CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 17



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 2



celebrada el miércoles, 29 de mayo de 1996



ORDEN DEL DIA:



Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro de
Economía y Hacienda (números de expediente 213/000017, 213/000020 y
213/000033). A propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada en su
reunión del día 21 de mayo de 1996 (Página 66)



Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato
Figaredo), a petición propia, para informar sobre las líneas generales de
la política de su Departamento. (Número de expediente 214/000005) (Página 66)



Comparecencia del señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato Figaredo), para informar de las previsiones y líneas
generales a desarrollar en su Departamento. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000017) (Página 66)



Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato
Figaredo), para dar a conocer las líneas generales y proyectos a
desarrollar por su Departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000020) (Página 66)



Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato
Figaredo), para explicar el estado de ejecución de los Presupuestos
Generales del Estado en el ejercicio de 1996, así como las razones,
criterios y partidas presupuestarias afectadas por el anunciado recorte
de 200.000 millones de pesetas. A solicitud del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000033) (Página 66)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL SEÑOR MINISTRO
DE ECONOMIA Y HACIENDA (DE RATO FIGAREDO) (números de expedientes
213/000017, 213/000020 y 213/000033). A PROPUESTA DE LA MESA DE LA
COMISION, ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 21 DE MAYO DE 1996.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DE RATO
FIGAREDO), A PETICION PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE
LA POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000005.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (DE RATO FIGAREDO), PARA INFORMAR DE LAS PREVISIONES Y LINEAS
GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GS. (Número
de expediente 213/000017.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DE RATO
FIGAREDO), PARA DAR A CONOCER LAS LINEAS GENERALES Y LOS PROYECTOS A
DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GIU-IC. (Número de
expediente 213/000020).




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DE RATO
FIGAREDO), PARA EXPLICAR EL ESTADO DE EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO EN EL EJERCICIO 1996, ASI COMO LAS RAZONES,
CRITERIOS Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS POR EL ANUNCIADO RECORTE
DE 200.000 MILLONES DE PESETAS. A SOLICITUD DEL GIU-IC. (Número de
expediente 213/000033).




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos.

Comenzamos hoy la andadura de esta Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda del Congreso de los
Diputados con la comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo de Rato, así como con el
examen de varias proposiciones no de ley presentadas por diversos grupos
de la Cámara.

Antes que nada, y en la medida en que todavía no se ha procedido a
delegar en la Mesa de la Comisión, como es habitual, la determinación de
las comparecencias de miembros del Gobierno, siendo así que el Ministro
comparece tanto a petición propia cuanto a petición de los grupos
Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, procede, en
primer lugar, aprobar por parte de la Comisión las peticiones de
comparecencia formuladas por dichos grupos. Por consiguiente, si les
parece a SS. SS., en primer lugar pasamos a la votación, que puede ser
por asentimiento, de las comparecencias solicitadas por el Grupo
Socialista para informar de las previsiones y las líneas generales a
desarrollar en su departamento y por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para dar a conocer las líneas generales y
proyectos a desarrollar por su departamento. A éstas se añade una tercera
comparecencia, también solicitada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, a efectos de que el señor Ministro
explique las razones, criterios y partidas presupuestarias afectadas por
el anunciado recorte de 200.000 millones de pesetas.

¿Sus señorías aprueban la comparecencia del señor Ministro?



El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, en relación a la última
comparecencia habíamos hablado con el señor Ministro de si sería posible,
en la medida en que no estaba efectuada, remitirla a la semana que viene.




El señor PRESIDENTE: ¿Cómo que no estaba efectuada?



El señor SAURA LAPORTA: En la medida en que el recorte presupuestario no
ha sido concretado, parecía que el señor Ministro tenía la intención de
remitir a la semana que viene esta comparecencia concreta del recorte de
los 200.000 millones de pesetas.




El señor PRESIDENTE: En principio y en la medida en que la petición de
comparecencia está formulada en trámite reglamentario, si el señor
Ministro lo tiene a bien la contestará en este momento. Lógicamente, si
todavía no está realizado en sus últimos términos el recorte
presupuestario, el señor Ministro la puede dejar para otra ocasión. En
definitiva depende del señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señor Presidente, sobre este punto del orden del día,
efectivamente ayer el portavoz de Izquierda Unida me planteó la
posibilidad de retrasar esta iniciativa de su Grupo, que se refiere a la
concreción de la medida de no disponibilidad de obligaciones reconocidas,
aprobada por el Gobierno el 10 de mayo. La concreción por partidas, como
ya ha sido informada la Cámara en la sesión de preguntas de la semana
pasada, estará en poder del Ministerio de Economía y Hacienda, como
contestación de los ministerios afectados, es decir de todos los
ministerios, el próximo 1 de junio. En ese sentido y para no reiterar la
intención del Grupo proponente, llegamos al acuerdo, al que el señor
portavoz acaba de referirse, de que el Gobierno solicitará, y se
acumulará a la iniciativa de Izquierda Unida, una comparecencia, ya sea
aquí ya sea en la Comisión de



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Presupuestos, donde SS. SS. consideren oportuno, del Secretario de Estado
de Presupuestos, para concretar la evolución del presupuesto a la fecha y
también las medidas tomadas por el Gobierno, una vez que los distintos
departamentos hayan contestado a las propuestas del Ministerio de
Economía y Hacienda. En cualquier caso, si el grupo proponente lo
considera pertinente y si la Mesa lo acepta, estoy dispuesto a que ésa
sea la fórmula, o cualquier otra que SS. SS. indiquen.




El señor PRESIDENTE: Señor Saura, en ese sentido entendemos que o se
aplaza la petición de comparecencia o la retiran ustedes y la vuelven a
formular.




El señor SAURA LAPORTA: Pienso que lo más prudente sería aplazarla
simplemente, en el sentido que el señor Ministro ha anunciado.




El señor PRESIDENTE: Entonces, si les parece a ustedes, queda para mejor
ocasión, que determinará la Mesa en su día, la celebración de esta nueva
comparecencia.

En relación a las otras dos comparecencias, ¿están de acuerdo los señores
Diputados en que se celebren en este momento? (Asentimiento.) Lógicamente
se procederá a acumularlas en la misma comparecencia del señor Ministro
puesto que se refieren a lo mismo.

Dicho esto y en la medida en que han sido aprobadas las peticiones de
comparecencia acumuladas por el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato, tiene la
palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer a los dos grupos proponentes la ocasión que me brindan
de presentar las líneas maestras de mi Departamento ante la Comisión de
Economía y Hacienda, y saludar a todos los miembros de la Comisión en mi
primera comparecencia ante SS. SS. como miembro del Gobierno. Quiero que
esta ocasión pueda servir no sólo para explicar, como he dicho, las
líneas maestras de mi Departamento y de las distintas secretarías de
Estado que lo componen, sino también para hacer algunas propuestas para,
si SS. SS. las consideran pertinentes y con las propuestas que tengan a
bien concretar, señalar el régimen de comparecencias periódicas que mi
Departamento considera pertinente, tanto en esta Comisión como en otras,
especialmente en las de Presupuestos e Industria y Comercio, donde una
parte de mi Departamento está sometido a control.

Me atrevo a suponer que en el objetivo principal que voy a plantear a SS.

SS. vamos a coincidir: la creación de empleo. Las deficiencias de nuestra
situación de empleo son suficientemente conocidas por todos. España se
sitúa a la cabeza de la tasa de paro; España se sitúa a la cabeza de la
temporalidad en el empleo; España se sitúa a la cabeza del paro de larga
duración y tiene la más baja tasa de actividad no sólo de la Unión
Europea sino de los países industriales. Este consenso nos obliga, y
desde luego obliga especialmente al Gobierno, a proponer a SS. SS. una
política económica que garantice el mejor camino para la creación de
empleo estable. Creo que respecto al empleo existen otros consensos, que
sin duda, mencionaré a lo largo de mi intervención, que pueden sernos muy
útiles y pueden ayudarnos a todos, especialmente al Gobierno, para
diseñar políticas coherentes y globales. Coherencia y globalidad que el
Gobierno considera imprescindibles. Precisamente la responsabilidad de
una Vicepresidencia deben considerarla SS. SS. como el convencimiento del
Gobierno de la necesidad de que los esfuerzos del Ejecutivo sean
considerados para dar a todos el mayor grado de coherencia posible y de
que las políticas económicas y sectoriales requieren de esa coherencia
para ser efectivas. Además, es deseo del Gobierno buscar, dentro de lo
posible, el grado de globalidad máximo, a fin de que las medidas que se
tomen se orienten a crear condiciones económicas generales que produzcan
una mayor eficacia de la economía en su conjunto y se apliquen a todos,
dentro de un marco de igualdad de oportunidades en mercados competitivos.

Además de coherencia y globalidad, el Gobierno está convencido de que la
estabilidad macroeconómica es indispensable para el crecimiento económico
y sostenido, y sólo un crecimiento sostenido cercano a nuestro potencial
garantiza una creación de empleo en sectores productivos que aumente la
eficiencia de la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

La apertura de la economía española, acelerada desde nuestra
incorporación a la Europa unida de 1986, aumenta el potencial de
bienestar para los españoles con un requisito de estabilidad
macroeconómica tanto desde el punto de vista de las finanzas públicas,
como de los precios, como de la estabilidad exterior. El diseño de
políticas macroeconómicas estables debe realizarse en consonancia con las
necesidades de competitividad de nuestros sectores productivos. Es más,
nuestro propio pasado nos ha enseñado que el diseño de políticas
macroeconómicas desligadas de la realidad de nuestra microeconomía es un
planteamiento insostenible. Precisamente es por ello ilusorio pretender
conseguir equilibrios macroeconómicos que no estén basados en la reforma
de nuestras estructuras productivas, liberalizando los mercados de bienes
y servicios a fin de producir una eficiente asignación de recursos. Es en
este contexto donde un nuevo papel del sector público tiene sentido. Es,
desde luego, la voluntad del Gobierno orientar la capacidad reguladora
del sector público a conseguir mercados eficientes que garanticen a los
españoles una asignación de recursos en competencia y, por tanto, la
creación de empleo. Sus señorías deben interpretar la amplitud de
responsabilidades de este Ministerio precisamente en la intención de
considerar en la formulación de su política macroeconómica las
necesidades de los sectores productivos de la sociedad española. La
necesidad de plantear una política macroeconómica que garantice la
estabilidad exige en primer lugar, desde el punto de vista del Gobierno,
una política presupuestaria orientada a garantizar esa estabilidad y, por
tanto, alejada de crear situaciones



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que exijan la utilización en solitario de la política monetaria como
instrumento de estabilidad.

No es mi principal misión hablar aquí del pasado, pero sí me parece
relevante afirmar que la política presupuestaria que está diseñando el
Gobierno será claramente distinta de la practicada entre los años 1983 y
1994 y, en cambio, afianzará las tendencias introducidas a partir de 1995
de mayor control del gasto, disminución de la discrecionalidad y abandono
de los criterios incrementalistas. La estabilidad de precios es una
necesidad para conseguir condiciones de prosperidad de los ciudadanos,
garantizar unas tasas de intereses reales y nominales reducidas y en
consonancia con nuestros competidores y, como resultado, una valoración
de nuestra moneda acorde con nuestra realidad económica. El Gobierno está
convencido de que la experiencia propia y ajena nos enseña que no es la
política monetaria la que consigue reducir las presiones inflacionistas
de nuestra sociedad, como también nos enseña que las indexaciones no
protegen a los ciudadanos de las pérdidas de calidad de vida inducidas
por los efectos erosionadores de la inflación. Son la reforma y la
liberalización de los mercados el camino de una economía con estabilidad
de precios que contribuya a la prosperidad presente y futura de los
ciudadanos, y aquellos que creen que el intervencionismo en los mercados
consigue proteger intereses generales deben, en opinión del Gobierno,
contemplar varios aspectos de la propia realidad española como es el caso
del empleo, del suelo o los precios. Sin duda el Estado debe jugar un
papel regulador, pero el objetivo debe ser lograr unos mercados
eficientes y la necesidad de garantizar el juego real de la competencia
ha de formar parte de sus objetivos básicos de regulación.

La solidaridad forma parte de las preocupaciones del Gobierno. Garantizar
la provisión de la solidaridad sobre las partes más desprotegidas de la
sociedad española, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, es
también parte de un amplio consenso político y social en la España de
hoy; consenso que, al igual que la necesidad de estabilidad que he
mencionado anteriormente, trasciende de la vida parlamentaria. Es firme
deseo del Gobierno fundamentar e impulsar un amplio diálogo con los
interlocutores sociales, que el Ministro de Trabajo va a comenzar
precisamente esta misma tarde, después de las reuniones mantenidas con el
Presidente del Gobierno y los propios interlocutores sociales.

Estabilidad y solidaridad son, pues, los objetivos de la política
económica del Gobierno, una política coherente y global que pretende que
la actual sociedad española dé respuesta a sus desafíos más inmediatos,
siendo el objetivo básico de estos desafíos y de toda esta política la
creación de empleo.

Las propuestas políticas que pretendan contraponer estabilidad y empleo
cometen, en opinión del Gobierno, un tremendo error e ignoran la
experiencia de aquellos países que hoy están consiguiendo reducir a fondo
su tasa de paro sin contraponer las necesidades de creación de empleo con
los requerimientos de estabilidad de precios. También en nuestra opinión
y con todos los respetos se equivocan aquellos que pretenden ser
partidarios de la estabilidad pero con las políticas intervencionistas de
siempre. La estabilidad económica en precios, en déficit público y en
mercados exteriores no es simplemente una cuestión de voluntad política
sino, sobre todo, de una realidad económica transformada por esa voluntad
política. Esta realidad económica que produce economías estables exige
liberalización, desregulación y un nuevo papel del sector público. La
producción de bienes y servicios en regímenes de monopolio o de
proteccionismo, así como la intervención en mercados para impedir su
funcionamiento, responden a una concepción contradictoria con la economía
moderna europea y mundial. España --y lo sabemos todos bien-- ha pagado
en fechas recientes un alto precio a consecuencia de una política
económica que ha caído en las contradicciones antes señaladas. Se ha
pretendido alcanzar los objetivos de convergencia fijados en Maastricht
sin una política económica global dirigida, a su vez, a aumentar y
garantizar la competitividad de la economía española, y esto no ha
resultado posible. Sólo una política de competitividad global puede
permitir a la economía española alcanzar los objetivos que ya he
mencionado de estabilidad, de convergencia nominal de Maastricht, y
garantizar la creación sostenida de empleo. Esta realidad, ignorada por
políticas económicas anteriores, es la que guía las acciones en materia
económica actual del Gobierno.

Las políticas sectoriales, que pasaré a comentar a continuación, son pues
parte de una política global coherente y también su coordinación en los
foros multilaterales internacionales en defensa de los intereses
españoles. Antes de pasar a detallar las políticas concretas de las
cuatro secretarías de Estado de mi Departamento, quisiera hacer un
pequeño repaso de la situación actual de la economía española.

Tras la profunda crisis que padeció la economía española en 1993, como
SS. SS. saben, se inició una recuperación que ha seguido un patrón
relativamente ortodoxo hasta mediados de 1995, empezando por un tirón
inicial del sector exterior que posteriormente cedió protagonismo a la
inversión como motor del crecimiento. Actualmente sería el consumo
privado el que debería impulsar el crecimiento, pero, como hemos podido
comprobar no sólo por las cifras que ayer hizo públicas el Gobierno sino
también por las que se han hecho públicas por otros institutos nacionales
e internacionales, estamos asistiendo desde mediados de 1995 a una clara
atonía del crecimiento del consumo privado que está afectando a su vez a
la inversión. Por tanto, el crecimiento económico español en 1996 está
condicionado básicamente en opinión del Gobierno a la evolución futura
del consumo privado, no en vano esta variable representó en 1995 el 61,1
por ciento de la demanda interna, pero además esta evolución del consumo
privado es necesaria para favorecer un mayor dinamismo del crecimiento de
la inversión y evitar que se confirmen algunos síntomas recesivos de los
dos primeros meses de 1996.

Pese a las estimaciones sobre la evolución del consumo privado del primer
trimestre que ayer se hicieron públicas y que ponen de manifiesto su
resistencia a crecer por encima del 2 por ciento, existen indicios de una
recuperación suave y gradual en lo que queda de año, tanto en España como
en el conjunto de la Unión Europea. Dado que no parece



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haber condiciones objetivas que justifiquen la atonía del consumo --su
estancamiento en opinión del Gobierno ha de explicarse más bien por
razones de confianza y de expectativas--, en este contexto es necesario
afianzar la confianza de los consumidores. Asimismo, las recientes
bajadas de tipos de interés y el buen comportamiento de los mercados de
capitales, unido al progresivo saneamiento de las economías familiares y
empresariales y a la mejora de confianza comentada, deberían posibilitar
el despegue del consumo. En este sentido es importante constatar cómo
ayer mismo se produjo, como muestra de confianza, una reducción de
nuestro diferencial de interés a largo plazo con el diferencial alemán,
que nos vuelve a situar en tasas similares a las de abril de 1994 que,
como SS. SS. recordarán, supuso el quiebro de una situación de confianza
coincidiendo con una serie de escándalos políticos de los que todos somos
plenamente conscientes.

Respecto a la inversión, la formación bruta de capital en bienes de
equipo parece haber crecido, durante el primer trimestre de 1996, entre
el 3 y el 4 por ciento frente al aumento del 17,4 por ciento de 1995.

Esta ralentización puede responder en parte, sin duda, a un cierto
agotamiento del proceso inversor, tras crecimientos por encima del 10 por
ciento durante seis trimestres consecutivos. Además, la incertidumbre
sobre la evolución del propio consumo, que ya he mencionado, ha podido
incidir negativamente sobre la inversión que, por otra parte, no parece
lógico siga aumentando como en los momentos iniciales de la recuperación,
dada la caída del grado de utilización de la capacidad productiva que se
ha producido a lo largo del último año y que se sitúa en el cuarto
trimestre de 1995 en el 75,3 por ciento.

En relación con el sector exterior, su comportamiento durante 1996 será
muy similar al de 1995, con una ligera aportación negativa al crecimiento
del producto interior bruto. De hecho, el déficit comercial creció en
febrero de este año un 33,5 por ciento respecto al mismo mes del año
anterior, como consecuencia especialmente de un aumento de las
exportaciones muy moderado, del 6,3 por ciento, y de las importaciones,
del 10,6 por ciento. Hemos de tener en cuenta que probablemente la atonía
de mercados, muy importantes para nuestras exportaciones en Europa, está
afectando a esta situación que debería de mejorar según las expectativas
del segundo semestre mejoren en el conjunto de Europa. También hemos de
tener en cuenta que, desde el punto de vista de los equilibrios
exteriores, las perspectivas del comportamiento del turismo permiten
albergar expectativas optimistas en lo que respecta a la evolución de la
balanza por cuenta corriente.

Por otra parte, en el análisis de la situación actual de la economía
española, desde el punto de vista de la oferta, cabe destacar la caída de
la actividad industrial observada en los primeros meses del año (quiero
también mencionar que en el dato que se publicó ayer del índice de
producción industrial se produce una recuperación del mismo a marzo, lo
cual es otro dato que debe inducirnos a un cierto optimismo), así como
una situación de ralentización de la construcción. Por otro lado --SS.

SS. son conscientes--, se espera un importante crecimiento del sector
servicios y especialmente de la agricultura, porque las condiciones
climáticas generan unas expectativas muy optimistas. Hemos de tener en
cuenta, en cualquier caso, que la agricultura supone aproximadamente el 4
por ciento del producto interior bruto. Por tanto, la evolución, aunque
bienvenida, de este sector no puede considerarse completamente
determinante sin la ayuda de otros.

La ralentización económica comentada está favoreciendo, por otra parte,
mayores avances en el frente de la inflación, posibilitando un mayor
acercamiento al cumplimiento de las condiciones de convergencia en esta
materia. De hecho, el buen comportamiento de los precios al consumo en lo
que va de año nos ha acercado a reducir la tasa de inflación interanual
en el 3,5 por ciento y, lo que me parece todavía más importante, la
reducción de la inflación subyacente al 3,8 por ciento, que si
descontamos los efectos coyunturales del precio del aceite se situaría
alrededor del 3,5 por ciento.

Creo que éstos son datos extraordinariamente positivos frente a unos
próximos meses en que los datos comparativos entre las tasas de inflación
de 1995, que fueron sumamente bajas en esta parte del año, y las de este
año probablemente puedan inducir a algunos errores de apreciación. En
este momento el Gobierno y los principales institutos económicos
mantienen para el conjunto del año una predicción de la evolución de los
precios alrededor del 3,5 por ciento.

Estos rasgos básicos de la economía española deben ser comentados, sin
duda, también con respecto a la evolución del desempleo y del empleo. La
reducción del paro está ligada sin duda, como todos somos conscientes, a
la creación del empleo, por lo que la reactivación de la economía
española de los últimos años se está traduciendo en un crecimiento
importante del número de empleados que sin embargo, como consecuencia del
crecimiento de la población activa, no produce una importante disminución
del paro. Descontando los efectos estadísticos de los datos de 1995, la
reducción durante 1996 se ajustará a la evolución del crecimiento
económico y, por tanto, es especialmente importante que se produzca un
aumento de la actividad durante el segundo semestre de 1996.

Es importante también mencionar, desde el punto de vista del
funcionamiento de la economía, el proceso de terciarización de la
economía española que se refleja en la creciente proporción de ocupados
en el sector servicios sobre la ocupación total. El 61,3 por ciento en el
primer trimestre de 1996 marca la principal fuente sectorial de
generación de empleo. El patrón de crecimiento español que, por otra
parte, no se diferencia mucho de otros países con la misma situación
económica, con primacía absoluta del sector servicios, se va consolidando
con firmeza, lo que junto con la relativamente elevada intensidad de este
sector en la utilización del factor trabajo le convierte en el sector
productivo español que se espera genere mayor cantidad de puestos de
trabajo en el futuro. La reactivación esperada de la economía española a
partir del segundo semestre de 1996 y la mayor flexibilidad de los
mercados que poco a poco se va consiguiendo y a los que el Gobierno
dedicará especial atención en las próximas semanas



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permitirán que el empleo crezca a corto plazo, consolidando la tendencia
alcista de la ocupación de los últimos años. En conclusión, y para cerrar
este capítulo de repaso de la coyuntura económica, quisiera insistir a
SS. SS. en que estamos en un momento de la economía española de
transición del ciclo económico, en la que la presente ralentización no
puede separarse de la que está sucediendo en el conjunto de nuestros
principales clientes y mercados de nuestras exportaciones, como es el
caso de los países centrales de la Unión Europea.

Paso ahora a comentar, señor Presidente, las propuestas del Ministerio de
Economía y Hacienda, Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa. Las
primeras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros precisamente
fueron las propuestas por este Ministerio y reflejan las principales
líneas de actuación. Se referían a la reestructuración administrativa,
como paso previo a la reforma de la Administración, y al control del
déficit público.

Por lo que respecta a este Ministerio, sobre todo en relación a la
segunda medida, además se ha procedido --como conocen SS. SS.--, dentro
de la reestructuración administrativa, a la creación de cuatro
secretarías de Estado que, en primer lugar, suponen la transformación del
Ministerio de Comercio y Turismo en Secretaría de Estado y, en segundo
lugar, la separación de la anterior Secretaría de Estado de Hacienda en
dos secretarías de Estado distintas: la Secretaría de Estado de Hacienda
y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Esta reestructuración
ministerial, que tendrá su plasmación definitiva en un decreto que se
hará público en próximas fechas, refleja las prioridades de este
Ministerio como rector de la política económica.

Desde el punto de vista de las responsabilidades encomendadas a cada una
de las secretarías de Estado, quisiera comentar que la Secretaría de
Estado de Economía se encargará de la coordinación de las reformas
estructurales orientadas a mejorar la eficiencia de nuestro sistema
productivo, de las posiciones del Gobierno en los foros internacionales,
especialmente en el Ecofin, del diseño del marco macroeconómico en el que
se mueva la actividad económica del Gobierno, y de ser el motor de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos que estará presidida por el
Vicepresidente Segundo del Gobierno.

La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en su separación de la
Secretaría de Estado de Hacienda, es la expresión de la prioridad
otorgada a la política presupuestaria en el diseño de la política
económica por parte del Gobierno y no en vano, como he mencionado
anteriormente, la primera medida propuesta por este Ministerio ha sido un
acuerdo de no disponibilidad de 200.000 millones de pesetas en los
capítulos II, IV, VI y VII del presupuesto prorrogado para 1996, con un
plazo dado a los ministerios para su aplicación a los programas concretos
hasta el 1 de junio de 1996, en que esa concreción se tendrá que hacer
patente en el Ministerio de Economía y Hacienda. Con esta experiencia
creo que superamos algunos de los errores --si se me permite esa
expresión-- o de las experiencias de medidas anteriores tanto a
principios como a finales del año 1995.

La Secretaría de Estado de Hacienda, por su parte, abordará la reforma
global del sistema tributario, a la que me referiré posteriormente,
orientada al objetivo básico de nuestra economía, que es la creación de
empleo mediante el fomento del ahorro, la inversión y la competitividad.

Asimismo abordará la lucha contra el fraude como uno de los principales
problemas del agotamiento de nuestro sistema impositivo.

La Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa
diseñará la política sectorial desde el punto de vista no sólo del
funcionamiento de los mercados internos, sino también de la presencia de
nuestras empresas en el conjunto de los foros multilaterales, a los que
he hecho mención anteriormente, y la necesidad de concreción y de
realización de la política de turismo, en concordancia con las
competencias de las comunidades autónomas.

Empezando, si me lo permiten ustedes, por la nueva Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, comenzaré a relatar cuáles son sus principales
misiones y cuáles son los objetivos que el Gobierno pretende conseguir a
través de ella. Como he dicho, la creación de esta Secretaría y su
separación de la anterior Secretaría de Presupuestos y Hacienda supone
responder, desde el punto de vista del Gobierno, a la prioridad de una
eficaz programación presupuestaria y al control y racionalización del
gasto público. En este ámbito, los principales condicionamientos, en
nuestra opinión, para un crecimiento sostenido y equilibrado son
precisamente los que se derivan de los desequilibrios del sector público,
y el rango que ahora se le atribuye al control del presupuesto está en
consonancia con la importancia que le concedemos al control del gasto
público como instrumento básico de la política socioeconómica del
Gobierno. En esta nueva Secretaría de Estado se incorpora no sólo una
parte de las unidades administrativas de la Secretaría de Estado de
Hacienda sino también parte de las unidades administrativas de la
Secretaría de Estado de Economía. La reordenación y agrupación orgánica
de todas estas unidades estará relacionada en función de sus actividades
sobre la programación económica y presupuestaria, con el seguimiento y
control del gasto y un uso más eficaz de los recursos.

Los objetivos generales que se atribuyen a esta Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos son la programación macroeconómica y
presupuestaria, de acuerdo con las directrices y prioridades del
Gobierno, la búsqueda de la máxima eficacia en la ejecución y control del
gasto y, por último, el uso más eficiente y coordinado de las políticas e
instrumentos públicos de desarrollo regional con las comunidades
autónomas y con los entes locales. Para el logro de estos tres grandes
objetivos, la Secretaría de Estado de Presupuestos cuenta con el papel
relevante de la Intervención General del Estado a la que, como SS. SS.

conocen, se le ha conferido un rango superior dentro de la escala de
funcionamiento de la Administración, el rango de Subsecretaría. En este
sentido, el Gobierno quiere no sólo demostrar su interés en el control
del gasto público y en el diseño de la política presupuestaria, con una
Secretaría de Estado cuya principal misión sea precisamente el
presupuesto



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y el gasto, sino también dotar a la intervención General del Estado del
suficiente rango administrativo que le confiera capacidades de control
del gasto, tanto desde el punto de vista de legalidad como del de
eficacia.

El compromiso que hemos asumido con los ciudadanos incluye dos tipos de
acciones claramente diferenciadas. Dentro de la política presupuestaria,
la contención y racionalización del gasto público y, dentro de la
política general económica, a la que me referiré más tarde, la
reordenación de buena parte del sistema tributario.

Es importante la concentración de esfuerzos en el control del gasto
público y en su transparencia, ya que, como SS. SS. son conscientes, las
principales instituciones internacionales, tanto la OCDE como la Comisión
de la Unión Europea, han hecho predicciones que no son concordantes con
las intenciones de este Gobierno desde el punto de vista de la evolución
del déficit, lo cual demuestra la necesidad de adoptar nuevas medidas
presupuestarias, no las que teníamos hasta ahora, que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de convergencia. Las propias instituciones
internacionales, a las que he hecho referencia, en sus últimas
predicciones consideraban que la política presupuestaria española hasta
entonces no garantizaba los cumplimientos de los objetivos de
convergencia. Es por eso que el Gobierno, en su primera reunión del 10 de
mayo, no sólo puso en práctica un acuerdo de no disponibilidad sino que
introdujo nuevos criterios de control mensual del gasto público que se
aplicarán no sólo al Estado sino al conjunto de la Administración
central, a los entes y organismos autónomos, así como al Insalud y a la
Seguridad Social. Es importante que estas medidas, desde el punto de
vista de la política presupuestaria, afecten también a la credibilidad y
a la confianza de los mercados y, como he hecho referencia anteriormente,
a partir de las últimas semanas, prácticamente desde mediados de marzo,
se ha producido un importantísimo descenso de nuestro diferencial de tipo
de interés a largo con el bono alemán. Especialmente relevante es la
noticia que les daba, tanto de ayer como de esta mañana, de que en este
momento nos encontramos a un diferencial de 260 a 265 puntos básicos,
similar al de abril de 1994. Es importante también que, dentro de esta
política presupuestaria, se ponga en práctica un pacto de austeridad
entre las administraciones públicas y el establecimiento de mecanismos y
sistemas que limiten la discrecionalidad del gasto.

Quiero poner de relieve ante esta Comisión dos prioridades de esta
Secretaría de Estado. La primera es la elaboración de un nuevo texto de
la Ley General Presupuestaria y la segunda es el desarrollo de una nueva
política de austeridad y eficacia en las compras públicas. Ambas medidas
tendrán traslación en proyectos legislativos del Gobierno.

La nueva Ley General Presupuestaria, en la que está trabajando el
Gobierno y que debería ver su luz en el próximo período de sesiones o en
el inmediatamente posterior, supone una revisión completa del actual
texto. Como ustedes saben, el original data de 1977, por lo que en
opinión del Gobierno es imprescindible su modificación. En cuanto a la
segunda medida, el desarrollo de una nueva política de austeridad y
eficacia de las compras públicas, el Gobierno aprobó, en la reunión del
17 de mayo, una nueva política de compras que será una parte de nuestra
línea estratégica de política presupuestaria y que ya estará puesta en
vigor en la Ley de acompañamiento y en el texto legal de la Ley de
Presupuestos para 1997.

Paso ahora a referirme a las prioridades de la Secretaría de Estado de
Hacienda, también de nueva creación en sus nuevas competencias. El
sistema tributario, en opinión del Gobierno, debe ponerse al servicio de
los principales objetivos de nuestra economía. La búsqueda de la
estabilidad macroeconómica y una mayor eficiencia de los mercados que
mejore la competitividad de nuestros productos requiere una economía más
capitalizada y eficiente. En nuestra opinión, la política tributaria se
ha caracterizado, a lo largo de los últimos trece años, por aumentos de
la presión fiscal que, sin embargo, no han sido capaces de reducir las
presiones del déficit público, más bien han servido como un sistema de
potenciar crecimientos adicionales del gasto público, como ha sido puesto
de relieve por los estudios tanto de la Universidad española como del
propio Banco de España. Como ustedes saben, en los últimos trece años
nuestra presión fiscal ha crecido 9,4 puntos porcentuales del producto
interior bruto, tasa muy superior a la producida en el ámbito de la Unión
Europea. El resultado es que en estos momentos, en opinión del Gobierno,
el sistema tributario está agotado, no reacciona positivamente al
crecimiento económico y penaliza al mismo tiempo el ahorro a largo plazo,
la inversión y la creación de empleo. Por ello el Gobierno pretende
acometer, a lo largo de la presente legislatura, una profunda reforma del
sistema tributario que se basará en los principios de suficiencia,
neutralidad, equidad, simplificación y corresponsabilidad fiscal. La
política tributaria del Gobierno garantizará que la reducción del déficit
público no descanse en el aumento de la presión fiscal. Para ello el
Gobierno asume los siguientes compromisos: en primer lugar, que en 1997
los ingresos tributarios no crecerán por encima del producto interior
bruto y, en segundo lugar, que se producirá una aplicación gradual de la
reforma fiscal desde la perspectiva del mantenimiento de los objetivos de
reducción del déficit público.

Dividiendo los aspectos de esta reforma fiscal que pretende poner en
práctica el Gobierno, empezaré por mencionar las medidas para configurar
un nuevo marco de las relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes. La aprobación de un nuevo marco de relaciones entre la
Administración tributaria y los contribuyentes más acorde con la realidad
legal y política surgida de la Constitución Española de 1978 resulta
imprescindible en opinión del Gobierno. Desde esta perspectiva, la
seguridad jurídica y una mayor igualdad de las partes en la relación
tributaria serán los pilares básicos de la reforma. En este orden de
ideas, el Gobierno pretende remitir próximamente a las Cortes el Estatuto
del Contribuyente, que recogerá y sistematizará los derechos de los
ciudadanos frente a la Administración tributaria, así como las garantías
para hacerlos efectivos. Al mismo tiempo el Gobierno --ya lo ha
anunciado-- pondrá en práctica la creación de una oficina de defensa del
contribuyente, con el objetivo de canalizar y



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dar respuesta inmediata a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los
contribuyentes con motivo de las eventuales irregularidades producidas en
el funcionamiento de la Administración tributaria. La figura del defensor
del contribuyente estará dotada de independencia y autonomía respecto de
la Administración tributaria bajo el criterio de coste nulo. Al mismo
tiempo, como SS. SS. son plenamente conscientes, este funcionamiento de
la oficina de defensa del contribuyente, que estará presidida por una
persona ajena a la Administración, no tendrá ninguna consecuencia desde
el punto de vista de los derechos de los ciudadanos en la presentación de
sus recursos según les ampare la ley. Asimismo, se aprobará un real
decreto de consultas vinculantes que detallará y concretará los supuestos
en los que el contribuyente tendrá derecho a una contestación vinculante
por la Administración a las cuestiones que formule, así como el
procedimiento correspondiente.

El segundo aspecto de la reforma tributaria se refiere a las medidas de
reforma fiscal. El sistema de relaciones con los contribuyentes que se
pretende instaurar obliga a sustituir, en nuestra opinión, la Ley General
Tributaria, que data de 1963, e instaurar un nuevo código tributario de
nueva planta. Con relación a la actual configuración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, el Gobierno considera que la actual
regulación no resulta homologable con las tendencias internacionales y
exige una profunda revisión dirigida a simplificar el impuesto, hacerlo
más justo y convertirlo en un instrumento eficaz para el fomento del
ahorro. Para ello las medidas que el Gobierno pondrá en marcha a lo largo
de la presente legislatura serán las siguientes.

En primer lugar, disminución del número de tramos de la tarifa del
impuesto. Esta simplificación podría iniciarse en paralelo a la reforma
del modelo de financiación autonómica y a la configuración del IRPF como
un tributo compartido entre la Hacienda central y las comunidades
autónomas. En segundo lugar, reducciones del tipo marginal aplicable a
todos los contribuyentes, aunque esta decisión, como hemos puesto de
relieve, estará en función de los avances de la corrección del déficit
público. En tercer lugar, redefinición de la base imponible del impuesto,
de forma que refleje la capacidad económica de los contribuyentes en
función de sus circunstancias personales y familiares. En cuarto lugar,
reforma del tratamiento de las plusvalías, otorgándoles un tratamiento
específico al margen del resto de los componentes de la base imponible,
con el fin de favorecer el proceso de ahorro e inversión y simplificar el
impuesto. En quinto lugar, revisión de la fiscalidad de los sistemas
complementarios de previsión social, en particular los contratos de
seguros y planes y fondos de pensiones, para que constituyan una opción
atractiva para el ahorro a largo plazo y el ahorro previsión.

Desde el punto de vista de las medidas que afectan al Impuesto de
Sociedades, el Gobierno considera que los cambios introducidos en el
Impuesto en la última reforma, aunque son positivos, resultan
insuficientes. Para ello el Gobierno tiene previsto introducir otras
medidas que resultarán imprescindibles para la mejora de la
competitividad de nuestro tejido empresarial. Entre estas medidas el
Gobierno está considerando las siguientes. En primer término, el Gobierno
tiene previsto aprobar antes del 31 de diciembre de 1996 un nuevo
reglamento del Impuesto de Sociedades, que desarrollará aspectos básicos
de la actual normativa, para impulsar la reactivación económica y el
proceso de liberalización. Asimismo, el Gobierno tiene prevista la mejora
de los coeficientes máximos de amortización correspondiente a
determinados elementos patrimoniales, con el fin de aproximarlos a los
establecidos en los demás países de nuestro entorno económico. En tercer
lugar, el diseño de una política eficiente de incentivos fiscales,
contribuyendo a corregir ineficiencias del mercado o a mejorar niveles de
inversión en función de la coyuntura económica. De esta forma se diseñará
una política de incentivos fiscales con carácter estructural, dirigida a
la investigación y desarrollo, a los activos intangibles, a la
internacionalización de la economía y a la formación de personal, así
como los incentivos coyunturales que puedan ser planteados por los grupos
parlamentarios en esta Cámara y por el propio Gobierno.

El Gobierno pretende la eliminación plena de la doble imposición
económica mediante la exención, no sólo para dividendos, sino también
para incrementos de la enajenación de participaciones empresariales.

Adicionalmente, el Gobierno impulsará medidas de apoyo a la
internacionalización de la empresa española. En la misma línea, el
Gobierno efectuará un esfuerzo para ampliar la red de convenios
internacionales para evitar la doble imposición y, en particular, con los
países del área de América del Sur y con otros que puedan ser importantes
desde el punto de vista del crecimiento de la actividad económica de las
empresas españolas. El Gobierno pretende también reflejar el impacto de
la inflación acumulada en las cuentas de las empresas y mejorar sus
niveles de capitalización.

Dentro de las medidas de reforma fiscal, las que se refieren a las
pequeñas y medianas empresas serán las siguientes. La reforma del régimen
de estimación objetiva para alcanzar una mayor adecuación de los
rendimientos netos a los beneficios reales de las empresas, teniendo en
cuenta la situación económica de los sectores a los que es de aplicación
el régimen y no penalizando el empleo. La modificación del Impuesto de
Actividades Económicas para adecuarlo al beneficio de cada unidad y
mejorar su integración con los impuestos directos, así como la reforma
del tratamiento fiscal de la transmisión de pequeñas empresas familiares
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto de
Sucesiones y donaciones entre miembros determinados de la unidad
familiar, con el fin de favorecer la capitalización, el ahorro y la
inversión y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.

Con objeto de instrumentar todas estas medidas, el Gobierno creará una
comisión interministerial que presidirá el Ministerio de Economía y en la
que participarán el Ministerio de Trabajo, Industria y Agricultura, entre
otros. Asimismo, para garantizar que la reforma de la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas cuenta con el mayor consenso social y
político, en los trabajos de la comisión participarán representantes de
los sectores económicos



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como las haciendas territoriales, y en particular las corporaciones
locales como beneficiarias del Impuesto de Actividades Económicas.

En cuanto a las medidas que el Gobierno va a poner en práctica para
aplicar el sistema de corresponsabilidad fiscal, tengo que mencionar lo
siguiente. Después de dos quinquenios de aplicación del denominado
sistema definitivo de financiación, la reforma que se propone se inscribe
en las propias características del sistema que, por estar estructurado en
períodos de cinco años, lleva en sí mismo la reconsideración de sus
elementos fundamentales en el año previo a la conclusión del quinquenio.

Las características más relevantes contenidas en el pacto para la
formación de gobierno, en lo que atañe a la reforma del sistema de
financiación autonómica que SS. SS. ya conocen, son las siguientes. La
cesión del 30 por ciento de la recaudación territorial del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, la capacidad normativa en los impuestos
cedidos y en el propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
la participación de las comunidades autónomas en los órganos de dirección
de la Agencia Tributaria.

Las medidas de lucha contra el fraude las dividiremos en dos partes: las
medidas de carácter preventivo y las medidas específicas de seguimiento y
control tributario. En cuanto a las medidas de carácter preventivo, el
Gobierno se propone poner en marcha, dentro de la Agencia Tributaria, la
unidad interfuncional con los servicios de gestión, inspección y
recaudación para el estudio, análisis y seguimiento de nuevas formas de
contratación, de operaciones, productos financieros y otras modalidades
operativas. Asimismo, y dentro de estas medidas de carácter preventivo,
la implantación de un mecanismo específico de consultas tributarias,
dirigidas a los órganos encargados de la aplicación inmediata del sistema
tributario, coordinado con el sistema general de consultas vinculantes a
que he hecho referencia anteriormente y que será motivo de un decreto-ley
próximamente. Desde el punto de vista de las medidas específicas de
seguimiento y control tributario, el Gobierno pondrá en práctica un plan
de actuaciones coordinadas de inspección y recaudación tendente a la
localización y seguimiento de los distintos elementos patrimoniales en
que se está materializando el fraude, así como la implantación, dentro
del Plan Nacional de Inspección, actualmente en marcha, de medidas
específicas de persecución del fraude en el ámbito del Impuesto sobre el
Valor Añadido, a desarrollar de forma intensiva por los servicios de
inspección tributaria. Asimismo, la aplicación en el segundo semestre del
presente año de un plan extensivo de control de las declaraciones
tributarias de carácter anual, a desarrollar conjuntamente por los
servicios de gestión e inspección tributaria, centrado en los últimos
ejercicios.

Entre las medidas específicas de seguimiento y control tributario, el
Gobierno pretende intensificar los mecanismos operativos de investigación
de prácticas fraudulentas que afectan a la ocultación de los titulares
reales de bienes, derechos u operaciones de trascendencia tributaria y
reforzar la actuación del servicio jurídico de la Agencia ante los
tribunales de justicia respecto al delito fiscal, al delito de alzamiento
de bienes y a otros conexos con la defraudación tributaria.

Paso a comentarles los objetivos de política económica, que serán
llevados a cabo principalmente por la Secretaría de Estado de Economía.

Como he mencionado al principio de mi intervención, la economía española
se enfrenta en estos momentos a uno de sus retos más importantes, como
todos sabemos y en el que hemos coincidido políticamente una mayoría de
la Cámara: el cumplimiento de los criterios de convergencia contenidos en
el Tratado de Maastricht para el acceso a la tercera fase de la Unión
Monetaria Europea. Es un elemento determinante de la definición de las
grandes líneas de política económica de los próximos años.

Un marco estable, libre de incertidumbres, junto con una regulación que
no suponga obstáculos burocráticos para el desarrollo de la actividad
privada permitirá, en opinión del Gobierno, no sólo el cumplimiento de
los objetivos de Maastricht, sino también la generación de empleo
estable. A partir de ese marco macroeconómico estable, debe ser la
iniciativa privada, en opinión del Gobierno, el verdadero motor del
crecimiento. La política económica debe ponerse al servicio de los
sectores productivos y de las empresas, favoreciendo al mismo tiempo un
crecimiento más intensivo del empleo.

Como he señalado anteriormente, el paro en España presenta un importante
componente estructural, por lo que cualquier medida macroeconómica
incentivadora de la actividad debe ir acompañada de avances en materias
estructurales, es decir, en la configuración del mercado de trabajo.

Quiero decir claramente y reiterar una vez más, puesto que el Gobierno ha
insistido en ello en repetidas ocasiones, que estas reformas no deben
significar, y no las significan en opinión del Gobierno, modificaciones
legales adicionales a las practicadas en febrero de 1994. Es mucho más
importante, en opinión del Gobierno, que se fomente y desarrolle el
diálogo social. A través de este diálogo social, la propuesta de
concertación social del Gobierno procurará que los sectores productivos
puedan adaptarse a la situación económica y tecnológica cambiante, sin
que ello implique ningún perjuicio desequilibrado en las relaciones entre
trabajadores y empresarios. La negociación colectiva debe, en opinión del
Gobierno, ganar importancia en el diseño de las relaciones laborales y la
regulación que afecte al sector no debe impedirlo.

En consecuencia, el eje de actuación del Gobierno se basa en conjugar
políticas económicas que permitan alcanzar un marco económico estable y
eliminar al mismo tiempo las trabas al desarrollo de la actividad
productiva. Desde ese punto de vista --lo he mencionado también
anteriormente--, la política fiscal, la reducción del déficit público es
considerada por el Gobierno como el principal criterio desde el punto de
vista de la estabilidad a que en este momento debe hacer frente la
política económica del Gobierno y del cual se derivarán importantes
consecuencias positivas para la economía, como son la reducción de los
tipos de interés y una cotización de la peseta acorde a nuestra
competitividad, cosa que también he mencionado anteriormente.




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Desde otro punto de vista, y también en esta política de reformas
estructurales que debe acompañar a la lucha contra un desempleo que el
Gobierno considera estructural, se debe proceder a revisar las ayudas
públicas al objeto de reestructurar los recursos que ahora se destinan y
su utilización de manera que resulte más eficiente, dirigiendo las
actuaciones hacia proyectos viables y que no tienen acceso a la
financiación privada.

Las mejoras que se consigan por el lado del déficit público, como he
dicho, producirán reducciones en los tipos de interés, que ya se están
realizando, sin poner en peligro, sin embargo, el objetivo de inflación,
y permitirán tener una política monetaria más relajada, que colabore a
estimular el crecimiento y el empleo.

En el debate que en algunos foros se está planteando sobre las
incidencias que podrían producirse en el conjunto de las economías
europeas si se produce una coincidencia de políticas de reducción del
déficit público por parte de los miembros de la Unión Europea, hay
algunas voces que se han alzado diciendo que éste sería un camino para
producir una desaceleración económica en todos los países de la Unión
Europea. Es opinión del Gobierno --y quiero decir que es compartida en la
mayor parte de los foros internacionales por nuestros principales
socios-- que precisamente las políticas de desregulación y liberalización
de mercados son las que mejor garantizan que los efectos o consecuencias
positivos de la reducción del déficit público actúen como verdaderos
instrumentos del crecimiento sostenido y de la creación del empleo. Por
lo tanto, quisiera ahora mencionar a SS. SS. las principales medidas de
desregulación que el Gobierno está contemplando. En opinión del Gobierno,
las medidas de desregulación son un importante instrumento de política
económica para el logro de una mayor eficiencia en la asignación de
recursos e incrementan el grado de competencia en los mercados,
favoreciendo con ello la moderación de los precios y la reducción del
déficit público. Por tanto, la puesta en marcha de medidas
microeconómicas que acompañen a las políticas macroeconómicas estables
ayudará a cumplir los dos principales criterios de convergencia --es
decir, la reducción del déficit público y la reducción de los precios--,
además de contribuir a mantener y a avanzar en una senda de crecimiento
sostenido no inflacionista, de tal manera que no sólo alcanzaremos los
objetivos que se presentan en la convergencia nominal sino también el
mantenimiento estable de nuestras condiciones dentro de la misma.

La actual ralentización del crecimiento aconseja la aplicación inmediata
de medidas de reforma estructural y, por otra parte, muchos de los
sectores a los que pueden afectar estas medidas desregulatorias ya han
experimentado, en mayor o menor medida, procesos de apertura a la
competencia. Estos procesos han venido en unos casos de la mano de las
innovaciones tecnológicas, como podría ser en el sector de las
telecomunicaciones, o de la propia aplicación de las normativas
comunitarias, como podría ser en el sector del transporte aéreo. Estos
referidos avances de las competencias han promovido ya una adaptación
gradual de los agentes económicos a las nuevas condiciones de competencia
que facilitará, sin duda, la aceptación de las nuevas reformas.

Por último, entendemos que es precisamente al inicio de una nueva
legislatura, con un proceso de cuatro años por delante, que una mayoría
parlamentaria --y, si es posible, con el concurso también de otros grupos
parlamentarios-- colabore en la rápida adopción de las medidas
desreguladoras puesto que tenemos el tiempo necesario para desarrollarlas
durante el período político de esta legislatura.

Aparte de las que ya he mencionado --la de las telecomunicaciones y el
transporte--, quisiera hacer mención a otras como son las que se refieren
a suelo y vivienda. En los últimos tres años es cierto que se han
caracterizado por una cierta estabilización de los precios, probablemente
como consecuencia de la crisis profunda del sector en 1993. Sin embargo,
en muchas áreas del territorio nacional la repercusión del suelo sobre
los precios finales de las viviendas y el resto de las edificaciones
sigue siendo, en opinión del Gobierno, excesiva y su reducción sería un
elemento positivo tanto para la creación de nuevas empresas y actividades
económicas como para aumentar la competitividad de las ya existentes y
también, y no menos importante, para facilitar el acceso a la vivienda de
las economías domésticas. Para conseguir ese objetivo y lograr un
funcionamiento más fluido y libre de interferencias administrativas en
estos mercados, el Gobierno considera necesaria la elaboración de una
nueva ley del suelo que clarifique y siente definitivamente la base legal
sobre la que han de desarrollarse las operaciones de las administraciones
públicas y de los agentes privados. En particular, esta nueva normativa
tendrá que referirse, una vez que conozcamos la sentencia del Tribunal
Constitucional, al contenido competencial de las distintas
administraciones --central, autonómica y municipal--, pero también, en
opinión del Gobierno, debe considerar el derecho a edificar como algo
indisociable de la propiedad del suelo, aunque sea posible su limitación
a los intereses generales. Al mismo tiempo, optará decididamente por una
reducción de los plazos en las calificaciones urbanísticas, una
simplificación de los trámites administrativos y una programación de las
actuaciones públicas que permitan al sector privado cumplir la normativa
y operar con la menor incertidumbre posible. Estos elementos, junto con
la calificación de suelo urbanizable más amplia, deben ser las bases de
la reforma de la Ley del Suelo que el Gobierno pretende presentar ante
esta Cámara. Además, desde el punto de vista de las reformas
estructurales, el Gobierno se propone modificar todas aquellas que
consisten en eliminar las barreras de entrada de nuevos operadores en
determinados sectores, especialmente en el sector servicios. Asimismo,
dentro de esta política de reformas estructurales, desde el punto de
vista de la mejora de la eficiencia del tejido económico empresarial de
nuestro país, el Gobierno se compromete a avanzar en una política de
privatización de empresas públicas que, lejos de responder exclusivamente
a criterios meramente recaudatorios, debe basarse en argumentos de tipo
macroeconómico o de carácter general y también en argumentos de tipo
microeconómico y de carácter empresarial.

Entre los argumentos macroeconómicos que justifican, en opinión del
Gobierno, una política de privatizaciones,



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está, sin duda, en primer lugar, el aumento de la eficiencia económica a
través de la supresión de las vías específicas de ineficiencia, la
introducción de estímulos a la necesidad de generar beneficios, al
control más directo por parte de quienes sean los propietarios y al mayor
rigor de los canales de financiación. En segundo lugar, la privatización
reduce la mayor necesidad de financiación del sector público, lo que a su
vez redundará en una reducción del futuro déficit no financiero si los
ingresos obtenidos se destinan, como es opinión del Gobierno, a reducir
el volumen de la deuda. Y, en tercer lugar, se introduce una disciplina
financiera en aquellas empresas que van a permanecer en manos del Estado,
que se verán obligadas a financiarse directamente con cargo al
endeudamiento general en costes de mercado y con total transparencia. Sin
embargo, además de los objetivos generales de la privatización, los que
he denominado objetivos macroeconómicos, la política de privatizaciones
resulta conveniente por razones de tipo empresarial ya que numerosas
empresas públicas están actuando en este momento en sectores de
competencia plena en los que no es fácil justificar la presencia de la
acción del sector público.

Otro campo, sin duda importante, de reformas estructurales es el que se
refiere al sector financiero. El profundo proceso de liberalización del
sistema financiero español iniciado en 1977 ha conducido a un gran
desarrollo de los mercados, instrumentos e instituciones que lo conforman
y, sin embargo, persisten en él algunos problemas de eficiencia que
afectan negativamente a la financiación de la empresa española. Entre
estos problemas destacan los siguientes: el desigual grado de desarrollo
de los mercados financieros con un escaso desarrollo de los mercados de
renta fija privada; la insuficiente presencia del ahorro institucional,
especialmente en instrumentos de deuda privada; la escasez de
financiación a medio y largo plazo para las empresas españolas y, por
último, la concentración de financiación empresarial en las entidades de
crédito. Considerando el negativo efecto que estos problemas producen en
la competitividad de las empresas españolas, el Gobierno se propone
acometer un conjunto de medidas que mejoren la posición financiera de las
mismas. En primer lugar, se pretende continuar el proceso de potenciación
del sistema de garantías como mecanismo de abaratamiento del crédito
bancario a las empresas y, muy especialmente, a las pequeñas y medianas
empresas. Para ello se complementará el desarrollo legislativo iniciado
en la Ley 1/1994 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía
Recíproca y se continuará apoyando a la compañía española de
reafinanciamiento. En segundo lugar, se diseñará un nuevo marco legal
para las sociedades de capital-riesgo afectadas en la actualidad por
diversos problemas derivados de un tratamiento legal incompleto, en
opinión del Gobierno, y de las características de su fiscalidad. En
tercer lugar, y con carácter general, se pontenciarán todos aquellos
instrumentos de financiación que permitan mejorar la actividad
empresarial y los problemas que se plantean en sus financiaciones. Así,
instrumentos como la titulatización de activos, los préstamos
participativos, la mejora de segundos mercados o nuevas fuentes que
permitan atraer recursos estarán en las políticas de desregulación y de
reforma planteadas por el Gobierno.

También quisiera hacer mención en este capítulo de reformas estructurales
a las medidas destinadas a eliminar trabas innecesarias al funcionamiento
de las empresas en el conjunto del marco jurídico-económico y que afectan
principalmente a la vida diaria de la actividad empresarial. Quisiera
poner como ejemplo las reformas consistentes en el compromiso de
modificar con carácter de urgencia la actual legislación concursal
claramente inadecuada para el tráfico mercantil de nuestro país en la
actualidad. Esta legislación tiene unos efectos negativos al afectar a
una de las actividades de mayor relieve económico como es la situación de
desaparición de empresas o, en su caso, su reestructuración. En estos
casos se comprueba que la normativa actual genera graves inseguridades a
todos los involucrados y acaba repercutiendo en el conjunto de la
economía al buscar los agentes económicos la seguridad que la ley no les
otorga.

Paso brevemente a comentar los proyectos del Gobierno desde el punto de
vista del comercio tanto exterior como interior de nuestro país, el
turismo y las pequeñas y medianas empresas, aunque en este caso muchas de
ellas han sido mencionadas anteriormente.

Desde el punto de vista del comercio exterior y en relación con la
Organización Mundial de Comercio, España participará --está
participando-- en la preparación de la Conferencia Ministerial de
Singapur, que se producirá en diciembre de 1996, y que, como SS. SS.

saben, es la primera reunión que se celebra al máximo nivel desde la
creación de la OMC. La agenda de la Conferencia está aún sin cerrar pero
es importante que se garanticen el cumplimiento y la consolidación de
algunos acuerdos de la Organización Mundial del Mercado como son las
negociaciones pendientes en las relaciones entre comercio y medio
ambiente, servicios financieros y quizás telecomunicaciones y transporte
marítimo. Al mismo tiempo, por lo que se refiere a la Conferencia de
Singapur, se plantean algunos nuevos temas como es la relación entre
comercio y competencia, la relación entre comercio e inversiones, la
relación entre comercio y derechos sociales y un mayor impulso al proceso
liberalizador. Nuestro país mantiene una oposición continuada desde
varias administraciones y consideramos que la actividad de la
Organización Mundial de Comercio debe consolidarse antes de lanzarse a
nuevas iniciativas liberalizadoras mostrando, en especial, una clara
oposición, desde el punto de vista español, a la posibilidad de nuevas
reducciones arancelarias adicionales que pudieran afectar a sectores
sensibles como la agricultura o los textiles.

En relación con la política de inversiones exteriores, España continuará
con la negociación del Acuerdo Multilateral de Inversiones, que
finalizará a mediados de 1997, dentro de la OCDE, cuyo objetivo es
ampliar la liberalización, mejorar el tratamiento y asegurar la
protección de las inversiones en los países miembros de la OCDE. La
creciente competencia a nivel internacional en la captación de
inversiones y el impulso a las actividades realizadas por las agencias de
promoción en otros países apuntan claramente



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a la necesidad de reforzar este área de actividad dentro de la actividad
pública del Gobierno en el comercio exterior. Aquí podemos hablar de
avanzar en la negociación de los Convenios de Doble Imposición. Este es
un instrumento especialmente importante en el cual España se encuentra en
una situación de relativa inferioridad con otros países. Para que SS. SS.

sean conscientes, los Convenios de Doble Imposición firmados, por
ejemplo, por el Reino Unido con distintos países suponen 94; Francia, 85;
Alemania, 63; Italia, 54; Países Bajos, 62, y, en el caso de España, sólo
36. Por tanto, es decisión del Gobierno aumentar el grado de colaboración
con otras administraciones para evitar la doble imposición.

Respecto del comercio de material de defensa y de material de doble uso,
vamos a llevar a cabo la actualización de la legislación con un real
decreto que incorpore la lagislación europea y los cambios adoptados a
nivel internacional sobre armamento internacional.

Por otra parte, tenemos en marcha un sistema de asistencia técnica en
destino para resolver in situ los problemas que se les presentan a los
exportadores españoles por parte de las autoridades de otros países.

Vamos a iniciar la acreditación por la ENAC de la red de centros de
inspección de calidad en el marco de certificación de productos o
empresas y la obtención del estatus de organismo certificante, de acuerdo
con las normas ISO-9.000 que, como ustedes conocen, rigen en el conjunto
de los países industriales.

La fuerte competencia internacional actual exige iniciar un seguimiento
sistemático de los datos de comercio exterior de terceros países y
desarrollar, en aquellos aspectos de mayor interés para nuestro país, la
iniciativa comunitaria sobre la apertura de nuevos mercados. Asimismo,
vamos a reforzar el seguimiento y gestión de apoyo a las empresas
españolas en relación con los obstáculos que se encuentren en sus
exportaciones en mercados interiores.

Con respecto a las cuestiones legales y de tramitación, se trata de poner
en práctica nuevos sistemas informatizados de recepción y emisión de
documentos de comercio exterior que agilicen los trámites, impidan las
dificultades actuales y hagan más difíciles las falsificaciones y
fraudes.

Los créditos FAD siguen considerándose por el Gobierno el principal
instrumento que tiene en su mano como regulador e incentivador de la
internacionalización de la empresa. Los créditos FAD se nutren de los
Presupuestos Generales del Estado y, en opinión del Gobierno, la
elaboración de los créditos FAD requiere una clara gestión comercial y,
además, como su principal objetivo son las empresas, dicha gestión está
encomendada por el Gobierno al Ministerio de Economía y Hacienda a través
de la Secretaría de Estado de Comercio. Este instrumento financiero, con
el que cuentan nuestros principales competidores, tiene como objetivo
básico hacer más atractivas las ofertas de suministros de bienes y
servicios españoles en los países beneficiarios y debe hacerse desde el
punto de vista más transparente posible. El hecho de que sea computable
como ayuda oficial al desarrollo no implica, en nuestra opinión, la
alteración de los criterios de gestión ni su ubicación.

Desde el punto de vista del comercio interior, es voluntad del Gobierno
el desarrollo reglamentario de la Ley de ordenación del comercio al
minorista y, por otra parte, vamos a dedicar especial atención a la
mejora de los actuales canales de distribución y comercialización en aras
de aumentar las cuotas de libre competencia en el mercado interior. Así
como la colaboración es esencial con las comunidades autónomas y la
representación de los sectores es un elemento esencial en el desarrollo
de la política de comercio interior, vamos a proceder a revisar el Plan
Marco de Modernización del Comercio Interior contando con la Conferencia
Sectorial de Comercio Interior y con la participación de un comité
consultivo nacional de carácter tripartito entre la Administración
Central, las comunidades autónomas y las asociaciones del sector.

En cuanto a la política turística, quisiera comentar que a corto plazo el
Gobierno tiene dos iniciativas principales. Desde el punto de vista de
los órganos de cooperación, vamos a convocar urgentemente la Conferencia
Sectorial de Turismo y la Comisión Interministerial. Por lo que se
refiere a la competitividad del sector, se van a redefinir, en la línea
de colaboración y cooperación que ha venido presidiendo las actuaciones
de la Administración Central con las comunidades autónomas, las
contenidas en el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español de 1996
a 1999. Es importante resaltar el papel que juega a nivel mundial la
información estadística que elabora nuestro país y, en este orden, tiene
relevancia la próxima presentación del nuevo sistema de información
turística (Situr) a las comunidades autónomas, sector privado y medios de
comunicación y también un nuevo sistema de difusión de información
turística, el Ceditur.

A continuación, me gustaría comentar brevemente la elaboración en los
próximos meses de un plan estratégico para el turismo español que
pretende rediseñar estrategias y actuaciones de la política turística
teniendo en cuenta la situación actual del sector, y también las
competencias de las comunidades autónomas desde el punto de vista de la
gestión de la actividad turística. Por tanto, es misión del Gobierno
cooperar con las comunidades autónomas, apoyar al sector empresarial y
proyectar una política turística española en la Unión Europea y en el
resto de países que son potenciales clientes.

Para el cumplimiento de estos objetivos de cooperación, de apoyo y de
proyección, el Gobierno va a tomar las siguientes medidas: La
reorganización de Turespaña, la redefinición de las actividades de la
Oficina de Turismo Española en el exterior, el impulso al liderazgo del
turismo español en todas las instituciones de la Unión Europea y el apoyo
al sector empresarial con la mejora de la enseñanza turística y la
diversificación de la oferta.

Por último, quisiera mencionar algunas medidas referentes a las pequeñas
y medianas empresas, aparte de las que ya he mencionado desde el punto de
vista de la política tributaria y de la política financiera. Es
importante, desde la perspectiva de la política de la pequeña y mediana
empresa, tanto la coordinación de las políticas sectoriales entre las
distintas administraciones del Estado como la coordinación y cooperación
con las comunidades autónomas en los distintos



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programas de ayuda y la orientación de las políticas generales. Vamos a
prestar una atención preferente a las relaciones institucionales que se
están planteando tanto en el seno de la Comisión Europea como en el
conjunto de los foros multilaterales, en especial, a la DG23 y las
entidades nacionales desde el punto de vista de la potenciación de las
pequeñas y medianas empresas, y aquí nos referimos también a los
autónomos y a las microempresas de hasta diez trabajadores. Es indudable
que para la evolución de las pequeñas y medianas empresas se requiere un
entorno favorable no sólo desde el punto de vista macroeconómico, sino
también tributario, financiero y de la legislación mercantil a que he
hecho referencia en anteriores partes de mi intervención. Para terminar,
en cuanto a las medidas a adoptar para las pequeñas y medianas empresas,
el Gobierno pretende poner en práctica una experiencia de ventanilla
única para los expedientes de las pequeñas y medianas empresas que iremos
extendiendo al conjunto del territorio nacional durante la presente
legislatura.

Señorías, éstas son las principales responsabilidades que el Ministerio
de Economía y Hacienda va a plantear tanto en lo ámbitos de control del
gasto, de política tributaria, de política macroeconómica, como de
políticas sectoriales a las que he hecho mención durante mi larga
intervención.

Quisiera finalizar haciendo alguna referencia a lo que he dicho al
principio de mi intervención sobre las comparecencias que el Gobierno, si
SS. SS. lo tienen a bien y con las modificaciones que SS. SS planteen,
pretende realizar periódicamente en las distintas comisiones. Existen ya
unos precedentes en legislaturas anteriores de comparecencias
trimestrales del Gobierno ante la Comisión de Presupuestos para explicar
la evolución tanto de los gastos como de los ingresos, que nosotros
consideramos válidas, y nos gustaría que los grupos parlamentarios
aceptasen una comparecencia periódica trimestral de los Secretarios de
Estado de Presupuesto y de Hacienda para informar de la evolución de los
ingresos y los gastos, así como una comparecencia del Secretario de
Estado de Comercio en la Comisión de Economía --era tradicionalmente aquí
donde se explicaba la evolución del comercio exterior-- también con
carácter trimestral. Como es natural, ésta es una propuesta que el
Gobierno deja a elección de los grupos parlamentarios y que sobre todo se
basa en experiencias de legislaturas anteriores.

También nos parece relevante mantener la presencia de informaciones del
Gobierno, ya sea en la Comisión de Economía, ya sea en la Comisión Mixta
de la Unión Europea, donde los grupos parlamentarios decidan, desde el
punto de vista de la evolución de las consecutivas reuniones del Ecofin y
de las negociaciones comunitarias en cuanto a la consecución de la Unión
Económica y Monetaria. Asimismo, parece relevante la comparecencia
periódica, que solicitará el Gobierno y estoy seguro que también los
grupos parlamentarios, de los Secretarios de Estado para informar sobre
materias sectoriales, especialmente de la evolución del turismo y del
comercio interior.

Señor Presidente, quiero agradecer la atención y la paciencia quizás de
la Comisión en la presentación de los planes rectores del Ministerio de
Economía y Hacienda, Comercio, Turismo y pequeña y mediana empresa, y me
pongo a disposición de la Comisión para contestar las preguntas que los
señores Diputados crean pertinentes.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

La Comisión, por supuesto, agradece al señor Ministro su comparecencia.

Estamos encantados de que el Gobierno, a petición propia, formule sus
solicitudes de comparecencia en los momentos que considere oportunos. La
Comisión, y en su caso la Mesa si delega en ella, requerirá del Gobierno
las comparecencias en los momentos que considere oportuno.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, Hacienda,
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa (Risas.), quiero, en esta
intervención inicial como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
desearle suerte, y quiero que ésta sea la primera expresión de algo que
este Grupo parlamentario, que ha tenido responsabilidades durante muchos
años en el gobierno de España, entiende que debe ser la solidaridad
elemental con el Gobierno de España en una cuestión como la económica.

Por tanto, vaya por delante mi deseo de que no solamente lo haga usted
bien, que lo haga bien el Gobierno, sino de que, como consecuencia de su
acción, nos vaya bien a todos y vaya bien, en consecuencia, al conjunto
del país. Dicho esto, le quiero decir que tendrá el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista para aquellas cuestiones que formen parte de los
intereses generales en materia económica, aunque sería absurdo, teniendo
en cuenta no solamente los antecedentes del pasado, sino lo que es la
marcha misma de los acontecimientos en el presente, pretender que la
identidad o la compartición de determinados objetivos pudiera llevar a la
identificación de las políticas o a la inexistencia de políticas
alternativas. Ustedes, que en el pasado han sostenido que las políticas
llevadas a cabo por el Gobierno socialista o por los socialistas en su
conjunto no han merecido todos sus plácemes, entenderán que, incluso
desde la prudencia que aconseja también la acción de la oposición en este
primer momento, tenga que señalar ya desde el principio que el acuerdo en
los objetivos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo necesariamente
en todo o en todos los medios. Es legítimo y creo que hay que reivindicar
que existen distintas formas de aproximarse a los mismos objetivos y que
no son neutrales las políticas que se utilicen para alcanzar los mismos
objetivos.

Déjeme de todas formas señalar algunas cuestiones de carácter general que
yo creo que tienen importancia, puesto que usted ha empezado haciendo un
análisis sobre dónde estamos, presumiblemente dónde tenemos que ir y,
básicamente, cómo lo vamos a hacer. Yo tengo la sensación, señor Rato, de
que estamos en una situación en la



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que, sin desconocer las dificultades, la economía española pasa por un
momento que en absoluto es un mal momento; es más bien un buen momento
después de haber vencido dificultades que eran muy superiores hace
solamente unos años. Por tanto, no se trata ahora de hablar de las
herencias que ustedes han recibido o de los legados que nosotros hemos
dejado, sino de que la economía española ha hecho, en relación con los
principales objetivos con los cuales está confrontada en este momento, un
trabajo razonable en estos últimos años que se ha traducido no solamente
por tasas de crecimiento significativas en los años y trimestres
inmediatamente anteriores, sino por el hecho de que las expectativas de
crecimiento --luego me referiré al cuadro macroeconómico y a sus
correcciones-- sin duda alguna son más positivas que en la media de los
países europeos, aunque nosotros podamos tener algunos problemas
específicos.

Es verdad que a lo largo del año 1995, e incluso en lo que va de 1996, se
han producido cambios importantes. Por ejemplo, en materia de empleo ha
habido un comportamiento muy importante, el crecimiento medio del empleo
durante el año 1995 ha sido del 2,7 por ciento de acuerdo con los datos
de la EPA, pero aun cuando ustedes --me consta-- le atribuyan a la EPA un
sesgo en este momento en materia de generación de empleo, no se puede
olvidar que si se mide por afiliaciones a la Seguridad Social, también
para una tasa de crecimiento notablemente inferior a la que ha tenido la
economía en períodos anteriores más gloriosos, sin duda alguna el
crecimiento del empleo ha sido más alto, es decir, ha sido más sensible
en nuestra economía el empleo incluso para tasas de crecimiento más bajas
si se mide también por las afiliaciones a la Seguridad Social. Eso ha
permitido una reducción de la tasa de desempleo y ha permitido incluso
previsiones para el año 1996 que creo que deben ser, sin duda alguna,
mejores que las que ustedes han hecho en este preciso momento.

A mi juicio, en el cuadro macroeconómico --luego, insisto, me referiré de
una manera más sistemática a él-- han rebajado considerablemente no
solamente el crecimiento previsible, sino especialmente --lo que me
parece una falta de ambición notable-- las previsiones de generación de
empleo a lo largo de este año, y yo creo que no es suficiente atribuir al
eventual sesgo muestral de la forma de llevar a cabo la encuesta de
población activa el decrecimiento que han impreso ustedes en las cifras
de generación de empleo durante el año 1996. Me parece que eso da lugar a
pensar que están ustedes curándose en salud de una forma que no creo que
se corresponda realmente con las previsiones mejores que, y de forma más
rigurosa, se pueden hacer. Sobre ese tema volveré.

En segundo lugar, en materia de inflación se ha producido también una
mejora ostensible. Usted se ha referido a ello y me alegro de que ahí no
polemicemos sobre las herencias, porque es verdad que en el año 1995 el
crecimiento interanual de la inflación era del 4,3 y la media fue del
4,7, pero en el año 1996 estamos ya en tasas del 3,4 ó 3,5 interanual,
que espero puedan ustedes conservar a lo largo del año. En esta dirección
el nuevo cuadro macroeconómico que han previsto ciertamente tiene que ver
con la consistencia de los objetivos que ya habíamos previsto también
nosotros anteriormente.

Igualmente, señor Rato, en materia de déficit se ha producido un avance
significativo. En el año 1995 se produjo una reducción de cuatro décimas,
pero si se toman en consideración 1995 y 1996 ó 1994 y 1995, en dos años
se ha producido una reducción de 1,6 puntos en el déficit del conjunto de
las administraciones públicas a través, entre otras cosas, de una
reducción, ciertamente de un esfuerzo de consolidación presupuestaria,
que ha llevado a que el déficit primario de nuestro país --naturalmente
excluidos, por su propia definición, los intereses de la deuda-- sea
solamente del 0,5 del PIB en el año 1995 o comienzos de 1996.

Por tanto, es verdad que se ha producido una mejora en los fundamentos
económicos sólidos de nuestra economía que ha derivado en eso de lo que
con orgullo usted decía que es una buena noticia para los ciudadanos y
para la economía, como es una reducción de varios centenares de puntos
básicos en relación con el tipo de interés correspondiente al bono
alemán, de hecho el diferencial con el bono alemán está por debajo de los
trescientos puntos básicos en estos últimos días. Esto quiere decir que
se han producido mejoras ciertamente, como consecuencia de una mejoría en
los fundamentos económicos, que ha ido unida, por tanto, a una reducción
de tipos de interés, a una mejora en su conjunto de la economía.

Este es el balance con el que ustedes se encuentran en sustancia, que no
quiere decir que todas las tareas estén hechas, pero significa que, a
partir de lo hecho, ustedes tienen que seguir arrimando el hombro para
conseguir los objetivos de convergencia sobre los cuales hemos estado
discutiendo el día pasado también en el Pleno.

En esa dirección, y me refiero ahora a sus previsiones para el año 1996,
ustedes han hecho una modificación de las previsiones anteriormente
existentes, lo cual es perfectamente legítimo y, como conoce bien, señor
Rato, también el Gobierno anterior, y desde luego el Grupo Parlamentario
Socialista, entendía oportuno llevar a cabo una modificación de las
previsiones teniendo en cuenta las modificaciones en las estimaciones del
crecimiento económico que se habían producido no solamente en nuestros
países vecinos sino en el conjunto del mundo. Es verdad que las
previsiones para el año 1996 están muy lejos de ser negativas. El Fondo
Monetario Internacional prevé para Japón un crecimiento del 2,5 por
ciento, incluso una aceleración del crecimiento entre 1996 y 1997 de
hasta el 3,4, en este segundo año, o la continuidad del proceso de
crecimiento en la economía americana. Países como Francia han previsto
también una aceleración de su crecimiento económico en el segundo
trimestre de 1996, y los primeros datos más positivos del crecimiento
económico alemán o de las perspectivas empresariales sobre el crecimiento
económico alemán están empezando a llegar. Por tanto, en esa dirección
más que pesimismo, sin duda alguna, se necesita cautela, aunque sea
cierto que se ha producido, como sin duda alguna tiene usted razón, una
ralentización en el crecimiento económico durante el primer trimestre de
1996.




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¿De ahí se deduce que las previsiones para el año 1996 van a ser las que
ustedes han estimado? No se trata de hacer una discusión estrictamente
técnica en este momento sobre si el 2,3 es exactamente la previsión más
razonable. Uno tiene la impresión, a la vista de cómo han llegado a esas
previsiones, de que siendo esto el resultado fundamentalmente de un menor
crecimiento estimado del consumo y de un menor crecimiento estimado de la
formación bruta de capital fijo, ustedes se han curado en salud en ambos
conceptos.

¿Por qué lo han hecho en materia de consumo? En materia de consumo, y
ojalá que el tiempo permita dilucidar lo que en este momento no puede ser
más que una discusión, y yo estoy seguro, señor Rato, de que usted desea
también, lo ha dicho de hecho, que el consumo vaya por delante de lo que
son sus previsiones, me da la sensación de que ustedes con una estimación
tan baja del consumo están contribuyendo a desalentar, precisamente,
algunos de los efectos más importantes, que es previsible tengan lugar
durante el año 1996.

No es razonable pensar en un crecimiento exclusivamente del 2 por ciento
con la mejora de indicadores que en este momento existe ya, desde el mes
de julio pasado, fundamentalmente en el indicador de satisfacción de los
consumidores españoles o con la mejora experimentada en indicadores de
consumo material, como puede ser la demanda de bienes de automóviles que
ha crecido el siete y pico por ciento en el primer trimestre de 1996, o
con algunos otros indicadores, como la demanda de bienes de consumo de
importación, o con algunos otros indicadores que no son de consumo
material sino de consumo de servicios que están expresándose también de
forma indirecta.

En esa dirección, señor Rato, tengo la impresión de que ustedes, como le
he dicho, se están curando en salud, no sé si para preparar medidas más
duras o, en todo caso, quizás para desde un gobierno --es legítimo--,
apropiarse posteriormente del mayor éxito que respecto de sus propias
previsiones negativas en este momento se pudiera confirmar en el futuro.

En relación con la inversión creo que se podrían hacer algunas
consideraciones similares, pero en lo que me parece que sus previsiones
son especialmente discutibles es en lo que tiene que ver fundamentalmente
con el empleo.

Más allá de la discusión sobre la EPA y sobre los cambios muestrales que,
por cierto, tienen como finalidad hacer ciertas correcciones, ustedes
también han dicho y su Secretario de Estado, creo que de Economía, acaba
de decir que es necesario hacer una modificación de la manera de estimar
el empleo en nuestro país, objetivo al que el anterior Gobierno dedicó
alguna energía y naturalmente confió, como no puede ser menos, a los
servicios del Instituto Nacional de Estadística que depurasen y
perfeccionasen la estadística existente en línea con las mejoras que
están teniendo lugar, por cierto, en la propia Unión Europea y en
coordinación con los métodos así empleados. Pues bien, esta mejora en la
estadística de empleo tiene como objetivo, sobre todo, medir mejor el
empleo desde la convicción que tienen todos los técnicos de este país, y
supongo que también usted, de que el empleo oficialmente medido, sin duda
alguna, introduce algún sesgo en relación con el empleo realmente
existente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, me parece, que no
debiéramos atribuir a una mejora muestral un efecto, en todo caso,
desalentador de las cifras de empleo. De hecho, con la EPA no solamente
de 1995 sino con los datos del primer trimestre de 1996, se sigue que el
crecimiento del empleo ha sido de 31.200 en el primer trimestre del año
1996. Ustedes hacen una previsión de crecimiento de empleo para todo el
año de 125.000, lo cual es escasamente consistente no solamente con la
experiencia de nuestro país, incluso en períodos en que no se ha
corregido la EPA, sino con la reconocida mayor sensibilidad al incremento
del empleo que tiene ya la economía española ante tasas de crecimiento
del 2 o del 3 por ciento. Le doy algunos datos.

En el año 1986, bien lejos, por tanto, de estas discusiones sobre la EPA,
en el primer trimestre se crearon 8.600 nuevos empleos; la cifra final de
creación de empleo fue de 316.000. En el año 1987 se crearon en el primer
trimestre 8.800 nuevos empleos; la cifra final del año fue de 571.000. En
el año 1988 se crearon 17.800; la cifra final fueron 325.000. No
pretendo, naturalmente, sacar de ahí ninguna regla de tres. Lo que digo
es que me parece escasamente consistente, salvo para generar un ambiente
especialmente deprimente, reducir los objetivos o la ambición del
Gobierno en términos de generación de empleo, que es el objetivo por el
que usted ha empezado su exposición y que, por cierto, el Grupo
Parlamentario Socialista esa expresión al menos tendría que compartir y,
de hecho, comparte.

De todas formas, señor Rato, déjeme hacer algunas otras referencias a
cosas que usted ha dicho. Yo tengo la sensación de que en este todavía no
suficientemente depurado ejercicio entre lo que es el tránsito de la
oposición al Gobierno, quizás usted tenga ocasión de decir lo mismo
respecto de los que hasta hace muy pocos días hemos tenido alguna
responsabilidad en el Gobierno, sin embargo, usted no distingue
claramente entre lo que es parte del trabajo que usted tendrá que hacer
en el futuro, y que es su responsabilidad, y trata de convertir cierto
esfuerzo que sin duda le toca, y es responsabilidad del Gobierno
especialmente, en una parte de la responsabilidad ajena.

No quiero entrar en este momento en aspectos como los de la organización
ministerial o en aspectos como los de la estructura que ustedes se han
dado. Sí quiero entrar, sin embargo, en algunos objetivos proclamados y
en algunos de los instrumentos que ustedes han dicho van a utilizar para
alcanzar los objetivos; pero déjeme, sobre todo, expresarme desde la
afirmación, que quiero que sea la principal en esta comparecencia por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, de que podemos coincidir en una
serie de objetivos, pero que, sin duda alguna, tendremos que discutir
mucho las políticas conducentes a los objetivos; que usted, y el Gobierno
de España, podrá contar con el apoyo del Grupo parlamentario Socialistra
para ser responsables en la búsqueda, fundamentalmente, de los objetivos
que inmediatamente para los próximos dieciocho meses son indispensables
para este país, los objetivos de la convergencia, que llevarán, deberán
llevar a mayor competitividad



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y a mayor empleo, pero creo que haríamos muy mal en enzarzarnos en una
política sobre el pasado.

Creo que lo relevante en este momento es qué políticas alternativas a las
pasadas hacen ustedes y cuál es el grado de coincidencia que se puede
alcanzar en torno a esas políticas. Usted dice que es necesario que haya
coherencia y globalidad en la política económica. Es difícil discrepar de
eso. Es difícil discrepar de que tenga que haber una política de
estabilidad macroeconómica. Es difícil discrepar de que tenga que existir
una política de eficiencia. Es difícil discrepar, por tanto, de que la
política presupuestaria, la política monetaria o las demás políticas,
incluso microeconómicas, tengan que buscar eficiencia en un marco global
y en un marco coherente. Pero hasta aquí, señor Rato, no hacemos más que
un bello ejercicio, quizás de dicción literaria o política, que realmente
apenas clarifica nada y, en todo caso, ni siquiera nos permite discutir
racionalmente, porque yo creo que sobre el eslogan o sobre los grandes
rótulos, probablemente, hay más facilidad para ponerse de acuerdo.

Por ejemplo, señor Rato, yo no puedo estar de acuerdo en la afirmación
que usted ha hecho anteriormente sobre que la política de este país ha
pretendido garantizar la convergencia sin dirigirse a mantener la
competitividad. No tiene usted más que analizar los datos producidos por
el propio ministerio, que usted dirige con mano firme, para comprender
que la competitividad de la economía española en los últimos años no ha
hecho sino crecer; y no sólo, señor Rato, como consecuencia de las
modificaciones del tipo de cambio sino como consecuencia de la evolución
de la productividad, de los costes laborales unitarios, de la evolución
de los precios, de la evolución del comercio exterior y de tantas otras
cosas que tienen que ver con muchos de los elementos a que usted ha hecho
referencia. Por tanto, competitividad es una palabra que no es patrimonio
del Gobierno actual. Yo he tenido en el pasado, como otros muchos, la
responsabilidad de explicar esto hasta hartarme y, ciertamente, la
política de convergencia o la política de eficiencia han de ir dirigidas
a la competitividad, incluso si quiere ser una política para la
generación de empleo.

Hablaban ustedes de una serie de medidas que es necesario adoptar. Por
respeto al recorrido que usted ha hecho (que no le acusaré de no haber
tocado todos los temas, porque ha tocado muchísimos y sé que de una forma
forzosa y obligadamente abreviada), sí me parece importante, en materia
de previsiones, señalarle algo que me congratulo usted haya mencionado,
en relación con lo que puede ocurrir dentro de este año. Durante los años
1995 y 1994 se ha producido una caída en la producción agraria de
alrededor del 18 por ciento --entre los dos años-- como consecuencia,
fundamentalmente, de problemas derivados de la sequía y alguna otra
incidencia adicional.

El sector agrario, cuya contribución al PIB es evidentemente escasa, el
cuatro y pico por ciento, como usted ha mencionado, naturalmente no podrá
aportar grandes dosis, pero simplemente --si éste es el año de la cosecha
del siglo o algo parecido-- al colocarlo en velocidad de crucero podrá
aportar casi medio punto, o más de medio punto, al crecimiento del PIB en
este año, cuando en los años anteriores ha tenido una aportación
claramente negativa. Lo digo porque me parece que éste es uno de los
elementos que usted ha incorporado insuficientemente en las previsiones
económicas para el año 1996.

Se refería usted a algunas de las medidas que había que adoptar, y ha
dicho que las medidas principales tienen que ver --y ésta es la prioridad
del Gobierno, si he entendido bien-- con una política presupuestaria
centrada en la contención del gasto público. A continuación, ha dicho que
se adoptarían nuevas medidas presupuestarias para garantizar el objetivo
de convergencia. En esta cuestión, señor Rato --y no quiero hacer la
crítica fácil--, permítame que, con toda educación y afecto, le insista,
por favor, en que, más que anunciar una y otra vez medidas, nos digan
finalmente cuáles son las adoptadas. Conocemos los procedimientos
administrativos, pero estamos impacientes, señor Rato, por saber en qué
se concreta la declaración de no disponibilidad. Ya sabemos que afecta o
puede afectar, teóricamente, a los capítulos 2, 3, 4, 6 y 7. Ya lo
sabemos, pero no sabemos cómo afecta; no sabemos cómo se distribuye entre
ministerios, entre capítulos, ni entre secciones; no lo sabemos. Por
tanto, mientras usted no lo concreta, tendremos que tener paciencia, pero
han transcurrido ya varias semanas desde el anuncio y hasta que pasemos
de las musas al teatro no es siquiera posible juzgar sobre la voluntad de
adoptar medidas congruentes con el escenario de consolidación
presupuestaria.

Ha dicho después que se han de adoptar nuevas medidas presupuestarias. No
sé cuales son. Algunas de las que ha citado no me parecen siquiera
nuevas, porque habla de los criterios de control del gasto mensual y la
verdad es que ya estaban adoptadas. Hablar de una nueva política, de una
política de compras públicas, sin saber de nuevo lo que detrás de ese
rótulo se contiene, son simplemente frases que quizá sean bellas, que tal
vez puedan tener algún contenido, pero que es imposible juzgarlas en este
momento.

También quisiera señalarle alguna cuestión sobre aspectos en los que
usted ha incidido sustancialmente. Usted ha incidido sustancialmente en
materia de fiscalidad al hablar de algunas medidas comprometidas por la
Secretaría de Estado de Economía. Esto de la fiscalidad es un tema como
para hablar largo y tendido. Yo entiendo que usted hoy no pueda
responsabilizarse siquiera de entrar en todos y cada uno de los temas.

Hemos hablado bastante en el pasado de sus proyectos de reforma fiscal,
pero nunca hemos sabido exactamente cuál era el último modelo de reforma
fiscal, y en este momento ni siquiera estoy seguro de que lo que le he
escuchado vaya a ser exactamente lo que se mantenga en el futuro o, sobre
todo, cuándo. Por ejemplo, ha empezado usted por hacer una afirmación
notoriamente inexacta que significa que se ha producido un crecimiento de
la presión fiscal en los últimos 13 años, olvidándose de que el
crecimiento de la presión fiscal es inexistente en los tres últimos años,
y, en segundo lugar, no distinguiendo entre lo que es la presión fiscal
normativa, esto es, la voluntad de incrementar por la vía de la ley la
presión fiscal sobre los ciudadanos, respecto del resultado de una mayor
lucha contra el fraude, una mayor eficiencia en el sistema tributario o
una mayor honradez fiscal por parte de los españoles,



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unido a la evolución coyuntural. Todas esas cuestiones son cosas bastante
distintas. Yo no sé, señor Rato, si lo que quiere es reducir en el futuro
la presión fiscal normativa o la presión fiscal efectiva, tal y como se
desprende de nuestra actual situación, porque, naturalmente, si lo que
pretende es que caigan los ingresos tributarios y el conjunto de los
ingresos públicos, a continuación, tendrá que explicar inmediatamente
cuáles son los gastos públicos que va usted a reducir de una manera
consistente y sobre todo estable, en los próximos años, para alcanzar el
objetivo de consolidación presupuestaria.

Usted se refería a algunas otras cuestiones, al estatuto del
contribuyente, a la oficina de defensa del contribuyente, a un Real
decreto de consultas vinculantes. Algunas de estas cuestiones estaban ya
en marcha; no me refiero al Real decreto de consultas vinculantes, pero
sí, naturalmente, a los resultados de la comisión de lucha contra el
fraude y a las medidas de puesta en marcha en esa dirección. Supongo que
en el futuro tendremos ocasión de discutir cuál es la efectividad o qué
hay de nuevo en lo que ustedes en este momento plantean. Sí me quedo
preocupado, señor Rato, seriamente preocupado, porque confirme usted algo
de lo que hemos discutido de una manera --diríamos-- demasiado abstracta
todavía, que son sus planteamientos de reforma fiscal en relación con el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas o incluso el Impuesto de
sociedades.

En la campaña electoral --y antes de ella-- se habló en repetidas
ocasiones de sus propuestas de reforma fiscal. Después ha habido
declaraciones diciendo que esas reformas quedaban, o podían quedar,
aparcadas. Incluso hay declaraciones textuales suyas y de su Secretario
de Estado diciendo que tendrían que hacerse, quizá, al final de esta
legislatura y, en todo caso, acompasadas al déficit público. Ahora bien,
más allá de en qué momento lo hagan (porque hasta que no lo hagan será
difícil juzgar nada de estos efectos y más me parece que forman parte de
anuncios que después no se traducen en proyectos de ley y, por tanto, no
son susceptibles de ser juzgados) sí me preocupa extraordinariamente que
usted anuncie cosas como la reducción significativa de los tramos en el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tiene, simplemente
por su propia lógica, un efecto significativo de caída en la
progresividad fiscal, o algo que usted, si le he entendido bien, ha dicho
con claridad, que es el tratamiento separado de la base imponible en el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas, de las plusvalías, que
es tanto como romper el impuesto en dos.

No quiero entrar en este momento en otras cuestiones que se podrían
plantear, pero ciertamente algunas definiciones o enunciados como la
redefinición de la base imponible o la toma en consideración de
exenciones, bonificaciones, etcétera, solamente podrá ser juzgada cuando
haya un texto.

Sí me preocupa la línea en la cual persiste usted, y persiste en este
momento ya desde el Gobierno, en anunciar algo que por los estudios
previamente hechos, tengo la impresión de que tiene un efecto negativo
desde el punto de vista del reparto de la carga tributaria, así como
desde el punto de vista de la evolución de la recaudación, en un país en
el que, aun cuando haya crecido la presión fiscal como consecuencia de
las necesidades de financiar un mayor Estado del bienestar, con el que
hoy dicen ustedes estar de acuerdo; sin embargo, todavía seguimos estando
a una considerable distancia, en términos de presión fiscal, de los
países de la Unión Europea. Y no es que esté propiciando el aumento en la
fiscalidad o en la carga fiscal, estoy simplemente analizando y
comparando con un espejo, que es el de los países de la Unión Europea.

En materia de Impuestos de sociedades, ¿qué quiere que le diga? Tendremos
que verlo. Han hablado de algunas cosas: coeficientes de amortización más
generosos, actualización de balances, incentivos fiscales eficientes; ha
hablado usted de nuevos incentivos fiscales a I`D, a los activos
intangibles, etcétera. Se acaban de poner en marcha algunos de estos
nuevos incentivos en estas precisas materias. No sé qué habrá de nuevo.

Tendremos que analizarlo cuando esto no sea un anuncio sino,
efectivamente, una propuesta por lo menos legislativa o reglamentaria. En
todo caso, vuelvo a formularle una preocupación no solamente recaudatoria
inmediatamente, tal vez estas medidas a corto plazo no tienen una gran
incidencia recaudatoria, sino respecto de la potencialidad recaudatoria
futura de un impuesto que ya está muy mermado como es el Impuesto de
sociedades y en el que quizá la incentivación a corto plazo se da de
bruces con los efectos fiscales de consolidación en el medio plazo.

Creo que vamos a tener que esperar tanto en lo que se refiere a esta
cuestión como en relación con otros aspectos fiscales. No resisto, señor
Rato --y lo entenderá--, la tentación de hacer alguna referencia a dos
cosas que usted ha mencionado y que voy a unir. En primer lugar, usted ha
dicho que hay que modificar el Impuesto de actividades económicas, el
Secretario de Estado de Economía lo ha dicho también estos últimos días
en varios momentos. Simplemente lo formulo a título de preocupación y lo
uno con otra modificación que, al parecer, ustedes han pactado en los
ingresos que, finalmente, son ingresos del Estado. Me refiero al pacto de
financiación con las comunidades autónomas. El Impuesto de actividades
económicas es un impuesto que financia a las entidades locales. Si por
mor de incentivar la actividad empresarial reducen ustedes los ingresos
de las corporaciones locales, caben dos hipótesis: una, que haya una
mayor insuficiencia de la que las corporaciones locales proclaman tener
en sus presupuestos y que, por tanto, tengan que recurrir al Estado en
demanda de nuevas transferencias a las corporaciones locales, o bien que
simplemente hagan ustedes un mayor agujero y lo tengan que cubrir desde
otra perspectiva.

Exactamente el mismo problema se plantea, señor Rato, cuando para el
ejercicio de las mismas competencias que en este momento existen hay
aparentemente un pacto de financiación con la Comunidad Autónoma de
Cataluña (con Convergència i Unió) con vocación de extenderse al conjunto
de comunidades, que el Conseller señor Macià Alavedra ha evaluado para
este período y solamente para Cataluña, en 220.000 millones de pesetas,
sobre la base de una participación en los ingresos del IRPF sin topes y,
por tanto,



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clarificando algo que el Gobierno nunca hasta ahora ha querido clarificar
a pesar de las sucesivas preguntas que ha recibido por parte de la
oposición. Si esto coincide con su evaluación de que el coste de la
financiación autonómica nueva sería de 780.000 millones de pesetas, la
pregunta inmediata, señor Rato, es la siguiente: la prioridad de la
política presupuestaria y de la consolidación presupuestaria a la que
usted hacía referencia ¿cómo se casa? ¿De dónde se quita y dónde se pone?
Naturalmente me apresuro a volver a insistir en que digo si esto es así,
porque son ustedes quienes tienen que confirmarlo o desmentirlo.

Alguna otra cuestión, señor Rato, sobre las reformas estructurales.

Simplemente tomo nota de que ha vuelto a decir que en materia de reforma
del mercado de trabajo no tiene intención de hacer modificación legal,
sino plantear el diálogo entre los interlocutores sociales. Tomo nota de
ello, creo haberlo entendido bien. En segundo lugar, en relación con esta
cuestión usted ha hablado de un conjunto de reformas estructurales. Me
gustaría, si tiene usted la bondad, que pudiera avanzar algo más que en
el mero enunciado, en los meros rótulos. Ha dicho que algunas tendrán que
afectar al transporte aéreo, a las telecomunicaciones, a la vivienda,
etcétera, pero me gustaría saber cuáles más de las que ya se han puesto
en marcha afectarán a las telecomunicaciones, cómo se pondrán en marcha,
si adoptarán ustedes medidas legislativas, medidas de decreto, cuándo,
cómo, de qué forma. En transporte aéreo qué piensan hacer que no esté en
marcha en este momento, por saberlo, porque estamos hablando de reformas
estructurales como si fuera una especie de caja negra a la cual todo el
mundo se refiere y nadie sabe en qué consiste.

En materia de vivienda ha insistido usted en la importancia que tiene el
precio de la vivienda, pero a continuación ha dicho --si le he entendido
bien-- que esperarán a la sentencia del Tribunal Constitucional para
presentar una modificación de la Ley del Suelo. Por tanto, los efectos en
materia de precios habrá que fiarlos, supongo, a cierta dimensión en el
tiempo, a cierta separación en el tiempo.

Me temo que el tema de las privatizaciones puede dar lugar a un bello
debate. En este momento, señor Rato, yo tengo una seria discrepancia con
la forma en la que ustedes están aparentemente empezando el abordaje de
esta cuestión. Creo que a pesar de su proclama de no utilizar las
privatizaciones para hacer caja, a mí me parece que las cuentas no les
van a salir, y tengo la sensación de que están ustedes pensando que la
aportación de las privatizaciones, naturalmente me refiero a las
privatizaciones de tres o cuatro empresas, son las que pueden servir para
alcanzar el equilibrio presupuestario o la reducción del déficit en los
términos que se lo están planteando. En este momento no se trata de
discutir teóricamente sobre esta cuestión. Creo que usted comparte
conmigo la idea de que el déficit sólo se reduce si los ingresos
corrientes son mayores que los gastos corrientes, o si una combinación de
ingresos y gastos corrientes permanentes, no atípicos, conduce por tanto
a una consolidación presupuestaria en esta dirección, y, naturalmente, la
venta de activos patrimoniales es simplemente una forma de financiación
de una situación pero no un problema permanente.

Por tanto, señor Rato, incluso sin desconocer la aportación que a la
financiación del déficit pueda hacer un determinado proceso de
privatizaciones más allá de la discusión que pudiéramos hacer sobre él,
me preocupa que la economía española llegara a 1997 habiendo, sobre todo,
financiado el déficit y no habiendo resuelto los problemas del déficit,
porque significaría --y no lo diré fuera de aquí, señor Rato--, que los
fundamentos económicos no serían saludables; incluso si esto pasara y si
nadie se diera cuenta, lo cual es harto dudoso, naturalmente es muy
distinto llegar con una forma de resolver los problemas o con otra, y yo
creo que éste es un problema que hay que abordarlo y hay que hacerlo en
serio.

El segundo lugar, ojalá que su Gobierno tenga finalmente una única
expresión en esta materia, desde la privatización de todo a la
privatización selectiva, a solamente algunas cosas, o vaya usted a saber
quién, cuándo y cómo. Por tanto, en esta cuestión espero que podamos
tener un poco más de claridad.

Finalmente, en relación con otras reformas que usted ha anunciado algunas
son reformas que formaban parte de los proyectos habituales y que ya
estaban impulsadas, el sistema de garantías recíprocas en las pymes, las
sociedades de capital riesgo, supongo que no dedicarán, como ha dicho
usted textualmente, sus energías a mejorar todos los mecanismos de
financiación empresarial, así he tomado nota textualmente, creo que
conviene ser un poco selectivo con independencia de que esto sea
importante. Me parece bien que prosigan los trabajos en materia de
reforma de la regulación concursal que ya se habían iniciado, lo mismo
que me parece bien dediquen alguna atención a aspectos como el FAD, el
turismo o las pymes, aunque debo decirle, señor Rato, que en esto ha sido
usted bien poco original, ya sabíamos todos en qué consistían los FAD,
creo que es bueno que elaboren criterios, háganlo pero, sobre todo,
expliquen los criterios, no digan que van a elaborar criterios. En
turismo si tienen que reelaborar la estrategia existente lo que convendrá
es, sobre todo, saber en qué consiste la reelaboración más que el anuncio
de que van a reelaborar. Lo mismo le diría en relación con las pymes,
sobre todo las que usted ha sido especialmente poco preciso, pero lo
entiendo teniendo en cuenta a la cantidad de cosas sobre las que usted ha
tenido que hablar hoy.

Señor Rato, quiero terminar diciéndole dos o tres cosas. Primera, le
repito algo que le he dicho al principio; le deseo mucha suerte. Segunda,
el Grupo Parlamentario Socialista, como le hemos anunciado, va a hacer
una oposición responsable; espero que podamos ponernos de acuerdo al
menos en los objetivos y discutir quizá encarnizada, pero siempre
civilizadamente, sobre los instrumentos para alcanzar los objetivos. Yo
creo que hay políticas económicas alternativas, y no creo que la política
que ustedes vayan a hacer sea la misma --usted lo ha dicho también-- que
la que nosotros hicimos o la que nosotros haríamos en este momento.

Hay puntos de coincidencia, en los cuales no les faltará, sin duda
alguna, el hombro del Partido Socialista, si podemos coincidir; y si
podemos coincidir en el mantenimiento del Estado del bienestar; si
podemos coincidir en la aplicación



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de una política de solidaridad; podemos coincidir en la aplicación, por
tanto, de instrumentos que no sean, desde luego, incompatibles con lo que
a nosotros nos parece que es fundamental preservar en este período,
incluso para alcanzar los objetivos de la Convergencia.

Segundo, yo creo, señor Rato, que ustedes yerran al plantearse la
política presupuestaria y la política fiscal en los términos en que lo
están haciendo, pero esto puede ser un elemento de discusión posterior.

Finalmente, un ruego, señor Rato, que lo haría porque creo que no es ya
la petición de la oposición, sino también de los mercados. Tengo por aquí
un documento de uno de los muchos bancos que publican cosas sobre la
economía española. Se pueden citar cosas en todo momento, pero hace unos
días llegaba a mi mesa un documento en el que un importante banco lo que
decía es: el Gobierno está haciendo promesas, promesas, promesas; todavía
medidas no ha tomado ninguna. ¡Tómenlas!
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.

En principio, como es de cortesía, desearle éxito en su labor, señor
Rato. Anunciarles que no vamos a hacer una oposición por agotamiento,
sino en función de criterios absolutamente independientes y
diferenciales, puesto que desde el principio le anuncio que no
coincidimos en los objetivos, y no coincidimos en los métodos, en los
caminos, ni en las políticas concretas que se anunciaban en su programa
electoral, realmente ambiguo, y que se está concretando en estos momentos
de manera bastante ambigua y balbuciente.

Después de una precampaña y campañas electorales en las que ustedes no
aterrizaban, porque en el fondo estaba la coincidencia de los objetivos
con el Partido Socialista y no podían diferenciarse en los métodos, en
las políticas concretas, en las que ahora posiblemente se empiecen a
diferenciar, ustedes han empezado a aterrizar bruscamente a través de
declaraciones de prensa, a través de declaraciones de medios de
comunicación, ya que seguimos de manera muy interesada las opiniones de
usted, del señor Piqué, del señor Barea, que de nuevo ayer volvía a
opinar que es necesario un segundo y más profundo recorte presupuestario.

En función de eso, señor Rato, nos encontramos, en principio,
políticamente con una realidad, y es que quizá se empiece a tener la
tentación de convertir la política económica, en sus aspectos
fundamentales, en una especie de política comunicativa.

El debate fundamental al que estamos asistiendo, no tanto hoy aquí aunque
sí a través de la última exposición que ha hecho el señor Eguiagaray,
puede caer en la tentación de convertir todo el debate del próximo
período, hasta finales de 1997, en la siguiente dicotomía: por parte del
PSOE decir que la herencia que ustedes han recibido es buena, que la
situación económica es muy buena y que, por tanto, ustedes tienen el
camino allanado hasta finales de 1997; que si lo hacen medianamente bien
pueden superar el exámen del 1.º de enero de 1998 para entrar en la
primera velocidad de la tercera fase del ciclo de la moneda única; y por
parte de ustedes está operando la contradicción, que hasta ahora es el
centro de su política comunicativa, y que ayer mismo usted retomaba de
manera drástica al cambiar el cuadro macroeconómico, en el sentido de que
la herencia que ustedes reciben es muy mala, que necesita ajustes muy
duros y muy rápidos y que, en función de eso, si no se logra entrar
--relojes sí, relojes no-- en la primera velocidad de Maastricht a partir
del 1.º de enero de 1998 es por culpa de la herencia que ustedes han
recibido.

Si ésta es la dinámica comunicativa y todo se convierte en esta especie
de pimpón dialéctico, me parece que no se tienen en cuenta cuestiones,
que yo creo que usted ha empezado a tener en cuenta hoy aquí al cambiar
el mensaje. Frente al mensaje absolutamente pesimista que usted dio ayer
al cambiar el cuadro macroeconómico, hoy ha empezado a girar hacia
planteamientos mucho menos pesimistas, algo más optimistas, quizá
teniendo en cuenta las consecuencias que de un debate de este tipo se
pueden derivar sobre la marcha directa diaria de la economía, de los
mercados financieros, etcétera.

Por tanto, yo les pido que vayamos al núcleo real de las políticas
económicas. Ustedes tienen objetivos muy similares con el Partido
Socialista Obrero Español. Han anunciado muchas medidas. En consecuencia,
se trataría de ir aterrizando, de ir viendo realmente cómo afectan esas
medidas desde el punto de vista de otra matriz política, que es la que
nosotros defendemos y que, por tanto, yo le puedo aclarar con perfiles
mucho más claros que el señor Eguiagaray.

A nuestro juicio ustedes están realizando un continuismo acelerado y
radical de la política del Partido Socialista Obrero Español. Tienen el
mismo objetivo: integrarse en la primera velocidad de Maastricht a partir
de 1998, y para este objetivo han anunciado fundamentalmente dos
políticas: Un criterio estrella, bajar el déficit público con dos medidas
fundamentales, el recorte presupuestario, el recorte en los gastos
públicos; y, en segundo lugar, las privatizaciones.

Junto a esto empiezan ustedes a hablar de nuevo de un cambio en la
estructura impositiva, de variación respecto a la aplicación de distintos
impuestos, que poco a poco empiezan a concretar, pero que no sabemos muy
bien al final cómo va a quedar la cosa y qué significado va a tener,
porque, por ejemplo, cuando usted ha hablado hoy de la reducción de
tramos del IRPF ha dicho que se hará coincidir con la financiación
autonómica. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Le ruego que me lo
aclare, porque si se cambian deducciones, si los tramos se reducen y esto
coincide con la financiación autonómica, ¿con qué nos estamos
encontrando, señor Rato?
¿Esto va a ir consignado en la ley presupuestaria para 1997? ¿Puede haber
distintas estructuras en función de las distintas comunidades autónomas?
Son preguntas que hay que hacerle en función de lo que usted acaba de
decir,



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puesto que lo ha dejado sobre la mesa, no ha añadido absolutamente nada,
y no se le ha preguntado, cosa que me extraña, porque implicaría un
cambio sustancial respecto a cierta lealtad fiscal que empieza a
sobrevolar en función de las declaraciones que ustedes hacen y en función
de la explicación poco concreta que han hecho de los acuerdos con
Convergència i Unió y otros partidos nacionalistas.

Ustedes fundamentalmente vienen hablando --es el mensaje público que está
hoy funcionando-- de recortes y privatizaciones. Nosotros en principio
nos vamos a centrar ahí para, finalmente, hacerle una serie de preguntas
que se deducen de la intervención larga que usted ha hecho.

Han hablado ustedes de un recorte inicial de 200.000 millones del gasto
público, que todavía no tiene aplicación concreta --vamos a esperar unas
semanas para ver esa aplicación--, pero parece que sin duda va a afectar
a todos los ministerios, empezando por el de Fomento, y que va a afectar
de manera directa y grave a la inversión pública. Este recorte, por
decirlo muy directamente, señor Rato, quiere decir que se prevé una
disminución de ingresos fiscales, este recorte de 200.000; el anuncio de
que habría que hacer otro de 400.000; y el anuncio, todavía más allá
--esta vez a nivel indicativo-- del señor Homs que decía en una
comparecencia ante los distintos medios de comunicación hace 15 días que
incluso habría que llegar a un billón de pesetas en el recorte.

Esto quiere decir, señor Rato, que hay una disminución de ingresos
fiscales. Es decir, por una parte, que la política de lucha contra el
fraude no se va a incentivar de manera adecuada, aunque usted ha hablado
hace un par de días de ella, pero de manera muy breve y muy ocasional; y,
en segundo lugar, parece ser que esto se configura como un aspecto clave
de la política del Partido Popular: la disminución de ingresos fiscales,
por una parte, y el aumento constante como dinámica usual, por lo menos
en estos dos próximos años, de los recortes del gasto público, los
recortes presupuestarios.

Esto coincide con anuncios que ustedes han hecho, de manera muy concreta
incluso ante reuniones de empresarios: actualización de balances, por
ejemplo; la rebaja del tipo del Impuesto sobre sociedades, por ejemplo;
las vacaciones fiscales respecto a determinadas empresas. Quiero que
usted, si quiere y puede, me aclare en su intervención este tema de los
tramos para el IRPF, conectado con la financiación autonómica.

Señor Rato, nuestra primera grave preocupación está en eliminar unos
800.000 millones de pesetas anuales de las cuentas estatales para reducir
el déficit al 3 por ciento en 1997, estrechar el diferencial de inflación
a 1,5 puntos respecto de los países con menor tasa. Con los rígidos
esquemas actuales de la política económica y entrando, como parece que se
entra --cito palabras suyas de ayer, no textuales sino equivalentes--, en
un estancamiento del ciclo expansivo, una desaceleración, una
ralentización, lo que usted quiera, es sencillamente imposible, a menos
que vaya existiendo un mayor y creciente deslizamiento a la derecha,
pretendiendo imponer medidas de profunda regresividad social. Es
absolutamente imposible cuadrar las cuentas, señor Rato, tal como van las
cosas, teniendo en cuenta su política fiscal, la serie de acuerdos que
están realizando y los problemas que plantean a la hora de definir la
globalidad de su política.

Otro aspecto fundamental al que ustedes han hecho referencia es el tema
de las privatizaciones. Ha cundido la alarma, señor Rato. Se están
creando ya plataformas, mesas, encuentros de todo tipo, desde Bilbao a
Cádiz pasando por Madrid, por Argentaria, por el resto de la empresas
sobre las que se ha situado el foco de la privatización, con perfiles y
titulares bastante escandalosos desde el principio, señor Rato, que el
otro día el señor Piqué moderó hasta cierto punto con motivo de la
interpelación en el Pleno del Congreso, pero lo hizo de manera
insuficiente, porque cuando dijo que se trataba de realizar un plan
estratégico y profundo de privatizaciones, en ningún momento definió en
qué consistía, con qué objetivos y en qué plazos. Habló de un plan
estratégico y rápido para privatizar todo lo rentable en esta
legislatura, señor Rato, y en segundo lugar, cosa que también ha dicho
usted en una entrevista en ABC, para reducir las aportaciones a las
empresas públicas no rentables.

Si esto es así, señor Rato, nosotros queremos saber exactamente en
función de qué criterios se privatiza. Entendemos, aunque se resistía a
decirlo el señor Piqué que se trata fundamentalmente de reducir el
déficit público. Es decir, ustedes aceptan aquella famosa teoría del
señor Solchaga de que la empresa pública no es una parte de la política
industrial, sino que es fundamentalmente una parte de la política
financiera, que son activos patrimoniales que no pueden permanecer
ociosos. Por lo tanto, de cara al 1 de enero de 1998, con el objetivo de
la convergencia, ustedes van a acometer un precipitado de
privatizaciones, objetivo que ocultaba en principio el señor Piqué, pero
que ustedes sí lo están diciendo constantemente en los medios de
comunicación, porque el señor Piqué aludía a una especie de saneamiento
del mercado de capitales y cosas por el estilo, sin ningún tipo de
concreción.

Si esto es así, señor Rato, nosotros estamos absolutamente en contra. No
hablamos del cómo ni de la velocidad, hablamos del fondo de la cuestión:
estamos absolutamente en contra. Si quiere que hablemos del cómo, de la
táctica, de aspectos superficiales, tampoco estaríamos de acuerdo, y por
eso hemos pedido que se pare, esta vez sí, el reloj de las
privatizaciones.

Ustedes están calculando ese plan urgente de privatizaciones con el
horizonte de diciembre de 1997, como si fuésemos a sufrir este examen
todos los países el 1 de enero de 1998. Aquí es donde se produce el
desliz del señor Matutes. Si no se produce este horizonte de manera
rígida a finales de 1997 y procedemos a una precipitación urgente de
privatizaciones, creemos que se comete un error de primera magnitud,
porque se puede bajar el déficit de manera coyuntural, pero a partir de
1997, cuando se haya vendido todo, que es de lo que se dispone para bajar
el déficit, incluso de manera coyuntural, señor Rato.

Por tanto, pedimos que se pare la cadena de privatizaciones de inmediato
y que empecemos a discutir en función de ese papel, de esa especie de
plan estructural, de plan estratégico de privatizaciones, que ha
anunciado el



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señor Piqué, con respecto al cual nosotros pensamos que en absoluto tiene
las ideas claras.

Por otra parte, señor Rato, teniendo en cuenta que ustedes hablan de
privatizar fundamentalmente empresas rentables, no sabemos si están
calculando bien la situación, porque esto a lo mejor ha podido surtir
efecto en 1995, cuando sí bajó el déficit, pero en 1994 y otros años este
tema ha sido absolutamente negativo. Ustedes mantienen aquí la misma
política del PSOE, que empezó a privatizar en 1985 y ha hecho cuarenta
procesos de privatizaciones entre 1985 y 1995; ustedes recogen ese legado
y lo intentan acelerar en el próximo período, fundamentalmente sobre la
filosofía de los dos o tres últimos años, el intento de bajar el déficit.

Sin embargo, al PSOE no siempre le salían las cuentas. Por ejemplo, en
1994 privatizó mucho, pero teniendo en cuenta los dividendos que daban
esas empresas, en segundo lugar, que ganaron más de lo previsto, en
tercer lugar, las bajadas de tipos de interés que se producían entonces y
se están produciendo ahora, no hubo un descenso real del déficit público
en función de esa operación que se hizo en 1994, aunque sí en 1995 o en
el último trimestre, pero, claro, es como decía el titular de un
periódico de amplia difusión que, gracias al aumento de las
privatizaciones y a la disminución grave de la inversión pública, ha
bajado el déficit. Así cualquiera, señor Rato. Me refiero a ese período,
pero ustedes, repito, llevan la misma política con características de
aceleración, de radicalización, en función de ese objetivo, que comparten
con el Partido Socialista Obrero Español, de entrar, como sea, al precio
que sea, en la primera velocidad de Maastricht a partir del 1 de enero de
1998.

En segundo lugar, señor Rato --usted también lo dijo en ABC el otro
día--, la segunda cara de la moneda es bajar las aportaciones a las
empresas no rentables. Ustedes han realizado acuerdos con los sindicatos
y con los territorios --acuerdos publicados en los medios de
comunicación--, muchos de ellos suscritos formalmente, con respecto a
aportaciones que suponen un billón de pesetas hasta el año 2000; la
aportación directa a Hunosa es de unos 50.000 millones, o la financiación
del endeudamiento que se hace con respecto al resto de las empresas
públicas no rentables, por ejemplo Astilleros. Teniendo en cuenta las
luchas que se dieron en Cádiz --no voy a citar a ciertas personas--, en
Sevilla, en Galicia o en otros territorios del Estado, como Asturias, en
otro orden de cosas, teniendo en cuenta que hay una consecuencia
gravísima con respecto a la estructura social y territorial con respecto
a la cual las empresas públicas cumplen un papel de primera magnitud como
tirón y como elemento de integración ¿quiere decir esta declaración de
ustedes, que no se atrevió a formularla tan rotundamente el señor Piqué
aunque al final también lo dejó ver, que no van a respetar los acuerdos
de aportación a las empresas públicas no rentables, que supone
prácticamente un billón de pesetas, en territorios muy determinados del
Estado hasta el año 2000? Porque si estas dos cosas, privatización de las
empresas rentables y disminución seria a las no rentables, se conjugan,
nos vamos a encontrar con una confrontación social seria, señor Rato. Ya
le digo que se están constituyendo plataformas, comités, mesas,
encuentros de todo tipo, de cara a la defensa del sector público
empresarial y, en general, de los servicios públicos de este Estado.

Y paso finalmente, señor Rato, a hacerle algunas preguntas como
consecuencia de su intervención teniendo en cuenta la realidad que
estamos viviendo, derivada mucho más de las declaraciones que ustedes han
hecho que de la propia exposición que usted ha realizado aquí, mucho más
global y difusa. Desde luego, las declaraciones que están haciendo están
provocando esta intranquilidad en muchos sectores de la sociedad
española.

Señor Rato, la primera pregunta ya se la he hecho, la reducción de tramos
de IRPF ligada a la financiación autonómica. En segundo lugar, me ha
parecido entender que en ustedes existe una cierta identificación, por lo
menos en las consecuencias, entre planes de pensiones y fondos de
inversión a la hora de reducciones fiscales. Si existen ya los fondos de
inversiones ¿por qué ir acercando la caracterización de los planes de
pensiones a lo que son actualmente fondos de pensiones?
Con respecto a Argentaria, acaban de blindar el tema de la votación con
respecto al diez por ciento. Nosotros mostramos nuestra radical oposición
a la privatización de ese 26,2 por ciento, que actualmente tiene en sus
manos el Estado. En segundo lugar, le anuncio que si finalmente se
intenta romper la unidad de la corporación y desagregar entidades, nos
encontraríamos ante una situación muy tensa en este país en función de
esa previsión que puede estar en cartera. Por tanto, nos oponemos
radicalmente a la privatización, teniendo en cuenta además la estructura
sindical de Argentaria: un sesenta y pico por ciento del total de los
empleados, que son 16.000. Si se va por el camino de la ruptura de la
unidad de la corporación nos encontraríamos ante un problema francamente
preocupante. Lo repito en función de consecuencias que se derivan de sus
declaraciones, no en función de ningún tipo ominoso de propuesta o de
antesala de nada. Simplemente que, cuando ustedes hablan a través de los
medios de comunicación, se producen reacciones, y la gente empieza a ver
cuáles son las consecuencias reales de este tipo de declaraciones que
ustedes están realizando.

Otra pregunta, señor Rato, porque es un tema que está preocupando a todo
el mundo, incluso a sus socios. La política del Banco de España no está
teniendo un reflejo cabal en los mercados monetarios; entre otras cosas,
las entidades financieras retardan en su propio beneficio las bajadas de
tipos de interés. A nuestro juicio, hay un abuso de posición de las
entidades financieras. ¿Tiene pensado el Gobierno corregir estas
prácticas, sin duda de demora, de las entidades financieras a la hora de
reducir los tipos de interés? ¿Piensa el Gobierno realizar alguna acción
inmediata, tal como ha pedido incluso alguno de sus socios, teniendo en
cuenta que no se está repercutiendo de manera adecuada este proceso
positivo de los tipos de interés?
Señor Rato, ya que ha hablado de la globalidad, de la coherencia y de la
integralidad de la política económica, queremos preguntarle si se está
haciendo ya alguna lectura unilateral o parcial del pacto de Toledo con
respecto a las pensiones y qué tipo de medidas hay pensadas para
garantizar



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el poder adquisitivo y, en concreto, si está previsto poner en vigor un
IPC específico para la tercera edad. Si esto está en cartera, si se está
pensando o si se está planteando, qué tipo de debate previo va a tener
este tema, si es que se ha pensado concretar.

También quiero preguntarle, señor Rato, qué medidas piensa adoptar para
disminuir y luchar contra el fraude fiscal, aparte de las declaraciones
globales, no específicas, que usted ha hecho, y qué medidas piensa
realizar de cara a incentivar el consumo y con ello la economía y el
empleo, tema que usted, en su cuadro macroeconómico baja de manera
rotunda. Qué medidas piensa realizar para incentivar el consumo, teniendo
en cuenta que es un tema de enorme importancia, y teniendo en cuenta
además, y ahí están los indicadores reales, que el consumo no puede subir
mientras no haya una relación directa con el empleo y el salario. Eso es
estructural, eso es así, por mucho que se intente ocultar.

Por tanto, si su primer objetivo es la creación de empleo, y de empleo
estable y, como consecuencia de ello, la estabilidad que conduce al
aumento del consumo, no encontramos medidas reales en la política que
usted ha anunciado que conduzcan a la creación de empleo. Tanto es así,
señor Rato, que usted cuando cambia las previsiones de 1996, en la
revisión que han hecho ayer mismo del cuadro macroeconómico, dice que el
empleo previsto de 350.000 puestos, va a bajar a 126.000. Si ésa es la
preocupación, señor Rato, el anuncio que hacen no conduce de manera justa
a esa apreciación en la que usted basaba toda su exposición. Parece como
si hubiera dos cláusulas en su exposición. La primera, estamos aquí para
crear empleo y empleo estable; primera cosa. Titular: negro sobre blanco.

Y segunda cosa, una gran exposición que nada tiene que ver con la
primera, con la creación de empleo, con la creación de empleo estable,
con la disminución de la precariedad y, como consecuencia de ello, con el
aumento del consumo. Incluso siguen funcionando mensajes de cara a
flexibilizar el despido, a conseguir contratos especiales, todo en la
dirección inversa a la que usted viene apuntando como estructura
fundamental de su política.

La tasa de desempleo la llevan ustedes del 21,7 al 22,9 en la revisión
que hicieron ayer. Por tanto, es como si tiraran la toalla, como si
fuesen consecuentes con lo que acabo de decir. Efectivamente, una cosa es
la política que tienen prevista, que fundamentalmente se basa en reducir
el déficit para cumplir los objetivos de convergencia, pero no tienen
calculadas las consecuencias, que sí las ha calculado incluso el
Parlamento Europeo, o un montón de gente desde otra óptica, como
nosotros, que pensamos que la política que ustedes están preanunciando,
que coincide en los objetivos con la del Partido Socialista, y que puede
coincidir, según dijo don Felipe González, con la política económica si
ésta lleva a cumplir los criterios de convergencia, tendrán ahí una gran
solidaridad, pero a nuestro juicio no conduce al objetivo primordial, al
pórtico en el que usted ha basado la intervención que abría esta
Comisión.

Termino con otra pregunta, señor Rato. En los presupuestos para el año
1997 ¿piensa adoptar el Gobierno alguna medida para congelar el salario
de los funcionarios públicos? ¿Piensa ampliar la plantilla de
funcionarios de algunos cuerpos especiales destinados a combatir, por
ejemplo, el fraude fiscal o laboral? Ha hablado de aumentar esa
vigilancia. ¿Piensa aumentar los cuerpos destinados a combatir este
fraude fiscal, incluso el fraude laboral, al que, por cierto, no ha hecho
referencia?
En definitiva, señor Rato, están aterrizando, convirtiendo una gran parte
de la política del Gobierno en política comunicativa. Se cruzan bastantes
balbuceos, contradicciones, correcciones. Al final, se nos puede empezar
a decir que miremos a La Moncloa, o que le miremos a usted, para intentar
integrar la serie de contradicciones que se están produciendo. Pero hay
cosas que sí figuran ya de manera clara en el eje de su política
económica. El tema de los objetivos de convergencia y, como consecuencia
de ello, una política económica que tiene dos previsiones sobre el tapete
de manera urgente: los recortes del gasto, en primer lugar, un recorte
que va a ir aumentando. Se han hecho previsiones; declaraciones, muchas
más. Ayer mismo el señor Barea las hacía de nuevo. Y el tema de las
privatizaciones. Creemos, señor Rato, que esto es absolutamente
insuficiente. Esto marca la velocidad real de crucero del Gobierno del
señor Aznar hasta finales de 1997, y el resto son cosas en previsión, que
no se concretan, que no aterrizan, y que si lo hacen, en función de
ciertos matices que vamos previendo, a nuestro juicio serán absolutamente
negativas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, y me imagino que no por alusiones, tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, quiero agradecer al
Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía su presencia en
nuestra Comisión, esa primera comparecencia. Ha habido algún grupo que le
ha deseado suerte. Nuestro grupo no le desea suerte, le desea acierto.

Que acierte en la dirección de la política económica. Esto es lo que
deseamos.

Su exposición ha tenido dos partes. La primera de análisis y de
definición de grandes objetivos, y la segunda de exposición de propuestas
del nuevo Gobierno. Quiero referirme a la primera parte, análisis de la
situación, referida principalmente a 1996, pero también un poco a la
coyuntura más general y grandes objetivos.

En esa primera parte quiero trasladarle algunas observaciones en nombre
de mi grupo. La primera es constatarle, en este momento en que iniciamos
la legislatura, que la situación económica que usted hereda es mucho
mejor de la que se encontró el Gobierno socialista en 1982 y, por
supuesto, mucho mejor de la que nos encontramos en la anterior
legislatura, cuando la empezamos. Recordará usted que 1993 fue un mal año
para la economía española y ustedes hoy inician su andadura en un momento
muy distinto al de 1993. Esto, quizá, debería estimularle a usted, señor
Ministro de Economía, pero la verdad es que creo que es bueno que lo
constatemos y seamos conscientes de que la situación económica en estos
momentos no es grave; presenta dificultades, obstáculos, requiere de
actuaciones importantes e inmediatas y tiene importantísimos retos, pero
no es mala.




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La segunda observación que quiero hacerle es que es verdad --y usted lo
ha apuntado-- que en el análisis de 1996 los datos del primer trimestre
dicen que la economía española atraviesa una ralentización. Toda una
serie de indicadores apuntan a que hemos tenido un primer trimestre por
debajo de lo que podían ser las expectativas. Nuestro grupo lo valora
lógicamente. El primer trimestre de 1996 fue un trimestre previo a unas
elecciones, con un paro lógico implicado en un proceso preelectoral,
donde la acción pública estaba condicionada a la previsible renovación
política en España, con lo cual, del primer trimestre de 1996 hay que
abandonar las valoraciones extensivas a todo el año 1996. Ha sido un
trimestre lógico y encajable en la coyuntura política, pero no
estrictamente en lo que debe ser la evolución de la economía española a
lo largo de 1996. Nuestro grupo no quiere adentrarse más en las
previsibles extrapolaciones negativas de la evolución económica en 1996.

Podemos tener un buen año 1996, la economía española puede cerrar un buen
ejercicio en este año 1996. No nos instalemos en la valoración del primer
trimestre, sino, señor Ministro, en lo que podemos hacer ahora y en lo
que va a ser la economía en el tercero y cuarto trimestres, que es donde
podemos actuar a partir de estos momentos.

Yo quisiera también, en ese sentido, indicarle que nuestro grupo no va a
tomar actitudes políticas pasivas, sino actitudes políticas activas; va a
tomar la iniciativa política frente a la situación económica para influir
en la situación actual y proyectarnos hacia un futuro con mayor eficacia
de lo que hemos hecho hasta la fecha. Que la lógica prudencia de un nuevo
Gobierno --lógica, digo-- que hereda una situación política y que se
encuentra ante las incertidumbres lógicas de asumir su responsabilidad,
no le haga ser inactivo frente a la capacidad que tiene de incidir en la
reactivación de la economía. Este es, señor Ministro, nuestro principal
inicial mensaje político. Entendemos la lógica prudencia del Gobierno,
pero le exigimos que ésta no tenga más proyección que la que, en fin,
obliga la transposición del poder político en España en ese cambio de
legislatura, pero que no se desaprovechen las posibilidades que tiene la
economía española en este año 1996, precisamente, para reactivar la
economía y cerrar un buen ejercicio en este año.

No podemos compartir, señor Ministro --y sería una tercera observación--,
una resignada mala previsión de evolución de la tasa de paro.

Convergència i Unió no se proyecta políticamente ante una posición
contemplativa, sin que podamos prácticamente hacer nada, ante esa
valoración previsible de que la tasa de paro irá mal. La extrapolación de
las previsiones económicas para 1996 --el cuadro macroeconómico de 1996--
podría dar como análisis concluyente una posible evolución negativa de la
tasa de paro, pero Convergència i Unió entiende que, si no hacemos nada,
esto podría terminar así. Pero se trata de hacer algo, se trata de que,
desde la política económica, no se contemple pasivamente esa perspectiva,
sino que se actúe desde la posición política del Gobierno, tomando
medidas para que el año 1996 pueda incluso dar un mejor balance en la
creación de empleo y la tasa de paro se reduzca. Por tanto, Convergència
i Unió no quiere instalarse en esa posible evolución negativa de la tasa
de paro y contemplarla desde una perspectiva muy resignada, sino que
desde nuestra perspectiva política va a adoptar las máximas iniciativas
políticas para poder cerrar un año 1996 con más empleo y menos paro.

La última observación que le quiero transmitir se refiere a la primera
parte de su reflexión cuando ha hecho el análisis del consumo. El consumo
presenta hoy una atonía. Cierto, es verdad. Nosotros consideramos, señor
Ministro, que el consumo no puede ser el único elemento de dinamismo
económico, y eso quiero transmitírselo a usted.

En la etapa anterior de Gobierno socialista influimos todo lo que pudimos
para que la orientación de la política económica no se centrara en un
modelo en el que el crecimiento económico se fundamentara sobre el
consumo interno, importaciones y ahorro exterior, y cambiáramos los
elementos de la política económica para que España basara su crecimiento
en la inversión interna, en la exportación y en el ahorro interno del
país. Y hemos avanzado en esa dirección. Se tomaron medidas y se
orientaron tanto la política económica, como la monetaria, la fiscal, la
sectorial para que la inversión fuera más preeminente, el ahorro interno
fuera más importante y la exportación creciera. Y obtuvimos resultados
positivos. Ahora bien, es cierto que el consumo presenta atonías, es
cierto, pero no puede ser el consumo la única variable de dinamismo
económico. Para nosotros es la inversión, es la exportación y es el
ahorro interno. En ese sentido, quiero indicarle que España y su economía
están en un proceso de internacionalización creciente. Por consiguiente,
no puede ser el consumo interno la principal variable de estímulo de
nuestro crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque nuestro mercado
interno es prácticamente un mercado muy maduro, es un mercado de
reposición y el máximo elemento de expansión económica deberá basarse
sobre la exportación. Y exportación significa ser competitivos; por eso
el mensaje de la competitividad lo estamos repitiendo día y noche, señor
Vicepresidente del Gobierno. Hay que ser competitivos para defendernos de
los agentes extranjeros, que quieren vendernos sus productos en el
mercado interno, y hay que ser competitivos para exportar España lo
máximo posible al mercado internacional. El consumo interno, no obstante,
está en atonía, es cierto y compartimos con usted ese aspecto, pero el
problema no es estrictamente de confianza, que también lo es. Es verdad
que hay un factor de confianza clave para poder activar el consumo
interno, pero no sólo eso. No basemos solamente en el elemento confianza
la expectativa de reactivación del consumo interno, porque por ahí
tampoco vamos a obtener importantes resultados. Lo es, sin duda, y podría
ser de confianza política, sin duda, pero no solamente. Hay elementos
estructurales que hoy bloquean los comportamientos de consumo en nuestro
mercado, como característica del mercado laboral, y como podrían ser las
actualizaciones limitadas de las rentas pasivas, o de determinadas rentas
incluso laborales, o como retenciones tributarias excesivas. Hoy la
Hacienda Pública retiene un billón más que luego devuelve al ciudadano y
ello, sin duda, incide en el consumo. Si no le retuviéramos tanto al
ciudadano en sus declaraciones fiscales y se lo devolviéramos



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al cabo de un año, seguro que el consumo crecería, por ejemplo.

No obstante, comparto con usted que hay que actuar sobre el consumo
interno y, en ese sentido, tengo grandes esperanzas de que en este año y
en el siguiente podamos liberar algunas resistencias estructurales y con
un clima de una mayor confianza política podamos realmente incidir
positivamente en esa variable.

Ha comentado usted dos temas muy positivos y quiero señalarlos, porque lo
positivo hay que subrayarlo siempre cuando hablamos de temas económicos y
en el momento en que nos encontramos. Uno, que España tiene una muy buena
expectativa turística. Le agradezco, señor Ministro, que lo haya expuesto
hoy, porque estamos en el inicio de un período turístico. Tenemos una muy
buena expectativa turística. Aprovechémosla al máximo para crear empleo,
para reactivar la economía y el consumo interno.

Un segundo tema positivo que usted ha comentado, la buena expectativa de
la tasa de inflación. Yo creo que España debe sentirse satisfecha ante la
buena perspectiva de una inflación que tiene una tendencia contenida a la
baja.

Ha señalado usted, señor Ministro, antes de lanzarnos las propuestas, ya
no tanto en la valoración de los ejercicios y de las perspectivas de la
situación económica en estos momentos, los principales objetivos.

Compartimos con usted que España esté en la Unión Económica y Monetaria.

Nuestro grupo va a poner todo su esfuerzo político para garantizar que
España esté en 1999 en la Unión Económica y Monetaria. Pero quiero
decirle algo más: hemos de estar en 1999 en la Unión Económica y
Monetaria, pero reduciendo la tasa de paro interna en España. No podemos
decirle al ciudadano que vamos a entrar en la Unión Económica y Monetaria
y que va a haber más paro. No; hay que hacer las cosas de forma que
garanticemos el estar en la Unión Económica y Monetaria, pero con menos
paro. Nuestro grupo entiende que hay margen para tomar medidas y poder
estar en la Unión Económica y Monetaria reduciendo la tasa de paro en
España. Va a tener usted la exigencia de Convergència i Unió para
garantizar la presencia de España en 1999 en la Unión Económica y
Monetaria, pero tomando previamente todas las medidas que nos garanticen
crear ocupación y tener menos paro en España.

Creo que la exigencia que le trasladamos de conducir la política
económica de forma que nos garantice entrar en la Unión Económica y
Monetaria, pero reduciendo el paro, es el termómetro político que van a
tener ustedes en los próximos dos años. El balance que se va a hacer en
los próximos dos años de la gestión socialista... (perdón, la gestión del
Partido Popular. Esto ha sido un vicio que arrastro de la anterior
legislatura (Risas.) y sabrá usted permitirme esta licencia. Digamos que
también los grupos de la oposición responsable tenemos cien días de
gracia). (El señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda, Rato Figaredo: Pero el Gobierno, no.)
Le decía, señor Ministro, que éste va a ser el punto de análisis de
exigencia política, ver si somos capaces de estar en la Unión Económica y
Monetaria, pero reduciendo la tasa de paro. Si no tomamos esas medidas
que nos permitan reducir la tasa de paro, no podremos tomar las medidas
fiscales que hay que tomar, no podremos tomar las medidas estructurales
que hay que tomar y no podremos hacer la reforma que hay que hacer en el
ámbito social tampoco. Sólo si la gente trabaja más en España, sólo si
hay menos parados en España, podremos repartir las cargas económicas que
hoy exige el Estado del bienestar. Por tanto, no es simplemente por el
deseo de bajar la tasa del paro, es que es la única vía que tenemos para
poder garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar.

En este punto quiero decirle al portavoz de Izquierda Unida que no se
preocupe. No habrá regresión social en España mientras Convergència i
Unió tenga capacidad de influir en las políticas económicas. No la ha
habido hasta la fecha. ¿Por qué? Porque en 1993, 1994 y 1995 se ha
garantizado la actualización de las pensiones, se ha creado más ocupación
y no ha habido regresión social en estos dos últimos años. (El señor
Alcaraz Masats: La reforma laboral.) La reforma laboral que crea
ocupación y que todo el mundo sindical no cambia hoy y quiere que se
mantenga, a pesar de la huelga general que se hizo cuando la estábamos
discutiendo con el Grupo Socialista.

Señor Ministro, quiero decirle que usted ha calificado su intervención
diciéndonos que el Gobierno quiere estabilidad y solidaridad. Ha hecho
usted un frontispicio calificativo de todo su discurso. El Partido
Popular y su Gobierno quieren estabilidad y solidaridad, ¿no? Desde
Convergència i Unió compartimos esos calificativos, pero le diría más:
queremos competitividad y empleo, que es el sinónimo de estabilidad y
solidaridad. Es casi lo mismo, pero con otras palabras. Es dar un paso
más de concreción. Es competitividad y empleo, que son las dos máximas
que nos van a garantizar el estar en la Unión Económica y Monetaria.

Señor Presidente, ante esta primera reflexión de mi grupo, quiero
dirigirme no solamente al Vicepresidente del Gobierno, sino a todos los
portavoces de los grupos parlamentarios de esta Comisión. Los próximos
dieciocho meses, señorías, son claves para la economía española. Los
próximos dieciocho meses quizá son los más importantes, ante la situación
en que nos encontramos, y los de mayor repercusión para el bienestar de
todos los ciudadanos de este país. Convergència i Unió insta a todos los
portavoces de todos los grupos a que, en esos dieciocho meses que tenemos
por delante, se trabaje con espíritu unánime, se trabaje con consensos y
sepamos buscar las unanimidades posibles para que España esté en la Unión
Económica y Monetaria, porque el futuro de ese país está en ese
compromiso. Olvidemos las legítimas estrategias partidistas de la
oposición y administremos dieciocho meses con claro espíritu de consenso
para tomar todas las medidas, populares e impopulares, para que España
pueda estar en la Unión Económica y Monetaria. Convergència i Unió
administrará estos dieciocho meses, señor Ministro de Economía, con ese
espíritu y lo que desearíamos es que fuera extensivo a todos los grupos
políticos. Pasados los dieciocho meses o los dos años, casi le diría yo
que se levante la veda y que cada uno haga lo que quiera, siempre y
cuando estemos en la Unión Económica y Monetaria.




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En cuanto a la segunda parte de su intervención, las propuestas, ha hecho
un discurso muy exhaustivo, muy completo. Ha hablado usted de todos los
ámbitos económicos y me parece lógico. Todos los ministros al empezar una
legislatura hacen una primera intervención expositiva de lo que son las
voluntades políticas de su acción de gobierno con la perspectiva de toda
la legislatura. Creo que es lógico que sea así y no me ha sorprendido. Es
más una exposición programática, es una reproducción del programa
electoral, pero me parece lógico en el momento en que nos encontramos.

Quizá nos ha faltado --y ése es el elemento que le trasladamos-- aquel
plus de prioridades, aquel plus de temporalidad en toda su acción de
política económica. Compartimos prácticamente su exposición y deseamos
que se pueda hacer realidad, pero la verdad es que hace falta poner
acentos en los elementos más prioritarios y definir en el tiempo algunos
compromisos.

En cuanto a los contenidos que ha expuesto, no puedo referirme a todos
ellos porque no tengo tiempo, pero sí quiero transmitirle cuatro
observaciones en cuatro compromisos que usted ha expuesto.

Por lo que se refiere a la fiscalidad, ha hecho usted muchas previsibles
reformas. Vamos a ver cómo cogen contenido todas ellas. Pero ha habido
una muy emblemática en la anterior legislatura, muy significativa, que,
casi me atrevería a decir, fue la bandera de la posición política del
Grupo Popular en la anterior legislatura y creo entender que usted la ha
mencionado pero utilizando otras palabras y no las que ustedes utilizaban
cuando estaban en la oposición. Y para que no nos llamemos a ningún
engaño, me gustaría que usted me ratificara si lo he entendido mal o es
que ustedes están en una actitud más prudente y no quieren ahora adquirir
ningún compromiso sobre el tema. Simplemente se trata de lo que
denominamos la actualización de balances.

He entendido que usted ha hablado de permitir una valoración de los
activos empresariales de forma que se puedan corregir las desviaciones
que la inflación ha tenido sobre estos activos; creo que ha dicho usted
una frase de ese tipo, pero para que no tengamos ninguna clase de
confusión, la voluntad del Gobierno es afrontar una actualización de
balances con el límite que ello pueda representar en el marco de una
política más general de contención del gasto público y de obtener los
objetivos para entrar en la Unión Económica y Monetaria, pero el objetivo
y el propósito no se abandonan. Esta es la primera cuestión a tener en
cuenta para no tener ningún tipo de confusión.

En cuanto a la segunda, ha dicho usted que quieren adoptar una reforma
del sistema de corresponsabilidad fiscal y lo compartimos. Usted sabe que
éste es uno de los elementos más importantes del pacto político que hemos
suscrito para iniciar la legislatura. Pero ello me da pie para decirle a
usted que estamos de acuerdo con el objetivo político y con el propósito
de hacer esta reforma, y me permito dirigirme al portavoz del Grupo
Socialista, puesto que ha dirigido a mi grupo alguna pregunta al
respecto, cuando decía que de dónde se quita y de dónde se pone. No se
quita de ningún sitio, a ver si se leen lo que hemos publicado en la
prensa y los documentos que hemos suscrito el Partido Popular y
Convergència i Unió. Estamos definiendo unas nuevas variables para
establecer cómo se distribuyen en el futuro los incrementos que tiene el
sistema y la progresividad que tiene el elemento participación sobre el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para asignar los recursos
a las comunidades autónomas. Es decir, lo de más que se va a recaudar
cómo se va a distribuir, no sobre el 15 por ciento, sino sobre el 30. Y
éste es el principio que ustedes introdujeron cuando negociamos el 15 por
ciento anterior, es repartir la progresividad de lo que se recaudará en
un futuro. Eso sí, el Partido Popular se ha comprometido sin topes,
porque lo que no tiene justificación es tener los topes, el papel no
habla de topes. (El señor Eguiagaray Ucelay: Sin topes.) Ustedes
aplicaron topes. (Risas.) Y ahora déjeme decirle, señor portavoz del
Grupo Socialista, que usted pregunta: ¿de dónde saldrán estas cifras?
Esté seguro de que si hay una mejora de efecto económico para la
Comunidad Autónoma de Cataluña, tres veces más la habrá para el resto del
Estado. Si en Cataluña el efecto derivado de una mayor progresividad (El
señor Eguiagaray Ucelay: Un billón.), si hay mejora de asignación de
recursos para la comunidad catalana por el efecto progresivo de una mayor
recaudación, el resto de España tendrá un efecto de mejora triple, con lo
cual, señores, abandonen sus elementos críticos por esta vía. Ya se lo
dije el otro día desde la tribuna del Pleno del Congreso de los
Diputados, pero veo que quieren ustedes insistir y al final van a
provocar un debate más exhaustivo con ustedes.

Señor Presidente, señor Ministro, el pacto de austeridad con las
administraciones públicas es otro compromiso sobre el que quería
transmitirle una observación. Estamos de acuerdo, pero cuidado, venimos
de trece años de una expansión del sector público importante, donde la
mayor cuota de expansión ha estado en la Administración central del
Estado, de tal forma que hemos transferido muchas competencias a las
comunidades autónomas, pero los ministerios continúan estando tan
repletos o más de funcionarios que antes de transferir esas competencias.

Hemos administrado una etapa donde la expansión del sector público desde
la Administración central del Estado ha sido muy importante. Estamos de
acuerdo con un pacto de austeridad, pero que sea proporcional a los
exponentes de endeudamiento y de expansión que han tenido las diferentes
administraciones públicas. No se le puede decir hoy a la Administración
local que va a tener que hacer un esfuerzo de austeridad cuando está
prácticamente ahogada, y no se puede descansar sobre las comunidades
autónomas, que sí deberán hacer en cierta parte algún esfuerzo de
contención, el mayor esfuerzo de contención y de ahorro en estos
momentos. Debe hacerlo la Administración central del Estado, que es quien
durante catorce años se ha expandido a costa de un proceso de
transferencias de servicios a las comunidades autónomas.

La cuarta observación es el marco laboral. Sí al diálogo social, sí a la
negociación colectiva. Convergència i Unió cree que hay que dar mucha
importancia a las posibles expectativas que dan ahora, en estos momentos,
el inicio del diálogo social y la posible negociación colectiva que pueda
sucederle. Nosotros creemos que ésta es la vía actual.




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El momento político hoy nos exige dar importancia a la negociación
colectiva y dejar que los agentes sindicales y empresariales puedan
conformar un marco de acuerdo para que podamos sobre ello desarrollar las
medidas que hay que adoptar. Pero ¿y si no se llega a ningún acuerdo? ¿Y
si no se dan resultados positivos en el marco de la negociación
colectiva? ¿De quién es responsabilidad tomar las medidas necesarias para
que en España haya más ocupación? Si los agentes económicos y
empresariales no son capaces de darnos aquellos elementos necesarios para
poder conformar unas medidas que creen más ocupación en España, ¿de quién
es la responsabilidad para que esto sea posible? En este sentido nuestro
grupo le dice: sí al diálogo social, sí a la negociación colectiva, pero
eso tiene un tempus, un momento. Vamos a dejar que tenga sus resultados,
pero si no hay resultados en ese proceso vamos a exigir al Gobierno y
vamos a tomar las iniciativas necesarias para que España adopte las
decisiones en el ámbito de la fiscalidad y de la legislación y el marco
legal para dar las garantías de que el sistema económico cree más
ocupación. Y todos ustedes saben, y usted lo sabe perfectamente, señor
Ministro, que todos los agentes económicos hoy nos dicen que hace falta
tomar algunas medidas para garantizar más ocupación en España, con tasas
de crecimiento del 2,5 o el 3 por ciento. Vamos a dejar que sean los
agentes económicos quienes digan cómo puede darse ese paso, pero si no se
adoptan esas decisiones el Gobierno y esta Cámara tendrán que tomar la
iniciativa política para afrontar los ajustes que hoy son el obstáculo
para que en España pueda haber más empleo estable a partir de estos
momentos. Y no habrá regresividad social. Convergència i Unió nunca se
sumará a proyectos regresivos socialmente, sino a proyectos que
garanticen mayor ocupación y mayor empleo.

Señor Presidente, quiero ir terminando, y he de decir al señor Ministro
de Economía que, tras esas cuatro observaciones que le he planteado en
cuanto a los contenidos de todas sus propuestas con perspectivas de toda
la legislatura, ahora voy simplemente a ceñirme a lo que no he escuchado
y trasladarle que nuestro grupo político, compartiendo los elementos de
toda su exposición como un marco general de orientación de la política
económica, desearía que se tomaran a corto plazo un conjunto de medidas
--califiquémoslas-- de choque, de incidencia inmediata en la economía,
para poder aprovechar al máximo el año 1996. Convergència i Unió le
transmite su voluntad política de adoptar en el corto plazo --y por corto
plazo quiero decir treinta o cuarenta días-- medidas específicas y
puntuales que puedan incidir directamente en la reactivación de la
economía y en la creación de empleo. ¿Qué medidas son las que nosotros
proyectamos? Evidentemente, aprovechar 1996 para reducir el déficit
público. En este sentido ya aplaudimos las medidas que han tomado ustedes
de reducción del gasto en 200.000 millones, quizá habría que tomar
algunas más, pero nos emplazamos al marco del debate de presupuestos,
donde se podrán hacer los ajustes más estructurales, aunque sí estamos de
acuerdo en tomar medidas que permitan reducir el déficit público. En este
sentido, la obtención de ingresos extraordinarios procedentes de
actuaciones puntuales que provengan de determinadas enajenaciones de
activos públicos puede ser positiva en el año 1996. Todo aquello que esté
maduro porque el Gobierno socialista ya lo impulsó y estaba en una fase
muy asimilada por los mercados que se ejecute en seguida, porque de ello
se desprenden ingresos extraordinarios que pueden permitirnos alcanzar
los objetivos del año 1996 en cuanto a la reducción del déficit público.

También las iniciadas reformas administrativas son positivas, pero creo
que podrían serlo igualmente si se trasladaran a otros ámbitos de la
Administración pública, administración periférica o algunas otras
administraciones y organismos autónomos.

Pero las medidas de choque tienen un segundo ámbito, que es activar la
economía. En ese sentido nos proponemos tomar unas medidas puntuales de
naturaleza fiscal, financiera y sectorial que tengan como propósito
influir en la inversión, pero no en la inversión especulativa, sino en la
inversión que genere empleo, en la inversión que pueda estar vinculada a
la actividad productiva. Esta es la que nos va a garantizar un mayor
crecimiento económico y una mayor garantía de creación de empleo. Espero
y confío que en los próximos días tengamos la posibilidad de profundizar
más en esa pretensión o en ese objetivo de adoptar un conjunto de medidas
de choque, que es lo que yo denominé el otro día en el Pleno de la Cámara
la primera fase de la acción de la nueva política económica. La segunda
para nosotros es el debate de los Presupuestos Generales del Estado, y la
tercera son las reformas estructurales.

Para esta segunda y para esta tercera --quiero transmitirlo, y termino,
señor Presidente, señor Ministro de Economía-- nuestro grupo no ha hecho
con el Partido Popular un pacto de gobierno en materia de política
económica. Usted lo sabe. Hemos hecho un pacto para comenzar la
legislatura, y ese pacto tiene unos contenidos que son públicos, toda la
sociedad los conoce. No hemos hecho un pacto sobre la política económica,
pero tenga usted --y en esta primera comparecencia suya creo que es
procedente que se lo transmita-- por bien entendido que la posición
inicial de nuestro grupo va a ser la de predisponernos al diálogo para
conformar todos los necesarios acuerdos para que en España se apliquen
las medidas de política económica que nosotros entendemos que hay que
aplicar. Esperamos diálogo, esperamos colaboración. Por nuestra parte la
va a tener, pero también quiero transmitirle que nuestra posición va a
ser muy exigente. ¿Por qué razón? Porque los dieciocho meses son claves,
y no nos podemos sentir ni hacer solidarios de la inactividad en la
materia económica, ni nos podremos hacer solidarios ni responsables de no
saber aprovecharlos. Como se han de aprovechar estos dieciocho meses,
vamos a ser exigentes para que se adopten todas las medidas que se deban
adoptar en esos dieciocho meses, pero también va a tener el diálogo y la
colaboración necesaria para que pueda ser posible, en lo positivo y en lo
insolidario, en lo popular y en lo impopular, sabiendo que siempre
estaremos exigiéndole al Gobierno una política económica que garantice
crear ocupación y llevar la economía a la Unión Económica y Monetaria. De
ello se desprende el gran interés de toda la sociedad española. Si somos
capaces de crear ocupación y entrar en la Unión Económica



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y Monetaria, España habrá avanzado y los ciudadanos españoles deberán
valorarlo positivamente. Pero, repito, no nos podremos hacer solidarios
de la falta de actuación o de iniciativa del Gobierno en materia de
política económica, porque no tenemos un pacto suscrito en materia de
política económica. Hay una buena predisposición política para conformar
los máximos acuerdos posibles en materia económica, pero no hay un pacto
suscrito en esa materia. Vamos a ser positivos en ese sentido y vamos a
sumarnos a todas las iniciativas que usted, previo diálogo y
colaboración, quiera conformar con nosotros.

Quiero reiterarle lo que ya dijimos al Partido Socialista cuando empezó
la anterior legislatura, que el nuevo Gobierno y la Comisión de Asuntos
Económicos que usted preside tengan muy presente que cuando se tomen
medidas de política económica deben saber con qué mayoría cuentan en esta
Cámara. Se lo digo hoy y no se lo volveré a decir nunca más, porque va a
haber diálogo y colaboración, pero le dijimos al Partido Socialista que
el nuevo Gobierno debe saber, cuando toma medidas legislativas de todo
orden, legítimamente, con qué mayoría cuenta en esta Cámara. Va a tener
nuestro apoyo para todo lo que creo que usted compartirá que hay que
hacer en estos dieciocho meses, pero seguro que, si hacemos lo que hay
que hacer, España sabrá valorarlo y todos los ciudadanos lo valorarán
positivamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Homs, que le aludan un poco no le da a usted
derecho a aludir de tal manera a otros grupos parlamentarios. Imagino que
porque es un trámite de comparecencia y por ser la primera que celebramos
en esta Comisión no ha habido lugar a otros trámites de respuesta por los
grupos que efectivamente han sido aludidos por usted, y he de recordarle
que esta Presidencia ha sido enormemente generosa con su intervención,
tanto en lo que se refiere al tiempo utilizado por otros grupos como en
cuanto a la cuestión. Y, por supuesto, me gustaría recordarle que las
palabras «terminar», «acabar» y «finalizar» tienen un contenido
perfectamente delimitado y definido en el lenguaje castellano. (Risas.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Ministro, me voy a unir a los deseos del
resto de los grupos y voy a hacer un mixto entre el Partido Socialista y
Convergència i Unió, porque le deseo suerte a nivel personal y le deseo
también acierto a nivel profesional, porque creo que ese acierto va a
redundar en beneficio de todos. He tomado nota de las obligaciones que
nos ha impuesto mi buen amigo y compañero, señor Homs, de los plazos que
nos da, 18 meses, en ese énfasis que pone siempre en sus intervenciones
y, por tanto, señor Rato, permítame que me dirija en mis planteamientos a
usted y a él porque veo que teóricamente tiene el nombramiento de
viceministro de economía, creo yo. (Risas.)
Al margen de estas licencias, que creo me permite el señor Homs, en
principio nuestro grupo está de acuerdo, señor Ministro, en los
planteamientos de política económica que ha hecho hoy. Estamos de acuerdo
también, en líneas generales, en lo que ha expuesto que va a ser la labor
de su departamento. Hay que entender el alcance de esta comparecencia,
que es precisamente para dar esas líneas generales y, por tanto, es
difícil entrar con mucha profundidad en los temas, pero sí hay la
necesidad de aclarar algunas cuestiones. Para ello me va a permitir que
haga algunos comentarios sobre lo que nuestro grupo parlamentario
entiende que debe ser la política económica del Gobierno en la próxima
legislatura.

Yo creo que está claro que el Gobierno se enfrenta a tres retos
importantes. El primero es, desde luego, las altas tasas de paro. El
desempleo sigue siendo para nosotros el principal problema social que
tiene la economía española; el desempleo es el principal problema social.

Estamos en tasas del 22,8 ó del 22,9 que aparece en las previsiones del
Gobierno, pero estamos en unas tasas de desempleo, de paro, que están muy
lejos de las de la media de los países de la OCDE, que está por el 7,6, o
de la Unión Europea incluso, que está por el 10,7 por ciento. Es decir,
estamos muy por encima, casi el doble, en tasas de paro que el resto de
los países de nuestro entorno, de los países industrializados. Por tanto,
ése es el verdadero, el gran problema que tiene este Gobierno, que ha
tenido el anterior y que no lo ha resuelto, y yo espero que éste lo
resuelva, por lo menos que lo resuelva en parte para poder ir a esas
tasas de desempleo del resto de Europa, que tampoco son excelentes pero
que al menos son la mitad de las nuestras. Ese es para nosotros el
principal reto que tiene el Gobierno.

Otro de los retos es eliminar los desequilibrios de esta economía que,
como hemos visto, no va a contar con un crecimiento suficiente, aunque
posiblemente pueda estar por encima incluso del de algunos países
europeos pero no suficiente, porque en estos momentos nos estamos
moviendo en unas previsiones del Gobierno en torno al 2,3 por ciento. Hay
previsiones de diversos organismos como la OCDE y otros que están en esa
línea, es decir, en torno al 2,3 ó el 2,5 por ciento de crecimiento del
Estado español, pero hay una cosa que es clara y es que el crecimiento
económico en el año 1995 en todos los países europeos, y también en el
Estado español, ha ido descendiendo del primero al último trimestre de
1995 --la tendencia es a disminuir-- y el primer trimestre de 1996 está
por debajo del último trimestre de 1995. Por tanto, hay una tendencia
generalizada de la tasa de crecimiento económico a ir descendiendo, y
ello está motivando revisiones permanentes. Ahí tenemos un índice que es
variable permanentemente a la baja, luego no podemos partir del hecho de
que la previsión pueda ser la de este primer trimestre. También algunos
analistas están diciendo que en la última parte del año 1996 va a haber
un crecimiento, pero estamos viendo que no hay unas expectativas claras
para que se produzca. Por tanto, crecimiento económico difícilmente
alcanzable. Yo he oído a algún miembro de su Gobierno, concretamente al
señor Montoro, establecer unas previsiones objetivo del 3 por ciento. Sin
embargo, aquí hay una cuestión que también era importante: que hoy
viniese usted a oficializar todas las manifestaciones y declaraciones que
se están haciendo en los medios de comunicación; es decir, hacía falta



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oficializar todo esto. Yo creo que éste es uno de los objetivos de esta
comparecencia. Como digo, desde su propio Gobierno hace unos días se
situaban las previsiones por encima del 2,3 por ciento, que es el 3 por
ciento. De cualquier forma, crecimiento económico que para usted, para su
Gobierno, tiene que estar basado en incentivar el consumo.

Estamos dejando de lado algo que ha sido fundamental en la salida de la
crisis, en el crecimiento económico de los últimos años: la aportación
del sector exterior. Parece que para 1996 va a haber una aportación
negativa del sector exterior, y aquí nos encontramos con un problema que
es la primera cuestión que quisiera plantearle. Se trata del hecho de que
la peseta está sobrevalorada y que se está resintiendo en todos los
mercados exportadores de nuestro país. En este sentido pregunto
simplemente si usted o su Gobierno ha previsto una nueva devaluación de
la peseta. Aun teniendo en cuenta que los tipos de interés --y vuelvo
otra vez al tema del crecimiento económico-- han sufrido un descenso
importante, desde el 9 por ciento a principios de año al 7,75 en abril y
posiblemente puedan seguir reduciéndose si se controla el déficit y la
inflación al 7 por ciento, estamos todavía en unas tasas de tipos de
interés muy elevadas, desde luego más elevadas que las del resto de
nuestros competidores europeos. El Gobernador del Banco de España acaba
de decir hace unos días que el precio oficial del dinero dependerá de la
evolución del déficit público y la inflación. Por tanto, éste es un tema
que también va a tener consecuencias en la aportación al crecimiento
económico.

Dentro de esos desequilibrios están los macroeconómicos. La inflación se
está controlando en cierto modo. Hay unas previsiones del 3,4 por ciento,
pero el señor Ministro coincidirá conmigo en que la inflación media en
Europa, en la Europa de los Quince, está por debajo todavía de la
nuestra, en un 2,7 por ciento, aunque es provisional, pero en la mayor
parte de los países, salvo Italia en un 4,5 y Grecia en un 9,1 por encima
de nosotros, en el resto está por debajo. Por consiguiente, la inflación
es uno de los aspectos que hay que controlar.

El aspecto más difícil y más comprometido, por supuesto, es el déficit
público. Todos coincidimos en que el déficit público es el desequilibrio
macroeconómico más importante. Pero es que además, al parecer, por las
últimas noticias no conocemos con exactitud cuál es este déficit público.

Para 1995, según el Gobierno anterior, se había establecido un déficit
del 5,9 por ciento sobre el producto interior bruto, pero la Comisión
Europea --y ésta es una polémica que acaba de salir a la luz pública-- lo
fija en el 6,2 por ciento. Aquí hay una diferencia que al parecer se debe
a un cambio más bien de cálculo contable o cálculo metodológico. Yo le
puedo decir que a mí no me preocupa excesivamente. Es decir, si
verdaderamente la cifra del déficit es por una cuestión puramente de
tratamiento metodológico, no me preocupa porque es simplemente corregir
ese tratamiento; lo que sí me preocuparía es que pudieran existir
agujeros, como se ha puesto de manifiesto, en compromisos del Estado que
no estuvieran contabilizados. Entonces me preocuparía. Por lo demás, si
es un problema contable, es un problema que se tiene que corregir y se
compensará de un ejercicio para otro, pero no incide directamente en lo
que es la verdadera tasa del déficit público. Por tanto, repito, para mí
lo fundamental no son esas diferencias contables.

Otro de los retos que tiene el Gobierno, y que en cierto modo va a marcar
la política económica, es el programa de convergencia revisado de
Maastricht para acceder a esa tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria. Prácticamente todos los grupos parlamentarios estamos de
acuerdo en que hay que hacer el esfuerzo necesario para conseguirlo, creo
que es algo obvio, pero indudablemente está marcando al Gobierno cuáles
son las pautas de actuación y la política económica que debe establecer a
corto plazo para poder conseguir esos requisitos para la convergencia.

Todo esto es lo que debe hacer pensar al Gobierno en la responsabilidad
histórica que tiene de que posiblemente va a entrar --yo espero que
entre-- en el siglo XXI habiendo conseguido no sólo la convergencia
nominal sino la convergencia real con Europa; que el Estado español va a
entrar en el siglo XXI con un nivel de convergencia real igual al del
resto de los países más adelantados de Europa, y que ello tiene que ser
para mejorar la calidad de vida de todos los españoles, el bienestar
social y la cohesión social. Creo que ahí están los grandes retos que el
Gobierno debe acometer, desde nuestro punto de vista. En esto se
encuentra con un escenario de referencia muy limitado: la situación
económica que acabamos de describir; una situación internacional que
también influye, porque tampoco Europa está creciendo como debería y, por
tanto, al final va a redundar, porque son nuestros clientes potenciales y
reales, en nuestra economía, y si no va bien el resto de los países
europeos tampoco nosotros vamos a ir bien. Por tanto, ésa es una
limitación con la que se va a encontrar --se la está encontrando creo
yo-- el Gobierno. Como decía, la otra limitación es el reto de conseguir
el acceso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.

Por tanto, repito, independientemente de conseguir entrar o no entre los
primeros, hay que plantearse otra cuestión, y con dos ideas me gustaría
incidir en ello. Hay que pensar que igual no entramos; es posible que no
entremos entre los primeros países en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. Por tanto, hay que plantearse una serie de
preguntas. En primer lugar, la política que va a estar enfocada a esto va
a generar, quizá, una serie de tensiones a nivel social. Nos gustaría
saber cómo esa política agresiva del Gobierno en materia económica puede
afectar al desempleo y si no va a ocasionar una todavía mayor tasa de
desempleo. ¿Qué consecuencias tiene para el Gobierno no entrar en la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en el primer momento?
¿Cuál es el costo de la economía española al convertir la moneda nacional
en el euro? Se va a producir un costo importante que va a repercutir en
las economías de todos los países. ¿Está el Gobierno valorando ese costo
adicional que va a suponer el entrar en la Unión Monetaria? ¿No sería
mejor establecer un proceso gradual de incorporación, de alguna forma,
sin que tengamos que hacer los esfuerzos que al final pueden repercutir
negativamente en algunos sectores de la economía



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o, si no, habría que fijar algunas compensaciones dentro de esa cohesión
social que va a ser necesario establecer? En este orden de cosas, ha
habido unas declaraciones del Gobernador del Banco de España diciendo
que, para aquellos países que no vayan a entrar en el primer momento en
la tercera fase, es partidario de mantener unas bandas de fluctuación
anchas y únicas de esas monedas. También quisiera conocer la opinión del
señor Ministro a este respecto.

Todo esto para nosotros tiene una consecuencia, la de que son necesarias
unas líneas de actuación del Gobierno en las que, repito, en cierto modo
coincidimos pero que yo quisiera puntualizar y matizar en algunos
aspectos. Desde luego, para nosotros es necesario un mayor protagonismo e
involucrar más a la sociedad civil, a los agentes sociales y, en una
palabra, al sector privado en la construcción de esos objetivos
económicos que hemos apuntado al principio. El sector público es
demasiado grueso --creo que en eso podemos coincidir-- y cuando uno es
muy grueso tiene que adelgazar, está muy pesado y poco ágil, cuesta mucho
mantenerlo, y es verdaderamente caro, lo cual no quiere decir que no le
incumba la responsabilidad de crear un Estado competitivo que pasa, desde
mi punto de vista, por conseguir esa estabilidad macroeconómica, por
conseguir un funcionamiento de los mercados de bienes y servicios y
factores más eficientes, y que también pasa por una dotación de
infraestructuras civiles adecuadas. Esta necesidad que creemos nosotros
de un Estado competitivo no puede estar reñida sino que, todo lo
contrario, debe dar solución al problema de la solidaridad, cumpliendo
con el papel regulador del Estado en la economía y en el campo social.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, a partir de ahora el papel del
sector público es fundamental, en concreto la política presupuestaria. El
papel del sector público tiene que estar basado en la política
presupuestaria y tiene que tomar el relevo a la política monetaria y
cambiaria que ha existido hasta ahora. En este sentido, como decía antes,
el déficit público y el control del mismo es fundamental.

A esto tenemos que añadir que para poder controlarlo, desde nuestro punto
de vista, lo primero que hay que hacer es deslindar lo que son los
elementos puramente cíclicos, que tienen un componente aproximado de un
tercio del déficit público, de lo que son los elementos coyunturales o de
carácter estructural, que tienen un componente de los dos tercios. Por
eso es tan difícil el control y la reducción del déficit público, por ese
gran componente estructural que tiene el mismo. Por eso observamos con
cierto agrado, con cierto optimismo, las medidas que el Gobierno parece
va a poner en marcha. Incluso, en su momento, el Presidente del Gobierno
dijo que él iba a estar encima del control presupuestario. Yo quiero que
estas cuestiones no se reduzcan a unas manifestaciones en momentos
determinados y que, efectivamente, esté el Presidente del Gobierno encima
de lo que va a ser la marcha del presupuesto del Estado,
Una secretaría específica de presupuestos creo que indica la sensibilidad
del Gobierno en este aspecto. Lo que pasa es que tal vez esa sensibilidad
sea tan grande que no sólo crea una secretaría sino también una oficina
presupuestaria. Intuimos que puede haber problemas de encaje, pero eso es
un asunto interno del Gobierno. Sin embargo, sí nos gustaría que no
redundara en problemas adicionales. Y con eso tampoco quisiera decir que
no haya una información puntual por parte del Gobierno al Parlamento,
bien en esta Comisión bien en la Comisión de Presupuestos, pero creo que
el hacer partícipes directamente de la marcha y el control
presupuestarios al Parlamento es para nosotros fundamental. Parece ser
que también quedan pendientes unas auditorías --de eso no ha hablado
usted-- y no sabemos si se van a llevar a efecto o no, pero está claro
que lo primero que hace falta saber es cuál es exactamente el déficit
público del Estado, y para eso hagan lo que tengan que hacer.

Al margen de esto están las medidas urgentes que aprobó el Gobierno, como
esa reducción de los 200.000 millones. A mí me parece bien, como gesto,
el hecho de que se demuestre que nada más empezar a andar lo primero que
les preocupa es esto, pero tiene que estar encuadrado dentro de una
estrategia, de una política y de un planteamiento que tienen que ir mucho
más allá que lo que es decir en un momento determinado que se va a hacer
una reducción de utilización presupuestaria de 200.000 millones de
pesetas. Como digo, esto tiene que ir dentro de un plan mucho más
completo y serio. También hemos oído que hay pendiente o estudiándose
otra reducción o limitación de presupuestos de 400.000 millones. No
sabemos si es o no verdad, pero se oye decir y está en la opinión pública
porque sale en los medios de comunicación. Pensamos que para una
verdadera consolidación presupuestaria son necesarias medidas mucho más
profundas, y esas medidas pasan por una moderación del consumo público,
porque desechando el aumento de la presión fiscal, que ha quedado
ratificado y corroborado, la reducción del déficit tendrá que basarse en
la disminución del fraude fiscal en cuanto a ingresos se refiere porque
no pueden aumentar, pero fundamentalmente en la reducción del gasto
público, y en la reducción del gasto público, en consumo y en
transferencias desde nuestro punto de vista. Hay una cuestión que no se
ha tratado: si esa reducción del gasto público va a estar basada también
en reducción del esfuerzo inversor. Este es un tema que nos preocupa
porque pensamos que es preciso mantener el peso de la inversión pública
en el Producto Interior Bruto. En épocas anteriores se estableció como
objetivo el compromiso del 5 por ciento del Producto Interior Bruto, que
no se ha cumplido en ningún ejercicio. Es cierto que en la ratio de
inversión pública-Producto Interior Bruto estamos en los niveles más
altos de la Unión Europea junto con Portugal, pero también hay que tener
en cuenta que hemos partido de una base mucho más precaria en cuanto al
establecimiento de infraestructuras, sobre todo de comunicación, que el
resto de los países europeos. Por tanto, el esfuerzo que se ha tenido que
hacer ha sido mucho mayor y esa ratio es superior, pero eso no quiere
decir que sea suficiente. No se han alcanzado los niveles de los países
más desarrollados de la Unión Europea en este campo. Por tanto, aquí hay
ahora un problema de si se va a cumplir o no el calendario del Plan
Director de Infraestructuras que había establecido el anterior Gobierno.

Los Presupuestos para 1996 ya establecían del orden de



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873.850 millones que significaban una reducción del 5,4 por ciento sobre
el Producto Interior Bruto con respecto al año anterior.

En el programa del Partido Popular se dice una cosa que sí me gustaría
que me aclarara. Dice textualmente: se mantendrá la inversión pública en
niveles suficientes. Lo que yo le pregunto es lo siguiente: para ustedes,
¿qué son niveles suficientes? Porque ahora el Ministro de Fomento nos ha
dicho que la cantidad prevista de inversión pública en esta legislatura
asciende a dos billones de pesetas, y eso significa menos de 500.000
millones de pesetas anuales. ¿Cómo afecta esto al Plan Director de
Infraestructuras? ¿Va a haber paralización de proyectos? ¿Esto tiene un
impacto negativo en el sector de la construcción, que es uno de los
sectores motores del crecimiento económico? Hay una serie de incógnitas,
y, si no en este momento, sí nos gustaría que usted tomara nota por lo
menos de nuestra preocupación para que en alguna otra ocasión pudiéramos
ahondar en ello.

Después de la moderación del consumo público, de mantener el esfuerzo
inversor, la tercera cuestión importante para nosotros es la
modernización del sector público. Es necesario hacer un enorme esfuerzo
para aumentar la productividad del sector público, y creo que ahí podemos
coincidir. Ustedes tienen la idea de establecer el sector público como
una gestión privada, y yo creo que eso es importante porque esa mejor
gestión nos va a permitir liberar nuevos recursos y ampliar ese margen de
maniobra presupuestaria tan necesaria, pero esa modernización implica
cuatro cosas: una mejora en la gestión de los recursos humanos, en la
Administración pública, una mayor descentralización de responsabilidades,
una evaluación de las políticas y, desde luego, la coordinación entre las
administraciones públicas. Quiero decir con esto la coordinación entre la
Administración central y las administraciones autonómicas y entes
locales. Todo esto difícilmente se va a poder llevar a efecto si no se
hacen las necesarias reformas estructurales. Parece ser que el Gobierno
está por ello, y de hecho creo haber leído en algún sitio que existe un
informe de la Dirección General de Política Económica con más de cuarenta
medidas de reformas estructurales que ha elaborado su Gobierno. Me
gustaría que esta Comisión hubiese tenido acceso, si es que ya están
elaboradas, a esas cuarenta medidas de reformas estructurales que parece
que tiene diseñadas el Gobierno. Dentro de esas reformas estructurales
coincidimos en que es necesario desregularizar y liberalizar los
mercados, introducir competencias en todas las áreas, en
telecomunicaciones, en vivienda, en suelos, en créditos y seguros, en
energía eléctrica, en todos estos sectores en los que de alguna manera
hoy todavía existen algunas actuaciones pseudomonopolistas. Yo creo que
hay que fomentar, hay que introducir una mayor liberalización en todos
estos sectores.

En el tema de la flexibilización del mercado laboral ustedes están
pasando la patata caliente a los agentes sociales, y yo creo que, en
cierto modo, con razón. Al final, los motores de ese cambio y de esa
flexibilización laboral tienen que ser los propios agentes sociales, los
empresarios y sindicatos, pero, desde luego, el Gobierno también tiene
unas ciertas responsabilidades en todos aquellos aspectos que tienen
relación con ese mercado laboral como puede ser el sistema educativo, el
Derecho laboral, o el propiciar unos sistemas de negociación colectiva y,
sobre todo, la reforma de la Seguridad Social. Todos estos aspectos son
responsabilidad del Gobierno y no sólo de los agentes sociales. Luego no
hay que eludir esa parte de responsabilidad.

Creemos que la Administración pública deberá adecuar la distribución de
competencias que son consecuencia del desarrollo autonómico. Esta es una
tarea pendiente, es un trabajo que tendrá que realizar este Gobierno.

Tiene que adecuar esa distribución de competencias porque estamos en un
Estado de las autonomías, y es muy importante que se lleve a efecto el
desarrollo completo de esas competencias que tienen las autonomías y
corresponsabilizarlas de la política general del Estado.

Hay que desvincularse de empresas que operen en sectores protegidos y,
desde luego, hay que mejorar la gestión de los servicios que se prestan
al ciudadano. Esa gestión tiene que ser mucho más transparente, mucho más
ágil y mucho más cercana al ciudadano, y, por supuesto, adecuar el
sistema fiscal. Sobre esta cuestión ya ha dado las líneas generales, pero
le voy a hacer dos puntualizaciones nada más. En lo referente a la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quiero
apuntar que esa modificación o reforma de la fiscalidad del sistema
complementario a la Seguridad Social es un tema que está en el Parlamento
y posiblemente hoy se apruebe la constitución de una ponencia para el
estudio de la misma. Por tanto, le rogaría que esperaran a que el
Parlamento y la ponencia correspondiente se pronunciasen sobre el futuro
del sistema complementario de la Seguridad Social. En cuanto a la reforma
del Impuesto sobre Sociedades, simplemente voy a hacerle una pregunta: si
tienen previsto bajar o no los tipos del Impuesto sobre Sociedades. Como
sabe, en el País Vasco lo vamos a hacer, y me gustaría saber si en la
reforma del Impuesto sobre Sociedades prevista por el Gobierno se ha
fijado el objetivo de bajar el tipo impositivo.

Finalmente, me voy a referir a la reforma del sector público empresarial
porque, aunque esta cuestión cae dentro de lo que es la política
industrial, creo que es importante conocer cuál es la opinión del
Vicepresidente y Ministro de Economía.

Recientemente el señor Piqué, Ministro de Industria, acaba de decir que
su idea es privatizar todas las empresas públicas en esta legislatura. Yo
creo que tendrá que haber una coordinación en este aspecto entre el
Departamento de Industria y el Departamento de Economía, porque creo que
esto influye en lo que tiene que ser el planteamiento general de política
económica. Lo que está claro es que hay que gestionar la empresa pública
con unos criterios empresariales, estableciendo una estructura
organizativa como si fuese una empresa con responsabilidades,
descentralización, delegación de funciones, una eficiencia en costos,
desterrar la competencia en el sector privado, etcétera. Todo eso yo creo
que es fundamental. Y desde luego para nosotros es importante un programa
de privatizaciones, con un calendario de empresas, de cuantía de capital
a privatizar,



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de fechas previstas de este proceso. Señor Rato, lo que no queremos es
más intelhorces, que creo que usted conoce. La privatización de
Intelhorce es un ejemplo de cómo no se debe privatizar por parte del
Gobierno, y todavía colea, porque en estos momentos todavía está ahí el
problema. El problema de las privatizaciones no es sólo pasar al sector
público una parte de responsabilidad de la gestión o del capital, porque
mientras el Gobierno no se deslinde de la responsabilidad del aspecto
social de la privatización, al final son privatizaciones temporales,
porque el problema es que cuando esa empresa no se reflota y no es viable
pasa otra vez al sector público. Me gustaría que usted me dijera qué va a
pasar con aquellas empresas que se van a privatizar y, si esa
privatización no es efectiva y no puede salir adelante, qué va a hacer el
Estado con la problemática social que puede generar esa empresa
privatizada, porque los trabajadores de las empresas públicas que se
privatizan siguen pensando en que todavía están dentro del ámbito
público. Este es un problema y al final resulta que nunca se privatizan:
el ejemplo de Intelhorce. Por tanto, en este aspecto estamos preocupados
y queremos saber su opinión.

No me voy a extender más porque creo que en esta primera intervención
hemos agotado quizá excesivamente los tiempos y los temas. Simplemente le
reitero el deseo de mi grupo parlamentario de que acierte en su gestión.

Desde luego yo le ofrezco personalmente y en nombre del grupo la
colaboración activa y positiva, también le voy a decir crítica, porque
indudablemente aunque tenemos coincidencias en planteamientos de política
económica, hay aspectos en los que podemos disentir, y ahí vamos a ser
críticos, quizá no con la fuerza con que mi compañero Homs le recrimina,
quizá yo lo haga más bajito, pero a lo mejor voy a estar con la escopeta
cargada con más balas. O sea, que en ese aspecto vamos a dejar las cosas
ahí. (Risas.) Lo que sí quiero es que el día a día de la gobernabilidad
no le haga desviar de estos planteamientos y que cumplan con todos sus
compromisos, con todos sus acuerdos y con todas sus promesas. En ese
aspecto nos va a tener siempre al lado, y desde luego a mí personalmente,
apoyándole para sacar adelante este país y llegar a conseguir lo que
todos queremos, es decir, un nivel de bienestar social equiparable al de
los mejores países de Europa.




El señor PRESIDENTE: Como el señor Mauricio no está presente en la sala,
me imagino que renuncia a su turno de intervención.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: En primer lugar, mi Grupo quiere agradecer la
primera comparecencia del Vicepresidente del Gobierno y Ministro de
Economía, Hacienda, Comercio, Turismo y Pymes y, al mismo tiempo, le
quiere dar la bienvenida a esta Comisión de Economía, Hacienda y Comercio
del Congreso de los Diputados. Por supuesto, nos sumamos a los deseos de
suerte y de acierto, y en este último con un matiz en el sentido de que
aquellos que tenemos la satisfacción de conocerle sabemos que el acierto
está prácticamente garantizado.

Quiero felicitarle, señor Vicepresidente, fundamentalmente porque en su
exposición hoy usted no ha escondido ninguno de los problemas que tiene
la economía española; y felicitarle también, señor Vicepresidente, por el
talante con el que ha iniciado su mandato y que ha puesto hoy en escena
política en esta sede parlamentaria. Mi Grupo no puede por menos que
expresar su satisfacción por haber podido deducir de su detallada y
extensa exposición que sitúa usted, como Vicepresidente del Gobierno
encargado de las tareas económicas, la creación de empleo como el
objetivo prioritario de su Departamento, y lo que nos parece más
importante al poner en el punto de mira la creación de empleo es el haber
podido escuchar que el Gobierno del Partido Popular adquiere el
compromiso en sede parlamentaria de compatibilizar el nuevo modelo de
crecimiento económico que nos ha planteado con el mantenimiento del
Estado de bienestar. Cuando usted nos hacía un subrayado especial
respecto a los conceptos estabilidad y solidaridad, hemos creído entender
clarísimamente que estaba usted haciendo una declaración y adquiriendo un
compromiso político de la compatibilidad entre el crecimiento y el
mantenimiento del Estado del bienestar. Si no fuera así, nos gustaría que
pudiera extenderse en su próxima intervención sobre el alcance de los
conceptos estabilidad y solidaridad.

El Grupo Popular quiere expresar en esta intervención la tranquilidad que
le ha producido el escuchar el diagnóstico del Vicepresidente del
Gobierno sobre la situación económica del país, un diagnóstico que
encontramos muy ajustado a la realidad del momento de cada una de las
variables macroeconómicas y un diagnóstico que, por su ajuste a la
realidad, le va a permitir al Gobierno adoptar las medidas más adecuadas
para conducirlo hacia los objetivos de la Unión Económica y Monetaria que
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara han coincidido en señalar
como el objetivo prioritario para los próximos dos años.

El reconocimiento, señor Vicepresidente, en su intervención de que España
se encuentra en la transición de un ciclo económico y el anuncio de una
reactivación de la economía en el segundo semestre lleva a este grupo a
preguntarle concretamente cuáles son los fundamentos para hacer la
afirmación sobre la reactivación y qué medidas se van a tomar desde el
Gobierno para apoyar esa anunciada reactivación de la economía en el
segundo semestre.

Nos ha producido tranquilidad el compromiso de trabajo del que hemos
podido tomar nota a lo largo de toda su extensa intervención; compromiso
de trabajo para plantearnos una nueva política presupuestaria; compromiso
de trabajo para plantearnos una reforma del sistema tributario, unas
nuevas relaciones entre la Administración tributaria y el contribuyente.

En resumen, las reformas estructurales de sectores ya definidos. Por
tanto, creemos que generan tranquilidad todas las medidas que hemos
podido anotar en los capítulos de presupuestos y gastos de Hacienda,
Pymes, Comercio y Turismo. Como otro portavoz que me ha precedido en el
uso de la palabra ha señalado,



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son medidas que vienen a confirmar el cumplimiento de un programa con el
que se ha comparecido a unas elecciones en las que se ha resultado el
partido más votado.

Ello me lleva a hacer una reflexión en esta primera comparecencia, porque
cabría la posibilidad de que los grupos parlamentarios de esta Cámara
tuvieran que hacer un esfuerzo. Yo no sé si el esfuerzo será muy grande o
muy pequeño, pero sin ningún género de duda, después de las
intervenciones que hemos podido escuchar esta mañana, los portavoces
tendremos que hacer algún esfuerzo --ya digo que en algunos casos pequeño
y en otros más grande-- para adaptarnos a la nueva situación política.

Porque pareciera que algunas intervenciones de otros portavoces han
pretendido la justificación de actuaciones anteriores y no la valoración
de la comparecencia a la que asistimos, o pareciera que las
intervenciones de otros portavoces han caído en las inercias de antiguas
colaboraciones. En cualquier caso, sería bueno hacer un esfuerzo para
situarnos cada uno en la posición que nos han situado los últimos
procesos electorales que se han vivido en España.

Cabría también señalar de las intervenciones de otros grupos, señor
Presidente, que nosotros haríamos más subrayados en los silencios que en
las afirmaciones. Nos ha parecido, después de la exhaustiva y detallada
exposición de medidas, de compromisos, muchos de ellos ya temporalizados
por el propio curso del ciclo político parlamentario, estar más atentos a
la cantidad de silencios que se han producido en torno a estas medidas
que a las valoraciones y afirmaciones que se han hecho. Por supuesto,
debemos de anotar que algún portavoz ha mostrado su decepción por la
revisión del cuadro macroeconómico que se ha producido, pero quisiera
expresar también aquí que algunos cuadros macroeconómicos --y a las
pruebas nos remitimos de cómo han funcionado aquellas previsiones--
estaban más basados en un optimismo y en un voluntarismo que en la
realidad de los hechos que después se cumplieron, y a las pruebas me
remito cuando algún cuadro macroeconómico ha estimado un crecimiento de
la economía española en el primer trimestre que ya ha sido desautorizado
por los datos reales del crecimiento económico registrado en ese primer
trimestre.

Desde luego, me llama la atención haber escuchado satisfacciones en torno
a la competitividad que ha registrado España en los últimos años. Todos
sabemos que el índice de tendencia de la competitividad española en los
últimos años ha mejorado exclusivamente por la palanca de los tipos de
cambio, por la palanca que se ha movido por las sucesivas devaluaciones.

La competitividad no se ha producido ni se ha mejorado en los últimos
años, y ése es uno de nuestros grandes defectos; la competitividad,
insisto, no se ha mejorado por los precios ni por otros factores que
influyen en el índice de tendencia de competitividad.

Desde luego, me deja seriamente preocupado, a los veinte días del
gobierno del Partido Popular, que se llegue a calificar de errónea la
política presupuestaria que se ha planteado desde el Gobierno.

Precisamente la política presupuestaria de los años anteriores no es uno
de los mejores elementos para exhibir. También me resulta sorprendente,
como mínimo, el hecho de que se insista en la petición de la
identificación de la aplicación del reajuste presupuestario o del acuerdo
de no disponibilidad presupuestaria. Quisiera recordar a algunos
portavoces de esta Comisión sobre muy recientes medidas adoptadas por
otros gobiernos --y me estoy remontando exclusivamente al año 1995--,
pues también existió un acuerdo de no disponibilidad de créditos
presupuestarios. Simplemente pido a algunos portavoces que retomen las
hojas del «Diario de Sesiones» de esta Comisión y de la de Presupuestos y
averigüen con cuánto tiempo rindió cuentas el Gobierno sobre el verdadero
alcance de aquel ajuste y gracias a qué iniciativa parlamentaria se pudo
producir aquella comparecencia. Cuando se despejen aquellas dudas, no se
tendrán muchas ganas de insistir en una petición de comparecencia, que ya
ha anunciado el Gobierno que se producirá en breve para dar cuenta del
verdadero alcance y en qué partidas se producirá esta no disposición.

Finalmente, señor Presidente y señor Vicepresidente del Gobierno, mi
grupo quiere agradecerle también la exposición que ha hecho al final de
su intervención respecto a los controles que el Parlamento debe ejercer
sobre la ejecución del Presupuesto y sobre la gestión económica del
Gobierno. Mi grupo se suma con satisfacción a poner en marcha todo ese
conjunto de comparecencias periódicas que usted ha anunciado y supongo
que habrá todo tipo de coincidencias entre los demás grupos para que esas
comparecencias se lleven a cabo, bien en esta Comisión bien en la de
Presupuestos.

Por lo demás, señor Vicepresidente, muchas gracias y confiamos en que
conteste a las dos preguntas fundamentales que contenía nuestra
intervención. Le reitero aquellas preguntas: estabilidad y solidaridad;
cuáles son, para usted, los elementos que anuncian esa reactivación del
segundo semestre y qué medidas estaría dispuesto a poner en marcha el
Gobierno para apoyar esa reactivación.

Muchas gracias y nuevamente bienvenido a esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para concretar los términos de la comparecencia,
respondiendo a las preguntas e interrogantes y haciendo las precisiones
que crea oportunas el señor Ministro en función de las intervenciones de
cada grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Ministro de Economía
y Hacienda, señor Rato.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Ante todo, quiero agradecer no sólo las diversas
fórmulas por las que se me ha deseado suerte y acierto, desde la primera
intervención del señor Eguiagaray a la última del señor Aguirre, sino
también el tono de las intervenciones de todos los grupos. Creo que el
detalle que manifiesta las posiciones distintas y las posiciones
políticas, no siempre distintas, algunas veces coincidentes entre unos
grupos y otros, augura que podremos realizar un debate profundo de las
opciones de política económica a lo largo de los próximos meses, y creo
que ésa es nuestra mejor contribución por ambas partes, el Ejecutivo y
los grupos, a lo que puede ser un trabajo en común. No interpreto que las
críticas



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no formen parte de un trabajo en común, creo que las críticas pueden ser
extraordinariamente útiles para un Gobierno. Indudablemente, las
posiciones políticas, incluso las parlamentarias --lo sé muy bien--,
influyen en esas posiciones, pero también creo que el debate
parlamentario debe ser uno de los instrumentos básicos para generar
políticas si no de consenso desde el punto de vista de los votos, sí al
menos de consenso desde el punto de vista de la explicación a los
ciudadanos de las diversas opciones. Creo que ése es un papel
extraordinariamente importante, que yo valoro muy positivamente, de todos
los grupos.

Voy a contestarles en el mismo orden en que se han producido las
intervenciones. Es más que posible que, en algunos casos, conteste en una
intervención a referencias de otras porque ha habido coincidencias, como
no puede ser de otra manera, y rogaría a los señores portavoces que me
excusen en el caso de que alguna de las precisiones no sea totalmente
satisfactoria para ellos. Me parece que ha sido el señor Homs quien ha
dicho que el corto plazo se sitúa entre 30 y 40 días; hasta su
intervención, tenía la impresión de que el corto plazo se situaba entre
30 y 40 horas. Por lo tanto, habida cuenta de que me lo amplían un poco
más, estoy seguro de que habrá muchísimas ocasiones en las que, tanto
aquí como en el Pleno, los señores portavoces puedan demandarme mayores
precisiones que las que yo puedo concretar en este momento.

El señor Eguiagaray ha empezado diciendo que existe una coincidencia de
objetivos y que es posible que no estemos de acuerdo en los medios. Es
seguro que no le voy a decir al señor Eguiagaray que sólo hay una
política económica posible; creo que ésa es una afirmación que no
responde a la realidad. Sí tengo que decir que cuando se está de acuerdo
en determinados objetivos, la panoplia de medios se concreta. No es fácil
estar de acuerdo en determinados objetivos y, sin embargo, no poder
coincidir en ninguno de los medios; para eso habría que hacer un
clarísimo esfuerzo en no querer estar de acuerdo. Con eso no estoy
presuponiendo ninguna posición inicial, pero en el debate de esos
dieciocho meses que se han pronunciado por varios portavoces como
esencial en la vida económica española, las responsabilidades,
indudablemente distintas, del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios,
tienen que llegar también a que los compromisos sobre los objetivos
exigen coincidencia en determinadas posiciones --no tiene por qué ser en
todas las letras pequeñas-- o alternativas racionales a esas posiciones.

Me decía el señor Eguiagaray que la economía española está en un buen
momento. No será el Ministro de Economía y Hacienda el que diga que la
economía española no está en un buen momento, que tiene grandes
posibilidades de estar en un mejor momento en el futuro y que los
ciudadanos españoles tienen delante de sí claras oportunidades de
prosperidad. Además el señor Eguiagaray nos decía a todos que para
valorar eso tendríamos que olvidarnos de las herencias o de los legados.

No voy a hacer ahora una incidencia sobre herencias y legados.

También me decía el señor Eguiagaray que las tasas de crecimiento han
sido positivas, desde el punto de vista de la economía española. En el
conjunto de los años 1994 y 1995, usted sabe como yo que hemos igualado
la tasa de crecimiento medio de la UE, lo cual quiere decir que en un año
nos ha ido un poco peor y en otro un poco mejor. Es verdad que en el
último nos ha ido mejor, y eso es positivo; siempre es mejor lo que está
más cerca de nosotros que lo que está más lejos.

El señor Eguiagaray comentaba, y ya entraba en materia, sobre la
presentación por el Gobierno del cuadro macroeconómico y parecía
indicarnos, más bien lo decía con todas las letras, que el Gobierno
pretendía curarse en salud. No puedo coincidir con esa afirmación del
señor Eguiagaray, habida cuenta de que el Gobierno ha repartido ayer dos
cuadros macroeconómicos. Uno es la previsión de evolución del año 1996,
que indudablemente está sujeta a variaciones, no sólo las que se puedan
producir en nuestras propias variables, sino las que se produzcan en el
comercio internacional y especialmente en nuestros principales socios de
la Unión Europea. Pero ayer se repartió un cuadro macroeconómico que ya
no está sujeto a variaciones, que es el del primer trimestre de 1996. El
Gobierno, apostando claramente por esa visión del señor Eguiagaray, que
nosotros compartimos, de las grandes posibilidades de la economía
española y de que las políticas de ajuste, en esto me extenderé más
adelante, son el mejor camino para mejorar las perspectivas desde el
punto de vista de la confianza de los ciudadanos y también de los
mercados, ha diseñado un cuadro macroeconómico para el conjunto del año
que es notablemente más optimista que el del último trimestre; no le digo
del que hemos recibido, porque usted me diría que ya estamos hablando de
herencia, pero sí del último trimestre y de la tendencia de los últimos
cinco trimestres. Ya sé que en las cuestiones de optimismo y pesimismo
estamos hablando de los vasos semillenos y semivacíos. Entiendo que todos
tenemos nuestro derecho y desde luego nuestros análisis políticos para
presentar las cosas de determinada manera; pero sin entrar en polémica
con el señor Eguiagaray ni con los demás señores Diputados, sí quiero
poner de relieve ante la Comisión dos hechos. Primero, que el Gobierno
revisa el último cuadro macroeconómico oficial, que fue el que acompañó a
los Presupuestos Generales del Estado no aprobados, es decir, de octubre,
que en este momento sería absolutamente impresentable no haberlo hecho y
que lo revisa claramente al alza no de la tendencia del último trimestre,
sino de la tendencia de los últimos cinco trimestres.

Los señores Diputados pueden considerar que esa revisión debería ser de
otra manera, pero el Gobierno ha querido hacer una revisión rigurosa, una
revisión que claramente se ajuste a la realidad que en este momento
indican los técnicos. El Gobierno no tiene ninguna posición política
sobre un hecho que cree es el más acercado a las previsiones y que,
además, como se ha puesto de relieve me parece que por el portavoz del
PNV, no difiere en nada lo que el Gobierno dijo ayer de lo que están
diciendo todos los organismos nacionales e internacionales sobre nuestro
cuadro macroeconómico.

Esto me lleva a la segunda reflexión. Es un cuadro macroeconómico asumido
por los mercados y por la sociedad. Probablemente esto tiene que ver con
que ésta es la



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primera Comisión de Economía que se celebra en los últimos seis meses, y
el último que se ha enterado de este cuadro macroeconómico es el
Parlamento, como consecuencia de que ha habido un período electoral. Lo
que hemos contado ayer lo saben no sólo los mercados sino la sociedad
española. Es un secreto a voces el hecho de que a mediados del año pasado
se ha producido una desaceleración en España y que esa desaceleración se
está produciendo también entre los principales socios de nuestro entorno.

También es un secreto a voces en este momento que hay buenas
perspectivas, no sólo dentro de la economía española, que yo he
mencionado y que muchos de ustedes han repetido o han ampliado, sino en
el conjunto de la Unión Europea y que esas perspectivas puedan mejorarse
durante el segundo semestre.

Desde el punto de vista de los efectos inducidos, del efecto anuncio, de
la dialéctica política o de la crítica política que yo lo entiendo
perfectamente, aunque no lo comparta, pero desde el punto de vista
económico y de los mercados aquí no ha habido ningún efecto anuncio. La
prueba es que ayer mismo, mientras estábamos presentando el cuadro
macroeconómico que está descontado por todo el mundo, al mismo tiempo se
estaban produciendo los mayores acercamientos de tipos de interés con los
países de la Unión Europea. Por tanto, hacen bien en criticar al
Gobierno, pero hay otras críticas que me parecen más ajustadas que éstas.

En cualquier caso, no vean ustedes en la posición del Gobierno ningún
deseo de poner las cosas no sólo más negras de lo que están, sino ni
siquiera tan negras como se podrían poner críticamente, porque el
Gobierno no las ve negras, partan ustedes de esa base. El Gobierno cree
que la economía española puede tener este año un crecimiento bastante
superior a la media de nuestros competidores, lo cual es un gran dato.

Sería el segundo año en que recuperaríamos algo que a todos nos preocupó
en los años 1993 y 1994, y es que España se estaba alejando de su
potencial de crecimiento y de su diferencial de crecimiento con la Unión
Europea. En ese sentido, este año la paternidad de que seamos capaces de
crecer más que la media de nuestros competidores --aunque no nuestro
potencial de crecimiento--, será de dos gobiernos a los que hacer
responsables de esa cuestión. Por tanto, no vean en este cuadro
macroeconómico lo que no ven en este momento, los mercados, ni la
sociedad, sino que es el reflejo de una realidad en la que se perciben
datos optimistas sobre esa realidad. Como he dicho, no existen demasiadas
razones objetivas para la ralentización del consumo y sobre eso ha habido
algunas interpretaciones económicas fundamentales. Pueden existir
políticas, y seguro que no vamos a estar de acuerdo sobre cuáles son las
razones políticas.

Ha habido algunas intervenciones --y ahora salto en el tiempo, si ustedes
me disculpan-- que han dicho que no hay que fiarse sólo del consumo,
desde el punto de vista de instrumento de crecimiento. Yo no he dicho
eso, y si ustedes lo han entendido así será culpa mía. Lo que he dicho
claramente es que en esta fase del ciclo el consumo está en tasas
demasiado bajas desde hace demasiado tiempo y que las tasas bajas del
consumo inciden al final en las tasas de inversión, puesto que no son
variables absolutamente independientes. Una vez que llevamos cinco
trimestres de inversión a buen ritmo de crecimiento, si la capacidad
instalada está bajando como consecuencia de que el consumo no tira de los
efectos de esa inversión, es importante actuar sobre ambas variables.

Cuando yo hablaba de una política económica global, que ha sido
calificada como eslogan por algunos de ustedes, tienen que comprender que
me refería precisamente a eso. La política económica tiene que darse
cuenta de los efectos agregados sobre el conjunto de las variables
macroeconómicas.

El señor Eguiagaray es más optimista que el cuadro macroeconcómico
presentado por nosotros ayer sobre los efectos del crecimiento del PIB en
1996 y el crecimiento del empleo. Yo también quiero ser más optimista.

En cuanto a lo que se deduce de los efectos estadísticos, el señor
Eguiagaray hace bien en precisarlos. Dice que esos efectos estadísticos
son positivos. Sin duda hemos mejorado la base de la EPA. Lo que pasa es
que cuando hablamos de un crecimiento del empleo de 1995 sobre 1994,
tenemos que saber que hay unos efectos estadísticos, lo cual no quiere
decir que esos efectos estadísticos no estén demostrando una muestra más
real, pero el crecimento, ustedes lo entienden igual que yo, no es
totalmente homogéneo. Los efectos de una variación de muestra, que ya se
acaba en el primer semestre de 1996, más la desaceleración del PIB
previsto de un punto, tiene unos efectos que el Gobierno quiere superar.

Indudablemente compartimos el optimismo del señor Eguiagaray en esa
dirección.

El señor Eguiagaray estaba satisfecho --y nosotros también-- de la
evolución de la inflación. Es cierto, nuestra inflación va mucho mejor,
pero yo he puesto de relieve en alguna pregunta en el Pleno --y quisiera
hacerlo aquí en esta réplica, sin querer entrar en ningún tipo de
debate-- que debemos fijarnos no tanto ya en nuestra inflación sino en
nuestros diferenciales porque ahí está la muestra de si vamos tan bien
como otros o vamos bien pero no tan bien como otros. En ese sentido, el
Gobierno ayer ha puesto de relieve --lo había hecho el lunes, lo hemos
vuelto a hacer ayer y quiero aprovechar esta ocasión para hacerlo otra
vez-- que, precisamente, para el año 1997 nuestro objetivo de inflación
se pone claramente en referencia con el de otros. Aquellos que como el
Gobierno comparten la firme voluntad política de tomar medidas económicas
para que España se encuentre en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria son conscientes de que el propio Tratado de Maastricht ya nos
indica la tasa de inflación para 1997, que es punto y medio por encima de
los tres países más estables. Aquellos que no comparten eso,
indudablemente pueden tener posiciones alternativas, y ahí es donde yo
quiero volver a insistir. Compartir objetivos nos va a tener que acercar
en algunas cuestiones, aunque políticamente, como es natural, cada cual
quiera mantener sus distancias.

Se dice también por parte del señor Eguiagaray que se ha reducido el
déficit público en 1,6 puntos entre 1994 y 1995, y es verdad, pero
también es verdad que hay que reducirlo en 2,8 puntos entre 1996 y 1997.

Ya lo dije el otro



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día: el 70 por ciento del esfuerzo nos va a tocar a nosotros. Seguramente
estamos encantados de que no nos toque el cien por cien, pero el 70 por
ciento nos toca a nosotros y, en cualqueira caso, no sólo a nosotros
puesto que con ustedes siendo el primer grupo de la oposición, desde sus
posiciones, manteniendo sus distancias y no hablando de ningún tipo de
corresponsabilidad, indudablemente, tendremos que discutir cuál es la
adecuación de esos objetivos a esos medios.

No todas las tareas están hechas, no cabe duda. Hay que continuar
arrimando el hombro y ahora el Gobierno del Partido Popular tiene esa
responsabilidad sin duda.

¿Estamos preparando a la sociedad española para medidas más duras? No. Yo
no creo que estemos hablando de medidas más duras, creo que estamos
hablando de reformas, como he mencionado posteriormente, y ahí hay cierta
tendencia --que no digo que la tenga S. S. pero aprovecho para hablar de
ella ahora-- de tratar de presentar nuestra incorporación a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria como un camino en el que todo lo
que tenemos que hacer son sacrificios. Quiero decirles que es firme
convencimiento del Gobierno de que no sea así. Si queremos crear empleo
tendremos que tener una economía con menos tipos de interés y con una
peseta que valga realmente lo que permite competir, sin hablar de
devaluaciones competitivas, y si queremos tener menores tipos de interés
en un mercado abierto, en un mercado libre --que tiene todas las ventajas
para nuestros ciudadanos y para nuestra economía-- tendremos que hacerlo
con unos déficit públicos que no incidan en nuestros tipos de interés o,
dicho de otra manera, con una política presupuestaria que no obligue a la
política monetaria a ser el único instrumento de estabilidad, porque,
además, la experiencia nos enseña a los españoles que, por muchos altos
tipos de interés que tengamos, no reducimos la inflación a no ser que se
produzcan moderaciones en la política presupuestaria y en las reformas
estructurales.

El señor Eguiagaray ha mencionado, entre otras muchas cosas, los efectos
que puede tener en este año la buena cosecha. Sin duda, están previstos
en el cuadro macroeconómico, yo creo que él es consciente, como estaban
previstos en el anterior y, a lo mejor, el señor Eguiagaray es más
optimista que nosotros. Bien. Yo creo que el señor Eguiagaray seguramente
está en su posición, y lo que nosotros hacemos es reflejar un cuadro
macroeconómico que se desprende de las previsiones técnicas que en este
momento están siendo elaboradas.

Ha habido un momento en que el señor Eguiagaray --y me permitirá que lo
mencione--, aunque ha sido muy comprensivo diciéndome que entendía que la
primera intervención era una intervención programática, después me ha
preguntado que dónde estaban los proyectos de ley. El señor Eguiagaray
seguramente comprende que yo no he venido hoy, a los 30 días de haber
tomado posesión, con los proyectos de ley; pero estoy anunciándolos, y
comprendo que el señor Eguiagaray me urja que los presente lo antes
posible. Hablaba de que no he dicho cuándo vamos a concretar una nueva
política de compras. Lo he debido decir mal, lo he dicho claramente: en
la ley de presupuestos tendremos una variación de los sistemas de compras
y, por tanto, ahí tendrán ustedes ocasión de debatir con nosotros si lo
que hemos hecho es suficientemente bueno, si ustedes creen que deberíamos
seguir por el sistema anterior o si ustedes tienen una alternativa a lo
que nosotros proponemos. Seguramente habrá noticias sobre esta cuestión
antes porque éste va a ser un debate abierto con todos los ministerios y
tendrá su traslación a la prensa sin ninguna duda, pero nos parece que no
tiene ningún sentido plantear modificaciones sobre los procedimientos de
compras del Estado cuando tenemos que preparar una ley de presupuestos
que debe estar en esta Cámara el 1.º de octubre de 1996.

En cuanto a la declaración de disponibilidad sólo quiero decirles un par
de cosas. Primero, esta declaración de disponibilidad va a ser conocida
por la Cámara antes que por ninguna otra de las que se han producido. No
podemos discutir sobre los registros de la Cámara; ahí sí que me
reconocerán ustedes que las fechas vienen en los tampones. Y, segundo, su
realidad va a ser más concreta que ninguna otra porque ustedes que han
estado en el Gobierno --y ahora me refiero a los que han estado en las
últimas fechas--, saben perfectamente las dificultades que tuvo la
declaración de no disponibilidad de enero de 1995, que no era exactamente
una declaración de no disponibilidad --y ustedes lo saben--, y saben
perfectamente el grado de concreción que tuvo entre los ministerios y el
Ministerio de Economía y Hacienda la de 28 de diciembre de 1995. De todas
maneras, todas esas cuestiones quedarán perfectamente aclaradas. Sí tengo
que decirles que en el sistema de declaraciones de no disponibilidad,
que, por cierto, ustedes desarrollaron, el Consejo de Ministros lo
acuerda y da un plazo, pero no siempre se ha dado un plazo. En otras
épocas se hacía la declaración de no disponibilidad y ya veríamos cuándo
se concretaba. Eso sí, se repartió un cuadro a la prensa, pero ya
veríamos cuándo se concretaba. El Gobierno en este caso ha dicho: el día
1.º de junio los ministerios tienen que haber contestado. Ustedes dicen
que es mucho tiempo. ¿Cómo es posible que hasta el 1.º de junio el
Gobierno no concrete, cuando seguramente lo debería hacer en diez días o
en 40 horas? Si alguna satisfacción podemos tener es que hemos mejorado
bastante lo anterior y seguramente el que venga detrás de nosotros nos
mejorará a nosotros todavía más. De momento, nosotros hemos dado una
fecha de tres semanas para concretar la declaración de disponibilidad y
en eso, si ustedes me permiten la expresión y con todo respeto, no
tenemos comparación con lo anterior; es decir, no hay nivel de
comparación.

Reforma fiscal. Me dice el señor Eguiagaray que yo he hablado de 13 años,
pero no de los tres últimos. Es verdad, yo he hablado de 13 años y él
habló de los tres últimos, lo cual demuestra que él prefiere hablar de
los tres últimos porque no le gustan los diez anteriores o cree que tiene
mejores situaciones en los tres últimos. Sí he dicho en mi intervención
sobre la política presupuestaria que se acercaría más a la del último año
que a la de los trece anteriores; por tanto, si me permite interpretarle,
aunque usted habla de que le gusta los tres últimos, a mí me parece más
positivo el último, pero claramente de lo que no queremos hablar ninguno
es de la política presupuestaria de los diez años



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anteriores. Me parece bien. Creo que seguramente tiene sus explicaciones.

Gobiernos nuevos --¡qué me van a decir de gobiernos nuevos!--; gente
nueva que llega al Gobierno y toma decisiones --¡qué me van a decir
ustedes de eso!-- pero, desde luego, en diez años se podían haber
acelerado un poquito más las experiencias. En cualquier caso, coincido
con el señor Eguiagaray en que en los tres últimos años no ha habido
aumento de la presión fiscal porque lo dicen las cifras, aunque sí ha
habido subidas de impuestos, lo cual nos lleva a la segunda cuestión que
es el debate eterno entre su grupo y el mío y que continúa ahora que
hemos cambiado de chip y es si bajar los impuestos supone bajar la
recaudación; si subir los impuestos significa subir la recaudación.

Usted tiene ejemplos para todos los gustos, no yo sino su propia gestión,
y, por tanto, volvemos a insistirles en nuestro convencimiento de que las
modificaciones normativas no deben producir en todos los casos
reducciones de ingresos, incluso pueden mejorarlos, y que los aumentos de
impuestos no en todos los casos incrementan los ingresos, sino que pueden
disminuirlos. Dependen de muchas variables, entre otras, de sus efectos
sobre el crecimiento, que cada vez es una de las variables que más nos
importa a todos para el empleo, para la recaudación y para otras
cuestiones.

He hablado del estatuto de defensa del contribuyente, usted lo ha
mencionado de pasada, y después ha hablado usted de la propuesta del
Partido Popular de reducir los tramos y ha dicho que eso acaba con la
progresividad. Eso depende del mínimo exento. La progresividad no tiene
nada que ver con los tramos, depende del mínimo exento, claro, como
ustedes pusieron de relieve en el año 1985, donde pasaron de treinta y
tantos tramos a 15, y seguramente hay una tendencia en las haciendas
europeas a reducir tramos. Ustedes pueden decirme que 15 son suficientes
o podrían decirme que debemos acercarnos a las tendencias europeas que
son siete o tres; es un debate abierto. Lo que me parece es que no hay
nadie que proponga aumentar los tramos. Discutimos si los que hay
actualmente son suficientes o si podemos reducirlos para hacer un
impuesto más simple y más eficiente. Es un debate perfectamente abierto y
cuando el Gobierno concrete su propuesta en la ley de presupuestos o
antes, estaremos encantados de debatirlo.

Por lo que se refiere a las plusvalías, han encendido ustedes todas las
luces rojas diciéndonos que vamos a afectar... Quiero decirles lo que
pretendemos con las plusvalías, especialmente las que se refieren al
cambio de titularidad o a la venta de activos de las rentas más simples,
y es que hasta ahora la integración de las plusvalías en la base
imponible es bastante compleja y los cálculos son relativamente
difíciles. Ustedes consideran que no y están en su derecho.

Esta complejidad afecta en mayor medida a las pequeñas operaciones y al
pequeño ahorrador. Ese es el que toma algunas decisiones de venta y
después tiene que aplicarlas en su base imponible. Un tratamiento
específico de las plusvalías que evitara la complejidad de su inclusión
en la base imponible regular o anual permitiría simplificar el IRPF para
las pequeñas operaciones como la venta del inmueble propio o la venta de
participaciones en fondos de inversión que afectan a todos los
ciudadanos. Esta es nuestra propuesta que concretaremos y estoy seguro de
que ustedes podrán presentar alternativas para mantenerlo como está o
para mejorar nuestra propuesta y las llevaremos al debate en el que
estemos todos.

Sobre el Impuesto de sociedades, hay una afirmación del señor Equiagaray
--me alegro-- que es una de las que más me ha interesado y es que las
modificaciones en algunas cuestiones del Impuesto de sociedades pueden no
afectar a la recaudación inmediata. Menos mal. Ya empezamos a aceptar
algunas de esas medidas.

El señor Eguiagaray pregunta si vamos a ser capaces de calcular cuáles
serán sus efectos a medio plazo. Depende de los efectos que tengan sobre
la actividad económica. Por ejemplo: la última vez que se llevó a cabo
una revisión de los efectos de la inflación sobre los activos
empresariales --actualización de balances--, en el año 1985, si se ve la
evolución de la recaudación del Impuesto de sociedades se ve que no tuvo
efectos. Seguramente hay otras explicaciones, pero a lo largo del medio
plazo porque en el corto plazo parece que estamos de acuerdo en que ya no
tiene efectos. Por tanto, desde ese punto de vista estoy dispuesto a
entrar en un debate técnico sobre los efectos a medio plazo de medidas
tributarias que no tienen efectos a corto plazo y, desde luego, va a ser
un debate técnico de gran altura porque vamos a tener una gran cantidad
de hipótesis sobre los crecimientos que además si somos capaces de
acertar en ellas, nos mereceremos mucho la atención de la opinión
pública.

Por lo que se refiere al IAE, volvemos al debate eterno. Es decir, ¿cada
vez que se modifica un impuesto se producen caídas de la recaudación o es
un impuesto mal diseñado el que las produce porque afecta al crecimiento?
Pondré un ejemplo muy simple y que seguramente todos ustedes recuerdan
porque la campaña electoral no está lejos: los automóviles. En ese
sentido, seguramente tendremos capacidad de discutirlo y, desde luego, en
nuestra opinión el IAE en este momento admite claras modificaciones que
permitan una mejora de la recaudación porque sea capaz de mejorar la
situación de competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Sobre el pacto de financiación autonómica, el señor Eguiagaray me plantea
--y aquí ya tengo que entrar obligatoriamente en intervenciones
posteriores-- el tema de que concretemos ese pacto. Ya lo hemos
concretado y hemos dicho lo que queremos conseguir con él.

Indudablemente, vamos a tener un debate. Ustedes quieren adelantarlo, me
parece muy bien. La oposición siempre quiere adelantar los debates al
ritmo del Gobierno y eso entra dentro del juego.

Y entramos en el tema de los topes. Un sistema de corresponsabilidad
fiscal no es un sistema de participación en ninguna cuota líquida, que es
un sistema de participación en los ingresos del Estado; un sistema de
corresponsabilidad fiscal supone que las administraciones que la tienen
pueden fijar sus propias tarifas, tener sus propias deducciones y su
propia lucha contra el fraude. Si ustedes tienen otra alternativa, vamos
a tener muchos meses para verla.




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¿Creen ustedes que es posible poner topes a una administración que decida
sus propias luchas contra el fraude y su propia progresividad? Si ustedes
lo creen, estaremos encantados de escucharles. Estaremos encantados de
escucharles cómo confeccionan ustedes un sistema de topes cuando
abandonamos un sistema de participación en los ingresos del Estado
pasando a un sistema de corresponsabilidad fiscal. Seguramente la
capacidad innovadora del Grupo Socialista nos dará una gran muestra de
cómo hacer que una administración que tiene su propia capacidad
normativa, es decir a los ayuntamientos en el IBI, vamos a ponerles unos
topes en función de que el Estado decida que la recaudación que consiga
en el IBI el Ayuntamiento de Madrid o el de Barcelona es distinta. Estoy
poniendo el ejemplo de los que ya tienen capacidad normativa. Por tanto,
estoy seguro de que el Grupo Socialista va a encontrar una vía por la
cual la capacidad normativa y la de gestión de una administración
soberana son compatibles con los topes que le ponga otra. Estoy esperando
esas propuestas, porque ustedes van a asombrarnos a todos, especialmente
a sus presidentes de comunidades autónomas.

A partir de ahí tienen que entender el sistema. Comprendo que ustedes
tratan de hacer su debate político, es lógico, es como cuando nos piden
que concretemos en tres semanas lo que ustedes no han concretado en
muchas más, pero coincidimos en los objetivos y su candidato a la
Presidencia del Gobierno en el debate de investidura dijo que
coincidíamos en los principios, que había que coincidir también, pero que
podíamos no coincidir en las medidas, pues cuando se coincide en algunos
principios, hay algunas medidas que no sé cómo se hacen, pero a lo mejor
ustedes, en su capacidad innovadora nos enseñan a todos cómo se hace que
a una administración que tiene competencias otra administración le pone
topes en la capacidad de ejercitar esas competencias y tener capacidad
suficiente para realizarlas de la manera más eficiente.

En cuanto a la base, le podría decir cuál es la posición del Estado
central, pero no lo voy a hacer porque es una negociación que hemos de
tener con las comunidades autónomas; pero ustedes seguramente intuyen
cuál es la posición más ventajosa para el Estado central sobre la base
del año de cálculo.

Hay otra cuestión muy importante que no podemos fijar hasta finales de
año y es la previsión normativa de recaudación que es donde está el quid
de la cuestión, como ustedes saben.

El señor Eguiagaray dice que hay una comunidad autónoma que corrobora que
con este sistema y con una serie de hipótesis sobre elasticidad,
crecimiento del PIB, va a tener una mejora de financiación de 220.000
millones en pesetas corrientes del año 2000. Pues bien, esa misma
comunidad autónoma en pesetas constantes del año 1996 ha tenido en el
sistema anterior una mejora de financiación de 153.000 millones. Podemos
debatirlo, estoy seguro de que esto se va a debatir con la mayor decisión
en la comisión de Política Fiscal y Financiera por todas las comunidades
y, además, lo comprendo perfectamente; pero no entiendo muy bien qué
consecuencia política hay que sacar, de que en pesetas corrientes un
sistema produce 220.000 millones y que en pesetas de hoy el anterior
sistema ha producido 153.000 millones. ¿Eso es que sacan ventaja, que les
hemos dado gato por liebre; eso es que no han hecho sus números? ¿Estamos
hablando de diferencias abismales? No estoy muy seguro, pero estoy
dispuesto a que planteen ustedes sus alternativas.

El señor Eguiagaray me pregunta si en telecomunicaciones y en transporte
aéreo vamos a hacer cosas distintas de las que se han hecho. En
telecomunicaciones, sin duda, hay que hacer reglamentos y cumplir algunos
compromisos sobre liberalización en determinadas fechas que tienen
cuestiones importantes desde la fecha que ya fijó el Gobierno anterior de
renunciar a una parte de las posibilidades de no liberalizar hasta el año
2003 y adelantar una parte de la liberalización en la telefonía al año
1998, que estamos estudiando, y creemos que el Gobierno anterior tenía
razones profundas para tomar esa decisión.

El transporte aéreo lo he puesto como ejemplo de sectores en los que la
normativa comunitaria ha adelantado ya a la competencia. Seguramente no
es en el transporte aéreo, sino en otros elementos de transporte donde se
pueden mejorar todavía las posibilidades de competencia, como ustedes
saben muy bien, y el propio Tribunal de Defensa de la Competencia nos lo
ha dicho exactamente.

Por lo que se refiere al suelo, he debido explicarme mal. Existen dos
cuestiones. Las que dependen del Tribunal Constitucional son las que se
refieren a la competencia y el Gobierno cometería un grave error en tomar
decisiones ahora sobre materias de competencia de distintas
administraciones hasta que no conociéramos la sentencia del Tribunal
Constitucional. Las otras cuestiones se refieren al funcionamiento del
mercado desde el punto de vista de la creación del suelo urbano, plazos,
procedimientos, etcétera. Esa es la segunda parte que el Gobierno va a
adelantar y va a esperar en la primera parte, a conocer la sentencia del
Tribunal Constitucional, posición que nos parece de una mínima
racionalidad. En ese sentido no hemos dicho que esperemos a la sentencia
para todo.

Privatizaciones. He debido entender mal al señor Eguiagaray. Me ha dicho
que no hay que utilizar las privatizaciones para resolver problemas
presupuestarios, sino que hay que actuar sobre los problemas de fondo.

Nos hubiera gustado que fuera así, pero en cualquier caso vamos a
intentarlo y con su concurso lo haremos más. Hemos diferido con ustedes
en una cuestión importante y es en que queremos hacer un debate público
sobre las privatizaciones, que el Gobierno va a plantear un plan de
privatizaciones. Algunos de ustedes me dicen que en ese plan hay que
decir el porcentaje de cada una de las privatizaciones y la fecha. No sé
si necesariamente, pero en cualquier caso el Gobierno actual va a
plantear un debate sobre el papel de las privatizaciones y el esquema de
privatizaciones que el Gobierno anterior no quiso hacer, no porque no se
lo pidiéramos; o sea, que no es que no se le ocurriera, porque a nosotros
se nos ocurrió, pero él, legítimamente, no lo quiso hacer; es una
posición política que cada cual asume políticamente. Nosotros sí lo
queremos hacer.

Me ha dicho que he sido poco preciso en la financiación de las pymes. Yo
he mencionado varias de las medidas que



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queremos profundizar o modificar de gobiernos anteriores, y tampoco me
parece que es importante tener en cuenta --y con esto adelanto ya una
contestación-- que el reflejo de la inflación en los activos
empresariales, en opinión del Gobierno, es todavía más importante en
términos financieros que en términos fiscales. Realmente, en un sistema
de financiación de nuestras empresas como el español, en el que el 95 por
ciento de las empresas sólo tienen acceso al crédito bancario, mejorar
sus posibilidades de presentación de sus balances reflejando trece años
de inflación tiene muchos más efectos desde el punto de vista de
financiación de las pymes que desde el punto de vista de lo que pueda
suceder a medio plazo con la recaudación del Impuesto sobre Sociedades.

En ese sentido, el Gobierno está estudiando una medida que sin duda va a
formar parte de sus primeras preocupaciones.

No sé, señor Eguiagaray, si he contestado a todo, no lo he pretendido, ni
tampoco entrar en muchos debates, porque creo que tendremos tiempo de
hacerlo, pero he tratado de responder al tono general de su intervención,
que vuelvo a repetir que le agradezco.

Paso a la intervención del señor Alcaraz, que también me ha deseado
suerte, y me ha dicho nada más empezar que él no está de acuerdo con el
Gobierno y que no coincide en los objetivos --ya no hablamos de los
medios, sino de los objetivos--, y ha acusado al Gobierno de posiciones
de balbuceo. Usted comprenderá que no coincido con usted, pero además
--por poner un ejemplo, y usted me perdonará que trate de explicar la
acción del Gobierno desde el punto de vista positivo, pero me toca a mí
hacerlo-- cualquier Gobierno presenta sus perspectivas del presupuesto
del año siguiente en un trabajo que realiza entre enero y mayo. Nosotros
hemos realizado ese trabajo, porque no nos quedaba más remedio, entre
mayo y mayo; hemos puesto en marcha el presupuesto de 1997 entre mayo y
mayo; hemos tenido que hacerlo a ese ritmo, es la consecuencia de las
elecciones, y hemos asumido la responsabilidad de gobierno con todas sus
consecuencias. Por tanto, no creo yo que tomar esas decisiones, fijar
desde el primer momento que no vamos a hacer un aumento de la presión
fiscal individual, que los gastos van a crecer al ritmo de inflación
previsto, fijar al mismo tiempo que vamos a mantener el poder adquisitivo
de las pensiones, introducir cada vez mayores controles en la
mensualización del gasto, ampliar esa mensualización del gasto a
organismos autónomos, entes públicos, Seguridad Social e Insalud, y al
mismo tiempo plantear un límite de no disponibilidad que vamos a resolver
en tres semanas, puede considerar el señor Alcaraz que no es suficiente,
pero yo me permito defenderme de que sea balbucear. Haremos cosas en una
dirección que a lo mejor a usted no le parece correcta, pero yo creo que
son cosas concretas. Puede usted decirme que por qué no hacemos más
cosas; tiene usted toda la razón, eso ya nos lo dice todo el mundo; por
tanto, debe ser que hay que hacer en tres semanas un montón de cosas por
parte del Gobierno del Partido Popular.

Yo no debato sobre la herencia. Lo que hemos hecho es presentar a la
sociedad española una realidad que, vuelvo a repetir, la sociedad
española ya sabía y que esta Cámara no ha podido saber porque ésta es la
primera comparecencia de un Gobierno en la Comisión de Economía en este
período de sesiones, pero ustedes comprendan que la evolución de la
economía se conocía y se conoce perfectamente en los mercados, y vuelvo a
poner de relieve el hecho de que el mismo día que presentamos un cuadro
macroeconómico, que algunos de ustedes consideran pesimista, los mercados
reaccionaron de forma optimista.

Usted plantea una cuestión, y es si estamos buscando la excusa de
Maastricht. No, ahí no coincidimos en absoluto, lo dice usted y lo digo
yo. El futuro del empleo en España pasa porque nuestro país tenga las
tasas de estabilidad de nuestros competidores, tenga su índice de
inflación y los tipos de interés con los que podemos competir. Ese es el
camino del empleo; a mí no me cabe ninguna duda, es de las pocas cosas en
las que no tengo ninguna duda. Independientemente de que se produzca el
proceso de unión europea, que se va a producir, si alguien tenía alguna
duda sobre la voluntad política de los principales protagonistas de este
proceso, esa voluntad política se ha despejado en la primavera de este
año de manera definitiva, tanto en Alemania como en Francia y, por tanto,
el proceso de unión europea es un proceso al que España tiene que
responder, pero lo que se exige de nosotros en el proceso de unión
monetaria en Europa no es distinto de lo que necesitamos para mejorar
nuestra prosperidad, luego no estamos haciendo ningún planteamiento de
sacrificio, y por eso no coincido con algunas afirmaciones en las que se
dice que tenemos que hacer el camino de Maastricht y no renunciar al
empleo. Es que el único camino para no renunciar al empleo es la
estabilidad. Ya sé que usted no coincide, y creo que es un debate muy
interesante que debemos tener y que en otros parlamentos europeos se está
teniendo, y me parece que es enriquecedor, pero yo le hablo con el
convencimiento de lo que pienso, y estoy seguro de que usted hace lo
mismo.

¿Entre ayer y hoy hay algún cambio de mensaje? No hay ninguno; yo he
preguntado las mismas cosas ayer que hoy; mi intención ayer era incidir
sobre la previsión de inflación para el año 1997 y la mayor parte de los
medios de comunicación ha preferido presentar otra cosa; eso a mí me pasa
muy a menudo y seguro que a los demás también, pero mi intención sigue
siendo la misma. Creo que la sociedad española tiene que mirar al futuro
y saber cuáles son los desafíos para prosperar que tiene en el futuro, y
no estoy tan interesado en explicar a la sociedad española el pasado,
porque estoy convencido de que la sociedad española conoce el pasado tan
bien o mejor que el Gobierno y tiene ya sus valoraciones no sólo
políticas, sino económicas.

Efectivamente, nosotros queremos reducir el déficit público; creemos que
es un elemento distorsionador de la realidad económica española que
afecta de manera decidida sobre los tipos de interés, lo cual es muy malo
para la actividad económica, para el crecimiento y para el empleo, y
tenemos una política de privatizaciones a la que ya he hecho mención,
aunque hay algunos matices a los que quisiera contestar. Me habla usted
del recorte inicial de 200.000 millones, a lo que creo que ya he
contestado. Me



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ha dicho que no he concretado en la lucha contra el fraude; he mencionado
nuestras medidas de carácter preventivo y nuestras medidas específicas de
seguimiento y control tributario. A S. S. no le parecen suficientes, pero
desde luego he hecho una prolija y detallada explicación de las
actuaciones que queremos llevar a cabo.

Hablemos de privatizaciones. Dice el señor Alcaraz, y creo que se ha
dicho por otros, que el Gobierno pretende privatizar todo lo que es
rentable en cuatro años. No, el Gobierno no ha dicho eso; el Gobierno va
a presentar un plan de privatizaciones que primero tiene que tener
objetivos políticos y segundo tiene que tener racionalidad económica, y
tiene que tener en cuenta la capacidad de los mercados. El Estado español
tiene muchos intereses que pueden ser o no privatizables, ésa es una
cuestión de debate político, pero yo creo que no podemos dar la sensación
a la sociedad española de que en cuatro años esto es un objetivo ni
siquiera realista, y desde luego no es un objetivo político del Gobierno.

Las privatizaciones tienen que responder a un modelo de liberalización y
desregulación para hacer caso a la preocupación del señor Eguiagaray de
que no nos centremos sólo en los efectos financieros inmediatos, sino
también en los efectos estructurales que puedan tener. Ahí es importante
que tengamos en cuenta que las privatizaciones están siendo un debate
entre los países y la Comisión Europea desde el punto de vista de su
incidencia sobre la contabilización del déficit, debate en el que nos
vamos a ver todos inmersos.

En cuanto a reducir las aportaciones y los contratos-programa, los
contratos-programa presuponían reducciones de aportaciones en el tiempo.

Se hacían contratos- programa por el Gobierno anterior y se pactaron con
los sindicatos para hacer más eficientes las empresas. Eso es lo que
nosotros queremos ver si se está cumpliendo y dialogar con los
interlocutores sociales para ver, en el caso de que no se cumpla, qué
medidas hay que tomar para que esos contratos-programa produzcan el
efecto que han pactado el Gobierno anterior --y por tanto el Gobierno
español-- y los interlocutores sociales en las empresas públicas
afectadas para conseguir que haya mayor efectividad económica en esas
empresas y, por tanto, mejores garantías de empleo a medio plazo. Esa es
nuestra intención. No estamos planteando una revisión de los
contratos-programa más que desde el punto de vista de ver si se están
cumpliendo y qué hay que hacer en aquellos casos en los que no se esté
cumpliendo, y así se lo hemos planteado a los interlocutores sociales y
así se esta produciendo el diálogo entre el Ministerio de Industria y los
interlocutores sociales.

Ustedes son contrarios a cualquier política de privatizaciones; nosotros
no, creemos que las privatizaciones tienen un gran sentido desde el punto
de vista de la eficiencia y de la mejora de las condiciones económicas y
de la competitividad, y por tanto del empleo, pero son posiciones que no
compartimos.

Sobre los tramos del IRPF creo que ya he hablado antes. En cuanto a la
equiparación de planes de pensiones y fondos de inversión, no son lo
mismo, son instrumentos distintos y no vamos a equipararlos, pero yo he
mencionado que el Gobierno tiene entre sus planes mejorar el tratamiento
fiscal del ahorro a largo plazo en instrumentos más similares, como son
los seguros y los fondos de pensiones, aunque no sean exactamente
iguales, no fondos de inversión.

En cuanto a Argentaria, me ha preguntado por qué un blindaje era decisión
del Consejo de Administración estudiada desde hace meses, que pretende,
precisamente, aquello en lo que su S. S. coincide, y es garantizar un
proyecto unitario que pueda no ser objeto de opas no queridas. Por tanto,
el Gobierno no está considerando para nada una ruptura del proyecto
unitario de Argentaria.

Si está usted en contra de la privatización, supongo que estaría también
en contra de la que se hizo en el mes de febrero. Quiero decir que en
este punto usted no tiene nuestra coincidencia ni, creo, la de otros
grupos.

En cuanto a la política monetaria, la bajada de los tipos de interés no
depende del Gobierno. Aquí ha habido una ley, aprobada en la penúltima
legislatura, del Estatuto de Autonomía del Banco de España a la que dimos
nuestro respaldo, que nos sitúa en los mismos niveles de independencia de
los países más eficientes y que tienen tipos de interés más bajos.

Creo que hay suficiente experiencia empírica para demostrar que la
autonomía de la política monetaria produce reducciones de los tipos de
interés a medio plazo y de la inflación y que, por tanto, es positiva
para la sociedad. Por eso, nosotros apoyamos la iniciativa del Gobierno y
creemos que, además, la experiencia lo está demostrando. Y pienso, no
sólo lo creo yo sino que me parece que es compartido por todos los que
hemos respaldado esa medida, que tiene además elementos de estabilidad de
la política económica y de la confianza en el país. Yo no dudo que en
España, y así lo he dicho y lo creo firmemente, la autonomía de nuestro
banco emisor ha jugado un papel de credibilidad de nuestra política
económica, independientemente del Gobierno en cuestión, y me parece que
ése es un papel positivo. Y creo que el hecho de que los tipos de interés
en España estén bajando, aunque todavía puedan bajar mucho más, es una
muestra de que nos estamos acercando en reformas estructurales como ésta
a las de los países con los que queremos competir y que tienen niveles de
empleo y de prosperidad mejores que los nuestros.

Coincido con S. S. en que el Gobierno debe ser vigilante dentro de sus
capacidades, que no son ejecutivas, pero por lo menos debe tener un ojo
puesto en la reducción de márgenes que se produzca o en la repercusión.

También es verdad que son diferentes los que se producen en distinto tipo
de créditos. Depende muchas veces de aquellos créditos cuyas garantías
son más seguras. Tal vez en las hipotecas se está produciendo una
traslación de la reducción de tipos de interés más rápido que en el
crédito al consumo. Pero, en cualquier caso, coincido con S. S. en que
ésa es una cuestión que, con todo el respeto a la independencia de las
empresas y con todo el respeto al funcionamiento libre de la competencia,
el Gobierno, y desde luego los grupos parlamentarios, tienen todo el
derecho a dar su opinión y nosotros desde el primer día estamos siguiendo
esa evolución de la manera más concreta posible, y ya hemos sido
informados en dos ocasiones por el Banco de España



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de la evolución, que tengo que decir que es satisfactoria. Pero, desde
luego, vamos a seguir mirando ese dato que nos interesa, aunque, vuelvo a
repetir, el Gobierno no tiene ninguna capacidad ejecutiva para ordenar
cosas que están fuera de su responsabilidad, pero puede opinar sobre
ellas, igual que casi todo el mundo opina sobre otras cosas.

Pacto de Toledo, ¿medidas unilaterales? De ninguna manera; el pacto de
Toledo es un acuerdo que nosotros hemos suscrito de buena fe
parlamentariamente y que vamos a traer al Parlamento para que él concrete
esas medidas y el Gobierno hará el mismo papel que hizo el Gobierno
anterior de informar al Parlamento de las condiciones en las que se está
produciendo la evolución de los aspectos que afectan al pacto de Toledo.

Sí es posición del Gobierno y posición de su grupo parlamentario, sin
duda, plantear como necesario que un pacto de vigencia de cinco años, de
los cuales ya ha transcurrido uno, se ponga en práctica porque todos
entendimos, y desde luego nosotros entendimos y entendemos, que era un
pacto beneficioso para los ciudadanos.

Fraude fiscal. Coincido con S. S. en la importancia de todas las medidas
y estamos dispuestos a que si las nuestras, que yo he mencionado y las
que el Gobierno ponga en práctica, no son suficientes o a S. S. le parece
que pueden ser complementadas, sin duda, en esto y en todo, pero en esto
especialmente, estamos abiertos a ello, porque creemos que es, sin querer
abrir debates, una asignatura pendiente de nuestro sistema tributario al
que todos debemos contribuir para mejorar.

Incentivar el consumo. Esto entra dentro de los debates que también se
han planteado anteriormente. Medidas sobre los salarios. No estoy seguro,
más bien al contrario, de que la moderación salarial, en un ambiente de
reducción de la inflación, sea mala para el consumo, más bien al
contrario. Yo creo que si ahora los ciudadanos españoles percibieran que,
por razones de política económica o por razones de las políticas de
pactos, la previsión de inflación iba a crecer, consumirían bastante
menos. Porque los ciudadanos españoles son racionales con su dinero, y
cada vez más. Por tanto, no pensemos que es fácil decirles: consume hoy y
ya veremos mañana. La gente está interesada en hoy y en mañana y, además,
me parece que es lo razonable. En ese sentido, creo que una política de
moderación salarial, que ha incidido sobre la competitividad y sobre el
empleo, sin duda, y que además acerca nuestras posibilidades de
crecimiento a las de otros países y a la de nuestro potencial, y que ha
permitido que la economía española esté sorteando la inflexión de
crecimiento, si ustedes quieren esa expresión del conjunto de la Unión
Europea de mejor manera en los últimos meses que otras economías, es
positiva, y creo que la moderación salarial, desde el punto de vista de
su contribución a la reducción de la inflación beneficia a los
asalariados claramente.

Vuelvo a repetir que la experiencia nuestra y extrajera demuestra que los
procesos de indexación nunca han protegido a las clases menos favorecidas
de los efectos de la inflación. En ese sentido yo creo que es una lección
que ha aprendido la sociedad española, como otras muchas, y que me parece
que es muy positiva. Por tanto, pienso que cuanto más podamos reducir la
inflación, mejor para los salarios y para el empleo.

El Gobierno no se plantea flexibilizar las condiciones del contrato
laboral, lo hemos dicho claramente. El señor Eguiagaray lo ha puesto de
relieve, yo lo resalto de nuevo, y lo único que hemos puesto en marcha es
un diálogo social con varias mesas en las cuales se hablará, sin duda, de
mejora de las condiciones de empleo estable, pero el Gobierno no tiene
previsto en su programa, ni en las elecciones ni actualmente, la
modificación de la legislación laboral.

En ese sentido, me parece que no lo voy a dejar para más tarde, se nos ha
dicho que eso está muy bien, pero qué pasa si hay fracaso. Casi siempre,
en política como en la vida, los anuncios de fracasos se autocumplen y,
por tanto, el Gobierno va a hacer anuncios de éxito, no de fracasos.

Porque ya digo que con los anuncios de fracasos podemos estar incidiendo
en que se cumplan. Porque, además, no estamos apostando, si ustedes me
permiten la expresión, por un hecho desconocido. No cabe duda de que
después de los desencuentros y de las tensiones que se produjeron a raíz
de la reforma del año 1994, y como consecuencia de que la reforma
introducía la posibilidad creciente de que los interlocutores sociales
pudiera diseñar políticas internas de empresa, y como consecuencia
también de la propia evolución o del propio análisis de los
interlocutores sociales, se ha ido produciendo en España un proceso muy
positivo de diálogo social entre los interlocutores sociales. En ese
sentido, creemos que en este momento desde luego tienen toda la confianza
del Gobierno y del Grupo Popular de que ese proceso va a seguir siendo
positivo y, por tanto, nosotros no es que no queramos plateárnoslo, es
que no tenemos ninguna duda no sólo de la responsabilidad, sino de la
capacidad de los interlocutores sociales para avanzar en medidas que
beneficien al conjunto de la sociedad española, y sobre todo a los
trabajadores y a las empresas de cara al empleo. Por tanto, ésa es
nuestra posición sobre esta cuestión y ya la anuncio porque ha sido
mencionada en intervenciones posteriores.

Me preguntaba el señor Alcaraz sobre las cuestiones que deben ser
decididas en la mesa de función pública acerca del futuro de 1997 y las
condiciones laborales, y a ello me remito; en este momento no voy a hacer
ningún anuncio sobre este tema.

El señor Homs me deseaba suerte, no suerte sino acierto. Deséeme las dos
cosas y, a lo mejor... ¿A usted no le importa desearme las dos cosas?
Total... (Risas.)
¿Estamos mejor que en 1993? Nosotros y todos. El año 1993 fue el peor de
los últimos treinta. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo, y todos lo
querremos ver lo más lejos posible. ¿La situación no es grave? Vuelvo a
repetirlo, la situación no es grave; estamos sorteando las dificultades
de la desaceleración, del intermedio o del interludio de crecimiento en
Europa mejor que otros países. Pero si vemos los cinco últimos trimestres
podremos decir que tenemos que darnos cuenta de que la situación está
donde está y tenemos que tomar medidas. El Gobierno está tomando medidas.

¿Ustedes quieren que las tome a más ritmo? El Gobierno las va a tomar al
ritmo que garantice su eficacia, que



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creo que es tan importante como el ritmo, siempre que no perdamos ni la
prisa ni la pausa.

Efectivamente, coincido con el señor Homs en que lo importante son
posiciones no pasivas. Nada más lejos de una posición pasiva que acortar
en cinco meses la preparación del presupuesto del año 1997 y, desde
luego, no estamos planteándonos para nada cuestiones pasivas. No estamos
en la inacción ni lo vamos a estar, y no lo hemos estado. Si no me falla
la memoria, en tres semanas he participado en cuatro Consejos de
Ministros y no creo que en ninguno de ellos hayamos dejado de producir
decisiones, y desde luego en los tres primeros económicas y muy
importantes.

El señor Homs también plantea, como el señor Eguiagaray, que la previsión
del cuadro macroeconómico sobre la creación de empleo debe ser más
optimista. Desde luego, comparto el deseo de optimismo y la voluntad del
Gobierno de tomar medidas. Vuelvo a repetir que creo que las mejores
medidas que podemos tomar consisten en transmitir que el Gobierno va a
apostar por una clara reducción de los tipos de interés, por un
mantenimiento de los objetivos de déficit público y por una integración
de la economía española en el conjunto de las economías europeas más
competitivas.

El señor Homs también ha mencionado el consumo y creo que coincide
conmigo en que no hay que plantearse consumo o inversión. Estamos en una
cadena y en una fase relativamente madura del ciclo en el que deben
coincidir. Dice el señor Homs que el problema del consumo no es
estrictamente de confianza. Yo creo que puede haber un problema de
confianza, lo cual puede querer decir que algunos de los datos que
estamos viendo en el mes de abril pueden haber despejado esa confianza.

El señor Homs hacía referencia al efecto político electoral. Seguramente
eso juega un papel, como también la definición clara de lo que el
Gobierno quiere hacer. Yo creo que los ciudadanos saben lo que pasa y
quieren que el Gobierno les diga claramente lo que quiere hacer en los
próximos 18 meses, y el Gobierno lo está diciendo en términos
presupuestarios y en términos del conjunto de la política macroeconómica
y microeconómica.

Son buenas las expectativas turísticas y, en concreto, los efectos sobre
nuestra balanza corriente ya han sido muy positivos. Tengamos en cuenta
que todavía tenemos un superávit mayor que el del año pasado por cuenta
corriente, cuando, sin embargo, tenemos un déficit mayor en balanza
comercial. Una cosa no debería alegrarnos nada, pero la otra
indudablemente nos indica que el turismo sigue siendo un instrumento al
que el Gobierno va a prestar la mayor atención y en el que va a continuar
y mejorar los planes que se han planteado por el Gobierno anterior.

El principal objetivo, decía el señor Homs, es estar en la Unión
Económica y Monetaria reduciendo paro. Yo casi diría que es lo mismo. Es
decir, no hay una opción de crecimiento del empleo que no consista en ser
competitivos y liberalizar mercados donde se puede crear empleo. Y ahí
creo que es importante que veamos los ejemplos de los países donde hay
menores tasas de paro, los que han sido capaces de reducir la relación
entre paro e inflación, y veamos hasta qué punto la desregulación y la
liberalización, así como las políticas monetarias neutrales, han sido
esenciales en esos procesos de consolidación de economías eficientes.

Tenemos que hacerlo dentro de nuestro modelo, y creo que hay una
coincidencia general en que es un modelo en el que se combinan la
estabilidad y la solidaridad. El señor Homs dice que él quiere combinar
la competitividad y el empleo, pero coincide conmigo en que estamos
diciendo lo mismo con palabras distintas.

Los próximos 18 meses son esenciales, sin duda, y debe haber un espíritu
de consenso. El Gobierno desde luego lo plantea, y lo plantea tanto si
somos capaces de consensuar los objetivos como si damos un paso más y
consensuamos algunos instrumentos. Seguramente la sociedad española ya
sabe que tenemos consensuados los objetivos, lo sabe de memoria, se lo
hemos dicho todos por activa y por pasiva. Seguramente espera que podamos
consensuar los instrumentos; y consensuar los instrumentos significa no
que el Gobierno diga a los grupos parlamentarios lo que tienen que
consensuar, sino ambas cosas. No son decisiones fáciles y seguramente las
mejoras, no sólo técnicas, sino políticas también, son esenciales. Con
ese espíritu de consenso el Gobierno ha venido hoy a esta Comisión y con
ese espíritu de consenso se va. Es decir, no ha habido intervención
alguna que nos haya hecho pensar que no va a haber ese consenso,
inevitablemente dentro del debate político riguroso y fiero que se nos
anuncia y que, además, entra dentro del espíritu de la casa, que nosotros
hemos tenido en su momento, como es natural.

El señor Homs reconoce que he sido exhaustivo y extenso, pero pide
prioridades de temporalidad. Pues bien, le voy a dar cuatro prioridades
de temporalidad. Garantizar el proceso de inversión. Creo que en este
momento las perspectivas de inversión deben robustecerse, como base de la
modernización de la economía española. Para ello es imprescindible, y ya
lo hemos hecho, definir claramente nuestra política de déficit público en
los años 1996 y 1997, así como los instrumentos presupuestarios para
ello. Tomar medidas de confianza en el empleo. El diálogo social estoy
convencido de que es una de ellas; convencido de que el hecho de que los
interlocutores sociales comprueben que el ambiente de diálogo social
sigue siendo --y si es posible aún más-- un instrumento y una gran
noticia para el empleo, sobre todo para el diálogo social a nivel de las
empresas, donde indudablemente debemos tener la responsabilidad --y el
Gobierno quiere asumirla-- de transmitir que el diálogo es el gran camino
de la concertación y de la mejora de las condiciones y de las
rentabilidades, pero sin duda también tomando medidas de políticas
activas de empleo. Y también los procesos de liberalización que podamos
poner en marcha en los próximos días sobre cuestiones que he mencionado
en mi intervención y de las que he vuelto a reiterar algunas en este
momento.

Me ha dicho si reflejar la inflación en los activos de los balances es
actualización de balances. Exactamente. El señor Homs lo sabía muy bien,
pero me lo ha preguntado y yo se lo contesto. Vuelvo a insistir en lo que
he dicho antes: para nosotros ésta es una medida que tiene más efectos de
saneamiento financiero y de capacidad de acercarse al



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instrumento de financiación básico, ajeno, de las pequeñas y medianas
empresas, que es el sector bancario, que los efectos que pueda tener
sobre la presión fiscal.

En cuanto a la corresponsabilidad fiscal, creo que ya he intervenido
respecto a lo que usted ha dicho a otros grupos y he expuesto la posición
del Gobierno.

Pacto de austeridad. Aquí tengo que decirle, señor Homs, que con la
propuesta de corresponsabilidad fiscal, claramente, el Estado central
asume unas cotas de austeridad muy importantes. Además, la austeridad no
sólo se entiende por los ingresos, también se entiende por los gastos.

Por tanto, se lo reitero, y creo que usted también me lo reiterará a mí:
en las responsabilidades que aquí tenemos con la Administración central
debemos transmitir y recibir --¿por qué no?-- que el compromiso que
tenemos con la sociedad española de integrarnos en una Europa más
eficiente es de todas las administraciones públicas. Sin duda el peso del
sector público, del Estado central, es muy determinante, pero cada vez es
más determinante el peso de otras administraciones. En este sentido, creo
que la reforma administrativa que el Gobierno está estudiando, y espero
que pueda remitir pronto una ley de gobierno y de reforma de la
administración al Congreso de los Diputados, y así se ha anunciado por mi
compañero el Ministro para las Administraciones Públicas, va en esta
dirección, como lo ha ido la disminución o la reducción que estamos
planteando de las estructuras administrativas en el propio Gobierno y en
los organismos autónomos.

Sobre el mercado laboral, me parece que ya le he contestado: medidas a
corto. El señor Homs me ha planteado las que él cree que hay que adoptar;
sobre la reactivación y el empleo creo que coincidimos, sobre una
política de privatizaciones, creo que coincidimos, y sobre la inversión.

Después me ha dicho que indudablemente el debate de los Presupuestos
Generales del Estado es básico, y estamos preparándolo ya, así como las
reformas estructurales.

También me ha anunciado un diálogo exigente. Nada más satisfactorio para
nosotros que un diálogo exigente, porque los compromisos de los objetivos
son muy exigentes. Si tuviéramos un diálogo poco exigente, señor Homs, no
nos llevaría a ningún sitio, porque lo que tenemos que hacer, en
beneficio de los ciudadanos, es exigente. Del mismo modo que usted me ha
dicho una cosa que me ha señalado que no me la va a repetir, yo le tengo
que decir otra, y es que estoy convencido --porque conozco la literalidad
del pacto público, diría que casi me lo sé de memoria-- de que existe una
clara garantía de estabilidad y que en todos los niveles de la coalición
que usted representa hay claramente un compromiso de solidaridad con el
Gobierno de todos los principios que hemos discutido. Si el Gobierno no
los cumple, no le vamos a demandar, pero el Gobierno los está cumpliendo
y los va a seguir cumpliendo.

El señor Zabalía, del PNV, es el que mejor me ha expresado sus deseos,
porque me ha deseado suerte en lo personal y acierto en lo político. Si
SS. SS. me dejan elegir, creo que es donde me quedo. Ha habido varias
coincidencias y ha mencionado cuestiones de crecimiento; ha mencionado
claramente que nuestras previsiones de ayer son las que se están
conociendo desde hace meses por el Banco de España, la OCDE, la Unión
Europea, el Fondo Monetario Internacional y que no se apartan mucho de lo
que está sucediendo.

Me pedía que oficializara las manifestaciones, y le puedo asegurar que
las oficializo claramente y que los compromisos que el Gobierno está
adquiriendo en esta Comisión son los compromisos de política económica,
que coinciden con los de mis compañeros de otros ministerios.

Incentivar el consumo. Hemos tenido ya esos comentarios. El hablaba del
sector exterior. Sin duda, y hablaba del efecto de la peseta. Ha dicho,
dentro de lo que puede decirlo, que el Gobierno quiere tener una
valoración realista de la peseta y en ese sentido cree que el mejor
camino es la reducción del déficit público por los efectos de los tipos
de interés. Me preguntaba si estamos contemplando una nueva devaluación.

La única devaluación que contemplé de un gobierno que la pudo decidir fue
la del señor Boyer en 1983. Todas las demás se le han impuesto al
Gobierno, y por cómo yo veía que reaccionaban no me parecía que
estuvieran muy contentos. En este momento hay estabilidad en los mercados
y está creciendo la confianza en las posibilidades de la economía
española. Ese dato que he utilizado en más de una ocasión de reducción
del diferencial con Alemania no hay que interpretarlo --y lo digo yo--
como una confianza en el Gobierno, sino como una confianza en la economía
española. El Gobierno es una parte, sin duda, como lo es la situación
política, como lo son las posiciones de otros grupos parlamentarios, pero
como lo es, sobre todo, el propio dinamismo de la sociedad española. Hay
más confianza de la que había en la sociedad española, que seguramente
será gracias a todos y no necesariamente gracias a un gobierno que lleva
tres semanas, pero nosotros jugamos nuestro papel y esa confianza es la
que nos tiene que garantizar una reducción de los tipos de interés, y
nosotros estamos poniendo nuestra parte en ello, consistente en apostar
claramente por una política presupuestaria que permita una política
monetaria neutral.

Coincido en sus manifestaciones sobre los tipos de interés, sobre la
necesidad de reducir el déficit público y la inflación. Es verdad que el
déficit público enviado a la Comisión en 1995 tiene unas diferencias de
aspectos metodológicos de contabilización del criterio de devengo o de
caja de las cuotas de la Seguridad Social, y también es cierto que el INE
está cerrando el presupuesto de 1995. En ese caso veremos cuál es el
déficit final. El Gobierno hará público todo lo que se encuentre porque
es su obligación, pero no estoy haciendo ningún anuncio. Si nos
encontramos cosas positivas, y algunas nos podemos encontrar, también las
haremos públicas, y sería nuestro máximo interés que hubiera más
positivas que negativas, pero haremos públicas aquellas que la sociedad
española debe conocer. La sociedad española debe darse cuenta de que los
responsables políticos le dicen lo que ella ya sabe, porque, si no, yo
creo que la desconfianza es mayor. Por tanto, una política rigurosa de
presentación de los datos es una necesidad de un país maduro y es una
exigencia mínima que tienen los ciudadanos con el Gobierno, que deben
tenerla. En ese sentido nosotros mejoraremos los procesos de presentación



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de los datos que hemos heredado del Gobierno anterior, como es nuestra
obligación.

El señor Zabalía ha preguntado ¿y si no entramos? Esa pregunta, señor
Zabalía debemos planteárnosla como un reto. España, como cualquier otro
país europeo, tiene un compromiso de formar parte del núcleo central,
otros han decidido no tenerlo como es el caso del Reino Unido, nosotros
lo tenemos, tenemos la voluntad de conseguirlo y estamos al alcance de
conseguirlo. Es verdad que el 70 por ciento del esfuerzo lo vamos a hacer
ahora, y es verdad que lo tendremos que hacer entre todos, pero también
es verdad que no estamos hablando de un esfuerzo sobrehumano. En ese
sentido muchas veces se plantea que hablar de no aumentar el gasto
público en términos reales en 1997 se equipara a recortes que se quieren
aplicar a las cifras de 1996, y no es así. El déficit público se reduce
por varios caminos. El que el Gobierno ha elegido es el de no aumentar la
presión fiscal y controlar los gastos. Ese camino nos parece que es el
más sano, el más sano desde el punto de vista financiero --mantiene el
ritmo de recaudación en términos PIB nominal--, el más sano desde el
punto de vista de la mejora de eficiencia del sector público, y además
creemos que es el que concierta más consensos desde el punto de vista
político, aunque cada cual mantenga sus distancias como es natural.

Yo creo que la sociedad española tiene derecho a que el Gobierno y los
grupos parlamentarios que le apoyen y los que le critiquen pongan en
marcha los procesos necesarios para hacer el esfuerzo asumible e
indispensable para consolidar nuestra posición como una economía
eficiente y para mejorar nuestra situación de empleo con el fin de que
estos objetivos estén garantizados. El Gobierno está plenamente dispuesto
a garantizarlos porque, repito lo que he dicho, ha habido momentos en la
vida política europea en los que ha podido haber dudas sobre las
voluntades políticas. En este momento al Gobierno no le cabe ninguna duda
de que los principales países van a formar esa unión, y entre los
principales países tenemos que estar nosotros. Es un desafío clarísimo.

Podemos estar, debemos estar y vamos a hacer todo lo posible, dentro de
una política equilibrada, para estar en esa situación, y es la que está
planteando el Gobierno en este momento.

Coincido plenamente con el señor Zabalía en lo que se refiere a
involucrar más a la sociedad civil en el sentido de que debe ser
debatido, sin ningún tipo de tabú, todo lo que pueda jugar desde el punto
de vista de los mercados, de la contribución del sector privado, no sólo
para favorecer la competitividad sino incluso para producir bienes
públicos. Es verdad que en la política presupuestaria existen muchas
rigideces, probablemente el 80 por ciento sean rigideces, lo cual
demuestra que si estamos de acuerdo en los objetivos, en los medios no
hay mucho margen.

El Gobierno está revisando, como es su obligación, la situación que ha
heredado desde el punto de vista de la financiación pública. No hay que
darle más dramatismo que el que se pueda desprender de los datos
concretos, que hará públicos el Gobierno cuando parezca que están
suficientemente contrastados y que están siendo objeto de análisis por la
Intervención General del Estado. Hay que hacer una modernización del
sector público, sin ninguna duda, que requiere reformas estructurales.

Coincido con usted.

Creo que es ilusorio pensar que con determinadas estructuras de gasto del
sector público podemos estar anunciando recortes del gasto continuamente
sin plantearnos alternativas a la producción de bienes y servicios y a la
satisfacción de necesidades. Coincido con usted, creo que ése es un
debate muy importante que debe plantearse a la sociedad española y que,
desde luego, debe plantearse políticamente en esta Cámara.

Coincido con SS. SS. en lo que ha afirmado respecto a la apertura de
competencia en los sectores que ha mencionado, y en cuanto a la reforma
laboral creo que ya he hecho apreciaciones en el caso de otros portavoces
que pueden aclarar sus dudas. El Gobierno está claramente decidido a
avanzar en la Administración única. Así lo ha planteado tanto en su
programa de investidura el señor Aznar como lo está planteando el
Gobierno, y creemos que ese es un camino de simplificación de la
situación administrativa que va en beneficio de los ciudadanos.

Me ha preguntado por el Impuesto sobre Sociedades. No es previsión del
Gobierno en este momento reducir dicho impuesto, pero sí lo es producir
efectos sobre este tipo efectivo, que es el que realmente soportan las
empresas, si somos capaces de diseñar medidas que tengan el menor coste
presupuestario y que garanticen una situación de competencia, tal y como
dije en el Senado ayer, en el conjunto del territorio nacional.

Ya he hablado del proceso de privatización en el sector industrial. Estoy
de acuerdo en que, como ya estaba anunciado en los contratos-programas,
los criterios empresariales deben coincidir con los criterios de empresa
pública. creo que debemos avanzar en profesionalización y eficacia de la
empresa pública. Y una empresa que se privatiza es responsabilidad de sus
accionistas. Salvo en casos muy desgraciados que se han producido y que
quizá nos han enseñado que los procedimientos formales tienen su
importancia. Recuerdo que cuando era un novato en esta Cámara oí aquello
de la orgía jurídica con pimienta. Las orgías jurídicas con pimienta a
veces son necesarias para evitar los desastres posteriores, y creo que
los procedimientos formales --sin que con esto trate de decir nada,
estamos hablando de hace tropecientos mil años-- son esenciales para que
el sector público esté protegido de sus propias responsabilidades, y es
firme voluntad del Gobierno que forme parte del proceso privatizador.

El señor Aguirre también me ha deseado suerte y se lo agradezco. Ya he
mencionado que nuestra visión de un nuevo modelo de crecimiento es
compatible con el Estado del bienestar. No hay mayor contribución al
Estado del bienestar que una economía que cree empleo estable, y no hay
mayor contribución al Estado del bienestar que una economía que pueda
asignar sus recursos eficientemente. Probablemente no haya mayor enemigo
del bienestar de los ciudadanos que una mala asignación de los recursos,
porque los recursos son limitados y los ciudadanos ponen su dinero para
que se los asignemos. Por tanto, ese supuesto debate entre estabilidad y
empleo o entre inflación y empleo está absolutamente superado hoy en
todos los foros



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internacionales y en la propia experiencia de los países. La convicción
de que sólo mediante la estabilidad se puede lograr un crecimiento
sostenido y generador de empleo es la que sustenta nuestra visión de la
política económica. Hemos hecho un diagnóstico ajustado, hemos hecho un
diagnóstico optimista vistos los cinco trimestres anteriores, y ese
optimismo está basado en lo que vemos que está sucediendo en la economía
española en estas últimas semanas, algunas anteriores a nuestra llegada.

En estas últimas semanas hemos podido ver lo que está ocurriendo en el
sector turístico, lo que está sucediendo con la confianza de los
consumidores, con la reducción de los tipos de interés, y lo que se está
produciendo en el conjunto de Europa.

Los fundamentos de la reactivación deben ser claramente, por un lado, la
estabilidad macroeconómica que permita políticas estables desde el punto
de vista presupuestario y, por tanto, neutrales desde el punto de vista
monetario, con los efectos que ya he dicho sobre los tipos de interés y
sobre la peseta, y reformas estructurales que son el camino garantizado
que nos han enseñado otras economías para que la austeridad del sector
público no tenga efectos deflacionistas porque viene compensada
claramente por unas mejores eficiencias, por un menor coste de la
financiación, y al mismo tiempo complementada por unas reformas
estructurales que abren a nuevos sectores la creación de empleo, como
hemos puesto de relieve antes que ya se había hecho en la legislatura
anterior, telecomunicaciones o transporte aéreo, y que debamos abrir a
nuevos sectores de empleo. Ese es el camino de países que están teniendo
éxitos en la lucha contra el desempleo. Yo sé que en el debate sobre la
lucha contra el desempleo de otros países enseguida se pretenden
equiparar globalmente los países, pero yo creo que ése es un grave error.

Debemos aprender de los éxitos de otros países sin necesidad de copiar
absolutamente todas sus estructuras sociales y económicas, pero debemos
de saber por dónde van los que están acertando y por dónde no van los que
no están acertando. España tiene muchas mejoras que realizar en las
políticas activas de empleo y en las políticas de liberalización, y creo
que ya hay un consenso social y económico importante desde el punto de
vista de que la estabilidad es la mejor garantía de un crecimiento
sostenido y, por tanto, del empleo.

Existen compromisos de trabajo. He planteado unos compromisos de trabajo
que, quiero decirles a SS. SS., seguramente muchas de ustedes se han dado
cuenta, provienen de mi experiencia de la pasada legislatura en los
bancos de la oposición y que creo que eran útiles. Sin duda SS. SS. los
deberán revisar, pero existe clara voluntad del Gobierno, y a través de
nuestro grupo parlamentario la instrumentaremos, de, al menos desde un
principio, continuar con los ritmos de comparecencia que existían
anteriormente establecidos y periódicos, lo cual desde luego --no les voy
a decir eso a ustedes, pero sí lo quiero decir públicamente-- no quiere
decir que el Gobierno sólo vaya a comparecer esas veces; el Gobierno
seguro que va a comparecer cada vez que SS. SS. lo quieran porque es su
obligación.

Señor Presidente, quiero agradecer muchísimo la oportunidad de dirigirme
a todos ustedes, el tono y la profundidad de las intervenciones, y desde
luego ponerme a disposición de los miembros de la Comisión para
comparecer en cuantas ocasiones sea necesario, y entendiblemente
necesario por los grupos parlamentarios, así como el hecho de que los
secretarios de Estado de mi Ministerio lo harán en ocasiones
preestablecidas y cada vez que parezca necesario. Si estas comparecencias
por parte del Gobierno son capaces no sólo de consensuar los objetivos
sino los instrumentos, el Gobierno se dará por muy satisfecho en ese
objetivo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Dado lo avanzado de la hora vamos a dejar para una próxima sesión las dos
proposiciones no de ley que teníamos incorporadas al orden del día de
hoy. En la medida en que mañana nos vamos a ver los miembros de la Mesa y
los portavoces, si les parece, podremos fijar el calendario de las
próximas sesiones a los efectos de tratar las proposiciones no de ley así
como otros asuntos que hayan entrado en la Comisión.

Sin más, se levanta la sesión.




Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.