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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 105-1, de 03/03/1998
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 3 de marzo de 1998 Núm. 105-1
PROYECTO DE LEY
121/000103 Sanciones aplicables a las infracciones de las normas
establecidas en el Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de 22 de
noviembre, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(121) Proyecto de Ley.
121/000103.
AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley sobre sanciones aplicables a las infracciones de las
normas establecidas en el Reglamento (CE) número 2271/96, del Consejo, de
22 de noviembre, relativo a la protección frente a la aplicación
extraterritorial de la legislación de un país tercero.
Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al
artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda.
Asimismo, publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles,
que finaliza el día 21 de marzo de 1998.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
PROYECTO DE LEY SOBRE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES DE LAS
NORMAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO (CE) NUMERO 2271/96, DEL CONSEJO, DE
22 DE NOVIEMBRE, RELATIVO A LA PROTECCION FRENTE A LA APLICACION
EXTRATERRITORIAL DE LA LEGISLACION
DE UN PAIS TERCERO
Exposición de motivos
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado el Reglamento (CE) número
2271/96 (DO L 309 de 29-11-96 p.1), del 22 de noviembre, relativo a la
protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la
legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en
ella o derivadas de ella, y en la misma fecha una Acción Común
(96/668/PESC) (DO L 369 de 29-11-96 p.7), al objeto de evitar efectos
adversos y el no cumplimiento de los objetivos que la Comunidad persigue,
entre otros, la contribución al desarrollo armonioso del comercio mundial
y a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios
mundiales, y la libre circulación de capitales entre Estados Miembros y
terceros países en el mayor grado posible.
Por otro lado, y con el respeto debido a las normas del Derecho
Internacional, otro de los objetivos del Reglamento (CE) y de esta Ley es
la consecución de un comercio leal evitando las posibles aplicaciones
extraterritoriales del Derecho de determinados países, aplicación
extraterritorial no admitida por la Comunidad Internacional.
El Reglamento (CE) número 2271/96, de 22 de noviembre, establece que será
cada Estado Miembro el que
determine las sanciones que deban imponerse en caso de vulneración de
cualquier disposición pertinente del mismo. A este fin responde la
presente Ley, con la cual se pretende lograr la tutela de los intereses
legítimos españoles, disponiendo los instrumentos jurídicos necesarios
para evitar los efectos de las disposiciones normativas que contravienen
el Derecho Internacional.
Esta Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales que la
Constitución atribuye en exclusiva al Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 149.1.3.ª, 10.ª y 13.ª, referidos a las relaciones
internacionales, el comercio exterior, y las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, respectivamente.
Artículo 1. Objeto
La presente Ley tiene por objeto la determinación de las sanciones que
corresponden a las infracciones que resultan de la aplicación en España
del Reglamento (CE) número 2271/96, de 22 de noviembre, relativo a la
protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la
legislación adoptada por un tercer país.
CAPITULO I
Infracciones
Artículo 2. Notificación e información sobre medidas extraterritoriales
1. Cuando los intereses económicos o financieros de cualquier persona
contemplada en el artículo 11 del Reglamento (CE) número 2271/96, se vean
afectados, directa o indirectamente, por las leyes enumeradas en el Anexo
de ese mismo Reglamento (CE) o por acciones basadas en ellas o derivadas
de ellas, esta persona lo notificará a la Comisión Europea en un plazo de
30 días a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la información.
Cuando se vean afectados los intereses de una persona jurídica, esta
obligación recaerá sobre los directores, ejecutivos y otras personas con
responsabilidad de gestión.
2. A instancia de la Comisión Europea o de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Hacienda, la persona facilitará toda la información pertinente
a los efectos del Reglamento (CE) número 2271/96, de acuerdo con la
solicitud recibida, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la
solicitud.
3. Toda la información será facilitada a la Comisión Europea directamente
o a través de la autoridad competente en el Reino de España para recibir
la información a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 2
del Reglamento (CE) 2271/96 del Consejo y que es la Secretaría de Estado
de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Hacienda.
4. El incumplimiento de los dispuesto en los apartados anteriores será
considerado infracción grave.
No obstante, el cumplimiento de la obligación de notificación a que se
refiere el apartado 1 de este mismo artículo fuera del plazo señalado y
con anterioridad a la recepción de la solicitud de información a que se
refiere el apartado 2 anterior, será considerado infracción leve.
Artículo 3. Denegación de cooperación
1. Ninguna persona contemplada en el artículo 11 del Reglamento (CE)
número 2271/96 respetará directamente o a través de una filial o
intermediario, de forma activa o por omisión deliberada, los requisitos o
prohibiciones, incluidos los requerimientos de Juzgados extranjeros,
basados en los textos legislativos que se enumeran en el Anexo del
Reglamento (CE) número 2271/96, o derivados de ellos directa o
indirectamente, o en las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos.
2. El incumplimiento de la prohibición establecida en el apartado
anterior será considerada infracción grave.
CAPITULO II
Régimen sancionador
Artículo 4. Responsables de las infracciones
1. Se consideran responsables de las infracciones que se establecen en la
presente Ley las personas contempladas en el artículo 11 del Reglamento
(CE) número 2271/96.
2. En el caso del último inciso del apartado 1 del artículo 2 de la
presente Ley responderán solidariamente la persona jurídica y los
directores, ejecutivos, y otras personas con responsabilidad de gestión.
3. Estará exonerado de responsabilidad quien incumpla lo establecido en
el apartado 1 del artículo 3 de la presente Ley, cuando haya obtenido
previamente la autorización de la Comisión Europea a que se refieren los
artículos 5 y 7.b) del Reglamento (CE) número 2271/96.
Artículo 5. Sanciones
1. Las infracciones a las que se refiere la presente Ley serán
sancionadas:
a) Con multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas cuando la infracción
sea de carácter leve.
b) Con multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas cuando la
infracción sea de carácter grave.
2. La determinación de la cuantía de las multas señaladas en el apartado
1 de este mismo artículo dentro de los referidos límites se hará
atendiendo en cada caso a la cuantía de los intereses económicos o
financieros afectados, la reiteración en la comisión de infracciones y el
grado de intencionalidad.
Cuando los intereses económicos o financieros afectados excedan la
cantidad de 1.000 millones de pesetas,
la infracción grave podrá ser sancionada con una multa superior a
10.000.000 de pesetas, proporcional a los intereses económicos o
financieros en presencia y con un máximo de 100.000.000 de pesetas.
Artículo 6. Procedimiento sancionador
1. Las infracciones recogidas en la presente Ley será sancionables de
conformidad con lo establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en las normas reglamentarias que
desarrollan la potestad sancionadora.
2. La competencia para iniciar el procedimiento sancionador corresponderá
al Director General de Comercio Exterior.
3. Serán órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador:
a) El Consejo de Ministros, si la sanción es superior a 10.000.000
de pesetas.
b) El Ministro de Economía y Hacienda, si la sanción es superior a
5.000.000 y no excede de 10.000.000 de pesetas.
c) El Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa cuando la sanción no exceda de 5.000.000 de pesetas.
Artículo 7. Multas coercitivas
1. El Ministro de Economía y Hacienda, independientemente de las
sanciones que correspondan, podrá imponer, previo apercibimiento, multas
coercitivas cuando las personas requeridas a dar información a la
Comisión Europea o a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo con lo establecido en el artículo 2
del Reglamento (CE) número 2271/96 y en el artículo 2.2 de la presente
Ley, no atiendan ese requerimiento.
2. Las multas a que se refiere el apartado anterior se impondrán por un
importe de 500.000 a 1.000.000 de pesetas, se reiterarán en lapsos de
tiempo que sean suficientes para atender el requerimiento, y tendrán un
máximo global en su cuantía de 5.000.000 de pesetas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Actualización de sanciones
Se faculta al Gobierno para actualizar mediante Real Decreto el importe
de las sanciones previstas por esta Ley.
Segunda. Facultades de desarrollo
Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda, las disposiciones necesarias para el desarrollo
de la presente Ley.
Tercera. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».