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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 16-8, de 20/05/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A: 20 de mayo de 1997 Núm. 16-8
PROYECTOS DE LEY
DICTAMEN DE LA COMISION
121/000014Orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES del Dictamen emitido por la Comisión de Justicia e Interior
sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
(núm. expte. 121/14).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
La Comisión de Justicia e Interior, a la vista del informe emitido por la
Ponencia, ha examinado el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula
la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos (núm. expte. 121/14) y, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 116 del vigente Reglamento, tiene el honor de elevar al Sr.
Presidente de la Cámara el siguiente
D I C T A M E N PREAMBULO
El artículo 104.1 de la Constitución establece que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, para cuyo cumplimiento actúan con absoluto respeto a
la Constitución y al resto del ordenamiento, tal como recoge el mandato
constitucional en su artículo 9.1 y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5.1.
La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la
conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de
peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en
espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad al empleo de medios técnicos cada vez más
sofisticados. Con estos medios, y en particular mediante el uso de
sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento,
se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y
libertades de las personas.
Ahora es oportuno proceder a la regulación del uso de los medios de
grabación de imágenes y sonidos que vienen siendo utilizados por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, introduciendo las garantías que son
precisas para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución sea máximo y no pueda verse perturbado con un exceso
de celo en la defensa de la seguridad pública.
Las garantías que introduce la presente Ley en el uso de sistemas de
grabación de imágenes y sonidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, parten del establecimiento de un régimen de autorización
previa para la instalación de videocámaras inspirado en el principio de
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad e intervención mínima.
La autorización se concederá por los órganos administrativos que se
determinan previo informe
preceptivo, que será vinculante si es negativo, de una Comisión que
presidirá el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma correspondiente, y en la cual la presencia de miembros
dependientes de la Administración autorizante no podrá ser mayoritaria.
La Ley prevé, además de las instalaciones fijas de videocámaras, el uso
de videocámaras móviles con la necesaria autorización del órgano
designado al efecto, salvo en situaciones de urgencia o en las que sea
imposible obtener a tiempo la autorización, en las cuales se procederá a
comunicar su uso a la autoridad policial y a la Comisión. En todos los
casos la Comisión será informada periódicamente del uso que se haga de
las videocámaras móviles y tendrá derecho a recabar la correspondiente
grabación.
Las imágenes y sonidos obtenidos por cualquiera de las maneras previstas
serán destruidos en el plazo de un mes desde su captación, salvo que se
relacionen con infracciones penales o administrativas graves o muy graves
en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso
o con un procedimiento judicial abierto. El público será informado de la
existencia de videocámaras fijas y de la autoridad responsable y todas
las personas interesadas podrán ejercer el derecho de acceso y
cancelación de las imágenes en que hayan sido recogidos.
Finalmente, se dispone la inmediata puesta a disposición judicial de
aquellas grabaciones en las que se haya captado la comisión de hechos que
pudieran constituir ilícitos penales y, en previsión de que, por
circunstancias que deberán ser justificadas, no sea posible, se establece
la entrega de la grabación junto con el relato de los hechos a la
Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal.
La Ley lleva a cabo modificaciones en otras Leyes que, con el mismo fin
de protección de la seguridad de las personas y de los bienes y garantía
de los derechos y libertades, permitan dotar de mayor eficacia a las
previsiones de ésta. Así, introduce modificaciones en la Ley Orgánica
9/1983, de 15 de junio, Reguladora del Derecho de Reunión, y en la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, con la finalidad de atajar la violencia callejera que
eventualmente se produce con ocasión del ejercicio del derecho de reunión
y manifestación en lugares de tránsito público.
Corresponde al Estado, en el ejercicio de la competencia que le atribuye
la Constitución (artículo 149.1.29ª) en materia de seguridad pública, la
aprobación de la presente Ley que, por otra parte, en la medida en que
incide en la regulación de las condiciones básicas del ejercicio de
determinados derechos fundamentales, como el derecho a la propia imagen y
el derecho de reunión, debe tener en su práctica totalidad el carácter de
Ley Orgánica, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las
Comunidades Autónomas en esta materia de acuerdo con lo que dispongan sus
Estatutos de Autonomía.
Artículo 1.Objeto
1.La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares
públicos, abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de
contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así
como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones
relacionados con la seguridad pública.
Asimismo, esta norma establece específicamente el régimen de garantías de
los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos que
habrá de respetarse ineludiblemente en las sucesivas fases de
autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos
conjuntamente por las videocámaras.
2.Las referencias contenidas en esta Ley a videocámaras, cámaras fijas y
cámaras móviles se entenderán hechas a cualquier medio técnico análogo, y
en general a cualquier sistema que permita las grabaciones previstas en
esta Ley.
Artículo 2.Ambito de aplicación
1.La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos, en los
términos previstos en esta Ley, así como las actividades preparatorias,
no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a los efectos de lo
establecido en el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.
2.Sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en la
presente Ley, el tratamiento automatizado de las imágenes y sonidos se
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.
Artículo 3.Autorización de las instalaciones fijas
1.La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en
los términos del artículo 1.2 de la presente Ley está sujeta al régimen
de autorización, que se otorgará, en su caso, previo informe favorable de
un órgano colegiado presidido por un Magistrado y en cuya composición no
serán mayoría los miembros dependientes de la Administración autorizante.
2.Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado serán autorizadas por el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de que se trate, previo informe favorable de una
Comisión cuya presidencia corresponderá al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la misma Comunidad. La composición y el
funcionamiento de la Comisión se determinarán reglamentariamente.
3.No podrá autorizarse la instalación fija de videocámaras sin previo
informe favorable de la Comisión prevista en el apartado primero de este
artículo en el que se deberá acreditar, razonadamente, que dicha
instalación cumple los criterios establecidos en el artículo 4 de la
Presente Ley Orgánica.
4.La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada
y referida en cada caso al lugar público concreto que ha de ser objeto de
observación por las videocámaras. Dicha resolución contendrá también
todas las limitaciones o condiciones de uso necesarias, en particular la
prohibición de tomar sonidos, excepto cuando concurra un riesgo concreto
y preciso, así como las referentes a la cualificación de las personas
encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de imágenes y
sonidos y las medidas a adoptar para garantizar el respeto de las
disposiciones legales vigentes. Asímismo, deberá precisar genéricamente
el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara, sus
especificaciones técnicas y la duración de la autorización, que tendrá
una vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá de solicitarse su
renovación.
5.La autorización tendrá en todo caso carácter revocable.
Artículo 4.Criterios de autorización de instalaciones fijas
Para autorizar la instalación de videocámaras se tendrán en cuenta,
conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios:
asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus
accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional;
constatar infracciones a la seguridad ciudadana y prevenir la causación
de daños a las personas y bienes.
Artículo 5.Autorización de videocámaras móviles
1.En las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación
de videocámaras fijas, podrán utilizarse simultáneamente otras de
carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta
Ley, quedando en todo caso, supeditada la toma, que ha de ser conjunta,
de imagen y sonido a la concurrencia de un peligro concreto y demás
requisitos exigidos en el artículo 6.
2.También podrán utilizarse en los restantes lugares públicos
videocámaras móviles. La autorización de dicho uso corresponderá al
máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quien
atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de
filmación, adecuando la utilización del medio a los principios previstos
en el artículo 6.
La resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras
móviles se pondrá en conocimiento de la Comisión prevista en el artículo
3 en el plazo máximo de setenta y dos horas, la cual podrá recabar el
soporte físico de la grabación a efectos de emitir el correspondiente
informe.
En casos excepcionales de urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a
tiempo la autorización indicada en razón del momento de producción de los
hechos o de las circunstancias concurrentes, se podrán obtener imágenes y
sonidos con videocámaras móviles, dando cuenta, en el plazo de setenta y
dos horas, mediante un informe motivado, al máximo responsable provincial
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Comisión aludida en el
párrafo anterior, la cual, si lo estima oportuno, podrá requerir la
entrega del soporte físico original y emitir el correspondiente informe.
En el supuesto de que los informes de la Comisión previstos en los dos
párrafos anteriores fueran negativos, la autoridad encargada de la
custodia de la grabación procederá a su destrucción inmediata.
3.La Comisión prevista en el artículo 3 será informada quincenalmente de
la utilización que se haga de videocámaras móviles y podrá recabar en
todo momento el soporte de las correspondientes grabaciones y emitir un
informe al respecto.
4.En el caso de que las autoridades competentes aludidas en esta Ley lo
consideren oportuno, se podrá interesar informe de la Comisión prevista
en el artículo 3 sobre la adecuación de cualquier registro de imágenes y
sonidos obtenidos mediante videocámaras móviles a los principios del
artículo 6.
Artículo 6.Principios de utilización de las videocámaras
1.La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de
proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención
mínima.
2.La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando
resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la
seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
3.La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la
finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la
videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de
las personas.
4.La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable
riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un
peligro concreto, en el caso de las móviles.
5.No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del
interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del
titular o autorización judicial, ni de los lugares incluidos en el
artículo primero de esta Ley cuando se afecte de forma directa y grave a
la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones
de naturaleza estrictamente privada. Las imágenes y sonidos obtenidos
accidentalmente en estos casos deberán ser destruidas inmediatamente, por
quien tenga la responsabilidad de su custodia.
Artículo 7.Aspectos procedimentales
1.Realizada la filmación de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Ley, si la grabación captara la comisión de hechos que pudieran ser
constitutivos de ilícitos penales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
pondrán la cinta o soporte original de las imágenes y sonidos en su
integridad
a disposición judicial con la mayor inmediatez posible, y en todo caso en
el plazo máximo de setenta y dos horas desde su grabación. De no poder
redactarse el atestado en tal plazo, se relatarán verbalmente los hechos
a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal, junto con la entrega de
la grabación.
2.Si la grabación captara hechos que pudieran ser constitutivos de
infracciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana, se
remitirá al órgano competente, igualmente de inmediato, para el inicio
del oportuno procedimiento sancionador.
Artículo 8.Conservación de las grabaciones
1.Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su
captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o
administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con
una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o
administrativo abierto.
2.Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga
acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva,
confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de
aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en el artículo 10 de la
presente Ley.
3.Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes y sonidos obtenidos de
conformidad con esta Ley, salvo en los supuestos previstos en el apartado
1 de este artículo.
4.Reglamentariamente la Administración competente determinará el órgano o
autoridad gubernativa que tendrá a su cargo la custodia de las imágenes
obtenidas y la responsabilidad sobre su ulterior destino, incluida su
inutilización o destrucción. Dicho órgano será el competente para
resolver sobre las peticiones de acceso o cancelación promovidas por los
interesados.
Artículo 9.Derechos de los interesados
1.El público será informado de manera clara y permanente de la existencia
de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la
autoridad responsable.
2.Toda persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso y
cancelación de las grabaciones en que razonablemente, considere que
figura. No obstante, el ejercicio de estos derechos podrá ser denegado
por quien custodie las imágenes y sonidos, en función de los peligros que
pudieran derivarse para la defensa del Estado, la seguridad pública, la
protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de
las investigaciones que se estén realizando.
3.(Suprimido)
Artículo 10.Infracciones y sanciones
Cuando no haya lugar a exigir responsabilidades penales, las infracciones
a lo dispuesto en la presente Ley serán sancionadas con arreglo al
régimen disciplinario correspondiente a los infractores y, en su defecto,
con sujeción al régimen general de sanciones en materia de seguridad
ciudadana y de tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal.
Artículo 11 (Nuevo).Recursos
Contra las resoluciones dictadas en aplicación de lo previsto en esta
Ley, cabrá la interposición de los recursos ordinario en vía
administrativa, contencioso-administrativa así como los previstos en el
artículo 53.2 de la Constitución, en los términos legalmente
establecidos.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera (Suprimida).
Segunda
Las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de las
personas y los bienes y para el mantenimiento del orden público, con
arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos de Autonomía,
podrán dictar, con sujeción a lo prevenido en esta Ley, las disposiciones
necesarias para regular y autorizar la utilización de videocámaras por
sus fuerzas policiales y por las dependientes de las Corporaciones
locales radicadas en su territorio, la custodia de las grabaciones
obtenidas, la responsabilidad sobre su ulterior destino y las peticiones
de acceso y cancelación de las mismas.
Cuando sean competentes para autorizar la utilización de videocámaras,
las Comunidades Autónomas mencionadas en el párrafo anterior regularán la
composición y el funcionamiento de la Comisión correspondiente, prevista
en el artículo 3 de esta Ley, con especial sujeción a los principios de
presidencia judicial y prohibición de mayoría de la Administración
autorizante.
Tercera
Cada autoridad competente para autorizar la instalación fija de
videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberá crear
un registro en el que consten todas las que haya autorizado.
Cuarta
El artículo 4.3 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del
Derecho de Reunión, queda redactado de la siguiente forma:
«3.Los participantes en reuniones o manifestaciones que causen un daño a
terceros, responderán directamente
de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras
o promotoras de reuniones o manifestaciones, responderán de los daños que
los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir
contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a
su alcance para evitarlos.»
Quinta 1.Se da nueva redacción al artículo 23.c) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que
queda redactado de la siguiente forma:
«c)La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de
manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9,
10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho
de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o
promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de
infracción penal.
En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
cuya celebración se haya comunicado previamente a la autoridad se
considerarán organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas
que suscriban el correspondiente escrito de comunicación.
Aún no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación, también se
considerarán organizadores o promotores a los efectos de esta Ley, a
quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a
quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las
reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los
impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u
otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda
determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas.»
2.Se da nueva redacción al artículo 23 d) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que queda
redactado como sigue:
«d)La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de
tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran
los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983.»
3.Los actuales párrafos d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) y ñ)
del artículo 23 de la Ley Orgánica citada se convertirán en los párrafos
e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) respectivamente.
Sexta
Las autorizaciones de instalaciones fijas de videocámaras constituyen
actividades de protección de la seguridad pública realizadas al amparo
del artículo 149.1.29 de la Constitución y no estarán sujetas al control
preventivo de las Corporaciones locales previsto en su legislación
reguladora básica, ni al ejercicio de las competencias de las diferentes
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que deban respetar los
principios de la legislación vigente en cada ámbito material de la
actuación administrativa.
Séptima
Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre
los bienes afectados por las instalaciones reguladas en esta Ley, o
quienes los posean por cualquier título, están obligados a facilitar y
permitir su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad de
obtener, en su caso, la autorización judicial prevista en el artículo
87.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de
las indemnizaciones que procedan según las leyes.
Octava
1.Se considerarán faltas muy graves en el régimen disciplinario de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las siguientes infracciones:
a)alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre
que no constituya delito.
b)permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes y
sonidos grabados o utilizar éstos para fines distintos de los previstos
legalmente.
c)reproducir las imágenes y sonidos para fines distintos de los
previstos en esta Ley.
d)utilizar los medios técnicos regulados en esta Ley para fines
distintos de los previstos en la misma.
2.Se considerarán faltas graves en el régimen disciplinario de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las restantes infracciones a lo
dispuesto en la presente Ley.
Novena
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de
captación y reproducción de imágenes para el control, regulación,
vigilancia y disciplina del tráfico, se efectuará por la autoridad
encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, y demás normativa específica en la materia y con sujeción a lo
dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación
del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de
5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, en
el marco de los principios de utilización de las mismas previstos en esta
Ley.
Décima (Nueva)
El Gobierno elaborará, en el plazo de un año, la normativa
correspondiente para adaptar los principios inspiradores de la presente
Ley al ámbito de la seguridad privada.
DISPOSICION TRANSITORIA
Unica
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, se procederá, en su caso, a autorizar las instalaciones fijas de
videocámaras actualmente existentes, así como a destruir aquellas
grabaciones que no reúnan las condiciones legales para su conservación.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
El Gobierno en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta Ley aprobará las disposiciones
reglamentarias necesarias para su ejecución y desarrollo.
Segunda
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Palacio del Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 1997.--El
Presidente de la Comisión, Julio Padilla Carballada.--El Secretario de la
Comisión, Luis Alberto Aguiriano Forniés.