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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 32, de 20/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 32
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 20 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA
Comparecencia de la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón), para informar sobre:
--Líneas generales de la política de su Departamento a petición propia.
(Número de expediente 213/000010) (Página 534)
--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento, a
solicitud del Grupo Socialista. (Número de expediente 213/000013)
(Página 534)
--Líneas generales y proyectos a desarrollar por su Departamento, a
solicitud del Grupo IU-IC. (Número de expediente 213/000030) (Página 534)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y
Mirón), PARA INFORMAR SOBRE:
--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO, A PETICION PROPIA.
(Número de expediente 214/000010.)
--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO, A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000013.)
--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO, A
SOLICITUD DEL GRUPO IU-IC. (Número de expediente 213/000030.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Comenzamos la sesión de la Comisión de Justicia e Interior cuyo único
punto del orden del día es la comparecencia de la señora Ministra de
Justicia, que ha sido solicitada por el propio Gobierno y por dos grupos
parlamentarios.
De acuerdo con lo que resolvimos en reunión de la Mesa y los portavoces
de los grupos y la decisión tomada en nuestra última reunión, se acumulan
todas las peticiones, la formulada por el Gobierno y la formulada por los
grupos parlamentarios. En el marco de esta decisión tiene lugar la
comparecencia de la señora Ministra.
Me da la impresión de que, en razón de las fechas de la constitución del
nuevo Gobierno, es la primera vez que la señora Ministra de Justicia
tiene la oportunidad de comparecer ante la Cámara, al menos ante esta
Comisión.
Por supuesto, a la Comisión le cabe el oficio de estudiar, corregir,
aprobar o rechazar las iniciativas del Gobierno; le cabe también el
oficio de controlar la actuación del Gobierno y, en concreto, de la
señora Ministra, pero, dentro de este marco de actuaciones, creo que
puedo expresarle, en nombre de todos, el deseo de que acierte, porque, en
buena parte, sus aciertos serán aciertos de todos.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Con la venia
del señor Presidente.
Señorías, constituye para mí un honor comparecer por primera vez ante
esta Comisión de Justicia e Interior para informar a SS. SS. acerca de
las líneas básicas de la acción del departamento del que soy titular.
El Ministerio de Justicia, como SS. SS. saben, es el departamento
ministerial al que corresponde gestionar las competencias del Gobierno en
materia de administración de justicia, pero quiero subrayar que la
competencia del Ministerio se extiende también a otras materias que no
pertenecen al campo de la administración de justicia, aunque ciertamente
se refieran a alguna de las más importantes funciones jurídicas del
Estado.
Por eso voy a hablarles, como es natural, de los planes y proyectos del
Ministerio en materia de Justicia, pero también acerca de las demás áreas
del departamento.
La acción de gobierno de este Ministerio en materia de administración de
justicia estará orientada a la consecución de dos objetivos
fundamentales. Primero, desarrollar con plenitud el modelo de justicia
diseñado por la Constitución y, en segundo lugar, lograr una
administración de justicia ágil y eficaz.
En cuanto a l primer objetivo, no deben pensar SS. SS. que la invocación
del modelo constitucional de justicia es un mero adorno retórico. Cuando
he dicho que el Ministerio de Justicia se plantea como objetivo
fundamental la plena realización de dicho modelo estaba pensando
precisamente en la erradicación de una de los males más graves de entre
los que ha padecido la justicia en estos últimos años.
En efecto, uno de los reproches que en los últimos tiempos se han
dirigido con más frecuencia a la justicia ha sido el de su politización.
El reproche es particularmente grave porque está muy arraigado entre los
ciudadanos el convencimiento de que la administración de justicia debe
permanecer lo más alejada posible de las batallas y confrontaciones
políticas. De ahí que el fenómeno de la politización se traduzca
irremediablemente en un deterioro de la confianza de los ciudadanos en la
justicia, que ve así seriamente dañado su prestigio.
La politización de la justicia es además un fenómeno frontalmente opuesto
al modelo de justicia querido por la Constitución, modelo que descansa
precisamente en la idea de alejar el gobierno de los jueces de los
escenarios en los que se desarrolla la confrontación política entre los
partidos, la dialéctica entre el Gobierno y el partido o partidos que le
sustentan y la oposición y el partido o partidos que la ejercen. Por eso,
luchar por erradicar de una vez por todas la politización de la justicia
es tanto como luchar por llevar a efecto el modelo de justicia querido
por la Constitución.
El reproche de politización de la justicia, que tanta extensión ha
alcanzado en los últimos años, ha tenido mucho que ver con dos fenómenos,
en mi opinión, concretos y fácilmente identificables.
En primer término, la reproducción en el Consejo General del Poder
Judicial del mismo esquema de mayorías y minorías políticas existente en
el Parlamento, en virtud de la designación de los vocales por el sistema
de cuotas, esquema que ha dejado sentir sus consecuencias sobre la imagen
de este órgano constitucional.
En efecto, las decisiones del Consejo han aparecido con frecuencia ante
la opinión pública como una especie de correa de transmisión en el ámbito
del Gobierno del Poder Judicial, de la misma fuerza política que tenía la
mayoría en el Parlamento y que lógicamente era la misma que sostenía el
Gobierno.
Otro fenómeno relacionado con el reproche de politización de la justicia
es la idea que ha calado en la opinión pública de la instrumentalización
del Ministerio Fiscal. La experiencia reciente de nombramientos de
juristas procedentes de ámbitos muy próximos al Ejecutivo como fiscales
generales del Estado ha generado la percepción en amplios sectores de la
sociedad de que durante algún tiempo al menos se ha venido actuando como
si la Fiscalía General del Estado --o esa imagen se ha dado-- fuera un
cargo de confianza más, de los muchos que existen en la órbita del
ejecutivo, en vez de un órgano público al exclusivo servicio de la
defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, incluso
frente al Gobierno.
Frente a esta situación, el Gobierno del que formo parte se plantea como
uno de los objetivos fundamentales de su actuación en materia de justicia
el eliminar estos fenómenos y con ello privar de todo fundamento para el
futuro cualquier reproche de politización de la justicia, haciendo que
ésta recupere su prestigio ante los ciudadanos como poder independiente
del Ejecutivo, alejado de las luchas políticas y enderezado únicamente a
hacer efectivo el imperio de la ley.
Con este designio, el ministerio que dirijo orientará su actuación en
tres frentes. Primero, reforzamiento del Consejo General del Poder
Judicial; segundo, reforzamiento de las garantías de la independencia e
imparcialidad y mejora de la cualificación profesional de jueces y
magistrados y, tercero, reforzamiento de la autonomía del Ministerio
Fiscal respecto del Poder Ejecutivo.
El Consejo General del Poder Judicial es, según la Constitución, el
órgano de gobierno del Poder Judicial. La Constitución quiso, por tanto,
confiar el gobierno de la administración de justicia a un órgano
constitucional ad hoc, independiente del Poder Ejecutivo, subrayando de
este modo la efectividad del principio de separación de poderes.
Es claro que este modelo constitucional se burla si el Ejecutivo retiene
una porción sustancial de las competencias en materia de gobierno del
Poder Judicial, que es lo que sucedió precisamente con la Ley Orgánica de
1.º de julio de 1985. La Ley Orgánica 16/ 1994, de 8 de noviembre, ha
devuelto al Consejo parte de las competencias que tenía con la Ley de
1980, que le fueron sustraídas en 1985, como son las de selección de
jueces y magistrados, la potestad reglamentaria hacia ésta y la autonomía
presupuestaria.
Ahora bien, desde otro punto de vista, la citada reforma de 1994 ha
atribuido al Gobierno ciertas competencias que afectan de manera muy
directa a la organización y funcionamiento interno de los juzgados y
tribunales. Así, la competencia para establecer horario y jornada de
trabajo en las secretarías y oficinas judiciales y la determinación de la
estructura, plantillas y, en su caso, horarios y jornadas especiales de
los llamados servicios comunes han quedado encomendadas al Ministerio de
Justicia.
Estas competencias, pese a su modesta apariencia, comportan una
injerencia del Ejecutivo en materias que inciden directamente en el
funcionamiento interno de los órganos jurisdiccionales, que, por su
estrechísima relación con el ejercicio de la función jurisdiccional,
estaban reservadas hasta entonces al Consejo y a los demás órganos
gubernativos del Poder Judicial.
En esta situación, el Ministerio del que soy titular, en cumplimiento del
compromiso expresado por el Presidente del Gobierno en su discurso de
investidura, se propone fortalecer el Consejo General del Poder Judicial
y trabajará para conseguir el suficiente grado de consenso entre las
fuerzas políticas con representación parlamentaria que permita una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que plasme con fidelidad
el modelo constitucional y una justicia independiente gobernada por un
órgano constitucional, independiente del Poder Ejecutivo.
En esta línea, el Gobierno propugnará que en el diálogo entre las fuerzas
parlamentarias no se excluya la consideración de una reforma del sistema
de designación de los vocales del Consejo, dado que los resultados
obtenidos con el sistema establecido en 1985 han sido en gran medida
determinantes de la pérdida de la confianza ciudadana en la institución.
Se cometerá asimismo a la consideración de los grupos políticos
representados en las Cámaras la devolución al Consejo General del Poder
Judicial de las competencias en materia de selección, provisión de
destinos y ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario
de los secretarios judiciales, así como una reconsideración de la
intervención del Ejecutivo en materias que afectan de manera directa al
funcionamiento interno de los órganos jurisdiccionales y el estudio de un
mejor diseño del estatuto judicial.
Por otro lado, la reciente experiencia del bloqueo de funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de la renuncia de
un número importante de sus vocales, aconseja también estudiar la
introducción de mecanismos que eviten que tal situación pueda repetirse
en el futuro.
En orden al reforzamiento de las garantías de imparcialidad e
independencia y de la cualificación profesional de jueces y magistrados,
debo decir que la efectiva realización del modelo constitucional de
justicia requiere también, como he dicho, una actuación política
encaminada al reforzamiento de las garantías de la independencia e
imparcialidad y mejora de la cualificación profesional de jueces y
magistrados.
En esta dirección, en cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos
por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, el
Ministerio de Justicia ha elaborado ya un borrador de anteproyecto de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla una nueva
regulación de la situación de los jueces y magistrados que pasen a
desempeñar cargos políticos por elección popular o designación de
confianza, estableciéndose un período de excedencia forzosa de tres años,
desde el cese en el cargo durante el cual sólo podrían volver al servicio
activo si obtuvieran plaza en un destino que no comporte ejercicio de la
potestad jurisdiccional.
En relación con la mejora de la cualificación profesional de quienes
imparten la justicia, hay que reconocer, en primer término, el esfuerzo
que el Consejo General del Poder Judicial viene realizando para
garantizar la formación permanente de jueces y magistrados y, una vez
asumidas las competencias en materia de acceso a la carrera judicial, la
labor que el Consejo está desplegando para perfeccionar el programa de la
oposición, el desarrollo de las pruebas y, en fin, el posterior curso
teórico y práctico de selección. La adecuada formación de los jueces y
magistrados que acceden
a la carrera judicial mediante oposición libre puede estar así
suficientemente garantizada.
Ahora bien, el Ministerio considera que la actual regulación del acceso a
la carrera judicial a través de los denominados tercer y cuarto turno no
están dando, en términos generales, resultados satisfactorios. Ya en la
última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se intentó paliar
las deficiencias detectadas en el turno de acceso a la categoría de juez
para licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional,
limitando el número de plazas reservadas a este turno y estableciendo un
sistema de concurso-oposición. El Ministerio seguirá con atención la
implantación de este nuevo sistema y valorará los resultados obtenidos,
no descartándose, en caso de no ser dichos resultados del todo
satisfactorios, promover las oportunas reformas de la Ley Orgánica del
Poder Judicial encaminadas a asegurar la completa y adecuada formación de
quienes accedan a la carrera judicial a través de ellos.
De mayor gravedad es seguramente el problema que plantean quienes son
llamados a ejercer la función jurisdiccional como jueces de provisión
temporal, jueces sustitutos y magistrados suplentes, cuya cualificación
profesional ha sido, con referencia a casos concretos, muchas veces
cuestionada. El carácter excepcional que, según la Constitución y la
propia Ley Orgánica, ha de tener el recurso a estos jueces y magistrados
no pertenecientes a la carrera judicial se ha visto desbordado en estos
últimos años por la acuciante necesidad de proveer destinos en juzgados
que no quedaban cubiertos por jueces de carrera y por la dificultad de
atender a las sustituciones a través del sistema ordinario de sustitución
de jueces y magistrados, previsto por la propia ley. Ante esta situación,
el Ministerio de Justicia se propone actuar desplegando el máximo
esfuerzo para lograr una adecuación de las plantillas de jueces y
magistrados de carrera, que haga posible el recurso a estos sistemas de
cobertura de vacantes y sustituciones de forma excepcional.
Otra de las instituciones relacionadas con la justicia que ha visto
deteriorado su prestigio durante estos últimos años ha sido el Ministerio
Fiscal. El deterioro se encuentra estrechamente relacionado, como ya he
dicho, con la percepción por parte de amplios sectores de la opinión
pública de una cierta instrumentalización del Ministerio Fiscal al
servicio de los intereses del Poder Ejecutivo.
Este Gobierno ha asumido, desde el propio discurso de investidura de su
Presidente, el firme compromiso de reforzar la autonomía del Ministerio
Fiscal frente al Poder Ejecutivo, de forma tal que, también respecto del
Ministerio público, encuentre plena realización el modelo constitucional
que lo contempla como órgano que actúa en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público, tutelado por la ley y
no como un apéndice del Gobierno que actúa al servicio de los intereses
propios. En esta línea se sitúa el compromiso del Gobierno de nombrar
Fiscal General del Estado a un miembro de la carrera fiscal y en esta
dirección trabajará el Ministerio de Justicia, promoviendo el diálogo
entre las fuerzas parlamentarias a fin de incorporar al Estatuto orgánico
del Ministerio Fiscal las reformas que sean necesarias para hacer
efectiva esa autonomía, incluyendo una revisión del sistema de
nombramiento del Fiscal General del Estado.
El Gobierno entiende, y así lo defenderá en el proceso de diálogo que
ofrezco en este momento a las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara, que el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal no es
incompatible ni debe traducirse en merma alguna de los principios de
unidad de actuación y dependencia jerárquica, establecidos en el artículo
124.2 de la Constitución.
El segundo de los objetivos fundamentales de la política de este
Ministerio en materia de administración de justicia es el de agilizar la
justicia y mejorar su eficacia. El realismo y la prudencia, que son
valores que deben presidir toda acción de Gobierno, resultan
particularmente necesarios cuando se trata de abordar el problema de la
agilidad y eficacia de la Justicia. Desde estos parámetros de realismo y
de prudencia, se impone, en primer lugar, hacer un adecuado diagnóstico
de la situación actual de la Administración de Justicia que permita
establecer un plan ordenado y armónico de actuación. Con este
planteamiento de partida, la actuación de este Ministerio se desarrollará
en el marco de los siguientes criterios de carácter general.
En primer término, fijación de prioridades. No todos los órdenes
jurisdiccionales están en la misma situación. La gravedad de los
problemas que afectan al orden contencioso-administrativo requiere una
atención prioritaria. También en el orden civil, las dificultades son muy
serias y requieren una inmediata actuación. En el orden penal, que en
términos generales se encuentra en mejor situación que los anteriores, se
plantean no obstante problemas que requieren una respuesta inmediata,
como son los que derivan de la aplicación del nuevo Código Penal. En el
orden social o laboral, en fin, las recientes reformas procesales
aconsejan esperar y evaluar los resultados que se vayan produciendo antes
de plantear ninguna actuación concreta.
En segundo lugar, actuación coordinada sobre todos los factores que
afectan al funcionamiento de la administración de justicia: medios
personales y materiales, organización y normas procesales. Quiero
subrayar especialmente que las reformas procesales por sí solas no
remedian los problemas, como ha demostrado la experiencia de los últimos
años, en los que se han producido numerosas reformas de leyes procesales
sin que se hayan podido lograr mejoras sustanciales en la agilidad y
eficacia de la administración de justicia.
Finalmente, una acción de Gobierno guiada con el propósito de construir
bases sólidas sobre las que pueda asentarse una justicia ágil y eficaz
ahora y para el futuro. No se descarta, evidentemente, la adopción de las
medidas coyunturales que sean necesarias para aliviar de inmediato
situaciones especialmente difíciles, como puede ser el grave atasco que
padece la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la
actuación del Ministerio no se limitará a la respuesta inmediata de estos
problemas urgentes.
Para la mejora de la justicia en términos de agilidad y eficacia, el
Ministerio se ha propuesto una serie de objetivos, de carácter general
algunos y otros referidos específicamente a cada uno de los órdenes,
ramas o especialidades
de la jurisdicción. Los objetivos de carácter general son los siguientes:
En primer lugar, en cumplimiento del compromiso adquirido por el
Presidente del Gobierno ante esta Cámara, se abordará la regulación
procesal de la tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales
ordinarios. El artículo 53.2 de la Constitución aún no ha sido
desarrollado en este punto. Estamos, pues, ante una muy importante
asignatura, todavía pendiente, en materia de desarrollo constitucional.
No significa esto que actualmente los ciudadanos no puedan lograr la
tutela de sus derechos y libertades fundamentales ante los tribunales
ordinarios; pueden hacerlo en el marco de los procesos ordinarios y de
los recursos y también a través de los cauces especiales previstos por la
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, y otras leyes especiales. Ahora bien,
estos procesos no aseguran la rápida respuesta jurisdiccional exigida por
el artículo 53.2 de la Constitución, al referirse a un procedimiento
basado en los principios de preferencia y sumariedad.
El Gobierno considera que no debe prolongarse por mucho más tiempo esta
situación, nada beneficiosa para deslindar mejor los ámbitos del Tribunal
Constitucional y de los tribunales ordinarios. Por tanto, el Gobierno
promoverá el estudio y diálogo precisos para lograr, con el máximo
consenso posible, el cumplimiento de lo expuesto en el artículo 53.2 de
la Constitución. Es de esperar, por lo demás, que la reforma del artículo
240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya iniciada allane el camino
para resolver este problema.
Entre los objetivos de carácter general, se encuentra también el de
completar la reforma de la asistencia jurídica gratuita, mediante la
elaboración y aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 1/1996,
de 10 de enero. El plazo que la ley concede al Gobierno para la
aprobación del reglamento finaliza el próximo día 12 de julio. He de
anunciar a SS. SS., sin embargo, que el Ministerio ha preparado un
proyecto de Real Decreto-ley, que será sometido a un próximo Consejo de
Ministros, prorrogando seis meses el citado plazo así como la entrada en
vigor de la ley. La medida, que se ha puesto en conocimiento de las
representaciones institucionales de abogados y procuradores, ha venido
determinada por la necesidad de culminar satisfactoriamente el proceso de
conversaciones que se están manteniendo con dichas representaciones, en
orden a la elaboración de los anexos previstos por el Reglamento,
especialmente al que se refiere a los módulos y bases económicas que han
de regir la retribución de los abogados y procuradores designados de
oficio.
Por otro lado, el proyecto de reglamento se ha remitido al Consejo
General del Poder Judicial y se encuentra en este momento pendiente de su
informe. El Gobierno confía, no obstante, en que no será necesario agotar
el plazo de la prórroga y que el reglamento podrá estar aprobado no más
tarde de septiembre u octubre.
El tercer y último objetivo de carácter general en orden a agilizar y
hacer más eficaz la justicia se concreta en la mejora en cuanto a medios
personales y materiales al servicio de la administración de justicia.
Este es uno de los factores que de manera más directa puede contribuir a
un mejoramiento general de la justicia. Por tanto, el Ministerio, en
aquellas comunidades en las que aún no se han transferido las
correspondientes competencias, prestará una muy especial atención a este
objetivo, dirigiendo su esfuerzo hacia las siguientes metas: En primer
lugar, se estabilizarán las plantillas de personal mediante la
convocatoria de oposiciones para lograr la cobertura de las plazas por
funcionarios no interinos. En segundo lugar, continuará y se
perfeccionará el programa de formación del personal al servicio de la
administración de justicia. Finalmente, continuará, y se intensificará en
lo posible, la informatización de los órganos jurisdiccionales, siguiendo
con la política de convenios de colaboración con las comunidades
autónomas y procurando, en todo caso, que el proceso de informatización
se desarrolle de manera racional, con equipos compatibles que puedan
servir de base al establecimiento de redes.
Por lo demás y como SS. SS. conocen perfectamente, la gestión de los
medios materiales y del personal al servicio de la Administración de
Justicia se encuentra ya transferida en diversa medida a las comunidades
autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. Es
voluntad del departamento completar el proceso de transferencias con
estas comunidades, resolviendo a la mayor brevedad las cuestiones
pendientes, así como iniciar el proceso de transferencias con las
comunidades que así lo han solicitado, estando prevista a este respecto
la inmediata iniciación de conversaciones con el Gobierno canario.
Para avanzar en la consecución de una justicia ágil y eficaz son también
imprescindibles medidas específicas que den respuesta a los problemas
particulares que se presentan en cada uno de los órdenes
jurisdiccionales.
Respecto del orden contencioso-administrativo, como ya tuve ocasión de
informar ayer en el Pleno a SS. SS., la situación de verdadero colapso en
que se encuentra el orden contencioso-administrativo será objeto de
atención prioritaria por parte del departamento. El remedio definitivo de
los males que aquejan a este orden jurisdiccional está indisolublemente
unido al efectivo desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, sobre los juzgados de
lo contencioso-administrativo. El Ministerio se compromete a trabajar
para conseguir este objetivo en el más breve plazo posible. No obstante,
la implantación de estos nuevos órganos no parece factible de manera
inmediata, habida cuenta de las dificultades que han de solventarse
previamente, y que no son sólo presupuestarias.
En este sentido, un esfuerzo del Consejo General del Poder Judicial, en
orden a proporcionar la necesaria formación especializada a un número
suficiente de magistrados, podría allanar considerablemente el camino.
Entretanto, el Gobierno se compromete a continuar, y en lo posible a
intensificar, la adopción de medidas de refuerzo que puedan contribuir a
aliviar la excepcionalmente grave situación por la que atraviesan los
tribunales del orden contencioso-administrativo. Por otro lado, el
Ministerio está trabajando ya en la reforma procesal
contencioso-administrativa y puedo anunciar a SS. SS. que el proyecto
será presentado en esta Cámara antes de que finalice el presente año.
Particularmente crítica es la situación de la sala de lo
contencioso-administrativo de la audiencia Nacional. Para hacer frente a
esta situación, se están estudiando ya medidas concretas, que van más
allá del mero refuerzo y que se adoptarían sin esperar a la necesaria
reforma global. En primer lugar, tenderíamos a un incremento de la
plantilla de magistrados titulares, sin aumentar el número de secciones,
de tal manera que las actuales pasarían de tres a cinco magistrados. En
segundo lugar, descargar a las secciones de la Audiencia Nacional de los
asuntos de pequeña cuantía, creando simultáneamente, mediante las
correspondientes reformas parciales en la Ley Orgánica del Poder Judicial
y en la Ley de Demarcación y Planta, órganos unipersonales en el ámbito
de la Audiencia Nacional --juzgados centrales de lo
contenciosos-administrativo, si se quiere-- que asumirían dichas
competencias. Estas medidas, lógicamente, requieren un cuidadoso estudio
que se está efectuando ya por el Ministerio y, en la medida en que fueran
necesarias reformas en la Ley Orgánica, el Gobierno trabajaría para
lograr el máximo apoyo de su señorías.
Pasando al orden jurisdiccional civil, el Gobierno considera que no debe
aplazarse más la reforma procesal tantas veces anunciada. La
extraordinaria complejidad de la actual situación legislativa en materia
procesal civil es un pesado lastre que agrava las ya de por sí difíciles
condiciones de trabajo en los juzgados y tribunales de este orden
jurisdiccional. Se impone, por tanto, abordar una reforma profunda y
global de la legislación procesal civil que dote a los órganos
jurisdiccionales civiles de instrumentos procesales idóneos para hacer
frente de manera adecuada a las actuales necesidades de la justicia
civil. La reforma procesal civil es, por tanto, un objetivo prioritario
del departamento. Ahora bien, la prioridad en este terreno no debe
traducirse en apresuramiento. Una reforma legal de esta índole debe
hacerse sin prisas, pues es indispensable un cierto período de maduración
previo, en el que la reforma proyectada, antes incluso de ser aprobada
por el Gobierno y remitida a esta Cámara, sea sometida a un proceso de
consultas y de diálogo, con el mayor número de personas y entidades
expertas y, por supuesto, con aquellos profesionales del Derecho que van
a ser los principales destinatarios de la nueva regulación. En esta
línea, el Ministerio está trabajando ya en un borrador, que estará
finalizado durante el primer trimestre del año próximo y que ha de servir
de base a un período de consultas e informes que el Ministerio promoverá
antes de someter al Gobierno la aprobación del proyecto de ley para su
remisión a las Cortes.
Sí puedo anticipar a SS. SS. las líneas generales sobre las que en este
momento se está trabajando en el Ministerio, que pueden resumirse en las
siguientes. Primero, simplificación del proceso civil ordinario de
declaración, reduciendo a dos los tipos procesales: uno,
predominantemente escrito, para los asuntos de más importancia económica
y mayor complejidad y otro, oral, pensado para asuntos más simples y de
menos trascendencia patrimonial. Segundo, drástica reducción del número
de los procedimientos especiales y de las especialidades procesales.
Tercero, modernización de los procesos de ejecución forzosa, tanto de la
ejecución de sentencias como el juicio ejecutivo. Cuarto, simplificación
de los trámites procesales, con especial incidencia en los actos de
comunicación. Quinto, modernización de la regulación de la prueba,
especialmente de la pericial y del reconocimiento judicial, cuyas
regulaciones actuales resultan especialmente anticuadas, y de la
confesión judicial, que se sustituiría por un interrogario de las partes.
También con referencia al orden civil y en estrecha relación con la
reforma procesal global, el Ministerio impulsará paralelamente la reforma
de los procesos concursales, a partir de los trabajos ya realizados sobre
esta cuestión en el seno de la Comisión General de Codificación.
Por lo que se refiere al orden penal, hemos de decir que esta
jurisdicción viene funcionando de manera razonablemente satisfactoria con
su actual estructura orgánica y con las leyes procesales vigentes. Esto
no significa, claro está, que no sea aquí también necesaria una reforma
procesal profunda que ponga fin a la actual situación legislativa,
caracterizada por la mezcla de procedimientos inspirados en distintos
principios; situación insatisfactoria que genera cierta inseguridad en
relación con algunas cuestiones sin duda muy relevantes. En esta
situación, el Ministerio se compromete a abordar también la reforma
procesal penal siguiendo el mismo proceso de consultas y diálogo previo
que se prevé para la reforma del proceso civil.
No obstante, en este orden penal hay un problema que requiere una
actuación inmediata. Me refiero a la aplicación del nuevo código Penal,
cuestión esta sobre la que ya he podido informar parcialmente a SS. SS.
en el Pleno de ayer, respondiendo a una interpelación urgente formulada
por el Grupo Socialista. Las medidas que el Gobierno prepara se refieren
a tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, medidas orgánicas
derivadas de la nueva distribución de competencias entre audiencias
provinciales y juzgados de lo penal, así como de la mayor carga de
trabajo, previsible, en los juzgados de vigilancia penitenciaria; en
segundo lugar, responsabilidad penal del menor y, en tercer lugar,
aplicación de las nuevas penas y sustitución de la pena por tratamiento
de desintoxicación, en caso de delitos cometidos por drogodependientes.
Respecto a las medidas orgánicas, fue la cuestión sobre la que se centró
principalmente el debate de ayer y, por tanto, bastará ahora simplemente
un recordatorio. La aplicación del nuevo Código Penal implica una
modificación en la carga de trabajo de los juzgados de lo penal y de las
audiencias provinciales, siendo previsible que el número de asuntos de
los que hayan de conocer éstas experimente un incremento, reduciéndose
paralelamente la carga de trabajo de los juzgados de lo penal. Para hacer
frente a esta situación, el Ministerio proyecta reforzar las secciones de
las audiencias provinciales con la creación de un cuarto magistrado y
congelar la planta actual de los juzgados de lo penal, sin descartar
tampoco, en la medida de lo posible y a la vista de los resultados de la
aplicación del nuevo Código, la transformación de juzgados de lo penal en
órganos de distinta clase.
La aplicación del nuevo régimen de penas y medidas de seguridad hace
previsible, asimismo, un aumento de la
carga de trabajo de los juzgados de vigilancia penitenciaria, derivado de
las competencias que a dichos juzgados se atribuyen por el nuevo Código,
especialmente en materia de cumplimiento, cese, sustitución o supresión
de las medidas de seguridad, privativas y no privativas de libertad,
aplicables en los supuestos de inimputabilidad o de exención incompleta
de responsabilidad penal. A este respecto, el Ministerio estudiará, en
conexión directa con el Consejo General del Poder Judicial, la
procedencia de incrementar el número de juzgados de vigilancia
penitenciaria y el de plazas con dedicación exclusiva.
Por otro lado y con referencia también a los juzgados de vigilancia
penitenciaria, el Gobierno elaborará las normas reguladoras del
procedimiento de actuación ante dichos juzgados, normas a las que se
refiere expresamente el artículo 78 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria y que, en sus casi diecisiete años de vigencia, todavía no
han sido promulgadas. El Gobierno considera que estas normas deben
incorporarse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, a tal efecto,
aprobará y remitirá a las Cámaras el correspondiente proyecto de reforma
de dicha Ley.
La entrada en vigor del artículo 19 del nuevo Código Penal ha quedado
diferida hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la ley que regule
la responsabilidad penal del menor. Para el Ministerio es objetivo
prioritario lograr, en el plazo más breve posible, la efectiva aplicación
del citado precepto. Se está trabajando ya con intensidad en la
elaboración del proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal
del menor y se está estudiando la posibilidad de incorporar a la misma
ley el régimen jurídico de la protección de menores. El proyecto puede
estar dispuesto para su aprobación por el Gobierno y remisión a las
Cámaras durante el primer trimestre del próximo año. En cualquier caso,
el Ministerio asume plenamente la observación que el Consejo General del
Poder Judicial formuló al informar el anteproyecto remitido por el
anterior Gobierno, subrayando la necesidad de que, cuando la ley entre en
vigor, deben estar dotados los medios económicos y personales precisos
para su adecuada aplicación, medios que actualmente no existen.
Por eso, el Ministerio, paralelamente a la elaboración y tramitación del
proyecto de ley, adoptará las medidas necesarias para que la ley pueda
ser efectivamente aplicada, y especialmente las siguientes: estudio y
evaluación del incremento de la carga de trabajo de los juzgados de
menores y consecuente creación de los nuevos juzgados en el número que
sea necesario; estudio de las necesidades en materia de equipos técnicos
de apoyo a los juzgados de menores y adopción de las medidas encaminadas
a dotar a dichos equipos de los medios personales y materiales precisos;
intensificación de la política de formación especializada de los fiscales
que hayan de intervenir en los procesos de menores; estudio y evaluación
de las necesidades en materia de cumplimiento de las penas establecidas
para los menores, especialmente en relación con la efectividad de las
medidas educativas complementarias o sustitutivas de la pena y adopción,
en colaboración con las comunidades autónomas, de las medidas conducentes
a garantizar que la ejecución de dichas penas y medidas pueda
desarrollarse desde los primeros momentos satisfactoriamente.
Respecto a la aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la
comunidad y sustitución de la pena impuesta a drogodependientes por
sometimiento voluntario a tratamiento de desintoxicación, el Ministerio
promoverá la celebración de convenios con administraciones autonómicas y
locales y con otras entidades que permitan articular el cumplimiento de
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. En relación con los
tratamientos de desintoxicación sustitutivos de la pena, desarrollará una
política de homologación de centros que garantice la finalidad
terapéutica, la finalidad reeducadora y, en todo caso, las condiciones
imprescindibles para hacer efectiva esta vía de reinserción.
Por otro lado, la Policía Judicial, es, sin duda, una pieza esencial del
engranaje de la justicia penal. La actual regulación adolece, sin
embargo, de cierta indefinición en cuanto a la dependencia y funciones de
los funcionarios de Policía Judicial. Para poner fin a esta situación y
para mejorar en definitiva el funcionamiento de la Policía Judicial el
Ministerio de Justicia promoverá las reformas legales necesarias en orden
a reforzar la dependencia, en estos momentos funcional, de la Policía
Judicial respecto de jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal, así
como garantizar la especialización y dedicación exclusiva de sus agentes
a las funciones que les son propias. Con carácter inmediato se abordará
la modificación del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, para dar
entrada en las correspondientes comisiones provinciales de coordinación a
representantes de las policías autonómicas de aquellas comunidades
autónomas que tienen competencia para constituir unidades de Policía
Judicial. Se refuerza también la presencia judicial tanto en las
comisiones provinciales como en la nacional.
Otra cuestión estrechamente relacionada con la justicia penal es la de la
asistencia a las víctimas de delitos violentos. El grupo de trabajo
constituido para preparar el desarrollo reglamentario de la ley ha
ultimado ya el borrador del proyecto de real decreto por lo que cabe
esperar que éste será aprobado en breve plazo.
Dentro de este apartado relativo a la justicia penal quiero subrayar de
manera muy especial el compromiso del Ministerio de Justicia en la lucha
contra la droga. No es éste un empeño en el que este departamento reclame
para sí un protagonismo especial. Se trata simplemente de poner de
manifiesto la decidida voluntad de contribuir en aquello que nos
corresponda a esa tarea común de toda la sociedad en la que están
directamente implicadas todas las administraciones públicas y muy
numerosas organizaciones no gubernamentales. En este marco, el Ministerio
se compromete a canalizar las iniciativas emanadas del Plan Nacional
sobre Drogas y a colaborar estrechamente con los demás departamentos
ministeriales y administraciones públicas implicadas en todo lo que pueda
contribuir a lograr una mayor eficacia de la acción de la justicia penal
contra el narcotráfico. En esta línea puedo anunciar a
SS. SS. que el Ministerio, en estrecha colaboración con el Plan Nacional
sobre Drogas, promoverá la regulación de la figura del agente colaborador
en sus aspectos penales sustantivos
y procesales, así como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para extender la regulación existente sobre entrega vigilada de
drogas a los capitales y bienes procedentes del narcotráfico,
perfeccionando asimismo la regulación procesal de dichas diligencias de
entrega vigilada.
Entrando en el ámbito de la cooperación internacional es evidente que la
eficacia de la justicia depende cada vez más de ésta. Esta necesidad de
cooperación entre las autoridades de los distintos Estados se manifiesta
muy especialmente en materia de extradición. La necesidad de una revisión
y modernización de las relaciones entre España y los demás Estados de la
Unión Europea y del resto de la comunidad internacional en materia de
extradición se ha puesto de manifiesto últimamente con gran intensidad en
relación con el doloroso fenómeno del terrorismo.
En el ámbito de la Unión Europea el Gobierno y, en particular, el
Ministerio de Justicia, han trabajado ya intensamente en orden a
facilitar la extradición de terroristas a fin de que puedan ser juzgados
en España. En esta línea se ha avanzado decisivamente en el proceso de
renegociación del Convenio europeo de extradición al haber asumido
Francia las tesis tradicionales españolas en materia de excepción del
principio de doble incriminación, en aquellos casos en que la petición de
extradición se basa en actos de colaboración con organizaciones
terroristas.
En el contencioso bilateral con Bélgica, el acuerdo del Consejo de
Ministros del 31 de mayo pasado ha prorrogado el acuerdo adoptado por el
Gobierno anterior de aplicación estricta del principio de reciprocidad en
las relaciones de cooperación judicial con Bélgica. En la reunión del
Consejo de Justicia de la Unión Europea, del pasado día 4 de junio,
acordé con el Ministro de Justicia belga una próxima reunión de técnicos
de los dos ministerios a fin de buscar una solución jurídica a las
extradiciones solicitadas por el Gobierno español y todavía no concedidas
por Bélgica.
Fuera ya del ámbito de la Unión Europea se está trabajando también con
intensidad en conseguir eliminar los problemas existentes en relación con
las solicitudes de extradición pendientes con Venezuela y Méjico.
Con independencia de estos problemas concretos, se está prestando y se
prestará especial atención al área Iberoamericana, promoviéndose la
renegociación de convenios de extradición obsoletos, en particular
respecto a la definición de la noción de delito político, allí donde este
concepto se contemple como una excepción a la aplicación del tratado, y
se promeverá también la negociación de nuevos convenios de extradición
con aquellos Estados del área que no tengan tratado vigente con España.
Continuarán, asimismo, los esfuerzos para articular mediante convenios la
cooperación judicial en materia penal, en general, y la colaboración en
materia de extradición, en particular, con los países de Europa del Este,
donde cabe destacar los contactos con Rusia, que están atravesando un
excelente momento, y con las áreas asiática y africana.
En materia civil y en el ámbito de la Unión Europea el Ministerio seguirá
trabajando en alcanzar un acuerdo para extender el Convenio de Bruselas
sobre competencia internacional y reconocimiento y ejecución de
resoluciones al derecho de familia, facilitando así el reconocimiento de
las sentencias de separación, divorcio y nulidad.
Fuera del área europea se seguirá trabajando en la negociación de
convenios bilaterales de competencia internacional y reconocimiento y
ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, especialmente con
aquellos Estados con los que España mantiene relaciones económicas y
culturales especialmente intensas.
Para cerrar el capítulo dedicado a la cooperación jurídica internacional,
he de mencionar la situación existente en materia de trasposición de
directivas comunitarias de la que es responsable mi departamento. Existen
en este momento dos directivas pendientes de trasposición, la referente a
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y la
relativa a la protección de adquirentes en relación con determinados
aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de
inmuebles en régimen de tiempo compartido. Como este tema ha sido objeto
de respuestas en el Pleno, ahorro a SS. SS. la repetición.
Ahora vamos a entrar en las áreas concretas del departamento, pasando ya
del tema de justicia. Quisiera hablarles a SS. SS. de la objeción de
conciencia y la prestación social sustitutoria. Ayer tuve ocasión de
informarles, igualmente, acerca de la política del departamento en
relación con el principal problema que plantea la objeción de conciencia
en estos momentos, que es el de la insuficiencia de puestos de actividad
para que todos los objetores puedan realizar en breve plazo la prestación
social sustitutoria. No es éste, como les decía ayer, un problema nuevo
que haya sido generado en estos últimos meses por las expectativas
surgidas en torno al anuncio de la supresión del servicio militar. Es,
por el contrario, un problema crónico de nuestro sistema de objeción de
conciencia, ya que durante los últimos años el número de objetores
reconocido ha crecido a un ritmo muy superior al de puestos de actividad
disponibles hasta llegar a la situación actual en la que las cifras se
sitúan en torno a los 120.000 objetores pendientes de realizar la
prestación social frente a unos 65.000 puestos de actividad disponibles.
El desigual reparto geográfico del número de objetores y los puestos de
actividad hace que el problema se manifieste con mayor intensidad en los
grandes núcleos urbanos y, en general, en las zonas con mayor densidad de
población. Ciertamente, en los últimos meses el problema tiende a
agravarse al haberse observado un apreciable aumento en el número de
solicitudes presentadas en el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
Así, de las aproximadamente 25.000 solicitudes presentadas en los cinco
primeros meses de 1995, se ha pasado a unas 36.000 en el mismo período
del presente año. Aun cuando todavía no se dispone en el departamento de
estudios acabados sobre las causas de este aumento, es muy probable que
uno de los factores de mayor incidencia haya sido, en efecto, las
expectativas generadas en relación con la futura supresión del servicio
militar. En esta situación, la actuación del Ministerio de Justicia
estará presidida por dos principios básicos. Primero, el respeto al
derecho constitucional a la objeción de conciencia cuyo ejercicio
quedará garantizado en los términos y condiciones previstos por la
Constitución y la ley. No se contemplan, pues, medidas restrictivas en
materia de reconocimiento de la objeción, ni de endurecimiento de la
prestación social con finalidades más o menos disuasorias. En segundo
lugar, la efectiva realización de la prestación social sustitutoria por
parte de todos los objetores.
Partiendo de estos principios el esfuerzo del departamento se dirigirá a
aumentar el número de puestos de actividad hasta lograr el equilibrio
necesario para que todos los objetores puedan incorporarse a la
realización de la prestación social sustitutoria dentro del año siguiente
al reconocimiento del derecho. En esta línea, se intensificarán las
relaciones con las administraciones locales y autonómicas que han dado
muy estimables frutos hasta el momento y se estudiarán medidas de fomento
para incrementar el número de entidades colaboradoras y para aumentar el
número de puestos de actividad ofrecidos por las que ya colaboran
activamente con la prestación social.
El Ministerio se esforzará asimismo en la mejora de la gestión de la
prestación social sustitutoria, reforzando y descentralizando la
estructura de gestión del servicio mediante la potenciación de las
delegaciones territoriales y servicios de inspección. Se profundizará
también en la colaboración con las comunidades autónomas en materia de
gestión de la prestación social. Por otro lado, se está trabajando ya en
el desarrollo de la previsión contenida en el artículo 15 de la reciente
Ley del Voluntariado, que permite reconocer los servicios prestados como
voluntarios a efectos de la prestación social sustitutoria.
En el área del Servicio Jurídico del Estado, el Gobierno considera que no
debe demorarse más la regulación legal y unitaria de la representación y
defensa del Estado en juicio, poniendo fin a la actual situación de
dispersión normativa caracterizada por la existencia de un conjunto de
preceptos confuso, desconexo, asistemático, carente en muchos casos del
rango preciso y en ocasiones también dudosamente compatible con las
exigencias constitucionales. En esta línea el Ministerio promoverá la
aprobación de una ley de representación y defensa del Estado en juicio.
Se estudiará asimismo la convenciencia de poner fin a la situación creada
por el Real Decreto 850/1985, de 5 de junio, de organización de los
servicios jurídicos del Estado, en cuanto a la dispersión de la
dependencia orgánica de los servicios consultivos de los distintos
departamentos. Esta situación de dispersión genera problemas de diversa
índole, dificultando la imprescindible coordinación entre los servicios
consultivos y contenciosos e impidiendo una gestión más racional y eficaz
en materia de distribución de los efectivos del Cuerpo de Abogados del
Estado. Para salir al paso de estos problemas el Ministerio estudiará la
conveniencia de restaurar la unidad del Servicio Jurídico del Estado.
Respecto de la Dirección General de Asuntos Religiosos, debo señalar que
las relaciones del Gobierno con las cuatro confesiones religiosas que
tienen acuerdos con el Estado se desarrollarán conforme a lo establecido
en dichos acuerdos y siempre con la mira puesta en alcanzar el máximo
grado de cumplimiento de los mismos.
Por lo que se refiere al acuerdo con la federación israelita, musulmana y
evangélica, puede decirse que se están cumpliendo hasta el momento sin
especiales dificultades, estando pendiente la adopción de las medidas
necesarias para dar cumplimiento a los recientes convenios de marzo
pasado con musulmanes y evangélicos en materia de enseñanza, que habrán
de adoptarse por las administraciones educativas, estatal y autonómica.
Mayores dificultades plantean los acuerdos con la Iglesia católica en
relación con determinadas cuestiones respecto de las que la Iglesia
estima insatisfactorio el estado actual del cumplimiento de los acuerdos.
Los aspectos más problemáticos son los referidos a la enseñanza de la
religión católica y a la asignación tributaria, aunque también existen
dificultades respecto a la garantía del respeto de la ética cristiana en
la educación que se imparte en los centros docentes públicos, obligación
asumida por el Estado en el acuerdo sobre enseñanza, asistencia religiosa
en instituciones penitenciarias, apoyo total a la conservación del
patrimonio cultural y algunos problemas pendientes en materia fiscal y de
Seguridad Social. El Ministerio de Justicia asume el compromiso de
impulsar la solución de estos problemas en el marco de la comisión
general Estado-Conferencia Episcopal, expresando desde ahora la más firme
voluntad del Gobierno en orden al exacto cumplimiento de los acuerdos con
la Iglesia católica y con las demás confesiones.
Finalizo ya, señor Presidente, señorías, agradeciendo a la Comisión la
atención prestada a mi exposición sobre las grandes líneas de actuación
del Ministerio de Justicia. Quedo a disposición de SS. SS. para contestar
a las preguntas que consideren oportuno hacerme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por su
intervención, que corresponde, como hemos dicho, a una solicitud del
propio Gobierno, y en su nombre de la señora Ministra de Justicia, y a la
solicitud de los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
De acuerdo con lo que hemos resuelto en la reunión de la Mesa, parece que
el procedimiento mejor para el desarrollo de la sesión sería el
siguiente. En primer lugar, que intervinieran los portavoces de los
grupos parlamentarios que solicitaron la comparecencia, en concreto el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Después
intervendrían los portavoces del resto del los grupos parlamentarios, en
orden de mayor a menor. Contestaría la señora Ministra. Habría un segundo
turno de posibles insatisfacciones en el mismo orden que hemos resuelto
anteriormente y cerraría la sesión la señora Ministra, con excepción de
que se produjera algún tipo de iniciativa, que trataríamos de resolver en
el marco del Reglamento, pero de la forma más amplia y flexible posible.
(El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, no sé si he entendido bien.
Creo que lo habitual es que la intervención
de los grupos que no han pedido la comparecencia sea de menor a mayor.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón el señor Ollero y el orden será de menor
a mayor.
En primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, y en
su nombre el señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señora Ministra, por su presencia en
este acto y por la información que no ha facilitado sobre las líneas
generales de la política de su Ministerio.
Le he de comentar una impresión de carácter general respecto a la primera
parte de su intervención. Los primeros diez minutos me parecía que estaba
hablando no la Ministra de Justicia de España, sino la portavoz de la
Asociación Profesional de la Magistratura. Esa es la impresión sincera
que he recibido durante los diez o quince primeros minutos de la
intervención. Como sabe, yo también he vivido el movimiento asociativo, y
los planteamientos que ha realizado la señora Ministra se corresponden al
cien por cien con los de la asociación profesional a la que usted ha
pertenecido, y sabe perfectamente que no hemos estado de acuerdo en el
pasado y difícilmente vamos a estar de acuerdo en el presente y en el
futuro. Afortunadamente, cuando empezó a hablar después de las reformas
legislativas ya encontré un terreno en el que me parece que será más
fructífero el diálogo y la posibilidad de acuerdos con los grupos de la
Cámara, porque ya comenzó a hablar --se lo digo con toda sinceridad--
como Ministra y no como portavoz de una asociación.
Además de esta impresión general, quisiera hacer otro comentario también
de tipo previo. Ayer, en el curso de la interpelación, cuando la
interpelante, señora Fernández de la Vega, le planteaba el tema del pacto
de Estado, recibimos la impresión de que la señora Ministra de Justicia
estaba de acuerdo con ese planteamiento. En el curso de esta intervención
no he oído hablar de esa expresión. Sí me ha parecido que aludía a
ciertas expresiones como acuerdo, buscar el consenso de los grupos
parlamentarios... Sí que le pediría, señora Ministra, que concretara algo
más. Ciertamente, si hubiera una oferta de pacto de Estado en materia de
justicia, el Grupo Parlamentario Socialista la aceptaría y empezaría a
hablar y discutir sobre los temas centrales que interesan al conjunto de
los ciudadanos y al funcionamiento de la administración de justicia,
aunque desde ese punto de vista quizá, si me lo permite, no es una buena
manera de empezar el hecho de que la primera ley, la primera reforma, ya
la haya enviado el Consejo de Ministros al Consejo General del Poder
Judicial sin que hasta este momento los grupos parlamentarios siquiera la
conozcamos más que por la referencia de prensa. Me gustaría que precisara
un punto que desde nuestro punto de vista es sustancial. Su Ministerio,
su Gobierno en definitiva, ¿va a plantear un pacto de Estado en materia
de justicia, sobre todo en lo que consideramos nuclear, como son las
reformas procesales? ¿Existe ese pacto? Y en caso positivo, ¿cómo lo va a
articular, conforme a qué mecanismos de diálogo, de consenso?
Ya entro en alguna cuestión más particular. Respecto de la propia
estructura de su Ministerio, del actual Ministerio de Justicia --antigua
Secretaría de Estado de Justicia--, hay algunas cuestiones que me
interesaría subrayar. En primer lugar, me gustaría saber cuál es su
opinión sobre el hecho de que la Secretaría de Instituciones
Penitenciarias --antigua Secretaría de Estado de Instituciones
Penitenciarias-- hoy haya sido transferida, digámoslo así, al Ministerio
del Interior, que por cierto también acoge en su seno la antigua
Secretaría de Estado de la Delegación Nacional contra las Drogas,
prácticamente el 75 por ciento del antiguo Ministerio de Justicia e
Interior. Me gustaría saber su opinión, cuál es su modelo. Le anticipo,
por no guardar ninguna sorpresa, que al Grupo Parlamentario Socialista,
una vez que se ha producido la escisión del Ministerio en dos, con lo que
no estamos de acuerdo como es obvio, nos parecía mucho más lógico que se
mantuviera en su área y no en la de Interior, una vez que se produce ese
fraccionamiento. Me gustaría saber cuál es su opinión como Ministra de
Justicia.
Hay una segunda cuestión atinente a la estructura del Ministerio que
también nos ha despertado alguna sorpresa. Una vez que se decide a
convertir la Secretaría de Estado de Justicia en Ministerio de Justicia,
¿por qué sobrevive una Secretaría de Estado de Justicia que realmente
tiene que despachar con el conjunto de las direcciones generales del
Ministerio? ¿Por qué esa duplicidad? ¿Por qué una Secretaría de Estado de
Justicia y un Ministerio de Justicia? Realmente no lo entendemos. Uno de
los dos no sé qué trabajo va a hacer. Si el conjunto de direcciones
generales dependen de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿cuál es
exactamente la función de la Ministra de Justicia en ese esquema? ¿Cuál
es la función de la Secretaría de Estado de Justicia, dado que al propio
tiempo sobrevive la Subsecretaría? ¿Es simplemente un problema de rango?
No acabamos de entenderlo. No es un tema fundamental. En cualquier caso,
sí tenemos cierta curiosidad en saber por qué sobrevive esa Secretaría de
Estado de Justicia, que nunca existió en el modelo tradicional de
separación de ambos ministerios. Algún motivo habrá, y si la señora
Ministra tiene a bien, nos gustaría conocerlo.
Un problema más de fondo, el Ministerio Fiscal. Algo ha apuntado en su
planteamiento inicial, pero, si me lo permite, de una manera
excesivamente imprecisa o ambigua. Habla de mayor autonomía del
Ministerio Fiscal. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A que en realidad
apuesta por el modelo de que el Ministerio Fiscal dependa del Consejo
General del Poder Judicial? ¿Apuesta, por el contrario, por que siga
dependiendo orgánicamente del Ministerio de Justicia? ¿Es ése el modelo?
Las asociaciones hablaban de depender del Consejo y algunas entendían que
lo adecuado sería venir a crear una especie de cuarto poder, que sería el
Fiscal General del Estado, no dependiente de ninguno de los otros tres
poderes del Estado. ¿Cuál es su modelo teórico acerca del papel del
Ministerio Fiscal en un Estado de Derecho? La mayor autonomía, insisto,
es un concepto que me parece un poco impreciso. La pregunta es: ¿usted
cree en un Ministerio Fiscal dependiente del Poder Ejecutivo? ¿Cree en un
Ministerio Fiscal autónomo, al margen
de los tres poderes del Estado? ¿Cree en un Ministerio Fiscal dependiente
del Poder Judicial? ¿Dependiente del Parlamento? ¿Cuál es su modelo?
También le anticipo, porque no se trata de guardar ninguna carta en la
manga, que el Grupo Socialista cree claramente que, independientemente de
su autonomía, debe seguir enclavado de manera orgánica dentro del ámbito
del Poder Ejecutivo. Es más, creemos sinceramente que es el único
instrumento a través del cual puede exigirse responsabilidad política al
funcionamiento del Ministerio Fiscal, en la misma medida en que tenga ese
enclave en el ámbito del Poder Ejecutivo. Si su modelo es otro, es el
momento, en esta primera comparecencia solemne, de que nos explique su
forma de concebir el papel del Ministerio Fiscal. En esta misma línea,
¿va a renunciar su Gobierno a nombrar a los fiscales? ¿Va a renunciar a
que la provisión de medios materiales dependa del Gobierno? ¿Va a
realizar transferencias a las comunidades autónomas de los medios
materiales relacionados con el Ministerio Fiscal? Son consecuencias, en
definitiva, señora Ministra, del modelo que tenga respecto del papel del
Ministerio Fiscal.
Aun en el ámbito de la estructura, comprendo que en una comparecencia de
este tema siempre quedan temas fuera, pero no nos ha mencionado uno que
para el Grupo Socialista tiene mucho interés, ¿qué va a pasar con el
Centro de Estudios Jurídicos? Este centro, en definitiva la formación y
selección del Ministerio Fiscal, del secretariado, del conjunto de
funcionarios dependientes de la administración de justicia ¿va a seguir
dependiendo orgánica y funcionalmente, aunque sea como ente autónomo del
Ministerio de Justicia, o por el contrario, como en ocasiones se ha
planteado, será conveniente que pase también a depender del Consejo
General del Poder Judicial? ¿Cuál es su modelo al respecto?
Paso ya a un segundo capítulo: la política de transferencias. Me ha
parecido que indicaba, señora Ministra, que sí está de acuerdo con la
transferencia que de medios personales hizo el anterior Gobierno, el
Gobierno Socialista, a dos comunidades autónomas, al País Vasco y a
Cataluña. ¿Es así? ¿Está de acuerdo ahora el Gobierno que apoya el Grupo
Parlamentario Popular con la transferencia de medios personales que se
hizo a favor del País Vasco y de Cataluña? Si es así, me gustaría oírlo,
porque significaría un cambio fundamental. Yo, como Ministro, oí en esta
misma sala entonces que esto era algo así como romper la unidad del Poder
Judicial. ¿Han cambiado de criterio? ¿El actual Gobierno comprende que la
transferencia de medios personales a las comunidades autónomas de
Cataluña y del País Vasco es lo razonable? Si así fuera, me imagino que
estarán en disposición de hacer lo mismo, no sólo con Canarias, que es la
única que creo que ha mencionado S. S. de manera nominal, seguramente
porque forma parte, y es lógico, de la mayoría que apoya al Gobierno en
el Parlamento, sino también con otras comunidades que son gobernadas por
el Partido Popular, pero que lo han solicitado, como el caso de Galicia o
el caso de Valencia. Me imagino que esa transferencia de medios
personales también se verificará a favor de Valencia y Galicia y que se
va a mantener la línea de transferencia de competencias a las comunidades
autónomas. ¿Es así? Me ha parecido entender que sí, pero me gustaría
mayores precisiones.
Un tercer tema. De la Oficina Judicial ha apuntado algunas cosas y me ha
quedado la duda sobre todo de un tema que me parece fundamental. ¿Qué
concepción tiene sobre el papel de los secretarios? Los secretarios
judiciales, a partir de las iniciativas de su Gobierno, por lo menos lo
van a intentar --otra cosa es que tuvieran la mayoría parlamentaria
suficiente-- ¿van a pasar a depender del Consejo o, por el contrario,
seguirán dependiendo del Ministerio de Justicia? Es un tema que me parece
importante conocer. ¿Qué modelo tiene de secretariado?
Desde ese punto de vista y en el tema de las transferencias de
competencias hay un dato que antes he olvidado y que me parece importante
recordarlo. La señora Ministra sabrá que el Partido Popular interpuso un
recurso de inconstitucionalidad, precisamente contra el artículo de la
Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé la posibilidad de transferencia
de medios personales a las comunidades autónomas. ¿Qué va a pasar con ese
recurso? ¿Lo sabe su señoría? Si ya están de acuerdo con la transferencia
y van a seguir con esa política de transferencia de medios personales,
¿tiene lógica que siga en marcha un recurso de inconstitucionalidad
contra el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibilita
esa transferencia?
Objeción de conciencia. En este tema me siento muy solidario con la
señora Ministra, porque entre el Presidente Aznar y el otro Presidente,
el Molt Honorable señor Pujol, le han complicado la vida de una manera
cierta y segura. Ha hecho bien, y seguramente no había otra vía, de
aludir a los cinco meses como período en el cual se ha producido esa
ampliación. Si sólo hubiera cogido mayo, y la señora Ministra lo sabe
perfectamente, la realidad aún es más dura. De 6.000 se pasó a 12.000. Se
duplicó el número de objetores de conciencia como consecuencia de un
anuncio, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, extemporáneo,
imprudente y peligroso, a raíz del cual el Ministerio de Justicia va a
tener que pagar las peores consecuencias. También le digo una cosa. Me
gustaría que de la objeción de conciencia hablara solamente la señora
Ministra de Justicia y no el Ministro de Defensa. Me gustaría que la
Ministra de Justicia asumiera el papel que realmente tiene, que es el de
defender y tutelar a los objetores de conciencia, tutelar las condiciones
de prestación social sustitutoria, y que el portavoz gubernamental,
cuando se habla de objeción de conciencia, fuera la Ministra de Justicia
y no el Ministro de Defensa.
La verdad, señora Ministra, es que en ese tema se lo han puesto muy
difícil. Se han generado unas expectativas a partir de las cuales volver
a reconducir el proceso va a ser complicado. De hecho, reconducirlo en el
Gobierno anterior costó mucho trabajo, y ahora va a ser muy difícil
explicárselo a la juventud que debe comprender cuáles son sus deberes al
mismo tiempo que se les dibuja un escenario de supresión de toda forma de
servicio obligatorio al Estado, en este caso del servicio militar.
No me ha convencido la buena voluntad de sus actitudes. En definitiva es
lógico. Usted intenta ofrecer el tipo de fórmulas que empezaban a
funcionar antes de la precipitada
e imprudente forma de adoptar esa voluntad política de ir a un ejército
profesional por parte del Presidente Aznar y del Presidente Pujol.
Porque, si me permite la broma, en su Gobierno no sólo hay dos
vicepresidentes; a veces da la impresión de que hay dos presidentes.
Respecto al programa legislativo, desde nuestro punto de vista es la
parte más positiva de lo que ha planteado. Los plazos no nos resultan
satisfactorios en algún caso, por ejemplo, en la ley penal del menor. En
dicha ley está concluido su proceso. Posponer la presentación de un
proyecto al primer trimestre del año que viene es excesivo. De todas
maneras, es un tema muy discutible y simplemente le indico que, en
opinión del Grupo Parlamentario Socialista, podría perfectamente
iniciarse el proceso legislativo antes, sin perjuicio de que la adopción
de las medidas materiales, instrumentales, para garantizar su plena
eficacia puedan ya empezar a estudiarse.
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Socialista en este tipo de
iniciativas vamos a conceder al Gobierno lo que es obvio no sólo los cien
días sino seguramente un plazo más razonables para que planteen sus
propias iniciativas, pero también le digo, señora Ministra, que en el
supuesto de que pasara ese plazo razonable sin que el Gobierno hiciera
uso de esa iniciativa, que lógicamente le corresponde, el Grupo
Parlamentario Socialista no renuncia a buscar, a través del consenso con
otros grupos parlamentarios, la posibilidad de iniciativas que pudieran
sustituir la pasividad, en su caso, del Gobierno de la nación. En todo
caso, en este terreno sin duda tienen, merecen y necesitan un plazo para
analizar su propio proyecto, y en este sentido somos comprensivos. Sí nos
parece que en el caso de la ley penal del menor el plazo que ha mantenido
la señora Ministra es excesivamente dilatado. No nos ha aclarado --quizás
es pronto, ya habrá ocasión-- por qué modelo concreto de ley penal del
menor apuesta el Ministerio, pero seguramente en un planteamiento tan
general como el que hoy estamos haciendo sería excesivamente prolijo.
Respecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, seguramente es lo más
positivo. Me parece haber oído que la señora Ministra entiende que ésta
es la legislatura de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Es así? Me parece
que ése sería el objetivo fundamental. En la medida en que respecto de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, como en las demás reformas procesales,
plantee ese pacto de Estado, le repito, estamos a su disposición para
empezar ya a estudiar esos proyectos de reforma procesal. No haremos en
ningún caso lo que el grupo parlamentario que ahora sirve de sostén al
Gobierno hizo en la legislatura pasada, de marginarnos de un pacto de
Estado en materia de justicia. El Grupo Parlamentario Socialista
participará. Sí que me gustaría oírle con claridad que su Gobierno lo
propone, porque en la primera intervención me ha parecido que sólo se
hablaba de diálogo, pero no de un verdadero pato de Estado que presupone
una determinada opción política, que puede adoptar o no, pero me gustaría
saber si la va a adoptar.
En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa también me parece
que en este caso el plazo que se toma es excesivo. Como sabe la señora
Ministra, ya en la anterior legislatura se llegó al dictamen de ponencia
con el pleno acuerdo de todos los grupos parlamentarios, incluidos los
grupos parlamentarios que sirven de sostén al Gobierno y, en particular,
el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, existiendo ya una ley sobre la
que hay un dictamen de ponencia por unanimidad, lo lógico es que, sin
perjuicio de algún eventual retoque que el actual Gobierno pudiera
considerar oportuno incluir, no se espere tanto tiempo para su
implantación. Es evidente que mientras no tengamos esa ley no va a haber
juzgados de lo Contencioso-Administrativo, porque entre las muchas causas
que han determinado que esos juzgados no se crearan estaba una
fundamental, y es que no había un acuerdo, un consenso suficiente sobre
cuáles iban a ser las competencias de esos juzgados unipersonales
contencioso-administrativos. La ponencia llega a un criterio en el que
estuvimos todos de acuerdo. Frenar o ralentizar que esa ley se vuelva a
poner en marcha en esta nueva legislatura no servirá más que para
retrasar los juzgados de lo Contencioso. La verdad es que en este campo
estamos todos de acuerdo sobre el orden de prioridades que ha señalado la
señora Ministra sobre: la que tiene más problemas es la
contencioso-administrativa, después la civil y sólo de manera mucho más
relativa la penal y desde luego la laboral. Con parches la jurisdicción
contencioso-administrativa no se arregla. En la legislatura anterior no
pudimos llegar a aprobarla como consecuencia de que se interrumpió, pero
ya estábamos en un proceso muy avanzado.
Yo le pediría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que se
replantee esa prioridad y vea si no es más razonable presentar --con las
matizaciones que considere oportunas-- el proyecto de ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa como mucho en el propio mes de septiembre, al
inicio del siguiente período de sesiones. Para nosotros es prioritario, y
le vuelvo a repetir lo que he dicho respecto de otras leyes procesales.
Si transcurre un tiempo razonable sin que el Gobierno haga uso de esa
iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista se reserva la eventual
posibilidad de intentar llegar a acuerdos con otros grupos para que esas
leyes se pongan en marcha. Si se retrasan, nos podemos encontrar con que
tampoco en esta legislatura se hagan las reformas procesales.
Le digo con toda sinceridad, señora Ministra, que la legislatura tendrá
verdadera importancia y verdadero interés, en términos globales, en
términos de intereses generales, en la medida en que sea capaz de
impulsar algunas de las grandes reformas procesales. Ese es el objetivo
fundamental, eso es lo más importante que podemos hacer en materia de
justicia en esta legislatura. Por tanto, acelerar, mantener una actitud
decidida en las reformas procesales me parece lo fundamental.
El tema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sé que es más complejo, es
más complicado, además no existen materiales previos. Así como en la Ley
de Enjuiciamiento Civil en el Ministerio habrá encontrado materiales
previos de trabajo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es así. Hay
un compromiso que es el de la Ley del Jurado que, como sabe la señora
Ministra, obliga a adaptar el conjunto de la instrucción a los rasgos
generales que tiene la instrucción en el ámbito de la Ley del Jurado, y
seguramente
en este caso algunos de los problemas más urgentes sería conveniente
plantearlos de manera anticipada a la reforma global de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma del
sistema de casación. Probablemente la reforma del recurso de casación
como consecuencia de la nueva estructura de competencias sería algo muy
conveniente que se anticipara y que no se hiciera esperar a la reforma
global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Le querría señalar también alguna cuestión más de detalle que no ha
planteado pero sobre la que me gustaría por lo menos tener una visión
general de cuándo su Ministerio va a intentar afrontarla. Por ejemplo, el
tema del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, sobre el que,
como sabe, el Gobierno anterior había iniciado su estudio. Me gustaría
saber cuál es la posición del Gobierno actual sobre ir o no a un estatuto
de magistrados del Tribunal Supremo, y en el caso de que ése fuera su
criterio, en qué plazos y de qué modo.
Un tema aparentemente menor, pero que tiene importancia en el
funcionamiento interno de la justicia, es el problema del régimen
retributivo de los magistrados suplentes. ¿Qué va a pasar con esto? Sabe
perfectamente que en la última reforma se amplió su regulación hasta
hacer lo posible en el ámbito de la Audiencia Nacional, en el ámbito del
Tribunal Supremo y, sobre todo, se estableció también la figura del
magistrado suplente en régimen de adscripción permanente como un
mecanismo posible para tratar de resolver situaciones particularmente
urgentes. ¿Tiene su Ministerio el proyecto de ir pronto a una regulación
de ese régimen retributivo?
¿Qué pasa también con el tema de indemnización a peritos y testigos? Ha
hablado de dos directivas, me parece muy bien, porque me imagino que
continuarán el trabajo de las directivas que ya estaban preparadas en la
antigua Secretaría de Estado de Justicia, pero no ha mencionado la del
libre establecimiento de abogados. ¿Qué plan tiene en este tema para su
presentación?
¿Qué pasa con la unificación de la fe pública?, porque entre las
direcciones generales no ha mencionado una de ellas, la de los Registros
y el Notariado. Ya sabe que hay un proyecto bastante avanzado de trabajo
en esa dirección, que trata de unificar la fe pública registral. ¿Cuál es
su criterio, señora Ministra, sobre este tema y qué plazos, en su caso,
se ponen?
¿Qué pasa con el reglamento del Registro Mercantil, cuyos trabajos
previos, por cierto, están ya preparados? ¿Qué pasa con la ley de
pasantía? Son algunos de los temas que me gustaría conocer.
También me gustaría que sobre los temas que he indicado, a ser posible,
concretara más en el plazo, aunque eso comprendo que es más difícil;
sobre todo, en el reglamento sobre protección a las víctimas de delitos
violentos me gustaría saber ese breve plazo que la señora Ministra ha
indicado en qué va a consistir, si es que tiene datos para ponerlo de
relieve.
Junto a todo ello hay un tema más amplio con cuyo planteamiento tampoco
he quedado plenamente satisfecho en nombre de mi grupo, el de la Policía
Judicial. Hemos estado oyendo durante meses, durante años, una
determinada concepción del modelo de Policía Judicial que siempre
defendían los representantes del grupo parlamentario que ahora sirve de
sostén a su Gobierno, y era que había que ir a un modelo de Policía
Judicial en que no solamente existiera una dependencia funcional sino
también orgánica. ¿Qué es lo que opina la señora Ministra, qué es lo que
opina el actual Gobierno sobre ese modelo de Policía Judicial? ¿O, por el
contrario, todo se va a reducir a terminar el proyecto que ya habíamos
iniciado de que haya representantes de los cuerpos de Policía de las
comunidades autónomas en los órganos de coordinación? ¿O por el contrario
va a intentar de verdad esa reforma que siempre han sostenido de una
Policía Judicial dependiente orgánica y funcionalmente del Poder
Judicial? Tampoco se ha llegado a concretar en ocasiones si eso
significaba del Consejo General del Poder Judicial, de las audiencias, de
los jueces. ¿Qué pasa en ese tema?
Desde el punto de vista del Grupo Socialista la cuestión no ofrece dudas.
Nos parece sencillamente equivocada la posibilidad de ir a un cuerpo de
Policía dependiente orgánica y funcionalmente del Poder Judicial.
Parecería un modelo erróneo, pero como quiera que el grupo que le ha
servido de sostén a la señora Ministra y desde luego la asociación
profesional de la que formaba parte antes de ser Ministra lo había
sostenido de manera intensa, y también alguna otra asociación,
prácticamente todas las asociaciones judiciales, me gustaría saber qué
opinión tiene S. S. --no sé si es S. S. el tratamiento adecuado o señora
Ministra-- sobre la Policía Judicial. ¿Va a intentar realmente llevar a
cago ese modelo que su grupo y su partido han sostenido insistentemente
(con su partido quiero decir, ya sé que es independiente, el partido que
sirve de sostén político al Gobierno del que forma parte como Ministra),
se va a hacer algo en ese terreno o por el contrario se aplaza sin mayor
solución de continuidad? Me parece que ése es un tema sustancial.
Un tema final, en materia internacional. En materia internacional,
cualquier esfuerzo que haga el Ministerio de Justicia por parte del Grupo
Parlamentario Socialista va a tener, de entrada, nuestro apoyo, son
materias de Estado. Por lo tanto, cualquier logro que consiga el
Ministerio de Justicia en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito de
relación con terceros países, máxime cuando afecte a temas tan vitales
como es el terrorismo, van a tener siempre más que nuestra comprensión,
el apoyo absoluto en todos los terrenos y en todos los ámbitos.
Simplemente lo que sí quizá tiene como contrapartida es que no hablen de
datos que quizá se los atribuyen innecesariamente. Dicho con toda
discreción: Francia retiró su objeción sobre la Asociación de Malhechores
en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior en el que estuve yo, no
en el que estuvo la señora Ministra. Eso ya se revisó en la fase
anterior. El que se siga trabajando en la misma línea me parece muy bien,
pero la verdad es que en el último consejo que usted estuvo, como
consecuencia de la posición de Inglaterra, no se pudieron adoptar
acuerdos de ninguna naturaleza. Es decir, es un terreno en el que yo le
ofrezco una absoluta colaboración, pero me parece razonable que nadie
trate de
obtener protagonismos en este ámbito. Este es un problema que nos
interesa a todos, en el que todos hacemos el trabajo, en el que ningún
esfuerzo es posible sin los esfuerzos anteriores. Por lo tanto, menos
globos pediríamos y nada más, y a cambio de eso obtendrá la plena
colaboración permanente del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Ministra, ha realizado usted su primera comparecencia. Nosotros le
garantizamos, a lo largo de esta legislatura, que cada vez que la señora
Ministra presente un proyecto o una idea articulada nosotros daremos
nuestra opinión con absoluta lealtad, intentando encontrar fundamentos,
argumentos, intentando establecer un mecanismo de oposición basado
siempre en la argumentación racional y en el tratar de convencernos unos
a otros. En segundo lugar, puede tener la seguridad de que para el Grupo
Parlamentario Socialista hay temas en materia de justicia --otros no--
como son la reforma procesal que deberían quedar al margen de la batalla
de partido o de opción política concreta y que deberían someterse, tal y
como ofrecimos en la legislatura anterior, a la técnica del pacto de
Estado. Pero para eso --insisto--, señora Ministra, es imprescindible que
no lleve usted sus proyectos de manera directa al Consejo de Ministros
sin oír a nadie. Si lo hace, no espere que podamos aceptar lo que usted
está planteando --tiene todo el derecho a hacerlo--, pero, desde luego, o
una cosa o la otra. Si usted opta por ese tipo de actuación, no podrá
mantener al propio tiempo que está brindando una posibilidad de pacto de
Estado. La verdad es que el conocimiento que tengo de la primera ley es
informal y realmente no lo conozco, pero si afecta a temas tan
importantes --incluso a uno de los temas centrales dentro de su
planteamiento general--, lo lógico, creo, es que si quería que lográramos
acuerdos, hubiéramos sido informados de cuál era su criterio para empezar
a hablar, para empezar a discutir.
En otras cuestiones la verdad es que vemos claramente que nos vamos a
enfrentar racional y razonablemente. No compartimos su modelo, por lo que
ha dicho, del Ministerio Fiscal; no compartimos, me temo, su modelo sobre
cómo deben seguir ampliándose las competencias del Consejo en lo que
parece haber indicado y, sobre todo, tenemos la impresión de que va a ser
la última Ministra de Justicia por dos razones: porque, desde luego,
cuando nosotros ganemos las elecciones generales, volverá a haber
Ministerio de Justicia e Interior, pero, segundo, porque en la hipótesis
improbable que ganaran ustedes, ese Ministerio de Justicia da la
impresión de que se está adelgazando hasta tal extremo que lo que se
podrá ir cuestionando es para qué mantener como ministerio algo que
probablemente sólo merecería el nombre de Secretaría de Estado de
Justicia.
Si usted me aclara alguno de los puntos que le he dicho, a lo mejor podré
rectificar, pero, en general, del planteamiento que ha realizado la
tendencia es a que todas las competencias van resituándose a otro ámbito,
al ámbito del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal en
ese camino hacia la autonomía, que no sé cuál es, parece que queda
también fuera del marco del Ministerio de Justicia. ¿Qué le va a quedar,
señora Ministra? ¿Cuál va a ser finalmente el contenido del Ministerio de
Justicia? ¿La iniciativa legislativa? Pues sí, pero ciertamente si le
queda la iniciativa legislativa ninguna razón estructural justifica la
permanencia de ese Ministerio. Podría perfectamente pasar al ámbito del
Ministerio de la Presidencia o a cualquier otro ministerio horizontal. El
resto de cuestiones residuales que quedan en su aparente modelo, salvo
que me lo desmienta --lo cual me alegraría--, podrían perfectamente
adscribirse indistintamente a otros órganos ministeriales.
¿Realmente ése es su modelo? ¿Quiere ir a la desaparición del Ministerio
de Justicia? La verdad es que si fuera coherente con la Asociación de la
que procede, así sería, porque ésa ha sido la tesis tradicional de esa
corriente de pensamiento dentro del mundo judicial, la práctica
desaparición del Ministerio de Justicia al servicio del Consejo.
Mi pregunta es: ¿es su modelo ése o lo ha rectificado y, sobre todo, es
ése el modelo del Gobierno actual de la nación?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Castellano Cardalliaguet tiene la
palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Bienvenida, señora Ministra, a este
tercer acto de esta semana dedicada con cierta profusión a los temas de
justicia. Nuestro grupo cuando le da la bienvenida lo hace sin ninguna
actitud protocolaria y va a procurar a lo largo de su intervención no
incurrir ni en injusticias ni en indelicadeza, y sería injusto, a lo
mejor, achacarle a usted un estado de la situación de la administración
de justicia que no tiene nada o muy poco favorable y sería también
indelicado recriminarle el que a lo largo de su intervención no haya
tocado toda clase de temas que componen los problemas de la
administración de justicia, porque además se podría volver contra
nosotros mismos dado que no estamos dispuestos en esta pequeña
intervención a hacer un repaso exhaustivo de los mismos. Por lo tanto,
tocaremos aquellos, como usted, que más nos llaman la atención.
Efectivamente, nos llama la atención el que habiendo sido una posición
sostenida con cierta firmeza por parte del nuevo Gobierno, del Gobierno
del señor Aznar, la desaparición del Ministerio de Justicia, no se haya
llevado a cabo, desaparición de la que nosotros, cuando se entró en
debate, estábamos dispuestos a participar pensando que quizá si como se
mantenía por parte del Partido Popular se iba a ir a un incremento masivo
de competencias del Consejo General del Poder Judicial, era muy posible
que fuera innecesario el Ministerio. Se están ustedes quedando a medio
camino, porque la verdad es que no ha desaparecido el Ministerio, pero
hay cosas importantes del Ministerio que sí que han desaparecido, como
es, ni más ni menos, todo lo referente a asuntos penitenciarios. Quizá yo
no hubiera empezado por ahí el desmontaje de la casa. Quizá hubiera sido
más lógico que hubiéramos pasado al Ministerio del Interior los asuntos
religiosos por aquello de mitad monje, mitad soldado, y nos hubiéramos
quedado tranquilamente
con el sistema penitenciario en el Ministerio de Justicia. Pero, en fin,
así se ha hecho y esperamos que ese trasvase no tenga como consecuencia
un cambio de filosofía en el tratamiento rehabilitador de los reclusos y
menos aún vaya a impedir la actuación de los jueces de vigilancia
penitenciaria, que nos ha gustado oír de usted, que se va a tratar de
llevar a sus últimas consecuencias.
Ha tocado usted al principio de su intervención temas importantes y de
carácter general. Ha hablado usted del modelo de justicia constitucional.
A nosotros entenderá usted que nos hubiera gustado oír hablar del
servicio público de la justicia. Sé que es una expresión que, en
concreto, a la Asociación a la que usted pertenecía antes de asumir estas
responsabilidades no le ha gustado nunca. No sé por qué a determinados
jueces y magistrados en cuanto les hablan de que son servidores públicos
les entra una enorme desazón. No sé en qué estadio se quieren colocar,
pero nos hubiera gustado oír hablar del servicio público de la justicia,
igual que hablar de la agilización y la eficacia del derecho a un juicio
justo sin dilaciones indebidas. Pero pueden ser a lo mejor problemas
puramente semánticos. Yo me temo que no, yo me temo que debajo de ello
hay algo más que una pura discusión terminológica.
Pero ha tocado usted un tema muy importante, que es la politización de la
justicia, y que es verdad. En el tema de la politización de la justicia
sería absurdo cerrar los ojos ante la situación que atravesamos, que no
sólo afecta a ese Consejo General del Poder Judicial del que usted ha
formado parte, sino que está afectando al ministerio público y que está
afectando a determinados juzgados de instrucción y, por qué no, llega
hasta la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Yo no sé si este tema de la politización de la justicia creen ustedes que
es una especie de maldición bíblica que ha caído sobre nosotros o, por el
contrario, tiene nombres y apellidos y tiene comportamientos. Por lo
tanto, en esa línea, yo ya lo primero que le tengo que preguntar a usted
es si para evitar la politización de la justicia le devolvemos a la
justicia todo lo que hay que devolverle, que es el conocimiento
exhaustivo y total de todo aquello que necesita para poder cumplir su
función. Quisiera que me desvelara de una vez por todas si es verdad ese
pacto, en virtud del cual a uno se le va a garantizar la tranquilidad en
el Gobierno porque otros van a garantizar la seguridad en la oposición.
Yo voy a ver eso hecho realidad si, efectivamente, se abren los archivos
del Ministerio del Interior, se abren los archivos del Cesid, se abren
los archivos de toda clase de dependencias públicas y los jueces pueden
entrar a conocer tranquilamente, y no empezamos con exquisiteces acerca
de nadie sabe qué secretos a conservar que lo único que tienen detrás es
el tufillo de un cierto intento de protección.
Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial se ha politizado,
pero no ponga usted mucho énfasis en la forma de elección porque no es un
problema de forma de elección, sino que, por encima de todo, es un
problema de personas. Se pertenezca o no a una asociación, se sea
impulsado o no por un partido, si se tiene independencia personal, si se
tiene integridad moral, si se tiene sentido de la responsabilidad
política, sea cual fuere el cauce que a uno le pueda llevar a una
determinada institución, el éxito está asegurado; ahora, si
efectivamente, por una u otra vía, se trata de premiar favores o de
tratar de conquistar parcelas para cubrir determinadas impunidades,
escoja usted la vía que le dé la gana, porque está cantado que el
resultado será absolutamente negativo.
Por tanto, en relación con este asunto, nosotros queremos insistir --y
con esto hago un pequeño paréntesis-- en que lo que se oye estos días en
relación a su idea sobre la forma de elección no nos gusta nada y vamos a
insistir enormemente en la talla, en la categoría, en la independencia de
las personas, mucho más que en otra cosa.
Nos hubiera gustado oír otra cosa, quizá porque para nosotros estas
comparecencias son una especie de ritornello. Yo ayer, preparando la
comparecencia, tenía la tentación de empezar mi intervención diciendo una
cosa que decíamos en la Facultad de Derecho cuando yo estudiaba, que se
ponía en las pizarras: La posesión, éxito arrollador; 33 semanas. Y es
que nuestro profesor don Antonio, que en paz descanse, sólo hablaba de la
posesión. Pues yo, cuando me he puesto a repasar antecedentes, he visto
que esto sí que ha sido un éxito arrollador, ya que llevamos con un
programa 15 años. Si usted repasa el «Diario de Sesiones» verá que hace
15 años ya se hablaba de estos temas. Por tanto, no le voy a aceptar a
usted esa posición tan precautoria de: usted no quiere prisas. No creo
que haga falta más tiempo para definir un modelo de oficina judicial. ¡Si
es que estamos hablando de un nuevo modelo de oficina judicial desde
1979! Desde el año 1979 se está hablando de un cambio radical y absoluto
en lo que tiene que ser el concepto de los órganos judiciales, entre
otras cosas para que los órganos judiciales no tengan que soportar las
peripecias del titular, ya que aquello funciona o no funciona en la
medida en que el titular sea más o menos laborioso. Si el titular tiene,
digamos, una cierta propensión al turismo y va viajando cada tres o
cuatro años en el escalafón, los juzgados se quedan abandonados. Son
cuestiones de las que llevamos oyendo hablar tantísimo tiempo que ya es
necesario que, efectivamente, de una vez por todas, sin prisa ni pausa
--pero no tomándose tanto tiempo--, y ya que ha habido enorme debate, y
para verlo no hay más que asomarse al «Diario de Sesiones» y a los
propios trabajos del Consejo General del Poder Judicial, empecemos a
poner en marcha esta asignatura pendiente de la justicia.
Nosotros no compartimos --se lo advierto ya-- la teoría de que la
purificación del Ministerio Fiscal va a venir de la mano de que el Fiscal
General del Estado tenga que ser un miembro de la carrera. Ha habido
fiscales miembros de la magistratura, y ahí está el recuerdo del señor
Burón, y ahí está el propio Fiscal General del Estado que hay hoy, que,
sinceramente, sin pertenecer a la carrera fiscal están realizando su
función perfectamente y ha habido otros que si no la han realizado como
debían no ha sido porque pertenecieran a esta u otra carrera, sino,
sencillamente, porque le faltaba el talante esencial de ser imparciales
frente a quien los nombraba.
En todo caso, nos gustaría que se abriera un serio debate sobre el modelo
de Ministerio Fiscal, porque hoy se
vive en una absoluta ambigüedad. Hoy se vive con un Ministerio Fiscal que
se dice que no es Poder Judicial, aunque se integra en el Poder Judicial;
del que se dice que es autónomo, pero el Gobierno hace los nombramientos,
y que, además, cada día estamos viendo cómo invade más el terreno de los
jueces de instrucción queriendo recabar para sí esta instrucción. A
nosotros nos parece que si se hace eso, tendrá que haber una mínima
equivalencia en cuanto al papel que se le dé a la abogacía, a la
institución de la defensa, para que esto no se desequilibre dentro de un
proceso contradictorio. Hace falta ese debate y hace falta que nos
aclaremos sobre qué modelo queremos. Yo le puedo decir que nuestro Grupo
Parlamentario ha ido teniendo su propia evolución y no le molestaría
nada, y si para ello es necesario reformar la Constitución que se reforme
--al fin y al cabo, hízose la ley para el hombre y no el hombre para la
ley--, que igual que tenemos Defensor del Pueblo, se creara un modelo de
fiscal parlamentario que estuviera a cubierto de toda clase de sospechas.
La referencia que ha hecho, señora Ministra, al secretario judicial, es
muy parca; no basta con que incardinemos o no en el Consejo al secretario
judicial. Nosotros queremos, de verdad, que de una vez por todas haya un
secretario judicial. Ha habido épocas en que la reticencia hacia los
secretarios judiciales les ha convertido en lo que no les debía
convertir, pero vamos a devolverles su función. El secretario judicial,
además de impulsor del proceso, de responsable de la oficina judicial, es
una garantía en cuanto al procedimiento. Vamos a hacer que a unos
trabajadores del Derecho, que tienen un sistema de selección bastante
riguroso, se les devuelva todo su cometido en el ámbito del proceso
judicial. Efectivamente, nos gustaría, claro que sí, que el secretario
judicial también formara parte del Consejo General del Poder Judicial. No
sé si en esta nueva elección va a haber la sensibilidad suficiente para
que alguno de ellos comparta tareas con aquellos con los que comparte
cotidianamente la responsabilidad de juzgar y ejecutar lo juzgado.
No compartimos, señora Ministra, por el hecho de que usted haya tenido en
el Consejo General del Poder Judicial a un miembro que ha accedido por el
cuarto turno, que realmente no ha hecho honor a la forma de acceso, una
actitud descalificadora del cuarto ni del tercer turno. Por ese mecanismo
se han incorporado a la judicatura, a la magistratura, muchos
profesionales del Derecho que están dando un resultado perfecto. Si ha
habido uno en concreto que ha desestabilizado la situación, no hagamos
recaer sobre la generalidad lo que simplemente ha sido un problema suyo.
Y en este tema me gustaría poner de manifiesto una seria contradicción,
algo que además confunde a muchos ciudadanos, cuando de pronto cae en sus
manos una resolución judicial, ya que, al asomarse a ver quién es el juez
que la ha dictado, resulta que es un juez sustituto; es un juez sustituto
que lleva 15 años sustituyendo y el día que se presenta a las pruebas
para el tercero y el cuarto turno lo suspenden. Esto es decir a los
ciudadanos que han estado durante 15 años recibiendo las sentencias:
Oigan ustedes, el señor que les dictó estas sentencias es un
indocumentado. Yo creo que tiene que haber un poco de seriedad con
aquellos colaboradores de la justicia, con aquellos jueces sustitutos
que, a lo largo de tanto tiempo y generalmente en juzgados que no suelen
ser ningún momio --perdonen la expresión coloquial--, han estado
trabajando. Hay que valorar que esa experiencia de tanta y tanta
sentencia les debe permitir salir de la interinidad de una vez y entrar
en una situación de cierta durabilidad.
Efectivamente, hay que hacer un reglamento sobre el turno de oficio y la
defensa gratuita. Yo sé que esto va a como predicar en desierto, sermón
perdido, pero nosotros somos partidarios de que los fondos con los que se
tienen que retribuir esta clase de servicios sean fondos estatales y no
se dejen en manos de los colegios de abogados. Esta mañana se ha estado
discutiendo sobre la liberalización de los colegios profesionales y ahora
resulta que sólo hay una liberalización para que alguno pueda actuar
estando colegiado en un solo colegio. Hay muchas más cosas que
liberalizar y a lo mejor la primera es que los colegios profesionales no
tengan por qué realizar una función que realiza el Estado. Claro que esto
le repito a usted que es predicar en desierto, sermón perdido, por la
sencilla razón de que no le he oído a usted la menor referencia a que el
Estado va a recuperar algo tan importante como los depósitos judiciales;
esa decisión que se tomó un día de que el dinero de los litigantes, sea
el dinero de unas rentas, el depósito de un ejecutivo o cualquier otra
cosa, haya ido a parar a una administración bancaria de carácter
particular cuando, al fin y al cabo, es el Estado el que debe administrar
estos fondos, fondos que siempre administró y siempre obtenía de ellos el
correspondiente beneficio. Claro, si no se está dispuesto a recuperar
esos fondos judiciales para que los administre el Estado, a lo mejor
también es difícil que el Estado administre lo que tiene que administrar
que es, ni más ni menos, aquello que acuerde con los profesionales para
compensarles de su colaboración en el tema.
Dentro del análisis que ha hecho, que en gran parte suscribimos, de
cuáles son las disonancias que se producen no sólo por aplicación del
Código penal, sino por la situación que vamos retrasando y parcheando
cada día, nos hubiera gustado oír alguna referencia a los juzgados de
paz. Nos parece, sinceramente, que la pieza de los juzgados de paz está
absolutamente infrautilizada, quizá porque hay una cierta reticencia con
ellos, porque son los únicos jueces electivos que hay. A lo mejor resulta
que, por una especie de sentido corporativista, a algunos no les gusta
los jueces electivos, pero que son jueces que pueden cumplir
perfectamente su labor. Nos gustaría que también fueran objeto de
atención en su momento.
Hay un tema respecto al cual el silencio que hemos podido notar nos
resulta todavía más chocante, teniendo en cuenta que, aparte de que usted
proceda del mundo de la judicatura y haya estado en el Consejo General
del Poder Judicial, hoy es Ministra de Justicia y como Ministra de
Justicia es la responsable del servicio público de la justicia, y es el
tema de la responsabilidad judicial. De este tema hay que hablar ya muy
en serio. Se ha demostrado que no bastan las actitudes del Consejo
General del Poder Judicial. Además, sinceramente, no se comparece el
número de expedientes disciplinarios o de informaciones o diligencias
informativas y el número de sanciones con la realidad de lo que ocurre.
En modo alguno. Hay que plantearse muy seriamente, desde su propio
Ministerio, en beneficio de los jueces que cumplen sus obligaciones, que
son muchos --a lo mejor los que no las cumplen se cuentan con los dedos
de la mano--, el tema de la responsabilidad judicial.
Igual que hay que plantearse --no solamente procurando recuperar la
unidad en los servicios jurídicos del Estado-- que los servicios
jurídicos del Estado, además de que defiendan al Estado, traten de
recuperar para el Estado, en responsabilidades civiles, todo lo que se
refiere al tema de la corrupción. No conozco ni un solo expediente de los
servicios jurídicos del Estado tratando de recuperar para el Estado, en
responsabilidades civiles, todo lo que se refiere a la corrupción. Quizá
a otros temas sí. Pero cuando aparece la corrupción económica, la
corrupción económica del funcionario queda absolutamente impune, en
muchos casos, y queda irreparable en el aspecto de lo económico.
En cuanto a la policía judicial, nos gustaría que si, efectivamente, se
va a cuestionar cuál es su estatuto, se cuestione del todo y en la
dependencia orgánica y funcional del correspondiente juez de instrucción
para que no haya lugar a ninguna clase de malentendidos y no se produzcan
algunas cosas que ya han ocurrido.
He dejado para el final, repito, no queriendo agotarlo en una primera
comparecencia, el tema de la objeción de conciencia. Ayer tuvimos una
pequeña contraposición de opiniones. Es un hecho absolutamente cierto que
se ha abierto una situación, al menos de transitoriedad. Esa situación de
transitoriedad hace que hoy estén --aunque no estén físicamente
recluidos, pero bajo algo que tiene su importancia moral-- soportando el
cumplimiento de una condena ciudadanos que de aquí a dos, tres, cuatro
años, cuando lo permitan, no la situación anímica y el convencimiento de
la ciudadanía sino los presupuestos del Estado; esa conducta que puede
tener un carácter delectivo va a desaparecer y se va a convertir en
normal. Es absolutamente insostenible que este tema no se haya resuelto.
Como lo llevamos pidiendo hace tanto tiempo, además con un gran argumento
de autoridad, porque aquí a todo el mundo se le está olvidando que la
primera fuerza política que ha pedido en esta Cámara la desaparición del
Servicio Militar obligatorio ha sido Izquierda Unida, mucho antes de que,
como consecuencia de ciertas necesidades convencionales, se pudiera poner
encina de la mesa. En este tema le pedimos de verdad un esfuerzo muy
serio, muy serio, muy serio porque la situación, repito, es absolutamente
insostenible.
Dicho esto, sin ninguna clase de actitud ni diplomática ni protocolaria,
sepa, señora Ministra, que este grupo político le va a prestar toda la
colaboración que pueda necesitar, si es que la necesita, para llevar
adelante la solución de estos problemas, pero que, repito, no son
problemas que podamos decir que hay que realizarlos sin prisa; hay mucha
prisa. Son quince años. Dé instrucciones para que le pongan encima de la
mesa «Diario de Sesiones» tras «Diario de Sesiones» en los que llevamos
hablando del tema de la justicia y verá qué fatiga. Siempre estamos
tocando los mismos temas. Por algo será. Como nosotros los hemos estado
tocando, fuere cual fuere el color del Gobierno que había, tenemos
autoridad moral para exigírselo a usted porque así se lo exigimos a
otros. Lo que esperamos es que, como otros, usted no nos defraude.
El señor PRESIDENTE: Comienza el turno de fijación de posiciones o de
intervenciones de los grupos que no habían solicitado la comparecencia de
la señora Ministra.
En primer lugar, Coalición Canaria. En su nombre, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Seré breve para permitir la contestación de la
señora Ministra a las cuestiones planteadas por mis antecesores, muchas
de las cuales, tenía también previstas en mi intervención, pero las
retiro.
Quisiera comenzar dándole la bienvenida a la señora Ministra,
reconociendo el sentido de responsabilidad en la política de justicia que
a su departamento le corresponde hacer en nombre del Gobierno. Coalición
Canaria, por boca de este portavoz, quiere testimoniarle su apoyo y
consideración por la responsabilidad en la materia que a todos se nos
alcanza, así como desearle, por supuesto, la mejor andadura
administrativa y política en este importante departamento.
Paso seguidamente, señora Ministra, a exponerle algunas de las
cuestiones, reflexiones unas y preguntas otras, con el mismo énfasis que
ha mostrado la señora Ministra para llevarlo adelante. De las tres
cuestiones prioritarias que ha planteado en el inicio de su intervención,
señora Ministra, dos de ellas, tanto el reforzamiento del Consejo General
del Poder Judicial como el reforzamiento de las actitudes
jurisdiccionales de jueces y magistrados, desearía que se llevaran a
efecto lo antes posible, pero bien entendido que esta Cámara tiene el
compromiso de tratar en el orden del día de la próxima semana la
renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le rogaría esperase
hasta ese momento porque algunas de las cuestiones que ha planteado la
señora Ministra entendemos que deben ser tenidas en cuenta también en el
seno del nuevo órgano del Consejo General del Poder Judicial, una vez
formado, dadas las atribuciones, que nos parecen acertadas, que desea
encomendarle la señora Ministra para que vaya recuperando una potestad
orgánica y de ordenación del Consejo y no seguirlo adelgazando en sus
competencias.
Respecto a las prioridades que ha señalado, como ha puesto en primer
lugar la de orden contencioso-administrativo, me ha parecido entender a
la señora Ministra, sin entrar en qué es lo que quiere hacer en
dotaciones en el orden contencioso-administrativo --como ha señalado aquí
creo que el señor Belloch--, que no está tanto en una disponibilidad de
medios sino que quería ir por una línea de apoyar en medios los juzgados
unipersonales, etcétera. Pero aquí la cuestión es retrotraerse al momento
que teníamos en la anterior legislatura con el proyecto de ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Habíamos ya percibido en los informes de la memoria anual del Presidente
del Consejo General del Poder Judicial que coincidían en el diagnóstico
de colapso en que se encuentran los juzgados de lo
contencioso-administrativo
con la cuestión planteada reiteradamente por el Defensor del Pueblo en su
informe anual. Incluso se nos ha hecho llegar por el actual Presidente de
la Cámara un informe del Defensor del Pueblo respecto al colapso que se
está generando en lo contencioso administrativo porque, precisamente
--esto habría que ponerlo en el debe de la anterior administración del
Gobierno socialista--, la Ley 30/1992, que regula el régimen jurídico de
las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
al suprimir el recurso de reposición, ha vuelto a colapsar dichos
juzgados. Ha sido una albarda sobre albarda en los juzgados de lo
contencioso-administrativo porque prácticamente, al no existir recursos
gubernativos ni administrativos, ha desviado todo esto a la esfera de lo
contencioso-administrativo. Efecto que no se previó con la Ley del año
1992 pero que ha caído sobre las espaldas de los jueces de lo
contencioso-administrativo. A esto hay que darle una salida, la que sea,
porque si sigue operando --como de hecho y de derecho está-- la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, todos los ciudadanos, empezando por
lo que tienen que plantear a los ayuntamientos, comunidades autónomas y
Administración del Estado, al no haber, como he dicho, esta vía de los
recursos de reposición, terminan en los juzgados, provocando una
situación verdaderamente importante. Nuestra propuesta sería que si es
deseo del Gobierno retomar el proyecto de ley según las directrices que
señale el Gobierno, la señora Ministra, nosotros apoyaríamos que esto se
resolviese por vía de una ley, porque esta ley de lo
contencioso-administrativo tiene que volver a reconsiderar qué pasa con
los llamados «antiguos recursos de reposición» o ver de qué manera la
administración de justicia puede absorber este tema.
No digo nada respecto a lo civil y lo penal porque coincido plenamente en
las líneas que ha trazado la señora Ministra. Vuelvo a reiterarle nuestra
preocupación con el tema de lo contencioso-administrativo. Aparte de las
medidas de apoyo económico, funcionarial, de personal, etcétera, que se
puedan adoptar por su departamento, o tenemos una nueva ley, moderna,
flexible e inteligente de lo contencioso-administrativo, o ya podemos
poner ahí todo lo que queramos porque por generación espontánea ante la
Administración municipal, la autonómica y la del Estado se plantearán más
recursos contencioso-administrativos.
Con respecto, señora Ministra, a las transferencias que ha señalado,
nosotros recibimos con agrado la predisposición de que vaya a atender
inmediatamente la demanda de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero sabe
usted que este procedimiento ya se inició incluso con la Administración
anterior, pues lo había planteado el Gobierno autónomo de Canarias. Las
conversaciones están en este momento en la fase que usted conoce y
únicamente quería agradecerle esta predisposición y resolver, de una vez
por todas, las trabas que hay en este momento para la dotación suficiente
de la transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias. Bien entendido
que nosotros pedimos también que lo que se transfiera no venga con la
carga de los problemas que existen, como en este caso con la de lo
contencioso-administrativo porque es trasladar el problema de habitación
dentro de la casa común de la Justicia en el Estado español.
Respecto, señora Ministra, a las otras cuestiones de detalle, solamente
me voy a fijar en lo siguiente. En lo referente a la ley penal del menor,
que también nosotros tenemos interés en que se lleve adelante, he de
señalarle que nos preocupa, ante un avance de la misma, si se pone en
funcionamiento, que los centros no estén adecuados para recibir a estos
menores. Esto sería ya una cuestión de organización y de intendencia en
su departamento. Me gustaría que explicara, si se trata de aplicar en
algún centro, si tienen previsto adecuar centros de cumplimiento para una
ley penal del menor, o si esto va a hacerse en los que hay con módulos
especiales o específicos, como existen en otros centros penitenciarios.
¿Cuál es la solución de logística, de ubicación de la aplicación de la
ley penal del menor?
Respecto, señora Ministra, al tema de la objeción de conciencia y a la
prestación social sustitutoria, difícil lo tiene, muy difícil, ya se ha
señalado aquí. No creo que actuar ahí con el Consejo de Objeción de
Conciencia y con la jurisdicción correspondiente, quedándose pasivo ante
el fenómeno que se está dando, sea acertado. Usted ya ha señalado, como
el señor Belloch, las estadísticas de lo que está ocurriendo en estos
últimos meses, sobre todo a partir del mes de abril: que los medios
humanos y procedimentales van a ser insuficientes totalmente para
contener esta avalancha y, por tanto, hay que resolver el problema de
fondo, porque si se trata sólo de resolver el problema de procedimiento
es tal la carga de accesos de expedientes que es imposible solucionarlo
por una vía de logística material o de medios económicos y humanos. El
Gobierno tiene que hacerle frente de la misma manera y en paralelo con
las leyes que se promulguen sobre la prestación del Servicio Militar o
las leyes militares, de profesionalidad del Ejército, o esto no tiene
solución. No tiene solución y hay que ir, por tanto, al fondo del
problema para lograr la supresión total de esta situación. El día que
esté suprimida la obligatoriedad del Servicio Militar caerá por su propio
peso esta situación y tampoco se pueden quedar allí bancos pintados en la
propia Administración de Justicia una vez que haya desaparecido la
situación de la obligatoriedad del Servicio Militar, que es el que crea
este problema por un eco, por un valor añadido, por una dinámica en los
trabajos.
Con respecto, señora Ministra, y con esto señor Presidente voy
terminando, al personal al servicio de la administración de justicia y de
la informatización que usted ha señalado, nosotros coincidimos en unas
líneas que puedan apoyar una formación de personal al servicio de la
administración de justicia, pero, al mismo tiempo, tenga en cuenta la
problemática que se deriva de los secretarios de los juzgados, de ver
dónde se les ubica. Habrá que ver si esta formación del personal al
servicio de la administración de justicia debe realizarla su departamento
o debemos pensar en que el nuevo Consejo General del Poder Judicial ha de
adoptar una posición muy activa, muy en primera fila con la formación del
personal al servicio de la administración
de justicia. Porque lo que no podemos es tratar en una dicotomía de
reforzar al Consejo General del Poder Judicial y no dejarle que refuerce
sus propios órganos de apoyo, de funcionamiento que están contemplados en
esta formación del personal al servicio de la administración de justicia.
Ayer, señora Ministra, tuvimos un debate sobre una moción que presentó el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre la cuestión penal y penitenciaria fundamentalmente. La parte
inicial de la moción, que nosotros apoyamos, y que ya se ha mencionado
aquí, trataba de la dependencia de instituciones penitenciarias en el
ámbito del Ministerio del Interior. Una decisión que toma un gobierno al
principio siempre puede ser reconsiderada y espero que el mejor sentido
de la justicia que tiene, y que le compete a la señora Ministra, la lleve
a tratar de reconducir esa decisión. Tiempo hay, aunque este Diputado
hubiera entendido mejor que esas competencias hubieran estado, estén en
su día, ojalá lo consigamos, en el ámbito del Consejo General del Poder
Judicial porque, como yo recordaba ayer, la Constitución señala en la
competencia jurisdiccional de jueces y magistrados juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado y que lo que tenga que ser ejecutado esté dentro de
la competencia de quien lo haya juzgado, como señala el espíritu y la
letra de nuestra Constitución. Pero usted tiene el deber político y
ético, diría yo, de reconducir ese tema y recuperar, al menos como mal
menor, en la hipótesis maximalista que le estoy planteando de competencia
atribuible al Consejo General del Poder Judicial de ejecutar lo juzgado,
de recuperar, repito, para su departamento esa importante competencia,
porque un Estado de Derecho, en este orden de cosas, no solamente tiene
que serlo sino parecerlo.
Mi preocupación final, señora Ministra, y en esto tendrá usted todo el
apoyo y colaboración que proceda, es reconducir también el tema de la
policía judicial. La situación actual no es buena, no es conveniente y
hay que incidir sobre ella con inteligencia pero también con decisión y
valor. ¿Qué sentido le quiere dar su departamento a la policía judicial?
Los casos, que usted conoce perfectamente, señora Ministra, cuya
operatividad chirría verdaderamente, necesitan ser resueltos. No podemos
tener tampoco a los tribunales, a los jueces, a los magistrados, así como
a los miembros de la policía gubernativa, al Cuerpo Nacional de Policía o
a la Guardia Civil, cuando actúan en función de policía judicial, en una
situación que les representa una auténtica inseguridad jurídica. O están
o no están, pero que lo sepan; que lo sepan incluso como seguridad de su
propio destino. Porque si la propia Constitución señaló para jueces y
magistrados una serie de garantías constitucionales de inamovilidad,
etcétera, la policía judicial no puede estar con la incertidumbre actual.
Por todo lo demás, señora Ministra, tendrá nuestra colaboración y apoyo
en llevar adelante esas líneas que usted ha trazado en su exposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señora Ministra, gracias por la amplia
explicación que nos ha dado sobre el cometido que su Ministerio se
propone.
Tiene usted por delante una tarea ingente ya que nos encontramos en la
actualidad con una situación dual. De una parte la justicia sigue
ocupando los últimos lugares en la apreciación de los ciudadanos y, sin
embargo, el Poder Judicial ha adquirido una extraordinaria relevancia
como fuerza social, con influencia en la dirección y en el ritmo del
desenvolvimiento de la vida de este país y de sus asuntos públicos en los
últimos años.
Ha hablado usted de la politización de la justicia y yo creo que también
ha podido hablarse de la judicialización de la política. De ambas cosas
debe huirse. Urge una reflexión sobre la configuración de este poder,
urge la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo
se configure como auténtico órgano de gobierno de los jueces, controlable
como el resto de los poderes, pero desde el punto de vista de mi partido
sin demérito de la elección directa de sus miembros por las Cortes
Generales.
Si determinante es el papel constitucional del Consejo General, también
debe tenerse en cuenta, y teniendo sobre todo yo la condición de miembro
de un partido nacionalista, otro elemento fundamental, que es que el
Estado se define como autonómico y son ya varias las comunidades
autónomas que tienen competencias asumidas en esta materia. Varias
comunidades hemos asumido la competencia en medios materiales y
personales, como le digo. El camino ha sido muy largo para poderlo
conseguir. La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 respondía a una
concepción centralista de la administración de justicia y dejó muy poco
campo para que tuviesen contenido los artículos correspondientes de los
estatutos de autonomía en los que se asumían competencias en esta
materia. La sentencia 56/1990 todavía supuso un revés más grave para las
aspiraciones de las comunidades autónomas, ya que causó una gran
decepción, pues era la primera vez que el Tribunal Constitucional admitía
que un precepto estatutario pudiese quedar derogado y sin contenido como
consecuencia de una ley posterior del Estado.
Finalmente, esta situación, a nuestro parecer, quedó solucionada en la
legislatura pasada con la aprobación de la Ley Orgánica 6/1994, de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con el nuevo tenor que se
daba al artículo 455 se permitía la asunción de competencias en materia
de personal por las comunidades autónomas, en los mismos términos en los
que el Ministerio de Justicia las tuviese respecto de las de régimen
común. En nombre de mi grupo pensaba solicitarle que por el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno se retirase el recurso de
inconstitucionalidad que se planteó en su día contra la modificación de
este artículo, ya que estamos hablando de la política de un Gobierno que
se ha presentado apelando al talante autonomista que va a presidir esta
legislatura. Creo que una muestra de esta buena voluntad, puesto que
además están en marcha cuatro procesos de transferencias de personal a
comunidades autónomas, sería la retirada, como digo, de este recurso de
inconstitucionalidad planteado en su día por el Grupo Parlamentario
Popular.
También en clave autonómica quiero referirme a otro punto que ha tratado
al referirse a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, indicando que se
va a retrasar su entrada en vigor por medio de un decreto-ley. Igualmente
le quiero indicar que en esta materia --y el texto de la ley lo respeta--
existe la competencia de las comunidades autónomas en cuanto a la
composición, funcionamiento y financiación de las comisiones de
asistencia jurídica gratuita. Entiendo que debieran ser consultadas
aquellas comunidades autónomas que se encuentren en condiciones de hacer
frente al plazo inicial que daba el texto de la ley.
Otra cuestión que me gustaría abordar es la que hace referencia al
proceso de racionalización y de modernización de la administración de
justicia, conceptos que se utilizan siempre cuando se habla de la
Administración general y que, sin embargo, no se hacen con el mismo
sentido cuando se trata de la administración de justicia. Creo que
debiera profundizarse en la idea de servicio al ciudadano, de eficacia,
siempre también desde el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas que tienen asumida igualmente la gestión desde la cercanía y la
mayor facilidad que para estas tareas concede el que la competencia esté
asumida.
En otro apartado de las tareas que ha enumerado, en lo que hace
referencia a la promoción e iniciativa legislativa, efectivamente --y
coincido con usted-- urge la reforma de las leyes procesales. En el orden
civil estamos totalmente de acuerdo en que deben simplificarse los
procesos y debe procurarse una ejecución rápida de las sentencias.
En el orden contencioso-administrativo soy yo la preguntante del día de
ayer. Me ha gustado la expresión que utilizaba hoy la señora Ministra de
atención prioritaria a esta jurisdicción. Cuente con nuestro apoyo para
conseguir lo más posible en la discusión de los presupuestos para que
cuanto antes sea realidad la puesta en marcha de los juzgados
unipersonales de lo contencioso.
En orden de la jurisdicción penal creo que también urge una reforma,
sobre todo dando mayor protagonismo al fiscal en la instrucción,
reforzando así el principio acusatorio que rige en nuestro sistema. Sería
bueno que cuanto antes se ponga en marcha la existencia de un único
proceso penal, cuyas fases puedan acortarse o incluso suprimirse en
atención a la gravedad de la conducta o de la pena a imponer, pero
evitando la proliferación de procesos distintos existentes en la
actualidad. Es también urgente la regulación de nuevo de un auto de
inculpación judicial, a fin de que el ciudadano tenga la garantía de no
ser sometido a procesos penales infundados. Debe volverse al control
judicial de la razonabilidad de la pretensión acusatoria.
Otro aspecto necesitado de reforma, creo yo, es el que hace referencia al
vacío actualmente existente en materia de tutela cautelar en el orden
penal. En este sentido, el Grupo Nacionalista Vasco presentó en la
anterior legislatura una iniciativa que fue tomada en consideración por
la totalidad de los grupos y que creo supone un cierto compromiso moral
de asumirla también en esta legislatura, en que ya ha sido presentada con
algunas reformas puesto que había jurisprudencia constitucional reciente
que merecía ser recogida, y que pongo a su disposición, señora Ministra,
y del conjunto de los grupos parlamentarios como instrumento de trabajo
que procediendo de un grupo modesto y, por tanto, escaso de medios, no
dudo que será mejorado por la participación de los eminentes juristas con
que cuenta esta Cámara y esta Comisión de Justicia e Interior.
Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de regular cuanto antes la
ley penal del menor.
En cuanto a las posibles modificaciones del Código Penal, quiero insistir
en una constante de mi grupo y que se esgrimió ya a lo largo de la
tramitación del Código en la pasada legislatura: la despenalización de la
insumisión. Creemos que no existe reproche social alguno respecto de esta
conducta, como lo vemos por los distintos argumentos o trucos que emplean
los jueces para evitar el que se tengan que cumplir las penas. Sobre todo
teniendo en el horizonte la supresión del servicio militar obligatorio en
un período tan breve, creemos que debe reflexionarse sobre esta cuestión
en la misma línea de lo indicado por el representante de Izquierda Unida,
a quien por cierto matizo que el primer grupo que sostuvo la idea de
supresión del servicio militar obligatorio fue el Nacionalista Vasco, que
lo ha llevado desde siempre en sus programas, legislatura tras
legislatura.
En lo que hace referencia al estatuto del ministerio fiscal, estoy
totalmente de acuerdo con lo que se ha indicado. El artículo 124 de la
Constitución establece un sistema de nombramiento, que lo es a propuesta
del Gobierno, pero ello no obsta para que luego deba gozar de todas las
garantías de independencia e imparcialidad en su función, porque de otra
forma no sería posible que cumpliese los cometidos que también el mismo
precepto constitucional le encomienda, como son los de promover la acción
de la justicia en defensa de la legalidad y la defensa de los derechos de
los ciudadanos y del interés público.
Finalmente, me quiero referir al proceso de conformación política del
espacio europeo y a la necesidad de integración de numerosas directivas
en el ordenamiento jurídico español. Usted ha citado dos, algunas otras
se han añadido por los representantes de los grupos, pero hay otra
respecto de la cual mi grupo tiene especial interés y que dudo ahora, por
la división del antiguo Ministerio en dos, si es competencia suya, pero
creo que sí, ya que encaja dentro de lo que es codificación y
armonización legislativa, en lo relativo a derechos fundamentales y
cooperación y asistencia jurídica internacional. Me refiero a la
Directiva 95/46, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de esos datos. Creo que la
trasposición de esta directiva iba a exigir una modificación de la Ley
Orgánica 5/1992, de tratamiento automatizado de datos de carácter
personal, que quizás también fuese necesaria porque sobre la misma penden
cuatro recursos de inconstitucionalidad, dos promovidos por el Consejo
Ejecutivo de la Generalitat, otro por su Parlamento, otro por el Defensor
del Pueblo y un cuarto por un grupo de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Popular. Creo que es un tema de suficiente importancia como
para que sea objeto de planteamiento y posibilidad de reforma en esta
legislatura.
En fin, le agradezco todo lo que nos ha expuesto y le ofrezco la buena
voluntad de mi grupo y nuestro deseo de participar en los consensos que
se susciten para que pueda llevar adelante los cometidos a los que se
enfrenta su Ministerio en esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Silva Sánchez.
El señor SILVA SANCHEZ: Agradecemos, como no podía ser menos, la
comparecencia de la señora Ministra y nos manifestamos sustancialmente
conformes con sus preocupaciones y con sus prioridades. Obviamente
contará con toda la colaboración del Grupo Parlamentario Catalán, si bien
quisiéramos hacer algún tipo de matización a sus palabras o, al menos,
poner de manifiesto cuál es la posición política de mi grupo.
En primer lugar, agradecemos los esfuerzos de consenso que entendemos que
serán progresivos en el futuro. Esta es una materia que afecta
tremendamente a los intereses generales y en los que se hace necesario
este esfuerzo de consenso y de pacto, el pacto de Estado al que se
refería el señor Belloch, si bien me ha sonado un poco con la música de
la gran coalición, y ahí sí que nos toca también a nosotros intervenir un
poco. Estas materias son de interés general. Mi grupo parlamentario no es
celoso. No sabe si otros grupos parlamentarios lo son. Cuente con nuestra
colaboración, no va a haber planteamientos de exclusiva de ningún tipo,
pero entendemos que no sería correcto políticamente y quizá, en algún
momento hasta rayano, en la imprudencia pretender buscar consensos
exclusivos y fuera del marco de lo que fue en su día el pacto de
investidura. Por tanto, bienvenida sea la colaboración de todos, y si en
algún caso no puede ser la colaboración de todos, pues la colaboración de
algunos.
En segundo lugar, agradecemos la apreciación de la necesidad de dotar de
agilidad a los procesos judiciales. Sin embargo, en este caso también
coincidimos con algunos otros grupos, incluso con otros grupos que
prestan apoyo parlamentario a su Gobierno, en que quizá el tempus que
pretenden marcar sea excesivamente largo. No será mi grupo el que niegue
que la iniciativa legislativa corresponde fundamentalmente al Gobierno,
pero entiende que este Gobierno, que ha sido capaz de apreciar las
situaciones de urgencia y necesidad que han justificado la convalidación
de dos decretos-ley esta mañana, también puede apreciar la situación de
urgencia y necesidad suficiente como para presentar con mayor premura
proyectos de ley, como para incitar a su grupo parlamentario a que
presente proposiciones de ley o incluso para asumir o apoyar
proposiciones de ley que sean presentadas por otros grupos. Por tanto, en
este caso ya sabemos lo que dice no sé si es un bolero o es un tango: No
hay que llegar primero pero hay que saber llegar. Pero en este caso a los
que tenemos formación clásica nos gusta más aquella expresión de
Temístocles que al que sale antes de que den la señal de salida le pegan
con una vara, pero el que llega tarde no gana la corona. Por tanto,
entendemos aquí también que lo que hay que intentar es coronarnos todos
con ese laturel de acabar la legislatura con la legislación procesal
solucionada.
En tercer lugar, apreciamos y coincidimos sustancial y totalmente con
este planteamiento de que uno de los efectos de la situación política
española es esta politización de la justicia y esta judicialización de la
política, pero tampoco debemos mirarnos excesivamente el ombligo. El
problema de la justicia que afecta fundamentalmente a los ciudadanos no
es ni un conflicto ni una contaminación entre poderes. Lo que afecta a
las 195.000 personas o litigantes que a 1 de enero de 1996 estaban
esperando que una sala de lo contencioso-administrativo de un tribunal
superior de justicia les resolviese su problema poco tenía que ver con
algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí, que son
tremendamente importantes porque afectan al núcleo esencial del Estado de
Derecho, pero no concibamos el problema de la justicia como un puro
problema de Estado de Derecho. Es un problema de administrado, como se ha
hablado en algunos momentos, es un problema de litigante, es un problema
de justiciable, y ahí cabe agradecer las palabras de su Presidente el día
del debate de investidura cuando se comprometía a asumir un estatuto del
contribuyente, esto es, el administrado en cuanto está sometido a
procesos tributarios, pero no es menos cierto que no cabe abandonar, ni
mucho menos cabe entender que tiene menos urgencia y menos necesidad
contemplar la situación de ese administrado en la medida en que está
sometido a los tribunales y que es un justiciable. Por tanto, bienvenido
sea todo lo que contribuya a depurar la política de esa contaminación si
se quiere judicial, bienvenido sea todo lo que contribuya a evitar esa
contaminación política en los juzgados, pero mucho más bienvenido, se lo
digo, señora Ministra, todo lo que venga a resolver los problemas de
atasco de la justicia, a lo que me referiré posteriormente, especialmente
graves en el orden contencioso-administrativo.
Por consiguiente, concibamos también la administración de justicia como
un servicio, porque eso efectivamente es, y sepamos exigirle aquellos
estándares de eficacia en tiempo y en calidad que son perfectamente
exigibles a otros ámbitos de la Administración. Quizá no se lo podamos
exigir a la justicia como poder, obviamente se lo vamos a poder exigir a
la justicia como administración o a la Administración del Poder Judicial,
que no otra cosa también es el Consejo.
También coincidimos con su diagnóstico de que no ha funcionado
correctamente el sistema de elección del Consejo General del Poder
Judicial. Hasta tal punto lo apreciamos que en el programa electoral de
mi coalición y por partida doble llevamos una reflexión sobre ese tema.
Tampoco nos comprometemos con una vuelta al sistema antiguo. Después de
la renovación del Consejo estudiemos entre todos cuáles son los mejores
sistemas. Posiblemente al final tengan que ser sistemas de carácter mixto
o de carácter complejo que permitan generar un mejor funcionamiento y,
sobre todo, una mejor imagen de la justicia, porque mi grupo también
entiende que aquí a veces hay más ruido que nueces y que a través del
conflicto o de la parálisis del Consejo General del Poder Judicial se da
una imagen
del funcionamiento de la administración de justicia, una imagen del
funcionamiento de los juzgados y tribunales que en modo alguno se
corresponde con esa alarma social que se genera por la actuación o por el
bloqueo del consejo. La alarma social vendrá porque hay mucho atasco,
pero no será por el funcionamiento del consejo. En cualquier caso, no
existe una especial oposición en mi grupo o una mayor atribución de
competencias al Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí quiero
decirle es que esa mayor atribución de competencias tiene que venir
también seguida de la instauración de un sistema de exigencia de
responsabilidad, porque, obviamente, no hay poderes o no debe haber
poderes irresponsables. Recuerda este Diputado que recién llegado en la
legislatura pasada tuvo el honor de asistir al segundo día de la
comparecencia del Presidente del Consejo General del Poder Judicial ante
la Comisión de Justicia cuando manifestaba que cabía exigir
responsabilidad política al consejo, pero no había más responsabilidad
política que comparecer ante la Comisión de Justicia para ser bien sea
halagado, bien sea abroncado por los Diputados, y obviamente no es ése el
sistema de exigencia de responsabilidad que nosotros entendemos que
debiera existir.
Bienvenido sea también, si se quiere, liberar al Ministerio Fiscal de
algunas sospechas. Esta parte --perdone la licencia letrada--, este grupo
parlamentario coincide con algunos planteamientos que se han hecho aquí
por otros grupos que también sustentan a su Gobierno en estos momentos, o
incluso por los que no lo sustentan, que tampoco existe una relación
directa con la pertenencia al Ministerio Fiscal del titular de tan alta
magistratura. Lo que sí entiende son dos cosas. Primero, en absoluto
somos partidarios de la magistratura postulante, de una concepción del
Ministerio Fiscal como magistratura postulante. Entendemos que el
Ministerio Fiscal es un instrumento para el ejercicio de la política
criminal del Gobierno y, por tanto, también aquí como en otros ámbitos
hay que distinguir funciones. Y segundo, nos gustaría --éste es un
aspecto que también incorporamos a nuestro programa-- que el candidato a
Fiscal General del Estado propuesto por su Gobierno, igual que otras
altas magistraturas del Estado, pueda comparecer ante la Comisión de
Justicia de esta Cámara para responder, atender o ser sometido --tampoco
me gusta esta expresión porque puede ser excesivamente fuerte-- pero por
lo menos para atender y responder a aquellas preguntas, a aquellas
inquietudes que le sean manifestadas por los distintos grupos
parlamentarios. Entendemos que también debería extenderse a otras
magistraturas.
También nos parecen importantes sus afirmaciones en relación con la
Oficina Judicial. En el fondo, la Oficina Judicial no deja de ser ese
servicio administrativo al que yo me refería anteriormente, y ahí sí que
es interesante saber cuál es la posición que tiene el Gobierno respecto
de la función del secretario judicial. Hace poco, señora Ministra, usted
asistió a la clausura del Congreso de la Unión Progresista de Secretarios
Judiciales. ¿Al final, las funciones del secretario van a ser funciones
mixtas? Esto es, ¿va a depender del consejo con funciones
jurisdiccionales o parajurisdiccionales y, al mismo tiempo, va a ser el
jefe de una unidad administrativa sometido o no a la dirección superior
del juez? ¿Cuál es el planteamiento del Gobierno respecto de esta
estructuración de la oficina? Lo digo porque mi grupo entiende que la
dualidad de funciones es complicada porque se suelen producir normalmente
contaminaciones, y considera que a un servicio puramente administrativo
cabe exigirle determinados requisitos y estándares de eficacias sin que
nadie entienda que se está inmiscuyendo uno en el Poder Judicial o que
está afectando a la independencia del Poder Judicial, mientras que, por
el contrario, atendiendo a las funciones que pueda tener este
secretariado o al diseño de la oficina, quizá la dependencia respecto de
una comunidad autónoma podría entenderse como una incidencia en esta
independencia del Poder Judicial. Por tanto, nos gustaría saber cuál es
el diseño de esta oficina. Con ello acabo en cuanto a los aspectos que
podrían considerarse más orgánicos.
Aprecio su afirmación, señora Ministra, de la situación crítica de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Según los datos que obran en la
memoria del Poder Judicial, el 1 de enero de 1991 las salas de lo
contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia
tenían pendientes aproximadamente 103.000 ó 104.000 asuntos; a finales de
diciembre de 1995 son más de 190.000, lo cual significa que en este
período de cinco años prácticamente se ha doblado el atasco existente en
las salas de lo contencioso-administrativo.
Yo querría llamarle la atención, señora Ministra, sobre lo complicado de
esta situación. En un pleito civil son dos particulares los que están
litigando, está claro que la situación es relativamente de igualdad, pero
en un contencioso administrativo se producen dos elementos que agravan
notablemente la situación del justiciable. Uno es que a pesar de la
supresión a que hacía referencia mi querido amigo el señor Mardones, la
supresión del recurso de reposición por la Ley 30/92, hay un ámbito, que
es el de las reclamaciones tributarias, donde no se ha suprimido la
reclamación económico-administrativa y donde un justiciable puede tardar
más de tres años en llegar a un órgano jurisdiccional. El litigante, un
contribuyente, alto contribuyente obviamente pero puede ser también una
empresa, sin ser tan alto contribuyente, que tiene un litigio con una
administración tributaria de más de seis millones de pesetas, va a tener
que pasar por un tribunal económico-administrativo regional tardando uno
o dos años, va a tener que interponer un recurso de alzada ante el
Tribunal Económico-Administrativo Central que durará otros años y llegará
finalmente ante la Audiencia Nacional, lo cual significa que a estos
señores que ya llevan cuatro años dando vueltas por la Administración y
que tardan tanto en llegar ante un órgano jurisdiccional se hace
tremendamente duro decirles que van a tardar más de tres años también en
tener una sentencia de la Audiencia Nacional. Por tanto, cuando se
calcule cuáles son los retrasos en la administración de la justicia, sí
es bueno que al menos en algunos ámbitos del contencioso-administrativo
hagamos este planteamiento y esta suma global, porque obviamente esto no
pasa ante la jurisdicción civil. A lo contencioso-administrativo habrá
que sumar la duración de la vía administrativa completa y de la vía
jurisdiccional. Pero además, como sabe muy bien, señora Ministra, en el
ámbito contencioso-administrativo se ve agravado precisamente por el
principio de la ejecutividad de los actos administrativos. Esto es, que
un señor va a tardar en tener una sentencia, después de iniciar un
litigio con la Administración, tres, cuatro, cinco o seis años, pero
mientras tanto va a tener que haber cumplido con el contenido económico o
no del acto administrativo que le ha sido dictado, salvo que se somete a
la ejecución económica o no del mismo. Por consiguiente, es tremendamente
importante incidir con rapidez en el recurso contencioso-administrativo.
Tenga en cuenta que el desprestigio es doble. Es desprestigio de la
Administración normal, por así decirlo, y es desprestigio de la
administración de justicia. Quiero decir que el efecto deslegitimador que
tiene respecto de los ciudadanos el que no solucionemos el problema del
contencioso-administrativo es tremendamente importante.
Por lo demás, coincidimos total y absolutamente con sus planteamientos
respecto de la jurisdicción penal y de la jurisdicción civil. Sí queremos
indicar que quizá --y no me atrevo a decirlo tajantemente-- la
culminación del Estado autonómico pudiera venir también por una
modificación del recurso de casación que generase la casación autonómica;
casación autonómica que dejase la Sala Segunda del Tribunal Supremo para
aquellas funciones homofilácticas, como se suele decir, que realmente son
total y absolutamente imprescindibles con la entrada en vigor del nuevo
Código Penal.
Nos adherimos también a las manifestaciones de los otros grupos respecto
de la ley penal juvenil. Antes de ayer fue aprobada una moción, con un
contenido transaccional pactado por los grupos, a través de la cual se
requería al Gobierno para la remisión a las Cortes de la ley penal
juvenil. Aquí poco más voy a tener que decir, salvo excitar obviamente el
celo del Gobierno cumpliendo con aquellos plazos que tenga que cumplir o
acudiendo a los otros mecanismos a los que anteriormente me refería para
que pronto podamos estar debatiendo esta ley.
Desde el punto de vista de la iniciativa legislativa nos interesa --ya lo
han dicho otros grupos-- el estatuto de los magistrados del Tribunal
Supremo. Quisiéramos saber si va a hacerse una ley de asociaciones que
supere las deficiencias, entre comillas, de la ley de 1964. Como se
señalaba antes, es obvio que su intervención ha sido tremendamente
exhaustiva y completa y que no puede decirse mucho más en el tiempo que
ha empleado.
También nos interesa aludir a otros aspectos de su Ministerio. Por un
lado, reiterar lo que aquí ya ha sido manifestado respecto del problema
de la objeción de conciencia. Es un tema tremendamente serio porque sitúa
a los ciudadanos ante una desigualdad material importante. Sé que la
situación es difícil, como han manifestado también diputados de otros
grupos, pero entiendo que diría poco en favor de la legitimación del
Estado, del principio de igualdad no sólo de derechos sino de deberes que
se plasma en los artículos de la Constitución; y en mi caso pertenezco a
un grupo y a un partido que sostiene que es muy importante la ética de
los deberes. Es preciso que, en tanto no se suprima el servicio militar,
por lo menos pueda situarse a los ciudadanos en condiciones de igualdad
para cumplir con esos deberes y que, por tanto, la opción no sea que el
muchachito de Badajoz o de Nou Barris, por citar un distrito de mi
ciudad, vaya a hacer el servicio militar por lo que sea y otras personas
no tengan plaza para poder efectuar esa prestación social sustitutoria
que significa cumplir con un deber que no deja de ser constitucional.
Quizá aquí el pecado original fue establecer una duración diferente para
uno y otro. En cualquier caso, ahora el tema está notablemente más
complicado.
Por lo demás, señora Ministra, tiene usted en su Ministerio una joya de
la corona, lo digo con un afecto especial, que es el Servicio Jurídico
del Estado. Agradezco, por un lado, sus manifestaciones de ir a buscar
esa unidad orgánica y funcional del Servicio Jurídico del Estado y no es,
por decirlo de alguna manera, para superar agravios comparativos, sino
que el Cuerpo de Abogados del Estado tuvo en su origen precisamente esa
función de dotar de unidad de dirección al Estado en cuanto a su
asesoramiento jurídico y, posteriormente, cuando se suprimieron los
fiscales de lo contencioso, también esa unidad de representación y de
defensa en juicio. Por tanto, le animo a continuar y avanzar por ese
camino con la finalidad de garantizar un mayor y mejor sometimiento de la
Administración pública a los principios de legalidad. Le manifiesto lo
mismo que al señor Vicepresidente Alvarez-Cascos en su comparecencia ante
la Comisión Constitucional, y es que la legitimación de la Administración
pública, la legitimación del Estado pasa por el estricto cumplimiento no
sólo de las normas vigentes en cuanto a los procedimientos sino también
en cuanto a la ejecución de las sentencias; pasa también porque no
existan recursos automáticos, tenga o no razón la Administración; pasa
también por ser lo suficientemente flexible para allanarse en aquellos
casos en los que existen ya precedentes jurisprudenciales. Eso es lo que
legitima en última instancia la Administración, y es algo que apreciarían
notablemente los ciudadanos y que desde su Ministerio debe abordarse.
Obviamente el Consejo de Estado --yo no lo discuto-- será el órgano
superior de consulta del Gobierno, pero en su Ministerio está una
dirección general que la hace a usted especial garante, la sitúa en una
posición de garante respecto de buenas prácticas administrativas que
serán notablemente apreciadas.
En cualquier caso, entiendo que existe en el Servicio Jurídico del Estado
un segundo problema, como sabe la señora Ministra muchísimo mejor que yo,
y es que prácticamente la plantilla debe estar alrededor del 60 por
ciento cubierta. Por tanto, le pregunto si a través de una modificación
de la oferta pública de empleo va a efectuarse algún esfuerzo en el
sentido de intentar una mejor y una mayor cobertura de esas plazas. Lo
digo porque no me temo pero es presumible --y la semana que viene tenemos
incluso alguna proposición de ley en ese sentido-- que las ocupaciones
del Servicio Jurídico del Estado pueden verse incrementadas, y estoy
pensando en el fondo de garantía para pensiones de alimentos en los casos
de separación y divorcio. Si se acaba tramitando esa ley, alguien tiene
que encargarse de efectuar las labores de recuperación respecto
de los morosos y, por tanto, me imagino que será una función que también
incumbirá al Servicio Jurídico del Estado.
Señora Ministra, es usted la titular del mayor bufete de España, y sin
embargo los que somos o hemos sido titulares de otros bufetes privados y
hemos conocido el Servicio Jurídico del Estado apreciamos la diferencia
radical y la insuficiencia de medios con los que cuenta, lo cual hace
mucho más loable la función y la dedicación de estos servidores públicos,
pero también nos debería hacer pensar que si es importante la defensa del
Estado hay que dotarle de los medios suficientes. Y aquí le digo lo mismo
que respecto de la ley de lo contencioso, lo mismo que le decía la
Diputada Margarita Uría, que tendrá usted en el debate presupuestario
todo el apoyo necesario para satisfacer esas necesidades.
Al mismo tiempo querría preguntarle si existe previsión alguna de cuál
sería el coste de implantación de los juzgados de lo
contencioso-administrativo, porque mucho me temo que al final sea el
coste de cinco kilómetros de autopista, y nos da la impresión de que por
los ciudadanos sería mucho mejor visto y tendría un efecto mucho más
apreciable esa constitución de los juzgados de lo
contencioso-administrativo.
Señora Ministra, quiero agradecer mucho sus palabras, muchísimo su
talante, y ofrecerle sinceramente y sin carácter exclusivo toda la
colaboración, no sólo obviamente en esta labor de iniciativa legislativa
sino en el debate de los presupuestos. Le digo que mi grupo será
especialmente sensible a las necesidades de la administración de
justicia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ollero
tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo doy la cordial bienvenida, en nombre
del Grupo Popular, a la excelentísima señora Ministra de Justicia y
expreso la satisfacción de este grupo porque comparezca precisamente en
calidad de Ministra de Justicia, porque en el programa electoral de
nuestro partido se habla expresamente y con un titular bastante
significativo de restablecimiento del Ministerio de Justicia, separándolo
de la fracasada unión con el de Interior. Por tanto, nos alegra que esté
aquí como Ministra de Justicia porque en nuestro programa no había
ninguna duda sobre la existencia de ese Ministerio, y lógicamente el que
habla, que no ha tenido nunca el honor de ser juez, ni ha pertenecido por
tanto a ninguna asociación profesional judicial, ni ha dedicado a ello
los mejores esfuerzos durante años de su vida, está libre del legítimo
particularismo de ver en cualquier propuesta sobre el poder judicial o la
justicia la sombra de una u otra asociación, incluida la suya misma, sino
que de lo que dispongo es del programa de mi partido, que es el que nos
ha hecho hoy poder apoyar desde aquí a un Gobierno de todos los
españoles.
Nos ha alegrado mucho que haya reflejado en su intervención algo que ya
quedó de relieve también en el debate de investidura, cuando el
Presidente Aznar dijo que existe una profunda insatisfacción de los
ciudadanos, a la que debemos dar respuesta, a la hora de hablar sobre
todo de su confianza en la justicia. Nos han alegrado, por tanto, esas
medidas que ha anunciado ya para garantizar la imparcialidad objetiva de
los jueces, y entendemos perfectamente que ese proyecto que ya se ha
anunciado se haya presentado sin esperar a un consenso. En el programa
del Partido Popular, que insisto es lo que a los Diputados de este grupo
nos preocupa, y no determinadas visiones de asociaciones que algunos
pueden llegar incluso a identificar con el Estado --porque esto del pacto
de Estado formula la pregunta a la italiana de qué Estado, e incluso la
posibilidad de que se llegue a pensar: el Estado soy yo, pacte usted
conmigo--, se trata y se habla mucho de consenso, que es un término muy
amplio que puede incluso incluir fórmulas para algunos tan queridas como
el pacto de Estado, que al fin y al cabo no deja de ser un consenso,
suponemos. En ese ámbito, en el programa del Partido Popular se alude
reiteradamente al consenso, pero no en todos sus elementos. Hay algunos
elementos en los que se pone especial énfasis, por ejemplo en el
desarrollo del artículo 53.2, que también en parte ha sido ya asumido de
una manera incidental en ese proyecto. En ese caso es algo que se
considera tan claro que sin quedar excluido de la necesidad de conseguir
el apoyo parlamentario exigible no se hacía especiales referencias.
Nos ha alegrado oír que no descarta las reformas --ha dicho, si no he
tomado mal nota-- del tercer y cuarto turno. Desde luego, si su problema
fuera simplemente que un miembro de la carrera judicial que ha accedido
por ese turno no haya resultado especialmente ejemplar en su trayectoria,
no estaría incluido en el programa de nuestro partido, pero parece que
hay más problemas sobre el particular. En el programa se dice en concreto
que se ha abusado de esa vía de acceso a la carrera judicial, y por eso
nos alegra que haya hecho también alusión a ese aspecto.
Igualmente nos satisface que haya mencionado la necesidad de devolver
competencias al Consejo General del Poder Judicial. Esto es interesante
porque estamos un poco acostumbrados a que desde la oposición se clamara
por integrar todas las competencias en el Consejo General del Poder
Judicial y luego, desde el Gobierno, a lo mejor la misma persona --ha
ocurrido hace algunos años-- se dedicara a hacer justamente todo lo
contrario. Nos alegra ver que en este aspecto se mantiene esa actitud
coherente que figuraba en nuestro programa, y también que haya afirmado,
si no he entendido mal, que no excluye cambios en la elección de los
miembros a la hora de la iniciativa legislativa, porque desde luego para
nuestro partido --en su programa quedó muy claro y en el debate de
investidura también-- la forma de elección tiene su importancia.
Inicialmente fue una y nadie la discutió entonces, ni siquiera algunos
ilustres portavoces que hoy nos honran aquí con su presencia todavía,
afortunadamente, y casualmente se ha producido un deterioro en paralelo
al cambio del modo de elección. Por tanto, para nuestro grupo ése es un
asunto que --por supuesto, en eso sí que se habla de consenso en el
programa-- habrá que ver el modo de abordar con eficacia.
Nos ha alegrado también oír que el Fiscal General va a ser miembro de la
carrera, como se afirmó igualmente en el debate de investidura: Se
fortalecerá la autonomía del Ministerio Fiscal; el próximo Gobierno
nombrará Fiscal General del Estado a un miembro de la carrera fiscal.
Indudablemente, el hecho de que sea miembro o no de la carrera fiscal no
va a tener un efecto mágico, pero sí es muy simbólico en la medida en que
usted ha aludido a que se va a descartar toda instrumentalización
política del Ministerio Fiscal, y haberla la ha habido, precisamente a
través de personas que no eran de la carrera fiscal. Por tanto, yo creo
que ésa es una medida que desde nuestro grupo parlamentario vemos
igualmente con especiales dotes de oportunidad.
Ya he aludido al desarrollo del artículo 53.2, en lo que piensa seguir
insistiendo, por lo que ha dicho, a través de otras iniciativas
legislativas, y entendemos perfectamente que a la hora de hablar de la
asistencia jurídica gratuita haya marcado una prórroga de seis meses en
el plazo que había establecido. En este sentido he observado que ha dicho
que hará lo posible por no consumir el plazo. Yo creo que éste es un
planteamiento interesante: primero, tomarse el tiempo necesario para
hacer las cosas con rigor, y luego estar dispuesto a cumplir los plazos.
Creo que son dos visiones novedosas porque aquí se ha hablado de plazos
incluso en leyes y luego los plazos se han convertido en papel mojado.
Por tanto, pienso que es un buen comienzo, porque indudablemente habrá
cuestiones que se lleven discutiendo en esta Cámara quince años, y
algunos han tenido la suerte de poderlo hacer de manera ininterrumpida
casi, pero usted no es culpable de los retrasos de los Gobiernos
anteriores, y el hecho de que uno llegue a permanecer en esta Cámara diez
años, como ocurre con el que habla, no nos debe llevar a ignorar que la
alternancia en el Gobierno lleva consigo una alternancia de
responsabilidades. Por tanto, usted no tiene por qué sentirse urgida por
los retrasos de los demás, aunque nos parece muy positivo que se haya
brindado, de manera voluntaria incluso, a aminorar sus propios plazos.
Eso nos parece muy sensato.
Nos ha gustado mucho también que haya convertido al justiciable en el
centro de gravedad de su programa de iniciativas, no cayendo en la
tentación reformista demiúrgica muy explicable desde el punto de vista
profesional. A mí, que soy universitario, me encantaría hacer una ley
universitaria, sin duda ninguna, y me costaría bastante trabajo evitarlo
si tuviera ocasión de ello, pero quizá el ciudadano medio necesita más
urgentemente otras cuestiones y no algunas reformas que a lo mejor han
complicado más que otra cosa. Por eso es muy interesante que se haya
propuesto sobre todo la reforma de las leyes procesales, haciendo
igualmente caso al discurso de investidura: El Gobierno abordará las
reformas de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal con el fin de
reducir los procedimientos especiales y agilizar los actos procesales.
En cuanto a lo contencioso, el que haya fijado antes de fin de año el
envío de ese proyecto también es una buena noticia para nuestro grupo, lo
mismo que le parece razonable el plazo que ha marcado para lo civil hasta
el primer trimestre del año próximo.
En cuanto a la ley del menor ha dicho algo que nos parece muy
interesante, y es la necesidad de armonizar las propuestas legislativas
con los medios económicos y personales disponibles, porque aquí se ha
hecho mucha reforma a lo grande, sin preocuparse aparentemente --aunque
ahora le pediré alguna aclaración-- de si hay o no medios económicos o
personales, con lo cual quien sufre al final es el justiciable, que se
encuentra metido en medio de una pirotecnia muy vistosa pero que acaba
oliendo a chamusquina inevitablemente. Yo quería hacer, en ese aspecto,
una pregunta, porque en algunos otros ministerios se han dado datos por
parte de sus nuevos titulares sobre cuál es la situación económica que
han encontrado; se ha popularizado incluso la figura del agujero. Yo
quisiera saber cómo anda en esta cuestión el Ministerio de Justicia, si
existen deudas a 31 de diciembre de 1995 y, en caso de que existan, cuál
es el alcance de esas deudas y si son consecuencia de la gestión
presupuestaria del ejercicio de 1995. Incluso, suponiendo que hubiera
esas deudas, si existen acreedores identificados relacionados con ellas;
si se dispone de un plan de amortización de esas posibles deudas, qué
características tiene y en qué medida sería posible llevarlo a cabo a
cargo del ejercicio presupuestario corriente.
Quisiera aludir a que contará con el apoyo de nuestro grupo en lo
relativo a la reforma del Poder Judicial, otro aspecto contemplado en el
programa del partido, esa dependencia funcional de jueces y magistrados y
del Ministerio Fiscal, otro asunto que indudablemente será bueno
consensuar.
No voy a entrar, porque no es el momento, sin duda, en el debate de la
objeción de conciencia. En este aspecto --mi deformación académica me
empuja a ello--, me llama la atención quizás planteamientos un poco
unilaterales sobre el particular; pensar que porque el servicio militar
deje de ser obligatorio se va a acabar el problema. Yo pienso que todo el
mundo sabe lo que es la desobediencia civil y todo el mundo sabe que, por
debajo de la objeción de conciencia tomada en serio, lo que hay es una
actitud respecto a la existencia del Ejército, y yo no creo que, en ese
sentido, que el Ejército se convierta en profesional sea un consuelo para
los que practican la desobediencia civil contra el Ejército. En Alemania
me consta que se puede practicar, por ejemplo, llamar asesinos a los
soldados y llegar hasta el Tribunal Constitucional. Es un modo de
demostrar la desobediencia civil respecto al Ejército, que tiene muy poco
que ver con el servicio militar. Pero no entraré en tan ardua cuestión.
Quiero asegurarles, para acabar, que nuestro grupo parlamentario no
solamente va a apoyar esas iniciativas del Gobierno, sino que va a
ejercer su función como actor protagonista con los demás grupos en este
esfuerzo de consenso necesario para sacar iniciativas adelante. En ese
sentido, el grupo que represento acusa recibo de las alusiones que ha
habido en el debate a la existencia de recursos planteados obviamente no
por el Ministerio sino por este grupo y que, por tanto, sólo este grupo
podrá retirar. No son responsabilidades suyas en este caso, tenga ese
consuelo (Risas.), sino que será el Grupo Popular el que asuma la
conveniencia o no de retirar esos recursos.
Muchísimas gracias por lo exhaustivo de su exposición y le agradeceré la
respuesta a los interrogantes que he planteado en nombre de mi Grupo.
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias a todos los portavoces que han intervenido al tono en el que han
admitido y escuchado las propuestas que esta Ministra ha tenido el honor
de exponer hoy por primera vez ante la Comisión de Justicia.
Voy a seguir el orden de intervención de los diferentes portavoces e
intentar responder a la mayoría de las cuestiones.
Con respecto al Grupo Parlamentario Socialista y, en concreto, al señor
Belloch, evidentemente el señor Belloch y yo nos conocemos hace muchos
años. No creo que sea una impresión general que le haya dado la primera
parte de mi intervención. Yo creo que él, de siempre, ha entendido que yo
defendía la política de determinada asociación judicial y, más o menos,
lo traía preparado hoy así. Señor Belloch, hace seis años casi que no soy
asociada de ninguna asociación. He sido durante la época del Consejo
delegada de todas las asociaciones y no creo que se pueda decir que haya
primado a ninguna sobre las demás.
Respecto a las reformas legislativas, es evidente, señor Belloch, que en
todo no podemos estar de acuerdo. Tenemos diferentes puntos de vista, ya
lo sabemos los dos, pero yo he venido aquí solicitando y ofreciendo,
desde el Ministerio de Justicia, el mayor consenso a la hora de reformas
que sí son fundamentales para todos los ciudadanos, que son las reformas
de la administración de justicia. Usted tiene una forma de expresión que
no es la mía. Yo hablo de consenso parlamentario. Creo que es bueno
buscar el mayor consenso para leyes que nos van a afectar a todos y, como
recordaba el señor Castellano, llevamos 15 años hablando de lo mismo. Yo
lo siento muchísimo; lo he sufrido también cuando estaba en los juzgados
y lo he padecido en el Consejo por los informes que hemos tenido que
hacer.
Se queja usted de que ofrezco consenso y, en cambio, he remitido ya un
anteproyecto; el señor Belloch sabe que he remitido un anteproyecto al
Consejo General del Poder Judicial. Ni siquiera el Gobierno, como tal
Gobierno, tiene constancia de él hasta que el Consejo General del Poder
Judicial emita el informe al respecto.
Señor Belloch, dice que no entiende por qué la estructura del Ministerio
de Justicia respecto, fundamentalmente, a la Secretaría de Estado de
Justicia. Su modelo de Ministerio de Justicia no coincide con el mío.
Usted prefirió un modelo de Justicia e Interior juntos, con tres
Secretarías de Estado. El Gobierno ha optado por separar ambos
ministerios y entiende que la existencia de una Secretaría de Estado, en
una época en la que los proyectos son muy importantes, era fundamental.
De todas maneras, me tengo que remitir a las funciones concretas del
Ministro --en este caso, Ministra--, Secretario de Estado, Secretario
General Técnico, a un decreto de estructura orgánica que la semana que
viene va a ver casi su luz ya. En ese momento, inmediatamente tendrá S.
S. copia de la estructura y de las funciones de cada uno de los miembros
del departamento.
Luego me ha preguntado, creo, por este orden, qué idea tengo del
Ministerio Fiscal. Evidentemente, la idea del Ministerio Fiscal, en mi
opinión, es la que se desarrolla y desprende del artículo 124; no hay
otra. Lo que pasa es que, en mi opinión, la imagen del Ministerio Fiscal
no ha sido una imagen de gran autonomía. Yo solicito el consenso de las
diferentes fuerzas parlamentarias para modificar, en lo que sea
necesario, el estatuto del Ministerio Fiscal y para desarrollar el nunca
hecho reglamento de desarrollo del estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal. No pretendo un Ministerio Fiscal dependiente del Consejo General
del Poder Judicial. Me parece que con eso contesto a su pregunta.
Me ha hablado también de las transferencias efectuadas en personal y
materiales. Cuando me incorporé al Ministerio así estaban efectuadas en
su totalidad las transferencias con la Comunidad Autónoma del País Vasco
y con Cataluña. Lo de Cataluña lo sé porque he tenido que pagar 8.500
millones y me ha venido muy mal, señor Belloch (Risas.), pero estaban
hechas y así se ha respetado. Estamos en trance de cerrar, porque ha
habido unas disfunciones de última hora, las transferencias con Galicia y
con Valencia. Tal vez, cuando me referí a Canarias, no es que me quisiera
referir a lo que usted ha dicho, los integrantes. Es que las otras dos
las daba por supuestas. En Galicia y Valencia están ya en trance de
finalización los respectivos traspasos de competencias.
Respecto al recurso de inconstitucionalidad, que creo que ha mencionado
también este punto, ha contestado el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular; la Ministra de Justicia, respecto a un recurso de
inconstitucionalidad presentado por un grupo parlamentario, nada tiene
que decir.
A continuación, creo que ha hablado sobre los secretarios judiciales.
Respecto a si los secretarios judiciales deben depender del Consejo
General del Poder Judicial o del Ministerio de Justicia es algo que debe
entrar en el debate que yo quiero abrir sobre la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Yo he diseñado una serie de cuestiones de la Ley Orgánica del
Poder Judicial en las que deberíamos, en opinión del Gobierno, dialogar
más acerca de cómo creemos que se puede potenciar más el Consejo General
del Poder Judicial, cómo lo podemos hacer más fuerte. El Ministerio de
Justicia no tiene interés en tener cuantas más competencias mejor en
detrimento de otros órganos constitucionales. La Ministra de Justicia
quiere un Consejo General del Poder Judicial fuerte y a eso va a ir
dirigida la acción de Gobierno en materia de Ley Orgánica del Poder
Judicial. Evidentemente, no se va a imponer, por parte de la Ministra de
Justicia, nada que no haya sido suficientemente debatido.
No vengo con la idea prefijada de que a la fuerza y por encima de todo,
si no cuento con apoyo, tenga que cambiar el sistema de elección ni que
llegar a los secretarios judiciales. No. Vengo a decir: señores, tenemos
un problema, vamos a intentar entre todos solucionarlo de la mejor manera
posible. Porque el problema de la justicia es el problema
de todos, no es de la Ministra de Justicia. Esa es la idea con la que yo
he venido hoy.
Respecto a los plazos, en general, señor Belloch, usted ha compartido más
o menos los proyectos legislativos que he diseñado aquí a grandes rasgos.
Se queja de los plazos. Voy a intentar, en la medida de lo posible,
acortarlos, pero sí quiero, si me comprometo a un plazo, cumplirlo. De
ahí que de alguna forma haya alargado alguno, pero le aseguro que voy a
intentar acortar los plazos en la medida de lo posible en las leyes en
las que he marcado plazo.
A continuación me ha hablado del estatuto de magistrados del Tribunal
Supremo. Este estatuto creo que se incardinaría en esa reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que he mencionado y me he referido
concretamente al estatuto judicial.
Creo que ha hecho referencia a que el anterior Gobierno ya había
estudiado el estatuto y, según noticias de prensa, existe una dotación
presupuestaria para aplicar el estatuto y, entre otras cosas, una subida
de sueldo. Yo tengo que decir que yo tengo el estatuto, no redactado por
el Ministerio de Justicia, sino, al parecer, realizado por los propios
miembros del Tribunal Supremo. Tengo también un acuerdo del anterior
Gobierno en el que se hace una recomendación al Ministerio de Hacienda
para que, en el caso de que se aprobase el estatuto, se reservaran 400
millones de pesetas. Y eso es todo lo que tengo. No tengo dinero, porque
esos 400 millones de pesetas no están reservados, señor Belloch. Existe
la recomendación de que se reserven para que, cuando se modifique el
estatuto --si es que se llega a modificar, porque es una modificación de
ley Orgánica--, puedan incrementarse los sueldos para equipararlos a los
magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que era una de las
argumentaciones.
Ha hablado de los magistrados suplentes. En este momento el Ministerio de
Justicia, aparte de la declaración que he hecho al principio respecto a
que no es bueno que existan magistrados suplentes, en general, con esa
profusión que ha existido de jueces sustitutos, propugna la adecuación de
plantillas, también de puestos judiciales y está estudiando la forma de
retribución, pero no me ha dado tiempo a traer una propuesta concreta y
entiendo que lo comprenderá, porque sabe las dificultades que eso
plantea.
Respecto a la directiva de la ley de pasantía, me pasan una nota en la
que dicen que tenemos que buscar un acuerdo entre los distintos sectores
y usted sabe que el acuerdo pasa por los sectores de abogados
universidad. Ahí hay un serio conflicto, conflicto en el que la Ministra
de Justicia no quiere, sin haber oído, sin haber atendido las
reivindicaciones de unos y otros, absolutamente justas, tomar una
decisión en este momento. Se está en vías de solución, ya se ha hablado
con universidades, ya hay muchas universidades que han suscrito convenios
incluso para escuelas de prácticas jurídicas; se ha hablado con el
Consejo General de la Abogacía y estamos en vías de una solución, pero
esperamos encontrar un consenso social de los dos sectores
fundamentalmente afectados, antes de encontrar una solución manu
militari, podríamos decir.
Me ha hablado de la fe pública registral y del reglamento del Registro
Mercantil. Efectivamente en el Ministerio hay un reglamento del Registro
Mercantil y todos conocemos el problema de la fe pública registral.
Tenemos un acuerdo del Consejo de Estado, pero parece ser que el anterior
Gobierno no estaba muy de acuerdo con ese dictamen. Estamos estudiándolo
y no podemos dejar pasar el tiempo en un asunto en el que el derecho del
justiciable está tan comprometido como es el reglamento del Registro
Mercantil. Le pido un poquito de plazo, no mucho.
La policía judicial, la Ministra de Justicia, la Ministra de Justicia, va
a intentar de verdad una policía judicial autónoma, autónoma en el
sentido de no solamente que tenga dependencia funcional de jueces y
tribunales, y orgánica del Ministerio de Interior. Ese es un compromiso
de la Ministra de Justicia, no es un compromiso en este momento del
Gobierno y por eso quiero que así se entienda.
Sobre el tema internacional, tengo que decirle, señor Belloch, que no me
quiero adornar con plumas de nadie. He mencionado el tema de
extradiciones, se ha hablado mucho en la prensa y al anterior titular del
Ministerio de Justicia, en su caso de Justicia e Interior, le consta que
efectivamente con el artículo 5 bis del Tratado de Extradición ha habido
un cambio de postura francesa. La redacción que se ha realizado de en un
punto contemplar la doble incriminación y, al mismo tiempo, si un país
exige la doble incriminación tener que contemplar la asociación en banda
de malhechores es un cambio sustancial. No he pretendido en ningún
momento adornarme con ningún trabajo no hecho por mí; es más, lo único
que he dicho es que se ha continuado. Ayer la señora Fernández de la Vega
incluso llegó a recriminarme --en tono cariñoso-- que no hubiera hecho
tabla rasa. Yo no he llegado a hacer tabla rasa con nada. He cogido los
papeles que había en el Ministerio y he seguido trabajando. ¿Cómo voy a
defender que el Gobierno anterior no hizo ninguna labor en materia de
extradición? Lo que ocurre es que yo he llegado en un momento en el que
por las circunstancias se ha llegado a un acuerdo en un artículo que era
muy conflictivo y que esperamos que a lo largo de la reunión de Florencia
y previsiblemente con un consejo de ministros extraordinario podamos
llegar a solucionarlo definitivamente. Esa es una tarea en la que han
estado ustedes, estamos nosotros y conviene a ustedes, a nosotros y, en
definitiva, le conviene al Estado español. No sé si he dejado alguna
cuestión, creo que no, pero si acaso me la he dejado, me la recordará.
Muchas gracias, señor Castellano. Sé que no ha sido retórica la
bienvenida, pero no me quiera usted hacer desaparecer tan pronto. Yo
comparto su idea de reforzar el Consejo General del Poder Judicial, pero
el Ministerio de Justicia no solamente tiene competencias en materia de
justicia, tiene bastantes más competencias y es deseo del Ministerio
potenciarlas también.
Usted ha hecho referencia a un tema que le preocupa mucho que es la
objeción de conciencia. Hoy por hoy, la objeción de conciencia está en
Justicia. Todo aquello que la Ministra de Justicia pueda pasar --por
decirlo de alguna forma-- al Consejo General del Poder Judicial, tras el
debate oportuno y con la mayor fuerza de consenso, la Ministra está por
esa opción. Podría tomar la contraria, pero
la opción que tengo es la de reforzar un Consejo en la medida en que se
pueda y una vez hablado entre todos.
Me ha hablado, señor Castellano, de un pacto. Desconozco a qué pacto se
refiere.
Oficina judicial, evidentemente, es una de las grandes asignaturas
pendientes. Pero ésa sí que entra también dentro de la reforma de la Ley
Orgánica. Porque frente al modelo vasco, que en su momento se propugnó
tanto, la experiencia ha dicho que ese modelo no sirve para lo que se
pretende.
Hoy mismo ha tenido entrada en el Ministerio la Memoria del Consejo
General del Poder Judicial, que vuelve a insistir en la oficina judicial.
Nos vamos a poner a trabajar sin idea preconcebida tampoco; es decir, no
voy con la idea de que por encima de todo se tenga que llamar secretaría
judicial ni de que tenga que haber siete oficiales y cinco auxiliares.
No; lo que quiero es que funcione y cuantas más y mejores ideas se puedan
aportar entre todos, mucho mejor.
En cuanto al debate sobre el Ministerio Fiscal, creo que ya he dado
respuesta al responder al señor Belloch, y lo mismo ocurre respecto al
secretario judicial.
No ha habido un reproche, y si se ha entendido así ruego que se me
disculpe, a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes. He dicho
que el Ministerio va a estar muy atento al sistema de reclutamiento, por
decirlo de alguna forma, precisamente para que no ocurran cosas como las
que ha expuesto el señor Castellano: que alguien que lleve dos, tres u
ocho años ejerciendo jurisdicción como magistrado suplente, al final no
sea reclutado. Ese era mi problema.
Me ha hablado de determinada entidad bancaria. Tengo que revisar el
convenio. No sé el tiempo en el que estamos. En principio, comparto la
idea expuesta por el señor Castellano respecto a la conveniencia de que
el Estado asuma el ingreso de las cuentas de depósitos.
También ha hablado de responsabilidad judicial. Yo sé que esto preocupa
bastante y es un asunto que yo he encuadrado dentro de lo que es el
estatuto judicial. He dicho que es intención que sea una de las cosas que
se miren por lo menos dentro de una posible reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Respecto a la objeción de conciencia --porque también me ha hablado de
policía judicial, pero a eso creo haber contestado ya--, le aseguro que
la Ministra de Justicia va a poner todo su esfuerzo para que ese asunto
salga lo menos mal posible en este momento y lo mejor posible en un
futuro inmediato.
Muchas gracias, señor Mardones, por su comprensión respecto al atasco en
lo contencioso. Comparto el problema que usted ha planteado y no sólo con
la Ley de lo contencioso, que, evidentemente, ésa es una de las
propuestas que antes va a venir, sino con las medidas coyunturales, que
no pueden ser suprimidas en este momento. Desde el Ministerio se va a
potenciar que por lo menos no se agrave en este momento y poderlo ir
subsanando.
Las transferencias a Canarias, que ya sé que le tienen preocupado, le
diré que ha existido una primera reunión a nivel de directores generales
y que estamos en ello. Llevamos pocos días en el Gobierno, pero ya se
está hablando del asunto.
Respecto a los centros de cumplimiento de los menores, le tengo que decir
que no sé si me corresponde a mí o al Ministro del Interior, pero sí nos
hemos planteado que, efectivamente, hay que ir por la opción de centros
especializados para ellos o dependencias especializadas dentro de los
centros; dependerá en gran parte de la dotación presupuestaria con la que
se cuente.
Le agradezco mucho su advertencia sobre la falta de medios humanos y
económicos en cuanto a la objeción de conciencia. Espero que SS. SS. lo
tengan en cuenta cuando se vayan a aprobar los presupuestos porque,
evidentemente, al Ministerio de Justicia le hacen falta medios, también
en la objeción de conciencia.
En cuanto a la formación del personal e informatización se me pregunta
por qué no le doy más intervención al Consejo General del Poder Judicial.
En este momento, con las competencias que tiene el Consejo, no es
posible, salvo convenios que podamos establecer para una potenciación del
Consejo, pero, desde luego, mi idea no es no darle participación, sino
todo lo contrario, dar al Consejo cuanta más participación, mejor.
Respecto a la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, el
Ministerio de Justicia tiene la estructura que tiene desde el día 5 de
mayo. Instituciones penitenciarias se encuentra en Interior. Podría
haberse optado porque siguiera en Justicia o podría haberse optado porque
Justicia e Interior siguieran unidas, pero la opción que se adoptó por el
Gobierno es que instituciones penitenciarias pasara a Interior. No puedo
decir nada más que eso en este momento.
Respecto a la Policía judicial, evidentemente creo haber contestado.
Señora Uría, muchísimas gracias por su comprensión respecto a la
problemática y por haber aceptado que la respuesta de ayer ya fue un poco
de adelanto respecto a la comparecencia de hoy. Estamos de acuerdo en el
recurso de inconstitucionalidad y, en todo caso, la petición que usted me
ha hecho ha sido recogida porque tenía que serlo. El Grupo Parlamentario
Popular se planteará qué es lo que hace con ese recurso. La Ministra de
Justicia, por una vez, no tiene nada que decir en este tema.
Me dice que le gustaría que la prórroga de la Ley de asistencia jurídica
gratuita pasara a informe de las comunidades autónomas que tienen
competencia en la materia. Yo creo que se hizo, pero, si no se ha hecho,
se subsanará, señora Uría.
Respecto al principio acusatorio en el proceso penal, es un tema que abre
tanta polémica que será de los que tengamos que plantearnos a la hora de
decidir qué modelo de fiscal queremos y qué modelo de proceso penal
queremos, pero ése es un tema que tenemos que debatir largamente.
Respecto a la ley penal del menor me ha pedido menos plazo, que la
presente antes. Haré el esfuerzo, como he dicho al señor Belloch, de
presentar lo antes posible la serie de leyes o de compromisos
legislativos que he adquirido hoy, pero, insisto, todas al mismo tiempo y
cuanto antes mejor me es imposible.
Despenalización de la insumisión. Lo que yo tengo es objeción de
conciencia y un Código Penal que aprobaron sus señorías. A partir de ahí,
voy a intentar que las cosas salgan lo mejor posible.
Respecto a la Directiva 95/96, a la que se ha referido, evidentemente, en
este momento no tengo los datos, pero creo que en no largo período
podremos dar una respuesta satisfactoria.
Señor Silva, comparto absolutamente, y me parece que se ha destacado a lo
largo de la intervención, a lo mejor demasiado general, que la justicia
es un problema fundamentalmente para el justiciable; por eso las medidas
son de cara fundamentalmente al justiciable.
Su exposición pienso que en gran medida ha sido contestada respecto a una
serie de preguntas. Habrá que estudiar lo de que el previsible fiscal
general pueda o no comparecer ante esta Comisión y habrá que estudiar el
tema de la casación autonómica. Yo no me puedo comprometer en este
momento a nada más que a estudiarlo.
Respecto al estatuto de magistrados del Supremo, ya he contestado. Sobre
la objeción de conciencia también. Con relación a la plantilla de
abogados del Estado y la modificación de la oferta pública de empleo,
para este año no hay nada previsto. Para el que viene, vamos a prever
unas veinte plazas aproximadamente.
También hablábamos en su momento de recuperar los niveles 28, que era una
forma de reforzar no de manera cara la abogacía del Estado. El coste de
la puesta en marcha de la ley de la jurisdicción; un coste aproximado son
6.000 millones de pesetas, en principio. Por eso, le agradezco muchísimo
la oferta que me ha echo de pedir medios para la justicia.
Coincido con usted. El Ministerio de Justicia tiene el mayor bufete de
abogados del Estado y queremos que sea del Estado, en su conjunto. Por
eso, es una de las preocupaciones potenciar la dotación de medios
bastantes para ese bufete de abogados.
Señor Ollero, muchas gracias por haber puesto de manifiesto que,
realmente, la mayor parte de la intervención de la Ministra de Justicia
va encaminada a desarrollar el programa del Partido Popular, como no
podía ser de otra forma, pero también a ofrecer --como ya venía ofertado
en el propio programa-- el consenso entre las distintas fuerzas
parlamentarias.
Es evidente que el «no descarto», «no excluyo», es como he ido iniciando
las frases. No he dicho «voy a hacer», «voy propugnar el cambio de
sistema de elección», «voy a modificar la reforma del tercer y cuarto
turno». No. Simplemente, creo que una de las obligaciones de la Ministra
de Justicia es estudiar los temas para no excluir ninguno en principio ni
avanzar demasiado.
Me ha preguntado si existen deudas a 31 de diciembre de 1995. El
Ministerio de Justicia se ha encontrado con una deuda acumulada superior
a los 13.000 millones de pesetas. Sobre las causas que han generado las
deudas, tengo que señalar que, en la mayoría de los casos, en aras de una
aparente eficacia, se han comprometido gastos sin expediente previo y, lo
que es peor, sin crédito presupuestario. Es decir, se han adquirido
compromisos sin estar respaldados por la legalidad.
En cuanto al ejercicio a que corresponden las repetidas deudas, diría que
globalmente corresponden a varios años anteriores que se han ido
acumulando. Hace unos días firmé una propuesta de pago de una obra en una
localidad asturiana que databa de 1991. Me importa mucho señalar las
fechas porque parece que puedo referirme sólo a tiempos recientes, y no
es así.
La identificación de los acreedores, en cuanto a obras se refiere, no
ofrece grandes dificultades, pero sí se hace difícil la valoración de la
deuda. Hay acreedores que reclaman cantidades de obras realizadas que,
una vez analizadas por los técnicos, quedan reducidas a bastante menor
cantidad de lo que inicialmente han reclamado. Existe un caso, según me
informaron en su momento, en que la reclamación inicial era de 400
millones de pesetas; sin embargo, la deuda se va a concretar en menos de
40 millones.
La partida adeudada de mayor volumen corresponde al capítulo II, gastos
corrientes en bienes y servicios, en el que sólo por lo que respecta al
programa tribunales de justicia y Ministerio Fiscal se adeudan, a 31 de
diciembre de 1995, más de 10.000 millones. La identificación del acreedor
y la cuantía de la deuda están perfectamente delimitados. A Telefónica se
le deben más de 4.000 millones y a Correos más de 3.000 millones. Esos
son los dos acreedores a los que se les adeuda mayor cantidad.
Me ha preguntado por un plan de amortización. Creo que en este momento no
existe un plan general para amortizar las deudas. Tampoco el Ministerio
de Justicia tiene un plan concreto y específico, porque todavía no conoce
la dotación presupuestaria del año 1997.
Respecto a si podemos paliar y amortizar esa deuda, tengo que decir que
para abonar con cargo al presupuesto corriente las deudas acumuladas
sería necesario, por ejemplo, invertir el 80 por ciento de los créditos
anuales del capítulo II, del programa tribunales de justicia y Ministerio
Fiscal, y el 45 por ciento de los créditos de inversiones del mismo
programa. Con independencia de lo anterior, una parte de la deuda del
arrendamiento, de más de 18 millones, que fue convalidada en 1995, no se
abonó, así como 350 millones de inversión y 10 en arrendamientos, que
fueron convalidados en el último Consejo de Ministros celebrado por el
Gobierno. Ello hace que, con cargo al presupuesto corriente de 1996,
tengamos que pagar los millones convalidados de deudas originadas hace
algunos años. Este es el resumen presupuestario del Ministerio de
Justicia.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Si les parece a SS. SS., vamos a tener un segundo y
último turno, muy breve, en el mismo orden con el que hemos funcionado en
el anterior y por los portavoces que lo soliciten.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Señora Ministra, primero, quizá un par de
aclaraciones. El Parlamento no necesita del consentimiento del Poder
Ejecutivo para hacer comparecer al Fiscal General del Estado. Lo tiene
previsto, entre sus competencias, el Reglamento de la Cámara.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Miñón): Lo que me
propugnaba el señor Silva era el candidato a Fiscal. Ya sé que el
Parlamento tiene competencia para llamar a la Comisión de Justicia al que
sea Fiscal General, pero creo que la propuesta iba en el sentido de
candidato a Fiscal General.
El señor BELLOCH JULBE: Me alegro por la rectificación. Ha dicho otra
cosa, pero supongo que se refería evidentemente a ésta. En cualquier
caso, está claro que la Cámara siempre es autónoma en la capacidad de
tomar las decisiones que considere pertinentes y no depende en ningún
caso del Poder Ejecutivo.
Otra aclaración puramente de hecho, respecto de los intereses de las
cuentas de depósitos y consignaciones, es que tampoco hay nada que
estudiar, ya se introducen ahora en el Tesoro. Concretamente, en el
último año fueron 13.000 millones. Es decir, ya pasan los intereses de
las cuentas al Tesoro. Por lo tanto, en ese punto, lo único que se podría
cuestionar no es introducir algo que ya está, sino simplemente si volver
o no al viejo sistema. El viejo sistema era cuando, en vez de ingresar en
el Estado, ingresaba en las cuentas de los juzgados y tribunales y cada
juzgado, individualizadamente, pactaba los intereses con las entidades
bancarias, lo que precisamente se reformó. Para evitar ese tipo de
prácticas que se prestaba a formas irregulares, se reguló que pasaran
directamente, a través de un sistema de concurso, por un banco privado
que hace de gestor, pero lo que nunca se concede son los intereses; los
intereses van directamente al Tesoro público.
En fin, son dos temas de puro hecho.
Una tercera aclaración. Respecto del tema presupuestario, sólo ha
faltado, señora Ministra, que dijera: Le agradezco esa pregunta. Era
espontáneamente planteada, he comprobado cómo ha cogido el texto y lo ha
leído. En cualquier caso, me ha parecido una representación interesante,
pero no tiene mayor interés.
Más importancia tiene algún problema de fondo. Sobre la segunda fase de
su contestación, resulta bastante difícil hacer una crítica política.
¿Por qué? Porque ya no dice lo que va a hacer, sino que dice que va a
estudiar. Si va a estudiar, es complicado; no se puede criticar a nadie
que estudie, como no sea desde el punto de vista general de decir que
normalmente un Ministro y un Gobierno deben tener alguna idea clara, por
lo menos en algún tema central de lo que son competencias de su
departamento o de su programa de Gobierno. Si solamente me dice que va a
estudiar todos y cada uno de los temas que le he planteado, poco puedo
decirle. Sin embargo, estos temas están sumamente estudiados.
En la primera parte, sí parecía tener las ideas más claras que en la
réplica. Sobre el sistema de elección del Consejo, usted parece indicar
que la época en que lo eligieron las asociaciones se correspondió con una
época en que no estaría deteriorado el prestigio de la institución.
Parece deducirse, sobre todo, de la intervención del representante del
Grupo Popular. Pues bien, ésa es una observación que no se ajusta a la
realidad. Cualquiera que recuerde cómo terminó el independiente Consejo
General del Poder Judicial elegido por las asociaciones, sabe que terminó
con su Presidente presentándose a las elecciones políticas dentro de una
determinada formación para demostrar hasta qué punto no estaba politizada
la institución del Consejo. En este tema, no se pueden seguir hurtando
datos que todos conocemos perfectamente. La alternativa es la siguiente:
lo elige el Parlamento, y por lo tanto las Cámaras, que son las que
tienen la legítima representación de la soberanía popular, o lo eligen
las cúpulas de las asociaciones de jueces, que ustedes tradicionalmente
han preferido. Digo ustedes, tanto la Asociación Profesional de la
Magistratura como el Partido Popular, pues en este tema, la verdad es que
diferenciar el programa de unos y otros resulta una tarea filosófica
prácticamente imposible, opinan normalmente lo mismo; siempre he dudado
de si era la APM la que imponía el programa al Partido Popular o al
revés, más bien creo que es lo primero.
Ese es el marco y no hay otro, no hay más que esos dos modelos. ¿Es
preferible que realmente elijan al órgano de gobierno del Poder Judicial
las cúpulas de las asociaciones judiciales o que se elijan por los
representantes de los grupos parlamentarios que integran el Congreso y el
Senado? Esa es una dualidad evidente, sobre la que nuestro Grupo no tiene
ninguna duda. No tiene nada que estudiar, lo tiene perfectamente claro:
lo deben elegir los grupos parlamentarios; en ningún caso se debe volver
al sistema antiguo, entre comillas, aunque también sin comillas, porque
la palabra «antiguo» le va perfectamente, porque es reproducir el poder
corporativo que es, sin duda, lo más antiguo dentro de la formación del
Estado de Derecho.
Por tanto, es un tema radicalmente claro: o un modelo u otro. Ustedes
siempre han tenido un modelo, nosotros siempre hemos tenido otro modelo.
A partir de ahí, si lo que propone la señora Ministra es que veamos si
existen posibilidades de que desde fuera, desde órganos externos al
Congreso y al Senado se puedan hacer propuestas, en definitiva, si no se
discute el elemento nuclear de que la decisión la adopta el Congreso y el
Senado, será perfectamente posible encontrar caminos de acuerdo, de
consenso, que prefiere la Ministra, en vez de pacto de Estado. Pero si se
duda del punto inicial, de que la decisión sólo puede ser del Congreso y
del Senado, desde luego, no puede haber ni pacto de Estado, ni acuerdo,
ni consenso. Llevamos discutiendo sobre esto veinte años; seguir
estudiándolo me parece francamente una fórmula retórica. Hay que
definirse, y nos hemos definido siempre, también el programa del Partido
Popular, por cierto.
A partir de ahí, si lo que propone es algo nuevo: vamos a estudiar
mecanismos conforme a los cuales asociaciones, colegios, universidades,
colegios incluso de antiguos representantes institucionales (una vieja
idea que tiene el Presidente de esta Comisión y que puede ser
interesante), si usted plantea: vamos a estudiar mecanismos de
proposición, ésa es una vía para el consenso, vamos a estudiarla. Pero
si, realmente, aún estamos estudiando si hay que volver al sistema
antiguo o no, francamente, me parece que eso es muy poco. Hay que tener
un criterio ya más decidido cuando se ejercen las funciones que a la
señora Ministra le corresponden ejercer.
Respecto al Fiscal General del Estado, tampoco me ha contestado de una
manera para mí satisfactoria. Si se trata de un problema de imagen, ¿es
que realmente el Fiscal General del Estado actual, Carlos Granados, no da
una imagen de imparcialidad? No sólo es que lo haya sido, que eso es
evidente. No sólo, como sabe la señora Ministra, el Gobierno no le ha
dado una sola instrucción al Fiscal General del Estado, que ha actuado
con plena autonomía; es que ni siquiera en el plano de la imagen, como
podría pensarse por alguna de sus expresiones, ¿alguien duda de que el
Fiscal General del Estado ha actuado con autonomía y con imparcialidad?
Las críticas que se le hayan podido formular no están precisamente en esa
línea. Pueden haberse formulado otras críticas. Que yo sepa, nadie,
fundadamente, ha impugnado la imparcialidad, neutralidad o autonomía por
parte del Fiscal General del Estado en el ejercicio de su función.
Pero dicho eso, debe quedar claro que para nosotros el Fiscal General del
Estado, como ha dicho el representante de otro grupo parlamentario, es el
instrumento de la política criminal del Gobierno, y sobre eso tampoco
caben posturas intermedias: o se cree o no se cree que es el instrumento
básico de la política criminal del Gobierno y, al propio tiempo, el único
mecanismo que puede existir para exigir seriamente responsabilidad
política al Fiscal General del Estado. Porque si es autónomo, frente a
qué y de qué y cómo se le puede exigir su responsabilidad política. Ni el
Gobierno responsable puede renunciar a la facultad constitucional de
dirigir la política criminal, ni un Fiscal concebido en un limbo de
autonomía podría ser objeto de verdadera responsabilidad política. Y ése
es el problema, que sinceramente no creo que sea un problema de estudiar;
son dos concepciones diametralmente opuestas. Hablamos de un Fiscal
independiente o de un Fiscal autónomo, pero dentro de la estructura y
dentro de la dependencia orgánica del Ministerio de Justicia y del
Gobierno. Son dos concepciones diferentes; y decir que se tiene la
concepción constitucional es una respuesta de las generales de la ley
pero que no responde al verdadero problema que conoce perfectamente la
Ministra, que es éste, no el otro.
Respecto al Consejo General del Poder Judicial se habla de ampliar sus
competencias. Habrá que decir cuáles, cómo, porque no dude, señora
Ministra, que si usted empieza a ampliar las competencias, por ejemplo,
en torno a los funcionarios, seguramente las comunidades autónomas que
han estado negociando las transferencias con el Ministerio de Justicia y
con el Gobierno de la nación se van a encontrar con la dificultad de cómo
administran las competencias transferidas, si la totalidad de facultades
a este respecto se concentran en el Consejo General del Poder Judicial.
Por lo tanto, cuando pasemos del terreno general al terreno concreto y
veamos qué modelo de ampliación de competencias del Consejo General del
Poder Judicial propone, veremos si logra, efectivamente, una fórmula que
por lo menos acepten los que actualmente sirven de sostén al Gobierno, a
la mayoría parlamentaria. Por cierto, en modo alguno estoy proponiendo,
de momento, ese gobierno de gran coalición; en eso quiero tranquilizar al
representante de Convergència i Unió. Pero lo que es verdad es que hay
que concretar qué competencias se va a quedar el Consejo realmente y de
qué modo eso es compatible con las competencias de las comunidades
autónomas que han asumido la transferencia en medios materiales y en
medios personales. Habrá que concretar qué facultades, qué competencias
les van a quedar para poder ejercer esas responsabilidades. Y sobre todo,
ni una ampliación más sin un mecanismo que articule la responsabilidad
política del Consejo General, como han expresado, con claridad, los
representantes del Grupo Nacionalista Vasco y nacionalista catalán,
respectivamente.
Hay que explicar qué postura se mantiene en estos temas. Si, respecto de
todos ellos, nos limitamos a decir que hay que estudiar, realmente el
debate político se convierte en imposible. Unicamente podemos dar las
gracias por la buena voluntad de que se estudien estos temas, pero la
discusión política habrá que posponerla a que, respecto de cada uno de
ellos, ofrezca finalmente un modelo, una posición. Porque una de las
obligaciones evidentes del Gobierno, en principio, es llevar la
iniciativa, proponer un modelo y que seamos la oposición quien, en su
caso, confrontemos ese modelo y, si es posible, lleguemos a un acuerdo o
a un consenso.
Para mí, el tema de consenso o pacto de Estado no es sólo terminológico;
es realmente una forma de entender el problema. Se puede considerar que
se acota una materia --en este caso, las reformas procesales-- y se
sustrae del juego político ordinario, por considerarla cuestión de
Estado, y eso significa un pacto de Estado, o meramente se está haciendo
un planteamiento general de buena voluntad, que puede aplicarse a esta
materia o a cualquier política sectorial, al agua, a la pesca, etcétera.
Yo no estoy hablando de eso. Cuando hablo de pacto de Estado, me refiero
a algo completamente distinto a cuando ustedes hablan de consenso. Yo
estoy hablando de sustraer las reformas procesales del debate partidario
y convertirlas en una política de Estado, idéntica a la que puede ser la
política exterior o la política antiterrorista. Por lo tanto, no es un
tema de discusión verbal. Es una apuesta precisa que formulé desde el
Gobierno, y que tuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos
del Grupo Parlamentario Popular, y que ahora, desde la oposición, estaría
deseando poder participar, como Grupo Parlamentario Socialista, en ese
consenso. Pero un consenso que signifique un verdadero pacto de Estado,
no una mera buena voluntad para ponerse de acuerdo. Es verdad que Kant
decía que la buena voluntad era la única virtud indiscutible. Por lo
tanto, no es que menosprecie la buena voluntad. Simplemente, estoy
tratando de precisar que no es lo mismo ni es una simple diferencia
terminológica hablar de consenso o de llegar, con voluntad, a acuerdos o
de hablar de pacto de Estado.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que, en materia de la reforma
procesal, para evitar seguir otros quince años hablando de este tema,
sólo hay una técnica: la de pacto de Estado. En la legislatura pasada no
fue posible por muchas razones, entre otras, porque se acortó la
legislatura, y también, desgraciadamente, porque el Grupo Parlamentario
Popular, entonces no consideró oportuno aceptar el planteamiento que se
les hacía desde el Gobierno.
Junto a eso, es resto de planteamientos sí que ha sido más valiente. Por
ejemplo, en el tema de policía me ha contestado realmente a lo que le
preguntaba. La Ministra de Justicia --y no quiero deformar sus palabras--
sí que opta por un modelo de dependencia, funcional y orgánica, de la
policía judicial de los jueces y tribunales. Supongo que es así y, por lo
tanto, tomo nota. Espero simplemente que ese esfuerzo se concrete en
algún tipo de compromiso que que podamos controlarlo parlamentariamente a
lo largo de esta legislatura. Y nada más, señoría, en el sentido de
antigua juez, más que en el de señora Ministra.
La verdad es que también le agradezco esa buena voluntad, pero de verdad
que pienso que ya le toca decidir, porque cuando una persona asume la
responsabilidad de ministro --de ministra en este caso, como decía usted
misma--, le toca adoptar decisiones, sobre todo en temas que son
absolutamente conocidos, en los cuales el debate público dura décadas
--por lo menos, década y media--, en el que todos tenemos una postura
perfectamente clara, en el que simplemente hay que decir si somos capaces
de aportar una nueva idea que pueda incorporar la voluntad de todos o si,
por el contrario, seguimos manteniendo las ideas de siempre, en cuyo
caso, ni será posible el pacto de Estado ni siquiera el simple consenso.
Con todo, le deseo muchísima suerte, señora Ministra. En la medida que
dependa de nosotros, vamos a tratar de que esa suerte se traduzca en una
suerte para todos, que sería lograr la reforma del sistema procesal
español. Esa es la verdadera asignatura. Creo que en eso todos estamos de
acuerdo. Al Grupo Parlamentario Socialista nos parecería grave que, por
otro tipo de desacuerdos, no fuéramos capaces de construir esa reforma
procesal.
En el modelo de la ley orgánica ya intuyo, por los planteamientos que se
insinúan, aunque con la relatividad que da la frase «voy a estudiar», que
va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, en las
reformas procesales sería verdaderamente una pena que no lográramos
olvidar otro tipo de planteamientos y suministrar a los justiciables un
sistema procesal razonable. No puede ser que siga habiendo 153
procedimientos civiles, no puede ser que no se ajuste nuestro sistema
procesal penal al principio acusatorio, porque, señora Ministra, tampoco
es un problema que pueda estudiar. Ya lo dice la ley. La disposición
final de la Ley del Jurado dice expresamente que será necesario que el
Gobierno realice una reforma del proceso criminal con estricta sujeción a
los criterios orientadores de la propia ley del jurado y al principio
acusatorio. Está en la disposición final no sé si tercera o cuarta de la
Ley Orgánica Reguladora del Tribunal del Jurado. Luego está claro que,
salvo que previamente se modifique esa ley, que se puede hacer, aunque es
una ley orgánica aprobada por la totalidad de la Cámara, con la única
excepción del Grupo Parlamentario Popular, que se abstuvo, en principio,
habrá que respetar que ése es el marco en el que debemos movernos.
Sobre el campo de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debo
decir que no lo debemos retrasar más. Hubo, vuelvo a repetirlo, una
ponencia en la que se llegó al pleno acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, en este caso también del Grupo Parlamentario Popular.
Mejor base para iniciar ya el trabajo es difícil imaginarla. En ese
campo, los procesos están muy avanzados y le animo a que siga adelante.
Ya para terminar, no creo que sea razonable forzar (y eso lo lamentaría)
que el sistema de designación de vocales del Consejo volviera a ser el
tema estrella, cuando realmente es un tema absolutamente menor para los
intereses generales de los ciudadanos, para los intereses de los
justiciables, que lo que quieren es que la justicia termine el ciclo de
reformas legislativas profundas que se iniciaron ya en la última
legislatura, y que este final de milenio se corresponda con una
innovación central, esencial, del conjunto de nuestro sistema normativo.
Afortunadamente ya está en marcha el Código Penal, que, por cierto,
señora Ministra, no ha provocado que 13.000 presos hayan salido de las
prisiones, no le he querido preguntar cuántos, pero supongo que no
pasarán de los 200. Ha sido una ligera exageración, pero ya sabe que en
campañas electorales se dicen estas cosas. En definitiva, está ahí; ya
está la Ley del Jurado, ya están veintitantas leyes orgánicas en marcha,
le corresponde un período apasionante, señora Ministra, si tiene la
capacidad política de llevarlo adelante. Su reto es llevar adelante las
reformas procesales y si lo plantea como política de Estado nos
encontrará. En otro caso, lamentablemente tendremos que ejercer la
oposición en el sentido más tradicional y clásico, que quisiéramos
reservar para otros temas, pero no para ése. Ese es demasiado importante.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano Cardalliaguet.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Claro que hay una coincidencia. La
coincidencia está en que cuando hablamos y pensamos que el modelo de
oficina judicial puede tener condicionamientos de carácter organizativo
interno, de personal, de plantilla, e incluso se llegó a plantear en
algún momento de edificabilidad, el primer problema que tiene la oficina
judicial son las leyes procesales. Sin acometer una reforma muy seria y
muy profunda de las leyes procesales, qué tipos de procesos vamos a
manejar y acondicionar a ellos toda la organización necesaria para que
esos procesos funcionen, no nos lo podemos plantear. Creo que todos
coincidimos que hay que dar un serio impulso a las leyes procesales. Yo
quiero recordar que ya en el año 1982 se prometió una reforma radical de
las leyes concursales y todavía estamos sin tener ninguna de ellas. (La
señora Vicepresidenta Fernández de la Vega Sanz ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, no sé si habrá oído o no hablar del pacto. Me hubiera
gustado oír a continuación de que no ha oído hablar del pacto, que sí que
está absolutamente comprometida, y en la medida en que pueda, con su
Gobierno, para que, bajo ningún concepto y sin ninguna clase de
excepciones, se ponga a disposición de los jueces y tribunales todo
cuanto ellos precisan para llevar adelante su cometido, porque si no la
independencia del Poder Judicial es
pura retórica. No sirve para nada proclamar la independencia del Poder
Judicial si se le quita algo tan importante como es la eficacia. No hay
independencia sin eficacia. Por lo tanto, ahí esperaríamos que hubiera un
serio compromiso, no sólo por su parte, sino por parte de todo el
Gabinete.
Nosotros somos, como usted sabe también, partidarios de la forma de
elección del Consejo General del Poder Judicial en la medida en que se
viene desarrollando actualmente, pero también, entendemos que está
necesitada de una profunda revisión, porque si malo es, como dice el
señor Belloch, que puede tener razón, que sean las cúpulas de las
asociaciones las que en un momento determinado directamente puedan llevar
adelante esa composición, peor es que las cúpulas de las asociaciones,
por grupos parlamentarios intermedios, lleven a cabo el mismo cometido.
Por tanto, hay mucho que depurar todavía para llegar a alcanzar lo que
nos gustaría que se hubiera hecho ya realidad en este momento.
En todo caso, los debates siempre me resultan gratificantes y siempre
aprendo. Hoy he aprendido una cosa muy importante, que me parece una
solución de matar las moscas a cañonazos, porque resulta que había
algunos secretarios judiciales, no creo que fueran todos, que,
incumpliendo la obligación de tener una cuenta provisional por diez días,
y el resto del tiempo ingresarlo en la cuenta de depósitos, se guardaban
en una cuenta eterna las cantidades y pactaban con los bancos ni más ni
menos que su remuneración. A mí me parece que la solución no es poner en
manos del sector privado inmediatamente esa clase de fondos, sino haber
abierto el correspondiente expediente a cada uno de los secretarios.
En todo caso, es importante que prosperen estos criterios porque quien
más los va a agradecer es el Alcalde de Madrid, que, conociendo su
impotencia para cobrar las multas, también le va a entregar la gestión de
las mismas a una entidad privada. Si lo que ha habido es un
reconocimiento de la impotencia, es bueno, puede ser una forma de
liberalización, reconocer las impotencias y acabamos llevándolo por ese
camino.
Si van ustedes a liquidar la deuda, yo le agradecería, por mi forma de
pensar, que paguen a Teléfonos y a Correos, antes de que sean
privatizadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra el
señor Ollero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, quiero agradecer a la señora
Ministra su estupenda respuesta a mi torpe pregunta sobre la situación
económica del Ministerio.
El hecho de que sólo se haya aludido luego a lo torpe de la pregunta
demuestra que la respuesta es irrebatible, lo cual es interesante, sobre
todo, porque quizá sirva como experiencia a la señora Ministra para
evitar que pueda caer en la tentación de ese curioso uso alternativo del
Derecho según el cual usted tendría que cumplir la Ley del Jurado, a la
hora de hacer la reforma procesal criminal, pero no tendría que cumplir
la ley presupuestaria a la hora de manejar el dinero.
El hecho de que usted pudiera dejar a su sucesor o sucesora, del partido
que fuera, deudas por importe del 80 por ciento del Capítulo II, o del 45
por ciento de las inversiones, no sería muy elegante. Pero que una
Ministra o un Ministro de Justicia no respete la legalidad, edificante no
parece que sea, aunque quizá con algunas teorías como la que ha aludido
se pueda uno intentar justificar.
Le voy a animar también a que siga sin excluir la vuelta al sistema
original de elección de los vocales del Poder Judicial en el que
estuvieron de acuerdo todos los grupos de esta Cámara. Usted no ha sido
Diputada nunca. Hay otros que creen que esta Cámara empezó a funcionar
cuando ellos llegaron, que ha sido hace tres meses, pero esta Cámara
viene funcionando hace más tiempo y si se dice: nosotros siempre hemos
tenido otro modelo, se estará refiriendo a su asociación judicial. Porque
el PSOE suscribió el modelo de elección por los jueces, o sea el de APM,
según se ha dicho aquí.
Como no soy muy versado en asociaciones, no sé, pero por lo visto el PSOE
estaba con APM, según se ha dicho aquí. Cualquiera que conozca el debate
de la Constitución y el debate de la primera Ley Orgánica del Poder
Judicial --y algunos de los que están aquí lo conocen muy bien, porque lo
protagonizaron brillantemente--, saben que no es verdad lo que se acaba
de decir aquí por alguien que ha abandonado la sala estratégicamente.
Respecto al Ministerio Fiscal, le pediría que por favor no lo convierta
en el órgano de la política criminal del Gobierno. Le sugeriría que lo
convierta en lo que dice la Constitución en su artículo 124.1: «El
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros
órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de
la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por la ley...» Eso es lo que dice la Constitución. Haga usted
eso señora Ministra y tendrá el apoyo de nuestro grupo.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señora Ministra de
Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Me gustaría
contestar al señor Belloch en su presencia, pero no está.
Creo que no he debido expresarme bien en la primera parte de mi
intervención, porque parece que he sido menos precisa en las
contestaciones. Voy a intentar reiterar lo que dije en un primer momento.
Yo no me he comprometido con ninguna reforma concreta de la Ley Orgánica.
He dicho que el Gobierno propugnará que del diálogo entre las fuerzas
parlamentarias no se excluya la consideración de una reforma del sistema
de designación de los vocales del Consejo. Esa es la idea de la Ministra
de Justicia, no excluir una modificación en el sistema.
Señor Belloch, no creo que existan dos sistemas solamente, como usted ha
dicho, la elección por las asociaciones o la elección parlamentaria. Yo,
de propugnar, propugnaría
un tercero --yo personalmente--, que es la elección de doce de los
miembros del Consejo General del Poder Judicial por todo el cuerpo
electoral de jueces y magistrados, no por asociaciones judiciales. Eso es
lo que propugno. Comprendo que no le convenza. (El señor BELLOCH JULBE:
Es lo mismo.) Yo creo que no es lo mismo. Lo que se hace es confundir al
hablar de asociaciones judiciales.
Usted ha dicho que las propuestas son demasiado generales. Me he referido
a propuestas concretas sobre reformas procesales, en las que sí he traído
ya decisiones. En las otras lo que hago es plantear el problema y pedir
el consenso de las fuerzas parlamentarias para intentar buscar solución.
Sería una prepotencia por mi parte traer exclusivamente mi idea y decir
que eso es lo que voy a hacer. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Lo que yo hago en temas como el del Consejo General del Poder Judicial o
como el del Ministerio Fiscal es dar la visión que tiene la Ministra
acerca de dónde está el problema y solicitar que entre todos podamos
reformarlo. A usted no le ha convencido la respuesta que le he dado
respeto a la tesis constitucional del Ministerio Fiscal. Le parecerá que
a lo mejor me ha hecho otra pregunta. La pregunta que me ha formulado ha
sido si yo entendía que el Fiscal General tenía que depender del Consejo
General del Poder Judicial, y le he contestado que no. A su pregunta creo
que le he dado una respuesta concreta. Comprendo que no le haya
satisfecho, pero creo que sí he respondido.
Le agradezco muy sinceramente la oferta que ha hecho respecto a reformas
procesales. Todos coincidimos en que ésa es la primera medida para la
reforma de la Oficina Judicial, y en breve tiempo creo que podremos ir
adelantando bastante. El Ministerio de Justicia es un proyecto
apasionante y muy difícil y espero contar con el apoyo de los diferentes
grupos parlamentarios.
El señor Castellano aparte de las leyes procesales, en las que
coincidimos, me ha dicho que ha echado en falta que además de negar el
pacto hiciera alguna declaración más. Lo que pasa es que la declaración
que puedo hacer es la que ya se hizo en el discurso de investidura del
Presidente del Gobierno y se ha reiterado en una primera declaración
programática del Gobierno, y el Gobierno está comprometido con el Estado
de Derecho y con la defensa de la legalidad, señor Castellano.
Agradezco al señor Ollero su intervención y le diré que el modelo de
defensa de la legalidad propugnado para el Ministerio Fiscal es el que he
querido esbozar directamente en mi intervención.
Les agradezco la atención que me han prestado y esperando su colaboración
para sacar adelante este tema tan apasionante y tan difícil, les doy las
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a todos por sus intervenciones. Muchas
gracias también, señora Ministra, por su comparecencia y por sus
contestaciones.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.