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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 41, de 26/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 41
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO
Sesión núm. 4
celebrada el miércoles, 26 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno para que impulse, en coordinación con
las administraciones autonómicas, provinciales y locales, un plan
extraordinario de inversiones para afrontar la renovación de las redes de
suministro de agua potable. Formulada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000002)
(Página 770)
--Relativa a la prohibición de los contaminantes orgánicos persistentes
(COPs) y elaboración de un plan nacional de prevención de la
contaminación marina. Formulada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000031)
(Página 773)
--Sobre construcción de diversas autovías en la Comunidad Autónoma de
Galicia. Formulada por el Grupo Mixto. (Número de expediente 161/000051)
(Página 775)
--Relativa a la adhesión de España a la Organización Europea para la
Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol). Formulada por el Grupo
Socialista. (Número de expediente 161/000063) (Página 779)
--Relativa a las normas de desarrollo del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres precisas para completar y hacer
efectiva la regulación del transporte sanitario. Formulada por el Grupo
Socialista. (Número de expediente 161/000064) (Página 780)
--Relativa al derribo de las obras de edificación e infraestructura de
acceso en el Risco de Famara, situado en la zona de amortiguación del
Parque Natural de Lanzarote y Reserva de la Biosfera de Lanzarote, y a su
ubicación, si fuera necesario, en otro lugar, previa evaluación de los
daños ambientales y la regeneración de la zona. Formulada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000075) (Página 782)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión. En el orden
del día de hoy tenemos seis proposiciones no de ley. Quiero señalar a los
grupos, para recordar las fórmulas con que actuamos ya en la otra
legislatura, que la presentación de la proposición no de ley tiene un
tiempo de diez minutos; las enmiendas e intervenciones de los grupos,
cinco minutos; pero habrá flexibilidad, por supuesto, para que ningún
Diputado quede sin expresar todo lo que quiera en este trámite.
La proposición número 4, relativa a la adhesión de España a la
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
(Eurocontrol), ha sido retirada por el grupo proponente, el Grupo
Socialista del Congreso, según escrito que me comunica la Presidencia del
Congreso de los Diputados.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE IMPULSE, EN COORDINACION CON
LAS ADMINISTRACIONES AUTONOMICAS, PROVINCIALES Y LOCALES, UN PLAN
EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES PARA AFRONTAR LA RENOVACION DE LAS REDES DE
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000002.)
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la proposición
no de ley por la que se insta al Gobierno para que impulse, en
coordinación con las administraciones autonómicas, provinciales y
locales, un plan extraordinario de inversiones para afrontar la
renovación de las redes de suministro de agua potable. Ha sido presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En su nombre tiene la palabra su portavoz el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, a estas alturas de la
legislatura, proponer un plan extraordinario de inversiones puede parecer
un contrasentido. Sin embargo, tenemos que seguir intentando que las
administraciones jueguen su papel, porque entendemos que a estas alturas
del siglo XX no se ha demostrado que no tengan un papel que jugar en la
vida.
En ese sentido, la sequía que hemos sufrido en los últimos años ha
provocado situaciones difíciles, en algunos casos dramáticas, cuando la
falta de agua ha puesto de manifiesto la debilidad de ciertas estructuras
económicas que, como en el caso de las turísticas, han demostrado una
dependencia excesiva de factores externos. Fruto de esa situación de
emergencia han sido multitud de iniciativas, de estudios, de programas
que han tenido como objetivo común intentar evitar en lo posible,
intentar paliar al máximo los efectos que un nuevo período de sequía
podía provocar. De esta manera se han programado inversiones importantes,
inversiones que llevaban años esperando, y que al final han tenido que
ser realizadas con carácter de emergencia, ante situaciones --repito--
que en algunos casos eran bastante difíciles. También se han puesto sobre
la mesa una serie de propuestas que, como en el caso de algunas
desaladoras que se pretenden construir en nuestras costas, más que
abordar soluciones lo que persiguen es convertir la escasez de agua en un
negocio. Nosotros creemos que estas desaladoras pueden provocar también
serios problemas medioambientales.
En este marco es donde nosotros queremos situar la proposición no de ley
que presentamos, porque estamos convencidos de que con la renovación de
las redes de suministro de agua potable se puede obtener más rentabilidad
que con la construcción de las citadas desaladoras. Estamos hablando de
que en las redes de agua potable se puede estar perdiendo alrededor del
30 por ciento de agua, y que en algunos municipios puede superar incluso
el 50 por ciento. De esta manera se evidencia que no estamos hablando de
cifras marginales, sino que estamos ante la posibilidad de frenar el
contrasentido que supone seguir dilapidando un bien tan escaso como es el
agua, mientras que por otra parte se propone acometer inversiones
millonarias. En este mismo sentido, si coincidimos en que la inversión es
necesaria, que la inversión es importante, también tenemos que saber (y
en estos días hemos hablado de ello) que es imposible que los
ayuntamientos --las instituciones a las que correspondería la
responsabilidad de acometer estos proyectos--, que las administraciones
locales
no podrían hacer frente a estas inversiones, aunque evidentemente eso
sería cuestión de otro debate: la financiación de los municipios.
Nosotros creemos que en estas circunstancias es cuando la Administración
local tiene que tomar la iniciativa y --como proponemos-- impulsar, en
coordinación con las administraciones autonómicas, provinciales y
locales, ese plan extraordinario de inversiones que afronte la renovación
de las redes de suministro de agua potable que hacen falta en nuestro
país. Creemos que tiene que ser la Administración central la que tome la
iniciativa porque, como ya hemos repetido, estas actuaciones pueden ser
de las más rentables, de las más necesarias, en lo que se refiere a
asegurar el abastecimiento de agua potable para nuestras localidades.
Otra cosa sería intentar ampararnos en problemas de competencias formales
entre distintas administraciones para dar la espalda a la solución de
este problema. Nosotros creemos que si se argumenta la cuestión de las
competencias entre administraciones estaríamos dando la espalda a
millones de ciudadanos que esperan que este problema se resuelva, porque
--repito-- podemos vernos en breve tiempo en un nuevo período de sequía y
entonces habrá que tomar estas medidas con carácter de urgencia, con lo
cual el coste será mucho mayor y el resultado será mucho peor.
El señor PRESIDENTE: Como habíamos establecido la Mesa y los portavoces,
ahora intervendrán los grupos de mayor a menor, terminando el Grupo
Popular.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, a nuestro grupo, en
general, y a mí en en este caso concreto nos alegra empezara la fase
legislativa, o cuasi legislativa, de esta comisión con un asunto en el
que a buen seguro se va a producir el voto favorable de todos los
miembros de esta Comisión a favor de esta proposición no de ley.
Nosotros siempre hemos dicho --y yo mantengo en este acto-- que el ahorro
de agua es una parte, si me permiten decirlo, relativamente pequeña de la
solución de los problemas de carestía de agua en la sociedad; que los
vectores fundamentales de una política que solucione el desequilibrio
hídrico en España y las carestías que se producen en épocas en que hay
sequía pasan por la reutilización, por los trasvases, por plantas que
traten el agua de mar o el agua salina y también por el ahorro. Hemos
dicho también --y sostenemos-- que las políticas de ahorro sólo se
muestran eficaces dentro de políticas de gestión de la demanda de agua.
Dicho en otras palabras, cuando el precio del agua hace que el coste de
mantener las redes en buen estado y que no se pierda agua es inferior al
coste del agua que se puede extraviar o perder en las redes. Porque
ningún empresario, ni privado ni público, tendría el más mínimo interés
en afrontar las cuantiosas inversiones que hacen falta para mantener las
redes en un buen estado de uso si ese coste es superior al del agua que
se pierden por las redes. Por lo tanto, nos parece que sólo desde
políticas de demanda y de control de los costes, del acercamiento
paulatino de los costes del agua al coste de producción del recurso agua,
se puede sacar el máximo rendimiento en las políticas de ahorro.
Pero dado que en la legislatura anterior la portavoz en tomas de agua,
actualmente Ministra de este Gobierno, hizo especial hincapié en la
necesidad de las políticas de ahorro de agua como paso previo a cualquier
política de planificación hidrológica del país; dado que la actual
Ministra responsable de temas de agua y de medio ambiente, en su
comparecencia en esta Comisión, llegó a afirmar, con acierto desde mi
punto de vista, que el gran reto del Ministerio en materia de agua va a
ser incentivar el ahorro en los usos de tan escaso recurso, que el pilar
básico de la gestión de los recursos va a ser política de ahorro de agua
en su doble dimensión de modernización y rehabilitación de las redes de
distribución del gua, urbanas y del campo también, y que se apoyará el
desarrollo de cuantas técnicas reduzcan los consumos de agua y las
pérdidas que puedan producirse en dichas redes, nosotros no queremos ser
obstáculo para que el Gobierno lleve a cabo esa política que ha anunciado
su Ministra y, por tanto, vamos a votar a favor de esta proposición no de
ley.
No se nos escapan algunos problemas competenciales. No estamos de acuerdo
con lo dicho por el portavoz de Izquierda Unida de que la iniciativa en
esta cuestión corresponde a la Administración central. No es cierto. Todo
lo referente al suministro de aguas urbanas está transferido a las
comunidades, y más concretamente a los municipios. Pero nos parece que
por la técnica del convenio, que es lo que se propone en esta proposición
no de ley, a nadie le puede amargar un dulce, y si a cambio de alguna
pequeña renuncia en temas competenciales la Administración que no es
competente pone una importante cantidad de dinero para solucionar el
problemas, nos parece que ese único problema, que es de asuntos
competenciales, se puede solventar perfectamente por la vía del convenio
que nos propone Izquierda Unida. Por tanto, no existen razones, ni de
fondo, dada la política anunciada por la señora Ministra, ni de forma,
dada la posibilidad de llegar a un acuerdo por vía de un convenio, para
que esta feliz iniciativa del Grupo de Izquierda Unida encuentre el apoyo
de todos los grupos de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, telegráficamente voy a
justificar nuestro voto, que será negativo, porque creemos que lo que se
nos pide en la proposición no de ley entra en temas competenciales, como
ya ha dicho otro interviniente, no sólo de municipios sino de comunidades
autónomas y, además, aquí se pide que se impulse un plan extraordinario
de inversiones que me parece que tiene que estar dentro de otros
esquemas, y más cuando dentro del Plan Hidrológico está previsto el
ahorro del agua. Justamente en este tema hay que decir que el Ministerio,
en abril de 1995, en respuesta a una pregunta de nuestro grupo decía:
«Hay que señalar que el ahorro de los aprovechamientos
en el suministro urbano e industrial excede de las competencias del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente» (en este caso
sería de Fomento o Medio Ambiente) «aunque se prevé participar de forma
coordinada». Esta participación de forma coordinada estaba prevista
dentro del Plan Hidrológico en su plan de inversiones. El Plan
Hidrológico en el PDI tenía previsto 4 billones de pesetas. Por tanto,
dentro del Plan Hidrológico, cuando se apruebe, podría establecerse
alguna cosa de este tipo, pero los aspectos competenciales, todo el
ahorro que pueda venir para los propios ayuntamientos es de gestión de
ellos mismos, de las redes que tienen. Algunas comunidades autónomas
tienen organismos suficientemente preparados, como las Juntas de Aguas
que existen en Cataluña, que ayudan a los ayuntamientos a financiar todo
lo que sea recuperación de agua de sus redes de distribución en obras
adicionales. Los ayuntamientos que se han metido en ello han logrado
avanzar mucho, pero en otros este tema aún está por resolver después de
muchos años actuando en democracia. Es verdad que a través de sociedades
anónimas municipales se ha podido resolver esta cuestión. Por tanto, no
vemos nosotros por qué en estos momentos tiene que impulsarse un plan
extraordinario de inversiones, cuando puede estar afectado por temas
competenciales y, además, por el futuro Plan Hidrológico, que esperemos
que algún día pueda llevarse a cabo.
Por tanto, nuestro voto será negativo porque creemos inadecuado lo que se
nos pide en la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, estamos hablando de un tema de
fondo muy importante. Es decir, lo que plantea Izquierda Unida de la
pérdida de un 50 por ciento en las redes de distribución de agua en los
municipios no podemos dejarlo de lado, independientemente del ámbito
competencial de cada una de las administraciones, sobre todo cuando hemos
tenido situaciones tan dramáticas como las que se han vivido en todo el
Estado en relación con la sequía en los últimos años. Siendo todo esto
muy importante, siendo muy importantes las pérdidas en las redes de
distribución municipales, siendo muy importante en el territorio
continental, en el territorio peninsular, la problemática del agua, lo es
más para mí que en estos momentos soy portavoz de una fuerza política que
representa los intereses relacionados con el archipiélago canario, donde
ésta es una problemática muy especial y singular. Muy especial y singular
porque, como a sus señorías no se les pasa por alto, en Canarias no
tenemos ríos ni tenemos la posibilidad de realizar esos trasvases que en
alguna medida pueden resolver problemas puntuales con respecto a la
distribución de un elemento básico como es el agua. El nivel freático
cada día es menor y cada vez más tenemos que recurrir al agua industrial,
con la repercusión que eso tiene en el precio del metro cúbico del agua.
Siendo eso así, parece necesario, antes o paralelamente a realizar obras
de gran envergadura, con grandes presupuestos, que mentalicemos, que
sensibilicemos a las distintas administraciones del Estado, a las
comunidades autónomas, a las corporaciones locales, para que se haga un
esfuerzo solidario. Parece básico, elemental, de sentido común, que lo
primero que hay que hacer es corregir las deficiencia de las redes. Como
han argumentado otros portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, aquí hay claramente un tema competencial. La distribución del
agua es una competencia municipal, cuanto más de las comunidades
autónomas.
Hablando de un problema tan importante como el del agua, creemos que el
Gobierno central no puede estar ajeno al mismo. Creemos que es en el
marco del Plan Hidrológico Nacional donde debe contemplarse la necesaria
coordinación, el necesario esfuerzo solidario entre las distintas
administraciones, Gobierno central, comunidades autónomas y
ayuntamientos, para poder atacar definitivamente y resolver el problema
de las pérdidas en las redes de agua a nivel local, que superan (y hay
datos fidedignos) el 50 por ciento, como dice la propuesta de Izquierda
Unida. A la proposición no de ley vamos a votar en contra, y será en el
marco del Plan Hidrológico Nacional donde haremos todos los esfuerzos
para que se contemplen estas ayudas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Lara.
La señora LARA CARBO: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular
coincide con el Grupo de Izquierda Unida en cuanto a la necesidad de
corregir las pérdidas que existen en las redes de suministro de agua, de
modo que se aprovechen al máximo los recursos disponibles. Otra cuestión
bien diferente es quién debe asumir el coste de las acciones a realizar,
teniendo en cuenta el reparto de competencias en la materia y las
insuficiencias del actual régimen económico-financiero del agua.
Como ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, durante la pasada
legislatura, el Grupo Popular presentó diversas iniciativas de control
parlamentario de la política hidrológica del Gobierno que, además de
poner de manifiesto retrasos, improvisaciones e incoherencias, tenían por
objeto conseguir que en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional se
valoraran con el peso suficiente los aspectos de mejora de gestión y
ahorro de agua frente a los de incremento de nuevas regulaciones
fluviales y eventuales transferencias de recursos entre cauces. Es
conveniente destacar la importancia que para el ahorro y el uso racional
del agua tiene no solamente la renovación de las redes de suministro de
agua potable, sino también, y como principal medida ahorradora, la mejora
y modernización de los regadíos, sin olvidar sensibilizar e incentivar al
usuario para un consumo racional que evite tanto despilfarro de un
recurso que se ha convertido en escaso.
En la situación actual de la economía, insistir en contemplar
exclusivamente la financiación presupuestaria de la renovación de las
redes urbanas en particular, o de cualquier otra obra hidráulica en
general, es una estrategia que debe replantearse. La Administración del
Estado carece de competencias y presupuestos para poder ejecutar las
actuaciones
que se solicitan en esta proposición no de ley, competencias expresamente
asignadas a la Administración municipal. Una línea extraordinaria de
inversiones para llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza, totalmente
ajena a las competencias propias, no parece procedente en los actuales
momentos de rigor presupuestario. No obstante, y en lo que a los términos
de la proposición no de ley se refiere, el Ministerio de Medio Ambiente
va a realizar inversiones en materia de mejora y modernización de
infraestructuras de transporte de agua, dirigiendo al mismo tiempo la
autoridad municipal sus esfuerzos al acondicionamiento de sus redes de
distribución. De otra parte, la posible colaboración entre
administraciones no procedería plasmarla en un nuevo plan extraordinario
de inversiones, como sugiere Izquierda Unida, sino en el marco, como se
ha dicho anteriormente por otros portavoces, del futuro Plan Hidrológico
Nacional, que, como informó en su comparecencia ante la Comisión la
señora Ministra, va a ser prioritario para su Ministerio. Finalmente,
incluir la ejecución de obras hidráulicas con cargo solamente al
presupuesto supone incidir en la principal fuente de ineficiencia del
actual sistema de gestión de agua, que no es sino las subvenciones
encubiertas a los usuarios, ya que no existen incentivos para un consumo
racional del recurso. La tramitación del Plan Hidrológico Nacional, en su
momento, deberá contribuir al debate sobre la necesaria reforma del
régimen económico del agua, cuyas insuficiencias son evidentes y no
permiten adecuar su demanda.
Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de la proposición no de ley
de Izquierda Unida. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Con la intervención del Grupo Popular termina el
debate de esta proposición no de ley. Pasamos al punto segundo.
Señor Centella, en el debate de proposiciones no de ley no hay turno de
réplica. Incluso cuando se presentan enmiendas, la única intervención del
proponente es para aceptar o denegarlas. Dado que no ha habido alusiones
directas de ningún tipo, creo que no procede un segundo turno.
--RELATIVA A LA PROHIBICION DE LOS CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES
(COPs) Y ELABORACION DE UN PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA
CONTAMINACION MARINA. FORMULADA POR EL GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000031.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la proposición
no de ley relativa a la prohibición de los contaminantes orgánicos
persistentes (COPs) y elaboración de un plan nacional de prevención de la
contaminación marina. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, que no se preocupe mi compañero
de grupo Centella porque cosas tan peregrinas como las que acaba de
escuchar va a oír muchas más en esta Comisión, sobre la base siempre, eso
sí, de la defensa del medio ambiente.
Antes de empezar la recta final que me conduzca a la proposición no de
ley, he de hacer una breve descripción, aunque seguramente algo les
sonará a sus señorías, que siempre demuestran un conocimiento ex cátedra
de todas las materias que se tratan, como se ha visto en el debate
anterior. Intentaré explicar brevemente que en este mundo pasan cosas,
que seguramente vendrán determinadas por algo que se hace bien, mal o
regular. Hay vacas locas, ovejas esquizofrénicas, pollos de plástico,
personas con pocos espermatozoides y además cobardes, animales muertos en
cualquier mar u océano, pérdida de recursos pesqueros en todas partes con
incidencia sobre la vida de los humanos. Ya sé que esto causa sonrisa y
hasta risa, pero es una de las realidades que tenemos en este momento
concreto y que hacen ir a nuestra Ministra de Agricultura para arriba y
para abajo, sin arreglar nada, pero hablando de vacas locas.
Todo eso tiene sus causas, y para intentar resumir y sintetizar la causa
principal, a mí me parece que es debido a la locura de una razón
científica sin sentido común. Para abreviar mucho, para resumir mucho
--lo repito para que tengan tiempo de tomar buena nota--, la locura de
una razón científica sin sentido común. No hay sentido común. Se ha
creído que la ciencia lo soluciona todo. En el momento de poner en marcha
cualquier proceso productivo se puede utilizar cualquier materia, sea
tóxica, no tóxica, sin investigar, y llega un momento en que todo esto
repercute sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida de los
animales, sobre la vida de las personas, etcétera. En Nueva York hubo en
abril una reunión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre desarrollo
sostenible para ver estos problemas precisamente, los problemas de los
mares y océanos, y adoptar decisiones sobre los contaminantes orgánicos
persistentes, materias altamente peligrosas y tóxicas. España, al
suscribir el programa de acción de las Naciones Unidas, es
corresponsable, por lo que debe actuar y elaborar un plan nacional que
impida el uso de los contaminantes orgánicos persistentes. Debo decir que
España ya desarrolló la Directiva 76/464, de la Comunidad Económica
Europea, de contaminación acuática; es decir, que ya está inserta esta
directiva en la legislación española, aunque de forma absolutamente
fragmentada. Por un lado se tratan las aguas continentales superficiales,
a través del Real Decreto 927 del año 88; las aguas costeras, a través
del Real Decreto 258 del año 89, artículos 7 y 8; las aguas subterráneas
conectadas al ciclo hidrológico, artículo 256 del Real Decreto 849 del
año 86, y queda todavía por legislar, si mi memoria no falla, algo sobre
aguas subterráneas fósiles.
Estas normativas hablan de las sustancias más tóxicas, más persistentes,
más bioacumulativas, cuyo vertido debe evitarse por toda una serie de
razones. Una de ellas, por ejemplo, es porque muchas de estas materias
persistentes producen cáncer y muchas otras enfermedades. Me
imagino que si producen cáncer, antes de llegar al cáncer producirán
muchas otras enfermedades. Se ha elaborado y hasta este momento se ha
decidido por parte de la Unión Europea una lista de 17 productos de unas
129 sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulativas. Y son
sustancias altamente tóxicas ya legisladas, porque precisamente se ha
legislado, porque si se llega a la conclusión de que hay 129 sustancias
pero no hay una legislación concreta es que todavía no se ha tomado
conciencia del grave peligro que representa todo esto. Pues bien, el
Estado español ha suscrito prácticamente todos los acuerdos pero no
cumple ninguno, ni uno. Normativas internacionales de carácter general,
europeas, españolas, no cumple ninguna. Es decir, es como un brindis al
sol lo que se hace por parte del Estado español hasta este momento.
Pero tiene que cumplir. Estamos en una nueva legislatura para ver si hay
una posibilidad de elaborar y ejecutar un programa específico de ámbito
estatal para la eliminación de las fuentes de vertido de las 17
sustancias de la lista negra, las que están ya legisladas como sustancias
altamente tóxicas, y además si se puede hacer en los próximos cuatro
años, si se puede hacer en esta legislatura. Yo creo que sería un triunfo
de esta Comisión, de todos los grupos que se comprometan en esta
alternativa legislativa, que pudiéramos poner en marcha una política
consensuada que finalmente llevara a unas leyes que nos permitan empezar
no sólo a legislar, sino a controlar todo esto, que es una obligación por
nuestra parte. Además, deberíamos legislar sobre las 17 sustancias de la
lista negra para el período de vigencia, lo que se llama vigencia de un
vertido, es decir, cuatro años, que más o menos coincidiría con nuestra
legislatura. Y a partir de aquí no se renovaría la posibilidad de que
pueda haber vertidos de estas sustancias. A partir de aquí se prohibiría
su producción y utilización en el Estado español, ya que estas sustancias
llevan años de retraso en su progresivo control y eliminación, y las
industrias que las producen están ya inventariadas en las normativas y,
en consecuencia, informadas. Es decir, que no se puede alegar que se
tiene que abrir un período para informar a las industrias, un trabajo
gradual, porque todo esto ya está hecho a través del inventario de las
empresas, a través del artículo, si no recuerdo mal, 255 del Real Decreto
849/86. Por tanto, todas estas cuestiones están hechas ya, en este
momento concreto.
Este es el sentido de nuestra proposición no de ley. Nosotros hicimos una
serie de preguntas al Ministerio, y éste ha contestado y ha dicho que
España ha firmado recientemente, en el marco del Convenio de Barcelona,
un protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación
procedente de fuentes terrestres, etcétera. Pero me interesaría saber en
qué grado de elaboración está en estos momentos, qué plazos hay para el
cumplimiento de la elaboración. En definitiva, me gustaría que todo lo
que se ha firmado por parte del Estado español en los foros
internacionales fuera un elemento no para decir que se ha firmado, para
hacer constar que existe ya una legislación sobre el papel, sino que
diera constancia de que además de la legislación hay una acción concreta,
legislativa, de control, y si es necesario coercitiva, en los casos en
que esta necesidad sea urgente.
Por tanto, en nuestra proposición no de ley saludamos, por un lado, el
cumplimiento teórico sobre el papel por parte del Estado español de todas
las cosas que quiere cumplir a nivel internacional para cubrir sus
responsabilidades en relación, en este caso concreto, a los contaminantes
orgánicos persistentes, pero al mismo tiempo nos gustaría que esto
tuviera una expresión práctica en las políticas a desarrollar en el día a
día. Y por eso nos interesa conocer cuáles va a ser los planes del
Gobierno, qué urgencias va a dar a estos planes y, en definitiva, tal
como planteamos en nuestra proposición no de ley, que se apoye de forma
inequívoca, en el marco de este u otros foros internacionales, la
discusión y aprobación de un tratado global que prohíba los contaminantes
orgánicos persistentes (que prohíba, prohíba, prohíba) y en segundo lugar
la elaboración de un plan nacional de prevención de contaminación marina,
según lo dispuesto en el programa de acción de las Naciones Unidas, que
contemple la prohibición de los COPs y prevea la supresión gradual de la
práctica de verter desechos industriales y urbanos sin tratar a ríos y
mares, incluyendo las necesarias medidas de inspección y vigilancia.
Espero tener mejor fortuna que la que parece que va a tener mi compañero
de grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por varias razones. En primer lugar porque, con carácter
general, creemos que la política ambiental debe tener como prioridad
absoluta la prevención de la contaminación, dando por tanto un énfasis a
todas aquellas iniciativas, de carácter legislativo o de promoción de la
actividad productiva en nuestro país, que eviten en el origen la
contaminación. En este sentido, nos preocupa que alguna declaración hecha
por la Ministra de Medio Ambiente podría indicar que el criterio
predominante en las actuaciones futuras del nuevo Ministerio de Medio
Ambiente pudiera ser el de corregir la contaminación una vez producida,
más que evitarla en origen. Y me refiero a la frase, pronunciada por la
propia Ministra en esta Comisión, en cuanto a introducir el criterio de
que el que descontamina cobra. Espero que esto no signifique lo que
podría darse a entender de que se ofrece apoyo a la iniciativa privada no
tanto para reducir en origen la contaminación, sino para corregir los
efectos de la misma, una vez que haya tenido lugar un determinado proceso
productivo. Esperamos, por lo tanto, que siga acentuándose un esfuerzo
por parte de las administraciones públicas en la línea de introducir
tecnologías limpias que, como digo, estén en esa idea, manifestada
reiteradamente en los organismos internacionales y en la Unión Europea,
de dar prioridad absoluta a la prevención frente a la corrección, sin que
esto signifique, por supuesto, que no se debe atender a la corrección.
Pero estamos en un momento en España que, respecto a todos los
compromisos que se
han venido asumiendo en materia de contaminación al medio acuático, nos
preocupa también que las dificultades presupuestarias puedan frenar, por
ejemplo, el Plan nacional de depuración de aguas residuales, como ya al
parecer se ha anunciado a los responsables autonómicos en esta materia.
Si hay dificultades para que se siga en el horizonte que se deriva de
nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de depuración de
aguas residuales, a mayor abundamiento sería oportuno que hubiera un
esfuerzo por parte de las empresas que en estos momentos vierten y
generan la necesidad de que existan plantas de depuración para tratar
adecuadamente el resultado de estos vertidos; sería --como digo--
extraordinariamente oportuno que las empresas colaboren asumiendo planes
de prevención en relación con las sustancias más contaminantes.
Por tanto, creemos que es oportuna la propuesta, que puede ser oportuna
también desde el punto de vista de las dificultades presupuestarias con
las que se encuentra el Gobierno en estos momentos, que --como digo--
pueden impedir que se lleven adelante inversiones que son las adecuadas
para, al menos, corregir la contaminación una vez que se produce. Por
tanto, deberían resituarse los esfuerzos en lo que es el inicio de los
procesos productivos.
Y también, por supuesto, como grupo parlamentario tenemos que votar a
favor de una iniciativa que es coherente con los esfuerzos que en los
últimos años el Gobierno socialista ha hecho en los foros
internacionales, precisamente para que haya un acuerdo de amplio alcance,
entre los países occidentales en particular, para evitar la contaminación
de distinto origen y, en el caso que nos ocupa, la contaminación que
acaba deteriorando el medio marítimo. Ya se ha mencionado por el portavoz
de Izquierda Unida los acuerdos que tanto en el marco de Naciones Unidas
como en particular en el Convenio de Barcelona el Gobierno ha suscrito en
fecha bastante reciente; compromisos de eliminación gradual de sustancias
contaminantes que en el caso del Convenio de Barcelona tenían como
horizonte de desaparición total el año 2005. Son, en este caso, 12
sustancias acumulativas que deberían ir paulatinamente desapareciendo en
nuestros procesos productivos.
Creemos, por tanto, que la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es correcta, respecto de la cual sería deseable que el Gobierno
actual adoptara las decisiones correspondientes, teniendo en este caso,
por supuesto, todo el apoyo de este grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Lara.
La señora LARA CARBO: Señor Presidente, la proposición no de ley que nos
presenta Izquierda Unida contempla dos apartados. El primer apartado, que
solicita el apoyo a la discusión de un tratado global, es algo que ya
existe. Como ha indicado la portavoz del Grupo Socialista, podríamos
recordar aquí que España participa tanto en el Convenio OSPAR, para la
protección del medio ambiente marino del Atlántico nororiental, como en
el Convenio de Barcelona, para la protección del Mediterráneo; y
participa activamente en la preparación de planes de acción y programas
para prevenir, reducir y eliminar la contaminación del mar procedente de
fuentes basadas en tierra, en particular aquellas derivadas de las
descargas contaminantes producidas por los compuestos orgánicos
persistentes. También, con motivo del 18 Consejo de Administración del
programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, celebrado en mayo del
95 en Nairobi, se adoptó la decisión 18 31, favoreciendo el inicio de las
negociaciones para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que
regule y limite dichos compuestos orgánicos persistentes. Es decir,
España ha manifestado su respaldo a un instrumento de esta naturaleza en
los diferentes foros y reuniones internacionales, incluida la cuarta
reunión de la Comisión de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que
tuvo lugar en los pasados días 18 de abril a 3 de mayo en Nueva York, y
la Conferencia Intergubernamental sobre la protección del medio marino de
las actividades realizadas en tierra, celebrada en Washington. Es decir,
señorías, y sin ánimo de ser exhaustivos, lo que nos solicita en el
primer apartado de la proposición no de ley el Grupo de Izquierda Unida
ya se está realizando y España forma parte activa de estos convenios.
En el segundo apartado de la iniciativa que debatimos, la solicitud de un
plan nacional de prevención de la contaminación marina, se contempla no
sólo la prohibición de estos compuestos orgánicos persistentes, que
efectivamente son nocivos y perjudiciales para el medio ambiente, sino la
supresión gradual de la práctica de los vertidos sin depurar a las aguas.
Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Popular incidió
reiteradamente, en su control parlamentario, en lo relativo a depuración
de aguas residuales tanto de origen urbano como industrial o agrícola. El
problema del descontrol de vertidos a cauces fluviales y vertidos
directos en las costas ha estado en el centro del debate parlamentario
sobre el medio ambiente. La política de calidad de aguas es uno de los
principales objetivos del recientemente creado Ministerio de Medio
Ambiente, política que no puede abordarse solamente con los programas o
contenidos de la Directiva 91/271, sino que debe extenderse a otros
campos de actuación, y en particular a fomentar la reutilización de aguas
residuales depuradas y a la mejora técnica de las depuradoras que ahora
se instalan. España, como país miembro de la Unión Europea, tiene unos
compromisos claros que cumplir en materia de saneamiento y depuración de
aguas, contenidos en la ya citada directiva. Se da además la
circunstancia de que el artículo 8 del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, que la traspone al Derecho interno, establece unas
prohibiciones muy estrictas de vertidos de fangos procedentes de la
depuración en el medio marino para después de enero de 1999. Por
consiguiente, señorías, en nuestro país ya existe una norma básica sobre
la materia, y lo que hace falta es cumplirla.
Por todo ello, nuestro grupo votará que no a la proposición no de ley de
Izquierda Unida.
--SOBRE CONSTRUCCION DE DIVERSAS AUTOVIAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
GALICIA. FORMULADA POR EL GRUPO MIXTO. (Número de expediente 161/000051.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este punto, pasamos al punto
tercero del orden del día: Proposición no de ley sobre construcción de
diversas autovías en la Comunidad Autónoma de Galicia. Es autor de esta
propuesta el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra
el Diputado señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Todas sus señorías conocen el
problema de comunicaciones que tiene Galicia con el exterior,
comunicaciones insuficientes con el Cantábrico, con Portugal o con el
centro del Estado. También conocen ustedes que la comunicación por
ferrocarril está abandonada casi totalmente. Seguramente algunas de sus
señorías habrán viajado a Galicia y sabrán de las dificultades de las que
hablo para salir y entrar de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, esta
situación obliga a que las empresas gallegas de alguna manera resulten
menos competitivas, pues sacar sus mercancías les supone más tiempo y, en
esencia, costos superiores. No estamos hablando, por tanto, de
comunicaciones para hacer turismo simplemente. Es evidente que también
las posibilidades de desarrollo económico están condicionadas por las
infraestructuras viarias, y eso lo reconoce, por ejemplo, el Plan
Director de Infraestructuras.
Desde nuestro punto de vista, los sucesivos Gobiernos primaron las
comunicaciones con el triángulo mediterráneo, atendiendo a un determinado
modelo de desarrollo económico. Las autovías gallegas quedaron relegadas
en el I Plan de Carreteras. En Galicia se lleva mucho tiempo debatiendo
la necesidad de mejorar las comunicaciones. Les informo que en su día se
propuso el año 93 para que estuvieran concluidas estas autovías. Luego,
el realismo político llevó a aceptar un nuevo plazo y se firmó un acuerdo
entre el Ministerio de Obras Públicas y la Xunta, en el año 1990, por el
cual esas autovías de las Rías Bajas y el Noroeste estarían concluidas en
1995. La realidad en este momento, en junio del 96, es que apenas están
inaugurados algunos tramos; que los plazos de ejecución en varios tramos
no se cumplieron; que quedan tramos aún por adjudicar como
Benavente-Camarzana, cuya conclusión en el mejor de los casos será en el
99; que no hay aún previsión de licitación de los tramos de Piedrafita,
etcétera. Por tanto, los retrasos, señoras y señores Diputados, se
acumulan. Y nosotros no estamos hablando de retrasos de meses, de
retrasos de un año, de retrasos de dos. Estamos hablando del
incumplimiento claro de los plazos acordados en su día. (Rumores.) Y esta
situación se torna desde nuestro punto de vista cada vez más alarmante, a
pesar de las afirmaciones del Gobierno de que constituye una prioridad la
finalización de estas autovías.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Vázquez. Ruego a todos los Diputados
que por favor guarden silencio para que podamos oír las intervenciones.
Tiene usted la palabra otra vez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Sí, señor Presidente. Los
señores Diputados son profundamente conocedores de este tema, por eso no
prestan demasiada atención.
Decía que la experiencia que tenemos nos aconseja, desde luego,
desconfiar de las intenciones del Gobierno. En este momento no están
fijados plazos ni compromisos concretos, No hay más que declaraciones de
intención, e insisto en que tramos como el de Piedrafita siguen sin
sacarlos a licitación. Nosotros, en este sentido, tenemos que decir que
si no se alcanzan, si no se adquieren compromisos claros y con plazos
definidos, las autovías de Galicia corren el peligro de no concluirse
bastante más allá del 2000, con las repercusiones tan negativas que eso
tendría para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Y en este
sentido quiero decirles también que se manifiestan tanto las
organizaciones sociales y empresariales como todos los partidos políticos
gallegos. Por tanto, deberían ser conscientes las señoras y señores
Diputados de la importancia que para Galicia tiene acelerar estas obras y
hacer un esfuerzo serio para acabar cuanto antes las mismas. Por eso
presentamos esta proposición no de ley.
El Parlamento insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para: 1.
Poner en servicio, antes de concluir 1996, en la Autovía A
Coruña-Benavente los tramos Arteixo-A/9, Montesalgueiro-Baamonde, O
Ceao-Nadela-Vilartelín, etcétera. 2. Poner en servicio, antes de concluir
1997, en la Autovía A Coruña-Benavente los tramos que ahí se citan. 3.
Antes de concluir 1998, poner en servicio en la Autovía A Coruña
Benavente los tramos O Cereixal-Agüenza-Noceda,
Castrolamas-Ambasmestas-Vilafranca.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas. Para la defensa de la primera, presentada por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO-RODRIGUEZ MARIBONA: Señor Presidente, existen múltiples
precedentes parlamentarios sobre las autovías de Galicia, nada menos que
del orden de cuarenta intervenciones, incluida ésta, en el Congreso y el
Senado. La última, oral en Pleno, el pasado día 22 de mayo, en la que el
Ministro de Fomento aseguró que las autovías de Galicia estarán
finalizadas en 1998, con excepción del tramo de Piedrafita. Y aun hoy hay
una última respuesta escrita del Gobierno, el 11 de junio, a un diputado
del grupo proponente, en la que se detalla la situación de cada uno de
los tramos en ambas autovías: La Coruña-Lugo-Benavente y
Vigo-Orense-Benavente.
La iniciativa del Grupo Mixto, como ha indicado el señor Vázquez, no hace
sino recoger la resolución del Parlamento gallego, adoptada por
unanimidad el 7 de noviembre de 1995, por la que insta a la Xunta de
Galicia a exigir a la Administración del Estado que como máximo...,
etcétera. Y reproduce textualmente el texto de la proposición no de ley
que ahora debatimos. Dos días después de aquella fecha del 11 de
noviembre, en el Senado compareció el Secretario de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, el 13 de noviembre de 1995, quien como
resumen señaló que la autovía del Noroeste estaría en servicio entre La
Coruña y Lugo en su totalidad en 1996, e igual la de
Rías Baixas o Bajas, entre Vigo y Orense. En cuanto al resto, hasta
Benavente, decía: Esperamos --y subrayo lo de esperamos-- que esté en
funcionamiento en 1997, salvo el tramo de Piedrafita. Finalmente --y
concluyo con los antecedentes-- en la última reunión de la Comisión Mixta
MOPTMA (hoy Fomento) y Xunta de Galicia, celebrada el 8 de febrero de
1996, se revisaron situación y plazos de todas las obras en marcha y
pendientes; situación que coincide con las recientes respuestas, oral y
escrita, ya señaladas.
Nuestro deseo sería, naturalmente, el apoyo a esta proposición no de ley.
Pero es absolutamente imposible, ya que los plazos contractuales y los
reales de obras en ejecución incluso avanzada, y con adelanto posible en
algunos, exceden las fechas de terminación señaladas en la proposición,
sin que sea posible adoptar medidas para corregirlas. Y le pongo dos
ejemplos de obras en marcha claves para la autovía Rías Bajas: En el
tramo La Cañiza-Batalláns --he visitado las obras el pasado 21 de
junio--hay dos túneles que condicionan absolutamente la fecha de
terminación. El túnel 1 no puede terminarse antes de noviembre del 96, y
la obra de avance y el túnel 2, antes de enero del 97, no antes, con el
ritmo actual de trabajo de 24 horas y trabajo fines de semana. Es decir,
los medios técnicos están puestos a disposición absolutamente por parte
de la empresa constructora y el apoyo de la Administración; y los medios
económicos también. Pero luego hay unas obras necesarias para continuar
el túnel y ponerlo en servicio que nos llevan obligadamente al año 98.
Hay otro tema, la circunvalación de Orense de dicha autovía. Ha pedido el
Ayuntamiento de Orense, creo que por unanimidad de todas las fuerzas
políticas, un enlace de dicha autovía con un acceso centro a la ciudad de
Orense. El propio Ayuntamiento, por acuerdo, pidió desglosar el tramo de
autovía, la circunvalación, para subastar, ejecutar las dos obras
simultáneamente, cosa que ha rectificado en este momento, y ahora sí
solicita reanudar rápidamente estas obras de la autovía, pero
naturalmente necesitan un plazo de ejecución que se sale de la
proposición no de ley.
Finalmente, en la propia enmienda del Grupo Socialista veo los plazos que
plantea el Gobierno. El Ministerio (todavía MOPTMA) adjudicó el 26 de
febrero del 96 y el 29 de febrero del 96 dos tramos --firmó la
adjudicación el Ministro señor Borrell-- cuyos plazos de ejecución se van
al año 98. Por tanto, es absolutamente imposible cumplir no sólo los
plazos señalados en dicha proposición no de ley, sino también los de la
enmienda del Grupo Socialista. ¿Dónde está el esfuerzo de la
Administración, el compromiso de la Administración ante unas obras
trascendentales para el desarrollo de Galicia y que por ello vigilamos y
seguimos no sólo a los técnicos y a las administraciones local, Xunta y
central, no sólo los parlamentarios sino toda Galicia y todos los que
quieren tener o ampliar relaciones empresariales, comerciales, con
nosotros, no sólo desde la Meseta sino del norte de Portugal? Pues ese
esfuerzo está en el cumplimiento de plazos, incluso recortándolos; la
garantía de calidad técnica y de presupuestos; la puesta en servicio de
cada tramo parcial conforme se concluya; y la urgente licitación y
contratación de las obras de los cinco tramos y 55 kilómetros entre
Cereixal y Villafranca de El Bierzo, puesto que por disponer ya de los
proyectos y de los terrenos afectados es ello posible.
Y termino ya, señor Presidente. En la comparecencia del Ministro de
Fomento en esta Comisión, el 19 de mayo de 1996, refiriéndose a la
autovía Madrid-Valencia, señalaba que dos años de parálisis son muy
graves en la autovía y comunicaciones Madrid-Valencia, pues el retraso en
la ejecución del convenio Moptma (hoy Fomento)-Xunta de Galicia de las
autovías gallegas era gravísimo, no sólo para las comunicaciones sino
para el desarrollo de la región gallega, máxime cuando la solución
alternativa del ferrocarril --que ha comentado el portavoz proponente--
posee unas carencias de las que estoy seguro que pronto se hablará en
este Parlamento. En nuestro ánimo está, y es por otra parte obligación
--añadía--, atender los deseos de Galicia, reflejados en los acuerdos del
Parlamento gallego ya comentados.
Es deseo del Grupo Popular reclamar la corrección técnica y económica
posible en el retraso existente, pero partiendo de la realidad actual. De
ahí la enmienda que proponemos, que está en la mesa; y de ahí nuestro
rechazo a la proposición no de ley del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado a esta misma proposición no de ley
una segunda enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: En relación con la proposición no de ley del
Bloque Nacionalista Galego, en primer lugar querría hacer la valoración
positiva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto que la
iniciativa viene a reflejar un acuerdo unánime de las fuerzas políticas
gallegas, del Parlamento gallego, de reciente fecha, de noviembre de
1995. Creo, por lo tanto, que tiene el valor de rescatar y presentar
delante del Parlamento de la nación un acuerdo unánime de fuerzas
políticas en un tema tan trascendente y estratégico para la comunidad
autónoma en sus transportes y comunicaciones, como es el relativo a la
comunicación con el resto de España y Europa.
Por otra parte, refleja correctamente tres grandes hitos temporales que
hasta el momento no han sido alterados, por lo menos de forma clara y
precisa, por ninguna autoridad departamental del anterior Gobierno y, en
menor medida, han sido matizadas, pero todavía no totalmente cambiadas,
por el Gobierno actual. Refleja, como digo, los tres grandes hitos
temporales: 1996, año para acabar las comunicaciones entre Coruña y Lugo,
y entre Vigo y Orense; año 1997, para llevar las autovías hasta
Benavente; año 1998, para culminar el tramo correspondiente a Piedrafita.
Siguen siendo acertadas las propuestas que se contienen en la iniciativa
del Bloque Nacionalista.
Entiendo que hay fundamentalmente, y en ese sentido hemos presentado una
enmienda, dos elementos, uno de ellos menos sustantivo, que casi llamaría
de corrección de errores, y otro más sustantivo. El primero hace
referencia a que hay 80 kilómetros de las autovías, tanto la del norte
como la del sur, que están ya en servicio; los tramos de autovía,
en concreto, Arteixo-A/9, Montesalgueiro-Baamonde y Ceao-Nadela, tres
tramos en la autovía del norte y un tramo, el primero de ellos, O
Porriño-Batallanes, que están en servicio y que, por lo tanto, no tiene
sentido plantear su entrada en servicio. Y el segundo me parece más
sustantivo, más de fondo. En este momento, los cinco proyectos
correspondientes al paso del puerto de Piedrafita, 55 kilómetros, 100.000
millones de pesetas, tienen los proyectos de trazado y de construcción
totalmente aprobados, y lo único que hace falta es que se lleven a un
Consejo de Ministros para que autorice el gasto y, a continuación, se
proceda a su licitación y contratación. De nada sirve reclamar plazos de
las autovías si no ponemos los medios para que esos plazos se puedan
cumplir. Y eso hoy pasa fundamentalmente por la licitación y contratación
de manera inmediata, a lo largo de este año, de los cinco tramos
pendientes del puerto de Piedrafita.
La cuestión tiene el máximo interés y relevancia, porque quiero recordar
en la Comisión que en su última comparecencia, y primera ante esta
Comisión, el Ministro de Fomento, el señor Arias-Salgado, dijo que no
licitaría, y por lo tanto no adjudicaría, los tramos correspondientes a
Piedrafita mientras no tuviese el Presupuesto de 1997, y en función de
las disponibilidades presupuestarias para el citado año. Eso significa un
grave retraso en la posibilidad de financiación de los tramos pendientes
del paso del puerto de Piedrafita y nos podríamos ver abocados, si esta
posición no se corrige, a una situación altamente complicada desde la
perspectiva de la finalización y ejecución de estas autovías.
Por otra parte, también quiero recordar que el propio Ministro de
Fomento, señor Arias-Salgado, en respuesta escrita a un Diputado,
precisamente del Grupo Popular, comprometió el esfuerzo mayor en la
aceleración de la ejecución de las obras en curso. Cuando se habla, en
materia de obras públicas, de aceleración de obras en curso, lo que se
está queriendo decir, en definitiva, es alteración, positiva, razonable,
de los plazos contractuales.
Si el Ministro de Fomento, como se comprometió ante esta Cámara, está
dispuesto a un esfuerzo de aceleración de las obras y, por lo tanto, de
acortamiento de los plazos de cumplimiento estipulados en principio en
plazos contractuales, los hitos temporales de 1996 y 1997, respecto a los
cuales la desviación posible de obra en curso es muy limitada, porque
estamos hablando de meses, serían perfectamente reconducibles a su
cumplimiento en los años 1996 y 1997.
Si se corrigen las obras que ya están en servicio, y así deben ser
mencionadas y si, por otra parte, se centra la atención en el último
punto de la propuesta del Bloque Nacionalista sobre el hecho de que deben
ser licitadas e inmediatamente contratadas las obras pendientes, la
posición de nuestro grupo, en aras a mantener el acuerdo unánime de las
fuerzas políticas en el Parlamento de Galicia, sería positiva para la
iniciativa del Bloque Nacionalista.
Por otro lado, tenemos que mencionar finalmente que no podemos coincidir
--no me parece sustantivo, en la medida en que tampoco se recoge en la
proposición-- con la valoración que se hace del esfuerzo realizado
anteriormente. Señorías, estamos hablando de que en 1991 empieza el
proceso de estudios informativos de anteproyectos de unas autovías que
tienen 620 kilómetros de longitud, y en el momento actual se encuentran
en servicio o en ejecución más del 90 por 100, 540 kilómetros entre las
autovías del norte y del sur. Y Galicia tampoco quedó excluida del I Plan
de Carreteras, que supuso una inversión de fondos públicos superior a los
150.000 millones de pesetas.
Al margen de estas consideraciones generales a nivel de exposición de
motivos, reitero nuestro apoyo en función del mantenimiento de un acuerdo
unánime de todos los grupos políticos, que hasta el presente no ha sido
rectificado ni desmentido, en función de los criterios que anteriormente
he expuesto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: A nuestro grupo le hubiese gustado votar a favor
de la proposición no de ley porque es el texto que aprobó el Parlamento
gallego. Nosotros somos muy respetuosos con todas las aprobaciones de los
parlamentos autonómicos, pero nos encontramos frente a la realidad, y la
realidad es que los plazos que figuran en esta iniciativa no se pueden
cumplir por toda una serie de vicisitudes económicas que han sufrido las
inversiones en el Estado, no ya desde el momento actual, con el nuevo
Ministerio, sino incluso antes pues todos sabemos que el último semestre
del año 1995 fue muy malo en lo que se refiere a la inversión pública,
con la corrección que tuvo que hacerse a fin de año en la aprobación de
la nueva Ley de Contratos del Estado. Así pues, nosotros no podemos
apoyar y aprobar la citada proposición de ley. Nuestro voto sería
favorable a algunas de las enmiendas del Grupo Popular, si son aceptadas
por el grupo proponente. Explicaré por qué. Se trata de que los plazos,
que también quedan garantizados, no queden constreñidos a unas fechas
prácticamente irrealizables, porque en la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista son muy concretas.
Quisiera hacer un inciso como corrección. El compañero del Partido
Popular, señor Carreño, ha estado citando la comparecencia del señor
Ministro del día 19 de mayo, cuando fue el 19 de junio. Lo digo para que
conste en el acta al menos.
Nos decía el señor Ministro que las correcciones que tengan que hacerse a
este plan puente --que desde hace tiempo se están realizando en el
Ministerio, pero que ahora él retoma-- van a afectar mucho a Galicia.
Deben realizarse cuanto antes todas estas obras, pero nos parece que el
texto de la proposición no de ley queda un poco obsoleto, desfasado por
lo que, en caso de que fuesen aceptadas enmiendas, nos inclinaríamos por
las del Grupo Popular, por cuanto no fija las fechas concretas pero
garantiza cumplir los plazos contractuales y la apertura de servicio en
los tramos según se vayan terminando. Por tanto, aunque ya lo he indicado
en parte, definiremos nuestro voto en su momento, según se acepten o no
enmiendas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Hay una razón de fondo que Coalición Canaria,
grupo al que represento, reconoce, cual es la necesidad de que la
Comunidad Autónoma gallega mejore sus redes de comunicación, básicamente
sus carreteras.
En este país hemos estado acostumbrados, por razones de tipo político
fundamentalmente, a diferir en el tiempo grandes obras de
infraestructura. Sobre todo cuando nos acercamos a períodos electorales,
todos queremos conseguir los mayores apoyos y planificamos obras cuya
adjudicación se hace eterna. Eso básicamente tiene un origen, que es la
falta de planificación, de previsión estatal a la que hemos estado
sometidos a lo largo de muchísimos años. Mi grupo espera que una línea de
racionalidad de la planificación inversora --y entendemos que el
instrumento adecuado es el Plan Director de Infraestructuras-- resuelva
parte de estos problemas.
Parece razonable hablar de finalizar aquellas obras que están comenzadas,
básicamente porque una obra como ésta va a servir para mejorar las
comunicaciones de una comunidad desfavorecida como a la que en este caso
nos referimos. Con independencia de que le prestamos un mejor servicio a
los ciudadanos, estamos también colaborando a resolver parte de los
problemas de subdesarrollo económico que tiene.
Por otra parte, el aspecto de las obras que se adjudican pero cuya
construcción se retrasa es también deprimente. En algunas obras, por las
razones que han esgrimido algunos de los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, no solamente hay razones contractuales que lo
hacen difícil, porque las razones contractuales siempre se pueden
modificar, los contratos se pueden modificar y acortarlos en el tiempo.
Pero en algunas otras, por su envergadura, puede haber razones técnicas
que también hay que enmarcar en el tiempo, y aunque es posible modificar
las razones técnicas, la cuestión se empieza a complicar. Por otro lado,
lo más difícil en un Estado que quiere realizar una política de ajuste
económico, es priorizar las obras en el tiempo. Porque si en estos
momentos intentamos acortar los plazos de las obras que las distintas
comunidades autónomas consideran prioritarias, difícilmente podremos
conciliar el objetivo Maastricht y la terminación de las obras antes del
período señalado.
El que un Parlamento autónomo haya adoptado una decisión unánime merece
todos los respetos de esta Comisión y del Congreso. Pero imaginémonos que
la actividad inversora del Estado esté en función de las decisiones
prioritarias que marquen todos los parlamentos autónomos del Estado.
Entraríamos en una especie de disparate económico.
Coalición Canaria muestra, por tanto, la solidaridad absoluta con Galicia
en el marco del cumplimiento de los plazos que en estos momentos tienen
fijados las obras adjudicadas, de las posibilidades económicas en las que
se van a mover los Presupuestos Generales del Estado y dentro del PDI, en
cuyo desarrollo confiamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, tiene usted la palabra para
manifestar su posición ante las enmiendas presentadas.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): No vamos a aceptar la enmienda
que tuve oportunidad de leer, que presenta el Partido Popular, porque,
efectivamente, no aporta nada sustancial al texto, sino que lo único que
trata es de no fijar plazos concretos, como el representante de
Convergència i Unió captó perfectamente y puso de manifiesto.
En cuanto a la enmienda que presenta el Partido Socialista, aceptamos la
transacción. En primer lugar, que se retiren del texto, porque no lo
altera en su literalidad, los tramos que están ya en funcionamiento:
Arteixo-A/9, Montesalgueiro-Baamonde, O Ceao-Nadela y
O-Porriño-Batalláns. En segundo lugar, en cuanto a añadir al punto
tercero del texto un párrafo que diga «Para lo que deberán ser licitados
y contratados durante el presente año 1996», también vamos a aceptarlo
porque, efectivamente, creemos que tampoco altera para nada el texto, ya
que si se pedía la conclusión para 1998, llevaba implícito que había que
licitarlas con rapidez. Por lo tanto, repito, aceptamos transaccionar
esas dos cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Touriño, ¿acepta el Grupo Socialista la
transacción, ya que no se acepta la enmienda completa?
El señor PEREZ TOURIÑO: Sí, recoge lo sustantivo de nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Yo le rogaría al señor Vázquez que, como queda un
poco confusa la red de acción, le hiciera llegar a la Presidencia antes
de la votación el texto que se va a someter a votación.
--RELATIVA A LA ADHESION DE ESPAÑA A LA ORGANIZACION EUROPEA PARA LA
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA (EUROCONTROL). FORMULADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000063.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la adhesión de España a la Organización
Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol),
presentada por el Grupo Socialista del Congreso y retirada.
Señor Segura, tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Un minuto para justificar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista al retirar la proposición no de ley.
La proposición no de ley instaba al Gobierno a presentar ante las Cortes
Generales el conjunto de protocolos, con los anexos correspondientes, que
situase a España como miembro de pleno derecho y con las consiguientes
obligaciones en este organismo internacional tan importante como es
Eurocontrol.
La proposición no de ley se publicó en la serie D del Boletín del
Congreso de los Diputados del 3 de junio, y precisamente el 17 de junio,
es decir, quince días después aproximadamente, se publica ya en la serie
C, Tratados y Convenios Internacionales, el proyecto de convenio con los
protocolos correspondientes, que serán tramitados a través de la Comisión
de Exteriores de esta Cámara y, consiguientemente, por el Pleno en su
momento. La iniciativa parlamentaria que proponía el Grupo Parlamentario
Socialista ha sido promovida por el propio Gobierno, luego no ha lugar a
su tramitación. Consiguientemente, la retirada encuentra la lógica que
acabo de explicar.
--RELATIVA A LAS NORMAS DE DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES PRECISAS PARA COMPLETAR Y HACER
EFECTIVA LA REGULACION DEL TRANSPORTE SANITARIO. FORMULADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000064.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, entonces, al siguiente punto del orden del
día, punto número cinco: Proposición no de ley relativa a las normas de
desarrollo del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres precisas para completar y hacer efectiva la regulación del
transporte sanitario. Esta proposición no de ley ha sido presentada por
el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, la proposición no de ley publicada en
el Boletín al que hice referencia en la explicación del punto anterior,
en la serie D, del 3 de junio, presenta un proyecto de resolución que
textualmente dice: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la
urgente aprobación de las normas de desarrollo del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres precisas para completar y
hacer efectiva la regulación del transporte sanitario.»
La fundamentación la encontramos en lo siguiente. Es conocido por todos
ustedes que el Reglamento de la vigente Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/90, de 28 de
septiembre, señala específicamente y de manera taxativa, en su artículo
134.1, que tanto las características técnicas como el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de cada uno de los distintos tipos de
vehículos sanitarios, tendrán que ser determinados por real decreto, a
propuesta conjunta de los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Obras
Públicas y Transportes.
Dicha regulación, señorías, resulta de capital importancia y aún no se ha
producido. Resulta de capital importancia para la prestación adecuada, en
condiciones sanitarias óptimas y de máxima seguridad y garantía, del
servicio de transporte sanitario, así como para el establecimiento del
régimen de otorgamiento de las autorizaciones administrativas para
realizar dicho tipo de transporte, autorizaciones administrativas que
hasta el momento se vienen produciendo al amparo de un reglamento
absolutamente periclitado y no adaptado a lo que constituye la ley, como
consecuencia de la ausencia de este reglamento.
En la anterior legislatura, en la V legislatura de las Cortes Generales,
ya se abordó por parte de los ministerios competentes la elaboración de
la referida reglamentación técnica del transporte sanitario. Por cierto,
toda esa tramitación, toda esa elaboración, revistió una gran
complejidad, habida cuenta de que, a su propia dificultad intrínseca
desde el punto de vista técnico, se añadía que tenía que contar con la
conformidad expresa de la Comisión de la Unión Europea, así como,
naturalmente, con la aceptación y el consenso deseable de las comunidades
autónomas y, por supuesto, de los sectores sociales, de los sectores
empresariales, de los usuarios especialmente afectados, ya sean
empresarios del sector de ambulancias, hospitales, clínicas, como
usuarios en general a través de sus organizaciones específicas y propias.
De todos es sabido que, después de una larga yo diría travesía de
diálogo, alguno de cuyos momentos hemos seguido con la curiosidad y el
interés que merece algunos miembros de esta Comisión, hemos comprobado
cómo se iba produciendo un acercamiento de posiciones, cómo los
diferentes parlamentos autonómicos y gobiernos de las comunidades
autónomas (cuya relación tenemos en estos instantes y, si es menester, se
sometería a la consideración de los miembros de esta Comisión, pero no
parece oportuno a efectos de una defensa lo más simple posible de nuestra
posición); decía que esencialmente en los años 1994 y 1995, hemos visto
cómo se produce un acercamiento de posiciones y se llega por parte de la
Administración a un proyecto de real decreto, acompañado de orden
ministerial, que se remite al Consejo de Estado y es éste quien
dictamina, con determinadas consideraciones que desde nuestra perspectiva
es menester tener en cuenta, de manera tal que el 28 de diciembre de 1995
se produce la resolución del Consejo de Estado, como correspondía, en los
primeros meses de 1996, producir la correspondiente ordenación
legislativa en desarrollo de lo establecido por el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Pero la disolución de las Cortes, y consiguientemente el proceso
electoral, ha llevado a que en los últimos meses, según hemos podido
detectar, el tema quedó lógicamente en situación de cierta parálisis
administrativa. Nos consta también que en este mes y pico de acción de
Gobierno del Partido Popular se ha relanzado el mecanismo de diálogo, a
efectos de perfilar la nueva normativa. Es por ello por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista, esencialmente con la intencionalidad de que ese
capital negociador que se invirtió durante algo más de dos años y medio,
que significó acercamiento de posiciones, que significó también
endurecimiento de posiciones a la hora de la exigencia de las tecnologías
que tendrían que llevar incorporadas las ambulancias y todo tipo de
vehículos dedicados al transporte de accidentados, de pacientes, desde su
domicilio a la clínica,
o cualquier instalación de tipo asistencial, aumentó las exigencias de
toda índole en un amplísimo listado que aquí tenemos que no nos parece
oportuno referenciar, razones esenciales que justifican la aparente
lentitud en esta tramitación. (El señor Vicepresidente, Morlán Gracia,
ocupa la Presidencia.)
Precisamente ese capital negociador, los acuerdos a los que llegaron
todas las partes interesadas a las que he hecho referencia, justifican el
deseo del Grupo Parlamentario Socialista --insisto-- de que ese esfuerzo,
esa convergencia de intereses y esa plataforma en la que nos
encontrábamos meses atrás signifique la continuidad a efectos de aportar
a nuestro pueblo los mecanismos de garantía tecnológica, de seguridad
asistencial y, consiguientemente, de pureza administrativa a la hora de
producir la Administración pública los correspondientes concursos
públicos para adjudicar la prestación de los servicios. Es algo que no
debemos despilfarrar y que estimamos debe hacer suyo el Gobierno, el
Ministerio competente. Y de aquí la iniciativa que propone el Grupo
Parlamentario Socialista.
Nada más, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): ¿Grupos que deseen fijar
posición?
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Brevemente, señor Presidente.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque nos parece que
es adecuada toda la problemática que ha expuesto el señor Diputado.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL. Reconociendo palabras del propio defensor de la
propuesta sobre la capital importancia del tema y la gran complejidad que
ha tenido su desarrollo, sentimos mucho decir que no nos parece en estos
momentos adecuado aprobar esta proposición no de ley.
Se ha dicho ya que ha habido una gran complejidad sobre todo en la
elaboración del real decreto que se propuso, pero en el informe del
Consejo de Estado se dicen cosas muy importantes. Se llega a afirmar que
el mejor consejo que puede darse al Gobierno pasa por un replanteamiento
de la norma propuesta; que la nueva redacción que se dé al proyecto, en
su caso, contribuirá sin duda a un servicio a los intereses generales;
que no puede desconectarse de la articulación constitucional del modelo
de Estado; y, como resumen, añade que en el Estado actual no procede
aprobar el proyecto de real decreto por el que se establecen las
características técnicas... Es decir, que no procede aprobar el proyecto.
Eso lo dicen en diciembre de 1995, hace dos días.
Después ha habido la disolución de la Cámara, del régimen parlamentario,
no se ha podido avanzar aunque, paralelamente, el Gobierno en funciones
ha ido trabajando en la cuestión, cosa que nos parece muy bien. Así lo
reconoce el proponente cuando dice que durante el mes y medio de nuevo
Gobierno se ha relanzado el tema. Por lo tanto nos parece en estos
momentos fuera de lugar el instar al Gobierno la urgente aprobación.
Démosle algo de tiempo para que pueda retomar lo que ya ha empezado y
para que en su momento apruebe las líneas que establece el Consejo de
Estado. Como ya he dicho, nos parece inoportuna la proposición no de ley.
Por lo tanto, nuestro voto será negativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Camps.
El señor CAMPS ORTIZ: Efectivamente, la línea argumental del Grupo
Catalán, y fundamentalmente el dictamen del Consejo de Estado, deja claro
que las tareas y las labores del desarrollo del reglamento, tal y como
prevé el Reglamento de la Ley de Transportes Terrestres, tiene algunos
problemas, incluso en algunos aspectos lo que hace es ahondar
reglamentariamente en algunas cuestiones que, según el propio Consejo de
Estado, tienen que ser reguladas por las comunidades autónomas.
Sería interesante recuperar parte del dictamen del Consejo de Estado
sobre este proyecto de real decreto, porque hay cuestiones que pueden ser
interesantes y que pueden fijar, en cualquier caso, la tarea del
Gobierno, que continúa en línea del desarrollo de este real decreto. No
sólo un Ministerio, sino dos Ministerios, el Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Fomento, están trabajando en él.
Dice el Consejo de Estado que no entiende el carácter urgente de la
petición de dictamen del propio Consejo, por entender que llevaban cierto
tiempo elaborándose las tareas y los trabajos al respecto, y que llega
con cierta premura a este cuerpo consultivo. Por lo que se refiere a las
competencias y su regulación, señala el Consejo de Estado que respecto a
las acciones sustantivas encuentra reparos en el planteamiento de la
redacción del proyecto. Y añade que ésta fue llevada a cabo sin
consideración a las competencias del Estado, lo que condujo a una
búsqueda a posteriori de un título que justificase la imposición de la
norma a las comunidades autónomas, cuestión que les preocupaba respecto
de las competencias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.
Y continúa el dictamen diciendo que lejos de constituir la respuesta a un
problema específico de la sociedad, la lectura de las actuaciones sugiere
que el proyecto se aprueba por el mero hecho de estar previsto en un
reglamento hoy vigente. Añade: De igual modo, se obvia cualquier
reflexión sobre las alternativas valoradas y sobre los efectos
previsibles del proyecto para la Hacienda pública y para la sociedad en
general.
Hay otra consideración del propio Consejo de Estado en este dictamen:
Tampoco se dice nada --constata-- de la previsible influencia del real
decreto consultado sobre las tarifas de las ambulancias en general,
etcétera, cuestiones ya que tienen que ver directamente con la materia
que se desarrolla. Y, al final, el propio Consejo de Estado dice que el
mejor consejo que se puede dar al Gobierno pasa por un replanteamiento de
la norma propuesta, tanto desde la perspectiva competencial como desde el
análisis de las
condiciones que lo justifican. La nueva redacción que se dé al proyecto,
en su caso, contribuirá sin duda a un servicio a los intereses generales
más acorde con el principio de eficacia consagrado en la Constitución,
que en modo alguno puede desconectarse de la articulación constitucional
del modelo de Estado.
Ante las lagunas que el Consejo de Estado encuentra en su dictamen sobre
el real decreto, fundamentalmente el laborioso trabajo que vienen
desarrollando en estos momentos los Ministerios de Fomento y Sanidad y
Consumo, y a la vista de lo que han expuesto cada uno de los portavoces
de los grupos políticos, el Grupo Popular propone una enmienda
transaccional al grupo proponente, que sería la siguiente y que «in voce»
paso a trasladar a esta Comisión: Que continúen las acciones tendentes a
la regulación del transporte sanitario, a tenor del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, teniendo en cuenta el
dictamen del Consejo de Estado, de diciembre de 1995.
Esa sería nuestra propuesta, ésa sería, en cualquier caso, la enmienda
transaccional a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Le agradecería que pasara a la
Mesa una copia de la enmienda transaccional, para indicar si acepta o no
acepta la enmienda transaccional.
El señor SEGURA CLAVELL: En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista
acepta la enmienda transaccional porque responde a la filosofía y a la
intención del grupo.
Una pequeña matización. Las intervenciones de los portavoces de algunos
grupos me lleva a pensar que quizá se ha contestado en otra línea
diferente a aquella en la que el Grupo Parlamentario Socialista se
encontraba defendiendo la argumentación que sostenía su planteamiento.
El dictamen del Consejo de Estado, de finales de diciembre, ante un
proyecto de real decreto hace una serie de matizaciones que nosotros
consideramos oportunas y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de la
elaboración de la norma que lo regule. No existe planteamiento
incoherente con nuestra posición.
Nuestra defensa esencial, y con ello termino, señor Presidente, es que la
Administración pública, durante algo más de dos años y medio, llevó a
cabo un esfuerzo negociador con los sectores afectados con las
comunidades autónomas y ese esfuerzo negociador le llevó a un proyecto de
resolución que el Consejo de Estado aconsejó retocar. A nosotros nos
parecen muy oportunos esos retoques, y lo que queremos es que ese capital
no se despilfarre.
Reitero que aceptamos la enmienda transaccional planteada por el Grupo
Parlamentario Popular.
--RELATIVA AL DERRIBO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION E INFRAESTRUCTURA DE
ACCESO EN EL RISCO DE FAMARA, SITUADO EN LA ZONA DE AMORTIGUACION DEL
PARQUE NATURAL DE LANZAROTE Y RESERVA DE LA BIOSFERA DE LANZAROTE, Y A SU
UBICACION, SI FUERA NECESARIO, EN OTRO LUGAR, PREVIA EVALUACION DE LOS
DAÑOS AMBIENTALES Y LA REGENERACION DE LA ZONA. FORMULADA POR EL GRUPO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000075.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Pasamos al último punto del
orden del día: Proposición no de ley relativa al derribo de las obras de
edificación e infraestructura de acceso en el risco de Famara, situado en
la zona de amortiguación del parque nacional de Lanzarote y reserva de la
biosfera de Lanzarote, y a su ubicación, si fuera necesario, en otro
lugar, previa evaluación de los daños ambientales y la regeneración de la
zona. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Me imagino que posteriormente, en la medida en que
hay enmiendas, hay otro turno de palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Hay aceptación o no de las
enmiendas, señor Frutos, no debate.
El señor FRUTOS GRAS: Yo sólo tengo una enmienda, que es del Grupo
Socialista. No sé si hay alguna otra.
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Hay otra enmienda presentada por
el Grupo Popular.
El señor FRUTOS GRAS: No la tengo en mi poder. En todo caso, ¿se tiene
que hablar ya de estas enmiendas en la primera intervención?
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): En la primera intervención
habría que hablar sobre la proposición no de ley y sobre el contenido de
las enmiendas. Y después de la defensa de las enmiendas, decir si acepta
o no las enmiendas planteadas.
El señor FRUTOS GRAS: Nos encontramos con un problema que ha tenido una
singular travesía durante este tiempo, porque se han cometido una serie
de irregularidades, incluso una falta de atención y cortesía. Se
defienden siempre las competencias de las comunidades autónomas, pero en
este caso concreto prácticamente se han vulnerado todas: comunidades
autónomas, ayuntamientos, permisos de obras, etcétera. Aunque luego se
dirá que el Ministerio de Defensa delega y responsabiliza a quien tiene
capacidad para hacerlo.
Hay 400 metros cuadrados de construcción en el risco de Famara, de
Lanzarote, en un parque natural declarado reserva de la biosfera por
parte de la Unesco en el año 1993. Este parque natural es, además, un
lugar donde se
cobijan algunas especies prácticamente desaparecidas, ya no de Europa,
sino del mundo, entre ellas la yesquera roja. En 1984 existían cuatro
colonias de yesquera roja en perfecto estado, que eran además de una
reserva de lo que diríamos patrimonio de la humanidad, un patrimonio
cultural, turístico, etcétera. Es decir, era algo que valorizaba a la
isla de Lanzarote, y en concreto a esta parte de la isla.
En aquel momento, 1984, el Ministerio de Defensa destruyó una de las
colonias, de las cuatro existentes, con la construcción de una estación
de observación para la seguridad nacional. Entonces se juró y perjuró que
nunca volvería a ocurrir eso y que iba a haber una protección absoluta en
el futuro sobre esta zona. De las tres restantes que quedaban, otra acaba
de ser eliminada por una nueva instalación de «carácter militar», entre
comillas, porque es un carácter militar muy singular. Ha habido muchos
grupos y personas que han visitado las instalaciones y han llegado a la
conclusión de que no tiene un carácter militar estricto. Un carácter muy
singular, más bien parece una estación de veraneo en un lugar ideal.
De junio de 1995 a junio de 1996, prácticamente hasta junio o mayo de
1996, no ha habido ninguna protección militar en esta zona, absolutamente
ninguna. Ni militar, ni de policía, ni de Guardia Civil, ni de guardias
jurados. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El 28 de abril de
este año entró en la zona y en las instalaciones una gente, cuyo
testimonio concreto traeremos a esta Comisión si le parece oportuno a
ésta. Es gente responsable, gente con una entidad personal y jurídica,
puede venir aquí tranquilamente y depositar lo que ellos consideran una
serie de razones que avalan la proposición no de ley que presentamos.
El 28 de abril --repito-- entraron y no encontraron ni vallas, ni Guardia
Civil, ni guardias jurados, ni soldados, ni nada. Sólo se instaló una
valla de espinos --ni soldados, ni Guardia Civil-- cuando hubo una serie
de presiones en relación a la construcción, que se hizo casi de forma
clandestina. Hay imágenes de televisión también de prácticamente todas
las instalaciones --podemos montar el vídeo--, se pasaron las cámaras de
televisión por todas las instalaciones sin encontrarse a nadie, no hubo
nadie que les impidiera entrar ni nadie que les impidiera grabar.
Nosotros proponemos en nuestra proposición no de ley el derribo de estas
instalaciones por tres motivos fundamentales: por innecesarias para la
seguridad nacional, por ilegales y por antiecológicas y porque vulneran
un espacio absolutamente protegido desde todos los puntos de vista,
español y mundial.
Existen dos enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular. El Grupo
Popular parte de la base de la protección de todo lo que queda y de las
yesqueras rojas, pero no habla de derribo, por eso no podemos aceptarla.
La del Grupo Socialista sí la podemos aceptar, porque habla en un primer
punto de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que
emita un informe sobre el posible impacto ambiental que sobre la yesquera
roja produciría el posible derribo, no el que ha producido ya, de las
actuales instalaciones del Ministerio de Defensa en el risco de Famara,
al norte de la isla de Lanzarote. Inmediatamente me referiré a este
punto.
Y continúa diciendo el segundo punto de la enmienda del Grupo Socialista
que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno (me imagino que aquí
va una coma, estaría más correcto una coma) para que, en el caso de que
el informe a que se hace referencia en el punto anterior concluyera que
la demolición de las obras no produciría daño alguno en la yesquera roja,
se proceda a la demolición de las obras, construcciones e
infraestructuras del Ministerio de Defensa y a la adopción de cuantas
medidas sean oportunas para la más urgente e idónea regeneración de la
zona y de las yesqueras rojas destruidas donde antes se ubicaban las
instalaciones del risco de Famara en la isla de Lanzarote. Y luego hay un
tercer punto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la
Comunidad autónoma canaria para que tome las medidas legales necesarias
para la preservación, protección, etcétera. De esto voy a hablar en
concreto.
Estamos de acuerdo con esta enmienda porque estimamos pertinente que haya
un estudio de impacto ambiental de lo que supondría la demolición de
estas obras. Proponemos estudios para todo lo que sea necesario e incluso
vamos a hacer una propuesta concreta. Pero ya decimos desde el primer
momento que el derribo, de acuerdo con todo el movimiento ecologista, no
tiene que ser en absoluto duro, ni por la maquinaria, ni por los métodos
a utilizar. El derribo, la limpieza y la preparación para una
regeneración se puede hacer perfectamente con la colaboración ciudadana
de centenares de personas que están dispuestas, si es necesario (también
están dispuestas a depositar su testimonio en esta Comisión), a hacer el
derribo ladrillo a ladrillo, sin utilizar ninguna maquinaria pesada, sin
utilizar ninguna maquinaria que pueda agredir aún más la zona. Cada
domingo se concentran en la zona más de mil personas, que van allá,
cantan, bailan, comen, beben, es decir, que hacen una fiesta, demostrando
que el movimiento ecologista y el pensamiento más radicalmente
democrático de la sociedad puede hacer las cosas alegremente; divertirse,
pero al mismo tiempo reivindicar cosas absolutamente justas. Por tanto,
quede claro que puede haber aquí una cadena humana que evite cualquier
daño en la zona, superior al que se ha producido ya.
Como última razón debo decir que nadie se opone, tampoco nuestro grupo, a
que si son necesarias las instalaciones militares se hagan en otro lugar,
previo estudio de los daños ambientales y la regeneración de la zona de
los pequeños daños que se puedan causar en un momento concreto,
estudiando primero la necesidad de estas instalaciones militares.
Aceptando la realización de un estudio ambiental, las preguntas que
hacemos a la Comisión de Medio Ambiente, para ser recuperadas si es
necesario dentro de un tiempo, en la medida en que no se cumple lo que
nosotros pensamos que es elemental, es a quién se adjudica este estudio y
qué control va a tener este estudio. Sabemos que hay biólogos que tienen
una determinada tendencia y otros que tienen otra. Hay físicos que son
partidarios de la energía nuclear y otros que no lo son. Aquí todo el
mundo tiene
sexo, identidad, personalidad e ideología; en este caso concreto,
también.
Al mismo tiempo, como elemento de control democrático que está en marcha
ya, hay una ley del Parlamento canario muy completa, de 1991, que se
llama Ley para la protección de la flora vascular canaria, cuyo artículo
segundo, apartado primero, hace una protección estricta de la yesquera
roja. Además, una organización ecologista importante, Adena, en este
momento funciona en este tema prácticamente como portavoz de todas las
ONG nacionales, canarias e internacionales, que han tomado una posición
concreta, que va en la línea de lo que hacemos nosotros en esta
proposición no de ley. Adena se ofrece para, si es necesario, participar
en la realización de este estudio --puede haber otras participaciones--
en calidad de portavoz de todas estas organizaciones, sin ningún
protagonismo. Como SS. SS. saben, Adena no es de las organizaciones que
podríamos llamar más radicales dentro del movimiento ecologista, y,
además, hace un estudio gratuito.
A nosotros nos parece interesante todo ello, entre otras cosas porque hay
algunas organizaciones del movimiento ecologista internacional con cuyos
planteamientos en este momento concreto no coincido --lo debo decir con
claridad para que no se interprete mal--, pero que han promovido un
cierto boicot al turismo en Canarias, lo cual sería bastante lamentable
en una zona ya bastante castigada por toda una serie de circunstancias.
En definitiva, señoras y señores Diputados, nosotros hacemos una
proposición no de ley que nos parece muy ajustada a la realidad de lo que
ha ocurrido. Debo decir, ya a título personal, que a mí me duele mucho
tener que demoler algo que se ha construido, porque es una riqueza
económica que se tiene que destruir, gratuitamente en este caso concreto.
Pero aunque sólo sea para que sea una experiencia que ilumine otras
actuaciones en el futuro, tiene que llevarse a cabo este derribo con las
características que he señalado, aceptando este estudio de impacto
ambiental, pero buscando al mismo tiempo --y para eso esta Comisión
debería ser generosa en las recomendaciones que haga o las decisiones que
tome-- la participación de gente que no es en absoluto enemiga de
soluciones razonables, de sentido común, sino que quiere precisamente
estas soluciones.
El señor PRESIDENTE: Como ha dicho el propio portavoz de Izquierda Unida,
a esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. La primera,
del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Medina para su
defensa.
El señor MEDINA TOLEDO: Yo he escuchado con gran atención la intervención
del señor Frutos y quiero decir que, independientemente de cuál sea la
voluntad transaccional de los grupos, lo que debemos hacer es tener un
escrupuloso respeto a la verdad. En mi opinión, las informaciones
expuestas como elementos para la toma en consideración de la proposición
de ley, tienen inexactitudes gravísimas.
El Gobierno del Partido Popular, en el corto período de tiempo que va
desde su toma de posesión hasta la fecha actual, ha demostrado
sobradamente que tiene sensibilidad ecológica y un escrupuloso respeto al
medio ambiente. Dos ejemplos claros: el primero, la creación de un
Ministerio de Medio Ambiente, dotándolo de un gran ámbito competencial; y
segundo, la decisión rápida respecto de la autovía de Madrid-Valencia con
el respeto de las Hoces del Cabriel. Son hitos suficientemente claros. Y
el Partido Popular aborda esta proposición no de ley con el mismo
espíritu. Ahora bien, yo creo que lo anterior es perfectamente compatible
con el respeto a otros valores de la comunidad, como son los de la
defensa nacional.
Eso le lleva al Partido Popular a realizar un ejercicio de
responsabilidad, cuyas razones espero ser capaz de trasladar a SS. SS. en
los próximos minutos. Máxime --y eso hay que dejarlo claro desde el
principio-- porque el Partido Popular no está defendiendo ninguna acción,
ningún trámite reglamentario que haya sido derivado de su acción
política. Todos los hechos que nos ocupan se han realizado con una
Administración bajo el Gobierno socialista anterior.
Lo que nosotros intentamos defender, como decía al principio, es la
racionalidad de los acontecimientos y la compatibilización de los
intereses medioambientales con la defensa nacional. Por eso es necesario,
si bien brevemente, que se dejen claras algunas cuestiones y extremos que
han sido aquí aludidos de forma en algunos casos falsa, aunque yo creo
que esto procede de un error de información o de las fuentes de los
proponentes y no de ninguna mala intención al respecto.
Primero: Las instalaciones tienen un interés estratégico real para la
defensa nacional. Su emplazamiento no es capricho y está directamente
relacionado con dicho interés. Sus señorías coincidirán conmigo en que lo
delicado de los intereses de la defensa nacional hace que no se pueda uno
extender en demasía en estas cuestiones, sobre todo si tienen difusión
pública, pero los grupos parlamentarios tienen una representación en los
lugares adecuados para pedir esta información. Por ello, la colocación de
dichas construcciones en cualquier otro lugar, y sobre todo, según
algunas conversaciones con algunos grupos ecologistas, etcétera, que
vienen a querer decidir por razones ecológicas el lugar donde ellos
estiman adecuada la ubicación de estas instalaciones, es realmente un
argumento pueril y, desde luego, las instalaciones no tienen en absoluto
carácter de meramente auxiliares. Puedo garantizárselo a sus señorías.
Segundo: Las obras e instalaciones que son objeto de este debate están
absolutamente fuera del parque nacional de Famara, y eso se puede
comprobar con la cartografía oficial de la Ley de Espacios Naturales del
Archipiélago canario, donde se ve claramente que están fuera y no dentro.
Hay determinados conceptos donde ya por aproximación es posible que las
costas de Africa estén en la zona de amortiguación del parque natural de
Lanzarote.
También es absolutamente falso que por cualquier motivo las obras puedan
considerarse ilegales. Hay todo un rosario de actuaciones que se pueden
demostrar cronológicamente
de forma perfectamente clara y precisa, de manera que el Ministerio de
Defensa, bajo el Gobierno socialista anterior, ha cumplido
escrupulosamente con la legalidad vigente. Y ha marcado todos los pasos,
incluso ha ido más allá porque después de la declaración de interés
estratégico para la defensa de dichas obras, el Ministerio ha dado más
pasos de aquellos a los que legalmente estaba obligado, con lo cual lo
que está intentando es tener ese respeto con el medio ambiente pese al
uso de defensa de dichas instalaciones. En particular, y esto es
llamativo, el Ministerio de Defensa solicita y obtiene de la Consejería
de Política Territorial del Gobierno de Canarias autorización para
construir en suelo rústico, que es preceptivo y es competencia de esa
Consejería. Y se le concede sin más limitación que la de edificar una
sola planta.
Sin embargo, en la autorización condicionada en ningún momento se hace
referencia a la existencia de flora protegida en la zona. Y las
edificaciones se han llevado a cabo con estricta sujeción al proyecto y a
la autorización concedida. Además --y se puede constatar personalmente--
están construidas según el estilo, forma y usos habituales de la isla de
Lanzarote. Es más, muy cerca está la ermita de Las Nieves, construida de
la misma manera, que, desde el punto de vista incluso del impacto visual,
es mucho mayor que el de las instalaciones que estamos considerando.
Hay un cuarto punto que es importante considerar, que es que el derribo
de las obras puede realmente producir un daño ecológico mayor que el que
supuestamente se ha causado. Porque la restitución del terreno donde
están las construcciones a como estaba al principio es prácticamente
imposible a corto y medio plazo. Tenemos la sospecha de que lo que
realmente se trata es de llevar a cabo lo que podríamos llamar
eufemísticamente una venganza ecológica para ejemplo público. Pero lo que
no se va a conseguir es el efecto restaurador que se quiere lograr sólo
nominalmente.
El nuevo incremento de la actividad en la zona, el polvo, los escombros,
la posibilidad de la escorrentía... A mí me hizo mucha gracia cuando me
comentaron antes una zona turística. Yo espero que vaya lastrado con
plomo para que no salga volando en el altiplano de Famara. Hay que estar
allí, yo he estado allí el viernes pasado. A veces se tiende a hablar de
lo que no se conoce por informaciones de terceras personas, y eso lleva a
cometer errores de bulto.
Pues bien, con toda probabilidad --lo digo claramente--, la yesquera roja
no tiene valor turístico, porque creo que los turistas no serán capaces
de localizar en veinte o veinticinco metros una yesquera roja, que no
está asociada, como una tunera o como una tabaiba, sino que hay que
buscarlas prácticamente con lupa, porque no están asociadas de una forma
evidente y clara. Luego de valor turístico, nada. Yo estoy seguro que
cualquiera va allí y pisa una joya biológica de Lanzarote sin saber que
la está pisando.
Sin pretender minimizar el posible daño causado, lo que sí constatamos,
por lo que estamos diciendo, es que este daño ha sido magnificado de
forma intencionada. Y existen indicios racionales de que en la zona,
presumiblemente, se han producido daños ecológicos de mucha mayor
consideración, y posiblemente se siguen producido ahora, sin que sean
objeto de denuncia ni de ninguna acción restauradora. Les voy a dar unos
ejemplos clarísimos. Las construcciones --he visto con satisfacción que
por aquí corren unas fotos que lo demuestran claramente, sería
conveniente que SS. SS. las vieran-- están al borde de una carretera
existente, es una carretera que no ha sido construida específicamente con
fines militares, sino que lleva a la ermita de Las Nieves, es un doble
acceso que va desde Teguise a la ermita de Las Nieves. Porque la actual,
la vieja, como decimos nosotros, está llena de baches y se cae uno
dentro. Esta nueva no ha sido construida por los militares, y las
instalaciones están justo al borde.
Pues bien, la construcción de la carretera cruza esa colonia de yesqueras
y probablemente habrá producido un daño ecológico infinitamente mayor que
el que pueden haber producido estas obras militares, el cual,
supuestamente, según dice un biólogo tan prestigioso como Wolfredo
Wildpret, catedrático de la Universidad de La Laguna, en el caso de
haberse producido por esa dispersión de las plantas que les comentaba,
afectaría a veinte o treinta plantas, no más. Por tanto, la afirmación
periodística, que también se ha hecho en esta Comisión, diciendo que se
ha arrasado una colonia, es demagógicamente falsa. Yo he estado al lado y
he tenido la oportunidad de ver cómo están empezando a tornar de verde en
roja, porque también para saber eso hay que estar allí y hay que verlo.
El PIOT de Lanzarote, curiosamente, y hablamos de los daños ecológicos
supuestamente causados y que se pueden seguir causando, clasifica los
terrenos de esa altiplanicie como rústicos de potencial uso agrícola, con
lo cual resulta que hay otras actividades humanas que en el pasado --y
esto en esa foto también se ve con un hermoso cercado, con un enarenado
verde, no acorde con el medio ambiente-- obviamente han producido muchos
más daños, hasta a la propia ermita, y nadie está pidiendo que se arregle
la ermita ni que se le diga al señor que está plantando papas que las
quite de allí.
Esto está magnificado y no tiene nada que ver con la protección
ecológica. Hay otras razones detrás. También yo, señor Frutos, he estado
anoche --perdón que lo aluda-- cuarenta minutos, desde las once hasta las
doce menos veinte, hablando con los ecologistas, y mantienen una postura
radical de defensa de una posición que no tiene que ver nada con el medio
ambiente; es un enquistamiento con el Ministerio de Defensa. Ninguna voz
se ha levantado para denunciar esas supuestas agresiones. Y también tengo
que decir que los militares han sido en la protección del perímetro
absolutamente escrupulosos, poniendo una alambrada, como bien dice, en
precario para evitar otros choques y otras dificultades. Pero
curiosamente --y eso lo reconoce en una nota interior un biólogo del
Gobierno de Canarias-- es probable que los manifestantes que cada domingo
van, como en una romería ecológica, caminando alrededor de las
instalaciones y poniéndose enfrente pueden haber pisoteado y producido un
daño mayor a las yesqueras rojas que el que se ha producido en las veinte
o treinta plantas de la edificación. Estamos frente a un asunto
absolutamente
tergiversado, donde se pulsa la sensibilidad ciudadana, muy lógica, con
un cúmulo de circunstancias falsas. Pero yo creo, señor Frutos, porque
reconozco perfectamente su interés personal y el de Izquierda Unida por
el medio ambiente, y lo valoro, que lo intentan utilizar para algo que no
es un noble fin ecológico.
Pues bien, diría más. No es la presión popular, es la sensibilidad del
Partido Popular, que no es lo mismo, a través del Ministerio de Defensa y
de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias --donde
en virtud de unos pactos con Coalición Canaria hay una consejera del
Partido Popular--, la que ha hecho que estén ya trabajando en la línea de
suscribir un convenio que permita estudiar los mecanismos de
enraizamiento y de propagación de la yesquera roja. Porque no sé si saben
también sus señorías que los biólogos no tienen muy claro cuáles son esos
mecanismos, y probablemente ésta es la oportunidad de que con
financiación de la Consejería de Política Territorial y del Ministerio de
Defensa podamos saberlo. Por eso yo temo que los tres meses de la
enmienda socialista, o los que se esté dispuesto a admitir, son muy
voluntaristas, y no sé si científicamente será posible decidir los temas
tan claramente en ese tiempo. Lo que sí es lógico es, primero, que el
Ministerio de Defensa intente no producir ningún daño más, con lo cual,
curiosamente, el acotamiento del terreno por usos militares lo que puede
es preservarlo, con un reglamento de usos adecuados, de posibles acciones
incontroladas y de nuevos daños a la flora. Y además hay una voluntad de
conocer profundamente este tema y de que sirva de alguna manera de
precedente para que se hagan perfectamente compatibles los usos de la
defensa con los del medio ambiente.
Yo no sé si por la pasión de hablar de los temas de nuestra tierra, de
los que conocemos bien, me he extendido un poco más de la cuenta, y les
agradezco su atención. Independientemente de cuál sea la voluntad de los
distintos grupos, creo que la posición correcta, la que es respetuosa
--como dice precisamente la justificación de nuestra enmienda de
modificación-- es la del Partido Popular, ya que la preservación del
medio ambiente es perfectamente compatible en este caso con los intereses
de la defensa nacional. Por lo cual, sin proceder a la demolición de las
instalaciones realizadas, se propone que se realicen acciones de estudio
y correctoras necesarias para preservar la flora en los terrenos
colindantes.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la otra enmienda presentada,
tiene la palabra la señora García-Hierro, del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Buenos días, señoras y señores
Diputados, señor Presidente. Intervengo en representación del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar la posición ante la proposición no de
ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
así como para la defensa de la enmienda de sustitución presentada por mi
grupo.
La proposición que se presenta por Izquierda Unida pretende el derribo de
las instalaciones de observación para la seguridad nacional, dentro del
objetivo de control de la costa atlántica al norte de Africa. En
concreto, se hace referencia a unas instalaciones del Batallón de Guerra
Electrónica, creado en 1984, que se ubican en dos parcelas adquiridas en
abril de 1989 por el Ministerio de Defensa en las proximidades de la
ermita de Las Nieves, en la isla de Lanzarote, suelo catalogado como
rústico y agrícola, que permite diversos usos y edificaciones,
unifamiliares, almacenes de uso social, etcétera, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote.
Se trata de una edificación de unos 400 m2 aproximadamente, situada
frente a una carretera preexistente --ya se ha dicho aquí--, al lado de
la ermita de Las Nieves, ermita visitada efectivamente de manera masiva,
y junto a cultivos y plantaciones nada autóctonos ni familiares con la
yesquera roja. Las citadas instalaciones están fuera de la zona
delimitada como espacio natural. El lugar se consideró idóneo por el
Ministerio de Defensa, dada su proximidad a la costa africana, para el
mejor cumplimiento del objetivo citado de seguridad y defensa nacional, y
una vez desestimada la anterior propuesta del Ministerio de la Defensa
por motivos también de impacto medioambiental y que estaba situada en el
Parque Natural de Lanzarote, en el municipio de Teguise. Es claro que
estas instalaciones no se encuentran en modo alguno ni dentro del espacio
natural del parque ni en su área de influencia, que por tanto está
protegida. No obstante, las citadas instalaciones de la Unidad de
Transmisiones se encuentran en un área declarada reserva de la biosfera,
según acuerdo de la Unesco de 13 de octubre de 1993; afectan a una de las
colonias de yesquera roja de Famara, especie de la flora vascular
silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, que goza de especial
protección, de acuerdo con la Orden de 20 de febrero de 1991, y está a su
vez registrada en la Directiva de Hábitat de la Comunidad Europea,
quedando por ello sometidas a la protección y al control, de acuerdo con
la normativa legal vigente, de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se trata, por tanto, de unas obras legales, que se construyen al amparo
de los correspondientes permisos legales, de acuerdo con la Resolución de
28 de julio de 1992 de la Dirección General de Política Territorial, que
autoriza la construcción de las mismas ajustándose a lo establecido en el
PIOT de 1973, de uso permitido y remitiéndose la solicitud de licencia
para que se presente ante el Ayuntamiento de Teguise. Asimismo, y de
acuerdo con la Resolución de 22 de julio de 1994 del Ministerio de
Defensa, se declara obra de carácter urgente y excepcional para el
interés público, en razón de los fines de defensa nacional. Y de acuerdo
con la Orden 8/1987, de 11 de febrero, la Comandancia de Obras de
Canarias comunicaba el 25 de agosto de 1994 al Ayuntamiento de Teguise
que las obras comenzarían el 26 de julio de 1995, sin que el Ayuntamiento
objetase nada en contra hasta el 5 de noviembre, que resolvía la
suspensión de las obras sin tener en cuenta lo especificado en torno a la
legalidad de las mismas y en torno a las competencias del Ministerio de
Defensa. Por tanto, desde el punto de vista legal no se ha cometido
ningún error administrativo ni irregularidad. Y queremos que quede
constancia de que el procedimiento seguido ha estado ajustado
a derecho, ha sido transparente, a pesar del carácter excepcional de la
obra de la instalación que estamos tratando.
Ahora bien, desde el punto de vista del impacto medioambiental o
ecológico en la protección y preservación de la yesquera roja, puede
observarse que por parte de las administraciones competentes quizá no
haya habido el celo suficiente en este caso y en los otros casos citados;
ermita, cultivos, romerías, carretera que accede al lugar, etcétera. Se
trata, por tanto, de proteger una especie de la flora en la que nosotros,
el Grupo Socialista, coincidimos con la opinión pública, expresada por
diversos sectores sociales y políticos de Lanzarote, en que deberán
tomarse medidas que permitan, primero, evaluar el daño o el impacto
causado a la yesquera roja; segundo, su posible recuperación en las zonas
afectadas. Por ello proponemos (y quiero hacer una aclaración al portavoz
de Izquierda Unida, que ha leído una enmienda que corresponde a un primer
borrador, que estudiamos, pero que no es la enmienda formalmente
presentada, aunque ésta recoge en términos generales lo mismo), como
digo, proponemos que se haga un informe por el recién creado Ministerio
de Medio Ambiente. Se ha dicho que existe una sensibilidad muy especial
por parte del Grupo Popular respecto a los temas de medio ambiente y a
este problema en concreto. Nosotros en absoluto dudamos de ello, pero nos
extraña que en el contenido de la enmienda alternativa que presentan no
se haga ninguna mención expresa a la participación de este Ministerio, y
sí que sea el Ministerio de Defensa y el Gobierno canario quienes hagan
el estudio y la regeneración de la zona afectada. A nosotros nos parece
que sería justamente el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el
Ministerio de Defensa y con la Comunidad Autónoma, en el marco de las
competencias que cada una de ellas tiene, los que tendrían que hacer un
informe que nos permitiera tener una opinión con rigor de hasta dónde han
llegado los daños producidos por la construcción de la Unidad de
Transmisiones en la yesquera roja o en cualquier otra especie autóctona.
El estudio y las consecuencias que sobre el mismo se derivaran nos
permitirían, yo creo, tomar una posición más rigurosa en torno a si es
precisa la demolición de las actuales instalaciones. Nosotros creemos que
en ese estudio pueden participar expertos de prestigio reconocido,
expertos de la Unesco, para así salvaguardar, de alguna manera, la
inquietud que el señor Frutos ha manifestado. Nosotros creemos que sería
por parte de las autoridades competentes un gesto positivo que
tranquilizaría a todos los que queremos actuar de manera sensata y seria
en el respeto de lo que es defender la seguridad nacional con la
compatibilización, efectivamente, del medio ambiente. Porque creemos que
no se trata, en absoluto, de una batallita entre partes. Se trata de un
asunto de enorme importancia, como es la seguridad nacional de un Estado,
con la compatibilidad y la defensa también de algo que es patrimonio no
sólo de los ciudadanos de Lanzarote, no sólo de los ciudadanos canarios y
de nuestro país, sino de la humanidad.
Y al margen del énfasis y de dónde queramos poner el acento, creo que
estamos todos obligados a buscar una solución, la solución que permita el
menor deterioro para la yesquera roja existente en Lanzarote, pero es
evidente que esa solución tiene que estar soportada en esos informes a
los que hace referencia nuestra enmienda, porque de esa manera estaremos
cumpliendo con nuestra obligación, la obligación que tenemos de preservar
ambos derechos, el derecho a la seguridad y el derecho a un medio
ambiente adecuado para nosotros y para las generaciones futuras. No puede
ser sólo un discurso. Quienes representamos a los ciudadanos tenemos que
hacer un ejercicio de responsabilidad y de compatibilidad, que yo creo
que es posible, ante la opinión pública, por la intranquilidad y por la
preocupación del deterioro que se haya podido producir y que nosotros
desconocemos hasta dónde alcanza. Efectivamente hay informes de expertos
que dicen que alcanza a veinte o treinta plantas. Hay otros informes
también de responsables del Gobierno canario, muy recientes, de este
mismo año, del mes de mayo, que dicen que la afectación ha sido mucho más
crítica. Como nosotros lo que queremos es actuar en rigor, creemos que
nuestra enmienda posibilita que esta Cámara actúe en un tiempo prudente.
Decía el portavoz del Grupo Popular que podría aceptarla si se ampliara a
seis meses. A nosotros nos parece bien, porque todo lo que sea que ese
informe se haga por personas rigurosas, aceptadas por las
administraciones, sin ningún perjuicio y ningún tipo de prevención ni de
apriorismos por nadie, sería bueno que lo pudiéramos discutir, conocer
cuál es el alcance de los daños y cuáles son las propuestas que se
plantean para la regeneración y para, sobre todo, la preservación de la
yesquera existente en Lanzarote.
Esa es nuestra voluntad, una voluntad de compromiso, sabiendo que es
difícil no contestar a algunas de las cuestiones que se han dicho aquí, y
a mi grupo quizá en este momento simplemente le quepa la satisfacción de
decirle al portavoz del Grupo Popular que en este asunto, como en otros
tantos, hemos actuado en la defensa de los intereses de los ciudadanos
españoles de la manera yo creo que más acertada posible. Por eso la
gestión del Ministerio de Defensa queda claro que ha sido legal, que ha
sido transparente y que no se puede en ningún caso justificar que ha
habido ninguna violación del derecho, queda claro que ha habido ese
respeto y queda claro también que nosotros defendemos la Ley 4/89 que
protege las especies como ésta. Es una herencia que ustedes reciben y que
ahora que gobiernan tendrán la dificultad de hacer compatibles intereses
que tienen que serlo, que deben serlo y que pueden serlo, y que a veces
pueden parecer ante la opinión pública, según se argumenten,
incompatibles. Sinceramente creo que se manifestará el interés y la
sensibilidad del Grupo Popular si admite que al menos el Ministerio de
Medio Ambiente tenga algo que decir en ese informe, en la planificación y
en las propuestas que se hagan de acuerdo con la recuperación y la
protección de la yesquera roja.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, después de la intervención de
la portavoz del Grupo Socialista, muy detallada en todo lo que hace
referencia al tema de permisos, y también después de la brillante y
espléndida
exposición del portavoz del Grupo Popular, señor Medina --y lo cito para
que conste en el «Diario de Sesiones» nuestra admiración por ello--,
nuestro grupo saca la conclusión de que le parece oportuna la proposición
no de ley porque al menos nos permite tener demostración en la Comisión
del respeto con el medio ambiente. De todas maneras, no podemos estar de
acuerdo con el texto de la proposición no de ley. Es un texto que me
parece muy radical en estos momentos. Nuestro grupo también ha recibido a
representantes de los ecologistas. En verdad no nos coincide exactamente
lo escrito con lo que vemos en la documentación gráfica --ha corrido otra
por la Cámara esta mañana-- y vemos que la edificación que se ha
construido no ha necesitado grandes e importantes movimientos de tierra
con máquinas excavadoras. Señorías, lo digo porque tengo mucha
experiencia profesional en la cuestión de las infraestructuras,
construcciones, obras de edificación, obra civil, lo que sea en este
tema. El terreno se ve que es relativamente inclinado, pero no hacen
falta esos grandes movimientos, aunque sí los ha habido. También creo que
no han sido dañadas grandes superficies de yesquera roja, porque la mata
está muy dispersa en el territorio.
Por tanto, a nosotros nos parece que proceder al derribo según la
proposición, es muy grave. Se necesita más estudio por la Consejería y
por el Ministerio. Dice que también debe derribarse la infraestructura de
acceso, cuando verdaderamente no hay infraestructura de acceso en este
momento derivada de la obra, porque la carretera existente va a la ermita
y por tanto el edificio da a la carretera, no hay infraestructura
existente y no se puede inutilizar la carretera, destruirla, y más cuando
es una zona en la que en otros momentos no ha habido ningún movimiento
que haya paralizado los cultivos, que se ven bastantes y mucho más
extensos que la propia construcción.
Por consiguiente, nosotros no podemos votar a favor del texto de la
proposición no de ley tal como se nos presenta. No hablo de la enmienda
del Grupo Popular porque ya ha dicho el proponente que no va a ser
aceptada. Votaríamos favorablemente la enmienda de sustitución que ha
presentado el Grupo Socialista porque incluso habla de la demolición si
los estudios llegasen a esta conclusión. Por tanto, es respetuosa con lo
que se pide en la proposición no de ley, aun cuando deja el interrogante
de que sea el estudio el que determine. En todo caso lo que lograríamos
en la Comisión sería dar toda la fuerza que puede necesitar la defensa de
las colonias de la yesquera roja en la zona. Eso me parece muy positivo.
Podría ser aceptada esta enmienda. El portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha dicho que la iba a aceptar, pero ha
leído un texto que después ha sido variado. Si esta enmienda es aceptada,
nosotros la votaremos favorablemente. Si no es aceptada, nuestro voto
será negativo a la proposición no de ley en su texto original.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, yo no sé si este asunto ha sido
excesivamente magnificado, porque en estos temas la medida de si ha sido
mucho o poco depende de la sensibilidad de cada uno. En cualquier caso,
lo que sí parece claro y contundente es que es una obra ilegal. Que sea
una actuación ilegal no quiere decir que haya que derribarla. No se puede
prejuzgar. Hay que ver si es legalizable o no es legalizable. Porque si
no, señorías, ¿qué va a ser una obra ilegal? Si esta obra no cumple con
la Ley canaria de protección de la flora y fauna, si no tiene estudio de
impacto ambiental y no tiene licencia municipal ni el preceptivo informe
del Cabildo de Lanzarote, si no cumple estos requisitos, claramente está
al margen de la legalidad. Esto no implica, repito, que pueda ser
legalizable con posterioridad.
Para entendernos voy a dar algunos datos que no se han aportado a la
Comisión. Existen en estos momentos en la zona cuatro colonias de
yesquera roja. Esta planta se extiende en una superficie de alrededor de
200.000 m2 en la zona. El Ministerio del Ejército tiene adquiridos
alrededor de 25.000 metros, que son los que existen en estos momentos
vallados. Y la actuación, donde se han llevado a cabo movimientos de
tierra que han podido dañar esta planta, implica en torno a 1.000 metros.
No debemos pasar por alto que con motivo de la construcción de otra
instalación militar también, ubicada ya en la zona, se destruyó una de
esas cuatro colonias de yesquera roja. Todas las actuaciones --se ha
dicho ya por algunos portavoces pero yo creo que es importante insistir
en ello-- se han realizado fuera, y eso es cierto, de los espacios
naturales protegidos de la zona, y en bien del interés cultural de la
ermita. Pero también es cierto que cuando el Ministerio de Defensa se
dirigió al Ayuntamiento de Teguise demandando licencia municipal, éste
recaba informes del Cabildo de Lanzarote porque era el único cabildo en
aquellos momentos en que se solicita la licencia que tiene en vigor el
Plan Insular de Ordenación del Territorio. Hemos de tener en cuenta que
el Plan Insular de Ordenación del Territorio tiene rango de ley y, por
tanto, para cualquier actuación a realizar dentro del territorio insular
de Lanzarote es preceptivo el informe del cabildo, máxime, como bien se
ha dicho por anteriores interlocutores, cuando el suelo lo califica el
plan insular como potencialmente agrícola. El Cabildo de Lanzarote emite
un informe negativo a la petición del Ministerio de Defensa. Y una vez
que se ha producido la denegación por parte de lo que nosotros entendemos
que es la institución competente para informar la petición de licencia,
que es el cabildo, se dirige a la Dirección General de Disciplina
Urbanística del Gobierno de Canarias, que también deniega la petición de
licencia. Es entonces cuando se recurre ante el Consejero de Política
Territorial de aquellos momentos, que haciendo la interpretación de que
no está en vigor el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que
--repito-- califica el suelo como potencialmente agrícola, sino que
existe el planeamiento general anterior al plan insular que lo calificaba
de rústico, otorga licencia a la construcción demandada por el Ministerio
de Defensa, con la condición de que no sean dos plantas, como se prevé en
un principio, sino que se construya una sola planta.
Se ha dicho también por parte del proponente de la iniciativa no de ley
que de la yesquera roja, dentro de la Ley
canaria de protección de la flora y fauna, existen catalogadas unas
plantas que son de máxima protección, y otras que no. Precisamente la
yesquera roja tiene el calificativo de máxima protección. No podemos
pasar por alto tampoco en esta Comisión, como representantes del pueblo,
que es curioso que el Cabildo de Lanzarote, los siete ayuntamientos, los
colectivos empresariales y sindicales, todas las asociaciones,
absolutamente todo Lanzarote, todas las organizaciones que he citado,
están por el derribo de la instalación construida.
Yo creo que también hay que poner en la balanza, a la hora de adoptar una
decisión, la opinión técnica. Existen opiniones técnicas en el sentido de
que probablemente es peor el remedio que la enfermedad; que el llevar a
cabo el derribo de la obra puede suponer un deterioro mayor en la zona
que el producido ya con la construcción de la misma. Por eso parece
razonable y coherente la enmienda propuesta por uno de los grupos, en el
sentido de evaluar el impacto producido por las obras para ver si son
legalizables o no lo son y, en función de ese informe, actuar. No debemos
restringir el informe al Ministerio de Medio Ambiente, tenemos que tener
en cuenta que estamos en un Estado de las autonomías, y en este caso
tiene que escucharse con bastante atención la posición del Gobierno de
Canarias, la posición de la Consejería de Política Territorial del
Gobierno de Canarias.
De lo que se deduzca de ese estudio de evaluación en cuanto a si hay que
derribar la construcción o conservarla, lo que sí parece claro es que
tendremos que buscar un acuerdo del Ministerio de Defensa con la
Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, dada la
amplia superficie que tiene el Ministerio de Defensa en esta zona, para
que el entorno sea declarado sitio de interés científico, de acuerdo con
lo que prevé la legislación canaria de espacios naturales protegidos.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, dado que las intervenciones de los
portavoces de los grupos que habían presentado enmienda, sobre todo la
del Grupo Popular, han excedido lo que es la simple presentación de la
enmienda, le voy a conceder la palabra para un turno de réplica y para
que deje muy clara la posición del proponente sobre las enmiendas que se
han presentado.
El señor FRUTOS GRAS: Voy a ser muy breve. Anuncio que acepto la segunda
propuesta del Grupo Socialista, incluso con la enmienda «in voce» del
Partido Popular. Ya nos veremos las caras dentro de tres meses o dentro
de seis, no hay prisa. Si hay daño, ya está hecho. Si se puede enmendar
el daño, lo enmendaremos. Creo que el señor Medina ha dicho que esto
puede ser una venganza. Desde el discurso funerario de Marco Antonio ante
el César, ya sólo los discursos me gustan estéticamente, pero los
contenidos me los creo si realmente son creíbles. El suyo no me parece
creíble: son las argumentaciones que yo siempre he escuchado en el
momento que se intenta vender algo, que al cabo de un tiempo se demuestra
con argumentos científicos rigurosos que no era vendible.
Permítame, señor Medina, que le conteste de la misma manera que usted ha
intentado decir que era un ingenuo, que estaba instrumentalizado por
determinados grupos ecologistas radicales, etcétera. Yo las cosas me las
creo cuando empíricamente se demuestra que se corresponden con el
envoltorio, lo que el representante de Convergència i Unió ha expuesto
como brillante discurso para figurar en los anales de la Cámara.
Yo acepto esto porque me parece que tenemos tiempo para irlo viendo.
Además, me da la impresión de que da bastante margen a las gentes que en
cualquier sociedad son normalmente la vanguardia, en este caso concreto
el movimiento ecologista en sus diversas vertientes y en su pluralidad,
pues son los que más conciencia han ido creando a lo largo de los años en
la sociedad.
Esta mañana he escuchado en la radio que teníamos dificultades en España
para la exportación de determinados productos porque utilizábamos mucho
PVC. Incluso Alemania, con un pensamiento conservador como el que
representa el señor Khol, ha tenido que recoger en sus programas
concretos, como partido y como Gobierno, toda una serie de elementos que
el movimiento ecologista ha ido defendiendo durante muchos años, y que
durante muchos años también ha estado en la más absoluta soledad, siendo
tratado en muchos casos --como a veces les trata aquí todavía-- de
personas fuera de la realidad, fuera de la vida.
Hagamos con la yesquera roja, con un parque natural, con la protección
del medio ambiente en general, un compás de espera de seis meses, veamos
lo que hay, y, en todo caso, tomenos nota de cómo se han hecho las cosas
para en otra ocasión hacerlas de otra forma y mejor.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego que nos haga llegar
exactamente cómo queda la redacción
Tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Quisiera decir que lo que añade a
nuestra enmienda es ampliación del plazo y, en unas circunstancias donde
se permita por razones medioambientales, poderlo hacer en ese plazo.
Nosotros estamos de acuerdo, pero hay un compromiso en esta enmienda que
esperamos que se cumpla por parte de las administraciones competentes, en
este caso Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Defensa y Gobierno
canario, para en un plazo no superior a seis meses, comparecer ante esta
Comisión y darnos cumplida información no sólo oral sino escrita, de
todas las investigaciones que al respecto se hayan llevado a cabo. Eso
nos permitirá abundar en lo que decía al final de mi intervención. Como
dicen en mi tierra, hechos son amores y no buenas razones.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de este sexto punto, suspendemos
la Comisión hasta las trece horas en punto.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las
proposiciones no de ley que han sido debatidas.
Primera proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que
impulse, en coordinación con las Administraciones Autonómicas,
provinciales y locales, un plan extraordinario de inversiones para
afrontar la renovación de las redes de suministro de agua potable. Esta
proposición no de ley se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
La segunda proposición no de ley es la relativa a la prohibición de los
contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y elaboración de un plan
nacional de prevención de la contaminación marina. También se vota en su
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición no de ley número 3, sobre construcción de diversas autovías
en la Comunidad Autónoma de Galicia. Se vota en los términos de la
enmienda propuesta por el Grupo Socialista, con las modificaciones
propuestas a su vez a esa enmienda por el señor Vázquez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
La proposición no de ley relativa a la adhesión de España a la
Organización Europea para la seguridad de la Navegación Aérea
(Eurocontrol) ha sido retirada por el grupo proponente.
La proposición no de ley número 5 es la relativa a las normas de
desarrollo del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres precisas para completar y hacer efectiva la regulación del
transporte sanitario. Esta proposición no de ley se vota en los términos
de la enmienda propuesta in voce por el Grupo Popular y aceptada por el
Grupo Socialista, proponente de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa al derribo de las obras de edificación e
infraestructura de acceso en el risco de Famara, situado en la zona de
amortiguación del Parque Natural de Lanzarote y reserva de la biosfera de
Lanzarote, y a su ubicación, si fuera necesario, en otro lugar, previa
evaluación de los daños ambientales y la regeneración de la zona. Se vota
en los términos de la enmienda del Grupo Socialista, con las
modificaciones propuestas por el Grupo Popular y aceptadas por el Grupo
Socialista y el grupo proponente de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.