Año 1995 V Legislatura
Núm. 102



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 21 de diciembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados (continuación).

--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio
Nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 99, de fecha 24 de noviembre de 1995). (Número
de expediente S. 621/000099.) (Número de expediente C. D. 121/000079.)
Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades (publicados en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 336,
de fecha 25 de octubre de 1995, y 358, de fecha 18 de diciembre de 1995).

(Número de expediente (542/000026.)
Propuesta de la Comisión de Investigación para determinar las
responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación,
financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de
Justicia, para la disolución de la misma. (Número de expediente
650/000005.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que encargue un estudio exhaustivo sobre los riesgos del PVC, su uso y
aplicación, con indicación de los materiales plásticos alternativos y no
nocivos, para conseguir, mediante la normativa pertinente, una reducción
paulatina de uso en España (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre
de 1995). (Número de expediente 662/000169.)

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--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
muestra su apoyo a la ciudad de Almería para que sea sede de los Juegos
del Mediterráneo a celebrar en el año 2005 y por la que se insta al
Gobierno a que colabore financieramente y avale el proyecto presentado
por el Ayuntamiento de Almería para organizar dichos Juegos (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
358, de fecha 18 de diciembre de 1995). (Número de expediente
662/000170.)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que se
insta al Gobierno a que apoye activamente la negociación directa entre el
Reino de Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de las
demás partes implicadas, a fin de que pueda desbloquearse el proceso de
paz y celebrarse un referéndum libre y con garantías en el territorio del
Sahara Occidental (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 358, de fecha 18 de diciembre de
1995). (Número de expediente 662/000168.)



SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 5343)



De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio
Nacional (Página 5343)



El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




Se abre debate de totalidad.




El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. La señora Rojo Tudela, del Grupo Socialista, consume un turno
en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto; Sanz Cebrián, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, del Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, la señora Rojo Tudela, del Grupo Socialista, y el
señor Cárceles Nieto, del Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 2 votos a
favor, 211 en contra y 1 abstención.




Comienza el debate del articulado.




El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 4. La señora Rojo Tudela, del Grupo Socialista, consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz
Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Cárceles Nieto,
del Grupo Popular.




Se procede a votar.




Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del Grupo Mixto, por 4 votos a
favor y 210 en contra.




Se aprueba el texto del dictamen, por 215 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención.




El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.




DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 5348)



El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.




No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento.




PROPUESTA DE LA COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LAS
RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE RESULTEN DE LA CREACION, ACTUACION,
FINANCIACION Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION
(GAL), SIN PERJUICIO DE LA ACTUACION INDEPENDIENTE DE LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA, PARA LA DISOLUCION DE LA MISMA (Página 5348)



Intervienen los señores Martínez Sevilla, del Grupo Mixto; Ríos Pérez,
del Grupo de Coalición Canaria; Zubía Atxaerandio, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Beguer i Oliveres, del Grupo Catalán en el Senado



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de Convergència i Unió; Bayona Aznar, del Grupo Socialista, y Acebes
Paniagua, del Grupo Popular.




Los señores Martínez Sevilla, Bayona Aznar y Acebes Paniagua intervienen
de nuevo en virtud del artículo 87.




Se aprueba la disolución de la citada Comisión de Investigación, por 215
votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.




MOCIONES (Página 5363)



Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
encargue un estudio exhaustivo sobre los riesgos del PVC, su uso y
aplicación, con indicación de los materiales plásticos alternativos y no
nocivos, para conseguir, mediante la normativa pertinente, una reducción
paulatina de su uso en España (Página 5363)



El señor Alonso Colacios defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, del Grupo Mixto;
Sanz Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i
Oliveres, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Alonso
Colacios, del Grupo Socialista, y la señora de Lara Carbó, del Grupo
Popular. Interviene de nuevo el señor Martínez Sevilla.




Se aprueba la moción del Grupo Socialista, por 102 votos a favor, 3 en
contra y 104 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el Senado muestra
su apoyo a la ciudad de Almería para que sea sede de los Juegos del
Mediterráneo a celebrar en el año 2005 y por la que se insta al Gobierno
a que colabore financieramente y avale el proyecto presentado por el
Ayuntamiento de Almería para organizar dichos Juegos (Página 5369)



El señor Arance Soto defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Ríos Pérez, del Grupo de Coalición Canaria;
Sanz Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i
Sánchez, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bonilla
Rodríguez, del Grupo Socialista, y Arance Soto, del Grupo Popular.




Se aprueba la moción del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.




Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado por la que se
insta al Gobierno a que apoye activamente la negocia ción directa entre
el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de las
demás partes implicadas, a fin de que pueda desbloquearse el proceso de
paz y celebrarse un referéndum libre y con garantías en el territorio del
Sahara Occidental (Página 5374)



El señor Barbuzano González defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra la señora de Boneta y Piedra, del Grupo Mixto;
los señores Sanz Cebrián, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Beguer i Oliveres, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
la señora Flores Valencia, del Grupo Socialista, y el señor López
Henares, del Grupo Popular.




El señor López Henares, del Grupo Popular, interviene para señalar que
ésta no es la moción del Grupo de Coalición Canaria, sino que es una
moción consensuada, firmada por todos los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de la Cámara.




Se aprueba la moción del Grupo de Coalición Canaria, con las
modificaciones introducidas, por unanimidad.




Se levanta la sesión de las quince horas y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (continuación):



--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA
QUE SE MODIFICA LA LEY 23/1982, DE 16 DE JUNIO, REGULADORA DEL PATRIMONIO
NACIONAL. (S. 621/000099.) (C. D. 121/000079.)



El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de
junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Para presentar el dictamen, el Senador Agramunt tiene la palabra.




El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Con mucha brevedad voy a proceder a la exposición del dictamen del
proyecto de ley por el que se modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio,
reguladora del Patrimonio Nacional.




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El día 27 de octubre del presente año tuvo entrada en el Senado el
Proyecto de ley por la que se modifica a Ley 23/1982, de 16 de junio,
reguladora del Patrimonio Nacional, abriéndose un plazo de presentación
de enmiendas que terminó el día 10 de noviembre. A este Proyecto de ley
se presentaron una propuesta de veto y cuatro enmiendas, una y otras
formuladas por los Senadores señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez,
ambos integrados en el Grupo Parlamentario Mixto. La Comisión
constitucional, en sesión celebrada el pasado día 21 de noviembre, emitió
dictamen en los términos que figuran en la publicación correspondiente
sin introducir enmiendas en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados.

El proyecto de ley consta en su configuración actual de tres artículos y
una disposición final. Va precedido de un preámbulo, donde figuran con
claridad los objetivos fundamentales de este proyecto de ley, que son la
incorporación a la vigente Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que es
la Ley 23/1982, de 16 de junio, de nuevos instrumentos de conservación y
defensa del Patrimonio Nacional, así como la concreción de la parte del
Monte de El Pardo que debe incluirse en el correspondiente plan de
protección medioambiental y la asignación al Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional de las funciones inherentes a la gestión de los
espacios naturales.

Quisiera, con el permiso del señor Presidente, agradecer la amabilidad y
el buen trabajo de todos los miembros de la Comisión Constitucional en
esta legislatura, así como la amabilidad tenida con el Presidente de la
misma. Queda dicho.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.

Para defender la enmienda de veto presentada a este proyecto, tiene la
palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, presentamos nuestra
propuesta de veto al proyecto que modifica la Ley del Patrimonio Nacional
porque consideramos insuficientes las medidas que toma para la
preservación del medio ambiente, las constituciones de los patronatos,
etcétera. Pero fundamentalmente está motivada porque se quiere incluir el
Monte de El Pardo en la nueva figura que se crea en la Ley del Patrimonio
Nacional.

Señorías, esta Cámara --y ayer lo observamos en los debates que tuvimos
relativos a la iniciativa de las competencias gallegas, valencianas,
etcétera-- siempre ha sido sensible, y debería serlo cada vez más, a las
iniciativas que vienen de las Asambleas territoriales de las Comunidades
Autónomas. Pues bien, la Comunidad Autónoma de Madrid, por unanimidad de
todos sus grupos, en la legislatura pasada, en 1992, tomó el acuerdo
--repito, por unanimidad de todos los grupos-- de elevar al Congreso de
los Diputados un proyecto de ley para que el Monte de El Pardo fuera
declarado parque nacional y quedase incluido, por tanto, en la red de
parques nacionales. Repito, era voluntad unánime de la Cámara.

¿Qué es lo que ha ocurrido desde el trámite de la Asamblea de Madrid al
del Congreso de los Diputados? Como Senador que represento a la Comunidad
Autónoma de Madrid quiero manifestar en este momento lo que a nuestro
juicio ha ocurrido para que se cambie esta figura. Por tanto,
fundamentalmente me voy a referir a lo que yo considero que son las
connotaciones políticas que esta Cámara debería tener en cuenta.

De todos es sabido que el Monte de El Pardo ha sido desde los tiempos de
Felipe II patrimonio de la Casa Real, para su uso y disfrute, y no es
casual que al anterior Jefe del Estado se le conociera con el seudónimo
del enano de El Pardo. Pues bien, esto ha continuado así. Si ahora se
entiende que para salvaguardar mejor los intereses de la Casa Real, para
ser «agradadores» en el peor sentido, se le está haciendo un servicio a
la Casa Real, creo que nos estamos equivocando, que se están equivocando
sus señorías, fundamentalmente las que dieron su voto en la Asamblea de
Madrid para que fuera parque nacional. Se busca otra figura porque se
entiende que de esa manera se salvaguardan mejor los intereses de la
Corona. Pensamos que mal servicio se le hace en este sentido. Esta es una
reflexión que quería que se tuviera en cuenta en esta Cámara.

Hay antecedentes históricos en Madrid, en la Villa y Corte, que
aparentemente tiene unos privilegios y que históricamente ha pagado unos
tributos. Aunque sea un paréntesis, quiero reflejar aquí que desde la
periferia del Estado, desde las nacionalidades que componen la diversidad
de nuestro pueblo, desde las distintas regiones se habla, y se sigue
hablando, peyorativamente, cuando se refieren al Gobierno de la nación,
se refieren al Gobierno de Madrid.

Quiero reflejar aquí que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid,
que aunque sea de tercera tiene la vocación de ser una Comunidad Autónoma
con el mismo rango que las demás, lo preside el señor Ruiz-Gallardón, es
decir, hay un Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuando se hable del
Gobierno de España hay que hablar del Gobierno de España. Esto tiene
elementos culturales y políticos para mejorar el clima de la
supervivencia de nuestros distintos pueblos y culturas.

Hablando de la cultura madrileña, tengo que decir que históricamente el
pulmón de Madrid, las zonas verdes de Madrid --y sobre eso hay una
tradición histórica-- pasaron a ser patrimonio de los madrileños: el
parque de El Retiro pasó a ser patrimonio de los madrileños --era de la
Casa Real-- con la I República, tomen nota; la Casa de Campo, coto de
caza de la Casa Real, pasó a ser patrimonio de Madrid con la II
República, etcétera. Ahora al Monte de El Pardo, por salvaguardar esos
intereses que se podían haber salvaguardado declarándolo parque nacional
con todas las protecciones, repito nuevamente que se le está haciendo un
mal servicio, defender, si es que la intención es defender los
privilegios de la Casa Real en el Monte de El Pardo.

Hechas estas consideraciones, no me voy a detener mucho en explicar lo
que supone el Monte de El Pardo no solamente para Madrid, sino como un
ecosistema de interés nacional. De ahí que se pretendiera declararlo
parque nacional, porque reunía todas las condiciones. Es el único



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ecosistema mediterráneo de estas características que queda en Europa.

Consideramos que se salvaguarda mejor como parque nacional. Ya ha tenido
suficientes atentados. Recientemente, ha habido una gran polémica por el
cierre de la M-40.

El Monte de El Pardo se ha ido constriñendo. Las urbanizaciones están
llegando a sus puertas. Nosotros planteamos, ya que todavía estamos a
tiempo, no solamente salvaguardar el Monte de El Pardo con las
características de parque nacional, sino crear una zona de protección,
con la característica de parque nacional y parque de suelo de reserva,
para detener las urbanizaciones y para que los nuevos planes de urbanismo
tengan en cuenta la protección del Monte de El Pardo. No solamente es un
problema de los madrileños. El sistema de parque nacional --con las
características que ha caracterizado, valga la redundancia, al pueblo de
Madrid, que es un pueblo solidario, crisol de culturas, donde nadie se
siente forastero-- no tiene ninguna vocación chauvinista, sino que
pretende defender un patrimonio nacional, que es un patrimonio, en
definitiva, de todos los españoles.

Por todo ello presentamos nuestra proposición de veto, porque entendemos
que introducir como parte del patrimonio nacional el Monte de El Pardo es
hurtar la voluntad de los madrileños y la voluntad de la Cámara. Yo he
visto aquí a los Senadores que provienen de la Comunidad de Madrid y que
estaban en la anterior legislatura, que expliquen por qué han cambiado de
opinión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.

Turno en contra.

Tiene la palabra la Senadora Rojo.




La señora ROJO TUDELA: Señor Presidente, señorías, buenos días.

El portavoz de Izquierda Unida ha modificado, como era lógico, su
intervención en la Comisión, y me voy a permitir decir que yo creo que ha
mezclado muchísimos temas intentando confundir a la Cámara.

Estamos ante una modificación de Ley del Patrimonio Nacional con un
objetivo claro, que es la protección del medio ambiente, y, sin embargo,
¿qué nos dice el portavoz de Izquierda Unida? Nos habla de que estamos
ante una Cámara autonómica. No hemos tenido ninguna duda de que somos
sensibles a las propuestas no de una Cámara de tercera, como es la
Asamblea de Madrid, sino de una Comunidad como otra cualquiera, con los
mismos derechos y, sobre todo, con la misma capacidad de escucha en esta
Cámara.

La Asamblea de Madrid, en la votación que hizo sobre el Monte de El
Pardo, pretendía una mayor protección ambiental, y toda la Cámara,
exceptuando usted, estamos de acuerdo en que busca esa mayor protección.

Se puede buscar de dos formas, de tres, de cuatro; la Ley General de 1989
lo permite. El parque nacional es un medio de protección, pero éste
también lo es, y su señoría mezcla --digo que mezcla-- varios conceptos.

Dice, por un lado, que está al servicio de la Corona. Señor Nieto, qué
absurdo; lo que está diciendo es absolutamente ahistórico. Este monte
pertenecía a la Corona hasta 1931. En 1931, la República lo asimila como
bien de la República, y en 1940 como bien del Estado. Pero, siendo éste
el origen histórico, es bien cierto que, por la Constitución que todos
los españoles ratificamos, hemos dado a la Corona un papel como
representante de España. Y para eso, no para la Corona, sino para el
servicio de España, está el Monte de El Pardo, que, además de su bosque
mediterráneo, tiene una serie de edificios y de aportaciones culturales,
y ahí se sirve a España. Y a los madrileños, que usted también menciona,
el Monte de El Pardo, en sus condiciones actuales, que son buenas porque
no han sufrido grandes agresiones --luego se lo comentaré--, les sigue
sirviendo como pulmón, como oxígeno.

Dice también su señoría que ha habido presión urbanística, y yo le digo
que toda su intervención es un intento de mezclar una realidad con una
farsa. La presión urbanística sabemos que existe, y basta darse una
vuelta en tren o en coche cerca del Monte de El Pardo para verlo, y hay
que ser comprensivos: es evidente que la vida en Madrid es dura para las
personas, y nosotros somos solidarios con eso, pero, junto a la
comprensión, se ha demostrado una firmeza por parte del Gobierno y no se
ha permitido ningún tipo de agresión al Monte de El Pardo.

Ha mencionado usted también la M-40 y la N-VI, y yo le digo que son
servicios públicos, pero el Monte de El Pardo, en todos los años de la
democracia, no ha recibido agresiones. Está tan protegido como si hubiese
sido parque nacional y, no obstante, el Gobierno ha considerado que debe
darle un plus de protección, estando de acuerdo con lo que la Asamblea de
Madrid votó en su momento.

Por ello, yo no puedo comprender cómo llega al punto de hablar de la
Asamblea de Madrid y de los madrileños. ¿Se da cuenta usted de que este
monte y otras zonas pertenecen también a otras comunidades? Usted no está
siendo respetuoso. En la Asamblea de Madrid se ha llegado a una
determinación, pero tendrían que intervenir la Comunidad de Castilla y
León y los ayuntamientos, que me imagino que tendrían algo que decir
también. Si el objetivo de todos es la protección de esta zona
mediterránea, si incluso la Comunidad Europea la ha reconocido como zona
de reserva de aves por sus especiales características y por sus
condiciones, ¿qué podemos decir en contra de este proyecto de ley?
Yo creo sinceramente que su veto no tiene ningún sentido, y me gustaría
que recapacitara, que viera la parte positiva, que creo que es mucha, en
este caso.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno de portavoces. (Pausa.)
El Senador Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Dice su señoría que yo he mezclado, y yo le digo que he mezclado lo que
han mezclado y las presiones que ha habido para mezclar. Porque la
decisión de la Asamblea de Madrid



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es declararlo parque nacional, ¿por qué se busca luego la figura de
Patrimonio nacional y se hace la ley para meter el Monte de El Pardo en
otra figura que no es la que pide la Asamblea de Madrid y la que hemos
discutido aquí con el caso de Cabañeros y otro tipo de parques? Se busca
cambiar en esta ley la figura a la de Patrimonio nacional no por lo de la
Herrería, sino por el Monte de El Pardo, por presiones que ha habido y
que han llegado también a este grupo político. Lo que pasa es que este
grupo político ha entendido que no eran correctas esas presiones y no las
ha hecho caso y ha mantenido la posición que fijaron todos los grupos en
la Asamblea de Madrid. Ese es el problema de fondo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Senador Sanz tiene la palabra.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Sinceramente, no alcanzamos a entender la altura de este debate, porque
creemos que el tema es sumamente sencillo y están en tela de juicio tres
cuestiones. La primera, si se cumple o no el mandato constitucional del
artículo 45 de proteger el medio ambiente por parte de todos los poderes
públicos. Nosotros entendemos que el instrumento que la ley arbitra, que
son los planes de protección ambiental, pueden cumplir como cualquier
otro instrumento, o incluso mejor, y no entendemos, en esta línea
argumental, cómo están siendo condenados estos planes de protección
ambiental sin haber nacido a la luz jurídica. Nos resulta incomprensible.

Más preocupante es el tercer aspecto que queremos señalar, que es la
ausencia de posibilidad de participación en los municipios que estos
parajes están asentados, tanto en el proceso de planificación como en el
de ejecución de las medidas de protección ambiental.

Son tres aspectos que queríamos señalar y que creo que pueden informar
suficientemente sobre el tema y dejarlo bien enmarcado. De estos
argumentos, como sus señoría habrán comprendido, se deduce claramente
nuestra oposición frontal al veto que se ha planteado.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

El Senador Beguer tiene la palabra.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo ya
lo manifestó en Comisión y hoy no tenemos más que reiterar lo que en
aquellos momentos expresamos.

Este proyecto de ley que hoy se presenta como modificación de la Ley
23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional nos parece
escueta pero correcta con la finalidad que se plantea, que, en suma, no
es más que adecuar la protección del medio ambiente, dentro de esta Ley
de 1982, a las líneas en las que hoy en día se dirige toda esta compleja
temática.

Por otra parte, en el ínterin, se aprobó y está en vigor la Ley 4/1989,
de Protección de los Espacios Naturales, y entendemos por tanto que este
breve articulado completa y modifica la primera Ley mencionada y está en
línea de esta segunda. Por lo tanto, el resto del debate nos parece
innecesario y, por nuestra parte, vamos a apoyar el texto tal como se
presenta.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Rojo.




La señora ROJO TUDELA: Yo tampoco quiero prolongar el debate; sólo haré
una precisión a lo expresado por el señor Nieto.

Si su señoría me lo permite, decir que este proyecto de ley que se
presenta ha sido fruto o contra la decisión de la Asamblea de Madrid es
una inexactitud, puesto que la Ley de Patrimonio Nacional, con
connotaciones de protección medioambiental, es de 1982, y el voto de la
Asamblea es posterior. Lo que estamos ahora debatiendo es justo una
precisión, un apoyo a la Ley de 1982, una ley constitucional, por lo
tanto, anterior a la decisión de la Asamblea de Madrid. Como digo, es una
imprecisión.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Cárceles Nieto pide la
palabra.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Cárceles.




El señor CARCELES NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar a favor del veto
que se plantea por Izquierda Unida en un tema muy sencillo de comprender
y que ha sido introducido en razón del artículo 45 de la Constitución.

Señoría, en nuestro mandato constitucional no existe una obligación
concreta para tramitar necesariamente este asunto por la Ley 4/89 --como
se empeña Izquierda Unida-- para hacer un plan de ordenación de recursos
naturales, además, porque el legislador tuvo otra intención cuando
redactó la ley con la finalidad de ordenar nuevos espacios. No es el caso
del Monte de El Pardo, que está muy circunscrito y donde no se podrían
hacer zonas de protección progresiva como establecen los planes de
ordenación de recursos naturales y, por lo tanto, le serían de muy
difícil aplicación el enfoque y el espíritu de la Ley 4/89. Sin embargo,
el señor Nieto ha citado un buen ejemplo en donde un plan de ordenación
de recursos naturales sí tendría eficacia, el Parque Nacional de
Cabañeros, que es un supuesto absolutamente distinto del anterior.

La Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, que sí establece las medidas
necesarias en forma de planes de protección medioambiental como otro
recurso sujeto al mandato constitucional y que garantiza preservar el
medio ambiente, es un instrumento absolutamente válido, más sencillo, más
ágil para poder cumplimentar un cometido concreto. En esta ley que se
modifica, la reguladora del Patrimonio Nacional, se pueden hacer una
serie de propuestas,



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pero luego tienen que volver al Gobierno para su aprobación definitiva.

También hay un argumento de orden político, señor Nieto, y es que la
Asamblea de Madrid aprobó esta iniciativa por unanimidad. Y quiere que
sea así, igual que sucede en muchas otras Comunidades españolas. Por eso
precisamente estamos discutiendo hoy aquí, porque este tema no es
competencia de una Comunidad Autónoma en concreto, sino del Parlamento
nacional, sin menoscabo de que las Comunidades Autónomas, quizá con una
visión más localista del problema que la que se tiene desde el punto de
vista genérico del conjunto nacional, utilicen otro medio en concreto.

Nosotros creemos que el proyecto de ley es adecuado en los términos en
los que modifica la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, la garantiza
plenamente, y, por lo tanto, anunciamos nuestro voto en contra del veto
planteado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cárceles.

Vamos a someter a votación el voto particular número 1, propuesta de veto
firmada por los Senadores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, dos; en contra, 211; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Iniciamos a continuación el debate de las enmiendas números 1 a 4,
también suscritas por el Senador Nieto Cicuéndez.

Ruego silencio a sus señorías.

El Senador Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo con rapidez, a ver si tenemos más suerte o más
comprensión en estas enmiendas, porque en previsión de que la propuesta
de veto no prosperara, lo que intentamos con ellas es que la figura del
Patrimonio Nacional que se dedique al medio ambiente concrete con plazos
y medidas la debida protección de dicho Patrimonio Nacional en lo que se
refiere al citado tema.

Por tanto, las enmiendas están encaminadas a ese fin, así como a
concretar y a crear los instrumentos necesarios con que dotar al
Patrimonio Nacional para que pueda ejercer sus fines en tiempo y forma,
dado precisamente que va a ampliar su campo de actuación en el medio
ambiente. A ver si es capaz de hacerlo, aunque nosotros lo dudamos, de
ahí que hayamos presentado el veto. Insisto en que ya veremos si el
Patrimonio Nacional toma las medidas oportunas para que pueda cumplir las
funciones que sus señorías han dicho aquí respecto a una serie de
espacios protegidos, etcétera. Las cuatro enmiendas están encaminadas a
ese fin y por lo tanto yo no voy a argumentar mucho más.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora doña Estrella Rojo.




La señora ROJO TUDELA: Gracias, señor Presidente.

Voy a contestar al representante de Izquierda Unida desde el escaño
porque nada más voy a decirle tres palabras: si me pide comprensión, yo
le pido flexibilidad.

El señor representante de Izquierda Unida, ante la posibilidad de que no
gane el veto, traslada su contenido a las cuatro enmiendas para intentar
conseguir lo mismo. Yo le digo: parque nacional o nada; medio ambiente
sí, medio ambiente no. Este Proyecto de ley protegerá al medio ambiente
de forma adecuada. Este Proyecto de ley, por medio del consejo de
administración y el plan medioambiental, recibirá todas las aportaciones
posibles de universidades, Icona y otros organismos, por lo que,
representante de Izquierda Unida, le pediría que retirase estas
enmiendas, que no son sino un aspecto más de su falta de flexibilidad, y
no quiero decir de su falta de sensibilidad hacia el medio ambiente, que
es lo que en realidad nos unía como objetivo primordial.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.

Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Intervengo en este turno con el exclusivo objeto de dar por reproducidos
los argumentos que empleábamos en nuestra oposición al veto, los cuales,
por cierto, no han sido rebatidos por quien ahora enmienda el texto.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

En realidad utilizamos este turno simplemente para manifestar también
nuestra oposición a las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario
Mixto-Izquierda Unida y, por lo tanto, reiterar nuestra conformidad con
el texto.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Cárceles
Nieto.




El señor CARCELES NIETO: Gracias, señor Presidente.




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Seré muy breve porque voy a dar por reproducidos los argumentos que hemos
expuesto en el debate del veto y sólo quiero añadir una cosa muy
sencilla, señor Nieto: han planteado estratégicamente mal la técnica
parlamentaria adecuada para contribuir con las enmiendas a obtener un
resultado, un objetivo más adecuado a las pretensiones de su Grupo.

Porque, señoría, al reproducir literalmente en las enmiendas los motivos
del veto, si acabamos de debatir éste y ha obtenido un rechazo con un
criterio general, fundado --y como, además, según ha dicho el Senador
Sanz, no hemos recibido una contraargumentación razonable para que
pudiéramos abdicar de una posición concreta, porque es evidente el
planteamiento tal como lo tenemos presentado--, creemos que no es
adecuado someter unas enmiendas del mismo corte que establece el veto,
enmiendas que, por tanto, afectan a la esencia misma de la ley. Ello
lleva consigo que desde ningún concepto podamos producir alguna
modificación o dar satisfacción a su señoría en alguna pretensión sobre
este asunto, repito, las enmiendas afectan directamente al concepto
íntimo de la propia ley y, por lo tanto, del veto planteado. En
definitiva, si con mucho gusto podríamos haber considerado algún matiz
separado que pudiera mejorar la Ley, no es posible precisamente por razón
de la técnica parlamentaria que ha utilizado su Grupo.

Muchas gracias, Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a someter a votación las enmiendas números 1 a 4, suscritas por los
Senadores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, cuatro; en contra, 210.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación el texto del dictamen.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 215; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, por lo tanto, definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio
Nacional. Gracias.




--DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)



El señor PRESIDENTE: Séptimo punto del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Incompatibilidades.

La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictámenes sobre la
situación de 39 Senadores con arreglo a la legislación vigente. Toda vez
que la Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación con los
Senadores cuya situación ha examinado, ha emitido, de conformidad con el
artículo 16 del Reglamento del Senado, dictámenes de lista que han sido
publicados en los boletines correspondientes.

Ruego al Presidente de la Comisión, Senador Arévalo, que exponga el
dictamen.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, la Comisión de
Incompatibilidades, en su sesión celebrada el día 17 de octubre de 1995,
aprobó por unanimidad dictamen de lista de treinta y tres señores
Senadores a los que considera que no están incursos en ninguna causa de
incompatibilidad.

Igualmente, la Comisión, el día 13 de diciembre de 1995 y también por
unanimidad, aprobó otro dictamen de lista por el que considera que no
están incursos en ninguna causa de incompatibilidad otros seis señores
Senadores.

Con esto queda concluido el dictamen de todos los señores Senadores
incorporados a la Cámara después de las elecciones regionales del pasado
mes de mayo y todos aquellos que han sustituido a otros que lo eran con
anterioridad y que dejaron de serlo por distintas causas. No están
incluidos, naturalmente, los recientísimamente incorporados a la Cámara,
designados por el Parlamento de Cataluña.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Señores portavoces? (Pausa.) No hay intervenciones. Propongo a la
Cámara, por lo tanto, que queden aprobados por asentimiento los
dictámenes emitidos por la Comisión de Incompatibilidades. (Pausa.) Así
se declara. Quedan aprobados los dictámenes emitidos por la Comisión de
Incompatibilidades en los términos que aparecen publicados en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 336, con fecha
25 de octubre de 1995, y 358, con fecha 18 de diciembre de 1995.

Muchas gracias.




--PROPUESTA DE LA COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LAS
RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE RESULTEN DE LA CREACION, ACTUACION,
FINANCIACION Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION
(GAL), SIN PERJUICIO DE LA ACTUACION INDEPENDIENTE DE LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA, PARA LA DISOLUCION DE LA MISMA. (650/000005.)



El señor PRESIDENTE: Décimo punto del orden del día: Propuesta de la
Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas
que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de
los grupos antiterroristas de liberación (GAL), sin perjuicio de la
actuación independiente de los tribunales de justicia, para la disolución
de la misma.




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Como fue estudiado en la Junta de Portavoces y acordado por la Mesa,
vamos a proceder a dar la palabra, por orden de los grupos
parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto del Senado.

Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, Presidente.

Señorías, venimos hoy aquí a esta Cámara a debatir y a votar la
disolución de una comisión que se inició con todas las expectativas
posibles, una comisión que recuerdo que, en una sesión de tarde, convocó
a todos los medios de comunicación y a buena parte de las expectativas de
este país para investigar una de las tramas que durante los últimos meses
han sacudido más, no sólo la conciencia, sino también la preocupación de
los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Una comisión que nacía
con la expectativa de que esta Cámara Alta pudiera ejercer la función de
control del Gobierno, no sólo a través de las preguntas e interpelaciones
cada quince días sino, de una forma muy especial y más completa, a través
de esta Comisión de Investigación. En suma, una Comisión de Investigación
que venía a responder, no sólo a la posibilidad constitucional de esta
Cámara de hacerlo, sino también a la necesidad de la sociedad española, a
la necesidad del conjunto de la ciudadanía, a la necesidad que se había
demostrado largamente durante los meses anteriores, de poner en claro, de
delimitar todas, absolutamente todas las responsabilidades políticas que
pudiera haber habido en la trama, en --como decía el título de la propia
Comisión-- la organización, el encubrimiento, la financiación de las
actividades de la trama GAL.

Sin embargo, escasamente dos semanas después de la suspensión de los
trabajos por parte de la Comisión, ésta ha acabado en una decepción
generalizada, tanto por parte de las expectativas despertadas en la
ciudadanía a que antes me refería, como por parte de los trabajos que los
propios grupos parlamentarios han llevado a cabo en ella. Una Comisión
que se ha saldado con una comparecencia de contenido --únicamente la de
Rafael del Río, antiguo ex Director General de la Policía--, con dos
comparecencias prácticamente sin contenido --las de los señores Enrique
de Federico y Francisco de Fuentes-- y con una suspensión acelerada del
resto de los trabajos de la Comisión.

Nosotros entendemos que esta Cámara, en cualquier manera, no debía
permitir en ningún caso --y ése va a ser el sentido del voto que voy a
defender-- que esa decepción, que esa frustración se consumase. Esta
Comisión empezó con un trabajo intenso por parte de algunos grupos
parlamentarios, y aunque únicamente cuatro de los que estábamos presentes
en ella presentamos un plan de trabajo, sin embargo, de esos cuatro
planes de trabajo cabría deducirse, y de hecho se deducía, la posibilidad
de numerosas comparecencias, la posibilidad de obtener numerosa
documentación, la posibilidad, en definitiva, de realizar un estudio
abundante para la determinación de esas responsabilidades políticas. Tres
Grupos Parlamentarios solicitamos comparecencias: el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Mixto. Dentro de éste, las comparecencias, además, fueron a su vez
trabadas, entroncadas con un criterio que abarcaba al conjunto de los
elementos del Grupo. Tanto el Senador de Convergencia de Demócratas de
Navarra, José Iriguíbel, como la Senadora de Eusko Alkartasuna,
Inmaculada de Boneta, participaron activamente en la determinación de
nuestra petición de comparecencia y en la elaboración de ese plan de
trabajo.

Este plan de trabajo era un plan ambicioso, era un plan que pretendía
llegar lejos. También lo era el del Grupo Parlamentario Popular, entiendo
que mucho más limitado que el del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos. He de manifestar aquí que, desde el primer momento,
la preocupación surgió por un plan de trabajo del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que no contemplaba en absoluto
responsabilidades políticas, un plan de trabajo que sólo atendía a la
comparecencia de guardias civiles, de policías nacionales o de otro tipo
de personas directamente implicadas en este asunto de una u otra forma
--familiares, periodistas, investigadores por otras razones
profesionales--, pero que no atendía a la comparecencia de ningún
político. Por aquel entonces hicimos la reflexión de que una comisión
para delimitar responsabilidades políticas debe citar a los responsables
políticos, y éstos eran todos los que tenían una responsabilidad política
en el momento de ocurrir los hechos, y eso, al menos y como mínimo,
incumbe, por supuesto, al Ministro del Interior, incumbe, por supuesto, a
los mandos por debajo del Ministro del Interior: Director General de la
Policía Nacional, Director de la Guardia Civil, gobernadores civiles y
otros cargos y mandos policiales. Por tanto, parece que, desde un primer
momento, esa delimitación de responsabilidades políticas no estuvo bien
entendida por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Sin embargo, no fue éste el sentido, no sólo de la intervención
en el Pleno del Senado, sino también de las manifestaciones en los días
que precedieron a la votación de la Comisión de Investigación en esta
Cámara. No fue ése el sentido. El sentido era la delimitación plena de
las responsabilidades políticas, ya que otro tipo de responsabilidades
deberían delimitarlas los tribunales de justicia. Ese fue el sentido,
tanto de las manifestaciones del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos como de la defensa en esta Cámara por parte del
mismo Grupo, de la necesidad de la creación de esta Comisión de
Investigación.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista no solicitó ninguna
comparecencia, pero sí pidió algunas cuestiones referentes a
documentación y a estudios.

Finalmente, la Comisión comienza sus trabajos con cierto retraso, pero
sobre todo los comienza con algunos golpes bajos, por qué no decirlo. El
Gobierno, que sigue escudándose en la Ley de Secretos Oficiales, no
remite a una Comisión de Investigación parlamentaria papeles, documentos
tales como los del Cesid, que entendíamos que eran imprescindibles para
la determinación precisamente de esas responsabilidades políticas, y no
entendemos cómo puede argüirse secreto oficial en un asunto de tal
dimensión política y que, por supuesto, no debe afectar en absoluto a esa
parcela de reserva, a esa parcela de secreto. Esos



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papeles deberían desclasificarse inmediatamente y, por supuesto, algunos
esperamos que si hay un cambio de gobierno en el próximo mes de marzo
esos papeles se desclasifiquen inmediatamente por quien corresponda en
ese preciso momento. No se entendería de otra manera que aquellos que
ahora han clamado por la claridad, por la transparencia, por sacar a la
luz esos papeles a la sociedad, a la ciudadanía, mantuvieran una postura
completamente distinta y completamente incoherente a partir del mes de
marzo. Por lo tanto, todos esperamos que en breve, de una forma o de
otra, esos papeles sean dados a conocer a la opinión pública y sean
desclasificados como secretos oficiales. De otra manera, podría parecer
que hay posturas interesadas.

Pues bien, la Comisión comenzó con esta negativa por parte del Gobierno y
siguió con algunos inconvenientes más, derivados fundamentalmente de una
intensa campaña que se produce por parte de miembros del Partido
Socialista y en otros ámbitos políticos cercanos para evitar la
comparecencia de algunos de los responsables políticos en aquella época
en que ocurrió la trama de los GAL; en concreto, para evitar la
comparecencia que habían sido aprobadas del señor Barrionuevo, del señor
Serra, de algunos gobernadores civiles y la de los señores Alvarez,
Planchuelo y Perote.

Esa intensa campaña por parte de algunos medios de comunicación, por
parte del entorno y de algunos miembros del Partido Socialista
finalmente, culmina --suponemos--, con algún tipo de acuerdo, con algún
tipo de entendimiento, cuya dimensión no alcanzamos a comprender, entre
el Partido Nacionalista Vasco y entre dos grupos que se habían
manifestado con antelación contrarios a esta investigación: el Partido
Socialista y el Grupo de Convergència i Unió.

La postura de estos dos Grupos no nos extrañó: el Partido Socialista y el
Grupo de Convergència i Unió ya se habían manifestado en contra de esta
Comisión de Investigación y ya tenían en parte también amortizada --todo
hay que decirlo con claridad-- su negativa a esta Comisión de
Investigación. La amortización en parte de esta negativa de investigación
incluye otras cuestiones --probablemente otros asuntos pendientes en
Cataluña, referentes a gobernabilidad-- pero, en parte, eso estaba
amortizado. Por el contrario, sí supuso una tremenda sorpresa el cambio
que operó el Partido Nacionalista Vasco, que pasó de un apoyo decidido a
la investigación de la trama de los GAL a, en definitiva, una postura que
daba de bruces a la Comisión ante una disolución anticipada; una postura
que, tras la presentación por parte del Grupo Socialista de una propuesta
de suspensión de siete comparecencias claves en la misma, la de los
señores Barrionuevo, Serra, Alvarez, Planchuelo, Perote, Julen Elgorriaga
y el que le acompañaba esa mañana --no recuerdo su nombre en estos
momentos--, tras la petición de esas suspensiones de comparecencia,
repito, el Partido Nacionalista Vasco manifiesta su apoyo a la suspensión
de las mismas.

Y no se entiende, señor Zubía, cómo los que dicen que cenar según con
quien es un acto de apología del terrorismo, pretenden que ese mismo con
el que se cena no comparezca para delimitar responsabilidades políticas
en una Comisión de Investigación. Los que dijeron que abandonaban la
Comisión Constitucional --entendemos que con razón, con argumentos
detrás--, porque precisamente había numerosos testimonios que le
implicaban en la trama de los GAL por los cuales, como mínimo, habría que
abrir un interrogante para delimitar si esos testimonios tenían o no
razón y, en definitiva, para aclarar esa duda; aquellos que dijeron que
no comparecían ante la Comisión Constitucional, que no irían más, que se
nieguen luego a tratar de examinar la posibilidad de investigación de
esas responsabilidades políticas en esta Comisión; no se entiende.

No se entiende que aquellos que dijeron que el señor Elgorriaga era el
dueño del Palacio de la Cumbre en San Sebastián, y que hicieron numerosas
declaraciones en este sentido con respecto a lo que ocurrió en ese
palacio y con respecto a unos hechos que todos, entiendo, calificamos
como tristes y lamentables, que se negaran a que el señor Julen
Elgorriaga compareciera en esa Comisión de Investigación precisamente
para delimitar esas responsabilidades políticas.

Por lo tanto, sorpresa mayúscula con el Grupo Nacionalista Vasco;
sorpresa mayúscula que ustedes tendrán que explicar a su electorado, que
tendrán que explicar al resto de la sociedad española, porque también
están en esta Cámara para dar razones ante el resto de la sociedad
española. Yo no sé si ustedes han pensado que, quizá, con las fiestas
navideñas, con el atracón de dulces navideños y con el inminente sorteo
de la lotería de Navidad --como decía un analista de medios de
comunicación en algún momento--, todas estas cuestiones iban a verse
sobrepasadas de inmediato ante la opinión pública y sólo después de las
Navidades iba a quedar en ella un recuerdo débil y sin mucho contenido.

En cualquier caso, hay algunos que pensamos que no; hay algunos que
pensamos que con este grupo o alianza que suspendió siete comparecencias
en la Cámara: la alianza del Partido Nacionalista Vasco, del Partido
Socialista y de Convergència i Unió, una alianza que ha imposibilitado
las comparecencias claves para la determinación de esas responsabilidades
políticas, nosotros entendemos que con esta alianza se dinamitaba, se
daba un golpe de muerte a la propia Comisión de Investigación.

Sin embargo, a ese golpe de muerte, a esa dinamitación de la Comisión de
Investigación se añadió una sorpresa posterior. Sin previo aviso, sin
figurar en el orden del día, sin dar siquiera tiempo a que los portavoces
y miembros de esa Comisión debatiéramos, reflexionáramos o pensáramos
sobre la conveniencia de esa propuesta, el Grupo Popular, inusitadamente,
de repente, presenta una propuesta de disolución de la Comisión de
Investigación como producto de un resorte mecánico, como producto de una
ofensa inmediata, en definitiva, como producto de una frustración alta.

Pero hay que recordarle al Grupo Popular que ese tipo de frustraciones y
ofensas no se pueden dar en la inmediatez de unos minutos, necesitan ser
maduras políticamente, reflexionadas en colectivo, ser tratadas con toda
la importancia que merece un hecho de estas características.




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Por ello, a muchos nos queda la duda de si el Grupo Popular no utilizó
una rendija abierta para terminar de abrir esa puerta por completo y de
echar por esa puerta abierta todas las posibilidades de investigación que
quedaban. Porque quedaban todavía comparecencias muy interesantes y,
sobre todo, quedaba tiempo parlamentario para seguir tratando de
encontrar nuevos comparecientes, para seguir tratando de encontrar
criterios políticos que pudieran traer a esta Cámara nuevos
comparecientes, nueva documentación o nuevas posibilidades de
investigación. Esa misma mañana estaba la comparecencia del general
Bastos y del general Manglano; al día siguiente la comparecencia de los
ex Fiscales Generales del Estado, señores Moscoso y Hernández, la del
general Sáenz de Santamaría, la de Gobernadores Civiles como Iñaqui López
y Julen Elgorriaga. Entendemos que todas esas comparecencias, y muchas
otras que probablemente podrían haberse retomado, como la del señor
Alvarez, como la del señor Planchuelo, como la del señor Perote, merecían
que la Comisión de Investigación hubiese quedado activa e investigando,
por la propia dignidad de esta Cámara, por la propia dignidad de la
Comisión de Investigación, todo el tiempo que hubiera sido posible.

Por lo tanto, esa propuesta nos pareció temeraria en aquel momento, y hoy
nos parece completamente indeseable. La Comisión de Investigación se ha
saldado de una forma ridícula, esto es, no atendiendo a ninguno de los
compromisos que contrajo ante esta Cámara. Hoy tendríamos que estar
debatiendo aquí un informe de esa Comisión de Investigación, con mayor o
menor acuerdo pero, en todo caso, con mayoría, sobre lo que hubiese
podido delimitar de responsabilidades políticas allí hasta donde las
hubiera; un informe que contase con la documentación presentada y con los
testimonios allí demandados y contrastados. Sin embargo, no hemos sido
capaces de hacer eso.

Por tanto, queda abierto un vacío, queda abierta la cuestión de la trama
de los GAL desde un punto de vista parlamentario. Todos confiamos en que
el Poder Judicial no se deje presionar por unas cosas, ni por otras.

Todos confiamos en que el Poder Judicial no atienda a las presiones de
las cenas, ni del generalato. (Rumores.) Todos confiamos en que, por
supuesto, en el futuro tiene que seguir existiendo una investigación
parlamentaria de los GAL, porque las responsabilidades políticas no se
pueden delimitar en un juzgado; sería una invasión de competencias del
Poder Judicial precisamente en el Poder Legislativo, porque la separación
de poderes de esta democracia así lo exige. Y esa separación de poderes
también exige que únicamente los Parlamentos puedan hacer el control
parlamentario y la delimitación de las responsabilidades políticas y,
además, únicamente una Cámara, que es el Congreso de los Diputados, puede
exigirla en la forma más contundente posible que es la moción de censura.

Por tanto, esto sigue quedando pendiente para el parlamentarismo español.

Y lo que es más grave, no es sólo una asignatura académica, no es sólo
una asignatura parlamentaria, es también una asignatura pendiente de la
ciudadanía; es también una asignatura pendiente del pueblo español que,
después de numerosos sobresaltos todos estos meses, después de numerosas
cuestiones pendientes y de numerosas dudas respecto a la investigación de
la trama GAL, se ha sentido desbordado, decepcionado y frustrado por el
cierre inopinado de esta Comisión de Investigación.

Voy a ir acabando, señorías (Rumores.), con una reflexión final, lo
manifesté aquí el día que votamos esta Comisión de Investigación.

Probablemente hubo quien descorchó botellas de champán el día que
cerramos esa Comisión de Investigación; los mismos que, días después,
asesinaron salvajemente a seis personas en Madrid; los mismos que días
después han asesinado a una persona más en Valencia. Esos, probablemente
se alegraron, y mucho, del cierre de esta Comisión de Investigación. Esos
encuentran justificación en su discurso de violencia precisamente con la
existencia de esta zona oscura, de esta zona sin investigar, de estas
tremendas dudas sobre el estado, que en muchos casos son más que dudas,
son testimonios, sobre violaciones del Estado de Derecho durante todos
estos años. Los violentos de ETA y los que les apoyan no podrían haber
encontrado un argumento mejor. Ellos se opusieron desde el primer momento
a esta Comisión de Investigación. Repasen su prensa, repasen sus órganos
de expresión que son públicos y se venden en los kioscos. Ellos desde el
primer momento se opusieron y dijeron: esta Comisión de Investigación no
va a tener ningún resultado; esta Comisión de Investigación es una
mascarada; esta Comisión de Investigación no llegará ninguna conclusión.

Los que hoy desde el Parlamento disolvemos esta Comisión de Investigación
--disolvemos sin algunos votos, porque ya he anunciado que el voto de
este portavoz va a ser no a esa disolución-- estamos haciendo un flaco
favor a la democracia, estamos dando argumentos para que los violentos de
ETA ganen en esa pugna política, que es una pugna que, en definitiva,
pretende enfrentar los métodos democráticos con los métodos de la
violencia. Esos son los que están ganando con esta disolución de la
Comisión de Investigación. Esos son los que cada día tienen más
argumentos entre los suyos para defender que la violencia es la que debe
seguir existiendo, un argumento que no se sostiene en ningún Estado
democrático y de Derecho.

Por tanto, señorías, creo que hoy aquí votamos algo triste; votamos una
propuesta que nunca debería haber llegado a esta Cámara. Una propuesta
que no cumple, además, con los cometidos constitucionales y los cometidos
parlamentarios que le fueron asignados a esta Comisión. Por ello, mi voto
va a ser no, porque entendemos que esta Comisión no debe cerrarse en
falso y que debe hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para, en
definitiva, tratar de esclarecer un asunto que tantas sombras de duda ha
generado a la opinión pública española.

Muchas gracias, señor Presidente. (Un señor Senador: ¡Fatal!--Risas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Ríos.




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El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a hacer uso del turno de portavoces por Coalición Canaria
en esta tramitación de propuesta de disolución de la Comisión de
Investigación porque la Mesa de la Cámara ha dispuesto así su debate, no
dándome opción, como sus señorías saben, en mi condición de Presidente de
la misma, a un turno de presentación al considerar que ni existe un
dictamen, ni una moción y tampoco se podría obviar un debate, ya que no
era posible, ni reglamentariamente, la autodisolución de la Comisión,
como alguien propuso en la Junta de Portavoces.

No obstante, yo, fiel a mis autocompromisos, no voy a usar este turno con
posicionamientos exclusivamente partidistas, sino con un acento más
institucional. Todas sus señorías recuerdan que la Mesa de esta Comisión
y fundamentalmente su Presidencia fue asumida por consenso de todos los
grupos parlamentarios. Las razones de la oferta a Coalición Canaria hay
que interpretarlas por ser el único Grupo que, habiendo votado la
creación de la Comisión, no la había solicitado expresamente, además, de
su teórico distanciamiento en el lugar y en el tiempo de los
acontecimientos a investigar. Somos ultraperiféricos, nos dicen, y
nuestra formación política no existía en los comienzos de la década de
los ochenta.

Por otra parte, nosotros éramos plenamente conscientes de las casi
insalvables dificultades para el éxito de la Comisión y de que para su
puesta en marcha lo que en la práctica se nos pedía era un esfuerzo
supletorio para que ésta fuera posible. Coalición Canaria, cuya vocación
de apoyar decididamente los asuntos de Estado ha sido nítida, como se ha
podido constatar en esta Cámara a lo largo de la legislatura, aceptó esa
responsabilidad.

Como todas sus señorías conocen, como era de esperar, las reuniones
fueron tensas, difíciles y prolongadas, algunas hasta la madrugada por
parte de la Mesa y Portavoces pero, al fin, se consiguió aprobar un
primer plan de trabajo, con solicitud de documentación y comparecencias,
además, de un calendario concreto para ellas. El número de comparecencias
decididas fue de dieciocho, agrupadas en cinco jornadas. El 27 de
noviembre fue el primer día de comparecencias y en la víspera de su
segundo día, el 30 de noviembre, se presentó ante la reunión de la Mesa y
Portavoces una solicitud basada en los artículos 61.1.2 y 71.2 por parte
de trece Senadores, pidiendo la suspensión de las comparecencias
previstas para los días 5 y 7 de diciembre. En vista de ello, se modifica
el horario de las dos sesiones de la Comisión, ya convocadas para el día
siguiente, 1.º de diciembre, anteponiendo la solicitud última con ese
único punto del orden del día.

Desde otro punto de vista, en esa misma reunión de la Mesa y Junta de
Portavoces del día 30 se hace constatar que los únicos documentos
llegados son los recabados a los servicios de la Cámara, sin que se tenga
noticia alguna de los pedidos al Gobierno, al Tribunal Supremo y a la
Fiscalía General del Estado. También se tratan las declaraciones, poco
afortunadas, de un miembro del Gobierno sobre las funciones de esta
Comisión. Posteriormente se afronta en la misma reunión el debate sobre
una posible ampliación del plan de trabajo, ya previsto en su momento,
sin que se llegase a ningún acuerdo mayoritario y, por lo tanto, a
ninguna nueva comparecencia.

Al día siguiente, 1.º de diciembre, se reúne públicamente la Comisión y
se inicia con la convocatoria extraordinaria sobre la propuesta de
suspensión de las comparecencias citadas para los días 5 y 7, cuatro y
tres comparecencias respectivamente.

Después de un debate, conocido por todas sus señorías por el «Diario de
Sesiones» de la Cámara, se llega a la votación que arroja un empate a 16.

Y aplicando la recientísima modificación del Reglamento de la Cámara para
su resolución, los grupos parlamentarios PSOE, CiU y Senadores
Nacionalistas Vascos, proyectando su voto ponderado al Pleno, suman 111,
más 15, más cinco, respectivamente, lo que arroja 131 senadores frente a
los 113 del Popular, cinco de Coalición Canaria y siete del Mixto, en
total 125 que votamos en contra. Por lo tanto, quedó aprobada la
propuesta de suspensión de las comparecencias de los días 5 y 7 de
diciembre, según el plan de trabajo vigente de la Comisión.

Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular realiza una propuesta que
leo textualmente: «Que ante la imposibilidad de continuar los trabajos de
esta Comisión por el boicot producido por el Partido Socialista Obrero
Español, Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, acuerda suspender las mismas y solicita
al Pleno la disolución de la misma.»
Se realiza un debate y, posteriormente, una primera votación para la
posible modificación del orden del día, según el artículo 71.4 del
Reglamento, que es aprobada por mayoría de los senadores presentes, y una
votación posterior sobre la propuesta indicada que también fue aprobada
por mayoría simple. En ambas votaciones, Coalición Canaria se abstuvo.

Este acuerdo de la Comisión fue elevado a la Presidencia de la Cámara y,
por eso, estamos aquí hoy debatiendo esta propuesta.

Desearía dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento al letrado
asesor de la Cámara y de la Comisión y a su personal auxiliar, a los
servicios de documentación y biblioteca y a todos los funcionarios de
esta Cámara, especialmente al servicio de Comisiones, por su labor
callada y eficaz, pero, sobre todo, por haber asumido el cambio de ritmo,
la aceleración en sus respectivos trabajos, impuesto por las
especificidades de esta Comisión frente a los habituales «tempos»
sosegados con que se caracteriza el Senado.

Hasta aquí, he realizado una supersíntesis de lo más importante
acontecido en los veintitantos días de existencia real de la Comisión,
una descripción que creo totalmente imparcial de los hechos.

Cada Grupo parlamentario, como es lógico y natural, irá explicando su
posición y se responsabilizará de sus actuaciones. Nosotros, en Coalición
Canaria, que votamos sí a la creación de esta Comisión de Investigación
para determinar posibles responsabilidades políticas tanto por acción
como por omisión, no presentamos en su momento propuesta de plan de
trabajo por dos razones, la primera, porque



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al no suscribir la petición de creación de la Comisión consideramos que
debían ser los tres grupos solicitantes, como así ocurrió, quienes
presentaran sus propios planes, incluidas las comparecencias, porque otro
Grupo sólo pidió documentación, y la segunda, porque al obtener la
Presidencia Coalición Canaria se dejaba a ésta con libertad de actuación
y sin la carga adicional de defender un determinado proyecto de trabajo.

En relación con las solicitudes de comparecencia, Coalición Canaria
apoyó, en líneas generales, la presencia preferente de políticos, pues a
ellos es a quien habría, en su caso, que determinar sus posibles
responsabilidades políticas, así como, en segundo lugar, a aquellos
funcionarios civiles o militares que, habiendo tenido mayor relación
directa con miembros del Ejecutivo, habrían podido recibir determinadas
órdenes, pero no se quería investigar sus acciones dentro de sus
respectivos cuerpos, órganos o servicios, porque para ello están sus
propias estructuras jerárquicas y/o los tribunales de justicia.

Esta ha sido la posición de Coalición Canaria y nos responsabilizamos de
ella. Pero, señorías, ¿el pueblo español, a quien todos representamos,
qué habrá pensado? ¿Se habrá sentido satisfecho? ¿Este acto de hoy será
acaso el punto final a las Comisiones de Investigación por parte de esta
Cámara del Senado, o sólo un punto y aparte? Con nuestra Constitución
española y el ordenamiento jurídico vigente en la mano debería ser
solamente lo segundo, aunque es innegable que será imprescindible, de
cara al futuro, un desarrollo normativo complementario, pues es
claramente insuficiente el actual.

En primer lugar, debo afirmar que está fuera de toda duda, desde nuestro
punto de vista, que esta Cámara, si bien no puede exigir
responsabilidades al Gobierno en el sentido de negación de confianza o
implicación de censura, sí puede nítidamente determinar responsabilidades
políticas tanto por acción como por omisión. Si esta Cámara puede ser
disuelta por el Presidente del Gobierno, éste puede y tiene que ser
controlado por el Senado.

Esta Cámara no es ni puede ser nunca un tribunal, ni emitirá condena, en
todo caso, elaboraría un dictamen, una opinión mayoritaria con posibles
votos particulares discrepantes. Su acción es inquirir, dar información
aclaratoria sobre los datos oscuros, ser nexo de conexión entre
representantes y representados, entre electores y elegidos, entre
parlamento y pueblo; y será este último, en definitiva, el que juzgue si
hubo o no hubo responsabilidades políticas.

Para que todo ello sea posible con plenitud, se debe respetar al máximo a
las comisiones de investigación y obligar a colaborar con ellas a todos,
pero con unas nuevas normativas; nuevas normativas que, además, regulen
en España los posibles solapamientos con los tribunales de justicia, pero
sin llegar, en ningún caso, a un posible bloqueo investigador a las
Cortes Generales por simples procesos penales en cualquier sitio del
Estado. También será imprescindible realizar modificaciones
reglamentarias precisas para que las minorías en determinadas ocasiones
puedan poner en marcha comisiones de investigación y así evitar bloqueos
permanentes de las mayorías gobernantes.

En relación con la afectación de todos estos hechos a la imagen del
Senado, pienso que este desenlace de disolución de la Comisión, hubiera
ocurrido en cualquier tipo de Cámara cuando existe un acuerdo mayoritario
por un solo voto y cuando, posteriormente, se presentan modificaciones
específicas en las diversas voluntades políticas, lo cual encaja
perfectamente entre las servidumbres de toda democracia.

Concluyendo, a pesar de todo, creo que no ha sido totalmente infructuoso
el esfuerzo realizado. Es verdad que se crearon expectativas,
expectativas que no han sido satisfechas, pero, precisamente, ese deseo
de saber del pueblo permanece y tarde o temprano exigirá su conocimiento
si antes no lo resolviera definitivamente los tribunales de justicia.

Esta democracia española no será plena mientras no se puedan realizar con
efectividad las comisiones de investigación que nuestra gente, en
definitiva, reclame. Y ésta creo que las seguirá demandando. Por eso,
señorías --termino ya, señor Presidente--, Coalición Canaria continuará
trabajando por la profundización en la democracia. Y ante esta propuesta
de disolución, a la que nos vamos a abstener, rechaza que sea de punto
final y apuesta por el punto y aparte, un «aparte» que debe ser lo más
corto posible en el tiempo para beneficio de todos los españoles.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.




El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.

Subo a esta tribuna con la intención de explicar la posición y
actuaciones que ha desarrollado el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos a lo largo de los trabajos llevados a cabo en la
Comisión GAL, cuya previsible disolución se debate en esta sesión de hoy.

Y voy a tratar de explicarlo con absoluta claridad e, incluso, despacio,
aun a sabiendas de que ni así el primer portavoz interviniente entenderá
una vez más absolutamente nada.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a través de su
portavoz, suscribió el pasado mes de octubre, junto con el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, el del Grupo Mixto y veinte señoras y
señores Senadores más la solicitud de creación de una Comisión de
investigación con la finalidad de determinar las responsabilidades
políticas que pudieran resultar de la creación, actuación, financiación y
encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, sin
perjuicio de la actuación independiente de los tribunales de justicia.

Con fecha 18 de este mismo mes de octubre, el Pleno de esta Cámara aprobó
la creación de la Comisión solicitada, con el voto favorable, entre
otros, de los cinco Senadores que conforman el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

Suscribimos la iniciativa y apoyamos la creación de esta Comisión sin
ningún tipo de reservas y con el firme y



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decidido propósito de investigar, de investigar de verdad, sin límites,
esa trama de los GAL y, consiguientemente, cumplir con la finalidad de
determinar las responsabilidades políticas que de ella pudieran
derivarse. Lo hicimos conscientes de que no era el mejor momento, en la
recta final de una Legislatura que no se va a agotar y, por tanto, en
puertas de unas importantes Elecciones Generales; convencidos, además, de
que esta circunstancia, la proximidad de unas elecciones, no sería
seguramente ajena al apoyo prestado por algunos a la creación de la
Comisión, cuando, como es conocido, no había sido posible dicha creación
en momentos anteriores, pese a sucesivos intentos.

Lo hicimos sabiendo la dificultad que el tema encerraba, con la certeza
de que quienes ya se habían pronunciado en contra de la creación de la
Comisión, la mitad menos uno de la Cámara, no harían nada por facilitar
los trabajos, pero también con la duda de que a quienes habíamos
convergido o coincidido en un voto favorable nos moviera una misma
finalidad; conscientes de que algunos de los que habían dicho sí podían
moverse en función de otros fines o intereses bien distintos que los de
la propia finalidad de la Comisión o, cuando menos, condicionados por
ellos. Sabíamos también que se intentaría todo tipo de tácticas
dilatorias, que se trataría de manipular y filtrar los trabajos y que,
desde luego, no estaría ausente en esta Comisión ni el «show», ni el
sensacionalismo, ni el testimonialismo.

Pero, pese a todo ello, dijimos sí, con mayúsculas, a la Comisión.

Dijimos sí porque, pese a todos estos riesgos y miedos --luego, como
veremos, tristemente confirmados--, a nuestro Grupo le movía única y
exclusivamente la búsqueda de la verdad, que resplandeciera la verdad,
que se esclareciera una trama, una guerra sucia contra ETA, que nos ha
dejado --y el pueblo vasco ha sido especialmente afectado-- todo un
rosario de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos, estos
últimos hasta completar esa trágica cifra de veintiocho. Dijimos sí, en
un ejercicio de responsabilidad y diríamos y diremos siempre sí y en todo
momento a la investigación de unos hechos que pongan en entredicho los
propios principios de la democracia e impliquen la quiebra del Estado de
Derecho. Dijimos sí, en definitiva, por entender estar ante una cuestión
de Estado, que no sólo de Gobierno, aun cuando a éste, al Gobierno, por
supuesto, deberán exigírsele cuantas responsabilidades políticas le
correspondan por acción u omisión a la luz de los hechos investigados.

La primera labor a desarrollar por la Comisión, una vez constituida
formalmente el día 8 de noviembre, designada la Mesa y elegido su
Presidente, era, obviamente, la de establecer un plan de trabajo, algo,
sin duda, capital, clave diría yo, para el posterior discurrir de la
Comisión; un plan de trabajo que debería ser serio, riguroso,
responsable, posibilista para el fin último de la Comisión y, sobre todo,
coherente y ordenado. A tal fin --y conviene recordar--, el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos hizo una propuesta
concreta de plan de trabajo que incluía dos tipos de actuaciones: un
primer capítulo de comparecencias y un segundo capítulo de solicitud de
documentación. Y es preciso ya decir desde ahora que este segundo
capítulo de actuaciones es o era tan importante o más, a nuestro juicio,
que el de las comparecencias, máxime en unos trabajos que todos éramos
conscientes que se podían ver recortados en el tiempo por un anticipo
electoral. Sin embargo --y digamos, simplemente, que curiosamente--, todo
el trabajo y vida de la Comisión se ha hecho girar sobre las
comparecencias y se ha dejado en un segundo plano, cuando no en el
olvido, algo como la prueba documental, que, sin duda, es mucho menos
vistosa o aparatosa, pero de un gran valor para la visión encomendada a
esta Comisión.

Pero, centrándonos en las comparecencias propiamente dichas, nuestro
Grupo Parlamentario entendía del todo necesario, a fin de actuar con un
mínimo de rigor y seriedad --algo a todas luces exigible a una Comisión
de estas características--, establecer dos fases bien diferenciadas, y lo
dijimos, y está en la propuesta de plan de trabajo, por escrito. Una
primera fase, tendente a investigar unos hechos, unas acciones, unas
actuaciones concretas y unas omisiones, y para ello solicitamos la
comparecencia de una serie de personas, tantas como veintiocho, que
venían a cubrir un amplio espectro o abanico, en cuanto que se incluían
desde distintos mandos policiales y de los servicios de información,
hasta víctimas o afectados por las acciones de los GAL, pasando por
conocidos periodistas que han realizado importantes investigaciones sobre
la trama y reconocidos letrados que en su ejercicio profesional han
tenido algún tipo de intervención en procedimientos judiciales
relacionados con la cuestión que nos ocupaba. Se trataba de tener así,
con estas comparecencias, una visión, unos testimonios y unas pruebas
desde diversos ángulos y ópticas, para inmediatamente después --recalco:
inmediatamente después-- iniciar lo que sería una segunda fase
comparecencias que incluiría, ya sí, a cuantos responsables políticos
resultaren bajo sospecha de responsabilidad política por acción u omisión
a la luz de los hechos, las pruebas y los testimonios que se produjesen o
dedujesen de la primera fase y, por supuesto también, del estudio de la
documentación, importante documentación, solicitada y a la que
anteriormente ya me he referido.

Pero de poco serviría nuestra propuesta de plan de trabajo. Bastó la
primera reunió, el 14 de noviembre, de la Mesa y Portavoces de la
Comisión para comprobar la imposibilidad de consensuar, siquiera
mínimamente, un plan de trabajo y, lo que es o era peor, en seguida se
vio que no existía un especial empeño en ello. No fue posible entrar en
la discusión o debate de un plan de trabajo global, ni se intentó diría
yo. Tan sólo se trataba de empezar a andar ya, hacer lo que fuera y como
fuere, pero ya. Y en ese hacer, entre comillas, por supuesto, lo que de
verdad primaba era iniciar el capítulo de comparecencias.

Es evidente que sin un plan pactado, por mínimo que fuere, difícilmente
podía llegarse a un acuerdo sólido o consistente respecto a una de sus
partes más carismáticas, cual es la de las comparecencias.

Constatada, como era previsible, la falta de acuerdo, se recurrió a lo
que, sin duda, era únicamente posible, pero desde un punto de vista
práctico, carente de toda lógica y coherencia en un trabajo como el
mandatado a esta Comisión.




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Se recurrió y procedió a la votación individualizada, uno por uno, de la
totalidad de solicitudes de comparecencia que se incluían en los
distintos planes de trabajo presentado. Cabe pensar que cada grupo votó
en cada caso en coherencia con sus planteamientos o planes de trabajo
--nuestro Grupo al menos así lo hizo--, y fruto de las sucesivas
votaciones realizadas, salieron adelante con mayoría suficiente dieciocho
comparecencias.

Este listado de dieciocho comparecencias, unido a la documentación
solicitada por los grupos parlamentarios, es lo que se ha dado en conocer
o en considerar como plan de trabajo, algo que, a la vista está, nace
endeble, nace en precario, con un carácter abierto y tan sólo de inicios
de trabajo, y precisamente por ello carente de la menor lógica y orden,
sin que nadie supiera cuál era el después de los trabajos y, en
definitiva, sin un pronunciamiento final, el que fuere, sobre los
diferentes planes de trabajo presentados. Señorías, de esta forma tan
impropia, y con un futuro tan incierto como abierto, empezaba --y lo digo
entre comillas-- a andar la Comisión.

Con estos precedentes nada halagüeños, acudimos a las tres primera
comparecencias, que se celebraron el día 27 de noviembre, como todas sus
señorías saben, y que, por cierto --puestos a recordar--, lo fueron a
puerta cerrada por razones que hoy todavía no alcanzamos a comprender,
que nuestro Grupo Parlamentario no propició ni apoyó, también lo dejo
dicho.

Llegamos así al día 30 de noviembre, fecha ésta en la que una nueva
reunión de Mesa y Portavoces dejaba entrever mucho más nítidamente lo que
iba madurando e iba a suceder tan sólo unas horas después. En dicha
reunión se producen dos hechos --que no uno-- determinantes. El primero
de ellos nos reafirma en lo hasta ahora dicho respecto a la precariedad
de los trabajos y la carencia de un auténtico plan de trabajo. Se plantea
en esa reunión, sin abordar tampoco el debate pendiente para cerrar un
plan de trabajo global, el fijar un nuevo listado de comparecientes para
las fechas posteriores a la de los primeros citados.

Como en la reunión anterior, la del día 14 de noviembre, y como no podía
ser de otra manera, no fue posible consensuar una relación por mínima que
fuera, y se volvió al atípico sistema de votación individualizada. Como
en la anterior ocasión también, y en coherencia cada grupo --es de
pensar-- con su planteamiento y plan de trabajo, cada grupo emitió su
voto --nuestro Grupo, desde luego, así lo hizo-- y ocurrió que fueron
rechazadas todas y cada una de las peticiones de comparecencia de todos y
cada uno de los grupos solicitantes, o dicho de otra manera, ninguna de
las peticiones de comparecencia obtuvo la mayoría suficiente para cursar
la comparecencia.

Difícil situación de futuro se preparaba ya para la Comisión. Esto no
hacía sino poner al descubierto --lo digo una vez más-- las carencias en
unos trabajos que seguían adoleciendo del defecto de no contar con un
auténtico plan, y seguir posponiendo, hasta quién sabe cuando, una
decisión sobre las diversas propuestas presentadas.

Junto a este hecho, que dejaba ciertamente tocada a la Comisión, y al que
por otra parte no se le ha querido prestar la atención que requería por
sus consecuencias, se produjo en esa reunión un segundo hecho, al que sí
se le ha dedicado tiempo y atención, y que ha sido, además --lo digo
claramente y con toda rotundidad--, el pretexto para solicitar la
disolución de la Comisión, y que ha servido a algunos para tratar de
justificar sus actuaciones y también para descargar sus responsabilidades
en otros y más concretamente en nuestro Grupo Parlamentario.

Me estoy refiriendo al hecho de que los trece Senadores del Grupo
Parlamentario Socialista de la Comisión presentaron una solicitud de
convocatoria urgente de la misma con un orden del día consistente en la
supresión de las comparecencias previstas para los días 5 y 7 de
diciembre, hábil iniciativa, reglamentariamente válida, que nuestro Grupo
no propició ni posibilitó, es más --y lo dijimos en la Comisión--,
nuestro Grupo no participaba siquiera de las razones que formalmente
adujo el Grupo Parlamentario Socialista a la hora de justificar su
petición de suspensión de tales comparecencias, pero solicitud --como
digo--, reglamentariamente válida que, admitida a trámite por la Mesa,
como correspondía, fue debatida en la sesión celebrada el ya famoso día
1.º de diciembre.

¿Qué ocurre en esta sesión? Pues algo muy simple. Se ponen sobre la mesa
y se someten a votación unas comparecencias que el día 14 de noviembre
habían sido aceptadas mediante una votación individualizada y con un
resultado concreto.

Retrotraídos en el tiempo a dicha fecha, a ese 14 de noviembre, lo
lógico, lo natural, lo que cabría pensar es que el resultado de la
votación quince días después fuera exactamente el mismo que el que se
produjo el día 14 de noviembre. Como he dicho con anterioridad, nuestro
Grupo entendía y entiende que el sentido de voto de cada uno en aquella
ocasión, como ahora, estaría en función de sus respectivos planteamientos
y planes de trabajo presentados.

Al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos esa coherencia le llevó a
efectuar una votación el día 14 de noviembre. Esa misma coherencia y no
otra, ese mismo planteamiento, le llevó a votar lo que votó el día 30 de
noviembre, y esa misma coherencia le llevó a votar lo que votó ese día
1.º de diciembre, coherencia que se traduce en un voto igual, en un voto
idéntico en todas las ocasiones. Quiere esto decir que la razón que
motivaba las suspensiones de convocatoria solicitadas por el Grupo
Socialista --que fueron finalmente aprobadas y salieron adelante-- no hay
que buscarla en el voto de nuestro Grupo ese día, sino en el voto de
quienes el día 14 de noviembre hicieron posible que se cursaran esas
comparecencias y alteraron el día 1.º de diciembre tal voto, cosa que no
hizo precisamente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.

Hasta aquí, señorías, la realidad de unos hechos que, manipulados e
interesada e incorrectamente utilizados, sirvieron para que ese mismo día
1.º de diciembre un Grupo Parlamentario, con una rapidez y unos reflejos
dignos de mejor causa, montara una estrategia de liquidación de la
Comisión apoyada en lo que, según ese Grupo y algún otro, era un giro en
otros planteamientos y era asimismo una actuación que obedecía a no sé
qué pactos o alianzas, por cierto inconfesables --y hoy ha sido
recordado--, por



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parte de nuestro Grupo y del Grupo Parlamentario Socialista.

Como decía, un Grupo Parlamentario que, evidentemente, no era el nuestro,
solicita el día 1.º de diciembre la disolución de la Comisión por
entender que no tenía sentido su continuidad a la vista de lo sucedido.

Al no poder prosperar tal petición por corresponder al Pleno de la Cámara
adoptar tal decisión, con la misma rapidez y reflejos ese mismo Grupo
solicita la suspensión de los trabajos. Esta petición sí tiene éxito, sí
alcanza la pretensión que se solicita, y resulta aprobada, creo recordar
--no lo creo, estoy seguro--, con un solo voto en contra, curiosamente
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Con la suspensión acordada, decaía todo el importante apartado de
documentación solicitada y quedaban sin efecto las comparecencias
acordadas para el mismo día 1.º y para el 4 de diciembre.

Baste decir como dato --y que cada cual lo tome como quiera-- que en la
puerta, en la antesala de la Comisión, se quedaban sin comparecer el
mismo día 1.º de diciembre el General Alonso Manglano y el General
Bastos, ambos responsables del CSID hasta fecha bien reciente, y que algo
tendrían que decir en esta Comisión, como sin duda algo también tendría
que decir el General Sáenz de Santamaría, que también estaba citado para
el día 4 de diciembre en la Comisión.

Pero, al parecer, había urgencia para evitar estas y otras
comparecencias. La misma prisa que algunos tenían en empezar los trabajos
de la Comisión, y de la que nuestro Grupo participaba, aunque no a
cualquier precio ni como fuere, también la tenían algunos para acabar y
cerrar. Sin duda lo consiguieron, pese a que la disolución propiamente
dicha de la Comisión se debata en el día de hoy. poco importa ya; los
efectos de la suspensión han sido determinantes, cualquiera que sea
incluso el resultado final de la votación que se va a producir dentro de
unos momentos.

Termino, señor Presidente, señorías, anunciando que nuestro Grupo, una
vez más, será coherente con unos postulados, con el plan de trabajo que
presentó, con una actuación y con la responsabilidad que adquirió al
votar a favor de la creación de esta Comisión. Por tanto, votará hoy
--creo que ya no a riesgo de quedarse solo, porque parece que alguien ha
anunciado su voto favorable a proseguir con los trabajos o, cuando menos,
contrario a la disolución-- en contra de la disolución de la misma, como
ya votó en contra, y solo, de la suspensión de los trabajos.

Lamentamos, cuando menos tanto como el que más, este triste pero cantado
final de la Comisión y debemos decir con toda claridad y rotundidad que
no nos consideramos en modo alguno responsables de la situación creada.

Nunca la coherencia y el trabajo responsable pueden ser causa de lo
sucedido. Búsquense las causas u origen de lo ocurrido en otro sitio.

Explíquense las razones reales de esa rápida petición de disolución
acompañada de suspensión con efectos inmediatos, y que contó con la sola
oposición de nuestro Grupo --lo digo una vez más--. Cada cual es muy
libre de establecer sus estrategias y sabe también de sus condicionantes
e intereses. En definitiva, cada uno tendrá su responsabilidad. Nuestro
Grupo, por supuesto, y como siempre, afrontará las suyas, no las de los
demás. Pero que quede claro, por último, que acudió a esta Comisión --y
lo decimos aquí y ahora-- sin ningún condicionante o interés ajeno al de
su objetivo final y con una sola estrategia: la de investigar. Algunos no
pueden decirlo o, mejor, no deberían decirlo.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubía.

Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres, en representación de su
Grupo Parlamentario.




El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la tarde del 18 de octubre de 1995 no será recordada como una
de las más brillantes en la historia de esta Cámara. El Senado, dividido
en dos mitades casi numéricamente exactas, aprobó la petición de los
portavoces de los Grupos Popular, de Senadores Nacionalistas Vascos,
Mixto, y otros señores Senadores, de constituir una Comisión de
investigación para determinar las responsabilidades políticas que
resultasen de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los
grupos antiterroristas de liberación, GAL.

Tan sólo dos meses han transcurrido desde aquel día para que se proceda a
su disolución. De hecho, la Comisión trabajó dos semanas escasas y acordó
la suspensión de sus actividades, como saben sus señorías, el pasado 1.º
de diciembre. Los medios de comunicación el día 2 mostraban su
indignación o sorpresa, y unos señalaban: Una Comisión para nada, nacida
muerta, u otros titulares que reflejaban el estupor ante la propuesta del
Grupo Popular, que precisamente había sido uno de los principales
impulsores de la creación de la Comisión antedicha.

Ante esta circunstancia es obligado, señorías, hacer una breve referencia
a lo manifestado por nuestro entonces portavoz en esta Cámara, don
Joaquim Ferrer. En sus palabras, que continuamos suscribiendo plenamente,
se oponía a la creación de tal Comisión por entender que podría perturbar
la acción de los tribunales de Justicia, que son los que actúan en el
ámbito de sus competencias y a los que todos deseamos la mayor eficacia
para esclarecer aquellos reprobables hechos.

Podríamos limitarnos, pues, a repetir cuanto se dijo aquel día, en el
sentido de que nos consideramos absolutamente interesados en que se
determinen los culpables y, por tanto, se pongan en manos de la Justicia
los medios necesarios para ello. Pero al mismo tiempo repetimos que, si
bien los Reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales no
prohíben la constitución de estas Comisiones cuando están trabajando los
tribunales, sí en cambio es práctica habitual en otras Cámaras
parlamentarias del resto de Europa delimitar las funciones a fin de
evitar duplicidades, que en todo caso serían, evidentemente,
perjudiciales ante las interferencias que se ocasionarían.

Reiteremos el artículo 138 del Tratado de Maastricht, que excluye la
posibilidad de dichas duplicidades. Dice



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así: En cumplimiento de sus cometidos, y a petición de la cuarta parte de
sus miembros, el Parlamento Europeo podrá constituir una Comisión
temporal de investigación para examinar, sin perjuicio de las
competencias que el presente Tratado confiere a otros órganos o
instituciones, alegaciones de infracción o de mala administración en la
aplicación del Derecho comunitario, salvo que de los hechos alegados esté
conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto concluya el
procedimiento jurisdiccional.

Si estas consideraciones las formulábamos el 18 de octubre, los hechos
posteriores han venido a darnos la razón. Recordemos que en la Comisión
celebrada el 27 de noviembre ya se hizo patente la inoperancia de las
mismas al comparecer dos personas, don Enrique de Federico y don
Francisco de Fuentes, investigadores de los casos Lasa y Zabala, personas
a las que el juez había advertido previamente de guardar el secreto
sumarial, mientras un tercer compareciente, don Rafael del Río, ex
Director General de Policía, no aportaba luces sobre lo ya conocido.

Con posterioridad, y esto es importante, señorías, se pudo confirmar que
ni entre los mismos grupos que habían votado por constituir la Comisión
GAL había acuerdo sobre el funcionamiento de la misma, ni sobre quienes
debían comparecer, y me atrevo a decir que ni siquiera sobre los mismos
objetivos de la Comisión. La reunión de Mesa y Portavoces del 30 de
noviembre fue especialmente discordante en este sentido.

Esta es, señorías, la escueta historia de la Comisión; con mayor
extensión lo han hecho otros señores Senadores, tanto el Presidente de la
misma, Senador Ríos, como el Senador Zubía.

No dudamos --no tenemos por qué hacerlo-- de las correctas intenciones
del Grupo Popular y del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Los Verdes,
principales promotores de alguna de las líneas de actuación de esta
Comisión. Estamos seguros de que les movía el noble fin de esclarecer
unos hechos delictivos y determinar responsabilidades políticas. Pero la
clara interferencia que se producía con los tribunales estaba
transformando tan rectas y justas intenciones en meros juegos de
artificios. Estamos seguros de que el sentido de responsabilidad de los
mencionados grupos políticos les habrá hecho reflexionar de lo inútil de
la iniciativa y del peligro de que la sociedad pudiera malinterpretarla.

En definitiva, hoy se va a corregir el error del 18 de octubre. Hoy se
cierra un capítulo desafortunado. Unos a otros podremos echarnos en cara
posiciones, criterios y actuaciones, pero no creemos que ello fuere a
beneficiar en absoluto a las fuerzas democráticas de este país.

El Grupo catalán de Convergència i Unió --lo reiteramos--, señor
Presidente, señorías, desea que la justicia continúe investigando el GAL
y que los tribunales hagan recaer sobre los culpables todo el peso de la
ley. Por otra parte, nuestro Grupo quiere que el Senado se prestigie por
su trabajo legislativo, por el acertado control del Gobierno, por su
profundización como Cámara de las Autonomías, por el trabajo de las
Comisiones especiales de estudio, como la de Contenidos Televisivos, la
del Estudio de Cambio Climático, la Ponencia sobre el servicio
farmacéutico en el contexto de la Unión Europea, por citar solamente
algunas de las que han estado trabajando en estos últimos meses, y por no
citar otras de una legislatura anterior, tan importantes como la Ponencia
del estudio sobre los incendios forestales y reforestación, de la
violencia en el deporte, etcétera.

Convergència i Unió, en suma, desea que el Senado eleve su nivel y
potencie su actividad a través de su futura reforma. No creemos que
invadir competencias que no le son propias, cual es el caso que nos
ocupa, dé el menor prestigio a esta Cámara. Los fuegos de artificio --lo
reiteramos--, señorías, no es una actividad propia del Senado. Dejémoslos
para aquellos lugares y momentos en que puedan ser motivo de celebración.

En la medida en que dediquemos nuestro esfuerzo en la línea que antes les
mencionaba, nuestros conciudadanos valorarán de forma positiva la
actividad de esta Cámara. Por su parte, la lucha antiterrorista contra
cualquier clase de terrorismo requiere firmeza, precisa serenidad y
aconseja la unanimidad y el consenso de todas las fuerzas democráticas,
camino éste en el que el Senado debe ejemplarizar.

Obvia señalar, señor Presidente, señorías, después de la exposición que
acabo de efectuar, que nuestro Grupo votará a favor de la sensata
propuesta de disolución de la Comisión, con el mismo convencimiento con
el que el 18 de octubre votamos en contra de su creación.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, en este turno de
portavoces debo fijar la posición de mi Grupo sobre una propuesta que
hasta el momento nadie ha salido a defender. El Grupo Popular propuso el
1 de diciembre, como se ha recordado, suspender los trabajos de la
Comisión y solicitar al Pleno la disolución de la misma, amenazando con
retirarse si continuaba la Comisión; con sus únicos votos, el Grupo
Popular la disolvió, de hecho, hace tres semanas. Hoy sólo se trata de
certificar formalmente su desaparición que, insisto, es efectiva desde
hace casi un mes.

En este debate de hoy alguien ha intentado provocar algo que si nos
contagiáramos de su lenguaje llamaríamos ajuste de cuentas entre los
grupos que apoyaron la creación de la Comisión. Afortunadamente para esta
Cámara, las tres intervenciones siguientes han demostrado un sentido de
la responsabilidad y una madurez democrática que han elevado el debate y
creo sinceramente que el mismo puede hacer un gran servicio al futuro de
esta Cámara y al futuro de las Comisiones de Investigación
parlamentarias.

¿Qué le cabe decir en este debate al Grupo Socialista? Podría limitarme a
leer la intervención en el momento de la creación. Sinceramente, no me
haría falta añadir ni quitar una sola palabra. Teníamos razón entonces, y
porque teníamos razón la Cámara nos la va a dar hoy con sus votos.

Recuerdo que dije: Probablemente, algún día el Partido Popular se
arrepentirá de haber hecho cosas como las de hoy.




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Por lo tanto, no nos ha sorprendido que lo hayan hecho ya, quizá
aconsejados por el señor Fraga, quien a los pocos días de constituirse la
Comisión, declaró: esta polémica sobre los GAL debe terminar pronto por
el bien de España.

Los socialistas, una vez creada la Comisión, deseábamos que del
conocimiento de los hechos, de los antecedentes parlamentarios --que
algunos desprecian y a otros parecen disgustarles--, de los testimonios
de las hemerotecas --que muchos prefieren olvidar-- se sacara como
conclusión unánime el enorme daño producido por los GAL al asentamiento
de la paz y de los valores democráticos en el País Vasco y que sirviera
para que a nadie más se le ocurra --ni hoy ni en el futuro-- apoyar,
jalear o ser comprensivo con ningún tipo de terrorismo.

Pero antes de llegar ahí, los principales promotores de la Comisión han
decidido terminar con ella. Había dejado de tener interés para ellos.

Fracasado su objetivo, que era ir contra el Gobierno, la Comisión iba a
ser cada día más contraproducente para todos, pero especialmente para sus
propios promotores. ¿O acaso no repugna al sentido común que el principal
foco de atención de la actualidad parlamentaria de esta Cámara fueran
unos grupos que nunca debieron existir y que todos condenamos, pero que
dejaron de actuar ya hace diez años, mientras ETA sigue asesinando y
sembrando el terror?
¿Se imaginan qué general, qué funcionario de policía o qué ex-gobernador
habría tenido que comparecer esa misma semana del vil atentado de
Vallecas? Por cierto, espero y confío que algunas referencias que
prefiero no recordar en este momento a la Cámara, hechas al inicio de
este debate, no representen la posición de Izquierda Unida sobre el
terrorismo y que obedezcan quizá más a la miseria en la que caen a veces
algunos políticos en aras del oportunismo y la vanidad que no se para
ante nada. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Quiero recordar que no es la primera vez que se pone en marcha una
Comisión sobre el terrorismo y se decide al poco tiempo su extinción:
sucedió en la I legislatura y entonces el Gobierno no era socialista.

En consecuencia, no voy a atacar a quienes han sido víctimas de sus
propios errores; prefiero sacar consecuencias de esta experiencia y hacer
propuestas para mejorar la regulación de las Comisiones de Investigación.

Voy a hacer tres tipos de consideraciones y después nueve propuestas. En
primer lugar, una Comisión de Investigación debe cumplir algunas
condiciones que ésta no cumplía, como tuve ocasión de decir en el debate
de su creación; entre estas condiciones, debe nacer con acuerdo sobre el
objeto de investigación y el método de trabajo. Aquí ese acuerdo no
existía --como se ha demostrado-- ni siquiera entre los grupos que
apoyaban su creación --lo recordaba el portavoz de Coalición Canaria--,
habría sucedido en cualquier otra Cámara, no se puede sustentar sobre un
solo voto, sobre la mitad contra la mitad una investigación seria si no
hay coincidencia sobre nada más.

Permítame, señor Presidente, una autocita del primer debate: Si se
pretende hacer una simple transposición de mayorías coyunturales, si se
pretende saber de antemano lo que se dice que se quiere investigar, el
resultado es el fracaso y conduce al descrédito del Parlamento.

La valoración sobre la documentación expresada aquí por otros Grupos
Parlamentarios, especialmente el de Senadores Nacionalistas Vascos, la
compartimos porque creemos que es necesaria para emprender cualquier
investigación y, por tanto, se incluye en esa sinceridad de investigar
frente a quienes ironizaron y despreciaron cualquier medio documental.

El segundo grupo de argumentos que expuse aquel día fueron las
dificultades de investigar simultáneamente a los procedimientos
judiciales, el riesgo de interferir la acción de la justicia y el riesgo
aún más grave de servir a las estrategias de algunos procesados. No se
trataba de una exageración, véanlo sus señorías: 10 de noviembre. Según
fuentes próximas al Juez Móner, este Juez del Tribunal Supremo vería con
preocupación y contrariedad que se llamara a comparecer a los aforados
que figuran en el sumario que instruye.

16 de noviembre: El coronel Perote publica un comunicado en cuyos puntos
cinco y seis habla de su comparecencia ante la Comisión del Senado,
dentro de la estrategia de punto final para los autoinculpados de los
GAL, defendida por su abogado Santaella, y ahora añade a los asesinos de
ETA. Literalmente afirma: «Mi pensamiento auténtico es que a quien
incumben las responsabilidades políticas por lo ocurrido en España las
asuman con hombría, y en ese marco se alumbren soluciones generosas
también a otros problemas permanentes que tanto daño nos han causado.»
17 de noviembre: El Presidente del Tribunal Supremo expresa el malestar
de la Judicatura por el solapamiento que se produce cuando se crean
comisiones parlamentarias de investigación sobre asuntos que están
instruyendo los jueces.

27 de noviembre: Comparecen el General de Fuentes y el Comisario de
Policía de Federico; ambos aportan un escrito del Juez Bueren de la
Audiencia Nacional recordándoles que están bajo secreto del sumario sobre
los asesinatos de Lasa y Zabala.

30 de noviembre: Los procesados Alvarez y Planchuelo envían un escrito a
la Comisión manifestando las repercusiones que para su situación procesal
puede tener la comparecencia sin las garantías constitucionales previstas
para los procedimientos judiciales y solicitando un retraso de la
comparecencia y asistencia letrada.

30 de noviembre: Se hace público que el Juez togado Militar ha advertido
por escrito al Coronel Perote que puede incurrir en delitos si declara
sobre las cuestiones por las que está procesado; aún cabría añadir un
escrito del sustituto del Presidente del Tribunal Supremo contestando
sobre la propia situación del Coronel Perote encarcelado por un juez
militar. Tampoco se conoce si el Tribunal Supremo habría enviado las
declaraciones sumariales solicitadas por otros Grupos. ¿Alguien tiene la
seguridad para poder descartar una respuesta negativa y una nueva
situación embarazosa?
Por último, y lo que se ha dicho con lenguaje impropio y con poco estilo,
el llamado golpe bajo del Gobierno, es



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que como colmo de los despropósitos la Comisión había pedido los
documentos clasificados del Cesid sobre los que estaba pendiente la
decisión del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales y que al ser materia
reservada el Parlamento puede conocer y conoce a través de la Comisión de
Secretos Oficiales creada a tal efecto.

Lo mínimo que cabe concluir es que esa mayoría frágil, coyunturalmente
fraguada para esta Comisión, no supo valorar debidamente las dificultades
que tiene investigar a partir de comparecientes incursos en procesos
penales sobre los mismos hechos. Ninguna comisión parlamentaria puede
obligar a nadie a vulnerar el secreto del sumario, a declarar contra sí
mismo y agravar su situación procesal, o a desvelar asuntos sometidos a
reserva legal.

En teoría es fácil diferenciar la investigación parlamentaria y de
instrucción judicial, pero ahora sabemos por experiencia que los
conflictos potenciales entre ambas instancias son difíciles de evitar en
tales casos y que las investigaciones parlamentarias simultáneas a los
procesos penales interfieren en las diligencias judiciales y pueden
lesionar derechos de los imputados.

En tercer lugar, después de creada la Comisión hubo problemas de
funcionamiento que tuvimos que resolver en muchos casos y sortear en
otros; las sustituciones de sus miembros por otros miembros del mismo
Grupo en cada sesión; el carácter público, secreto o a puerta cerrada de
las sesiones; la capacidad de tomar acuerdos y la base reglamentaria de
las reuniones de Mesa y Portavoces son algunos de muchos de estos
problemas. Las diferencias de este tipo de Comisión con las del Congreso
son evidentes, empezando por el tamaño de las mismas.

La conclusión innegable de este tercer grupo de consideraciones es la
insuficiencia de nuestro Reglamento para regular las comisiones de
Investigación.

Pero las Comisiones de investigación tienen un papel fundamental en un
sistema parlamentario, sería muy negativo cuestionarlas por culpa de esta
Comisión que no fue acertada ni por el objeto ni por el momento ni por el
procedimiento.

No puedo sino compartir también la actitud del Presidente de la Comisión,
hoy portavoz de Coalición Canaria, en el sentido de que hay una necesidad
evidente de modificar no sólo el Reglamento, sino también cambiar la
legislación. Por tanto, proponemos a los grupos de esta Cámara estudiar
una reforma del Reglamento y pensamos en el futuro, pero el Reglamento no
puede resolver más que los problemas internos de organización de la
Cámara, no crea derechos ni obligaciones para terceros, y ésa es la razón
de que entendamos que es necesario también una nueva legislación.

Se dice en el informe jurídico solicitado por la Comisión: La
discrepancia en la práctica entre una comisión parlamentaria y el juez
ofrece una difícil solución jurídica en virtud del vacío normativo
existente; considerando tercero.

Por tanto, y la ausencia de esa modificación legal y como continuaba
dicho informe jurídico de la propia Comisión, hay que extremar el rigor
formal y material en el cumplimiento de las normas constitucionales,
legales y reglamentarias para evitar, al menos, que la investigación
contamine los sumarios abiertos o lesione derechos de terceros. Para ello
los reglamentos parlamentarios y los usos parlamentarios pueden y debe
establecer criterios claros al respecto.

A nuestro modo de ver estos criterios deberían de ser: primero,
definición clara de las comisiones de investigación, diferenciándolas en
su función específica y en su regulación de las comisiones especiales de
estudio previstas en el mismo artículo del Reglamento y que tan buenos
precedentes tienen en esta Cámara.

Segundo, indicación detallada del objeto de la investigación en la propia
petición, acotando con precisión el campo de trabajo, de manera que no
vuelva a ocurrir que votando la creación de una Comisión se están votando
comisiones distintas u objetos distintos de investigación.

Tercero, las comisiones de investigación serán más reducidas que las
demás comisiones de la Cámara, garantizándose al menos un representante
por Grupo Parlamentario y no pudiendo hacerse sustituciones de sus
miembros.

Cuarto, como en el Congreso de los Diputados tras la reciente reforma del
Reglamento las sesiones preparatorias del plan de trabajo de deliberación
interna o de decisiones no serán públicas.

Quinto, la Constitución establece que cualquier asunto de interés público
puede ser objeto de una comisión parlamentaria y permite crear comisiones
de investigación sobre asuntos sometidos a investigación judicial. Pero
permitir no quiere decir que no pueda también permitir lo contrario,
porque no impide limitar o suspender la investigación parlamentaria en
ese supuesto. Más aún, la insistencia constitucional en la separación
entre ambos campos para no afectar las resoluciones constitucionales,
como dice el artículo de la Constitución, puede garantizarse mejor con
una limitación temporal similar a la que existe en Francia, en Italia y
similar a la hecha común en la última regulación europea, el artículo 138
del Tratado de Maastricht y desarrollado después por el artículo 136 del
Reglamento del Parlamento Europeo.

Sexto, las declaraciones ante una comisión parlamentaria de investigación
desarrolladas sin el amparo de las garantías procesales no podrán tener
valor judicial alguno, para no afectar así a las resoluciones judiciales
desde la investigación parlamentaria. Debe reconocerse asimismo al
compareciente el derecho a no declarar contra sí mismo, no confesarse
culpable, no perjudicar su situación actual o futura, así como a invocar
los derechos de los que dispondría ante un órgano jurisdiccional.

Séptimo, las comisiones de investigación tendrán facultades análogas a
las vigentes en las leyes procesales como contempla, por ejemplo, el
artículo 82 de la Constitución italiana y la citada normativa europea que
prevé procedimientos de investigación análogos a los vigentes en las
jurisdicciones comunitarias.

Octavo, el deber de declarar está limitado por el deber del secreto, y
esto quedó también claro en otro informe jurídico solicitado por la
Comisión, por lo que se establecerán las disposiciones necesarias para
salvaguardar el deber de callar sobre aquello que se conoce bajo la
condición de secreto en términos legal y judicialmente definidos.




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Noveno y último, se garantizará la reserva para algunos aspectos de la
investigación. Deberán quedar salvaguardados los derechos
constitucionales de las personas llamadas a comparecer, tales como la
intimidad y el honor --y cito-- que constituyen un límite a cualquier
investigación que pueda emprenderse en las Cortes. La cita es el del
Diputado Aznar en el debate de la vigente Ley Orgánica de Comparecencias.

Los miembros de la Comisión de Investigación deben asumir, por tanto, el
compromiso de no facilitar información confidencial a ninguna otra
persona y el Presidente debe tener potestad para sancionar e incluso
excluir de la Comisión a quien incumpla ese deber.

En resumen, señorías, mi Grupo dijo que haría el esfuerzo de proponer
salidas a una situación en la que mi Grupo no había entrado, una
situación de la Cámara difícil a la que no había llevado mi Grupo.

Por consiguiente, y con palabras que tampoco son mías, las comisiones de
investigación, como todos los mecanismos parlamentarios, se acreditan y
consolidan cuando sirven al bien común y se desacreditan y fracasan
cuando ceden a la tentación de la demagogia. España es en estos momentos
triste ejemplo de lo que estoy diciendo. La afirmación no es mía, la
afirmación hecha este mismo otoño en el Parlamento Europeo es del Letrado
de estas Cortes, hoy Diputado europeo por el Partido Popular, José María
Gil-Robles.

Algunos han hablado de decepción. La verdad es que algunos grupos
advertimos en su momento, los socialistas con claridad, las dificultades
y los riesgos de la decisión que se iba a adoptar. Otros se obcecaron
hasta darse de bruces con la realidad. Nos gustaría escuchar alguna
autocrítica. Nos gustaría que se reconociese honestamente que la tarea
era inviable. Nos gustaría que se pronunciasen sobre las soluciones. No
hacerlo así y lanzar cortinas de humo o ver maquinaciones y
obstrucionismos en el mejor de los casos, cuando no se trata de una burda
y lamentable maniobra de oportunismo para la promoción personal, en el
mejor de los casos, puede ayudar a pasar un mal trago, pero demostraría
la inmadurez de quien lo haga, su incapacidad para aprender de los
errores y lo que es peor aún, su desprecio por el funcionamiento de las
instituciones parlamentarias, que estamos obligados a perfeccionar.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Acebes, en
representación de su Grupo Parlamentario.




El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, señorías, como ya se ha
recordado insistentemente en el Pleno de esta Cámara, ella misma acordó,
en uso de sus facultades y en representación de todos los españoles,
crear una Comisión de Investigación, con un objeto y con un objetivo
concreto, claro y definido: determinar las responsabilidades políticas
que resultasen de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de
los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), sin perjuicio alguno de
la actuación independiente de los tribunales de justicia.

Desde el comienzo, y tras todos los retrasos, trabas, acusaciones de
ilegalidad e impedimentos que el Grupo Parlamentario Socialista fue capaz
de imponer --y que con un eufemismo ha llamado su portavoz hace escasos
segundos en esta tribuna problemas, que no son tales, sino sólo los
derivados de su insistencia para impedir su normal funcionamiento desde
el comienzo de la Comisión-- se consigue, casi un mes después del acuerdo
de esta Comisión, una primera reunión para aprobar un plan de trabajo. Un
plan de trabajo y un calendario que consistía, tal y como se ha dicho, en
una abundante documentación, que me parece que también --si no he oído
mal al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hace escasos
segundos-- decía importante documentación y sobre la que se había hecho
menos incidencia.

Sólo quiero señalarles a sus señorías que de la documentación solicitada
el Gobierno socialista no había remitido ni uno solo de los documentos
que se les había solicitado y, por tanto, obstaculizado una vez más que
la importante, como la han definido todos los grupos parlamentarios,
documentación fuese conocida por la Comisión, a pesar --insisto para
cualquier réplica-- de que se decía expresamente que la que en Derecho
procediese que se remitiese. Pues no sólo no se remitió ni un papel, sino
que no se tuvo ni siquiera la cortesía de comunicar si se iban a remitir
o no. Esa es la documentación que ahora nos decía el portavoz socialista
que era importante y que otros grupos se habían olvidado de ella.

También se acordó, además de esa importante --insisto, yo sí lo creo--
documentación, una primera ronda de comparecientes, entre los que se
encontraban destacados responsables políticos en la época de
funcionamiento de los grupos antiterroristas de liberación. También se
acordó la comparecencia de los principales inculpados o de los
principales encausados. También se acordó una previsión con fecha fija de
una segunda ronda de comparecientes y se tuvo la previsión para la
reserva de tiempo suficiente para elaborar unas conclusiones que someter
a este Pleno.

Y en este momento, en el que hay un plan de trabajo, aunque se ha
intentado por algún Grupo en esta tribuna esta mañana menospreciar, era
posible, era coherente, era fruto del máximo exponente de la democracia,
que es la votación, pues es el momento en el que arrecian muchísimo más
los impedimentos y las maniobras para que no se llegue a unas
conclusiones que someterles a sus señorías.

Cuando se percibe que se podían determinar las responsabilidades
políticas del caso GAL y que esta Cámara y todos los españoles iban a
conocerlo, se emplea, por el Grupo Parlamentario Socialista, su capacidad
de maniobra y tres días antes --recalco, tres días antes-- de que
compareciesen los señores Barrionuevo, Serra, Elgorriaga, Sanjuán, es
decir, los principales responsables políticos en la época del
funcionamiento de los GAL y con la cooperación necesaria e imprescindible
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, boicotean los
trabajos de la Comisión hasta hacerla absolutamente inútil e imposible
para la consecución de sus objetivos.




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Por estos dos motivos, por hacerla imposible e inútil, es por lo único
que mi Grupo Parlamentario, claro que sí, inmediatamente solicita su
disolución. Continuar hubiese sido, como dije en aquel momento, un
auténtico esperpento. No se podía continuar con una Comisión en la que su
único objetivo, por mandato del Pleno de esta Cámara, soberanamente, era
investigar y determinar responsabilidades políticas y en la que, ustedes
evitan que comparezca ni uno solo, ni tan sólo uno, de los responsables
políticos ni de los encausados ni de los inculpados, ni siquiera
testimonialmente.

Los mismos que el día 16 de noviembre habían votado sí a las
comparecencias, sí al calendario, sí al plan de trabajo, sin reservas
--están las actas para demostrarlo--, sin condiciones, decididamente, ni
siquiera 15 días después, votan no al mismo plan que habían votado sí,
votan no a las mismas personas que habían votado sí, votan no a las
mismas comparecencias que poco más de diez antes habían votado sí. Ese es
el auténtico, el real, la verdad del impedimento del funcionamiento de
esta Comisión. Lo demás son cuentos, lo demás son justificaciones. Pero
aquí había una Comisión de Investigación, con un plan de trabajo, con
unas comparecencias y con una documentación y los señores del Grupo
Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos impidieron que hubiese ningún tipo de comparecencias, impidieron
que hubiese una segunda ronda. Las únicas flores que nos ha remitido el
Gobierno han sido, en las ruedas de prensa de después del Consejo de
Ministros, decir que esa Comisión era un auténtico circo.

Por tanto, ése era el momento y el único motivo por el que solicitamos la
disolución. Aquí los señores del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y los señores del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió no han dado una sola explicación razonable
de por qué se produjo ese cambio de sentido de sus votaciones.

Y la verdad, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es que,
tal y como aprobó esa Comisión, ustedes han impedido el normal
funcionamiento de la Cámara y, por tanto, de las instituciones
democráticas, sin reparar en nada. Nosotros cumplimos con nuestra
obligación: pedimos y solicitamos la creación de la Comisión; la
constituimos; demostramos que podía funcionar, y puede funcionar, y ése
fue el problema. No pueden ahora levantarse --que eso sí es una cortina
de humo-- todas esas propuestas reglamentarias, que, aun cuando pudieran
estudiarse, lo cierto es que había el amparo suficiente reglamentario y
legal para el normal funcionamiento y desarrollo de la Comisión de
Investigación.

Quisimos determinar las responsabilidades políticas; ustedes lo
impidieron con el único objetivo, conseguido, de que los españoles no
conociésemos un dictamen final. Pero en este momento creo que sí que
podemos obtener alguna conclusión con toda certeza, y ésa es que el
Partido Socialista, después de todo lo que ha hecho en esta Comisión,
tenía mucho que ocultar. Se ha hecho lo imposible para que esta Comisión
no funcionase. Y sabemos otra cosa: que sí ha habido responsabilidades,
por acción o por omisión, como autores uno y como cooperadores necesarios
otros, de que se haya ocultado a todos los españoles lo ocurrido con los
GAL e incumplido el mandato de este Pleno. Eso, y sólo eso, señor Bayona,
es el desprecio a las instituciones, el desprecio al Estado de Derecho y
el desprecio a la democracia, que usted hace escasamente unos segundos
reclamaba desde esta tribuna.

Nada mas. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista: Muy mal, fatal.--El señor Martínez Sevilla pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

¿Por qué me pide la palabra, señor Martínez Sevilla?



El señor MARTINEZ SEVILLA: Por el artículo 87, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.




El señor MARTINEZ SEVILLA: ¿Por cuánto tiempo, señor Presidente?



El señor PRESIDENTE: Por un tiempo de dos minutos.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hay un grupo parlamentario de esta Cámara y algunos de sus portavoces
que, cuando resultan contrastados y rebatidos en sus argumentaciones
políticas o no les gusta una argumentación de este tipo, suelen no
contraponer otra argumentación política, sino la descalificación
personal. Suelen oponer la descalificación más a la persona y suelen
además jalearlo con gritos, patadas, palmas, silbidos y otro tipo de
ruidos desde el conjunto de su Grupo Parlamentario. (Rumores y protestas
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Pues bien, señor Bayona, le diré que la afirmación que este portavoz ha
anunciado es compartida por toda mi formación política, y esa afirmación
es que la existencia de zonas de sombra en el Estado de Derecho y la
conculcación de los elementos del Estado de Derecho en la lucha contra la
violencia favorecen a la violencia y que, por tanto, la no investigación
parlamentaria y política del GAL y la no determinación de esas
responsabilidades políticas favorecen a la violencia y que la permanencia
de la violencia que ha ejercido el Estado durante un tiempo en este país
y su no aclaración favorecen, precisamente, a los otros violentos, a los
que siguen asesinando estos días. Esa es una formulación clara, política
y precisa que mi Grupo Parlamentario, mi formación política Izquierda
Unida apoya y ha apoyado en todos los foros. Y ésa, por tanto, es una de
las razones fundamentales por las que pedimos esta Comisión de
Investigación, por la que la votamos, por la que la hemos apoyado y por
la que hemos trabajado en ella con tesón, precisamente porque entendemos
que la más eficaz forma de luchar contra la violencia de ETA es oponer
los mecanismos democráticos del Estado



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de Derecho, no los mecanismos que se asemejan, como una gota de agua a
otra, a los suyos; no los mecanismos del secuestro, del ametrallamiento,
de la creación de bandas armadas, que, en definitiva, son los mecanismos
de los violentos. A la violencia sólo se puede responder con el Estado
democrático de Derecho. Por eso, ETA debió ser la que más se felicitó ese
día en que se disolvió la Comisión. Lo dice este portavoz y lo apoya mi
formación política.

Sepa usted rebatir con argumentos políticos, y no con descalificaciones
personales, cuando se le dan en esta Cámara. (Rumores.--El señor Bayona
Aznar pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Por qué pide la palabra, Senador Bayona?



El señor BAYONA AZNAR: Pido la palabra por el artículo 87 y por un tiempo
que espero que no sea superior al del anterior interviniente.




El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.




El señor BAYONA AZNAR: Yo creo que nadie duda --y se acaba de decir en la
tribuna-- de la condena que mi Grupo hace de todo tipo de terrorismo. Lo
que pasa es que no confundimos la condena y la investigación con la
utilización partidista del terrorismo. Eso es lo que denunciamos y
rechazamos, porque eso sólo favorece a la división entre los demócratas y
favorece a los asesinos.

Respecto a la intervención del Grupo Parlamentario Popular, comprendo su
frustración. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Su gran éxito, que fue crear esta Comisión, llegó a
convertírsele en una pesadilla. Fue un grave error saludar con euforia
esta Comisión.

Lo que lamento más no es eso. Lo que lamento más en este momento es que
sobre todas las propuestas que mi Grupo ha hecho no haya tenido a bien
decir una sola palabra. Lo que lamento más es que llame boicot a los
escritos de los jueces, a los problemas reales de Reglamento, a la
insuficiencia normativa y legal que dice el propio informe de la
Comisión. Lo que lamento es que el primer grupo de esta Cámara sea
incapaz de gestionar esa mayoría, por las contradicciones insalvables
entre quienes votaron votaron que sí por lo que esta Comisión se
disuelve. La disuelven por eso, porque no han sabido gestionar la
mayoría. Pero hay que recordar que esta Comisión no se habría creado si
el señor Aznar no hubiera venido aquí ese día; no se habría creado si no
hubiera habido un espectáculo bochornoso enseñando las papeletas. El
oportunismo político que supone forzar la creación de una Comisión...

(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

Senador Bayona, le ruego que no reabra su señoría el debate, por favor.

(Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)



El señor BAYONA AZNAR: ... es lo que conduce al fracaso. No es el fracaso
de esta Cámara, no es un fracaso del Grupo Parlamentario Socialista. Hoy,
Senador Acebes, también se ha equivocado. Podía haberse desembarazado de
esa pesadilla con elegancia; podía haber mirado al futuro, y no ha sabido
hacerlo.

(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Muy bien!--El señor Acebes Paniagua pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra, por el mismo tiempo.




El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente, por el mismo
artículo y tiempo.

Cuando dice que era el fracaso del Grupo Parlamentario Popular se
equivoca tanto como cuando dice que era el éxito del Partido Popular el
día que se ganó la votación para la Comisión de Investigación. Fue un
éxito de la democracia y del Estado de Derecho investigar (Fuertes
aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) los
desaprensivos desmanes de un Gobierno semiabsolutista... (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE:
Senador Acebes, también ruego a su señoría que no reabra el debate con
determinados calificativos.




El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, le recuerdo que no he
reabierto yo el debate y lo único que hago es contestar a las
acusaciones.

Insisto en que el fracaso, por tanto, era del Estado de Derecho y de la
democracia. Pero ése no es el de las instituciones, señor Bayona y
señores del Grupo Parlamentario Socialista. Ese fracaso de la democracia
y del Estado de Derecho y el perjuicio que han causado a esta
Institución, al Senado, tiene nombres y apellidos, y esos nombres y
apellidos son los del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que con sus votos
impidieron el normal funcionamiento de la institución, el normal
funcionamiento de la democracia. (Fuertes protestas.)
Si usted cree que es un insulto decir que nosotros no somos capaces de
gestionar a la mayoría, le digo que no lo es. A diferencia de lo que ha
hecho el Grupo Parlamentario Socialista en los últimos tiempos, no
estamos acostumbrados a «pastorear» a ningún Grupo. (Varios señores
Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no
se perciben.) Creemos en la independencia y en el respeto del resto de
los grupos.




El señor PRESIDENTE: Senador Acebes, debo hacerle la misma advertencia
que antes.




El señor ACEBES PANIAGUA: No me he metido con ustedes. No he dicho que
ustedes lo hayan aceptado. He dicho



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que lo intentan; (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
que lo intentan continuamente.




El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor ACEBES PANIAGUA: Nosotros, en definitiva, quisimos prestar un
servicio a la democracia, al Estado de derecho y a los españoles (Un
señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista pronuncia palabras que
no se perciben.) y ustedes lo han impedido porque tenían mucho que
ocultar (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.),
para impedir que eso se conociese. Y ése ha sido el triste resultado de
esta Comisión. Pero, insisto: hay responsables, hay culpables y, en este
caso, sólo son ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta de disolución que
ha presentado la Comisión de Investigación para determinar las
responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación,
financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de
Justicia.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 215; en contra, 8; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disolución de la citada Comisión
de Investigación.




MOCIONES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ENCARGUE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO SOBRE LOS RIESGOS DEL PVC, SU USO Y
APLICACION, CON INDICACION DE LOS MATERIALES PLASTICOS ALTERNATIVOS Y NO
NOCIVOS, PARA CONSEGUIR, MEDIANTE LA NORMATIVA PERTINENTE, UNA REDUCCION
PAULATINA DE SU USO EN ESPAÑA. (662/000169.)



El señor PRESIDENTE: Undécimo punto del orden del día: Mociones.

Moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a que encargue un estudio exhaustivo sobre los riesgos del PVC,
su uso y aplicación, con indicación de los materiales plásticos
alternativos y no nocivos, para conseguir, mediante la normativa
pertinente, una reducción paulatina de su uso en España. (El señor
Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, les pido que dejemos
que la Cámara pueda sustanciar este punto del orden del día.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Alonso
Colacios.




El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el PVC, cloruro de polivinilo, es uno de los materiales
plásticos más versátiles que podemos encontrar actualmente en nuestra
sociedad. Los plásticos PVC tienen muchas y diferentes aplicaciones. Se
utilizan para envases de agua mineral, material de embalaje, moquetas,
ventanas, elementos de la construcción, tuberías, suelos, bolígrafos,
material hospitalario, juguetes, etcétera. El consumo específico del PVC
en Europa, Japón y Estados Unidos es de 15 kilogramos «per cápita». En
España, ese consumo es del orden de 10 kilogramos «per cápita». Según
datos de ANAP (Confederación Española de Empresarios del Plástico), de
1994, en España se consumen del orden de 392.000 toneladas de PVC.

Actualmente, el PVC representa un 30 por ciento de la producción total
del cloro en el planeta Tierra. En España, el sector proporciona 1.000
empleos diarios, siendo Aiscondel, Elf, Atochem España e Hispanic
Industrial los tres centros de producción de PVC más importantes que
existen.

Señorías, ¿por qué el PVC, desde el punto de vista ecológico, suscita más
preocupación a los ciudadanos, a los consumidores, que otros materiales
plásticos? No es fácil ni sencillo dictaminar si un producto es ecológico
o no lo es. Ningún producto es inocuo para el medio ambiente, pero unos
tienen un coste ambiental excesivo y otros mucho menor. Para saber si un
producto es, entre comillas, «verde», podemos aproximarnos realizando lo
que técnicamente se denomina un ecobalance, es decir, estudiando con
rigor los impactos positivos y negativos para el medio ambiente que dicho
producto tiene sobre la atmósfera, las aguas, el suelo o el paisaje, y
ello considerando todas y cada una de sus etapas: producción, transporte,
consumo y transformación en desecho.

Respecto al cloruro de polivinilo, el PVC, nos preguntaríamos: ¿Contiene
componentes tóxicos? ¿Produce contaminación del suelo, de la atmósfera o
es difícil de reciclar? La respuesta a cada una de esas preguntas nos la
daría, entre comillas, un «ecobalance global»: si ese producto es o no es
verde, si ese producto es o no es ecológico.

A «grosso modo», un análisis o ecobalance del PVC nos dice que crea
problemas al medio ambiente durante todo su ciclo de vida. ¿Por qué
afirmo esto? En primer lugar, el proceso global de producción de cloruro
de polivinilo va unido --es así irremediablemente-- a una producción de
cloro hasta un nivel jamás igualado. Con la combinación de éste con el
etileno, que se produce a partir de combustibles fósiles, se fabrica
dicloroetano de etileno (DCE), sumamente tóxico y fácilmente absorbible
por la piel. A partir de este compuesto (DCE) se obtiene el monómero del
cloruro de vinilo (VCM), gas extremadamente tóxico, inflamable, explosivo
y carcinógeno. Pues bien, señorías, el 95 por ciento de la producción de
VCM se utiliza



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exclusivamente para fabricar cloruro de polivinilo, es decir, PVC.

En resumen: los productos químicos intermedios utilizados en la
producción de PVC son tóxicos. Además, no es del todo posible retener y
no dejar escapar todos estos productos DCE/VCM durante su fabricación y,
consiguientemente, el riesgo de escapes, accidentes y malas gestiones «in
situ» intensificarían su impacto ambiental. Asimismo, señorías, el polvo
final de vinilo obtenido necesita una amplia gama de aditivos antes de
que el producto pueda ser manufacturado y usado en su consumo.

En segundo lugar, respecto al transporte del cloruro de vinilo, del
monómero a partir del cual se fabrica el PVC, nos preocupa que su
producción se realice lejos de donde finalmente es polimerizado y
producido el PVC. El riesgo de accidente por carretera, ferrocarril o por
mar representa un serio y grave problema. Los accidentes graves de
transporte por ferrocarril del VCM están muy bien documentados,
habiéndose producido al menos 17 accidentes graves en 15 años.

En tercer lugar, en relación, sobre todo, con el uso generalizado del PVC
en las casas --suelos de vinilo, papel pintado, cortinas de baño,
persianas, marcos de ventanas, equipamiento eléctrico, etcétera--, cuando
se produce un incendio, incluso antes de que aparezcan las llamas, los
objetos fabricados con este material desprenden ácido clorhídrico, gas
tóxico que causa graves quemaduras, especialmente en las vías
respiratorias, y daños materiales sobre todo al corroer las instalaciones
eléctricas.

En cuarto lugar, respecto a los residuos, una vez terminada la vida útil
del PVC, los materiales se convierten en residuos tóxicos. Si son
incinerados emitirán metales pesados, como el cadmio, bioxinas y otros
órganos tóxicos, sobre todo organoclorados; si los liberamos en su
vertedero con el tiempo liberan aditivos que pueden contaminar el agua
subterránea, ya que el PVC, como saben todas sus señorías, no es un
material natural y, por lo tanto, no se puede biodegradar.

En quinto lugar, respecto al reciclado, sabemos que la industria del PVC
está intentando elaborar con los desechos planes de reciclaje, pero la
gran variedad de productos de PVC hace casi imposible su reciclado al
contener cada producto de PVC muchos aditivos diferentes.

Mientras tanto, señorías, nuestro planeta se está llenando de productos
de PVC y la industria se está expandiendo hasta Iberoamérica y Asia.

Muchos materiales usados tradicionalmente ecológicamente más aceptables
han ido siendo desplazados por sustitutos baratos de PVC. No obstante,
algunas empresas están limitando el consumo de PVC en sus productos.

Recientemente, en Francia, la empresa NEST, propietaria de las aguas
minerales «Perrier y Vittel», ha decidido dejar de envasar agua en PVC
desde enero del año 1995.

En este contexto, recientemente el instituto austríaco «Osterreichisches
Okologie Institut» ha hecho un estudio sobre eliminación del PVC en los
municipios y recoge diversas alternativas más respetuosas con el medio
ambiente para las principales aplicaciones de PVC en ventanas, tuberías,
suelos, revestimientos de techos, paredes, tejados, persianas, embalajes,
etcétera. Así, muchos municipios de Europa --de Alemania, Francia,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y
Suecia--, entre otros los municipios de Francfort, Bonn, Hamburgo o
Viena, han adoptado resoluciones llamando a la reducción o eliminación de
los usos del PVC como materiales de construcción, equipamiento de
oficinas y envases.

Quiero apuntar también a la Cámara como dato de interés que la ciudad
olímpica de Sidney fue designada, entre otras razones, por limitar el uso
de PVC. Asimismo, la candidatura de Sevilla como ciudad olímpica para el
año 2004 está contemplando criterios para no instalar PVC dentro del
recinto olímpico.

Conocen sus señorías que el Quinto Programa comunitario de acción
medioambiental llega a la constatación de que los residuos no sólo son
una fuente potencial de contaminación, sino que pueden llegar a ser,
además, un importante caudal de materias primas secundarias. En este
sentido, los residuos de envases representan un volumen considerable
entre la totalidad de los residuos generados, por lo que la Unión Europea
ha dictado la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases. En esta
Directiva, como se recoge en el anteproyecto de Real Decreto-ley de
envases y residuos de envases, la Unión Europea se autoimpone la
obligación de conseguir unos compromisos entre los que figura, en primer
lugar, la necesidad de detener e invertir la tendencia actual de generar
cada vez más residuos y, en segundo lugar, la conveniencia de jerarquizar
las opciones de gestión de residuos, considerando como prioritarias las
medidas que tiendan a evitar que se generen, seguidas del fomento de su
reutilización y de su reciclado.

Se han anunciado interesantes iniciativas parlamentarias sobre la
problemática del PVC en Austria, Dinamarca, Bélgica y Suecia. Así,
recientemente, como conocen sus señorías, el Parlamento sueco ha aprobado
una resolución que recogía las recomendaciones realizadas por la
denominada Delegación Ecocíclica del Parlamento, formada por expertos
ambientales de industria, comercio, ONGs y Parlamento. En dicha
resolución se afirma que es posible realizar una evaluación global del
PVC desde la fabricación del cloro a sus residuos. En opinión del Comité
esta evaluación muestra que el PVC no puede formar parte de una sociedad
eco-cíclica. El PVC plastificado actual, así como el PVC rígido con
aditivos dañinos para el medio ambiente, deberían por ello eliminarse.

Esta eliminación --finaliza la resolución-- debería comenzar rápidamente.

Y finalizo, señor Presidente. El Gobierno sueco, en palabras de su
Ministra de Medio Ambiente, Anna Lindh, dice textualmente: No es la
cuestión si el PVC debería eliminarse, sino cómo debe eliminarse.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista afirma con esta moción
la conveniencia de ir adoptando decisiones políticas dirigidas hacia una
reducción paulatina del uso PVC en España, por lo que solicitamos el
apoyo de la Cámara.

Nada más y muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Colacios.

¿Turno en contra? (Pausa.) No hay turno en contra.

¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Martínez Sevilla.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, Presidente.

Intervengo para consumir, probablemente, el último turno dentro de esta
legislatura en una moción de un tema querido para mí, como es el
medioambiental, y en un asunto que entiendo que no supone un gran paso,
pero sí un pequeño paso para ir avanzando desde una perspectiva
parlamentaria en la eliminación de aquellas sustancias de tipo tóxico, de
aquellas sustancias con graves efectos ambientales, de aquellas
sustancias, en definitiva, que no deberían haber entrado en el ciclo del
consumo dada su alta toxicidad. Entendemos que es un pequeño paso
parlamentario; esperemos que también sea al menos un pequeño paso de
gobierno, es decir, esperemos que esto se concrete en actuaciones por
parte del Gobierno de tipo efectivo.

La moción pone de manifiesto --y yo lo comparto plenamente, mi formación
política lo comparte plenamente-- los riesgos del PVC. El PVC, que es un
compuesto organoclorado formado por una sustancia tremendamente tóxica
para la naturaleza, como es el cloro, puede dar lugar a contaminación,
puede dar lugar a la emisión de peligrosos gases cuando se somete a
tratamientos --como ya se están sometiendo buena parte de los residuos
sólidos urbanos-- como la incineración; puede dar lugar a contaminación
de aguas, de acuíferos, de tierra y, en definitiva, a la acumulación en
las cadenas tróficas de sustancias altamente venenosas. Esto está
suficientemente estudiado y contrastado, tanto desde un punto de vista
médico como desde un punto de vista científico. Sin embargo, si alguien
pretende que el Gobierno de la nación estudie más todavía los riesgos del
PVC, nos parece correcto, aunque puede que, en parte, redundante. Si,
además, se pretende, como se dice en la primera parte de la moción, que
se indiquen materiales plásticos alternativos y no nocivos o no plásticos
--habría que añadir-- para atender mediante la normativa pertinente una
reducción paulatina de su uso en España, nos parece correcto porque,
efectivamente, habría que dictar normas, habría que dictar sugerencias,
habría que hacer planes para la sustitución de esos materiales de PVC,
aunque hay que señalar que todo esto está ya bastante estudiado. Pero
aquí cabría aplicar aquel refrán de: Nunca es mal año por mucho trigo.

Por tanto, si se añade más trigo, bienvenido sea.

El segundo punto de la moción es, sin embargo, algo más inconcreto: Que
el Gobierno de la nación proceda a elaborar las normas pertinentes
tendentes a ir sustituyendo los envase de PVC. Hay que decir que nos
habría gustado más una moción que dijera que en plazo de tanto tiempo,
que en el plazo de un año, que en el plazo de dos años, se presente un
plan para la sustitución, y esto pone un calendario, esto pone una fecha
límite, esto pone, en definitiva, una meta que cumplir, un plazo de
calendario y un objetivo de sustitución. Sin embargo, que se elaboren las
normas tendentes a ir sustituyendo los envases de PVC nos parece algo
inconcreto, nos parece que avanza poco, pero como nos parece que avanza
algo, insisto en que, desde este punto de vista, lo vamos a apoyar.

Hay ya muchas ciudades, muchos parlamentos que han tratado la cuestión
del PVC en Europa y, por tanto, en un asunto en el que no somos pioneros
debiéramos dejarnos guiar por ese tipo de iniciativas para quizá, cuando
demos un paso, hacerlo con más firmeza, con mayor alcance. Más de
trescientas ciudades libres de PVC en Europa, es decir, más de
trescientas ciudades con una normativa específica y que abarca a
poblaciones de Austria, de Bélgica, de Dinamarca, de Francia, de
Luxemburgo, de los Países Bajos, de Noruega o de Suecia, que tienen
normativas específicas para estar libres de PVC, que tienen normas para
que en las construcciones domésticas, en los usos domésticos, en los usos
industriales, en otros usos sociales o en otros usos de servicios como
hospitales, como dependencias de la Administración no exista PVC.

Pero, además, hay ya un amplio bagaje de iniciativas parlamentarias
europeas sobre el PVC. En 1989, el Parlamento austríaco; en 1991, el
danés; en 1993, el belga, y el 23 de noviembre de 1995, muy
recientemente, hace escasamente menos de un mes, el Parlamento sueco toma
la decisión de eliminar el PVC. Toma una decisión de envergadura. No es
que se adopten o se elaboren normativas tendentes para ir sustituyendo el
PVC en el futuro, sino que toma la decisión de eliminar el PVC, es decir,
que apuesta, ya había apostado previamente en 1993 por lo que llamaba la
ley ecocíclica, es decir, la ley de todo aquello que sale a consumo, de
que todo aquello que sale a uso por parte de la sociedad debe volver a
reintegrarse al uso de la misma y no quedar como recurso, y debe volver a
reintegrarse, bien por la vía del reciclado, bien por la vía de su
integración natural, de tal manera, a partir de los desarrollos de esta
ley ecocíclica es el propio Parlamento sueco el que se plantea que no hay
nivel mínimo aceptable alguno de PVC, que debe existir un nivel cero de
PVC y, por tanto, lo que hace es algo de mucha más garantía, algo de
mucha más seguridad que, en realidad, es lo que vamos a hacer aquí hoy:
crear un grupo de estudio, un grupo de trabajo, dependiente del
Parlamento sueco que con expertos de la industria, que son expertos
medioambientales, que son expertos del Gobierno, que son expertos de la
sociedad, que con participación de organizaciones no gubernamentales y
que con participación del conjunto de los grupos parlamentarios, por
tanto, un grupo de trabajo con un componente político, pero también un
grupo de trabajo con un componente técnico y científico muy acusado va a
establecer un plan que presentará al Parlamento para decir qué materiales
de PVC van a ser eliminados, para decir por cuáles van a ser sustituidos,
para decir qué medidas de apoyo se van a tomar en esa dirección, para
decir, en definitiva, cuáles van a ser los ritmos, el calendario y el
progreso de la sustitución del PVC. Esto nos parece la decisión de más
envergadura, y como ya tenemos precedentes, quizá hubiera sido deseable
plantear esta vía. No obstante, entendemos que lo que plantea la moción
es algo mucho más inconcreto. Algún Senador me ha comentado estos días
que quizá era poco electoralista. Pudiera ser, hay elecciones cerca,
pero,



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en cualquier caso, si algo de electoralismo nos va a traer beneficios
medioambientales, yo estoy dispuesto a apoyar ese tipo de electoralismo,
el que nos traiga beneficios medioambientales. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
En cualquier caso, no hago presunción de los motivos de la moción. Sé que
el Senador que la presenta es un Senador que ha tenido preocupaciones
ambientales en esta Cámara y, por tanto, entiendo que la moción, aunque
escasa de contenido, aunque con pocos compromisos para el Gobierno,
aunque con una formulación bastante laxa, bastante débil y que no
compromete a demasiado, supone un pronunciamiento político de esta
Cámara, y esperemos que suponga un acicate para el Gobierno para
desarrollarlo en el futuro y, por tanto, para, en el plazo de pocos años,
vernos libres del PVC.

Finalmente, quería manifestar también dentro de este turno la posición de
la Senadora de Eusko Alkartasuna, Inmaculada de Boneta, que, ya que estoy
utilizando yo el turno de portavoces, no puede utilizarlo ella. La
posición es que esta Senadora, integrada en el Grupo Mixto, me solicita
que deje constancia de su apoyo a la moción, a la vez que entiende que
deberían tenerse en cuenta en el estudio de que se trata el análisis del
coste económico y el correspondiente presupuesto para la reducción
paulatina del uso del PVC, así como la coordinación necesaria a través de
la propia unión de los países que conformamos la Unión Europea. Esta
actitud es coherente con la política adoptada por el Departamento de
Ordenación Territorial, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno vasco,
cuya responsabilidad corresponde a Eusko Alkartasuna. Por tanto, deseo
manifestar aquí el apoyo a esta moción, no sólo por parte de Izquierda
Unida, sino también por parte de Eusko Alkartasuna, y manifestar diversas
reservas sobre el alcance o sobre el grado de compromiso que podría
indicar al Gobierno o sobre, por ejemplo, los costes que podría indicar
la misma.

Como última intervención dentro de esta legislatura, yo quería agradecer
muy seriamente a todos los servicios de la Cámara el apoyo que han
prestado a la labor parlamentaria, en particular del Grupo Mixto y creo
que del conjunto de grupos de la Cámara, agradecer a todos aquellos que
han estado trabajando duramente en esta Cámara en este tiempo para que
aquí podamos tener debates políticos, agradecer a mecanógrafas, a
taquígrafas, a las personas que nos han estado atendiendo constantemente
y señalar quizá con cierto tono de ironía que parece paradójico, que
parece curioso que, finalmente, mi última votación en esta Cámara sea
para coincidir con el grupo político que entiendo que, a lo largo de
estos últimos meses, ha manifestado más descortesía, ha manifestado quizá
más falta de educación, ha manifestado en muchas ocasiones mucho más que
eso, ha manifestado rabia u otras cosas con respecto a las posiciones
políticas que mantenía este portavoz parlamentario. Sin embargo, a este
portavoz parlamentario, a mi formación política, únicamente le mueve el
contenido político de lo que se vota y no le mueven, por supuesto, otras
consideraciones. Por ello deseo manifestar esa ironía para dejar
constancia de mi coincidencia en este pequeño paso que supone la moción.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra don Ricardo Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Debo señalar, en primer lugar, que desde nuestra perspectiva nos
encontramos en presencia de una moción ciertamente alarmista. Basta leer
su contenido para darnos cuenta de que el PVC es un material poco menos
que malévolo. Pero lejos de hacer esta consideración que puede parecer
simplista, tenemos otro dato para la reflexión, y es que es una moción
más propia del histerismo de algún ecologista que de un partido cuyo
rigor y seriedad nos parecen manifiestos y de un portavoz que ha
demostrado, como se ha dicho por el portavoz anterior, una gran
sensibilidad hacia las cuestiones ecologistas, y entiendo también que
hacia las humanas. ¿Y por qué digo esto, señorías, se preguntarán
ustedes? Pues por una razón muy sencilla: porque creo que esta moción es
susceptible de causar una lesión patrimonial a los fabricantes de PVC, a
los comerciantes, a los instaladores y a los consumidores, a aquel
incluso que ha puesto los marcos de su ventana de PVC creyendo que iba a
revalorizar algo le vamos a decir aquí y ahora que se ha equivocado, lisa
y llanamente, y que va a sufrir un menoscabo económico evaluable. Creo
que esto nos debe exigir prudencia, nos debe exigir una reflexión por lo
menos.

Además, esta moción puede provocar --no soy economista, es un
razonamiento de mi cosecha y creo que lo aplico con la lógica de que uno
es capaz-- efectos contrarios a los que se pretende; es decir, una bajada
de los precios del PVC como consecuencia de calificarlo poco menos que
como un material de desecho o a no utilizar puede provocar, a su vez, su
utilización masiva, que es, precisamente, lo que esta moción trata de
evitar.

De otra parte, y aplicando también la lógica y el sentido común, creemos
que si se quiere empezar a restringir el uso de un material determinado,
es la propia Administración Pública la que tiene que empezar a dar
ejemplo, la que tiene que empezar por ser restrictiva, y hasta el día de
hoy la Administración Pública en todo tipo de obras está utilizando
masiva y frecuentemente este material. Creo que éste es un dato por el
que habría que empezar y no precisamente por un dato de carácter general
como es el que tiene en consideración esta moción.

Por último, quiero aludir a que del propio texto de la moción deducimos
que hay una contradicción en los propios términos en el apartado 1 de su
parte dispositiva, que dice que el Gobierno de la nación encargue un
estudio exhaustivo. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero, a renglón
seguido, se nos dice ya la consecuencia de ese estudio exhaustivo, y es
tender a una reducción paulatina del uso de este material en España. O
sobra el estudio o sobra la conclusión pero, desde luego, nos estamos
engañando y es un leve insulto a la inteligencia que existan estas dos
contradicciones en el texto.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Senador Beguer tiene la palabra.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Senador Alonso Colacios, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, nos ha planteado un tema candente, el uso del cloruro de
polivinilo, el plástico que durante varias décadas ha sido y sigue siendo
la solución en gran número de usos, en envase, en embalaje, en la
construcción, tuberías, marcos de puertas y ventanas, suelos, materiales
para automóviles, usos en agricultura, electricidad, mobiliario,
juguetería, etcétera.

La sociedad de consumo, la industrializada, tiene uno de sus más claros
exponentes en la utilización del PVC.

Desde hace algunos años se han cuestionado los derivados organoclorados,
y el PVC es uno de ellos, pese a la imposible generalización, ya que es
muy diverso y distinto el número de organoclorados, su composición, sus
propiedades, sus características y, evidentemente, su eventual toxicidad.

Ha trascendido a la opinión pública el problema de los
fluoclorocarbonados, principales causantes del agujero de ozono, del DDT,
dicloro-difenil-tricloroetano, producto tóxico para diversos órganos, y
en más de una ocasión se ha generalizado.

En la exposición de motivos --y en parte ha hecho mención el Senador
Alonso Colacios-- se les achaca a muchos de ellos, y concretamente al
PVC, un pernicioso efecto sobre la salud pública, a veces por su proceso
de fabricación, otras por el de incineración, y se le acusa al PVC de que
la incineración puede provocar emanaciones de clorhídrico, residuos
tóxicos, como dioxinas, metales pesados, etcétera.

Determinados sectores afirman que su uso en materiales de construcción
puede producir, en caso de incendio, emanaciones de clorhídrico con
efectos sobre la piel, vías respiratorias, además de los productos
tóxicos antes mencionados.

El hecho de que se trate de un producto no fácilmente degradable, ni
fácilmente reciclable, aunque se recicla, de muy lenta transformación,
constituye un tema adicional dentro de este debate.

La moción socialista, que plantea el estudio para la paulatina
sustitución del PVC, producto del que, como sus señorías saben, se
vierten diariamente muchas toneladas, es digna de debate y de estudio,
pero pensar en la progresiva y forzosamente lenta sustitución de este
producto, requiere, sin duda, estudios en profundidad y estudios previos
que aclaren la situación, como ya ha manifestado el Senador Sanz, porque
digámoslo claramente, señorías, la cuestión planteada no es ni mucho
menos de fácil solución. El uso de materias sintéticas en multitud de
aplicaciones ha supuesto un importantísimo avance en la sociedad de la
segunda mitad del siglo XX, ha permitido ahorrar recursos naturales,
llámese madera, hierro, cobre u otros minerales. Hoy en día en España y
en muchos otros países es casi inimaginable adquirir una botella de agua
de litro y medio, o con frecuencia de otros tamaños, o una botella de
aceite que no vaya en un envase de PVC.

Si bien es cierto que algunos sectores aconsejan la paulatina sustitución
de PVC por otros materiales, no lo es menos que el debate sigue abierto y
que no existe consenso sobre la toxicidad de sus derivados. Se habla de
las dioxinas, pero piensen sus señorías que algunos científicos señalan
que existen 235 dioxinas, de las cuales son tóxicas únicamente 17, y
ninguna de ellas derivada del PVC.

Nuestro Grupo entiende que no se han de desoír las voces de alerta, que
en el mercado mundial se consumen 18 millones y medio de toneladas de PVC
al año, de éstos concretamente cinco en Europa Occidental, y que es
conveniente realizar los pertinentes estudios.

La propuesta socialista sería bastante ponderada si no fuese, en primer
lugar, por lo alarmante de su exposición de motivos y, en segundo lugar,
porque, como el Senador Sanz decía, los puntos de la moción casi
prejuzgan el resultado, por lo que, pareciéndonos oportuno que el
Gobierno realice nuevos estudios y teniendo en cuenta que el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente acaba de finalizar estos
días un detallado informe de un año de trabajo sobre minimización de
residuos del sector de PVC (informe en el que no se hace referencia o
recomendación alguna a la reducción de su uso y sí sólo a las inversiones
que deben hacerse para la mejora del medio ambiente), por todo esto que
acabamos de exponer, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió se abstendrá en la votación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

El Senador Alonso Colacios tiene la palabra.




El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero decir y constatar en este turno de portavoces que es necesario
realizar ese estudio. Decimos que sea exhaustivo porque debería hacerse
no solamente desde el punto de vista ecológico, sino también
epidemiológico, económico, etcétera. Es muy importante hacer ese estudio
y hacerlo dentro del contexto --que quizá no he dejado suficientemente
claro en mi intervención-- de la normativa europea, sobre todo en el
marco del V Programa de Acción Medioambiental.

En ese sentido se constata que es necesario reducir los residuos en toda
Europa y debemos caminar por ahí, porque una política responsable y
racional sobre residuos, a mi juicio, tiene que priorizar y jerarquizar,
y no producir esos residuos, de lo contrario, nos encontraremos con
graves problemas a la hora de determinar si establecemos centros de
gestión de esa eliminación de los residuos, y muchas veces se adoptan
posiciones demagógicas por parte de algunos partidos políticos que
incluso me atrevería a decir que estarían en posiciones no favorables a
que esta política de residuos fuese la que he manifestado en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.

Agradezco la posición expresada por los diferentes grupos políticos hasta
el momento actual de mi turno.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora de Lara.




La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, debatimos hoy en esta Cámara una moción sobre los PVC, de los
que ya se ha hablado largamente: materiales plásticos fabricados por
polimerización del cloruro de vinilo y utilizados a gran escala en
materiales de envases y embalajes, en la fabricación de tubos y mangueras
y en múltiples usos.

La presencia de cloro en su composición le hace, a priori, más
perjudicial para el medio ambiente que otros plásticos que carecen de ese
elemento químico. Ese aspecto desfavorable aparece desde el proceso de
fabricación hasta su eliminación final si es por incineración. Pese a
ello, actuaciones controladas en su fabricación y destrucción pueden
convertirlo en inocuo para el medio ambiente si se realizan de forma
correcta.

En este sentido, es conveniente recordar la normativa europea respecto a
la incineración de residuos sólidos urbanos que potencialmente puedan
contener PVC y otros compuestos clorados procedentes de envases y
embalajes, lo que indica que los gases procedentes de la incineración
deben permanecer más de dos segundos a 850 grados centígrados para evitar
la formación de dioxinas y furanos.

Parece adecuado un estudio de este producto, de sus posibles efectos
negativos y de sus materiales alternativos. Sin embargo, sorprende la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista a estas alturas de una
legislatura ya finalizada, cuando es imposible que el Gobierno emprenda
las acciones que el Senado le indica. Por lo tanto, el Grupo
Parlamentario Popular cree que esta iniciativa hay que tomarla como una
actuación puramente electoralista y lejana de cualquier interés positivo
por el medio ambiente.

En esta misma línea, también parece curioso que prácticamente la única
directiva medioambiental que el Gobierno parece tener interés en
trasponer dentro del plazo del que dispone para ello es la de envases y
residuos de envases que, además, se pretende hacer por decreto-ley,
hurtando al Parlamento un debate importante. En el borrador número 13 de
la trasposición de esta Directiva se restringe de forma importante el uso
del PVC y se incluyen valores límites para su combustión, asimilándolo en
la práctica a un residuo tóxico y peligroso.

Además de la duda de la legalidad de modificar los límites de emisión a
la atmósfera en la incineración de ciertas sustancias por la vía de la
trasposición de una nueva directiva que nada tiene que ver con la
materia, parece curioso que ello se haga por un decreto, cuando el mismo
Gobierno viene anunciando desde hace tiempo --y la oposición reclamando--
la modificación de la Ley de contaminación atmosférica, marco natural
para estas medidas, que precisa de forma urgente su puesta al día.

Los hechos que se describen en la exposición de motivos como evidentes
son al menos, químicamente, discutibles. El PVC es un material no
inflamable y clasificado por las compañías de seguro de todo el mundo
como no propagador de las llamas. En caso de incendio, los gases
producidos son dióxido de carbono y ácido clorhídrico, y su toxicidad
similar a la de la mayoría de los productos utilizados corrientemente. La
fácil detección --vía olfativa-- del ácido clorhídrico le hace actuar de
alarma. Es conveniente que recordemos que más del 60 por ciento de la
industria química depende del cloro, que son incontables los materiales
que tienen cloro y que en condiciones de inflamabilidad pueden producir
ácido clorhídrico. Por otra parte, el transporte del PVC no presenta
ningún problema, ya que no está catalogada como mercancía peligrosa. Es
por ello que creemos que en la exposición de motivos hay una serie de
términos incorrectos que precisarían de una corrección detallada.

Como ha indicado el Senador representante del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado, en el estudio efectuado por la empresa pública Emgrisa,
dependiente del Ministerio, se habla de minimización de residuos, no se
habla para nada de sustituir los envases de PVC.

Si analizamos el texto de la moción, observaremos que en el primer punto,
la formulación de la propuesta --un estudio exhaustivo con el que estamos
de acuerdo-- prejuzga ya la peligrosidad del material a estudiar y,
asimismo, se solicita --sin haber realizado el estudio anteriormente
citado-- que el Gobierno dicte leyes para reducir su uso, es decir, se
juzga, se condena y se ejecuta la sentencia en relación con el material,
sin haber hecho ningún tipo de investigación o de la investigación que se
solicita.

En consecuencia, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
estando de acuerdo con alguno de los aspectos de fondo de la moción,
entendiendo que es necesario un estudio exhaustivo sobre este material
--estudio que entendemos el Gobierno no tiene tiempo de realizar--, hay
otros puntos de la moción con los cuales, como he indicado, no podemos
estar de acuerdo, por lo que la postura del Grupo Popular va a ser la de
la abstención.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.) Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, voy a emplear un par de
minutos para hablar sobre el contenido de las afirmaciones. No quisiera
entrar en el trasfondo político de la moción, de su oportunidad o no,
pero sí en la peligrosidad del PVC que aquí se ha puesto en cuestión.

Realmente, la peligrosidad del PVC está constatada y, por lo tanto, es
más que deseable su sustitución. En la producción de PVC no sólo se
generan dioxinas, sino también cloruro de vinilo; éste afecta a los
aparatos inmunitarios, reproductor, endocrino o nervioso de prácticamente
casi todos los seres vivos. Además, el PVC necesita una serie de
aditivos, como estabilizantes, plastificadores, biocidas, rellenantes,
que contienen metales pasados como bario, estaño, plomo, cadmio o zinc,
que lo único que hacen es cargar los ecosistemas con una dosis importante
de metales pesados que se acumulan en las cadenas tróficas y que son
prácticamente imposibles de eliminar.




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Finalmente, señorías, para terminar, el Parlamento sueco --que, desde
luego, tiene poca fama de insolvente y sí todo lo contrario, bastantes
garantías de solvencia en cuestiones ambientales--, dice sobre el PVC que
la fabricación de cloro para la producción de PVC añade una carga al
medio ambiente a través de las emisiones de organoclorados, vertidos de
mercurio y consumo energético. Además, dice que es imposible reciclar el
PVC --no puede reciclarse completamente-- y que el vertido convencional
en tierra es inapropiado. Por lo tanto, señoría, hay argumentos más que
suficientes respecto a la nocividad, toxicidad y daño al medio ambiente
del PVC.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que encargue
un estudio exhaustivo sobre los riesgos del PVC, su uso y aplicación, con
indicación de los materiales plásticos alternativos y no nocivos, para
conseguir, mediante la normativa pertinente, una reducción paulatina de
su uso en España.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 102; en contra, tres; abstenciones, 104.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO
MUESTRA SU APOYO A LA CIUDAD DE ALMERIA PARA QUE SEA SEDE DE LOS JUEGOS
DEL MEDITERRANEO A CELEBRAR EN EL AÑO 2005 Y POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE COLABORE FINANCIERAMENTE Y AVALE EL PROYECTO PRESENTADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMERIA PARA ORGANIZAR DICHOS JUEGOS.

(662/000170.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la moción del Grupo
Popular por la que el Senado muestra su apoyo a la ciudad de Almería para
que sea sede de los Juegos del Mediterráneo a celebrar en el año 2005,
tiene la palabra el señor Arance.




El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, traemos hoy a la consideración de esta Cámara un asunto de
singular importancia para los intereses de Almería y, consecuentemente,
para los de Andalucía y España, cual es la celebración en la misma ciudad
de los Juegos del Mediterráneo que tendrán que celebrarse en el año 2005.

Es de todos conocida la importancia que para los países que se ubican en
el arco mediterráneo tiene la celebración de un evento de estas
características en el terreno de lo deportivo, de lo social y lo
económico. Y, ni que decir tiene que, en este caso, esa importancia se ve
acrecentada para la ciudad de Almería, en virtud de los beneficios de
todo tipo que reportarán, no sólo en el ámbito antes descrito, sino en la
faceta de las mejoras infraestructurales que supondrá la celebración del
acontecimiento con la puesta en funcionamiento, no sólo de las
instalaciones propias de las competiciones que se han de celebrar, sino
de todas aquellas anejas que contribuirán a la mejora del entorno.

Señorías, estoy convencido de que con la aprobación en el día de hoy de
esta iniciativa estamos, sin duda, contribuyendo a prestar un gran
servicio a la sociedad a la que tenemos el honor de representar. En este
caso un servicio dirigido a una ciudad y a una provincia en concreto,
pero, en definitiva, a la sociedad española en su conjunto.

Muchas han sido las razones que nos han llevado a las conclusiones que
hoy aquí planteamos, pero creo que también es necesario objetivar el
porqué de nuestros planteamientos. En ese sentido, es necesario decir que
los Juegos del Mediterráneo tienen lugar cada cuatro años, un año después
de los Juegos Olímpicos de verano. En España se celebraron por última vez
en el año 1955, en Barcelona. Por tanto, en el año 2005, fecha en la que
Almería quiere organizarlos, se habrán cumplido 50 años desde que se
celebraron en España estas pruebas de gran tradición en el mundo
mediterráneo. Y Almería se enmarca, no sólo por razones geográficas,
sino, además, por razones culturales, históricas y vocacionales en el
marco mediterráneo.

La ciudad de Almería, señorías, lleva ya años trabajando en el proyecto
que le permita organizar estos Juegos. El apoyo de todos los grupos
políticos y de las instituciones públicas es imprescindible para el éxito
de la candidatura. Por eso, hoy deberíamos decir que la posición del
Ayuntamiento de Almería, de la Diputación Provincial, de la Junta de
Andalucía, de la Administración Central, de la Universidad de Almería y
del conjunto de la sociedad almeriense convierten a esta ciudad en una
inmejorable candidata para organizar los Juegos que constituyen un
acontecimiento deportivo excepcional y que son patrimonio de los países
de la Cuenca mediterránea. Al mismo tiempo que supone una inmejorable
ocasión para la promoción económica, cultural y turística de Almería, la
difusión del deporte y, en definitiva, para la mejora de la calidad de
vida de los almerienses.

En otro orden de cosas, habría que decir que Almería se está beneficiando
en los últimos años de unas especiales circunstancias favorables que se
deben aprovechar, pues a su clima, a su historia, a su cultura y posición
geoestratégica en el Mediterráneo, tendríamos que añadir su conexión con
la Autovía del Mediterráneo, conexión con Granada, mejora de las
infraestructuras y consiguiente demanda para las mejoras del aeropuerto,
etcétera.

A un nivel más urbano, Almería capital está obteniendo de la mano del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana y de diversas instituciones
públicas y privadas una serie de mejoras en su configuración urbana y en
sus equipamientos, singularmente, los que se refieren a deportes y
espacios libres; la variante de la Autovía E-15 y nuevos accesos como son
los de La Rambla de Belén, Pabellón Estadio de la Juventud, Pabellones
del Quemadero y La Cañada,



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Nuevo Club de Mar, Club de Costa, Paseo Marítimo, etcétera, que son
ejemplos claros de este tipo de actuaciones.

Almería debe buscar proyectos de ciudad que supongan metas, tanto para
las realizaciones públicas, como para las transformaciones sociológicas y
económicas, que permitan seguir avanzando, aprovechar y dar sentido a las
actuaciones ya consolidadas y reafirmar su capitalidad, dando servicios y
creando oportunidades, no sólo para sus ciudadanos, sino también para el
resto de la provincia y, por extensión, para el conjunto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Señorías, el propio Ayuntamiento de Almería entiende que el deporte, como
un fenómeno que ha logrado una extensión y popularización creciente junto
a la mayor disponibilidad de tiempo libre, incide fuertemente en la
configuración de los equipamientos y de los espacios libres de la ciudad.

Por otra parte, un sector económico de importancia creciente, y que,
además, tiene en este aspecto un carácter complementario para este
evento, es la actividad turística que debe ser una de las ideas fuerza
sobre las que basar ese proyecto de ciudad.

Por último, y dado que los acontecimientos deportivos tienen carácter de
grandes eventos, Almería que ya tiene una tradición creciente, pero
intensa, en la organización de los campeonatos del mundo, de Europa y de
España de voley-playa quiere averiguar y demostrar la idoneidad de sus
infraestructuras y de los servicios que se relacionan con estas
celebraciones, tanto de los existentes como de los previstos.

En base a lo expuesto, ya se ha procedido a la adjudicación de un Plan
Estratégico de Equipamientos Deportivos, así como a un estudio de
evolución deseable para la organización de estos grandes eventos.

Señorías, aunque el punto focal del estudio es la capital de la provincia
y todo el territorio correspondiente a su término municipal, algunas
propuestas y diagnósticos carecerían de valor, si no se analizara un
territorio mucho más amplio, siendo los marcos territoriales de
referencia los siguientes: El término municipal de Almería, con una
superficie de 293 kilómetros cuadrados y una población de 166.900
habitantes, es el ámbito central del estudio, ciñéndose el diagnóstico a
este ámbito. En el entorno inmediato, abarcando un conjunto de municipios
situados sobre la Carretera Nacional 340, hoy Autovía del Mediterráneo,
en el eje que une Málaga, Almería, Murcia y hasta una distancia de unos
60 kilómetros desde Almería se delimita un ámbito que incluye toda la
zona costera directamente relacionada con este eje de comunicaciones,
siendo los principales núcleos que deben incluirse en el estudio, los
siguientes: las ciudades de El Ejido, con una población de 43.000
habitantes y situada a 32 kilómetros de la capital, Adra, Berja,
Roquetas, Carboneras, Huércal de Almería, Cuevas del Almanzora, Gádor,
Garrucha, Huércal-Overa, Mojácar, Níjar, Pulpí, Tabernas, Vera y Vícar.

Ciudades que en su conjunto suman la cantidad de 181.600 habitantes.

La población global de este entorno inmediato es, aproximadamente, aparte
de los núcleos ya mencionados, de unos 320.000 habitantes, distribuidos
en una superficie total cercana a los 1.500 kilómetros cuadrados. En este
sentido, se producen fuertes interacciones con los servicios y
equipamientos que ofrece la capital y debe ser considerado como base de
cálculo poblacional para el dimensionado de servicios de la ciudad de
Almería, como territorio de equilibrio y descentralización de algunos de
estos equipamientos; entorno amplio, que abarca, prácticamente, toda la
provincia de Almería, con una población aproximada de 475.000 habitantes
y una superficie global cercana a los 7.500 kilómetros cuadrados. Los
municipios más alejados de la capital, como puede ser el caso de la
ciudad de Huércal-Overa, se sitúan a unos 115 kilómetros. Este entorno
puede ser considerado también ámbito de influencia para determinadas
ofertas de equipamiento con umbrales de servicio de mayor dimensión, ya
que las distancias y los tiempos de desplazamiento no llegan a ser
disuasorios.

En otro sentido, este entorno amplio debe servir de referencia para
intentar localizar algunos equipamientos deportivos singulares, que
normalmente están asociados con un entorno no urbano y dependen de
condiciones geográficas y territoriales muy concretas, ámbito de
referencia que incluye una parte importante de Andalucía oriental y,
concretamente, las ciudades de Granada y Málaga. Este entorno no será
considerado en relación con los equipamientos deportivos, ya que las
distancias impedirían estudiar relaciones inesistentes dentro del marco
de dichos equipamientos, ya que normalmente no superan el ámbito local.

Concretamente, este ámbito de reflexión se hace imprescindible al
considerar ciertas infraestructuras o servicios, que, como apoyo, pueden
ser los transportes aéreos, las telecomunicaciones o los servicios
sanitarios. En este caso, la organización por parte de Almería de unos
Juegos del Mediterráneo en este ámbito podría ser considerada para la
ubicación de algunas instalaciones deportivas singulares que no tienen
sentido si se conciben a escala municipal o provincial, ya que su ámbito
de servicios se acercaría más al de la Comunidad Autónoma o, incluso, a
territorios de mayor dimensión.

Por último, el marco mediterráneo en el que Almería se enmarca por
razones geográficas, culturales, históricas y vocacionales pertenece a
una red de ciudades articuladas en torno a tres ejes: el arco
mediterráneo, como ya hemos dicho, el arco continental y el arco
atlántico. Hasta el momento presente, la falta de infraestructuras
adecuadas había impedido la consolidación de las posibilidades que esta
posición garantizaba y es ahora, a partir de las conexiones físicas con
la autovía del Mediterráneo, la consecución de la categoría internacional
a nivel marítimo y la redacción del plan general de ordenación urbana que
organiza y estructura su territorio, cuando se da el escenario adecuado.

Por ello, este estudio se organiza a nivel psicológico sobre ese marco
mediterráneo, cuya esquina y charnela entre los brazos norte y sur es la
ciudad de Almería.

En relación a la organización de eventos deportivos singulares que puedan
colaborar al desarrollo económico de Almería, así como a promocionar y
difundir su imagen, tanto a nivel nacional, como internacional, el plan
estratégico determina un objetivo principal y otro secundario. El
objetivo final en el horizonte del plan estratégico es organizar los
Juegos del Mediterráneo del año 2005. A través



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de ese estudio se demuestra que este objetivo es adecuado, conveniente,
posible, proporcionado a la realidad actual de la ciudad y a sus
ambiciones de futuro. Para ello, debería desarrollarse un anteproyecto de
candidatura que, una vez aprobado a todos los niveles, sea presentado al
Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo.

La promoción del deporte, la reafirmación de la capitalidad de Almería y
el deseo de mostrar la capacidad organizativa frente a acontecimientos
internacionales aconsejan proponer los siguientes objetivos intermedios:
organizar uno o dos eventos deportivos singulares de tipo monodeportivo
que no requieran grandes instalaciones permanentes durante el período
comprendido entre los años 1996 y 1999, consolidando la presencia de
Almería en competiciones internacionales; organizar un evento deportivo
singular de nivel internacional coincidiendo con la finalización de los
principales equipamientos deportivos, palacio multiusos, instalaciones de
atletismo y piscinas de competición en la Universidad, etcétera, y
organizar algún evento multideportivo en el período posterior a la
elección de Almería como sede de los Juegos del Mediterráneo del 2005,
como rodaje y test de las instalaciones y de la organización.

En este sentido, señorías, el plan estratégico de los equipamientos
deportivos se propone alcanzar los siguientes objetivos dentro del marco
económico: convenir con los distintos niveles de la administración la
aportación planificada de los recursos públicos que permitan asegurar la
viabilidad de la ejecución del plan estratégico, consensuar con la
iniciativa privada la financiación y el desarrollo de determinados
centros deportivos vinculados a las áreas urbanas en extensión o a las
nuevas zonas de desarrollo turístico, establecer convenios con entidades
privadas para que se asuma la gestión de determinados centros deportivos,
con la finalidad de mejorar los programas de explotación y disminuir los
costes municipales correspondientes, tanto operativos, como de
mantenimiento; crear una sociedad, de gestión de carácter privado, pero
con capital público, encargada de la explotación de las grandes
instalaciones deportivas, dado el carácter multifuncional de estos
equipamientos; conseguir el apoyo de los distintos sectores económicos,
tanto para la ejecución del plan estratégico, como para la financiación
del proyecto de candidatura de Almería a los Juegos del Mediterráneo del
2005; perseguir la autofinanciación de los eventos singulares que se
organicen, propiciando unos mayores ingresos a través de programas de
patrocinio, difusión, venta de entradas, etcétera.

Señorías, los hitos más significativos en relación con este programa son
los siguientes: en el año 1995, redacción del anteproyecto de candidatura
a los Juegos del Mediterráneo del 2005; 1996, inicio de las
construcciones de los centros deportivos urbanos; 1997, aprobación del
proyecto de candidatura; 1998, promoción nacional e internacional de
Almería; 1999, inauguración del palacio deportivo, elección de la ciudad
sede de los Juegos del 2005; año 2000, constitución del comité
organizador de los Juegos del Mediterráneo; 2001, finalización de la
primera fase del complejo deportivo de El Tollo, Juegos del Mediterráneo
de Túnez --hago esta referencia porque en el 2001 se celebrarán los
Juegos del Mediterráneo en Túnez--; año 2002, inauguración de las
instalaciones de competición de la Universidad; 2003, fase final del
programa de mejora del deporte escolar; 2004, proyecto de
acondicionamiento temporal de los escenarios deportivos y, por fin, en el
2005, celebración de los Juegos del Mediterráneo en Almería.

Señorías, todo este conjunto conforma lo que podríamos denominar como
Plan Almería 2005 y que persigue como primera medida la designación por
parte del Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo y, en
último término, la celebración durante el año 2005 de los citados Juegos
en la ciudad de Almería.

Para ello, es necesario que a partir de la aprobación de esta iniciativa,
si es que así sucede, se prevean las inversiones necesarias para que esta
importante máquina empiece a funcionar. Tales inversiones se podrían
cuantificar en algo más de 6.000 millones de pesetas. De ellos, 600
corresponderían, en un principio, a la iniciativa privada y 900 a los
equipamientos deportivos de la Universidad. La inversión más cuantiosa
ascendería a unos 1.000 millones de pesetas, con destino al nuevo palacio
multiusos. El resto de la financiación debería asumirse por la
Administración del Estado, Administración autonómica, Diputación
Provincial, Ayuntamiento de Almería y Universidad de Almería.

Señorías, en el próximo año 1996 deberán iniciarse las construcciones
previstas en el Plan Almería 2005 y terminarse en el año 2004, es decir,
uno antes de la celebración de los Juegos, debiéndose asimismo programar
la finalización del palacio multiusos para 1999, año en que el Comité
Internacional de los Juegos del Mediterráneo debe acordar la denominación
de la sede de los Juegos del año 2005.

Parece adecuado fijar un horizonte de diez años para la ejecución del
plan estratégico, básicamente, por motivos de prudencia en relación al
ritmo de inversiones. Como quedó explicado anteriormente, la inversión
total, cercana a los 6.000 millones de pesetas, es perfectamente
soportable dentro de este marco temporal. El horizonte del 2005 coincide,
además, con el año de celebración de los Juegos del Mediterráneo, a los
que Almería desea optar. En esta planificación a diez años, deberían
tenerse presentes los siguientes hitos significativos: en 1995,
aprobación del plan estratégico, creación del comité de precandidatura,
negociación de la financiación del plan estratégico, publicación del
documento «Almería Pretende», redacción de los proyectos arquitectónicos
de los centros deportivos urbanos...




El señor PRESIDENTE: Senador Arance, le rogaría, si fuera posible, que
fuera concluyendo.




El señor ARANCE SOTO: Voy terminando, señor Presidente. Yo le rogaría un
poquitín de flexibilidad dada la importancia que para nosotros tiene esta
iniciativa.

Año 1996: actuación urbanística y obtención del suelo necesario para los
proyectos de los centros deportivos urbanos, redacción del proyecto de
candidatura, adjudicación de obras iniciales en 1996, acuerdos de cesión
temporal



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de instalaciones, acuerdos de financiación de la candidatura.

Año 1997: aprobación en todas las instancias necesarias del proyecto de
candidatura y asistencia a los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán
en la ciudad italiana de Bari.

Año 1998: difusión y venta de la candidatura, organización de un evento
deportivo singular y un catálogo de obras urbanas a incluir en el
horizonte del 2005, así como la presentación de la candidatura de Almería
para la celebración de los Juegos del Mediterráneo ante el Comité
Internacional de los Juegos del Mediterráneo.

Año 1999: promoción de Almería, encargo de proyectos, inauguración del
Palacio Multiusos, organización de eventos deportivos singulares y
elección de la ciudad sede de los Juegos del Mediterráneo.

Año 2000: constitución del Comité organizador de los Juegos del
Mediterráneo.

Año 2001: desarrollo de los proyectos de organización de los Juegos del
Mediterráneo y asistencia a los Juegos del Mediterráneo de Túnez.

Años 2002 y 2003: desarrollo de las áreas de trabajo del Comité
organizador y desarrollo de los proyectos y obras del plan especial.

Año 2004: finalización de todas las obras del plan estratégico, período
de rodaje y prueba de las instalaciones, proyecto de adecuación temporal
y contrato de suministros. Y, por fin, en el año 2005: celebración de los
Juegos del Mediterráneo. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la
Presidencia.)
Señorías, a la vista de todo lo expuesto con anterioridad proponemos a la
consideración de la Cámara la aprobación, si procede, de la siguiente
moción, que en su parte dispositiva establece lo siguiente: primero, que
el Senado muestre su apoyo a la ciudad de Almería para que sea sede de
los Juegos del Mediterráneo a celebrar en el año 2005. Y, segundo, que el
Senado inste al Gobierno de la nación a que colabore financieramente y
avale el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Almería para
organizar los Juegos del Mediterráneo del año 2005.

Señor Presidente, señorías, este Senador espera de la sensibilidad y
sentido común de todos los grupos de la Cámara que se apoye esta
iniciativa que supondrá un importante beneficio para Almería, para
Andalucía y para España y, desde luego, para el deporte en su conjunto
dada la indudable repercusión que tendrá el evento.

Por todo ello, esperando que el apoyo de los grupos pueda, a ser posible,
hacer que esta iniciativa salga hoy adelante y pueda hacer posible que
Almería sea la sede de los Juegos del Mediterráneo del año 2005,
esperando ese voto --como digo-- concluyo. Nada más y muchas gracias.

(Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

No hay turno en contra. Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Utilizo este turno de portavoces por tres motivos. El primero es
recordarles a sus señorías que ya Canarias no está en el ángulo derecho
del mapa, encuadrado o metido dentro del Mediterráneo y, por lo tanto, no
tenemos ningún interés especial en los Juegos del Mediterráneo de
Almería. El segundo es decirles que éste es de los pocos casos que un
Grupo parlamentario está expectante para oír las opiniones de los demás
grupos, que es el valor que tiene un Parlamento: oír las opiniones de los
demás grupos en relación con si se apoya o no una iniciativa. Quedaremos
expectantes, recordándoles que probablemente Sevilla va a seguir
trabajando para conseguir la Olimpiada del 2004. Y el tercero es
recordarles que es un compromiso importante poner en marcha una cuestión
de este tipo porque va a costar sangre, sudor y lágrimas, llegar al
éxito. Yo les quiero recordar, por ejemplo, que todavía se están pagando
los vidrios rotos de la Olimpiada de Montreal.

Nosotros vamos a esperar a oír a los otros grupos, pero, en principio,
tenemos una gran simpatía para apoyar esta iniciativa de Almería porque,
al fin y al cabo, quien da primero da dos veces.

La última razón por la que intervengo es porque la primera vez que
intervine, sobre el asunto de la Comisión de Investigación, no era el
momento apropiado para desearles a todos felices pascuas y un próximo año
lleno de felicidad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra --intuyendo el mismo final-- el Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros ante los exhaustivos argumentos que ha expuesto el Senador que
ha defendido la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular no podemos
sino rendirnos ante la evidencia de tales razonamientos y anunciar
nuestro voto favorable.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra don Sixte Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, brevemente diré que queremos adherirnos a esta moción.

Creemos que es un proyecto muy ambicioso. Nosotros hemos vivido una
experiencia por todos conocida y sabemos



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de las dificultades que comporta, pero también lo atractivo que resulta
meterse en este tipo de actividades. Esperamos que pueda contar con el
acuerdo institucional, imprescindible para un proyecto de esas
características y, sobre todo, con la complicidad de la sociedad civil,
que es también muy importante para que un proyecto de esta envergadura
vaya adelante. Deseamos todo tipo de suerte a Almería en este proyecto y
vaya desde ahora el apoyo de nuestro Grupo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Bonilla.




El señor BONILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, por lo avanzado de la hora voy a ser breve al
exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la
moción del Grupo Parlamentario Popular defendida por el Senador Arance y
respecto del apoyo que el Senado ha de prestar a la celebración de los
Juegos del Mediterráneo el año 2005 en la ciudad de Almería.

En este sentido, hemos de decir que históricamente Almería ha sido una
ciudad de vocación mediterránea. Sus hondas raíces culturales y
antropológicas coinciden con la más amplia y diversa cultura del
Mediterráneo, forjada en el devenir de su extensa historia.

La ciudad y la provincia de Almería han sido receptoras de culturas de
múltiples orígenes. Este hecho permanente en su historia la define como
una ciudad abierta. Su hospitalidad y la generosidad espléndida de su
gente hacen que nadie se sienta extraño en aquella tierra.

En síntesis, quiero decirles, señorías, que podemos afirmar en primer
lugar, por la historia y por la cultura mediterránea de Almería y, en
segundo lugar, porque en la actualidad concurren las condiciones
objetivas necesarias, tales como las comunicaciones, autovías,
aeropuertos e instalaciones deportivas ya existentes que la ciudad de
Almería es hoy el escenario más idóneo para albergar un evento deportivo
de la magnitud de los Juegos del Mediterráneo del año 2005.

En atención a esta circunstancia, el anterior Alcalde, don Fernando
Martínez López, encargó el estudio del plan estratégico de
infraestructura Almería 2005, al cual ha hecho amplia referencia el
Senador Arance en su intervención. Este estudio fue presentado al
Presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves. Posteriormente,
se le ha informado al Comité Olímpico Español de la voluntad de organizar
los Juegos del Mediterráneo del año 2005 en la ciudad de Almería.

El Ayuntamiento de Almería, hace tan sólo tres días, aprobó los estatutos
de la Asociación privada 2005 que tendrá como tarea principal preparar y
presentar la precandidatura para el año 1997, paso previo a la
presentación formal de la candidatura de Almería para la organización de
los Juegos del Mediterráneo del año 2005. No obstante, he de señalar que
por parte del Ayuntamiento de Almería aún no ha sido comunicado este
proyecto al Consejo Superior de Deportes, siendo éste un paso
imprescindible en el proceso a la hora de apoyar y presentar la
candidatura de la ciudad de Almería para celebrar los Juegos del
Mediterráneo.

Hemos de indicar que todos los sectores del tejido social de Almería
están ilusionados en este proyecto porque están convencidos de que un
acontecimiento de estas características potenciará la ciudad de Almería
hacia España y hacia el resto del mundo.

Por otra parte, es importante señalar que la participación y la
implicación colectiva de todos los ciudadanos de Almería es fundamental.

El primer paso lo están dando las instituciones. Muestra de ello ha sido
la Universidad de Almería, que ha ofrecido su apoyo incondicional como
paso previo a la celebración de este gran evento.

Un proyecto de esta magnitud necesita de la coordinación institucional de
las distintas administraciones, local --los ayuntamientos--, provincial
--diputación provincial--, autonómica --Junta de Andalucía-- y, por
supuesto, la central con el apoyo del Estado; aportando cada una de
ellas, evidentemente, los medios económicos necesarios que nos permitan
conseguir el objetivo común que a priori todos nos hemos propuesto.

Con el voto favorable a esta moción, el Grupo Parlamentario Socialista en
el Senado quiere manifestar lo siguiente: en primer lugar, su apoyo a la
celebración de los Juegos Mediterráneos del año 2005 en la ciudad de
Almería. En segundo lugar, pide el consenso político necesario para
conseguir este ambicioso objetivo. En tercer lugar, su petición a todas
las instituciones del Estado para que se impliquen prestando su apoyo a
la candidatura de Almería para la organización de los Juegos
Mediterráneos del año 2005, lo que, previsiblemente, va a hacer el Senado
en el día de hoy.

Y para terminar, señor Presidente, quiero decir también que estamos
convencidos de que con el esfuerzo y la participación colectiva de todos
conseguiremos, no sólo la organización de los Juegos Mediterráneos del
año 2005 en Almería, sino que su celebración sea un rotundo éxito,
demostrándose así ante España y ante el mundo que Almería brilla no
solamente por su sol, sino también por la hospitalidad, la generosidad y
el esplendor mediterráneo de los que vivimos en aquella hermosa y soleada
tierra que se conoce con el nombre propio de Almería.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bonilla
Rodríguez.

Tiene la palabra en turno de portavoces el Senador Arance.




El señor ARANCE SOTO: Gracias, señor Presidente.

Mi intervención en este turno, como no podía ser de otro modo, es, en
primer lugar, para agradecer al conjunto de grupos representados en la
Cámara el apoyo explícito y concreto que le han dado a la propuesta que
hoy trae aquí este Senador en nombre del Partido y del Grupo Popular.




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Gracias de todo corazón, en nombre del Grupo Popular y, desde luego, en
nombre de la provincia de Almería.

En segundo lugar, quisiera aclarar con mucha brevedad alguna intervención
que quizá no haya estado en el contexto general del apoyo sin
condiciones.

Quiero decirles a los miembros del Grupo de Coalición Canaria que,
efectivamente, la celebración de un evento de estas características tiene
sus dificultades aunque tampoco podemos olvidar que tiene a su vez sus
grandes beneficios, los que quedan después de la celebración de unos
Juegos de esta índole, por ejemplo, el cerramiento de las redes
infraestructurales, lo que contribuye en gran medida a mejorar los
servicios de las ciudades y provincias en que se celebran esos eventos.

En cuanto al Portavoz del Grupo Socialista, independientemente de su
coincidencia con nosotros, como no podía ser de otra manera dado que, en
definitiva, unos y otros tenemos la responsabilidad de defender los
intereses generales de la provincia y de los ciudadanos de Almería,
quisiera adelantarle que, efectivamente, aun cuando no se ha puesto
todavía en marcha todo el procedimiento --debería estar ya funcionando--,
la Sociedad privada Almería 2005 va a empezar a funcionar en muy breves
días, sociedad ésta, como usted sabe, que se va a encargar de dinamizar
todo el funcionamiento del proyecto y del plan estratégico de Almería.

Señor Bonilla, estoy convencido de que usted apoya nuestra moción
simplemente porque está convencido de ello puesto que no se trata de que
aquí se quiera patrimonializar nada. Creo que estamos navegando en la
misma nave, y también creo que en ella tenemos que llegar a lo concreto,
a donde queremos llegar todos, a conseguir que Almería esté en el lugar
que le corresponde.

Por esa rezón, y comprendiendo que su señoría coincide conmigo, permítame
que le agradezca expresamente el apoyo que, en nombre de su Grupo, ha
prestado a la moción que este Senador ha presentado hoy en la Cámara.

Por último, señor Presidente, con su autorización y su permiso, como no
podía ser de otra manera, dado, además, que ésta es la última sesión que
vamos a celebrar no solamente en lo que queda de año sino en esta
legislatura, quisiera aprovechar esta oportunidad, al igual que lo han
hecho otros portavoces, para felicitar las Navidades y desear prosperidad
en el año entrante a todo el personal administrativo, a todo el personal
afecto a esta Cámara, por supuesto, a sus señorías, deseándoles asimismo
que en la próxima Navidad podamos vernos de nuevo aquí los mismos que hoy
estamos y podamos también pronunciar estas mismas palabras para el año
siguiente.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Señoría.

No sé si políticamente interesaría que nos encontrásemos aquí los mismos
que hoy estamos. (Risas.)
A tenor de lo escuchado, les sugiero que se apruebe por asentimiento
general de la Cámara esta moción. (Pausa.)
Así se hace y así consta.

Muchas gracias.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE APOYE ACTIVAMENTE LA NEGOCIACION DIRECTA ENTRE EL
REINO DE MARRUECOS Y EL FRENTE POLISARIO, CON LA PARTICIPACION DE LAS
DEMAS PARTES IMPLICADAS, A FIN DE QUE PUEDA DESBLOQUEARSE EL PROCESO DE
PAZ Y CELEBRARSE UN REFERENDUM LIBRE Y CON GARANTIAS EN EL TERRITORIO DEL
SAHARA OCCIDENTAL. (662/000168.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la última de las
mociones, la que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
por la que se insta al Gobierno a que apoye activamente la negociación
directa entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario, con la
participación de las demás partes implicadas, a fin de que pueda
desbloquearse el proceso de paz y celebrarse un referéndum libre y con
garantías en el territorio del Sahara Occidental.

A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación y dos
enmiendas, habiéndose retirado estas últimas.

El Portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Senador Barbuzano González,
tiene la palabra.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, se ha presentado una propuesta de modificación que ha sido
firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, aparte de esas
dos enmiendas que el señor Presidente ha mencionado.

Con su permiso, señor Presidente, quisiera hacer un pequeño y extractado
recorrido histórico por el problema de la descolonización del Sahara
Occidental, ex colonia y hasta ex provincia española en su día, así como
por las reivindicaciones territoriales, fuente principal de los disgustos
que tienen lugar en ese territorio, antes de adentrarnos propiamente en
el contenido de la moción que presentamos y cuya aprobación prácticamente
solicitamos.

Comenzaré por decir que el Sahara Occidental limita al norte con
Marruecos, al sur y sudeste con Mauritania y al nordeste con Argelia.

Situado sobre el litoral del Océano Atlántico, tiene una superficie de
284.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada, allá por
1973, de 750.000 habitantes, sin contar los exiliados existentes en
aquella época debido a --entre comillas-- «la magnífica política colonial
que llevaba a cabo España».

Posee riquezas mineras como fosfatos, petróleo, hierro, cobre, uranio,
gas natural, etcétera, y una enorme riqueza marítima en el llamado banco
de pesca canario-sahariano, así como ganadería de ovino, bovino, caprino,
camellos, etcétera.

Recordemos que la situación geográfica del Sahara Occidental ofrece una
posición estratégica ideal para cualquier actuación político-estratégica
en esa parte del Océano Atlántico. Ya lo fue en su día para España como
punto



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de apoyo para las Islas Canarias y rutas oceánicas, sin contar con la
aportación económica que sus riquezas proporcionaron en su día a la
economía española y podrían asimismo proporcionar a un Estado
independiente en la zona.

Como ocurre con el resto de los Estados del continente africano, los
límites actuales del territorio del Sahara fueron definidos por tratados
y convenciones coloniales. En este caso concreto se debieron esos límites
a tratados firmados entre España como potencia colonizadora en el Sahara
y Francia, en el tiempo en que ésta era una potencia colonizadora tanto
en Marruecos como en Argelia y en Mauritania. Con Mauritania se firmó el
Tratado del 27 de junio de 1900 y el del 3 de octubre de 1904, confirmado
por el Convenio suscrito entre ambas potencias en 1954.

El Convenio de 27 de junio de 1900 delimita las fronteras del territorio
de Río de Oro que, evidentemente, no resultaron ejecutadas al azar. Por
el contrario, las dos potencias coloniales se habían fundado en una
realidad natural que tenía en cuenta la división histórica en dos países
bien distintos, a saber, Mauritania y el Sahara español, cuyos habitantes
han vivido siempre separados a los dos lados de la frontera.

Con Marruecos, la delimitación de las fronteras del Sahara Occidental es
consagrada en el Tratado de 3 de octubre de 1904, llamado también
Convenio Secreto Hispano-francés.

Instalada España en el territorio del Sahara Occidental, incluso
convertido éste en una época histórica en provincia del Estado español,
desde años antes de proceder España a la vergonzante venta de este
territorio de su responsabilidad colonizadora, Marruecos y Mauritania
invocaban pretendidos derechos jurídicos sobre el mismo, que opinaban les
pertenecía, bien por mor de una expedición militar al interior del
territorio saharaui, bien por una similitud política en sus sistemas
políticos y administrativos.

Esta tesis hubiese sido concebible en el cuadro de una ocupación militar
extranjera, a continuación, por ejemplo, de una derrota militar. Existen
numerosos ejemplos de esta última situación en el plano histórico, en el
caso de imperios o emiratos que se extendieron en un momento dado a
territorios que estaban más allá de sus fronteras. Pero para ser
definitivas y consideradas en Derecho estas expansiones como factor de
unión del país ocupado por la autoridad del soberano, el rey, el emir,
etcétera, la ocupación y la similitud deben estar sometidas a condiciones
bien determinadas por la ciencia política y el Derecho Internacional,
como con el ejercicio de la administración directa en el sentido del
Derecho interno, la solidaridad política con el conjunto de habitantes
del reino o del emirato del soberano y las obligaciones financieras al
mismo título que los restantes súbditos.

Estos son tres elementos sin los que nadie puede pretender que una
población ha formado parte de una organización sociopolítica soberana,
sea república, reino, emirato, etcétera. Pero en el caso que nos ocupa la
potencia colonizadora no tuvo interlocutores foráneos; tuvo como
interlocutores a otras potencias colonizadoras de los países vecinos. En
el caso del Sahara Occidental, los acuerdos internacionales se realizan
con Francia. Nos referimos a los Tratados de 20 de junio de 1900, sobre
Río de Oro, región sur del Sahara, y de 3 de octubre de 1904, sobre
Saguía el Hamra, en su parte norte.

En consecuencia, Francia actuaba en estos convenios de ocupación colonial
con España como potencia colonial en Mauritania y en Argelia. En esa
época, Marruecos era soberano y estaba obligado por la Convención
Hispano-Marroquí concluida entre el Sultán Mohamed Ben Abdallah y Carlos
III, Rey de España. Este Tratado merece nuestra especial y particular
atención, pues se inscribe en el conjunto de argumentos jurídicos,
históricos y políticos contra la pretendida reivinciación del Reino de
Marruecos sobre el Sahara Occidental, que tanta sangre de inocentes ha
causado, y sigue causando, en aquellas tierras hermanas por el
empecinamiento enfermizo del actual dictador marroquí.

Efectivamente, resulta de este Convenio que el Rey de Marruecos no tenía
ninguna pretensión territorial sobre el Sahara Occidental. Por el
contrario, en el artículo 8 de este Tratado el Rey de Marruecos expresa a
su interlocutor que su soberanía no se ejercía sobre el Sahara Occidental
y que, por tanto, él no podía deliberar con Carlos III sobre este
territorio. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por otro lado, los historiadores marroquíes, El Alauí e Ibn Jaldún, en
sus diferentes obras sobre el Magreb confirman estas aseveraciones
anteriores en cuanto a los límites de lo que podríamos llamar el Reino de
Marruecos.

Llegando así a nuestras conclusiones sobre esta primera parte de nuestra
disertación --consideraciones, por otro lado, tremendamente analíticas,
pero que centran el problema actualmente creado, a nuestro juicio--,
sacamos del artículo 8 del Tratado de 1767 dos conclusiones que se oponen
claramente a las pretensiones territoriales por Marruecos y Mauritania
con relación al Sahara Occidental, si es que Mauritania aún lo sigue
reclamando.

Había, pues, uno o varios órdenes políticos que se ejercían de forma
soberana, independientemente de Marruecos y Mauritania, en esa zona. En
cualquier caso, por la historia de los españoles, los franceses, los
marroquíes y los mauritanos, se conoce la lucha heroica que las tribus
del Sahara han llevado a cabo contra la ocupación extranjera, y gracias a
la cual el colonialismo español no pudo extenderse. En consecuencia, ni
Marruecos ni Mauritania pueden justificar históricamente la existencia de
alguno de estos tres factores fundamentales de una reivindicación
territorial, a saber, la administración directa --como dije antes--, la
solidaridad política y la obligatoriedad financiera.

Nunca ha existido, asimismo, un sistema de solidaridad financiera en el
Sahara. Por el contrario, como ocurría con sus vecinos del norte y del
sur, también el Sahara estaba dominado por un sistema sociopolítico bien
organizado y fundado sobre varias confederaciones tribales que se
yuxtaponían, a diferencia de los sistemas monolíticos del Adrar y de
Marruecos, que colocaban a un soberano en la cúspide de la estructura.

Las sumas de dinero percibidas en esta confederación se utilizaban para
sufragar los gastos de la guerra o de la utilización común de pozos de
agua, por ejemplo.




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Esta ausencia de lazos sociopolíticos entre el Sahara Occidental y los
regímenes vecinos marroquí y mauritano se confirmará más tarde con la
ocupación del Sahara por el colonialismo español, en el sentido de que la
colonización de esta región no fue realizada ni por cuenta del Sultán de
Marruecos, ni por el Emir del Adrar, que es la zona de Mauritania.

En uso de su derecho a vivir como pueblo libre y soberano, y en el
contexto de los procesos de descolonización que se suscitan en el
continente africano después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo
saharaui comienza su largo peregrinar hacia la libertad tomando
conciencia clara de que debería organizarse política, administrativa y
militarmente, a lo cual coadyuvaron las consecuencias creadas por una
declaración de la OUA, Organización de Estados Africanos, en 1968 sobre
las Islas Canarias, que puso a España en la tesitura de plantearse
seriamente la correcta descolonización del Sahara español en aquellos
tiempos.

Decía la citada resolución de la OUA: Las Islas Canarias son parte
integrante de Africa y no constituyen una prolongación de España.

Decidimos declarar aquí que el pueblo de las Islas Canarias tiene derecho
a la autodeterminación, como todos los demás pueblos todavía bajo la
dominación colonialista.

Importante declaración en aquellos momentos, que trajo a España
--internacionalmente hablando-- «de cabeza» por algunos años. Pero lo más
importante para lo que a nosotros atañe en estos momentos es que la
difícil situación que se le va creando a España con respecto a la
descolonización del Sahara le hace exclamar al Estado español, aún en
vida del dictador Franco, alrededor de 1973, lo siguiente: El Estado
español reitera que el pueblo saharaui es el único dueño de su destino y
nadie tiene derecho a violentar su voluntad. El Estado español reitera y
garantiza solemnemente que la población del Sahara determinará libremente
su futuro, ejerciendo su autodeterminación cuando su pueblo así lo
solicite libremente. El Estado español reitera y garantiza las riquezas y
los recursos del pueblo saharaui. El Estado español garantizará la
integración territorial del Sahara, le representará en el ámbito
internacional y asegurará su defensa.

Prácticamente nada de esto ha cumplido el Estado español y de ahí la
deuda histórica que posee España con este pueblo hermano. Sólo esta
afirmación podría servir de aval de nuestra moción original.

En plena efervescencia de estas vicisitudes del pueblo saharaui, nace el
Frente Polisario, frente popular para la liberación de Río de Oro y
Saguía el Hamra que canalizará hasta nuestros días las ansias de
independencia y libertad de este pueblo, su representación ante el mundo,
y fundará la República Arabe Saharaui Democrática como nación libre,
reconocida hoy día internacionalmente como país soberano por innumerables
Estados del mundo, menos España.

Fundándose, pues, en nuestras normas, la ONU, por medio de su Comité de
Descolonización --después de descalificar hasta la saciedad el Acuerdo
Tripartito a que llegaron en Madrid Marruecos, Mauritania y España, para
repartirse la administración del Sahara, vendiendo ignominiosamente al
pueblo saharaui-- confecciona un Plan de Paz para el Sahara Occidental y
se crea una fuerza de paz, la Minurso, para llevar a cabo un referéndum
libre y con garantías en el territorio del Sahara Occidental.

Esta etapa transcurrida desde la firma del Acuerdo tripartito de Madrid
hasta 1991, en que se crea la Minurso, en el territorio saharaui se ha
desarrollado una auténtica guerra entre el pueblo saharaui y Marruecos
después del abandono de Mauritania del acuerdo citado.

Esta guerra ha dejado un país ensangrentado, dividido, con multitud de
muertes por ambos bandos, multitud de exilados, personas abandonadas,
mutiladas, multitud de prisioneros de guerra que languidecen en horrendas
cárceles marroquíes, pescadores españoles, canarios por más señas,
cogidos en medio, prisioneros o muertos, enormes sumas de dinero
empleadas en la guerra y no en el bienestar de sus habitantes, enormes
beneficios de España en su venta hasta hoy día de armamento a Marruecos y
unas secuelas históricas que serán difíciles de restañar y más aún de
olvidar.

Para controlar el alto el fuego posterior a esta guerra que se entabló
entre el pueblo saharaui y Marruecos así como para llevar a cabo un
referéndum sobre el futuro de la zona, tal como ya hemos dicho, se creó
en 1991 la Misión de las Naciones Unidas denominada Minurso. El
referéndum inicialmente previsto para 1991 debía decidir si el Sahara
occidental quería ser un Estado independiente o una parte de Marruecos,
fecha que, obviamente, ha sido incumplida.

La siguiente fecha para celebrar el referéndum fue el 14 de febrero de
1995, e incluso hasta el dictador Hassan II el pasado mes de noviembre
dijo que tenía el cien por cien de seguridad de que se celebraría en esa
fecha. El referéndum sufrió un nuevo retraso a noviembre de 1995. Como se
ha informado, el citado referéndum del Sahara occidental está atascado de
nuevo con un coste de más de 100.000 dólares diarios aproximadamente,
según las propias estimaciones de la Minurso.

El proceso de identificación del censo electoral saharaui, tenía que
iniciarse en 1994, después de haber pasado numerosas vicisitudes de
dilación por parte de Marruecos, piensen ustedes como botón de muestra
que estuvieron discutiendo si la OUA participaba o no en el referéndum
durante tres meses. Esto no es nuevo, la historia de España con Marruecos
declara claramente la forma de negociar de estos buenos señores.

España, señorías, salió del Sahara Occidental de una forma inteligente,
sabía que era muy difícil sostener una guerra colonial a finales del
siglo XX, pero hizo una cosa muy mal, no supo mantener y llevar hacia
adelante su amistad y su responsabilidad con el pueblo saharaui, cuyos
representantes en determinados momentos de la historia de este país, y
algunas de sus señorías a los que les alumbran sus canas lo recordarán,
sus representantes se sentaron en las Cortes del Estado, y hoy no les
reconocemos ni siquiera su nacionalidad. Los saharauis no pueden olvidar
que España les vendió, y vendió también su territorio.

Marruecos tiene deudas de otro tipo con este pueblo, como son masacres
humanas, asesinatos de hombres, mujeres y niños, encarcelamientos
masivos, etcétera, porque



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no olviden ustedes que el capitalismo fascista español no sólo negoció el
Acuerdo Tripartito de Madrid, sino que incluso llegó a gestionarlo
directamente, dejando a un lado las denuncias continuas que han hecho el
Coronel Rodríguez de Viguri, el General Gómez de Salazar, etcétera, que
sintieron verdadera vergüenza de nuestros incumplimientos con ese pueblo.

No deja de ser significativo en la defensa de los intereses anteriormente
mencionados, que en abril de 1976, cuando se firmó en Acuerdo de
transmisión del 65 por ciento de las acciones Fosbucráa a Marruecos, por
ejemplo, presidió la reunión don Leopoldo Calvo Sotelo, Ministro de
Comercio, hombre de la extinta UCD y ex-Presidente del Gobierno del
Estado, y siempre garante y gestor de los intereses de grandes
monopolios, especialmente en lo que aquí interesa de la Unión de
Explosivos Río Tinto y de Fertiberia.

Estamos en condiciones de afirmar, señorías, que la pretendida por España
descolonización del Sahara es la historia de la ejecución de las peores
acciones del fascismo español de la última época de la dictadura de
Franco, hombres como Arias Navarro, Carro Martínez, Solís Ruiz, Cortina
Mauri, el Ministro del Ejército de turno, el nazi Kurt Waldheim, Eduardo
Blanco, Rubio García Mena, etcétera, enterraron a un pueblo en la más
oscura miseria y así los tratará la historia.

Por todo ello, señor Presidente, señorías, les pido su voto favorable a
esa moción de consenso que hemos logrado llegar a redactar todos los
Grupos, porque parecía algo extraordinario que este modesto Senador
pudiera traer una moción y que se la aprobara toda la Cámara sin que los
grupos mayoritarios dejaran caer sus pequeñas observaciones en ella.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Deduzco que existiendo un texto con apoyo común, no
habrá turno en contra, por lo que abrimos el turno de portavoces.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quiero felicitar al Senador Barbuzano, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado, por la presentación de esta oportuna
moción y reiterar una vez más el apoyo de este Grupo a todo lo que
represente un avance para la situación tan bien descrita por el Senador
Barbuzano y ante la que no cabe hacer ninguna otra observación.

Eusko Alkartasuna ha manifestado siempre su sensibilidad visitando en
varias ocasiones los campamentos de Tinduf y apoyando todo tipo de
iniciativas, y, naturalmente, la votaremos favorablemente tanto el Grupo
como esta Senadora.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, con esta moción, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado vuelve a mostrarnos su sensibilidad respecto al ya dramático
problema social, humano y político del pueblo saharaui. Es una profunda
sensibilidad democrática plenamente compartida por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, que se expresa a favor de un pueblo al
que no se le permite definirse y determinarse en una paz y en una
libertad que para sí mismo desea establecer a través del ejercicio del
derecho de autodeterminación. Se niega, pues, al pueblo saharaui un
derecho elemental universalmente reconocido.

Ello hace que todavía hoy siga pendiente de solución la última
descolonización de un territorio en Africa en el marco de una situación
que debe avergonzar a todas las democracias.

España fue insensible al sentido de la historia, desoyó las
recomendaciones de la ONU e incumplió sus promesas al pueblo saharaui
procediendo a una descolonización sin honra, que facilitó la intromisión
violenta, «contra naturam», de Marruecos en el territorio. La
responsabilidad moral y directa de España sobre el ser o no ser del
Sahara Occidental sigue en vigor, no ha caducado, somos responsables
políticos de esa situación.

Lo que desde aquel innoble momento viene aconteciendo sobre el particular
es conocido de todos, porque nos abstenemos ahora de reincidir sobre
puntos que ya son amplia y reconocidamente explicitados. Prácticamente
todos los hechos y circunstancias en sucesión constante han sido
consentidos en contra de aquellos a quienes nosotros consideramos que son
poseedores de una justa razón, que no es otra sino la razón del derecho a
subsistir como pueblo en paridad y convivencia con los demás.

Mucho nos tememos que la actual situación derive en la masacre física o
genocidio del pueblo saharaui. Lo anunciamos con el más vivo deseo de
equivocarnos. Por tanto, nos parece muy bien la finalidad de esta moción,
inclusive que haya sido aceptada para la misma una propuesta de
modificación en aras del consenso y que nuestro Grupo va a apoyar con el
máximo de su fuerza moral a efectos de su finalidad más práctica.

No obstante debemos recordar que antes de hoy este Senado ha adoptado
acuerdos de parecida índole o contenido. Lo que este Senador no sabe con
certeza es si el Gobierno ha sido diligente y eficaz en lo posible hasta
el presente en cumplimentar lo actuado e instado desde esta Cámara. Mi
impresión personal es que no ha habido una asunción consecuente en la
práctica y de que no se ha actuado de conformidad con la urgencia y
necesidad que el tema y la situación del Sahara Occidental se merecen, ni
siquiera en sus términos más simples. Me gustaría estar equivocado sobre
el pasado reciente y me gustaría equivocarme sobre la praxis final de
cuanto esta Moción insta en su vertiente de requerir del Gobierno una
determinada actuación. Nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
evocando aquello en lo que tantas veces hemos incidido en el transcurso
de este desgraciado estado de cosas para el pueblo saharaui,
desapareciendo en la práctica sus derechos seguimos estimando que sería
un paso positivo a dar por la Comunidad internacional la organización de
una



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conferencia multilateral sobre el Sahara Occidental. Estimamos que
España, como país que anteriormente administró y explotó este territorio,
habría de jugar en ella un papel importante y debería hacer todo lo
posible para convocarla y apoyar su desarrollo.

Además de la ONU y de la OUA como organizaciones propulsoras del Plan de
Paz, en ella participarían destacadamente los países del Magreb, Francia
y Estados Unidos. Algunas organizaciones no gubernamentales podrían
desarrollar un positivo papel en la conferencia. España desde su posición
de miembro del Consejo de Seguridad podría ejercer un positivo impulso
para llevar a buen término un empeño con el que cerraría dignamente el
proceso descolonizador que tan poco honrosamente se inició en 1975.

Cuanto acabamos de manifestar es el informe final de una iniciativa
conjunta del Centro de Investigación para la Paz de Madrid y el Seminario
de Investigación para la Paz de Zaragoza, y hacemos nuestra en función de
la coyuntura actual que padece el Sahara Occidental.

Señorías, esto que acabo de decir no lo ha dicho el Senador Sanz, lo ha
dicho el Senador Bolinaga que ha sido el auténtico redactor de este
escrito. El lo hubiera expresado, sin duda, con mayor claridad, con mayor
inteligencia y con mayor elegancia. Creo que se notaba que el texto no
era mío, porque es la primera vez que leo un texto que me es ajeno, pero
al mismo tiempo me he sentido muy orgulloso de hacerlo así.

Este que ahora les va a hablar tampoco es el Senador Sanz, es Ricardo
Sanz y os hablo como personas para anunciar algo que por cortesía
parlamentaria es obligado: voy a dejar la actividad política por razones
personales o más concretamente voy a dejar la actividad parlamentaria por
razones personales y creo que es el momento de la despedida. Una
despedida en la que quiero decirles algunas cosas, señorías, y aunque
suene cursi es verdad. Una de las cosas más importantes que me ha pasado
como persona ha sido conocerles a todos ustedes, y lo digo así de claro.

También quería decirles algo que creo que es obligado, uno ha sido muchas
veces duro; se me ha tachado de radical en mis intervenciones y he dicho
lo que he sentido en cualquier momento.

Quiero señalarles imitando en la medida de lo posible a nuestros
«versolaris» que acaban sus intervenciones diciendo: perdonen si en algo
les he herido. Les quiero manifestar eso, perdónenme si en algo les he
herido, nunca ha sido con voluntad de dañar. (Aplausos.)
Por último, quisiera darles las gracias a todos por muchas razones, a los
compañeros y a los funcionarios, y felicitarles a unos y a otros por una
razón muy sencilla: por la labor bien hecha.

Por último, solamente me queda lo más elemental y también tan sentido
como lo anterior, felicitarles las Navidades.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sanz Cebrián.

No se pongan sentimentales sus señorías que hay mucho tiempo por delante.

El Senador Beguer tiene la palabra.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, no es la primera vez que tratamos en esta Cámara de la
situación del antiguo Sahara español. Recuerdo que hace un año, el
entonces Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana Madariaga,
intervino extensamente ante una interpelación del Senador Travieso
Darias, del Grupo de Coalición Canaria. Decía el señor Solana que se
trataba de un proceso inconcluso. Efectivamente, sigue tratándose de un
proceso inconcluso y volvemos hoy sobre lo mismo.

Es lógico que cualquier español se interese por el destino último de sus
ex colonias, ya que un proceso de descolonización debería finalizar
mediante la asunción de responsabilidades de Gobierno por la población
autóctona y la retirada con un beneficioso y ordenado traspaso de poderes
por parte de la nación colonizante. Y si, como decimos, cualquier español
con responsabilidades políticas, quizás habríamos de añadir simplemente
con sentido de responsabilidad, se interesa en este grave problema, es
lógico que Coalición Canaria lo haga de modo especial y dada la vecindad
con el Sahara Occidental, los ciudadanos canarios lo sufran como un
problema casi propio.

Es evidente que el proceso descolonizador no fue en este caso nada
ejemplar. Las circunstancias que vivía el Estado español a finales de
1975 no facilitaban la atención hacia el conflicto del Sahara, de modo
que se abandonó totalmente dicha región en 1976. Han transcurrido 20 años
desde la Marcha Verde, desde el abandono de la zona por parte española y,
no lo olvidemos, desde que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia
dictaminaron favorablemente la autodeterminación del pueblo saharaui.

Mejor que nadie el Senador Barbuzano, como portavoz de Coalición Canaria,
podía detallarnos extensamente, como lo ha hecho, las incidencias
producidas en estos años y el largo peregrinar del Frente Polisario en
busca de ayuda política y de comprensión humana, casi diríamos de
compasión ante el drama de todo un país concentrado mayoritariamente en
campos de refugiados en Argelia y Mauritania.

La moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado,
centrada en los cuatro puntos que en el mismo se exponían, nos pareció
acertada y ponderada en sus planteamientos. No existe un solo apartado
que no suscribiese al 90 o quizás al cien por cien el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se ha consensuado una modificación, que elimina referencias que podían
ser perjudiciales o, en todo caso, molestas al Estado de Marruecos.

Probablemente sea mejor aprobar una moción con esta ponderación y con
estas matizaciones. Pero el hecho es que el pueblo saharaui merece poder
retornar pronto a su país, merece vivir en paz y sobre todo debe poder
decidir democráticamente su propio destino. España tiene la obligación de
catalizar la solución que las Naciones Unidas y el Plan de Paz han ido
marcando a lo largo de estos cuatro lustros.

Para finalizar, como no podía ser menos, ya que estamos en el último
punto del orden del día, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió agradece el trabajo al personal de esta Cámara y a
ellos y a



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todos ustedes, señorías, les deseamos unas felices Navidades y un
próspero año nuevo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Flores Valencia.




La señora FLORES VALENCIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, me complace consumir este turno en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para apoyar la moción del Senador Barbuzano, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.

Quiero empezar agradeciéndole que haya aceptado la propuesta de
modificación que también ha sido suscrita por los demás grupos
parlamentarios y que, a nuestro juicio, precisa o define de una manera
más clara los objetivos de la moción y, al mismo tiempo, recaba la
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que me parece lo más
interesante, lo más importante en este sentido.

Han citado algunos otros portavoces que, efectivamente, ésta no es la
primera vez que tratamos el tema del Sahara Occidental en esta Cámara,
por no mencionar también las veces que ha sido objeto de debate en el
Congreso de los Diputados. Si mis datos no son equivocados, el consenso
se ha conseguido en todas y cada una de estas iniciativas, lo cual,
insisto, me parece lo importante.

Ahora bien, debo decir también al Senador Barbuzano, con la cordialidad y
amistad que sabe que tenemos, que su intervención no ha respondido a lo
que es el objeto de la moción. Ha hecho otra intervención, que yo
respeto, aunque no comparto algunas de las cosas que ha dicho, pero que
sin duda era otra moción.

Por eso decía que vamos a apoyar esta moción, porque, más allá de una
recomendación al Gobierno, lo que hace es respaldar una acción que
durante todos estos años ha venido desarrollando el Gobierno en relación
al Sahara Occidental. Es, por decirlo de alguna manera, una nueva llamada
de atención, un encendido de una cierta señal de alarma o de preocupación
en un momento en que este tema está también tomando algunos derroteros
que no nos gusta o unas nuevas dificultades. Por tanto, creo que es
oportuno y conveniente que la Cámara se manifieste en este sentido. Como
lo que abunda no daña, nos parece adecuada.

Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones al hilo de las intervenciones
de otros portavoces. Saben muy bien que el Gobierno ha mantenido, desde
el año 1975, una posición de principio invariable en cuanto a que este
tema de descolonización inconcluso y que no tendría solución si no es con
la celebración de un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera
determinarse libremente y con unas garantías internacionales. Ha hecho
mención el Senador Ricardo Sanz --después ha dicho que en palabra del
Senador Bolinaga-- a que no sabía si el Gobierno había desarrollado esa
acción. Por tanto, yo creo que, aunque en otras iniciativas de esta misma
naturaleza los portavoces socialistas ya han hecho mención a la labor
realizado por el Gobierno, me parece que no es ocioso señalar y dejar
constancia en el «Diario de Sesiones» de la actuación que ha venido
desarrollando el Gobierno. Porque más allá de entrar en consideraciones
históricas que todos conocemos, sobre cuyo proceso todos tenemos nuestra
propia valoración, insisto nuevamente en que lo que me parece importante
es concitar la voluntad de todos y tener un margen de maniobra para poder
ir desarrollando esa acción tan necesaria.

Antes de empezar con esas consideraciones, quiero hacer también alguna
referencia a lo que ha mencionado el Senador Sanz sobre la Conferencia
Internacional de Paz. Nuestro Grupo no se resigna a que el Plan de Paz de
naciones Unidas no siga adelante. Por tanto, no nos gustaría tener que
tirar la toalla, y potenciar alguna nueva iniciativa, como esta
Conferencia Internacional de Paz sería como darnos por vencidos. Por
ello, creo que sería importante seguir impulsando este Plan de Paz.

Como saben muy bien, España ha apoyado la labor del Secretario General de
Naciones Unidas para crear las condiciones necesarias para que el
referéndum se celebrara en las condiciones previstas. Este apoyo --lo
saben sus señorías, pero insisto en ello-- se ha materializado no
solamente en la contribución obligatoria al presupuesto de la misión de
Naciones Unidas --la Minurso--, que es una aportación de dos millones de
dólares, sino, además, en una aportación voluntaria de cuatro millones de
dólares en efectivo y cerca de un millón de dólares en material de
transporte. Se ha facilitado, asimismo, el censo español de 1974 y otros
documentos de utilidad y de absoluta necesidad para que el referéndum se
pudiera llevar a cabo mediante la identificación de los saharauis que
deben votar en ese referéndum, así como otras facilidades logísticas y
sanitarias a la Minurso en Las Palmas de Gran Canaria, que sin duda
alguna el Senador Barbuzano conoce.

Igualmente conviene recordar la constante, activa y constructiva acción
del Gobierno en las conversaciones que se han manifestado en contactos
bilaterales con las partes implicadas, con los gobiernos interesados
también en que el referéndum se celebre en las condiciones previstas y
con los propios responsables de Naciones Unidas.

En este sentido, señorías, quisiera subrayar lo importante que ha sido el
paso de España por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí
se ofrecía una magnífica oportunidad para que España desarrollara una
acción más activa en el grupo de países interesados en que el referéndum
se lleve a cabo. Esa oportunidad se propició precisamente mediante la
creación de un grupo informal de países interesados en el proceso de
arreglo del Sahara Occidental. Y ese grupo ha venido manteniendo una
serie de contactos periódicos con las partes interesadas, con otros
países también interesados en la celebración del referéndum y con el
mismo Secretario General de las Naciones Unidas.

Debo, además, subrayar que después de la salida de España del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, ésta ha seguido perteneciendo a ese
grupo informal a petición de todas las partes implicadas. Subrayo,
señorías: a petición de todas las partes implicadas. Porque, más allá de
las simpatías que cada uno de nosotros podamos tener por cada una de las
partes, de la valoración que podamos hacer sobre cómo se está
desarrollando el proceso de paz, me parece



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que lo importante --lo decía hace un momento-- es concitar el acuerdo y
el margen de maniobra que nos permiten estar en buena disposición, hacer
una función de buenos oficios con las partes interesadas.

En consecuencia, señorías, la solución pacífica y satisfactoria para
ambas partes es lo que determinará un buen éxito de esta misión. Por lo
tanto, me parece que esto es lo que debemos subrayar, motivo por el que
decía que no iba a entrar en consideraciones históricas acerca de quién
tiene la razón en el contencioso, sino en poner todo nuestro esfuerzo en
el arreglo pacífico, en desbloquear el Plan que, en este momento, pasa
por dificultades y tener una situación que sea susceptible, insisto, de
ejercer una acción de buenos oficios ante las dos partes.

Termino, señorías. Así lo exige el objetivo prioritario; así lo exigen
nuestras relaciones de buena vecindad con la zona, donde, además, tenemos
unas relaciones no sólo de buena vecindad en el sentido geográfico, sino
que debemos aspirar a tenerlas en un sentido de buenas relaciones
amistosas con pueblos que nos son tan cercanos y, por supuesto, una zona
tan sensible para la paz y la seguridad de todos los países de la región
y para nuestro propio país.

Es cierto, señorías, que el proceso está sufriendo un lamentable retraso
y que pasa por un momento delicado, muy especialmente en lo relativo a
los criterios para la identificación y el registro de votantes. Pero no
es menos cierto que también se han dado pasos, entre ellos uno no
precisamente baladí, que se haya producido el alto el fuego desde 1991, y
no podemos cejar en los esfuerzos para seguir avanzando.

Quiero recordarles, señorías, que si se han resuelto contenciosos más
antiguos y más enquistados en su posible solución como el conflicto de
Oriente Medio o el de Bosnia, por citar nada más que dos ejemplos muy
recientes, no podemos perder la esperanza de poder concitar el apoyo
suficiente, las señales de alarma a las que antes me refería y que se
están produciendo en todos los países interesados en la consecución del
acuerdo para que esto llegue a buen fin.

Hoy, en consecuencia, debemos congratularnos de que todos los grupos
parlamentarios hayan apoyado esta moción del Senador Barbuzano.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Flores.

Tiene la palabra el Senador López Henares.




El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señorías, el debate que estamos
celebrando trae su causa en la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, moción a la que el Grupo
Parlamentario Popular presentó una importante enmienda. Y lo hizo porque,
aun compartiendo algunas de las razones que exponía el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, sobre todo la decepción
por la lentitud del proceso de descolonización, sin embargo, no estaba de
acuerdo con algunas de las afirmaciones que se hacían en el «petitum» de
dicha moción.

Por eso, señor Presidente, en la exposición de las razones que vamos a
dar para estar de acuerdo en la moción consensuada --que no es la que ha
defendido el Senador Barbuzano, puesto que él, naturalmente, ha expuesto
su postura--, queremos decir ante sus señorías lo siguiente.

El proceso de descolonización del Sahara Occidental comienza,
efectivamente, hace ya muchos años, con un acuerdo o resolución de las
Naciones Unidas de 1964 y con un período --se ha aludido a ello-- de
conflictos de violencia, de muerte y destrucción que, lógicamente, a
todos nos sobrecogen. Afortunadamente, en 1991 se pone fin a esta guerra
y se inicia el Plan de Paz acordado por las Naciones Unidas que, como con
frecuencia se dice en esta Cámara, es la organización más adecuada para
resolver un conflicto de esta naturaleza, ya que toda la sociedad
internacional está allí representada. Este proceso, que se inicia hace
cuatro años, es demasiado lento y decepcionante, y en ese aspecto
compartimos las opiniones vertidas por el Senador Barbuzano y tan es así
que lo comparte el propio Secretario General de las Naciones Unidas. En
el informe que ha presentado el Secretario General al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas muy recientemente --lo tengo a la vista
y lo he leído con todo detenimiento--, de 24 de noviembre de este año, se
señalan las razones decepcionantes de esta lentitud, puesto que no se han
reconocido o no se aceptan por ambas partes algunas de las bases
establecidas para el reconocimiento de las poblaciones que han de ser
incluidas en el censo, no se ha aceptado el código de comportamiento que
fijaban las Naciones Unidas, no se ha realizado tampoco la adecuación de
los acantonamientos del Polisario, ni tampoco el volumen de las Fuerzas
Reales de Marruecos dentro del territorio del Sahara, es decir, ha habido
notorios incumplimientos de este Plan de Paz. Ante esta situación ha
surgido incluso --y esto es alarmante-- el propósito o el deseo de
algunos de los miembros de las Naciones Unidas de abandonar esta
operación y la presencia de la Minurso, propugnando que este referéndum
--que es, lógicamente, el desenlace con que se debe poner fin a esta
operación-- se hiciera incluso contra la voluntad de las partes.

Nosotros no compartimos esa opinión. Estimamos, señor Presidente, que
éste --y hay que partir de ahí-- es un problema delicado, es un problema
complejo en el cual España, evidentemente, por razones geográficas e
históricas, está especialmente motivada para prestar una atención muy
singular, y dentro de España, como es natural, la Comunidad canaria. Nos
solidarizamos, por tanto, con esa sensibilidad canaria --que comparten,
por supuesto, todos los Senadores canarios de nuestro Grupo, que
insistentemente nos piden atención a esta cuestión-- y España entera y su
Gobierno debe tratar de impulsar esta operación de paz puesta en marcha.

Acabo de decir, señor Presidente, que a pesar de estos cuatro años, y a
pesar de que existan estas peticiones para abandonar esta operación, el
Grupo Parlamentario Popular estima que hay que seguir batallando en este
proceso de paz y que es demasiado pronto, a pesar de que en un discurso
apasionado algunos lleguen a pedir el abandono de este proceso de paz y
que se utilicen otros procedimientos.




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Por mis obligaciones internacionales en representación de esta Cámara he
visitado bastantes lugares de conflicto de los que hay en el mundo, tanto
en el Cáucaso como en la ex Yugoslavia, y créanme --lo pueden comprender
muy bien, como todos aquellos que han tenido experiencias de esta
naturaleza-- que cuando se ven de cerca las escenas y los efectos de la
guerra y la destrucción se llega a la firme conclusión, en medio de la
desolación, de que hay que evitar los conflictos armados. La postura que
España debe mantener en este conflicto es la del equilibrio sosegado y la
lucha, efectivamente, por la paz y la seguridad en la zona. Cualquier
otro discurso que por su precipitación y apasionamiento puede dar lugar
al desencadenamiento del conflicto, y al aumento de la tensión, es
peligro. Nosotros estimamos que desde la racionalidad democrática y el
respeto a los derechos que el pueblo saharaui tiene, debemos perseguir,
lógicamente, la paz y la seguridad en esta zona, y creo que en este punto
estamos todos de acuerdo.

Por esta razón, señor Presidente, en unión de los demás grupos hemos
suscrito una moción consensuada cuya idea principal es que debemos seguir
apoyando la acción de las Naciones Unidas para tratar que el Plan de Paz
y el Plan de Arreglo salgan adelante y, si fracasa, esto no va a ser un
proyecto indefinido, habrá que intentar otro procedimiento. Pero, de
momento hay que tratar de vencer las resistencias que tienen una y otra
parte para dar cumplimiento a los acuerdos de las Naciones Unidas.

Debemos reconocer que el final deseado por todos es que en un referéndum
del pueblo saharaui incluido en el censo, con base en el censo español de
1974, y con las modificaciones pertinentes y aceptadas por todos, pueda
dar lugar a la conclusión de este proceso.

Esa es la postura del Partido Popular, en la que fundamentamos y apoyamos
la moción consensuada, que está basada en la cultura de paz y de
concordia.

La Senadora Flores ha aludido a ello, pero conviene que esto lo tengamos
presente cuando tratamos problemas delicados de orden internacional que
pueden conducir al choque violento. Vivimos, afortunadamente, ahora
dentro de este mundo conflictivo en el que nos encontramos, en el que hay
tantos focos de tensión, lo que podríamos decir la cultura de la paz en
acciones que podrían parecer imposibles no hace mucho tiempo. Los
acuerdos entre Israel y los palestinos --bien saben SS. SS. la
resistencia que hay allí mismo--, o los acuerdos de Dayton, confirmados
en París, ponen de manifiesto que hay un propósito de las mentes más
iluminadas y sosegadas de poner fin a estos conflictos, ya que en esta
clase de hechos los que más sufren son los pueblos, de manera
irreparable, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Además, el
conflicto violento no es nunca la solución, es más bien la base para la
prolongación en la confrontación.

Es afortunado que en ésta que puede ser la última sesión hayamos puesto
de manifiesto nuestra voluntad de consenso en una cuestión de política
exterior como gesto de concordia de todas la fuerzas políticas.

Al pedir el apoyo para esta moción, yo también deseo felicitarles a todos
las Pascuas.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, con la modificación introducida y
firmada por los restantes grupos parlamentarios. (El señor López Henares
pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.




El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, quiero solicitar también su
opinión. Creo que es una moción consensuada, no es la moción de Coalición
Canaria, sino que es una moción consensuada que hemos firmado todos los
portavoces de los Grupos. Esa precisión terminológica me parece muy
importante, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, es muy importante. Es una propuesta
de modificación suscrita por todos los Grupos Parlamentarios sobre la
base de la propuesta de Coalición Canaria. Vamos a someterla a votación
seguidamente.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 153; a
favor, 153.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Fuertes aplausos.)
A continuación, se van a reunir la Comisión conjunta de la Comisión
General de Comunidades Autónomas y la Comisión Constitucional para la
designación de los señores Senadores que han de cubrir las vacantes
producidas en la Ponencia del estudio para la Reforma Constitucional del
Senado, en la Sala Internacional; la Ponencia de Estudio para la Reforma
Constitucional del Senado se reunirá esta tarde, de acuerdo con lo que
convengamos, a partir de las cinco de la tarde, en la Sala Mañanós; la
Comisión Especial para el estudio del Cambio Climático en la Sala 20.002,
a continuación, y la Ponencia sobre la Ordenación del Servicio
Farmacéutico en la Sala 20.003.

Señorías, estamos concluyendo con este Pleno el período de sesiones y el
año parlamentario y les quiero felicitar, en nombre de la Mesa, por los
trabajos realizados; pedirles excusas en nombre propio por los errores
cometidos; felicitarme porque el diálogo ha sido una de las
características de esta Cámara, y el diálogo es muy importante para
resolver los problemas --que indudablemente tendremos que seguir
resolviendo entre todos juntos-- y hago votos para que eso suceda el
próximo año 1996. Y antes de levantar la sesión, tan sólo quiero dedicar,
creo que en nombre de todas sus señorías, un recuerdo a las personas que
han sufrido atentados terroristas, a sus familias, y hacer votos por que
el señor Aldaya, que quizás sea el símbolo de lo que falta y nosotros
defendemos, que es la democracia, la libertad y la tolerancia, esté libre
pronto.

Se levanta la sesión.




Eran las quince horas y cinco minutos.