía más para conseguir recursos,
que es, parece, el debate que les están planteando los que iniciaron la
privatización de las directamente privatizables.

La única duda o preocupación que aparece ahí, porque está claro que es un
proceso que está teniendo lugar a escala internacional y que se está
produciendo en todos los países, es en qué medida este proceso va a
permitir un cierto control estratégico desde el punto de vista de los
intereses del país, y si tenemos claro que no vamos a perder, porque
igual que cuando usted ha utilizado la terminología de oligarquías
dominantes de los años sesenta hablábamos de nacionalización, espero que
no estemos en un proceso de desnacionalización puro y duro, es decir, que
las grandes empresas a nivel internacional controlen los mercados
estratégicos en España sin el mínimo control estratégico. Usted incluso
ha insinuado --no ha explicado bien-- cuál es el control de algunas
decisiones estratégicas que se reserva el Gobierno aunque no
indefinidamente. Me gustaría saber un poco en qué dirección va a eso.

Lo que es cierto es que, ahora, el famoso núcleo duro, el corazón fuerte
de las empresas, es decir, controles mínimos de porcentajes del 10 por
ciento, se convierten en controles estratégicos de una empresa, porque se
produce una disolución de acciones en el accionariado popular, que usted
anima y estimula dentro del proceso de ahorro popular. Ha dicho usted
exactamente que ese proceso es espontáneo. Mi pregunta es: ¿debe ser
totalmente espontáneo? Porque espontáneamente --yo no estoy tampoco por
el uso de la terminología de oligarquías dominantes--, se pueden
convertir en oligarquías dominantes --lenguaje de los años sesenta, que
usted usa--, en oligopolios --expresión que también ha empleado--, si
sólo dos o tres grandes grupos financieros controlan sectores
estratégicos. En ese orden la reflexión que yo apunto es que ahorradores
con un mayor control estratégico podrían ser también las cajas de ahorro
y se han ofrecido el otro día. Usted dice que el sector público
empresarial español vale tres billones de pesetas aproximadamente. Las
cajas de ahorro decían que tenían cuatro billones y algo para invertir,
tanto en privatizaciones como en infraestructuras. No dejemos que ese
proceso sea tan espontáneo, no dejemos que se creen oligopolios
dominantes tan fácilmente y hagamos lo posible para que en la
intervención en cuanto a decisiones estratégicas el Estado garantice el
mínimo suficiente y necesario. Yo no soy totalmente intervencionista en
ese planteamiento, pero lo que sí digo es que no lo dejemos sólo a un
proceso absolutamente espontáneo.

Como usted sabe, me estoy refiriendo a las empresas que ya están en un
proceso de privatización y que ustedes van a continuar. He leído o he
oído, no sé si estas cifras son correctas, que esto puede dejar 300.000
millones de pesetas más en el año 1996 y un valor de 500.000 millones de
pesetas en el año 1997. No sé si esas cifras se corresponden con lo que
usted ha planteado.

Segundo grupo, y hablo de otros problemas estratégicos: empresas
eficientes pero que están en mercados regulados, ha dicho usted,
fundamentalmente energía, Endesa, electricidad, etcétera. Primer
problema. Alguien puede decir que si Endesa tiene tantos beneficios, de
lo que se trata es de transferirlos del sector público a los nuevos
compradores privados. No entiendo exactamente eso. Usted ha dicho que
primero hay que desregular y que de lo que se trata no es de transferir
beneficios, sino de que esas empresas trabajen desde una posición más
eficiente. Por tanto, no son tan eficientes, porque están vendiendo casi
monopolísticamente un producto cuya compra es obligatoria --en este caso
la energía-- para el consumidor, a un precio que es probablemente
superior al que tendría en unas condiciones de mercado no intervenido.

Por tanto, hay que desregular. Esa desregulación supongo que va a
producir efectos para el consumidor.

Le voy a poner un ejemplo. Usted viaja en el puente aéreo. Sin embargo,
nosotros no tenemos puente aéreo de Canarias a Madrid, pero sí le puedo
asegurar que los canarios hemos transferido enormes recursos. Nosotros no
tenemos prácticamente empresas públicas. Cuando usted habla de no sé
cuántos billones que le ha costado al Estado, lo hemos pagado todos, pero
los canarios no hemos recibido ningún tipo de beneficio. A eso me
referiré pronto. Pero yo no estoy haciendo una intervención de carácter
local, sino sobre problemas generales, a los cuales se suman los locales.

Lo que quiero decir es que nosotros en el transporte aéreo, sin tener
puente aéreo, hemos transferido a la



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compañía Iberia no sé cuántos miles de millones de pesetas, porque nos
cobraba el doble de lo que vale ese pasaje, ese billete de avión. En un
mercado, como ahora se ha demostrado, no intervenido, no en oposición
monopolista, le transferíamos unos enormes recursos. Nos costaba 40.000
pesetas el billete ida y vuelta a Canarias, y ahora vale la mitad. Por
tanto, se trata de transferir al consumidor los grandes beneficios, según
he entendido, con la desregulación de esos mercados, y no a esas
empresas, si es que eso se va a hacer así. Ese es el segundo problema de
estrategia que estoy apuntando.

Tercer problema, tercera estrategia, reestructuración de sectores para
buscar su competitividad y conservar los puestos de trabajo. En términos
generales estamos hablando de empresas de transporte como Iberia, Renfe y
otras. Supongo que estamos hablando también de que ésa no es una
privatización a corto plazo y que hay que buscar alianzas
internacionales, en el caso de Iberia, para que el proceso que se ha
iniciado de reducción de costes, de venta de Aerolíneas Argentinas, nos
permita una empresa que pueda ser privatizada poco a poco, pero
manteniendo los puestos de trabajo. Eso exige un tipo de estrategia
específica y distinta a las anteriores.

En el cuarto punto usted ha hablado sobre las empresas no privatizables a
corto plazo, y yo diría que incluso ni a medio plazo, por los efectos
sociales y territoriales que eso produciría. Evidentemente, estamos
hablando de la minería, del carbón, de la siderurgia, del sector naval,
es decir, de Galicia, de Asturias, de sectores de Andalucía. Apuesto
claramente por que en negociación con los sindicatos y con los agentes
sociales en general se intente diferenciar lo que son intereses
corporativos más o menos privilegiados que puede haber en la empresa
pública --esa cultura funcionarial de la que usted ha hablado, criterio
que yo comparto totalmente-- de lo que son intereses legítimos de los
trabajadores, de amplias comarcas de comunidades españolas y de pequeñas
y medianas empresas auxiliares que viven de esas grandes empresas, como
ha señalado muy bien el compañero del Bloque Nacionalista Galego. Habrá
que tener una estrategia que no es sólo de empresa, sino de territorio,
de comunidad, de áreas de España a efectos de conseguir un desarrollo
equilibrado, sostenido, sustitutivo de algún otro efecto de
reestructuración que necesita procesos a medio plazo.

Por último, a lo que yo me quería referir es al problema de algunos
territorios de España, además de éstos, pero específicamente canarios. En
la medida en que nosotros somos un territorio insular, yo le diría que
esos servicios públicos esenciales a que usted se ha referido no son
solamente la enseñanza, la educación, la sanidad, las pensiones, las
infraestructuras. Para nosotros un servicio público esencial es el
transporte aéreo y marítimo, lo es sin duda la energía. Nosotros tenemos
empresas, unas dependientes de Endesa y otras de Iberia, que necesitan de
un tratamiento específico para que un servicio público esencial esté
garantizado. Y vuelvo al principio de mi intervención. Eso exige que se
creen núcleos estratégicos, núcleos duros dentro de esas empresas que
permitan el control estratégico territorial, porque frente a un monopolio
público, que ya expliqué antes que lo hemos sufrido, es peor soportar un
monopolio privado. Por tanto, encontremos la fórmula de que no sea algún
grupo financiero, ya que sólo busca una rentabilidad inmediata y no la
garantía de un servicio público esencial. Hay líneas de transportes
internos, por ejemplo, en nuestras islas que no son rentables, y habrá
que encontrar la manera de que ese servicio público esencial se mantenga,
porque si no se producirá el aislamiento en un territorio insular que es
distinto al continental.

Hace falta tomar decisiones estratégicas teniendo en cuenta tres
aspectos: reducción de costes e incremento de la eficiencia, el social
--los efectos sociales sobre los territorios-- y fundamentalmente también
el territorial, que yo incorporo en esa cuestión. En ese orden nosotros
creemos que usted ha ofrecido transparencia. En nombre de mi grupo
parlamentario se lo agradezco. Creo que usted es una persona --lo digo
con toda sinceridad-- competente. Creo que sabe de lo que está hablando,
pero nadie sabe lo suficiente sobre un tema tan complejo y es deseable
que todos nos ayudemos a la hora de tomar decisiones que son muy
complicadas, muy delicadas al mismo tiempo, que tienen efectos
económicos, sociales y territoriales muy complejos, y que acertemos todos
con el máximo consenso posible para que ese proceso de modernización de
la economía española, que pasa por la modernización del sector público
empresarial, se haga de acuerdo con los intereses del país, de sus
comunidades autónomas y de sus ciudadanos en definitiva.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Presidente, agradezco, en
primer lugar, como han hecho los anteriores portavoces, los reflejos del
señor Ministro al solicitar esta comparecencia en un período
extraordinario en la Cámara, porque entendemos que es razonable que así
sea, dada la trascendencia de los contenidos que están recogidos en este
Programa de modernización del sector público y empresarial del Estado. Se
lo agradecemos de verdad, señor Ministro.

Compartimos el breve excurso histórico que ha realizado en la primera
parte de su intervención. Entendemos, desde el Grupo Parlamentario Vasco,
que difícilmente puede discutirse, a estas alturas del siglo, que la
evolución económica y social de los países desarrollados ha dejado sin
sentido alguno las actividades que tradicionalmente ejercían los Estados.

A mayor abundamiento, las privatizaciones son un lugar común en las
actuales políticas económicas europeas. Lo ha explicado usted
correctamente. Las realizó en el Estado el Partido Socialista y nosotros
las apoyamos. Las continúa ahora el Gobierno del Partido Popular y
nuestra actitud será en consecuencia coherente. En el conjunto del orden
económico y político mundial las llevan a cabo y las están ejercitando
los gobiernos conservadores, los demócrata-cristianos, los socialistas y
a poco que se hurgue y se pueda examinar, también los gobiernos
comunistas, señor Ministro. No se asuste por eso. No hace



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falta ser más o menos agresivo en la exposición ante evidencias tan
palmarias. (El señor Vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la
Presidencia.)
En definitiva, el pragmatismo como orientación política termina
imponiendo soluciones similares a las definidas desde posiciones
políticas distintas. Para nosotros lo razonable no es centrar el debate
en el porqué se realizan las privatizaciones, ni siquiera desde qué
posiciones ideológicas, desde qué postulados se abordan, porque desde el
análisis de los resultados de estas políticas la praxis es exactamente la
misma. Lo que queda claro en este cambio de legislatura es que lo único
distinto son las reacciones, las reacciones de los que están en la
oposición y las reacciones de los que están en la posición. Es quizá lo
único distinto que se observa en el análisis de esta evolución.

Tenía aquí una intervención del Subsecretario de Industria en la anterior
legislatura, en la que indicaba en esta Cámara: El Gobierno socialista es
consciente de la realidad española de hoy, propia de un país
industrializado, con una economía interdependiente, en la que el papel
impulsor del Estado ha perdido buena parte de su fundamento. Esa y no
otra realidad es la que apunta la conveniencia de continuar disminuyendo
la participación pública en determinadas empresas.

Pues de eso se trata. No pasa absolutamente nada.

En relación con el análisis del plan que aprobó el Gobierno el día 28 de
junio, queremos indicarle que compartimos los criterios reflejados en ese
plan. Se habla de transparencia, de concurrencia, de eficiencia, de
economía, de corrección de desequilibrios financieros, de aumento de
competitividad, etcétera. Es difícil estar en contra de esos criterios.

Creemos que el problema no radica ahí. Sí quisiéramos hacer alguna
matización con respecto a un criterio que se indica de separación de la
propiedad y de la gestión de las empresas, porque nos gustaría que fueran
matizados estos contenidos. Si no se matizan más se podrían obtener
conclusiones no acertadas, que seguramente no estarán en la intención del
redactor ni del Ministerio.

Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco, señor Ministro,
entendemos que es razonable solicitar al Gobierno que exista un plan
concreto y detallado que recoja los contenidos y los alcances de las
privatizaciones. Con estos criterios genéricos recogidos en el plan, como
he indicado anteriormente, es difícil estar en desacuerdo. La existencia
de un programa de contenidos y de objetivos es lo que puede permitir un
debate riguroso, en el que se fijen los límites del proceso y se pongan
en marcha mecanismos que aseguren su independencia y su neutralidad. En
definitiva, en este plan que se nos ha presentado existen una serie de
criterios genéricos, una serie de organismos con unas funciones que las
van a llevar a cabo. Se indica que el proceso de privatizaciones tiene
tendencia de globalidad, pero es difícil abordar, desde la perspectiva
empírica, los parámetros reales de esta vocación de globalidad --lo de
las vocaciones ha sido siempre una dimensión bastante difícil de medir
aun en el mundo de la trascendencia--. Desde esa perspectiva, es
razonable que el Gobierno plantee cuáles son los parámetros --eso a lo
que los economistas están tan acostumbrados--, los objetivos a corto, a
medio y a largo plazo; en qué se traduce esa vocación, si va a ir vestido
de cura, de clergyman, de civil; en definitiva, cuál es la concreción de
estas vocaciones de globalidad o de estas tendencias. Si quiere se lo
digo en términos coloquiales: cuándo va a plantear el señor Ministro de
Industria y Energía al Gobierno, en esta legislatura, el cierre del
Ministerio de Industria, porque llevando al absurdo la vocación de
globalidad sería razonable entender que dentro de los planes del señor
Ministro esté también el proponer al Gobierno el cierre del propio
Ministerio. Como entendemos que eso no es lo razonable, sí creemos que se
tienen que abordar desde el Gobierno parámetros a través de los cuales
los grupos parlamentarios podamos entender, a lo largo de la legislatura,
qué es lo que puede pasar. Ya digo que la discusión no está, salvo en
algún matiz de algún criterio genérico, ni siquiera en que se conformen
una serie de órganos a los que me referiré más adelante. El programa es
tener una perspectiva de desarrollo a lo largo de la legislatura, a
través de la cual este programa pueda ser ejecutado.

Hemos oído un planteamiento riguroso en su intervención, señor Ministro,
ajustado a los objetivos del plan de privatizaciones que se nos ha
indicado. Usted ha dicho que de lo que se trata es de permeabilizar este
debate a la sociedad. Ahí está uno de los retos a través de los cuales
debemos abordar este debate, para que los ciudadanos despejen las dudas
que razonablemente tienen --nosotros también las tenemos, señor
Ministro-- y establecer los ejes del debate en sus justos términos.

Convendrá con nosotros en que es una operación demasiado delicada para
hacerla con precipitación y a veces se observan prisas en las
declaraciones públicas que se realizan desde el Ministerio. Nosotros
entendemos que es un plan muy interesante, siempre que se ejecute con
rigor, con transparencia, en los objetivos que ha indicado de reducir el
elevado nivel de endeudamiento público, desde esta perspectiva
recaudatoria. El Gobierno debe informar sobre las previsiones de
reducción del déficit que prevé o, en sentido contrario, del aumento de
riqueza neta previsto; es decir, cuánta caja piensa hacer. Hay una
coordenada temporal y un parámetro económico que tiene que ser mensurable
en sus propios términos, pues si no no sabemos de qué estamos hablando.

Se indica también en este plan que uno de los objetivos del dinero que se
pueda recaudar es la financiación de inversiones, algo que nos ha
sorprendido. Nos gustaría saber si lo va a permitir la Unión Europea, si
no contradice las normas comunitarias o si es un gazapo bienintencionado,
porque entendemos que desde las directivas europeas estos dineros que
vienen de las privatizaciones sólo se pueden destinar a amortizar deuda
pública. Igualmente, desearíamos saber qué previsiones tiene el Gobierno
en relación con estos temas.

Ha indicado también el señor Ministro que hay que cuidar las formas, ya
que en democracia las formas también son importantes, planteamiento que
compartimos.

En los inicios previos a la aprobación por el Consejo de Ministros de
este plan de modernización del sector público quizás no se han cuidado
las formas suficientemente o no han sido las más correctas. Da la
impresión en algún momento



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de que se agitan ciertas banderas y que aparecen los banderizos. En los
últimos días estamos conociendo, sin haber leído los diez folios que
tiene el plan, una lucha banderiza. Quizás la opinión pública haya
percibido que el Gobierno va a vender las joyas de la Corona a sus
amigos. Es fácil establecer estos términos demagógicos, pero debe existir
una acción de Gobierno para abordar un plan que la opinión pública
entienda. Nosotros, como Diputados que andamos por la calle, somos
preguntados por los ciudadanos sobre qué es lo que va a pasar. Por la
información que tenemos del Ministerio, sabemos que esto no es lo
correcto, ni siquiera lo que se pretende, pero sí quisiéramos constatar
que esa percepción existe entre la ciudadanía. Quizás haya fallado la
comunicación, por lo que habría que corregir estos hechos para abordar
este proceso de privatización.

Con este plan hemos echado en falta, señor Ministro, la memoria que
habitualmente suele acompañar los reales decretos, porque ilustran los
parámetros a través de los cuales los contenidos legislativos vienen
expuestos. Es evidente, con los criterios recogidos en este plan, que no
se pretende una privatización desordenada, confusa, descoordinada ni
traumática, pero tampoco se dice lo contrario. Estamos ante un plan que
tiene las grandes coordenadas organizativas dentro de los contenidos,
pero que no recoge estos parámetros temporales de calendarios, los
planteamientos económicos que tiene el Gobierno, etcétera. Esto ha
llevado a que la discusión sea la ideológica. Me parece que las
izquierdas no pueden entender que existan procesos privatizadores, aunque
ellas mismas las hayan realizado. Por otro lado, existen grandes grupos
de inversores que están al acecho de lo que puede pasar, con la tensión
que ello ocasiona a la sociedad. Eso ha llevado a que la discusión, como
digo, haya sido ideológica. Nosotros entendemos que ni lo público es
ineficaz y perverso per se ni que lo privado funciona en el país de las
maravillas neoliberales. Todos estamos escamados a estas alturas de ambas
situaciones y entendemos que no es aquí donde hay que centrar el debate.

Usted mismo ha dicho que la titularidad de los medios, de las empresas,
de las acciones, no conduce inevitable y directamente a que haya mayor
competitividad, mayor rentabilidad. Ese mismo argumento hay que
extenderlo a toda la discusión, porque no se trata, en nuestra opinión,
señor Ministro, de canonizar lo privado ni de satanizar lo público,
porque lo que haremos será fragmentar la sociedad y bastante
desvertebrada está como para que nos perdamos en estas discusiones, que
al final se convierten en trascendentes y no arreglan absolutamente nada.

Usted mismo ha dicho que el titular de las participaciones públicas o
privadas no garantiza ni competencia ni eficiencia ni transparencia. Eso
es evidente y en nuestra opinión ése es el debate que hay que superar.

En tercer lugar, nos llama la atención, señor Ministro, que se proponga
este plan de modernización del sector público sin hacer las
consideraciones debidas sobre lo que va a ser la política industrial del
Gobierno. Parece razonable entender que este plan que se presenta es un
capítulo dentro del debate de política industrial, de sus objetivos y de
sus propios componentes.

Comparto con usted la valoración que ha hecho en relación a ciertas
épocas y a empresarios que han mostrado su capacidad de resistencia,
compitiendo --creo que ha dicho-- en las peores condiciones. De lo que se
trata es de no reproducir los mismos esquemas y de superar esa época en
la que se decía que la mejor política industrial es la que no existe.

Nosotros hemos ido avanzando a lo largo de la V legislatura superando
estos parámetros. Desde esta consideración estimamos que privatizar es
sólo uno de los instrumentos de la política industrial. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) En consecuencia, preguntamos al
Gobierno qué otros parámetros de política industrial piensa poner en
marcha, a lo largo de la legislatura, para que este debate se pueda
abordar desde todo tipo de consideraciones y superar así este debate
nominalista a través del cual da la impresión de que ciertos sectores de
la sociedad nos quieren conducir.

Insisto en solicitarle los plazos, los calendarios, los parámetros
económicos a través de los cuales piensa el Gobierno establecer este plan
para conocer cuál es el valor de las participaciones del Estado que
pretende enajenar el Gobierno en esta legislatura y qué previsiones
tiene. No se trata de ajustar a la peseta, pero sí de saber de qué es lo
que estamos hablando. Nos gustaría conocer qué previsiones tiene
realizadas el Gobierno de participación de las grandes entidades
financieras en la compra de dichas participaciones; si entiende que
existen condiciones en el mercado para poder asumir todo este volumen de
ventas y compras y qué escenario está dibujando el Gobierno, porque
cuando el Ministro se siente tan seguro es porque debe de tener un mapa
en la cabeza. Creo que es razonable que esta Cámara, con los matices
oportunos, pueda conocer los parámetros a través de los cuales este plan
pueda aprobarse.

Debería hacerse mención a la Ley de privatizaciones aprobada en la
legislatura anterior y a qué actitud tiene el Ministerio en relación a
los contenidos de esa ley. También nos interesa conocer en relación a las
afirmaciones que ha realizado sobre la compra de acciones por pequeños
inversores, cómo prevé el Gobierno que se pueda generar esa compra. Usted
mismo en declaraciones públicas ha hecho consideraciones en cuanto a
distribuir la propiedad lo más posible. Nosotros quisiéramos pensar que
son afirmaciones retóricas. Asimismo, nos gustaría saber con qué
instrumentos legales económicos piensa contar el Gobierno con el fin de
que objetivos que son loables puedan articularse.

En sentido contrario, nos preocupa el excesivo peso del sector financiero
en este programa de privatización. Si lo que dicen los rumores y las
revistas especializadas es cierto, nosotros que somos un Grupo
Parlamentario que reivindicamos la economía productiva en sus parámetros
clásicos y siempre hemos observado con cierta preocupación estas entradas
masivas del sector financiero en lo que son las empresas de la economía
productiva y real, creemos que lo básico, dentro de la política
industrial, es la creación de un marco industrial de competitividad donde
este plan de modernización sea un subcapítulo dentro de un capítulo más
importante. Desde la misma perspectiva sería interesante conocer, en
relación al mercado eléctrico,



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qué perspectivas prevé para la desregulación el Ministerio en su otra
faceta de Ministerio de Energía.

En relación a los órganos del consejo asesor de privatizaciones que está
compuesto por ocho miembros que se dice que son independientes, deseamos
manifestarle que, en principio, no compartimos el término de
independiente, que tanto se está generalizando en algunos órganos que el
Gobierno está remitiendo a esta Cámara. Esta es la Cámara de la política,
nosotros defendemos opciones políticas legítimas y detrás de cada
persona, como decía antes el portavoz del Bloque Nacionalista Galego,
vemos personas con intereses y con una representatividad política.

Estimamos más razonable otro planteamiento respecto a la composición de
este Consejo. Este Diputado no tiene ningún rubor en afirmar que es
militante del Partido Nacionalista Vasco y que defiende una serie de
intereses. Lo hace con orgullo, los ciudadanos le eligen para eso y ésa
es la base democrática. Al insistir demasiado en que estos órganos son
independientes y que, además, porque son independientes van a funcionar
con transparencia, hace flaco favor a la política en su acepción más
noble y son discursos que hay que superar. Nosotros quisiéramos aquí ocho
personas que aborden con rigor, sean del Partido Popular, del Partido
Socialista, de Convergència i Unió, o de cualquier otro grupo, la labor
que se les encomiende, tanto si son políticos, como si no lo son. Pero
insistir en el término independiente nos llama excesivamente la atención,
máxime cuando se está realizando desde distintas instancias del Gobierno.

En conclusión, señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco tengo
que decir sí al programa de modernización de empresas, siempre que se
mejore, como ha indicado el señor Ministro, en competitividad, en
productividad, en empleo, en que este proceso se realice con
transparencia y se garantice el control parlamentario.

En este sentido quisiera hacer una consideración. Usted se ha referido a
las funciones que se han dado a la Intervención Delegada del Estado, a
los comités que se indican en el propio plan, etcétera, pero cuando se ha
referido al Parlamento se ha limitado a decir: compareceré ante ustedes
--cosa que le agradecemos-- cuantas veces lo soliciten. Nosotros creemos
que hay que superar también esta concepción del Parlamento. Estamos
encantados de poder estar aquí con usted discutiendo dentro de estos
turnos que el Reglamento generosamente nos concede, pero tenemos que
superar esta concepción de una Cámara de representantes que se ciñe a
escuchar las intervenciones, siempre bienintencionadas del señor
Ministro, y a escuchar los turnos de debate de los distintos portavoces.

En un proceso tan serio en el que estamos hablando de millones de
pesetas, de los intereses de tantos ciudadanos, de si van a tener trabajo
o no, una Cámara de Diputados debe tener otros instrumentos y debe contar
con otras posibilidades para seguir un plan. Le llamaría la atención para
que desde el Ministerio se hiciesen estas consideraciones; es decir, que
se estudie cuál puede ser la colaboración de los grupos parlamentarios
con el propio Ministerio, a los efectos de que un plan tan ambicioso como
éste pueda contar con la colaboración del propio Parlamento. Nosotros
estamos para ayudar, señor Ministro, no para poner palos en las ruedas.

Qué más quisiéramos que usted y su Ministerio acertaran en esta labor.

Esto es lo que le deseamos y para ello va a contar con la colaboración
también del Grupo Parlamentario Vasco. Ahora bien, le llamamos la
atención en el sentido de que haga lo indecible para que el seguimiento
del plan por parte de esta Cámara se efectúe con las máximas herramientas
y diligencia, a los efectos de que sepamos de qué estamos hablando.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, sean las primeras palabras de
agradecimiento al Ministro de Industria por su comparecencia voluntaria
para informar a la Comisión de Industria del plan de modernización del
sector público.

Sirva también la intervención del portavoz del Grupo de Convergència i
Unió para clarificar cuál va a ser la postura de nuestro Grupo
Parlamentario respecto al plan de modernización de la empresa pública,
presentado por el Partido Popular. Como no podía ser de otra forma, la
posición del Grupo de Convergència i Unió va a ser exactamente la misma
que tuvimos cuando, en su día, el Gobierno Socialista presentó el plan,
no de modernización sino de racionalización del sector público
empresarial español.

Nuestra posición respecto al plan de modernización del sector público
presentado por el Partido Popular (a veces hay un cierto temor a
pronunciar la palabra privatización, pero, en definitiva, lo que se está
haciendo, lo que se hizo y lo que va a hacer va a ser privatizar, es
decir, que propiedades o empresas públicas que hoy están en manos del
Estado pasen a la propiedad privada) va a ser de apoyo claro y sin
fisuras. Repito que, en el fondo, prácticamente es el mismo que el que en
su día presentó el Gobierno socialista. Es verdad que existen ciertas
diferencias de matiz en cuanto a los plazos para poder afrontar este
proceso de privatización, a los mecanismos jurídicos y a la definición
orgánica de las sociedades que van a ser objeto de privatización.

¿Por qué decimos que prácticamente son los mismos? Es importante también
manifestarlo públicamente a la Comisión para que al menos Convergència i
Unió pueda demostrar que sus planteamientos son los mismos y que están
orientados sólo a la objetividad en la toma de sus decisiones. El Partido
Popular habla de la modernización de las empresas en pérdidas,
concretamente, de las empresas de la Agencia Industrial del Estado;
ustedes, en su exposición de motivos, aprobada en el reciente Consejo de
Ministros, hablan de racionalizar las subvenciones del Estado a estas
empresas con pérdidas, a fin y efecto de, a través de la mejora de la
gestión, intentar que las subvenciones del Estado sean las mínimas
posibles en el horizonte de los próximos cuatro años, respetando siempre
los contratos-programa que existen entre el Estado y la Agencia
Industrial del Estado. Permítame decirle, señor Ministro, que su
contenido



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es exactamente el mismo que el de la moción que en el pasado debate sobre
la racionalización del sector público empresarial español, efectuado en
el Congreso de los Diputados, el 10 de julio de 1995, aprobamos con el
concurso de los votos del Partido Socialista, del Partido Popular, de
Convergència i Unió y de otros grupos parlamentarios, cuyo punto número
14 decía lo mismo que proponen ustedes: Reducir progresivamente las
subvenciones y transferencias de capital a las empresas públicas con
pérdidas estructurales y que la concesión de ayudas, avales y
subvenciones --que, como ustedes saben, están explícitamente prohibidas
por la ley-- esté condicionada a la existencia de un plan de saneamiento
y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo. Por tanto,
nuestra postura no puede ser otra que la misma que teníamos en la pasada
legislatura.

Quiero también recordar la posición de Convergència i Unió cuando el
Gobierno Socialista, en un acto de valentía, inició el proceso de
reconversión en sectores tan desfavorecidos como el sector naval y el
sector industrial de Santa Bárbara. Era imposible sostener sectores que
facturan 7.000 millones de pesetas y pierden 26.000 millones de pesetas,
como es el sector de la empresa Santa Bárbara, o sectores de difícil
mantenimiento, como el naval, que factura 50 ó 60.000 millones de pesetas
y pierden casi 100.000 millones de pesetas. Nuestro Grupo Parlamentario
apoyó el plan de racionalización propuesto por el Gobierno socialista,
pero también es verdad que este plan lo paró el Partido Popular en
aquellos momentos políticos, quizás no por culpa de su Grupo
Parlamentario, sino porque los poderes públicos locales y autonómicos se
pusieron al frente de las manifestaciones del lado de los sindicatos para
parar dicho proceso de privatización. Señor Ministro, quiero
manifestarle, a través de esta intervención, que vamos a estar
exactamente en el mismo sitio, apoyando sin reservas la racionalización
de las empresas de la Agencia Industrial del Estado.

Respecto a las empresas del grupo Téneo, básicamente los objetivos de su
Gobierno y los del Partido Socialista son los mismos. Ustedes intentarán
privatizar las empresas rentables del grupo Téneo una por una, porque
piensan que a través de este mecanismo van a conseguir más rentabilidad
para las arcas del Estado; el Gobierno socialista pretendía privatizar
las empresas del grupo Téneo a través de la venta de acciones del
holding. Por tanto, el objetivo es el mismo aunque el mecanismo es
diferente.

Estoy totalmente convencido de que en cuanto a sectores estratégicos o
empresas importantes correspondientes al grupo Téneo, como es Iberia,
ustedes van a hacer exactamente lo mismo que intentaron hacer, sin éxito
debido a las pérdidas elevadas que comportaba la compañía Iberia, es
decir, buscar una alianza estratégica con un socio europeo internacional
que permita la supervivencia de esta compañía.

En cuanto a las empresas estratégicas rentables, creo que aquí varían
sustancialmente los objetivos. Ustedes prefieren liberalizar primero y
privatizar después para que no se produzcan monopolios privados que estén
en condiciones ventajosas antes de la liberalización. Quizás la gran
diferencia entre el plan de modernización presentado por ustedes y el
presentado por el Partido Socialista a lo largo de las últimas
legislaturas es mediática. Ustedes lo han publicado mucho más rápidamente
que el Gobierno socialista, lo han acelerado quizás debido a sus
compromisos electorales, quizás (en esto estamos totalmente de acuerdo)
por el proceso de convergencia con Maastricht, pero es verdad que lo han
definido y lo van a intentar aplicar con más celeridad de lo que en su
momento lo intentó poner en práctica el Gobierno socialista. Repito,
muchas coincidencias hay en el fondo y algunas diferencias en la forma,
en cuanto a plazos y a mecanismos jurídicos para complementar las
privatizaciones.

A partir de nuestro apoyo y de nuestra consideración, con los mismos
objetivos a los que ya me he referido al inicio de mi intervención, me
gustaría, desde Convergència i Unió, hacerle algunas consideraciones,
siete concretamente, respecto a este plan de modernización del sector
público que el Gobierno debería tener la sensibilidad suficiente como
para, si es posible, poderlo incorporar y que se pueda alcanzar con más
garantías de éxito de las inicialmente previstas.

En primer lugar, Convergència i Unió cree que el Gobierno del Partido
Popular ha de intentar buscar el máximo consenso en dicho plan de
modernización a través del Parlamento. Es verdad que su comparecencia
voluntaria es un paso importante, pero, tal y como dije en su primera
comparecencia ante esta Comisión, nuestro Grupo, Convergència i Unió, en
la misma línea que el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, va a presentar una iniciativa parlamentaria ante el Pleno
proponiendo la creación de una ponencia o una subcomisión de
privatizaciones para que usted o las personas que la comisión designe
puedan venir a informar sobre el proceso y el plan de privatizaciones
--creo que esto va en beneficio del Gobierno para sacar la máxima
rentabilidad y transparencia a dicho proceso--, con el fin de que sea
consensuado por el máximo de fuerzas políticas que integran la Cámara.

Una segunda consideración. Convergència i Unió estima que el Gobierno ha
de intentar conseguir el máximo consenso social con los sindicatos y con
los agentes sociales. Es totalmente necesario hacer un esfuerzo
complementario de pedagogía para crear un clima y un espacio social y
económico, para que la opinión pública y dichos agentes sociales y
sindicatos entiendan que con el proceso de modernización del sector
público se mejorará la competitividad de nuestro tejido industrial y,
seguramente, a través de esta competitividad se podrá conseguir la
creación de empleo a medio plazo. De no hacerlo corremos el riesgo, a
medio plazo, de que con el proceso de convergencia europea y con los
procesos de liberalización de los diferentes sectores, tanto estratégicos
como energéticos y de transportes, que se van a producir en la Unión
Europea, correremos el riesgo, repito, de crear paro, de destruir empleo
en sectores hoy con plena ocupación.

Una tercera consideración es que nosotros creemos totalmente
imprescindible que desde el Gobierno del Partido Popular, y concretamente
desde su departamento, impliquen a todos aquellos poderes políticos
autonómicos



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donde se van a realizar precisamente estas reestructuraciones del sector
público, y en donde quizás la misma conlleve alguna reducción de
plantilla, para que, juntamente con los agentes sociales y los agentes
económicos de las localidades, se puedan reindustrializar estas zonas con
nuevos proyectos empresariales, con nuevas agrupaciones empresariales que
puedan complementar esta falta de iniciativa pública que se va a ver
sustituida por la iniciativa privada y poder compensar las bolsas de paro
que puedan significar estas reestructuraciones. Pensamos que estas
reindustrializaciones se han iniciado en épocas de reestructuración en
algunas comunidades autónomas, usted las conoce perfectamente, y sería
muy interesante poderlas aplicar en las diferentes comunidades autónomas
que se van a ver afectadas por las mismas.

Desde Convergència i Unió pensamos que es necesario evitar una
concentración excesiva del poder económico en determinadas compañías,
justamente para evitar pasar del monopolio de la empresa pública al
monopolio de la empresa privada. Justamente a través de esta
consideración, y también en línea con lo que ha dicho alguno de los
portavoces, concretamente el del Partido Nacionalista Vasco que me ha
precedido en el uso de la palabra, pensamos que sería bueno no ceder en
el control de los sectores estratégicos y evitar que, como ya estarán
representados los núcleos duros financieros de nuestro país, lo que resta
de privatización en estos sectores estratégicos pueda ser comprado por
los grupos financieros tanto nacionales como internacionales.

Estamos en unos momentos en que ustedes tendrán que ser imaginativos,
innovadores y eficaces, a la vez, para intentar evitar que se ponga en
duda todo aquello que se produzca en cuanto a la disminución de los
servicios que en dicho sector estratégico se puedan ver comprometidos
todos los ciudadanos y en cuanto a la prestación de los servicios de los
mismos. Por ello pensamos que sería interesante buscar alguna solución,
que usted en su intervención --de lo cual nos alegramos-- ya ha
introducido, como sería el poner en marcha aquellos sistemas que en
cierta manera se podrían definir como el capitalismo popular, a fin de
que una parte importante de las acciones de las compañías estratégicas, a
través de diferentes incentivos o mecanismos, pudiera ser incorporada a
través de la compra de las mismas por la mayoría de ciudadanos españoles.

Para evitar este riesgo importante en manos de grupos financieros que,
repito, ya están suficientemente representados sería interesante, a
través de su departamento, poder impulsar medidas que animen a pequeñas
multinacionales industriales españolas para que puedan incorporarse,
desde la perspectiva industrial y empresarial, al accionariado de estos
grupos estratégicos.

Es verdad que este comportamiento de modernización y de privatización de
las empresas públicas no es nuevo, no es innovador, porque --usted lo ha
dicho en su intervención-- en la Unión Europea se van a privatizar o se
van a modernizar durante los dos próximos años alrededor de 12 billones
de pesetas. Esto nos indica que no estamos en mal camino, estamos en el
camino de la competitividad y, en definitiva, hacemos lo mismo que están
haciendo otros países más competitivos que el Estado español.

Nos gustaría sugerirle otra posibilidad de privatización o de
modernización que en su momento tuvo la aprobación de la mayoría de las
fuerzas políticas que componían el Parlamento la pasada legislatura, y es
privatizar la gestión de diferentes compañías manteniendo la propiedad en
manos del Estado. Esta privatización de la gestión manteniendo la
propiedad pública en manos del Estado es una fórmula imaginativa que se
ha puesto en marcha en diferentes países de la Unión Europea y creemos
que, sin perder la propiedad, se pueden buscar rentabilidades importantes
en cuanto a la gestión y a la competitividad del sector.

Para finalizar, señor Ministro, tal como he dicho al inicio de mi
intervención, la postura de Convergència i Unió va a ser la misma de las
últimas legislaturas, la de nuestro programa electoral. Estamos
completamente convencidos de que a través de la modernización del sector
público empresarial español conseguiremos mayor eficiencia en el sector
industrial y mayor competitividad. Estamos totalmente convencidos de que
a medio plazo también mejoraremos las estructuras de empleo de España. En
definitiva, va a encontrar en nosotros toda la colaboración, como también
la encontró el Gobierno socialista en la anterior legislatura, para poder
poner nuestro país al más alto nivel de competitividad y de empleo de la
Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Santiso del
Valle.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Ministro, haciendo referencia a su
intervención, he de decirle que efectivamente estamos de acuerdo en que a
veces son muy importantes las formas también para comprender el fondo.

Pero, en esa dirección, el documento entregado a los grupos
parlamentarios para mí ya tiene un primer error en su artículo 1, y es
denominar como programa de modernización del sector público empresarial
lo que no es más que su puesta en venta, es decir, su privatización o la
continuidad de su privatización. Además, su punto undécimo dice cuáles
son los fines de este programa y termina precisamente reflejando que los
ingresos que provengan de las privatizaciones se integrarán en el
presupuesto de ingresos del Estado y, por tanto, se destinarán
preferentemente a la corrección de los desequilibrios presupuestarios y a
la financiación de inversiones.

Llamar a este documento plan de modernización, en mi opinión, en un
programa donde no aparece nada sobre cuál va a ser la política
industrial, ni cuál va a ser la política de I + D, es decir, qué aporta
realmente el Estado a través de su Ministerio de Industria para
modernizar las empresas públicas, me parece que es un ejercicio muy
difícil de realizar desde este documento. En todo caso lo que se está
diciendo es que supuestamente aquellos compradores que las adquieran irán
a su modernización, pero en ningún caso el Estado, sino aquellos que la
compren. Ustedes creen que va a haber una gran bondad en todos los
compradores que van, por tanto, a apostar por el mantenimiento del empleo
y su modernización. Pero es una suposición de las intenciones



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de los futuros compradores más que un plan, en mi opinión, donde el
Ministerio aporte algo realmente a la modernización. Ha habido portavoces
que insistían en esto.

Es curioso que llevamos ya unos meses de Gobierno y todavía no conocemos,
aparte de este programa de privatizaciones, cuál va a ser realmente la
política industrial del Estado. Si además se mete en una especie de cajón
de sastre todo lo público, como en mi opinión se hace con este tipo de
planteamientos, mezclando empresas muy diversas, sectores muy diversos y
situaciones muy diversas también, es muy difícil después tomar medidas
generales que puedan definir los problemas en cada sector que hoy tiene
participación pública, porque no es lo mismo la participación en
Tabacalera que en una empresa industrial.

Yo creo que a nivel público ustedes están cometiendo un error grave de
comunicación y están aumentando la preocupación social, especialmente de
los trabajadores afectados, que puede ir incluso más allá de las
dificultades reales con que se pueden encontrar a corto plazo, puesto
que, como ustedes anuncian, lo que van a vender en primer lugar, y no se
puede esconder, para hacer caja es precisamente aquello que hoy está
aportando dinero al Estado. Y curiosamente en los debates públicos se
pone mucho el acento en las deficiencias de las empresas públicas y, sin
embargo, se habla bastante menos en general de que lo que realmente se
vende a corto plazo es aquello que hoy, insisto, aporta bastantes
beneficios al Estado. Si cogemos el año 95 --que fue quizá el que más
aportaciones hubo al Estado por venta-- y lo comparamos vemos que
solamente los beneficios netos de Endesa o Repsol son muy superiores a
los que ese mismo año se consiguieron por la venta de activos públicos.

Nosotros creemos que hay un problema de fondo y que esto no es la
panacea. El sector público es algo bastante antiguo que ha sufrido todo
tipo de avatares, como ustedes narran brevemente en la introducción del
documento, y por tanto se debería aprender de los errores, pero da la
impresión de que no se aprende suficientemente de los mismos y podemos
vernos avocados, a medio plazo, a situaciones similares a las que ha
sufrido ya el propio sector público. Y experiencias hay en todos los
sentidos, como muy bien decían otros intervinientes, de empresas que ya
fueron privatizadas, que hubo que volver a recuperar y ahora de nuevo a
privatizar.

En cuanto a las formas hay otro tema importante. Se habla como objetivo
en el punto primero del aumento de la eficiencia y la competitividad y de
la creación de empleo. Y curiosamente en el punto sexto, que habla de los
principios, se les ha olvidado poner el mantenimiento del empleo entre
los objetivos y bajo qué principios actuarán precisamente las medidas
tomadas en este documento; hablan de varias de ellas, publicidad,
transparencia, eficiencia en la economía, y se les ha olvidado el
mantenimiento del empleo. Al mismo tiempo, da la impresión en su
intervención, en la que al final habla usted de diálogo, concertación,
etcétera (y quiero agradecerle, por otra parte, que esté consiguiendo
despertar a los sindicatos, que han tenido una cierta lentitud de
reflejos en procesos anteriores de privatización, y hay que felicitarle
porque está consiguiendo unificar criterios en el movimiento sindical, y
probablemente también en la izquierda, para oponerse a algo que yo creo
que es, insisto, muy viejo ya en cuanto a política de privatizaciones),
da la impresión de que, de mantener este esquema, la negociación
efectivamente la va a haber, pero la va a haber con los compradores,
llámese sector financiero, llámese empresarios. Lógicamente, la decisión
la toma el Gobierno, si no varían ustedes tampoco los planteamientos, y
sin embargo los que quedamos para informarnos somos el Parlamento y los
sindicatos. Este es un poco el esquema que yo deduzco de su información.

Por tanto, no veo que eso sea una política de concertación. Como usted
sabe muy bien, hay otros países europeos donde las privatizaciones se
hacen empresa por empresa, con una ley específica para cada empresa, y es
el Parlamento el que toma la decisión. Una cosa es que el Gobierno esté
para gestionar el patrimonio público, pero el Congreso, en mi opinión,
está para velar por ese mismo patrimonio público y, por tanto, debería
ser quien tuviera la decisión última en este sistema de privatizaciones
que ustedes plantean.

Ya se ha dicho que hay también una tendencia a acusar al sector público
español de todos los males, sin tener en cuenta que en muchos casos las
dificultades que tiene nuestro sector público, especialmente el
industrial, son prácticamente las mismas que puede tener una gran
empresa, que es su tamaño, en algunos casos una cierta tendencia a la
burocratización de las decisiones, y también el amparo del propio Estado,
que a veces ha hecho una gestión inadecuada en algunos sectores y, al no
tener la posibilidad de quiebra, quizá se haya arriesgado demasiado y no
se hayan hecho políticas correctas en algunos casos. Pero son situaciones
corregibles y similares a las que se pueden encontrar en cualquier gran
empresa, por lo que es un problema fundamentalmente de gestión.

Yo creo que se han cometido algunos errores en el pasado, que han llevado
a la situación en la que se encuentra una parte del sector público. Pero
a mí me preocupa que de lo que deducen ustedes reduzcan la presencia de
lo público a la sanidad, a la educación, a las pensiones, a la justicia,
donde curiosamente en sus respectivos ministerios hablan ustedes
inmediatamente de la presencia privada, como intermediarios más bien
entre lo público y lo privado, ya no en una privatización, sino cómo
trasladar determinadas gestiones de estos sectores (podríamos hablar del
agua, caso que está realizando el Partido Popular, por ejemplo, en
Oviedo), pero inmediatamente aparecen intermediarios teóricamente
privados para vivir en definitiva también de lo público. Tenemos
bastantes reservas de que eso vaya a mejorar las prestaciones en esos
servicios que usted reserva en principio para lo público. Yo no creo
tampoco que los trabajadores estén defendiendo sus privilegios en el
sector público, y desgraciadamente algunos tenemos experiencia en
procesos muy duros de reconversión. Me tocó precisamente la reconversión
de Renfe, donde perdimos casi 20.000 trabajadores, y curiosamente algunos
de los gestores que apostaban por un modelo similar al privado en todas
las filiales que crearon fueron un desastre, y hace unos días hemos
tenido ocasión de debatir qué pasó con



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aquellas filiales, por ejemplo de Renfe, que teóricamente se nos vendía
que iban a ser gestionadas como privadas y la verdad es que los
resultados económicos y de empleo que se han provocado en esas filiales
han sido bastante nefastos.

Yo creo que el problema es que, entre otras cosas, la SEPI en definitiva
es una tenedora de acciones que, como todo el mundo sabe, se creó
fundamentalmente para hacer una especie de ingeniería financiera para ver
cómo se liquidaban los 600.000 millones de pesetas pendientes del antiguo
INI, y que la AIE no hizo más que asumir prácticamente una reconversión,
pero tampoco tuvo una política coordinada que podría haber sacado, en mi
opinión, una mejor gestión de ese sector. Nosotros seguimos pensando que
el sector público tiene en nuestro país y comparativamente con Europa un
tamaño mucho más reducido que el que puede tener en Francia o en Italia,
y al mismo tiempo su tamaño y concentración alrededor de grupos
empresariales, especialmente los industriales, permite y puede mantener
todavía su competencia con estos sectores. Y algunas operaciones que ya
se empiezan a oír en determinados mentideros nos preocupan grandemente,
entre otras la tentación de privatizar a lo mejor algún sector de la
Corporación Siderúrgica Integral; parece ser que había conversaciones
anteriores y que ahora están urgiendo desde algún grupo, catalán por
cierto, para comprar alguna parte de la CSI. También creemos que son los
que todavía tienen una capacidad inversora importante, y todavía no
aparecen en nuestro país desgraciadamente grupos privados que realmente
tengan una capacidad inversora similar en algunos de estos sectores.

Creemos que han ayudado bastante en todo lo que es I+D, precisamente
también una política impulsada desde el Ministerio de Industria y que,
por tanto, es otro grupo importante donde los sectores industriales
públicos pueden aportar. Y nos preocupa sobre todo quién compra o quién
puede comprar. En primer lugar, porque la experiencia nos dice que en
estos sectores, especialmente los industriales, son las multinacionales
las que tienen más capacidad de compra y las que al final acaban
controlando determinados sectores que yo seguiría denominando
estratégicos. Podríamos hablar, por ejemplo, de Inespal y del aluminio.

Yo no encuentro en nuestro país ningún empresario privado dispuesto a
quedarse con Inespal; solamente se me ocurre que quien puede tener
interés --y supongo que en breve lo explicarán, puesto que parece que
está muy avanzada la posible venta-- son precisamente las multinacionales
del sector del aluminio; sector que, por otra parte, en este momento no
tiene tremendas dificultades, pues estamos produciendo aluminio a precios
competitivos con otras empresas europeas, se ha hecho ya la reconversión
y en productos básicos yo creo que funciona bien y eficientemente. Por
eso no comprendo muy bien el alcance de situar en manos del capital de
multinacionales sectores como éste, entre otras cosas porque, como
ustedes saben, también la localización es muy importante. Es decir, dónde
se mantiene la sede básica de estos grupos es muy importante y afecta a
decisiones futuras, y podríamos encontrarnos con que por esas decisiones
futuras suframos serios riesgos en sectores que hoy no tienen
dificultades, puesto que ya pasaron la crisis provocada por la caída
famosa del muro, cuando salieron los stocks de aluminio, y en este
momento no hay previsión sino de crecimiento moderado del sector y de
tener una cierta estabilidad, y no entiendo por qué hay que ponerlo en
otras manos y además en capital que no es nuestro. Esto sobre todo afecta
a las empresas cuya privatización se hace íntegra, es decir, totalmente,
como podría pasar o a lo mejor se puede intentar en el sector del
aluminio.

Me preocupa también lo que ha pasado con las privatizaciones parciales,
es decir, con la puesta de acciones en el mercado. Echemos una ojeada a
algunas de las que ya se han realizado. En Repsol, si mis datos no son
inciertos, creo que hay ya aproximadamente un 40 por ciento del capital
en manos de los fondos de pensiones americanos e ingleses y, por tanto,
no parece que sea un grupo industrial o empresarial el que precisamente
tome posiciones en este tipo de sectores. Incluso Pemex tiene en este
momento un 5 por ciento de Repsol. Por tanto, tampoco veo que vaya en la
dirección que dice el documento de estimular la presencia de pequeños
inversores, sino que aparecen lógicamente los que tienen capacidad
financiera para comprar. Hay una tendencia que además ya se ha producido
anteriormente. La tendencia actual de las entidades financieras a tomar
posición en el sector empresarial no es nueva. Hace ya unos años que esto
se produjo y luego la retirada con grandes dificultades para el sector
financiero cuando tuvo que empezar a retirarse del sector empresarial.

Tampoco se puede decir que las empresas financieras sean grandes expertas
en sectores industriales. Puede haber algunos grupos especializados en
algún caso en algunos sectores, pero no se puede generalizar. Creo que
hay un momento en el que es interesante porque la propia bajada de tipos
de interés genera expectativa de negocio más rentable probablemente que
otro tipo de actividades económicas anteriores, otro tipo de inversiones,
y parece razonable desde el punto de vista financiero, de los bancos en
definitiva tomar posiciones en la industria, y más cuando lo que se pone
encima de la mesa son sectores estratégicos y de futuro. Algunos lo han
aprendido muy bien, como es el caso de Caixa en el sector del gas, que
donde entiende que hay capacidad de negocio se sitúa. Desde su lógica es
normal; lo que me parece menos normal es que al final no se sabe muy bien
en qué sectores se va a quedar el Estado, precisamente por los mecanismos
de control que puede establecer, sin ser monopolista ni mucho menos,
porque además no lo puede ser ya, así como los puntos de referencia en
determinados sectores estratégicos. Me gustaría que usted dijera si la
retirada que plantean es absoluta o si piensan situarse en algunos
sectores y con qué participación.

Insisto en lo que decía antes. Me preocupa mucho la localización y la
nacionalidad del comprador. Podríamos hablar de otra empresa que no es
multinacional, Alcatel, que en este momento está teniendo serias
dificultades, y no porque nuestra tecnología o su producción, por
ejemplo, en la fábrica de Villaverde u otras, tenga dificultades, sino
porque las decisiones no se toman aquí (probablemente lo que estaba
previsto de abastecimiento al mercado chino se haga desde Alemania) y se
generan dificultades serias en una



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empresa que tuvo importantísimas ayudas públicas en otros tiempos y que
ahora puede entrar en dificultades. Usted conoce a personas que han
trabajado muy cerca de usted y que hoy están en la dirección de recursos
humanos de Alcatel. Podría pedirles información para que vea las
dificultades que en este momento está teniendo Alcatel y la preocupación
que existe, a nivel de comité de Empresa incluso, por el cambio de centro
de Torrejón a Madrid y a Toledo, etcétera, pero sobre todo porque las
decisiones no se toman aquí, no se sabe muy bien quién decide, y se
genera la preocupación en sectores donde no hay problemas, que son
tecnológicamente modernos, insisto, y son privados ahora y que, sin
embargo, tienen un nuevo plan de reducción de más de 1.800 puestos de
trabajo. Por tanto, no veo tampoco la ligazón entre sector privado igual
a creación de más empleo. Y más cuando vamos a caer en muchos casos,
insisto, en manos de multinacionales que toman las decisiones con otros
criterios y que además tienen la tendencia, por este efecto de
localización de la sede social, a dejar en su país las actividades de
mayor rentabilidad y situar precisamente en la periferia las actividades
de montaje, de menor valor tecnológico, lo que tampoco nos aportan en
general tecnológicamente grandes cosas, sino que acabamos siendo
montadores, como ha pasado ya en sectores como el de bienes de equipo,
incluso en otros muy diferentes como pueden ser los alimentarios,
etcétera, donde acabamos siendo meros instrumentos de comercialización,
pero ya no de fabricación, de producción, etcétera.

Insisto en la transparencia y en lo que decía antes, que en Francia y
Reino Unido la privatización de las empresas se autoriza y articula por
ley discutida y aprobada por el Parlamento. Anuncio que Izquierda Unida
va a presentar un proyecto de ley en esa dirección, para que sea el
Parlamento, precisamente por la importancia que tiene el tema, el que vea
uno por uno cómo se va a abordar este proceso de privatización,
entendiendo además que son muy diferentes las empresas y los sectores.

Creo que estamos dejando vacío de contenido el artículo 128.2 de la
Constitución, donde se reconoce la posibilidad de que la iniciativa
pública esté en la actividad económica y que mediante ley se pueden
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente
en el caso de los monopolios. También el artículo 131, que hace
referencia precisamente a las funciones del Consejo Económico y Social,
que creo que es un foro donde debería discutirse qué pasa con este
proceso de abandono, por decirlo así, de una parte del sector público.

Creo que el Consejo Económico y Social debería opinar y debería conocer
también este plan para que precisamente los agentes sociales, en un foro
natural, tengan oportunidad de discutir algo que puede tener una
incidencia muy importante a medio plazo en el desarrollo económico y
sobre todo tecnológico de este país.

En cuanto a las razones para vender, no veo la ineficiencia --como antes
se reconocía-- en función de la titularidad. La ineficiencia viene
determinada principalmente por quién y cómo se gestiona. Efectivamente
puede haber habido y hay errores que provienen del pasado, pero son
generalmente corregibles.

Aquí se ha hablado mucho hoy de capitalismo popular, término
thatcheriano, dada la querencia de Gran Bretaña, como no hay otro. Quiero
recordar, por ejemplo, lo que pasó con Repsol, donde efectivamente se
reservó una parte de las acciones para que los propios empleados las
pudieran comprar. Podemos analizar dónde está hoy el mayor paquete de
aciones de aquellas que se vendieron en ese momento teóricamente a los
empleados. Podríamos recordar la primera puesta en el mercado de acciones
de Argentaria. Tengo algún dato por aquí. De 3.800 pesetas la acción en
la primera salida, a los cuatro meses se vendía a 6.280 pesetas la
acción. Y me preocupan algunas de las cosas que apunta el propio
documento, porque al mismo tiempo se dice que habrá medidas
complementarias, facilidades de compra, etcétera. Creo que es otro de los
riesgos que habrá que evaluar, sobre todo cuando se anuncia una puesta en
el mercado, aparentemente generalizada, de acciones, porque este tipo de
efectos se producen y luego nadie puede controlar dónde terminan las
acciones, por muchas medidas cautelares que se tomen. Podríamos, insisto,
recordar lo de Repsol, donde pasó algo similar.

Pero además hay otra cosa. En esos procesos de puesta masiva de acciones
en el mercado hay otro agente muy importante, que son los intermediarios.

El proceso de Argentaria supuso solamente en intermediación, en la
primera fase, más de 6.000 millones de pesetas que se llevaron los
intermediarios financieros. Lo que se suele producir al final es una
venta a bajo precio de activos, y ése es otro elemento preocupante.

Insisto en que son cautelas que anuncio que tampoco las veo hasta ahora
desarrolladas, y espero que en un futuro conozcamos exhaustivamente
cuáles van a ser esas medidas cautelares, no vaya a ser que lo que
hagamos sea perder patrimonio de todos para que los pocos que puedan, que
siempre serán menos que el todo, que es el Estado, se beneficien de esos
movimientos a corto plazo que se pueden producir, insisto, y recuerdo el
tema de Argentaria por significativo, que se anunció, por cierto, como
que era una gran mejora porque ahora iba a ser más público puesto que
habría 200.000 nuevos accionistas.

Insisto en que reducir el déficit es un problema estructural, no es un
problema coyuntural. Nuestra economía irá mejor si mejoramos nuestro
tejido productivo, el empleo, nuestra competencia, por supuesto, pero la
venta de patrimonio del Estado, en este caso empresas públicas, y en otro
apartado ya he anunciado también la venta de activos llamados ociosos en
algunos casos, léase terrenos públicos, etcétera, creo que es una
solución a corto, y si solamente se actúa en esa dirección no produce en
sí misma beneficios, sino que al final del proceso seremos más pobres y
ya no tendremos mucho que vender.

En definitiva, quién gana y quién pierde con esto. Creo que los que ganan
en algunos casos los he dicho en procesos que ya se han visto y vamos
encaminados a procesos similares. Aquellos que tuvieron la oportunidad de
comprar acciones de Argentaria en su momento pudieron ganar, por
supuesto. Podríamos hablar también de quién ganó y quién perdió en las
operaciones de Pamesa, Enfersa, Kio o Ercros y Torras, que usted conoce
directamente muy bien y que al final hubo que volver a pedir dinero
público para



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aportarlo; o en la operación de Seat que se ha citado, o en la operación
de Sintel, donde en muchos casos se va a ventas en precio negativo. No se
tienen en cuenta las aportaciones que el Estado hizo en su momento para
reflotar determinados sectores, se evalúa el teórico valor actual y, al
final, nos encontramos, por ejemplo, con que Seat, donde ser aportan más
de 300.000 millones en su momento para ponerla en disposición de competir
en el mercado, siendo todavía pública, se vende y todavía hay que poner
otros 56.000 millones. Desde luego, si ése va a ser al final el efecto
rebote que podemos encontrar en algún sector, espero que no sea así, me
preocupa seriamente, insisto, porque no aprendemos de los errores del
pasado.

También le recuerdo, por ejemplo, el caso de Guillette, otra
multinacional que tiene beneficios; lo digo por esta especie de beneficio
que supone la entrada de multinacionales en nuestras empresas en sectores
estratégicos. Insisto en que las decisiones al final no se toman aquí,
por eso le recuerdo que me gustaría saber qué medidas puede adoptar el
Gobierno, al no existir reciprocidad, para que Alcatel, por ejemplo, no
desvíe sus inversiones o su estrategia de producción y se vaya a otros
países; eso sí que es política industrial o sí que es política económica
de un país, determinar precisamente qué mecanismos existen para controlar
esas actuaciones.

Dos cosas muy breves. Otro ejemplo similar. Podríamos hablar de lo que
pasó con Enagás, la venta a Gas Natural, por no cansarles mucho, donde
precisamente el precio político de la termia producía que los beneficios
reales los tuviera Gas Natural, que era quien vendía al cliente final,
mientras que Enagás sufría realmente los costes pesados, por decirlo así,
de la producción de esas termias. Algún día nos enteraremos de qué va a
pasar con el gasoducto Argelia-península, con la empresa MPL, propiedad
de Sagane, Enagás al revés.

Al mismo tiempo, me preocupa --daré un apunte simplemente-- lo que pueda
pasar en Endesa cuando todavía el 26 de junio, después de haber tenido
aprobada una proposición no de ley, presentada por mi grupo, apoyada,
creo recordar, por todos los grupos, en el sentido de no ir a la
separación jurídica de la actividad minera, dadas las características
especiales que se daban en el caso de As Pontes y de Andorra-Teruel,
resulta que don Miguel Angel Fernández Ordóñez decide lo contrario de lo
que se decía en la proposición no de ley aprobada aquí por todos al final
de la legislatura, creando una gran inquietud de nuevo en esos centros y
afectando a más de mil trabajadores, tanto en Galicia, insisto, como en
Andorra-Teruel.

Me extrañan estos cambios de actitud, el no respeto, por decirlo así, a
una proposición no de ley que, si bien no obliga, estaba emitida por los
mismos que en su día discutieron la Ley, y entendíamos que había razones
especiales o específicas para considerar que había que ir a una
separación contable pero no jurídica, en este caso, de las actividades
mineras de Endesa.

Concluyo diciendo que nosotros no tenemos una visión totalizadora de lo
público y sí somos partidarios de la colaboración de lo público y lo
privado; sí somos partidarios, en muchos casos, de participar con capital
privado en actividades que puedan efectivamente aportar tecnología, que
puedan aportar impulso a determinadas actividades industriales o
económicas, donde sólo el capital público no puede llegar, y a la
inversa. Pero no somos partidarios de poner en venta indiscriminadamente
lo público, insisto, en una especie de cajón de sastre donde hay
mezcladas tantas cosas que cada uno puede quedarse con aquella que le
interesa, también para hacer demagogia.

Rogaría asimismo --sé que es un problema de comunicación-- que se tuviera
un respeto sobre todo por cómo afecta a los trabajadores de la agencia
industrial del Estado, Hunosa, Santa Bárbara, Astilleros, porque ellos,
en primer lugar, no son responsables de la buena o mala gestión realizada
hasta ahora. Y, en segundo lugar, porque lo que piden la mayoría de estos
trabajadores, fundamentalmente --y voy a hacer referencia en este caso a
los de Hunosa--, son medidas que en esas comarcas mineras permitan
precisamente la diversificación industrial, porque yo no creo que nadie
tenga voluntad de ser minero toda su vida o de que su hijo lo sea;
simplemente es que no tienen otra opción en este momento en esas comarcas
y, por tanto, tienen que defender lo que tienen, o tenemos que defender
lo que tenemos.

Entiendo que a veces es muy fácil evaluar desde fuera la situación de
Hunosa, de Ensidesa; pero, insisto, si además ustedes ya han anunciado
que al menos en esta primera fase no lo van a tocar, no toquen tampoco
mucho más estas frases geniales generales de que nos iría mejor de otra
manera, porque, efectivamente, se ha perdido empleo público, pero se ha
perdido empleo público concertado con los sindicatos, siendo conscientes
de que había que ir acompañándolo con medidas de reindustrialización en
todas esas regiones en las que, desgraciadamente, en este momento lo
público tiene una presencia tan fuerte que su retirada a corto plazo
dejaría una situación socioeconómica mucho peor.

Termino, por tanto, insistiendo en que no es suficiente la información,
que creo que este Parlamento tiene que participar y tiene que poder
opinar también, una por una, en las decisiones que se puedan tomar.

Quedan muchas cosas, pero no quiero alargar más la intervención.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso. Efectivamente, se ha
alargado mucho.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, señor Ministro. Quisiera empezar esta intervención con una
confesión, y es la decepción que me ha producido la falta de información
del señor Ministro, que estoy absolutamente convencido de que, siguiendo
algún manual de técnica parlamentaria, se habrá reservado para la
réplica, porque es imposible que este acto se haya convocado para leernos
el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros y para contarnos lo mismo
que el Gobierno, bien en boca del Ministro de Industria, bien en



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boca del Ministro de Economía, ha ido contando como alma en pena por
cuantas sedes sociales de socios parlamentarios ha tenido, o en cuantas
invitaciones han podido cursársele, por cierto, creando un alto nivel de
confusión anunciando con trompetas y tambores las expropiaciones que iban
a producirse en los terrenos por donde iba a pisar, y a la menor
dificultad retrocediendo, generando dudas, generando inseguridades,
generando una imagen no recomendable para un Gobierno que tiene que tomar
el tipo de decisiones que quiere tomar.

Supongo que eso es lo que explica el estado de nerviosismo que he
percibido en el señor Ministro. Le he encontrado agresivo, le he
encontrado como a la defensiva, hasta el portavoz del PNV ha tenido que
hacer una cita al respecto. Creo que el señor Ministro y el Gobierno
saben que esto va mal, si me apura un poco más diré que el Ministro y el
Gobierno saben que esto está mal, que lo que se está haciendo, que lo que
se quiere hacer no es bueno. Además, han empezado a encontrar la cara
amarga del poder: es que ahora hay que decidir, ahora ya no vale decirle
a nadie que se vaya, ahora hay que tomar decisiones; por cierto, hay que
tomar decisiones no en Babia, en España, y hay que tomarlas en contacto,
en comunicación con el resto de los coprotagonistas de la sociedad, de la
economía, del aparato productivo, de las empresas, por tanto, con los
grupos parlamentarios, con los agentes sociales, con los agentes
económicos, etcétera. Lo digo, fundamentalmente, para cerrar una cierta
simetría que creo que se está produciendo. Digo agentes sociales y
económicos, pero no sé por qué estaría dispuesto incluso a apostar diez a
uno a que los agentes económicos, o sea, la patronal, tienen un nivel de
información algo superior a los agentes sociales, léase sindicatos,
incluso los grupos de la oposición. Hago esta afirmación con riesgo de
equivocarme, pero me da a mí que se está produciendo una cierta asimetría
en esa transparencia tan cacareada que el Gobierno viene anunciando. Y
creo que eso es lo que justifica esta cierta incomodidad. Yo, en ese
sentido, por quitar ácido a la intervención, le doy ánimo, porque esto no
es nada para lo que le espera. Este va a ser un camino muy complicado,
muy difícil, sobre todo si siguen con ese procedimiento y con ese método.

A propósito de procedimiento y método tengo que decirle que, como habrá
observado, no le he agradecido su comparecencia hoy en esta Comisión. No
me lo achaque a mi falta de cortesía ni a mi falta de buenos modales;
acháqueselo a que usted no ha venido aquí porque ha querido. Usted ha
venido aquí por obligación y, además, tarde y mal. ¿Sabe por qué? Porque,
a propuesta del Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió --qué
vueltas da la vida-- hace exactamente un año --el Boletín de las Cortes
que estoy leyendo es de 10 de julio de 1995-- se aprobó una serie de
resoluciones no a moción de nadie, no, no, como resultado de una
comunicación que el Gobierno hizo ante el Pleno de esta Cámara. De ahí,
evidentemente, se produjeron debates y se admitieron resoluciones a modo
de iniciativas de los grupos parlamentarios. Una de ellas --repito--, que
fue aprobada por este Pleno --es decir, patrimonio del Parlamento, no del
Gobierno--, fue constituir una ponencia especial en el seno de la
Comisión de Industria --efectivamente, señor Sánchez Llibre-- que se
encargase del seguimiento de los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al sector público. Dice algo más: La
ponencia conocerá los criterios del Gobierno respecto de la creación y
reordenación de los grupos sectoriales con importante dimensión
financiera, capacidad tecnológica y presencia internacional.

Digo yo que, ante la ausencia de ponencia, el espíritu del Congreso
remitía también, por lo menos, a la Comisión. Estará usted de acuerdo
conmigo. Yo tengo mi duda si jurídicamente son legales algunas de las
decisiones que ustedes han adoptado, como el acuerdo o como, por ejemplo,
la disolución de Téneo, un grupo importante, evidentemente. Yo no sé si
jurídicamente son legales. Políticamente son ilícitas las decisiones que
han adoptado ustedes antes de haberlas debatido en el ámbito de esta
Cámara. Para hacer un cierto ahorro, ya que tanto se nos invita a eso
últimamente, de trámite parlamentario, yo haría una invitación al señor
Presidente de la Comisión para que consulte si sigue en vigor la
vinculación jurídica de este acuerdo, porque ya entiendo que la política,
me dicen los asesores jurídicos, es indiscutible, pero si hubiera una
vinculación jurídica de este acuerdo tomado en sede parlamentaria y, por
lo tanto, patrimonio de esta Cámara, yo le invito a cumplir cuanto antes
esa resolución, fundamentalmente para una cosa: para evitar que el
Gobierno pueda seguir actuando de una forma políticamente ilícita y,
sobre todo, para que no se nos quede esa cara que todos presuponen cuando
se constituya para conocer las decisiones del Gobierno. Sería bueno que
esta ponencia y esta Comisión, siguiendo un poco, yo creo, el criterio
que ha expuesto alguno de los grupos parlamentarios, fuera un elemento de
auxilio a las decisiones del Gobierno. Quizá eso es transparencia, porque
transparencia por mucho repetir no quita opacidad, y yo creo que hasta
ahora, además de opacidad, está habiendo algo de --no se me enfade
nadie-- cobardía política a la hora de tomar determinado tipo de
decisiones. Por cierto, puestos a servir de marcos de referencia, quiero
decirle al Gobierno, quiero decirle a usted, señor Ministro, que usted
también está de espaldas a este Parlamento, no a este grupo
parlamentario, al conjunto de los grupos parlamentarios que también hace
un año llegaron a una determinación que yo creo que está ajustada a lo
que en este momento también compone la inmensa mayoría de esta Cámara.

Decía entonces la inmensa mayoría de esta Cámara: El Congreso de los
Diputados considera como un instrumento idóneo al sector público
empresarial para el desarrollo de una política industrial activa que
tenga como puntos esenciales --cuatro se decían--: la cooperación
empresarial, la investigación y el desarrollo, el desarrollo de
estrategias de internacionalización y un papel determinante en la
solución de los fallos del mercado. Puesto que la mayoría que existía
hace un año en el Congreso no es muy diferente de la que en este momento
existe, digo yo que ustedes tendrán que pedir disculpas a este Congreso
ahora, sobre todo para matizar esas expresiones urbi et orbe. Y menos mal
que el Legislativo tiene preeminencia sobre el Ejecutivo porque si no,
hubiera hasta puesto en riesgo el patrimonio de esta santa casa.




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Por lo tanto, ya entenderá que no le agradezca su comparecencia, aunque
me alegro de verle. Señor Piqué, usted sabe que, en el terreno personal,
tiene, y espero que yo siga teniéndolas, todas mis simpatías. En fin, en
definitiva, hoy lo que nos ocupa es otra cosa; hoy lo que nos ocupa es el
análisis de este acuerdo que ha tomado el Consejo de Ministros.

Tengo que reconocer la habilidad que está teniendo el Gobierno en estos
primeros meses. Porque aquí igual alguien piensa que estamos descubriendo
la gran aportación al debate económico, financiero y político de este
país, incluso con una cierta falta de humildad se concede una categoría
histórica al acuerdo en la exposición de motivos que usted me permitirá,
al menos, que me produzca alguna sonrisa. Le digo que tengo que
concederle la habilidad al Gobierno porque en dos meses, yo creo que con
escaso trabajo, están consiguiendo llenar todos los espacios de la
opinión pública, elevando a titular la categoría de letra pequeña del
Boletín Oficial del Estado de los últimos años. Me viene esto a la cabeza
porque, por si alguien no lo recuerda, el último Consejo de Ministros
comunicó a los empresarios españoles que, si están a mal con Hacienda y
con la Seguridad Social, ya no tendrán subvenciones. Los que de esto
saben, ya saben que, efectivamente, esto ha pasado, pero no por el
acuerdo del Consejo de Ministros, sino por una decisión de hace diez años
que en este país viene imperando.

Pues bien, este acuerdo del Consejo de Ministros la verdad es que no
aporta mucho a la ciencia económica y a la ciencia de la política
industrial, por ser suave en los términos. Porque le prometo que me lo he
leído y además con interés, esperando que empezara a comprender el nivel
de pasión en el discurso del Partido Popular y del Gobierno Popular de
los últimos meses. Y reconozco que hoy no es mi tarde, pero he sufrido
otra pequeña decepción.

Le cuento alguna anécdota por si tiene posibilidades de corregir los
próximos acuerdos, sobre todo por aquello de tener cuidado de al blanco
al que se dispara. Porque nada más entrar en el acuerdo, nos encontramos
con la exposición de motivos, que es como la antesala, ya saben ustedes,
de cualquier iniciativa parlamentaria, y lo primero que hacen ustedes es
culpabilizar de la irracionalidad de las empresas públicas de este país a
cuantas iniciativas se han adoptado en los años setenta y ochenta. Yo a
lo mejor puedo coincidir con eso, pero ¿sabe usted que está
culpabilizando de la irracionalidad de la empresa pública al grueso de
los responsables públicos del tardofranquismo y de la UCD que forman en
este momento el grueso del pelotón del partido que apoya al Gobierno al
que usted pertenece? Le digo esto porque si ésta es toda la aportación,
yo hasta ahí estaría incluso de acuerdo, si se me apura. Pero, en fin, ya
con lo que no estoy tan de acuerdo es con esa calificación que me
recuerda esa calificación también del Presidente del Gobierno llamando
iniciativas sin parangón en la historia de España las que se van
adoptando Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Me parece una
cierta inflación literaria la exposición de motivos, sobre todo porque
detrás de esa cáscara uno esperaba encontrar más almendra y la verdad es
que he de reconocer que no. Al margen de anécdotas, quisiera señalar
alguna preocupación que me suscita el acuerdo, y una de ellas viene
dirigida a --he querido ver, ojalá esté equivocado-- una cierta
culpabilización a la Unión Europea y al proceso de convergencia de las
iniciativas que se tienen que realizar.

Es posible que a lo mejor esté muy susceptible, pero empiezo a encontrar
de una forma recurrente que cada vez que empieza a haber riesgos y cada
vez que empieza a haber confrontaciones con la opinión pública de este
país, empieza a aparecer ya Europa como burladero, más que como plaza de
toros. Preocupación que le tengo que manifestar, de la que sin duda usted
me va a sacar en cuanto tenga la oportunidad de replicarme. Por no
referirme a alguna opinión, si me disculpa la sinceridad, de un cierto
mal gusto al acusar de falta de transparencia a los procesos de
privatización que se hayan producido en la anterior legislatura. Si son
insinuaciones, permítame que no las soportemos con resignación. Y si es
algo más, no conozco ninguna iniciativa que el Partido Popular haya
adoptado en los últimos años que pudiera poner en tela de juicio estos
procesos.

Por resumir, de los dos principios básicos del acuerdo, uno es la novedad
de crear el consejo consultivo de privatizaciones. No sé si va a ir allí
el señor Barea también. Debe ser una especie de consejo sesudo y de
ancianos, por lo que veo, porque lo de la oficina de privatizaciones o se
le ha olvidado al acuerdo o viene después. En cualquier caso, le invito a
que nos hable de lo que iba a ser la punta de lanza del proceso
privatizador, que no aparece en el acuerdo. El segundo cambio --si me
permite la broma-- no deja de tener su envergadura. Es cambiar el nombre
de la Sociedad de Patrimonio a la Sociedad de Participaciones
Patrimoniales. No está mal. No sé si por aquello de que las iniciales de
la compañía que había antes --SP-- recuerda a sector público y ahora SPP
induce más a sociedad del Partido Popular. No sé si será por eso, pero
permítame el desliz. Reconozca usted conmigo que la aportación al proceso
de industrialización tiene bemoles.

No sé, señor Ministro, para qué nos ha citado usted aquí hoy. Conste que
ha hecho bien en citarnos, pero no para esto sólo. Tendrá que citarnos
para algo más. Sin duda para lo que viene ahora en la réplica, porque si
no es así pensaríamos que ésta es una convocatoria un tanto de abuso de
confianza para los parlamentarios o una coartada para darnos vacaciones
hasta septiembre diciendo que ya se ha convocado la Comisión y empezar a
tomar iniciativas ahora de espaldas a esta Comisión. Y yo, que conozco el
riguroso criterio profesional del señor Ministro, espero no verme
sorprendido en las próximas semanas con decisiones que ha tenido la
oportunidad de comentarnos aquí hoy --sin duda es posible que lo haga en
la réplica--, porque si no no estaríamos a la altura de lo esperado. Creo
que ésta es una buena oportunidad para que usted haga un acto de
responsabilidad hoy y se comprometa a que no se va a dar ni un solo paso
más en toda esta ceremonia de la confusión que estamos dando, no sacando
antes paquetes a la bolsa, no haciendo gestiones. No digo que esté usted
de vacaciones, digo que estudie un poco más, que profundice un poco más
para ayudarnos a todos nosotros, porque estamos un



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poco ayunos de información. Hasta ahora con lo único que nos podíamos
haber contagiado es o de su entusiasmo o de su ideología, y ya entenderá
que, en esta parte de la bancada, de las dos cosas estamos poco
entusiasmados.

¿Sabe qué le digo? Que para este viaje no se necesitaban alforjas. Si
usted tenía un procedimiento. Hay una ley que ha sido aprobada en esta
Cámara por la que se rigen los criterios de privatización, de enajenación
de las participaciones públicas. Por tanto, ¿qué novedad? ¿Novedades de
control? ¿Novedades de transparencia? La única novedad es que antes se
informaba al Ministro y ahora el Vicepresidente no se debe fiar mucho de
usted y lo único que dice es que cada informe que se haga o se le manda
al Vicepresidente o en su defecto al Ministro de Industria. Es la única
aportación que ha habido en relación al marco de referencias que
teníamos. Esa y una aportación presupuestariamente discutibilísima.

Alguien tendrá que sacarnos de esa duda respecto a los ingresos que
pudieran eventualmente producirse por el proceso de privatización que,
como no sean finalistas, no sé cómo van a ir dirigidos claramente a
potenciar determinadas partidas presupuestarias. Lo digo por un
comentario que ha hecho el portavoz del Grupo Vasco, con el buen sentido
que le caracteriza, teniendo la duda sobre si lo que se venda va a
inversión o a déficit. Creo que ha llegado el momento de saber que a
deuda no va. Esta es una cuestión compleja. Usted lo sabe, pero no sé si
también el resto del personal. La deuda no es un principio
presupuestario, y en ese sentido hay dificultades para que haya un uso
automático de eso.

No les quiero hacer perder el tiempo analizando el acuerdo porque eso no
es lo importante. Un debate como éste no debe hacernos perder un poco el
norte de la cuestión. No debemos refugiarnos en este debate formal que
estamos haciendo. Creo que debemos entrar en el debate real, porque tengo
la impresión de que el debate se está falsificando, o mejor dicho, que el
debate se está encubriendo. Ese mensaje de gestión empresarial nefasta,
de necesidad de recurrir al capital privado, tengo la impresión de que
encubre un cierto proceso de confiscación y de expolio de patrimonio
público. Quiero recordarles aquellas frases tan apocalípticas que hacían
ustedes cuando, hablando de los impuestos, decían: impuestos
confiscadores. Esto sí que es confiscar. Esto sí que lo es. Por tanto,
creo que convendría quitar esta bruma que con tanto ardor liberal nos
está viniendo para empezar a poner las cosas en su sitio. Y sobre todo,
si me lo permite, cuanto menos sentido trágico de la historia metamos a
este discurso mucho mejor. Esto de querer pasar uno a la historia al
nivel de Mendizábal, desamortizando España, yo creo que es excesivo para
las cosas que tenemos en este momento que solucionar. No se preocupen que
la historia pondrá a cada uno en su sitio. Tienen una oportunidad de
ponerse a bien con la historia, porque cada vez que la historia mira
hacia atrás y se acuerda de la derecha, se acuerda con pánico. Tienen
ustedes la oportunidad de intentar situarse con una silueta e imagen
amable para el siglo XXI, porque hasta ahora no han tenido ningún motivo.

Me temo que este tipo de iniciativas le vuelven a situar con imágenes
preocupantes para la sociedad española.

Pienso que, en el fondo, tras este acuerdo que ustedes han querido
adoptar, o tras esta habilitación de iniciativas que ustedes han querido
adoptar, lo que se esconde es el nuevo y el viejo sentido de la propiedad
pública que la derecha de este país ha tenido desde que uno tiene uso de
razón político y es privatizar beneficios. Usted, en cada Comisión,
cuando se refiere en un sentido pedagógico al problema, que yo le
reconozca, empieza siempre recordando las etapas proteccionistas,
autárquicas, de aquel concepto de holding público de que la pérdida para
el sector público y para el Estado y el beneficio para el sector privado.

Ustedes no han avanzado mucho en aquel principio. Tengo la impresión de
que lo que se esconde es ese nuevo y viejo concepto del sector público. Y
en este caso además, si me apura, con menos razón, porque tengo la
sensación de que ustedes pretenden regalar mucho beneficio público,
pretenden regalar mucha cuota de poder económico y social. Cada uno que
regale lo que es suyo, pero lo que es patrimonio de todos los españoles,
sinceramente créame que no es la forma de enfocar el problema. Ya sé que
le cansa oír las cosas. Cuando a uno le ponen un espejo delante tiene el
problema de que se encuentra con su propia realidad, señor Ministro.

Bastante paciencia tenemos nosotros escuchando sólo a través de los
medios de comunicación las iniciativas que con poco coraje está adoptando
el Gobierno, para que usted hoy tenga un poquito de paciencia. Esto del
sector público es distinto del sector privado. Ya se irá acostumbrando a
ello. Pero si me permite que siga, sin esos gestos de tanto aburrimiento,
intentaré recolocar el debate en su sitio, sobre todo para quitar algunos
falsos ropajes de profesionales, empresarios o profesores universitarios
agresivos, emprendedores, pero que a la hora de la verdad no corren ni un
solo riesgo, que quieren salvar a España de todos sus problemas
históricos. Hay que empezar a desmantelarlo. Sobre todo porque hasta
ahora lo que veo es mucha opinión barata y desde luego poca disposición a
correr riesgos personales, políticos, económicos. ¿Sabe por qué? Porque
probablemente éste no sea un debate económico, sino que se está
conduciendo hacia un debate político e ideológico. ¿Por qué, si no, no
nos informa de las cuentas de su gran proyecto? Si éste no es un debate
exclusivamente político e ideológico, ¿por qué no ha hablado hasta ahora
ni de una sola empresa ni de un solo coste económico ni de un solo
beneficio económico para el Estado? Hoy tiene una oportunidad espléndida.

Molestándole mucho venir al Parlamento, como parece que le molesta, tiene
la oportunidad hoy de explicárnoslo, de convencernos. No pierda esta
oportunidad, porque Dios sabe cuándo será la próxima vez que venga por
aquí. Hoy tiene una oportunidad, pero lo tiene difícil, señor Piquer;
tiene difícil convencernos hoy. Si no nos convence hoy tendrá que venir a
nuestro discurso, y es que todo este tinglado que han montado es una gran
farsa. Usted se puede desgañitar hablando del debate económico,
financiero, de la reanimación económica, etcétera. Yo le creo, pero
detrás de ese esfuerzo que está haciendo aquí por darle un cariz
distinto, el señor Aznar o el señor Rato o el señor Cuevas, cuando toman
decisiones y cuando hacen nombramientos le dejan a usted en evidencia.

Cuando usted nos quiere hacer llegar la opinión



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de que el Gobierno está en un discurso que tenía de profesionalización en
la gestión de las empresas públicas, de transparencia, de sentido
histórico y patriótico de las cosas, viene la realidad, viene tozudo el
Boletín y se encuentran los nombramientos de empresas públicas; por
cierto, saltándose toda la jerarquía de responsabilidad empresarial que
uno pueda pensar, porque nombran antes a los presidentes de empresa que a
los de los holding y de los grupos. Usted se ha debido enterar de muchos
nombramientos por la prensa, igual que yo, pero en el fondo usted ya
habrá podido conocer que algunos de esos nombramientos no responden a
profesionales acreditados que han ido a defender la buena gestión del
sector. Eso nos infunde una seria preocupación. ¿Sabe por qué? Porque a
pesar de lo que ha sido y puede ser el legítimo derecho de un Gobierno de
poner a personas de confianza a gestionar las empresas públicas --que
está bien y debe ser así--, una cosa es poner personas de confianza a
gestionar y otra cosa es poner a personas de confianza en empresas que
probablemente van a vender o comprar. Yo estoy denunciando públicamente
el riesgo de determinados nombramientos de responsables de empresas
públicas con un excesivo margen de actuación para poder conformar grupos
financieros que controlen después las empresas que en este momento están
gestionando. Lo denuncio bajando el tono. Digo que manifiesto mi
preocupación y mi convicción de que ése es el procedimiento que se está
utilizando, formando como un nuevo núcleo de excombatientes electorales a
los que se les está pagando los favores de los últimos años de campaña
electoral y sus opiniones desde determinados foros políticos, económicos
y sociales. Estoy --bajaré el tono-- no denunciando, pero sí afirmando
que ése es un gran riesgo que en este momento se está corriendo; un gran
riesgo que tengo la duda de si no pretende sustituir y alterar en algunas
ocasiones lo que es un lógico proceso de formación política y de grupos
económicos de un país. Da la impresión de que algunos están buscando
atajos para llegar a colocarse en cúspides, en cumbres, del poder
económico y del poder político. Realmente, con esas políticas no creo que
se esté pretendiendo hacer ni una política de distribución ni una
política de redistribución. A veces da la sensación de que se está
haciendo una política de trasplante de órganos sanos y rentables del
sector público al sector privado. A veces da la sensación de que se
quiere vampirizar parte de la energía y de los recursos del sector
público. Sinceramente, creo que ustedes quieren satanizar el sector
público y que lo quieren adelgazar no para hacerlo más ágil y más eficaz.

Yo creo que lo quieren dejar anoréxico perdido para que no pueda
recuperarse, de cara al futuro. Además, usted tiene experiencias que
confirman mucho más lo que yo le digo que lo que usted tiene la
obligación de decir. El sector público no es enemigo necesario de la
eficacia. El sector público y el mecanismo de control político de un país
es adversario de algunos grupos económicos y políticos de la derecha de
este país. Nosotros no criticamos que quieran hacer un plan de
privatizaciones; en absoluto. Lo que criticamos es que lo que están
haciendo es una cruzada contra el Estado, una cruzada contra el sector
público. Porque si no, ¿qué razones hay para expulsar al sector público
de paquetes y de empresas que son rentables? ¿Qué razones hay? Usted las
va a explicar en la réplica; seguro.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy acabando. Quiero que conste en acta que la
generosidad del Presidente es ilimitada.




El señor PRESIDENTE: Creo que está colmando suficientemente sus deseos,
señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Sin duda. Pero es para ir acostumbrando al
señor Ministro; es como un entrenamiento. Como veía que el Ministro está
poco acostumbrado a la duración de las Comisiones, me extiendo para que
se vaya entrenando. Si me lo permite seguiré sobre esa cuestión.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que en breve termine.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No se preocupe. Vamos concretando. Es posible
que esté equivocado, pero entiendo que es pertinente el conjunto de las
reflexiones que estamos realizando.

La pregunta era: si son posiciones de rentabilidad económica, ¿por qué no
puede seguir el sector público en determinado tipo de empresas? Hablo de
las rentables, porque se ha olvidado de que existen; a las no rentables
las temen más que a un nublado. Hoy más que ayer, pero (esto es como las
medallas) menos que mañana. Ustedes se van a olvidar pronto de algunas
reflexiones que han hecho.

¿Qué razones hay para no estar en Repsol, por ejemplo? ¿O qué razones hay
para no estar en Telefónica? Razones económicas, no. Le diré más:
económicamente, ustedes pueden hacer un flaco favor al sector público y
al Estado porque sin duda ya habrán hecho proyecciones y simulaciones.

¿Hacemos un flujo de ingresos a diez o a quince años? ¿Cuánto pierde el
Estado por la enajenación respecto a lo que podría ingresar, en el
período que ustedes consideren oportuno, por los beneficios ciertos que
esas empresas siguen produciendo? Por lo tanto, económicamente ustedes
están haciendo un mal negocio para el sector público. ¿Pueden ser razones
presupuestarias? Hemos escuchado tantas veces que el déficit de Caja no
se puede enjugar con la venta, que estoy convencido de que eso no lo
piensan. ¿Verdad que no piensan eso? Lo pregunto para que me lo respondan
después. ¿Verdad que no piensan eso? Porque si pensasen eso tendríamos
que reproducir otra vez el debate. El cálculo de lo que pueden encajar
los mercados, de aquí a junio del año que viene, según los expertos, está
en torno a los 500.000-600.000 millones de pesetas. Cuando hablamos de la
deuda lo hacemos de 40 billones. Por tanto, que va a enjugar deuda,
supongo que ustedes no lo dicen porque técnicamente saben que es
imposible, simplemente es una ficción, es un sofisma. Luego en torno a
los tres billones y medio de intereses, estamos hablando aproximadamente
de



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un 10 o un 12 por ciento; pero, en el ejercicio económico, ir quitándonos
los mecanismos de reservas, no puede ser. Luego razones presupuestarias,
espero que no sean. Razones de gestión, espero que no, porque coincidirán
ustedes conmigo en que si en la Bolsa están esperando seriamente que
usted saque participaciones de algunas empresas es porque confían en la
gestión, porque la gestión ha sido eficaz, ha sido rentable. ¿Por qué?
Porque los socialistas ya hicimos algunos cambios en estos años para
contagiar de gestión empresarial y hemos reorganizado los sectores y las
empresas que lo precisaban.

Por tanto, si no son razones económicas, porque no pueden serlo; si no
son razones presupuestarias, porque, aunque fueran, serían inconfesables
para ustedes; si no son razones de gestión, si no son razones de
equilibrio económico, con un peso del sector público empresarial en
España bastante por debajo de lo que es el nivel medio de los países
europeos, sólo vamos a dos razones: una razón que será de interés, pero
no general, de interés parcial, de interés de algunos grupos, de interés
de algunos sectores, o de ideologías: la de situarse en una cómoda
posición en la que el maniqueísmo de que lo público es malo y lo privado
es bueno empiece a aflorar aún con más envergadura.

Por tanto, nos tendrá que explicar las razones de verdad, económicas, de
fondo, que hay detrás de eso. Además urge que las explique. Pero no sólo
debe usted explicarlas por razones de oportunidad política, porque éste
es el momento, sino por razones de responsabilidad de la gestión. El
retraso en estas ambigüedades está generando un nivel de inestabilidad en
muchas compañías que en este momento son rentables, y con este feedbach
de declaraciones permanentes y de ambigüedades permanentes se corre el
riesgo de que empresas de sectores estratégicos muy importantes de este
país, por algunos mensajes y por las dudas de los equipos, puedan caer en
situaciones de inestabilidad. Y no seré más alarmista.

Ahora sí que termino, señor Presidente. Yo no sé si estas decisiones que
ustedes están adoptando son o no constitucionales. Fíjese lo que le digo:
constitucionales. Y las vamos a mirar con lupa. Una cosa es privatizar y
otra cosa es expulsar al sector público de las empresas. Incluso si
fueran constitucionales, creo es que son arbitrarias y no justificables,
a no ser que usted nos diga las justificaciones que hayan tenido para
hacerlo. Y se lo digo desde una reflexión de lealtad con un proceso de
privatización que los gobiernos socialistas han emprendido. Quiero
recordar que ha sido el portavoz de Convergència i Unió (por lo tanto,
haré esta cita de autoridad) quien, aun con los ecos de la memoria
histórica, ha reconocido valentía al anterior Gobierno por algunas
decisiones que adoptó en el pasado, decisiones que han llevado a un
proceso de privatización. Pero de lo que estamos hablando, con el furor
con el que se habla, no es de privatización, es, repito, de expulsión del
sector público de la economía. Y, señor Ministro, mientras que el balance
que nosotros hacemos del proceso de privatización de los gobiernos
socialistas ha sido, sin duda alguna, positivo, el de la expulsión del
Estado nos parece absolutamente incomprensible.

Poco más diré.




El señor PRESIDENTE: No diga más.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Simplemente quiero decir que hay que llegar
hasta el final en ese debate. Y en el final de este debate hay que decir
que su debate no es inocuo. Su debate no sólo es un ejercicio estético de
economía. Su debate tiene riesgos económicos y sociales ciertos, Y, mire
usted, no siga diciendo, porque no podrá demostrarlo, que el proceso
indiscriminado de privatizaciones que usted está impulsando no va a
generar más desempleo, porque va a generar más desempleo. ¿Sabe usted por
qué? Porque la fragilidad del sector público, al desposeerle de su parte
rentable, va a contaminar, va a afectar automáticamente a las empresas y
a los sectores que ustedes, por razones de índole electoral, aún no dicen
que harán, pero que después les afectará. Sus decisiones de desproteger
al Estado de sus mecanismos de reserva van a contaminar, sin lugar a
dudas, a los sectores no rentables.

Nosotros tenemos una apuesta de futuro, por lo visto, superior a la suya.

Ustedes, quizá, están pensando simplemente en el Presupuesto de 1997, en
la España de 1997 y en las elecciones de 1998, y ya entenderá usted que a
nosotros nos preocupe también la España de 1999, aunque no gane Aznar las
elecciones, y la del siglo XXI y la del 2002. Yo he de decirle que
ustedes deparan una siguiente legislatura francamente comprometida, con
un Estado complicado y con un sector público con serios riesgos.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, casi estoy al límite. Le
ruego que termine.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Hemos llegado al límite, con una última
reflexión e información.




El señor PRESIDENTE: Que sea realmente la última, señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Ya termino, no se preocupe. Para evitar que
este tipo de debates tengan que producirse de esta manera y para evitar
incluso que algunas de las reflexiones puedan quedar en el «Diario de
Sesiones» a beneficio de inventario, mi Grupo Parlamentario va a
favorecer lo que el Gobierno está intentando, que es el proceso de
transparencia y cooperación. Por eso le anuncio que vamos a presentar una
proposición no de ley invitando al Gobierno a hacer lo mismo que hacía el
Gobierno anterior y, por cierto, como usted señala en su exposición de
motivos, lo mismo que se hace en otros parlamentos europeos, por el
procedimiento del artículo 196 del Reglamento, remitir una comunicación a
la Cámara que sea objeto de un debate que permita que nuestras
reflexiones no sean simplemente a humo de paja y puedan concretarse en
iniciativas, que al quedar escritas tienen esa gran ventaja, que después
puedan reforzar y dar la credibilidad, que hoy no tiene, al proceso de
privatización que ustedes quieren iniciar.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Espero, señor Hernández Moltó que esa excesiva
utilización del tiempo que tan generosamente le hemos concedido todos los
miembros de la Comisión, pueda usted compensarlo en otras intervenciones
siendo mucho más breve.

La verdad es que como Presidente, en el uso de las funciones que tengo,
voy a ser muy benévolo en la utilización del turno de intervenciones,
pero no abusen ustedes tampoco de mi buena fe, no me obliguen a ser
rígido porque es incómodo serlo y coarta la libertad de la expresión de
SS. SS. cuando intervienen. Pero ayúdenme ustedes ciñéndose a los plazos,
háganlo en los tiempos razonables y no me fuercen a tener que intervenir.

Por último, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
el señor Peón Torre.




El señor PEON TORRE: En primer lugar, quiero felicitar al señor Ministro
por el cumplimiento de unos compromisos asumidos en esta Cámara, tanto en
Pleno como en Comisión, como él explicaba al inicio de su comparecencia,
y que nuestro Grupo celebra especialmente. Porque sí existe una
diferencia importante respecto a lo que fuera política habitual del
Gobierno anterior en estas cuestiones, es decir, el sistemático
incumplimiento de sus compromisos con esta Cámara, como acaba de
reconocer algún portavoz al afirmar que para estos temas se estableció la
necesidad de nombrar una ponencia que nunca llegó a constituirse.

Nosotros hemos escuchado con atención a todos los grupos, hemos tenido en
cuenta la valentía del Gobierno al establecer un planteamiento de
transparencia, quizá, en línea contraria a lo que se ha hecho hasta
ahora, y de esa manera ha habido un mayor riesgo de que pudiera ser
contestado o criticado en la medida que eran conocidos los planteamientos
del Gobierno sobre estas cuestiones, cosa que no ocurría antes, ya que
existía un goteo y opacidad permanente en cuanto a la política de
privatizaciones que se ha seguido por el Gobierno Socialista. Decimos
valentía y honestidad política para asumir ese riesgo, no cobardía,
porque no es fácil explicarlo a la sociedad. No es fácil porque es un
debate que se presta a la demagogia con mucha facilidad, tal como lo ha
definido antes con acierto el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.

Nosotros estábamos escuchando a todos los grupos con atención y con
interés porque, sinceramente, tenemos que felicitar a todos los
portavoces, a casi todos los portavoces, porque creemos que ha habido un
intento de rigor en el debate; ha habido un intento serio, sincero, de
rigor en este debate que preocupa seriamente a amplios sectores de la
sociedad española. Decimos a casi todos porque quizás alguno no ha hecho
ese esfuerzo de rigor, de honestidad política, para contraponer
argumentos con argumentos y no con calificativos grandilocuentes, pero
vacíos de contenido. Es muy fácil dialécticamente afirmar una cosa y la
contraria, pero eso no contribuye a clarificar las preocupaciones que en
estos momentos se pueden estar produciendo en la sociedad española a
propósito de estas cuestiones.

Nos gustaría dejar las cosas en su sitio, muy brevemente, aunque
dejaremos al señor Ministro, como no puede ser de otra manera, el placer
de contestar a cada uno de los portavoces, tanto a los que han podido
incidir, quizás en algunos argumentos no ajustados a la realidad, como
aquellos otros que sí lo han hecho con cierto rigor. Queremos hacer muy
brevemente una primera reflexión para expresar nuestra tristeza como
grupo parlamentario por no conseguir la unanimidad de los grupos de esta
Cámara en cuanto al rigor del debate.

Ha habido una coincidencia entre dos grupos respecto a calificativos como
confiscación o expoliación; otro de los grupos ha dicho que estábamos
ante un debate donde se podía ir hacia un capitalismo oligárquico-feudal,
hacia un sistema imperialista; son términos equiparables. La diferencia,
señorías, es que el portavoz que hablaba de sistema imperialista o
capitalismo oligárquico-feudal o incluso que hablaba del modelo chino
como modelo a seguir en cuanto a control de la economía, desde luego no
es el nuestro en cuanto a respeto a los derechos humanos, al menos la
diferencia entre la coincidencia de planteamientos en estos términos, de
dos grupos se salva a favor de la intervención del primero de ellos,
porque por lo menos tiene la coherencia política, la honestidad política
de hacer un planteamiento en términos ideológicos y no haber gobernado en
este país los últimos trece años; eso le salva en la comparación.

(Rumores.) Señorías, nosotros no tenemos intención de hacer un debate
ideológico sobre esta cuestión. Lo han dicho otros portavoces: no estamos
ante un debate ideológico. Realmente, gobiernos de muy distinto signo
político han entendido que es necesario reconsiderar la dimensión del
sector público empresarial, y este Gobierno, que lleva dos meses escasos
en el ejercicio de sus funciones, no es una excepción en cuanto a la
necesidad de esa reconsideración. Por tanto, que algún grupo insista, con
grandes calificativos, en hacer de esto un debate ideológico, donde se
contrapone lo público a lo privado o se habla de expulsión del Estado,
creemos que es un debate que no se ajusta, según nuestro entendimiento, a
lo que es un dabate riguroso y, por consiguiente, no entraremos a
contestar ese tipo de calificativos.

Simplemente, y por hacer un esfuerzo de coherencia por parte de todos,
querríamos quizás recordar que cuando escuchamos que el Ministro ha sido
agresivo, nos parece que algún grupo más ha sido agresivo en esta
comparecencia, quizás porque no acaba de encontrar su posición política
con la nueva situación, sobre todo, cuando se tiene una forma de entender
la realidad política de este país afirmando que la mayoría de la Cámara
en esta legislatura es prácticamente similar a la anterior, cuando la
nueva mayoría a lo que ha dado lugar es precisamente a un cambio de
gobierno. Con esta forma de interpretar y percibir la realidad, creemos
que sobran más comentarios porque está claro que los diagnósticos siempre
van a estar muy alejados entre los que haga el grupo que hace esa
interpretación con arreglo a esos análisis y los que puede hacer el Grupo
Parlamentario Popular.

Para el Grupo Popular hablar de privatizar beneficios o de regalar
beneficios públicos, que son de todos, a particulares, sinceramente, es
un asunto muy sensible, cuando ayer mismo, por ejemplo, en la opinión
pública se recibía



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con escándalo la noticia de que, como consecuencia de la investigación
judicial de procesos de encargo de contratos públicos multimillonarios,
como fue el AVE, empresas que se dice que eran tapaderas del Partido
Socialista recibieron 1.000 millones de pesetas para dar lugar a la
adjudicación de los contratos. Cuando se están conociendo estas noticias
en estos días, escuchar que el actual Gobierno quiere privatizar
beneficios o quiere regalar beneficios o quiere dilapidar el patrimonio
de todos los contribuyentes españoles para unos intereses particulares
nos parece increíble. Antes hablaba el Ministro de que quizás en este
debate se están produciendo ejercicios de cinismo o desfachatez;
nosotros, sinceramente, creemos que se queda bastante corto el señor
Ministro, y es muy prudente al emplear ese tipo de calificativos.

Entrando ya en el debate riguroso y tratando de contribuir por parte de
nuestro grupo a disipar las preocupaciones que puedan estar
experimentando ámbitos sociales y económicos de nuestro país, querríamos,
en primer lugar, hacer un pequeño comentario a algunos planteamientos que
procedían del portavoz de Coalición Canaria respecto a su preocupación
por los oligopolios dominantes. Se ha dicho también por otros portavoces
que no venga a sustituir un monopolio público uno privado, y creemos que,
teniendo en cuenta el nuevo sistema económico en el que nos encontramos,
el nuevo escenario que es de competencia, que es global en el ámbito de
la Unión Europea, esos riesgos son menores, pero es cierto que el
Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo para que esos riesgos se minimicen
con una serie de medidas que traten de controlarlos.

El portavoz del PNV y otros portavoces han insistido mucho en algo que a
nosotros nos parece que es verdad; que hay que hacer un esfuerzo por
nuestra parte y que el debate es más grave en cuanto a la percepción que
se está transmitiendo a la opinión pública que en cuanto a las posturas
que puede estar manteniendo cada uno de los grupos. Para nosotros es
especialmente significativo el hecho de que el propio portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya reconocido que no estamos
en este momento en un debate en el que se quiera acabar con todo lo
público, sino que estamos en un debate en el que se está tratando de
encuadrar en qué términos la dimensión de lo público es conveniente para
el buen funcionamiento del sistema económico y para la buena prestación
de los servicios públicos a que tienen derecho los ciudadanos de nuestro
país. Por tanto, ese intento de trasladar la impresión falsa a la
sociedad de que las intenciones del Gobierno son diferentes a las que
había tenido el Gobierno anterior y pretende ir más allá, incluso cayendo
en una especie de desatención de las necesidades básicas de prestaciones
de servicios públicos, creemos que ha sido contestado por el propio
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha tenido la
honestidad de reconocer que no son ésos los términos del debate, que es
un problema de comunicación y que es un esfuerzo que el Gobierno y, desde
luego, todos los grupos de esta Cámara deben realizar para que no se
traslade una impresión falsa al conjunto de la sociedad española.

Se hablaba también por parte de alguno de los portavoces, concretamente
por el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre la
necesidad de que esta Cámara tenga una participación activa en el control
del proceso de privatizaciones que se desarrolle como consecuencia del
Programa de modernización del sector público empresarial. Nosotros
estamos de acuerdo. Creemos que esta Cámara debe tener el protagonismo
que no tuvo durante la anterior legislatura. Estamos de acuerdo en que
ese protagonismo tiene que existir y, de hecho, lo está teniendo.

Pensamos que la comparecencia del Ministro para hablar de estas
cuestiones en esta Cámara, bien en Pleno bien en Comisión, durante los
dos últimos meses, ha sido muy intensa y creemos que es un ejemplo de la
voluntad del Gobierno de dar protagonismo y posibilidad de intervención a
esta Cámara y a los grupos políticos que la integran en todo ese proceso.

De hecho, el señor Ministro ha terminado su exposición invitando al
diálogo y al consenso sobre todas estas cuestiones.

La fórmula de la ponencia es una fórmula que a nosotros no nos parece
incorrecta y, de hecho, mostramos nuestra disposición favorable a apoyar
algún tipo de iniciativa que potencie la intervención de esta Cámara en
todo el proceso. Quizás nos parece excesivo el planteamiento de una ley
de privatizaciones, como proponía el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, porque, como él mismo reconocía, no es
conveniente introducir todos los supuestos en un cajón de sastre
indiferenciado; quizás, para poder sacar al mercado un paquete de
acciones del grupo Repsol, establecer la necesidad de que esta Cámara
tenga que aprobar por ley esa decisión puede parecer excesivo o poco
operativo, pero, en cualquier caso, será una cuestión que, huyendo de esa
innecesaria generalización en un cajón de sastre en todos los casos, cada
uno de ellos se podrá ir solventando y analizando, con la máxima
disposición de todos los grupos, tratando de alcanzar ese consenso al que
el Ministro invitaba a todos los grupos de esta Cámara.

A nosotros nos gustaría, señorías, señor Presidente, poner el acento en
lo que consideramos que es más positivo de este debate, y es comprobar
que los planes del Gobierno, que las intenciones del Gobierno cuentan con
el apoyo mayoritario de esta Cámara, y, en la medida en que se está
hablando de la defensa de lo público, de los intereses generales, algo
tendrá que decir esta Cámara sobre lo que son los intereses generales y
sobre lo que es la interpretación correcta y adecuada de los mismos.

Se decía antes que el debate tiene que ser bien entendido y tiene que ser
también bien explicado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para
contribuir a ofrecer esa buena explicación de lo que se está discutiendo
en estos días; todos, el Gobierno, los grupos políticos que integran esta
Cámara y las fuerzas económicas y sociales. Algunos eslóganes quizá no
propician un debate riguroso sobre este tema. Por ejemplo, hablar en
defensa de lo público quizá pueda parecer excesivamente simplista, porque
en defensa de lo público, primero está el Gobierno, que es quien primero
representa la defensa de los intereses generales; también los agentes
económicos y sociales, pero primero el



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Gobierno. Cuando se habla de que hay que garantizar o tratar de mejorar
los servicios de la Administración pública, como decían los agentes
sindicales en un manifiesto el jueves pasado, el primero que está de
acuerdo en la necesidad de mejorar esos servicios públicos esenciales es
el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno también.

No es ése el debate. El debate es sobre la manera de modernizar el sector
público empresarial, sobre cuál es la dimensión del sector público que
necesita nuestro país y, por tanto, de qué manera se optimizan --como
decía el señor Ministro-- los recursos públicos escasos para atender a
las prioridades de los ciudadanos de nuestro país.

Señorías, nosotros queremos llamar la atención sobre el coste que está
teniendo esta situación para nuestro país. Se decía por el portavoz que
me ha precedido en el uso de la palabra que esto está muy mal.

Efectivamente, está muy mal; lo que no se puede hacer es que siga así,
que continúe de esta forma. Está muy mal y quien ha gobernado en estos
años alguna responsabilidad habrá tenido en que la situación del sector
público empresarial esté tan mal. Resulta curioso que sea precisamente el
mismo partido el que hace el menor esfuerzo por introducir un debate
constructivo sobre esta cuestión.

Es verdad que está mal, pero hay que afrontar cómo se da solución a esta
situación problemática. Hay que plantear alternativas a esa situación.

Hay que buscar de qué manera se consolida el tejido industrial en nuestro
país, el público y el privado. Nosotros creemos, con el Gobierno, que la
manera de conseguir esa consolidación del tejido industrial pasa
precisamente por la aplicación de este plan de modernización del sector
público empresarial.

El Ministro ha dado cifras que son suficientemente significativas, no
vamos a repetirlas. Desde luego nosotros estamos absolutamente de acuerdo
en que esa consolidación del tejido industrial en nuestro país pasa por
lo que son los principales objetivos del plan que hoy presenta el
Gobierno en esta Cámara. Se ha hablado de simplificación de estructuras.

Sólo una medida tan inmediata como es la desaparición de la estructura de
Téneo --nos ha ilustrado el Ministro-- supone un ahorro para los
contribuyentes de nuestro país de 1.000 millones de pesetas, que se van a
poder emplear en otras prioridades. Se ha hablado también de que hay una
serie de principios rectores de la privatización, de índole formal y de
índole estructural. En cuanto a los de índole formal se ha hablado de
transparencia, de controles efectivos, previos y posteriores.

Cuando se insinuaban aquí temores, que yo creo insinceros, respecto al
riesgo o preocupación sobre el nombramiento de algunas empresas públicas
porque van a intervenir en algunos procesos de venta, se demuestra que no
se ha estudiado el plan, que no se ha analizado, porque la filosofía
principal del Gobierno en estas cuestiones es separar claramente lo que
es la gestión de cada una de las empresas públicas de lo que es la
titularidad y de lo que son los órganos competentes para tomar decisiones
respecto al cambio de esa titularidad, cosa que no ocurría con el
Gobierno anterior, donde se confundían con demasiada frecuencia los
intereses de los gestores con los procesos de privatización de cada una
de las empresas que tenían que gestionar.

Se ha hablado también de transparencia. Se niega la voluntad de
transparencia por parte del Gobierno y se dice incluso que no se conoce
una iniciativa del Partido Popular para denunciar esa falta de
transparencia. Yo voy a poner un ejemplo muy reciente, que además afecta
personalmente a este Diputado, que lo fue también en la legislatura
pasada en la Comisión de Industria. En agosto de 1994 este Diputado pidió
la comparecencia del presidente de Sidenor en la Comisión de Industria
para explicar los planes de privatización que entonces se anunciaban ante
la opinión pública: agosto de 1994. En julio de 1995 este Diputado hubo
de repetir la petición en la misma Comisión de Industria para que
compareciera ya el Ministro, porque se estaba dando como inminente la
privatización del grupo Sidenor. Y en septiembre del año 1995 este
Diputado hubo de insistir ante la Mesa de la Comisión para que se
produjera esa comparecencia, porque ya se decía en la opinión pública que
se había procedido a suscribir un acuerdo con uno de los grupos que
pugnaban por esa adjudicación. No se produjo nunca esa comparecencia,
señorías, además con la particularidad de que existían dos grupos que
principalmente pugnaban por esa adjudicación y afectaba a tres
comunidades autónomas: Cantabria, País Vasco y Madrid. El Gobierno se
encontraba sin presupuestos, por no contar con apoyo suficiente en la
Cámara, y en contra de la opinión del Gobierno vasco, en contra de la
opinión del Gobierno de Cantabria, con la oposición de todos los
sindicatos y sin información ninguna a la Cámara, privatizó Sidenor.

Seguramente ése es el modelo de transparencia que algunos creen que ahora
sufre con los planes del Gobierno. Nosotros sinceramente, señorías,
creemos que ahora sí se están apuntando unos parámetros correctos; quizá
sea mejorable el procedimiento para garantizar mayor transparencia, pero
desde luego sí que es muy superior el grado de transparencia que ahora se
facilita por parte del Gobierno al que existía anteriormente.

Se ha hablado también por parte del Ministro, señorías, señor Presidente,
de que no estamos ante un cajón de sastre, sino ante situaciones muy
diferentes; que hay empresas públicas que se puede decir que ya están
privatizadas, porque la participación que tiene el Estado en ellas es muy
pequeña, y además fueron privatizadas, como también se ha dicho, por
necesidades muy puntuales e inmediatas de caja, de tesorería, del
Gobierno que quizá no preveía suficientemente sus necesidades de gasto y
luego debía recurrir a este tipo de instrumentos para atender sus
necesidades financieras. Ya están privatizadas.

Hay otro grupo de empresas que el Ministro definía como eficientes pero
que permanecen todavía en mercados regulados, que, como se ha anunciado
también por parte del Gobierno, quizá sean eficientes en parte porque
están en mercados regulados, pero en cualquier caso habrá que esperar a
facilitar la competencia en esos mercados, en beneficio de los
consumidores, de las pequeñas empresas y del tejido industrial de nuestro
país, fundamentalmente en el sector energético o en el de transportes o
en el de telecomunicaciones. Habrá que tratar de abundar en la
desregulación



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de esos mercados para favorecer precisamente, en beneficio de los
consumidores y del tejido industrial de nuestro país, que el mercado sea
más competitivo.

Hay un tercer grupo de empresas que es el que se refiere a aquellas que
están en este momento a la espera de la adopción de decisiones
estratégicas, de alianzas estratégicas. Como decía el Ministro, son
aquellas empresas cuyo proceso de privatización se contempla no como la
antesala de un cierre, sino todo lo contrario, como una necesidad para
garantizar la viabilidad industrial y el mantenimiento de los puestos de
trabajo de esas empresas.

Nuestro grupo desea hacer una reflexión y es que hay empresas públicas
que tienen pérdidas --no vamos a entrar ahora en un debate sobre si es
como consecuencia de una gestión pública deficiente o no--, tienen
pérdidas con la gestión que han tenido estos años en el sector público, y
es cierto que nos vemos condicionados por el marco económico de la Unión
Europea, en el que nos movemos, en el sentido de favorecer la competencia
impidiendo la atribución de recursos públicos a empresas públicas o
privadas en pérdidas, porque eso distorsiona la libre competencia. Nos
encontramos, por tanto, en la siguiente situación: empresas públicas con
pérdidas e imposibilidad del Estado de asignar recursos públicos para
poder amortiguar esas pérdidas.

¿Cuál es la alternativa que propone el grupo parlamentario que nos ha
gobernado en estos últimos años y que ahora parece criticar con tanta
virulencia los planes del Gobierno? ¿El cierre de esas empresas? ¿Eso es
lo que propone? Es decir, no quiere la privatización y qué propone, ¿el
cierre de esas empresas? Porque no se va a poder continuar con esos
proyectos industriales si no hay recursos para ello y si la Unión Europea
impide que existan recursos públicos para ello. Si realmente se puede
contar con inversores privados que creen que pueden hacer que las
empresas sean eficientes y rentables, que están dispuestos a dedicar
esfuerzo y sus propios recursos económicos a hacer viables esos proyectos
industriales, ésa es la mejor solución, entendemos nosotros, para
garantizar el empleo en esas empresas públicas actuales. Y estamos
hablando de empleo, estamos hablando de 130.000 empleos del sector
público, y ahí sí querría matizar alguna declaración del portavoz de
Izquierda Unida, cuando decía que no se hace mención a la estabilidad en
el empleo o al mantenimiento del empleo en el plan que presenta el
Gobierno.

En el punto primero se habla exactamente de que el objetivo principal del
plan es la creación de empleo, e incluso en el punto sexto se habla de
que la continuidad del proyecto empresarial de las empresas privatizadas
será uno de los principios inspiradores del plan. Luego realmente hay una
voluntad clara del Gobierno de que el objetivo principal de este
instrumento de privatizaciones sea el mantenimiento de los puestos de
trabajo y la creación, si es posible, de mayor número de puestos de
trabajo y la viabilidad industrial de estos proyectos empresariales, y
ahí nuestro grupo también coincide con algunos temores que exponían
algunos de los portavoces que nos han precedido en el uso de la palabra,
concretamente creo que era el portavoz de Izquierda Unida, en el sentido
de que quizá los riesgos de esa viabilidad empresarial a medio plazo
incluso sean menores si son grupos nacionales los que acaban siendo los
adjudicatarios de estos proyectos industriales. Estamos de acuerdo. Nos
parece que es un planteamiento razonable, sensato. A nosotros también,
como Grupo Popular, nos gustaría que así fuera. Otra cosa es que no sea
posible en todos los casos. Se ha citado quizás algún ejemplo de alguna
empresa pública, pero como filosofía de actuación nos parece que es un
planteamiento sensato, conveniente para la economía de nuestro país, y,
desde luego, vamos a apoyar ese tipo de filosofías.

Terminamos ya, señor Presidente, insistiendo una vez más en que no se
falsee el debate sobre esta cuestión, porque preocupa sinceramente a los
ciudadanos. Estamos hablando de mantenimiento del empleo. Estamos
hablando de viabilidad industrial de muchas empresas que en este momento
podrían estar en peligro si no se aborda este plan de modernización.

Estamos hablando de que, como consecuencia de la aplicación de este plan,
seguirá habiendo sector público, por supuesto que seguirá habiendo
prestación de servicios públicos; seguirá habiendo sector público, aquel
que se considere conveniente en su dimensión. Y estamos hablando de que
en ningún caso afectará, como decía el Ministro, a la prestación de los
servicios públicos esenciales. Luego no se desvirtúe el debate político,
porque es importante no crear falsas incertidumbres entre los ciudadanos.

Ha habido una invitación por parte del Ministro al consenso no sólo en
esta Cámara sino también con las comunidades autónomas y con los agentes
económicos y sociales. Nosotros, como Grupo Popular, trataremos de poner
nuestro granito de arena en ese consenso, porque creemos que es bueno
para el conjunto de la sociedad española, y desde luego nos gustaría que
ese consenso fuera posible como consecuencia y conclusión de un debate
honesto y constructivo. Creemos que es un buen principio comprobar ya en
la sesión de hoy que los planes del Gobierno cuentan con el apoyo
mayoritario de esta Cámara, que, como decíamos antes, algo tiene que
decir sobre lo que son los intereses generales de nuestro país y la
defensa de los mismos. Desde luego, nuestro grupo cree que quien
principalmente agradecería ese consenso que el Ministro invitaba a
alcanzar y que otros portavoces también entendían que era necesario para
el buen fin de los objetivos que contempla el Gobierno sería sobre todo,
señorías, la sociedad española, y de ahí nuestra disposición a favorecer
en lo posible ese consenso.




El señor PRESIDENTE: Señorías, toda vez que algunos de los portavoces han
aludido a esta posible ponencia o subcomisión a constituir, en la primera
reunión que tengamos la Mesa y portavoces estudiaremos ese tema y
tomaremos una decisión sobre cómo proceder para dar ese paso y adoptar
esa decisión, y en esta reunión contaremos ya con los informes jurídicos
a los que algunas de SS. SS. han hecho referencia.

Tiene la palabra el señor Ministro para el turno de réplica.




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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías, voy a
responder a los posicionamientos de cada uno de los portavoces procurando
ser lo más breve que pueda, porque ha habido siete intervenciones, y, por
tanto, si yo me alargara en justa correspondencia lo mismo que se han
alargado los portavoces, esto sería bastante terrible, aunque de todas
maneras voy a anticipar una cosa que quería decirle al señor Hernández
Moltó. A mí no me preocupa la duración de las reuniones, me preocupa otro
tipo de cosas. Seguramente yo he tenido más reuniones y más largas que
usted con los sindicatos, por ejemplo, y hemos terminado a las siete de
la mañana. El problema no es el tiempo, el problema es lo que se dice. No
es un problema de aburrimiento, sino de hastío respecto a ciertos
argumentos, pero volveré sobre ese tema.

Respecto al señor Rodríguez Sánchez, en primer lugar, le agradezco
muchísimo el tono de la intervención, porque es evidente que aunque hay
una clarísima discrepancia de posiciones ideológicas de partida, cosa por
otra parte absolutamente legítima y en la que no creo que valga la pena
extenderse, desde esa discrepancia en cuanto a las posiciones de
principio --y desde luego en algunas cuestiones no sólo de principio sino
de instrumentación--, creo que ha expresado una serie de preocupaciones
que lógicamente habría que tener en cuenta, en particular respecto a la
situación de Galicia, en cuanto a la situación de sectores como la
construcción naval --Bazán-- o como las eléctricas, Santa Bárbara o
Inespal. Yo le aseguro que el Gobierno también tiene este tipo de
preocupaciones. Queremos hacerlo bien. No queremos hacer cosas
precipitadas de las que nos podamos después arrepentir. Por tanto, hay
una preocupación básica respecto a que existan proyectos empresariales
sólidos detrás, de que existan garantías suficientes de que se van a
mantener los puestos de trabajo o se va a asegurar la competitividad de
las compañías precisamente sobre la base de lo que decía al principio, de
que pensamos que en muchas ocasiones el cambio de titularidad puede
ayudar a ese fin.

Usted ha mencionado el caso de Inespal y ha dicho una cosa que es
completamente cierta. Probablemente no hay inversores españoles con
capacidad para hacer frente a una empresa como Inespal. Usted decía: está
ya en números ascendentes. Es verdad, está en números ascendentes
afortunadamente --el ciclo del aluminio ahora es bueno--; está en números
ascendentes porque, como usted sabe, tiene un régimen de coste de la
energía eléctrica de alguna forma privilegiado, con una tarifa que se
llama la G4, que sólo tienen sectores muy contados, cuya permanencia es
muy discutible, sobre todo cuando cambie el marco regulador del sector
eléctrico. Por tanto, habrá que encontrar una solución que permita
asegurar el suministro a largo plazo del coste de electricidad a Inespal
para asegurar su futuro. Y en un sector de esas características, que es
completamente planetario, desde el punto de vista de la competencia en la
que se está moviendo, probablemente la mejor manera de asegurar el futuro
de Inespal, ya que no podemos asegurar que haya capital español, sea
pensando en su integración en un esquema multinacional, porque si
continúa en el sector público español, llegará un momento en que las
grandes necesidades de inversión o los grandes requerimientos de capital,
de alianzas estratégicas, no va a ser posible que sean asumidos y
afrontados por un Estado de base nacional, por un Estado como el español
en el marco de la Unión Europea. Por tanto, aquí hay una preocupación por
el futuro y probablemente podríamos compararla con la de alguna empresa
que usted ha mencionado y que es verdad, en algunos casos en tono crítico
y otros en tono positivo, que es el proceso de desinversión de Seat.

Probablemente sea verdad que Seat tuvo que ser saneada con recursos
públicos para poder ser vendida. Es verdad que después ha habido unos
momentos de crisis en los que tanto el Estado como la Administración
autonómica competente han tenido que hacer un nuevo esfuerzo. Todo eso es
verdad, pero yo no creo que sea muy disparatado pensar que si Seat
hubiera seguido --igual que Pegaso, igual que Enasa-- en el sector
público, probablemente hoy tendríamos que lamentar no la pérdida de una
parte de los puestos de trabajo, sino que tendríamos que lamentar más
cosas. Eso es así porque difícilmente nadie puede pensar que el Estado
español hubiera podido invertir, como sí ha hecho Volkswagen en Seat en
la planta de Martorell y en los centros de investigación y desarrollo del
propio Martorell y de Sitges, más de 500.000 millones de pesetas, y las
ayudas últimas han ido dirigidas al mantenimiento del centro de I+D, al
mantenimiento de la marca y de la capacidad de ser una empresa de esa
sociedad. Lo digo sin ningún tipo de problema, porque yo no tengo ningún
empacho en decir que hay cosas que se han hecho bien. También es verdad
que hay cosas que se han hecho mal, después me referiré a alguna de
ellas, porque parece que lo malo sólo ha empezado justo desde hace dos
meses, y hasta esa fecha teníamos, por lo visto, una situación idílica.

Hay otro tema que ha mencionado usted muy de pasada, pero creo que
también responde a una realidad. Dice usted: por fin hay participación de
las comunidades autónomas en las empresas públicas. Lo estamos empezando
a poner en marcha. Estamos llegando a acuerdos con diferentes comunidades
autónomas, como ustedes saben, y de momento sólo nos dejan entrar en las
que no son rentables. Ahí hay un criterio que en este caso coincide, pero
el criterio básico es que, en aquellas empresas públicas que están
radicadas en una sola comunidad, desde el punto de vista de la
operatividad, se puede tomar la decisión muy rápidamente. En aquellos
casos en los que las empresas están en todo el territorio o muy
diseminadas, como es el caso de Endesa, es un tema que desde el punto de
vista operativo es más complicado y que requiere quizá de una mayor
reflexión. Pero hasta ahora no lo habíamos conseguido, ¿verdad? Hasta
ahora esto no había sucedido y los gobiernos autónomos llevaban
muchísimos años solicitándolo.

Ha habido una serie de intervenciones a las que me puedo referir con
carácter general, aunque no siga exactamente el orden en que se han
producido, pero como hay temas recurrentes probablemente tenga sentido
que lo haga así.

El señor Rodríguez Sánchez se refería a la capacidad de movilizar el
ahorro nacional en el caso de Galicia y que ahí tenemos entidades
financieras que no están manifestando



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esa voluntad de participar en el proceso --ha mencionado usted un banco y
una caja--, como lamentando que efectivamente no tengan esa disposición a
participar. En otros casos me ha parecido que se criticaba esa
disposición de otras entidades financieras y de otras cajas precisamente
a participar.

Eso es así porque no es un tema que sea unívoco. La verdad tiene muchas
aristas. El señor Mauricio me comentaba que parece que yo no tengo dudas.

Lamento que esa impresión no se corresponda con la realidad, porque tengo
muchísimas dudas, ya que estamos ante temas enormemente complicados. Cada
situación empresarial es muy distinta de la otra, hay que analizar una
por una, y, por tanto, los planteamientos de carácter general y simplista
no son válidos. Podemos establecer criterios de partida que sí lo son.

Creo que todos podemos coincidir en que en la medida en que se pueda, en
empresas que están ya en el mercado, lo lógico es hacer una oferta
pública de venta, porque parece el mecanismo más neutral y más
transparente para que nadie además pueda hacer acusaciones de
discriminación. No deja de ser curioso, dice, porque ustedes venden a la
bolsa y entonces van las entidades financieras, pero al mismo tiempo se
es capaz de defender simultáneamente que hay que atender al componente
estratégico de una empresa y por tanto hay que pensar en los accionistas.

Las dos cosas son verdad y habrá que ver cada caso. Lo que no vale es
descalificar una cosa diciendo que hay que hacer lo otro, y cuando se
plantea lo otro descalificarlo porque hay que hacer una oferta pública de
venta. No lo digo por su señoría --ya sabe que no me refiero a su
señoría-- sino por otros portavoces.

También es verdad que en el caso que usted plantea, que es el caso de
Canarias, creo que puedo interpretar su inquietud y la comparto. Creo que
en algunos casos de empresas que nosotros hemos incluido claramente en lo
que llamamos el grupo 3, por ejemplo, el transporte aéreo, puede haber
una serie de consideraciones específicas que pueden hacernos pensar que
en la parte que afecta a esa comunidad, como en cualquier otra que se nos
plantee y tenga sentido, podemos establecer algún tipo de tratamiento
diferenciado para asegurar que los intereses de la comunidad estén de
alguna forma representados y no rompamos con la cohesión que en un
archipiélago que tiene siete islas hay que salvaguardar.

Otro tema que también ha sido recurrente es el de que: aquí hay mucho
discurso y mucho principio general, pero ustedes privatizan para hacer
caja. Hombre, también, sí, sí, también, pero no sólo para eso, porque sí
que podríamos decir, y lo puedo hacer con total rotundidad, que las
privatizaciones hasta ahora sí que sólo se han hecho para hacer caja.

Nosotros también, pero no sólo para eso. Si hiciéramos eso, intentaríamos
vender Endesa en seguida haciendo trampa. Ya se vendió una parte de
Endesa, pero sin explicarle al inversor que al final el marco en el que
estaba actuando Endesa habría que cambiarlo. Nosotros estamos diciendo
precisamente eso: hay que cambiarlo, y cuando el inversor sepa
exactamente a qué atenderse podrá actuar en consecuencia y no antes,
porque eso sería confundir al mercado y no nos parece que sea muy
honesto.

El señor González de Txabarri ha dicho una cosa que es interesante: no es
que la política del Gobierno sea muy diferente; lo que es diferente son
las reacciones de la oposición. Yo nunca me hubiera podido imaginar que
las reacciones de la oposición fueran efectivamente tan diferentes justo
en dos meses, pero es verdad que lo son: lo que antes les parecía
maravilloso --por ejemplo, vender el 90 por ciento de Repsol-- ahora les
parece terrorífico, cuando estamos pensando en vender el 10 por ciento.

Realmente es un planteamiento que es difícil que sea más incoherente,
pero se plantea con toda tranquilidad y con toda serenidad de espíritu.

Cada uno es como es, pero a mí me parece un tanto contradictorio. Pero
también es verdad que, tiene usted razón, en el fondo la política del
Gobierno no es tan distinta --lo ha dicho también el señor Sánchez i
Llibre--, porque al final la realidad es como es y el sector público
español es como es y hay que ir haciendo lo que se puede, pero he querido
insistir --y en eso se basa el acuerdo del Consejo de Ministros-- en que
lo que se quiere cambiar radicalmente es la forma, y creo que eso se ha
entendido bien. Queremos hacerlo de una forma completamente distinta y
eso pasa por la transparencia, por la separación entre propiedad y
gestión. Se dice: es que esto no se entiende muy bien o qué se quiere
decir cuando se dice eso. Lo que se quiere decir es que no puede ser que
los presidentes de las compañías y los gestores protagonicen los procesos
de desinversión, porque no se puede ser juez y parte. Los intereses de
los accionistas deben ser perfectamente separables de los intereses de
los gestores, y eso, que es de una simplicidad obvia, parece que muchas
veces tampoco se acaba de entender.

Es cierto que se podría detallar mucho más, y no le oculto que el
Gobierno tiene un calendario, por supuesto, y tiene unas previsiones de
precios a obtener y respecto a qué cosas hay que hacer en cada empresa y
en qué momento las tiene que poner en marcha, pero nos parece que lo
lógico es plantearlo en el momento en que sea oportuno y no anticipar ese
tipo de cuestiones al propio mercado, porque eso sí que iría en contra de
la racionalidad del proceso. Pero lo que queremos garantizar es que a
través del procedimiento y a través de la forma de hacer las cosas no
tiene por qué haber después ningún temor de que no se sabe muy bien lo
que ha pasado.

Antes el portavoz del Grupo Popular hacía referencia al tema Sidenor. Yo
no he conseguido saber todavía qué ha sucedido ahí, y ha pasado tiempo.

También antes se decía: no haga usted acusaciones con carácter genérico.

Hago una, el tema Sidenor. Podemos hablar de Rumasa o no, ¿no hace falta
que hablemos de Rumasa? (El señor Hernández Moltó pronuncia palabras que
no se perciben.) Podemos hablar de Rumasa. Bien. ¿Podemos hablar de
Intelhorce? También podemos hablar de Intelhorce. Podemos hablar de estas
cosas. Nosotros intentaremos que eso no nos pase, que nadie en el
Parlamento algún día nos diga: es que ustedes tienen que hablar de estos
temas. No nos pasará porque ya habremos hablado y creo que tendremos
capacidad para explicarlo bien.




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Hacía usted una referencia a que había que permeabilizar este debate de
cara a la sociedad. Es verdad. Hay que hacer un esfuerzo y muchas veces
eso es muy difícil. Entiendo que, en buena medida, la política es
pedagogía. Hace falta que llegue a la sociedad, pero hace falta para eso
que se plantee en términos serenos, constructivos, explicando la verdad y
procurando no confundir. Habrá que ir haciéndolo poco a poco, actuando,
como usted decía, con rigor, con transparencia y sin apresuramientos.

Quisiera decirlo de nuevo, aunque creo que se ha repetido en bastantes
ocasiones.

Vamos a tardar en privatizar y nos hemos planteado la legislatura como un
ámbito temporal de trabajo, y eso no significa que vayamos antes a hablar
del sentido trágico de la historia y de algunas cosas que se han
mencionado por ahí, no; vamos a hacer las cosas con calma, haciéndolas
bien, porque las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas con calma pero
sin pausas, porque, como también se ha dicho, la situación es mala, y es
verdad y hay que hacer muchas cosas, y para determinadas cuestiones
tenemos ya menos de un año y medio; para otras necesitamos más, para
otras no es ése el calendario adecuado, pero que este país está en muchos
ámbitos de su vida real en situación poco satisfactoria creo que no lo
puede discutir nadie. ¿O es que nos parece sostenible que año tras año
las empresas públicas nos cuesten más de un billón de pesetas? ¿O es que
nos parece sostenible tener el mercado de trabajo que tenemos? Por tanto,
¿nos parece sostenible que vale la pena no plantearse que hay que
modificar toda una serie de cosas y que hay que afrontar reformas para
precisamente salir de una situación insatisfactoria? Y yo no culpabilizo,
no responsabilizo en su totalidad a los gobiernos anteriores pero que
desde luego algo han tenido que ver.

Ha habido también una cierta discusión respecto a dónde van a ir los
recursos. Creo que el acuerdo del Consejo de Ministros lo pone con toda
claridad. Es verdad que ése es un tema que va a depender, al final, de
cuál sea el criterio definitivo que adopte la Unión Europea respecto a
eso. Ahí estamos trabajando todos, nosotros, los alemanes, los franceses
y los italianos, porque ahí tenemos intereses comunes; vamos a ver qué
sale de ahí. Parece que el consenso final va a ser que no se puede
utilizar para la financiación de gastos corrientes, pero si se nos deja
después un cierto margen de maniobra para hacer otras cosas, veremos cuál
es la mejor manera de utilizarlo. La voluntad real del Gobierno es que,
en la medida en que podamos, irá a la amortización de la deuda pública,
pero también es verdad que se puede contemplar en algún momento que pueda
servir para la financiación de infraestructuras. En cambio, no me parece
adecuado pensar que eso deba destinarse al sostenimiento de los gastos
sociales; el sostenimiento de los gastos sociales tiene que ir por las
correcciones de los componentes no estructurales del déficit y dejar
capacidad al Estado para que eso se pueda cubrir con normalidad, porque
ésa es la función del Estado y eso es lo que finalmente deberíamos poder
hacer.

Cuando hablábamos del consejo consultivo de privatizaciones, cuestión que
también se ha mencionado, decíamos que serían personas independientes.

Parece que eso va en contra, incluso, de la dignidad de la clase
política. La voluntad del Gobierno es que sean independientes no desde el
punto de vista político, sino desde el punto de vista de intereses
económicos, es decir, que sean personas de prestigio reconocido en el
ámbito académico, de las que nadie pueda siquiera pensar que estarán
influyendo en una determinada decisión porque están conectados a un
interés económico. Por tanto, independientes desde el punto de vista
económico, no necesariamente desde el punto de vista político.

Usted dice: Inscriba esto dentro de la política industrial del Gobierno.

Tiene usted razón. Yo he intentado explicar que eso no es más que un
instrumento, pero hoy no era objeto de esta comparecencia explicar la
política industrial del Gobierno. Creo que no ha pasado ni un mes desde
que comparecí ante esta Comisión para explicar cuáles eran las ideas
generales respecto a la política del Ministerio; creo que las he ido
explicando en otros foros y en otras ocasiones, hasta tengo un cierto
empacho de mí mismo, porque me da la impresión de que los cambios en el
sistema eléctrico los he explicado muchísimas veces, y no tiene nada que
ver con lo que hemos dicho hoy.

El señor Sánchez Llibre ha dicho que su posición es la misma porque
nosotros vamos a hacer lo mismo, aunque de forma distinta. Estoy bastante
de acuerdo con usted. Incluso dentro de la forma hay temas de fondo, por
ejemplo, la desaparición de Téneo. Pero dejo para más tarde esta cuestión
a la que luego volveré.

Ha hecho usted una serie de reflexiones que creo que son muy adecuadas,
como, por ejemplo, buscar el máximo consenso a través del Parlamento.

¡Qué duda cabe! Intentaremos hacerlo y mi voluntad de colaboración con
todos los grupos, en particular con aquellos que prestan apoyo
parlamentario al Gobierno, procuraré que sea toda la que se pueda.

Dice el señor Sánchez Llibre: Tienen ustedes que buscar el consenso
social. Es verdad, hay que hablar. Hay que hablar con los sindicatos,
cosa que ya hemos hecho; hablé con los sindicatos hace ya un mes y la
verdad es que la reunión no fue muy bien, pero vamos insistiendo; la
semana que viene tenemos otra. No he hablado con la CEOE, lo digo para la
tranquilidad del señor Hernández Moltó. Hay que hablar constantemente.

Pero una cosa es hablar de las aplicaciones de las políticas del Gobierno
y otra cosa es entrar en una dinámica de cogobierno o de
corresponsabilización de la política. Esto no es así. Que nadie entienda
el consenso como que se va a pactar la política industrial. No, el
consenso es que se va a negociar y se va a intentar pactar la aplicación
en cada caso concreto de una determinada transacción. Eso es lo lógico,
porque en un lado estaremos los empleadores y en el otro los
representantes de los empleados. Eso es lo normal, y eso no asusta a
nadie. Hay que hacer un esfuerzo permanente en esa dirección y en ese
sentido.

Dice usted que tenemos que implicar a las comunidades autónomas. Antes le
comentaba al representante del Bloque Nacionalista Galego que en los dos
meses escasos que llevo he visitado ya cinco comunidades autónomas y está
prevista otra, y me he entrevistado con once consejeros de



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Industria; me quedan unos cuantos todavía, pero la agenda es complicada.

He ido allí, in situ, para hablar con los consejeros de Industria y para
intentar plantear la participación, que en algunos casos ya se ha
concretado, en las empresas públicas radicadas en la localidad. Ese es el
camino. Se han quedado todos bastante sorprendidos; me han dicho:
«¡Hombre!, no nos había pasado nunca una cosa de éstas.» Lo digo también
como aviso a navegantes.

Me decía usted: Cuidado con el control de los sectores estratégicos, la
formación de los núcleos duros financieros, intentar que las pequeñas
multinacionales que va generando afortunadamente nuestro país (y ojalá
que no sean pequeñas, que se hagan grandes) participen. Ojalá, pero sólo
desde el punto de vista del apoyo moral, del fomento, de empujar, porque
otra cosa usted sabe que no nos la permitiría nuestra pertenencia a la
Unión Europea. Lo que sí intentaremos es que en cada caso detrás haya un
proyecto empresarial con gente solvente que nos permita a todos tener la
tranquilidad de que las cosas van a ir bien.

Ha señalado usted una fórmula alternativa que, es verdad, es imaginativa,
en el sentido de que muchas veces no hay por qué plantearse la
privatización en el sentido estricto en cuanto a la propiedad, pero sí en
cambio privatizar la gestión. Creo que eso puede ser válido, por ejemplo
--no me quiero meter en políticas que no son de mi competencia--, para la
prestación de determinados servicios públicos, más que en el mundo
empresarial industrial.

Agradezco a todos los Diputados el tono. En el caso de los representantes
de Coalición Canaria, del PNV y de Convergència i Unió, les agradezco
también el apoyo y la voluntad de colaboración para ir avanzando y
mejorando la situación con el fin de contribuir a que seamos
competitivos. Asimismo, le agradezco las formas al señor Santiso porque,
igual que con el representante del Bloque Nacionalista Galego, es
evidente que hay una distancia ideológica intensa, grande. Ha suscitado
una serie de temas que le generan inquietud, a mí también. Ha dicho cosas
que puedo compartir como, por ejemplo, cuando solicitaba que respetemos a
los trabajadores de la Agencia Industrial del Estado, sin duda; por
tanto, planteen los ajustes pensando en dar apoyo a los procesos de
reindustrialización. Usted sabe que hay una parte de la tarifa eléctrica
que va a financiar procesos de reindustrialización en cuencas mineras
afectadas por monocultivos; en el caso del carbón, por ejemplo. Hemos
visto --esto no lo hemos hecho nosotros, tampoco es reciente, de hace dos
meses-- que esos recursos han servido, lo cual es muy respetable, para
hacer un asilo de ancianos, para asfaltar una calle o para poner una
fuente en una plaza pública. Vamos a ver si optimizamos estas cosas y nos
las tomamos en serio.

El programa de modernización es sólo vender, no hay referencia a la I+D,
a las inversiones tecnológicas, a modernizar de verdad. Efectivamente,
ése no es el objeto del acuerdo del Consejo de Ministros, porque eso
forma parte del conjunto de la política industrial del Gobierno que, por
definición, no discrimina entre empresas públicas y empresas privadas; y
ahí usted sabe que hay unas restricciones presupuestarias que son
evidentes, pero le aseguro también que hay una clara voluntad de
concentrar los recursos allí donde puedan ser más útiles y terminar con
una enorme dispersión de programas, de ventanillas y de instituciones que
hasta ahora existen y que lo único que hacen muchas veces es desconcertar
a los ciudadanos.

Dos meses y todavía no sabemos la política industrial del Estado. Lo
seguiré intentando, es cuestión de seguir insistiendo en lo mismo.

Calculen ustedes --esto también se ha dicho por parte de otros
portavoces-- lo que pierden por dividendos de esas empresas, porque
resulta que vendemos y es pan para hoy y hambre para mañana, que es una
de esas frases que se repiten recurrentemente, que a todo el mundo le
hacen gracia y al final incluso cuajan; pero no es verdad. ¿Sabe usted
cuál es hoy el 10 por ciento de la valoración bursátil de Repsol? 130.000
millones. ¿Sabe cuántos años de dividendos, después de impuestos,
deberíamos contar para que el Estado recibiera 130.000 millones de
pesetas de esa participación, de ese 10 por ciento? Ese es un ejemplo
como cualquier otro, que en cualquier caso justifica plenamente que los
gobiernos anteriores hayan decidido privatizar el 90 por ciento; nosotros
sólo el 10 por ciento. Somos muchísimo más modestos en cuanto a nuestras
ambiciones.

Me daba usted las gracias por despertar al movimiento sindical. No, no me
atribuya tanto mérito. Yo creo que el movimiento sindical, que es
absolutamente necesario en cualquier sociedad democrática, si está
despertando es porque se le ha ofrecido una oportunidad desde el Gobierno
para el diálogo social, en general; diálogo social que, como usted sabe,
no existía en la legislatura anterior, no había esa voluntad y esa
aproximación en diferentes mesas de intentar llegar a acuerdos; en unas
mesas se avanza razonablemente bien, en otras no se avanza razonablemente
bien y en otras no se avanza, pero se intenta. Y el protagonismo de los
sindicatos viene de esa voluntad del Gobierno, expresada desde el primer
día por su Presidente, de hacer una política escuchando a todo el mundo
no para que sea excusa para no gobernar, sino para intentar concertar las
cosas y, al final, tomar las decisiones que el país requiere, que son
muchas, que son importantes, que son significativas, que van a requerir
esfuerzos y sacrificios, pero que estamos seguros que el país asumirá,
porque para eso le ha dado la mayoría parlamentaria al Gobierno que en
estos momentos gobierna.

Decía usted una cosa que también es cierta: El problema de las empresas
públicas no es tanto de propiedad como de tamaño. En buena medida esto es
así, pero me puede reconocer usted que en algunos casos, incluso con esta
tendencia a la burocratización que se da en las empresas grandes, no
siempre funciona eso. Yo tengo experiencias personales de que eso no
siempre funciona, pero probablemente siempre es mejor que haya una cierta
tensión y el control que supone estar en los mercados financieros, en los
mercados de valores o que haya accionistas que se estén jugando los
cuartos directamente para que, a pesar de todo, sea siempre más riguroso
el control de una empresa privada que el de una empresa pública, en
general; insisto en que hay excepciones.

En cuanto a la Sepi y a la Agencia Industrial del Estado, es verdad que
ha habido una acumulación de organismos.




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Antes saltó el señor Hernández Moltó; no lo puedo evitar, no me viene a
la memoria muy a menudo. Decía: ustedes han tomado una decisión política
ilícita porque han suprimido Téneo. Crear Téneo, la Agencia Industrial
del Estado o la Sepi son decisiones políticas legítimas. La organización
del sector público forma parte de la responsabilidad del Gobierno. Cada
uno lo hace como puede y nosotros, desde luego, estamos completamente
convencidos de que la actual estructura es mucho mejor que la anterior
porque es mucho más ágil, mucho más barata y mucho más eficiente, pero es
un tema de opinión política. Probablemente no vale la pena ni que lo
discutamos porque no nos vamos a poner de acuerdo.

Me preguntaba usted ¿qué pasa con la CSI? Tiene usted razón, tenemos un
asunto de enorme magnitud para decidir: si nos lo planteamos de forma
global o entramos en una dinámica de troceamiento. Hablaba usted de que
incluso hay un grupo catalán. Sí, yo negocié hasta el último momento con
el anterior Gobierno y estuve a punto de conseguirlo. Nosotros estamos
replanteando ese tema desde el principio para ver qué es lo que más le
conviene al futuro de la CSI. Hay opiniones para todos los gustos. Dentro
de las mismas posiciones políticas, tanto de los que apoyan al Gobierno
como desde la oposición, a mí me ha parecido detectar que no están las
ideas muy claras, probablemente porque es un tema complejo, porque es una
empresa de una magnitud y de una dimensión muy considerable, las
decisiones son complejas y uno tampoco siempre está seguro de acertar,
pero, desde luego, no nos vamos a precipitar ni vamos a hacer cosas de
las que después nos tengamos que arrepentir.

Hay peligro de caer en manos de las multinacionales. Le he puesto antes
el caso de Inespal. Me parece un buen ejemplo para pensar que no siempre
eso es malo. Ha puesto usted mucho énfasis en el efecto sede. Yo comparto
eso, creo que es muy bueno el efecto sede. Pero déjeme que le diga otra
cosa.

Se ha señalado que Repsol tiene ya un 40 por ciento en manos extranjeras
de fondos de inversión americanos, japoneses y británicos. Esa ha sido la
política de la anterior gestión de Repsol que a mí me parece acertada.

Creo que es correcta, que es la mejor manera de consolidar los recursos
propios de Repsol y, por lo tanto, yo si tuviera que volver a tener
alguna influencia en esa decisión, la apoyaría. De ahí esa preocupación
por el efecto sede. Ha puesto usted el ejemplo de Alcatel y de Gillet,
pero yo le puedo poner otros: Seat, Thyssen, General Electric o Dupont.

Nos conviene mucho que estas cosas se hagan aquí y se hagan como se han
hecho. El Gobierno haría muy mala política económica e industrial si
cuajara el argumento de que cuando una empresa multinacional invierte
aquí, si después se quiere ir, no se le va a dejar ir. Eso, desde luego,
es la mejor manera de asustar las inversiones extranjeras. Yo, que
comparto un poco la irritación nacional que todos tuvimos en el tema de
Gillet, me gustaría que no compartiéramos el argumento que se utilizó de
decir: «No, usted no se puede ir porque está ganando dinero.» Yo me puedo
ir porque me da la gana. Si ese argumento cuaja no van a venir las
inversiones extranjeras, porque es la mejor manera de asustarlas.

Preferiría en este ámbito no hablar del mercado de trabajo.

Efecto sede. Sigo con ello porque es un tema muy apasionante. Usted sabe
que las grandes empresas químicas mundiales son alemanas. ¿Sabe lo que
está sucediendo? Las empresas químicas alemanas ya no invierten en
Alemania, se están yendo fuera. A veces el efecto sede, que es muy
importante, es sobrepasado por otro tipo de consideraciones que, desde
luego, no tienen nada que ver.

Pedía usted transparencia y control parlamentario. Desde luego, una por
una. En cuanto a la disposición a lo que decidan los grupos
parlamentarios respecto a cómo hacerlo, la que haga falta. Ha hecho usted
unas referencias a la Constitución. Es cierto que la Constitución
establece la posibilidad de reservar para el sector público determinadas
actividades, pero también es verdad que la Constitución hace una clara
apuesta por la economía de mercado y por la competencia. Ha hecho usted
una referencia interesante respecto a la evolución de las acciones de
Repsol. Que conste que entonces nadie dijo nada, pero es verdad. Las
acciones de Repsol se vendieron a un precio bajísimo a finales de 1992 y
principios de 1993 para hacer caja, para resolver urgencias
presupuestarias terroríficas, y al cabo de poco tiempo doblaron su valor.

Yo no voy a criticar esto porque nadie es capaz de prever la evolución de
los mercados, pero sí que me parece criticable que alguien después
utilice determinadas cosas de forma poco honesta.

Ha hecho usted referencia --podríamos hablar de muchas cosas porque ha
hecho un buen repaso-- a Enfersa y Enagás. Le hago un comentario muy de
pasada para que no parezca que no le quiero responder. Mencionaba S. S.

una proposición no de ley en cuanto a no trocear Endesa y ponía de
manifiesto la inquietud que se había creado en As Pontes. Es verdad. La
política del Gobierno es no trocear Endesa. Yo creo que este Ministro lo
ha dicho con suficiente rotundidad varias veces.

Refiriéndose al presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional,
dice usted que este señor ha decidido... No, este señor no decide, no se
equivoque usted; ni tan siquiera regula. Este señor es un consultor del
regulador. Quizás en otros momentos tuvo capacidad de decisión y, en
virtud de que la naturaleza siempre tiene horror al vacío, ocupaba
ámbitos de decisión que no se tomaban.

El señor Hernández Moltó está decepcionado. Yo también. Compartimos eso.

Compartimos también ese sentimiento de simpatía personal. ¡Menos mal!,
porque desde la simpatía hablar de la opacidad, cobardía política... Yo
no tengo sentimiento de ser un cobarde, creo que suelo dar bastante la
cara siempre que puedo.

Ha dicho que he estado agresivo. No sé, quizá sí. Pido disculpas si en
algún momento he dado esa impresión. No es un problema de agresividad
sino, si se me apura, de una cierta irritación. Yo creo que hay que
procurar no salir de la realidad y no dar argumentos claramente
contradictorios en los que parece que no se haya ésta aquí, que se ha
aterrizado desde otro planeta, y que en éste no se había estado desde
hacía 15 años. Hay que utilizar argumentos de fondo.




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Decía usted: Hace gestos de aburrimiento. No, ya le he dicho antes que no
eran gestos de aburrimiento, eran gestos de un cierto hastío. Yo estoy
acostumbrado a reuniones larguísimas. Y añadía: Ya se acostumbrará usted
a la política, usted viene del sector privado. Yo quisiera no
acostumbrarme al cinismo. Le manifiesto mi voluntad de que, esté el
tiempo que esté en la política, procuraré no acostumbrarme al cinismo.

«Ha venido usted tarde y mal», señalaba su señoría. Lo de mal es una
apreciación que no creo que podamos discutir. Usted piensa que lo he
hecho mal, yo pienso que lo he hecho bien, da igual, pero no me diga que
he venido tarde, porque me he tomado la molestia de ver cuánto tiempo
tardaron todos los ministros de Industria anteriores en comparecer ante
el Parlamento desde que fueron nombrados y, desde luego, a estas alturas,
ninguno había comparecido dos veces en Comisión --las veces que he
comparecido para contestar a interpelaciones y a preguntas orales no las
considero--. ¿He venido tarde? Probablemente, pero otros, desde luego,
más.

A continuación se nos dice: Es que no están tomando decisiones, no hacen
nada, existe ambigüedad... En los dos primeros meses ustedes hicieron una
cosa que nosotros no hemos hecho, que fue nombrar a todos los presidentes
de las empresas públicas. Ahí pusieron a gente que se caracterizaba en
buena medida por su trayectoria profesional en la gestión de las
compañías. Por cierto, no cambiaron al presidente del INI en aquel
momento. Es al único que no cambiaron.

Ha hecho usted una referencia --no forma parte de mi ámbito de
responsabilidad-- respecto a que hemos vendido cosas que al final no
tienen nada de contenido, porque decir a estas alturas que combatir el
fraude de la Seguridad Social con estas medidas ya está previsto desde
hace diez años. Tiene usted razón. Muchas de las cosas están ya en la
ley, pero no se aplicaban, no había la menor capacidad de inspección en
temas tales como que empresas que deben un dinero a la Seguridad Social
no reciban subvenciones. Se lo aseguro. No será un cambio superhistórico,
pero es un cambio.

Decía usted también que culpabilizábamos a la Unión Europea de no se sabe
qué. No sé si la culpabilizamos o no, pero en la primavera de 1998,
cuando haya que analizar las cuentas, tendremos que demostrar que hemos
hecho una serie de cosas. No se trata de culpabilizar o no. Eso está ahí
y como no las hagamos, ustedes nos van a pedir cuentas y tendrán razón.

Por tanto, no se trata de culpabilizar, pero tampoco debemos olvidarnos
de que están ahí porque ése es un compromiso que hemos asumido nosotros
como gobierno y los grupos parlamentarios que le dan apoyo. Y también el
Partido Socialista, a no ser que hayan cambiado de opinión en las últimas
semanas.

Ha preguntado dónde está la oficina de privatizaciones. Le pediría que
leyera el acuerdo. Ahí lo que se definen son agentes gestores del proceso
de privatización. Como hay diferentes titularidades jurídicas, unas están
en Patrimonio y otras están en Industria. Hay dos oficinas de
privatización: la Sepi y eso que usted denominaba, aunque se llama así,
la Sepp. Dice que le hemos cambiado el nombre, pero no es así. No se
quede usted tan en la superficie porque eso puede confundir a la opinión
pública y a los ciudadanos.

Las empresas de patrimonio, como usted sabe, dependían hasta ahora
directamente de una dirección general de un Ministerio. Como para poder
vender se tenía que hacer a través del régimen de derecho privado, se
crearon unas sociedades que eran puramente instrumentales de tenedoras de
acciones para poder hacer la transacción. La Sepp no es eso. Es un agente
gestor y no sólo es tenedora. Al igual que la Sepi, tiene que garantizar
la optimización financiera y tributaria de la cartera de acciones que
tiene. Además, tiene que controlar la gestión de las compañías, cosa que
hasta ahora no sucedía; pero no sólo en cuanto a la gestión cotidiana,
que hay que hacerlo y siempre, sino también en cuanto a que no se tomen
decisiones estratégicas por los gestores que puedan ir en contra de la
política que se imprima desde el Gobierno. La Sepi y la Sepp también
tienen la función de impulsar y controlar la ejecución del proceso de
privatizaciones. Se ha permitido usted de nuevo --iba a decir falsedad,
pero no lo diré-- una inexactitud. Decía que en algún momento el Ministro
de Economía o, en su defecto, el Ministro de Industria. Le reto a usted a
que diga dónde ha encontrado esa frase.

Después se ha referido a otro tema que está bien porque me ha permitido
pasar un buen rato. Decía: es que tienen ustedes un sentido trágico de la
vida y de la historia. Y a continuación ha utilizado usted expresiones
como confiscación del patrimonio público, Cruzada contra el Estado, dejar
al sector público anoréxico... Eso sí que es tener sentido trágico de la
vida y de la existencia (Risas.) Eso ya es pasarme absolutamente por la
derecha e irse al límite. Nos podemos perder en este tipo de expresiones
grandilocuentes, pero a mí me parece que ni nos lo agradecen los
ciudadanos ni los grupos políticos, que probablemente pensarán que no nos
estamos ganando el sueldo diciendo este tipo de cosas.

En cuanto a que nos estamos olvidando de las empresas no rentables, le
aseguro que no es así. Hay una fábrica de una compañía de la Agencia
Industrial del Estado que lleva siete años sin superar el 5 por ciento de
utilización de su capacidad y que nadie había planteado seriamente su
cierre. Este Ministro in situ así lo ha manifestado.

Un último comentario. Ha dicho que la próxima legislatura (me ha parecido
que anticipaba que la iban a ganar ustedes; eso lo decidirán los
ciudadanos) será complicada porque lo estamos haciendo muy mal. Nosotros
no vamos a tener la suerte de encontrar la realidad del país tan fácil
como nos la hemos encontrado. Estamos ante una situación idílica en la
que prácticamente no hay que hacer nada, excepto intentar hacer las cosas
mal para que a ustedes se les complique la vida en la próxima
legislatura. No vamos a ir por ahí, señor Moltó.

Al señor Peón solamente decirle que, como es natural, comparto su
intervención y su deseo de que hagamos debates serenos, debates
constructivos, que intentemos entre todos hallar puntos de encuentro,
consensos, con argumentos



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y no con posiciones a veces incluso cercanas a la tertulia incendiaria.




El señor PRESIDENTE: A esta Presidencia no le corresponde juzgar si estos
debates son tardíos, son tontos. Lo que sí es verdad, señorías, es que el
debate de hoy ha sido intensísimo. Han tenido los distintos portavoces
tiempo suficiente de expresarse con toda libertad, por encima de los
plazos que concede el Reglamento. Saben SS. SS. que el Reglamento fija
unos turnos de intervención en torno a diez minutos y ustedes han hecho
uso de la palabra sobre los 30 minutos. Prometo al señor Ministro que en
cualquier otra comparecencia esto no sucederá para no forzarle a unas
réplicas tan concentradas y que no tenga tiempo de contestarles a SS. SS.

todos los temas que le plantean.

Esta Presidencia entiende que el debate ha sido intensísimo, de alto
nivel y de contenido, con riqueza de proposiciones, ideas, sugerencias,
críticas, mordaces ironías y también ingeniosas expresiones dialécticas.

Todos los ciudadanos verán que este tema en el Parlamento se toma con
importancia, con interés y creo que la sesión que hemos tenido hoy es una
buena muestra de ello. Espero que en lo sucesivo tengamos más tiempo de
volver sobre ello.

No sé si el señor Hernández Moltó, que le veo ansioso de solicitar la
palabra, desea hacer un turno de réplica. Entiendo que el debate ha sido
muy exhaustivo. El Reglamento dice que el Presidente, de forma
excepcional, puede conceder un turno para alguna aclaración. Si alguien
desea hacer alguna aclaración puntual, esta Presidencia lo consideraría,
pero les invitaría, ya que he sido tan flexible en las intervenciones de
los portavoces, a que concluyéramos aquí el debate, a no ser que hubiera
alguna razón objetiva superior que me forzara a interpretar el artículo
203 del Reglamento para conceder algún turno excepcional de
contrarréplica. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero aclarar una cuestión que no da pie a
ningún tipo de debate. No es por el honor ni por nada de eso, sino que en
todo caso es en demérito...




El señor PRESIDENTE: Con absoluta brevedad.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Creí que se notaba que el Bloque Nacionalista
Galego era una organización pro-gallega, por si acaso alguien pueda
pensar que es pro-china. Nada más que eso. También quería decir que, a
pesar de todo, sería mejor ser chino que gallego en el proceso de España;
y en el proceso de internacionalización seguro que mucho mejor. Pero uno
es de donde es y tiene que cargar con lo que es, y yo desde luego estoy
muy honrado de serlo. Simplemente quería hacer esta aclaración.




El señor PRESIDENTE: A estas alturas de la sesión, le agradezco su
sentido del humor. Es hasta refrescante que haga usted intervenciones con
esta motivación. ¿Algún otro portavoz desea hacer alguna aclaración?
(Pausa.)



El señor HERNANDEZ MOLTO: Quería contestar al señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Si es sólo para contestarme a mí, tiene S. S. la
palabra, aunque no he dicho ninguna cosa.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Como ha interpretado el deseo que se me
transmitía por la cara de sacarle de algunos errores al señor Ministro,
efectivamente era eso. Ahora bien, su intervención me ha quitado estas
ansias y, desde luego, reconozco que su broche final sería más acertado
que un nuevo debate. Por tanto, renuncio a ese turno.




El señor PRESIDENTE: Sepan SS. SS. que tenemos un tema pendiente en la
Comisión. Han entrado muchos asuntos. Entre otras cosas, ha entrado en la
Comisión una larga lista de información en relación con procesos de
privatización, por cierto algunos del Gobierno anterior. Si ustedes pasan
por la Comisión podrán retirar mucha documentación, que podría ser objeto
de análisis y estudio en el período de vacaciones. Tenemos un tema
pendiente, que es instrumentar la constitución del seguimiento del
proceso de privatización. No le compete al Gobierno resolver cómo se debe
hacer eso. Nos compete a nosotros. En la primera semana del mes de
septiembre la Mesa y los portavoces instrumentarán esa decisión y
continuaremos hablando sobre estas materias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a ser muy breve, señor Presidente, porque
no quiero alargar mucho más el debate. Simplemente quiero decir que
mantengo mi preocupación por la CSI. Rogaría que al menos se tomara una
iniciativa, como podría ser la de nombrar nuevo presidente y, al mismo
tiempo, que se diera cumplimiento a lo que tanto se anuncia: la
participación de las comunidades autónomas en aquellos sitios donde
tienen una presencia importante. En el caso de la CSI, en este momento,
la comunidad de Asturias no está representada.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): ¿Podría hacer
un comentario, señor Presidente, sobre lo que acaba de decir el señor
Santiso?



El señor PRESIDENTE: Sí, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Usted sabe que
en el Estatuto de Autonomía de Asturias se establece la participación de
la Junta del Principado, no del Gobierno sino del Parlamento, en Hunosa,
que ya está, y en Ensidesa, pero Ensidesa hoy es básicamente una cáscara
vacía desde el punto de vista productivo y en cambio, donde está el
meollo de lo productivo



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es en la CSI. Hemos planteado al Gobierno de Asturias, para que a su vez
lo transmita la Junta del Principado, que lo lógico es que esos tres
representantes no estén en Ensidesa, que es una compañía en liquidación,
sino en la CSI, y ese trámite se ha iniciado ya.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por su presencia; gracias,
señorías, también por su presencia.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.