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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 101-9, de 28/04/1998
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 28 de abril de 1998 Núm. 101-9
INFORME DE LA PONENCIA
121/000099 Sector de hidrocarburos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES del Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley
del sector de hidrocarburos, tramitado con Competencia Legislativa Plena
(núm. expte. 121/99).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Comisión de Industria, Energía y Turismo
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de
Ley del sector de hidrocarburos (Núm. expte. 121/99), integrada por los
Diputados D. Francisco Javier Peón Torre (G.P.), D. Antonio Landeta
Alvarez-Valdés (G.P.), D. Juan Carlos Ruiz López (G.P.), D. Javier
Fernández Fernández (G.S.), Dª Arantza Mendizábal Gorostiaga (G.S.), D.
Mariano César Santiso del Valle (G.IU.), D. Josep Sánchez i Llibre
(G.C-CiU), D. Joxe Joan González de Txabarri Miranda (G.V-PNV), D. Jesús
Gómez Rodríguez (G.CC.) y D. Ricardo Fernando Peralta Ortega (G.Mx.), ha
estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas
presentadas a la misma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:
I N F O R M E
Respecto a la Exposición de Motivos, se aceptan las enmiendas nº
225, del G.P. Catalán-CiU, al párrafo séptimo, y las enmiendas del G.P.
Popular nº 152, de adición de un nuevo párrafo, y nº 153, al párrafo
último, quedando el texto de la Exposición de Motivos como figura en el
Anexo.
En relación al artículo 1, se acepta la enmienda nº 3 del G.P.
Vasco-PNV de adición de un apartado 3 nuevo. Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal
y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 3, el G.P. Vasco-PNV retira las enmiendas nº 7
y nº 13. El G.P. Popular retira la enmienda nº 156. Se aceptan las
enmiendas nº 155, del G.P. Popular, al apartado 2, letra c); nº 10, del
G.P. Vasco-PNV, al apartado 3, letra a); y nº 341, del G.P. Socialista,
al apartado 3, letra b). Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
En relación con el artículo 4, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 15. La Ponencia acepta la enmienda nº 157, del G.P. Popular al
apartado 1. Y la enmienda nº 233 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en
la enmienda nº 157. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas
se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 5, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 16. La enmienda nº 158 del G.P. Popular al apartado 1 es aceptada por
la Ponencia. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 9, la Ponencia acepta la enmienda nº 159 del
G.P. Popular al apartado 2. Como consecuencia de la aceptación de esta
enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el
Anexo.
Respecto al artículo 11, se acepta la enmienda nº 160 del G.P.
Popular. Como consecuencia de la aceptación de
esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como figura
en el Anexo.
Con respecto al artículo 12, se acepta la enmienda nº 237, del G.P.
Catalán-CiU, al segundo párrafo del apartado 2, sustituyendo la
referencia «las Administraciones Públicas», por la siguiente referencia:
«el Ministerio de Industria y Energía o el órgano competente que
corresponda». Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 14, la Ponencia acepta las enmiendas nº
162, del G.P. Popular, al apartado 1, y nº 351, del G.P. Socialista, al
apartado 2, letra b). Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
En relación con el artículo 15, se acepta la enmienda nº 163 del
G.P. Popular al apartado 1. Como consecuencia de la aceptación de esta
enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el
Anexo.
Con respecto al artículo 16, es aceptada por la Ponencia la enmienda
nº 238, del G.P. Catalán-CiU, al apartado 1. Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal
y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 17, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda nº 24
y es aceptada por la Ponencia la enmienda nº 164, del G.P. Popular, al
apartado 3. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 21, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 26 y son aceptadas por la Ponencia la enmienda nº 25 del G.P. Vasco,
al apartado 1, y nº 165 del G.P. Popular, al apartado 2. La enmienda nº
239 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en la enmienda anteriormente
citada del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
Con respecto al artículo 22, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda nº
27 y es aceptada por la Ponencia la enmienda nº 166, del G.P. Popular.
Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto
del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 23, es aprobada la enmienda nº 240, del
G.P. Catalán-CiU, al apartado 3; la enmienda nº 28, del G.P. Vasco-PNV
queda subsumida en la enmienda nº 240. Como consecuencia de la aceptación
de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como
figura en el Anexo.
En relación con el artículo 24, es aceptada la enmienda nº 167 del
G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 25, la Ponencia acepta la enmienda nº 168,
del G.P. Popular, a la letra b) del apartado 2; y la nº 31, del G.P.
Vasco-PNV, a la letra c) del mismo apartado. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 29, la Ponencia acepta la enmienda nº
244, del G.P. Catalán-CiU, al apartado 1, así como adicionar un apartado
3 nuevo propuesto por el G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación
de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como
figura en el Anexo.
Respecto al artículo 30, se acepta la enmienda nº 362, del G.P.
Socialista. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 33, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 41; la Ponencia acepta las enmiendas nº 40, del G.P. Vasco-PNV al
apartado 1, y nº 169 del G.P. Popular, al apartado 2. Como consecuencia
de la aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado
artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 34, la Ponencia acepta la enmienda nº
170, del G.P. Popular, al apartado 2. Como consecuencia de la aceptación
de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como
figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 35, la Ponencia acepta la enmienda nº 171
del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 36, la Ponencia acepta la enmienda nº 245,
del G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda
se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 38, son aceptadas las enmiendas nº 172, del
G.P. Popular al apartado 1, y nº 246, del G.P. Catalán-CiU, al apartado
1, sustituyendo el término «defensa de los consumidores» por «protección
de los consumidores». Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
Con respecto al artículo 40, se retira la enmienda nº 43, del G.P.
Vasco-PNV, no variando el texto del Proyecto de Ley.
Con respecto al artículo 41, el G.P. Catalán-CiU retira la enmienda
nº 248, y es aceptada la enmienda nº 174, del G.P. Popular. Como
consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del
citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 42, es aceptada la enmienda nº 175, del
G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 43, son aceptadas las enmiendas nº 176, del
G.P. Popular, y nº 369, del G.P. Socialista con la siguiente
modificación: en lugar de figurar «se creará», figuarará «se crea». La
enmienda nº 249, del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en la nº 176 del
G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 44, es aceptada la enmienda nº 177, del
G.P. Popular, quedando subsumida la enmienda nº 250 del G.P. Catalán-CiU
en la enmienda anteriormente citada. Como consecuencia de la aceptación
de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como
figura en el Anexo.
En relación con el artículo 45, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 45, aceptando la Ponencia la enmienda nº 178 del G.P. Popular. Como
consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del
citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 46, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda nº 46;
la Ponencia acepta la enmienda nº 179 del G.P. Popular y la nº 252 del
G.P. Catalán-CiU queda subsumida en las enmiendas nº 179, 180 y 181 del
G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Se crea un nuevo artículo 46 bis (nuevo) como consecuencia de la
aceptación por la Ponencia de la enmienda nº 180 del G.P. Popular, con el
texto que figura en el Anexo.
En relación con el artículo 47, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 47; la Ponencia acepta la enmienda nº 181 del G.P. Popular, con
algunas modificaciones respecto a la enmienda presentada en su momento.
Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto
del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 50, es aceptada la enmienda nº 182, del G.P.
Popular, al párrafo primero del apartado 1. Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal
y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 52, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda nº 52;
la Ponencia acepta la enmienda nº 183 del G.P. Popular al apartado 5.
Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto
del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 53, se ha retirado la enmienda nº 53 del
G.P. Vasco-PNV, aceptando la Ponencia la enmienda nº 184 del G.P.
Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica
el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al epígrafe del Título IV, se ha presentado la enmienda
nº 185, del G.P. Popular, que es aceptada por la Ponencia, quedando por
lo tanto el epígrafe como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 54, es aceptada la enmienda nº 186 del
G.P. Popular, quedando subsumida la enmienda nº 255 del G.P. Catalán-CiU
en la mencionada enmienda del G.P. Popular. Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal
y como figura en el Anexo.
El Grupo Parlamentario Popular retira la enmienda nº 187 al apartado
2 del artículo 56.
Con respecto al artículo 58, es aceptada la enmienda nº 188 del G.P.
Popular, suprimiendo la referencia al apartado 4, quedando la enmienda nº
258 del G.P. Catalán-CiU subsumida en la enmienda anteriormente citada.
Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto
del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 59, son aceptadas por la Ponencia las
enmiendas nº 189 y 190 del G.P. Popular, a los apartados 1 y 4
respectivamente. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 60, es retirada por el G.P. Popular la
enmienda nº 191, aceptando la Ponencia las enmiendas nº 192 y 193, del
G.P. Popular, y nº 56 del G.P. Vasco-PNV. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 61, es aceptada la enmienda nº 194 del
G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 62, son aprobadas las enmiendas nº 195, del
G.P. Popular, y nº 261 del G.P. Catalán-CiU, al apartado 3; y la enmienda
nº 381 del G.P. Socialista, que propone la adición de un apartado 4
nuevo. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se modifica
el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 63, es retirada la enmienda nº 57 del
G.P. Vasco-PNV, habiéndose aceptado por la Ponencia las enmiendas nº 196,
del G.P. Popular, y nº 262 del G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 64, son retiradas por el G.P. Vasco-PNV
las enmiendas nº 58, 59 y 60. La Ponencia acepta las enmiendas nº 197 del
G.P. Popular, y nº 263 del G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 65, el G.P. Vasco-PNV retira las
enmiendas nº 61, 62 y 63, aceptando la Ponencia las enmiendas nº 197 del
G.P. Popular y nº 264 del G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 66, el G.P. Vasco-PNV retira su enmienda
nº 64, y el G.P. Catalán-CiU retira la enmienda nº 265, siendo aceptada
por la Ponencia la enmienda nº 198 del G.P. Popular. Como consecuencia de
la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 68, son aceptadas por la Ponencia las enmiendas
nº 199 y 200 del G.P. Popular; la enmienda nº 65, del G.P. Vasco-PNV; y
la nº 269 del G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la aceptación de
estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como
figura en el Anexo.
En relación con el artículo 69, son aceptadas por la Ponencia las
enmiendas nº 271 y 272, del G.P. Catalán-CiU a las letras a) y f)
respectivamente. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 71, son aceptadas las enmiendas nº 274 y 275
del G.P. Catalán-CiU a los apartados 2 y 3 respectivamente; y las
enmiendas nº 201 del G.P. Popular y nº 395 del G.P. Socialista, al
apartado 4. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 72, el G.P. Vasco-PNV retira la enmienda
nº 67, y es aceptada la enmienda nº 276 del
G.P. Catalán-CiU, eliminando de la misma el último párrafo. Como
consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del
citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 74, son aceptadas por la Ponencia las enmiendas
nº 201 del G.P. Popular, al apartado 1; nº 69, del G.P. Vasco-PNV al
apartado 2; nº 203, del G.P. Popular, a la letra c) del apartado 3; nº 70
del G.P. Vasco-PNV al apartado 4; nº 279, del G.P. Catalán-CiU al párrafo
primero del apartado 4; nº 203 del G.P. Popular al apartado 5; y nº 281
del G.P. Catalán-CiU de creación de un apartado 7 nuevo. Las enmiendas nº
277 y 278 del G.P. Catalán-CiU quedan subsumidas en las enmiendas nº 202
y 203 del G.P. Popular respectivamente. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 75, el G.P. Catalán-CiU retira sus
enmiendas nº 284 y 286. La Ponencia acepta la enmieda nº 283 del G.P.
Catalán, a la letra c) y nº 204 del G.P. Popular de creación de letras j)
y k). La enmienda nº 287 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en la nº
204 del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
En relación con el artículo 78, son aceptadas las enmiendas nº 288 y
289 del G.P. Catalán-CiU a los apartados 1 y 2, respectivamente. Y la
enmienda nº 71 del G.P. Vasco-PNV, al apartado 3. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
Respecto al artículo 80, son aceptadas las enmiendas nº 205 del G.P.
Popular, al apartado 3; y nº 292 del G.P. Catalán-CiU a la letra e) del
apartado 3. La enmienda nº 291 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en la
enmienda nº 205. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 82, es aceptada la enmienda nº 293 del G.P.
Catalán-CiU, a la letra c); y la nº 294, del mismo Grupo, a la letra e),
añadiendo al final de la enmienda «relativa a su ámbito territorial».
Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se modifica el
texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
Con respecto al artículo 84, el G.P. Vasco-PNV retira su enmienda nº
74; son aceptadas las siguientes enmiendas del G.P. Catalán-CiU: nº 297 a
la letra d) del apartado 1; nº 298 a la letra h) nueva del apartado 1,
modificando el término «clientes» por «consumidores a tarifa»; la nº 301,
a la letra e) (nueva) del apartado 2; y la nº 303, a la letra c) nueva
del apartado 3, modificando el término «verificar el buen funcionamiento»
por «solicitar la verificación del buen funcionamiento». Como
consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del
citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 89, es aceptada la enmienda nº 206, del
G.P. Popular, al apartado 3. Como consecuencia de la aceptación de esta
enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el
Anexo.
Respecto al artículo 90, la Ponencia acepta la enmienda nº 309 del
G.P. Catalán-CiU, de adición de un párrafo segundo en el apartado 3. Como
consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del
citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 91, es aceptada la enmienda nº 310 del
G.P. Catalán-CiU. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 93, es aceptada la enmienda nº 207 del
G.P. Popular, a la letra c) del apartado 1, y la nº 312, del G.P.
Catalán-CiU, al apartado 3, adicionando «en lo relativo a su ámbito
territorial». La enmienda nº 311 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en
la nº 207 del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de estas
enmiendas se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en
el Anexo.
Respecto del artículo 95, es aceptada la enmienda nº 313 del G.P.
Catalán-CiU al apartado 4, con modificaciones incorporadas en la
Ponencia. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se modifica
el texto del citado artículo tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 98, es aceptada la enmienda nº 208 del
G.P. Popular, con adición de un apartado 2 nuevo. Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo tal
y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 99, es aceptada la enmienda nº 413 del
G.P. Socialista, al párrafo tercero del apartado 1. Como consecuencia de
la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
La enmienda nº 79 del G.P. Vasco-PNV, que propone la incorporación
de un nuevo artículo 102 bis (nuevo) es aceptada por la Ponencia,
incorporandose este artículo al Anexo.
La enmienda nº 78 del G.P. Vasco-PNV, al epígrafe del Título V, es
aceptada por la Ponencia, quedando modificado el citado epígrafe según
figura en el Anexo.
En relación con el artículo 105, es aceptada la enmienda nº 80, del
G.P. Vasco-PNV, al apartado 2. Como consecuencia de la aceptación de esta
enmienda se modifica el texto del citado artículo tal y como figura en el
Anexo.
Respecto del artículo 109 son aceptadas las enmiendas nº 210, del
G.P. Popular, a la letra g) del apartado 1, y la nº 319 del G.P.
Catalán-CiU, a la letra j) del apartado 1. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo 110, son aceptadas las enmiendas nº 211,
del G.P. Popular, y nº 320 del G.P. Catalán-CiU, a las letras e) y k)
respectivamente. La enmienda nº 321 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida
en las enmiendas nº 210 y 211 del G.P. Popular. Como consecuencia de la
aceptación de estas enmiendas se modifica el texto del citado artículo
tal y como figura en el Anexo.
En relación con el artículo nº 111, es aceptada por la Ponencia la
enmienda nº 81 del G.P. Vasco-PNV. Como consecuencia
de la aceptación de esta enmienda se modifica el texto del citado
artículo tal y como figura en el Anexo.
Respecto de la Disposición Adicional Primera, es retirada por el
G.P. Vasco-PNV la enmienda nº 82, aceptandose por la Ponencia la enmienda
nº 322, del G.P. Catalán-CiU a la letra b). Como consecuencia de la
aceptación de esta enmienda se modifica el texto de la citada disposición
tal y como figura en el Anexo.
En relación con la Disposición Adicional Sexta es retirada por el
G.P. Catalán-CiU su enmienda nº 324, no sufriendo modificaciones el texto
del Proyecto.
En relación con la Disposición Adicional Séptima, es aceptada la
enmienda nº 212 del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de
esta enmienda se modifica el texto de la citada disposición tal y como
figura en el Anexo.
Respecto de la Disposición Adicional Décima, el G.P. Vasco-PNV
retira la enmienda nº 83, no sufriendo modificación el texto del
Proyecto.
Como consecuencia de la aceptación por la Ponencia de las enmiendas
nº 84 del G.P. Vasco-PNV, y nº 213, 214, 215 y 216 del G.P. Popular, de
creación de nuevas Disposiciones Adicionales, se adicionan tal como
figuran en el Anexo.
En relación con la Disposición Transitoria Primera es aceptada la
enmienda nº 217 del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de
esta enmienda se suprime el texto de la citada disposición tal y como
figura en el Anexo.
Respecto de la Disposición Transitoria Cuarta, es aceptada la
enmienda nº 86, del G.P. Vasco-PNV, al párrafo primero, con la siguiente
modificación: la referencia de la enmienda al artículo 44.1, ha de
entenderse hecha al artículo 44.2. Como consecuencia de la aceptación de
esta enmienda se modifica el texto de la citada disposición tal y como
figura en el Anexo.
En relación con la Disposición Transitoria Sexta el G.P. Popular
retira su enmienda nº 218, aceptándose por la Ponencia la nº 327 del G.P.
Catalán-CiU. Como consecuencia de la aceptación de esta enmienda se
modifica el texto de la citada disposición tal y como figura en el Anexo.
Como consecuencia de la aceptación por la Ponencia de la enmienda nº
328 del G.P. Catalán-CiU, se crea una Disposición Transitoria Sexta bis
(nueva), con el texto que figura en el Anexo.
En relación con la Disposición Transitoria Séptima son aceptadas las
enmiendas nº 219 y 220 del G.P. Popular, a los apartados 3 y 4
respectivamente; y las nº 87 del G.P. Vasco-PNV y nº 422 del G.P.
Socialista, al apartado 4, quedando subsumidas las enmiendas del G.P.
Catalán-CiU nº 329 y 330 en las del G.P. Popular nº 219 y 220,
respectivamente. Como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas se
modifica el texto de la citada disposición tal y como figura en el Anexo.
La enmienda nº 332 del G.P. Catalán-CiU queda subsumida en la
enmienda nº 223 del G.P. Popular.
En relación con la Disposición Transitoria Décima es aceptada la
enmienda nº 221 del G.P. Popular. Como consecuencia de la aceptación de
esta enmienda se modifica el texto de la citada disposición tal y como
figura en el Anexo.
El G.P. Popular retira la enmienda nº 222, que propugnaba la
inclusión de una nueva Disposición Transitoria.
Como consecuencia de la aceptación por la Ponencia de las enmiendas
nº 88 del G.P. Vasco-PNV y nº 223 del G.P. Popular, con modificaciones,
se introducen nuevas Disposiciones Transitorias tal y como figura en el
Anexo.
En relación con la Disposición Final Primera, la Ponencia acepta la
enmienda nº 90, del G.P. Vasco-PNV, al apartado 4. Como consecuencia de
la aceptación de estas enmiendas se modifica el texto de la citada
disposición tal y como figura en el Anexo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de
1998.--Francisco Javier Peón Torre, Antonio Landeta Alvarez-Valdés, Juan
Carlos Ruiz López, Javier Fernández Fernández, Arantza Mendizábal
Gorostiaga, Mariano César Santiso del Valle, Josep Sánchez i Llibre, Joxe
Joan González de Txabarri Miranda, Jesús Gómez Rodríguez, Ricardo
Fernando Peralta Ortega.
A N E X O Exposición de Motivos
La presente Ley tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar la
distinta normativa legal vigente en materia de hidrocarburos. Se
pretende, por tanto, renovar nuestra legislación buscando una regulación
más abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden los intereses
generales a través de la propia normativa, limitando su intervención
directa en los mercados cuando existan situaciones de emergencia. Esta
regulación debe permitir, además, que la libre iniciativa empresarial
amplíe su campo de actuación y la introducción en nuestro Ordenamiento
jurídico de realidades técnicas y mercantiles socialmente asumidas, pero
carentes, en este momento, del encaje legal adecuado.
La presente Ley persigue proporcionar un tratamiento integrado a una
industria verticalmente articulada. Desde la producción de hidrocarburos
en un yacimiento subterráneo hasta su consumo en el motor de un vehículo,
en la calefacción de una vivienda o en un proceso industrial, se producen
o pueden producirse una serie de transacciones económicas y de procesos
físicos de transformación, tratamiento o simplemente de transporte que
merecen una consideración global, puesto que forman parte de una
actividad económica que, aunque segmentable, responde a una concepción
integrada. Esta integración debe facilitar un tratamiento equilibrado de
las diferentes actividades reguladas en esta Ley y permitir mantener una
sustancial homogeneidad en la forma de abordar problemas similares.
A lo anterior se añade la preocupación de la Ley por la introducción
de criterios de protección medioambiental que estarán presentes en las
actividades objeto de la misma, desde el momento de su planificación. Así
pues, se pretende reflejar la necesidad de preservar y restaurar el
medio ambiente como condición indispensable para mejorar la calidad de
vida.
El primer bloque material que aborda la Ley es el relativo a la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que han venido
siendo reguladas por la Ley 21/1974, de 27 de junio. Las principales
novedades que la presente Ley contiene son su adecuación al ordenamiento
constitucional, la supresión de la reserva en favor del Estado, la
regulación de los almacenamientos subterráneos, la creación de la figura
del operador y, por último, el especial hincapié en las obligaciones de
desmantelamiento de las instalaciones que los concesionarios deben
asumir. Mientras que la adecuación constitucional es una necesidad que se
explica por sí misma, la supresión de la reserva en favor del Estado
responde a la necesidad de configurar tal Estado como regulador y no como
ejecutor de unas determinadas actividades industriales. Ello no es óbice
para, que si el Estado lo considera oportuno, pueda promover la
exploración e investigación de un área concreta a través de la
convocatoria de los correspondientes concursos. Tanto los almacenamientos
subterráneos como la figura del operador son novedades que son
incorporadas a nuestro ordenamiento a partir de la observación de la
realidad. Los almacenamientos subterráneos, carentes de regulación,
constituyen un núcleo fundamental de la seguridad del sistema de gas
natural. En cuanto al operador, es la entidad que actúa como responsable
ante la Administración del conjunto de actividades desarrolladas en el
ámbito de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
cuando existe una titularidad compartida. Entre las responsabilidades a
que deben hacer frente los titulares de permisos de investigación o
concesiones de explotación, destaca la relativa al desmantelamiento de
las instalaciones que tanta incidencia medioambiental puede llegar a
alcanzar.
El refino de petróleo y el transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de productos petrolíferos se regulan desde una
perspectiva de mayor liberalización, suprimiendo preexistentes
autorizaciones para el ejercicio de actividad por la mera autorización de
instalaciones afectas a una actividad que por la naturaleza de los
productos manejados requiere una especial atención. Tan sólo, como
excepción, se mantiene la autorización de actividad para los operadores
al por mayor que, en el conjunto del mercado de hidrocarburos líquidos,
son responsables del mantenimiento de las existencias mínimas de
seguridad, garantía básica del sistema.
El suministro de gases licuados del petróleo envasado también recibe
el impulso liberalizador que esta Ley trata de extender a todo el sector
de hidrocarburos. Se suprimen requisitos para el ejercicio de la
actividad entre los cuales, la supresión de la obligatoriedad de
distribución a domicilio quizá constituya el ejemplo más relevante.
La regulación del sector del gas trata de avanzar en la
liberalización del sector y de recoger los avances habidos en nuestro
país en esta industria desde la promulgación en 1987 de la Ley de
disposiciones básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en
materia de combustibles gaseosos, haciéndolo compatible con un desarrollo
homogéneo y coherente del sistema gasista en todo el territorio nacional.
En base a la homogeneidad ya aludida como criterio que preside esta
norma, se pretende también que la homogeneidad se mantenga en el enfoque
básico dado al sistema de gas natural, en relación con el sistema
eléctrico. Se trata en ambos casos de suministros que requieren
conexiones físicas entre productores y consumidores. Al no tener sentido
económico la duplicidad de estas interconexiones, el propietario de la
red se configura como un monopolista del suministro. La separación entre
la propiedad de la infraestructura de transporte y el servicio que dicha
infraestructura presta y la progresividad en este proceso de separación
son las dos herramientas que, al igual que la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, la presente Ley utiliza para transformar
el panorama de la industria del gas natural.
No obstante, la presente Ley recoge otras posibilidades técnicas de
suministros a partir de combustibles gaseosos distintos del gas natural,
dentro de los que por su incidencia cabe destacar los suministros de
gases licuados del petróleo por canalización.
Además, aunque esta Ley es explícita en la intención de liberalizar
total o parcialmente los precios de las transacciones mercantiles de los
gases combustibles por canalización y especialmente las referidas al gas
natural cuando haya señales suficientes en el mercado que lo hagan
posible, se prevé que exista un régimen económico específico para estas
mercancías, de forma que queden protegidos, desde el primer momento, los
intereses tanto de consumidores como de futuros productores respecto de
cualquier situación de poder de mercado.
Resulta, asimismo, necesario abordar tres aspectos genéricos de la
Ley que suponen una cierta novedad en nuestro ordenamiento:
Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio
público. Se considera que el conjunto de las actividades reguladas en
esta Ley no requieren de la presencia y responsabilidad del Estado para
su desarrollo. No obstante, se ha mantenido para todas ellas la
consideración de actividades de interés general que ya recogía la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero.
A diferencia del sector eléctrico, cuyos suministros son
considerados de carácter esencial, los suministros del sector de
hidrocarburos tienen una especial importancia para el desenvolvimiento de
la vida económica que supone que el Estado debe velar por su seguridad y
continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad que afectan a los productos petrolíferos y al gas.
Es necesario también hacer referencia a la Comisión Nacional de
Energía que se crea en la presente Ley. La vinculación e interdependencia
de los sectores energéticos, la similar problemática de algunos de ellos,
especialmente, como se ha señalado, del gas natural y de la electricidad
y la progresiva interrelación empresarial en este ámbito económico
recomienda atribuir a un único órgano la regulación
y vigilancia del mercado energético, para garantizar su transparencia y
coordinar adecuadamente los criterios de resolución.
Por último, procede aclarar los criterios de distribución
competencial seguidos con esta norma, que se declara de carácter básico.
El artículo 149.1.25ª atribuye al Estado la competencia para dictar las
bases del régimen minero y energético, previsión que se contempla en el
ámbito ejecutivo con lo previsto en el nº 22 del mismo artículo que
asigna al Estado la competencia sobre infraestructuras de transporte de
energía cuando salgan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. A
lo anterior, se añade la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el
ámbito material que nos ocupa, en especial la STC 24/1985, de 21 de
febrero y la más reciente STC 197/1996, de 28 de noviembre. En ambas
sentencias se parte de una delimitación competencial basada en la
consideración del mercado de hidrocarburos como único, que
inevitablemente se ha de proyectar, como una unidad. Esto obliga a
separarse del criterio de territorialidad y determinar para cada
instalación su impacto sobre un mercado global.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Objeto y ámbito de la Ley.
1.La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de
las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos.
2.Se consideran incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
Ley las siguientes actividades: a)La exploración, investigación y
explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de
hidrocarburos.
b)El comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y
distribución de crudo de petróleo y productos petrolíferos, incluidos los
gases licuados del petróleo.
c)La adquisición, producción, licuefacción, regasificación,
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de
combustibles gaseosos por canalización.
3.(NUEVO)Las actividades destinadas al suministro de hidrocarburos
líquidos y gaseosos se ejercerán bajo los principios de objetividad,
transparencia y libre competencia.
Artículo 2.Régimen de actividades.
1.A los efectos del artículo 132.2 de la Constitución tendrán la
consideración de bienes de dominio público estatal, los yacimientos de
hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio
del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos
que estén bajo la soberanía del Reino de España conforme a la legislación
vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea
parte.
2.Se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de
las actividades a que se refieren los Títulos III y IV de la presente
Ley.
Estas actividades se ejercerán garantizando el suministro de
productos petrolíferos y de gas por canalización a los consumidores
demandantes dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de
actividades de interés económico general. Respecto de dichas actividades,
las Administraciones Públicas ejercerán las facultades previstas en la
presente Ley.
Artículo 3.Competencias administrativas.
1.Corresponde al Gobierno, en los términos establecidos en la
presente Ley:
a)Ejercer las facultades de planificación en materia de
hidrocarburos.
b)Establecer la regulación básica correspondiente a las actividades
a que se refiere la presente Ley.
c)Determinar los peajes por el uso de instalaciones afectas al
derecho de acceso por parte de terceros en aquellos casos en los que la
presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de suministro.
d)Establecer los requisitos mínimos de calidad y seguridad que han
de regir el suministro de hidrocarburos.
2.Corresponde a la Administración General del Estado, en los
términos establecidos en la presente Ley:
a)Otorgar las autorizaciones y permisos de investigación a que se
refiere el Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una
Comunidad Autónoma. Asimismo, otorgar las concesiones de explotación a
que se refiere el citado Título de la presente Ley.
b)Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y
concesiones de explotación en las zonas del subsuelo marino a que se
refiere el Título II de la presente Ley.
c)Autorizar las instalaciones que integran la red básica de gas
natural, así como aquellas otras instalaciones a que se refiere la
presente Ley cuando su aprovechamiento afecte a más de una Comunidad
Autónoma o en el caso de las instalaciones de transporte o de
distribución cuando salgan del ámbito territorial de una de ellas.
d)Autorizar a los comercializadores de gas natural cuando su ámbito
de actuación vaya a superar el territorio de una Comunidad Autónoma.
e)Autorizar la actividad de los operadores al por mayor de productos
petrolíferos y de gases licuados del petróleo.
f)(SUPRIMIDO)
g)Impartir, en el ámbito de su competencia, instrucciones relativas
a la ampliación, mejora y adaptación de las infraestructuras de
transporte y distribución de hidrocarburos
en garantía de una adecuada calidad y seguridad en el suministro de
energía.
h)Inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de
las condiciones técnicas y, en su caso, económicas, que resulten
exigibles.
i)Inspeccionar el cumplimiento del mantenimiento de existencias
mínimas de seguridad de los operadores al por mayor que resulten
obligados.
j)Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones
establecidas en la presente Ley en el ámbito de su competencia.
3.Corresponde a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
respectivas competencias:
a)El desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa básica en
materia de hidrocarburos.
b)Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de
investigación a que se refiere el Título II de la presente Ley, cuando
afecte a su ámbito territorial.
c)Autorizar aquellas instalaciones cuyo aprovechamiento no afecte a
otras Comunidades o el transporte o la distribución no salga de su ámbito
territorial.
d)Autorizar a los comercializadores de gas natural cuando su ámbito
de actuación se vaya a circunscribir a una Comunidad Autónoma.
e)Impartir las instrucciones relativas a la ampliación, mejora y
adaptación de las instalaciones de transporte o distribución de
hidrocarburos que resulten de su competencia.
f)Inspeccionar, en el ámbito de las instalaciones de su competencia,
las condiciones técnicas y, en su caso, económicas de las empresas
titulares de dichas instalaciones.
g)Inspeccionar el mantenimiento de existencias mínimas de seguridad
cuando tal mantenimiento corresponda a distribuidores al por menor o a
consumidores ubicados en su ámbito territorial.
h)Sancionar, de acuerdo con la Ley, la comisión de las infracciones
en el ámbito de su competencia.
4.La Administración General del Estado podrá celebrar convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas para conseguir una gestión más
eficaz de las actuaciones administrativas relacionadas con las
instalaciones a que se refiere la presente Ley.
Artículo 4.Planificación en materia de hidrocarburos.
1.La planificación en materia de hidrocarburos tendrá carácter
indicativo, salvo en lo que se refiere a los gasoductos de transporte, a
las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de
hidrocarburos y a la determinación de criterios generales para el
establecimiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos
al por menor teniendo en estos casos carácter obligatorio y de mínimo
exigible para la garantía de suministro de hidrocarburos.
2.La planificación en materia de hidrocarburos será realizada por el
Gobierno con la participación de las Comunidades Autónomas y será
presentada al Congreso de los Diputados.
3.Dicha planificación deberá referirse, al menos, a los siguientes
aspectos:
a)Previsión de la demanda de productos derivados del petróleo y de
gas natural a lo largo del período contemplado.
b)Estimación de los abastecimientos de productos petrolíferos
necesarios para cubrir la demanda prevista bajo criterios de seguridad
del suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y
protección del medio ambiente.
c)Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y
almacenamiento de productos petrolíferos de acuerdo con la previsión de
su demanda, con especial atención de las instalaciones de almacenamiento
de reservas estratégicas.
d)Previsiones de desarrollo de la Red básica de transporte de gas
natural, con el fin de atender la demanda con criterios de optimización
de la infraestructura gasista en todo el territorio nacional.
e)Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de
las redes y etapas de su ejecución, con el fin de asegurar un desarrollo
homogéneo del sistema gasista en todo el territorio nacional.
f)Previsiones relativas a instalaciones de transporte y
almacenamiento de combustibles gaseosos, así como de las plantas de
recepción y regasificación de gas natural licuado, con el fin de
garantizar la estabilidad del sistema gasista y la regularidad y
continuidad de los suministros de gases combustibles.
g)Establecimiento de criterios generales para determinar un número
mínimo de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por
menor en función de la densidad, distribución y características de la
población y, en su caso, la densidad de circulación de vehículos.
h)Los criterios de protección medioambiental que deben informar las
actividades objeto de la presente Ley.
Artículo 5.Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras
viarias.
1.La planificación de instalaciones de transporte de gas y de
almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los
criterios generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro
de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el
correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación
urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según
corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando
adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo
necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección
de las existentes.
La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g)del
número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la
planificación de carreteras.
2.En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la
planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de
planificación descritos en el apartado anterior, o cuando razones
justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de
productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las
mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes
resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o
urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto
en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación del territorio que
resulte aplicable.
Artículo 6.Otras autorizaciones.
1.Las autorizaciones, permisos y concesiones objeto de la presente
Ley lo serán sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los
trabajos, construcciones e instalaciones necesarios para el desarrollo
objeto de las mismas pudieran requerir por razones fiscales, de
ordenación del territorio, de protección del medio ambiente, de
protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la correspondiente
legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
2.En lo referente a la seguridad y calidad industriales de los
elementos técnicos y materiales para las instalaciones objeto de la
presente Ley, se estará a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria y demás disposiciones aplicables en la materia.
3.Cuando los trabajos, construcciones e instalaciones objeto de la
presente Ley estén ubicadas o tengan que realizarse dentro de las zonas e
instalaciones de interés para la defensa nacional, se requerirá
autorización del Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la
Defensa Nacional y su normativa de desarrollo.
TITULO II
EXPLORACION, INVESTIGACION
Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 7.Actividades objeto de regulación.
El presente Título establece el régimen jurídico de:
a)La exploración, investigación y explotación de los yacimientos de
hidrocarburos.
b)La exploración, investigación y explotación de los almacenamientos
subterráneos para hidrocarburos.
c)Las actividades de transporte, almacenamiento y manipulación
industrial de los hidrocarburos obtenidos, cuando sean realizadas por los
propios investigadores o explotadores de manera accesoria y mediante
instalaciones anexas a las de producción.
Artículo 8.Titulares.
1.Las personas jurídicas, públicas o privadas, podrán realizar
cualquiera de las actividades a que se refiere este Título, mediante la
obtención de las correspondientes autorizaciones, permisos y concesiones.
Las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el
presente artículo serán otorgados de acuerdo con los principios de
objetividad, transparencia y no discriminación.
2.Los permisos de investigación y las concesiones de explotación
sólo podrán ser otorgados, individualmente o en titularidad compartida, a
personas jurídicas públicas o privadas que acrediten su capacidad técnica
y financiera para llevar a cabo las operaciones de investigación y, en su
caso, de explotación de las áreas solicitadas.
3.En el caso de titularidad compartida de permisos de investigación
o concesiones de explotación, el conjunto de titulares deberá designar a
uno de ellos como operador, sin perjuicio de su responsabilidad solidaria
frente a la Administración por todas las obligaciones que de ellos se
deriven.
El operador será el representante del conjunto de titulares ante la
Administración a los efectos de presentación de documentación, gestión de
garantías y responsabilidades técnicas de las labores de prospección,
evaluación y explotación.
Artículo 9.Régimen jurídico de las actividades.
1.La autorización de exploración faculta a su titular para la
realización de trabajos de exploración en áreas libres, entendiendo por
tales aquellas áreas geográficas sobre las que no exista un permiso de
investigación o una concesión de explotación en vigor.
2.El permiso de investigación faculta a su titular para investigar
en exclusiva en la superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y
de almacenamientos subterráneos para los mismos en las condiciones
establecidas en este Título. El otorgamiento de un permiso de
investigación confiere al titular el derecho a obtener concesiones de
explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso,
previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el Capítulo III
del presente Título.
3.La concesión de explotación faculta a su titular para realizar la
explotación de los recursos descubiertos, bien por extracción de los
hidrocarburos, bien por la utilización de las estructuras como
almacenamiento subterráneo de cualquier tipo de aquéllos, en el área
otorgada.
El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a las
autorizaciones pertinentes para la construcción y utilización de las
instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de su actividad,
siempre que se ajusten a la legislación
vigente y al Plan de explotación previamente presentado.
Artículo 10.Inversión por no nacionales.
A los efectos de este Título la inversión de capital por personas
jurídicas domiciliadas en el extranjero será libre, debiendo ajustarse a
lo dispuesto en la normativa vigente sobre inversiones extranjeras.
Artículo 11.Transmisibilidad de permisos de investigación y concesiones
de explotación.
La transmisión total o parcial de permisos de investigación y
concesiones de explotación, así como los convenios de colaboración que
los titulares de los mismos lleven a cabo para el desarrollo de sus
actuaciones, estarán sometidos a autorización de la Administración
competente previa acreditación de los requisitos exigidos para ser
titular de los mismos.
Artículo 12.Obligación de información.
1.Los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de
investigación y concesiones de explotación estarán obligados a
proporcionar al órgano competente que los hubiese otorgado la información
que le solicite respecto a las características del yacimiento y a los
trabajos, producciones e inversiones que realicen, así como los informes
geológicos y geofísicos referentes a sus autorizaciones, permisos y
concesiones, así como los demás datos que reglamentariamente se
determinen.
2.Los datos facilitados tendrán la consideración de confidenciales y
no podrán ser comunicados a terceros sin autorización expresa del titular
durante la vigencia del permiso de investigación o de la concesión de
explotación.
Se exceptúan de esta confidencialidad los datos relativos a recursos
minerales distintos de los regulados por esta Ley y las informaciones de
carácter general, técnicas o susceptibles de explotación estadística que
periódicamente podrá hacer públicas el Ministerio de Industria y Energía
o el órgano competente que corresponda en la forma que se determine
reglamentariamente.
En el supuesto de autorizaciones de exploración, el carácter
confidencial se mantendrá durante el plazo de tres años desde la fecha de
terminación de los trabajos de campo.
3.Toda información y documentación técnica generada por programas de
prospección en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y
concesiones de explotación deberá ser remitida a la Administración
competente que los hubiera otorgado. Las Comunidades Autónomas remitirán
a su vez la información referida a autorizaciones de exploración y
permisos de investigación al Ministerio de Industria y Energía, en el
cual existirá un Archivo Técnico Especial para su comprobación y
custodia.
CAPITULO II
De la exploración e investigación
Artículo 13.Actividades libres.
La exploración superficial terrestre de mero carácter geológico
podrá efectuarse libremente en todo el territorio nacional.
Artículo 14.Autorizaciones de exploración.
1.El Ministerio de Industria y Energía o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma cuando afecte a su ámbito territorial, podrá autorizar
en áreas libres trabajos de exploración de carácter geofísico u otros que
no impliquen la ejecución de perforaciones profundas definidas así
reglamentariamente.
2.Los solicitantes de autorizaciones de exploración deberán
acreditar los siguientes extremos en los términos que en las
correspondientes normativas de desarrollo se establezcan:
a)Capacidad legal, técnica y financiera del solicitante.
b)Programa de exploración con indicación de las técnicas a emplear y
medidas de protección medioambiental.
c)Situación de los lugares donde se vaya a acometer el plan de
exploración.
3.En ningún caso se autorizarán estas exploraciones con carácter de
monopolio ni crearán derechos exclusivos.
Artículo 15.Permisos de investigación.
1.Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por
los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecte a su
ámbito territorial y conferirán el derecho exclusivo de investigar las
áreas a que vayan referidas durante un período de seis años.
Con carácter excepcional este período, podrá ser prorrogado a
petición del interesado, por un plazo de tres años. El otorgamiento de
prórroga supondrá la reducción de la superficie original del permiso en
un cincuenta por ciento y estará condicionada al cumplimiento por el
titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer
período de vigencia.
2.Las superficies de los permisos de investigación tendrán un mínimo
de diez mil hectáreas y un máximo de cien mil hectáreas.
3.Las superficies de los permisos se delimitarán por coordenadas
geográficas, admitiéndose en cada permiso
de investigación desviaciones hasta del cuatro por ciento de los límites
máximos establecidos.
Artículo 16.Solicitud y registro.
1.El permiso de investigación se solicitará al Ministerio de
Industria y Energía o ante el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma cuando afecte a su ámbito territorial. En el citado Ministerio
deberá haber un Registro Público Especial, sin perjuicio de los posibles
registros territoriales, en el que se hará constar la identidad del
solicitante, el día de presentación, el número de orden que haya
correspondido a la solicitud y las demás circunstancias.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de comunicación
al citado Registro de la información relativa a los permisos de
investigación otorgados por las Comunidades Autónomas.
2.El solicitante del permiso de investigación deberá acreditar ante
el órgano competente, los siguientes extremos en los términos en que se
disponga en cada normativa de desarrollo:
a)Capacidad legal, técnica y económico-financiera del solicitante.
b)Superficie del permiso de investigación que se delimitará por sus
coordenadas geográficas.
c)Proyecto de investigación, que comprenderá el plan de labores
anual y el plan de inversiones.
d)Resguardo acreditativo de haber ingresado la garantía a que se
refiere el artículo 21 de la presente Ley.
Artículo 17.Ofertas en competencia.
1.Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en el
correspondiente Registro de la solicitud, el órgano competente comprobará
si el solicitante reúne los requisitos exigidos en este Título.
2.En el caso de que el solicitante no reúna dichos requisitos, se
denegará la solicitud. Si los cumple, se ordenará la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín de la Comunidad Autónoma»
de los datos técnicos reseñados en el artículo 16 de la presente Ley, y
de un anuncio en la forma que establezca el Reglamento que desarrolle el
presente Título, a fin de que en el plazo de dos meses puedan presentarse
ofertas en competencia o de que puedan formular oposición quienes
consideren que el permiso solicitado invade otro o alguna concesión de
explotación de hidrocarburos, vigente o en tramitación. También podrá
alegarse, por vía de oposición, la concurrencia de cualquiera de las
circunstancias limitativas detalladas en este Título.
Este procedimiento no será de aplicación a las demasías que cada
Administración podrá otorgar libremente a favor de los titulares de
permisos de investigación colindantes que su normativa de desarrollo
establezca.
3.Una vez publicada la petición en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma», el titular de la misma
y quienes presenten ofertas en competencia podrán presentar, dentro del
plazo de dos meses, un pliego sellado que contenga una propuesta de
mejora de las condiciones previas ofertadas, y que sólo será abierto una
vez terminado el indicado plazo.
4.Transcurrido el plazo de dos meses, no se admitirán nuevas
solicitudes sobre la misma superficie en tanto recaiga resolución.
Artículo 18.Procedimiento.
1.Se regulará reglamentariamente el procedimiento para la
adjudicación, la forma de presentación de las ofertas y las inversiones
mínimas a realizar en cada período de vigencia.
2.La resolución sobre el otorgamiento del permiso de investigación
se adoptará por Real Decreto o en la forma que cada Comunidad Autónoma
establezca para los correspondientes a su ámbito territorial, debiendo
resolver expresamente las eventuales oposiciones que se hubieran
formulado.
3.En la resolución de otorgamiento se fijarán los trabajos mínimos
que deberán realizar los adjudicatarios de los permisos hasta el momento
de su extinción o de la renuncia a los mismos.
Artículo 19.Concurrencia de solicitudes.
En caso de concurrencia de dos o más solicitudes sobre la misma
área, el órgano competente por razón del ámbito territorial, resolverá
ponderando conjuntamente como causas de preferencia las circunstancias
siguientes:
a)Mayor cuantía de las inversiones y rapidez de ejecución del
programa de inversión.
b)Mayor capacidad técnica y financiera para llevar a cabo el
programa exploratorio propuesto.
c)Titularidad de un permiso o permisos limítrofes.
d)Prioridad en la fecha de presentación de las solicitudes.
Artículo 20.Concurso para áreas no concedidas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Industria y
Energía, o los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, podrán
en el ámbito de sus competencias cuando lo consideren necesario para
obtener la oferta que mejor convenga al interés general, abrir concurso
sobre determinadas áreas no concedidas ni en tramitación mediante anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma», adjudicándolas al concursante que, reuniendo los
requisitos exigidos, ofrezca las mejores condiciones.
Artículo 21.Garantía.
1.La garantía exigida en el artículo 16 se fijará en función del
plan de inversiones y del plan de restauración presentados por el
solicitante y responderá al cumplimiento de las obligaciones fiscales, de
la Seguridad Social y de restauración, así como del pago de multas y
sanciones.
2.La garantía que deba constituirse a favor de la Administración
actuante, consistirá en alguna de las previstas en el artículo 3 del
Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por el Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero, o norma autonómica que en su caso corresponda.
3.El valor de la garantía exigida se fijará reglamentariamente y se
actualizará de forma periódica para los nuevos permisos y concesiones
otorgados considerando principalmente los valores de mercado de las
operaciones en el sector.
4.El titular o el operador de cada permiso de investigación o
concesión de explotación será responsable de la presentación y
mantenimiento, ante el Ministerio de Industria y Energía o el órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma en los permisos de su ámbito
territorial, del cien por cien de la garantía.
5.En caso de denegación o renuncia del permiso o de extinción del
mismo, siempre que, el titular haya cumplido sus obligaciones, el
depósito será devuelto al interesado o la garantía dejada sin efecto, en
los plazos que reglamentariamente se determinen.
6.En el caso de que se ejecute total o parcialmente la garantía por
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado uno de
este artículo, el titular vendrá obligado a reponer aquélla, dentro del
plazo que al efecto se señale en el Reglamento y en el supuesto de
incumplimiento, el permiso quedará anulado.
Artículo 22.Desarrollo de labores y trabajos.
1.El titular de un permiso de investigación estará obligado a
desarrollar en todo caso el programa de labores, los trabajos de
reconocimiento y las inversiones dentro de los plazos que se especifiquen
en las resoluciones de otorgamiento del órgano competente.
2.Excepcionalmente y en casos de fuerza mayor, el órgano competente
podrá modificar los plazos a que se refiere el apartado uno de este
artículo, el programa de labores y el plan de inversiones, e incluso
transferir obligaciones del plan de inversiones de unos permisos a otros,
previa renuncia de los primeros y siempre que sean de un mismo titular y
se hubieran otorgado por el mismo órgano competente.
3.El titular de un permiso de investigación que descubriera
hidrocarburos estará obligado a informar sobre ello a la Administración
que hubiese concedido el permiso de investigación y, en todo caso, al
Ministerio de Industria y Energía, y podrá utilizarlos en la medida que
exijan las operaciones propias de la investigación y en cualquiera de las
zonas que le hayan sido o le sean adjudicadas.
Artículo 23.Concurrencia de derechos mineros.
1.Podrán otorgarse permisos de investigación de hidrocarburos aun en
los casos en que sobre la totalidad o parte de la misma área existan
otros derechos mineros otorgados de acuerdo con la normativa que resulte
aplicable.
2.El otorgamiento de permisos de investigación con arreglo a la
presente Ley no impedirá la atribución sobre las mismas áreas de
autorizaciones, permisos o concesiones relativos a otros yacimientos
minerales y demás recursos geológicos.
3.Reglamentariamente se determinará el modo de resolver las
incidencias que puedan presentarse por coincidir en una área permisos de
investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos y de otras
sustancias minerales y demás recursos geológicos. En el caso de que las
labores sean incompatibles, definitiva o temporalmente, el Ministerio de
Industria y Energía o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, si
ambas actividades han de desarrollarse dentro de su ámbito territorial,
resolverá sobre la sustancia o recurso cuya explotación resulte de mayor
interés.
CAPITULO III
De la explotación
Artículo 24.Concesión de explotación de yacimientos y almacenamientos
subterráneos.
1.La concesión de explotación confiere a sus titulares el derecho a
realizar en exclusiva la explotación del yacimiento de hidrocarburos en
las áreas otorgadas por un período de treinta años, prorrogable por dos
períodos sucesivos de diez cuando la actividad realizada por su titular
sea la explotación de yacimientos de hidrocarburos.
Los titulares de una concesión de explotación tendrán derecho a
continuar las actividades de investigación en dichas áreas y a la
obtención de autorizaciones para actividades previstas en este Título.
2.Los titulares de una concesión de explotación podrán vender
libremente los hidrocarburos obtenidos a los sujetos autorizados para su
adquisición y tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
3.La concesión de explotación confiere a sus titulares el derecho en
exclusiva a almacenar hidrocarburos de producción propia o propiedad de
terceros en el subsuelo del área otorgada y se otorgara por un período de
cincuenta años prorrogable por dos períodos sucesivos de diez años cuando
la actividad realizada por su titular sea el almacenamiento de
hidrocarburos.
4.En aquellos casos en que los titulares de una concesión de
explotación almacenen hidrocarburos en un yacimiento, que sea o haya sido
productor de hidrocarburos, la duración de tal concesión será de hasta 99
años.
Artículo 25.Solicitud de una concesión de explotación.
1.Las concesiones de explotación sólo podrán ser solicitadas por los
titulares de permisos de investigación sobre las mismas áreas de éstos y
se resolverán por la Administración General del Estado en un plazo de
tres meses.
2.El titular del permiso de investigación, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, deberá acreditar ante el Ministerio de
Industria y Energía los siguientes extremos:
a)Situación, extensión y datos técnicos de la concesión de
explotación que justifiquen su solicitud.
b)Plan general de explotación, programa de inversiones, un estudio
de impacto ambiental y, en su caso, estimación de reservas recuperables y
perfil de producción.
c)Plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones una vez
finalizada la explotación así como recuperación del medio.
d)Resguardo acreditativo de haber ingresado la garantía en la Caja
General de Depósitos.
3.El Gobierno resolverá, previo informe de las Comunidad Autónoma
afectada, sobre el otorgamiento de la concesión de explotación mediante
Real Decreto. El Real Decreto fijará las bases del Plan de explotación
propuesto, el seguro de responsabilidad civil que habrá de ser suscrito
obligatoriamente por el titular de la concesión y la provisión económica
de desmantelamiento. Cuando razones de interés general lo aconsejen el
Plan de explotación podrá ser modificado por Real Decreto.
4.El concesionario presentará al Ministerio de Industria y Energía
tres meses antes del comienzo de cada año natural, un plan anual de
labores que se ajustará al Plan de explotación en vigor.
5.Si venciese el plazo de un permiso de investigación antes de
haberse otorgado la concesión de explotación solicitada, aquél se
entenderá prorrogado hasta la resolución del expediente de concesión.
Artículo 26.Superficie afecta y no afecta a una concesión de explotación.
1.Las superficies que sean objeto de concesión de explotación podrán
tener la forma que solicite el peticionario, pero habrán de quedar
definidas por la agrupación de cuadriláteros de un minuto de lado, en
coincidencia con minutos enteros de latitud y longitud, adosados al menos
por uno de sus lados.
2.La superficie de una concesión de explotación se adaptará a las
dimensiones mínimas que sean necesarias para su protección.
3.La parte de la superficie afecta a un permiso de investigación que
no resulte cubierta por las concesiones de explotación otorgadas,
revertirá al Estado al término de su vigencia, pudiendo ser declarada
franca y registrable.
Artículo 27.Condiciones y garantía.
1.Los concesionarios en sus labores de explotación deberán cumplir
las condiciones y requisitos técnicos que se determinen
reglamentariamente.
2.La garantía exigida en el artículo 16 de la presente Ley se fijará
en función del programa de inversiones presentado por el solicitante y
responderá al cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la Seguridad
Social, así como del pago de multas y sanciones.
3.La garantía del permiso de investigación se podrá adaptar a la
exigible para la concesión de explotación, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
Artículo 28.Prórroga de las concesiones de explotación.
1.Las prórrogas de concesiones de explotación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 de esta Ley, se solicitarán al Ministerio de
Industria y Energía.
2.La prórroga se otorgará siempre que el titular haya cumplido las
obligaciones comprometidas en el período de vigencia anterior y mantenga
su actividad de acuerdo con su Plan de explotación.
Artículo 29.Reversión de instalaciones.
1.La anulación o extinción de una concesión de explotación dará
lugar a su inmediata reversión al Estado que podrá exigir al titular el
desmantelamiento de las instalaciones de explotación.
En el caso de que no se solicite el desmantelamiento revertirán
gratuitamente al Estado los pozos, equipos permanentes de explotación y
de conservación de aquéllos y cualesquiera obras estables de trabajo
incorporadas de modo permanente a las labores de explotación.
2.La Administración podrá autorizar al titular de una concesión de
explotación y a solicitud de éste, la utilización de las instalaciones de
cualquier clase y obras estables situadas dentro de la concesión de
explotación e incorporadas de modo permanente a las labores de
explotación y que, conforme a lo dispuesto en este artículo, reviertan al
Estado, si al tiempo de la reversión estuvieran utilizándose para el
servicio de concesiones de explotación o permisos de investigación del
mismo titular, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
3.(NUEVO)Cuando una concesión de explotación se extinga por
vencimiento de su plazo y sea objeto de concurso para su ulterior
adjudicación, tendrá preferencia para adquirirla en igualdad de
condiciones el concesionario cesante.
CAPITULO IV
De la autoridad y jurisdicción
Artículo 30.Jurisdicción.
Los titulares de autorizaciones de exploración, permisos de
investigación o concesiones de explotación se someterán en cuantas
cuestiones se susciten en relación con los mismos, a las Leyes y
Tribunales españoles.
Artículo 31.Inspección administrativa.
1.El Ministerio de Industria y Energía o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en los permisos de investigación que otorgue cuando
afecte a su ámbito territorial, podrá, en cualquier momento, inspeccionar
todos los trabajos y actividades regulados en este Título, para comprobar
el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles a los
titulares.
2.El Ministerio de Industria y Energía o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma en las autorizaciones y permisos de investigación que
otorgue cuando afecte a su ámbito territorial, podrá solicitar la
presentación por los titulares de permisos y concesiones de las cuentas
anuales, pudiendo exigirse que las cuentas estén debidamente auditadas,
así como la práctica de auditorías complementarias sobre aquellos
extremos que se consideren necesarios de la actividad de explotación de
hidrocarburos en territorio nacional de la empresa de que se trate.
Artículo 32.Yacimientos y almacenamientos subterráneos en el subsuelo
marino.
Las actividades objeto del presente Título que se realicen en el
subsuelo del mar territorial y en los demás fondos marinos que estén bajo
la soberanía nacional se regirán por la presente Ley, por la legislación
vigente de costas, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma
continental y por los Acuerdos y Convenciones Internacionales de los que
el Reino de España sea parte.
CAPITULO V
De la anulabilidad, caducidad y extinción
Artículo 33.Anulabilidad de autorizaciones, permisos y concesiones.
1.Las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el
presente Título serán nulos cuando se otorguen contraviniendo lo
dispuesto en la presente Ley.
2.Los permisos y concesiones que se superpongan a otros ya otorgados
serán nulos. La nulidad sólo afectará a la extensión superpuesta cuando
quede en el resto del permiso o concesión área suficiente para que se
cumplan las condiciones exigidas en este Título.
Artículo 34.Extinción.
1.Las autorizaciones, permisos y concesiones regulados en el
presente Título se extinguirán:
a)Por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento.
b)Por caducidad al vencimiento de sus plazos.
c)Por renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas
las condiciones en que fueron otorgados.
d)Por la disolución o la liquidación de la empresa titular.
e)Por cualesquiera otras causas establecidas por las Leyes.
2.Al extinguirse un permiso o concesión se devolverá a su titular la
garantía o la parte de ésta que corresponda en el caso de extinción
parcial, salvo que proceda su ejecución de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la presente Ley.
3.Cuando una concesión de explotación se extinga por vencimiento de
su plazo y sea objeto de concurso para su ulterior adjudicación, tendrá
preferencia para adquirirla, en igualdad de condiciones, el concesionario
cesante.
Artículo 35.Paralización del expediente.
1.Cuando por causa imputable al solicitante se paralice la
tramitación de un expediente, la autoridad competente advertirá a éste
que transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo, y en
el caso de que se trate de un permiso de investigación o concesión de
explotación como de sus prórrogas, el titular perderá a favor de la
Administración competente la fianza o garantía depositada.
2.(NUEVO)Cuando la suspensión se acuerde por causa no imputable al
titular, el permiso o concesión se prorrogará por el plazo de duración de
aquélla.
Artículo 36.Reversión.
Revertirán a la Administración competente, los derechos
correspondientes a permisos y concesiones anulados o extinguidos.
Artículo 37.Normativa General.
Lo dispuesto en el presente Capítulo se entiende sin perjuicio de lo
establecido con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y disposiciones que la desarrollan.
TITULO III
ORDENACION DEL MERCADO DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETROLEO
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 38.Régimen de las actividades.
1.Las actividades de refino de crudo de petróleo, el transporte,
almacenamiento, distribución y venta de productos derivados del petróleo,
incluidos los gases licuados del petróleo, podrán ser realizadas
libremente en los términos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de
las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, de la
correspondiente legislación sectorial y, en especial, de las fiscales, de
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y en
especial de las fiscales , de las relativas a la ordenación del
territorio, del medio ambiente y de protección de los consumidores y
usuarios.
2.Las actividades de importación, exportación e intercambio
intracomunitario de crudo de petróleo y productos petrolíferos se
realizará sin más requisitos que los que se deriven de la aplicación de
la normativa comunitaria, sin perjuicio de la normativa fiscal aplicable.
Artículo 39.Precios.
Los precios de los productos derivados del petróleo serán libres.
CAPITULO II
Hidrocarburos líquidos
Artículo 40.Refino.
1.La construcción, explotación, modificación sustancial o cierre de
las instalaciones de refino, estará sometida al régimen de autorización
administrativa previa en los términos establecidos en la presente Ley y
en sus disposiciones de desarrollo.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser comunicada a la
autoridad concedente de la autorización original.
2.Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de refino
deberán acreditar los siguientes extremos:
a)Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones
propuestas.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)Las circunstancias del emplazamiento de la instalación.
3.Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo serán
otorgadas por el Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con los
principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
Artículo 41.Transporte y almacenamiento.
1.La construcción y explotación de las instalaciones de transporte o
almacenamiento de productos petrolíferos, cuando estas últimas tengan por
objeto prestar servicio a operadores a los que se refiere el artículo 43
de la presente Ley, estará sometida al régimen de autorización
administrativa previa en los términos establecidos en esta Ley y en sus
disposiciones de desarrollo.
La transmisión o cierre de estas instalaciones deberá ser comunicada
a la autoridad concedente de la autorización original.
2.Los solicitantes de autorización para instalaciones de transporte
o parques de almacenamiento de productos petrolíferos deberán acreditar
los siguientes extremos:
a)Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones
propuestas.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de
ordenación de territorio.
3.Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo tendrán
carácter reglado y serán otorgadas por la Administración competente, de
acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no
discriminación, tomando en consideración los criterios de planificación
que se deriven del artículo 4 de la presente Ley.
Artículo 42.Acceso de terceros a las instalaciones de transporte y
almacenamiento.
1.Los titulares de instalaciones fijas de almacenamiento y
transporte de productos petrolíferos, autorizadas conforme a lo dispuesto
en el artículo 41, deberán permitir el acceso de terceros mediante un
procedimiento negociado, en condiciones técnicas y económicas no
discriminatorias, transparentes y objetivas, aplicando precios que
deberán hacer públicos. No obstante, el Gobierno podrá establecer peajes
de acceso para territorios insulares y para aquellas zonas del territorio
nacional donde no existan infraestructuras alternativas de transporte y
almacenamiento o éstas se consideren insuficientes.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de comunicación
a la Comisión Nacional de Energía de los conflictos que puedan suscitarse
en la negociación de los contratos de acceso a instalaciones de
transporte o almacenamiento.
2.Cuando el solicitante de acceso tenga obligación de mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad, de acuerdo con el artículo 50 de la
presente Ley, podrá solicitar la prestación del servicio de
almacenamiento para dichas
existencias, que le habrá de ser concedido en función de la utilización
operativa contratada. Si no existe capacidad disponible para todos los
demandantes del servicio, se asignará la existente con un criterio de
proporcionalidad.
3.Tendrán derecho de acceso a las instalaciones de transporte y
almacenamiento los operadores al por mayor, así como los consumidores y
comercializadores de productos petrolíferos que reglamentariamente se
determinen atendiendo a su nivel de consumo anual.
4.Los titulares de las instalaciones podrán denegar el acceso de
terceros en los siguientes supuestos:
a)Que no exista capacidad disponible durante el período contractual
propuestopor el potencial usuario.
b)Que el solicitante no se encuentre al corriente en el pago de las
obligaciones derivadas de utilizaciones anteriores.
5.Asimismo, podrá denegarse el acceso a la red cuando la empresa
solicitante o aquélla a la que adquiera el producto, directamente o por
medio de acuerdos con otras empresas suministradoras, o aquéllas a las
que cualquiera de ellas esté vinculada, radiquen en un país en el que no
estén reconocidos derechos análogos y considere que pueda resultar una
alteración del principio de reciprocidad para las empresas a las que se
requiere el acceso. Todo ello, sin perjuicio de los criterios a seguir
respecto de empresas de Estados Miembros de la Unión Europea conforme a
la legislación uniforme en la materia que se establezca.
Artículo 43.Operadores al por mayor.
1.Serán operadores al por mayor los titulares de refinerías, sus
filiales mayoritariamente participadas y aquellos sujetos que obtengan la
autorización de actividad a que se refiere el presente artículo.
2.Corresponderá a los operadores al por mayor la venta de productos
petrolíferos para su posterior distribución al por menor.
3.Los solicitantes de autorizaciones para actuar como operadores al
por mayor deberán acreditar el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a)Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización de la actividad.
b)Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de
existencias mínimas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 50 de la presente Ley.
4.(NUEVO)Se crea un Registro en el Ministerio de Industria y Energía
de operadores al por mayor de productos petrolíferos.
Artículo 44.Distribución al por menor de productos petrolíferos.
1.La actividad de distribución al por menor de productos
petrolíferos comprenderá:
a)El suministro de combustible y carburante a vehículos en
instalaciones habilitadas al efecto.
b)El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia
instalación.
c)El suministro de queroseno con destino a la aviación.
d)El suministro de combustibles a embarcaciones.
e)Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de
estos productos.
2.La actividad de distribución al por menor de carburante y
combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier
persona física o jurídica.
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad
deberán contar con las autorizaciones administrativas preceptivas para
cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas
complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad
de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa
vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios.
3.Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los
operadores al por mayor y los propietarios de instalaciones para el
suministro de vehículos, recogerán en su clausulado si dichos
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados
productos.
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en
exclusiva, tanto en régimen de venta en firme como de comisión, las
instalaciones para el suministro de combustibles o carburantes a
vehículos se suministren de un solo operador que tenga implantada su
imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio
de las demás facultades recogidas en el contrato, para establecer los
mecanismos técnicos o sistemas de inspección o seguimiento adecuados para
el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a
los consumidores y para comprobar que se corresponden con los
suministrados a la instalación.
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes si
comprobaran desviaciones que pudieran constituir indicio de fraude al
consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las
actuaciones de comprobación.
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las
medidas necesarias para asegurar la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios.
Artículo 45.Registro de instalaciones de distribución al por menor.
1.Las Comunidades Autónomas constituirán un registro de
instalaciones de distribución al por menor en el cual deberán estar
inscritas todas aquellas instalaciones que desarrollen esta actividad en
su ámbito territorial, previa acreditación del cumplimiento por dichas
instalaciones de los requisitos legales y reglamentarios que resulten
exigibles.
2.Se crea en el Ministerio de Industria y Energía un Registro de
instalaciones de distribución al por menor que permita el ejercicio de
las competencias que correspondan a la Administración General del Estado.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de comunicación
de los datos de las instalaciones que hayan sido inscritas por las
Comunidades Autónomas en sus respectivos registros.
CAPITULO III
Gases licuados del petróleo
Artículo 46.Operadores al por mayor.
1.Serán operadores al por mayor de gases licuados del petróleo
aquellos sujetos que obtengan la autorización de actividad a que se
refiere el presente artículo.
2.Corresponderá a los operadores al por mayor de gases licuados del
petróleo las actividades de envasado y su posterior distribución al por
mayor, así como la distribución al por mayor de dichos gases a granel.
En el envase que contenga gas licuado del petróleo deberá figurar
marca o indentificación suficiente del operador al por mayor que lleva a
cabo su distribución.
3.Para la obtención de las autorizaciones a que se refiere el
apartado 1 los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
--Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización de la actividad.
--Contar con los medios necesarios para cumplir con las obligaciones
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 50 de la presente Ley.
--El cumplimiento por sus instalaciones de almacenamiento y, en su
caso, de envasado de las condiciones técnicas y de seguridad que se
establezcan reglamentariamente.
4.Los sujetos autorizados para realizar estas actividades deberán
tener a disposición de los comercializadores al por menor de gases
licuados de petróleo envasado, y, en su caso, de sus clientes, un
servicio de asistencia técnica permanente de las instalaciones de sus
usuarios que garantice el correcto funcionamiento de las mismas.
5.Cuando la instalación receptora del suministro de gases licuados
del petróleo a granel tenga por objeto su distribución por canalización
le será de aplicación el régimen jurídico establecido en el Capítulo V
del Título IV.
Artículo 46 bis(NUEVO).Distribuidores al por menor de gases licuados del
petróleo a granel.
1.Serán distribuidores al por menor de gases licuados del petróleo a
granel aquellos sujetos que obtengan la autorización de actividad a que
se refiere el presente artículo.
2.Para la obtención de tales autorizaciones, los solicitantes
deberán acreditar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
--Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización de la actividad.
--El cumplimiento por sus instalaciones de almacenamiento de las
condiciones técnicas y de seguridad que se establezcan
reglamentariamente.
3.Los titulares de instalaciones receptoras de gases licuados del
petróleo a granel para consumo serán responsables de que sus
instalaciones cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que
reglamentariamente resulten exigibles, así como de su correcto
mantenimiento.
Las empresas que suministren gases licuados del petróleo a granel
deberán exigir a los titulares de las instalaciones la documentación
acreditativa del cumplimiento de las obligaciones anteriores.
Artículo 47.Comercialización al por menor de gases licuados del petróleo
envasados.
1.La comercialización al por menor de gases licuados del petróleo
envasados será realizada libremente por cualquier persona física o
jurídica.
Las instalaciones que se destinen al almacenamiento y
comercialización de los envases de gases licuados del petróleo envasados,
deberán cumplir las condiciones técnicas y de seguridad que
reglamentariamente les sean exigibles.
Los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo
envasados que no tengan un establecimiento abierto al público para la
venta de otros productos, deberán suministrar dichos gases licuados del
petróleo envasados en el domicilio del usuario.
2.No podrán establecerse pactos de suministro en exclusiva de gases
licuados del petróleo envasados entre los operadores y comercializadores
a los que se refiere el presente artículo, sin más excepción que los que
se concierten entre aquéllos y los agentes a comisión integrados en sus
redes de distribución.
Las redes de distribución con agentes en exclusiva deberán
garantizar a los usuarios que lo soliciten el suministro domiciliario de
gases licuados del petróleo envasados.
3.Los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo
envasados deberán tener a disposición de sus clientes un servicio de
asistencia técnica permanente de instalaciones de consumo por si o a
través de un operador al por mayor, de manera que se garantice un
adecuado servicio a todos los usuarios.
4.Los titulares de instalaciones de consumo de gases licuados del
petróleo envasados serán responsables de que sus instalaciones cumplan
las condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten
exigibles, así como del correcto mantenimiento de las mismas.
Artículo 48.Registro de operadores al por mayor de gases licuados del
petróleo.
Se crea en el Ministerio de Industria y Energía el Registro de
operadores al por mayor de gases licuados del petróleo, en el cual
deberán estar inscritos los sujetos autorizados para realizar las
actividades a que hace referencia el artículo 46 de la presente Ley.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de comunicación
de los datos que hayan de figurar en el citado Registro.
CAPITULO IV
Garantía de suministro
Artículo 49.Garantía de suministro.
1.Todos los consumidores tendrán derecho al suministro de productos
derivados del petróleo en el territorio nacional, en las condiciones
previstas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo.
2.En situaciones de escasez de suministro, el Consejo de Ministros
mediante Acuerdo, podrá adoptar en el ámbito, con la duración y las
excepciones que se determinen, entre otras, alguna o algunas de las
siguientes medidas:
a)Limitaciones de la velocidad máxima del tránsito rodado en vías
públicas.
b)Limitación de la circulación de cualesquiera tipos de vehículos.
c)Limitación de la navegación de buques y aeronaves.
d)Limitación de horarios y días de apertura de instalaciones para el
suministro de productos derivados del petróleo.
e)Suspensión de exportaciones de productos energéticos.
f)Sometimiento a un régimen de intervención de las existencias
mínimas de seguridad a que se refiere el artículo siguiente.
g)Limitación o asignación de los suministros a consumidores de todo
tipo de productos derivados del petróleo, así como restricciones en el
uso de los mismos.
h)Imponer a los titulares de concesiones de explotación de
hidrocarburos a que se refiere el Título II la obligación de suministrar
su producto para el consumo nacional.
i)Intervenir los precios de venta al público de los productos
derivados del petróleo.
j)Cualesquiera otras medidas que puedan ser recomendadas por los
organismos internacionales de los que el Reino de España sea parte, que
se determinen en aplicación de aquellos convenios en que se participe o
aquéllos que haya suscrito en los que se contemplen medidas similares.
En relación con tales medidas se determinará, asimismo, el régimen
retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por
las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado
de los costes.
Artículo 50.Existencias mínimas de seguridad.
1.Todo operador autorizado a distribuir al por mayor productos
petrolíferos en territorio nacional, y toda empresa que desarrolle una
actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles
petrolíferos no adquiridos a los operadores regulados en esta Ley,
deberán mantener en todo momento existencias mínimas de seguridad de los
productos en la cantidad, forma y localización geográfica que el Gobierno
determine reglamentariamente, hasta un máximo de 120 días de sus ventas
anuales. Dicho máximo podrá ser revisado por el Gobierno cuando los
compromisos internacionales del Estado lo requieran.
Los consumidores de carburantes y combustibles, en la parte no
suministrada por los operadores regulados en esta Ley, deberán igualmente
mantener existencias mínimas de seguridad en la cantidad que
reglamentariamente resulte exigible atendiendo a su consumo anual.
A efectos del cómputo de las existencias mínimas de seguridad, que
tendrá carácter mensual, se considerarán la totalidad de las existencias
almacenadas por los operadores y empresas a que se refiere el párrafo
primero en el conjunto del territorio nacional.
2.Cuando se trate de gases licuados del petróleo los distribuidores
al por mayor de este producto, así como los comercializadores o
consumidores que no adquieran el producto a distribuidores autorizados,
estarán obligados a mantener existencias mínimas de seguridad hasta un
máximo de 30 días de sus ventas o consumos anuales.
3.La inspección del cumplimiento de la obligación de mantenimiento
de existencias mínimas de seguridad corresponderá al Ministerio de
Industria y Energía cuando el sujeto obligado sea un operador al por
mayor y a las Administraciones autonómicas cuando la obligación afecte a
distribuidores al por menor o a consumidores.
Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de comunicación
de información entre la Administración Pública competente para la
inspección y la Corporación de Existencias Estratégicas a que se refiere
el artículo 52.
Artículo 51.Existencias estratégicas.
1.Reglamentariamente se determinará la parte de las existencias
mínimas de seguridad calificable como existencias estratégicas,
correspondiendo a la Corporación a que se refiere el artículo 52 su
constitución, mantenimiento y gestión.
2.No existirán existencias estratégicas dentro de las existencias
mínimas de seguridad correspondientes a los gases licuados del petróleo.
Artículo 52.Entidad para la constitución, mantenimiento y gestión de las
existencias de seguridad.
1.La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
tendrá por objeto la constitución, mantenimiento y gestión de las
reservas estratégicas y el control de las existencias mínimas de
seguridad previstas en los artículos anteriores. Asimismo, como
Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia, actuará
en régimen de derecho privado y se regirá por lo dispuesto en la presente
Ley y sus Disposiciones de desarrollo. La Corporación estará sujeta, en
el ejercicio de su actividad, a la tutela de la Administración General
del Estado que la ejercerá a través del Ministerio de Industria y
Energía.
2.La Corporación estará exenta del Impuesto sobre Sociedades
respecto de la renta derivada de las aportaciones financieras realizadas
por sus miembros.
Las aportaciones realizadas por los miembros, en cuanto contribuyan
a la dotación de reservas de la Corporación, no serán fiscalmente
deducibles a los efectos de determinar sus bases imponibles por el
Impuesto sobre Sociedades. Tales aportaciones se computarán para
determinar los incrementos o disminuciones de patrimonio que correspondan
a los miembros de la Corporación, por efecto de su baja en la misma o
modificación de la cuantía de sus existencias obligatorias, según la
regulación de estos supuestos.
Las rentas que se pongan de manifiesto en las operaciones a que se
refiere el párrafo anterior, no darán derecho a la deducción por doble
imposición de dividendos en la parte que corresponda a rentas no
integradas en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la
Corporación.
Igualmente, estará exenta del Impuesto sobre Sociedades la renta que
pudiera obtener la Corporación como consecuencia de las operaciones de
disposición de existencias estratégicas, renta que no podrá ser objeto de
distribución entre los miembros, ni de préstamos u operaciones
financieras similares con ellos.
3.Para asegurar el cumplimiento de la obligación de mantener
existencias estratégicas, la Corporación podrá adquirir crudos y
productos petrolíferos y concertar contratos con los límites y
condiciones que se determinen reglamentariamente.
Toda disposición de existencias estratégicas por parte de la
Corporación requerirá la previa autorización del Ministerio de Industria
y Energía y deberá realizarse a un precio igual al coste medio ponderado
de adquisición o al de mercado, si fuese superior, salvo las excepciones
determinadas reglamentariamente. Asimismo, la Corporación contabilizará
sus existencias al coste medio ponderado de adquisición desde la creación
de la misma.
Los miembros deberán contribuir a la financiación de la Corporación,
cederle o arrendarle existencias y facilitarle instalaciones en la forma
que se determine reglamentariamente.
La aportación financiera de cada miembro se establecerá en función
de los costes en que la Corporación incurra para la constitución,
almacenamiento y conservación de las existencias estratégicas que venga
obligado a mantener, así como del coste de las demás actividades de la
misma. Además, dicha aportación financiera deberá permitir la dotación
por la Corporación, en los términos determinados reglamentariamente, de
las reservas necesarias para el adecuado ejercicio de sus actividades.
Las operaciones de compra, venta y arrendamiento de reservas
estratégicas, así como las referentes a su almacenamiento, se ajustarán a
contratos tipo cuyo modelo será aprobado por el Ministerio de Industria y
Energía.
4.La Corporación tendrá igualmente por objeto controlar el
cumplimiento de la obligación de mantener las existencias mínimas de
seguridad según lo dispuesto en el artículo 50 de la presente Ley. Para
ello, podrá recabar la información y realizar las inspecciones que sean
precisas, así como promover, en su caso, la iniciación del expediente
sancionador cuando proceda.
Quienes vengan obligados a mantener existencias mínimas de seguridad
porque en el ejercicio de su actividad se suministren con carburantes y
combustibles petrolíferos no adquiridos a los operadores regulados en
esta Ley, podrán, en las condiciones y casos determinados
reglamentariamente y en función del volumen de sus actividades,
satisfacer la obligación establecida en el artículo 50 de la Ley mediante
el pago de una cuota por tonelada de producto importado o adquirido para
su consumo, destinada a financiar los costes de constitución,
almacenamiento y conservación de las existencias mínimas de seguridad que
le correspondan, incluidas las estratégicas.
Esta cuota será determinada por el Ministerio de Industria y Energía
con la periodicidad necesaria y será percibida por la Corporación en la
forma que se determine reglamentariamente.
5.Reglamentariamente, se desarrollarán las funciones de la
Corporación y se establecerá su organización y régimen de funcionamiento.
En sus órganos de administración estarán suficientemente representados
los operadores al por mayor a que se refiere el artículo 43 de la
presente Ley, así como representantes del Ministerio de Industria y
Energía y de la Comisión Nacional de Energía.
Los representantes de los operadores miembros de la Corporación,
formarán parte de su Asamblea y su voto en ella se graduará en función
del volumen de su aportación financiera anual.
El Presidente de la Corporación y la parte de vocales de su Organo
de Administración que reglamentariamente se determine, serán designados
por el Ministro de Industria y Energía. El titular de dicho Departamento
podrá imponer su veto a aquellos acuerdos de la Corporación que infrinjan
lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones de desarrollo.
Artículo 53.Obligaciones generales.
Quienes en virtud del artículo 50 de la presente Ley estén obligados
a mantener existencias mínimas de seguridad, así como toda aquella
compañía que preste servicios de logística de productos petrolíferos,
quedan obligados a
cumplir las directrices dictadas por el Ministerio de Industria y Energía
respecto de sus instalaciones y mantenimiento, seguridad, calidad de los
productos y aportación de información. Igualmente, quedarán obligados a
poner a disposición los suministros prioritarios que se señalen por
razones de estrategia o dificultad en el abastecimiento.
TITULO IV
ORDENACION DEL SUMINISTRO DE GASES COMBUSTIBLES POR CANALIZACION
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 54.Régimen de actividades.
1.Las actividades de fabricación, regasificación, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos para
su suministro por canalización, podrán ser realizadas libremente en los
términos previstos en este Título, sin perjuicio de las obligaciones que
puedan derivarse de otras disposiciones, en especial de las fiscales y de
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y de
defensa de los consumidores y usuarios.
2.Las actividades de importación, exportación e intercambios
comunitarios de combustibles gaseosos se realizarán sin más requisitos
que los que deriven de la normativa comunitaria.
Artículo 55.Régimen de autorización de instalaciones.
1.Requerirán autorización administrativa previa en los términos
establecidos en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen, las
siguientes instalaciones destinadas al suministro a los usuarios de
combustibles gaseosos por canalización:
a)Las plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de
fabricación de gases combustibles manufacturados o sintéticos o de mezcla
de gases combustibles con aire.
b)Las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución de
gas natural.
c)El almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo,
combustibles gaseosos manufacturados, y sintéticos y mezclas de gases y
aire para suministro por canalización.
Las actividades relativas a los gases licuados del petróleo que se
distribuyan a los consumidores finales envasados o a granel se regirán
por lo dispuesto en el Título III.
2.Podrán realizarse libremente, sin más requisitos que los relativos
al cumplimiento de las disposiciones técnicas de seguridad y
medioambientales, las siguientes instalaciones:
a)Las que se relacionan en el apartado anterior cuando su objeto sea
el consumo propio, no pudiendo suministrar a terceros.
b)Las relativas a la fabricación, mezcla, almacenamiento,
distribución y suministro de combustibles gaseosos desde un centro
productor en el que el gas sea un subproducto.
c)El almacenamiento, distribución y suministro de gases licuados del
petróleo por canalización a un usuario o a los usuarios de un mismo
bloque de viviendas.
d)Las líneas directas consistentes en un gasoducto para gas natural
cuyo objeto exclusivo sea la conexión de las instalaciones de un
consumidor cualificado con el sistema gasista.
3.No requerirán autorización administrativa los proyectos de
instalaciones necesarias para la defensa nacional consideradas de interés
militar, conforme a la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e
instalaciones de interés para la defensa nacional y su normativa de
desarrollo.
Artículo 56.Fabricación de gases combustibles.
1.A los efectos establecidos en la presente Ley tendrá la
consideración de fabricación de gases combustibles, siempre que éstos se
destinen al suministro final a consumidores por canalización, las
siguientes actividades:
a)La fabricación de combustibles gaseosos manufacturados o
sintéticos.
b)La mezcla de gas natural, butano o propano con aire.
2.La fabricación de gases combustibles deberá ajustarse a los
criterios de planificación en materia de hidrocarburos.
3.En relación con la autorización administrativa le será de
aplicación lo establecido al respecto en el artículo 74 de la presente
Ley.
Artículo 57.Garantía del suministro.
El suministro de combustibles gaseosos por canalización se realizará
a todos los consumidores que lo demanden, comprendidos en las áreas
geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente autorización y
en las condiciones de calidad y seguridad que reglamentariamente se
establezcan por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
CAPITULO II
Sistema de gas natural
Artículo 58.Sujetos que actúan en el sistema.
Las actividades destinadas al suministro de gas natural por
canalización serán desarrolladas por los siguientes sujetos:
a)Los transportistas, son aquellas personas jurídicas titulares de
instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o
de almacenamiento de gas natural.
Las instalaciones de los transportistas constituirán un subsistema
de transporte cuando el abastecimiento a través de las mismas supere el
tres por ciento del consumo del mercado.
b)Los distribuidores, son aquellas personas jurídicas titulares de
instalaciones de distribución, que tienen la función de distribuir el gas
natural por canalización, así como construir, mantener y operar las
instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los puntos de
consumo.
c)Los comercializadores, son las sociedades mercantiles que,
accediendo a las instalaciones de terceros en los términos establecidos
en el presente Título, adquieren el gas natural para su venta a los
consumidores o a otros comercializadores.
d)(SUPRIMIDO)
2.(SUPRIMIDO)
3.(SUPRIMIDO)
Artículo 59.Sistema gasista y Red básica de gas natural.
1.El sistema gasista comprenderá las siguientes instalaciones: las
incluidas en la Red Básica, las redes de transporte secundario, las redes
de distribución y demás instalaciones complementarias.
2.A los efectos establecidos en la presente Ley, la Red Básica de
gas natural estará integrada por:
a)Los gasoductos de transporte primario de gas natural a alta
presión. Se considerarán como tales aquellos cuya presión máxima de
diseño sea igual o superior a sesenta bares.
b)Las plantas de regasificación de gas natural licuado susceptibles
de alimentar el sistema gasista y las plantas de licuefacción de gas
natural.
c)Los almacenamientos de gas natural, susceptibles de alimentar el
sistema gasista.
d)Las conexiones de la Red Básica con yacimientos de gas natural en
el interior o con almacenamientos.
e)Las conexiones internacionales del sistema gasista español con
otros sistemas o con yacimientos en el exterior.
3.Las redes de transporte secundario están formadas por los
gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares.
4.Las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión
máxima de diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con
independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir
el gas al consumidor partiendo de un gasoducto de la Red Básica o de
transporte secundario.
Artículo 60.Funcionamiento del sistema.
1.Las actividades realizadas por los sujetos a que se refiere el
artículo 58.1 se desarrollarán en régimen de libre competencia, conforme
a lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen.
La regasificacion, el almacenamiento estratégico, el transporte y la
distribución tienen carácter de actividades reguladas, cuyo régimen
económico y de funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente
Ley.
2.La comercialización se ejercerá libremente en los términos
previstos en la presente Ley y su régimen económico vendrá determinado
por las condiciones que se pacten entre las partes.
3.A los efectos de la adquisición de gas, los consumidores se
clasifican en:
--Consumidores cualificados, entendiendo por tales, aquellos cuyas
instalaciones ubicadas en un mismo emplazamiento tengan en cada momento
el consumo previsto en la Disposición transitoria sexta. Estos
consumidores adquirirán el gas a los comercializadores en condiciones
libremente pactadas o directamente.
Tendrán en todo caso la condición de consumidores cualificados los
titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica para el
consumo de éstas cuando entren en competencia de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
--Consumidores no cualificados que adquirirán el gas a los
distribuidores en régimen de tarifas.
Para atender los consumos a tarifa que se realicen en el ámbito de
su red, los distribuidores adquirirán gas a los transportistas.
4.Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la Red
Básica y a las instalaciones de transporte y distribución en las
condiciones técnicas y económicas establecidas en la presente Ley. El
precio por el uso de estas instalaciones vendrá determinado por el peaje
aprobado por el Gobierno.
5.Salvo pacto expreso en contrario, la transmisión de la propiedad
del gas se entenderá producida en el momento en que el mismo tenga
entrada en las instalaciones del comprador.
En el caso de los comercializadores, la transmisión de la propiedad
del gas se entenderá producida, salvo pacto en contrario, cuando la misma
tenga entrada en las instalaciones de su cliente.
6.Las actividades para el suministro de gas natural que se
desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto
de una regulación reglamentaria singular, previo acuerdo con las
Comunidades y Ciudades Autónomas afectadas y atenderá a las
especificidades derivadas de su situación territorial.
Artículo 61.Adquisiciones de gas.
1.Podrán adquirir gas natural para su consumo en España:
--Los transportistas para su venta a los distribuidores que
estuvieran conectados a sus redes para atender suministros a tarifa a
consumidores no cualificados.
--Los comercializadores para su venta a los consumidores
cualificados a otros comercializadores.
--Los consumidores cualificados.
2.Los sujetos autorizados para adquirir gas natural tendrán derecho
de acceso a las instalaciones de regasificación, almacenamiento,
transporte y distribución en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Artículo 62.Contabilidad e información.
1.Las entidades que desarrollen alguna o algunas de las actividades
a que se refiere el artículo 58.1 de la presente Ley, llevarán su
contabilidad de acuerdo con el Capítulo VII de la Ley de Sociedades
Anónimas, aún cuando no tuvieran tal carácter.
El Gobierno regulará las adaptaciones que fueran necesarias para el
supuesto de que el titular de la actividad no sea una sociedad anónima.
2.Las entidades deberán explicar en la memoria de las cuentas
anuales los criterios aplicados en el reparto de costes respecto a las
otras entidades del grupo que realicen actividades gasistas diferentes.
Estos criterios deberán mantenerse y no se modificarán, salvo
circunstancias excepcionales. Las modificaciones y su justificación
deberán ser explicadas en la memoria anual al correspondiente ejercicio.
3.Las entidades que actúen en el sistema gasista deberán
proporcionar a la Administración la información que les sea requerida, en
especial en relación con los contratos de abastecimiento y suministro de
gas que hubieran suscrito y con sus estados financieros, debiendo estos
últimos estar verificados mediante auditorías externas a la propia
empresa. Cuando estas entidades formen parte de un grupo empresarial, la
obligación de información se extenderá, asimismo, a la sociedad que
ejerza el control de la que realiza actividades gasistas siempre que
actúe en algún sector energético y a aquellas otras sociedades del grupo
que lleven a cabo operaciones con la que realiza actividades en el
sistema gasista.
También deberán proporcionar a la Administración competente todo
tipo de información sobre sus actividades, inversiones, calidad de
suministro, medido según los estándares indicados por la Administración,
mercados servidos y previstos con el máximo detalle, precios soportados y
repercutidos, así como, cualquier otra información que la Administración
competente crea oportuna para el ejercicio de sus funciones.
4.(NUEVO)Las entidades proporcionarán en su informe anual
información sobre las actividades realizadas en materia de ahorro y
eficiencia energética y de protección del medio ambiente.
Artículo 63.Separación de actividades.
1.Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las
actividades reguladas a que se refiere el artículo 60.1 de la presente
Ley deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas
sin que puedan, por tanto, realizar actividades de comercialización.
2.Las sociedades dedicadas a la comercialización de gas natural
deberán tener como único objeto social en el sector gasista dicha
actividad, no pudiendo realizar actividades de regasificación,
almacenamiento, transporte o distribución.
3.En un grupo de sociedades podrán desarrollarse actividades
incompatibles conforme a los apartados anteriores, siempre que sean
ejercidas por sociedades diferentes. A ese efecto, el objeto social de
una entidad podrá comprender tales actividades siempre que se prevea que
una sola actividad sea ejercida de forma directa y las demás mediante la
titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades.
4.Las empresas de gas natural que ejerzan más de una de las
actividades relacionadas en el artículo 60.1 de la presente Ley, llevarán
en su contabilidad interna cuentas separadas para cada una de ellas, tal
y como se les exigiría si dichas actividades fuesen realizadas por
empresas distintas, a fin de evitar discriminaciones, subvenciones entre
actividades distintas y distorsiones de la competencia.
Los transportistas deberán, asimismo, llevar cuentas separadas de
sus operaciones de compra y venta de gas y los distribuidores de su
actividad de comercialización a tarifa.
5.Aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades
reguladas podrán tomar participaciones en sociedades que lleven a cabo
actividades en otros sectores económicos distintos del sector de gas
natural, previa obtención de la autorización a que se refiere la
Disposición adicional undécima. Tercero 1. Decimotercera de esta Ley. En
todo caso, las sociedades a que se refiere el presente artículo deberán
llevar contabilidades separadas de todas aquellas actividades que
realicen fuera del sector del gas natural y de aquéllas de cualquier
naturaleza que realicen en el exterior.
CAPITULO III
Gestión técnica del sistema de gas natural
Artículo 64.Normas de gestión técnica del sistema.
1.El Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la
Comisión Nacional de Energía y el Comité de Seguimiento del Sistema
Gasista, aprobará la normativa de gestión técnica del sistema que tendrá
por objeto propiciar el correcto funcionamiento técnico del sistema
gasista y garantizar la continuidad, calidad y seguridad del suministro
de gas natural, coordinando la actividad de todos los transportistas.
2.La normativa de gestión técnica del sistema a que se refiere el
apartado anterior regulará, al menos, los siguientes aspectos:
a)Los mecanismos para garantizar el necesario nivel de
abastecimiento de gas natural del sistema a corto y medio plazo y el
mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad.
b)Los procedimientos de coordinación que garanticen la correcta
explotación y mantenimiento de las instalaciones de regasificación,
almacenamiento y transporte, de acuerdo con los criterios de fiabilidad y
seguridad necesarios, contemplando específicamente la previsión de planes
de actuación para la reposición del servicio en caso de fallos generales
en el suministro de gas natural.
c)Los procedimientos de control de las entradas y salidas de gas
natural hacia o desde el sistema gasista nacional.
d)El procedimiento de cálculo del balance diario de cada sujeto
autorizado a introducir gas natural en el sistema.
e)El procedimiento de gestión y uso de las interconexiones
internacionales.
3.Los transportistas y, en especial, los titulares de los
subsistemas de transporte, aplicarán las normas de gestión técnica del
sistema respetando, en todo caso, los principios de objetividad,
transparencia y no discriminación.
Artículo 65.(SUPRIMIDO)
Artículo 66.Comité de Seguimiento del Sistema Gasista.
Para velar por la transparencia de las variables básicas del
sistema, se crea un Comité de Seguimiento del Sistema Gasista, del que
formarán parte los transportistas, los distribuidores, los
comercializadores y los consumidores.
La organización, composición y funciones del citado Comité de
Seguimiento del Sistema Gasista, se establecerá reglamentariamente.
CAPITULO IV
Regasificación, transporte y almacenamiento
de gas natural
Artículo 67.La Red de transporte secundario de combustibles gaseosos.
1.La red de transporte secundario de gas natural está constituida
por los gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 y 16
bares, las estaciones de compresión, las estaciones de regulación y
medida.
Asimismo, se consideran elementos constitutivos de la red de
transporte todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones,
control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos
auxiliares, necesarios para el adecuado funcionamiento de las
instalaciones específicas de la red de transporte antes definida.
2.Los transportistas serán responsables del desarrollo y ampliación
de la red de transporte definida en este artículo, de tal manera que
garantice el mantenimiento y mejora de una red configurada bajo criterios
homogéneos y coherentes.
3.Se establecerán cuantas normas técnicas sean precisas para
garantizar la fiabilidad del suministro de gas y de las instalaciones de
la red de transporte y las a ella conectadas. Estas normas tenderán a
garantizar la protección y seguridad de las personas y sus bienes, la
calidad y fiabilidad en su funcionamiento, la unificación de las
condiciones de los suministros, la prestación de un buen servicio, y
serán objetivas y no discriminatorias.
Artículo 68.Autorizaciones Administrativas.
1.Requieren autorización administrativa previa, en los términos
establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, la
construcción, explotación, modificación, y cierre de las instalaciones de
la Red Básica y redes de transporte reseñadas en el artículo 59, sin
perjuicio del régimen jurídico aplicable a los almacenamientos
subterráneos de acuerdo con el Título II de la presente Ley.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser comunicada a la
autoridad concedente de la autorización original.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá
imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.
Las autorizaciones de construcción y explotación de los gasoductos
de transporte objeto de planificación obligatoria, de acuerdo con el
artículo 4 de la presente Ley, deberán ser otorgadas mediante un
procedimiento que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por la
autoridad competente.
2.Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas
relacionadas en el apartado 1 de este artículo deberán acreditar
suficientemente los siguientes requisitos:
a)Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones
propuestas.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de
ordenación del territorio.
d)Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto.
Los solicitantes deberán revestir la forma de sociedad anónima de
nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión
Europea con establecimiento permanente en España.
3.Las autorizaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo
serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones sobre protección del dominio público que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables,
la correspondiente legislación sectorial y en especial las relativas a la
ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente.
El procedimiento y otorgamiento de la autorización incluirá el
trámite de información pública.
Otorgada la autorización y a los efectos de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, el titular deberá constituir una
garantía proporcional al presupuesto de las instalaciones objeto de las
mismas.
La autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen de
monopolio ni concederá derechos exclusivos.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En
todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad
administrativa correspondiente.
4.Las autorizaciones de instalación de transporte contendrán todos
los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación.
Cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a
instalaciones ya existentes de distinto titular, éste deberá permitir la
conexión en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
5.El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que
determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se
cumplan los requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la
capacidad legal, técnica y económica necesarias para acometer la
actividad propuesta.
Artículo 69.Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la
regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural.
Los titulares de autorizaciones administrativas para la
regasificación de gas natural licuado y para el transporte y
almacenamiento de gas natural, tendrán las siguientes obligaciones:
a)Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las
disposiciones aplicables, prestando el servicio de forma regular y
continua, con los niveles de calidad que se determinen y manteniendo las
instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad
técnica, siguiendo en su caso las instrucciones impartidas por la
Administración competente.
b)Realizar las adquisiciones de gas natural necesarias para tender
las peticiones de suministro de los distribuidores conectados a sus
redes.
c)Facilitar el uso de sus instalaciones para los movimientos de gas
resultantes de lo dispuesto en la presente Ley, y admitir la utilización
de todas sus instalaciones por todos los sujetos autorizados, en
condiciones no discriminatorias, de acuerdo con las normas técnicas.
d)Estar inscritos en el Registro Administrativo de Instalaciones de
Transportistas de gas.
e)Celebrar los contratos de regasificación, almacenamiento y
transporte con quienes tengan derecho de acceso a sus instalaciones.
f)Proporcionar a cualquier otra empresa que realice actividades de
almacenamiento, transporte y distribución, suficiente información para
garantizar que el transporte y almacenamiento de gas pueda producirse de
manera compatible con el funcionamiento seguro y eficaz de la red
interconectada.
g)Proporcionar información periódica a la Administración competente
y al gestor o gestores del sistema cuando proceda y comunicar al
Ministerio de Industria y Energía los contratos de acceso a sus
instalaciones que celebren.
Artículo 70.Derechos de los titulares de autorizaciones para la
regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural.
Los titulares de autorizaciones para la regasificación, transporte y
almacenamiento tendrán derecho al reconocimiento por parte de la
Administración de una retribución por el ejercicio de sus actividades
dentro del sistema gasista en los términos establecidos en el Capítulo
VII de este Título de la presente Ley.
Asimismo, podrán exigir que las instalaciones conectadas a las de su
propiedad reúnan las condiciones técnicas establecidas y sean usadas en
forma adecuada.
Artículo 71.Acceso a las redes de transporte.
1.Los titulares de las instalaciones deberán permitir la utilización
de las mismas a los consumidores cualificados, a los comercializadores y
a los transportistas que cumplan las condiciones exigidas, mediante la
contratación separada o conjunta de los servicios de transporte,
regasificación y almacenamiento, sobre la base de principios de no
discriminación, transparencia y objetividad. El precio por el uso de las
redes de transporte vendrá determinado por los peajes reglamentariamente
aprobados.
2.Reglamentariamente se regularán las condiciones de acceso de
terceros a las instalaciones, las obligaciones y derechos de los
titulares de las instalaciones relacionadas con el acceso de terceros,
así como las de los consumidores cualificados, comercializadores y
transportistas. Asimismo, se definirá el contenido mínimo de los
contratos.
3.Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente
capacidad o cuando el acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones
de suministro que se hubieran impuesto o debido a dificultades económicas
y financieras graves que pudieran derivarse de la ejecución de los
contratos de compra obligatoria, en las condiciones y con el
procedimiento que reglamentariamente se establezca siguiendo los
criterios de la legislación uniforme comunitaria que se dispongan.
4.Podrá, asimismo, previa conformidad de la Comisión Nacional de la
Energía denegarse el acceso a la red cuando la empresa suministradora de
gas, directamente o por medio de acuerdos con otras empresas
suministradoras, o aquellas a las que cualquiera de ellas esté vinculada,
radiquen en un país en el que no estén reconocidos derechos análogos y se
considere que pueda resultar una alteración del principio de reciprocidad
para las empresas a las que se requiere el acceso, ello sin perjuicio de
los criterios a seguir respecto de empresas de Estados Miembros de la
Unión Europea conforme a la legislación uniforme en la materia que ésta
establezca.
Artículo 72.Registro Administrativo de Instalaciones de Transportistas de
gas.
Se crea en el Ministerio de Industria y Energía, un Registro
Administrativo de Instalaciones de Transportistas de gas, en el cual
habrán de estar inscritas todas aquellas instalaciones de transporte,
almacenamiento y regasificación que hayan sido autorizadas y las
condiciones de dichas autorizaciones. Reglamentariamente, previo informe
de las Comunidades Autónomas, se establecerá su organización, así como el
procedimiento de inscripción y comunicación de datos al Registro
Administrativo de Instalaciones de Transportistas de gas.
Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia podrán
crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en los que
deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito
territorial de aquéllas.
CAPITULO V Distribución de combustibles gaseosos
por canalización
Artículo 73.Regulación de la distribución.
1.La distribución de combustibles gaseosos se regirá por lo
dispuesto en la presente Ley y será objeto de ordenación atendiendo a la
necesaria coordinación de su funcionamiento, a la normativa uniforme que
se requiera, a su retribución conjunta y las competencias autonómicas.
2.La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y
aplicar principios comunes que garanticen su adecuada relación con las
restantes actividades gasistas, determinar las condiciones de tránsito de
gas por dichas redes, establecer la suficiente igualdad entre quienes
realizan la actividad en todo el territorio y la fijación de condiciones
comunes equiparables para todos los usuarios.
Artículo 74.Autorización de instalaciones de distribución de gas natural.
1.Se consideran instalaciones de distribución de gas natural los
gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares, y
aquellos otros que con independencia de su presión máxima de diseño,
tengan por objeto conducir el gas al consumidor partiendo de un gasoducto
de la Red Básica o de transporte secundario, incluyendo las instalaciones
existentes entre la red de transporte y los puntos de suministro.
2.Estarán sujetas a autorización administrativa previa, en los
términos establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo,
la construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones
de distribución de gas natural con independencia de su destino o uso.
La transmisión de estas instalaciones deberá ser comunicada a la
autoridad concedente de la autorización original.
La autorización administrativa de cierre de una instalación podrá
imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.
3.Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas
relacionadas en el apartado anterior deberán acreditar suficientemente el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones
propuestas.
b)El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del
medio ambiente.
c)La adecuación del emplazamiento de la instalación al régimen de
ordenación del territorio.
d)Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la
realización del proyecto.
e)Los solicitantes deberán revestir la forma de sociedad anónima de
nacionalidad española o, en su caso, de otro Estado miembro de la Unión
Europea con establecimiento permanente en España.
4.Las autorizaciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo
serán otorgadas por la Administración competente, sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras
disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación
sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y
al medio ambiente.
El procedimiento y otorgamiento de la autorización incluirá el
trámite de información pública.
Otorgada la autorización y a los efectos de garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, el titular deberá constituir una fianza
proporcional al presupuesto de las instalaciones objeto de las mismas.
La autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen de
monopolio ni concederá derechos exclusivos.
La falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización a
que se refiere el presente artículo, tendrá efectos desestimatorios. En
todo caso, podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad
administrativa correspondiente.
5.Las autorizaciones de instalaciones de distribución contendrán
todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y
explotación, la delimitación de la
zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de
expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante
y, en su caso, el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su
caracterización.
Cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a
instalaciones ya existentes de distinto titular, éste deberá permitir la
conexión en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
6.El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en
las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que
determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.
La Administración competente denegará la autorización cuando no se
cumplan los requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la
capacidad legal, técnica y económica necesarias para acometer la
actividad propuesta.
7.(NUEVO)Las autorizaciones de construcción y explotación de
instalaciones de distribución podrán ser otorgadas mediante un
procedimiento que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por la
Administración competente.
Artículo 75.Obligaciones de los distribuidores de gas natural.
Serán obligaciones de los distribuidores de gas natural:
a)Efectuar el suministro a tarifa a todo peticionario del mismo y
ampliarlo a todo abonado que lo solicite, siempre que exista capacidad
para ello y siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas
se encuentre comprendido dentro del ámbito geográfico de la autorización,
suscribiendo al efecto la correspondiente póliza de abono o, en su caso,
contrato de suministro.
b)Realizar las adquisiciones de gas necesarias para realizar el
suministro.
c)Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las
disposiciones aplicables, suministrando gas a los consumidores de forma
regular y continua, siguiendo las instrucciones que dicte la
Administración competente en relación con el acceso de terceros a sus
redes de distribución, cuando éste proceda, con los niveles de calidad
que se determinen y manteniendo las instalaciones en las adecuadas
condiciones de conservación e idoneidad técnica.
d)Proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en
el ámbito geográfico de su autorización, cuando así sea necesario para
atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que
resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca
para las acometidas.
Cuando existan varios distribuidores cuyas instalaciones sean
susceptibles de ampliación para atender nuevos suministros y ninguno de
ellos decidiera acometerla, la Administración competente determinará cual
de estos distribuidores deberá realizarla, atendiendo a sus condiciones.
e)Efectuar los contratos de acceso a terceros a la red de gas
natural en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
f)Proporcionar a las empresas de transporte, almacenamiento y
comercialización de gas natural suficiente información para garantizar
que el transporte de gas pueda producirse de forma compatible con el
funcionamiento seguro y eficaz del sistema.
g)Comunicar a la Administración competente que hubiese otorgado las
autorizaciones de instalaciones, las modificaciones relevantes de su
actividad para que ésta remita la información al Ministerio de Industria
y Energía, a los efectos de determinación de las tarifas y la fijación de
su régimen de retribución.
h)Comunicar a la Administración competente para que remita al
Ministerio de Industria y Energía la información que se determine sobre
precios, consumos, facturaciones y condiciones de venta aplicables a los
consumidores, distribución de consumidores, y volumen correspondiente por
categorías de consumo, así como cualquier información relacionada con la
actividad que desarrollen dentro del sector gasista.
i)Estar inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores y
Comercializadores de combustibles gaseosos por canalización a que se
refiere el presente Título.
j)(NUEVA)Realizar las acometidas y el enganche de nuevos usuarios de
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
k)(NUEVA)Proceder a la medición de los suministros en la forma que
reglamentariamente se determine, preservándose, en todo caso la exactitud
de la misma y la accesibilidad a los correspondientes aparatos
facilitando el control de las Administraciones competentes.
Artículo 76.Derechos de los Distribuidores.
1.Los distribuidores tendrán derecho a adquirir gas natural del
transportista a cuya red estén conectados al precio de cesión que será
establecido conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII del presente
Título para el suministro a clientes a tarifas autorizadas.
2.Igualmente, tendrán derecho a obtener la remuneración que
corresponda conforme a lo dispuesto en el Capítulo VII del presente
Título.
Artículo 77.Acceso a las redes de distribución de gas natural.
1.Los titulares de las instalaciones de distribución deberán
permitir la utilización de la mismas a los consumidores cualificados y a
los comercializadores que cumplan las condiciones exigidas, sobre la base
de principios de no discriminación, transparencia y objetividad. El
precio por el uso de redes de distribución vendrá determinado por los
peajes administrativamente aprobados.
2.El distribuidor sólo podrá denegar el acceso a la red en caso de
que no disponga de la capacidad necesaria. La
denegación deberá ser motivada. La falta de capacidad necesaria sólo
podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o calidad de
los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se
establezca reglamentariamente.
3.Reglamentariamente se regularán las condiciones del acceso de
terceros a las instalaciones, las obligaciones y derechos de los
titulares de las instalaciones relacionadas con el acceso de terceros,
así como de los consumidores cualificados, comercializadores y
distribuidores. Asimismo se definirán los criterios de los contratos.
Artículo 78.Distribución de otros combustibles gaseosos.
1.Se consideran instalaciones de distribución de otros combustibles
gaseosos, las plantas de fabricación de gases combustibles a que hace
referencia el artículo 56, las instalaciones de almacenamiento de gases
licuados del petróleo destinadas al suministro de éstos por canalización
y los gasoductos necesarios, para el suministro desde las plantas o
almacenamientos anteriores hasta los consumidores finales.
2.La autorización de estas instalaciones se regirá por lo dispuesto
en el artículo 74, valorándose la conveniencia de diseñar y construir las
instalaciones compatibles para la distribución de gas natural y tendrán
las obligaciones y derechos que se recogen en los artículos 75 y 76 de la
presente Ley, con la excepción de las obligaciones relativas al acceso
por terceros a las instalaciones y el derecho a adquirir gas natural del
gestor o gestores del sistema al precio de cesión.
3.Las empresas titulares de las instalaciones que regula este
artículo, tendrán derecho a transformar las mismas, cumpliendo las
condiciones técnicas de seguridad que sean de aplicación, para su
utilización con gas natural, para lo cual deberán solicitar la
correspondiente autorización a la administración concedente de la
autorización, sometiéndose en todo lo dispuesto para las instalaciones de
distribución de gas natural.
Artículo 79.Líneas directas.
1.Se entiende por línea directa un gasoducto para gas natural
complementario de la red interconectada, para suministro a un consumidor.
2.Los consumidores cualificados podrán construir líneas directas
quedando su uso excluido del régimen retributivo que para las actividades
de transporte y distribución se establecen en la presente Ley.
3.La construcción de líneas directas queda excluida de la aplicación
de las disposiciones en materia de expropiación y servidumbres
establecidas en la presente Ley, sometiéndose al ordenamiento jurídico
general.
La apertura a terceros del uso de la línea exigirá que la misma
quede integrada en el sistema gasista conforme a lo que
reglamentariamente se disponga.
CAPITULO VI
Suministro de combustibles gaseosos
Artículo 80.Suministro.
1.El suministro de combustibles gaseosos será realizado por los
distribuidores cuando se trate de consumidores en régimen de tarifa, o
por los comercializadores en caso de los consumidores cualificados.
2.Los suministros a los consumidores en régimen de tarifa se regirán
por una póliza de abono o contrato aprobados mediante Real Decreto.
3.El suministro a consumidores se regulará reglamentariamente
atendiendo, al menos, a los siguientes aspectos:
a)Las modalidades y condiciones de suministro a los consumidores.
b)Los términos en que se hará efectiva la obligación de suministro,
las causas y procedimiento de denegación, suspensión o privación del
mismo.
c)El régimen de verificación e inspección de las instalaciones
receptoras de los consumidores.
d)El procedimiento de medición del consumo mediante la instalación
de aparatos de medida y la verificación de éstos.
e)El procedimiento y condiciones de facturación y cobro de los
suministros y servicios efectuados.
Artículo 81.Comercializadores de gas natural.
Aquellas personas jurídicas que quieran actuar como
comercializadoras, habrán de contar con autorización administrativa
previa, que tendrá carácter reglado y será otorgada por la Administración
competente, atendiendo al cumplimiento de los requisitos que se
establezcan reglamentariamente, entre los que se incluirán, en todo caso,
la suficiente capacidad legal, técnica y económica del solicitante. La
solicitud de autorización administrativa para actuar como
comercializador, especificará el ámbito territorial en el cual se
pretenda desarrollar la actividad.
En ningún caso la autorización se entenderá concedida en régimen de
monopolio, ni concederá derechos exclusivos.
Artículo 82.Obligaciones de los comercializadores.
Serán obligaciones de los comercializadores, las siguientes:
a)Estar inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Cualificados que al efecto se establece
en la presente Ley.
b)Cumplir las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas
de seguridad y diversificación de suministros establecidas en el Capítulo
VIII.
c)Realizar el desarrollo de su actividad coordinadamente con el
transportista o distribuidor.
d)Garantizar la seguridad de suministro de gas natural a sus
clientes suscribiendo contratos de regasificación de gas natural licuado
de transporte y de almacenamiento que sean precisos.
e)Remitir la información periódica que se determine
reglamentariamente a la Administración competente para que cuando proceda
se comunique la misma al Ministerio de Industria y Energía. Asimismo
remitir a las Comunidades Autónomas la información que específicamente
les sea reclamada relativa a su ámbito territorial.
Artículo 83.Derechos de los comercializadores.
Los comercializadores tendrán los siguientes derechos:
a)Realizar adquisiciones de gas en los términos establecidos en el
Capítulo II de este Título.
b)Vender gas natural a los consumidores cualificados y a otros
comercializadores autorizados en condiciones libremente pactadas.
c)Acceder a las instalaciones de terceros en los términos
establecidos en este Título.
Artículo 84.Obligaciones y derechos de los distribuidores y
comercializadores en relación al suministro.
1.Serán obligaciones de los distribuidores en relación con el
suministro de combustibles gaseosos las siguientes:
a)Atender, en condiciones de igualdad, las demandas de nuevos
suministros de gas en las zonas en que operen y formalizar los contratos
de suministro de acuerdo con lo establecido por la Administración.
Reglamentariamente se regularán las condiciones y procedimiento para
el establecimiento de acometidas y el enganche de nuevos usuarios a las
redes de distribución.
b)Proceder a la medición de los suministros en la forma que
reglamentariamente se determine, preservándose, en todo caso, la
exactitud de la misma, y la accesibilidad a los correspondientes
aparatos, facilitando el control de las Administraciones competentes.
c)Aplicar a los consumidores la tarifa que les corresponda.
d)Informar a los consumidores en la elección de la tarifa más
conveniente para ellos, y en cuantas cuestiones pudiesen solicitar en
relación al suministro de gas.
e)Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados
por la Administración.
f)Procurar un uso racional de la energía.
g)Adquirir el gas necesario para el desarrollo de sus actividades.
h)(NUEVA)Mantener un sistema operativo que asegure la atención
permanente y la resolución de las incidencias que, con carácter de
urgencia, puedan presentarse en las redes de distribución y en las
instalaciones receptoras de los consumidores a tarifa regulados.
2.Serán obligaciones de los comercializadores en relación con el
suministro:
a)Proceder directamente o a través del correspondiente distribuidor
a la medición de los suministros en la forma que reglamentariamente se
determine, preservándose, en todo caso, la exactitud de la misma y la
accesibilidad a los correspondientes aparatos, facilitando el control de
las Administraciones competentes.
b)Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados
por la Administración.
c)Procurar un uso racional de la energía.
d)Adquirir el gas necesario para el desarrollo de sus actividades.
e)(NUEVA)Facilitar a sus clientes la información y asesoramiento que
pudiesen solicitar en relación al suministro de gas.
3.Los distribuidores y comercializadores tendrán derecho a:
a)Exigir que las instalaciones y aparatos receptores de los usuarios
reúnan las condiciones técnicas y de construcción que se determinen, así
como el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las condiciones
establecidas para que el suministro se produzca sin deterioro o
degradación de su calidad para otros usuarios.
b)Facturar y cobrar el suministro realizado.
c)(NUEVA)Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los
equipos de medición de suministros.
4.Se crea en el Ministerio de Industria y Energía el Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados de combustibles gaseosos por canalización.
Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades Autónomas, se
establecerá su organización, así como los procedimientos de inscripción y
comunicación de datos a este Registro.
Artículo 85.Programas de gestión de la demanda.
1.Los distribuidores y comercializadores, en coordinación con los
diversos agentes que actúan sobre la demanda, podrán desarrollar
programas de actuación que, mediante una adecuada gestión de la demanda
gasista, mejoren el servicio prestado a los usuarios y la eficiencia y
ahorro energéticos.
Estos programas deberán ser aprobados por el Ministerio de Industria
y Energía, previo informe de las Comunidades Autónomas en su ámbito
territorial. Su cumplimiento podrá dar lugar a la compensación de los
costes que, en su ejecución, se hubiera incurrido.
2.Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá adoptar
medidas que incentiven la mejora del servicio
a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energético, directamente o a
través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y la introducción
de la mayor eficiencia en el uso final del gas natural.
Artículo 86.Planes de ahorro y eficiencia energética.
La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en
el ámbito de sus respectivas competencias territoriales, podrán, mediante
planes de ahorro y eficiencia energética, establecer las normas y
principios básicos para potenciar las acciones encaminadas a la
consecución de la optimización de los rendimientos de los procesos de
transformación de la energía, inherentes a sistemas productivos o de
consumo.
Cuando dichos planes de ahorro y eficiencia energética establezcan
acciones incentivadas con fondos públicos, las citadas Administraciones
podrán exigir a las personas físicas o jurídicas participantes la
presentación de una auditoría energética de los resultados obtenidos.
Artículo 87.Calidad del suministro de combustibles gaseosos.
1.El suministro de combustibles gaseosos deberá ser realizado por
las empresas titulares de autorizaciones previstas en la presente Ley, de
forma continuada cuando así sea contratado y con las características que
reglamentariamente se determinen.
Para ello, las empresas gasistas contarán con el personal y medios
necesarios para garantizar la calidad del servicio exigida por las
reglamentaciones vigentes.
Las empresas gasistas y, en particular, los distribuidores y
comercializadores promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en
la medición y para el control de la calidad del suministro de
combustibles gaseosos.
2.Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o
pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran
circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el
servicio gasista, la Administración competente establecerá
reglamentariamente las directrices de actuación, estableciéndose su
ejecución y puesta en práctica, que deberán ser llevadas a cabo por los
distribuidores para restablecer la calidad del servicio.
3.Si se constatara que la calidad del servicio individual prestado
por la empresa es inferior a la exigible, se aplicarán las reducciones en
la facturación abonada por los usuarios, de acuerdo con el procedimiento
reglamentariamente establecido al efecto.
Artículo 88.Potestad inspectora.
1.Los órganos de la Administración competente dispondrán, de oficio
o a instancia de parte, la práctica de cuantas inspecciones y
verificaciones se precisen para comprobar la regularidad y continuidad en
la prestación del suministro, así como para garantizar la seguridad de
las personas y bienes.
2.Las inspecciones a que alude el párrafo anterior cuidarán, en todo
momento, de que se mantengan las características de los combustibles
gaseosos suministrados dentro de los límites autorizados oficialmente.
Artículo 89.Suspensión del suministro.
1.El suministro de combustibles gaseosos a los consumidores sólo
podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de
suministro que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico
que lo dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones de las que
se pueda derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las
cosas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.
En el caso del suministro a consumidores cualificados se estará a
las condiciones de garantía de suministro o suspensión que hubieran
pactado.
2.Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente cuando ello sea
imprescindible para el mantenimiento, seguridad del suministro,
reparación de instalaciones o mejora del servicio. En todos estos
supuestos, la suspensión requerirá autorización administrativa previa y
comunicación a los usuarios en la forma que reglamentariamente se
determine.
3.En las condiciones que reglamentariamente se determine podrá ser
suspendido el suministro de combustibles gaseosos por canalización a los
consumidores privados sujetos a tarifa cuando hayan transcurrido dos
meses desde que se les hubiera sido requerido fehacientemente el pago,
sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el
requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como
de la fecha, la identidad y el contenido del mismo.
En el caso de las Administraciones Públicas, transcurridos dos meses
desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el
mismo se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse intereses que serán
equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. Si
transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento el pago no se
hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.
4.Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que
se le ha suspendido el suministro, le será repuesto éste de inmediato.
Artículo 90.Normas técnicas y de seguridad de las instalaciones.
1.Las instalaciones de producción, regasificación, almacenamiento,
transporte y distribución de combustibles gaseosos, instalaciones
receptoras de los usuarios, los equipos de consumo, así como los
elementos técnicos y
materiales para las instalaciones de combustibles gaseosos deberán
ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad
industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de
Julio, de Industria, sin perjuicio de lo previsto en la normativa
autonómica correspondiente.
2.Las reglamentaciones técnicas en la materia tendrán por objeto:
a)Proteger a las personas y la integridad y funcionalidad de los
bienes que puedan resultar afectados por las instalaciones.
b)Conseguir la necesaria regularidad en los suministros.
c)Establecer reglas de normalización para facilitar la inspección de
las instalaciones, impedir una excesiva diversificación del material y
unificar las condiciones del suministro.
d)Obtener la mayor racionalidad y aprovechamiento económico de las
instalaciones.
e)Incrementar la fiabilidad de las instalaciones y la mejora de la
calidad de los suministros de gas.
f)Proteger el medio ambiente y los derechos e intereses de
consumidores y usuarios.
g)Conseguir los niveles adecuados de eficiencia en el uso del gas.
3.Sin perjuicio de las restantes autorizaciones reguladas en el
presente Título y a los efectos previstos en el presente artículo, la
construcción, ampliación o modificación de instalaciones de gas requerirá
la correspondiente autorización administrativa en los términos que
reglamentariamente se disponga.
Las ampliaciones de las redes de distribución, dentro de cada zona
autorizada, podrán ser objeto de una autorización conjunta para todas las
proyectadas en el año.
Artículo 91.Cobertura de riesgos
El Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, adoptará las medidas e iniciativas necesarias para que se
establezca la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos que, para las
personas y bienes, puedan derivarse del ejercicio de las actividades
reguladas en el presente Título.
CAPITULO VII
Régimen económico
Artículo 92.Régimen de las actividades reguladas en la Ley.
1.Las actividades destinadas al suministro de combustibles gaseosos
serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley
con cargo a las tarifas, los peajes y cánones que se determinen por el
Gobierno y a los precios abonados por los clientes cualificados, en su
caso.
2.Reglamentariamente se establecerá el régimen económico de los
derechos por acometidas, derechos de alta, alquiler de contadores y demás
costes necesarios para atender los requerimientos de suministro de los
usuarios. Los derechos a pagar por acometidas serán únicos para todo el
territorio nacional en función del caudal máximo que se solicite y de la
ubicación del suministro. Los ingresos por este concepto se considerarán,
a todos los efectos, retribución de la actividad de distribución.
Artículo 93.Criterios para determinación de tarifas, peajes y cánones.
1.Las tarifas, los peajes y cánones deberán establecerse de forma
que su determinación responda en su conjunto a los siguientes criterios:
a)Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los
titulares en el período de vida útil de las mismas.
b)Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros
invertidos.
c)Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación
de forma que se incentive una gestión eficaz y una mejora de la
productividad que deberá repercutirse en parte a los usuarios y
consumidores.
d)No producir distorsiones entre el sistema de suministros en
régimen de tarifas y el excluido del mismo.
2.El sistema para la determinación de las tarifas, peajes y cánones
se fijará para períodos de 4 años, procediéndose en el último año de
vigencia a una revisión y adecuación, en su caso, a la situación prevista
para el próximo período.
3.Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente
Título facilitarán al Ministerio de Industria y Energía cuanta
información sean necesaria para la determinación de las tarifas, peajes y
cánones. Esta información estará también a disposición de las Comunidades
Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a su ámbito territorial.
Artículo 94.Tarifas de combustibles gaseosos.
El Ministro de Industria y Energía mediante Orden Ministerial,
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento
de las tarifas de venta del gas natural, gases manufacturados y gases
licuados del petróleos por canalización para los consumidores finales así
como los precios de cesión de gas natural para los distribuidores,
estableciendo los valores concretos de dichas tarifas y precios o un
sistema de determinación y actualización automática de las mismas. Las
tarifas de venta a los usuarios, tendrán el carácter de máximas y serán
únicas para todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus
especialidades.
Artículo 95.Peajes y cánones.
1.El Ministro de Industria y Energía mediante Orden Ministerial,
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, dictará las disposiciones necesarias para el establecimiento
de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso por terceros,
estableciendo los valores concretos de dichos peajes o un sistema de
determinación y actualización automática de los mismos. Los citados
peajes y cánones de los servicios básicos de acceso por terceros tendrán
el carácter de máximos.
2.Los peajes y cánones correspondientes al uso de las plantas de
regasificación, almacenamiento y redes de transporte serán únicos sin
perjuicio de sus especialidades por niveles de presión y uso que se haga
de la red.
3.Los peajes correspondientes al uso de las redes de distribución
serán únicos y se determinarán atendiendo a los niveles de presión y a
las características de los consumos.
4.Las empresas transportistas y distribuidoras deberán comunicar al
Ministerio de Industria y Energía los peajes que efectivamente apliquen.
Esta información estará también a disposición de las Comunidades
Autónomas que lo soliciten en lo relativo a su ámbito territorial.
Las diferencias entre los peajes máximos aprobados y los que, en su
caso, apliquen los transportistas y distribuidores por debajo de los
mismos serán soportados por éstos.
5.El procedimiento de imputación de las pérdidas de gas natural en
que se incurra en su transporte y distribución se determinará
reglamentariamente teniendo en cuenta niveles de presión y formas de
consumo.
Artículo 96.Impuestos y Tributos
1.Las tarifas y peajes aprobados por la Administración para cada
categoría de consumo no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En caso de que las actividades gasistas fueran gravadas con tributos
de carácter autonómico o local, cuya cuota se obtuviera mediante reglas
no uniformes para el conjunto del territorio nacional, al precio del gas
resultante o a la tarifa, se le podrá incluir un suplemento territorial,
que podrá ser diferente en cada Comunidad Autónoma.
2.Con el fin de que exista la mayor transparencia en los precios del
suministro de gas, se desglosarán en la facturación al usuario, en la
forma que reglamentariamente se determine, al menos los importes
correspondientes a la tarifa y los tributos que graven el consumo de gas,
así como los suplementos territoriales cuando correspondan.
Artículo 97.Cobro y liquidación de las tarifas y precios.
Las tarifas de combustibles gaseosos serán cobradas por las empresas
que realicen las actividades de distribución de gas mediante su venta a
los consumidores, debiendo dar a las cantidades ingresadas la aplicación
que proceda de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de pago que
deberán seguir los consumidores cualificados por sus adquisiciones de gas
natural. En todo caso, los consumidores cualificados deberán abonar,
además de los costes derivados de las actividades necesarias para el
suministro de combustibles gaseosos y los costes de la diversificación y
seguridad de abastecimiento, en su caso, en la proporción que les
corresponda.
Artículo 98.Liberalización de precios.
1.Cuando la situación del mercado lo haga recomendable, el Gobierno
podrá acordar la liberalización, total o parcial, de las tarifas, peajes
y cánones regulados en el presente Capítulo.
2.(NUEVO)Excepcionalmente, el Gobierno podrá establecer precios
máximos de gas aplicables por los comercializadores a las ventas
realizadas a los consumidores cualificados, cuando la falta de desarrollo
del mercado gasista o situaciones de dominio de mercado lo hagan
aconsejable.
CAPITULO VIII
Seguridad de suministro
Artículo 99.Seguridad de suministro.
1.Los transportistas que incorporen gas al sistema estarán obligados
a mantener unas existencias mínimas de seguridad equivalentes a 35 días
de sus ventas firmes a distribuidores para el suministro a clientes en
régimen de tarifas.
Los comercializadores de gas natural deberán mantener unas
existencias mínimas de seguridad equivalentes a 35 días de sus ventas
firmes.
Los consumidores cualificados que hagan uso del derecho de acceso y
no se suministren de un comercializador autorizado, deberán mantener unas
existencias mínimas de seguridad correspondientes a 35 días de sus
consumos firmes.
2.Esta obligación podrá cumplirse por el sujeto obligado con gas de
su propiedad o arrendando y contratando, en su caso, los correspondientes
servicios de almacenamiento. El Ministerio de Industria y Energía podrá,
en función de las disponibilidades del sistema, incrementar el número de
días de almacenamiento estratégico hasta un máximo equivalente a 60 días
de ventas en firme.
Artículo 100.Diversificación de los abastecimientos.
1.Los transportistas que incorporen gas al sistema y los
comercializadores deberán diversificar sus aprovisionamientos de forma
que en la suma de todos ellos la proporción de los provenientes de un
mismo país no sea superior al 60 por ciento.
El Ministerio de Industria y Energía, atendiendo a la situación del
mercado, podrá modificar dicho porcentaje al alza o a la baja, en función
de la evolución de los mercados internacionales del gas natural.
2.En los términos que reglamentariamente se determinen, el
Ministerio de Industria y Energía exigirá similares obligaciones de
diversificación de aprovisionamiento a las establecidas en el punto
anterior a los consumidores cualificados por la parte de su consumo no
adquirida a comercializadores cuando, por su volumen y origen, puedan
incidir negativamente en el balance de abastecimientos al mercado
nacional.
Artículo 101.Control por la Administración.
La Administración competente podrá inspeccionar el cumplimiento de
los requisitos y condiciones de seguridad y diversificación establecidos
en los Artículos anteriores solicitando, en su caso, cuanta información
sea necesaria.
Artículo 102.Situaciones de emergencia.
1.El Gobierno establecerá para situaciones de emergencia las
condiciones en que se podrá hacer uso de las reservas estratégicas de gas
natural a que se refiere el presente Título, por los obligados a su
mantenimiento.
2.El Gobierno en situaciones de escasez de suministro o en aquellas
en que pueda estar amenazada la seguridad de personas, aparatos o
instalaciones o la integridad de la red, podrá adoptar en el ámbito, con
la duración y las excepciones que se determinen, entre otras, alguna o
algunas de las siguientes medidas:
a)Limitar o modificar temporalmente del mercado del gas.
b)Establecer obligaciones especiales en materia de existencias
mínimas de seguridad de gas natural.
c)Suspender o modificar temporalmente los derechos de acceso.
d)Modificar las condiciones generales de regularidad en el
suministro con carácter general o referido a determinadas categorías de
consumidores.
e)Someter a autorización administrativa las ventas de gas natural
para su consumo en el exterior.
f)Cualesquiera otras medidas, que puedan ser recomendadas por los
Organismos Internacionales, de los que España sea parte o que se
determinen en aplicación de aquellos convenios en que se participe.
En relación con tales medidas se determinará, asimismo, el régimen
retributivo aplicable a aquellas actividades que se vieran afectadas por
las medidas adoptadas garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado
de los costes.
3.La adopción de las anteriores medidas se realizará teniendo en
cuenta los planes de emergencia propuestos por el gestor o gestores del
sistema. Dichos planes deberán cumplir las siguientes condiciones:
a)Describir de manera detallada un orden de prioridades de
suministro en función de criterios de minimización de efectos en la
actividad económica, dando preferencia a los suministros domésticos,
comerciales y a servicios públicos e industriales por este orden.
b)Establecer un plan de gestión de existencias estratégicas.
c)Minimizar el tiempo necesario para el restablecimiento de los
servicios afectados.
Los planes serán elaborados y actualizados anualmente y siempre que
concurran circunstancias que modifiquen algunos de los supuestos básicos
de los presentados al Ministerio de Industria y Energía en el primer
trimestre de cada año.
Artículo 102 bis(NUEVO)Ocupación del dominio público, patrimonial y de
las zonas de servidumbre pública.
1.Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones a los que
se refiere el artículo 103.2 de la presente Ley y en los mismos casos que
los allí contemplados, tendrán derecho a la ocupación del dominio
público, patrimonial y de las zonas de servidumbre pública.
2.La autorización de ocupación concreta del dominio público,
patrimonial y de las zonas de servidumbre pública será acordada por el
órgano competente de la Administración Pública titular de aquellos bienes
o derechos.
Las condiciones y requisitos que se establezcan por las
Administraciones titulares de los bienes y derechos para la ocupación del
mismo deberán ser, en todo caso, transparentes y no discriminatorios.
3.Sin perjuicio de la aplicación de lo señalado en los apartados
anteriores, en las autorizaciones de ocupación de bienes o derechos de
titularidad local será de aplicación lo dispuesto en la legislación de
régimen local.
TITULO V
DERECHOS DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO, EXPROPIACION FORZOSA,
SERVIDUMBRES Y LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
Artículo 103.Declaración de utilidad pública.
1.Se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación
forzosa y ejercicio de la servidumbre de paso las siguientes
instalaciones:
a)Las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades de investigación y explotación a que se refiere el Título II.
b)Las instalaciones de refino, tanto de nueva construcción como las
ampliaciones de las existentes, las instalaciones
de transporte por oleoducto y de almacenamiento de productos
petrolíferos, así como la construcción de otros medios fijos de
transporte de hidrocarburos líquidos y sus instalaciones de
almacenamiento.
c)Las instalaciones a que se refiere el Título IV de la presente
Ley.
2.Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones para el
desarrollo de las citadas actividades o para la construcción,
modificación o ampliación de instalaciones necesarias para las mismas
gozarán del beneficio de expropiación forzosa y ocupación temporal de
bienes y derechos que exijan las instalaciones y servicios necesarios,
así como la servidumbre de paso y limitaciones de dominio, en los casos
que sea preciso para vías de acceso, líneas de conducción y distribución
de los hidrocarburos, incluyendo las necesarias para atender a la
vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones.
Artículo 104.Solicitud de reconocimiento de utilidad pública.
1.Para el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones
a que se refiere al artículo anterior, será necesario que la empresa
interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de
necesaria expropiación u ocupación.
2.La petición se someterá a información pública y se recabará
informe de los órganos afectados.
3.Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública
será acordado por el Ministerio de Industria y Energía, si la
autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la
competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de órganos u
otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las
Comunidades Autónomas en los demás casos.
Artículo 105.Efectos de la declaración de utilidad pública.
1.La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso
la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos
afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
2.(SUPRIMIDO)
Artículo 106.Derecho supletorio.
En lo relativo a la materia regulada en este Título será de
aplicación supletoria lo dispuesto en la legislación general sobre
expropiación forzosa y en el Código Civil cuando proceda.
Artículo 107.Servidumbres y autorizaciones de paso.
1.Las servidumbres y autorizaciones de paso que conforme a lo
dispuesto en el presente Capítulo se establezcan gravarán los bienes
ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente Ley
y se regirán por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de
desarrollo y en la normativa a que se refiere al artículo anterior.
2.Las servidumbres y autorizaciones de paso comprenderán, cuando
proceda, la ocupación del subsuelo por instalaciones y canalizaciones a
la profundidad y con las demás características que señalen Reglamentos y
Ordenanzas Municipales.
3.Las servidumbres y autorizaciones comprenderán igualmente el
derecho de paso y acceso, y la ocupación temporal del terreno u otros
bienes necesarios para atender a la vigilancia, conservación y reparación
de las instalaciones y conducciones.
4.Las condiciones y limitaciones que deberán imponerse en cada caso
por razones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y
Normas Técnicas que a los efectos se dicten.
TITULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 108.Infracciones.
1.Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que se
tipifican en los artículos siguientes.
2.Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley
se entenderán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las empresas que
desarrollan las actividades a que se refieren.
Artículo 109.Infracciones muy graves.
1.Son infracciones muy graves:
a)La realización de actividades reguladas en la presente Ley o la
construcción, ampliación, explotación o modificación de instalaciones
afectas a las mismas sin la necesaria concesión, autorización
administrativa o inscripción en el Registro correspondiente cuando
proceda o el incumplimiento de prescripciones y condiciones de las mismas
cuando se ponga en peligro manifiesto a las personas o los bienes.
b)La utilización de instrumentos, aparatos o elementos sujetos a
seguridad industrial sin cumplir las normas y las obligaciones técnicas
que por razones de seguridad deban reunir los aparatos e instalaciones
afectos a las actividades objeto de la presente Ley cuando comporten
peligro o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente.
c)La negativa a suministrar gases por canalización a consumidores en
régimen de tarifa conforme al Título IV.
d)La negativa a admitir inspecciones o verificaciones reglamentarias
acordadas en cada caso por la Administración competente o la obstrucción
a su práctica.
e)La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes de los
regulados en la presente Ley de manera que se produzca una alteración en
los mismos superior al 15 por 100.
f)Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de los
productos petrolíferos y gases combustibles objeto de la presente Ley que
supongan una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o
consumido superior al 15 por 100.
g)El incumplimiento por parte de los operadores al por mayor de
productos petrolíferos de las obligaciones que se deducen de lo
establecido en el apartado 3 del artículo 44.
h)La realización de actividades incompatibles de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley.
i)La denegación o alteración injustificadas del acceso de terceros a
instalaciones en los supuestos que la presente Ley regula.
j)El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la
Administración competente cuando resulte perjuicio para el funcionamiento
del mismo.
k)El incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de
seguridad establecida en los Títulos III y IV y el incumplimiento de la
normativa sobre diversificación de suministros establecida en el Título
IV cuando supongan una alteración significativa de los citados regímenes
de existencias o diversificación, considerados tales incumplimientos en
períodos mensuales.
l)Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las
medidas establecidas por el Gobierno en aplicación de lo previsto en la
presente Ley sobre situaciones de escasez de suministro en los Títulos
III y IV por quienes realizan actividades reguladas en la presente Ley y
tengan incidencia apreciable en el citado suministro.
2.Igualmente serán infracciones muy graves las infracciones graves
del artículo siguiente cuando durante los tres años anteriores a su
comisión hubiera sido impuesta al infractor sanción firme por el mismo
tipo de infracción.
Artículo 110.Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a)La realización de actividades reguladas en la presente Ley o la
construcción, ampliación o modificación de instalaciones afectas a las
mismas sin la necesaria concesión o autorización administrativa o el
incumplimiento de prescripciones y condiciones de las mismas que no
tengan la consideración de infracción muy grave conforme al artículo
anterior.
b)La interrupción o suspensión injustificada de la actividad que se
venga realizando mediante concesión o autorización administrativa.
c)La utilización de instrumentos, aparatos o elementos sujetos a
seguridad industrial sin cumplir las normas y las obligaciones técnicas
que por razones de seguridad deban reunir los aparatos e instalaciones
afectos a las actividades objeto de la presente Ley cuando no tengan la
consideración de infracción muy grave conforme al artículo anterior.
d)La negativa injustificada a suministrar productos petrolíferos o
gases combustibles a los consumidores y usuarios a los que no sean de
aplicación tarifas administrativamente aprobadas.
e)El incumplimiento de cuantas obligaciones formales se impongan a
quienes realicen actividades de suministro al público de productos
petrolíferos o gases combustibles por canalización en garantía de los
derechos de los consumidores y usuarios.
e) bis(NUEVA)La comercialización de hidrocarburos líquidos bajo una
imagen de marca que no se corresponda con el auténtico origen e identidad
de los mismos.
f)La aplicación irregular de precios, tarifas o peajes de los
regulados en la presente Ley de manera que se produzca una alteración en
los mismos superior al 5 por 100 e inferior 15 por 100.
g)Cualquier otra actuación en el suministro o consumo de los
productos petrolíferos y gases combustibles objeto de la presente Ley que
supongan una alteración porcentual de la realidad de lo suministrado o
consumido superior al 5 por 100 e inferior al 15 por 100.
h)El incumplimiento de las especificaciones técnicas que deban
cumplir los productos petrolíferos y los gases combustibles.
i)El incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de
seguridad establecida en los Títulos III y IV y el incumplimiento de la
normativa sobre diversificación de suministros establecida en el Título
IV cuando no constituya infracción muy grave conforme al artículo
anterior, considerados tales incumplimientos en períodos mensuales.
j)Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las
medidas establecidas por el Gobierno en aplicación de lo previsto en la
presente Ley sobre situaciones de escasez de suministro en los Títulos
III y IV por quienes realizan actividades reguladas en la presente Ley y
no tengan incidencia apreciable en el citado suministro.
k)El incumplimiento de las instrucciones impartidas por la
Administración competente cuando no resulte perjuicio para el
funcionamiento del sistema.
l)La negativa ocasional y aislada a facilitar a la Administración o
a la Comisión Nacional de Energía la información que se reclame de
acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
m)Los incumplimientos reiterados en las obligaciones de remisión de
información y documentación.
Artículo 111.Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de
obligada observancias comprendidas en la
presente Ley que no constituyan infracción grave o muy grave, conforme a
lo dispuesto en los dos artículos anteriores.
Artículo 112.Graduación de sanciones.
Para la determinación de las correspondientes sanciones se tendrán
en cuenta las siguientes circunstancias:
a)El peligro resultante de la infracción para la vida y salud de las
personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b)La importancia del daño o deterioro causado.
c)Los perjuicios producidos en la continuidad y regularidad del
suministro a usuarios.
d)El grado de participación y el beneficio obtenido.
e)La intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.
f)La reiteración por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
Artículo 113.Sanciones.
1.Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán
sancionadas:
a)Las infracciones muy graves, con multa desde 100.000.001 hasta
500.000.000 pesetas.
b)Las infracciones graves, con multa desde 10.000.001 hasta
100.000.000 pesetas.
c)Las infracciones leves, con multa de hasta 10.000.000 pesetas.
2.Cuando a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio
cuantificable, la multa podrá alcanzar hasta el doble del beneficio
obtenido.
3.La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a criterios de
proporcionalidad y a las circunstancias especificadas en el artículo
anterior.
4.La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la
revocación o suspensión de la autorización administrativa y la
consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad por
un período máximo de un año. La revocación o suspensión de las
autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad competente
para otorgarlas.
5.La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo,
se entenderá sin perjuicio de otras responsabilidades legalmente
exigibles.
6.Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez
firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
A tal efecto, la Administración actuante pondrá los hechos en
conocimiento de la competente.
Artículo 114.Multas coercitivas.
La autoridad competente, con independencia de las sanciones que
correspondan, podrá imponer multas coercitivas cuando prosiguiera la
conducta infractora y en el caso de no atender al requerimiento de cese
en la misma.
Las multas se impondrán por un importe que no superará el 20% de la
multa fijada para la infracción cometida.
Artículo 115.Procedimiento sancionador.
El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a los
principios de los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y a lo dispuesto en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora o norma
autonómica correspondiente, sin perjuicio de que reglamentariamente se
establezcan especialidades de procedimiento para la imposición de
sanciones previstas en esta Ley.
Artículo 116.Competencias para imponer sanciones.
1.La competencia para la imposición de las sanciones vendrá
determinada por la competencia para autorizar la actividad en cuyo
ejercicio se cometió la infracción.
2.En el ámbito de la Administración General del Estado, las
sanciones muy graves serán impuestas por el Consejo de Ministros y las
graves por el Ministro de Industria y Energía. La imposición de las
sanciones leves corresponderá al Director General de la Energía.
3.En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto
en su propia normativa.
Artículo 117.Prescripción.
Las infracciones muy graves previstas en este Capítulo prescribirán
a los tres años de su comisión; las graves, a los dos años, y las leves,
a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las
impuestas por faltas leves, al año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.Canon de superficie.
Los titulares de permisos de investigación y de concesiones de
explotación regulados en el Título II estarán obligados al pago del canon
de superficie.
a)El canon se exigirá por hectárea y año con arreglo a las
siguientes escalas:
Escala primera Pesetas
Permisos de investigación
1.Durante el período de vigencia del permiso 10
2 .Durante cada prórroga 20
Escala segunda Pesetas
Concesiones de explotación
1.Durante los cinco primeros años 250
2.Durante los siguientes cinco años 700
3.Durante los siguientes cinco años 1.850
4.Durante los siguientes cinco años 2.300
5.Durante los siguientes cinco años 1.850
6.Durante los siguientes cinco años 950
7.Durante las prórrogas 700
b)Los cánones de superficie especificados anteriormente se
devengarán a favor del titular del dominio público, el día primero de
enero de cada año natural, en cuanto a todos los permisos o concesiones
existentes en esa fecha, debiendo ser satisfechos durante el primer
trimestre del mismo.
c)Cuando los permisos de investigación o concesiones de explotación
se otorguen después del primero de enero, en el año del otorgamiento se
abonará como canon la parte de las cuotas anuales que proporcionalmente
corresponda al tiempo que medie desde la fecha del otorgamiento hasta el
final del año natural. En estos casos, el canon se devengará el día del
otorgamiento del permiso o concesión y habrá de ser satisfecho en el
plazo de noventa días, contados desde esta fecha.
d)La modificación de los cánones de superficie se efectuará por Real
Decreto conjunto de los Ministerios de Industria y Energía y Economía y
Hacienda. La modificación se efectuará en función de la evolución del
mercado en el sector de la investigación y explotación de hidrocarburos.
Segunda.Extinción de las concesiones del Monopolio de Petróleos.
Quedan extinguidas definitivamente las concesiones del Monopolio de
Petróleos para el suministro de gasolinas y gasóleos de automoción
mantenidas al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional 1ª de la
Ley 34/1992, de 22 de diciembre. Las actividades objeto de dichas
concesiones se continuarán desarrollando en la forma regulada en el
Título III.
Tercera.Agentes de aparatos surtidores y gestores de estaciones de
servicio.
1.Los antiguos agentes de aparatos surtidores y gestores de
estaciones de servicio a que se refieren las disposiciones adicionales 2ª
y 3ª de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, cuya relación de Derecho
Público quedó extinguida, podrán mantenerse en la explotación del punto
de venta, en régimen de suministro de derecho privado con la entidad que
ostente la titularidad dominical de la instalación y los derechos de
exclusiva de suministro.
2.En tanto no se formalice por escrito un acuerdo sobre las
condiciones de la explotación del punto de venta y el suministro de
productos petrolíferos con el titular dominical de la instalación,
seguirán aplicándose las condiciones vigentes en el momento de la
extinción de la relación de Derecho Público.
3.En todo caso, los antiguos agentes y gestores tendrán derecho a
mantenerse en la explotación por el plazo restante al inicialmente
concedido y percibirán una comisión por la venta de los productos por
cuenta del titular de la instalación cuya cuantía no podrá ser inferior a
la establecida en las relaciones entre dicho titular y los comisionistas
que exploten como arrendatarios otras instalaciones de su propiedad.
4.El cónyuge y los hijos podrán subrogarse en la explotación en los
casos y condiciones previstos en la normativa aplicable a las relaciones
transformadas.
Cuarta.Autorizaciones concedidas al amparo de la Ley 34/1992, de 22 de
diciembre.
Las autorizaciones concedidas en virtud de lo establecido en la Ley
34/1992, de 22 de diciembre, o declaradas ex lege por la misma se
mantendrán y surtirán plenos efectos sin necesidad de ratificación, en lo
que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Quinta.Instalaciones petrolíferas para uso de las Fuerzas Armadas.
Las inspecciones y revisiones de las instalaciones petrolíferas para
uso de las Fuerzas Armadas, que estén ubicadas dentro de la zona e
instalaciones de interés para la defensa nacional, serán realizadas por
los órganos correspondientes de las Fuerzas Armadas.
Sexta.Extinción de concesiones.
1.A la entrada en vigor de esta Ley, todas las concesiones para
actividades incluidas en el servicio público de suministro de gases
combustibles por canalización quedan extinguidas.
Dichas concesiones quedan sustituidas de pleno derecho por
autorizaciones administrativas de las establecidas en el Título IV de la
presente Ley que habilitan a su titular para el ejercicio de las
actividades, mediante las correspondientes instalaciones, que
constituyeran el objeto de las concesiones extinguidas.
2.Las citadas autorizaciones lo serán por tiempo indefinido quedando
expresamente extinguida la reversión de instalaciones a la que se refiere
el artículo 7.c) de la Ley 10/1987, de 15 de junio.
Séptima.Transporte marítimo de hidrocarburos líquidos y sólidos.
El transporte marítimo de hidrocarburos se ajustará en todo caso al
régimen establecido por la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, así como lo dispuesto en su normativa
de desarrollo.
Octava.Desestimación de resoluciones.
Las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse
conforme a lo dispuesto en la presente Ley se podrán entender
desestimadas, si no recae resolución expresa en el plazo que al efecto se
establezca o se determine en sus disposiciones de desarrollo.
Novena.Actualización del importe de las sanciones.
El Gobierno, por Real Decreto, procederá periódicamente a la
actualización del importe de las sanciones establecidas en el Título VI
teniendo en cuenta las variaciones de los índices de precios al consumo.
Décima.Intervención de una empresa.
1.Cuando el incumplimiento de las obligaciones de las empresas que
realizan las actividades y funciones reguladas en la presente Ley pueda
afectar a la continuidad y seguridad del suministro de hidrocarburos, y a
fin de garantizar su mantenimiento, el Gobierno podrá acordar la
intervención de la correspondiente empresa de acuerdo con lo previsto en
el artículo 128.2 de la Constitución, adoptando las medidas oportunas
para ello.
A estos efectos serán causas de intervención de una empresa las
siguientes:
a)La suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
b)La gestión irregular de la actividad cuando le sea imputable y
pueda dar lugar a su paralización.
c)La grave y reiterada falta de mantenimiento adecuado de las
instalaciones que ponga en peligro la seguridad de las mismas.
2.En los supuestos anteriores, si las empresas que desarrollan
actividades y funciones o las que se refiere la presente Ley, lo hacen
exclusivamente mediante instalaciones cuya autorización sea competencia
de una Comunidad Autónoma, la intervención será acordada por ésta.
Undécima.Comisión Nacional de Energía.
Primero.Naturaleza jurídica y composición.
1.Se suprime la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico como ente
regulador del sistema eléctrico, a la entrada en vigor de la presente
Ley.
2.Se crea la Comisión Nacional de Energía como ente regulador del
funcionamiento de los mercados energéticos, teniendo por objeto velar por
la competencia efectiva en los mismos y por la objetividad y
transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que
operan en dichos mercados y de los consumidores.
A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se entenderá
por mercados energéticos, el mercado eléctrico, así como los mercados de
hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos.
La Comisión se configura como un organismo público con personalidad
jurídica y patrimonio propio, así como plena capacidad de obrar. La
Comisión sujetará su actividad a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común cuando ejerza potestades
administrativas, a la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas su contratación de bienes y servicios, sometiéndose en el resto
de su actividad al derecho privado.
El personal que preste servicios en la Comisión Nacional de Energía
estará vinculado a la misma por una relación sujeta a las normas de
derecho laboral. La selección del mismo, con excepción del de carácter
directivo, se hará mediante convocatoria pública y de acuerdo con
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Dicho personal estará sujeto al régimen de incompatibilidades establecido
con carácter general para el personal al servicio de las Administraciones
públicas.
La Comisión Nacional de Energía elaborará anualmente un anteproyecto
de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Economía y
Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y
posterior remisión a las Cortes Generales integrado en los Presupuestos
Generales del Estado.
El control económico y financiero de la Comisión Nacional de Energía
se llevará a cabo por la Intervención General de la Administración del
Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de
Cuentas.
La Comisión Nacional de Energía estará adscrita al Ministerio de
Industria y Energía, el cual ejercerá el control de eficacia sobre su
actividad y se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las normas
de desarrollo que se dicten, por las Disposiciones de la Ley General
Presupuestaria que le sean de aplicación y por la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
3.La Comisión estará regida por un Consejo de Administración,
compuesto por el Presidente, que ostentará la representación legal de la
Comisión, por ocho vocales y un Secretario que actuará con voz pero sin
voto.
El Ministro de Industria y Energía, el Secretario de Estado de
Energía y Recursos Minerales, o alto cargo del Ministerio en quien
deleguen, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Administración,
con voz pero sin voto, cuando lo juzguen preciso a la vista de los
asuntos incluidos en el correspondiente orden del día.
4.El Presidente y los Vocales serán nombrados entre personas de
reconocida competencia técnica y profesional, mediante Real Decreto, a
propuesta del Ministro de Industria y Energía, previa comparecencia del
mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los Diputados,
para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos de las
condiciones indicadas en este apartado.
El Presidente y los Vocales de la Comisión Nacional de Energía serán
nombrados por un período de seis años, pudiendo ser renovados por un
período de la misma duración.
No obstante, la Comisión Nacional de Energía renovará parcialmente
sus miembros cada tres años. La renovación afectará alternativamente a
cinco o cuatro de sus miembros según corresponda.
Si durante el período de duración de su mandato se produjera el cese
de uno de sus miembros, su sucesor cesará al término del mandato de su
antecesor. Cuando este último cese se produzca antes de haber
transcurrido un año desde el nombramiento, no será de aplicación el
límite previsto en el segundo párrafo de este apartado, pudiendo ser
renovado el mandato en dos ocasiones.
5.El Presidente y los Vocales cesarán por las siguientes causas:
a)Expiración del término de su mandato, continuando en funciones
hasta el nombramiento de los nuevos miembros que procedan a su
sustitución.
b)Renuncia aceptada por el Gobierno.
c)Incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones,
incompatibilidad producida con posterioridad a su nombramiento como
miembro de la Comisión o condena por delito doloso previa instrucción de
expediente por el Ministerio de Industria y Energía, incumplimiento grave
de sus obligaciones y cese por el Gobierno, a propuesta motivada del
Ministro de Industria y Energía.
6.El Presidente y los Vocales de la Comisión Nacional de Energía
estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido para los
altos cargos de la Administración General del Estado. Al cesar en el
cargo y durante los dos años posteriores, no podrán ejercer actividad
profesional alguna relacionada con los sectores energéticos.
Reglamentariamente se determinará la compensación económica que
corresponda percibir en virtud de esta limitación.
7.Los recursos de la Comisión Nacional de Energía estarán integrados
por:
a)Los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los productos
y rentas del mismo.
b)Los ingresos generados de acuerdo con lo previsto en la normativa
sectorial aplicable.
c)En su caso, las transferencias efectuadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Segundo.Organos de asesoramiento de la Comisión.
1.Como órganos de asesoramiento de la Comisión se constituirán dos
Consejos Consultivos presididos por el Presidente de la Comisión Nacional
de Energía, con un número máximo de treinta miembros cada uno de ellos.
El Consejo Consultivo de Electricidad estará integrado por
representantes de la Administración General del Estado, el Consejo de
Seguridad Nuclear, las Comunidades Autónomas, las compañías del sector
eléctrico, los operadores del mercado y del sistema, los consumidores y
usuarios y otros agentes sociales y de defensa de la preservación del
medio ambiente.
El Consejo Consultivo de Hidrocarburos estará integrado por
representantes de Administración General del Estado, las Comunidades
Autónomas, las compañías del sector petrolero y gasista, los
distribuidores y titulares de instalaciones de venta al público, la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, los
consumidores y usuarios y otros agentes sociales y de defensa de la
preservación del medio ambiente.
2.Los Consejos Consultivos podrán informar respecto a las
actuaciones que realice la Comisión Nacional de Energía en el ejercicio
de sus funciones. Este informe será a su vez preceptivo sobre las
actuaciones a desarrollar en ejecución de las funciones segunda, tercera,
cuarta y sexta.
3.En el seno de cada uno de los Consejos Consultivos se creará una
Comisión Permanente que, con un número máximo de doce miembros, tendrá
por objeto facilitar los trabajos del Consejo. Reglamentariamente se
establecerá la composición y funcionamiento de los citados órganos.
Tercero.Funciones de la Comisión Nacional de Energía.
1.La Comisión Nacional de Energía tendrá las siguientes funciones:
Primera: actuar como órgano consultivo de la Administración en
materia energética.
Segunda: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
elaboración de disposiciones generales que afecten a los mercados
energéticos, y en particular en el desarrollo reglamentario de la
presente Ley.
Tercera: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
planificación energética.
Cuarta: participar, mediante propuesta o informe, en el proceso de
elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y
retribución de las actividades energéticas.
Quinta: emitir los informes que le sean solicitados por las
Comunidades Autónomas cuando lo consideren oportuno en el ejercicio de
sus competencias en materia energética.
Sexta: dictar las Circulares de desarrollo y ejecución de las normas
contenidas en los Reales Decretos y las Ordenes del Ministerio de
Industria y Energía que se dicten en desarrollo de la normativa
energética, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso
para ello.
Estas disposiciones recibirán la denominación de Circulares y serán
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Séptima: inspeccionar, a petición de la Administración General del
Estado o de las Comunidades Autónomas competentes, las condiciones
técnicas de las instalaciones, el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las autorizaciones, las condiciones económicas y
actuaciones de los sujetos en cuanto puedan afectar a la aplicación de
las tarifas y criterios de remuneración de las actividades energéticas,
así como la efectiva separación de estas actividades cuando sea exigida.
Octava: actuar como órgano arbitral en los conflictos que se
susciten entre los sujetos que realicen actividades en el sector
eléctrico o de hidrocarburos.
El ejercicio de esta función arbitral será gratuito y no tendrá
carácter público.
Esta función de arbitraje, que tendrá carácter voluntario para las
partes, se ejercerá de acuerdo con la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de
Arbitraje y con la norma reglamentaria aprobada por el Gobierno que se
dicte sobre el correspondiente procedimiento arbitral.
Novena: determinar los sujetos a cuya actuación sean imputables
deficiencias en el suministro a los usuarios proponiendo las medidas que
hubiera que adoptar.
Décima: acordar la iniciación de los expedientes sancionadores y
realizar la instrucción de los mismos, cuando sean de la competencia de
la Administración General del Estado e informar, cuando sea requerida
para ello, aquellos expedientes sancionadores iniciados por las distintas
Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos en el
artículo 52.4 de la presente Ley.
Undécima: velar para que los sujetos que actúan en los mercados
energéticos lleven a cabo su actividad respetando los principios de libre
competencia. A estos efectos, cuando la Comisión detecte la existencia de
indicios de prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, lo pondrá en
conocimiento del Servicio de Defensa de la Competencia, aportando todos
los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, un dictamen no
vinculante de la calificación que le merecen dichos hechos.
Duodécima: resolver los conflictos que le sean planteados respecto a
los contratos relativos al acceso de terceros a las redes de transporte
y, en su caso, distribución, en los términos que reglamentariamente se
establezcan.
Decimotercera: autorizar las participaciones realizadas por
sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas en
cualquier entidad que realice actividades de naturaleza mercantil. Sólo
podrán denegarse las autorizaciones como consecuencia de la existencia de
riesgos significativos o efectos negativos, directos o indirectos, sobre
las actividades reguladas en esta Ley, pudiendo por estas razones
dictarse autorizaciones que expresen condiciones en las cuales puedan
realizarse las mencionadas operaciones.
Decimocuarta: informar preceptivamente sobre las operaciones de
concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas
energéticas por otra que realice actividades en el mismo sector cuando
las mismas hayan de ser sometidas al Gobierno para su decisión, de
acuerdo con la legislación vigente en materia de competencia.
Decimoquinta: acordar su organización y funcionamiento interno,
seleccionar y contratar a su personal cumpliendo los requisitos
establecidos en la normativa vigente al respecto en el ámbito de la
Administración General del Estado.
Decimosexta: elaborar anualmente una memoria de actividades que se
elevará al Gobierno para su remisión a las Cortes Generales.
Decimoséptima: realizar aquellas otras funciones que le atribuyan
las Leyes o que reglamentariamente le encomiende el Gobierno a propuesta
del Ministro de Industria y Energía.
2.En relación con el sector eléctrico corresponderá a la Comisión,
además de las funciones a que se refiere el apartado anterior, las
siguientes:
Primera: Realizar la liquidación de los costes de transporte y
distribución de energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema
y de aquellos otros costes que se establezcan para el conjunto del
sistema cuando su liquidación le sea expresamente encomendada.
Asimismo, informará semestralmente al Ministerio de Industria y
Energía sobre la liquidación de la energía que lleve a cabo el operador
del mercado en colaboración con el operador del sistema.
Segunda: Resolver los conflictos que le sean planteados en relación
con la gestión económica y técnica del sistema y el transporte.
3.En relación con el sector gasista, corresponderá a la Comisión,
además de las funciones a que se refiere el apartado 1 del presente
artículo, la resolución de los conflictos que le sean planteados en
relación con la gestión del sistema.
4.La Comisión Nacional de Energía podrá recabar de los sujetos que
actúan en los mercados energéticos cuanta información requiera en el
ejercicio de sus funciones. Para ello, la Comisión dictará Circulares,
que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en las
cuales se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la
información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada
la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que
pretende hacerse de la misma.
La Comisión Nacional de Energía podrá realizar las inspecciones que
considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la
información que en cumplimiento de sus Circulares le sea aportada.
Los datos e informaciones obtenidas por la Comisión Nacional de
Energía en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo
podrán ser cedidos al Ministerio de Industria y Energía. El personal de
la Comisión
Nacional de Energía que tenga conocimiento de estos datos estará obligado
a guardar sigilo respecto de los mismos, incluso después de cesar en sus
funciones.
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía tendrá acceso a los
registros regulados por la legislación estatal en materia energética.
5.Contra las resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional de
Energía en el ejercicio de las funciones a que se refieren los números 1
y 2 del presente apartado, y contra sus actos de trámite en las mismas
materias que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensión, podrá interponerse recurso ordinario ante el
Ministro de Industria y Energía.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las resoluciones
que se dicten en el ejercicio de la función segunda del número 2 del
presente apartado y de las Circulares que se refieran a materia de
información, que pondrán fin a la vía administrativa.
Duodécima.Financiación de la Comisión Nacional de Energía.
1.La Comisión Nacional de Energía asumirá las obligaciones y la
gestión de aquellos expedientes que estuvieran pendientes en la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico a que se refiere la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, así como la retribución que corresponde,
de acuerdo con la citada Ley, a dicha Comisión.
2.A los efectos de lo previsto en la presente Ley, la financiación
de la Comisión Nacional de Energía integrará los siguientes conceptos:
a)La cantidad unitaria que a estos efectos se determine para los
productos vendidos en el mercado nacional por los operadores a que se
refiere el artículo 43 de la presente Ley.
b)El recargo que a estos efectos se establezca sobre los peajes o
tarifas correspondientes, que en el caso del sector eléctrico tendrán la
consideración de coste permanente del sistema.
Decimotercera.Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 de la Disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado: «1.La
Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad
Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la
Agencia de Protección de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria,
la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones se regirán por su legislación específica y
supletoriamente por esta Ley.»
Decimocuarta.(NUEVA)Regímenes fiscales forales.
Las regulaciones contenidas en la presente Ley se entienden sin
perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Decimoquinta.(NUEVA)Sociedades Cooperativas.
Las sociedades cooperativas sólo podrán realizar actividades de
distribución al por menor de productos petrolíferos a que se refiere el
artículo 44 de la presente Ley con terceros no socios, mediante la
constitución de una entidad con personalidad jurídica propia a la que sea
aplicable el régimen fiscal general.
Decimosexta.(NUEVA)Biocombustibles.
1.Se consideran biocombustibles los productos que a continuación se
relacionan y que se destinen a su uso como carburante, directamente o
mezclados con carburantes convencionales:
a)El alcohol etílico producido a partir de productos agrícolas o de
origen vegetal (bioetanol) ya se utilice como tal o previa modificación
química.
b)El alcohol metílico (metanol) obtenido a partir de productos de
origen agrícola o vegetal, ya se utilice como tal o previa modificación
química.
c)Los aceites vegetales.
d)El aceite vegetal, modificado químicamente.
2.A los efectos de la presente Ley, la distribución y venta de estos
productos se regirá por lo dispuesto en el Título III de la misma.
Decimoséptima.(NUEVA)Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
1.Se modifica el apartado 1, del artículo 12, que queda redactado en
los siguientes términos: «1.Las actividades para el suministro de
energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares o
extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que
atenderá a las especificidades derivadas de su ubicación territorial,
previo acuerdo con las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas.»
2.Se incluye una «Disposición Adicional Decimoquinta. Sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares» en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactada en los siguientes
términos:
«1.La planificación eléctrica, que tendrá carácter indicativo salvo
en lo que se refiere a instalaciones de transporte, en cuanto afecte a
territorios insulares o extrapeninsulares, se realizará de acuerdo con
las Comunidades o Ciudades Autónomas afectadas.
2.En el caso de que en los territorios insulares o extrapeninsulares
se produjeran situaciones de riesgo cierto para la prestación del
suministro de energía eléctrica o situaciones de las que se pueda derivar
amenaza para la integridad física o la seguridad de las personas, de
aparatos o instalaciones o para la integridad de la red de transporte o
distribución de energía eléctrica, la adopción de las medidas previstas
en el artículo 10 de la presente Ley corresponderá a las Comunidades o
Ciudades Autónomas afectadas, siempre que tal medida sólo afecte a su
respectivo ámbito territorial. Dichas medidas no tendrán repercusiones
económicas en el sistema eléctrico, salvo que mediara acuerdo previo del
Ministerio de Industria y Energía.
3.La determinación del gestor o gestores de la red de las zonas
eléctricas ubicadas en territorios insulares y extrapeninsulares
corresponderá a la respectiva Administración Autonómica.»
3.Se incluye un tercer párrafo en la «Disposición Transitoria
Decimoquinta. Sistemas insulares y extrapeninsulares», que queda
redactado en los siguientes términos:
«El período de transición a la competencia a que se refiere el
párrafo primero no impedirá el otorgamiento por la Administración
competente de autorizaciones de instalaciones de producción de energía
eléctrica previstas en el artículo 21 de la presente Ley.»
Decimoctava.(NUEVA)Consejo de Seguridad Nuclear.
Se modifica el artículo 6.º de la Ley de Creación del Consejo de
Seguridad Nuclear en los siguientes términos:
4.ºLos cargos de Presidente, Consejeros y Secretario General del
Consejo de Seguridad Nuclear son incompatibles con cualquier otro cargo o
función, retribuida o no, percibiendo exclusivamente, por toda la
duración de su mandato o cargo, la retribución que se fije en atención a
la importancia de su función. Al cesar en el cargo y durante los dos años
posteriores, no podrá ejercer actividad profesional alguna relacionada
con la seguridad nuclear y la protección radiológica. Reglamentariamente
se determinará la compensación económica que corresponda percibir en
virtud de esta limitación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.(SUPRIMIDA)
Segunda.Aplicación de la Ley 21/1974, de 27 de junio.
Los permisos de investigación y concesiones de explotación otorgados
al amparo de la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Régimen Jurídico de la
Investigación y Explotación de Hidrocarburos o anteriores, se regirán por
dicha Ley, salvo manifestación expresa de los titulares, de su deseo de
acogerse a la regulación que para dichos permisos y concesiones establece
la presente Ley.
Tercera.Disposiciones reglamentarias aplicables.
No obstante lo dispuesto en la disposición derogatoria única, en
tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente Ley
continuarán en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las
disposiciones reglamentarias aplicables en materias que constituyen su
objeto.
Cuarta.Instrucciones técnicas.
Hasta que el Gobierno, mediante Real Decreto apruebe las
instrucciones técnicas complementarias a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 44.2 de la presente Ley, serán de aplicación a
cualquier persona física o jurídica que realice las actividades previstas
en dicho precepto, las instrucciones técnicas complementarias actualmente
vigentes, según el tipo de actividad de que se trate.
A estos efectos, las futuras Instrucciones Técnicas Complementarias
estarán referidas respectivamente a dos supuestos diferenciados, de un
lado aquellas instalaciones sin suministro a vehículos y de otro lado,
aquellas instalaciones en las que se efectúen suministros a vehículos,
sin perjuicio de que en cada uno de estos supuestos se traten de forma
diferenciada los distintos tipos de instalación en función de los
diversos elementos técnicos concurrentes en cada caso. No obstante,
durante este período transitorio, la Instrucción Técnica Complementaria
MHP 03, «Instalaciones petrolíferas para uso propio», aprobada por Real
Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, será de aplicación a las
entidades de base asociativa de transportes, considerándolas incluidas en
el apartado 2.1.k) de la citada Instrucción Técnica Complementaria,
siempre que los suministros se efectúen exclusivamente en vehículos de
sus asociados afectos a su actividad de transporte público.
Quinta.Precios de gases licuados del petróleo envasado.
El Gobierno, a través de una fórmula que se determine
reglamentariamente, podrá establecer los precios máximos de venta al
público de gases licuados del petróleo envasado, en tanto las condiciones
de concurrencia y competencia en este mercado no se consideren
suficientes.
Sexta.Consumidores cualificados.
1.A los efectos de lo previsto en el artículo 60, tendrán la
consideración de consumidores cualificados aquellos consumidores en cuyas
instalaciones, ubicadas en un mismo emplazamiento, el consumo se adecue
en cada momento al siguiente calendario:
--Aquellos cuyo consumo sea igual o superior a 20 millones de Nm3, a
la entrada en vigor de la presente Ley.
--Aquellos cuyo consumo sea igual o superior a 15 millones de Nm3,
el 1 de enero del año 2000.
--Aquellos cuyo consumo sea igual o superior a 5 millones de Nm3, el
1 de enero del año 2003.
--Aquellos cuyo consumo sea igual o superior a 3 millones de Nm3, el
1 de enero del año 2008.
2.A partir del 1 de enero del año 2013, todos los consumidores,
independientemente de su nivel de consumo, tendrán la consideración de
cualificados.
3.Durante el período de tres años siguientes al momento en que un
consumidor hubiera accedido a la condición de cualificado, dicho
consumidor podrá optar por seguir adquiriendo el gas al distribuidor a
tarifas o adquirirlo de un comercializador en las condiciones libremente
pactadas.
Sexta bis (NUEVA).
Durante diez años desde la entrada en vigor de la presente Ley, las
tarifas, peajes y cánones regulados en la misma, incluirán un término de
conexión y seguridad del sistema, que será satisfecho por todos los
consumidores de gas natural y que tendrá por objeto asegurar una
rentabilidad razonable a aquellas inversiones en instalaciones de la Red
Básica y de transporte secundario destinadas a dotar de la adecuada
seguridad al sistema de gas natural, que hubiesen sido objeto de
concesión antes de la entrada en vigor de esta norma.
Séptima.Separación de actividades.
1.Las sociedades que a la entrada en vigor de la presente Ley
vinieran realizando actividades que, conforme a lo dispuesto en el
artículo 63 deban estar separadas contablemente, procederán a hacer
efectiva dicha separación contable en el plazo de un año desde dicha
entrada en vigor.
2.Las sociedades que a la entrada en vigor de la presente Ley
realizasen actividades incompatibles dentro del sector gasista,
procederán a la separación jurídica de dichas actividades, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 63, en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente Ley.
3.Las sociedades que inicien actividades de comercialización de
gases combustibles, lo harán mediante sociedades que tengan como único
objeto social en el sector gasista dicha actividad.
4.(SUPRIMIDO)
5.A las aportaciones de activos afectos a actividades gasistas que
se efectúen en cumplimiento de la exigencia de separación de actividades
prevista en el artículo 63 de esta Ley les será de aplicación el régimen
establecido para las aportaciones de ramas de actividad en el Capítulo
VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de la
Propiedad correspondientes a los actos necesarios de adaptación a la
citada exigencia de separación de actividades quedarán reducidos al 10
por 100.
Octava.Expedientes de autorizaciones y concesiones en tramitación.
Los expedientes de autorizaciones y concesiones referentes a
actividades objeto de regulación en el Título IV y que se encuentren en
trámite a la entrada en vigor de esta Ley se resolverán conforme a lo
dispuesto en la misma.
Novena.Tarifas, peajes y cánones.
Con objeto de evaluar correctamente la aplicación del nuevo sistema
de peajes, tarifas y cánones, y evitar posibles distorsiones en la
regulación del derecho de acceso a las instalaciones de terceros, lo
dispuesto en el artículo 93.2 de la presente Ley se aplicará en un plazo
no superior a 2 años contados desde el ejercicio efectivo del derecho de
acceso.
Décima.Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
1.No obstante lo dispuesto en el apartado primero, punto 1 de la
Disposición adicional undécima de la presente Ley, la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico continuará en el ejercicio de sus funciones hasta
que finalice el período de cinco años para el que fueron designados los
miembros que, a la entrada en vigor de la presente Ley, compongan su
Consejo de Administración.
Durante este período de tiempo, se podrá ostentar simultáneamente el
cargo de miembro de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y de
miembro de la Comisión Nacional de Energía, percibiendo solamente
remuneración por uno de ellos.
2.Reglamentariamente se establecerá el traspaso de los medios
materiales y personales de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico a
la Comisión Nacional de Energía garantizando, en todo caso, la máxima
economía de recursos.
Undécima.Miembros de la Comisión Nacional de Energía.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente
Ley, se procederá a la designación del Presidente y los Vocales miembros
de la Comisión Nacional de Energía.
Cuando se produzca la designación de los nuevos miembros de la
Comisión Nacional de Energía, cesarán en su cargo el Presidente y los
Vocales de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Duodécima.Contratos de suministro en exclusiva.
Los propietarios de las instalaciones para el suministro de
vehículos que, a la entrada en vigor de la presente Disposición
transitoria, tuvieran concertado en régimen de comisión un acuerdo de
suministro en exclusiva de carburantes y combustibles con un distribuidor
al por mayor, tendrán derecho, desde dicha entrada en vigor, a la
adaptación del clausulado del contrato al régimen de venta en firme,
respetando su contenido económico, a cuyo efecto plantearán la
correspondiente negociación, que no podrá dar lugar, en ningún caso, por
esta causa, a la rescisión o resolución de estos contratos, ni a la
interrupción del cumplimiento de la obligación de suministro en exclusiva
ni de ninguna otra.
Decimotercera.Autorizaciones anteriores.
Las autorizaciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Disposición en virtud de lo establecido en los artículos 7
y 8 de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector
Petrolero, se mantendrán vigentes y surtirán plenos efectos sin necesidad
de ratificación.
Decimocuarta (NUEVA).
La transformación a que se refiere el artículo 78.3 de la presente
Ley, la autorizará la Administración competente en cada momento con
independencia de que la autorización original fuera de una Administración
distinta a aquélla.
Decimoquinta (NUEVA).Distribución de gas natural Sobre la zona de
distribución de gas natural de una concesión que, de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta de la presente Ley hubiera devenido en
autorización, no podrán concederse nuevas autorizaciones para la
construcción de instalaciones de distribución durante un periodo
equivalente al tiempo de vigencia de la concesión original con un máximo
de quince años desde la entrada en vigor de la Ley, salvo saturación de
la capacidad de sus instalaciones. Todo ello sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 79 de la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda,
a la entrada en vigor de la presente Ley quedan derogadas:
a)La Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre investigación y explotación
de los hidrocarburos.
b)La Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para un
desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos.
c)La Ley 34/1992, de 22 de diciembre de Ordenación del Sector
Petrolero.
d)Los artículos 25 a 29, ambos inclusive, del Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio.
e)El artículo 86.3 de la Ley 7/1985, 2 de abril y disposiciones
concordantes en lo que se refieren al suministro de gas.
f)Los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
g)Cualquier otra norma legal o reglamentaria
en cuanto se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.Competencias.
1.Las disposiciones de la presente Ley relativas al régimen de
comercio exterior de crudo de petróleo y productos petrolíferos y a
expropiación forzosa y servidumbres se dictan en ejercicio de las
competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.8ª, 10ª y 18ª de
la Constitución.
2.Se excluyen de este carácter básico las referencias a los
procedimientos administrativos, que serán regulados por la Administración
competente, ajustándose en todo caso a lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
3.Los preceptos del Título II relativos a exploración, investigación
y explotación de hidrocarburos, son de aplicación general al amparo de lo
previsto en el artículo 149.1.13ª, 18ª y 25ª de la Constitución.
4.(SUPRIMIDO)
5.Al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la
Constitución, tendrán carácter básico las restantes disposiciones de la
presente Ley.
Segunda.Facultades de desarrollo.
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, aprobará mediante
Real Decreto las normas de desarrollo de la presente Ley.
Tercera.Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».