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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 84-3, de 17/10/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 17 de octubre de 1997 Núm. 84-3
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
121/000082 Presupuestos Generales del Estado para 1998.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (núm.
expte. 121/000082).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de José María Chiquillo
Barber, Diputado de Unió Valenciana (UV), al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de totalidad por
la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
Madrid, 15 de octubre de 1997.--José María Chiquillo Barber, Diputado por
Valencia (UV).--Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Don José María Chiquillo Barber
(Grupo Mixto-UV).
José María Chiquillo Barber, Diputado de Unió Valenciana, adscrito al
Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en los artículos
110 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, con solicitud de devolución
del mencionado Proyecto de Ley al Gobierno para su reforma.
JUSTIFICACION
Una nota caracteriza el Proyecto de Presupuestos presentado por el
Gobierno: el continuismo. El Gobierno vuelve a plantearse la reducción
del gasto público y el cumplimiento del Programa de Convergencia como
objetivos primordiales de su política económica. Unión Valenciana
comparte también la importancia de la consecución de estos objetivos,
pero constatamos de nuevo que el camino elegido para lograrlo es errado,
además de dejar de actuar sobre otras problemáticas no menos importantes.
Muchas podrían señalarse pero a nuestro entender es muy importante que se
deja de actuar sobre una carencia básica: la vertebración económica del
Estado español. Una política monetarista como la que adopta el Gobierno
(que ha hecho suya la bandera de la «no intervención» en la Economía),
sólo resulta efectivamente neutra cuando se parte de una realidad
socioeconómica y un nivel de infraestructuras homogéneo en cada una de
las Comunidades Autónomas que forman el Estado español.
La realidad es, en cambio, muy diferente. Que cada una de las Comunidades
Autónomas presentan unas características propias y a veces, únicas, es
una circunstancia que el Gobierno no parece dispuesto a admitir. A pesar
de ello, con la seguridad de conocer perfectamente la situación económica
de la Comunidad Valenciana, podemos afirmar que ésta es muy distinta a la
imagen idílica que de nuestra Comunidad parece tener este Gobierno.
En la Comunidad Valenciana tenemos el pesado honor de tener una tasa de
paro por encima de la media, para
hallarnos por debajo de la misma en todo lo demás. El importe de los
salarios que perciben los valencianos está por debajo de la media. Las
pensiones que perciben nuestros jubilados están por debajo de la media.
La Comunidad Valenciana creció en 1996 un 1,93% frente a un crecimiento
del 2,7% en el que se situó la media nacional. Por si fuera poco la
Comunidad Valenciana crecerá, según todas las previsiones, una décima por
debajo de la media nacional en 1998.
A esta situación nada halagüeña vienen a concurrir otros factores,
algunos nuevos otros seculares, que no hacen sino ensombrecer doblemente
el panorama de la recuperación de nuestra economía. Entre los nuevos, por
citar un ejemplo, cabe destacar la posibilidad más que probable de que la
Comunidad Valenciana deje de ser considerada Objetivo Número Uno en el
reparto de los Fondos FEDER por parte de la Comunidad Económica Europea,
circunstancia ante la cual el Gobierno no ha dado una respuesta
satisfactoria. Los antiguos no por conocidos son menos importantes: un
nivel de infraestructuras insuficiente que estrangula el desarrollo de
nuestra economía, entre los que el AVE Madrid-Valencia es su ejemplo mas
señero aunque no el único. Y cuando existen resultan muy caras para el
usuario como sucede con la Autopista A-7. O a otro nivel un sistema de
financiación de las autonomías históricamente mal diseñado que ha
generado una deuda acumulada con la arcas de la Generalitat Valenciana
que el Gobierno nunca se haya dispuesto a liquidar.
Y para solucionar toda esta problemática la respuesta del Gobierno no
puede ser más desalentadora. Para empezar se reduce en un 1,9% respecto a
1997 la cantidad a percibir por la Comunidad Valenciana por parte del
Fondo de Compensación Interterritorial. Por otra parte los Presupuestos
Generales del Estado para 1998 tan sólo destinan inversiones valoradas
(una vez descontados los efectos de la «contabilidad creativa» utilizada
por el Gobierno) en poco más de 25.000 millones de pesetas a la Comunidad
Valenciana. Cantidades absolutamente insuficientes e inaceptables, que
justifican por sí solas nuestro rechazo frontal al Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno.
Madrid, 7 de octubre de 1997.--José María Chiquillo Barber, Diputado de
Unió Valenciana (Grupo Parlamentario Mixto).--Begoña Lasagabaster
Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Doña Pilar Rahola i Martínez
(Grupo Mixto-PI).
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Pilar Rahola i Martínez,
Diputada por Barcelona (PI), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de
devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1998 (Proyecto 121/000082)
JUSTIFICACION
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998 se enmarca en
la necesidad de cumplir los criterios de convergencia para la entrada en
la Unión Europea, objetivo que ha de proporcionar a las economías del
estado español un entorno de estabilidad adecuado para mejorar su
competitividad a medio y largo plazo.
Pasados los ejercicios anteriores, de fuerte reducción del gasto público,
la mejoría de la mayor parte de los indicadores macroeconómicos, así como
la notable reducción del peso del condicionante presupuestario de los
gastos de la deuda, debería redundar en una política presupuestaria que,
en primer lugar, avanzase en la corrección de algunos desequilibrios
sociales --principalmente los derivados de la desocupación-- y
territoriales, y que, en segundo lugar, devolviese los niveles de
inversión pública a cifras equiparables a los ejercicios anteriores al
ajuste presupuestario.
Sin embargo, el proyecto de presupuestos presentado a la Cámara realiza
de forma insuficiente ambos objetivos y avanza en un modelo fiscal
regresivo, ya esbozado en anteriores medidas presupuestarias y fiscales
del actual gobierno, en el cual se incrementa el peso de los impuestos
indirectos.
Por todo ello, creemos necesaria la devolución del actual Proyecto de Ley
al Gobierno.
Madrid, 14 de octubre de 1997.--Pilar Rahola i Martínez, Diputada por
Barcelona (PI).--Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
ENMIENDA NUM. 1 PRIMER FIRMANTE:
Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Francisco Rodríguez
Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda
de totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1997.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
JUSTIFICACION
El Bloque Nacionalista Galego, considera los Presupuestos generales del
Estado para 1998 continuistas, muy negativos para el reparto de la
riqueza y para la creación de empleo, y reincidentes en la marginación
estructural de Galicia.
Estos presupuestos para 1998, presentados por el Gobierno, demuestran
hasta qué punto el Ejecutivo supedita
toda su política a la obsesión monetarista derivada de las exigencias de
Bruselas. De hecho, maneja una precisión de déficit público (2,4) incluso
por debajo de los criterios de convergencia.
Por el contrario, el Gobierno no concede la necesaria atención al
desarrollo y potenciación de los sectores productivos ni fija como
prioridad las políticas contra el paro. La previsión de creación de
empleo está también por debajo de la del presupuesto de 1997. Una vez
más, el Gobierno privilegia la lucha contra la inflación, en línea
exclusivamente monetarista, y relega la necesaria generación de nuevos
puestos de trabajo.
Los trazos característicos de los presupuestos generales del Estado son:
1. El Gobierno no duda en recurrir a artificios contables. La reducción
de gastos se debe, básicamente, a motivos coyunturales (la baja de los
intereses de la deuda derivada de la baja de los tipos de interés), y a
la congelación práctica de los gastos corrientes en bienes y servicios.
Las cuentas están con todo, bajo un relativo y, muchas veces, aparente
control.
2. El Gobierno apuesta decididamente por una política de ajustes
monetaristas, con despreocupación por el empleo y por los salarios
reales, que en el mejor de los casos resultan prácticamente congelados.
Hay una actualización de salarios de los funcionarios (con un incremento
del 2,1%, la previsión de la inflación), pero esto no llega para
compensar el efecto negativo de 1997, cuando el poder adquisitivo de los
trabajadores de la función pública se vio directamente recortado al no
disfrutar de ningún aumento retributivo. Asimismo, la moderación salarial
propuesta para los trabajadores de la empresa privada reducirá todavía
más la capacidad de compra de amplios sectores sociales. Igual ocurre con
los pensionistas, a los que se les actualiza simplemente sus pensiones
(incremento del 2,1%, igual que la previsión de la inflación, sin ningún
crecimiento de poder adquisitivo).
3. Es sintomático de las prioridades del Gobierno que sean los
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Agricultura y Pesca los que
presenten reducciones de 5,4% y 4% respecto de 1997, respectivamente. El
de Industria y Energía duplica sus presupuestos, pero lo hace en función
de operaciones de crédito a empresas de construcción militar, un factor
que no representa nueva creación de sectores productivos, y de nula
eficacia en cuanto a la capitalización de las mismas.
4. La orientación de la política fiscal no cambia. Se continuará gravando
más los gastos de consumo (impuestos indirectos) de lo que las rentas y
el patrimonio (impuestos directos), en una relación de tres a uno. Las
tasas y los impuestos especiales aumentan, por más que se reduzcan
selectivamente algunos tipos, y nunca en una dirección progresiva.
El aumento de gasto en Educación (70.000 millones de pesetas) servirá
para subvencionar la enseñanza obligatoria y privada de la ESO en el
territorio MEC, y está por debajo de las necesidades del sistema y de su
mejora. Las Comunidades Autónomas, con competencias en materia educativa
desde hace años, seguirán sin contar con una partida especial para
financiar la aplicación de la reforma, lo que agudizará la mala situación
de la enseñanza originada, en casos como el gallego, por una mala
negociación en la transferencia del servicio. El incremento del gasto de
sanidad está por su parte, en función de las privatizaciones y de la
deuda contraída por este servicio público en todo el Estado.
En definitiva, estos presupuestos no tienen más perspectiva que la de
pasar el examen de Maastricht, sin tener en cuenta los efectos negativos
que de una política monetarista ortodoxa se derivan para la mayor parte
de la sociedad y para los territorios más desfavorecidos del Estado
español. No existe la menor apuesta por el fortalecimiento del aparato
productivo ni por defender los pilares básicos del bienestar social.
En cuanto a Galicia, el Gobierno opta por continuar manteniendo una línea
de marginación estructural:
a) Ausencia de inversiones en materia ferroviaria tanto por cuenta
de RENFE como de Fomento, como del Ente Público GIF.
b) Retraso en lo que se refiere a la terminación de las autovías
--las últimas del Estado--, en construcción desde 1992 y que se acabarán,
según los presupuestos en el 2001 (tramo de Pedrafita).
c) Imputación «regionalizada» a Galicia de lo que son proyectos e
inversiones a repartir con otras partes del Estado (en la construcción
militar, el LPD2, Fragatas F-100...) o promesas nunca verificadas (Fusa
Cetme 5,56') Aun dando por reales las cifras oficiales de inversiones en
Galicia, éstas arrojarían una diferencia de -14.988.709 millones de
pesetas en relación con las previsiones de 1997; 51.466.591 millones de
pesetas para el 98 frente a 66.455.300 en el 97. Más de la mitad,
corresponden siempre a las autovías.
Las inversiones de Medio Ambiente son las únicas que aumentan (4.387.311
millones de pesetas en el 98 frente a 3.835.500 en el 97), pero muy por
debajo de las necesidades, especialmente de saneamiento y depuración, y
de la propaganda oficial.
Podemos, pues, hablar de continuismo, marginación estructural, confusión
y propaganda, y pedrea, a la hora de valorar las inversiones
territorializadas en Galicia.
Por todo esto, pedimos la devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos
para 1998 al Gobierno.
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Doña Begoña Lasagabaster Ola zábal (Grupo Mixto-EA).
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), al amparo de lo dispuesto
en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda de
totalidad por la que se propone la devolución del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1997.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (EA).
JUSTIFICACION
La enmienda a la totalidad con petición de devolución del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 que se plantea se basa en
las siguientes consideraciones:
En primer lugar cabe destacar el incumplimiento de la atribución
competencial establecida en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (LO
3/1979, de 18 de diciembre) en materias básicas para el desarrollo del
autogobierno como son las relativas a la transferencia del régimen
económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía
del País Vasco), INEM, políticas de empleo y ejecución de la legislación
laboral (artículo 12.2 EAPV), así como de la Investigación Científica y
Técnica --en coordinación con el Estado-- (artículo 10.16 EAPV).
Las citadas transferencias pendientes, vitales para el desarrollo de
políticas sociales y económicas, que redunden en la calidad de vida y
bienestar de la ciudadanía vasca, se presupuestan y ejecutan a través de
los Presupuestos Generales del Estado y, concretamente, se contemplan en
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998, al igual que
un listado de cuarenta materias, todas ellas transferibles. Desde el
punto de vista de Eusko Alkartasuna, sólo esta situación justifica el
rechazo de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado para
1998.
Desde Eusko Alkartasuna, consideramos, además que este Proyecto de Ley
confía más en el buen comportamiento de la evolución de la Economía y,
por consiguiente, del ingreso. Por el contrario, no aborda con decisión
la contención del gasto publico, política que permite mantener con
seguridad objetivos presupuestarios y la entrada en la moneda única.
Desde una visión macroeconómica, este Proyecto de Presupuestos sólo puede
calificarse de continuista porque carece de iniciativa política. No
abordan reformas estructurales, una opción que es factible en una
situación de bonanza económica. En la atonía de sus programas no se
observa el desarrollo de políticas activas de creación de empleo, ni la
adopción de medidas tendentes a corregir y superar el problema más
importante y preocupante para el conjunto de los ciudadanos y las
ciudadanas del Estado, los altos índices de paro.
Junto a la ausencia de una política que impulse la creación de empleo, se
observa una regresión en la cobertura del desempleo que sufre una caída
del 2,7%.
En otro orden de cosas, nuevamente son los Ministerios de Defensa e
Interior los que se llevan las mayores dotaciones de inversión en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra.
Por el contrario, proyectos tan importantes para estos territorios como
«Y» ferroviaria vasca o el Canal de Navarra, reciben una dotación de 250
millones de pesetas en el primer caso y un tratamiento similar en el
segundo.
Por lo que se refiere a los Presupuestos previstos para I+D, adscritos en
su mayor parte a los Ministerios de Industria y Educación, siguen
anclados en porcentajes inferiores en relación con el PIB, reduciendo el
peso relativo de estas dotaciones respecto al de países del entorno
comunitario, quedando también muy por debajo del nivel relativo de lo
consignado en la mayor parte de Comunidades Autónomas. En este sentido,
se puede afirmar que este Proyecto de Ley no apuesta por un futuro de
progreso ni por una industria científica y tecnológicamente puntera.
Por último, Eusko Alkartasuna considera que la solidaridad con los Países
en vías de desarrollo sigue siendo una asignatura con calificación de
«deficiente».
ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:
Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo Mixto).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, se presenta enmienda a la totalidad, de devolución, al
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (núm.
expte. 121/000082).
JUSTIFICACION
El Partido Democrático de la Nueva Izquierda formula la presente enmienda
de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 1998, remitido
por el Gobierno a esta Cámara, postulando la devolución del proyecto de
ley para su reelaboración, por mantener una política tributaria que
profundiza en una distribución no equitativa de las cargas fiscales,
continuar con la pérdida de peso de la iniciativa pública en la economía
y carecer de actuaciones suficientes que, aprovechando el potencial de
las cifras macroeconomicas, generen mayor actividad y empleo. Son, en
conjunto, los Presupuestos contenidos en este Proyecto, la demostración
de la profundamente conservadora y regresiva política económica del
Gobierno del Partido Popular y sus socios parlamentarios.
En cuanto a las políticas concretas de gasto e inversión, las prioridades
que en el Proyecto de Ley aparecen como tales, olvidan actuaciones
decididas tendentes a la generación de empleo, especialmente entre
jóvenes, mujeres y mayores de cuarenta y cinco años. Se trata de
objetivos de impulso público, no necesariamente gestionados por el sector
público, sino en que se confieran responsabilidades a éste. También se
observa una falta de apoyo al empleo público y al trabajo realizado por
los empleados públicos, a los que se niega la recuperación del poder
adquisitivo perdido en los últimos años.
Las previsiones de ingresos, y su cimiento sustancial, la política
fiscal, mantienen un injustificado sistema de distribución de cargas
fiscales claramente regresivo, con un cada vez mayor peso de la
imposición indirecta, en detrimento de la directa, que, sin que suponga
en modo alguno, la garantía de mejorar el tejido productivo, beneficia a
las rentas más elevadas y, fundamentalmente, a las rentas del capital.
En este contexto, se profundiza en la política de privatización del ya
escaso sector público buscando, tan sólo,
la obtención de recursos financieros a corto plazo sin que, por otra
parte, haya garantías de que la propiedad resultante deje de distribuirse
entre determinados grupos de intereses, y renunciando a la búsqueda de
proyectos viables a medio plazo, además de a lo que constituye un valioso
patrimonio colectivo.
La mencionada pérdida de peso de la iniciativa pública en la economía no
viene impuesta como se podría argumentar, por el cumplimiento del
objetivo de déficit marcado por el Pacto de Estabilidad para los países
que entren en la primera fase de Unión Económica y Monetaria: este
objetivo o límite se sitúa claramente por encima de la previsión de
déficit que nos presentan estos Presupuestos. Esta situación es aún más
grave, por cuanto, por un lado, de las cifras de ejecución presupuestaria
derivada de ejercicios anteriores, se desprende un fuerte ahorro
producido por no haber ejecutado la mayor parte de las inversiones
previstas, y por otro, las previsiones de ingresos crecen por debajo de
lo que podrían hacer creer las cifras de crecimiento y la evolución del
ciclo económico. De este modo, España que debería y, como se ha visto,
podría llevar a cabo una política económica que eludiera los drásticos
recortes presupuestarios que se nos presentan, para generar empleo y
acomodar sus niveles económicos y de bienestar a la media de la Unión
Europea en un necesario ejercicio de convergencia social,
paradójicamente, se apunta con furor a la «ortodoxia económica» de una
reducción agresiva del déficit público, demostrando la ausencia de
voluntad política para aprovechar las potenciales ventajas que ofrecería
la mejor situación económica que se prevé.
No se aborda un esfuerzo suficiente en la mejora de servicios públicos
básicos, como en la Sanidad o la Educación, de manera que el nuevo
sistema educativo proyectado, fundamentalmente la aplicación de la ESO,
no recibirá los fondos necesarios para su implantación, a la vez que el
incremento de transferencias al sector privado duplica al previsto para
la enseñanza pública.
Falta una explicación profunda de las inversiones que se proyectan,
inversiones que, por otro lado, carecen de credibilidad real, si nos
atenemos al grado de cumplimiento, o mejor de incumplimiento, de las
mismas en el ejercicio anterior; mientras que se mantienen las técnicas
de contratación de obras extrapresupuestarias que impiden conocer a esta
Cámara el cumplimiento de las inversiones y su control. Faltan, además,
proyectos de protección y mejora del medio ambiente, que aseguren la
sostenibilidad de las inversiones y de los procesos productivos.
Son también unos Presupuestos fuertemente insolidarios, tanto en el
ámbito interno, por cuanto se reduce la cobertura de la prestación por
desempleo, como en su proyección exterior, ya que siguen sin cumplirse
los compromisos preelectorales del Partido Popular, en cuanto a la
asignación del 0,7% del PIB para la Ayuda al Desarrollo.
Cabe añadir, por último, el efecto negativo que produce y seguirá
produciendo con estos Presupuestos Generales del Estado, el nuevo sistema
de financiación autonómica y la limitación para el endeudamiento y la
deficiencia financiera de las Corporaciones Locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1997.--Cristina
Almeida Castro, Diputada del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda.--Manuel Alcaraz Ramos, Diputado del Partido Democrático de la
Nueva Izquierda.--Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Partido
Democrático de la Nueva Izquierda.--Begoña Lasagabaster Olazábal,
Portavoz del Grupo Mixto.
ENMIENDA NUM. 2
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la totalidad de devolución a los Presupuestos Generales del
Estado para 1998, publicado en el «BOCG», serie A, núm. 084-01, de 1 de
octubre de 1997 (núm. expte. 121/000082).
MOTIVACION
Los socialistas hemos impulsado desde el Gobierno y dado pruebas
suficientes desde la oposición de nuestro apoyo al proceso de
convergencia y a los ajustes necesarios en nuestro sistema económico para
lograr la integración en la Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, no
podemos compartir las vías y procedimientos utilizados por el Gobierno
para conseguir dicho objetivo, que sólo sirve de excusa al Gobierno del
PP para proceder a un ajuste presupuestario insolidario e injusto en el
reparto de sus costes.
Este ajuste ha venido recayendo en la población con menores rentas y se
ha basado, en una descapitalización del patrimonio colectivo y el
abandono de las responsabilidades que corresponden al sector público. De
esta forma, en los Presupuestos de 1998, ni se recupera el nivel de
inversión pública en infraestructuras y equipamientos, ni se dota
suficientemente el sistema de Salud y de Educación con lo que aumentarán
las desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales.
El Presupuesto utiliza procedimientos contables, que hurtan al Parlamento
la responsabilidad constitucional que tiene encomendada y le privan de la
información precisa para tomar decisiones.
Prueba de lo anterior es la despresupuestación de los ingresos por
privatizaciones, el tratamiento de las subvenciones a las empresas
públicas y la utilización que se hace de las cotizaciones contributivas
de la Seguridad Social, que pueden llevar a ésta a una situación
financiera grave.
En cuanto a los Ingresos, los Presupuestos para 1998 reflejan la pérdida
de capacidad recaudatoria del sistema fiscal, como consecuencia de las
medidas que sigue adoptando el Partido Popular en materia de tributación
de las rentas del capital y en beneficio de los sujetos pasivos de mayor
capacidad económica, trasvasando recursos desde el Sector Público al
privado que no garantizan que
se produzca la necesaria traslación del ahorro nacional hacia la
inversión productiva; prueba de ello es la menor capacidad estimada de
generación de empleo del año 1998 respecto a los anteriores.
El cumplimiento del objetivo de déficit se apoya así en un crecimiento de
los ingresos asociados a la fase expansiva del ciclo económico y en
fenómenos coyunturales (ingresos de privatizaciones, bajada de los tipos
de interés que será difícil mantener en el futuro), o en el diferimiento
de las obligaciones hacia ejercicios futuros, lo que compromete
gravemente la estabilidad exigida para el mantenimiento de nuestro país
en la Unión Económica y Monetaria.
Por todo ello, estos Presupuestos Generales del Estado para 1998
contribuyen al aumento de las desigualdades sociales y territoriales, no
abordan las reformas estructurales necesarias para mantener las
prestaciones sociales básicas y no resuelven los problemas financieros
existentes con criterios de solidaridad social, intergeneracional y
territorial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1997.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Manuel Eguiagaray
Ucelay.
ENMIENDA NUM. 3
PRIMER FIRMANTE:
Grupo Federal IU-IC.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la
siguiente enmienda a la totalidad de devolución, al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 (núm. expte. 121/000082).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 1997.--Pedro
Antonio Ríos Martínez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE DEVOLUCION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1998
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución
al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, por las siguientes razones:
-- Se trata de unos presupuestos elaborados independientemente de las
necesidades de la economía real y, muy especialmente, por no orientarse a
la creación de empleo y la reducción sustancial de la alta tasa de
desempleo que padece nuestro país, y que podríamos abordar con un
desarrollo solidario del crecimiento económico actual.
-- Consolidan un modelo de crecimiento desigual tanto en los ingresos
como en los gastos: el crecimiento económico no significa mayores
ingresos por impuestos directos de los beneficiarios de este crecimiento
y por contra se produce un incremento de la imposición indirecta,
consumo, tasas, precios públicos; con un fuerte incremento de los gastos
fiscales que hace más regresiva la política impositiva, los gastos son
regresivos e insolidarios por no hacer frente a las necesidades
prioritarias de los ciudadanos: el empleo, corrección de desequilibrios
territoriales y las desigualdades sociales.
-- Se cimenta en un concepto ultraliberal que desmonta el sector público
y deteriora sus servicios al reducir el peso del gasto del Estado con
relación al incremento de los ingresos y trasladar a la iniciativa
privada la prestación de los servicios públicos como la educación y la
sanidad.
-- Maquillan las cifras de los Presupuestos y déficit público, agudizando
las privatizaciones hasta 1,5 billones de pesetas, reduciendo las
transferencias del Estado a organismos prestadores de servicios y
empresas públicas en general e hipotecando futuros presupuestos con una
economía creativa que le cuesta arrancar (en el año 1997 no ha
funcionado), y que camufla contablemente para años futuros un gasto que
se ejecuta en éste.
El mal ejemplo del Estado como el mayor empresario del país que renuncia
a la oferta pública de empleo para mantener la calidad de los servicios
públicos (mientras que incrementan en 500 personas, el personal de
confianza del Presidente y los Ministros) y renuncia al mantenimiento del
poder adquisitivo de los dos millones de empleados públicos y la
revalorización de la pensión mínima acercándola al salario mínimo
interprofesional.
-- Constatan el fracaso del sistema de financiación autonómica al no
garantizar las transferencias de educación y por tanto la cesión del 30%
del IRPF, a la vez que ofrecen una imprevisión presupuestaria de las
cuantías a cada Comunidad Autónoma por la participación en los ingresos
del Estado, no precisan la distribución del Fondo de Nivelación, anulan
la deuda histórica a las Comunidades que lo tenían reconocido por el
Estatuto de Autonomía, mientras que los presupuestos son un verdadero
almacén que cuantifica las partidas precisas para el apoyo de CiU y
Coalición Canaria.
-- Son unos presupuestos condicionados por una política monetaria cuyo
único objetivo es el euro lo más rápidamente posible y al menor costo, al
que se supeditan criterios macroeconómicos que alejan la cohesión social
y económica de España en Europa y abren un marco presupuestario exigido
por el Pacto de Estabilidad que debilitará nuestra economía a favor de
las grandes economías y sus beneficiarios.
Por todo ello Izquierda Unida propone la devolución al Gobierno para su
reelaboración sobre la base de los siguientes criterios:
1. Una política fiscal sin privatizaciones, con una reducción
significativa de los gastos fiscales, un incremento de la progresividad
fiscal hacia plusvalías, rentas del capital, una reducción de la
imposición indirecta y de las tasas y la incorporación de tasas
finalistas hacia la energía con destino medioambiental.
2. Una política de gasto centrada en el incremento del empleo estable y
la drástica reducción de la contratación temporal con reformas legales y
fomento de ayudas al contrato de sustitución, drástica reducción de las
horas extraordinarias y reducción de la jornada laboral, todo ello unido
a un plan social de empleo de contratación pública a través de las
distintas Administraciones, así como la recuperación de capacidad
adquisitiva de los empleados públicos.
3. Un mayor protagonismo de la Administración Pública en políticas
activas, el incremento sustancial de la inversión y contención del gasto
militar reduciendo gasto corriente y modernización en el proceso de
ejército profesional, y destinando un incremento sustancial de la
inversión para corregir los desequilibrios territoriales, incidiendo
especialmente en la potenciación del transporte ferroviario y las
inversiones medioambientales.
4. Un aumento en la calidad y cantidad de los servicios públicos como
educación, investigación y desarrollo, justicia, cultura, sanidad,
etcétera, elevando esas partidas presupuestarias para mejorar los
servicios públicos que proporcionan.
5. Un sistema de financiación de los entes territoriales basado en mayor
dotación para los Municipios, sistema de financiación autonómica más
solidario y con reconocimiento de deuda histórica y una Administración
periférica más reducida y eficaz que facilite la ventanilla única.