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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 140-3, de 20/10/1998
BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie A: 20 de octubre de 1998 Núm. 140-3
PROYECTOS DE LEY
ENMIENDAS A LA TOTALIDAD
121/000141 Presupuestos Generales del Estado para 1999.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las
enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el
Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado
para 1999 (núm. expte. 121/000141).
PAlacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre
de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados,
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Presupuestos
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco
Rodríguez Sánchez y Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente Enmienda de totalidad por la que
se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 1998.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por
A Coruña (BNG).-Guillerme Vázquez Vázquez,
Diputado por Pontevedra (BNG).
ENMIENDA NÚM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Parlamentario Mixto)
JUSTIFICACIÓN
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1999 evidencia
el continuismo de la política practicada desde el nacimiento
del Gobierno del Partido Popular, caracterizada por
una reducción del déficit público a cualquier precio; disminución
de la inversión pública, congelación o reducción de
las prestaciones sociales básicas (pensiones, cobertura de
desempleo, gasto sanitario...), pérdida de poder adquisitivo
de los salarios de los funcionarios... así como por una concepción
profundamente regresiva de la distribución de la
riqueza y del reparto de las cargas fiscales.
Esta política se enmarca en el contexto de las restricciones
impuestas por el Pacto de Estabilidad; es precisamente a partir
de este año cuando los efectos de estas restricciones se van a
hacer más patentes sobre el gasto público, por dos motivos:
a) La reforma del IRPF aprobada por el Gobierno
del Partido Popular supone una fuerte reducción de
ingresos públicos, en un contexto de déficit limitados, lo
que inevitablemente tiene que conllevar la contención
del gasto social.
b) La «mina» de las privatizaciones está prácticamente
agotada. Aestas alturas, la dilapidación realizada
por el Gobierno del patrimonio empresarial público ya
no permite seguir obteniendo ingresos extraordinarios
para reducir el déficit.
La recaudación por imposición indirecta (IVA, etc.),
supera ya la recaudación por impuestos directos (IRPF).
Esto da idea de la regresividad del sistema fiscal español,
ya que cada vez los impuestos relacionados con la capacidad
económica de los ciudadanos pierden más peso, ganándolo los
que gravan por igual a los que tienen mucho y a los que
tienen poco.
En este contexto, el Proyecto de Ley de Presupuestos
del Estado para 1999 dibuja un panorama negativo para
Galicia. La contención del gasto va a reforzar todavía
más la tendencia del Gobierno a no acometer en Galicia
inversiones públicas en infraestructuras que son de su
competencia.
En este aspecto, son llamativos los escasos recursos
dedicados a una red ferroviaria abandonada y marginada;
la nula atención a los recursos hidráulicos en cuencas
controladas por el Estado; el estancamiento de la mejora
de nuestros puertos de «interés general»; la nula preocupación
por obras de saneamiento de las aguas de nuestras
rías, fuente de riqueza esencial para el País..., la lentitud
exasperante en la construcción de las autovías radiales de
acceso a Galicia... Obras todas ellas necesarias para
lograr un mínimo equilibrio territorial en el Estado, del
que presumen los que sacralizan la actual situación... Si a
esto añadimos la menor participación de Galicia en los
Fondos de Compensación Interterritorial y las políticas
comunitarias que dañan nuestros sectores productivos
básicos -sin alternativas serias-, tenderemos una aproximación
a la función estática y continuista que tienen
estos presupuestos en relación con Galicia.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Chiquillo Barber, Diputado de Unió
Valenciana, adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, al
amparo de lo establecido en los artículos 110 y concordantes
del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente enmienda a la totalidad al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1999, con solicitud de devolución del mencionado
Proyecto de Ley al Gobierno para su reforma, todo ello
en virtud de lo siguiente:
Madrid, 14 de octubre de 1998.-José María Chiquillo
Barber, Diputado.-El Portavoz adjunto Grupo
Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NÚM. 2
PRIMER FIRMANTE:
José María Chiquillo Barber
(Grupo Parlamentario
Mixto-Unió Valenciana)
JUSTIFICACIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado para 1999
vienen a la luz en un momento de crisis financiera a nivel
internacional. Pero, no nos engañemos, esta crisis no es
sólo algo momentáneo que no vaya a tener más consecuencias
en el futuro, que a las que cada país individualmente
les toque padecer. Lo que está en entredicho es
algo mucho más trascendente: el modelo económico conservador
del que tantas veces este Gobierno se ha vanagloriado.
La denominada «revolución conservadora»
devino en una especie de pensamiento único: el mercado
lo resuelve todo del mejor modo posible.
En pos de sus objetivos, el Gobierno del Partido
Popular articuló una serie de medidas económicas de
sobra conocidas por todos: luchar contra el aumento de
la inflación a toda costa, disminuir los gastos del Estado
-en particular el gasto corriente, aunque este año se
haya descontrolado en el entorno de Presidencia-, ajustes
presupuestarios muchas veces más ficticios que reales,
fórmulas privatizadoras de la Seguridad Social, libre
circulación de capitales, servicios y mercancías, pero no
de personas y trabajadores; supresión de los monopolios
públicos pero no tanto de los privados, etc. Algunas de
estas medidas han sido plenamente llevadas a la práctica,
otras sólo se han apuntado en el horizonte, pero, no nos
engañemos, es sólo una mera cuestión de tiempo tradu-
cirlas en hechos.
Pero todo este guión se ha visto trastocado de la
noche a la mañana por la crisis financiera internacional.
Los primeros episodios afectaron a «los tigres asiáticos».
Luego llegó Rusia, poco después, el desastre se traslade
a América Latina. La incógnita consiste ahora en saber si
lo que empezó siendo un mero «ajuste técnico» se convierte
en una crisis sistémica y devora a Europa y a Estados Unidos.
Todas estas consideraciones, bastante más que fundadas,
no parecen haber afectado lo más mínimo a las
previsiones gubernamentales. A fuerza de repetir que
el euro actuará de coraza frente al fantasma de la recesión,
el Gobierno ha renunciado a vacunarse contra la
crisis, confiado en que el impacto sobre nuestra economía
será mínimo. Llevado por este injustificado
optimismo, ha elaborado unos Presupuestos continuistas,
con una confianza excesiva en la solidez de nuestra
economía para cuadrar las cuentas públicas, gracias
a los ingresos, y pocos compromisos con el
recorte del gasto público. Nadie niega, no obstante,
que la crisis financiera se notará en el sector exterior,
pero cree el Gobierno que la demanda interna, tanto
de consumo como de inversión, compensará este efecto negativo.
Sólo así se puede explicar que el Gobierno mantenga
para 1999 una tasa de crecimiento del PIB del 3,8 por
ciento y se aventure a afirmar que la inflación quedará
reducida al 1,8 por ciento. Dada la situación internacional,
estas cifras son inconcebibles y obtienen poco o
ningún crédito en los medios financieros. Tanto es así
que hace menos de dos semanas el Fondo Monetario
Internacional revisaba a peor ambas previsiones, situando
el crecimiento del PIB para el año próximo en tan sólo
el 3,6 por ciento al tiempo, que preveía un aumento de la
inflación en España hasta el 2,4 por ciento, en lugar
del 1,8 por ciento que maneja el Gobierno. Este dato es
especialmente importante tanto por su incidencia en la
economía general del País, como en los sueldos de los
jubilados y funcionarios, que verán «de facto» si se confirman
las previsiones del FMI, reducido una vez más su
poder adquisitivo.
Pero además de basados en premisas irreales, estos
Presupuestos no son adecuados para favorecer ni un
desarrollo económico solidario del Estado, ni por supuesto
para converger «realmente» con Europa. Cuestiones
tan importantes como la I+D, no reciben un adecuado
respaldo presupuestado. Apesar del cacareado aumento
en inversiones públicas, hay que recordar que todavía
estamos por debajo de las cantidades invertidas en 1995
y que nuestro «stock» de capital sigue siendo inferior al
de los países más avanzados.
En otro orden de cosas, el gasto en protección social
realizado en España se sitúa 15 puntos porcentuales de
PIB por debajo de la media europea, algo a lo que tampoco
responden adecuadamente estos Presupuestos. No
deja de ser un contrasentido que siendo las previsiones
de creación de empleo para 1999 inferiores que las del
presente año, el Gobierno se permita cubrir únicamente
el 25 por ciento de las vacantes existentes en el Sector
Público, aumentando a su vez un 25 por ciento los gastos
reservados.
Si reubicamos nuestro punto de mira a la Comunidad
Valenciana, lo antedicho no hace más que agravarse.
Dos notas hacen saltar nuestra señal de alarma, tanto
por su gravedad como por ser incontestables: en primer
término, la clase media valenciana se halla empobrecida
respecto a la «media nacional». En un estudio
recientemente realizado por el CIS, mientras que el
25,2 por ciento de los españoles manifestaban poder
ahorrar, sólo el 20,6 por ciento de los valencianos reco-
nocían poder hacerlo. Por el contrario, mientras el 57,4
por ciento de los españoles manifestaban tener dificultad
para llegar a final de mes, esta cifra se veía aumentada
al 60,9 por ciento de los valencianos. No se trata
sólo de que los salarios en la Comunidad Valenciana
sean inferiores a los de otras zonas del Estado, se trata
de que son insuficientes.
En segundo lugar, la Administración Central sigue sin
hacer, y decimos sigue porque nunca lo ha hecho, el
esfuerzo inversor que la Comunidad Valenciana necesita
para encarar con garantía el reto que supone la integración
en Europa. En esta ocasión, el Gobierno se ha superado
a sí mismo, y no sólo no aumenta las cantidades
asignadas en otros ejercicios, que ya eran de por sí insu-
ficientes, sino que las reduce, situándonos a la cola en
inversión entre el resto de las Comunidades Autónomas,
se mida como se mida, tanto en cifras absolutas como
per cápita o por kilómetro cuadrado, la Comunidad
Valenciana vuelve a ser la gran perdedora precisamente
en un ejercicio en que el Gobierno ha aumentado el capítulo
de inversiones respecto al precedente.
Cuestiones tan sangrantes como el eterno retraso
del AVE Madrid-Valencia, la deplorable situación de
las carreteras nacionales que cruzan nuestra Comunidad
(N-332 y N-340), o las necesarias inversiones en
nuestros puertos y aeropuertos, las inversiones en infraestructuras
hidráulicas que cobijan el déficit de agua de
nuestra comunidad deberán esperar un año más. Razones
más que justificadas para presentar nuestro rechazo frontal
al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado
por el Gobierno.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna
(EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad por
la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Madrid, 14 de octubre de 1998.-Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada.-Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NÚM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Begoña Lasagabaster
Olazábal
(Grupo Parlamentario
Mixto-Eusko Alkartasuna)
JUSTIFICACIÓN
Las razones que llevan a Eusko Alkartasuna a presentar
enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales
del Estado para 1999 con solicitud de devolución de los
mismos son las siguientes:
Estos Presupuestos Generales del Estado materializan
el incumplimiento de las atribuciones competenciales
establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco
(Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre) en materias
vitales para el desarrollo de autogobierno de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, impidiendo que las instituciones
de esta Comunidad tengan todos los instrumentos
políticos necesarios que por ley le son propias para
hacer frente a los problemas económicos, sociales y muy
especialmente al grave problema de la falta de empleo.
Así, y un año más, es necesario reclamar como premisa
básica las transferencias relativas a la gestión del
régimen económico de la Seguridad Social (artículo 18
del Estatuto de Autonomía del País Vasco), la Investigación
Científica y Técnica en coordinación con el Estado
(artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País
Vasco) así como las demás transferencias pendientes en
materia socio-laboral y relativas al empleo y formación,
y cuyo desglose puntual comprende las prestaciones por
desempleo, intermediación, promoción y gestión del
empleo, formación profesional, regulación, INSS, inspección
de trabajo o fondo de garantía salarial.
Pero, además, desde un punto de vista económico,
consideramos que estos Presupuestos plantean ciertos
riesgos. En primer lugar el riesgo de que los ingresos
sean menores que los previstos debido a la reforma del
IRPF, que va a disminuir la recaudación y a que el crecimiento
tenga que revisarse a la baja como consecuencia
de la incidencia de la crisis financiera internacional.
En segundo lugar, se hace mucho hincapié en la necesidad
de hacer una política exclusivamente de oferta
cuando la situación de la economía española en términos
de paro puede conseguir que además de políticas de oferta
haya también algunas políticas de demanda. Si el consumo
sufriese un debilitamiento, algo probable en breve
plazo, no será fácil mantener las disminuciones en la tasa
de desempleo previstas en los Presupuestos Generales
del Estado.
En tercer lugar, las políticas activas de empleo, aunque
con crecimiento, siguen siendo poco ambiciosas en
relación al problema que la economía tiene planteado.
Hay igualmente un aumento en los gastos en la Administración
General, mayor de lo que entendemos sería razonable.
Por último, aunque se hace un esfuerzo en términos
de inversión pública, todavía estamos muy lejos de que
la inversión en infraestructuras y sobre todo en investigación
sea la necesaria para lograr una convergencia real y
un crecimiento sostenido.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de
devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1999 (núm. expte. 121/000141).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de octubre
de 1998.-Pedro Antonio Ríos Martínez, Diputado.-Rosa
Aguilar Riero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
ENMIENDA NÚM. 4
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Federal IU
JUSTIFICACIÓN
Los Presupuestos Generales para 1999 presentados
por el Gobierno están elaborados de espaldas al empleo
estable, renunciando con ello a utilizar el crecimiento
económico para incrementar la cobertura del desempleo,
que apenas llega al 48 por ciento de los desempleados;
para transformar los contratos temporales en contratos
indefinidos, que apenas son el 8 por ciento de los que se
realizan al año; para dotar de cobertura social a los contratos
a tiempo parcial; pero, sobre todo, y en particular,
se olvidan de adoptar medidas para aplicar la reducción
del tiempo de trabajo y de las horas extras. Así, y fijándonos
en el presupuesto del INEM, partida que es de
especial importancia para los fines antes descritos,
vemos cómo la partida que este Organismo destina al
pago de prestaciones por desempleo desciende en 1999
un 10 por ciento (en los tres años de Gobierno del Partido
Popular el gesto para este fin ha bajado 500.000
millones, pasando de 2 billones a 1,5). En resumen,
menos recursos y una cobertura cada vez menor para el
conjunto de trabajadores, de forma que en estos momentos
dos tercios de los trabajadores y trabajadoras sin
empleo, según la EPA, carecen de protección. Por otro
lado, aumentan los recursos dedicados a la llamada política
de fomento del empleo que, en buena medida, se destinan
a subvenciones y bonificaciones a los empresarios.
Además, estos Presupuestos no se han elaborado
favorecidos por el diálogo social, volviéndose a confundir
en los mismos empleo con contratos, no realizándose
sobre un plan de empleo que mejore la calidad y cantidad
del mismo, así como la protección social, por lo que
se presentan teniendo enfrente a una mayoría real de la
población, que demanda una economía productiva ligada
al empleo estable y un crecimiento económico comprometido
con la mejora de la capacidad adquisitiva de las
pensiones, de los salarios en general y del de los empleados
públicos en particular. Se trata de unos presupuestos
ajustados a los intereses de los amigos que apoyan al
Gobierno, sean los sectores económicos y financieros de
la economía especulativa, favorecedora del fraude; sean
los socios parlamentarios que reciben un incremento de
las inversiones regionalizadas, después de unos reales
decretos de Fomento y Medio Ambiente que han supuesto
unas aportaciones de 164.000 millones de pesetas en
obras. Con todo ello, cabría decir que estos Presupuestos
ayudarán a profundizar las desigualdades territoriales y
sociales al carecer de un modelo de Estado basado en una
superación de los problemas nodales de cada pueblo, de
cada región o nacionalidad (la inversión territorializada
crece en Cataluña, País Vasco y Canarias, mientras baja
en Castilla-La Mancha, Valencia, Navarra y Murcia).
En lo referente al tema de ingresos, este Presupuesto
merece el calificativo de regresivo, ya que pagarán
menos los beneficiarios de la economía y, por tanto, los
de mayor capacidad económica (impuestos directos) y
pagarán más todos los españoles por igual (impuestos
indirectos, especiales y tasas), y en cuanto a los gastos
porque se incrementa el gasto en Defensa e Interior; se
entregan a las empresas 700.000 millones en gastos fiscales
y 300.000 en fomento a la contratación, sin
garantías de inversión y la generación de empleo y sin
unas condiciones de acceso a estas aportaciones claras,
precisas y transparentes. Los mayores gastos en educación,
sanidad e infraestructuras se orientan a los sectores
privados y no a los públicos. Uno de los instrumentos en
los que confía el Gobierno para amortiguar los efectos de
la crisis es la reforma del IRPF, aumentando la renta
disponible de las familias -al reducirse el impuesto- e
incentivando por tanto, el crecimiento del consumo privado.
Está por ver qué parte del aumento de la renta disponible
se dirigirá al consumo o al ahorro; pero, en todo
caso, los recursos a los que renuncia el Estado podrían
destinarse a otras finalidades sociales con un efecto más
claro y cierto sobre la expansión de la demanda interna.
Por otra parte, el razonamiento del Gobierno queda
en evidencia cuando a cambio de la bajada del impuesto
considera necesaria una mayor moderación salarial.
Según las previsiones contenidas en el cuadro macroeconómico,
en 1999 los salarios reales deberían crecer por
debajo de la productividad, perdiendo participación en la
Renta Nacional. En términos de empleo, está previsto un
crecimiento del 2,8 por ciento, frente a un 3,2 por ciento
de aumento en 1998, con crecimientos del PIB en 1998 y
1999 del 3,7 por ciento y 3,8 por ciento, respectivamente.
Se reduce por tercer año el peso del gasto público
sobre el PIB, que este año se situará en torno al 40 por
ciento, cuando en 1998 estuvo en el 41,5 por ciento, a la
vez que se deterioran gravemente los servicios públicos
al reducir la oferta pública de empleo a un 25 por ciento
de las vacantes que se produzcan (faltarán maestros,
sanitarios, profesionales de Servicios Sociales, etc., de
los que existían en 1998) y el capítulo I, sube el 1,7 por
ciento con salarios que suben 1,8 por ciento, y se aborda
la privatización del escaso sector público actual e incluso
de servicios públicos, generando un incremento del
desempleo en cada acto privatizador.
Un año más se produce una restricción en la oferta de
empleo público y los salarios de los empleados públicos
crecerán con la previsión de inflación (un 1,8 por ciento),
sin recuperar la pérdida de poder adquisitivo que han
sufrido desde 1992. El Gobierno argumenta que esta austeridad
es necesaria para aumentar la inversión pública.
Sin embargo, es difícil conocer lo que crece esta magnitud,
puesto que gran parte de la misma se realiza de
forma extrapresupuestaria, con procedimientos de contabilización
espurios. En todo caso, el nivel de inversión
pública fue tan bajo en los años 1996, 1997 y 1998 (de
1,2 billones en 1996, bajó a 800.000 en 1998 y ahora se
propone 900.000 millones para 1999), que aún creciendo
este año la del Estado en casi un 9 por ciento (según aparece
en el Presupuesto) el porcentaje sobre el PIB es
reducido, y por lo tanto el sector público está lejos de
recuperar su carácter inversor, ligado a un programa de
desarrollo articulado territorial y sectorialmente.
Nos encontramos ante unos Presupuestos maquillados,
poco creíbles y alejados de la realidad, porque están
basados en un cuadro macroeconómico excesivamente
optimista, que desprecia el impacto de la crisis internacional
que provocará una corrección de los mismos,
cuando menos para el segundo semestre de 1999, por lo
que tendremos un menor dinamismo de los ingresos pre-
vistos, sobre todo después de la reforma del IRPF, y una
contención del crecimiento de la demanda interna. Pero,
sobre todo, están basados en un maquillaje del déficit
público que conduce a que lo relevante sea el déficit contable
y no el déficit real, porque abusa del uso de las
privatizaciones que en la SEPI sirven para reducir las
transferencias que el Estado debe hacer para las empresas
deficitarias; porque usa las cotizaciones de la Seguridad
Social para gastos no contributivos y universalizados,
contabilizando al final un préstamo del Estado a la Seguridad
Social; porque alarga la deuda a corto plazo, en
deuda a medio y largo plazo, trasladando los intereses y
amortizaciones a realizar en 1999 a ejercicios posteriores,
y porque derivan hacia activos efectivos financieros
o mediante el sistema de pago aplazado, gastos que
deberían figurar en inversiones anuales o transferencias
de capital.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida solicita la devolución al Gobierno de los
Presupuestos Generales del Estado para 1999, con el fin
de que éste elabore una propuesta presupuestaria cimentada
en la creación de empleo estable y el reparto del trabajo,
en el compromiso de un mayor protagonismo público
y en el esfuerzo inversor del Estado con un programa
de desarrollo que corrija desequilibrios territoriales y
sociales.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido
en el artículo 110 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, el Grupo Mixto formula enmienda de
devolución a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999 (núm. expte.
121/000141), a instancia de los Diputados y Diputadas
de Nueva izquierda e Iniciativa-Els Verds.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 1998.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.-Joan
Saura Laporta, Portavoz adjunto.
ENMIENDA NÚM. 5
PRIMER FIRMANTE:
Ricardo Peralta Ortega
(Grupo Parlamentario Mixto)
JUSTIFICACIÓN
Nueva Izquierda e Iniciativa-Els Verds proponen la
devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, por los siguientes
motivos:
En primer lugar, las previsiones macroeconómicas
son enormemente discutibles y poco creíbles.
Así, el crecimiento previsto del 3,8 por ciento del PIB
es discutido de entrada, incluso por una institución tan
conservadora como el Fondo Monetario Internacional,
que lo sitúa en el 3,6 por ciento, con una inflación seis
décimas por encima de la prevista por el Gobierno.
La crisis financiera internacional hace temer el inicio
de una recesión mundial, lo que no avala en absoluto las
cifras presentadas por el Gobierno, que ha reducido tan
sólo una décima sus previsiones elaboradas antes del
comienzo de la crisis.
Parece francamente difícil de creer que con un crecimiento
económico probablemente peor al presupuestado
y un nuevo IRPF, que reduce la tributación media por
contribuyente en un 11 por ciento, se pueda abordar un
incremento de la inversión del 6 por ciento y reducir el
déficit al 1,6 por ciento.
En segundo lugar, las previsiones de ingresos son
absolutamente voluntaristas y poco fiables.
En el capítulo de ingresos por IRPF, se presupuesta
un incremento del 2,8 por ciento, sobre la base exclusiva
del aumento de los empleos en 360.000 personas y de la
disminución del fraude como consecuencia de la aprobación
de la nueva ley, sin que en ésta se contemple una
sola medida destinada a abordar el problema del fraude.
Si de los propios datos que aporta el Gobierno puede
deducirse una reducción de 600.000 millones de pesetas
en los ingresos de IRPF o incluso de 750.000 millones,
como ya anunciamos en el debate parlamentario del
nuevo Impuesto (cifra ésta en la que coinciden los últimos
estudios de distintas instituciones), parece milagroso
que tan sólo 360.000 empleos más -en el supuesto
que fueran ciertos- permitieran compensar esta dismi-
nución e incrementar además en 143 millones de pesetas.
¿Son estos nuevos empleos capaces de solventar la caída
de ingresos por IRPF? A todas luces, las cifras no son
creíbles.
Esta falta de credibilidad se manifiesta de nuevo en el
incremento de cotizaciones a la Seguridad Social, donde
se establece una subida de un 4,15 por ciento del número
de cotizantes, cuando se ha previsto un crecimiento del
empleo del 2,8 por ciento.
La recaudación por el IVA que presupone un incremento
de un 9,6 por ciento parece también excesivamente
elevada. Presume un aumento sustancial del consumo
muy superior al crecimiento de la economía, que puede
ir perfectamente a la baja si se confirman los negros presagios
de posible recesión.
Finalmente, resulta discutible considerar una bajada
de tan sólo el 1,8 por ciento del Impuesto de Sociedades,
cuando una de las principales razones de su crecimiento
durante el año 1998 se ha debido a las tributaciones realizadas
por los beneficios recibidos por las privatizaciones,
que no existirán ya en el presupuesto del año 1999.
En tercer lugar se pone de manifiesto la cada vez más
pronunciada regresividad del sistema fiscal.
Mientras los impuestos directos suben un 1,5 por
ciento (conviene anotar que los de Sociedades bajan el
1,8 por ciento), los impuestos indirectos suben el 7,7 por
ciento, superando este año por primera vez, en montante
total, a la cantidad percibida por impuestos directos.
El resultado es que el conjunto de los contribuyentes
siguen pagando los mismos impuestos (la presión fiscal
global sólo baja dos décimas) pero renunciando a un sistema
progresivo, por lo que avanzamos a un sistema fiscal
absolutamente injusto.
Las inversiones que se proyectan carecen de credibi-
lidad real.
Si nos atenemos al grado de cumplimiento de las
inversiones en el ejercicio anterior, no puede asegurarse
de ningún modo el efectivo cumplimiento de los proyectos
previstos, mientras que se mantienen las técnicas de
contratación de obras extrapresupuestarias que impiden
conocer a esta Cámara el cumplimiento de las inversiones
y su control. Faltan, además, proyectos de protección
y mejora del medio ambiente, que aseguren la sostenibilidad
de las inversiones y de los procesos productivos.
En este sentido, el Proyecto de Ley presenta, de
nuevo, una apuesta por las grandes infraestructuras faraónicas
que absorben gran parte del presupuesto y
apuestan por un incremento del desequilibrio territorial
ya existente, hecho que aportará problemas futuros sobre
la sostenibilidad del territorio y traerá graves problemas
ecológicos.
La Administración, también en su obligación de velar
por la utilización racional de los recursos naturales para
proteger y mejorar la calidad de la vida y, a la vez, defender
y restaurar el medio ambiente apoyándose en la solidaridad
colectiva, debería haber propuesto la introducción
de criterios de sostenibilidad en la redacción de
proyectos de obra pública que redujesen su impacto en el
paisaje y en el territorio y racionalizasen el uso de los
recursos. Pero la apuesta es absolutamente la inversa, ya
que muchos de ellos son de gran impacto y cuentan con
una gran oposición social.
Las previsiones de créditos presupuestarios para complementos
de mínimos no aseguran siquiera el cum-
plimiento de los Pactos de Toledo, y el presupuesto de
Trabajo y Asuntos Sociales baja espectacularmente un
8,3 por ciento, debido a la disminución tan elevada que
se plantea en la cobertura del desempleo.
Aunque los presupuestos globales del INEM se sitúan
en 2 billones de pesetas y se incrementan muy notablemente
las partidas para políticas activas, descienden en
9,5 por ciento los créditos destinados a cobertura de
desempleo, con el argumento de que va a bajar la tasa de
desempleo del 19 por ciento, a una aún insostenible tasa
del 17,4 por ciento.
Aunque esto fuera cierto, y resulta difícil de creer
porque para ello sería necesario que aumentara la ocupación
sin apenas incremento de la tasa de actividad, continuaríamos
teniendo una cobertura total de desempleo de
un 48 por ciento, es decir, de menos de la mitad de los
parados/as de nuestro país. Atodo ello se añade que las
prioridades que en el proyecto de ley aparecen como
tales olvidan actuaciones decididas tendentes a la generación
de empleo, especialmente entre jóvenes, mujeres
y mayores de cuarenta y cinco años
En estas condiciones, disminuir los créditos disponibles
para cobertura de desempleo significa renunciar a
ampliar a nuevos colectivos de parados algún tipo de
cobertura, lo que consideramos enormemente injusto y
perjudicial.
Es la disminución de esta partida destinada a cobertura
de desempleo la que explica la bajada del presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (un 8,3 por
ciento), al no compensar la disminución de los 141,5 mil
millones de pesetas que esto supone, con el incremento
de las partidas destinadas a políticas activas.
Conviene, finalmente, señalar que la subida del
INEM es inferior al 6,9 por ciento, que aparece en los
presupuestos, dado que el 3 por ciento, es consecuencia
de la aportación de remanente de tesorería.
Una aportación muy importante del presupuesto es el
1,03 billón neto de aportaciones de la Unión Europea y
aunque no existen dudas, en principio, sobre estos ingresos,
conviene tener presente la discusión planteada sobre
la desaparición de los Fondos de Cohesión y que los Fondos
Estructurales acaban su vigencia en el próximo año,
dado que se sitúan en el Programa Operativo 1997-1999.
Conviene tenerlo presente, porque estos ingresos suponen
una partida sustancial de los presupuestos y una mala
negociación al respecto, que llevara a su disminución,
tendría efectos demoledores sobre los presupuestos de
los años siguientes.
Son también unos Presupuestos insolidarios, no sólo
en el ámbito interno, sino también en su proyección exterior,
ya que siguen sin cumplirse los compromisos preelectorales
del Partido Popular, en cuanto a la asignación
del 0,7 por ciento del PIB para la Ayuda al Desarrollo.
Cabe añadir, por último, el efecto negativo que produce
y seguirá produciendo con estos Presupuestos Generales
del Estado la limitación para el endeudamiento y la
deficiencia financiera de las Corporaciones Locales.
En definitiva, se trata de unos presupuestos regresivos,
poco creíbles en las cifras macroeconómicas y de
ingresos, sin planteamientos ante la posible recesión de
la economía, con un crecimiento de la inversión inferior
al del gasto corriente, que dan escasas respuestas al grave
problema del desempleo en nuestro país, y mantienen
una política tributaria que profundiza en una distribución
no equitativa de las cargas fiscales, siendo en conjunto la
demostración de la regresiva política económica del
Gobierno y sus socios parlamentarios, por lo que Nueva
Izquierda e Iniciativa Els Verds proponen su devolución
al Gobierno.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Pilar
Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona (PI), al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Congreso
de los Diputados, plantea la siguiente enmienda a la totalidad
de devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.
ENMIENDA NÚM. 6
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Mixto
JUSTIFICACIÓN
El Gobierno ha presentado un proyecto de ley de Presupuestos
para 1999 que da continuidad a los criterios de
ajuste presupuestario y contención del déficit público,
que estaban en la base de los últimos proyectos presupuestarios.
Sin embargo, creemos que el planteamiento
económico del gobierno para 1999 adolece de defectos
fundamentales en tres áreas básicas:
En primer lugar, las previsiones macroeconómicas de
crecimiento, que son la base de la evolución favorable de
los ingresos previstos, no parecen contemplar de forma
suficiente los efectos de la crisis financiera internacional,
con lo cual se pone seriamente en cuestión no sólo el
efectivo cumplimiento del objetivo del déficit público
sino también las prioridades políticas de gasto anunciadas
en el proyecto, principalmente las relacionadas con
el necesario incremento de la inversión estatal en infraestructuras,
después de diversos ejercicios mantenida en un nivel mínimo.
En segundo lugar, el proyecto presupuestario no
avanza de forma suficiente, e incluso en algunos aspectos
regresiona, en la consolidación de las bases del estado
de bienestar. En los presupuestos el gobierno avanza
de forma mínima en los compromisos del Pacto de Toledo
sobre la separación de las fuentes de financiación de
la Seguridad Social, renuncia a plantear mecanismos que
compensen la reducción de la protección social de los
parados y desliza el sistema impeditivo hacia vías no
progresivas, con una pérdida sustancial del peso de la
imposición directa, en beneficio de la imposición indirecta.
Por último, el actual proyecto de presupuestos no solventa
suficientemente algunos desequilibrios territoriales
que han sido una constante de los presupuestos del estado
central. La inversión estatal en Cataluña, aunque
mejora respecto a anteriores ejercicios, todavía se mantiene
en un nivel inferior al peso de la Comunidad Autónoma
-en términos demográficos, económicos y tributarios-
en el conjunto del Estado. Así, por ejemplo, la
inversión del Estado (excluidas las empresas públicas y
los entes públicos) en Cataluña prevista para 1999, en
términos per capita, se mantiene en un 41 por ciento
inferior a la media de las Comunidades Autónomas con
el mismo nivel competencial.
Por todo ello, consideramos necesaria la devolución
del actual proyecto de ley al Gobierno.
Pilar Rahola i Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
Enmienda a la totalidad
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo
el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley
de los Presupuestos Generales del Estado para 1999,
publicado en el «BOCG, Congreso de los Diputados»,
serie A, número 140, de 1 de octubre de 1998 (núm.
expte. 121/000141).
ENMIENDA NÚM. 7
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
Socialista
MOTIVACIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado para 1999 se
han elaborado sin tener suficientemente en cuenta los
riesgos asociados a la inestable situación económica
internacional y de espaldas a las necesidades de nuestra
economía para competir en la nueva situación marcada
por el euro. En consecuencia, por una parte, sus escenarios
macroeconómicos son los más optimistas dentro de
lo posible lo que conlleva una previsión de ingresos difícilmente
creíble, en especial lo relativo al IRPF.
Por otra parte, las prioridades del gasto quedan desdibujadas
cuando se efectúa la comparación entre lo realmente
pagado en este ejercicio en aquellos capítulos más
relevantes y el presupuesto inicial previsto para el próximo
año. Con ello, el sector público estatal está renunciando
a hacer lo necesario para que la sociedad española
en su conjunto pueda aprovechar, de forma adecuada,
la oportunidad competitiva que va a representar la unión
monetaria europea de la que somos miembros.
Poca credibilidad en los ingresos y continuismo peligroso
en el gasto, sin tener en cuenta las nuevas exigencias
derivadas del cambio de contexto internacional, convierten
al Presupuesto presentado en un instrumento
inadecuado para las necesidades actuales de nuestro país.
Así, ni mejoran la competitividad de la economía
española, seriamente deteriorada en los últimos tiempos,
como demuestra nuestro saldo Comercial negativo, ni
contribuye a mejorar la situación económica real de los
menos favorecidos de la sociedad, al mantener las prestaciones
estancadas en términos reales. Mientras que se
mejora la situación de las capas altas mediante la reforma
del IRPF, los pensionistas, funcionarios, parados
etcétera, ven simplemente como se les mantiene su poder
adquisitivo. Con ello, la actual fase de crecimiento de la
economía española no se está repartiendo de manera solidaria,
sino que está siendo utilizada para incrementar las
desigualdades reales entre los ciudadanos.
Son unos Presupuestos que cabalgan a lomos de un
ciclo económico que se supone eterno y que permite,
como ha ocurrido hasta la fecha, que los ingresos crezcan
mientras que los gastos cíclicos se reducen de forma
considerable. De hecho, si se tuviera que esquematizar el
proceso de consolidación presupuestaria efectuado por el
Gobierno en los últimos ejercicios se podría simplificar
diciendo que la reducción del déficit, en términos
del PIB, ha sido posible gracias a un crecimiento superior
al previsto, al buen comportamiento de los impuestos
indirectos cuya participación en el total de ingresos
supera, por primera vez al de los directos, y a la reducción
de los gastos por desempleo que ha llevado al INEM
a una situación de superávit. Tal modelo de ajuste, que se
proyecta para el próximo ejercicio, es insostenible a
medio plazo a la vez que inconveniente porque aplaza las
reformas estructurales necesarias para afrontar, con
garantías, los retos del euro y del Pacto de Estabilidad.
No se puede seguir, sin incurrir en riesgos irresponsables,
en esta vía de ajuste pasivo.
Como ejercicio contable tampoco puede otorgársele
excesivo crédito. En primer lugar, por las importantes
modificaciones discrecionales que a lo largo del año el
Gobierno viene introduciendo, de manera habitual, en las
partidas del gasto que alejan, de forma relevante, las
cifras realmente ejecutadas de aquello inicialmente aprobado
por el Parlamento. En segundo lugar, por el fuerte
proceso de despresupuestación que inició el Gobierno
desde el principio de su mandato en la presente legislatura
que sitúa a importantes partidas de ingresos y de gastos
fuera del control presupuestario y, a menudo, del propio
conocimiento de las Cámaras. Ambos procesos,
además de reducir la capacidad de control presupuestario
por parte de los órganos que, como el Parlamento, tienen
esa finalidad, convierten al documento presupuestario
inicial en poco relevante respecto a la actuación real del
Estado en la economía a través de los ingresos y gastos
públicos totales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 1998.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.