CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 29



INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 3



celebrada el miércoles, 19 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo),
para informar sobre:



--Previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/000012) (Página 438)



--Líneas generales y proyectos a desarrollar por su Departamento. A
solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 213/000026) (Página 438)



--Líneas generales de la política de su Departamento, a petición propia.

(Número de expediente 214/000007) (Página 438)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO (ARIAS-SALGADO Y MONTALVO),
PARA INFORMAR SOBRE:



--PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000012.)



--LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. A
SOLICITUD DEL GRUPO IU-IC. (Número de expediente 213/000026.)



--LINEAS GENERALES DE LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICION PROPIA.

(Número de expediente 214/000007.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Vamos a empezar la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. El
orden del día de esta reunión es la comparecencia del Ministro de
Fomento, don Rafael Arias-Salgado, ante la Comisión de Infraestructuras y
Medio Ambiente, comparecencia que ha sido pedida por el Gobierno, por el
Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

El desarrollo de la sesión va a ser similar al de la Comisión pasada, con
la presencia de la Ministra de Medio Ambiente. Habrá una primera
intervención del Ministro, por tiempo indeterminado; contestarán luego
los grupos, comenzando por los que han pedido la comparecencia; seguirán
los demás, de mayor a menor, y terminará el Grupo Popular. Contestará el
Ministro, habrá un brevísimo turno, como la otra vez, de insatisfacciones
(Risas.) y cerrará finalmente el Ministro.

Sin más dilación, tiene la palabra el excelentísimo señor Ministro de
Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, buenos
días.

Las líneas generales de la política del Departamento, durante la presente
legislatura, están enmarcadas en diversas coordenadas, a las que me voy a
referir sucintamente.

La primera coordenada básica es la política económica del Gobierno, que
tiene como objetivo prioritario el cumplimiento de los criterios de
Maastricht. Y dentro de esa política económica del Gobierno se insertan
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997, que en estos
momentos están en fase de elaboración; por consiguiente, hasta que se
conozca la cifra del capítulo 6, inversiones reales, no puedo especificar
compromisos-contratos en los que afecta a la inversión pública en
infraestructuras. En segundo lugar, está el proceso comunitario de
liberalización en marcha. En tercer lugar, la existencia de un Estado
descentralizado y la necesaria coordinación y cooperación con las
comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, que afectan muy
sustancialmente a diversas políticas del Departamento.

Desde otra perspectiva, son también coordenadas que hemos de tener en
cuenta los acuerdos políticos del Grupo Parlamentario Popular y del
Gobierno con otros grupos parlamentarios que contribuyen a dar un soporte
parlamentario al Gobierno y, finalmente, como es lógico, el programa
electoral, en el que se encuentran señalados in extenso los objetivos que
el Gobierno querría alcanzar durante el transcurso de la legislatura.

De este conjunto de coordenadas querría referirme específicamente a dos,
por su particular importancia. Yo diría que son dos coordenadas que
alcanzan el nivel de condicionamientos porque tienen un carácter
estratégico. El primero de ellos es la reflexión que debemos hacer sobre
el cumplimiento de los objetivos de Maastricht y concretamente el
cumplimiento del requisito de déficit público.

Hay una amplia mayoría en la Cámara que asume como objetivo prioritario,
no ya para un Gobierno sino para la sociedad española, el que España se
encuentre en la primera velocidad y, por tanto, pueda incorporarse a la
Unión Monetaria en las fechas previstas en el llamado, por así decirlo,
núcleo duro; hay un compromiso de la gran mayoría de los grupos de la
cámara que condiciona toda la política económica del Gobierno y, dentro
de la política económica del Gobierno, la política del Departamento. Hay,
por otro lado, un gran consenso también en esta Cámara de que no se deben
modificar los gastos sociales, compromiso que este Gobierno asume y que,
por consiguiente, dentro de esa política económica, también condiciona
las políticas del Departamento.

Precisamente porque hay un amplio consenso sobre el cumplimiento de los
requisitos de Maastricht y hay también un amplio consenso sobre la
intangibilidad de los gastos sociales, es por lo que ha habido que
realizar ajustes presupuestarios durante el pasado año y durante el
presente.

El Gobierno anterior, a finales de año, hizo un ajuste presupuestario que
afecta directamente a este Departamento, y lo hizo a través de dos
mecanismos: el acuerdo de no disponibilidad, que afectaba en más de
50.000 millones al capítulo 6, inversiones reales, y la decisión de no
incorporación de créditos a los Presupuestos de 1996 de gasto
comprometido, pero que figuraba como remanente en los distintos créditos
presupuestarios.

La no incorporación de créditos supone, de hecho, un segundo recorte de
69.381 millones de pesetas. A ese recorte hay que añadir el realizado por
el Gobierno del Partido Popular, que si tenemos en cuenta la totalidad de
lo que antes era el antiguo Ministerio de Obras Públicas, es decir, la
suma actual del Ministerio de Fomento más el de Medio Ambiente, asciende
a unos 79.224 millones de pesetas. De acuerdo con la distribución interna
que he propuesto al Ministerio de Economía y Hacienda, y que con toda
probabilidad será aceptada, el recorte en capítulo 6 ascenderá
aproximadamente a unos 37.000 millones de pesetas de la totalidad del
recorte. El resto se distribuirá entre otros capítulos del Presupuesto
del Estado.




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Todo esto ha supuesto, desde hace ya algún tiempo y como consecuencia de
ese objetivo esencial de ir reduciendo el déficit del sector público, un
descenso en la inversión pública. Si tenemos en cuenta el período
1989-1995 se verá cómo gradualmente se va produciendo un descenso en
dicha inversión pública. Por no abrumar a SS. SS. con muchas cifras, diré
que en el año 1990 la inversión pública asciende prácticamente al 5 por
ciento del producto interior bruto, que es la cifra a la que aspiramos
todos y la que figura en todos los programas electorales. Mantener esa
cifra de inversión pública no ha sido posible. En el año 1994 se
desciende al 3,8 por ciento del producto interior bruto y en el año 1995
al 3,7. En aras del cumplimiento de un objetivo más prioritario, como se
puede percibir, hay un descenso en la importancia que tiene la inversión
pública medida en términos de producto interior bruto. Esto,
naturalmente, tiene sus inconvenientes, inconvenientes que hay que asumir
y que yo asumo como miembro del Gobierno. Sin embargo, debo decir que
esta política de restricción ha dado credibilidad a la política económica
del Gobierno y esa credibilidad tiene un enorme valor en un mundo de una
economía interdependiente y globalizada.

Para compensar este descenso de la inversión pública vamos a intentar
poner en marcha dos mecanismos, a los que, si tengo tiempo, señor
Presidente, me referiré al hablar de inversiones más concretas. El
primero es el recurso a la inversión privada en infraestructuras, y otro
es --lo tenemos actualmente en estudio-- la dedicación de lo que el
Estado ingrese por privatizaciones a inversión también en
infraestructuras. Son dos vías de financiación complementarias que se
pueden movilizar para compensar el recorte en la inversión pública.

Yo aquí querría hace la siguiente consideración. El objetivo esencial de
esta movilización de capital privado y de dedicación de ingresos por
privatizaciones a inversión en infraestructuras es contribuir al
crecimiento de la economía. Contribuyendo al crecimiento de la economía
deberá ir razonablemente bien la recaudación fiscal y, de esa forma,
contribuiremos a la reducción del déficit público; ése es el objetivo
prioritario que no podemos perder nunca de vista. Si además mejoramos las
infraestructuras, estamos cumpliendo dos objetivos de gran importancia.

Sin conocer en estos momentos la cifra global de inversiones que podrá
realizar este Departamento para el año 1997, comprenderán SS. SS. que no
estoy en condiciones de hacer muchas precisiones en materia de
inversiones concretas. Yo me ofrezco para una posterior sesión
parlamentaria en cuanto se pueda disponer de la cifra de inversión real,
capítulo 6, que es la que me permitirá establecer prioridades concretas
de inversión en infraestructuras.

La segunda gran coordenada a la que me refería es el proceso comunitario
de liberalización, que afecta de manera singular y más intensa a los
ámbitos del transporte y de las telecomunicaciones. Y aquí sí querría
dejar clara una consideración. No es una opción liberalizar o no
liberalizar; la opción está ya hecha y, por ello, es un condicionamiento.

La opción está ya hecha por muchas razones, pero la principal es que
pertenecemos a la Unión Europea, que es la que ha puesto en marcha el
proceso de liberalización y al cual nosotros no tenemos más remedio que
sumarnos, si lo queremos poner desde una perspectiva negativa, o sumarnos
yo diría que de manera positiva, por pensar que ese proceso de
liberalización, como se piensa en la Unión Europea, va a producir efectos
positivos para cada uno de los Estados miembros y para el conjunto de la
Unión.

Pero es que incluso este proceso de liberalización no es una opción,
porque yo creo que es una consecuencia inevitable de la propia evolución
del mundo, del cambio de circunstancias que se ha producido
particularmente desde el año 1989 para acá. Con la desaparición del muro
de Berlín se puede decir que se han caído las fronteras políticas y se ha
producido un fenómeno de globalización de la economía que exige, en
cualquier caso, que cada economía nacional se sitúe en ese ámbito
globalizado en condiciones de máxima competitividad. Todo ello, además,
ha venido acelerado por una evolución en el mundo de las
telecomunicaciones que tiene una importancia extraordinaria, de tal
manera que, como digo, la opción está hecha, creo que es irreversible y
debemos ajustar nuestras políticas a este factor irreversible.

En todo caso, del proceso de liberalización se desprenden algunos
objetivos de carácter inmediato, como la búsqueda de la competitividad
como finalidad constante, y no diría tanto de la competitividad de las
empresas españolas, que también. Yo creo que dentro de pocos años la
nacionalidad de las empresas no será un factor esencial en el mundo que
se está empezando a construir. Lo que es importante que sea, a mi juicio,
competitivo es el espacio físico, el espacio económico español, con
objeto de que se pueda situar en España el mayor número posible de
empresas, y para eso hemos de actuar sobre las infraestructuras y
fundamentalmente sobre los costes financieros y sobre los costes
fiscales. De ahí que la orientación de la inversión que habremos de hacer
en los próximos años deba estar orientada a construir ese espacio
económico que permita levantar un espacio atractivo para la instalación
de empresas.

Establecidos estos dos grandes condicionamientos, voy a tratar de
referirme, con la mayor brevedad posible --que no será fácil--, a los
principales sectores que abarca este Departamento. Voy a empezar por el
eje suelo-vivienda. No es necesario insistir en la trascendencia
económica que tiene este eje, como es lógico y conocido, sobre el sector
de la construcción. La construcción es una locomotora del desarrollo
económico, que representa el ocho por ciento del producto interior bruto
en España y, por consiguiente, su importancia económica está fuera de
toda duda.

La realidad de la que partimos a la hora de delinear una política de
vivienda y de suelo se podría resumir en los siguientes términos. En
primer lugar, estamos a la espera de una sentencia del Tribunal
Constitucional que será definitoria de la delimitación de competencias
entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

En segundo lugar, partimos de una situación que se caracteriza también
por la carencia de suelo. En tercer lugar se singulariza, igualmente, por
el exceso de repercusión del



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valor del suelo en el coste final de la vivienda, repercusión que ha ido
en ascenso en los últimos años. En el año 1985, el suelo representaba el
25 por ciento del precio final de la vivienda; en el año 1994 se aproxima
al 45 por ciento. Hay que tener en cuenta que en las zonas más céntricas
de París --para que nos sirva como dato de comparación-- el precio del
suelo repercute en un 37 por ciento en el precio final de la vivienda.

La situación de la que partimos se singulariza, asimismo, por la carencia
y por la carestía de viviendas asequibles, particularmente de vivienda
que permitan el acceso a los jóvenes a una ubicación digna. El porcentaje
de ingresos que dedican las familias en España a la adquisición de
viviendas es también excesivo. Hay, y es otro rasgo, escasez de viviendas
de alquiler. Solamente una de cada siete son viviendas en régimen de
alquiler. En la Unión Europea, la media es una vivienda de alquiler de
cada tres.

La conclusión de todo ello es que las garantías constitucionales de
acceso a una vivienda digna en España no se cumplen, y ésta es una
realidad absurda si se tienen en cuenta cuáles son las circunstancias, de
hecho, en España. Tenemos una población prácticamente estancada; España
es un país grande y poco urbanizado, y tenemos la menor densidad de
habitantes por kilómetro cuadrado; sin embargo, no hay suelo. En estas
circunstancias se podría decir que sería imposible de comprender la
carencia de suelo, y es imposible de comprender la repercusión del suelo
sobre el coste final de la vivienda, con unas circunstancias de hecho.

Piénsese que --y sirva también como ejemplo de referencia-- en Holanda,
que tiene el 14 por ciento de su territorio urbanizado (en España
solamente es el 6 por ciento), y tiene la mayor densidad de habitantes
por kilómetro cuadrado, tienen los precios más bajos en vivienda. Por
tanto, algo está fallando.

Yo creo, señorías, que el modelo vigente, que deriva de la Ley del año
1956 y que ha sido objeto de sucesivas reformas de adaptación, pero que
no ha variado sustancialmente el modelo; el modelo vigente, repito,
señorías, a mi juicio simplemente no funciona y, en consecuencia, tenemos
que iniciar un período de reflexión que conduzca probablemente a cambiar
ese modelo, porque, dadas las circunstancias de hecho que existen en
España, España no debería tener un problema ni de suelo ni de vivienda y,
sin embargo, lo tiene y grave. Hay, por consiguiente, como objetivo,
tanto a corto como a medio y a largo plazo, iniciar un camino que debe
conducir finalmente a un cambio de modelo.

Desde la perspectiva del Departamento, y como política a emprender,
nosotros asumimos los siguientes objetivos: poner en marcha un plan de
vivienda que contemple 1.200.000 actuaciones urbanísticas en el plazo de
ocho años; asumimos como objetivo facilitar el acceso a la primera
vivienda incrementando el parque de viviendas en alquiler y tratando de
incidir sobre el precio, de tal manera que podamos incrementar el número
de viviendas accesible a una gran mayoría de ciudadanos, especialmente a
los jóvenes; asumimos, igualmente, como objetivo la creación de suelo
útil, para lo cual habrá que potenciar políticas urbanísticas para la
creación de ese suelo útil para viviendas, agilizar la gestión
urbanística y liberar suelo público con políticas concertadas con las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, y, finalmente, asumimos como
objetivo realizar una política realista de rehabilitación.

Para el cumplimiento de estos objetivos contemplamos en la política del
Departamento un conjunto de medidas; de ellas, algunas son medidas
legislativas y otras son medidas fiscales. La principal medida
legislativa es la modificación de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre
reforma de régimen urbanístico y valoraciones del suelo, y del texto
refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de julio.

Esa reforma habrá de comprender los siguientes aspectos básicos: deberá
contener los preceptos que permitan realizar una nueva política de suelo
para que se superen las actuales debilidades estructurales y habrá que
poner en marcha aquello a lo que antes me refería, y eso debería ser
objeto de un amplio debate en esta Cámara, iniciar un proceso que suponga
un cambio de modelo con respecto al actualmente vigente para tratar de
aproximarnos a aquellos modelos que funcionen mejor que el nuestro.

Si tuviera ahora que resumir --y yo pido a SS. SS. que comprendan la
simplificación que voy a realizar, es una simplificación inevitable en
una intervención larga como ésta-- en qué consiste ese cambio de modelo,
yo diría que habría que poner un gran énfasis en lo que son las
competencias de vigilancia, control y sanción, y mucho menos énfasis en
todo lo que afecta a un procedimiento de decisión urbanística, que está
basado fundamentalmente en autorizaciones y prohibiciones. Este modelo no
da resultado, no funciona; en estos momentos en España representa la
existencia de un problema de escasez de suelo y de acceso asequible a la
vivienda. Esta es la línea del debate, en esa línea habrá de inspirarse
la reforma de la actual legislación de suelo y veremos cómo se arbitra en
la Cámara, debate previo a la propia elaboración del texto de la ley por
el Gobierno con objeto de que pueda realizarse con el máximo consenso,
porque esto afecta de alguna manera al modelo de convivencia, son
reformas estructurales que tiene poco sentido hacer única y
exclusivamente desde la perspectiva de un partido, y si después de
analizar en profundidad el modelo vigente somos capaces de encontrar
líneas de actuación que permitan cambiarlo para mejorar la situación,
creo que los ciudadanos españoles habrán ganado con ello.

En todo caso, es necesario emprender una reforma que prevea una reducción
del intervencionismo administrativo en sus diferentes niveles que sea
compatible siempre con la defensa del interés general. Es evidente que el
mundo del suelo y de la vivienda va a requerir siempre una cierta
intervención administrativa, porque es un mercado singular, que afecta a
la garantía de un derecho constitucionalmente proclamado y, por tanto,
aun dentro de lo que es un proceso de liberalización, no se puede enfocar
única y exclusivamente en términos de mercado. En segundo lugar, en esa
reforma habrá que prever también una mayor seguridad jurídica para los
agentes económicos dentro del respeto a las competencias respectivas del
Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la
solución que nos venga dada por el Tribunal Constitucional.




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Junto a estas medidas legislativas están en estos momentos en estudio una
serie de medidas fiscales, cuya ejecución naturalmente está condicionada
al proceso de reducción del déficit público. Una vez más el objetivo
prioritario, que es la política económica del Gobierno, condicionará las
medidas que afecten a los distintos sectores o a las distintas políticas
del Departamento. Está en estudio una reducción del IVA para las
viviendas de protección oficial y las viviendas de precio tasado.

Asimismo, está en estudio un aumento del período de vigencia de las
cuentas de ahorro vivienda, y está en estudio la supresión de la
obligación de declarar el dos por ciento del valor catastral como renta
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Este sería el esquema básico que afecta a la política de vivienda y
suelo. Quedan muchas cosas en el tintero, pero para no alargarme más
dejaríamos para un segundo turno todo lo que afecta a la ejecución del
plan de la vivienda y a la puesta en marcha de su continuación después de
la conferencia sectorial de Avila de noviembre del pasado año.

En el ámbito de las telecomunicaciones, otro sector de importancia
capital para España y para la Unión Europea, ¿cuál sería el objetivo
esencial? El objetivo esencial sería la plena incorporación de España a
lo que se denomina la sociedad de la información. Para conseguir eso hay
que tener en cuenta que hemos de incidir de una manera a la que me voy a
referir a renglón seguido buscando la competitividad de las empresas que
actúan en el sector a corto plazo ante un proceso de liberalización que
es, como decía al comienzo de mi intervención, una opción hecha, y
teniendo en cuenta también que las telecomunicaciones constituyen un
sector que expresa de alguna manera el nivel de vida de los ciudadanos,
afecta a la competitividad de las empresas e incide en el nivel de vida
de los ciudadanos, y cualquier política que se emprenda por cualquier
Gobierno tiene una exigencia irrenunciable, que es la incorporación y la
plena garantía de la prestación del servicio universal. Hoy por hoy esa
obligación afecta a lo que es el servicio básico de telefonía, pero
probablemente habrá en el futuro otros servicios que por su importancia
en la cohesión económica y social y por su importancia en la vertebración
territorial de España deban ser también incluidos en ese concepto de
servicio universal, es decir, de su extensión al conjunto de la población
española. En cualquier caso, el concepto de servicio universal hoy
vigente en la legislación comunitaria es el que afecta a la telefonía
básica y es, por tanto y como decía, una exigencia irrenunciable.

Los objetivos a corto plazo que el Gobierno del Partido Popular asume, a
través del Ministerio de Fomento, serían los siguientes: primero,
enmarcar el proceso de liberalización en marcha, es decir, encauzar de la
manera más beneficiosa posible para los intereses españoles la salida de
un régimen de monopolio. En segundo lugar, movilizar la inversión,
particularmente en infraestructuras, y posibilitar la incorporación de
tecnología avanzada o de tecnología de última generación. En tercer
lugar, favorecer un esquema de competencia para presionar los precios a
la baja en el ámbito de los servicios liberalizados y que en un futuro
inmediato se liberalicen y a través también de la puesta en marcha de la
comisión reguladora del mercado de telecomunicaciones. Finalmente, la
creación de un marco legal estable, una vez superada la etapa de
transición en la que estamos en estos momentos inmersos, que despeje
completamente el horizonte, que facilite el funcionamiento del sector
liberalizado y que inserte plenamente a España en un esquema
internacional, como es inherente al sector de las telecomunicaciones.

Estamos, como decía, en una fase de transición. Y para esa fase de
transición hemos trazado un modelo, unas líneas de actuación, algunas de
las cuales están insertas en el Real Decreto-Ley que próximamente
tendremos ocasión de debatir en el Pleno de la Cámara. En ese Real
Decreto-Ley, ya lo debatiremos, se sientan las bases del modelo de
transición para pasar gradualmente de una situación todavía muy
intervenida, y donde existen si no posiciones de monopolio en el sentido
puro sí fuertemente hegemónicas, a una situación de liberalización que
nos viene impuesta por la legislación comunitaria. Por tanto, la
situación de partida se podría describir en los términos siguientes.

Partimos de un monopolio telefónico en fase de rápida privatización; hay
un proceso de liberalización ya iniciado que afecta a algunos servicios;
hay una fuerte presión comunitaria por acelerar el proceso de
liberalización; tenemos tres conflictos pendientes con la Unión Europea
que afectan a tres empresas españolas muy importantes, y el Gobierno
español tiene impugnadas tres directivas comunitarias. Esta es la
situación de partida.

Para hacer frente a esa situación de partida, y para encauzar, como
decía, el proceso de liberalización, nosotros, en el Real Decreto-Ley,
hemos puesto en marcha algo que ya estaba previsto por el Gobierno
anterior en términos distintos, que es la constitución de un duopolio
temporal. ¿Por qué un duopolio, que es una solución obviamente opinable y
discutible? Pues hay muchas razones, pero yo haría hincapié sobre las
siguientes. Primero, estimular en forma limitada a Telefónica a ajustar
sus costes; es decir, estimularla a ajustar sus costes mediante una
competencia limitada y por un tiempo limitado. Segundo, la existencia de
unos activos incorporables de manera mucho más rentable al mundo de las
telecomunicaciones. Tercero, la existencia de un núcleo muy importante de
capital español, que desea invertir en el sector de las
telecomunicaciones y no encontraba un cauce apropiado en esta fase de
transición con un proceso de liberalización solamente en ciernes. De ahí
la existencia, de ahí la configuración de un segundo operador nacional en
torno a Retevisión que está previsto en el Decreto-Ley, y al que después,
si SS. SS. lo estiman oportuno, me podré referir con mayor detalle.

En todo caso, en este modelo de transición nos quedan pendientes, y
trataremos de aprobarlo de la manera más rápida posible, el reglamento de
la Ley del Cable. Espero poder enviar este reglamento, antes de que se
produzca la dispersión veraniega, al Consejo de Estado y al Consejo
Asesor de Telecomunicaciones. Una vez aprobado el reglamento del cable,
si es posible, anticipar la convocatoria de las mesas de adjudicación de
las concesiones de operadores de cables para también despejar el
horizonte de las inversiones.




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Por otra parte, está también a punto de concluirse la elaboración del
reglamento de la comunicación por satélite. Aquí, como saben SS. SS.,
está todo lo que afecta al Hispasat, que tiene en estos momentos dos
satélites en funcionamiento y que, como pueden suponer, ofrece una gran
importancia para la proyección internacional de España, y particularmente
en todo el mundo de habla hispana. Trataremos también de promulgar o de
concluir la elaboración del reglamento de la Ley de Televisiones Locales,
reglamento que plantea algunas dificultades, porque la ley actualmente
vigente es, a nuestro juicio, excesivamente restrictiva, prevé solamente
la existencia de dos licencias o de dos operadores y hoy hay ya en muchas
zonas urbanas más televisiones locales en una situación de alegalidad,
por no decir en una situación de ilegalidad. Hemos de combatir esa
situación de hecho y conducirla hacia un marco legal, probablemente
teniendo que modificar la Ley de Televisiones Locales antes de concluir
la elaboración de su reglamento.

Por último, habremos de adoptar algunas medidas que favorezcan el
funcionamiento de los operadores públicos. Ya me he referido a
Retevisión. Correos y Telégrafos habrá de incorporar parte de sus
recursos a ese segundo operador nacional y, en lo que afecta a Hispasat,
habrá que aprovechar mejor sus recursos y buscar fórmulas para garantizar
su rentabilidad. El final de este proceso es una nueva ley general de
ordenación de las telecomunicaciones que regule, en definitiva, un sector
totalmente liberalizado.

Ese proyecto de ley, que espero enviarlo antes de que concluya el
presente año a las Cortes, contemplará un sector plenamente liberalizado
con una exigencia y dos límites, por así decirlo. La exigencia será la
prestación de servicio universal, que, como decía, es absolutamente
irrenunciable. Los dos límites serían: mecanismos para proteger la
competencia frente a abusos de posición dominante y limitaciones también
para garantizar la oferta de servicios con una cobertura territorial
grande. No podemos asumir que el proceso de liberalización conduzca, al
final, a una concentración exclusiva de servicios solamente sobre las
grandes poblaciones. Por tanto, esa ley habrá de contener algunas
limitaciones y algunas obligaciones para los distintos operadores que
garanticen la extensión de aquellos servicios de telecomunicaciones que
tengan mayor incidencia sobre la cohesión económica y la cohesión
territorial de España. Esa ley general de ordenación de las
telecomunicaciones deberá incorporar los puntos principales de las
directivas comunitarias y garantizar, por último, la existencia de una
competencia libre.

He dejado para el final la referencia a lo que está llamado a ser un
órgano fundamental en el sector de las telecomunicaciones, que es la
comisión reguladora del mercado de las telecomunicaciones, cuya primera
configuración provisional está en el Real Decreto-Ley. Ahorro a SS. SS.

la descripción de sus funciones y todo lo que afecta a su composición. Lo
que sí querría trasladar es que no es la configuración definitiva, pero
sí es urgente poner en marcha esta comisión reguladora no solamente
porque es una exigencia de las autoridades comunitarias, sino porque el
modelo de transición exige ya la existencia de un órgano arbitral con
competencias claras y capacidad de actuación en sel sector. En su futura
configuración, más que en la configuración prevista en el Real
Decreto-Ley, la comisión del mercado de telecomunicaciones habrá de tener
como primera función la administración de aquellos ámbitos donde los
recursos son escasos, me refiero a la administración del espacio
radioeléctrico; todo lo que afecta a la numeración de los operadores, los
derechos de paso, licencias, etcétera. Eso habrá de ser administrado por
la comisión reguladora. Lógicamente tendrá que arbitrar en los conflictos
y tendrá que garantizar la existencia en la competencia limpia y libre.

Será el órgano encargado de velar por la existencia de tarifas
equitativas en todos aquellos que tengan redes y hayan de realizar
interconexiones. Tendrá la potestad sancionadora, potestad sancionadora
que no se le ha podido atribuir en el Real Decreto-Ley y ha habido que
introducir una remisión a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones
porque no es posible establecer o atribuir una potestad sancionadora sin
tipología de faltas, sin tipología de sanciones y eso ha de hacerse por
ley votada en Cortes.

Tendrá también atribuciones de asesoramiento al Gobierno, a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales y la obligación o la
competencia de garantizar la prestación del servicio universal. Habrá que
velar por la calidad de los servicios, por la protección de datos y por
el secreto de las comunicaciones.

Será, por tanto, un órgano al que la ley deberá dotar de una autonomía y
de unas garantías de independencia como las que tiene la Comisión del
Mercado de Valores o como las que tiene el Gobernador del Banco de
España.

En esos términos está ya inicialmente concebida la Comisión que se prevé
en el Real Decreto-ley y así estará también en la futura ley de
ordenación general de las telecomunicaciones.

Unas breves palabras de referencia a Correos. Como ustedes saben, es un
servicio que está liberalizado y el problema con que hoy se enfrenta es
que, si bien se multiplica el número de informaciones que se intercambian
en el mundo actual, su soporte se diversifica y cada vez se envían menos
cartas.

El objetivo durante esta legislatura sería proceder a una redefinición de
su papel, contemplando las siguientes dimensiones: en primer lugar, el
mantenimiento del servicio universal, pero adaptándolo al proceso de
liberalización y garantizando el equilibrio financiero del actual
operador público; en segundo lugar, la creación, dentro de Correos, de
nuevos servicios que puedan incrementar sus ingresos y, finalmente, la
modernización de todos sus procesos.

Con ello concluyo lo que afecta al mundo de las telecomunicaciones y voy
a pasar ya a lo que afecta a la política de transportes y al ámbito de
las infraestructuras, casi telegráficamente para no alargar en exceso
esta intervención.

Los dos componentes básicos de una política de transportes, como saben
SS. SS., son las infraestructuras y los servicios ofrecidos por las
empresas operadoras.

La política de transportes tiene yo diría que dos exigencias
fundamentales: realizar una política coordinada, es decir, intermodal,
por una parte, y, por otra, eludir la segmentación



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o sectorialización que ha sido tradicional en la Administración española.

La situación de partida, por describirla en dos grandes rasgos, es que
nos encontramos con un sistema desarticulado de transportes, que es una
vieja herencia no superada todavía --herencia que se remonta a muchos
años atrás-- y con graves problemas económicos. Serviría como ejemplo el
proceso de deterioro que padece la flota mercante o la situación de
Iberia a las puertas de una plena liberalización del transporte aéreo.

En la política de transportes hay un punto de partida al que yo querría
hacer referencia, que es el Plan Director de Infraestructuras. Es un
trabajo útil y valioso que nosotros vamos a aprovechar y muchas de
nuestras actuaciones estarán insertas en dicho Plan.

Sí debo decir que no se podrá alcanzar la financiación en él prevista,
como no se ha podido alcanzar en los dos últimos años, como consecuencia
de la necesidad de sujetarnos una vez más a ese gran objetivo prioritario
que es el cumplimiento de los requisitos de convergencia.

Debo decir que hay que hacer un esfuerzo por incorporar las comunidades
autónomas a la financiación y pedirles todavía mayor apoyo, porque tienen
una serie de competencias --simplemente hay que pensar en la ordenación
del territorio-- exclusivas que inciden de manera decisiva en la
ejecución del Plan Director de Infraestructuras.

En el ámbito de las carreteras querría destacar una actuación en cuatro
frentes. Procederemos a realizar, a diseñar y a ejecutar un plan
sectorial de carreteras de acuerdo con las resoluciones aprobadas por la
Cámara sobre el Plan Director de Infraestructuras. Se tendrán en cuenta
los siguientes criterios principales: la mejora de la cohesión económica
y social de las regiones entre sí y de España con los distintos países de
la Unión Europea; en segundo lugar, el mejor acceso de personas y
mercancías a los centros de actividad económica; en tercer lugar, el
aseguramiento de umbrales mínimos de accesibilidad en todo el territorio
nacional y, en cuarto lugar, las peticiones y ofertas de colaboración de
financiación de las comunidades autónomas. Y añadiría un último criterio,
que es la incorporación de importantes aspectos del llamado Plan Puente,
del Plan de Actuaciones Prioritarias que, como saben ustedes, tiene un
gran retraso, provocado en gran parte por la aplicación del reglamento de
la nueva Ley de Contratos del Estado que ha creado dificultades en los
procesos de decisión administrativa.

Diría que, de un billón cuatrocientos mil millones de pesetas previstos
de inversión en el llamado Plan Puente, a 30 de mayo solamente se habían
licitado 400.000 millones. Vamos a tratar de reanudar el proceso de
licitación, una vez aprobado el ajuste presupuestario, con el fin de
cumplir las previsiones del Plan puente y de analizar cuáles de sus
actuaciones deben tener prioridad para su incorporación a ese Plan
Sectorial de Carreteras.

Una segunda línea de actuación es la eliminación en la red estatal de las
travesías de las poblaciones.

Una tercera línea de actuación es la prestación de especial atención a
programas de seguridad vial, dando prioridad a aquellos proyectos que
eliminen puntos negros, y la articulación de una serie de medidas legales
que permitan la movilización de capital privado para invertir en
infraestructuras y la dedicación, como decía antes, de los ingresos
obtenidos por privatizaciones en inversiones en infraestructuras. Como
saben ustedes, hay un grupo de trabajo creado en el Ministerio de Fomento
con objeto de ver cuáles son las posibilidades reales y cuáles son las
medidas legales que hay que adoptar para poder facilitar esos procesos.

En ferrocarriles se realizará también a corto plazo un plan sectorial de
inversión en infraestructuras ferroviarias que tendrá como objetivos
principales la actualización y mejora de la red ferroviaria de ancho
español y la continuación de los programas de cercanías, donde se ha
realizado en los últimos años una actuación enormemente positiva; se han
mejorado mucho los trenes de mercancías en las grandes urbes españolas, y
es un programa que nosotros continuaremos.

Finalmente, contemplamos, dentro de ese Plan sectorial, la ejecución del
tren de alta velocidad en sus dos grandes tramos Madrid-Zaragoza y
Barcelona-frontera francesa, si podemos realizar el proceso de inversión
durante esta legislatura. Debo anticipar a SS. SS., que está en estudio
la posibilidad de una fórmula de financiación mixta del tren de alta
velocidad. Veremos si el grupo de trabajo constituido llega a
conclusiones positivas en este ámbito.

En relación con los puertos, haremos una reforma de la legislación
vigente con dos objetivos: primero, cumplir los acuerdos que tenemos con
las fuerzas políticas que dan soporte parlamentario al Gobierno. En esa
reforma legislativa se contemplará la transferencia de su gestión a las
comunidades autónomas, conservando la titularidad estatal.

En la nueva ley se preverá también, como se prevé en la actual, pero con
mayor intensidad, la participación en los consejos de administración de
las comunidades autónomas, del Estado, de las corporaciones locales y de
todos los agentes implicados.

Trataremos de mantener la autofinanciación del sistema portuario estatal,
autofinanciación que consideramos positiva, que es susceptible de
perfeccionamiento y de mejora y que, por consiguiente, habrá de
contemplarse en la reforma de la Ley de Puertos, que en estos momentos
está en estudio.

Trataremos de integrar los puertos en el sistema general de transportes,
a fin de facilitar los tráficos que entran por ellos y tienen destino en
otro territorio. Finalmente, también trataremos de incrementar la
presencia institucional de forma activa en los ámbitos de la Comunidad
Europea e internacionales para la defensa de los intereses de los puertos
nacionales.

En el ámbito de los aeropuertos, las actuaciones más urgentes se refieren
a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife. En Palma de Mallorca
es necesario terminar las obras, a fin de ponerlas en servicio para el
verano de 1997; éste sería el objetivo. En Barajas es preciso terminar la
planificación y cometer las obras de ampliación. En Tenerife hay que
concluir el proceso de planificación para poder acometer las obras
necesarias y en Barcelona es necesario empezar y terminar la
planificación de la ampliación del



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aeropuerto actualmente existente. Estas son las actuaciones más urgentes,
porque, previsiblemente, son aeropuertos que pueden entrar en una fase de
congestión, de colapso, en los próximos años si no se hacen estas obras
de ampliación y mejora.

Desde la perspectiva estricta del transporte, el principal problema que
tenemos en el transporte por carretera es asumir plenamente el proceso de
liberalización, algo que puede crear dificultades. Planificar los
servicios de transporte en coordinación con las comunidades autónomas,
transformar el sistema de autorización al vehículo en un sistema de
autorización a la empresa y la implantación de un modelo concesional de
transporte regular de viajeros por carretera basado en la
complementariedad con los servicios ferroviarios son algunas de las
actuaciones previstas.

En el transporte ferroviario se proseguirán las actuaciones que se están
llevando a cabo, adaptándolas a las necesidades del mercado y
persiguiendo la reducción del déficit a través de las oportunas mejoras
en la gestión, y se prestará especial atención a los servicios de
mercancías propios del ferrocarril, especialmente a los tráficos
combinados, centrando su objetivo en los clientes y en sus necesidades
logísticas.

En relación con el transporte aéreo, además de atender las necesidades de
mejora de infraestructura aeroportuaria a las que me acabo de referir,
trataremos de reformar la ley de Navegación Aérea, que está anticuada y
que exige su adaptación a la legislación internacional.

En el transporte marítimo hemos de afrontar el proceso de deterioro y de
retroceso en que se encuentra la flota mercante española. Trataremos de
concentrar e intensificar la inspección de buques siguiendo las
recomendaciones de la Organización Marítima Internacional y de la Unión
Europea y tomaremos las medidas adecuadas para que el segundo registro de
Canarias sea efectivo.

Con esto, señorías, concluyo, la explicación esquemática de lo que afecta
a nuestras infraestructuras y a la política de transportes. Me
disculparán que no precise en mayor medida; no es posible hacerlo
razonable y responsablemente sin disponer de la cifra de inversión real
que este Departamento podrá afrontar en el transcurso del año 1997.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Vamos a pasar el
turno de portavoces.

Parece ser que en algunos grupos el turno va a ser compartido entre dos
personas. Ruego que tengan en cuenta que eso no duplica el tiempo que
tiene cada uno de los grupos.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor Ministro, por la
explicación ofrecida en su primera comparecencia ante esta Comisión.

Permítame que le diga que durante muchos momentos de su intervención casi
he conseguido olvidar que ha habido unas elecciones generales en este
país y que ahora gobierna un partido distinto, porque, ciertamente,
usted, en sus intervención, ha recogido muchas de las actuaciones que el
anterior Departamento estaba llevando a cabo, e incluso algunas le han
merecido un juicio favorable.

En cuanto a la descripción de los problemas presupuestarios con los que
se encuentra, también parece deducirse de sus palabras que no ha habido
un cambio en el signo político de este país, pues usted ha contado una
historia que arranca de varios años atrás, de dificultades
presupuestarias y de la consiguiente restricción de la inversión pública,
a la cual se acompaña en esta etapa una política absolutamente análoga,
cosa que, lamentablemente, creo que no es lo que esperaban de ustedes los
ciudadanos que les han votado. Si les han votado pienso que en parte ha
sido porque pensaban que un cambio de Gobierno podía remediar algunos de
los problemas de este país y, por tanto, que la tan criticada reducción
de la inversión pública podía dejar de darse en la medida en que ustedes
hicieran una política presupuestaria de gran rigor que acabara con ese
supuesto despilfarro, con ese derroche que parece que ni en 1996, ni en
1997, según sus propias palabras, se va a reducir, puesto que se sigue
hablando de una expectativa de reducción de la inversión pública.

Agradezco las referencias que ha hecho a numerosos programas y
orientaciones del Gobierno anterior que, en su momento, tuvieron una
crítica sonora por parte del Partido Popular. Entiendo que no es lo mismo
estar en la oposición que en el Gobierno y que ahora, sentado en el
Ministerio de Fomento, puede usted ver que algunas de las cosas que
estaban en marcha no eran tan disparatadas como cabría deducir de sus
intervenciones en la etapa anterior. Pero, insisto, ustedes, en la
campaña electoral y en el propio discurso de investidura, habían ofrecido
una política de mantenimiento de la inversión pública, de su ritmo, que,
en estos momentos, está ya cuestionada por su propia intervención. Usted
reconoce que ese escenario del Plan Director de Infraestructuras, en el
que coincide en cuanto a sus orientaciones y criterios, no va a ser
abordado con inversión pública o, por lo menos, con la inversión pública
presupuestaria prevista en estos momentos.

Por tanto, creo que es muy importante que avance usted algo más en la
medida en que le sea posible, porque la reducción de la inversión pública
en infraestructuras tiene una serie de consecuencias y me gustaría
conocer su apreciación al respecto. Cuando se recorta inversión pública,
se recorta gasto y se contribuye al menor déficit, pero se aumenta el
desempleo; de hecho, la estimación que existe de pérdida de puestos de
trabajo de este nuevo recorte está en el entorno de los 20.000 puestos de
trabajo, lo que, además, significa menor actividad económica y significa,
por ambas vías, más gasto de los presupuestos generales del Estado en
subsidios de desempleo y menores ingresos fiscales ligados a la propia
actividad económica.

Me gustaría saber si ha mantenido usted la reunión que le llevan
reclamando los sindicatos del sector de la construcción desde su inicio
en esta responsabilidad, porque, desde luego, las empresas constructoras
ya han tenido ocasión de exponer su preocupaciones, tanto a usted como al
Vicepresidente Segundo del Gobierno, cosa que parece que no ha ocurrido
con los sindicatos del sector de la construcción.




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Me gustaría, repito, saber si ha mantenido dicha reunión.

Cuando dice que están buscando fórmulas mediante las que, por una parte,
se contaría con la inversión privada y, por otra, con la inversión
derivada de recursos obtenidos a partir del programa de privatizaciones,
querría saber si se está teniendo en cuenta que el programa de
privatizaciones podría llevar a un menor importe de inversión público
ligado a las empresas que se privatizan. Habrá que ver el saldo neto de
esos recursos que se obtengan de la venta de empresas públicas a la
iniciativa privada, pero teniendo en cuenta que las empresas que se
privatizan tienen un ritmo de inversión que puede verse disminuido en la
medida en que haya un proceso de privatización. Por tanto, entiendo que
lo importante sería el saldo neto conjunto de la nueva inversión pública
derivada de esas ventas y la inversión pública que, en su caso, dejara de
hacerse a través de las empresas que se privaticen.

No ha avanzado usted --supongo que es imposible hacerlo-- cuánto peso
podrían tener estas dos opciones, pero usted sabe, porque en el
Ministerio ha encontrado numerosos informes, que la posible participación
de la inversión privada en las infraestructuras será minoritaria y,
además, se dará exclusivamente en algunas actuaciones sectoriales donde
pueda garantizarse una cierta rentabilidad. Hay informes (posiblemente
usted los conoce y, si es así, me gustaría saber qué opina de sus
conclusiones) hechos en etapas anteriores en el Departamento, donde se
viene a concluir que, salvo muy pocos proyectos, las infraestructuras no
son rentables para la iniciativa privada y desde luego no lo son la
mayoría de los proyectos que, cara al futuro, todavía se tienen que
llevar a cabo en este país, que son proyectos en territorios menos
desarrollados con menor tráfico, con menor densidad en algunos casos, por
lo tanto de entrada menos rentables. En este sentido, me gustaría saber
si, a la hora de incorporar la inversión privada, esto puede conllevar el
hecho de que se detraiga inversiones ligadas a lo que son los territorios
que usted mismo señalaba que deberían ser objeto de un esfuerzo de
cohesión económica y social.

Es evidente que en este panorama algunos de sus compromisos electorales
van a decaer. Salvo que me diga lo contrario, al hablar de inversión en
alta velocidad, no he escuchado ninguna referencia al tren de alta
velocidad Madrid-Valencia, que aparecía en su programa electoral. Quizás
el hecho de haber cerrado la carretera Madrid-Valencia elimine el otro
compromiso, pero querría en cualquier caso saber si descartan el tren de
alta velocidad en la presente legislatura entre Madrid y Valencia.

Usted nos dice que a las comunidades autónomas hay que pedirles mayor
participación en la financiación de las infraestructuras. Naturalmente,
eso, antes o después, es gasto público. No nos alejamos de lo que es la
búsqueda de un objetivo de reducción del gasto público global de las
administraciones españolas y obviamente el dinero siempre es el mismo; lo
ponga la Administración central o lo pongan las administraciones
autonómicas, al final, es inversión pública, con la restricción que se
entienda necesaria en materia de déficit público.

No puedo dejar de hacerle alguna pregunta concreta en lo que se refiere a
alguna de las actuaciones de infraestructuras a las que usted se ha
referido, porque creo que en algunos casos sí hay concreciones. Nos ha
dicho, por ejemplo, que es urgente llevar adelante la inversión
correspondiente a la ampliación del aeropuerto de Barajas, de Madrid.

Usted sabe que en la última etapa del anterior Departamento se promulgó
una declaración de impacto ambiental con una serie de restricciones
notables en cuanto a la actuación y compromisos de AENA. Si es posible,
me gustaría que usted se manifestara en cuanto a la voluntad de mantener
ese compromiso porque no ha sido así en el caso del nuevo responsable de
AENA, que ha hecho algunas declaraciones en un ámbito bastante abierto,
entendiendo que no había por qué respetar acuerdos alcanzados en la etapa
anterior. Una declaración de impacto ambiental es una cosa que debe ser
respetada y que además en este caso contaba con el apoyo explícito en
todo su contenido del Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid,
señor Ruiz Gallardón, que quizás no es en estos momentos una referencia
que sirva de mucho, en cuanto a acuerdos previos logrados con el Partido
Popular, por lo que se ve en otros ámbitos. Pero en cualquier caso, me
gustaría saber si la ampliación del aeropuerto de Barajas se va a llevar
a cabo respetando escrupulosamente los compromisos que se derivaban para
AENA de la declaración de impacto ambiental.

Por supuesto, también querría alguna aclaración sobre cómo va a llevar a
cabo la primera e importante concreción de su actuación como Ministro de
Fomento en lo que se refiere precisamente al cierre de la autovía
Madrid-Valencia. No quisiera atenerme sólo a los titulares de prensa,
porque de ello se derivaría que no hay un incremento significativo de
gasto. Usted cabe que la opción C, aprobada por el Ministerio, se ha
adjudicado en 12.000 millones de pesetas; entre 12.000 y 25.000 millones
de pesetas, que era el coste estimado de la opción E-1, hay una
diferencia importante. Hay también un problema de tramitación. A falta de
milagros, que quizás se den en este Gobierno --teniendo en cuenta la
abundante presencia de personas muy creyentes en el mismo, no sé si cabe
esperarlo--, un proyecto que todavía no existe (el proyecto de la E-1 es
un proyecto que se tiene que hacer y es un trazado que en la estimación
inicial que nosotros analizamos no es un trazado simple, es un trazado
que va a requerir pilares de 150 metros y la utilización de terrenos que
desde el punto de vista de su estructura geológica debe ser estudiado)
supongo que no se puede hacer de la noche a la mañana; además, está
pendiente una declaración de impacto ambiental de ese nuevo trazado, que,
salvo que sea una pura formalidad, como cabría deducir del hecho de que
el resultado del trazado está ya resuelto y por tanto la declaración de
impacto ambiental creo que en este caso es una simple broma y no parece
ajustarse al espíritu de lo que son las reglas del juego en esta materia,
siempre significa consumir un tiempo en la tramitación.

Tengo entendido --corríjame si no es cierto-- que la vía rápida que han
emprendido para no salirse del tiempo que han convenido para esta
operación es la de seguir adelante



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en cuanto a la contratación del proyecto ya adjudicado y después pedir a
la empresa que haga sobre el mismo un modificado.

La verdad es que la experiencia demuestra que el Consejo de Estado no
puede entender un modificado con las diferencias de coste y de trazado
que efectivamente se darían en este supuesto. Créame que se lo digo con
el mejor espíritu de colaboración porque me gustaría, yo creo que como a
todos los españoles, que efectivamente esa carretera se cerrara en dos
años. Pero hay algunas cosas que son muy difíciles de hacer y que si
ustedes las hacen, sin vulnerar determinados preceptos y llevando a cabo
una tramitación correcta, por supuesto tendrá todo el apoyo del Grupo
Socialista.

Quisiera detenerme en la política de suelo y de vivienda, porque aquí sí
que ha habido concreciones y me sorprende que las concreciones que ha
habido se parezcan tan poco al modelo holandés que usted ha puesto como
referencia. La gran concreción que se ha hecho desde el Gobierno del
señor Aznar hasta la fecha, en materia de política de suelo y vivienda,
han sido las normas ya aprobadas por el Consejo de Ministros; en primer
lugar, el Decreto-ley de liberalización del suelo, donde, como decía, los
resultados son exactamente los contrarios al deseable acercamiento a
modelos distintos al nuestro. Se reduce, de una forma notable, la
creación de patrimonio municipal de suelo, puesto que éste disminuye en
un 33 por ciento por la disminución de la cesión de suelo urbanizable y
al cero por ciento disminuye en el caso de los suelos urbanos. Esa
disminución de la posibilidad de actuar de los ayuntamientos, como digo,
nos aleja irremediablemente del caso holandés, donde los ayuntamientos
son el principal operador de suelo. Y eso es precisamente lo que explica
--usted lo ha sacado bien a colación-- que en Holanda el problema de la
vivienda y el problema del suelo esté bien resuelto, porque hay una
potente intervención pública que condiciona la iniciativa privada para
que se haga viviendas de precio asequible.

Lo que ustedes han aprobado en el Consejo de Ministros para nada
garantiza que esas menores cargas para los propietarios del suelo se
trasladen al precio final de la vivienda. Nada obliga a ello y, por el
contrario, aparece en el escenario una reducción de patrimonio municipal
de suelo que quiero recordarle que ha sido la materia prima básica de la
consecución de los objetivos del Plan de Vivienda 1992-1995. Una parte
muy sustantiva de las viviendas protegidas en este país se ha hecho
durante los últimos años en patrimonio municipal de suelo, que es el
único que tiene un coste tasado. Cuando usted habla de repercusiones de
suelo, podríamos sacar otros datos y otras estadísticas, pero está claro
que no está hablando usted del coste de repercusión de suelo en el caso
de suelo municipal, porque en el suelo municipal solamente se pueden
hacer viviendas protegidas donde la repercusión sobre el precio final de
la vivienda, que además es tasado, no puede superar el 20 por ciento.

Naturalmente, cuando habla de carestía de suelo en España no se puede
referir al suelo urbanizable, porque en estos momentos en España, entre
suelo urbanizable y suelo urbano vacante, tenemos suelo para aumentar en
un 40 por ciento la edificabilidad en nuestras ciudades. Hay suelo
calificado como urbanizable para hacer crecer nuestras ciudades en los
próximo años muy por encima de las necesidades de vivienda y del
crecimiento exigido a nuestras ciudades. Suelo urbanizable hay, Ministro,
lo que no hay es suelo urbanizado y precisamente ése es el
estrangulamiento que sería oportuno corregir en la vigente normativa.

La Ley del Suelo de 1990, que usted ha calificado, de forma bastante
simple, como una continuación de la Ley de etapas anteriores, tenía la
virtud --y así ha sido utilizada por alcaldes con voluntad política para
hacerlo-- de evitar la retención de suelo urbanizable y convertirlo en
urbanizado. Ahí es donde deberíamos poner todos nuestros esfuerzos porque
--insisto-- suelo urbanizable lo hay y que haya más suelo urbanizable no
lleva aparejado que ese suelo se desarrolle. Y ahí están las bolsas de
suelo calificado en Madrid. En la Comunidad de Madrid hay suelo
urbanizable no desarrollado en su conjunto para 90.000 viviendas más, sin
ningún cambio en los planeamientos vigentes. Sin embargo, ese suelo no se
desarrolla, ese suelo se retiene por parte de sus propietarios y eso es
precisamente lo que esa Ley del Suelo que a ustedes no les gusta tiene en
su contenido, instrumentos que han sido llevados a cabo por alcaldes de
signos políticos distintos. No voy a decir que los alcaldes que han
sacado adelante suelo público a base de procesos expropiatorios y a base
de aplicar la Ley del Suelo en vigor sean sólo alcaldes socialistas,
porque sería falso. Ha habido muchos alcaldes en este país que han sabido
provechar la Ley del Suelo y ahí tienen los casos de Pamplona, los casos
de Gijón, el caso de Mahón, el caso de Alcoy. Hay muchos casos concretos.

Usted me puede decir que en muchos casos no ha sido así, ciertamente,
pero no es culpa del marco normativo; es falta de voluntad política o
falta de medios financieros y, desde luego, ni una cosa ni otra las
resuelve el Decreto-ley que han aprobado.

Por lo que se refiere al Plan de Vivienda, usted ha hablado como si
estuviéramos en una situación de vacío esperando la aparición de un nuevo
Plan de Vivienda. Usted sabe que en la Conferencia sectorial de Avila
hubo un acuerdo que se tradujo en un decreto, por cierto un decreto que
regula el actual Plan que ustedes han corregido en una pequeña
disposición donde establecen la obligatoriedad de que las subvenciones se
apliquen necesariamente a amortizar el crédito hipotecario subsidiado.

Solamente quiero decirle, Ministro, porque quizá no lo sepa, que
normalmente las subvenciones han servido a las familias beneficiarias del
Plan de Vivienda para poder aportar recursos complementarios al préstamo
hipotecario subsidiario. Y esos recursos complementarios normalmente lo
han sido a partir de un préstamo, muchas veces del propio promotor, pero
en cualquier caso, con un coste financiero muy superior al del préstamo
hipotecario subsidiado. Si se obliga ahora a las familias a perder la
posibilidad de aplicar la subvención que reciben para reducir deudas a un
coste financiero superior al derivado de un préstamo subsidiado, la
verdad es que creo que no se les hace un favor. Y, por supuesto, en



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esa disposición se obliga a que las comunidades autónomas actúen en el
mismo sentido.

Quiero también decirle en este caso, que antes de 1991 hubo recursos de
constitucionalidad por disposiciones menos nítidas que ésa, porque ésa es
una disposición que conculca la competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. Por tanto, no entiendo demasiado esa modificación.

Volviendo al Plan de Vivienda, diré que en estos momentos está en
desarrollo. Un Plan de Vivienda que, tal como se acordó con las
comunidades autónomas, sería modificado en el caso de que el nuevo
Gobierno lo estimara oportuno y existen los medios para revisarlo y todas
las medidas que ustedes adopten, pero ese Plan existe. Quisiera
preguntarle por qué a estas alturas del mes de junio todavía no se ha
llevado a cabo la distribución de recursos convenidos con las entidades
de crédito que estaba previsto realizarse precisamente en este mes y que
está condicionando, estrangulando, el desarrollo del Plan de Vivienda en
todo el territorio nacional. Es importante que esto no se frene porque el
Plan de Vivienda, de momento, no parece que vaya a recibir más recursos
presupuestarios y, por el contrario, tiene un desarrollo ya previsto en
los acuerdos con las comunidades autónomas que creo que deberían ser
tenidos en cuenta.

Por lo que se refiere a las medidas fiscales que usted anuncia, estaremos
de acuerdo en muchas de ellas. De hecho, estaban también en nuestro
programa electoral, estaba todo aquello que se refiere a disminuir
determinadas cargas fiscales para las viviendas más asequibles y
prolongar los plazos de vigencia de los beneficios fiscales de las
cuentas ahorro vivienda. Por tanto, esas medidas que usted anuncia,
cuando se concreten recibirán la correspondiente valoración.

Asimismo insisto en que en el conjunto de su exposición ha dejado sin
concretar algo que en estos momentos creo que debe conocer ya y es cómo
se reparten, dentro de su Ministerio, las cuantías a las que ha hecho
mención. Quizá lamento no haber sido capaz de entender el reparto que
usted plantea; ha hablado de algo más de 79.000 millones de recorte de la
inversión en su conjunto, de recorte de gasto para los dos Ministerios,
de los cuales solamente 37.000 millones son el capítulo 6. Si eso se
refiere sólo a su Ministerio me gustaría saberlo, o si es la suma de los
dos; me gustaría saber en qué direcciones generales incide ese recorte;
si la parte correspondiente a transferencias se refiere concretamente a
la política de vivienda, porque ésa era una expectativa existente en
cuanto al propio compromiso electoral del Partido Popular, aumentar de
forma inmediata los recursos presupuestarios destinados a la política de
vivienda.

En cualquier caso, en el reajuste que hagan ustedes este año y cara al
futuro, lo importante será conocer qué es lo que se queda fuera, dónde no
se van a hacer las cosas que en estos momentos estaba previsto hacer,
porque si hay menos recursos tendrá que procederse a una selección de los
acuerdos que estaban ya en su caso establecidos o de los programas que
existen. Usted decía que van a hacer un plan sectorial de carreteras.

Tiene usted un documento ya hecho y sobre ese documento nuestra
vigilancia estará en saber qué es lo que ustedes no van a hacer.

Y permítame una referencia a la provincia de la que soy Diputada. Ahora,
parece ser que el tramo Adra-Motril, que está en las actuaciones
previstas, ha desaparecido de todos los mapas. Los documentos existen,
los compromisos también y me gustaría saber si en estos momentos existen
criterios territoriales o de otro tipo para llevar a cabo la reducción
que usted prevé en materia de infraestructuras.




El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le rogaría que cediera la palabra a
su compañero.




La señora NARBONA RUIZ: Sí, voy a ceder la palabra al señor
García-Arreciado.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor Ministro, por su
comparecencia, primera en esta Comisión; le damos la bienvenida y gracias
por la información que nos ha suministrado.

Dijo usted que iba a ser sucinto en su intervención pero tengo que
reconocer que a telecomunicaciones, que es el asunto del que voy a
hablar, le ha dedicado usted un tiempo que pone de manifiesto el interés,
compartido por este grupo, la importancia de la regulación del sector y
el empeño y el trabajo que debe recabar de todos los que nos sentimos
partícipes del desarrollo de este sector.

Tengo que decirle, con absoluta lealtad, que me gusta lo que he
escuchado, me gusta el tono, me gusta el contenido, me gusta la forma.

Pero tengo que mantener la prevención, la sospecha fundada en
declaraciones de otros miembros de su Gobierno --no solamente en la
campaña electoral y en los últimos meses de la anterior legislatura, sino
en fechas más recientes-- de que posiblemente igual que en los contratos
bancarios, nos ha expuesto usted la letra grande con contrato, esa letra
grande en la que se nos dice que el tipo de interés a que se nos presta
el dinero es el 12 por ciento y cuando se lee una letra pequeña con la
comisión de estudios, de apertura, etcétera, nos encontramos con el 15
por ciento.

Me da la impresión, sobre todo por la primera medida que han tomado
ustedes en el Decreto-ley --al que no me voy a volver a referir porque
tendremos tiempo el próximo martes de discutir de él--, que contiene
algunas medidas incoherentes con algunos de los objetivos que usted ha
señalado y, desde nuestro punto de vista, contrarias al interés general.

Como me gusta lo que le he escuchado y tengo el deber de creerle porque
es usted un político acreditado, le deseo en nombre de mi Grupo éxitos y
aciertos en la gestión de su política.

Nosotros, al revés que ustedes, nos sentimos corresponsables de la
gobernación de este país. La oposición es parte del poder, no es una
hostilidad permanente contra el poder, como ustedes pusieron de
manifiesto en los últimos y alocados meses de la anterior legislatura, y
por eso le garantizo



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por parte de nuestro grupo una oposición correcta, mensurada, rigurosa,
ordenada y pactista en todo aquello en lo que podamos identificar
intereses comunes, que creo que es en muchas cosas.

Nosotros también creemos que el principal objetivo de la política de
telecomunicaciones debe ser preparar a España para la sociedad de la
información, que es algo más que las telecomunicaciones. Es una
revolución extraordinaria en los modos de empleo, de trabajo, de
enseñanza, de ocio y de actividades de la sociedad en general. Para ello
creemos en algunas cosas, en la primera de las cuales coincido con lo que
usted ha dicho. La universalidad de los servicios referida hoy
fundamentalmente a la telefonía básica debe ser un concepto dinámico y
cuyos contenidos cambien con la evolución de la tecnología y con las
necesidades de la sociedad. Quizá hoy baste con garantizar al ciudadano
el teléfono, pero posiblemente el avance tecnológico, la disminución de
los costes pueda permitirnos ofrecer como servicios básicos en el futuro
algunos que hoy pueden ser considerados servicios de élite. Para
garantizar esa universalidad flexible, cambiante de algunos servicios
básicos nosotros creemos, a diferencia de ustedes, señor Ministro, que es
necesario mantener una presencia pública en el sector. La universalidad
de algunos servicios en un sistema de competencia sólo puede ser
consecuencia de la existencia de un contrato entre el operador o los
operadores que haya y el Estado. Por tanto, participando de lo que usted
ha dicho de que la liberalización no es una opción, es una exigencia de
supervivencia, creemos que esa exigencia no agota los grados de libertad
posibles en las políticas de las telecomunicaciones, y uno de esos grados
de libertad --donde creo que vamos a discrepar de ustedes-- es la
importancia del mantenimiento del sector público y de su regulación. El
sector puede y debe estar liberalizado. Somos partidarios de la
competencia, no creemos en el mercado con la fe ciega con que ustedes
creen. Hay veces que el mercado funciona y hay otras que no, las
gasolinas están libres en el mercado y, sin embargo, hay un acuerdo entre
las compañías para que los precios sean los que son. De manera que hay
veces que el mercado funciona y hay ocasiones en que no, y yo creo que su
concepción y sacralización del mercado va a poner en juego lo peor del
darwinismo que existe en las leyes del mercado cuando la actuación
pública, cuando el Estado no interviene para controlar esa célebre mano
invisible que, como he dicho en otras ocasiones, es invisible pero no es
tonta y siempre coge donde tiene algo que coger.

También creemos que es necesario introducir la competencia, y lo hemos
hecho: los servicios de valor añadido, la conmutación de paquetes de
datos, la telefonía móvil automática, los servicios de VSAT, éstos en
competencia restringida, la Ley del Cable que introduce competencia
desconocida en Europa. Yo creo que hemos sido un poco pardillos, no sólo
hemos introducido competencia en los servicios sino en infraestructura.

Pensemos en que Deutsch Telecom ha blindado a su compañía de bandera y en
que las redes de cable que hay en Alemania son todas de Deutsch Telecom y
tienen más de quince millones de abonados. En fin, hay que introducir la
competencia, algo hemos hecho, creemos en el mercado, lo hemos dicho
muchas veces y lo subrayo. En consecuencia, tenemos que liberalizar los
servicios finales, la telefonía básica fundamentalmente y los servicios
portadores, es decir, las infraestructuras, pero en 1998, cuando exige la
Unión Europea, no antes, porque esto, señor Ministro, no consiste en
llegar primero sino en saber llegar, en hacer las cosas al ritmo que los
países se pueden permitir, y el modelo inglés de establecimiento de un
duopolio con Mercury en 1982 no nos sirve, porque han tenido catorce años
para romper el monopolio y adaptarse a la competencia. Algunos aspectos
son positivos, qué duda cabe, han bajado los precios; otros son
negativos, British Telecom ha perdido 65.000 empleos en estos años y
Mercury gestiona ahora mismo, según los últimos datos del libro verde,
200.000 líneas principales y British Telecom gestiona 26 millones y medio
de líneas principales.

Esto nos lleva a otra cuestión en la que creo que disentimos de ustedes:
el papel de Telefónica. Algunas trabas importantes han introducido
ustedes en el decreto. Ley que han presentado. Nosotros creemos en
Telefónica. Nosotros creemos en Telefónica entre otras razones porque es
la empresa más internacional de España, la de mayor productividad por
empleado y la de mayor número de líneas de todas las empresas de
telecomunicaciones europeas, porque invierte la friolera de 5,6 billones
de pesetas en el actual plan nacional que termina en el año 2002 y
porque, entre otras fruslerías, tiene instalados en su red de acceso
640.000 kilómetros de fibra óptica y en su red de tránsito 280.000
kilómetros de fibra óptica, 900.000 circuitos interurbanos y más de
25.000 internacionales.

Por tanto, yo les ruego a ustedes que hagan un esfuerzo por entender que
Telefónica es un valor nacional, que tiene que competir, que se viene
preparando para esa competencia, que no tiene miedo alguno, pero no le
traben ustedes las manos como pretenden en el real decreto porque no
tendría ningún sentido mantener ocioso durante dos años casi un millón de
kilómetros de fibra óptica instalada y unas infraestructuras que
permitirían en breve plazo dar servicios, si lo requieren, a los 7
millones y medio de familias cuyos hogares han sido ya pasados por la
instalación de cable óptico en Telefónica.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le recuerdo que lleva más de
media hora en el uso de la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Termino en dos minutos, señor
Presidente.

También creemos que es absolutamente necesario desarrollar inmediatamente
el reglamento de la Ley del Cable. Usted anuncia su envío al Congreso de
los Diputados en un plazo realmente breve. Me parece difícil, porque si
mandan ustedes a la Cámara un real decreto que posteriormente se tiene
que tramitar como proyecto de ley que introduce modificaciones en la Ley
del Cable, me parece realmente difícil que se pueda desarrollar
urgentemente, y eso es lo que tiene paralizadas las inversiones. Ayer en
Nueva York hubo una reunión importante con inversionistas



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extranjeros muy fuertes, US Cable, US West, etcétera, y se llegó a la
conclusión de que lo que tiene paralizadas las inversiones en España es
la inexistencia del reglamento del cable.

Participamos de la creación de un órgano arbitral. Siempre ha sido una
idea nuestra. Ustedes ni siquiera lo llevaban en el programa electoral,
aunque en declaraciones de miembros de su partido siempre hemos escuchado
que tenía que ser un órgano absolutamente independiente. Al final han
optado ustedes por la responsabilidad que da sentarse en la mesa del
Consejo de Ministros y el órgano es lo que tiene que ser, un órgano de la
Administración que regule, que arbitre y que intervenga en el sector.

Termino con unas preguntas, señor Ministro, algunas de las cuales están
contestadas y que, para que no se desespere el señor Presidente, espero
encontrar en breves momentos en los papeles que tengo.

Me gustaría saber qué previsiones tienen ustedes sobre el desarrollo del
programa Hispasat, porque era preocupante el contenido de su programa
electoral en el que decían que iban a estudiar la viabilidad del
mantenimiento del programa Hispasat. ¿Qué fecha mantienen ustedes para la
liberalización de los servicios finales y de los servicios portadores,
para que todos nos entiendan, la telefonía básica y las infraestructuras
alternativas, la de 1998, o piensan utilizar en todo o en parte la
prórroga de cinco años que nos concede la Unión Europea? ¿Qué papel
piensa usted que debe tener Telefónica en el desarrollo de las
telecomunicaciones en España? ¿Por qué han retirado ustedes o han
ordenado a los abogados del Estado --si es cierto lo que ha salido en
prensa-- retirar los recursos contra las adjudicaciones municipales de
concesión de explotación de instalaciones de redes de banda ancha, no de
televisión? ¿Por qué impiden ustedes --de ser cierta la información que
circula por ahí-- la entrada de la Caixa y el BBV en el segundo operador,
en Retevisión? Y permítame una pregunta: hay un rumor insistente que
quizá explicaría la desconexión entre el real decreto y su intervención,
hay quien dice que no lo hicieron ustedes, que no se hizo en su
Departamento, que ni tan siquiera se hizo por el Gobierno, ¿por favor,
quién hizo ese real decreto-ley? Por último, para este Grupo es
importante saber quién es en el Gobierno la cabeza que coordina la
política de telecomunicaciones.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Fernández
Sánchez, portavoz del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
quiero comenzar dándole la bienvenida y deseándole que tenga una gestión
eficaz y acertada al frente del Ministerio, en nombre propio y en el de
mi Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señor Ministro, entiendo que su exposición, como toda exposición de este
tipo, ha sido bastante genérica, aunque sí ha concretado algunos aspectos
con los que nosotros, desde luego, manifestamos nuestro desacuerdo. Me
refiero en concreto al descenso de la inversión pública en las empresas
públicas, compensar con privatizaciones el déficit público a costa de ir
eliminando el sector público, y que en este caso se supone que va a ser
el sector público rentable de la economía, y también el tercer aspecto
que ha mencionado, que es el de privatizar la inversión en
infraestructuras.

Nosotros entendemos que llega usted al frente de su Ministerio en un
momento de austeridad, austeridad marcada por ustedes mismos, y que
implica un recorte presupuestario en el que se están barajando diversas
cifras. Se habla en torno a 80.000 millones, usted dice 36.000, pero, en
definitiva, un recorte. Debo recordarles que en la anterior legislatura
su portavoz decía que el recorte en inversiones siempre era perjudicial
para la salud de la economía. Es decir, hay un montón de sectores
afectados, y aseguraban además que los recortes en inversiones crean
desconfianza y nerviosismo en los agentes sociales. Ante la medida que
ustedes en este momento están tomando de recortes, me gustaría saber qué
ha cambiado para evitar el nerviosismo de los agentes sociales en este
caso concreto. También nos gustaría conocer a qué inversiones van a
afectar los recortes presupuestarios y qué infraestructuras previstas van
a sufrir retrasos o eliminar como consecuencia del recorte. Yo creo que
pretender controlar el déficit a través de recortes en las inversiones
públicas supone desestabilizar la economía del país por la gran cantidad
de sectores que se mueven en torno a la contratación pública. En un país
con una tasa de paro de más de tres millones y medio de parados,
entendemos que no se pueden tomar medidas que necesariamente van a
reducir el nivel de contratación y por ello también el nivel de empleo,
agravando la situación actual de paro. Yo creo que por mucho que nos
hable de compensación por otros conceptos, al final estos recortes
presupuestarios iban a afectar muy directamente a lo que es el problema
del desempleo. Debo decirle que con estas medidas ustedes están eligiendo
una vía cómoda para cumplir su objetivo de convergencia, sin adoptar
medidas para optimizar los recursos en vez de reducirlos, como podría ser
el control del gasto corriente, el control sobre las contrataciones en su
precio final, o como podría ser lo que ustedes tantas veces han prometido
y de momento no han cumplido, que es la reducción de altos cargos.

Quiero constatar que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sí
valoramos este Ministerio por la importancia que tiene como motor de la
economía y generador de empleo, pero también observamos con preocupación
cómo la política de contratación adolece de serios males. Por un lado,
tenemos las grandes constructoras que gozan del beneplácito de las
administraciones públicas, y que habitualmente son las que acaparan la
mayor parte del volumen de la contratación; son empresas a las que en el
argot empresarial se denominan de gestión por los cuadros y el personal
con que cuenta, que siempre es muy reducido. Nosotros entendemos que con
este tipo de política de adjudicaciones se viene destruyendo
sistemáticamente el tejido de medianos y pequeños empresarios que son la
gran mayoría de este país, en torno al 98 por 100, que sólo pueden
acceder además a la contratación por medio de subcontratas, en la mayoría
de los casos --creo que ya tendrá conocimiento--



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con contratos abusivos, carentes de rentabilidad y, por tanto, creando
situaciones insostenibles para las empresas y sus trabajadores, tanto en
el orden de remuneraciones y estabilidad en el empleo, como de seguridad.

Mi pregunta concreta en este terreno, señor Ministro, es si piensa tomar
medidas para diversificar la contratación, posibilitando el acceso de
pequeños y medianos empresarios. También habría una segunda pregunta, y
es si usted cree necesario que las empresas adjudicatarias de obra
pública cuenten con plantilla propia y de alta en la Seguridad Social
para la realización de los proyectos a ejecutar. También nos gustaría
conocer si piensan ustedes --aunque ya lo ha dicho-- privatizar la
inversión pública. Nosotros entendemos que, desde luego, esta medida, lo
que se viene a denominar peaje a la sombra, es una manera de ocultación,
es decir, de camuflar el déficit público al diferir el sistema de pago.

También ha anunciado, y es en lo que más concreto ha sido, su programa de
salvación para la vivienda, es decir, esa serie de medidas por
decreto-ley --que se va a discutir mañana en el Pleno de la Cámara-- en
cuanto a la modificación de la Ley del Suelo. Nosotros entendemos que al
final el objetivo que ustedes pretenden, que es abaratar el suelo, no se
cumple simplemente por la conversión del suelo urbanizable programado y
no programado en suelo urbanizable, ya que con esta medida lo que está
impidiendo es una programación adecuada por parte de los ayuntamientos.

Luego, hay una medida que es importantísima y que afecta muy directamente
a los ayuntamientos, y es la reducción de las cesiones, es decir, el pase
del 15 al 10 por 100. Con lo cual está disminuyendo el patrimonio de los
ayuntamientos en un 33 por 100. Yo entiendo que este tipo de medidas a
quien sí beneficia muy directamente es a los promotores. En definitiva,
lo que están haciendo es responsabilizar a los ayuntamientos del
encarecimiento del precio de la vivienda, cuando la verdad es que lo que
hay que contraer es la especulación del suelo. Es decir, no se puede
responsabilizar a los ayuntamientos de algo en lo que realmente no son
partícipes. Usted también ha hecho referencia a que el modelo holandés
podría ser un modelo a seguir, pero realmente se ha olvidado de decir que
en el modelo holandés el 80 por 100 de suelo urbanizable disponible es
público, lo que es un dato importantísimo a tener en cuenta. Nosotros,
desde luego, discrepamos absolutamente de estas medidas que ustedes han
tomado y las discutiremos mañana en mayor profundidad.

También quiero hacer alusión y recordar que hemos vivido una etapa muy
negra en el terreno de la contratación. Hemos estado viendo tráfico de
influencias, comisiones, en definitiva, contrataciones fraudulentas. El
dinero público, en demasiados casos, ha servido para el lucro personal de
personajes que han llegado a las instituciones para servirse de ellas, y
se lo digo desde el conocimiento que da ser de una comunidad que ha
vivido y vive situaciones muy difíciles como consecuencia de la actuación
de este tipo de gente que se dedica a la política.

Creo que también la aplicación de la Ley de Contratos del Estado no debe
servir de excusa para retrasar las inversiones públicas tomando esta vía
para sus planes de ahorro. También le adelanto que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va a ejercer el máximo control en el
terreno de la contratación, reclamando la mayor transparencia y el
cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado en toda su extensión; y le
animamos también a erradicar la práctica fraudulenta y a propiciar la
igualdad de oportunidades entre concurrentes.

También tengo que referirme, señor Ministro, a que en su Ministerio,
aparte del varapalo que supone la reducción de presupuestos, entendemos
que hay una faceta que no he oído, y es que también ha habido una parte
importante de pérdida de funciones. Me refiero al Plan Hidrológico
Nacional, mejor dicho, a la pérdida de la Dirección General de Obras
Hidráulicas. Nosotros entendemos que es contradictorio que Fomento no
tenga competencia en las infraestructuras inherentes al Plan Hidrológico,
dada la importancia de las mismas. También creemos que hay contradicción
viviente en que el propio Ministerio de Medio Ambiente sea el encargado
de la conservación y preservación del medio ambiente y tenga competencia
en infraestructuras, convirtiéndose el controlado en controlador.

Quiero hacer una referencia al Plan Director de Infraestructuras, Plan
que nosotros consideramos que habría que reconducir para adaptarlo a la
verdadera necesidad del país. Es evidente que tras diez años de políticas
destinadas a la promoción del automóvil, dándole un tratamiento de
privilegio, diría, con subvenciones masivas a los fabricantes,
reducciones sucesivas del tipo de IVA, implantaciones de planes Renove,
se ha beneficiado a la industria del automóvil en detrimento de otros
sectores industriales y también de numerosos ciudadanos no motorizados.

La construcción de carreteras ha recibido tal impulso que más que una
mejora o potenciación de las mismas se ha producido una refundación de la
red. En España existen ya más kilómetros de autopistas y autovías por
habitante y vehículo que en Alemania, antigua República Federal; Italia,
Gran Bretaña y Japón. Sumando a las redes actuales los 5.300 kilómetros
de autovías y autopistas previstos en el PDI, más las construidas por
comunidades autónomas y cabildos, se puede alcanzar una red cercana a los
15.000 kilómetros de este tipo de vías. Una red de esta magnitud
entendemos que es absolutamente anómala en el contexto europeo, siendo
solamente superada en el ámbito mundial por Estados Unidos, estando
España en este momento a la cabeza o como el país de las autovías en el
continente europeo.

Los costes económicos de esta colosal aventura no guardan proporción con
el potencial económico del país, ni tampoco con las necesidades reales.

Es notorio que se va abandonando paulatinamente el transporte público,
convirtiéndolo poco a poco en un medio en desuso y no dotándolo de la
agilidad, de la versatilidad y del presupuesto necesario para potenciar
su uso.

El efecto de la política de infraestructuras del transporte, del PDI,
aumenta los niveles de impacto ambiental al desechar infraestructuras
existentes. Creo que es evidente que podrían ser compatibles para
complementar nuevas actuaciones. Y pongo un ejemplo para que entendamos
lo apuntado: el tramo previsto de autopista Madrid-Guadalajara, la nueva
autopista de peaje Madrid-Tudela,



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donde la autopista se solapa o discurre paralela a la existente. En
definitiva, el Plan Director de Infraestructuras supone un esfuerzo
inversor volcado, en su mayor parte, en la sobredotación de autopistas y
autovías en comparación con los estándares europeos, sin resolver, por
otra parte, el reparto modal del transporte público, condenando a la
desaparición al transporte por ferrocarril convencional y creando
desequilibrios territoriales.

En relación al medio ambiente, las consecuencias del conjunto de la
política de transportes nos conduce a un desbordamiento de las emisiones
de CO2 que pueden alcanzar niveles insostenibles en términos ecológicos,
caminando en sentido opuesto al que está caminando en este momento
Europa.

Hablando de ferrocarril, creo que se hace necesario tratar la alta
velocidad, alta velocidad respecto a la que el PDI contempla seguir
desarrollando y concentrando inversiones muy fuertes. En Europa se está
en pleno retroceso y en un proceso de reflexión en torno a lo que
significa la alta velocidad --creo que ése también es un dato conocido
por todos--, por tres razones fundamentales: porque las inversiones en
infraestructuras son costosísimas, por el desmantelamiento de las redes
convencionales, y por la no prestación de servicios ferroviarios en
trayectos cortos o inferiores a 150 kilómetros.

En algunos países de nuestro entorno están desechando la alta velocidad,
yendo hacia sistemas de velocidad alta con distintas tecnologías, entre
las que se encuentra la tecnología pendular, que es la que incorpora el
Talgo español, y para la que incluso se están haciendo gestiones de venta
hasta en Estados Unidos. Creo que eso es algo que hay que tener muy
presente y potenciar nuestra propia tecnología en vez de estar importando
otras.

Hay datos que, desde luego, creo que avalan estos comentarios que estoy
haciendo, y es que remodelar un kilómetro de velocidad alta cuesta en
torno a 600 millones, aprovechando o remodelando el trazado existente,
sin causar nuevos daños al medio ambiente; un kilómetro de alta velocidad
supone entre 900 y 1.000 millones, que también son datos contrastados.

Además, también necesita nuevo trazado, líneas férreas especiales, que
son incompatibles con el material clásico, lo que significa duplicidad de
líneas en muchos casos y a buen seguro con el tiempo ir desapareciendo
las líneas convencionales.

Me gustaría hacerle alguna pregunta. Me gustaría conocer si el AVE en
Andalucía ha supuesto el cierre de líneas y qué repercusiones ha tenido
en el empleo de los trabajadores, y también qué criterio va a adoptar su
Departamento en cuanto a las inversiones que prevé para el desarrollo del
Plan Director de Infraestructuras.

Después, tenía una serie de preguntas a las que no sé si usted me podrá
contestar en este momento, pero por si acaso puede responder a ellas, ahí
va alguna. Ustedes se han comprometido en su programa electoral a
realizar la variante de Pajares, me gustaría saber en qué plazos y si se
va a incluir en los presupuestos de 1997 partida al efecto. También la
variante de Guadarrama, que afecta a todo el norte de España, contemplada
en el Plan de Transporte Ferroviario, en el PDI, parece ser que lleva un
retraso considerable; me gustaría saber cuál es el estado de este
proyecto, cómo va. También me gustaría saber si van a potenciar el
transporte de mercancías por ferrocarril para intentar acercarnos al
porcentaje europeo y si van a mantener la unidad de gestión de Renfe o
piensan trocearla y privatizarla y va a desaparecer la infraestructura de
la gestión.

También me gustaría conocer si tienen prevista la reforma de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre y, de ser así, en qué sentido y cómo,
afectará al transporte por carretera y al transporte ferroviario. Por
último, si son ustedes conscientes de los graves problemas que causa a la
zona la segunda fase de ampliación de Barajas, cómo ven ustedes este
problema y si están pensando en adoptar alguna medida para solucionarlo.

Por último, qué opina sobre la privatización de Sintel, que en nuestra
opinión se ha regalado a Mascanova, con una falta total de transparencia;
es decir, si conoce el grave problema laboral de esta empresa y si está
pensando en adoptar alguna solución.

Nada más, señor Ministro. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el portavoz de Convergència i
Unió, señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Ministro, reciba el saludo de nuestro
Grupo, Convergència i Unió, en su primera comparecencia ante esta
Comisión, y permítame agradecerle su concisa información que, aunque ha
sido breve en cuanto a los temas, ha resultado inteligible, con lo cual
podemos hablar sobre ello y extensamente lo haremos en un futuro si así
se precisa.

Nuestra intervención en el día de hoy tiene la intención de manifestar
una receptabilidad positiva, no siendo mi intención enumerar una serie de
temas pendientes, aunque saldrá a la luz alguna que otra excepción que, a
pesar de ser localista, no dejará de ser una muestra de todo lo que
sucede en el ámbito de actuación de su Ministerio.

Es necesario lograr unos niveles de inversión que se correspondan con los
parámetros macroeconómicos, con esas coordenadas básicas que usted
mencionaba en su exposición y con las dos reflexiones que usted ha
indicado como prioritarias. Me refiero al tema de Maastricht y al
mantenimiento de los gastos sociales.

Desde su Ministerio se impulsan muchas actuaciones que serán el comienzo
de otras que han de movilizar la economía productiva. Usted decía que
desde su Ministerio se pretende contribuir al crecimiento de la economía.

Es evidente. El año 1996 es un año improductivo para el sector de obras
públicas y creemos que es necesario actuar rápidamente.

Decía, señor Ministro, que era fundamental la puesta en marcha de la Ley
de Contratos del Estado (a pesar del freno que supuso el artículo que se
modificó en las últimas sesiones de la Cámara celebradas en 1995,
modificación que figuraba en otra Ley que no tenía nada que ver con la
Ley de Contratos del Estado), pero solucionado este problema, estoy de
acuerdo con usted en que hay que actuar rápidamente.




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Hay sectores que están muy preocupados, principalmente las empresas de
construcción y las ingenierías. Por cierto que, como detalle marginal, he
de decir que dentro de las ingenierías los trabajos están muy
centralizados. Usted conoce bien este tema porque hace poco un grupo de
ingenierías le han visitado y es curioso que sólo el 2 por ciento de lo
que contrata el Ministerio se adjudique a ingenierías que se encuentran
fuera de la administración central, a pesar de estar al mismo nivel. Esto
quizá debería remediarse.

En Cataluña están en marcha muchos proyectos que nos preocupan. Creemos
que estos compromisos deben cumplirse, todos ellos son proyectos del Plan
Puente, que tiene sus retrasos y, por lo tanto, la mejor manera de
demostrar que se cumplen los compromisos sería estableciendo de una
manera concreta un calendario de dicho plan.

He dicho anteriormente que podría hacer una relación localista y
extensiva, generalizando, pero los niveles de inversión del Estado en
Cataluña no llegan ni siquiera a la aportación al PIB español ni al tanto
por ciento que correspondería por población. La acción política de la
coalición Convergència i Unió y, concretamente, de nuestro Grupo se ha
ganado --y perdone la inmodestia-- en la historia reciente suficiente
credibilidad y autoridad en diversos temas que afectan al actual
Ministerio de Fomento, antes Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
y también denominado de Comunicaciones, en distintas mezclas. Nosotros
hemos trabajado sin conocer esos informes, que parece ser usted ha
encontrado en el Ministerio; no sé por qué, pero antes estos informes no
se recibían en los grupos y nuestra información puede tener algún lapsus,
por ello le agradeceríamos que nos hiciera llegar los informes que usted
haya encontrado y los que de ahora en adelante se redacten.

Nuestro Grupo está dispuesto a trabajar en temas de acción legislativa.

Ha hablado, señor Ministro, de revisar y reformar determinadas leyes. Nos
encontrará también para la consolidación de traspasos y reajustes
competenciales. Hay algunos conflictos en los tribunales, pero supongo
que ahora serán competencia del Ministerio del Medio Ambiente. En acción
ejecutiva y sobre la vivienda tenemos muchas preocupaciones, de ello
hablará después mi compañero Luis Recoder. En carreteras tenemos unos
esquemas que nos preocupan. La reducción del IVA en el peaje de las
autopistas creemos que es un tema importante. En el Plan Puente hay una
serie de obras pendientes --no sólo en Cataluña, en todas las comunidades
autónomas han quedado pendientes muchas obras-- que incluso tienen
proyectos aprobados con orden de contratación, así como otros proyectos
en marcha, entre los que especialmente nos preocupa mucho el tramo de
Cervera a Igualada. Usted ya se ha referido a los puertos. El transporte
metropolitano es un tema muy importante para nosotros. Los convenios que
deben establecerse en las grandes ciudades son muy importantes, Barcelona
en concreto. Nosotros podemos colaborar fuertemente, por convicción, en
nuevas líneas de actuación, como, por ejemplo, en urbanismo, en
liberalización de procedimientos, en buscar participación de capital
privado en la construcción de infraestructuras, etcétera.

A mí me extrañaba que últimamente se mencionaba muy poco el PDI. Usted,
señor Ministro, en su información ha hecho referencia a dicho Plan,
definiéndolo como un trabajo útil y aprovechable. En la Comisión de
Infraestructuras de la anterior legislatura siempre creímos que esto era
así y todos los grupos trabajamos fuertemente en ello. Es importante
aprovechar lo que se pueda del PDI, que siempre lo definimos como un Plan
flexible. Sin embargo, entre las distintas comparecencias que tuvieron
lugar después de la presentación del Plan, figuraba el informe del
profesor Fuente Quintana quien decía que se dedicaba el 2,12 del Producto
Interior Bruto a la realización de las obras del PDI, de las cuales el
1,49 por ciento era presupuestario y las dudas aparecían respecto del
resto, el 0,63 por ciento extrapresupuestario, que no quedaba
suficientemente definido en el PDI porque se incluían las participaciones
de comunidades autónomas o de otros entes que no dejaban de ser
presupuestarios, aunque figuraran con otro nombre. Además, decía el
profesor Fuente Quintana que ese 1,49 por ciento del PIB le parecía
elevado, teniendo en cuenta las posibilidades contenidas en los
presupuestos. Pero como la flexibilidad del Plan permitirá aumentar esos
porcentajes, creo que un reajuste puede ser procedente. También decía el
profesor Fuentes Quintana, al plantear un tanto por ciento tan elevado
del PIB, que estaba dispuesto a jugarse esa carta con valentía, porque es
tan importante el conjunto de las infraestructuras que no podemos
desechar su presencia en el país.

A nosotros nos preocupa mucho la participación del capital privado en las
grandes infraestructuras. Verdaderamente las inversiones no son
atractivas si no hay seguridad en que las obras se van a realizar en unas
condiciones de rentabilidad, ya que al fin y al cabo ése es el objetivo
del capital privado. Hay que incentivar estas inversiones fomentando la
ilusión.

Cuando el señor Ministro ha hecho referencia a los ferrocarriles, y
concretamente al tren de alta velocidad, ha utilizado la palabra
contemplamos y esto nos ha preocupado mucho. ¿Sabe, señor Ministro, que
actualmente se están realizando obras del tren de alta velocidad entre
Zaragoza y Lérida, con el ancho español y la traviesa múltiple --esto no
nos preocupa--, pero que los radios de curvatura y los peraltes no son
para velocidades de tren de alta velocidad? ¿Qué vamos a hacer? La
atracción que puede tener el capital privado para la construcción de un
tren Barcelona-frontera o un tren Madrid-Barcelona en dos horas y media
no es real. Por tanto, no puede atraer al capital privado. Eso nos
preocupa mucho, señor Ministro. Creemos que, cueste lo que cueste, hay
que reformar los proyectos y el tren se construya en su momento tiene que
ser de alta velocidad, no de velocidad alta, para que tengamos la línea
Sevilla-Madrid, Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera en las condiciones que
reúne un tren de alta velocidad. Si no haremos una chapuza o tendremos
que efectuar un cambio, como cuando la creación del AVE hacia Andalucía,
en que se aprovecharon las primeras obras de la variante de
Despeñaperros, con todos los inconvenientes que ello acarreó.

En sintonía con todo lo anterior, señor Ministro, la aportación que
podemos hacer a la gobernabilidad del Estado,



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además de nuestra voluntad de grupo, es la experiencia que tenemos, lo
que le puede permitir tener el soporte en muchos temas, compatibilizando
la creación de nuevas infraestructuras con la contención de presupuestos
públicos, buscando incluso fórmulas nuevas en financiación básicamente.

Por nuestra parte, tendrá nuestra colaboración.

Hace pocos días he recibido a determinadas personas y tenía apuntado
preguntarle sobre Sintel y la venta de Telefónica al señor Mas Canosa,
pero como otro grupo se la ha formulado no se la voy a repetir. Si nos
puede decir algo sobre el particular, se lo agradecería.

Sin más, mi compañero continuará preguntándole sobre otros temas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Ministro, por su
comparecencia.

En primer lugar, he de manifestarle también, como ha hecho mi compañero y
portavoz señor Sedó, que valoro su información.

Más que definir la posición de nuestro grupo parlamentario sobre los
temas que se refieren a política de suelo, vivienda y telecomunicaciones,
quisiera hacer una serie de comentarios y preguntas, al hilo de su
intervención. Y digo más que definir, porque la posición de nuestro grupo
parlamentario sobre las principales cuestiones, legislativas o no, que se
refieren a estos temas, el señor Ministro la conoce perfectamente porque
se han ido manifestando reiteradamente en los debates legislativos o no
que se han producido en esta Cámara, con mayor o menor fortuna en cuanto
a su plasmación en textos legislativos. Yo diría que antes de 1993 la
fortuna fue poca; a partir de entonces, es decir, en la anterior
legislatura, fue mayor y conseguimos participar en unos consensos con
otras fuerzas políticas sobre unos textos legislativos de importancia.

Por tanto, nuestra posición está clara en lo que se consiguió incluir en
las leyes y también en aquello que quedó en el tintero, en aras del
necesario consenso.

Quisiera manifestarle, señor Ministro, el apoyo a algunas de las medidas
que ya ha adoptado y decirle también que, en relación con otras cuyas
líneas básicas ha enunciado, en el momento en que nos las plantee con
mayor detenimiento y exactitud nos podremos definir.

En relación con la política de suelo, la política que va a realizar
obviamente viene enmarcada por una reforma legislativa comprometida por
su grupo parlamentario con otras fuerzas políticas. Es una reforma
legislativa que creemos, y siempre hemos creído, necesaria. De hecho en
el año 1990, con ocasión del debate del proyecto de ley, ya manifestamos
una oposición frontal y, en la medida de nuestras posibilidades,
contribuimos a llevar al Tribunal Constitucional. Se trata de una reforma
que, desde nuestra perspectiva, repito, debería tener cuatro objetivos
fundamentales: en primer lugar, corregir el sistema de la Ley actual, que
se ha definido como de adquisición gradual de facultades urbanísticas,
que siempre hemos creído ineficaz en su conjunto, a pesar de que algunos
ayuntamientos hayan sabido aprovechar las posibilidades que le ofrecía
esa ley para hacer unas políticas de suelo que han resultado mínimamente
eficaces. Cuando podemos citar con nombre y apellidos los ayuntamientos
que han podido realizar esas políticas, es señalar de que la mayoría de
ellos no han utilizado esa ley en el sentido que algunos pretendían. Por
tanto, puede calificarse si no de fiasco sí de una ley que no ha sido
capaz de coadyuvar a conseguir los objetivos para los cuales había sido
pensada.

En segundo lugar, es conveniente que se dote de mayor agilidad al
procedimiento administrativo, con relación a la política de suelo o al
urbanismo. Uno de los graves problemas se ejemplifica en la diferencia
que existe entre un suelo con una determinada calificación, por ejemplo
un solar, con una licencia en mano, y ese mismo solar sin la licencia.

Existe una diferencia obvia en el mercado y eso se debe única y
exclusivamente a unos procedimientos administrativos que no son
suficientemente ágiles, que no funcionan, lo cual debemos corregir. Que
lo debamos corregir no quiere decir --y nuestro grupo no lo va a defender
nunca-- que debamos ir a una liberalización incontrolada de la política
de suelo. No lo vamos a defender nunca y no lo estamos aplicando, más
bien hemos hecho lo contrario allí donde tenemos capacidad para hacerlo
porque hemos gobernado durante unos cuantos años y continuamos
haciéndolo. Ello no quiere decir que se deban disminuir los controles
administrativos sobre la actividad urbanística.

Una tercera línea de actuación sería reordenar, obviamente, el sistema de
distribución competencial Administración central-comunidades autónomas y
administraciones locales, diseñado por la antigua ley y concretado
fundamentalmente en el carácter básico de muchas de sus disposiciones,
con el que nuestro grupo parlamentario discrepó, en tanto en cuanto
entendíamos que, respecto al contenido básico del derecho de la
propiedad, se hacía un uso extensivo de este título competencial y se
entraba en una materia, el urbanismo, que era y es competencia de las
comunidades autónomas. Ello ha ocasionado en la práctica un grave
problema, derivado de la dualidad en algunas comunidades autónomas; es
decir, dos leyes que regulan exactamente el mismo tema pero de forma
distinta, como sabe perfectamente S. S. que está sucediendo en Cataluña
con los gravísimos problemas de inseguridad que ello conlleva.

Obviamente, debemos esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional,
que espero que se produzca rápidamente porque nos estamos aburriendo en
esa larguísima espera. Independientemente de la sentencia, debemos
proceder a la reordenación de estas competencias.

Por último, señor Ministro, la reforma de la ley no es suficiente, ya que
debe ir acompañada de unas políticas claras de creación de suelo.

Nosotros pensamos que la principal medida que se debe adoptar es poner
suelo en el mercado a precio controlado. Eso no se consigue con el
régimen de cesiones de la actual ley. Dijimos en su momento que el
régimen de cesiones de la actual ley ha servido para corregir un
deficiente sistema de financiación de las administraciones locales, que
fundamentalmente se han dedicado a vender el suelo resultante de los
aprovechamientos medios para financiar sus inversiones o su
funcionamiento



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ordinario. Ese no era el sistema previsto en la ley de 1990 ni en la de
1956, de la que tiene su origen o es una continuidad corregida. No quiero
entrar en consideraciones de la ley de 1956, que tuvo aspectos negativos,
pero también positivos. En cualquier caso, desde una oposición clarísima
al régimen en el que esa ley vio la luz, debo decir que en su época fue
muy innovadora y muy incumplida. Si se hubiera cumplido, más no nos
habríamos encontrado a la llegada de la democracia con los problemas de
gestión de suelo que nos encontramos en nuestro país. Por último,
nosotros pensamos, y la práctica lo está demostrando, que el incremento
del régimen de cesiones que se produjo en la ley de 1990 no ha supuesto
una rebaja del precio del suelo, porque --ya lo dijimos en su momento--
el coste derivado de las mayores cesiones lo acaba internalizando el
precio final del suelo, y eso, señor Ministro, creemos que se debe
corregir.

En cuanto a vivienda, brevemente, señor Ministro, coincidimos con los
objetivos que nos ha planteado: fomentar el acceso a la vivienda de los
jóvenes y el acceso al alquiler, y en ese sentido le sugerimos que
considere la posibilidad de una acción pública en el alquiler. Nosotros
propusimos en su día que se consideraran todos los suelos ociosos
existentes dentro del patrimonio del Estado, que son muchos --Ministerio
de Defensa, Gerencia de Infraestructuras de Defensa, Renfe, etcétera--,
para poder realizar una política de fomento del alquiler.

También coincidimos en la necesidad de impulsar la rehabilitación, y yo
añadiría otro objetivo que de alguna forma está subyacente en las medidas
concretas que nos ha propuesto, como es el de reducir el esfuerzo de las
familias en general para poder acceder a la vivienda. Estamos de acuerdo
en cuanto a estudiar la reducción de IVA en todas las viviendas
protegidas. Nosotros lo hemos reivindicado siempre porque nos ha parecido
un contrasentido que los beneficiarios del plan de la vivienda tuvieran
que dedicar una parte de las subvenciones que recibían del Estado
--concretamente del Ministerio de Obras Públicas, ahora Ministerio de
Fomento-- para pagar los impuestos que les exige el Ministerio de
Economía y Hacienda.

En cuanto a las cuentas vivienda estamos totalmente de acuerdo. En
nuestro programa electoral, como algún otro grupo político, proponíamos
su ampliación a seis años o la eliminación de una consideración que
siempre nos ha parecido ilógica, como es el 2 por ciento del valor
catastral de la vivienda en el IRPF. Y yo le sugeriría otra: las familias
que acceden a la propiedad, en un porcentaje altísimo, por no decir en su
totalidad, lo hacen a través del compromiso con una entidad bancaria, de
un préstamo hipotecario. Independientemente de las medidas que contempla
el plan de vivienda para subvencionar estos préstamos, está claro que los
años más difíciles son los primeros, es decir, tienen una mayor
repercusión dentro de una economía familiar los primeros años de pago de
la hipoteca, sea capital e intereses o sea sólo intereses, en el caso de
que se acoja a algún tipo de prórroga. Le sugiero que estudie alguna
medida para acumular en los primeros años las importantes medidas
fiscales en el IRPF que afectan a la adquisición de vivienda. Nosotros
concretamente sugeríamos la posibilidad de que durante los cinco primeros
años se pudiera incrementar el límite de intereses deducible. Ello iría a
cargo de una reducción en los próximos años. Pensamos que esto ayudaría a
todas esas familias que se comprometen con un crédito hipotecario.

Quisiera preguntarle si tiene previsto algo en relación con dos medidas
legislativas, como son la ley de ordenación de la edificación y la ley de
propiedad horizontal, que cerrarían el círculo legislativo que iniciamos
con la aprobación en la anterior legislatura de Ley de Arrendamientos
Urbanos.

Por último, le expresamos nuestra preocupación por los préstamos
calificados o las subvenciones concedidas con cargo al anterior Plan de
Vivienda 1992/95 que, por falta de financiación o por falta de compromiso
con las entidades bancarias, hoy de ahorro, no han podido ser
satisfechos, lo que ha generado un gravísimo problema a muchísimas
personas que contaban con unos ingresos con cargo al presupuesto público
o a créditos bancarios, a las que esto les ha fallado en la práctica.

Para terminar, señor Ministro, una brevísima referencia a la cuestión de
las telecomunicaciones. Manifestamos nuestro acuerdo básico con la
política de liberalización, que, como usted ha dicho muy bien, ya no es
una opción, porque nos viene impuesta, pero también creemos en un proceso
de liberalización controlado que no perjudique a nuestras empresas.

En segundo lugar, le urgiría --y he visto que usted es muy consciente de
ello-- a cerrar el círculo legislativo del cable con la aprobación del
reglamento, de los pliegos y bases, para poder convocar los concursos.

Tomo nota de su voluntad de reformar la Ley de Televisiones Locales, no
sé en qué sentido. En cualquier caso, conoce usted nuestra posición, que
defendimos en la anterior legislatura, y nos gustará conocer hacia dónde
se orienta la voluntad del Gobierno cuando nos habla de una reforma
legislativa.

Señor Ministro, le deseamos todo el éxito y mucha suerte, y le reitero,
como ha hecho el señor Sedó, la voluntad de colaboración de nuestro grupo
parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rivero, en nombre del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.




El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señor Ministro, muchas gracias
en esta primera comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras. Le
deseo la mayor de las suertes al frente de la gestión en este
Departamento.

Somos conscientes de que en una Comisión como ésta y de un Ministerio
básicamente inversor lo que más nos gustaría sería escuchar inversiones
concretas que va a proponer su Ministerio para los próximos años. Somos
conscientes del escenario diseñado por el Ministro en su intervención en
el sentido de que en estos momentos la política económica del Gobierno,
que veremos reflejada --y lo compartimos-- en los Presupuestos Generales
del Estado, está sujeta al proceso comunitario de liberalización, al
Estado descentralizado de las comunidades autónomas y a la



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necesaria coordinación de las políticas de la Administración central con
la administración autonómica.

Compartimos plenamente el marco general en el que se encuentran los ejes
fundamentales en los que va a pivotar la política del Ministerio, porque
eran los pilares básicos en los que se sustentaba el programa de gobierno
de Coalición Canaria, que luego fue recogido en el marco de los acuerdos
con el Partido Popular. El cumplimiento de los requisitos de convergencia
que nos tienen que llevar a la reducción de la inflación, a la reducción
del déficit, a la bajada de los tipos de interés y, como consecuencia de
todo ello, a unas mejores condiciones para el fomento de las inversiones,
era uno de los pilares importantes de nuestra campaña electoral y por
tanto lo compartimos plenamente con el Partido Popular y en este caso con
el Ministro de Fomento.

En segundo lugar, el cumplimiento de estos criterios de convergencia no
debe afectar al Estado del bienestar social. Mantener los gastos sociales
actuales también era otro requisito importante en nuestro programa y
básico en el acuerdo que tenemos ambas fuerzas políticas. Somos sensibles
y razonables respecto a la política presupuestaria de ajuste que debe
orientar a este Ministerio para los próximos cuatro años.

El señor Ministro ha sido muy claro en la explicación que ha dado sobre
la vivienda. Compartimos que dos de los problemas básicos que afectan a
la dificultad de las clases menos pudientes para acceder a viviendas de
protección oficial son la carencia de suelo y el precio de la vivienda.

Compartimos los objetivos de su Departamento que nos ha enumerado en ese
ambicioso plan de la construcción de más de un millón de viviendas, de
aumentar las viviendas de alquiler, de propiciar --en la línea de lo
visto ayer en la Cámara-- el acceso de los jóvenes a su primera vivienda
y esa política de rehabilitación de viviendas, porque si la política de
viviendas es dura y difícil en todo el territorio del Estado, es más
difícil y compleja en un territorio como el canario, un territorio
alejado, fragmentado y con unos problemas singulares que afectan a lo
limitado y accidentado de su territorio. Hay otro factor muy importante a
tener en cuenta, que es que casi el 50 por ciento del territorio canario
está sujeto a medidas de protección ambiental y medioambiental, y un
tercer factor tampoco desdeñable es que el suelo residencial que en estos
momentos está en el mercado sufre en Canarias de una competencia feroz
por parte de otras actividades lucrativas, como es el turismo. Esas
escasas posibilidades de tener suelo para viviendas y la competencia del
sector turístico lleva a unos precios muy duros para propiciar cualquier
política de vivienda.

Cuando hablamos de un territorio como el canario --ya de por sí todo el
Estado está sometido a una alta tasa de desempleo--, no debemos de perder
de vista que este problema se agudiza más allí, que cuenta con una
población más necesitada de viviendas de primera necesidad para los
jóvenes. En Canarias, de un millón y medio de habitantes en estos
momentos, fruto de una natalidad espectacular en las últimas décadas,
500.000 están por debajo de los 30 años. Esto quiere decir que hay una
población joven muy importante y, como digo, el tema de la vivienda se
agudiza de una forma notoria.

Señor Ministro, refiriéndonos al segundo Plan de Viviendas, que ha tenido
un cumplimiento prácticamente del cien por cien, y que se ha llevado a
cabo de una forma loable entre la Administración central y el Gobierno de
Canarias, es importante tener en cuenta que han quedado 3.700 actuaciones
calificadas, que no han tenido financiación en el período 1992-1995 que
tenía de vigencia el segundo Plan de Viviendas de Canarias. En el nuevo
Plan de Viviendas que en estos momentos diseña el Ministerio para los
años 1996-1999 es importante contemplar estas 3.700 actuaciones en base a
todos los argumentos a los que anteriormente me he referido.

Con respecto a las medidas económicas de liberalización en lo relativo a
viviendas, previstas en el decreto recientemente aprobado por el
Gobierno, la primera impresión que tenemos, que está sujeta a las
explicaciones que el señor Ministro dé en la Cámara los próximos días, no
es favorable porque afecta al otorgamiento de subvenciones, no solamente
a las provenientes del Estado, sino también a las que corresponden a las
comunidades autónomas. Habría que renegociar los acuerdos Gobierno
central-comunidad autónoma. Independientemente de la renegociación de
esos acuerdos, dedicar la subvención a aminorar la parte de crédito
--repito que es una primera impresión-- supone, a nuestro juicio, un
endurecimiento de las condiciones de compra de las viviendas, sobre todo
las de régimen especial. En cualquier caso, estaremos atentos a las
explicaciones del señor Ministro para ver si estamos en la línea correcta
o rectificamos esta primera impresión.

Celebramos el anuncio hecho por el Ministro de modificar la legislación
de puertos en la línea de los acuerdos de Gobierno a que se ha llegado
con las distintas fuerzas políticas, porque lejos de ser éste un objetivo
político, en Canarias es un elemento esencia. Si en todas aquellas
comunidades autónomas que disponen de puertos y aeropuertos son
instrumentos esenciales en su desarrollo social y económico, cuánto más
en un territorio ultraperiférico, alejado, difícil que depende en un cien
por cien del exterior, como es el canario. Por eso, el que la Comunidad
Autónoma de Canarias pueda gestionar un instrumento básico como es su
puerto lo vemos de una manera positiva.

El señor Ministro ha hecho una breve referencia al PDI. Lo ha calificado
de trabajo útil y valioso, que va a aprovechar el Ministerio a lo largo
de la legislatura. A nuestro juicio, un documento que fue consensuado por
todas las fuerzas políticas en la anterior legislatura, en el que
participó una comisión de expertos, que desde el punto de vista
filosófico, que es el que compartimos en un cien por cien, tiene retos
tan importantes como la competitividad territorial que plantea la
convergencia con Europa; el desarrollo de la equidad especial y social
orientada a reducir las diferencias interregionales; la conservación de
los espacios naturales; la necesaria mejora de la capacidad y de la
eficiencia del sistema de infraestructuras y de transportes; el
abastecimiento de recursos hídrico en calidad y cantidad; y el desarrollo
de las infraestructuras y equipamientos ambientales, saneamientos y
depuración de aguas, no solamente



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lo consideramos un instrumento útil y valioso que debemos de aprovechar,
sino necesario, de obligatoria orientación en las políticas a llevar a
cabo por el Ministerio de Fomento en estos próximos años.

No nos debemos engañar. Este ha sido un país en el que hemos estado
acostumbrados a la improvisación y a actuar coyunturalmente sin tener
ninguna visión de futuro. Un documento que por primera vez nos permite
tener una visión amplia, equilibrar territorios, objetivar inversiones,
mejorar la calidad de las obras (hablar de planificación en el tiempo
permite mejorar la calidad de los proyectos, trabajar con tiempo y
mejorar la calidad ambiental de los mismos), realizar, cuando están
consensuadas las inversiones, políticas coordinadas con las comunidades
autónomas y con la Administración local; un documento de esas
características debe ser el marco en el que nos debemos mover en los
próximos años.

Otra cosa distinta es que en la situación actual y siguiendo las dos
pautas principales en las que tiene que moverse un Ministerio como éste
en los próximos años (es decir, un reajuste económico para cumplir los
criterios de convergencia y mantener el Estado de bienestar social en el
que necesariamente hay reducción de la inversión), tengamos que ajustar
las inversiones previstas a los recursos de que vamos a disponer en los
próximos años. De lo que se trata es de priorizar las inversiones al año
2007, pero nunca se debe desviar de las orientaciones generales en las
que se enmarca el PDI.

Este Plan Director de Infraestructuras, aprobado por unanimidad en el
Congreso, tuvo un anexo, también aprobado por unanimidad por todas las
fuerzas políticas del Congreso, que es un PDI canario. El Congreso lo
aprobó en aquellos momentos por unanimidad, entendiendo la situación de
territorios ultraperiféricos de Canarias, la condición de un territorio
fragmentado y limitado, teniendo en cuenta también la economía canaria
basada en el turismo, con todo lo que ello implica desde el punto de
vista ambiental, de las infraestructuras relacionadas con el transporte y
la necesaria comunicación de Canarias con el exterior. Ese anexo aprobado
por unanimidad, repito, se orientaba a que las distintas
administraciones, el Estado con la Comunidad canaria y las
administraciones locales, realizaran un esfuerzo de coordinación para
planificar, financiar y ejecutar las inversiones en Canarias en ese
horizonte del año 2007.

Ese anexo tenía también --fue reconocido asimismo por unanimidad en el
Congreso-- otro pilar importante que permite la orientación inversora en
el archipiélago canario, nunca desde el punto de vista localista ni
discriminatorio respecto a los territorios del Estado, sino en función de
las peculiaridades a las que antes hacía referencia, reconocidos por
todos los grupos políticos. Ese otro pilar era el cumplimiento de la Ley
20/1991, de Régimen Económico Fiscal de Canarias, el artículo 138.1 de la
Constitución y el artículo 54 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que
es muy importante para las futuras políticas inversoras en el territorio
del Archipiélago, que dice que la inversión de la Administración central
en el archipiélago canario deberá ser equiparable, al menos, a la media
nacional en pesetas por habitante, derivada de los fondos asignados al
PDI. Entendemos que es una situación de justicia respecto al territorio
del Estado el que la inversión peseta/habitante por Canarias, sumadas al
ferrocarril, que aunque no lo tenemos en Canarias sentimos otras
necesidades, sea igual al del territorio peninsular.

En esa línea de entendimiento, en esa línea de coordinación, en esa línea
de singularidad y de especificidad de Canarias, la mejor fórmula para
orientar las inversiones para los próximos años (es una propuesta que
hago para que el Ministro la estudie) es buscar una fórmula jurídica de
colaboración entre ambas administraciones para llevar a cabo esos
acuerdos en el ámbito de un convenio-marco entre la Administración del
Estado y la administración canaria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, en
nombre del Grupo Mixto.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Voy a intervenir desde la perspectiva de un
representante de sectores sociales de Galicia, que ve con preocupación la
restricción de la inversión pública en infraestructuras.

Usted se refirió a que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes --en
este caso, el Ministerio de Fomento, en concreto, el Gobierno español--
tenía que hacer competitivo el espacio de lo que denominó España dentro
de un proceso de internacionalización, y mencionó también la necesaria
cohesión territorial de todo el Estado en materia de infraestructuras,
base fundamental para el desarrollo económico. De ahí su preocupación en
cuanto a las restricciones del gasto público.

A nadie se le oculta que Galicia forma parte del espacio territorial del
Estado español y que, además, tiene una frontera importante con un Estado
de la Unión Europea, que se llama Portugal. Hasta ahora, la sociedad
gallega tuvo que asistir a una política de desenvolvimiento de
infraestructuras en el Estado español que no tenía en cuenta ni la
potencialidad de la economía gallega ni su estado real ni su
interrelación con un Estado de la Unión Europea con el que puede tener
muchísimos intereses económicos y culturales. También se olvidó que la
comunicación del Estado español no solamente era mediterránea, a través
de la frontera con Francia, sino también a través del mar por el Océano
Atlántico.

Ante esta perspectiva, yo quería preguntarle, cuando usted habla de la
restricción de 37.000 millones de pesetas en inversiones, cómo va a
afectar a un plan de carreteras, que en el caso gallego en concreto ya
fue tremendamente marginal porque no se contó con nuestro país en el Plan
de Carreteras del año 1984. Llevamos tiempo oyendo promesas, como en
concreto la relativa a las autovías de conexión con el Estado español o
con Castilla y León, prometidas para el año 1995, fecha en que no se
hicieron y no sé si lo estarán en 1998, como demanda el Parlamento
gallego por unanimidad, o va a ser más tarde.

En primer lugar, mostramos nuestra preocupación porque usted habló de la
posible financiación de obras públicas de infraestructura a través de
capital privado. Queremos



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preguntarle si cree que es posible una inversión de capital privado en
carreteras, por ejemplo, sin contar con un elemento sustancial que es el
peaje. Le recuerdo, aunque esté muy distante, un caso como el argentino
donde hay que pagar para pasar hasta por corredoiras.

En segundo lugar, a partir de este modelo de promesa de las autovías para
Galicia, que no deja de ser ya un modelo alternativo y no complementario
a otro tipo de medios de comunicación, que está basado exclusivamente en
el uso del coche o del transporte, que está motivado a base del petróleo,
sin contar con una relación intermodal, nos gustaría preguntarle si no
cree que es necesario, tanto en el caso gallego como en otras partes del
Estado español --hablo del caso gallego porque fue muy marginal o
maltratado--, el ferrocarril. Usted habló en concreto del PDI. Desde
luego, desde una óptica gallega, el PDI no puede ser reconfortante
porque, aunque se habla de posibles actuaciones de mejora de
infraestructuras en todo el ferrocarril del Estado, es un poco alarmante
que no se cuente con él en un país donde resulta que Renfe cuenta con una
de las líneas que llaman regionales más competitivas de todas, y que se
está manteniendo competitivamente sin electrificar, sin doble vía, con el
trazado que tenía prácticamente en el año cuarenta, y con un nivel de
ocupación que es de los mayores de todo el Estado español. Prácticamente
no lograron cerrarla y el ciudadano se encargó, a pesar de todo, de
mantenerla en unas condiciones de 58/70 kilómetros por hora, compitiendo
incluso con una autopista. Es curioso. Esto es para hablar de la
potencialidad del ferrocarril en concreto, cuando menos en toda la costa
atlántica. Un país que además no cuenta con comunicación considerada
cercanías en el tráfico ferroviario y curiosamente, teniendo esa frontera
con Portugal, tampoco se contempla la posibilidad de interconexión con
todo un espacio geográfico importante económica y demográficamente.

Nosotros pensamos que sin velocidad alta habría que contemplar en años
sucesivos, aunque fuera a través de una década, una serie de inversiones
públicas en Galicia para que pudiésemos mantener el ferrocarril, hacer la
relación intermodal, utilizarlo para el transporte de mercancías --cosa
fundamental-- y de viajeros, e integrarlo con el resto del Estado
español.

Quiero, cuando menos, advertirle que es una preocupación fundamental de
toda la sociedad gallega y que no es de recibo desde el punto de vista de
la potencialidad ni de la realidad. El castigo es tan tremendo que Renfe
no tiene el valor de enunciar cuánto dinero, por ejemplo, saca por
mercancías de una estación como la de El Ferrol, porque no puede
demostrar que no es competitiva, y, sin embargo, la tiene prácticamente
abandonada hasta el extremo de la rotura de los raíles de la salida de la
estación. No puede decir que no es competitiva y, entonces, lo que oculta
son los datos del negocio de mercancías, diciendo que no lo puede dar
porque esto solamente se hace por la unidad de negocios.

Doy todos estos datos para que se sepa que no siempre la competitividad
es el criterio que se empleó a la hora de hacer inversiones en
infraestructuras de carácter ferroviario. En todo caso, esperamos del
Ministerio respectivo que con el realismo que hace falta en este momento
de restricciones se contemple a Galicia con inversiones, cuando menos de
acuerdo con la Xunta de Galicia.

En tercer lugar, le hablaría de los puertos. Como usted sabe, tenemos un
número de puertos muy importantes. Nosotros celebramos esa política de
transferencia de la gestión de los puertos y esperamos que con la
administración autonómica y la sociedad gallega participando en esa
gestión seamos capaces, comprometidamente, de tomar cartas en el asunto,
de hacerlo salir de una política vinculada exclusivamente a las grandes
compañías estratégicas del Estado, llámense Repsol, Endesa o Aluminio, e
integrarnos en la economía real de nuestro país. Es curioso comprobar por
los datos que hasta ahora se pueden autofinanciar, pero su servicio a la
economía productiva gallega es prácticamente nulo. Por otro lado, el
trato que le dan a un sector como el pesquero, por ejemplo, en el puerto
de La Coruña, es algo así como si fueran ciudadanos de cuarta categoría,
molestos además. En concreto, se aspira a sustituir con la llegada de
trasatlánticos lo que es el retroceso, cada vez más alarmante, del
transporte de productos de extracción de la pesca. En definitiva, usted
habló del retroceso de la flota mercante española; sin duda hay que
contar también con el proceso de la flota pesquera y, en este sentido,
vemos una perspectiva cuando menos muy esperanzadora aunque difícil y
esforzada en la transferencia de la gestión de los puertos.

Usted dice que hay que contar con las comunidades autónomas. Después de
esta perspectiva que he trazado creo que coincidirá conmigo en que hay
que contar en este caso, no demagógicamente ni como una fase electoral,
con la deuda histórica. Números cantan. La inversión dentro del
Ministerio de Obras Públicas en Galicia, en relación con el número de
habitantes al lado de lo que se consideraban territorios a los que había
que ayudar por la cohesión social, fue alarmantemente inferior. Y esto
hay que tratar de suplirlo en el futuro. Vuelvo a decirlo, contando con
las dificultades presupuestarias y, por supuesto, con el resto de las
necesidades que tengan otras zonas del Estado español.

Hablando de compromisos de la comunidad autónoma, nos gustaría saber si
ustedes contemplan en el caso de Correos --sabe que tiene un importante
servicio rural, prácticamente el 40 por ciento en Galicia-- algún tipo de
mecánica para lograr participación en su gestión, no en la titularidad,
por parte de las comunidades autónomas y de una manera concreta en el
caso de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En el tema de las comunicaciones en concreto, usted habló de
liberalizaciones. Desde nuestro punto de vista, esas liberalizaciones van
a conducir a un nuevo sistema de monopolios encubierto, pero está claro
que pequeños grupos empresariales no van a ser capaces de enfrentar el
problema de las telecomunicaciones en el futuro. Nuestra preocupación es
saber si el reglamento que va a desarrollar la Ley del Cable, las
modificaciones en la Ley de televisión local y los reglamentos
respectivos, así como toda la problemática referida al Hispasat, va a
contar con una participación efectiva de las comunidades autónomas, si va
a haber una política que mantenga una funcionalidad claramente



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pública y un respeto por las lenguas y culturas de las comunidades
autónomas que hoy integran el Estado español y que son específicas en
esta realidad cultural y lingüística.

Por último, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego nos
agradó escuchar de su boca las palabras derechos constitucionales
referidas a la vivienda, lo cual prueba que hay muchas materias en que la
Administración pública tiene que tomar cartas en el asunto. Desde nuestra
perspectiva, la única manera de abaratar no ya el precio de la vivienda,
sino de poner un parque de viviendas en alquiler, que es un tema clave en
los núcleos urbanos, a diposición de los sectores sociales menos
favorecidos, va a ser no solamente con una participación de las
administraciones, en concreto de la Administración local en la política
de suelo, sino también posiblemente en la política de construcción o
cuando menos de empresas mixtas.

A nadie se le oculta que hoy los bancos tienen un gravísimo problema con
la cuestión de los créditos hipotecarios que pedimos o piden gran parte
de las familias que no tienen después capacidad para poder hacerles
frente. Y en este sentido, pensamos que habría que distinguir entre
vivienda rural --sobre todo en el caso gallego-- y vivienda urbana e ir a
una política en este último terreno de alquileres con gran participación
de las administraciones públicas.

Nada más, señor Ministro. Solamente quiero decirle que tome esta
intervención desde la perspectiva de una sociedad que tiene una
conciencia muy clara de que en la cohesión social y territorial del
Estado ocupamos un papel muy triste del cual somos conscientes y que
además está estrangulando gravísimamente no sólo nuestros derechos como
usuarios, sino nuestros derechos a competir en el mercado en todo aquello
en que somos por lo menos comparativamente competitivos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ortiz, en representación
del Grupo Parlamentario Popular.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Mis primeras palabras, como es obvio y han hecho
otros grupos, son de agradecimiento al señor Ministro por esta su primera
comparecencia en Comisión y de bienvenida.

Gracias específicas por elegir este foro, con independencia de alguna
aparición en público en otros foros más puntuales, para exponer las
líneas maestras o los ejes básicos de la política de su Departamento,
exposición que, en términos de líneas maestras --el Ministro ha explicado
por qué no puede ser concreto en esta primera intervención a la que sin
duda seguirán otras--, ha sido, a juicio del grupo que yo represento,
completa y en términos de ejes básicos casi exhaustiva.

Satisfacción, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular por la
coincidencia y la coherencia con las líneas básicas del programa
electoral y del programa de Gobierno, coincidencia, señor Ministro, en
las dos coordenadas o condicionamientos a que ha hecho referencia en el
prólogo de su intervención. La necesidad de cumplir los criterios de
Maastricht, en particular el déficit público, dentro de una política de
no recortar los gastos sociales --el Ministro ha utilizado una expresión
muy clara, ha hablado de intangibilidad de los gastos sociales--, y
consiguientemente, con las dificultades que ello comporta para el proceso
de la inversión pública que, como el Ministro ha subrayado, ha registrado
un decrecimiento, un descenso, desde el año 1990 donde se alcanzó ese
nivel deseable y deseado por todos del 5 por ciento, hacia porcentajes
mucho más bajos en los años sucesivos y la exigencia de este
mantenimiento en la política económica del Gobierno como elemento de
credibilidad. Coincidencia también con los dos mecanismos que podríamos
llamar compensatorios de esta obligada restricción en la inversión
pública que son, por una parte, la inversión privada y, por otra, la
afectación de los ingresos procedentes de privatizaciones. Y aquí hago
una matización al paso, el hecho de que se privaticen determinadas
empresas no necesita que la política de inversión de esas empresas, que
simplemente han cambiado de titularidad accionarial, vaya a comportar una
restricción de las inversiones. Esta fue una de las afirmaciones de la
portavoz del Grupo Socialista, señora Narbona, que espero que entienda
replicada con este modesto inciso en este momento.

De acuerdo también con la incidencia en este conjunto de sectores, porque
el Ministerio es muy amplio, del proceso liberalizador, que no es
opcional, que comportan nuestra presencia, nuestra integración en la
Unión Europea, así como, ha subrayado el Ministro, el curso mismo de la
evolución del mundo y en algunos sectores las exigencias derivadas de la
modernización a través de las nuevas tecnologías.

Voy a centrarme, porque la coincidencia de mi grupo con la exposición del
señor Ministro es obvia --como es obvia en todos los casos en los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno-- y estoy seguro de que el
Presidente me lo agradecerá si soy más breve, en dos ámbitos que son la
vivienda y suelo y las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque son las dos
reformas estructurales que el Gobierno ha anticipado a través de los
oportunos reales decretos-leyes, porque son aquellas que el Ministro ha
expuesto con una mayor longitud y extensión y porque entiendo que son las
dos que están en el mapa de la opinión pública actualmente, sin perjuicio
de una referencia muy breve a las demás.

En materia de vivienda y suelo, en primer lugar, coincidencia y en este
caso con énfasis en el diagnóstico que el Ministro ha hecho de la
situación. En múltiples intervenciones de mi grupo en la pasada
legislatura se ha subrayado la disparatada incidencia del coste de la
vivienda en las economías familiares. El crecimiento del precio de la
vivienda ha pasado de significar 3.2 los ingresos familiares en tiempos
pasados a significar en muchas ocasiones cuatro y cinco veces los
ingresos familiares anuales o las rentas familiares disponibles, en tanto
que los salarios se han multiplicado apenas por dos en los últimos cinco
o seis años.

Coincidencia en el peso exagerado que tiene el suelo en el precio final
de la vivienda y cómo la línea es ascendente, iniciándose --último dato
disponible-- el año 1985 con el



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25 por ciento, para significar el 43 y comportando, por tanto, un peso
mayor que el mismo coste de la construcción, que ha pasado de suponer el
60 por ciento en el año 1985 a apenas el 38 por ciento del año 1994.

Coincidimos con el señor Ministro en que en esta evolución de los precios
unitarios de la vivienda y de la absorción de los ingresos familiares ha
tenido un impacto especialmente grave la repercusión del suelo y la
repercusión del suelo derivada de la carestía del suelo, de la
inexistencia de suelo. En el programa del Partido Popular hay un axioma
muy claro: en una economía de mercado, en términos de oferta-demanda, la
única fórmula para abaratar el suelo es aumentar su oferta. No hay otra
fórmula. Y este abaratamiento del suelo a través del incremento de la
oferta --y en este punto disiento de la portavoz socialista, como en su
momento se puso en evidencia en el informe de la Comisión de expertos...




El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Popular, le vuelvo a
insistir en que usted está contestando a las palabras del Ministro, no a
las de otros portavoces. Eso ya lo hará el Ministro en su réplica.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Tomo muy buena nota, señor Presidente. Espero
ser fiel a su petición.

La idea central y básica es que el problema no es sólo de gestión, es un
problema de marco normativo. En el frontispicio del informe de la
Comisión de expertos se asienta esta afirmación que el Partido Popular
combatió ardorosamente en la pasada legislatura. Y de esta necesidad de
revisar el marco normativo resulta la propuesta fundamental en materia de
suelo, revisar la Ley 8/1990 y el texto refundido de 1992, línea en la
que se movió el Partido Popular en la pasada legislatura presentando una
proposición de ley que afectaba a más de cien preceptos del texto
refundido de 1992. Revisión ¿en qué línea? En una línea de potenciación
de la energía privada, en una línea de liberalización, en una línea de
reducción del intervencionismo administrativo, que es lo que ha llevado a
la situación en la que estamos en el momento actual.

Se ha dicho en algún foro que, tras treinta y nueve o cuarenta años de
errores que arrancan de la Ley de 1956, no se puede seguir en el mismo
modelo urbanístico porque sus efectos están acreditados. De ahí la
coincidencia con el señor Ministro en la anticipación de esta revisión
final y global de la Ley del Suelo en términos de reforma estructural que
ha supuesto el Real Decreto-ley, del cual tendremos ocasión de debatir en
profundidad me parece que en el curso de la mañana de mañana mismo.

En relación con este Real Decreto-ley, cuya autoría es insultante que se
cuestione y que se diga que se ha producido extramuros del propio
Ministerio e incluso del propio Gobierno, quiero adelantar que incorpora
o anticipa un conjunto de medidas claramente positivas; incluso es
positiva la medida de la reducción de las cesiones a los municipios y
claramente positiva la eliminación de cualquier tipo de cesión, ni del 10
por ciento ni de ningún porcentaje, en lo que concierne al suelo urbano
ya consolidado. La cesión que existía respecto al suelo urbano
consolidado, es decir, aquel que no forma parte de una unidad de
ejecución y cuyo tratamiento no exige medidas de planeamiento
urbanístico, había llegado a convertirse en una confiscación o en una
forma espuria de fiscalidad.

De ahí la coincidencia plena con los postulados que comporta el Real
Decreto-ley, y, cómo no, lo que se refiere a la superación o supresión de
la distinción entre el suelo urbanizable programado, porque hay que decir
que puede que exista en términos teóricos suelo urbanizable suficiente en
España para la política de vivienda, pero no en términos de suelo
urbanizable que sea desarrollable potencialmente y a corto plazo. El
suelo urbanizable, entre el programado y el no programado, apenas
representa el 6 por ciento del territorio nacional, y este dato es
absolutamente incontrovertible, de acuerdo con el cambio del marco
normativo y, sobre todo, con la derogación de la Ley 8/1990, que
afortunadamente no ha sido aplicada más que por unos pocos ayuntamientos.

Y digo afortunadamente porque, si ese esquema de adquisición sucesiva de
facultades se hubiera tenido en cuenta por las entidades financieras, la
Ley habría roto, habría destrozado el sistema de garantías hipotecarias,
porque habría sido imposible, es imposible saber si una parcela, si un
suelo ha adquirido o no el derecho a urbanizar, ha adquirido o no el
derecho a la urbanización, ha adquirido o no el derecho a edificar y ha
adquirido o no el derecho a la edificación, que según la Ley 8/1990 son
de adquisición sucesiva y gradual. Si la Ley se hubiera aplicado en toda
su integridad, se habría roto el sistema de garantías hipotecarias. Por
eso digo que, afortunadamente, esta Ley no llegó a tener aplicación.

Conformidad con el señor Ministro en la necesidad de elaborar un nuevo
plan de vivienda con un nuevo modelo de política de suelo y que contemple
la nueva incidencia, la nueva repercusión en la política de vivienda de
dos factores que, juntamente con el suelo, son fundamentales: por una
parte, la evolución de los tipos de interés, que obligará a replantearse
el mismo esquema de subsidiación de intereses seguido hasta ahora y, por
otra, la propia fiscalidad. Respecto al plan de vivienda hay que decir
que, según la información de que dispone mi grupo, de los 680.000
millones de recursos financieros afectados a la política de vivienda ya
se han asignado, tanto por autonomías como por entidades financieras,
507.000, es decir, una parte muy importante, con lo cual de ninguna
manera puede decirse que se haya generado ningún tipo de paralización o
suspensión de la ejecución del plan de vivienda actual.

En cuanto al área de telecomunicaciones, celebro que haya gustado, si me
permite la expresión, al Grupo Parlamentario Socialista y celebro
asimismo que el Ministro tenga muy claros los grandes objetivos, la
incorporación de España a la sociedad de información en términos de
servicio universal pero que con realismo, sin ningún género de
ingenuidad, entienda que estamos en una etapa de transición que sólo se
cerrará con la plena liberalización del sector y con la promulgación de
una nueva ley de telecomunicaciones. Creo que, antes al contrario de ser
ingenuo o de sucumbir a los cantos de sirena de la política de mercado
estricta, el Gobierno, con el planteamiento del paso de un oligopolio a
un duopolio, que ha explicado muy bien



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el señor Ministro, y con el interés en dar oportunidades a los inversores
privados españoles, ha actuado con sabiduría y sin ningún tipo de
ingenuidad. Eso permitirá el mantenimiento de un cierto papel
protagonista, bien que en un ámbito liberalizado por parte del sector
público. Y no ha olvidado, por supuesto, el papel que corresponde a
Telefónica de España.

Coincidencia con la Comisión reguladora del mercado de
telecomunicaciones, que sin duda es una de las novedades importantes para
el sector y que, a mi juicio, responde a una filosofía muy clara, que se
podría expresar diciendo que liberalizar no es desregularizar o no es
desregularizar en su integridad y que la protección del mercado exige
organismos de esta naturaleza, sin discutir la exigencia de liberalizar
el mercado que, como ha expresado el Ministro, no es una opción, sino que
es una consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

Coincidencia en el resto de los sectores que ha contemplado el señor
Ministro y muy en particular con esta situación de partida de sectores o
subsectores desarticulados o desestructurados. Nos encontramos, por
ejemplo, en el binomio ferrocarril-carretera, con una congestión de
nuestras carreteras, con una reducción de los tráficos muy importante en
el ferrocarril, tanto en viajeros como en mercancías y, sin embargo, con
la exigencia de unas cuantiosísimas inversiones públicas de carácter
ferroviario, en el nivel de los 300.000 ó 320.000 millones de pesetas
anuales. Superar esta paradoja en una orientación a la articulación, a la
coordinación de los medios de transporte me parece que es uno de los
retos que tiene delante el Ministerio de Fomento. De ahí nuestro
asentimiento a un nuevo plan sectorial de carreteras, a un nuevo plan de
inversiones ferroviarias, a una nueva ley de puertos y a las
consideraciones que el Ministro ha hecho respecto a aeropuertos y a los
transportes por carretera, ferroviario y aéreo, en términos de
explotación, no tanto en términos de infraestructuras.

Señor Ministro, acabo como empecé, agradeciéndole su presencia, dándole
la bienvenida y augurándole, más que augurándole estando seguro del
acierto en su gestión, que ya se ha iniciado con bien en algunos temas
muy concretos a los que ha hecho referencia la oposición en sus
intervenciones.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro,
al que yo rogaría que intentara combinar extensión y contestación a todos
con la mayor brevedad posible.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Haré ese intento
que la presidencia me pide.

Empezaré por contestar a las consideraciones que ha hecho la señora
Narbona, cuyo tono en general agradezco. No comparto, sin embargo, muchas
de sus apreciaciones. No comparto esa primera apreciación de que casi no
se nota la diferencia de que ha habido un cambio de Gobierno. No se trata
exactamente de eso. Todo lo que yo he dicho está en el programa electoral
del Partido Popular y hay, como es lógico, diferencias, unas veces
importantes y otras veces de matiz, con lo que ha realizado el Gobierno
socialista y con lo que figuraba y figura en el programa electoral del
Partido Socialista. Lo que sí querría transmitir a la señora Narbona, y
por eso lamento que no esté ahora, es que yo, como miembro de un Gobierno
nuevo, no haré lo que SS. SS. socialistas hicieron en el año 1982 con
respecto a los gobiernos a los que sucedieron. Ese tipo de actitud y ese
tipo de radicalismo crítico y de descalificación, yo no lo continuaré.

Pretendemos introducir un nuevo estilo en la vida política. Y, por otra
parte, yo espero que el tono de la oposición que realice el Partido
Socialista sea como el que se ha producido en la sesión de hoy, con el
propósito de producir aportaciones, de hacer reflexiones, de establecer,
por supuesto, diferencias y discrepancias, sin llegar a incidir --como
hemos tenido ocasión de ver recientemente-- en descalificaciones
personales, algunas de ellas graves, que deben ser erradicadas de la vida
pública española.

La segunda consideración hace referencia al planteamiento que he hecho
sobre la inversión pública y la aportación de inversión privada. Quiero
hacer dos consideraciones complementarias a cuanto he dicho
anteriormente. Primero, es claro que la reducción de inversión pública
tiene un límite. No se puede, sistemática y permanentemente, ir
recortando la inversión pública, porque se pueden producir efectos
económicos negativos. Por tanto, el límite de la reducción de la
inversión pública está ahí donde, uno, no se pueden perder los fondos
comunitarios; dos, existe riesgo de producir desempleo. Y ésos son los
límites del recorte de la inversión pública. El equilibrio no es fácil de
conseguir, pero ése es el intento. En todo caso, siempre hemos pensado
que el intento de movilizar financiación privada es una forma de
compensar la reducción de la inversión pública.

Es cierto que existen pocos proyectos susceptibles de atraer a la
inversión privada por falta de rentabilidad en principio aparente o real,
pero yo quiero resaltar que el objetivo de movilizar la inversión privada
no es per se hacer infraestructuras; el objetivo de movilizar inversión
privada es contribuir al crecimiento de la economía, porque si la
economía crece, la recaudación irá razonablemente bien y será más fácil
reducir el déficit público, haciendo por tanto, menor esfuerzo sobre los
ciudadanos españoles. Este es el objetivo; no se vea la inversión privada
en infraestructuras como una especie de objetivo prioritario. Frente a la
necesidad de reducir la inversión pública, es absolutamente
imprescindible encontrar mecanismos que mantengan un determinado ritmo de
inversión en el país y para mantener ese ritmo de inversión en el país
hay que acudir al capital allí donde el capital existe. Ese es el
objetivo principal. Si además mejoramos infraestructuras, como dice la
expresión castellana, miel sobre hojuelas; pero el objetivo es
fundamentalmente un objetivo de política económica.

La señora Narbona ha hecho también relación a la ampliación del
aeropuerto de Barajas. Yo lo que le puedo decir es que nosotros como
Gobierno seremos absolutamente respetuosos con todos los compromisos
medioambientales adquiridos. Yo creo que es justamente el respeto al
medio ambiente y la importancia que tiene el medio ambiente en



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el planteamiento político del Partido Popular lo que ha conducido a la
creación de un Ministerio específico; y añadiría, es precisamente el
respeto al medio ambiente lo que ha llevado a desbloquear la autovía de
Madrid-Valencia. Yo diría a la señora Narbona --por ello lamento de nuevo
que no esté presente-- que si hubiera estado en su lugar no habría hecho
referencia a la autovía Madrid-Valencia; no la habría hecho porque es la
expresión de un fracaso. Pretender encastillarse en un fracaso me parece
que implica algo de masoquismo. La portavoz socialista no valora lo que
supone dos años de parálisis. Parece que eso no existe en el cálculo que
hace la señora Narbona. Dos años de parálisis son gravísimos en una
comunicación como la de Madrid y el puerto de Valencia. En todo caso, se
puede contestar todavía de manera mucho más concreta. La señora Narbona
mezcla el precio de licitación con el de adjudicación. Y vamos a ver si
de una vez por todas dejamos los datos bien claros. El precio de
licitación de la famosa alternativa C fueron 20.000 millones de pesetas y
se adjudicó en 12.000. Pero es absurdo evaluar una opción que no es
posible, porque esa opción C, tal y como estaba inicialmente configurada,
atravesaba por la mitad de las Hoces del Cabriel, y justamente eso es lo
que no resulta posible. Por tanto, no tiene mucho sentido. Pero voy más
lejos. Mi antecesor fue variando la alternativa C e introduciendo
modificaciones y cada una de esas modificaciones suponía un incremento de
coste. Sumando esos incrementos de coste se hubiera alcanzado el precio
de licitación de 25.000 millones de pesetas. Yo he dado el precio de
licitación de la nueva alternativa acordada en 25.000 millones de
pesetas. Probablemente, el precio de adjudicación será menor, pero he
tenido la transparencia de decir que se va a licitar por 25.000 millones
de pesetas. ¿Por qué he dado esa cifra? Porque ya estaba evaluada por el
antiguo Ministerio de Obras Públicas. La alternativa que se ha acordado
es la alternativa EO 1, que estaba estudiada por el Ministerio de Obras
Públicas, y lo que no se comprende es que se haya mantenido bloqueada la
construcción de la autovía cuando había otras alternativas viables de
coste parecido estudiadas por el Ministerio de Obras Públicas. Por tanto,
no existe razón posible que pueda explicar esa situación de bloqueo
durante dos años. Va a ser construida la autovía de Valencia en un precio
similar al que suponía la alternativa C modificada, y va a ser construida
en un plazo similar, de acuerdo con los criterios de la empresa
constructora. Como comprenderán SS. SS., yo no soy ningún experto en
plazos de construcción de autovías, pero, según los servicios técnicos y
la empresa constructora, esa autovía se puede concluir en un plazo que
oscilará entre los 24 y los 28 meses.

En cuanto al suelo y la vivienda, se ha referido la señora Narbona a una
situación paradisíaca; acumula datos y habla de cifras de suelo
existente, pero por mucho que se encastillen en determinados datos, hay
algo que no se puede obviar: no hay viviendas asequibles y el suelo es
caro. Todas las demás argumentaciones sobran, porque el resultado es
obvio. En las grandes ciudades españolas no hay viviendas asequibles, el
suelo es caro y la repercusión del suelo sobre el precio final de la
vivienda se ha incrementado extraordinariamente en los últimos años.

Entonces, una de dos: o me dan ustedes argumentos para combatir ese
resultado, o lo que no tiene sentido es que combatan el resultado mismo,
que es un hecho. Los hechos son obstinados y están ahí. Hay un fracaso de
la política de suelo y de la política de vivienda, aun cuando se hayan
hecho viviendas; hay un fracaso de modelo y entonces resultan absurdo
encastillarse en lo que constituye un fracaso para defender los preceptos
de una ley, no tiene ningún sentido.

Esto no es un problema de partido, haya o no diferencias ideológicas, que
desde luego que las hay. El problema de la vivienda es un problema de
modelo de convivencia y creo que todos deberíamos estar interesados en
resolverlo. Hagamos la reflexión pertinente y el esfuerzo posible para
que en España, que tiene unas condiciones inmejorables para que haya
suelo edificable y para que la vivienda sea barata, haya viviendas
asequibles, sobre todo para los jóvenes que difícilmente pueden abandonar
el domicilio familiar, precisamente, entre otras causas, por falta de
vivienda, pero no discutamos el fracaso final del modelo, porque no tiene
ningún sentido. Ese fracaso está ahí y los datos son absolutamente
indiscutibles.

Por tanto, iniciar un cierto proceso de cambio, con unas primeras medidas
y someter a reflexión la gradual transformación del modelo existente, me
parece que es un esfuerzo de pura racionalidad, no ideológico. Lo que no
tiene mucho sentido, insisto en ello, es encastillarse en algo que ha
producido objetivamente unos resultados negativos.

Dice la señora Narbona que es cuestión de voluntad política aplicar el
Texto Refundido de la Ley del Suelo del año 92. Trece años de voluntad
política han conducido al resultado que conocemos. Creo que es difícil
discutir que es absolutamente imprescindible iniciar determinadas medidas
de reforma estructural en la política de suelo para obtener viviendas
asequibles.

El portavoz del Grupo Popular ya ha contestado a la asignación de los
fondos que existen en el Ministerio a través del convenio con las
entidades financieras para subvencionar los tipos de interés. En estos
momentos quedan por licitar, única y exclusivamente, 183.000 de un total
de 687.000 millones.

No puedo contestar a alguna de las preguntas concretas que me ha hecho la
señora Narbona, en particular cómo afecta el recorte a las inversiones en
función de los distintos territorios o de las distintas comunidades
autónomas. Podré establecer todo un sistema de prioridades en el momento
en que conozcan la cifra global de inversión de que podrá disponer este
Departamento para el año 1997. Lo que sí puedo decir en estos momentos es
que los ajustes realizados, tanto por el Gobierno socialista, en primer
término, como por el Gobierno del Partido Popular, después, permiten
mantener en ejecución todo lo que actualmente está en ejecución y
programado para ejecutar. En cuanto el Ministerio de Economía y Hacienda
apruebe la distribución del ajuste que le hemos propuesto, podré
especificar la capacidad de licitación que tendrá el Ministerio hasta
finales de año.

En lo que afecta a las telecomunicaciones, agradezco también el tono que
ha utilizado el señor García-Arreciado



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en su exposición. Debo decirle que no creo que haya habido en la
oposición del Partido Popular ningún tipo de hostilidad contra el poder,
creo que se ha ejercido una oposición como debe ejercerse en un país
democrático, teniendo en cuenta que las circunstancias por las que ha
atravesado este país en los últimos años no tienen parangón en ningún
país occidental. Si tuviéramos la objetividad de valorar esas
circunstancias se vería por qué la oposición que ha ejercido el Partido
Popular ha sido como exactamente ha tenido que ser.

Se ha referido al servicio universal y a la exigencia de una cierta
presencia pública. Todo servicio universal requiere, en cierto modo, una
garantía pública más que una presencia pública. Lo importante es cómo se
articula esa garantía pública. Se traduzca o no en presencia física
efectiva o material pública tiene menor importancia. Estoy totalmente de
acuerdo con S. S. en que es absolutamente imprescindible una garantía
pública, garantía pública que tiene que estar en las leyes. Por eso hacía
referencia a que en la próxima ley de telecomunicaciones deberá figurar
esa garantía pública por la que deberá presentarse, en todo caso, el
servicio universal, tanto el que calificamos ahora como servicio
universal, que es el de telefonía básica, como el que pueda resultar de
la evolución del conjunto de servicios de telecomunicaciones, algunos de
los cuales pueden llegar, a mi juicio, a ser de extraordinaria
importancia para la cohesión territorial y para la cohesión económica y
social de España.

No me he pronunciado sobre la fecha de la liberalización. Creo que el
señor García-Arreciado recordará que la Ley que patrocinó su Gobierno en
la legislatura anterior, en su disposición transitoria segunda dice
exactamente lo que a continuación leo: «Servicio telefónico básico. A
partir del 1 de enero de 1998, los operadores de cable podrán prestar el
servicio telefónico básico previa obtención del correspondiente título
habilitante, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.» Su
señoría sabe que este precepto no ha sido modificado. Su señoría sabe,
por tanto, que este precepto continúa en vigor. Lo demás depende de las
conversaciones que tengamos con Bruselas en los próximos días.

Con referencia a Telefónica y al futuro papel de Telefónica, tengo que
decir que comparto la valoración que hace S. S. de Telefónica, y le puedo
asegurar lo siguiente. El objetivo del Gobierno del Partido Popular, y
como parte de él de este Departamento, es conseguir que cuando se
produzca la plena liberalización haya dos núcleos fuertes de capital
español, con sus correspondientes alianzas internacionales, que operen en
el mercado nacional, que dejará de serlo, y que operen en el mercado
internacional, que será probablemente el único realmente existente en
materia de telecomunicaciones; y que toda la política de este
Departamento va guiada a fortalecer la presencia de capital español, que
es lo que garantizará nuestra presencia en un mundo extraordinariamente
competitivo y es lo que garantizará que se incorpore permanentemente a
España tecnología moderna, tecnología de última generación en el terreno
de las telecomunicaciones que, como S. S. sabe mucho mejor que yo,
evoluciona con una extraordinaria rapidez. Ese es el objetivo.

Pero fíjese lo que le digo. En estos momentos nosotros creemos que
ayudamos a Telefónica forzándola a competir. Telefónica todavía no ha
hecho una auditoría de costes, y es absolutamente imprescindible --y
pongo énfasis en la expresión-- que Telefónica haga una auditoría de
costes, porque solamente con conocimiento de sus costes reales sabremos
si está en condiciones de competir, tanto en el mercado nacional, una vez
liberalizado, como en el mercado internacional. Es absolutamente
imprescindible. Si nosotros logramos de alguna manera incitar a
Telefónica a que ajuste sus costes, estaremos favoreciendo la viabilidad
futura de Telefónica y su capacidad para competir en un mercado
internacional.

Las limitaciones que nosotros hemos introducido en el real decreto-ley
para la actuación de Telefónica son más bien limitaciones modestas y
están inspiradas por el propósito que acabo de señalar de incitar a
Telefónica a que se ajuste a un esquema de competencia al que, a nuestro
juicio, todavía no está ajustada dentro del territorio nacional.

En lo que afecta a la Comisión reguladora del mercado de
telecomunicaciones, debo recordar a S. S. que sí está en nuestro programa
electoral y que, por consiguiente, no solamente hemos empezado a cumplir
ese compromiso con esa delimitación de la Comisión, o esa definición
provisional de la Comisión que hemos hecho en el decreto-ley, sino que,
además, cumplimos con uno de los requerimientos de la legislación
comunitaria. En todo caso, está en la naturaleza del mercado de las
telecomunicaciones la necesidad de un órgano arbitral de alta
cualificación técnica y de gran prestigio para que los arbitrajes que ha
de realizar y las funciones que debe desempeñar pueda hacerlos con
eficacia, con credibilidad y con legitimación.

En relación con el segundo operador S. S. me pregunta por qué se va a
impedir la participación del BBV y de La Caixa. Debo decirle que parece
lógico que si estamos en una fase de transición y hemos trazado un modelo
que tendrá breve vigencia en el tiempo, en el que operará un segundo
operador nacional, no parece que tenga mucha racionalidad que el capital
del primer operador coincida, en todo o en parte, con el capital del
segundo operador. De lo que se trata es de favorecer que otra parte de
capital español que desea invertir en el sector de telecomunicaciones, si
cumple con los requisitos que se establecerán en el pliego de condiciones
del concurso, pueda producir esa inversión que será, en todo caso, una
inversión positiva, porque también contribuirá al crecimiento de la
economía. Esa es otra de las razones adicionales por las cuales el
segundo operador nacional va a tratar de dar cauce a la inversión de
otras empresas de capital español que desean estar presentes en el sector
de las telecomunicaciones.

Formula S. S. una última pregunta --lamento tener que decirlo-- que me
parece ofensiva. ¿Quién ha hecho el real decreto-ley? El real decreto-ley
se ha hecho en el Departamento y estoy en condiciones de demostrar a S.

S. que ese real decreto-ley recoge todo lo que está en el programa
electoral. Ese real decreto-ley es perfectamente compatible con lo que
dice el programa electoral del Partido Popular.




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Le puedo asegurar que se ha redactado, bajo mi dirección, por los
servicios técnicos del Departamento. Creo que su inspiración y sus líneas
directrices, que me he permitido explicar y sobre las cuales tendremos
ocasión de debatir en mayor medida cuando se produzca la sesión de
convalidación del real decreto-ley, lo pondrán de relieve.

El señor Fernández, de Izquierda Unida --cuyo tono también quiero
agradecer--, hace una reflexión sobre el recorte presupuestario a la que
creo haber contestado. Creo que toda política de ajuste presupuestario,
cuando afecta a la inversión pública, tiene un límite que no se puede
sobrepasar, porque de hacerlo así, quedarían afectados los fondos
comunitarios y se podrían producir efectos negativos sobre el empleo.

Solicita S. S. que hagamos lo posible por diversificar la contratación.

Comparto esa línea, así he tenido ocasión de hablarlo con los
representantes del sector de la construcción, en la medida en que es
posible y razonable. Hay pequeñas y medianas empresas que tienen una
cierta capacidad de obra pública y nosotros vamos a procurar que
participen, por tanto, en los programas de inversiones del Departamento.

Por el contrario, hay determinado tipo de obras que solamente pueden
realizar las grandes empresas. Debo decir que España tiene la fortuna de
gozar de una buena industria de la construcción, competitiva con éxito y
con ventaja en los mercados internacionales. Por tanto, tenemos interés
en proteger esa industria que crea muchos puestos de trabajo y que
moviliza mucha inversión.

Yo no he hablado de peaje en la sombra. La movilización de capital
privado para ser invertido en infraestructuras no conduce necesariamente
a la introducción del sistema de peaje en la sombra. Yo creo, por el
contrario, que es un sistema distinto. Probablemente el sistema más obvio
es el que consiste en las concesiones de autopistas de peaje. El grupo de
trabajo que he constituido en el Ministerio tiene actualmente en estudio
la necesaria modificación de la legislación que actualmente regula las
concesiones de autopistas de peaje porque es una legislación anticuada,
poco flexible, excesivamente rígida, que probablemente no sea eficaz para
canalizar la construcción de autopistas de peaje. Debo decirle que los
tramos de autopista de peaje que potencialmente se contemplan son, por su
propia naturaleza, tramos breves de autopistas. El objetivo esencial
--insisto una vez más-- es movilizar inversión y favorecer el crecimiento
de la economía, es decir, la prioridad no es construir las
infraestructuras, pero si además las construimos, mejor para los
ciudadanos españoles.

Suelo y vivienda. Su línea de reflexión es parecida a la de la portavoz
del Grupo Socialista. Le voy a poner a S. S. en una disyuntiva. Como toda
disyuntiva, de alguna manera distorsiona la realidad, pero no deja de ser
en el fondo real. Tenemos que optar o por cumplir las garantías de acceso
a la vivienda, constitucionalmente proclamadas, o por proteger los
derechos de los ayuntamientos. Si yo tengo que optar entre garantizar el
derecho a la vivienda y garantizar determinado tipo de ingresos a los
ayuntamientos, opto por garantizar el derecho a la vivienda. Lo tengo
absolutamente claro. Y como en la situación en la que estamos, de
carestía de suelo y de escasez de vivienda, hay que asumir alguna opción,
naturalmente que resultarán perjudicados --entre comillas-- los ingresos
de los ayuntamientos que se obtienen a través de las cesiones, pero el
derecho a la vivienda considero que es prioritario y creo que esa
reflexión S. S. la comparte conmigo. En el ansia de criticar al Gobierno,
poner el énfasis sobre los ingresos de los ayuntamientos, me parece que
va en perjuicio del derecho al acceso a la vivienda, que debe ser una
prioridad --creo-- de todos los grupos parlamentarios. No le quepa la
menor duda a S. S., en la situación de escasez en la que estamos, hay que
optar. No digo que tenga que ser una opción pura, lo que quiero decir es
que hay que tomar una opción y al iniciar una opción me inclino por
garantizar, en la mayor medida posible, el acceso a una vivienda digna.

Transparencia en la contratación. Yo le voy a pedir a S. S. que en este
orden de cosas lleve hasta sus últimas consecuencias su capacidad de
control como grupo parlamentario. Todo lo que S. S. presione sobre el
proceso de contratación a mí me ayudará para establecer reglas internas
que aseguren, en la mayor medida posible, la transparencia en la
contratación. Me ayudará, entre otras cosas, a modificar los baremos que
se insertan en los pliegos de condiciones para realizar las
adjudicaciones. Desde mi perspectiva será bienvenida toda la presión que
quiera ejercer S. S. en aras de la transparencia del proceso de
adjudicaciones.

Me traslada S. S. un cierto lamento respecto de la división del
Departamento y de lo que supone pérdida de competencias en área del medio
ambiente y en el llamado ciclo del agua. Debo decirle, después de haber
experimentado lo que supone el actual Ministerio de Fomento, que
agradezco en el alma esa división y que, desde luego, me produce un
cierto respeto la capacidad de trabajo de mi antecesor cuando tenía esos
sectores, el ciclo del agua más el medio ambiente, bajo su gestión.

Este Departamento es un reto intelectual para cualquiera que se siente en
el sillón de Ministro y es un reto de gestión. Yo he asumido ambos retos,
tanto el reto intelectual, que supone afrontar sectores nuevos para mí
como es todo el sector de telecomunicaciones que lleva implícita la
innovación, y como también un reto de gestión eficaz para que los
Presupuestos del Estado se gasten de manera eficiente al servicio de los
ciudadanos.

Se ha referido al Plan Director de Infraestructuras y tengo que insistir
en que sigue siendo un elemento valioso. Es verdad que la inversión en
carreteras ha tenido y va a seguir teniendo mayor importancia en España.

Probablemente nuestra orografía impone ese resultado a la hora de
programar la inversión pública. Compartiría con usted una reflexión: la
necesidad de apoyar en todo lo que se pueda a aquella parte de la
industria española que aporta una tecnología enormemente respetable, como
es la tecnología del tren Talgo. Le puedo asegurar que desde el
Ministerio de Fomento se ayudará a que el mayor número posible de trenes
Talgo circule por las vías españolas. Como sabe, la industria española
del Talgo tiene una limitación, cual es que no tiene resuelto el problema
de la tracción. Según mis informaciones, está en conversaciones para
resolver ese problema, con el fin de poder concurrir, con posibilidades
de éxito, a los concursos que habrán de convocarse en el



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futuro sobre material ferroviario y muy en particular en todo lo que
afecta a la alta velocidad y a la velocidad alta en la programación de
inversiones prevista en el Plan Director de Infraestructuras y que habrá
que realizar en el inmediato futuro.

No estoy en condiciones de responderle a sus preguntas sobre inversiones
concretas. Es evidente que necesito saber la cifra de inversión global
para el presupuesto del año que viene.

Sí querría, porque ya se ha dado a los medios de comunicación, hacer
referencia particular a la variante de Guadarrama. Esta variante afecta
en mayor medida que otras obras a la seguridad de las personas. Los
constantes accidentes que se producen en la travesía de Guadarrama exigen
una medida urgente. Esa medida urgente la vamos a poner en marcha
mediante un convenio con la autopista concesionaria, con objeto de que
los camiones, en bajada, puedan circular por la autopista y no atravesar
el pueblo de Guadarrama. Vamos a licitar la variante, con las
posibilidades que tengamos, en el tramo que queda para concluir el año,
con el fin de que aproximadamente en un plazo de tres años pueda
inaugurarse, porque son ya muchos los accidentes que se han producido con
víctimas humanas en ese pueblo.

Estoy de acuerdo en que debemos hacer un esfuerzo para favorecer y
potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril. Dada la orografía
española y las características del transporte de mercancías, el
ferrocarril es el medio adecuado. Vamos a intentar mejorar en todo lo que
se pueda la gestión de Renfe y ése es el encargo que tiene su nuevo
presidente. Haremos las reformas legales que sean precisas para mejorar
todo lo que afecta al ámbito del transporte y para conducir, con la
necesaria capacidad para defender los intereses españoles, el proceso de
liberalización que se nos viene encima en todos los ámbitos del
transporte como consecuencia de la legislación comunitaria. Hay que tener
en cuenta que tanto el transporte por carretera, como el marítimo o el
aéreo tienen fechas próximas de liberalización que van a exigir algunas
reformas legales.

Esas son exclusivamente las reformas legales que contemplamos en el
ámbito del transporte.

En lo que afecta a la venta de Sintel debo darle la información
siguiente: la venta se llevó a cabo por el anterior Gobierno, fue una
operación mercantil absolutamente normal entre dos empresas y en el
contrato de compraventa se mantuvieron determinadas condiciones para
asegurar el volumen de facturación y para mantener el nivel de empleo.

Por tanto, se trata de una operación absolutamente normal en la actual
circunstancia española.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego que vaya terminando.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchísimas
gracias, señor Sedó, por su intervención y por las líneas de coincidencia
manifestadas.

Es un reto mover la economía productiva, lo es en particular para este
Departamento y vamos a hacer todo lo posible para que la economía
productiva se mueva tanto vía inversión pública como inversión privada.

En la reunión que mantuve con la Asociación de Consultorías de Ingeniería
Civil me comprometí a analizar los baremos que se están utilizando para
realizar las adjudicaciones de los proyectos y he dado instrucciones para
que se objetiven al máximo porque, efectivamente, los porcentajes de
adjudicación son estadísticamente significativos. Desde esa perspectiva,
creo que se introducirá una vía de corrección y, como tuve ocasión de
decirles a los directivos de la Asociación, espero que al término de esta
legislatura las estadísticas sean más favorables.

En relación con la disminución del IVA sobre el peaje de las autopistas,
debo decir que está recogido en nuestros acuerdos políticos. Como sabe,
hay alguna limitación en la legislación comunitaria. Habría que
transformar la naturaleza del peaje. Según tengo entendido, lo que ha
hecho Francia es transformar el peaje en una tasa, con lo cual ha podido
reducir ese porcentaje. Esa es una cuestión que está en el ámbito de
nuestros acuerdos y entre ambos grupos parlamentarios se encontrará la
solución adecuada para poder cumplirlos.

Respecto al Plan Puente, todos los proyectos están actualmente en marcha
y de lo que queda pendiente de licitación podré darle información en
cuanto el ajuste presupuestario sea aprobado por el Ministerio de
Economía y Hacienda en lo que afecta a la redistribución de este
Departamento.

En cuanto al capital privado, he hecho sobrada referencia a su necesaria
movilización. Sé que no va a ser fácil, sé que exige rentabilidad, sé que
las obras posibles a las que el capital privado puede participar no son
muchas, pero de eso se trata. El objetivo fundamental, como digo, es el
crecimiento de la economía.

Es posible que haya que modificar algunos aspectos del proyecto del AVE
Madrid-Barcelona y las informaciones técnicas iniciales que tengo
coinciden en parte con lo que S. S. ha expuesto. También he contestado a
la pregunta de la venta de Sintel al responder al representante de
Izquierda Unida.

En relación con la intervención del señor Recoder, en lo que afecta a
suelo y vivienda, comparto todas las líneas de su exposición. El objetivo
básico es poner suelo en el mercado. Dígase lo que se diga, no hay suelo
en el mercado y las cesiones obligatorias a los ayuntamientos no
favorecen la colocación de suelo en el mercado. Por tanto, comparto esa
reflexión. No puedo menos que congratularme por todas las referencias que
ha hecho en lo que se refiere a las viviendas de alquiler, a la
rehabilitación, al intento de reducir la participación del esfuerzo
familiar en la adquisición de viviendas y a la coincidencia en lo que
afecta a las medidas fiscales, que trataremos de poner en marcha en la
medida en que lo permita el cumplimiento del objetivo de déficit.

Habremos de realizar algunas modificaciones legales en la Ley de
Ordenación de la Edificación, que ya tenemos previstas, así como en la
Ley de Propiedad Horizontal, para completar el ciclo de reformas
legislativas.

Telecomunicaciones. De hecho estamos realizando una liberalización
controlada. Comparto el objetivo de no perjudicar



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a las empresas españolas, de eso justamente se trata. Vamos a poder
aprobar el reglamento de la Ley del cable, por lo menos enviarlo al
Consejo de Estado en breve plazo. De efectuar alguna modificación en la
Ley de Televisión por Cable se hará siempre en la línea liberalizadora de
mayor diversidad y pluralidad en el ámbito de las televisiones locales.

Al señor Rivero, de Coalición Canaria, he de manifestarle igualmente mi
gratitud por su intervención y por el tono de la misma. Específicamente
le puedo decir que en este Ministro va a encontrar una constante
comprensión por las peculiaridades canarias a las que S. S. se ha
referido. Son peculiaridades que comparto con mis compañeros del partido
en Canarias desde hace mucho tiempo, las hemos comentado muchas veces,
tendremos ocasión de debatirlas y analizarlas en las reuniones que
habremos de tener entre los dos grupos parlamentarios para el
cumplimiento de nuestros acuerdos, y me congratulo por su coincidencia en
la reforma de la legislación de puertos. No tengo ningún inconveniente en
que empecemos a estudiar la posibilidad de un convenio-marco en el que
insertar todo el proceso de inversión que se desprende de nuestros
acuerdos como grupos parlamentarios.

Agradezco igualmente la intervención del señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Mixto, y debo decirle que los accesos a Galicia, si las
informaciones que me transmiten los servicios técnicos son correctas --y
creo que lo son por su altísima cualificación técnica--, deberán estar
prácticamente concluidos en 1998, salvo en lo que afecta a los tramos de
Piedrafita. Lo dije al contestar una pregunta hace unas semanas en el
Pleno de la Cámara: los cinco tramos que integran el trazado de la
autovía por Piedrafita son de una altísima complicación técnica, exigen
una elevada inversión y van a llevar más tiempo. Por tanto, irán algo más
lejos del año 1998. Pero si la cifra global de inversión del presupuesto
de 1997 lo permite yo sacaré a licitación los cinco tramos del puerto de
Piedrafita para acelerar, en la medida de lo posible, todo el proceso de
decisión administrativa que conduzca al inicio de las obras.

No va a haber peaje para las autovías, que no quede la mínima duda en
este terreno: no habrá peaje para las autovías. Los tramos de peaje
previstos son para tramos de autopistas que se explotarán en régimen de
concesión administrativa. Por tanto, ninguna autovía de las que están
actualmente en ejecución y en programación hasta completar la red de
autovías estará sujeta a peaje. Eso no obsta para que la sociedad
española deba afrontar un debate, y es cómo se financian los gastos de
mantenimiento de las autovías a medio y largo plazo cuando la red esté
completada. En estos momentos yo les debo decir que la partida del
Ministerio de Obras Públicas para gastos de mantenimiento y conservación
asciende a 80.000 millones de pesetas; cuando esté completa la red de
autovías superará probablemente los 100.000 millones de pesetas anuales
solamente en gastos de conservación y mantenimiento. Ese es un debate que
habrá de afrontar la sociedad española, no es un debate de esta
legislatura en todo caso.

En cuanto a las reflexiones que ha hecho al Plan Director de
Infraestructuras, comparto con S. S. la potencialidad del ferrocarril y
del transporte de mercancías por ferrocarril. Todavía no conozco en
detalle la reflexión que ha hecho sobre la estación de El Ferrol. Buscaré
información y, si quiere S. S., en una intervención ulterior podremos
hablar en mayor medida de la programación de Renfe en todo lo que afecta
al transporte por ferrocarril en Galicia.

En cuanto a la deuda histórica, el concepto puede resultar
dialécticamente útil. Yo creo que en un momento de ajuste presupuestario
nosotros debemos velar por un objetivo absolutamente esencial, al que
ningún Gobierno podría renunciar, y es que todas las inversiones en
infraestructuras, tanto las públicas como las privadas que se puedan
movilizar, deberán tener un objetivo, que es la cohesión económica y
social del territorio nacional. En ese objetivo tiene que estar
comprendido necesariamente, por tanto, un mínimo de accesibilidad a
aquellos territorios de menor población, si se quiere, o separados por
zonas despobladas o por zonas de orografía difícil. Ese es un objetivo
irrenunciable de cualquier Gobierno.

Finalmente, en el ámbito de las telecomunicaciones debo decirle que la
propia naturaleza del sector impone la actuación de empresas grandes,
pero al mismo tiempo abre también una puerta a las empresas pequeñas y
medianas en la prestación de servicios, porque la multiplicidad de
servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, que ya es muy grande,
se va a multiplicar en los próximos años probablemente por diez, y
justamente en el ámbito de la prestación de servicios en donde pequeñas y
medianas empresas van a tener posibilidades de actuar en el sector. Tenga
S. S. la seguridad de que en la actuación de este Gobierno habrá pleno
respeto siempre a todo lo que afecta a las lenguas y a las culturas de
las distintas comunidades y nacionalidades que integran España.

Por último, para no extenderme más en mi intervención, debo agradecer la
del señor Ortiz, sus reflexiones y que, como consecuencia de su
intervención, haya podido yo obviar algunas contestaciones haciéndola así
más breve.




El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a hacer este turno breve, que, insisto,
no es de réplica, lo tiene que hacer un solo Diputado por grupo. Aquí sí
debo decir que seré estricto, cinco minutos como máximo, porque eso es lo
que hemos pactado en la Junta de Mesa y Portavoces.

¿Quién va a intervenir por el Grupo Socialista?



La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, ¿y si nos comprometemos a sumar
entre los dos portavoces cinco minutos?



El señor PRESIDENTE: Si se comprometen de verdad a sumar cinco minutos,
pueden intervenir los dos, pero cinco minutos. Insisto en que es el
acuerdo que tomamos la Mesa y los portavoces.

Señora Narbona, tiene la palabra.




La señora NARBONA RUIZ: Muy rápidamente. Señor Ministro, gracias por sus
contestaciones, aunque creo que a muchas de las cuestiones que hemos
planteado no ha



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contestado y en otras lo ha hecho calificando de como fracaso algunos
temas.

Me voy a referir sólo a la política de vivienda, porque de la autovía
veremos lo que hacen y cómo lo hacen. En política de vivienda quiero
decirle que lo que usted llama fracaso del Gobierno socialista en los
últimos cuatro años, desde 1992 a 1995, ha habido un cambio sustancial en
cuanto a la disminución del esfuerzo medio en nuestro país de una familia
de ingresos medios para comprar una vivienda, por tres factores: en
primer lugar, por una política de vivienda que ha conseguido poner en el
mercado 600.000 viviendas protegidas en los últimos cuatro años (eso lo
han comprendido y valorado los presidentes y consejeros de comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular); 600.000 viviendas en cuatro
años es lo mismo que plantean ustedes, 1,2 millones en ocho años. Es
exactamente igual. Entiendo que eso no será un fracaso, simplemente es
una coincidencia de la que me alegro. En segundo lugar, el precio medio
de la vivienda en España desde 1991 ha ralentizado de manera clara su
incremento, y ahí tiene los datos del INE. Los precios medios de la
vivienda en España desde 1992 aumentan por debajo de la tasa de
inflación. Si a esto le unimos que han disminuido de manera muy
importante los tipos de interés de los créditos hipotecarios libres, nos
encontramos con un dato que también usted puede hallar en estadísticas
oficiales: el esfuerzo medio para comprar una vivienda en España ahora
mismo es significativamente inferior al de hace cinco años.

Yo espero que sigan ustedes por esa vía. Desde luego, no creo que con el
decreto-ley aprobado el otro día vayan por ahí, porque las cesiones de
suelo en Cataluña, señor Ministro, en estos momentos ya son el 10 y no el
15, y usted puede comparar las repercusiones de suelo en Cataluña y en el
resto de España. El que sean el 10 o el 15 no se traduce en menores
precios de la vivienda si se reduce esa cesión. Insisto, en lo que se va
a traducir es en una disminución del único suelo que en España tiene un
coste tasado, que es el suelo de titularidad pública. Si los
ayuntamientos emplean mejor o peor ese patrimonio público de suelo, desde
luego ustedes no lo mejoran rebajándolo. Lo podrían mejorar con otras
fórmulas, y si, como ha dicho usted antes, lo que le gusta es el caso
holandés, donde el 80 por ciento del suelo urbanizable es operado desde
el sector público en concertación con el sector privado, garantizando la
producción de viviendas asequibles, estoy segura de que estaremos de
acuerdo.

Por último, en cuanto a su declaración firme de que no habrá peajes, me
alegra que tenga ya tan clara la solución de un problema que es complejo
y en el que lo importante no es quién financiará las infraestructuras,
sino quién las pagará: las pagarán los ciudadanos vía impuestos o las
pagarán los ciudadanos vía peaje. Usted ya afirma que vía peaje no las
pagarán los ciudadanos, supongo que están valorando otras opciones de
peaje en la sombra o de utilización de Presupuestos Generales del Estado
por otra vía, pero entonces volvemos evidentemente a la dificultad de
controlar el déficit público. No hay fórmulas mágicas, señor Ministro, y
le deseo en esa materia, de verdad, mucha suerte.




El señor PRESIDENTE: señor García-Arreciado, tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Aunque no es mi intención llorar
sobre el pasado, porque aquí se viene llorado ya, hay una primera
afirmación suya que me sorprende. Eso de que no ha habido hostilidad
ciega contra la labor del Gobierno en los dos últimos años de oposición
del Partido Popular en su caso casi es verdad, aunque recuerdo una
intervención suya.

Le voy a poner un ejemplo: a finales del año anterior el Gobierno propuso
a esta Cámara un real decreto-ley que creaba el segundo operador sobre la
base de Retevisión, de una filial, Optel. Tuvimos que desistir del
proyecto ante la reacción fulminante de inconstitucionalidad y varios
argumentos de mucho peso.

Hemos perdido un año, señor Ministro, y ustedes al final han terminado
por copiar prácticamente el Real Decreto de 15 de diciembre --creo
recordar-- del año anterior.

Me alegro que usted me diga que mantiene la fecha de liberalización de
servicios finales y de los servicios portadores para el 1 de enero de
1998. Se contradice --permítame que se lo diga-- con el mantenimiento del
monopolio en Retevisión como servicio portador de los servicios de
difusión de televisión hasta 1999. Eso es lo que me ha hecho a mí pensar
que podía haber alguna reconsideración en la fecha de liberalización.

Estoy radicalmente conforme con las auditorías de costes en Telefónica,
tanto que una de las condiciones que impone la Unión Europea antes de
liberalizar la telefonía básica es terminar con las subvenciones cruzadas
en el servicio telefónico. En eso estamos desde hace varios años:
práctica congelación de las tarifas urbanas, descensos importantes en las
interurbanas y, sobre todo, en las internacionales.

Discrepo de usted en que las limitaciones que se han puesto a Telefónica
en el real decreto sean modestas. Mantener ociosos durante dos años
inversiones de centenares de miles de millones, un millón de kilómetros
de cables de fibra óptica en una compañía que utiliza sus redes nueve
minutos al día por abonado, me parece que es una medida contraproducente.

Acepto, sin más, su palabra de que en el programa electoral figuraba la
creación de la Comisión del mercado de las telecomunicaciones, pero,
desde luego, no en el apartado de estas telecomunicaciones que son las
páginas 61, 62 y 63 de su programa, al final con nueva minoría
mayoritaria. Estará en otro sitio del programa, yo únicamente me he
interesado por esto.

Lamento profundamente que se haya sentido ofendido por una pregunta que
le he formulado. Entiendo que se sintiera ofendido si lo hubiera
afirmado, pero hay un viejo dicho en mi tierra que dice que preguntar no
es ofender. En todo caso, los motivos de ira o de resentimiento de S. S.

deberían de ir dirigidos a miembros de su Gobierno que recaban



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para sí, sin estar en el Ministerio de Fomento, la capacidad de dirección
de las políticas de telecomunicaciones.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado, y agradezco
que hayan cumplido su promesa de horario.

Tiene la palabra el señor Fernández.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, voy a empezar por lo que ha
dicho el señor Ministro en cuanto a su política de vivienda. Nosotros
seguimos sin compartir la exposición que ha hecho en cuanto a intentar
financiar la vivienda a costa del recorte de ingreso por esta vía de los
ayuntamientos.

Yo le podría indicar cómo dentro de este país hay ejemplos de cómo se
abarata el coste de la vivienda sin tener que recortar los ingresos
municipales a través de las cesiones de suelo. En Navarra mismo tienen un
buen ejemplo a seguir, cómo un Gobierno autónomo pone en el mercado suelo
suficiente para evitar la especulación. Es un ejemplo que se podría
seguir porque es muy ilustrativo.

El señor Ministro ha hecho una exposición muy suave en cuanto a las
medidas que propone, pero de un calado muy lesivo para los ayuntamientos
y para los ciudadanos de los municipios. No hay que olvidar que lo que
usted propone no va solamente contra las corporaciones, sino que va
también contra las entidades locales y los ciudadanos de las mismas.

No le he oído hacer ninguna referencia a evitar la especulación del
suelo, a intervenir contra los especuladores, lo ha obviado totalmente
cuando estimamos que ahí es donde está la clave de esta problemática. Con
sus medidas lo único que va a hacer es disparar las plusvalías en favor
de unos pocos, pero no va a conseguir su objetivo de abaratar el precio
de la vivienda.

Ya he dicho que usted ha hecho una intervención muy suave en este terreno
--lo he oído por aquí a través de otros portavoces que no voy a
nombrar--, pero yo creo que se ha hecho un ataque en toda regla contra
los ayuntamientos. Se ha hablado de que los ayuntamientos hacen dejación
de su derecho al aprovechamiento que fija la ley. Yo creo que eso es muy
grave. El que tenga constancia de que esas cosas suceden lo debe
denunciar. También ha dicho otro portavoz que los ayuntamientos no
deberían tener derecho al 15 ni al 10 por ciento, sino absolutamente a
nada. Eso lo van a tener ustedes que explicar a sus propios alcaldes y
concejales, porque, desde luego, nosotros sí les vamos a contar a los
nuestros la historia para que sepamos qué nos estamos jugando. Yo me he
escandalizado bastante al ver de qué manera tan injusta se ha tratado
aquí a los ayuntamientos. Grupos políticos que son de autonomías han
hecho un embate increíble contra los ayuntamientos, lo cual me parece de
una gravedad extrema.

A algunas de las preguntas que le he formulado ha contestado; a otras,
no. Comprendo que en un momento así quizá no se pueda contestar a todos,
pero esperamos que en el futuro, en cuanto a los recortes
presupuestarios, se determine qué autonomías y qué infraestructuras se
van a ver afectadas por el recorte.

Me alegro de que coincida en cuanto a diversificar la contratación
pública. Le puedo aclarar que los que realizan las obras son los pequeños
y medianos empresarios, que son los que cuentan con los medios adecuados.

Le puedo asegurar que las grandes empresas a las que usted hacía alusión
carecen de ese tipo de medios. Por eso le hacía otra pregunta en relación
a si las grandes empresas tienen una plantilla como para realizar ese
volumen de obras de alta en la Seguridad Social, porque ahí sí que hay
una válvula de escape de ingresos para la Seguridad Social.

Coincidimos plenamente en cuanto a la transparencia de la contratación
pública, cosa de la que nos alegramos infinitamente a la vista de los
resultados de estos últimos años.

Cuando me he referido a la pérdida de competencia de su Departamento no
quería significar la política de aguas. Nos parece muy bien que se haya
creado un Ministerio de Medio Ambiente y que la política de aguas vaya a
ese Ministerio. Me refería exclusivamente a las infraestructuras que, en
cierto modo, tienen una capacidad destructora y Medio Ambiente debería
ser el que controlara esa actuación.

Nos ha dicho también que está dispuesto a potenciar el transporte de
ferrocarril, pero nosotros nos seguimos preguntando con qué medios. Para
mejorar el ferrocarril hay que dotarle como mínimo de presupuesto
suficiente, es decir, mantenimiento, renovación de líneas o nuevos
trazados que puedan aumentar la velocidad.

En cuanto a la privatización de las inversiones comprendemos que la
patronal les está lanzando una ofensiva y un canto de sirena para que una
parte de las inversiones públicas quede en manos de las empresas
privadas, cosa de la que nosotros diferimos porque de este modo la
financiación va a llevar un cierto grado de ocultación del coste real y
también puede afectar a los concursos públicos.

Hay una pregunta que me parecía muy interesante y que no ha contestado,
no sé si es porque no tiene el dato, y es de qué manera ha afectado el
AVE en Andalucía al cierre de líneas. Nosotros tenemos constancia de que
en Andalucía se ha producido un gran desmantelamiento de líneas
existentes. Nos parecía que era una pregunta clave para ver qué
repercusión tiene la alta velocidad en nuestro territorio.

Para concluir, le querría comentar las visitas que están recibiendo de
presidentes autonómicos, están haciendo muchas gestiones y están
prometiendo muchas obras e infraestructuras. Nos gustaría conocer si esto
es compatible con su política de austeridad y de ahorro y si van a poder
cumplir lo que de momento van prometiendo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Ministro, simplemente deseo hacer tres
matizaciones.

Hace unos doce años, en la administración autonómica catalana me tocaba
desempeñar el cargo de director general



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--no era éste el nombre-- de las construcciones escolares. En aquellos
primeros años después de la democracia, la existencia de unos déficit
horrorosos, sobre todo en el cinturón de Barcelona, creaban unas
tensiones de ayuntamientos, de asociaciones de padres, profesores y
alumnos. Me tocó elaborar un plan cuatrienal, que naturalmente fue
discutido y aprobado por la Consellería. En el momento en que se aprobó
el plan cuatrienal y se hizo público desaparecieron todas las tensiones,
incluso la de aquel señor que quería la escuela para mañana y a lo mejor
le tocaba a los cuatro años, porque estaba en el último año del plan. Con
un plan-puente se eliminan todas las tensiones puntuales. Sabemos que se
paran muchas obras por circunstancias que no tienen nada que ver con que
haya habido un cambio de Gobierno. Un plan-puente podría incluir, por
ejemplo, la inquietud que se puede crear por el plan delta del Llobregat.

En mi ciudad --yo soy de Reus-- hay una variante de Reus que ha quedado
en estas obras programadas para adjudicar, lo cual provoca tensión.

Sumado todo esto, fuerte tensión en el plan-puente. Haga público lo antes
posible un calendario, porque si la gente sabe que por circunstancias
especiales la obra se aplaza porque no ha podido ser, pero que la obra se
realizará, eliminamos tensiones.

En segundo lugar, al referirse a la financiación privada, ha dicho que no
solamente es para entrar en infraestructuras, sino en todo el esquema
económico y que hay pocos proyectos atractivos. Yo incido nuevamente en
que es posible modificar el TGV en estos tramos. Esto es muy importante,
porque si este trozo intermedio no puede ser al nivel que tiene que ser,
si no damos facilidades será más difícil que sea atractivo a la
participación del capital privado.

Respecto a Sintel, ha dicho que fue una operación normal que se hizo con
el otro gobierno. Yo he hecho esta pregunta, que también han formulado
otros grupos, porque en estos momentos hay mucha inquietud social en
medios de comunicación. Sólo sé que esta inquietud se está extendiendo a
todos los niveles de la empresa. Se lo digo por si usted cree oportuno
actuar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente. Sólo para formular dos
cuestiones concretas. La primera es para aclarar que, cuando puse el
ejemplo de El Ferrol, lo hice como paradigma de que pudiera haber
negocio, ganancia y competitividad, y sin embargo conducir la política a
un callejón sin salida a determinadas áreas geográficas del Estado
español. Lo dije, además, como ejemplo sintomático de la situación del
ferrocarril en toda Galicia.

En este sentido, me gustaría que me contestase a si existe predisposición
en el Gobierno, dentro del PDI, a hacer una serie de actuaciones
ferroviarias que conduzcan al mantenimiento del ferrocarril en Galicia, a
su impulso y mejora a través de inversiones realistas de carácter
plurianual.

La segunda cuestión que quería plantearle es sobre Correos, respecto a si
la comunidad autónoma podía participar teniendo en cuenta que se puede
mantener la titularidad del Estado. Se trataría de adaptarlo mucho mejor
a la realidad geográfica de Galicia y, por supuesto, a todo lo que tiene
que ver con el personal, porque dentro de Correos hay un importante
personal laboral.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Un minuto, para hacer tres precisiones, con
destinatario conocido.

Primera. No es que el Partido Popular quiera hacer política de vivienda a
costa de los ayuntamientos. Más bien se trata de lo contrario, de evitar
que los ayuntamientos sigan haciendo política fiscal o financiera a costa
del urbanismo.

Segunda, más que una precisión, es una aclaración, y no quisiera que
tuviera aire de clase de Derecho urbanístico. El suelo puede ser urbano o
urbanizable. El urbano se distingue en suelo urbano consolidado y no
consolidado. El suelo urbano consolidado es aquel que ya no necesita de
ninguna actuación municipal porque está todo hecho, porque no requiere
ninguna modificación de planeamiento. No tenía sentido que se mantuviera
la cesión del 15 o del 10 por 100 antes, porque faltaría la «ratio legis»
de esa cesión, que es que el ayuntamiento va a incurrir en determinados
gastos y sistemas generales, dotaciones, etcétera. Es sólo para este
suelo urbano consolidado para el cual el real decreto-ley establece que
no hay ningún tipo de cesión. Esto es así, articulo 2.º del real
decreto-ley.

Tercera aclaración. La reducción del 15 al 10 por 100 en las cesiones
afecta al suelo urbanizable --hasta ahora en dos especies, programado y
no programado, desde el decreto-ley un solo tipo de suelo urbanizable--,
y al suelo urbano no consolidado, es decir, al suelo urbano que necesita
de planeamiento urbanístico adicional porque está dentro de una unidad de
ejecución, se le mantiene el mismo tiempo de cesión que para el
urbanizable, esto es, el 15 por 100 antes y el 10 por 100 ahora, después
del decreto-ley.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a estas intervenciones, tiene la
palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo trasladaría a
la portavoz del Grupo Socialista la siguiente reflexión, que es muy
sencilla, que es la pregunta que se debe hacer todo político y, sobre
todo, cualquier representante del pueblo como los que están en esta
Cámara. Con el actual marco legislativo, ¿resolvemos en un plazo
razonable el problema de la vivienda en España?, ¿sí o no?, señora
Narbona. Yo creo que sería una osadía, teniendo en cuenta las
circunstancias en las que estamos, responder que sí, sería una osadía. Es
un problema acuciante de vivienda el que tiene en estos momentos la
sociedad española. Pensar que con ese modelo legislativo, con ese marco
legislativo, con esa maraña de intervención



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administrativa, vamos a resolver el problema de la vivienda en España,
que tendría que ser potencialmente un problema soluble por las
circunstancias que tiene la geografía nacional, me parece que es ingenuo,
por no utilizar otro calificativo.

Lo que someto a la Cámara, ahora y en el futuro, es un proceso de
reflexión. Si usted me puede dar datos positivos, qué duda cabe que los
hay también, y los va a continuar habiendo. Pero el problema no es si hay
datos positivos o no, que los hay, el problema es que esos datos
positivos son absolutamente insuficientes para hacer frente a un problema
acuciante de vivienda. No estamos con los brazos cruzados, el Gobierno
socialista no ha estado con los brazos cruzados, naturalmente que no,
señora Narbona. El problema no está ahí, el problema es si somos capaces
de encontrar una solución al problema de vivienda en España.

Yo he llegado a la conclusión, provisional, como toda conclusión de
cualquier persona que tenga una cierta capacidad de reflexión
intelectual, que con el actual marco legislativo, en España no se
resuelve el problema de la vivienda y que debemos iniciar un proceso de
cambio de ese marco legislativo y, por tanto, de modelo.

Yo he puesto el ejemplo de Holanda, no porque sea un modelo a seguir,
sino porque las cifras que da la situación de Holanda en cuanto a
densidad de población y a extensión geográfica, ponen de relieve que por
una u otra vía el problema es soluble, y nosotros no hemos sido capaces
de resolver el problema. Ustedes han tenido trece años de Gobierno y
deberían haber podido ofrecer, a mi juicio, unos resultados mejores que
los que finalmente han ofrecido en cuanto a la continuidad y existencia
de un problema que hoy por hoy, señora Narbona, desgraciadamente, y lo
lamento, no está resuelto.

Las autovías no serán de peaje. No lo serán. Si hay algo en lo que tiene
que reflexionar la sociedad española es en cómo se financian los gastos
de conservación y mantenimiento. Estoy de acuerdo, porque es una
reflexión obvia, o paga el usuario o el contribuyente, pero el modelo que
hemos elegido --lo eligieron ustedes, aunque el señor Borrell tuvo unas
grandes contradicciones y unos problemas de conciencia extraordinarios en
este terreno--, que eligieron ustedes, insisto, es hacer las autovías con
cargo a los presupuestos generales del Estado. Nosotros vamos a continuar
en ese modelo en todo lo que afecta a la ejecución del programa de
autovías. Ese es el modelo que se va a aplicar en esta legislatura. Al
final, el señor Borrell cedió, concediendo una autopista de peaje. Creo
que debería haber concedido más, lo creo así, pero, en todo caso, en lo
que afecta a las autovías, asumo el compromiso de que serán autovías que
se financiarán con cargo a los presupuestos generales del Estado. Ese es
el modelo en el que estamos y hoy por hoy no se va a cambiar.

Real Decreto-ley de segundo operador. Señor García-Arreciado, lo que hace
un año o un año y medio no era urgente, ahora lo es. Si ustedes en la
anterior legislatura hubieran aprovechado bien el tiempo, no sería
necesario ahora lógicamente un Decreto-ley. El problema es que ustedes
perdieron algo de tiempo --reconózcamelo-- en todo lo que afecta a
prevenir, dentro de nuestro propio marco legislativo, lo que venía ya
inducido por la legislación comunitaria. Si hoy estamos presionados por
el tiempo es porque nos quedan apenas dieciocho meses para dar respuesta
a una exigencia comunitaria; de ahí la necesidad del Decreto-ley. Hace un
año o dos las razones de urgencia, en todo caso, no eran tan acuciantes
como las que hay ahora.

Los derechos de Retevisión para la emisión por ondas de la televisión. Es
un monopolio en todos los países europeos y probablemente en su día se
liberalizará, pero no nos lo exige la Unión Europea ni la legislación
comunitaria exige en estos momentos liberalizar la emisión de televisión
por ondas. Por tanto, hasta 1999 Retevisión conservará ese monopolio,
que, por otra parte, como a S. S. no se le oculta, es una fuente de
ingresos que puede hacer viable en mayor medida al segundo operador
nacional.

Es una cuestión valorativa o de opinión. Pienso que los dos años de plazo
de gracia a que está obligada Telefónica para las telecomunicaciones por
cable no son particularmente perjudiciales. Si no hubiera ese plazo de
gracia, no romperíamos la existencia de un monopolio. No lo romperíamos.

De lo que se trata es de incitar a Telefónica a ajustar sus costes. Y
hemos sido prudentes en el Real Decreto-ley porque hemos dado a la
Comisión reguladora la facultad de rebajar ese plazo, pues no es lo mismo
cablear una ciudad como Madrid que cablear una región como Cantabria. Y
la Comisión reguladora tendrá, tiene la competencia, cuando se cree, de
disminuir ese plazo en todas aquellas demarcaciones en que la disminución
de ese plazo sea aconsejable porque se dan ya las condiciones de
competencia que permitan a Telefónica no desempeñar un papel
excesivamente hegemónico o monopolista de hecho.

Quiero insistir en que el interés en que Telefónica salga adelante con la
mayor fortaleza posible lo comparto y, por supuesto, formará parte de los
propósitos de este Gobierno.

Señor Fernández, de Izquierda Unida, la especulación del suelo que ha
padecido la sociedad española en los últimos años no tiene precedentes.

Está claro que todo el intervencionismo de la legislación de suelo no ha
podido evitar una ola especulativa. La especulación de suelo tiene otras
causas y probablemente el intervencionismo administrativo y la excesiva
rigidez, que se traduce finalmente en el terreno de los hechos en una
escasez de suelo, es una de las causas de la especulación. Por tanto,
claro que no he hablado de la especulación del suelo. Estaba
sobreentendido que de lo que se trata es de incrementar la oferta de
suelo para evitar la especulación.

Si queremos reducir el precio final de la vivienda mediante el intento de
suelo, estamos huyendo de todo propósito o de toda posibilidad de
especulación.

Quiero decir en cuanto al Real Decreto-ley que son unas primeras medidas.

No se trata de que en ese Real Decreto-ley estén todas las medidas
posibles. No. Son unas medidas iniciales que indican un poco el camino
que se va a seguir. Y añado, porque debe quedar claro, que el mercado
inmobiliario siempre requerirá algún tipo de regulación y algún tipo de
intervención administrativa. No es eso lo que se pone en cuestión. No es
eso. Lo que se pone en



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cuestión es si este modelo regulado por la legislación vigente es
suficientemente eficaz para producir suelo abundante y, por tanto, para
que el suelo no repercuta en la medida en que repercute actualmente sobre
el precio final de la vivienda. Como está claro que los resultados
finales no son buenos, vamos a tratar de encontrar otro modelo.

No creo que se cause un perjuicio a los ayuntamientos. Lo que se pone en
marcha es un debate sobre cómo deben financiarse los ayuntamientos. Eso
es distinto. Pero lo que es absurdo es perjudicar el precio de la
vivienda para que los ayuntamientos obtengan ingresos. Porque no le quepa
la menor duda, las cesiones de suelo a los ayuntamientos repercuten en el
coste final de la vivienda. De eso, repito, no le quepa la menor duda. No
digo que suprimiendo la cesión se abarate de entrada el precio de la
vivienda, no estoy diciendo eso, pero no hay nadie en este país que
sostenga que esas cesiones obligatorias a los ayuntamientos no repercuten
sobre el precio final de la vivienda.

Usted me dirá que hay que ser prudentes con la financiación de los
ayuntamientos. De acuerdo. Eso nos exigirá a nosotros, como
representantes del pueblo español, ver cómo financiamos en el futuro a
los ayuntamientos. Lo que es absurdo es financiarlos vía procedimiento
administrativo, vía suelo, en perjuicio del acceso a la vivienda.

Sobre el AVE Madrid-Sevilla, yo creo que no ha producido
desmantelamientos de los que yo tenga información en estos momentos. Lo
que sí me consta es que ha potenciado otras líneas del ferrocarril como,
por ejemplo, Huelva-Madrid. Desde esta perspectiva, ha tenido efectos
positivos.

Por lo que respecta a las promesas, puede usted repasar todas las
declaraciones que he hecho. Verá usted que mis compromisos son
escasísimos; escasísimos, repito. No encontrará usted palabras mías. Otra
cosa son las palabras que a veces me atribuyen, pero que no he
pronunciado. Mis declaraciones han sido escasísimas desde que tomé
posesión de este Departamento y no he asumido compromisos concretos
prácticamente en ningún terreno. Por rigor; no pretendo hacer gala de
nada más. Por rigor. Si estamos en una política de rigor presupuestario,
asumir compromisos me parecería absurdo. Sí he declarado prioridades,
algunas prioridades, que son obvias y en las cuales no voy a insistir
ahora.

Estoy totalmente de acuerdo, señor Sedó, con eliminar tensiones. Una de
las grandes virtualidades del Plan Director de Infraestructuras fue que
todos aquellos que tenían objetivos en los distintos ámbitos
territoriales sobre infraestructuras, al verlas insertas en el Plan
Director se tranquilizan; las distintas colectividades se tranquilizan.

Yo espero poder hacer esa programación en el mes de septiembre en cuanto
conozca la cifra de inversión global para el año que viene. Por
consiguiente, lo que queda del Plan puente espero también poder
traducirlo en forma de prioridades en el mes de septiembre.

Señor Rodríguez, del Grupo Mixto, hay voluntad de contemplar inversiones
realistas plurianuales en el terreno del transporte por ferrocarril.

Claro que la hay. Creo que es la única manera racional de afrontar
inversiones en el terreno de las infraestructuras y en el de los
transportes.

En lo que se refiere a Correos, la participación de las comunidades
autónomas en la gestión no está prevista. ¿Por qué? Quizá convendría
abrir un proceso de reflexión. Yo creo que Correos ha sido desde los
tiempos de su iniciación un servicio estatal y la prestación del servicio
universal exige, como decía antes, en todo caso una garantía del Estado,
y probablemente también la propia gestión del Estado. Yo no tengo una
posición de principio en este terreno. Si llegara a la conclusión de que
con una participación de las comunidades autónomas en la gestión se
podría mejorar la gestión, yo estaría abierto a esa posibilidad. Lo que
le puedo decir es que en estos momentos no la tengo contemplada.

Señorías, para concluir les diré que agradezco mucho el tono de sus
intervenciones, creo que ha sido una sesión verdaderamente ilustrativa,
para mí es enormemente útil; salvadas algunas cuestiones ideológicas, en
todo lo que afecta a las infraestructuras y a los transportes nos movemos
en cuestiones de alto interés público y, por consiguiente, las
posibilidades de coincidencia entre los distintos grupos parlamentarios
son muy grandes. Pueden tener la seguridad de que yo buscaré en todo
momento esas coincidencias en aras de facilitar todo el proceso de
inversión que, en última instancia, beneficia principalmente a los
ciudadanos españoles.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agradeciéndole nuevamente en nombre de toda la Comisión su presencia hoy
para comparecer y dar cuenta de la política del Gobierno en su
Departamento, se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.