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DS. Senado, Pleno, núm. 84, de 28/06/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 84
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 28 de junio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de ley mediante la que se garantiza la presencia judicial
en los registros domiciliarios (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 25, de fecha 8 de junio de
1995). (Número de expediente S. 624/000012.) (Número de expediente C. D.
122/000043.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
ley Orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
80, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente S. 621/000080.)
(Número de expediente C. D. 121/000091.)
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
ley por la que se reconoce a la Universidad privada «Antonio de Nebrija»
de Madrid. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 81,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente S. 621/000081.)
(Número de expediente C. D. 121/000093.)
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
ley por la que se reconoce como Universidad privada a la denominada
«Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 82, de fecha 26 de junio de 1995).
(Número de expediente S. 621/000082.) (Número de expediente C. D.
121/000094.)
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 78,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente S. 621/000078.)
(Número de expediente C. D. 121/000077.)
--Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el grado
de cumplimiento de las medidas y recomendaciones contenidas en el informe
que el Senado aprobó en 1993 sobre incendios forestales (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 296,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 543/000007.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a conseguir de la Unión Europea que las redes de
enmalle a la deriva de repuesto no vayan a bordo de los barcos pesqueros,
sino de aquellos que llevan a cabo las labores de inspección y control, y
a que las Comunidades Autónomas que lo deseen, puedan participar, a
través de buques propios y de forma coordinada con la Administración del
Estado y Comunitaria, en dichas labores durante la presente costera
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 295, de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente
671/000028.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que
presente ante las Cortes Generales un Proyecto de ley de Ordenación y
Funcionamiento de la Administración General del Estado dentro del actual
período de sesiones, procediendo, en el mismo, a la supresión de la
figura de los Gobernadores Civiles (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295, de fecha 26 de junio
de 1995). (Número de expediente 671/000029.)
--Habilitación de los días 3 y 6 de julio de 1995 a fin de celebrar las
comparecencias de los Excelentísimos señores Ministros de Justicia e
Interior; Agricultura, Pesca y Alimentación y Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. (Número de expediente 550/000035.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno y se
recomienda a las Administraciones públicas competentes que adopten las
medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y
el adecuado control del uso de los sistemas de lectura óptica,
utilización de referencias o cualquier otro procedimiento que pudiera
permitir al vendedor, sin conocimiento del comprador, ocultar o modificar
el precio u otros datos de los artículos de consumo (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 662/000150.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para lograr la mayor
integración posible de los sordos en la sociedad (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 295,
de fecha 26 de junio de 1995). (Número de expediente 662/000152.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4336)
Proposición de ley mediante la que se garantiza la presencia judicial en
los registros domiciliarios. (Página 4336)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4336)
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
Orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4336)
El señor Fernández Pelegrina, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen. Seguidamente se dirige a la Cámara el señor Ministro de
Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
Se inicia el debate de totalidad.
El señor Martínez García defiende la propuesta de veto número 1, del
Grupo Popular. El señor Herranz Martínez consume su turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano
González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Martínez García, por
el Grupo Popular, y Herranz Martínez, por el Grupo Socialista.
Se rechaza el veto número 1, del Grupo Popular, por 93 votos a favor, 120
en contra y 2 abstenciones.
Comienza el debate del articulado.
El señor Barbuzano González retira la enmienda número 7, del Grupo de
Coalición Canaria. La señora Alvarez Montes defiende las enmiendas
números 1 a 6, del Grupo Popular. El señor Herranz Martínez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria, e Ibarz i
Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así
como la señora Alvarez Montes, por el Grupo Popular, y el señor Herranz
Martínez, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, del Grupo Popular, por 95 votos
a favor, 114 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 116 votos a favor, 94 en contra y 2
abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
por la que se reconoce a la Universidad privada «Antonio de Nebrija» de
Madrid. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4345)
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
por la que se reconoce como Universidad privada a la denominada
«Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4345)
El señor Iglesias Marcelo presenta ambos dictámenes. Seguidamente se
dirige a la Cámara el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra).
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hace
uso de la palabra el señor Soravilla Fernández, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor López San Miguel defiende las enmiendas números 1 y 2, relativas
al primer proyecto de ley, y 1, al segundo, del Grupo Popular. La señora
Rojo Tudela consume un turno en contra. En turno de portavoces hacen uso
de la palabra el señor López San Miguel, por el Grupo Popular, y la
señora Rojo Tudela, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar el primer proyecto de ley.
Se rechazan las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Popular, por 91 votos
a favor, 115 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por la que se reconoce a la Universidad
privada «Antonio de Nebrija» de Madrid, según el texto del dictamen, por
210 votos a favor y 1 abstención.
El señor Barbuzano González hace constar que su voto de abstención ha
sido fruto de un error.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por la Cortes Generales el Proyecto de Ley.
Se procede a votar el segundo proyecto de ley.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Popular, por 91 votos a favor,
116 en contra y 4 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley por la que se reconoce como Universidad
privada a la denominada «Universidad Europea de Madrid», con sede en
Madrid, según el texto del dictamen, por 209 votos a favor y 1 en contra.
El señor Cercós Pérez suma su voto negativo, producto de un error, a la
unanimidad de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley
de modificación parcial de la Ley General Tributaria. (Página 4351)
El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Marca i
Cañellas, quien así lo hace a continuación.
Se inicia el debate a la totalidad.
No se consume turno a favor. El señor Martínez Soravilla consume un turno
en contra.
Comienza el debate del articulado.
Exposición de Motivos. Artículo único (primer bloque: hasta el artículo
89).
El señor Barbuzano González da por defendidas las enmiendas números 13 a
20, del Grupo de Coalición Canaria y relativas a todo el texto del
dictamen. El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 1 a 7,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez
defiende las enmiendas números 162 a 164, retirando las números 163 a
165, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor
Barahona Alvarez defiende las enmiendas números 21 a 27, 29 a 38, 41 a 47
y 50 a 88, del Grupo Popular y que se refieren al conjunto del texto del
dictamen. El señor Segura Clavell defiende las enmiendas números 150 a
151, del Grupo Socialista, al mismo tiempo que consume un turno en contra
de las demás enmiendas presentadas por los distintos Grupos
Parlamentarios.
Artículo único (segundo bloque: desde el artículo 96 hasta el final del
dictamen).
El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 8, 10, 11 y 12,
retirando la número 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El
señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 169, 171, 173 y
174, retirando las números 168, 170, 172, 175 y 177, del Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió. El señor Valle Garmendía defiende las
enmiendas números 158, 160 y 161, retirando la número 157, del Grupo
Socialista, y consume un turno en contra de las enmiendas anteriormente
presentadas por los demás Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Barahona Alvarez, por el
Grupo Popular, y Valle Garmendía, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
El señor Barbuzano González retira en este momento la enmienda número 19,
del Grupo de Coalición Canaria.
Se rechazan las enmiendas números 13 a 18, del Grupo de Coalición
Canaria, por 6 votos a favor y 208 en contra.
Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo de Coalición Canaria, por 18
votos a favor, 195 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 8 y 10 a 12, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 6 votos a favor y 208 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 169, 171 y 174, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 195 en contra y 1
abstención.
Se aprueban las enmiendas números 162 y 173, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 213 votos a favor y 1 abstención.
Se aprueba la enmienda número 64, del Grupo Popular, por 209 votos a
favor y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 21 a 27, 29 a 38, 41 a 47, 50 a 55, 57
a 63 y 65 a 88, del Grupo Popular, por 95 votos a favor, 114 en contra y
5 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 158, 160 y 161, del Grupo Socialista,
por 117 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban cuatro enmiendas transaccionales, suscritas por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 119 votos a favor, 2 en contra y 91 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a la catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SOBRE EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME
QUE EL SENADO APROBO EN 1993 SOBRE INCENDIOS FORESTALES. (Página 4369)
El señor Díaz Bonillo presenta el informe. No se consumen turnos a favor
ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfeliú, por
el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Prim Tomás, por el
Grupo Popular, y Alonso Colacios, por el Grupo Socialista.
Se aprueba el informe de la Comisión de Agricultura, por asentimiento de
la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 4376)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a conseguir de la Unión Europea que las redes de
enmalle a la deriva de repuesto no vayan a bordo de los barcos pesqueros,
sino de aquellos que llevan a cabo las labores de inspección y control, y
a que las Comunidades Autónomas que lo deseen, puedan participar, a
través de buques propios y de forma coordinada con la Administración del
Estado y Comunitaria, en dichas labores durante la presente costera.
(Página 4376)
El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. El señor González Laxe
defiende una enmienda a esta moción, del Grupo Socialista. Vuelve a
intervenir el señor Gangoiti Llaguno. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Bueno Fernández, por el Grupo Popular, y
González Laxe, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, con la
modificación introducida, por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a que
presente ante las Cortes Generales un Proyecto de ley de Ordenación y
Funcionamiento de la Administración General del Estado dentro del actual
período de sesiones, procediendo, en el mismo, a la supresión de la
figura de los Gobernadores Civiles. (Página 4379)
La señora Boneta Piedra defiende la moción. El señor Garrido Avila
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Turégano Mínguez, por el Grupo Popular. La señora
Boneta Piedra y el señor Garrido Avila intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 20 votos a favor y 188 en
contra.
HABILITACION DE LOS DIAS 3 Y 6 DE JULIO DE 1995 A FIN DE CELEBRAR LAS
COMPARECENCIAS DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES MINISTROS DE JUSTICIA E
INTERIOR; AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, Y OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE. (Página 4385)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES. (Página 4385)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno y se
recomienda a las Administraciones Públicas competentes que adopten las
medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y
el adecuado control del uso de los sistemas de lectura óptica,
utilización de referencias o cualquier otro procedimiento que pudiera
permitir al vendedor, sin conocimiento del comprador, ocultar o modificar
el precio u otros datos de los artículos de consumo. (Página 4385)
El señor Foz del Cacho defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra el señor Sala i Canadell, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; la señora Sánchez García, por el Grupo
Popular, y el señor Foz del Cacho, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con una propuesta de
modificación presentada por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para lograr la mayor
integración posible de los sordos en la sociedad. (Página 4389)
El señor Fernández Pelegrina defiende la moción. La señora Pleguezuelos
Aguilar defiende una enmienda del Grupo Socialista, convertida en una
propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubía
Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bertrán i
Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Fernández Pelegrina, por el Grupo Popular, así como la señora
Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la modificación introducida,
por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROPOSICION DE LEY MEDIANTE LA QUE SE GARANTIZA LA PRESENCIA JUDICIAL
EN LOS REGISTROS DOMICILIARIOS. (S. 624/000012.) (C. D. 122/000043.)
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: Conocimiento directo
por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados. Proposición de ley mediante la que se
garantiza la presencia judicial en los registros domiciliarios. Está
publicada en los boletines correspondientes, con fecha 8 de junio de
1995.
Como saben sus señorías, no se presentaron enmiendas a esta proposición
en el plazo abierto al respecto. ¿Podemos abrir un debate de totalidad?
(Pausa.) No hay intervenciones. Deduzco, por lo tanto, que, en este caso,
esta proposición podría ser aprobada definitivamente por asentimiento de
la Cámara. (Pausa.) Así se declara.
Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de
ley mediante la que se garantiza la presencia judicial en los registros
domiciliarios.
Muchas gracias.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY ORGANICA POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO DE LOS
ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON
FONDOS PUBLICOS. (S. 621/000080.) (C. D. 121/000091.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al quinto punto del orden del día: Dictamen
de la Comisión de Educación y Cultura en relación con el proyecto de ley
orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. Como saben sus señorías, esta norma está siendo tramitada por
el procedimiento de urgencia.
Para efectuar la presentación del dictamen, tiene la palabra el
Presidente de la Comisión, el señor Fernández Pelegrina.
El señor FERNANDEZ PELEGRINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de haber sido designado por la Comisión de
Educación y Cultura para presentar en esta Cámara el proyecto de ley
orgánica por el que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros obtenidos con fondos públicos.
Con fecha 8 de junio de 1995, tuvo entrada en esta Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados al que, habiendo sido
declarado urgente, se le concedió como plazo de presentación de enmiendas
hasta el 12 de junio.
El presente proyecto de ley ha tenido una propuesta de veto del Grupo
Parlamentario Popular, seis enmiendas de este mismo Grupo y una enmienda
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Esperamos que este proyecto de ley facilite la convivencia entre los
distintos estamentos que conforman la vida de cualquier centro escolar.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fernández Pelegrina.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, a lo largo de estos últimos años el Ministerio de Educación y
Ciencia ha venido desarrollando el proyecto educativo que se recoge en la
Logse, un proyecto que ha supuesto un importante avance en las etapas de
la Educación Infantil y Primaria y un cambio sustancial en la estructura
de la Educación Secundaria y en la Formación Profesional, con el fin de
ofrecer una respuesta más adecuada a las diferentes demandas sociales
sobre el sistema educativo.
La Logse, junto con las medidas relativas a la nueva estructura y
enseñanzas, centraba especialmente su atención en su Título IV en las
iniciativas que era preciso poner en marcha para favorecer una progresiva
mejora en la calidad de la enseñanza. La experiencia de estos años de
implantación de la reforma ha permitido comprobar la necesidad de seguir
impulsando estas medidas y de avanzar en algunos ámbitos que exigían
nuevas propuestas. Con este fin, el Ministerio de Educación y Ciencia
presentó en enero de 1994 un documento titulado «Centros educativos y
calidad de la enseñanza» en el que se exponían las principales líneas de
actuación que la Administración consideraba básicas para seguir
progresando en la mejora de la calidad de la educación. Este documento
suscitó durante el segundo y tercer trimestre del pasado curso un
interesante debate cuyas conclusiones se recogieron en un libro de
síntesis que se presentó el pasado mes de enero y que han servido para
definir de manera más ajustada, a las opiniones de los distintos sectores
de la comunidad educativa, la posición que, finalmente, el Ministerio
considera más adecuada.
El proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de
los centros docentes, que se está tramitando en estos momentos en el
Congreso de los Diputados, recoge
precisamente las iniciativas de mayor relevancia para este objetivo
prioritario para el Gobierno de mejora de la calidad de la enseñanza. El
objetivo fundamental que el Gobierno persigue al presentar al parlamento
ese proyecto de ley es el de mejorar nuestro sistema educativo y, de
forma más específica, la oferta educativa propia de los centros públicos.
Conseguir un mejor funcionamiento de los centros, una mayor participación
de los sectores implicados y ofrecer nuevos estímulos que dinamicen y
hagan progresar a la institución escolar, son los objetivos básicos del
proyecto de ley de evaluación que está en el Congreso. Se trata de
conseguir, en fin, que la sociedad conozca mejor los centros y se sienta
más implicada y comprometida con los proyectos que en ellos se
desarrollan, favoreciendo así una respuesta más adecuada a los retos que
la sociedad plantea al sistema educativo.
Del proyecto de ley al que me estoy refiriendo en este momento deriva
otro proyecto de ley, el que ahora se presenta ante esta Cámara, por el
que se prorroga el mandato de los órganos unipersonales de gobierno de
los centros sostenidos con fondos públicos. Esto es así porque el
proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros
modifica el período de mandato de los directores y de los demás órganos
unipersonales de gobierno, amplía sus competencias en materia de gestión
y establece la posibilidad de que aquellos directores que reciban una
valoración positiva del ejercicio de su cargo puedan mantener una parte
del complemento retributivo correspondiente de acuerdo con el número de
años que hayan desempeñado esta tarea. La función directiva que se dibuja
a partir de estas iniciativas del proyecto de ley presenta, pues,
modificaciones que son relevantes respecto de la situación actual. La
voluntad del Gobierno es que la elección de los nuevos cargos
unipersonales de los centros docentes públicos responda ya a estas nuevas
condiciones de ejercicio de la función directiva porque ello representa
claros beneficios, tanto institucionales como personales.
Se da la circunstancia de que en el presente curso 1994/95 finaliza el
período de mandato de un elevado número de órganos unipersonales de
gobierno de los centros elegidos por los consejos escolares de acuerdo
con el procedimiento que establece el artículo 37.1 de la Ley Orgánica
8/1985, de la LODE, y también de los nombrados por la Administración
conforme al artículo 37.4 de la misma Ley. Entre un 85 por ciento y un 90
por ciento de los centros docentes del país cambiarán sus equipos
directivos.
Parece razonable, con el fin de incorporar lo antes posible al sistema
educativo estas iniciativas de mejora de la calidad de la enseñanza, como
más arriba se señalaba, que la nueva convocatoria de directores se
produzca una vez haya sido aprobada la nueva ley sobre participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes, de modo que la elección de
los nuevos candidatos se ajuste ya a la nueva normativa. Dado que el
período de tramitación de dicha ley excede del plazo en que tendría que
llevarse a cabo la elección de los nuevos directores y de sus respectivos
equipos, que sería mayoritariamente en este mes de junio, es preciso
prorrogar por un año más, con carácter excepcional, el mandato de los
órganos unipersonales de gobierno cuyo ejercicio en el cargo finalice en
el curso 1994/95.
Por estas razones, el Gobierno ha promovido dos proyectos de ley. Uno, el
de participación, evaluación y gobierno de los centros, y dos, este otro
proyecto de ley orgánica por la que se prorroga por un año la duración
del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos. De esta manera, los actuales
equipos directivos seguirán ejerciendo su función hasta finales del curso
1995/96, momento en que se llevarían a cabo nuevas elecciones, de acuerdo
ya con la normativa que este proyecto de ley establece.
Este es, señor Presidente, señorías, el contenido fundamental del
proyecto de ley que estoy presentando a las señoras y los señores
Senadores. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
A este proyecto de ley orgánica se ha mantenido el voto particular número
dos del Grupo Parlamentario Popular, que es una propuesta de veto, para
cuya defensa tiene la palabra el Senador Martínez.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Ministro por su presencia.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender el veto o enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica
por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos.
Hecha esta introducción formal, de rigor y que relaja un poquito, añado
lo siguiente: el Grupo Parlamentario Popular del Senado mantiene, por
razones fundadas y de peso, como ya lo han hecho nuestros compañeros del
Congreso de los Diputados, que este proyecto de ley no se justifica ni
por el momento de su presentación ni por su contenido. En cuanto al
momento de presentarlo, señor Ministro, le diré que este proyecto pone de
manifiesto, una vez más, que usted y el Gobierno socialista sacrifican
con demasiada frecuencia lo importante y lo urgente; y es que últimamente
tienen ustedes demasiadas urgencias.
Voy a dar una pincelada muy sintomática sobre la inoportunidad del
momento. Que yo sepa, ya tiene usted dos Comunidades Autónomas, Galicia y
Navarra, y una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
--que me consta será retirada-- que me afirman y ponen de manifiesto que
no han entendido la ley como usted y que han celebrado elecciones lo que
es un claro síntoma, un indicador inapelable de que una vez más este tema
a usted se le ha escapado de las manos.
En cuanto a su contenido, supongo, señor Ministro, que no seguirá negando
la evidencia. Cierto que los resultados del modelo de director y los de
la forma de acceso a la función directiva que se establecen en la LODE
son difícilmente superables en términos de fracaso y caos. Y no me vengan
con las cantinelas de siempre en el sentido de que exageramos o hacemos
catastrofismo. La catástrofe --y
usted lo sabe también-- la ha provocado la ínclita LODE, Ley, como todos
sabemos, de letra y espíritu socialistas. Pero, en fin, modificarla así,
casi como una cuestión de ser o no ser --recordando a Shakespeare--,
resulta cuando menos extraño y sospechoso.
Además, señor Ministro, señorías, esta verdadera imposición de prórroga
de la duración del mandato de los directores, dicho de modo castizo, abre
un melón con múltiples implicaciones, complicaciones y hasta atropellos.
Y creo que unos ejemplos servirán para ilustrar mis afirmaciones. Primer
ejemplo. Alguien --léase un director con nombre y apellidos-- ha sido
elegido vez tras vez. ¿Sobre qué base? ¿En nombre de qué o de quién
convierte usted o pretende convertir a un elegido en un designado,
máxime, señor Ministro, señorías, cuando existe la posibilidad legal de
elegirle en último extremo por un año?
Segundo ejemplo. A alguien puesto a dedo, un profesional --y en tal
situación se encuentran entre un 60 y un 70 por ciento de los de última
hora--, un día usted le convirtió en subordinado, y le pretende seguir
manteniendo como subordinado por un año más, con todo tipo de
dificultades para librarse de esa servidumbre. Tiene que solicitarlo.
¿Por qué? Tiene que justificarlo. ¿Por qué? Y, finalmente, la
Administración se reserva admitirle o no sus razones; usted dirá por qué.
Un último ejemplo. Situaciones nuevas en términos de aspiración legítima
a ser director. ¿Por qué impedir que la gente pueda participar y elegir o
ser elegido?
Señor Ministro, señorías, desde la promulgación de la LODE ha habido
elecciones prácticamente en todos los cursos. Por tanto, el argumento de
excepcionalidad --que incluso hace un momento usted utilizaba aquí-- ni
se sostiene ni se puede colar. Señor Ministro, en su Ministerio lo
excepcional ha pasado a ser ya que haya algo normal. Pues bien, señor
Ministro, señorías, ¿adónde nos lleva todo esto? Yo me resisto a imaginar
y a aceptar tanta torpeza en usted y en su equipo, máxime que, como
persona de la Casa, le conozco y le reconozco y por eso mismo pienso lo
contrario. ¿No estaremos, señor Ministro, señorías, ante otra huida hacia
adelante para no reconocer, como corresponde, las consecuencias perversas
de la LODE en este como en otros terrenos de ámbito educativo y en este
caso en el tema de la dirección de centros?
Como consecuencia de lo que acabo de decir, ¿no estarán ustedes evitando
reconocer --me refiero a los socialistas-- que no tienen las cosas claras
en el tema de la dirección de centros porque se han quedado sin modelo, y
no lo tienen porque el modelo de dirección que nos trajo la LODE ha
terminado en el más estrepitoso fracaso y se han quedado ustedes
descolocados?
Fíjese, señor Ministro, el modelo de dirección de la LODE no lo ha podido
usted salvar ni con incentivos económicos. En este caso ni el poderoso
caballero don Dinero ha podido salvar su modelo. Además, ¿no ve usted que
este modelo no elige a los directores sino que los designa? Señor
Ministro, ¿no ve usted muy claro que la LODE les ha llevado, nos ha
llevado a un modelo de dirección de auténtica esquizofrenia? Por qué, ¿a
quién representa el director? ¿A la Administración que lo nombra? ¿A los
profesores que lo eligen? ¿A ambos, según dicen ustedes? Explique cómo.
Pero lo malo, señor Ministro, señorías, es que, además, siguen ustedes
sin la humildad, sin la capacidad y sin la voluntad de superar esta
antinomia.
Señor Ministro, señorías, comentaba mi resistencia y mi extrañeza por
tanta aparente torpeza y por una técnica de parcheo innecesaria. ¿Qué
intenciones se pueden colegir de esta estrategia por parte de su
Ministerio a la luz de lo que ya sabemos que pretenden con ese teórico
modelo de dirección y formas de acceso? Creo que la respuesta no exige
esfuerzos mentales exagerados ni el planteamiento de hipótesis muy
audaces. Mi conclusión es muy sencilla ya que todo esto, en principio,
desprende un tufillo bastante sospechoso.
Verá, señor Ministro, puesto que en este momento ustedes se encuentran en
evidente y precipitada retirada --creo que eso tampoco lo negarán-- (Un
señor Senador desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Qué
barbaridad!), quería decirle que los clásicos a veces nos vienen bien
porque, además de beneficiarnos con su lectura, nos permiten destilar
algunas gotitas de erudición a la vez que nos clarifican algunos
ejemplos. (Un señor Senador desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista: ¡Qué barbaridad!) Si les amarga la verdad, tómense un trocito
de enmienda y tal vez la endulcen. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Y prosigo. Decía que ustedes se encuentran en
evidente y precipitada retirada, y quieren, antes de marcharse, colocar
definitivamente a ese 60 por ciento de directores que ustedes han
designado. ¿Es ésta una afirmación gratuita? Pues no. Primera razón: se
reservan el nombramiento por la valoración positiva que exige y otorga la
Administración. Segunda razón --y preparen otro pedacito de enmienda--:
este modelo encaja como anillo al dedo con su forma habitual de hacer las
cosas, por la que sienten verdadera debilidad y de la que tienen
permanente necesidad; la discrecionalidad, al convertir lo más
fundamental en graciable, y todo ello adobado por un irresistible afán
intervencionista, verdadero sustrato ideológico inherente al
social-felipismo. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
En conclusión, el panorama que tenemos es el siguiente: hasta el día 30
de junio de este año --a no ser que soberana y sensatamente esta Cámara
lo impida-- unos estarán elegidos --la mayoría designados--, pero, ¡ojo!,
a partir del 1.º de julio --repito, a no ser que soberana y sensatamente
esta Cámara lo impida-- todos los directores serán designados por la
Administración socialista.
Pues bien, llegados a esta situación, queda meridianamente clara una
cosa: el verdadero calado de las bondades de la LODE y a dónde nos ha
conducido esta Ley: a la contradicción más flagrante, más cínica y más
atentatoria contra nuestra inteligencia. El modelo que se proclamaba
solemnemente como participativo y electivo para la comunidad educativa
termina en la designación a dedo de la totalidad de los directores.
(Rumores.) La Administración educativa socialista ha hurtado a la
comunidad educativa su soberanía y la designación ha suplantado a la
elección.
Señorías, estamos ante una mala decisión y, por tanto, ante una mala
propuesta. Estamos, señor Ministro, ante una prórroga innecesaria e
inconveniente, por lo que se nos ofrece como muy sospechosa. Pero todo
ello, nuestro Grupo estima que este proyecto de ley debe ser devuelto al
Gobierno, y para ello solicitamos el apoyo de todos los grupos, incluido
el Socialista.
Concluyo, señor Ministro, señorías, recordando la importancia esencial y
trascendental de la educación, que es la auténtica palanca de movilidad
social y de realización personal; y lo digo, porque tengo tres hijos que
se encuentran en ese tránsito. Apelo, por tanto, a lo más sagrado e
íntimo que tienen las personas, esa capacidad interior para conocer el
bien que podemos hacer y el mal que debemos evitar; es decir, estoy
apelando, señor Ministro, señorías, a su conciencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, esperábamos esta intervención por parte del
Grupo Parlamentario Popular, puesto que lo importante es confundir y no
clarificar; lo importante es no ver cuál es la realidad de este proyecto
de ley, que es bastante sencillo, meramente instrumental y de
acompañamiento, y cuya necesidad se deriva del proyecto de ley orgánica
sobre participación, evaluación y gobierno de los centros docentes, que
en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados y
que en breve tiempo debatiremos en esta Cámara.
Como digo, es un proyecto de ley de contenido muy sencillo; es un
proyecto de artículo único, que propone con carácter excepcional la
prórroga por un año del mandato de los directores y demás órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, ya que, como ha dicho el señor Ministro, se da la circunstancia
de que en el presente curso 1994-95 finaliza el período de gobierno de un
elevado número de ellos. También se propone una prórroga de seis meses de
esos mismos órganos unipersonales de gobierno en los centros públicos de
enseñanzas artísticas y en las escuelas de idiomas en el caso de que su
mandato finalice el 31 de diciembre de este año. Ahora bien, en aquellos
casos excepcionales en que no sea posible hacer efectiva la prórroga
--sea por concursos de traslado, jubilaciones, comisiones de servicios, o
por cualquier otra causa--, y siempre a solicitud fundada del interesado
que desempeña el cargo de director, de jefe de estudios, o de secretario,
con la simple comunicación y previo conocimiento de la misma por la
Administración educativa competente, se procederá a la elección por un
año de los nuevos órganos unipersonales de gobierno, de acuerdo con el
procedimiento que existe en estos momentos regulado por la LODE.
Por tanto, insisto en que éste es un proyecto de acompañamiento,
instrumental y complementario del proyecto de ley sobre participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes, tal como queda justificado
en la memoria explicativa remitida por el Ministerio, ya que es en este
proyecto de ley en el que se proponen modificaciones importantes en
relación con los órganos de gobierno y la mejora de la calidad de la
enseñanza. Son modificaciones --que supongo que su señoría habrá leído--
que tienen por objeto conseguir un mayor grado de profesionalidad de los
futuros directores a través de una mayor preparación de los candidatos y
de una serie de incentivos académicos que se asocian a estos puestos
directivos; eso sí, manteniendo el carácter electivo de los directores,
como está regulado en la LODE.
Supongo que su señoría también habrá leído el Título II de este proyecto
de ley, donde se modifica el período de mandato de los directores y de
los demás órganos unipersonales de gobierno. Se amplía su competencia en
materia de gestión y se establece la posibilidad de que aquellos
directores que reciban una valoración positiva del ejercicio de su cargo
puedan mantener una parte del complemento retributivo correspondiente en
función del número de años en que hayan desempeñado la tarea de director.
Por tanto, la función directiva que se dibuja en el proyecto de ley sobre
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes sufre
importantes modificaciones respecto de la que se tiene en el momento
presente. Por consiguiente, es de pura lógica y de sentido común
facilitar que la nueva convocatoria para proveer las plazas de directores
y demás órganos unipersonales de gobierno se haga de acuerdo con esta
nueva normativa, una vez que haya sido aprobada por las Cámaras
legislativas.
El Grupo Socialista entiende que es necesaria una mayor
profesionalización de los equipos directivos, una mayor implantación de
la gestión de los centros sostenidos con fondos públicos y, por supuesto,
un mayor reconocimiento del carácter profesional y económico de los
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes. Y para
conseguir estos objetivos es necesario aprobar este proyecto de ley de
prórroga y propiciar con ello la entrada en vigor de los profundos
cambios en materia de dirección de los centros, cambios que resultarán
del debate y del acuerdo de los diferentes grupos políticos de las dos
Cámaras.
Señoría, no son conveniencias oportunistas, no son razones extrañas, sino
de sentido común y de funcionalidad, las que nos mueven a aprobar este
proyecto de ley de prórroga, para que los centros educativos no tengan
problemas de funcionamiento en el curso próximo; porque de prosperar su
enmienda de veto, nos encontraríamos con dos colectivos de directores
distintos, con emolumentos diferentes y con diferentes incentivos
económicos y profesionales, que aunque realizarían las mismas funciones
en los centros, estarían elegidos por procedimientos distintos. Este
proyecto de ley pretende evitar esto, y por eso propone la prórroga del
mandato de los directores y otros órganos unipersonales de gobierno en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, durante seis meses o
un año, para unificar los criterios de elección de los nuevos directores
a partir de la aprobación del proyecto de ley sobre
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes.
Por consiguiente, el Grupo Socialista cree que con esta iniciativa
legislativa no se persiguen fines extraños --a pesar de la intervención
tortuosa del Grupo Parlamentario Popular--, ni se pretende modificar el
sistema de elección de los directores. Lo único que se pide es una
prórroga para unificar los criterios de su elección y hacer que todos
ellos tengan, a partir del próximo año, cuando termine la prórroga, los
mismos incentivos académicos y económicos.
Por todas estas razones, señor portavoz del Grupo Popular, vamos a votar
en contra de su propuesta de veto, y desde esta tribuna solicito al resto
de los grupos políticos que se sumen a nuestro voto negativo para que no
salga adelante lo que ustedes pretenden.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos el turno de portavoces. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor presidente, señorías, aunque sólo haya
unas cuantas enmiendas --aparte de la de veto del Grupo Parlamentario
Popular y una nuestra--, vamos a tratar de ser bastante serios en el
debate de este proyecto de ley.
Las razones fundamentales de nuestra enmienda se expondrán a
continuación, en caso de que el veto sea rechazado.
En cuanto al veto, quiero decir fundamentalmente que creo, quiero pensar,
que el espíritu del legislador, que va a ser el espíritu que se traslade
al Ejecutivo, es pura y exclusivamente, pura y exclusivamente, repito, el
tratar de que no exista distorsión en el proceso educativo, es decir, que
no se encuentren distorsiones en cuanto a la provisión de órganos
unipersonales de gobierno en los centros docentes. Nada más que eso,
porque, si no, el artículo único puede ser interpretado de otra forma y
yo no quiero hacerlo, sino que quiero interpretarlo con total honestidad,
lo que quiere decir que, tanto por parte del Gobierno del Estado como de
los legisladores, si se aprueba este proyecto de ley, es exclusivamente
la prórroga de ese mandato para que no se distorsione el proceso. A
ustedes no se le oculta que hay Comunidades Autónomas que, en el uso de
sus competencias y por la vigente legislación, ya tienen nombrados estos
órganos unipersonales, que tomarán posesión el día 1.º de julio. Si la
interpretación es correcta, y coincide con el espíritu del legislador, de
sólo prorrogar para que no exista distorsión, en tanto viene la ley que
está en tramitación en el Congreso de los Diputados, que tendrá que
recoger en sus disposiciones adicionales las tres disyuntivas que se le
van a presentar con estos colectivos; si se distorsiona, el que la
distorsione estará distorsionando el espíritu con el que algunos no sólo
vamos a retirar nuestra enmienda, sino que estamos haciendo estas
aseveraciones en la tribuna.
Senador Martínez, creo que le habrá quedado claro cuál es la opinión de
nuestro Grupo y de este Senador. Algunos argumentos que usted ha dado me
preocupan en cuanto al fondo; preocupan a mi Comunidad Autónoma, a los
rectores educativos de dicha Comunidad. Siento no poder votar
afirmativamente el veto. Evidentemente retrasaría y produciría, a nuestro
juicio, una determinada distorsión, siempre y cuando sea respetado el
espíritu con que aprobamos --luego hablaremos de él-- este proyecto de
ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ibarz i Casadevall.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Intervengo desde mi escaño para manifestar
que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
coincide básicamente con las razones que justifican la prórroga de los
órganos de gobierno de los centros docentes, en tanto no se culmine la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes. El plazo de prórroga de un
año, previsto en el proyecto que debatimos, hace presumir que la próxima
elección de los órganos de gobierno de los centros docentes se produzca
en el marco de la nueva ley.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió votará en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martínez
García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a dar dos pinceladas a modo de introducción.
Quiero agradecer al Senador Barbuzano el que haya entendido que,
efectivamente, muchas de las cosas que aquí se ponían sobre la mesa son
graves y, por ello, trascendentes.
Por otro lado, quiero recordar al Senador Herranz que me ha insistido,
creo que ocho veces, en si había leído. Leer, lo que se dice leer, ha
leído lo suyo y la partitura que le habían dado escrita.
Dicho esto, mis temores se cumplen. Estamos ante un diálogo de sordos. La
esgrima y la ingeniosidad, léase lo trivial sustituye a lo esencial. Yo
creía y sigo creyendo que aportaba argumentos de peso sobre la
conveniencia de devolver esta ley orgánica al Gobierno. Constato lo
contrario. Por ello, voy a dar tres o cuatro pinceladas que considero
importantes, sobre todo para que el que quiera oírlas que lo haga y, si
tiene a bien, las tome en consideración.
La primera pincelada se refiere a la LODE y sus consecuencias. Convendrán
conmigo, porque los hechos son muy tozudos, que la LODE nos ha llevado a
una contradicción
flagrante, señor Ministro: proclama participación y elección; produce
designación. Según pincelada: la Lopeg y sus pretensiones. La Lopeg --es
un reconocimiento del fracaso de la LODE-- llega en un intento de superar
esa contradicción y resolver el problema de la dirección y la inspección.
Aquí no preocupa la dirección.
Señoría, no puede nacer con peor pie. Editorial del ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados, de junio de 1995: Más del 85 por
ciento del profesorado, conocido su proyecto --conocido por Lopeg-- ya es
rechazado. Mal nacimiento a la criatura.
Tercera pincelada --y clave--. Lo que yo he querido llamar el ínterin, en
el tránsito entre la LODE y la Lopeg, es una prórroga desafortunada, en
el fondo y en la forma. Repito: lo que digo a continuación lo hago con
convicción, porque es muy grave. En el fondo, la Administración educativa
socialista ha hecho desaparecer, vía ignorancia, a un edificio que hay en
la Carrera de San Jerónimo con unos habitantes y a un edificio que hay en
la plaza de La Marina Española con unos habitantes, que son los
responsables de la soberanía de España. De manera que en la forma:
circulares en abril y mayo y circulares de la Directora General de
Centros, pero, sobre todo, del Subdirector Territorial de Madrid, que ya,
el 23 de mayo, dice que los directores --y los demás órganos
unipersonales-- de los centros públicos se prorrogarán por un curso.
Léase: la Administración educativa socialista ha hurtado la soberanía de
los representantes del pueblo, dando por hecho lo que ahora nos ocupa: la
prórroga. Ha hurtado, y esto es muy grave. Este solo hecho justificaría,
sin entrar en más detalles, el decir: por favor, no entremos en
consideraciones; llévensela. Ustedes no son quiénes, en nombre de ninguna
mayoría aritmética, para hurtar la soberanía del pueblo, que está
depositada en las Cámaras. Y esto lo hicieron ustedes el 23 de mayo.
Cuarta pincelada. La dirección de los centros, señor Ministro, es un
problema viejo. Ya lo he cuestionado varias veces pero, en concreto, el 4
de abril le recordaba que la dirección de los centros era un problema
grave siempre presente y siempre pendiente de solución. Alerté sobre el
desbarajuste que existía en tan importante asunto; denuncié y lo sigo
diciendo el estrepitoso fracaso del modelo de dirección que habían
diseñado ustedes con la LODE y argumenté y dije en aquel momento en base
a las 77 medidas y al informe del Consejo Escolar del Estado --que, por
cierto, se me ha olvidado en el escaño, para que viera que los documentos
no eran invención del portavoz del Grupo Popular en temas de educación en
este caso, y está escrito, negro sobre sepia, en el «Diario de
Sesiones»--, que el informe urge al Ministerio para que modifique la
normativa legal vigente para dar solución a este grave problema. El señor
Ministro me contestó y aprovechó su turno de cierre con algo que no se
ajustaba a lo que decía el informe. Claro que --ahora se lo demostraré--
el señor Ministro parece algo olvidadizo. Créame que lamento
profundamente lo que a continuación voy a decir: usted es muy proclive a
ciertos achaques de amnesia como lo demuestran los episodios de su época
de Secretario de Administración Militar y en el asunto de las escuchas
del Cesid pues afirma ahora (Rumores.) --échense un pedacito de
enmienda-- que no recuerda en absoluto las entrevistas en las que se
habló sobre los tejemanejes de la Casa, que es como se llamaba a la sede
del Cesid, y el Ministro me contestó que lo que realmente --en negro
sobre sepia-- le decía el informe del Consejo Escolar del Estado es que
necesitamos reforzar la función directiva. Eso es lo que él hace después
de un análisis, por cierto, valiente y que merece mi felicitación, de las
77 medidas, pero usted mismo se pone en esa situación.
Termino con unas recomendaciones y reflexiones finales. Hay un cúmulo de
argumentos por lo que procede retirar este proyecto. Y sigo aún apelando
a ese sentido de la dignidad, no por nosotros, sino por lo que
representamos, porque ya he dicho que sólo la forma de tramitarlo le
hacen merecedor de ser devuelto. Nadie puede hurtar la soberanía de las
Cámaras con dos meses de antelación y predecir lo que fatalmente tiene
que ocurrir; debátase.
Mi reflexión final sería que sólo la ceguera ideológica, en unos casos, o
la conveniencia en otros, impiden ver que estamos ante otra urgencia más
de chapucería, de precipitación interesada del Grupo del Gobierno
socialista.
Debo terminar apelando a ese sentido de la dignidad, a ese sentido de la
conciencia y a un recuerdo. De verdad, señores parlamentarios socialistas
que soportan a este Gobierno (El señor Díez González: ¡Vaya hombre!),
díganles, por favor, que escuchen menos las intimidades inviolables de
las personas y atiendan más las necesidades esenciales de los ciudadanos
como, por ejemplo, su educación.
Muchas gracias. (Varios señores Senadores: ¡Muy mal, muy mal!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sus argumentos son
prácticamente los mismos que los de la primera intervención porque no ha
querido escuchar los míos. De ninguna manera me ha respondido a las
razones que yo le he dado sobre este proyecto de ley. Usted dice que yo
tenía la intervención preparada; pero usted se la ha traído preparada no
para hablar de este proyecto de ley, sino de otras cosas, para insultar a
la Cámara, para decir que este Grupo debe arrepentirse de estar apoyando
al Gobierno. Pero, ¡si es nuestro Gobierno!, y, aunque a ustedes les
pese, es el Gobierno que los ciudadanos eligieron en las elecciones
generales y, por consiguiente, tiene la soberanía popular para hacer que
la educación sea el elemento fundamental de nuestro sistema educativo y
de nuestra ideología y a ustedes les pesa esto enormemente.
No ha entendido para nade este proyecto de ley; ¡si es simplemente una
prórroga!, una prórroga para los directores elegidos y para los
directores nombrados, no porque no hayamos querido elegirlos, sino
sencillamente porque si no hay candidatos, no van a tener directores los
centros, y tendrán que tenerlos. Y la LODE recogió que en ese momento era
necesario designarlos por la Administración
educativa. Nosotros queremos elegirlos y eso es lo que a ustedes les
pesa, y seguiremos eligiendo a los directores porque creamos un sistema
democrático en los centros, un sistema democrático que ha funcionado y
que va a seguir funcionando, que es lo que ustedes no quieren: que el
Consejo Escolar elija a los directores. Ustedes quieren volver al cuerpo
de directores antiguo y nosotros no vamos a hacerlo. Conseguiremos que
este cuerpo de directores no exista, sino que existan unos directores
elegidos por los consejos escolares que sean profesionales y que
favorezcan que los centros funcionen perfectamente, como debe de ser, que
es lo que ustedes no pretenden.
Señor portavoz del Grupo Popular, no apele de nuevo a la conciencia de
los Senadores del Grupo Socialista, porque nuestra conciencia es clara y
transparente, clara y transparente para votar lo mejor para este país y
lo mejor para la educación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el veto presentado por el Grupo
Parlamentario Popular al proyecto de ley orgánica por la que se prorroga
la duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 93; en contra, 120; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Al no haber alcanzado la mayoría constitucional
necesaria, este veto queda rechazado.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano, para la defensa de su enmienda número 7.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a defender,
tal como anuncié en la intervención del veto, nuestra única enmienda, que
propone la adición de una disposición adicional, que me permito leerles
rápidamente, porque tiene su importancia. (Rumores.) Naturalmente, la
leeré si me es permitido, dado el barullo existente.
Dice: «Las Administraciones Públicas con competencias plenas en materia
educativa que a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica hayan
procedido a convocar elecciones para la designación de los órganos de
gobierno unipersonales, al amparo de lo establecido en el artículo 37.1
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación, culminarán dicho procedimiento manteniendo la duración del
mandato de los mismos por el tiempo previsto en la mencionada Ley
Orgánica.»
Esta enmienda sólo pretende matizar, ampliar, no dejar de forma oscura lo
que dice el artículo único 1, sobre todo en su parte final. El artículo
único 1 del proyecto de ley dice: «... cualquiera que fuera el
procedimiento por el que hubieran sido nombrados, en aquellos casos en
los que dicho período finalice durante el presente curso 1994-1995.»
Puede suceder que un órgano unipersonal, cuyo mandato terminaba en el
curso 1994-1995, no haya sido designado por elección por la Comunidad
Autónoma en base al artículo 37.1, al 4 o al 5, y como la Comunidad
Autónoma no lo designa, puede encontrarse, cuando este proyecto de ley
entre en vigor, con un órgano designado por la Comunidad Autónoma y con
uno que esta ley le dice prorrogado. Cuando menos, puede producir un
contencioso. Eso, cuando menos.
Aparte de eso, siendo serios, debemos decir que este proyecto de ley no
sólo llega tarde --y pienso que eso lo sabe el señor Ministro claramente,
no creo que nadie lo discuta--, sino que el que debía haber llegado mucho
antes es el que está en trámite parlamentario, que tendrá que recoger un
montón de situaciones luego, al menos tres, detectadas por este Senador;
porque se va a encontrar con órganos unipersonales designados por las
Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias y de la legislación
vigente, que es la Ley 8/1985; con órganos unipersonales que no cumplen
en junio, sino que tienen un mandato, de acuerdo con la legislación
vigente, de más años, y con unos órganos unipersonales designados por las
Comunidades Autónomas. Son tres figuras, y si esa ley, que se llama de
participación, evaluación y gobierno, modifica las condiciones de esos
órganos unipersonales, su acceso, duración, etcétera, en las
disposiciones adicionales tendrá que armonizar todo este asunto.
Por tanto, interpreto --y es la única razón por la que cuando termine de
hablar en esta tribuna voy a retirar la enmienda-- que el espíritu no es
de distorsión, que el espíritu no va en el camino de alguna de las
afirmaciones que hizo el Senador Reyes, que no quiero repetir para que no
se pongan en mi boca en el «Diario de Sesiones», sino que va en el camino
de no distorsionar el proceso. Si es otra cosa, se tendrán que atener
quienes lo distorsionen, del Ministro para abajo, porque yo no creo que
el Ministro sea quien tenga la voluntad de distorsionarlo. Quienes en el
Ministerio, del Ministro para abajo, intenten distorsionar la voluntad
del legislador, se las tendrá que ver en esta Cámara, al menos, con mi
Grupo. Creo que, a buen entendedor, con pocas palabras basta.
Por consiguiente, retiro la enmienda, pero con el convencimiento de que
los órganos unipersonales de las Comunidades Autónomas --por ejemplo,
Canarias y Galicia-- que han culminado su proceso tomen posesión el
primero de julio. Son órganos unipersonales de nueva designación, no son
caducantes de 1994-1995, que tendrán su período de tres años y la nueva
ley los armonizará en el sentido que sea. Lo entiendo así, no que cuando
se promulgue esta ley, se tenga que dar marcha atrás en los órganos
designados por las Comunidades Autónomas para que los antiguos vuelvan a
ser prorrogados. No es ésa la voluntad. Interpreto que la voluntad de los
legisladores, y espero que la voluntad integral del Ministerio de
Educación y Ciencia, sea ésa. Y con ese espíritu --este Senador no tiene
por qué pensar mal mientras actuaciones determinadas no se lo hagan
creer--, retiramos nuestra enmienda, pero con el ánimo constructivo de
que esta ley entre en vigor cuanto antes y n o se produzcan distorsiones
en el proceso
educativo. Espero que haya sido comprendido, sobre todo por el Senador
Reyes.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
El turno en contra se realizará globalmente.
Enmiendas números 1 a 6, correspondientes al voto particular número 2 del
Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la
Senadora Alvarez, por tiempo de una hora.
La señora ALVAREZ MONTES: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, le
agradezco su presencia. Subo a esta tribuna para defender las seis
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de
ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. Voy a ser muy breve, porque en la defensa del veto hemos
explicado un poco la razón de estas enmiendas.
La enmienda número 1, que afecta al párrafo primero de la exposición de
motivos, propugna la sustitución del término: «ha de afectar», por el
término: «podría afectar». La razón es bien sencilla, ya que con este
término imperativo se da por supuesto que, una vez terminada la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre participación,
evaluación y gobierno de los centros, se va a cambiar el procedimiento de
nombramiento de cargos unipersonales, afirmación que nos parece un
pronóstico del Gobierno sobre el trabajo y la voluntad del Parlamento; un
pronóstico, cuando menos, sorprendente, por cuanto la Lopeg no está
aprobada. En consecuencia, afirmo que es un futurible. Nosotros, por
tanto, proponemos que se hable de la realidad actual, es decir: «podría
afectar»; luego, ya veremos si afecta o no.
La enmienda número 2 se refiere a otra afirmación de la exposición de
motivos según la cual se justifica este proyecto de ley porque conviene
al mejor funcionamiento del sistema educativo. Nosotros proponemos
sustituir este término por el de «parece conveniente». La razón es que
nuestro Grupo piensa que para el mejor funcionamiento del sistema
educativo habría que reformar muchas otras cosas y muchos otros temas,
pero que esta ley no es esencial para la mejora del sistema educativo.
La enmienda número 3, como consecuencia de lo anterior, rechaza que sea
preciso prorrogar nada. En todo caso, se puede levantar acta del hecho,
es decir «se prorroga».
La enmienda número 4 es la de consecuencia lógica de la enmienda a la
totalidad que nuestro Grupo ha presentado. Por tanto, ya no tiene sentido
decir nada más.
La enmienda número 5 al artículo 1 es subsidiaria de la anterior, sólo
lógica en el supuesto de que no se suprima el artículo 1 de esta ley. En
ella se propone una modificación que pretende evitar todo el proceso que
aquí se plantea y en el que hace falta que el director que en este
momento está al frente del centro, en primer lugar, solicite no verse
prorrogado; en segundo lugar, fundamente su solicitud y, en tercer lugar,
se someta a un proceso de aceptación o rechazo por parte de la
Administración. Nos parece inapropiado que a alguien que no quiere ser
prorrogado no se le acepte la renuncia. Por eso, nuestro Grupo solicita
que baste con una renuncia expresa para que inmediatamente se proceda a
la elección. Sé que ustedes me van a decir que de alguna manera han
aceptado este aspecto a través de una transaccional a una enmienda de
Izquierda Unida y, por tanto, han aceptado cambiar la palabra
«aceptación» por «conocimiento»; sin embargo, nosotros seguimos
insistiendo en que haya alguna referencia a la posibilidad de no aceptar
la prórroga. Por tanto, queremos que quede bien claro que al señor que no
desee ser prorrogado no se le prorrogue. (El señor Vicepresidente, Ortí
Bordás, ocupa la Presidencia.)
Por último, la enmienda número 6 rechaza una previsión que nos sorprende,
y es que la elección sea por un año. Nos parece difícilmente explicable
que convenga al mejor funcionamiento del sistema educativo que los
directores electos estén un año y los designados, cinco años. Como se ha
dicho aquí, en algunas Comunidades se han celebrado ya elecciones a
cargos directivos, como manda la Ley. Por tanto, sinceramente, creemos
que este proyecto de ley se ha traído aquí tarde, demasiado tarde, y que,
en última instancia, es un pequeño remiendo para tapar las deficiencias
de otra Ley que nosotros tampoco habíamos votado favorablemente.
Sinceramente, creemos que la aceptación de estas enmiendas mejoraría el
texto y pedimos a los grupos parlamentarios que las voten
afirmativamente.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE: (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, agradezco el tono
de la intervención de la Senadora del Grupo Popular, que ha sido moderado
y que se ha ceñido expresamente al texto de las enmiendas, no como ha
ocurrido anteriormente.
Yo creo que el Grupo Popular ha cambiado porque ha visto que casi todos
los grupos parlamentarios coincidimos en la necesidad de aprobar este
proyecto de ley de prórroga, porque espero que las razones de
instrumentalidad, de acompañamiento, de operatividad, de lógica y de
sentido común que hemos expuesto anteriormente les hayan convencido, y el
tono ha sido por ello mucho más moderado.
Es importante propiciar la puesta en vigor cuanto antes de los profundos
cambios de la dirección de los centros, y creo que el Grupo Parlamentario
Popular está empezando a entenderlo, pero sigue manteniendo sus
enmiendas. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que las seis
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular no están bien
justificadas ni motivadas. Nos parecen improcedentes. Se ha argumentado
en la propuesta de veto --no en estas enmiendas, pero sí creo que hay que
decirlo porque hay un trasfondo-- que con las enmiendas que se presentan
el Grupo Popular pretende velar por la participación
democrática a la hora de elegir los órganos unipersonales de gobierno y
que la prórroga prevista en este proyecto de ley limita o coarta la
elección democrática. Nada más lejos de la intención de este proyecto ni
del Grupo Parlamentario Socialista. La elección democrática de los
equipos directivos no la defendemos sólo ahora como algo nuevo, sino que
la hemos defendido desde hace muchos años, desde el debate previo de la
LODE, desde la aprobación y entrada en vigor de esta Ley con todo su
contenido y con todo lo que ha supuesto la participación en la gestión
democrática de los centros de enseñanza.
Las enmiendas números 1, 2 y 3 a la exposición de motivos del Grupo
Parlamentario Popular, significativamente tantas como las que se
presentan al articulado, yo creía que eran meras correcciones técnicas,
pero después de escuchar los argumentos de la portavoz, entiendo que van
más allá, que intentan establecer no sé qué delimitación entre el Poder
Legislativo y el Ejecutivo. Yo quisiera que el Grupo Parlamentario
Popular eliminara esta actitud de sospecha hacia el Poder Ejecutivo,
hacia el Gobierno, que está recogida en los argumentos escritos de las
enmiendas acusándole de atropellar al Poder Legislativo. Entiendo que
esta actitud no es buena, puesto que sé que los Senadores del Grupo
Parlamentario Popular saben cuál es el procedimiento y los mecanismos de
tramitación parlamentaria de cualquier proyecto de ley. Nosotros
entendemos que la redacción de la expresión de motivos es correcta y, por
lo mismo, rechazamos estas tres enmiendas al proyecto de ley.
En cuanto a la enmienda número 4, es forzado que la mantengan, como todas
las demás, ya que se derivan de la misma propuesta de veto, que ha sido
votada en contra por casi todos los grupos de esta Cámara. Esta enmienda
pretende que se suprima el artículo único del proyecto de ley, que no se
pruduzca la prórroga y que los equipos directivos se elijan de acuerdo
con la normativa que está en vigor en este momento. Si esta enmienda se
aprobara, lo que conseguiría el Grupo Popular sería que la ley de
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes no pudiera
entrar en vigor hasta dentro de tres cursos académicos. Yo creo que eso
es una falta de respeto hacia esta Cámara, porque sería una perversión
parlamentaria aprobar una ley que no se puede aplicar hasta dentro de
tres cursos académicos. Por lo tanto, esta enmienda también la
rechazamos.
En las enmiendas números 5 y 6 el Grupo Parlamentario Popular pretende
enmendarse a sí mismo; es una cierta contradicción, prácticamente una
desconfianza hacia la enmienda número 4. Proponen unas fórmulas que, de
producirse, crearían bastante confusión y desgobierno en los centros
docentes, y yo no sé si es esto lo que está buscando el Grupo
Parlamentario Popular. Porque si nos imagináramos lo que ocurriría en los
centros si se aprobaran las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
tendríamos una situación bastante caótica ya que nos encontraríamos con
que habría miembros de equipos directivos que tendrían prorrogado su
mandato por un año, puesto que no pondrían dificultad a esta prórroga, y
habría otros miembros de esos mismos equipos directivos, y además en el
mismo centro, que, según proponen ustedes, serían elegidos por el Consejo
Escolar por un período de tres años. Es decir, tendríamos unos órganos
unipersonales de gobierno con mandato de tres años y otros con mandato de
un año, con lo que creo que sí habrían conseguido el objetivo de sus
enmiendas: crear una confusión y un desconcierto tal en los centros
educativos que obstaculizaría precisamente la aplicación del proyecto de
ley de la participación, evaluación y gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos. Por lo tanto, rechazamos todas las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por los argumentos expuestos
anteriormente.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, agradezco que el portavoz de dicho Grupo la haya reiterado ya
que, además, coincidimos en los argumentos --y quiero que conste así--,
porque es un argumento correcto que el espíritu del legislador debe
tenerse en cuenta para que la ley de participación, evaluación y gobierno
de los centros docentes recoja todas estas situaciones de aquellos
órganos unipersonales de gobierno que no van a terminar su mandato al
finalizar este curso; las situaciones de aquellas Comunidades Autónomas
que tienen competencias en materia de educación y que, al tramitarse en
esta fecha esta ley, puede haber iniciado el proceso, de acuerdo con la
LODE. Por lo tanto, creo que en el debate del proyecto de ley de
participación, evaluación y gobierno que se produzca en esta Cámara,
tendremos que tener en cuenta esta situación. Pero favorezcamos que esta
ley entre lo antes posible en funcionamiento para que así todos los
cargos directivos que, después de esta prórroga de un año, se elijan o se
designen a través de la normativa que ya se haya reflejado en esa ley
tengan todos los derechos económicos, académicos, profesionales y de
formación que el proyecto de ley de participación recoge.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Herranz.
Abrimos turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene
la palabra el señor Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente y por cortesía parlamentaria para agradecer las
palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y
congratularnos, creo que ambos, de que ése sea el espíritu del legislador
y de que, estando el Ministro presente, sea absorbido por el Ejecutivo,
cosa que no dudo.
Sentimos tremendamente que las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, magníficamente defendidas y expuestas por la
Senadora Alvarez Montes, a la que estimo profundamente, vayan
encaminadas, como no se le escapa a nadie y siendo serios, a conseguir lo
que el veto no pudo. Lo más que podemos hacer, en aras de una neutralidad
parlamentaria, será abstenernos. (Risas.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Barbuzano.
Tiene la palabra el Senador Ibarz, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente, habida cuenta de que en nombre de mi Grupo ya
he manifestado nuestra posición sobre el proyecto de ley al debatirse el
veto. Reiteramos la coincidencia del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió con las razones que justifican el proyecto
y anunciamos nuestro voto favorable al mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senadora Alvarez Montes, por el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora ALVAREZ MONTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente, en primer lugar, para decirle al señor
representante del Grupo Parlamentario Socialista que yo no he hablado de
Poder Legislativo y Ejecutivo. Lo ha hecho usted. Yo sólo he dicho que
estamos haciendo futuribles cuando afirmamos una cosa que está pendiente
de una ley que está sin aprobar.
En segundo lugar, usted dice que es una contradicción que yo diga que las
personas que no quieren ser prorrogadas no lo sean. A mí esto no me
parece una contradicción, me parece un legítimo ejercicio de la libertad
personal.
Por último, me da la impresión de que a veces hay un pequeño problema, y
es que ustedes son, a la vez, territorio MEC y Administración. Como
Administración tienen que legislar, y como territorio MEC no se dan
cuenta que de alguna manera son Consejeros de Educación de territorio
MEC, produciéndose ahí a veces pequeños enfrentamientos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Herranz, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que los argumentos que se han ofrecido son suficientes. No se ha
aportado nada nuevo por parte de la Senadora del Grupo Parlamentario
Popular y, por consiguiente, nos mantenemos en los mismos términos que
hemos expresado diciendo que con este proyecto de prórroga se conseguirá
que los directores sean elegidos democráticamente pero, a su vez, que
sean buenos profesionales, favorezcan la calidad de la enseñanza y
mantengan un sistema educativo en constante perfeccionamiento, que es lo
que deseamos todos los grupos políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Culminado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, señor Barbuzano, ha retirado la
enmienda número 7. Por lo tanto, no la vamos a someter a votación.
Vamos a someter a votación las enmiendas números 1 al 6, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 95; en contra, 114; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se somete a votación el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 116; en contra, 94; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Por lo tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de Ley Orgánica por la que se prorroga la duración del mandato
de los órganos unipersonales del Gobierno de los centros docentes
sostenidos con fondos públicos.
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE RECONOCE A LA UNIVERSIDAD PRIVADA «ANTONIO DE NEBRIJA»
DE MADRID. (S. 621/000081.) (C. D. 121/000093.)
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE RECONOCE COMO UNIVERSIDAD PRIVADA A LA DENOMINADA
«UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID», CON SEDE EN MADRID. (S. 621/000082.) (C.
D. 121/000094.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura en relación con el proyecto de ley por el que se reconoce a la
Universidad privada «Antonio de Nebrija» de Madrid, tramitado por el
procedimiento de urgencia. Anuncio a la Cámara que este proyecto de ley
se debatirá conjuntamente con el siguiente, que es el proyecto de ley por
el que se reconoce como Universidad privada a la denominada «Universidad
Europea de Madrid», con sede en Madrid.
Para la presentación de ambos dictámenes, tiene la palabra el señor
Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, los proyectos de
ley que vamos a debatir a continuación, uno por el que se reconoce a la
Universidad privada «Antonio de Nebrija» de Madrid, y el otro a la
denominada «Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid, tuvieron
su entrada en la Cámara el día 8 de junio del corriente, procedentes del
Congreso de los Diputados. Declarados urgentes en su tramitación, fueron
remitidos a la Comisión de Educación y Cultura, terminando el plazo de
presentación de enmiendas el día 12 de este mismo mes.
Al primero de los proyectos mencionados se presentaron dos enmiendas, y
al segundo, una única enmienda, todas ellas del Grupo Parlamentario
Popular. En su sesión del día 22 de junio, la Comisión acordó por mayoría
elevar al Pleno de la Cámara como dictamen el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, rechazando todas las enmiendas presentadas,
que se mantienen como votos particulares para su debate en este Pleno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, comparezco ante sus señorías con el fin de
presentar los dos proyectos de ley de reconocimiento de universidades
privadas, el proyecto de ley por el que se reconoce la Universidad
privada «Antonio de Nebrija» de Madrid, y el proyecto de ley por el que
se reconoce como universidad privada a la denominada «Universidad Europea
de Madrid», con sede en esta Comunidad Autónoma.
En desarrollo de los preceptos constitucionales, el artículo 57 de la Ley
Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, delimita los términos en los
que ha de ejercitarse el derecho a la creación de universidades y centros
universitarios de titularidad privada que, por otra parte, fueron
concretados por el Real-Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación
y reconocimiento de universidades y centros universitarios. Las dos
universidades, cuyos proyectos de ley de reconocimiento se presentan
ahora, han acreditado debidamente haber cumplido los requisitos y
exigencias establecidos en la normativa vigente a la que acabo de
referirme. Se ha producido, además, el informe favorable del Consejo de
Universidades a los respectivos expedientes.
Como sus señorías recordarán, la Ley de Reforma Universitaria establece
como uno de los procedimientos para el reconocimiento de una universidad
privada el de la aprobación de una ley de las Cortes Generales a
propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma en cuyo término haya de establecerse. Este es el
supuesto de las universidades privadas que nos ocupan, «Antonio de
Nebrija» y «Europea de Madrid», para las que prestó su acuerdo el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid el pasado 9 de marzo del
presente año.
Por lo que se refiere a la Universidad «Antonio Nebrija» de Madrid,
conviene destacar que la entidad titular de la misma es la sociedad
denominada «Universitas Nebrissensis», con domicilio en el campus de La
Berzosa, sito en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares. Colaboran
con la citada sociedad el Centro de Estudios Hispánicos y la Fundación
Antonio de Nebrija, clasificada por el Ministerio de Educación y Ciencia
en 1988. Esta Universidad cuenta con dos campus, uno de la Dehesa de la
Villa, de 14.500 metros cuadrados, y el citado de La Berzosa, de 129.000
metros cuadrados, en los que va a desarrollar enseñanzas comprendidas en
tres grandes áreas: Ciencias Sociales y Jurídicas, que comprende las
enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de licenciado en
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Periodismo,
Publicidad y Relaciones Públicas y de Diplomado en Ciencias
Empresariales. Como segunda área, la de Enseñanzas Técnicas, con los
estudios conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero de
Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión y en Diseño
Industrial. Y, finalmente, el área de Humanidades, con las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado en Filología
Inglesa, Hispánica, Alemana y Francesa y de Licenciado en Traducción en
Interpretación.
El número máximo de alumnos previsto para el año 2004 es de 3.965,
distribuidos en los tres ciclos de los estudios universitarios. El número
de profesores estimado, con dedicación a tiempo completo, asciende a 275.
Por otra parte, se ha comprometido a invertir en investigación un 10 por
ciento de los gastos totales anuales en material, suministros y servicios
y un 4,5 por ciento en promoción científica y técnica. Finalmente, como
último elemento a destacar tiene previsto establecer un régimen de becas
y ayudas para el 15 por ciento de los alumnos.
En el caso de la «Universidad Europea de Madrid» cabe destacar a sus
señorías que la entidad titular es la sociedad Prouniversidad, con
domicilio en Villaviciosa de Odón, localidad donde está situado el
campus. Las enseñanzas que va a impartir están comprendidas en cuatro
grandes áreas; área de Ciencias Sociales y Jurídicas, con las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
Ciencias Políticas y de la Administración, Derecho, Economía,
Investigación y Técnicas de Mercado, Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomado en Ciencias
Empresariales y Maestro, especialidad en Educación Física. La segunda
área se corresponde con las Enseñanzas Técnicas, con estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Arquitecto, Ingeniero en Informática,
Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero Técnico en Informática e
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. La tercera área, de Ciencias
Experimentales y de la Salud, prevé enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de Licenciado en Odontología y de Diplomado en
Fisioterapia.
Por último, el área de Humanidades, con las enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos de Licenciado en Filología Inglesa, Humanidades,
Psicología y Traducción e Interpretación.
El número máximo de alumnos previstos al completar su pleno
funcionamiento es de 12.000, con una plantilla de 743 profesores. Con el
fin de potenciar la actividad investigadora, prevé la creación de un
Centro de Innovación Tecnológica. Finalmente, pretende establecer un
régimen de becas y ayudas donde la modalidad más frecuente será el
préstamo al honor, con la obligación de devolución una vez finalizados
los estudios y consolidada la situación profesional.
Estas son, señorías, señor Presidente, a grandes rasgos, las
características generales de las dos universidades privadas, cuyos
proyectos de ley de reconocimiento presento hoy para su aprobación en
esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
En el debate de totalidad, ¿algún Grupo desea hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Soravilla.
Posteriormente, se producirá el debate de las enmiendas presentadas.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Ministro su
presencia en esta Cámara, y sobre todo que haya presentado estos dos
proyectos que nos ocupan.
Quiero empezar expresando mi satisfacción, como Senador por Madrid, de
ser portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el debate de estos
proyectos de ley por los que vamos a reconocer dos nuevas universidades
privadas en Madrid. La creación de centros de actividad intelectual, y
especialmente universidades, en los que venimos participando ya desde
hace muchos años, es siempre una alegría, y a esta alegría se añade, por
un lado, que la sede de estas dos universidades vaya a ser la Comunidad
Autónoma de la circunscripción electoral a la que pertenezco, que es
Madrid, y, por otro lado, que se vaya materializando un desarrollo
constitucional que coincide exactamente con las ideas programáticas del
partido que hoy me honro en representar ante sus señorías.
No voy a insistir en las referencias constitucionales y legales, el señor
Ministro ya lo ha hecho y vienen recogidas cumplidamente en las
exposiciones de motivos de ambos proyectos, pero sí quisiera recordar a
todas sus señorías los recelos ideológicos y estatalistas que venimos
percibiendo, que yo no sé si inspiran o inspiraban, porque ya no me
atrevo a definir claramente la ideología del partido del Gobierno, pero
que, de alguna manera, han venido obligando a la sociedad española a
esperar casi diez años para que se ponga fin al monopolio del Estado en
la Enseñanza Superior, desde la aprobación de la Ley Orgánica 11/1983
hasta que se reconoció la Universidad «Ramón Lull», en la Comunidad de
Cataluña en octubre del año 1991. Es más, si se lee el Decreto regulador
de la creación y reconocimiento de universidades, se podrá comprobar que
en el papel, al menos, las exigencias son las mismas para aquellas de
iniciativa estatal que para las de iniciativa social, pero la realidad
nos demuestra, señorías, que, muy al contrario, en muchos casos, las
públicas no cumplen satisfactoriamente todos los requisitos, mientras que
a las privadas se les exige escrupulosamente, añadiendo alguna dificultad
a su creación. No se aplica, en definitiva, el mismo rasero, pero esto no
quiere decir que no estemos de acuerdo y que no nos parezca positivo ese
Decreto, a pesar de que también tiene un cierto grado de discrecionalidad
práctica en el aspecto concreto de la inexistencia de plazo para la
aprobación de su constitución. Con todas estas dificultades quiero
señalar que los proyectos realizados son pocos todavía y la oferta va a
ser cuantitativamente escasa en el medio plazo, aunque estamos
completamente convencidos del enorme beneficio que supondrá para la
institución universitaria española esta referencia alternativa en cuanto
a modos y maneras de hacer y proceder.
Ahora que estamos a finales de este siglo, no quisiera que olvidáramos
que en el pasado, y precisamente al margen del Estado --y lo expresaría
con una metáfora manierista y barroca; «como un espejo frente al
Estado»-- , Giner, con su institución libre, sentó las bases de la
reforma de nuestra Enseñanza Superior. En este espíritu, y con tal ánimo,
mi Grupo apoya con enmiendas pero sin ningún paliativo estos proyectos de
ley de reconocimiento de las universidades privadas «Antonio de Nebrija»
y «Europea de Madrid», y nos congratulamos del amplio consenso previsible
que vamos a poder alcanzar en este Pleno, incluso, si fuera posible, con
la unanimidad de todas sus señorías.
Deseo recordar, no obstante, que estos dos proyectos de ley estaban
listos para su presentación cuando se aprobaron los anteriores. La
impresión que nos produce es que, dentro de ese recelo, hay una voluntad
política de dosificación que parece más propia, señorías, de una
homeopatía administrada a un cuerpo débil que en la confianza de la sana
fortaleza de la iniciativa social. A este respecto, voy a citar una frase
afortunada de mi compañero el Diputado señor Ollero que decía que cuando
se habla de Universidad privada, al Grupo Parlamentario Socialista lo que
le preocupa es que sea privada y al Grupo Parlamentario Popular lo que
nos preocupa es que sea verdaderamente universidad. Con este criterio y
con este carácter hemos presentado nuestras enmiendas.
Las dos nuevas universidades orientan sus proyectos --no voy a insistir
en ello, el señor Ministro ya ha hecho un resumen de lo que iban a ser
estas universidades-- en dos aspectos que consideramos muy necesarios en
la España de hoy, que ya casi es la España de mañana: por una parte, en
el aspecto internacional a través de intercambios, de acuerdos con otras
universidades; y, por otra, en la investigación aplicada, tan necesitada
en este país.
En los orígenes hay diferencias: la Universidad «Antonio de Nebrija», con
el campus en La Berzosa y en la Dehesa de la Villa --como se ha dicho--,
ha venido funcionando de un modo autónomo --es decir, sin ningún tipo de
vinculación con la Universidad pública-- desde 1987, mientras que la
«Universidad Europea de Madrid» lo ha hecho desde 1988, bajo la
denominación de CEES --Centro Europeo de Estudios Superiores-- adscrita a
la Universidad Complutense de Madrid, en su campus de Villaviciosa de
Odón, ese hermoso pueblo en el que entregó su alma a Dios nuestro buen
Rey don Fernando VI. Desearíamos y hacemos votos para que esa estrecha
colaboración que se ha venido desarrollando desde entonces se mantenga
todavía en esta nueva etapa y que no se rompa por unos recelos que más
corresponderían al mundo mercantil que al universitario; que no se rompa
esa colaboración que han mantenido durante estos años.
Para terminar, y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y
particularmente como madrileño, quiero mostrar una vez más nuestra
satisfacción por estas nuevas universidades, que esperamos que puedan
aliviar la masificación que padecemos, y, por otra parte, al romper el
blindaje del distrito, que permitan que se incorporen aún más españoles y
extranjeros de toda procedencia a esta Comunidad de Madrid, siempre
abierta y de probada vocación integradora, a pesar de que en ocasiones se
le atribuyan unos males centrípetos desde otros puntos de España, que los
madrileños somos los primeros en lamentar y, en muchos casos, los
primeros en padecer.
Por otra parte, quiero manifestar desde esta tribuna la esperanza que los
madrileños --y cuando digo los madrileños quiero referirme a todos los
españoles realmente-- depositamos hoy en estas dos nuevas universidades
para la mejor formación universitaria de una juventud que habrá de
afrontar todos los difíciles retos que se presentan en el siglo XXI en
una plenitud intelectual y física. Asimismo, deseo que en esta que va a
ser su primera singladura, al salir de este puerto, tengan ambas una
feliz y larga travesía y, puesto que ya no quedan continentes por
descubrir, que, al menos, descubran contenidos, sobre todo los riquísimos
contenidos que podrán encontrar en el alma y en el cuerpo de todos sus
alumnos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Soravilla.
Si no hay más peticiones de palabra en turno de portavoces, posamos al
debate de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular,
números 1 y 2, al primer proyecto de ley, y la número 1 al segundo, que
podríamos acumular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador López San Miguel.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular, aun cuando en
la intervención anterior de mi compañero, Senador Soravilla, ha fijado ya
la posición favorable a los dos proyectos de ley que hoy debatimos en
esta Cámara, sí cree oportuno mantener --y de hecho vamos a defender--
las tres enmiendas que hemos presentado, porque estamos plenamente
convencidos de que ello puede llegar a mejorar el texto que hoy se va a
aprobar en la Cámara.
Como digo, hemos presentado tres enmiendas, dos a la Universidad privada
«Antonio de Nebrija» y una a la «Universidad Europea de Madrid». A las
dos universidades hay una misma enmienda de modificación, que pretende
suprimir en el artículo 4, epígrafe 1: «pruebas que se llevarán a cabo en
una Universidad pública». El Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre
consciente y consecuente con lo que ha venido diciendo a lo largo de
estos últimos años. Ya en el año 1993, al final de la anterior
legislatura, se presentaron para su aprobación dos proyectos de ley de
creación de dos universidades privadas: la de «Alfonso X el Sabio» y la
de «San Pablo, CEU», y en ellas también presentamos estas dos enmiendas
que hoy quiero defender ante la Cámara.
Nosotros entendemos que, tanto a las universidades públicas como a las
universidades privadas, la Constitución les reconoce una autonomía
universitaria en el artículo 27.10. Por otra parte, el Tribunal
Constitucional les ha dado y les ha reconocido el rango de derecho
fundamental. Por ello, no entendemos que a una institución autónoma, con
una autonomía que tiene rango de derecho fundamental, se le intente
condicionar el acceso de los alumnos sometiendo la posibilidad de ingreso
de cualquier alumno en ese centro a un control previo que tiene que hacer
en exclusiva una universidad pública. Esto realmente es sorprendente,
poco respetuoso con lo que prevé la Constitución y poco respetuoso con
las exigencias de la lógica. Señorías, ahí me gustaría que
reflexionásemos y que nos contestásemos a la siguiente pregunta: ¿Cómo se
puede entender que una universidad privada garantiza la igualdad de
oportunidades de aquellos profesionales que han cursado una carrera
--abogados, economistas, ingenieros, etcétera-- y, sin embargo, no puede
garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la Universidad?
Realmente es el argumento que siempre aduce el Grupo Parlamentario
Socialista y que nosotros no llegamos a entender. Si somos capaces de
garantizar que los profesionales, después de cursar una carrera, puedan
ejercer su profesión en igualdad con el resto de los profesionales que lo
hacen en las universidades públicas, de la misma manera deberíamos asumir
también que sean capaces de hacer con igualdad las pruebas de acceso a la
Universidad.
La enmienda número 2 al proyecto de ley por el que se reconoce la
Universidad privada «Antonio de Nebrija» de Madrid es de adición.
Nosotros proponemos que se incluya en el texto una disposición
transitoria única sobre convalidación de estudios previamente cursados en
dicha institución. Como antes decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, la «Universidad Europea de Madrid», al igual que en su día la de
«Alfonso X el Sabio» o «San Pablo, CEU», eran universidades que estaban
adscritas a una universidad del Estado, en concreto, a la Universidad
Complutense. En el caso de la Universidad «Antonio de Nebrija» no ha
ocurrido así, sino que ha venido funcionando a lo largo del tiempo de una
manera autónoma. Sus alumnos estaban convencidos, porque así se les había
hecho saber, de que sus estudios iban a acabar teniendo un reconocimiento
oficial. A raíz de la tramitación del proyecto de ley de reconocimiento
de esta Universidad, este hecho ha generado una inquietud importante
entre los alumnos que cursan sus estudios en dicha Universidad. La propia
Universidad ha salido al paso y ya en diversas conversaciones, tanto con
el Grupo Parlamentario Popular como con el resto de los grupos
parlamentarios, ha propuesto una solución que sería el establecimiento de
un plan de convalidaciones mediante unos complementos docentes que
permitieran a sus alumnos acceder en su momento a las titulaciones
oficiales. Nosotros entendemos que es una fórmula válida y razonable,
pero hemos querido que esta fórmula, que realmente es una promesa oral,
se plasmara en la ley para que quedase constancia total de ella, no
porque tengamos la más mínima desconfianza sobre el cumplimiento de ese
compromiso, sino porque nos parece interesante crear un precedente de
cara a la creación de nuevas posibles universidades sobre las que
tengamos que dar el consentimiento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senador doña Estrella Rojo.
La señora ROJO TUDELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, ya tenemos experiencia en la tramitación de
proyectos de ley de reconocimiento de universidades privadas y esto nos
ha permitido una mayor agilidad en la tramitación y un mayor consenso. No
obstante, creo que hay que resaltar este consenso porque siempre es
importante a la hora de crear centros de educación y de cultura.
Las Universidades de las que estamos hablando han cumplido todos los
requisitos, como ha recordado el señor Ministro, y, por tanto, ese
consenso es obligado. Unicamente hay una pequeña discusión en cuanto al
artículo 4 y una disposición transitoria nueva que el Grupo Parlamentario
Popular pretende introducir. Yo quisiera dar tres argumentos con respecto
al artículo 4, no solamente para que conste en el «Diario de Sesiones»,
sino para convencerles de que la retiren y haya unanimidad total.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, pretenden que el acceso a estas
Universidades sea distinto, sea diferente, sea privado también con
respecto a las universidades públicas. Aprobar lo que ustedes pretenden
sería, en primer lugar, hacer una diferencia con respecto a lo que
aprobamos ya en las otras universidades privadas. En segundo lugar,
técnicamente --y no sé si ustedes lo han recapacitado suficientemente--,
esta diferenciación sería un perjuicio incluso para los propios alumnos
de las universidades privadas que vamos a reconocer. Un alumno que
entrase en esta Universidad por medio de un examen de acceso distinto no
podría cambiar en el primer año o en el segundo año a otra universidad
privada o a otra universidad pública, puesto que volvería o debería
volver a hacer un examen que no tenía e iría en peores condiciones que
cualquier joven que hubiese terminado en esos momentos COU. El tercer
argumento, y básico para mí, es que aprobar su propuesta iría contra la
igualdad de todos los ciudadanos ante la educación. Estaríamos poniendo
barreras a la igualdad de oportunidades por la que debemos velar, tanto
porque la Constitución nos obliga o, como es mi caso, porque creo que
nosotros, como legisladores, debemos respetar, apoyar e impulsar esa
igualdad. Se ha mencionado la Constitución tanto en la intervención del
primer portavoz, como del segundo, pero yo creo que la base y el
fundamento de los derechos fundamentales que es la Constitución nunca
pueden ser un apoyo de una desigualdad.
Por último, con respecto a la convalidación de los estudios que se han
estado impartiendo en las universidades, en la Universidad «Antonio
Nebrija» concretamente, también considero que están equivocados en su
planteamiento y que intentan hacer un flaco favor a la universidad.
Efectivamente la autonomía de las universidades está reconocida por el
artículo 27.10 de la Constitución y así se hace tanto en las
universidades privadas como en las públicas, tanto en la Universidad de
La Rioja, como en la Universidad «Alfonso X el Sabio», pero este
reconocimiento debe cumplir los términos que la ley establezca, y así lo
dice la Constitución. Uno de esos términos es su ratificación en un
proceso legislativo, que es lo que estamos haciendo. Hasta que no se
apruebe esta ley, la universidad no tendrá esa autonomía que tenemos que
respetar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por otra parte, el artículo 27.8 obliga, manda homologar, inspeccionar
los estudios que se están impartiendo; por tanto, bueno sería obedecer y
hacer una prueba que reconozca, que homologue los estudios impartidos
hasta este mismo momento.
En tercer lugar y con toda sinceridad voy a dar una última razón: cuando
se crea una universidad pública o privada yo creo que el objetivo último
es conseguir una buena educación, y creo que estas universidades lo
pretenden y es su objetivo también y, por tanto, para ellos demostrarlo
en una prueba de homologación en estos momentos es bueno, incluso es
bueno para su propio afianzamiento, para su propio prestigio educativo.
Acabo aquí mis razones que son contra las suyas de estas enmiendas que
han presentado, y quería extenderme un poquito nada más contestando al
portavoz sobre nuestro apoyo a las universidades privadas. Nuestro
pensamiento como socialistas queda plasmado perfectamente puesto que
nosotros --no solamente como Grupo parlamentario, sino como Gobierno--
somos los que hemos impulsado este reconocimiento; estamos nosotros ahora
en el Gobierno, entonces: ¡qué más explicación que ésa! Nuestra defensa,
nuestro apoyo a la educación, a la universidad pública, no es óbice para
que tengamos un respeto a la Constitución, y ésta reconoce el derecho a
universidades privadas.
En otros momentos históricos --y lo ha recordado el señor Soravilla-- no
muy lejanos, cuando la universidad pública tenía una cerrazón ideológica,
las fuerzas progresistas del momento, las equivalentes a nosotros ahora,
tuvieron que acudir a una enseñanza privada --la Institución Libre de
Enseñanza-- para buscar nuevos caminos hacia
la libertad. Cuando defendemos la libertad, la defendemos contra viento y
marea, y junto a la libertad luchamos por la igualdad. No quiero volver a
recordar que me parece una cierta mezquindad el que contra la igualdad
ustedes pretendan poner una discriminación de distinto acceso.
Señorías, es obvio, pero no me importa repetirlo, que libertad, igualdad
y solidaridad son los tres argumentos ideológicos nuestros, y también me
sirven ahora para apoyar el reconocimiento de estas universidades: la
libertad en la educación, la igualdad ante la educación, la educación
como fuente de solidaridad. Yo espero que estas universidades luchen por
estas ideas también.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
¿Señores Portavoces de los Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
(Pausa.)
El señor López San Miguel tiene la palabra.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, a mí me hubiese gustado que realmente en las explicaciones que
nos ha dado la Senadora portavoz del Grupo Socialista nos hubiese llegado
a convencer para haber retirado realmente estas tres enmiendas que hemos
preformulado a estos dos proyectos de ley, y tristemente tengo que
decirle que no. No nos ha convencido por dos razones fundamentales.
En primer lugar, habla de que nosotros lo que intentamos es que el acceso
a las universidades privadas sea diferente al de las universidades
públicas. Señorías, pienso que no han entendido cuál es la postura del
Partido Popular. El Partido Popular no está diciendo en ningún momento
que una universidad privada tenga que hacer un examen de acceso diferente
a la selectividad que hace una universidad pública. Nosotros lo que
estamos diciendo es que de la misma manera que cualquier universidad
pública tiene adscritos cursos de orientación universitaria que
posteriormente hacen la selectividad, las propias universidades privadas
sean también las que puedan tener la adscripción de centros de enseñanzas
medias para poder realizar la selectividad en los mismos términos que la
están haciendo las universidades públicas, que no es lo mismo que decir
que los criterios que van a seguir los alumnos que van a una universidad
privada sean diferentes a los de la pública. Eso por un lado.
En segundo lugar, me habla de agravios comparativos con las anteriores
leyes aprobadas en la legislatura anterior. Realmente, a mí me gustaría
que los agravios fuesen extensivos a todas las universidades privadas que
se crean en este país. Yo tengo que decirle, señoría, que la Ley 12/1991,
de 10 de mayo, por la que se reconoce la Universidad «Ramón Llull» en
Cataluña, una universidad privada, si usted se lee el articulado, tiene
cinco artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales, en ninguno
de ellos se habla en absoluto del acceso a la universidad mediante los
requisitos que en estas leyes sí que se mencionan. Es decir, que si
agravio puede suponer el aprobar estas dos leyes con esta enmienda que el
Partido Popular ha formulado, de la misma manera podíamos pensar que en
las anteriores leyes hubo un agravio en relación con lo que el Parlamento
de Cataluña, por supuesto con su pleno derecho, legisló a raíz de una
universidad privada, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la
Ley de Reforma Universitaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador López San Miguel.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Senadora doña Estrella Rojo
tiene la palabra.
La señora ROJO TUDELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, igual no me he explicado con suficiente claridad respecto a las
enmiendas y al acceso, pero creo entenderle algo que me parece bastante
llamativo. Usted pretende encaminar a una serie de alumnos, de jóvenes
hacia una universidad concreta y unirles desde una cierta edad a esa
universidad sin posibilidad de rectificación en ningún momento porque los
alumnos, los jóvenes a veces se equivocan en la elección, incluso de las
carreras. Si no tenemos una prueba única, igual para todos los jóvenes,
que puede ser la prueba de selectividad que tenemos ahora u otra
cualquiera, el joven no podrá rectificar en un momento dado si se
equivoca y decir: yo no quiero ir esta universidad, voy a cambiar a otra,
incluso porque no le interese la carrera comenzada o porque le vaya mal o
por montones de razones. Me parece absurdo hacer diferencias tan
evidentes y no le veo el objetivo. Y no creo que la autonomía sea eso;
eso sería un poco una anarquía. Si no le convenzo, no le puedo dar más
razones. No es que no le entienda, es que no lo comparto en absoluto. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Finalizado el turno de
portavoces, llamamos a votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, habiéndose producido el
debate conjunto de los proyectos de ley, no obstante, vamos a proceder a
votar separadamente las enmiendas de cada uno de estos proyectos de la
Comisión de Educación y Cultura.
Comenzamos con el proyecto de ley por la que se reconoce a la Universidad
privada «Antonio de Nebrija», de Madrid.
Sometemos a votación las enmiendas números 1 y 2, correspondientes al
voto particular número 1, defendidas por el Grupo Parlamentario Popular
del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 91; en contra, 115; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto correspondiente al dictamen. Como saben sus
señorías, comprende los artículos 1 a 7, las disposiciones adicionales
primera a tercera, las disposiciones finales primera y segunda, el anexo
y la exposición de motivos. Salvo que se me indique algo en sentido
contrario, procederemos a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 210; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: El resultado es el siguiente: 211 votos emitidos;
210 votos favorables, una abstención. Comprendo que es un error de su
señoría. (El señor Barbuzano González hace signos de asentimiento.) Así
lo hago constar a efectos del «Diario de Sesiones». No obstante, la
votación es: 211 votos emitidos, 210 a favor, una abstención.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de
ley por la que se reconoce a la Universidad privada «Antonio de Nebrija»,
de Madrid.
Muchas gracias.
Proyecto de ley por la que se reconoce como Universidad privada a la
denominada «Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular número 1,
comprensivo de la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a
favor, 91; en contra, 116; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación conjuntamente el dictamen de la Comisión, que
comprende los artículos 1 a 7, disposiciones adicionales primera a
tercera, la disposición transitoria única, las disposiciones finales
primera y segunda, el anexo, así como la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 209; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con el siguiente resultado: 210 votos
emitidos; 209 votos a favor, y un voto en contra. Queda aprobado. (El
Senador Cercós hace señas desde su escaño.--Risas.)
El Senador Cercós me hace señas desde su escaño.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Sumo mi voto a la unanimidad del resto de la Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes el proyecto de ley por la
que se reconoce como Universidad privada a la denominada Universidad
Europea de Madrid, con sede en Madrid.
Muchas gracias.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTRIA. (S.
621/000078.) (C. D. 121/000077.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.
Quiero rogar al señor Presidente de la Comisión que me indique quién va a
efectuar la presentación del dictamen.
Tiene la palabra el Senador González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Va a hacer la presentación del dictamen de la comisión de Economía
nuestro eficiente Vicepresidente Segundo, el Senador don David Marca.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para presentar el dictamen en nombre de la Comisión, tiene la palabra el
Senador don David Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, señorías, me gustaría poder
decir señor Ministro, pero no lo diré, me cabe el honor de presentar a
sus señorías el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria para someterlo a su consideración en este penúltimo trámite
parlamentario.
Se trata de una modificación parcial de la ley que entró en vigor el año
1963 y que tal como reza en su texto de la exposición de motivos ésta
constituye el eje vertebrador del ordenamiento tributario español, regula
sus principios generales, el régimen jurídico de las normas, las clases
de tributos, el régimen de infracciones y sanciones, así como los
procedimientos de gestión, recaudación, inspección y revisión en vía
administrativa.
No es de extrañar que haya sido, por lo tanto, motivo de controversias,
discusiones apasionadas, desencantos y también, cómo no, motivo de alguna
satisfacción. El decreto de 1985, relativo al régimen de infracciones,
dictaminó e incluyó unas sanciones totalmente desproporcionadas con las
causas que las originan y en desacuerdo con las que rigen en los países
de nuestro entorno europeo. En conjunto, la antigua ley enfrentaba a la
Administración con el contribuyente. La reforma actual no pretende tan
sólo adecuar parte de su texto y normativas, sino que pretende
actualizarlas según los principios que emanan de nuestra Constitución y
de las sentencias del Tribunal Constitucional. La Ley General Tributaria
tiene que ser un instrumento de trabajo al servicio de la Administración
y no un arma con que amenazar o coaccionar al contribuyente.
Se han tardado largos años en redactar sus modificaciones. El Ministro de
Economía y Hacienda admitió ya en diciembre de 1993 que los técnicos
llevaban varios años trabajando en ello. El 5 de diciembre del año pasado
el Gobierno aprobó el proyecto de ley. El 16 de mayo de este año, en el
Pleno del Congreso de los Diputados se presentó el dictamen de la
Comisión de Economía y Hacienda, que fue aprobado, habiendo sido
previamente sometido en su trámite de Ponencia y Comisión a largas
discusiones. El 27 de mayo entró en el Senado, quedando vivas,
procedentes del Congreso, varias enmiendas que, sumadas a las aquí
presentadas, elevaron la cifra a 177. El día 21 de junio se incorporaron
en el trámite de Ponencia siete enmiendas. El día 22, sólo se
incorporaron dos en el trámite de Comisión y dos transaccionales. Hoy
viene a este Pleno sin haber llegado en muchas de las enmiendas a
acuerdos y transacciones. Por el camino se han perdido, lamentablemente,
61 enmiendas al haber decaído, por no ser defendidas por el Grupo
Parlamentario Mixto, además de un veto a la totalidad. Otras han quedado
por el camino al ser retiradas por sus titulares, dando así la batalla
por perdida.
Este Senador lamenta que en ocasiones como ésta no haya habido, en algo
tan importante como es una Ley General Tributaria, que por ser un
instrumento de trabajo no debería tener cariz político y servir, por lo
tanto, a cualquier gobierno, si no consenso, al menos una mayor
comprensión en las posiciones y un espíritu constructivo que pudiera dar
a la Administración mejores utensilios, no a corto y a medio plazo, sino
a largo plazo.
Estamos seguros de que si se aprueban hoy varias de las enmiendas
pendientes en el trámite que nos ocupa, junto con las ya aprobadas en el
Congreso de los Diputados, la nueva remozada ley hará disminuir la
litigiosidad en una mayoría de casos, la Administración ganará en
agilidad y eficacia y el contribuyente tendrá una defensa más acorde con
la Constitución, que es de lo que realmente se trata. En resumen,
habremos hecho un buen trabajo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
No habiéndose presentado enmiendas de veto, abrimos un debate de
totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quería consumir un turno en contra de este proyecto de ley de
modificación parcial de la Ley General Tributaria, ya que yo
personalmente no he sido convocado a la Comisión correspondiente mediante
telegrama, aunque el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tenía planteada una propuesta de veto, así
como numerosas enmiendas a este proyecto de ley. Por tanto, no he podido
tener la oportunidad de defender ese veto y esas enmiendas, aunque sí lo
haya hecho algún otro miembro del Grupo Parlamentario Mixto.
En cualquier caso, quería hacer una breve intervención indicando cuál es
nuestra posición respecto de esta modificación de la Ley General
Tributaria, posición que mantuvimos en el Congreso de los Diputados, que
mantenemos aquí en el Senado y que no ha podido plasmarse en el veto y en
el conjunto de enmiendas por problemas técnicos o de índole
administrativo.
Este proyecto de ley supone un paso atrás y un cierto error respecto de
la dirección en la que deben encaminarse las reformas sobre leyes
tributarias. Supone que puede incrementarse la bolsa de fraude fiscal,
fruto de presiones para rebajar las capacidades inspectoras y las
capacidades sancionadoras de la Administración pública.
En este proyecto de ley se busca, se persigue excesivamente proteger la
intimidad fiscal y financiera y cubrir una serie de datos que no
pertenecen, en todo caso, a aquellos que la Constitución reconoce como
derecho a la intimidad.
Como ya antes ha señalado el miembro que ha presentado el dictamen de la
Comisión, la anterior Ley General Tributaria databa de 1963. En 1985 se
introdujeron una serie de reformas que desde nuestro punto de vista
significaban un avance, un paso adelante, respecto de las capacidades
inspectoras y sancionadoras de la Hacienda Pública. Ese avance ha sido
calificado, con anterioridad a este turno que estoy consumiendo, como
excesivo. Se ha calificado de excesiva la presión sancionadora o fiscal
que se ejercía sobre algunas bolsas de fraude, sobre algunos elementos de
defraudación. Desde nuestro punto de vista no es excesiva. En todo caso,
lo que urgiría sería la adecuación a la actualidad de la Ley General
Tributaria y la remisión de un completo cuerpo legislativo tributario
para el tiempo actual.
Desde nuestro punto de vista son cuatro los artículos que devalúan la
capacidad de la Administración Tributaria para luchar contra el fraude.
En concreto, el 87 y el 88 se refieren al régimen sancionador, el 111 a
la inspección de las cuentas bancarias y el 142 a la localización de
materiales objeto de inspección.
Veamos el régimen sancionador. Hay una contradicción en la exposición de
motivos, pues, por un lado, se indica que el actual régimen sancionador
es una mejora del 63 y, sin embargo, luego no lo plasma en el articulado.
Aporta, en concreto, una propuesta de devaluación de las sanciones que se
rebajan al 50 por ciento de las que teníamos previamente con la reforma
de 1985. Así, la pena máxima por defraudación no es del 300 por ciento de
la cantidad defraudada sino que es únicamente del 150 por ciento. Esto no
beneficia a la inmensa parte de los ciudadanos y ciudadanas de este país
que, dependientes de nómina, en cualquier caso están sometidos a un
estricto control tributario. Esto únicamente incentiva --por así
decirlo-- a los defraudadores, ya que tienen cada vez menos posibilidades
de ser descubiertos dada la propia complejidad del instrumento de
inspección tributaria y el pequeño riesgo de sanción, que tan sólo es una
vez y media la cantidad defraudada, de tal modo que los defraudadores
profesionales pueden encontrarse cada vez con más posibilidades y con más
garantías de perpetrar ese fraude.
Por tanto, entendemos que aquí se da un paso atrás significativo que no
se compensa con el argumento de que se
incrementa la eficacia de la recaudación tributaria. Creemos que en este
caso concreto este argumento no es aplicable. El argumento de disminuir
la sanción no incrementa esa eficacia.
Además, situando esto en un contexto reciente, podemos recordar que en
esta Cámara hace pocas semanas pasó para su debate de totalidad la
reforma del Código Penal respecto de los delitos a la Hacienda pública,
en cuyo texto, por cierto, se incrementaba significativamente la cuantía
para la calificación de delincuente fiscal hasta una cantidad de 15
millones de pesetas en los delitos fiscales, lo que supone que hay que
tener un «status» anual de ingresos de al menos 40 millones de pesetas
para poder tener --digamos-- la posibilidad de ser delincuente fiscal.
Por ello, tanto la reforma anterior, a la que acabo de referirme, como
esta modificación parcial de la Ley General Tributaria, inciden en un
mismo campo, que es, en definitiva, el de la disminución de los
instrumentos de sanción, el de la disminución de las capacidades
inspectoras de la Administración.
Asimismo, entendemos que se produce una protección excesiva sobre las
cuentas bancarias tal y como se refleja en la modificación del artículo
111. Para revisar cada movimiento se requiere autorización judicial. Sin
embargo, en lo que a la inspección se refiere hay que reseñar que sólo se
obtienen flujos monetarios, no información personal ni, por tanto,
información confidencial. Además, si es que se considera que los
funcionarios inspectores que se dedican a esta materia están actuando
lesivamente contra el sujeto pasivo de la inspección, en ese caso existen
mecanismos legales para recurrir contra estos inspectores fiscales.
Por tanto, el actual marco normativo provee de las suficientes garantías
y a la vez de la suficiente flexibilidad para que la Administración
tributaria tenga mecanismos de inspección eficientes, mecanismos que
--insisto-- se ven devaluados con esta reforma.
Finalmente, consideramos que en el artículo 142 hay elementos negativos
en comparación con la anterior Ley vigente. Concretamente, la nueva
redacción del artículo 142 demanda para las inspecciones de soporte
informático que éstos tengan que ver con el hecho imponible. Eso dice
literalmente el proyecto de ley. Esto es algo muy difícil de determinar a
priori, tan difícil como que, de hecho, en la inmensa mayoría de los
casos esto va a impedir que se puedan realizar inspecciones sobre los
soportes informáticos y a que se niegue la relación con el hecho
imponible.
Hoy en día no puede haber un instrumento eficaz de lucha contra el fraude
fiscal si no hay una revisión muy profunda de los soportes informáticos
que contienen toda la documentación necesaria. Por tanto, es preciso
actuar sobre esos soportes informáticos a priori; es necesario actuar
mediante todo tipo de gestión de programas informáticos y de bases de
datos, y es necesario extraer de ahí los suficientes datos cruzados como
para que la Administración tributaria tenga una cantidad suficiente de
datos de actividades precisamente para detectar esas bolsas de fraude
fiscal. El argumento a priori de que tengan que ver con el hecho
imponible limita tan drásticamente esta posibilidad interventora de la
Administración que, de hecho, la anularía o la haría prácticamente
inservible. Hoy en día realmente no hay posibilidad de realizar
intervención fiscal, inspección o sanción fiscal, si ello no va
acompañado de un fuerte aparato informático, de un fuerte aparato en el
procesamiento de datos.
En resumen, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya entendemos que
es sumamente negativo el conjunto de cambios que se plantea en esta
modificación parcial de la Ley General Tributaria, por lo que mostramos
nuestra oposición a la misma, oposición que se hubiera visto plasmada en
esta propuesta de veto y en este conjunto de enmiendas presentadas, pero
que --insisto-- debido a problemas que no son de la competencia de quien
les habla no han podido ser tramitadas en su conjunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos turno de portavoces.
¿Va a haber intervenciones? (Pausa.)
No las habrá.
Pasamos, por tanto, al debate de las enmiendas presentadas.
A esta Presidencia ha llegado, a través del Presidente de la Comisión, la
idea de que el debate se efectúe en los mismos términos y considerando
los mismos dos bloques de artículos, es decir, tal y como se desarrolló
la Comisión.
Según las notas que se me han hecho llegar, se procedería a la defensa de
un primer bloque de enmiendas, hasta el artículo 89 del proyecto, y a
continuación se defendería un segundo bloque de enmiendas y el dictamen
desde ese artículo hasta el final, incluyendo, supongo, las
disposiciones. (Pausa.)
En esos términos, y todos los grupos suficientemente informados, pasamos
a dar la palabra al representante del Grupo de Coalición Canaria, que
tiene presentado un conjunto de enmiendas. Lo que no conoce esta
Presidencia es cuáles de ellas se refieren a los artículos que vamos a
debatir en primer lugar.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos presentadas las enmiendas números 13 a 20, que doy por defendidas
en sus propios términos.
Muy agradecido, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: También esta Presidencia se lo agradece.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentadas las
enmiendas números 1 a 12.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Antes de entrar en la defensa de este primer bloque de enmiendas quisiera
decir que, a lo largo de la tramitación de este proyecto, desde que fue
remitido por el Gobierno, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
presentó única y exclusivamente enmiendas a esta modificación
parcial de la Ley General Tributaria pero no a la totalidad de la Ley
General Tributaria.
En efecto, nosotros creemos que es necesaria una reforma en profundidad
de la Ley General Tributaria, pero también quiero decir que estamos de
acuerdo en lo que el Ministro anunció respecto a que para antes de fin de
año se enviaría un texto al Gobierno aunque, a partir de ahí sí veíamos
la urgencia de que se efectuase una reforma parcial al respecto tal y
como ha hecho el Gobierno. Dicho esto, voy a pasar a defender el primer
bloque de enmiendas.
La enmienda número 1, que presenta nuestro Grupo, es básicamente una
enmienda técnica.
Con la enmienda número 2, relativa al régimen de recargo, de sanciones y
de infracciones, nuestro Grupo pretende que no se produzca
responsabilidad por infracción tributaria cuando el incumplimiento se
deba a haber ingresado en otras Administraciones tributarias.
Este caso se ha dado bastantes veces en las Administraciones forales del
País Vasco. Nosotros creemos que, cuando se da esta circunstancia,
realmente no existe una verdadera voluntad de defraudar, por lo que no
debe ser motivo de responsabilidad.
Las enmiendas números 3 y 5 se refieren al capítulo de infracciones y
básicamente pretenden una unificación de las terminologías al respecto
para evitar posteriormente malentendidos e incluso dejar al criterio y a
la arbitrariedad de los inspectores estos temas.
En cuanto a la enmienda número 4, también referida al capítulo de
infracciones, consideramos que la resistencia negativa o excusa a
colaborar con la Administración son acciones contrarias al deber propio
de colaboración pero que no deben ser tipificadas como un elemento de
infracción sino como un criterio de graduación de las sanciones.
En la enmienda número 6 --precisamente sobre graduación de sanciones--,
al artículo 82, proponemos eliminar las palabras «medios fraudulentos»,
por no aparecer éstos definidos en la ley, pues únicamente se contienen,
a modo de ejemplo, dos: las anomalías sustanciales en la contabilidad y
las facturas falsas, quedando abierta la definición de medios
fraudulentos.
Igualmente, con esta enmienda proponemos la supresión del apartado d), ya
que la falta de presentación de declaraciones o las declaraciones
incompletas constituyen el elemento determinante de la infracción grave,
por lo que creemos que no puede constituir además un agravante.
Por último, respecto de la enmienda número 7 --la última que hemos
presentado a este primer bloque que estamos debatiendo en estos
momentos--, relativa a las multas, y en coherencia con la enmienda número
4, que he defendido antes, pretendemos que la resistencia, excusa, o
negativa no sea un hecho que deba ser sancionable directamente, sino que
más bien debe ser un elemento de graduación de las sanciones.
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas, en nombre de mi Grupo,
este primer bloque de enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Cámara, para la defensa de sus enmiendas de este primer bloque.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero aprovechar este turno de defensa de
enmiendas para dar el posicionamiento global de nuestro Grupo sobre este
proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria.
En segundo lugar, nuestro Grupo valora positivamente los acuerdos que se
han alcanzado para llevar a cabo esta modificación, con la que creemos
que se va a adecuar la legislación tributaria que existe hoy en España a
la que, en líneas generales, tienen la mayor parte de los países de la
Unión Europea. Consideramos que el objetivo fundamental de esta
modificación parcial es hacer compatible una mejora de la recaudación de
tributos por parte de la Administración con una mayor agilidad para todos
y, sobre todo, una menor litigiosidad. Creemos, por tanto, que esta
modificación modernizará la actual legislación tributaria y con toda
certeza mejorará la seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que se
contempla la exigencia de dar audiencia al sujeto pasivo antes de dictar
el acto administrativo que declara su responsabilidad.
Los tema concretos más significativos --y que queremos destacar en este
posicionamiento-- a los que afecta esta modificación, son los siguientes.
En primer lugar, que se pueda volver a instruir el expediente de fraude
de ley dando audiencia al interesado, para que pueda defenderse. Es, sin
duda, positivo que sea otro organismo independiente de la Inspección el
que determine si hay fraude de ley y que ello se tramite sin sanción
alguna.
También destacamos la importante disminución de las sanciones previstas,
que pasan del 300 por ciento al 150 por ciento, así como de los recargos,
que pasan del 50 por ciento al 20 por ciento. Creemos que estas sanciones
son más realistas, más susceptibles de ser cobradas, y que además
evitarán procedimientos judiciales.
Otro aspecto consiste en haber situado las valoraciones de los recargos
de apremio en unos límites para las declaraciones voluntarias que oscilan
entre el 5 y el 15 por ciento. Asimismo, nos parece importante que se
haya recuperado en nuestra legislación tributaria el carácter vinculante
de las consultas realizadas por los contribuyentes.
Por último, hay que destacar el reforzamiento del derecho a la intimidad
de los contribuyentes con hechos como el que sólo sea posible la
investigación de las cuentas corrientes en personas que están sujetas a
la regularización de su situación tributaria.
En cuanto a las enmiendas, en primer lugar, quiero destacar por su
importancia la enmienda transaccional que se introdujo en el dictamen de
la Comisión sobre la base de nuestra enmienda 166, y de la 39, del Grupo
Parlamentario Popular, que hace referencia a la posible suspensión de la
ejecución en determinados casos, que pretendemos mejorar en aspectos
puramente formales a través de una transacción que se presentará a la
Presidencia en este trámite de Pleno.
Entrando ya en la defensa concreta de las enmiendas que corresponden a
este primer bloque, tenemos, en primer lugar, la número 162, que tiene
por objeto adicionar un párrafo en la exposición de motivos, que dice lo
siguiente: Por otra parte, se hace necesaria la modificación de los
artículos referentes a la interpretación de las normas tributarias,
eliminándose aquellos aspectos que pudieran menoscabar el principio de
seguridad jurídica, potenciando, a la vez, la lucha contra el fraude, al
dotar a la Administración de instrumentos legales acordes con los
principios constitucionales. Todo ello sin que suponga una limitación a
la libertad de actuación de los individuos para adoptar sus decisiones
teniendo en cuenta las consecuencias tributarias.
He leído el texto de la enmienda, porque entendemos que la adición que
proponemos tiene trascendencia, ya que con ella clarificamos en el seno
de la ley la auténtica intención del legislador, al modificar los
artículos relativos a la interpretación de las normas.
Por otro lado, en este momento retiramos la enmienda número 163, así como
la número 165. Por tanto, sólo queda por defender en este primer bloque
la enmienda número 164, con la que se pretende introducir unas
precisiones técnicas en el redactado del punto 3 del artículo 24. Creo
que ya está en poder de la Mesa una transacción, conjuntamente con la
enmienda 150, del Grupo Parlamentario Socialista, que daría por resuelto
este tema, con lo cual, con esta transacción la retiraríamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Cambra, ha anunciado su señoría que retiraba
las enmiendas 163 y 165. ¿Es así? (El señor Cambra i Sánchez pronuncia
palabras que no se perciben.)
Muchas gracias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador don Galo Barahona, para
la defensa de las enmiendas de su Grupo correspondientes a este primer
bloque de discusión.
El señor BARAHONA ALVAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro sistema tributario dista mucho de ser satisfactorio. El
conjunto normativo formado por la vieja Ley General Tributaria de 1963,
reformada principalmente en 1985 y por sucesivas leyes de presupuestos
generales, constituye, sin duda, un sistema tributario complejo y con
altos niveles de conflictividad, tanto en el ámbito administrativo, como
en el judicial, con un notable desequilibrio en las relaciones entre los
contribuyentes y la Administración, con prevalencia de ésta sobre
aquéllos. Así, estamos ante un conjunto de sanciones irracionales que no
discriminan adecuadamente a los que evidencian una voluntad defraudatoria
respecto del resto de los contribuyentes que defraudan o cometen
infracciones tributarias.
Existe descoordinación entre el régimen de infracciones tributarias y la
regulación del delito fiscal; se penaliza desproporcionadamente la
declaración espontánea fuera de plazo y, por fin, el procedimiento
tributario está desconectado del procedimiento administrativo común. Para
dar respuesta a esta situación, el Gobierno se comprometió hace un par de
años a modificar el marco jurídico que regula las relaciones entre la
Administración y los contribuyentes, elaborando y remitiendo a las Cortes
un nuevo proyecto de Ley General Tributaria. A cambio de ese compromiso
estamos hoy ante un texto en el que tan sólo se plantea una modificación
parcial, modificación parcial que debemos calificar de insuficiente
porque se ha perdido una ocasión para dar solución a las disfunciones del
actual sistema tributario, regulando, en términos precisos y
equilibrados, las relaciones entre los contribuyentes y la Administración
Tributaria.
Se echa de menos la incorporación decidida de principios constitucionales
básicos, como el de presunción de inocencia, seguridad jurídica y
audiencia previa. En este texto no se encuentran reconocidos los derechos
del contribuyente a que, en todo momento, se le defina el conjunto de sus
obligaciones fiscales. Tampoco se introduce --desaprovechando una
magnífica ocasión-- el instituto de la transacción fiscal, no se
reincorpora, decididamente, a nuestro ordenamiento jurídico la consulta
vinculante y, por fin, se desaprovecha la ocasión para revisar totalmente
el presupuesto tributario para adaptarlo al régimen administrativo común,
contemplado en la Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Pero siendo insuficiente, no podemos hacer una valoración absolutamente
negativa del texto que hoy debatimos, si bien no perdemos la esperanza de
que este último trámite parlamentario en el Senado se aproveche para
mejorarlo. Ya ha sufrido --hay que reconocerlo-- en su paso por el
Congreso de los Diputados, la introducción de notables mejoras técnicas,
pero sobre todo sustanciales; propuestas en las que ha participado
activamente el Grupo Parlamentario Popular. Así se ha racionalizado en
mayor medida el régimen de recargos por ingresos fuera de plazo, se ha
mejorado el sistema de liquidaciones provisionales, se han ampliado los
supuestos en los que cabe la consulta vinculante, se ha evitado que la
Administración pueda, injustificadamente, investigar las cuentas
corrientes de los ciudadanos, aunque no fueren sujetos pasivos, incluso
en el trámite en el Senado en Comisión, e inmediatamente a la celebración
de este Pleno, se ha mejorado, aunque tímidamente, el régimen de avales y
suspensión de la ejecutividad de las sanciones recurridas, aunque, a
juicio del Grupo Parlamentario Popular, de forma no satisfactoria, por lo
que nos reservamos la posibilidad de seguir insistiendo en que tan
importante asunto encuentre solución en el proyecto de ley cuya
presentación requeriremos al Gobierno para regular definitivamente las
relaciones de la Administración con los contribuyentes: el denominado
estatuto del contribuyente o, más rigurosamente, proyecto de ley de
relaciones tributarias.
Por fin, hoy mismo, se han aceptado algunas enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, a fin de evitar la publicidad indiscriminada de
las sanciones, que tan sólo contribuirían, a nuestro juicio, a elevar la
ya alta litigiosidad de nuestro sistema tributario.
Dicho esto, pasaré a defender las enmiendas todavía vivas del Grupo
Parlamentario Popular, ofreciendo la posibilidad
a los grupos parlamentarios de conseguir un texto legal que sea más
eficaz en su aplicación, que establezca un sistema tributario asumido por
los ciudadanos y que constituya un eficaz instrumento de la lucha contra
el fraude.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular pretenden globalmente que
se adecue el régimen sancionador al ya vigente en los países de nuestro
entorno económico --principalmente la Unión Europea--, que se atempere el
régimen de recargos por ingresos fuera de plazo para favorecer el
cumplimiento espontáneo, aunque tardío, de las obligaciones fiscales, que
se reforme el procedimiento tributario, respetando el principio de
presunción de inocencia y que se garantice la inviolabilidad del
domicilio privado y el libre ejercicio de la actividad empresarial.
Al Artículo 37, referido a los responsables tributarios, el Grupo
Parlamentario Popular con sus enmiendas pretende que el responsable
tributario pueda impugnar la relación tributaria que le une con el sujeto
pasivo y comparecer en el procedimiento tributario desde el principio. A
nuestro juicio, es la única forma de garantizar el principio de audiencia
y el de defensa del responsable, subsidiario o solidario, de un eventual
incumplimiento por parte del sujeto pasivo.
Al artículo 61, sobre ingresos tributarios, las enmiendas pretenden
reducir y limitar los recargos por ingresos, por pagos, realizados
espontáneamente fuera de plazo, a fin de favorecer el cumplimiento,
aunque fuere tardío --insisto--, de las obligaciones tributarias.
Pretendemos la introducción de un nuevo artículo 72, sobre sucesión en
las deudas tributarias, para que en los supuestos de cambio de
titularidad, de sucesión, en la explotación de negocios o de actividades
económicas no pueda exigirse a los nuevos titulares las sanciones por
incumplimientos del primero. Es decir, que se pueda suceder en las deudas
tributarias, pero no en las sanciones, en aplicación del principio de
personalidad de las penas.
Al artículo 77, sobre infracciones tributarias, con las enmiendas
presentadas se pretende incorporar a la definición de infracción los
conceptos de culpa o dolo, porque sin ellos no cabe responsabilidad;
adaptar el procedimiento tributario al común, establecido en la Ley
30/1992; ampliar el ámbito de la diligencia debida, no sólo al que
realizara una declaración con una interpretación razonable de la norma,
sino también cuando proporcione a la Administración los datos suficientes
para que ésta pueda corregir de oficio la declaración eventualmente
incorrecta; establecer un nuevo supuesto de no responsabilidad
tributaria, para ampliarlo al caso del contribuyente que paga la deuda en
otra oficina distinta de la que le corresponde; introducir la posibilidad
de que el contribuyente realice alegaciones cuando la Administración
Tributaria apreciara la existencia de delito fiscal, a fin de respetar el
principio de audiencia previa. En el artículo 78, sobre infracciones
simples, pretendemos excluir del ámbito reglamentario la tipificación de
las sanciones, que solamente puede realizarse por ley si se quiere
respetar el principio de legalidad o reserva de ley.
Con las enmiendas a los artículos 80 a 89, referidos a sanciones, el
Grupo Parlamentario Popular pretende eliminar las sanciones no
pecuniarias, porque no respetan el principio de proporcionalidad de las
sanciones; se puede caer en la tentación de discrecionalidad por parte de
las autoridades administrativas y desde luego, y sin lugar a dudas, son
desiguales en la aplicación, en función del sujeto pasivo o responsable
sobre el que recaigan. Pretendemos corregir técnicamente el texto, para
que las conductas que forman parte del tipo de la infracción, por
ejemplo, la falta de presentación de declaración, no se utilice al mismo
tiempo como criterio de graduación de las sanciones. O es una cosa o es
otra, no ambas al mismo tiempo. Queremos reducir en un 50 por ciento las
sanciones en el caso de que el contribuyente preste su conformidad con la
regularización que le practique la Administración, y eso en todo caso,
aunque solamente preste su conformidad con el hecho imponible, no con la
calificación jurídica dada por la Administración, y eso incluso aunque el
contribuyente impugnara la calificación anterior. Pretendemos atemperar
las sanciones por infracciones graves, para acomodarlas, como ya he
dicho, a los sistemas ya vigentes en la Unión Europea, sobre todo
descargando a algunos contribuyentes que no son propiamente sujetos
pasivos, como el caso de los que les corresponde realizar algún pago a
cuenta de otros, como el supuesto de los retenedores, que a la de por sí
ya notable carga fiscal que les produce este tipo de obligaciones se les
incorpora un régimen de agravamiento de sus conductas que, para el Grupo
Parlamentario Popular, está injustificado; solamente lo estaría en el
caso de que los hechos revistieran algún carácter de apropiación
indebida, solamente en esos casos.
Por fin, se pretende con este bloque de enmiendas, introducir como causa
de extinción de la responsabilidad tributaria, junto con el pago y la
prescripción, el supuesto de la compensación, y ello por una razón de
evidente equidad y de equilibrio en las relaciones entre contribuyentes y
Administración.
En el artículo 107, sobre régimen de consultas, el Grupo Parlamentario
Popular pretende restablecer la consulta vinculante, porque refuerza, sin
duda, la seguridad jurídica en las relaciones entre los contribuyentes y
la Administración.
En el artículo 111, sobre obligación de proporcionar datos a la
Administración, entiende el Grupo Parlamentario Popular que las
obligaciones de carácter general y referidas a un número indeterminado de
contribuyentes solamente pueden ser exigidas a través de una norma
general, y no simplemente, como hasta ahora y como reitera el texto que
debatimos, a través de un requerimiento individual.
En el artículo 112, sobre participación en la gestión tributaria de
determinadas entidades públicas, entendemos que este régimen de
participación solamente puede ser exigido y regulado por ley, nunca por
reglamento.
En los artículos 121 a 124, sobre liquidaciones, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular pretenden precisar el régimen de prescripción, y
ello por necesidad de la seguridad jurídica, para que la prescripción no
se vea interrumpida en ningún caso cuando se refiere a datos no
comprobados por la Administración en su liquidación, es decir, que sobre
éstos, los no comprobados en su liquidación por
la Administración, continúa, no se interrumpe el plazo de prescripción,
que por fin podría llegar, transcurrido el plazo correspondiente, a
suponer la extinción de la responsabilidad tributaria. Se pretende
también impedir que la Administración pueda practicar liquidaciones
provisionales sobre datos no declarados por el contribuyente sin su
conocimiento previo. Otra cosa sería conculcar el principio de audiencia.
Y, por fin, incorporar en las notificaciones de liquidación todos los
derechos que le corresponden al contribuyente, todos, incluidos, y lo
echamos en falta en el texto, la posibilidad que tiene de solicitar el
aplazamiento del pago.
A los artículos 127 y 128, sobre procedimiento de apremio, el Grupo
Parlamentario Popular defiende varias enmiendas, de la 61 a la 71, con el
objeto de que la providencia de apremio solamente pueda ser expedida
cuando quede acreditada fehacientemente la falta de pago, la falta de
ingreso. La experiencia nos indica que muchas providencias de apremio, un
buen número, se emiten cuando ya el contribuyente ha realizado en una
oficina tributaria el pago correspondiente, lo que le ocasiona un
sinnúmero, al menos, de molestias; que las medidas provisionales y
cautelares solamente puedan ser acordadas por la autoridad judicial y, en
todo caso, cuando esté liquidada la deuda, es decir, cuando se sepa
exactamente cuánto debe el contribuyente (otra cosa sería ir contra el
principio de seguridad jurídica); que la entrada en domicilio se realice
con el consentimiento de todos los que conviven en el mismo o, en su
caso, con autorización judicial (otra cosa conculcaría, a nuestro juicio,
el derecho fundamental de inviolabilidad de domicilio); que no se limite
el libre ejercicio de la actividad empresarial a través de la
intervención, figura que, además de todos los inconvenientes que aporta
al libre ejercicio empresarial, no es en absoluto eficaz para el fin que
pretende; que se suspenda el procedimiento ejecutivo de forma inmediata,
cuando se compruebe que el sujeto pasivo tiene un crédito contra la
Administración. La equidad exige que así sea.
A la disposición adicional se formulan una serie de enmiendas, que a
efectos de su defensa dividiré en tres bloques. En el primero se pretende
la modificación de los artículos 60 a 64 de la Ley General Tributaria
para, por una parte, adaptar el procedimiento tributario al común, sobre
todo en lo que se refiere al régimen de ejecutividad y al régimen de
suspensión de actos administrativos. En este primer aspecto de
ejecutividad de las sanciones pretendemos que solamente sean exigibles
cuando se ponga fin a la vía administrativa. Respecto del régimen de
suspensión de la ejecución de actos, entendemos que las garantías no
deben constreñirse a los avales, sino que cualquier otro tipo de garantía
puede ser igualmente válida y eficaz para el fin que se pretende. Además,
que en el caso de actos que ocasionen un perjuicio de difícil o imposible
reparación al sujeto pasivo, su simple solicitud de suspensión suspenda
ésta hasta tanto no se produzca una resolución expresa de la
Administración; es decir, que la suspensión se mantendrá tanto como la
Administración quiera: poco, si es que pusiera especial diligencia en
resolver expresamente sobre la solicitud.
En segundo lugar, que en el caso de desestimación del recurso ordinario
que pretendemos introducir en el procedimiento tributario, el sujeto
pasivo tenga la opción entre ir directamente a la reclamación
económico-administrativa o acceder directamente a la vía judicial
mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
Finalmente, en este bloque, pensamos que sería más eficaz que en el caso
de que se acordara en vía administrativa la suspensión de la ejecución de
un acto, esta suspensión se mantuviera a lo largo del trámite
económico-administrativo e, incluso, en la eventual vía
contencioso-administrativa hasta tanto la autoridad judicial, el Tribunal
Económico Administrativo, se pronunciara respecto de tal suspensión.
En el segundo bloque de enmiendas a esta disposición adicional se
requiere al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, remita a las
Cortes un proyecto de ley sobre relaciones tributarias --lo que se ha
venido denominando el estatuto del contribuyente-- que garantice un marco
equilibrado y justo de relaciones entre la Administración y los
contribuyentes, estableciendo un sistema fiscal, tributario, sencillo y
justo, plasmando en este estatuto todos los derechos y garantías que
asisten al contribuyente, reduciendo, por tanto, y en consecuencia, la
inseguridad jurídica y el fraude fiscal.
El tercer bloque pretende requerir al Gobierno para que, en el mismo
plazo de seis meses, remita a las Cámaras un proyecto de ley sobre
valoraciones que incorpore los criterios de valoración establecidos en el
modelo OCDE, con objeto de contar en el sistema tributario con criterios
uniformes y objetivos de valoraciones, que van a ser las que constituyan
primordialmente la base imponible.
Este es el conjunto de enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario
Popular en este trámite y que confía que a lo largo del mismo puedan ser
introducidas porque, sin duda, mejorarán este texto parcial que modifica
nuestra Ley General Tributaria.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
El Grupo Parlamentario Socialista mantiene voto particular, que puede
defender en estos momentos.
Tiene la palabra el Senador Segura, entiendo que para la defensa de su
voto particular, ¿o para el turno en contra?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, para la defensa de la
globalidad de la ley y los votos particulares del Grupo Parlamentario
Socialista; quizá podría unificarlas a efectos de producir la
contestación como posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista ante
las enmiendas que han defendido otros grupos.
El señor PRESIDENTE: El turno que le corresponde a su señoría es el turno
en contra.
El señor SEGURA CLAVELL: Entonces, intervendré con posterioridad, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Bien. Ahora hace la defensa de sus enmiendas. Tiene
su señoría la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, señorías, en esta tribuna, concretamente un interviniente, el
Senador por Izquierda Unida, ha defendido un turno de posicionamiento en
contra de la ley, pero la globalidad de la Cámara, es decir, ni un solo
grupo parlamentario, se ha posicionado en contra de esta ley. Esta es una
ley que, en efecto, es una reforma parcial de la Ley General Tributaria,
sobre la que, sin duda alguna, en un futuro, tal como el Gobierno se ha
comprometido y figura recogido en las sucesivas intervenciones del señor
Ministro de Economía y Hacienda tanto en el Congreso como en el Senado,
se presentará una reforma definitiva en su momento. Este interviniente
socialista no está en condiciones, naturalmente, de saber cuándo se va a
producir, pero qué duda cabe de que se trata de una modificación parcial,
sustancial, importante, que ha experimentado notables modificaciones en
el Congreso de los Diputados y algunas relevantes tanto en fase de
Ponencia como de Comisión aquí, en el Senado.
Esta modificación parcial conlleva una modificación, a su vez, del
sistema de sanciones y recargos, una modificación en el mecanismo por el
cual se restablece la facultad a la Agencia Tributaria para acceder a
datos bancarios de los contribuyentes, que estaba paralizada como
consecuencia de sentencia del Tribunal Constitucional; produce
modificaciones y restablecimiento de la consulta vinculante para
determinados supuestos, como el lanzamiento de nuevos productos
financieros por las entidades de crédito, que ha sido, naturalmente, un
tema de debate profundo a lo largo de los últimos años; o viabiliza
operativamente la regularización por las operaciones realizadas aplicando
la figura del fraude de ley, a la que haremos referencia en la defensa de
una de nuestras enmiendas. Se modifica sustancialmente el artículo 61.2
de esta Ley facilitando el cumplimiento espontáneo de las obligaciones
tributarias, así como el recargo general, que pasa del 50 al 20 por
ciento con exclusión de las sanciones; se ha modificado el procedimiento
de gestión tributaria estableciendo expresamente, tras una comprobación
abreviada, que los órganos gestores puedan emitir liquidaciones
provisionales de oficio; se reforma todo el procedimiento de recaudación
reforzando la legalidad de ciertos artículos sometidos a crítica, en
otros momentos, sobre todo con motivo de su inclusión en las sucesivas
leyes de Presupuestos Generales del Estado y que fueron también
calificados por el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad.
Asimismo, se incorporan diversos preceptos que hoy ya figuran en el
Reglamento General de Recaudación del año 1990 y se eliminan conceptos
como el certificado de descubiertos como documento relevante en el
proceso recaudatorio, dotándolo de un mayor automatismo y difuminando la
tradicional distinción entre el período voluntario y el ejecutivo; se
refuerzan ciertas atribuciones de la inspección de los tributos; se
redactan nuevamente artículos como ha sido el 52, que, en efecto, tenía
calificación de inconstitucionalidad por haber sido objeto de
modificaciones consecutivas en leyes de presupuestos. Se han introducido
al hilo de la reforma multitud de cambios técnicos, jurídicos e incluso e
naturaleza lingüística para tomar en consideración las transformaciones
habidas en la organización de la Hacienda pública en los últimos años,
especialmente con la implantación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la normativa tributaria y la legislación administrativa en
general.
No lo olvidemos que, siguiendo recomendaciones de las Cortes Generales,
el Gobierno puso en marcha y creó una unidad especial para el estudio y
propuesta de medidas para la prevención y corrección del fraude,
habiéndose incorporado prácticamente 250 de esas medidas a esta
modificación parcial a la Ley General Tributaria. Consiguientemente,
desde la óptica global de un posicionamiento del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Socialista que le sustenta, en el sentido de ir acotando y
aislando cada vez más a los defraudadores fiscales del resto de la
mayoría de los ciudadanos españoles que cumplen con la normativa fiscal y
con sus obligaciones como contribuyentes, la Administración se va a
encontrar, con esta modificación parcial de esta ley, con un instrumento
que permite impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias. Con esta reforma se intentan solventar --y pensamos que se
consigue-- las acusaciones de inconstitucionalidad que han recaído sobre
determinados preceptos --a lo que he hecho referencia-- y, desde luego,
reitero, moderniza y actualiza preceptos de una ley que ya en el
transcurso del tiempo ha quedado obsoleta, precisamente en esos aspectos
que vamos a modificar.
El Grupo Parlamentario Socialista, en este primer paquete de la ley
introduce y mantiene vivas dos enmiendas, las números 150 y 151, que
hemos ofrecido como enmiendas transaccionales a los restantes grupos
parlamentarios de esta Cámara. Son modificaciones que se introducen en
dichas enmiendas, la primera de ellas al artículo 24 y la segunda al
artículo 28.
Por lo que a la primera se refiere, es una enmienda a un artículo objeto
de importantes análisis académicos de naturaleza de ciencia tributaria,
un artículo de una notable complejidad. Se trata del artículo 24.3, que
sustenta mecanismos para combatir el fraude de ley. Señorías, ustedes
saben perfectamente que el fraude de ley tributaria, previsto en el
artículo 24.2 de la Ley General Tributaria, representa una especificación
de la figura general del fraude de ley entendido realmente como uno o
varios actos que originan un resultado contrario a una norma jurídica, y
que se ha amparado en otra norma dictada con distinta finalidad. O, lo
que es lo mismo, la consecución de un resultado económico por medios
jurídicos distintos a los normales, medios jurídicos que, natural y
primariamente, tienden al logro de diversos fines y que no están gravados
o lo están en medida más reducida que aquellos medios normales o
usualmente empleados. De acuerdo con ello, señorías, el fraude de ley
presupone la existencia de una norma cuya aplicación se trata de eludir,
es decir, una norma que se pretende defraudar mediante la modulación
artificiosa del comportamiento individual o colectivo, mediante el abuso
de las normas jurídicas que da lugar a la aplicación de otra norma
distinta más beneficiosa.
Nosotros, con la enmienda que introducimos, pretendemos precisamente
acotar las posibilidades de esa defraudación de ley que el articulado
posibilita y que se trata de impedir. Se trata, consiguientemente, de
introducir el mecanismo que impida, cuando exista ánimo defraudatorio,
que se produzca esa correspondiente defraudación, dado que, desde nuestro
punto de vista, no se puede dar el mismo tratamiento a los diferentes y
supuestos casos que conlleva el propio artículo. De ahí que el Grupo
Parlamentario Socialista haya ofrecido una emienda transaccional
modificando el párrafo tercero del artículo 24 con un texto que dice: Las
liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de
fraude de ley, se aplicará la norma tributaria eludida y se liquidarán
los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos
proceda la imposición de sanciones.
Pensamos que con el contenido de esta modificación producimos una
acotación discriminatoria a los efectos de la persecución de ese fraude
de ley.
Nos preocupa el contenido del artículo 28, y de ahí el mantenimiento y la
oferta de una enmienda transaccional sobre la enmienda número 151 del
Grupo Parlamentario Socialista. En el texto que pretendemos someter a la
consideración de la Cámara como enmienda transaccional, el párrafo
primero se mantendría; el segundo, quedaría redactado como sigue: El
tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto
de hecho definido por la ley cualquiera que sea la forma o denominación
que los interesados le hayan dado y prescindiendo de los defectos que
pudieran afectar a su validez.
Hemos comentado con los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios la conveniencia de esta enmienda, entendiendo, desde la
óptica del Grupo Parlamentario Socialista, que no solamente a los efectos
de la exigencia del tributo ha de ponerse el relieve expresamente en que
es la naturaleza jurídica del hecho la que enmarca la forma y límites de
dicha exigencia, sino que la misma naturaleza jurídica es la que origina,
como impulso más inmediato, el nacimiento del tributo de manera legal. Y
ello, señorías, porque el carácter jurídico del hecho definido por la ley
contiene en sí todos los aspectos, tanto personales como económicos,
tanto subjetivos como objetivos que legitiman la propia existencia del
tributo, que legitiman su condición de exigible y su carácter de
obligatorio para el contribuyente. Entendemos, señorías, que el hecho
imponible al que hace referencia este articulado --y, consiguientemente,
tal como lo concibe el Grupo Parlamentario Socialista-- es de posible
definición atendiendo a conceptos jurídicos o económicos y, en este
sentido, así lo entendemos nosotros; así ha de entenderse, desde nuestra
óptica, el artículo 28.1. Todo ello dentro del principio de legalidad que
exige --y cómo no iba a ser así--, como el propio artículo 28.1
establece, que dicha definición sea fijada por la ley. Y así se recoge en
el contenido de la enmienda. Señorías, siendo ello así, el artículo 28.2,
cuando se refiere a la naturaleza jurídica del hecho imponible, ha de ser
interpretado como un desarrollo tan sólo parcial del artículo 28.1 en
cuanto a los hechos imponibles de naturaleza jurídica, sin que ello deba
impedir, por tanto, la posible existencia de hechos imponibles de
naturaleza económica cuando así sean definidos por la ley, de acuerdo con
el artículo 28.1 que estamos tratando y fundamentando en estos momentos a
través de esta intervención y para cuya calificación será preciso
referirnos a conceptos económicos.
Consiguientemente, señor Presidente, señoras y señores Senadores,
mantenemos sobre las dos enmiendas, números 150 y 151, las
correspondientes transaccionales que he querido defender en estos
momentos y que estimo están ya en posesión de la Presidencia de la
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Segura.
¿Tendré que volver a dar la palabra a su señoría para hacer el turno en
contra? (Pausa.) No sabía si iba a ser su señoría u otro miembro de su
Grupo quien iba a consumir este turno. En cualquier caso, Senador Segura,
con su acreditada capacidad de adaptación a las circunstancias, le
concedo la palabra para rebatir los argumentos expuestos por los otros
intervinientes.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, en este turno de posicionamientos del Grupo Parlamentario
Socialista respecto de las enmiendas defendidas por los restantes grupos,
he de indicar que el Grupo Parlamentario Socialista adelanta su voto
favorable a la enmienda número 162, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, a la exposición de motivos. Las números
163 y 165, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, han sido retiradas y, por lo tanto, no serán objeto de análisis por
parte de este interviniente.
No obstante, señorías, permítanme que, dada la variedad de artículos que
integran esta primera parte en la que se ha dividido el debate y dado el
conjunto de enmiendas presentadas por los diferentes grupos, lleve a cabo
una descripción del posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista
siguiendo la ordenación de cada uno de los artículos sometidos a
enmiendas por los diferentes grupos, haciendo hincapié en aquellas que
estimamos más relevantes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Particularmente el artículo 37 es objeto de enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Popular, que ha presentado las enmiendas números 21 y 22 al
punto 4 de ese artículo. Por lo que se refiere a la primera de ellas, la
número 21, nosotros entendemos que esta enmienda responde a un doble
contenido que no compartimos. En primer lugar, establece la posibilidad
de que el responsable impugne la relación tributaria de la que derive su
responsabilidad, cuestión muy discutible por cuanto que el responsable
debe tener la posibilidad de impugnar únicamente los hechos que motivan
el acto de derivación de la responsabilidad, pero no los de la relación
tributaria subyacente. En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular
propone que no pueda exigirse al responsable el recargo de apremio del
deudor principal. A este respecto, el Grupo Parlamentario
Socialista considera oportuno mantener en este extremo la redacción
contenida en el texto, que únicamente prevé la extensión al responsable
del recargo de apremio del deudor principal cuando, transcurrido el
período voluntario que se le conceda, dicho responsable no haya efectuado
el pago. Pensamos que, de no mantenerse dicha previsión, uno de los
componentes de la deuda tributaria del deudor principal quedaría
finalmente sin hacerse efectivo, lo cual no parece oportuno una vez que
el responsable ha incumplido ya su propio plazo voluntario de ingreso.
Con la enmienda número 22, el Grupo Parlamentario Popular plantea
introducir un nuevo apartado 5 al artículo 37, estableciendo expresamente
la posibilidad de que los responsables puedan comparecer en los
procedimientos tributarios en defensa de sus intereses. También la
rechazamos, por cuanto estimamos que los intereses de los responsables
quedan adecuada y suficientemente garantizados con las previsiones
contenidas en el número 4 del artículo 37 --al que hice referencia un
minuto atrás-- tal como viene en el texto del proyecto que estamos
debatiendo, que exige un acto administrativo en el que, previa audiencia
al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.
Señorías, el artículo 61 es objeto de enmiendas por parte de los Grupos
Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos, Coalición Canaria y
Grupo Parlamentario Popular. Se trata de un conjunto de enmiendas
relativas al pago de la deuda tributaria, que es la materia sustancial de
ese artículo. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
plantea la enmienda número 1, que propone una redacción que ya está
incorporada en el texto, de tal forma que no debemos referirnos a ella.
No vamos a aceptar la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario
Popular, a este artículo 61 por cuanto creemos que en ella se establece
la cuantía máxima por ley de un millón de pesetas como excepción a la
exigencia de garantía para las deudas aplazadas. A nosotros nos parece
más oportuno el texto del proyecto de ley, que en el apartado 4 del
artículo 61, objeto de la enmienda, dice textualmente: «a) Cuando las
deudas sean inferiores a las cifras que fije el Ministerio de Economía y
Hacienda en atención a la distinta naturaleza de las mismas.» Pensamos,
señorías, que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, desde nuestra
óptica, encorseta o limita la capacidad de ejecución del Ministro de
Hacienda fijando en un millón de pesetas aquellas que quedan excluidas de
la exigencia de garantía.
El artículo 77 es objeto de la enmienda número 26, apartado 1,
proponiendo el Grupo Parlamentario Popular la redacción que leo a
continuación: «1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones,
dolosas o culposas, tipificadas y sancionadas en las Leyes. La simple
negligencia puede dar lugar a la comisión de infracciones simples.»
Pensamos que la redacción contenida en el texto del proyecto coincide con
la vigente, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal
Constitucional y, consiguientemente, no es menester producir una
modificación en la misma. El texto actual dice: «Son infracciones
tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las
leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de
simple negligencia.» Además de ello, y abundando en su innecesariedad, el
proyecto de ley contiene el precepto de que no se incurrirá en
responsabilidad si se ha puesto la diligencia necesaria en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por lo que se refiere a la enmienda número 27, el Grupo Parlamentario
Popular pretende modificar el artículo 77.2, tal como ha expuesto el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Barahona, de forma tal
que en el texto de la misma , y en un contenido que nos parece adecuado y
que reproduzco, las infracciones y sanciones en materia tributaria se
regirán por lo dispuesto en esta Ley y en las restantes normas
tributarias. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se
regirán por su legislación específica. Y, señorías, en la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular se hace referencia a la inclusión de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y tampoco nos parece necesario esa
referencia, por cuanto que ya está incluido en la referencia global que
el texto de la ley contiene.
Dentro de este Capítulo VI de la Ley General Tributaria, de infracciones
y sanciones tributarias, el Grupo Parlamentario Popular también ha
presentado otras enmiendas que a continuación vamos a evaluar. En la
número 28, apartado 3, donde el artículo 77 dice: «y, en particular los
siguientes:», propone que se diga: «En particular, pueden ser sujetos
infractores:...», etcétera. Pensamos, señorías, que el contenido de la
enmienda se encuentra ya reflejado en la redacción contenida en el texto,
que indica que serán sujetos infractores las personas o entidades que
realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las
leyes.
El artículo 77 es objeto de un número relevante de enmiendas por parte de
algunos Grupos Parlamentarios. Concretamente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular, con la enmienda número 27, pretende incluir la
referencia a la Ley 30/1992, al aludir a la normativa por la que se rigen
las infracciones y sanciones tributarias. Creemos que la redacción del
artículo contenido en el proyecto de ley precisa de manera suficiente el
alcance de la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, por lo cual
no consideramos necesaria la inclusión de la enmienda.
Por lo que se refiere a la enmienda número 28 al artículo 77.3, del Grupo
Parlamentario Popular, proponiendo la inclusión: «En particular, pueden
ser sujetos infractores:...», etcétera, ya que los sujetos sólo son
infractores --según sustenta el Grupo Parlamentario proponente-- si
realizan las acciones u omisiones tipificadas, consideramos también
innecesaria tal inclusión.
Con la enmienda número 29, se pretende incluir el supuesto de ingreso en
Administración distinta, y el Grupo Parlamentario Socialista considera
que este supuesto planteado puede y debe ser reconducido, cuando proceda,
al supuesto recogido en la letra d) incorporada al proyecto: En el caso
de ingreso en Administración distinta no existirá responsabilidad por
infracción tributaria cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el
cumplimiento de
la obligación tributaria, lo cual ocurrirá cuando el contribuyente haya
presentado una declaración veraz y completa y haya practicado la
correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación
razonable de la norma. Señorías, las reglas de localización del hecho
imponible que determinan la tributación a una u otra Administración deben
ser cumplidas con el mismo grado de diligencia que las restantes normas
tributarias, lo que, desde nuestra óptica, no sucedería si los
contribuyentes pudieran, a su arbitrio, realizar ingresos en
Administración distinta de la competente sin incurrir en infracción
alguna.
Por lo que se refiere al artículo 78, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos con la enmienda número 3 pretende unificar la
terminología relativa a las declaraciones que se contienen en los
artículos 78.1. a), 79 b) y 82.1 d). A juicio del Grupo Parlamentario
Socialista, esta unificación no se debe producir puesto que ocasionaría
problemas, entre otros, de distorsión o malas interpretaciones en lo que
se refiere a supuestos distintos. Pensamos que sería como entrelazar
supuestos de distinta naturaleza, y es evidente que la presentación de
declaraciones con datos falsos de manera intencionada, cuando no da lugar
a disminución de la deuda tributaria, puede dar lugar a infracción
simple.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado plantea la
enmienda número 17 a ese mismo artículo. No haremos referencia a ella
porque ha sido dada por defendida.
El Grupo Parlamentario Popular plantea una enmienda de supresión al
artículo 78.2 y creemos que no debe ser aceptada por cuanto la normativa
vigente contempla la posibilidad de que las leyes de cada tributo
tipifiquen supuestos de infracciones simples, así como que, dentro de los
límites establecidos por la Ley y las normas reglamentarias, especifiquen
infracciones y sanciones correspondientes al incumplimiento de deberes
formales. Creemos que la jurisprudencia ha entendido plenamente ajustado
al principio de reserva de ley el hecho de que los reglamentos puedan
especificar las infracciones y sanciones, siempre que tal especificación
respete estrictamente los límites establecidos en la norma legal.
No aceptamos la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Popular, de
supresión del artículo 78.3; tampoco la número 5, de modificación del
artículo 79. b), del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. La enmienda número 34, de modificación del artículo 80, no
podemos aceptarla por cuanto en ella se propone suprimir los apartados 2,
3 y 4, en los que se regulan las sanciones no pecuniarias, y el Grupo
Parlamentario Socialista cree que la Ley General Tributaria establece la
posibilidad de que las infracciones tributarias se sancionen, además de
con multa pecuniaria, con determinadas sanciones no pecuniarias, entre
las que se incluyen: la pérdida de obtener subvenciones o ayudas públicas
y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales, la prohibición
para celebrar contratos con el Estado y la suspensión del ejercicio de
profesiones oficiales, empleos, o cargos públicos. Consiguientemente, la
Ley regula, según nuestro entender, en los artículos 84, 86 y 87 los
supuestos en los que se pueden aplicar estas sanciones no pecuniarias.
Por tanto, la aplicación adecuada de estas sanciones constituye un
instrumento válido para la lucha contra el fraude, y así ha sido puesto
de manifiesto en el informe de la unidad especial para el estudio y
propuesta de medidas para la prevención y corrección del fraude --al que
hice referencia en mi turno anterior--, en el que se recomienda una
adecuada aplicación de estas sanciones accesorias de carácter pecuniario.
La enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Popular, de supresión de
los apartados a) y b) del artículo 81.1, no la podemos aceptar, lo mismo
que la 37, de modificación del artículo 81.1.d), y tampoco la 38, de
supresión. Quiero hacer referencia a la enmienda transaccional, que ya
está en poder de todos los grupos parlamentarios, al artículo 81.3, que
fue objeto, a su vez, de una enmienda transaccional en Comisión apoyada
por los ponentes de la ley, señores Valle Garmendía, Cambra, Barahona y
por este interviniente. Pensamos que, sometida a análisis jurídico de los
servicios de la Cámara, resulta más conveniente la nueva estructura que
la de la enmienda transaccional correspondiente, y que ofertamos a los
diferentes grupos en base a la número 166, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y a la número 39, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señorías, la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido
objeto, como he dicho, de una transacción. No voy a hacer referencia a su
contenido. Hay otras enmiendas a los restantes artículos, 82.1.c) y 1.d),
de modificación y supresión, respectivamente, que ha planteado el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero me van a excusar
que no haga referencia a sus contenidos. Son contenidos específicos,
dignos de un debate, pero el debate razonable en una sesión plenaria no
debe extendernos más.
La enmienda número 40, del Grupo Parlamentario Popular, la consideramos
importante, y adelantamos nuestro voto en contra de la modificación que
pretende del artículo 82.1.c), mediante la cual se propone por parte del
Grupo parlamentario autor de dicha enmienda la supresión de la expresión
«o falseados», por entender que su significado ya se encuentra realmente
subsumido dentro del adjetivo «falso». Y no lo digo dogmáticamente;
responsables académicos a los que hemos consultado, a efectos de
asesoramiento, así nos lo han indicado, por cuanto desde un punto de
vista estrictamente gramatical podría entenderse que los adjetivos
«falso» y «falseado» tienen idéntico contenido. Sin embargo, el adjetivo
«falso», por estar incluido en el Código Penal en los delitos de falsedad
documental, podría interpretarse en el sentido de que sólo cabe apreciar
esta circunstancia agravante cuando estamos en los supuestos de falsedad
regulados por el Código Penal. En ese sentido, el adjetivo «falseado»
complementa a «falso», dando a entender que no sólo en los supuestos de
falsedad contemplados en el Código Penal, sino en cualquier otro supuesto
de falsedad en documento cabría apreciar esta agravante.
El Grupo Parlamentario Popular en la enmienda 41 propone la supresión del
artículo 82.1.d), que no podemos
aceptar. En el artículo 82.3, en la graduación de las sanciones
tributarias, se propone incrementar el porcentaje de reducción por
conformidad hasta el 50 por ciento. El porcentaje propuesto en el
proyecto de ley, que es del 30 por ciento, guarda un razonable equilibrio
entre el incentivo a la conformidad y la necesidad de que la sanción
mínima resultante, después de practicar la reducción, en este caso el 35
por ciento, sea suficientemente desincentivadora de la actividad
infractora, quedando, al mismo tiempo, suficientemente lejos del importe
de los recargos por presentación extemporánea o de apremio, que es el 20
por ciento. Creemos que estas condiciones dejarían de cumplirse de
aceptarse la propuesta del Grupo enmendante --Grupo Parlamentario
Popular-- de incrementar el porcentaje de reducción por conformidad hasta
el 50 por ciento, por cuanto la cuantía de la sanción mínima resultante,
después de practicar la reducción, sería del 25 por ciento.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha
presentado la enmienda número 7, que propone suprimir el apartado 7 del
artículo 83, de infracciones simples, donde se sanciona como infracción
simple la resistencia, excusa o negativa a la actuación de la
Administración tributaria para la liquidación, inspección o recaudación
de los tributos, y nos parece importante mantenerlo.
En la regulación de imposición de sanciones, es decir, en el artículo 84,
el Grupo Parlamentario Popular plantea la enmienda 44, de supresión, que
no aceptamos; la enmienda número 45, al artículo 86, también de
supresión, tampoco la aceptamos. Ha presentado también las enmiendas
números 46, de modificación del artículo 87, y la 47, de supresión de
dicho artículo en su número 3. La enmienda número 48 al artículo 88.1 ha
sido aceptada en Comisión, y creemos que ha sido una aportación positiva,
lo mismo que la enmienda número 49. En suma, señorías, en este turno se
ha fijado por parte de este interviniente el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Socialista en lo que se refiere a las enmiendas presentadas
a esta primera parte de la ley que estamos debatiendo por parte de los
diferentes grupos.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. ¿Turno
en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista? (Pausa.)
¿Turno de portavoces sobre este primer bloque? (Pausa.)
Pasamos al debate de las enmiendas todavía no defendidas, que son las
presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar que, fruto de una de las enmiendas
transaccionales que hemos firmado, nuestro Grupo retira la enmienda
número 9. Por tanto, el paquete de enmiendas que quedan para esta segunda
parte del debate por parte de nuestro Grupo son las que van de la
enmienda número 8 a la número 12.
Partiendo del hecho de que la denuncia es un instrumento muy importante
en la lucha contra el fraude fiscal, con la enmienda número 8, relativa
al tema de las denuncias públicas, nuestro Grupo pretende que sea
necesario imponer y garantizar la reserva de identificación del
denunciante, porque si no, nosotros pensamos que a corto y a medio plazo
se desincentivaría este tipo de figura.
La enmienda número 9, tal y como he dicho, ha quedado retirada gracias a
una enmienda transaccional que hemos firmado los grupos parlamentarios.
La enmienda número 10 al artículo 123 es de supresión y se refiere a las
liquidaciones provisionales que se derivan de comprobaciones abreviadas.
Se justifica porque las actuaciones de comprobación abreviada que dan
lugar a liquidaciones provisionales producen una fuerte inseguridad
jurídica en los contribuyentes, ya que por ser liquidaciones
provisionales se interrumpe la prescripción y pueden convertirse en un
instrumento que utilice la Administración para evitar la prescripción de
las deudas tributarias. En este sentido, pretendemos garantizar la
seguridad jurídica del contribuyente.
La enmienda número 11 se refiere a la notificación de las liquidaciones.
Pretendemos el establecimiento de un período de diez días para informar
al sujeto pasivo de las circunstancias que han rodeado la modificación de
los datos consignados por el propio sujeto pasivo. Consideramos que de
esta forma se podría conseguir una máxima eficacia y agilidad en la
gestión de estas modificaciones, garantizándose, en todo caso, los
derechos de los sujetos pasivos, lo que nos parece verdaderamente
importante.
Por último, en la enmienda número 12, que se refiere también a la
notificación de liquidaciones, solicitamos el establecimiento también en
este caso de un período de diez días para informar al sujeto pasivo de
las circunstancias que han rodeado el incremento de la base tributaria
sobre la resultante de la declarada por el propio sujeto pasivo. De esta
forma, señorías, consideramos que se puede conseguir la máxima eficacia y
agilidad en la gestión de estas modificaciones, garantizándose también al
mismo tiempo, y en todo caso, los derechos de los sujetos pasivos. Con
esto, doy por defendidas las enmiendas que quedan vivas para la votación
posterior.
Para finalizar, quiero señalar que este proyecto ha mejorado
sensiblemente en su tramitación en el Congreso y en el Senado y anuncio
el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario al dictamen del
proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
El Senador Cambra tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, para defender sus enmiendas.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, anuncio que retiramos la enmienda número 168 en este
acto.
Voy a defender conjuntamente las enmiendas números 169, 171 y 174, ya que
todas ellas son enmiendas de modificación, en concreto a los artículos
111.3, 111.5 y 129.4, y tienen por objeto reflejar la realidad
competencial de las Haciendas territoriales en materia tributaria.
También retiramos en este trámite la enmienda número 170.
La enmienda número 172, que tiene por objeto suprimir el punto 3 del
artículo 113, sustenta una de las transacciones que han sido presentadas
a la Mesa, así como la enmienda número 56, del Grupo Parlamentario
Popular, ya que afecta a la supresión de la publicidad a la que hace
referencia el artículo 113.3. Por tanto, la enmienda número 172, al
encontrarse recogida en esta transacción, también queda formalmente
retirada en este acto.
La enmienda número 173, que es coincidente con la número 64, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene por objeto modificar el punto 2 del artículo
128, ya que no parece posible admitir medidas cautelares tan rigurosas
como puede ser un embargo preventivo en relación con una deuda todavía no
cuantificada, pues ello supondría atribuir a las autoridades tributarias
facultades superiores a las de las autoridades judiciales. No se concibe
un embargo o una retención de pagos sin haberse concretado la cantidad a
que debe afectar.
Por último, las dos enmiendas que restan, que son la número 175 y la
número 177, también las retiramos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, señoría.
El señor Valle Garmendía tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, para defender sus enmiendas y, al mismo tiempo, para consumir
el turno en contra de las que han defendido los restantes grupos en este
momento.
El señor VALLE GARMENDIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario
Socialista.
La primera es la enmienda número 158 al artículo 123.2. Pretende suprimir
el último inciso del apartado 2. La posibilidad de practicar
liquidaciones provisionales de oficio está reconocida actualmente tanto
en la Ley General Tributaria como en la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. En
uso de esta potestad, la Administración tributaria practica anualmente un
elevadísimo número de tales liquidaciones provisionales conocidas en el
ámbito del IRPF como las paralelas. El texto remitido por el Gobierno se
limitaba, en su artículo 123, a generalizar a todos los tributos esta
posibilidad que la Administración ya tiene en los tributos más
importantes, y establecía la posibilidad de practicar actuaciones de
comprobación abreviada antes de la práctica de las liquidaciones
provisionales de oficio, actuaciones de comprobación abreviada que
también se encuentran ya recogidas en el Reglamento de la Inspección de
los Tributos y en las Leyes del IRPF y del IVA. El objeto de estas
actuaciones es comprobar la certeza y exactitud de los datos en poder de
la Administración antes de practicar una liquidación provisional en base
a dichos datos, permitiendo que, en su caso, el interesado aporte las
pruebas que considere convenientes en defensa de su derecho. El texto
aprobado por el Congreso de los Diputados ha añadido un párrafo al
apartado 2 del artículo 123, según el cual en cualquier caso el sujeto
pasivo podrá solicitar que se proceda a la comprobación total del hecho
imponible, en cuyo caso no podrán practicarse las mencionadas
liquidaciones provisionales sin llevar a cabo la referida comprobación
conforme a las reglas generales. La introducción de este párrafo puede
suponer un importante inconveniente para la práctica de las liquidaciones
provisionales, ya que si los contribuyentes hicieren un uso masivo de
este derecho, se podrían paralizar las actuaciones administrativas de
liquidación, dado el número de liquidaciones provisionales giradas
anualmente y la limitada capacidad de la Inspección de los Tributos para
proceder a la comprobación total del hecho imponible. En este caso la
reforma de la Ley General Tributaria supondría un importante retroceso
respecto a la situación actual, en la que cada vez con mayor intensidad
se canalizan a través de Gestión Tributaria aquellas comprobaciones
menores que derivan de liquidaciones provisionales, dejando para la
inspección de los tributos las comprobaciones de mayor trascendencia.
La enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista propone la
supresión del párrafo citado, dejando la redacción propuesta en el texto
remitido por el Gobierno que --insistimos-- se limita a recoger lo que ya
está previsto en la Ley del IRPF y en la Ley del IVA.
La enmienda 160 del Grupo Parlamentario Socialista propone modificar el
apartado 1 del artículo 133 añadiendo un último párrafo, según el cual el
Director del departamento de recaudación o en su caso el Delegado
competente de la Agencia estatal de Administración tributaria podrán
autorizar que las investigaciones realizadas afecten al origen y destino
de los movimientos o de los cheques u otras órdenes de pago, si bien en
estos casos no podrán exceder de la identificación de las personas o de
las cuentas en las que se encuentre dicho origen y destino. La enmienda
viene a precisar las posibilidades de actuación de los órganos de la
recaudación. En este caso ha de señalarse que esta facultad en manos de
la recaudación no es nueva, sino que se encontraba ya contemplada en la
vigente Ley General Tributaria hasta que la sentencia del Tribunal
Constitucional del 28 de julio de 1994 por razones ajenas al fondo y
esencia de la misma la declaró inconstitucional por haber sido aprobada
por Ley de Presupuestos. Se trata de una facultad utilizada con carácter
selectivo para casos de especial complejidad y gravedad.
La enmienda 161 es a la Disposición Adicional Unica. Tres. Artículo 22, y
se propone modificar el artículo 22 del Real Decreto Legislativo
2.795/1980, de 12 de diciembre,
por el que se articula la Ley 39/1985 de Bases del Procedimiento
Económico-Administrativo, precisando en su apartado primero las garantías
que deberán aportarse para obtener la suspensión automática de la
ejecución del acto administrativo impugnado, y estableciendo en su
apartado 2 que si la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación, el Tribunal podrá decretar la suspensión, previa
prestación o no, de garantías distintas de las reguladas en el apartado
1. La enmienda viene a precisar el texto aprobado en el Congreso de los
Diputados e introduce ciertas disposiciones que dicho texto remitía a la
norma reglamentaria.
Durante la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó una enmienda al
apartado 2 del artículo 22 donde se establecía que en cualquier caso
serán admisibles las garantías consistentes tanto en aval bancario como
en hipoteca, prenda o fianza personal, siempre que sean económicamente
suficientes para garantizar la deuda, en los términos que se determinen
reglamentariamente.
El texto aprobado en el Congreso de los Diputados incluyó este párrafo no
en el apartado 2, como se proponía en la enmienda, sino al final del
apartado 4, en lo que parece ser un error material. La interpretación del
texto aprobado por el Congreso o bien carece de sentido, si se entiende
que el párrafo citado forma parte del artículo 4 --en este apartado 4 se
regulan los intereses de demora que deben satisfacerse al ingresar la
deuda tributaria--, o bien se entiende que es un párrafo independiente y
que afecta a todos los párrafos anteriores. En este segundo supuesto
resultaría que todas estas garantías son aceptables no sólo para el
supuesto regulado en el apartado 2, sino para el supuesto regulado en el
apartado 1, esto es, suspensión automática con garantías. Esta posible
interpretación resulta incompatible con el concepto de suspensión
automática por cuanto dicha suspensión sólo debe de concederse
automáticamente cuando la deuda se garantiza con determinado tipo de
garantías en las que no existe ninguna duda sobre su suficiencia y
liquidez.
La aceptación de la suspensión automática con garantías tales como la
hipoteca o la prenda, con grandes dificultades de valoración y con
complejas tramitaciones registrales, sólo puede derivar en una
proliferación de actuaciones fraudulentas consiguiendo en primera
instancia la suspensión mediante el ofrecimiento de garantías
insuficientes, pero cuya insuficiencia sólo puede determinarse
transcurrido un plazo de tiempo desde su ofrecimiento.
En consecuencia, resulta primordial circunscribir el párrafo citado
anteriormente al alcance que pretendía darle el Grupo parlamentario
enmendante, y para ello debe situarse correctamente en el apartado 2 del
artículo 22 y no en el apartado 4 donde lo ha situado la redacción dada
por el Congreso de los Diputados.
Estas son las enmiendas que aún quedan vivas del Grupo Socialista, que
votaremos favorablemente y para las que pido el voto también del resto de
los Grupos.
En este mismo acto ya, señor Presidente, adelanto, como ya ha hecho el
portavoz de Convergència i Unió, que el Grupo Socialista retira su
enmienda 157, dado que se ha ofrecido la transacción sobre la enmienda 56
del Partido Popular al artículo 113 sobre la publicidad de las sanciones.
Asimismo quiero decir que vamos a votar favorablemente las enmiendas 173
de Convergència y 64 del Grupo Popular, que son coincidentes al artículo
128.2.
Dicho esto pasaré a contestar las enmiendas que aún quedan vivas de los
distintos Grupos. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene tres
enmiendas, la primera de ellas es al artículo 123.1 y 2 donde pretende
sustituir la expresión «la Administración» por la expresión «los órganos
de gestión tributaria». A nuestro juicio, tal precisión no se considera
aceptada por cuanto que también los órganos de inspección tributaria
pueden en ciertos supuestos, en particular cuando existe prueba
preconstituida del hecho imponible, proceder a la práctica de este tipo
de liquidaciones.
No entendemos la enmienda 19, dado que el texto que quiere enmendar, el
artículo 127.2, tiene una redacción que se hizo por transacción a una
enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y del Grupo
Popular en el Congreso, y por tanto esta enmienda aquí ya no tendría
sentido. Le rogaría que retirara su enmienda.
Su enmienda número 20 es coincidente con las enmiendas 169, 171 y 174 de
Convergència y aprovecho para contestar a las cuatro de golpe. No las
vamos a apoyar por entender que consideramos que el proyecto de ley de
reforma parcial de la Ley General Tributaria no constituye el marco
adecuado para plantear el estudio de cuestiones que como la referida, que
son las Haciendas Territoriales, no se adecúan estrictamente a su ámbito
y naturaleza, debiendo dichas cuestiones ser objeto en su caso de un
análisis en profundidad en el marco de una reforma global de la Ley
General Tributaria en la que se perfile con suficiente nitidez la
incidencia de la misma en las Comunidades Autónomas.
Con respecto a la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos al artículo 103 creemos que debe de tenerse en
cuenta que no toda denuncia da lugar al inicio de un procedimiento de
comprobación e investigación. En relación con la reserva que plantea
también a ese artículo se considera suficiente la obligación general de
reserva que incumbe a la Administración en relación con los datos que
obtenga o conozcan el desarrollo de sus funciones. En consecuencia vamos
a votar desfavorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Su enmienda número 10, al artículo número 123.2, propone la supresión de
las actuaciones de comprobación abreviada que dan lugar a las
liquidaciones provisionales de oficio. Nosotros estimamos que no resulta
posible proceder a la supresión propuesta, la cual, por otra parte, se
encuentra ya recogida en la normativa vigente, en concreto en la Ley
18/1991, de 8 de junio, del IRPF, y que constituye una garantía para el
contribuyente en cuanto que limita las facultades de la Administración
para practicar este tipo de liquidaciones, determinando que en ningún
caso podrán extenderse al examen de la documentación contable de las
actividades empresariales o profesionales.
Su enmienda número 11, al artículo 124.1, apartados a) y d), pretende
realizar dos modificaciones. La primera, la
de la letra a), consideramos que no resulta posible por cuanto que afecta
a un elemento esencial del precepto, consistente en establecer la
obligación de precisar, de forma concreta, los elementos que determinan
un aumento de la base imponible comprobada en relación con la declarada,
sin perjuicio de que se establezca la notificación de tales
modificaciones, junto con la relativa a la liquidación en que se tomen en
cuenta, lo que, por otra parte, ya figura recogido en los impuestos, en
los que tiene mayor relevancia el proceso de comprobación de valores.
La otra modificación que pretende esta enmienda es añadir una nueva letra
d) en virtud de la cual la Administración debería informar al
contribuyente de la modificación que se hubiera operado en su caso en
relación con los datos consignados en la declaración por el sujeto
pasivo. A este respecto, debe tenerse en cuenta que no es este precepto
el lugar adecuado para introducir esta precisión, ya que esta actuación
debe llevarse a cabo en el proceso previo a la práctica de la
liquidación, como el propio artículo 123.3 establece.
Su enmienda número 12 propone, de conformidad con la número 11 de su
mismo Grupo, modificar el precepto al objeto de que el aumento de la base
tributaria sobre la resultante de la declarada por el sujeto pasivo deba
ser objeto de notificación previa a la liquidación a la que dicha
comprobación se refiere. Estimamos que, en el estado actual del
procedimiento de gestión tributaria, tal actuación no puede llevarse a
cabo so pena de dilatar excesivamente la práctica de liquidaciones
tributarias iniciándose complejos procesos de valoración y recursos sin
más finalidad que la de impedir la práctica de la correspondiente
liquidación. Por lo tanto, no apoyaremos ninguna de las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, ha presentado más de una
treintena de enmiendas. Iré haciendo referencia a aquellas sobre las que
más incidencia ha hecho el propio portavoz de dicho Grupo. Empezaré por
su enmienda número 52. La verdad es que no entendemos que mantengan
ustedes esta enmienda dado que en el Congreso de los Diputados ya se
introdujo el artículo 107, que viene a dar respuesta a lo que ustedes
pretenden.
Pensamos lo mismo sobre la enmienda número 54, en la que usted también ha
incidido, dado que lo que pretenden es que el apartado primero del
artículo 112.1, relativo a que la participación de diversas autoridades
públicas y privadas, organismos, corporaciones y asociaciones en la
gestión tributaria, se determine de acuerdo con el principio de reserva
legal. Este texto también fue objeto de transacción en el Congreso.
Tampoco entendemos que mantengan su enmienda.
Supongo que el Grupo Parlamentario Popular retirará la enmienda número 55
dado que existe la transacción sobre la enmienda número 56, que es
complementaria o de sustitución de la número 55. Supongo que no quedará
viva.
Su enmienda número 57, al artículo 121, propone precisar, al final del
apartado 2, que las liquidaciones provisionales de oficio no
interrumpirán el plazo de prescripción respecto de los datos no
comprobados. Nosotros estimamos que, siendo esta precisión acertada en un
buen número de supuestos contemplados por dichas liquidaciones, no
resulta posible realizar una afirmación tan general y concreta como la
que ustedes hacen en la enmienda, la cual, por otra parte, no resulta
necesaria habida cuenta la regulación general de la interrupción de la
prescripción prevista en el artículo 66.1 a) de la vigente Ley General
Tributaria.
Su enmienda número 58, al artículo 123.3, también es sobre liquidaciones
provisionales. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de la Ley General
Tributaria sigue en este punto el criterio generalmente aceptado de
Derecho Administrativo, y que la Ley 30/1992 recoge de forma expresa en
su artículo 84.4, permitiendo prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en el procedimiento, si bien tenidos en cuenta en la
resolución otros hechos o circunstancias que las declaradas por el propio
interesado, lo que resulta de todo punto lógico.
Su enmienda número 59, al artículo 124.1 a), pretende sustituir la
expresión «elementos que lo motivan» por la de «fundamentos de derecho
que lo motivan». Tal precisión, a nuestro juicio, no es correcta, por
cuanto que no son fundamentos de derecho que determinan la liquidación
los que deben ser objeto de notificación en lo que a este apartado se
refiere, sino que son los elementos distintos de los hechos propiamente
dichos y en los que la liquidación que se practica encuentra su
fundamento, tales como el dictamen de peritos, precios medios existentes
en el mercado, etcétera. Por otra parte, esta precisión se encuentra
avalada por la normativa vigente, que no es objeto de modificación en
este punto.
Su enmienda número 60, al artículo 124.1 d), propone añadir una nueva
letra d) en virtud de la cual debe notificarse necesariamente, en toda
obligación tributaria, la obligación de solicitar el aplazamiento de su
pago. Tal precisión no resulta oportuna ni exacta por cuanto que el
aplazamiento del pago no constituye elemento esencial de la liquidación,
debiendo regularse éste por lo previsto en la normativa vigente de la
cual resulta evidente que la concesión del aplazamiento de pago es el
resultado de un procedimiento administrativo en el que deben prestarse
las garantías legalmente previstas, y en todo este bloque...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Debería ir terminando cuanto
antes.
El señor VALLE GARMENDIA: Voy terminando, señor Presidente.
... y en todo este bloque que entra de la enmienda número 60 a la 70,
vuelvo a decirle que votaremos favorablemente la enmienda número 64.
Deseo hacer mención a su enmienda número 65 por la cual proponen una
modificación al artículo 133.4 estableciendo que, cuando en el ejercicio
de las facultades de recaudación sea necesario entrar en el domicilio del
afectado o efectuar registros en el mismo, la Administración deberá
obtener el consentimiento de aquél y de todas las personas que convivan
en dicho domicilio. Eso es lo que ustedes pretenden con su enmienda. A
nosotros nos parece que la exigencia del consentimiento de todas las
personas que conviven en un domicilio
para la entrada en el mismo excede de lo que la normativa vigente exige
con carácter general para la entrada en domicilios y locales en los que
dicha entrada depende del consentimiento del titular. Tanto la normativa
como la jurisprudencia establecen que el consentimiento del afectado es
suficiente para dicha entrada, sin que sea necesario recabar
adicionalmente el consentimiento de todos y cada uno de los moradores de
la vivienda o local, sean residentes o transeúntes.
A la par, también proponen en esta misma enmienda que en el caso de los
registros que se efectúen en el domicilio, además de la oportuna
autorización judicial, deba estar presente la autoridad judicial. El
procedimiento de apremio se basa en el principio de autotutela de la
Administración, que la habilita para ejecutar por sí misma los actos
necesarios para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con la
Constitución y con las leyes, fundamentando su actuación en un título
jurídico suficiente.
La pretensión de ustedes de que las actuaciones materiales de la
Administración sean fiscalizadas por la autoridad judicial, a nuestro
juicio no sólo supone una vulneración radical del principio de
autotutela, sino que parece partir de la suposición de que la actuación
de la Administración no se ajusta a derecho, toda vez que requiere con
carácter preventivo la presencia de una autoridad judicial para
fiscalizar dicha actuación.
Quedaría todo el bloque de enmiendas que van desde la número 72 a la 82,
más la 88, que definen todo un sistema global único en el que pueden
distinguirse dos materias diferenciadas que son: el sistema de recursos y
el mecanismo de suspensión. Por falta de tiempo contesto al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular dando por reproducida mi intervención en
Comisión donde le contesté explícitamente a todo este bloque de
enmiendas. En cuanto al resto de las enmiendas le anuncio que tampoco las
vamos a apoyar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Valle
Garmendía.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Sixte Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente para agradecer el apoyo manifestado por los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista a nuestras dos enmiendas
números 162 y 173 y, por otra parte, para reiterar nuestra posición
respecto a las enmiendas números 169, 171 y 174 que, por tanto,
someteremos a votación posteriormente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barahona.
El señor BARAHONA ALVAREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en mi primera intervención he manifestado que el actual sistema
tributario no es satisfactorio y que, por tanto, entendíamos el
compromiso que asumió el Gobierno de modificar la Ley General Tributaria
de forma total; que lamentábamos que a cambio de ese compromiso tan sólo
tuviéramos un texto a debate que modificaba el marco jurídico tributario
de forma parcial e insuficiente y mostrábamos nuestra satisfacción porque
en el trámite parlamentario se hubiera mejorado notablemente el texto
remitido por el Gobierno a las Cortes. Lo que produce perplejidad a
juicio del Grupo Parlamentario Popular es que no se haya utilizado hasta
sus últimas posibilidades el trámite parlamentario, en esta ocasión en el
Senado, porque nosotros confiábamos en que sirviera de algo, en que fuera
eficaz este debate plenario. Sin embargo, los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista han utilizado su turno en contra de las
enmiendas presentadas por el resto de los grupos parlamentarios
consumiendo un tiempo que luego les ha faltado para posicionarse respecto
del conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular referidas al
estatuto del contribuyente, para nosotros crucial. Además de tiempo es
posible que el Grupo Parlamentario Socialista haya tenido que consumir
también honorarios en el pago de consultores gramaticales o lingüísticos
con objeto de posicionarse en contra de dos enmiendas, la número 28 y la
40, que previamente estaban retiradas y que, por lo tanto, no han llegado
al trámite plenario. Eso, señorías, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular dice muy poco de la voluntad de utilizar en este trámite
plenario, quizá una de las últimas ocasiones que tenemos los grupos de
mejorar el texto.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular no están informadas por
criterios de carácter partidista o ideológico que serían probablemente
legítimos, pero que para nada lo son en esta ocasión; están informadas
exclusivamente por principios de carácter constitucional: el principio de
la seguridad jurídica, que el contribuyente sepa a qué atenerse en su
relación con la Administración; el principio de presunción de inocencia,
que hasta tanto no quede acreditada la infracción se presuma en todo
momento que el contribuyente es inocente; el principio de audiencia
previa, que no se haga nada contra el contribuyente sin al menos haberle
oído; el principio de legalidad, que toda esta materia tributaria no se
regule en ningún caso a través de reglamentos, a través de ordenes
ministeriales, a través de resoluciones de otras autoridades
administrativas, sino sólo a través de ley.
Así, informados por estos principios no entendemos por qué se le debe
limitar al responsable tributario, lo sea con carácter solidario o
subsidiario, la posibilidad de defensa y, por lo tanto, de que conozca el
procedimiento que se sigue desde el principio. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) ¿Por qué no se profundiza en la modificación del régimen
de pagos fuera de plazo a fin de favorecer el cumplimiento espontáneo de
las obligaciones tributarias aunque fueren tardías?
El Grupo Parlamentario Popular, respetando el principio de seguridad
jurídica, propone que se limite la discrecionalidad de la Administración,
del Ministerio de Economía
de Hacienda. ¿Por qué no se ha de fijar una cantidad por debajo de la
cual no sea preciso garantizar las deudas aplazadas? ¿Por qué se debe
dejar a criterio de la Administración? ¿Por qué no fijar una cantidad,
como propone el Grupo Parlamentario Popular? ¿Por qué no introducir,
porque lo son, principios generales del Derecho tales como que sin culpa
o dolo no puede existir responsabilidad en ningún ámbito? ¿Por qué no
introducirlo? Se dice: está ya sobreentendido; precisémoslo en la norma.
¿Por qué no introducir dentro del régimen jurídico que regula el
procedimiento tributario la ley 30/1992 sobre el Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común? Se
dice, sí ya está implícitamente incluida cuando se habla del resto de las
normas de carácter tributario pero, señorías, ésta no es una norma de
carácter tributario, por lo tanto, si no se incorpora esta enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, esta Ley, la 30/1992, quedaría excluida
dentro del régimen jurídico por el que se regula las relaciones
tributarias.
¿Por qué no fomentar reduciendo en mayor medida las sanciones en el caso
de conformidad con la regularización fiscal que se le haya formulado al
contribuyente que contribuirá sin duda a disminuir la alta litigiosidad
del sistema? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no introducir decididamente la
consulta vinculante que contribuirá seguramente a mejorar la seguridad
jurídica del sistema? ¿Por qué no excluir de las normas reglamentarias la
regulación de cómo debe ser la participación en la gestión tributaria de
determinadas entidades públicas? Para eso está la ley, señorías, para eso
está esta ley. Efectivamente, el sistema de liquidaciones provisionales
agiliza, sin ninguna duda, la gestión tributaria. Pero cuando en ella se
introducen datos no declarados por el contribuyente, si no se le consulta
previamente, si el contribuyente no tiene conocimiento previo de esta
circunstancia, se estaría conculcando el principio de audiencia sin
necesidad, sin menoscabo del principio de economía que rige la actuación
de la Administración.
¿Quién dice que la Administración no ha introducido un error involuntario
al asignar un determinado hecho imponible al contribuyente, error que se
hubiera podido deshacer, posiblemente, con su mero conocimiento? ¿Por qué
no se ha de precisar claramente si la prescripción corre o no corre, si
se interrumpe o no en el caso de los datos no comprobados en la
liquidación? ¿Por qué no precisarlo en esta ley? Esta es una gran
oportunidad de contribuir a la seguridad jurídica del sistema. Si estamos
de acuerdo en que el contribuyente debe conocer todos los derechos que le
asistan en su relación con la Administración tributaria y en todo
momento, ¿por qué no hacer figurar en la notificación de liquidación
también el derecho que le asiste, la posibilidad que tiene de solicitar
el aplazamiento del pago? ¿Por qué no ponerlo expresamente? ¿Por qué no
aprovechar la ocasión en este debate?
El Grupo Parlamentario Popular no entiende por qué evitan que todos los
que convivan en un determinado domicilio deban prestar su consentimiento
para que sin autorización judicial no se pueda practicar un registro del
mismo. Yo le preguntaría al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
en el caso de que viviera con otro Senador o Senadora en el mismo
domicilio y que éste hubiera prestado su consentimiento, ¿le parecería
bien que la Administración tributaria entrara a revolverle sus enseres?
¿Es lógico? ¿Por qué no aprovechar la ocasión para despejar esa duda que
plantea sobre el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio?
¿Por qué no establecer en esta ley de modificación de la Ley General
Tributaria un sistema global de procedimiento tributario? ¿Por qué no?
¿Por qué desaprovechar esa ocasión? Sería seguramente muy beneficioso
para la seguridad del sistema, para que el contribuyente sepa a qué
atenerse, que conozca cuál es el siguiente paso que dará la
Administración en un procedimiento comenzado contra él. Habría que hacer
figurar en la ley de forma global el procedimiento tributario.
Quiero, por fin, reiterar nuestra exigencia de que el Gobierno, ya que no
ha aprovechado esta oportunidad que brindaba el proyecto de ley de
modificación de la Ley General Tributaria, elabore y remita a las Cámaras
en seis meses un proyecto de ley de relaciones tributarias, el estatuto
del contribuyente, que garantice un marco justo y equilibrado de las
relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria, así
como un proyecto de ley de valoraciones que dé al sistema criterios
uniformes y objetivos de valoración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barahona.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Valle Garmendía.
El señor VALLE GARMENDIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Siento que el señor Barahona se haya molestado
porque no le haya contestado expresamente a la enmienda número 83, que es
la enmienda a que ha hecho referencia al final de su intervención al
aludir al contribuyente. Se lo dije antes desde la tribuna, la falta de
tiempo condiciona. El tiempo es el que es. No obstante, le contesté
expresamente a esta enmienda en Comisión. Usted ya sabe cuál es la
opinión del Grupo Parlamentario Socialista respecto de esta enmienda. Si
no se acuerda tendrá que consultar el «Diario de Sesiones».
Cualquiera diría, escuchándole a usted hablar de la inviolabilidad del
domicilio, que la Inspección de tributos va a estar entrando sin más en
las casas. La ley ya dice que hay que pedir una autorización judicial.
Otra cosa es lo que usted pretende. Si hiciéramos lo que usted pretende
sería complicado poder entrar. No se podría ni con autorización judicial
porque al día siguiente no habría que hacer más que domiciliar a 35
personas y que fueran a buscarlas por todo el país, pues hasta tanto no
las localizasen no se podría entrar. Es suficiente la autorización
judicial.
Usted me dice --me lo dijo también en Comisión-- que conculcamos la
seguridad jurídica, la legalidad y la presunción de inocencia. Mire
usted, no conculcamos nada. Se lo dije también en la Comisión. Una de las
causas
de tener que hacer la modificación parcial de esta ley es la sentencia
del Tribunal Constitucional. A lo que dice esa sentencia nos estamos
ajustando, por tanto, no estamos conculcando nada.
En cuanto a la presunción de inocencia le diré que su criterio sobre la
misma es muy raro y muy extraño. Se la aplican para ustedes y se la
quitan para los demás.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Valle.
Hemos concluido el debate. A continuación, someteremos a votación las
enmiedas. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero, atendiendo a las indicaciones que se han hecho a lo largo del
debate, especialmente por parte del Senador Valle, retirar la enmienda
número 19.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación en primer lugar las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, excepto la número
19 que ha sido retirada. (El señor Cambra i Sánchez pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de la enmienda número 20.
El señor PRESIDENTE: Someteremos a votación separada la enmienda número
20 después de votar las demás.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, seis; en contra, 208.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 18; en contra, 195; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos todas la enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos
excepto la número 9 que fue retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, seis; en contra, 208.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantiene vivas para
votación sus enmiendas números 169, 171 y 174. La número 164 está en
relación con una enmienda transaccional. (El señor Cambra i Sánchez pide
la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: También se mantienen vivas para votación las
números 162 y 173, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría razón, pero las someteremos a
votación separadamente.
Ahora votamos las números 169, 171 y 174.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 18; en contra, 195; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación conjunta, si no hay inconveniente, las
enmiendas números 162 y 173.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 213; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
El Grupo Parlamentario Popular había solicitado la votación separada de
la enmienda número 172 pero esta enmienda ya no está viva.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Popular sostenidas en
sus votos particulares, excepto la número 56, que está afectada por una
transacción. La número 64 la vamos a votar separadamente.
Por tanto, sometemos a votación en primer lugar la número 64.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 209; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las demás enmiendas, a las que antes me he referido,
del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 95; en contra, 114; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Socialista mantendría para votación las enmiendas
números 158, 160 y 161. Las números 150 y 151 están afectadas por
enmienda transaccional y la número 157 fue retirada en el transcurso del
debate.
Sometemos, pues, a votación las enmiendas números 158, 160 y 161.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 117; en contra, 95; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Los señores Senadores conocen que hay cuatro enmiendas transaccionales
que, al estar suscritas todas ellas por los seis grupos parlamentarios,
podrían entenderse aprobadas por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara.
Resta, pues, por votar el dictamen con las modificaciones realizadas en
el transcurso del debate.
¿Se puede votar todo el dictamen en un único acto? (Asentimiento.)
Se somete a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, 119; en contra, dos; abstenciones, 91.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Reanudaremos nuestros trabajos a las dieciséis horas y quince minutos.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
--INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA SOBRE EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME
QUE EL SENADO APROBO EN 1993 SOBRE INCENDIOS FORESTALES. (543/000007.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
El séptimo punto del orden del día es el informe de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el grado de cumplimiento de las
medidas y recomendaciones contenidas en el informe que el Senado aprobó
en 1993 sobre incendios forestales.
Este informe, emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca,
de conformidad con la moción aprobada por el Pleno del Senado en su
sesión del día 15 de septiembre de 1994, ha sido asimismo informado
acerca de su contenido autonómico por la Comisión General de las
Comunidades Autónomas el día 26 de junio de 1995.
Para presentar el informe, tiene la palabra el Senador Díaz Bonillo.
El señor DIAZ BONILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, es para mí un honor presentar ante el Pleno
de esta Cámara el resultado final de los trabajos realizados en el seno
de la Comisión de Agricultura por la Ponencia creada al efecto, y que
responde al mandato que recibimos del Pleno del día 15 de septiembre del
año 1994, que resolvía mediante una moción la creación de una Ponencia
que evaluase el cumplimiento de las medidas y recomendaciones del informe
de 1993 y propusiera las acciones concretas que mejorasen el grado de
eficacia y coordinación en la lucha contra los incendios forestales.
Conviene empezar diciendo que el informe de 1993 ha sido un referente
inestimable para la organización de la lucha contra incendios forestales.
La Ponencia quedó constituida por los señores don Angel Samuel Galán,
como Presidente de la Comisión, don Diego Alonso Colacios y don Gonzalo
Arguilé, representantes del Grupo Parlamentario Socialista, don Miguel
Primo Tomás y don Jesús Sepúlveda, como representantes del Grupo
Parlamentario Popular, don Ramón Companys i Sanfeliú, representante del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Yon
Gangoiti Llaguno, representante del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, don Miguel Angel Barbuzano, sustituido
posteriormente por don Pedro Padrón, como representante del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, y por don Leopoldo Virosta
Garoz, representante del Grupo Parlamentario Mixto. Como decía, el
informe del año 1993 ha sido un referente inestimable, sobre todo
teniendo en cuenta que el fuerte impacto causado ha tenido una doble
dimensión; por una parte, ha producido un fuerte impacto medioambiental
y, por otra, ha supuesto también un fuerte impacto ante la opinión
pública.
La Ponencia tenía ante sí la dificultad de decidir cuál era el método más
adecuado. Por tanto, intentamos y pusimos en práctica un método mixto que
consistía, por una parte, en la comparecencia de los representantes de la
Administración general del Estado ante la Ponencia y, de otra, la
comprobación in situ con visitas a las Comunidades Autónomas por parte de
todos los miembros de la misma. Igualmente, conviene decir que en la
visita a las Comunidades Autónomas, en este comprobar sobre el terreno
cuál era la realidad de la lucha contra los incendios forestales, pudimos
contactar con diferentes Administraciones e instituciones y, por qué no
decirlo también, con otro tipo de organizaciones. En este contacto
directo con los directores y con los responsables de la lucha contra los
incendios forestales pudimos comprobar que ha habido un progreso
realmente impresionante en la lucha contra los incendios forestales.
Las visitas que realizó la Ponencia fueron a las Comunidades Autónomas de
Andalucía, de Cataluña y de Galicia. Y aquí quiero hacer un pequeño alto
para poner de manifiesto la extraordinaria atención recibida por parte de
los departamentos correspondientes de cada una de ellas, perteneciendo
como pertenecen en este caso cada una a un diferente partido político.
Todo fueron atenciones con la Ponencia, facilidades para nuestro trabajo,
por lo que quiero manifestar ante el Pleno nuestro agradecimiento. En
este
sentido, quiero resaltar la plena disposición y la colaboración de todas
las instituciones con las que tuvimos contacto y constatar el esfuerzo
que se ha hecho durante estos últimos años por avanzar en la creación de
un frente de lucha contra los incendios forestales, caracterizado
fundamentalmente por el espíritu de colaboración y, sobre todo, desde la
conciencia de que es necesaria la colaboración y la cooperación de todos
para tener éxito en la lucha contra este tipo de fenómenos y, por otra
parte, la convicción de que nadie puede estar seguro de que un éxito
temporal en la extinción puede serlo para mañana porque, evidentemente,
pueden surgir sorpresas, como ha ocurrido en el último año.
Nuestro agradecimiento a todos los comparecientes y también, cómo no, a
las personas que han colaborado con los trabajos de esta Ponencia.
Especialmente quiero resaltar el asesoramiento de don Andrés Jiménez
Díaz, Letrado de las Cortes Generales, y la ayuda administrativa prestada
por doña María de la Consolación Ben Castell, Técnico Administrativo
adscrito a los servicios de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
Desde el primer momento, cabe destacar que la Ponencia, más que la
sensación de que había en ella representados diferentes grupos políticos
que pudieran tener sensibilidades diferentes, constituyó un auténtico
equipo de trabajo. Yo diría más, un equipo de trabajo que ha sido capaz
de resolver, de solucionar y de avanzar en cuestiones que en un momento
pudiera parecer que nos separaban, pero que al final terminó por
imponerse ese equipo de trabajo, y yo diría también de amistad, para
superar estas dificultades nacientes y conseguir un método de trabajo que
consideramos eficaz, con el deseo de lograr, por tanto, un informe
suficiente y un informe --perdón por la redundancia-- eficaz en la lucha
contra este tipo de fenómenos.
En el análisis de la evolución de las recomendaciones del informe del año
1993 cabe destacar que en la extinción de los incendios forestales se ha
producido un incremento impresionante de recursos económicos, humanos y
materiales, puestos al servicio, fundamentalmente, por las Comunidades
Autónomas en el uso de sus competencias, asumiendo con total valentía su
responsabilidad y tratando de mejorar la lucha contra los incendios
forestales en la consecución de un mando único no suficientemente
resuelto.
La puesta en marcha de los centros operativos de intervención urgente han
resultado eficaces, pero no todo lo que podría desearse, teniendo en
cuenta que luchamos contra un fenómeno realmente preocupante y difícil de
controlar en su totalidad. Baste a la Cámara un pequeño ejemplo numérico:
en el año 1994 se produjeron más de 17.000 incendios forestales; sólo 67
de ellos, es decir, el 0,35 por ciento, quemaron más de 324.000 hectáreas
de superficie forestal, lo que representa el 69 por ciento de la
totalidad de la masa forestal quemada. Por tanto, tenemos que ser todos
los suficientemente sensibles para producir una preocupación constante e
introducirla en toda la sociedad. A partir de ahora habrá que extremar
los trabajos en la prevención. Como decía antes, ya se han conseguido
esfuerzos importantísimos con la incorporación de recursos económicos, de
medios humanos cada día más y mejor formados, y sobre todo de la
aplicación al servicio de esos objetivos de la tecnología más moderna,
capaz de ponernos en este momento en condiciones de predecir con una
garantía casi total cuándo hay riesgo evidente de producirse un gran
incendio forestal. De ahí que tengamos que incidir en la necesidad de
llevar a la conciencia del ciudadano que sin la lucha y la colaboración
de todos es imposible que al final los resultados sean óptimos.
En cuanto a la tarea legislativa puesta en marcha a partir de las
recomendaciones del año 1993, también cabe decir que ha supuesto un
avance importante. Desde la aprobación del informe, como decía, del año
1993, se han promulgado varias normas legislativas en esta dirección y
conviene destacar tres de ellas: la primera, la que hace referencia a la
directriz básica de planificación de Protección Civil para emergencias
por incendios forestales, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo
de 1993. La segunda, el Real Decreto 24/88, del año 1994, por el que se
regula la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, constituida
en abril de este año. Por último, el Acuerdo del Consejo de Ministros de
31 de marzo de 1995, por el que se aprueba el Plan estatal de Protección
Civil para emergencias por incendios forestales.
De igual manera, durante este período se ha trabajado en la elaboración
de la siguiente legislación: en primer lugar, sobre el proyecto de ley
orgánica de reforma del Código Penal, en el que se incluye una nueva
regulación del delito de incendios forestales, con un aumento
considerable de las penas, y cuya tramitación se está ultimando hoy mismo
con su discusión en el Pleno del Congreso de los Diputados, y, en segundo
lugar, la preparación de un borrador de anteproyecto de ley básica de
montes y de aprovechamientos forestales, iniciado por el Instituto para
la Conservación de la Naturaleza y sometido a consulta con las diferentes
Comunidades Autónomas. Esta nueva ley, en caso de aprobarse, sustituiría
a la Ley de Montes del año 1957 y a la Ley de Incendios Forestales del
año 1968.
Señorías, yo destacaría ante el Pleno de esta Cámara la última
recomendación de las 41 que formulamos, que en su punto 7.1 dice lo
siguiente: El Senado, a través de la Comisión correspondiente, hará una
evaluación cada dos años del cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en este informe. Para ello, será necesario, claro está, que se
recabe del Gobierno y de las Comunidades Autónomas la documentación
necesaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 del Reglamento de
la Cámara.
Señorías, el fuego es un factor decisivo en el desarrollo de la Humanidad
mediante la utilización controlada del mismo por el hombre. Vemos, sin
embargo, no sin cierta perplejidad, cómo el fuego es uno de los factores
amenazantes de nuestro medio ambiente y parece escapar al control de los
mecanismos de la sociedad moderna. Confiamos en que los ciudadanos sean
conscientes de su papel protagonista en la evolución de estos
acontecimientos y reaccionen de una manera positiva. Nuestro deseo es que
este informe sirva para aportar un grano de arena en la lucha contra los
incendios forestales, pero sobre todo aspiramos a que aporte ideas
en la reflexión de que esta sociedad debe apostar decididamente por
conservar el medio ambiente que habitamos.
Las pérdidas económicas producidas por los incendios forestales son
multimillonarias pero, con ser esto muy importante, no es lo más
significativo. El incendio forestal provoca pérdidas en el efecto
protector del suelo; produce entarquinamiento de los embalses; produce
falta de laminación de avenidas, pérdidas en caza y pesca, pérdida de
valores recreativos, efectos paisajísticos, perjuicios industriales,
disminución de la diversidad genética y de los ecosistemas singulares,
etcétera. Por todo ello, señorías --y termino con esta presentación--,
estamos ante un fenómeno de una extraordinaria magnitud; conviene
acercarse al mismo con una cierta humildad. Este informe del Senado sólo
pretende ser una pequeña gota de agua que sirva para acentuar la presión
de la sociedad en la defensa de nuestros bosques y, sobre todo, de
nuestra cubierta vegetal.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Díaz
Bonillo.
Si no hubiere turno a favor y en contra, pasaríamos al turno de
portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo muy
brevemente porque las ideas que vamos a exponer ya tuvimos ocasión de
manifestarlas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas cuando
hablamos de este mismo asunto para evaluar el contenido autonómico de
este informe. No obstante, nos gustaría que quedara también reflejado en
Pleno.
Nuestro Grupo ha participado, en esta ocasión como grupo parlamentario,
en los trabajos de la Ponencia y de la Comisión, a través del Senador que
les habla, posteriormente sustituido por un compañero Senador por la isla
de Hierro, pero también participamos en el de 1993, con otro Senador
también, curiosamente, por la isla de Hierro, don Venancio Padrón, que
tuvo una actuación destacada. Por lo tanto, desde la condición
archipielágica de nuestra Comunidad Autónoma le damos una importancia
tremenda y relevante, no en vano tenemos protegida una masa arbórea que
llega prácticamente al 40 por ciento de nuestra superficie y que es
productora en gran cantidad de una parte importante de nuestro Producto
Interior Bruto.
No me voy a extender en el contenido de la Ponencia, ya lo ha hecho el
Senador Díaz Bonillo, pero sí quiero decir que estamos totalmente de
acuerdo con el trabajo realizado, nos parece un magnífico informe y un
magnífico dictamen de Comisión que alerta, conciencia sobre este
problema, descubre pocos cumplimientos --pero también cumplimientos
magníficos-- respecto del otro informe y, sin duda, lo votaremos
afirmativamente. Desearíamos recalcar que en nuestro caso, en el caso del
Archipiélago Canario, no es tanto la importancia de la superficie quemada
como que la superficie de masa arbórea que se quema contiene restos de
una flora macaronésica de la Era Terciaria, la laurisilva, que es
difícilmente recuperable. Después de años y años de investigación sólo
hemos podido reproducir dos especies de laurisilva en invernaderos o en
lugares adecuados para ello. Por lo tanto, a nosotros no se nos queman
exhaustivamente, enormemente o gravemente muchísimas hectáreas, sino que
lo que se nos quema es una flora verdaderamente importante del Terciario,
la macaronésica, que está reducida al Archipiélago Canario y ligeras
manchas en el Archipiélago de Madeira.
Dada nuestra condición archipielágica y accidentada --tremendamente
accidentada--, nosotros necesitamos unos medios contra incendios que a lo
mejor no son de igual intensidad de utilización en otras superficies del
territorio del Estado. Nuestra masa arbórea está en sitios
orográficamente endiablados y necesitamos muchísimos más medios aéreos
para producir el control del fuego que en una zona muchísimo más llana y
con otra orografía determinada. Por ese motivo reclamamos otros medios,
porque tampoco podemos tener la coordinación ni la gestión coordinada que
se puede tener en el Estado: imagínense ustedes cómo pueden ir desde aquí
hasta Canarias a apagar los fuegos. Pero sí necesitamos medios, muchos
más medios. Y, sin duda, necesitamos más ayuda en esos planes que de
forma general, de forma estatal, abordan la prevención. Por lo tanto, me
gustaría que quedase reflejada esa especificidad que seriamente
reclamamos.
En cuanto a lo que se ha suscitado respecto a los parques nacionales, de
los que nosotros poseemos cuatro y en breve poseeremos el quinto parque
nacional, actualmente casi el 50 por ciento de la superficie de parques
nacionales que posee el Estado, no tenemos problemas en la coordinación
en cuanto a la prevención y lucha contra el fuego; pero, aprovechando que
tenemos esa gran superficie de parques nacionales, sí necesitamos que los
medios específicos para combatir el fuego en Canarias no sean la
regularidad de lo que se puede planificar para el territorio de la piel
de toro. Somos otra cosa. Somos, específicamente, un archipiélago con una
orografía, vuelvo a decir, endemoniada, y necesitamos otros tratamientos
específicos.
Termino, señorías, diciendo que nuestro Grupo felicita a todos aquellos
que han participado en la Ponencia por el magnífico trabajo que han
realizado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente, dado, como se ha puesto de relieve, la gran
coincidencia que hay entre todos los grupos parlamentarios de cara al
informe de esta Ponencia sobre los incendios forestales.
Yo quisiera resaltar ante todo esa gran coincidencia que al final se da
en el Informe. Y, desde luego, quienes hemos participado de los trabajos
en Ponencia, que han sido largos y arduos, lo podemos decir. Desde
posturas que en algunos
momentos eran distintas en los diversos grupos parlamentarios, al final,
gracias a la generosidad de todos los grupos, se ha llegado a un texto
consensuado, que yo creo que va a ser aprobado por unanimidad, tal y como
fue aprobado en Comisión.
Creo que este informe que presentamos tiene una gran importancia, puesto
que los incendios forestales pueden considerarse el primer gran problema
ecológico que tenemos a nivel de Estado debido a todas las consecuencias
que crean de cara a la erosión, de cara a la desertización, etcétera; y,
por otro lado, también sabemos que representan una pérdida económica
importante para muchas economías. Por lo tanto, estas dos razones, por un
lado el desastre ecológico que representan los incendios forestales y,
por otro, la pérdida de riqueza económica para economías municipales,
familiares y domésticas, le dan una gran importancia a este informe de la
Ponencia.
Para terminar, yo quisiera recalcar un tema --que también ha matizado el
señor ponente y el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
señor Barbuzano--, que es la prevención. Creo que en este informe hemos
dado una gran importancia a la prevención. Efectivamente, se ha mejorado
mucho en medios materiales para apagar los incendios, pero creo que si
nos comparamos con otros países de Europa, tenemos un déficit importante
en prevención. Si, al igual que en los temas de medio ambiente, se ha
demostrado que es mucho más barato prevenir que tener que actuar luego,
en el tema de los incendios forestales también existe esa realidad. Por
lo tanto, un punto fundamental de este informe es el tema de la
prevención, y creo que las diversas Administraciones implicadas en la
lucha contra los incendios forestales deberían volcarse en él.
Por último, espero que dentro de dos años, cuando el Senado vuelva a
evaluar realmente cuál es la situación que se ha producido a lo largo de
este plazo de tiempo, nos encontremos de una vez por todas ante un
descenso importante de esta gran lacra que son los incendios forestales.
Sólo me resta dar las gracias a todos los Grupos Parlamentarios por la
capacidad de acuerdo y consenso que hemos alcanzado entre todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Ramón Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, solamente unas breves palabras, que no pueden ser más que de
satisfacción; satisfacción porque, a pesar de que vivimos en un momento
políticamente difícil, hayamos sido capaces hoy de presentar a la
consideración de esta Cámara, y por unanimidad de todas las fuerzas
políticas, el informe de la Ponencia para la evaluación del cumplimiento
de las medidas y recomendaciones contenidas en el informe de 1993 sobre
incendios forestales que nos encargó el Pleno de esa Cámara en sesión de
15 de septiembre de 1994, en la cual, y por unanimidad, se aprobó la
creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Agricultura para
que evaluase el grado de cumplimiento del citado informe.
Los trabajos han sido largos y complejos. Por la Ponencia han pasado
técnicos de diferentes Administraciones; nos hemos desplazado a algunas
Comunidades Autónomas comprobando in situ la realidad. Hemos recogido sus
preocupaciones, sus sugerencias y sus experiencias, así como la evolución
de las diferentes Comunidades en la prevención y en la lucha contra los
incendios forestales.
Es bueno reconocer que en general las diferentes Autonomías han hecho
importantes esfuerzos y progresos en este sentido, de forma especial
aquellas Comunidades Autónomas que por su situación geográfica, por su
tipo de vegetación, por su orografía, por sus condiciones climatológicas
son más sensibles a los efectos de los incendios. También hay que
reconocer que se ha dado un paso importante por lo que se refiere a la
colaboración de ICONA con las Comunidades Autónomas, no siempre fácil por
parte de este organismo autónomo, que en los momentos de éxito se
apuntaba a todo con la misma facilidad que des-aparecía del mapa político
en los momentos de repartir responsabilidades cuando las cosas no iban lo
bien que todos deseábamos.
Los medios aéreos continúan siendo, a nuestro entender, una asignatura
pendiente, y la nueva Dirección General de Conservación de la Naturaleza
deberá tomar buena nota, así como del hecho, incomprensible a nuestro
entender, de la negativa sistemática al traspaso a las diferentes
Comunidades Autónomas de la prevención y extinción de incendios en lo que
se refiere a los parques nacionales. No obstante, como diría un
importante político catalán, hoy no toca hablar de ese tema, pero es
bueno que se sepa que quedan aún importantes flecos al respecto por
resolver.
Para terminar, una vez más quiero felicitarnos por las aportaciones de
todos los grupos políticos que han permitido esa unanimidad que
representa un paso más en la línea de cooperación institucional para ser
más efectivos en la prevención y la lucha contra los incendios
forestales.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prim
Tomás.
El señor PRIM TOMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular es un motivo de
satisfacción acceder hoy a esta tribuna para exponer que el paso dado por
todos los grupos políticos comprometidos en estudiar y examinar el grado
de cumplimiento de las medidas y recomendaciones del informe del Senado
del año 1993 sobre los incendios forestales ha sido, creemos, muy
importante pues, como ya declaramos en la Comisión del pasado día 20 de
junio, el gran espíritu de sacrificio y de unión mantenido por todos los
grupos es motivo de congratulación. Queremos también decir que estamos
ante un verdadero reto, el reto de que se reduzcan el número de
incendios, y ello ante la situación actual de sequía
debe de preocuparnos mucho a todos los componentes de esta Cámara Alta.
El año pasado se produjo un verdadero récord en superficie quemada de
nuestros montes, y precisamente fue la Comunidad Valenciana, de donde
este Senador procede, una de las más perjudicadas. Ojalá consigamos que
la curva de siniestralidad a partir del actual año vaya descendiendo;
sería motivo de satisfacción para todos.
Este Grupo parlamentario desea resaltar los puntos que consideramos más
importantes dentro de las acciones concretas que la Ponencia ha
propuesto. En el ámbito legislativo, ya el Senador Díaz Bonillo ha dicho
que es urgente que se ponga en marcha el proyecto de ley básica de montes
y aprovechamientos forestales, la Ley Orgánica del Código Penal y la
regulación del proceso sancionador administrativo.
En el apartado de investigación y desarrollo, ese Grupo Parlamentario
considera que el fomento de la investigación con firmas y acuerdos con
universidades es fundamental, analizando las causas y motivaciones y las
técnicas de lucha. En cuanto a las tecnologías avanzadas, la predicción y
detección y el mapa de peligros. En cuanto a la educación y formación, el
respeto y defensa del medio ambiente, con una educación forestal y unos
programas de formación del personal en extinción de incendios y su
coordinación. En el aspecto de sensibilización, conciliación y sanción,
campañas de sensibilización ciudadana en el medio rural y en el medio
escolar, y la demostración con preferencia de los efectos devastadores
del fuego y la publicidad de las sanciones.
En el apartado prevención, la silvicultura preventiva en base a labores
de desbroce, repoblaciones, quemas autorizadas y controladas, la
instalación del teléfono único, las ayudas económicas para montes
públicos y privados, la revisión del plan de acciones prioritarias contra
incendios forestales, la especial atención en urbanizaciones de basureros
incontrolados y líneas eléctricas, la colaboración municipal y el estudio
de posibilidades de grandes incendios.
En relación a la extinción y coordinación, este Grupo Parlamentario cree
que el apartado más fundamental, con la asignatura pendiente del mando
único que habrá que instaurar, es una coordinación entre las
Administraciones Públicas, con un conocimiento pleno de sus recursos y un
inventario de los medios de defensa contra los incendios forestales, con
unos ejercicios conjuntos de coordinación entre la Administración Central
y las Comunidades Autónomas, una base común de comunicaciones de radio,
una coordinación más eficaz entre las Administraciones responsables con
Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás autoridades, y
una evaluación del coste-beneficio.
Señorías, todos estos aspectos pueden y deben hacer mejorar la situación
actual. Decíamos y decimos que las Comunidades Autónomas tienen la
palabra y ellas deben ser las verdaderas protagonistas del objetivo de
conseguir que los incendios forestales dejen de ser noticia en fechas
estivales. Pero queremos ser realistas, hará falta una exquisita
coordinación entre las distintas Administraciones para hacer realidad
práctica las acciones concretas propuestas. Somos conscientes de que la
prevención debe priorizarse a la extinción. Queremos decir con ello que
la mejor lucha contra el fuego es previniéndolo, para ello harán falta
unos medios precisos y eficaces; el verdadero reto deberá ser evitar que
se transforme un conato en un gran incendio.
Al final del informe de la Ponencia se propone que cada dos años
evaluemos el cumplimiento de las recomendaciones hoy presentadas. Hacemos
votos para que al cabo de ese tiempo podamos celebrar el éxito de las
propuestas y que constatemos que la superficie quemada a partir de ahora
va siendo inferior a años anteriores.
El Grupo Parlamentario Popular espera que el consenso que ha existido en
todos los grupos sirva para alcanzar los objetivos propuestos.
Obviamente, anunciamos nuestro apoyo al Informe de la Comisión de
Agricultura.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Alonso Colacios tiene la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de iniciar mi intervención quiero indicar a la
Presidencia de la Cámara que es necesario hacer algunas correcciones de
tipo técnico en el informe del Boletín General del 14 junio donde se
recoge el contenido de la Ponencia.
En la página número 13 del Informe, concretamente en el segundo apartado
de «efectos de los incendios forestales», se debe corregir, porque entre
paréntesis habla de gráfico 2 y cuadro número 1 y hay que añadir también
cuadro número 4.
En la página número 15, cuando se señala que la superficie que se quema
es variable y habla del gráfico número 3, hay que añadir también cuadro
número 5 y número 6.
Asimismo, en el gráfico de diagrama de barras que aparece en la misma
página falta la leyenda que figura así en el gráfico número 2, porque es
el mismo tipo de leyenda y no está en este gráfico número 3 que hace
referencia a superficie arbolada, superficie desarbolada y tendencias,
que no aparece en la base de ese gráfico como leyenda.
En la página número 18, después del primer punto y seguido, todo lo que
está entre paréntesis debería figurar sintéticamente de la siguiente
forma: véase también los cuadros estadísticos números 4, 5 y 6, así como
los mapas señalados con los números 1 a 3, y cerrar paréntesis.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta presidencia entiende que son
enmiendas estrictamente técnicas y que están en conocimiento de todos los
grupos. ¿Es así? (Asentimiento.)
El señor ALONSO COLACIOS: Señor Presidente, señorías, intervengo en
representación del Grupo Parlamentario Socialista para manifestarle
nuestra posición favorable al informe sobre los incendios forestales.
Como conocen sus señorías, las Cortes Generales y la mayoría de los
parlamentos autonómicos y especialmente el Senado han sido receptivos y
sensibles a la gravedad de los incendios forestales en España, prueba de
ello han sido las numerosas y múltiples iniciativas parlamentarias al
respecto. En el Senado destacaría entre ellas las siguientes: durante la
tercera legislatura se constituyó la Comisión Especial de Incendios
Forestales en 1986 y cuyo informe fue aprobado por mayoría por el Pleno
de esta Cámara el 1.º de junio de 1988. Asimismo, más tarde, en la IV
legislatura, el 5 de marzo de 1991, se crea una ponencia en el seno de la
Comisión de Agricultura y Pesca para profundizar en su problemática, cuyo
informe fue aprobado por unanimidad por el Pleno de esta Cámara en fecha
10 de marzo de 1993. En esta V legislatura, el Pleno de Senado en su
sesión del 15 de septiembre de 1994, ante la grave situación de los
incendios forestales que seguía padeciendo España, aprueba una moción,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y modificada conforme a
la propuesta suscrita conjuntamente por el propio Grupo Socialista y los
Grupos Parlamentarios Popular, Senadores Nacionalistas Vascos, Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y Coalición Canaria para la creación de
una ponencia que evaluase el cumplimiento de las medidas y
recomendaciones del informe de 1993 y propusiera acciones que mejorasen
el grado de eficacia y coordinación en la lucha contra los incendios
forestales.
Antes de iniciar mi intervención sobre el contenido del informe, aprobado
por unanimidad tanto en la Comisión de Agricultura y Pesca como en la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, quiero agradecer en nombre
de mi Grupo la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la de los comparecientes en la Ponencia, la de las
Comunidades Autónomas, así como de los servicios de esta Cámara, como
también manifesté en las diferentes intervenciones en ambas Comisiones.
Quiero también agradecer el talante entusiasta y abierto de los miembros
de la ponencia por el trabajo riguroso realizado y que ha permitido, al
final, consensuar el informe que estamos ahora mismo debatiendo en esta
Cámara.
Como conocen sus señorías, los incendios forestales, quizá como se ha
apuntado, son el primer problema medioambiental de España por sus efectos
sobre la conservación del medio biótico, es decir, sobre las comunidades
vegetales y animales de nuestros montes y bosques, y asimismo sus efectos
contribuyen a nivel planetario a incrementar los gases de efecto
invernadero. Podemos afirmar de una manera general que las causas o
motivaciones de los incendios son múltiples y variadas. Causas naturales:
climas secos, sequía, rayos, causas humanas e intencionadas: venganzas,
conflictos laborales, conflictos en espacios naturales, conflictos de
intereses; negligencia humana en el uso del fuego: quemas no controladas,
basureros o el uso recreativo creciente que hacemos los ciudadanos del
bosque con escasa conciencia del riesgo de incendios es lo que se puede
englobar dentro de las causas o motivaciones de existencia de alto número
de incendios en España.
Respecto a sus efectos y desde el punto de vista estadístico, analizado
el intervalo del año 1983 a 1994 y que recoge el gráfico número 2, nos
muestra que existe una tendencia creciente en el número de incendios en
España sin que los años húmedos lo hagan disminuir, hecho que, a mi
juicio, debemos analizar mejor porque según estos datos las políticas
aplicadas no son suficientemente eficaces, sobre todo en sus aspectos
preventivos.
Los datos referidos a la superficie que se quema, sin embargo, es
variable de unos años a otros, como se recoge efectivamente en el gráfico
número 3 del informe, aunque aparentemente demuestra una tendencia a la
contención. Es decir, si observamos en el gráfico número 4 el número de
conatos, lo que técnicamente quiere decir el número de incendios que
afectan a menos de una hectárea, comprobamos que crece continuamente, lo
que significa una eficacia en los medios utilizados en la extinción; por
ello la superficie media del incendio viene, en términos generales, a
decrecer, como así recoge también el gráfico número 5. Sin embargo y por
el contrario, los grandes incendios, es decir, aquellos incendios que
afectan a más de 500 hectáreas, provocan daños cada vez mayores. Así, por
ejemplo, en el año 1994, el año más catastrófico en cuanto a incendios
forestales en la historia conocida de España, tan sólo 67 incendios, es
decir, un 0,35 por ciento del total de ellos, han quemado 299.000
hectáreas forestales y 25.000 hectáreas de otros usos, lo que supone que
cerca del 70 por ciento, el 69,8 por ciento de la superficie total
arbolada, ha sido recorrida por el fuego de estos grandes incendios.
Por consiguiente, estos datos nos indican que el incremento en los
últimos diez años de los medios de extinción han conseguido controlar la
mayor parte de los incendios ocasionados en nuestro país, pero el aumento
de la superficie quemada por esos incendios --por los grandes incendios--
no tiene apenas correlación con los medios disponibles para la extinción,
sino que tienen más bien correlación con las condiciones climáticas de
cada año, y esto se manifiesta en los cuadros números 4, 5, 6, 7, 8 y 9
del informe.
Esta tendencia nos obliga a pensar, señorías, que las Administraciones
públicas deberían impulsar políticas en la lucha contra los incendios
forestales basadas en un riguroso análisis coste-beneficio, es decir, que
debemos evitar el favorecer una posible economía del fuego en torno a las
tareas de extinción a las que las Administraciones públicas dedican ya
anualmente, dentro de sus presupuestos, alrededor de 140.000 millones de
pesetas.
Señor Presidente, señorías, la ponencia, fundamentalmente, ha evaluado y
ha realizado observaciones sobre cada una de las recomendaciones
contenidas en el informe del Senado de 1993 ya citado. Quiero señalarles
al respecto que en los últimos años se ha avanzado significativamente en
la lucha contra los incendios forestales en España. Así, en el área
legislativa, pronto debatiremos en el Parlamento nacional una ley básica
de montes que ordene la política forestal sobre varios planes generales,
uno de ellos, concretamente, para la defensa de los incendios forestales.
Asimismo, como conocen sus señorías, en las Cortes Generales estamos
debatiendo en la actualidad el proyecto de ley orgánica del Código Penal,
el denominado Código
Penal de la democracia, en el que se revisan, entre otros delitos, el de
los incendios forestales.
En otro orden de cosas, quisiera también resaltar la mejoría que hemos
apreciado en el grado de formación y profesionalización del personal que
participa directamente en la lucha contra el fuego y que, sobre todo en
los grandes incendios, está continuamente jugándose la vida.
Sin embargo, tenemos que decir que en el informe se recoge que existen
también carencias y deficiencias en algunas actuaciones puestas en marcha
por las distintas Administraciones competentes. Por ejemplo, la ejecución
irregular en silvicultura preventiva del Papif, Plan de acciones
prioritarias de lucha contra los incendios forestales, o la ausencia de
un número de teléfono de aviso único, recomendaciones sobre las que en el
mismo informe se vuelve a insistir.
En esta línea también debo referirles para su reflexión que en las
visitas efectuadas por los oponentes a diferentes Comunidades Autónomas
éstos han manifestado su inquietud por el excesivo crecimiento de los
medios destinados a la extinción en comparación con los dedicados a las
tareas de prevención.
Finalmente, y mirando hacia el futuro, señor Presidente, señoras y
señores Senadores, en el texto del informe se proponen cuarenta y una
actuaciones repartidas en siete apartados: legislación, investigación y
desarrollo, educación y formación, sensibilización, conciliación y
sanción, prevención, extinción y coordinación y otras acciones.
Dentro de estas actuaciones, además de las señaladas por los
intervinientes, destacaría e insistiría sobre las urgentes reformas
legislativas necesarias en materia de montes, ya apuntada, así como de
las normativas complementarias a desarrollar en esta materia, tanto por
la Administración central como por las diferentes Comunidades Autónomas;
la conveniencia de dar celeridad a la Ley orgánica del Código Penal,
incorporando el delito de incendios forestales y teniendo en cuenta, no
sólo las conductas fraudulentas que ocasiona el incendio, sino también
los supuestos de imprudencia grave.
Es muy importante también --así lo recoge el informe-- la intensificación
de la vigilancia disuasoria y la investigación de las causas y autores de
los incendios forestales a través del servicio de protección de la
naturaleza de la Guardia Civil y de las policías autónomas para la
obtención de indicios razonables que permitan fundamentar las sentencias
judiciales.
Se deben realizar campañas de sensibilización ciudadana positivas, de
carácter periódico y global, evitando la dramatización excesiva sobre los
incendios forestales y respetando las peculiaridades de cada territorio.
A través de las administraciones públicas competentes se incrementará el
seguimiento de las campañas realizadas a este respecto a fin de comprobar
las características y efectividad de las mismas.
Apelamos también --esto es muy importante-- a los medios de comunicación
como colaboradores imprescindibles para la sensibilización ciudadana en
esta materia en los términos más respetuosos para la libertad de
información. A ese fin --dice el informe-- se considera más útil que la
información prime los efectos del incendio que los innegables elementos
espectaculares que el mismo tiene.
Deseamos también que se dé la máxima publicidad a las sentencias
condenatorias y a las sanciones por infracción impuesta por actos que
hayan dado lugar a incendios forestales. Somos muy conscientes --como se
ha apuntado por diferentes intervinientes-- de que ha llegado el momento
de impulsar la prevención en el contexto de una economía forestal
sostenible, concentrando preferentemente el esfuerzo en la silvicultura
preventiva, es decir, desbroces localizados, claras generalizadas,
repoblaciones con especies mezcladas, etcétera.
En la aplicación de todas estas técnicas habrá que tenerse en cuenta las
variadas características de los montes españoles, debiéndose extremar el
control sobre la quema de rastrojos y pastizales.
Es muy conveniente la revisión del plan de acciones prioritarias contra
incendios forestales, el Papif, que no ha sido suficientemente eficaz
--ya lo apunté-- en su desarrollo en el anterior período orientándolo en
tres direcciones. Primera, dimensionar su dotación presupuestaria de
acuerdo con una auténtica priorización de acciones y de zonas de peligro.
Segunda, establecer normas estrictas para que estos fondos sean aplicados
más equilibradamente en todo el territorio, público o privado, y para que
las finalidades de vigilancia disuasoria y apoyo voluntario sean mejor
atendidas. Tercera, incluir en la finalidad de silvicultura preventiva
experiencias piloto agrosilvopastores mediante cortafuegos cultivados o
de pasto y quemas controladas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando porque
se le ha pasado ya el tiempo asignado.
El señor ALONSO COLACIOS: Gracias.
Es también muy importante dar una especial atención a la prevención de
incendios en el llamado espacio de interacción urbanoforestal, que es
donde se sitúan con mayor frecuencia las edificaciones o urbanizaciones
carentes de licencias, así como los basureros incontrolados que
constituyen una importante fuente de riesgo de incendios forestales
especialmente graves porque suelen poner en peligro la vida y los bienes
de los habitantes de ese espacio.
Es preciso evitar que una vez producido el incendio se siga de ahí la
declaración de zona catastrófica en todos los casos o de forma
generalizada, con objeto de romper la asociación entre incendios
forestales y ayudas públicas que de otro modo pudiera establecerse.
Es fundamental promover la restauración y reforestación de las zonas
incendiadas en conexión con planes de lucha contra la erosión. Los fondos
comunitarios de la reforestación se orientarán exclusivamente a la
repoblación de tierra abandonada y deforestada.
Finalmente, quiero insistir, como han insistido otros portavoces, en que
el Senado, a través de la Comisión correspondiente, debe evaluar cada dos
años el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este informe.
Con este fin habrá de recabar del Gobierno y de las Comunidades Autónomas
la documentación necesaria y pertinente.
Pero acabo ya.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista espera que
la evaluación y las medidas que se recogen en el texto del informe, que
aprobaremos por unanimidad, sean de utilidad, tanto a las
Administraciones públicas competentes, Administración central,
autonómicas y locales, como a las distintas asociaciones y organizaciones
que articulan la sociedad española, las ecologistas, agrarias,
sindicales, ONGs, periodísticas, etcétera.
Deseo que, entre todos, y durante todos los días del año, podamos
contribuir a que descienda el elevado número de incendios, las hectáreas
de monte y bosque quemadas por el fuego.
Señorías, no podemos bajar la guardia en la lucha contra los incendios
forestales en España que están produciendo efectos negativos en nuestra
economía, en nuestro medio ambiente, y a veces, desgraciadamente, en
pérdidas de vidas humanas.
Todos, y también las generaciones futuras, tenemos y tienen derecho a
seguir disfrutando de la belleza y de la riqueza que encierran nuestros
bosques y nuestros montes.
Señorías, nuestra es también la responsabilidad de que así sea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Colacios.
Entiendo que puede ser aprobado por asentimiento este informe. (Pausa.)
Muchas gracias.
Así es y así consta.
Por tanto, queda aprobado el informe de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca sobre el grado de cumplimiento de las medidas y
recomendaciones contenidas en el informe que el Senado aprobó en 1993
sobre incendios forestales.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A CONSEGUIR DE LA UNION EUROPEA QUE LAS REDES DE
ENMALLE A LA DERIVA DE REPUESTO NO VAYAN A BORDO DE LOS BARCOS PESQUEROS,
SINO DE AQUELLOS QUE LLEVAN A CABO LAS LABORES DE INSPECCION Y CONTROL, Y
A QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE LO DESEEN PUEDAN PARTICIPAR, A TRAVES
DE BUQUES PROPIOS Y DE FORMA COORDINADA CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
Y COMUNITARIA, EN DICHAS LABORES DURANTE LA PRESENTE COSTERA.
(671/000028.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación al
siguiente punto del orden del día, moción consecuencia de interpelación,
formulada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
por la que se insta al Gobierno a conseguir de la Unión Europea que las
redes de enmalle a la deriva de repuesto no vayan a bordo de los barcos
pesqueros sino de aquellos que llevan a cabo las labores de inspección y
control, y a que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan
participar, a través de buques propios y de forma coordinada con la
Administración del Estado y Comunitaria, en dichas labores durante la
presente costera.
Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos el Senador Yon Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que presentamos hoy como consecuencia de interpelación, tiene
como objetivo fundamental que en estos momentos, en esta semana en la que
empieza ya la costera del bonito, se tomen una serie de medidas en una
doble dirección. Por un lado, garantizar el cumplimiento de la
reglamentación comunitaria, y por otro evitar los conflictos que se han
venido produciendo en los últimos años y que han ido en aumento.
Nuestra moción tiene dos puntos básicos. El primero de ellos se refiere a
que es necesario solicitar de la Unión Europea que las redes de repuesto
de enmalle a la deriva no vayan a bordo de los barcos que se dedican a la
pesca del bonito sino que vayan a bordo de los buques que se dedican al
control y a la inspección.
¿Por qué proponemos esto? Porque personas relacionadas con buques
franceses han dicho ya que ellos en principio van a llevar redes de
repuesto, pero todos sabemos que ahí es donde está la trampa. Y es que,
si recuerdan sus señorías, la reducción de las redes a dos kilómetros y
medio, que en estos momentos es lo que reglamenta la Unión Europea, es la
tesis que nosotros hemos mantenido: que esas redes no son rentables. En
todos los estudios que ha habido al respecto, incluso en el estudio del
Comité Científico de la propia Unión Europea, se decía que para que las
volantas fuesen rentables deberían tener un kilómetro por pescador, y en
estos buques normalmente hay entre siete y ocho pescadores, con lo cual,
para que fueran verdaderamente rentables tendrían que ser de siete u ocho
kilómetros.
La actitud francesa --o de ciertos buques franceses-- de solicitar el
llevar en sus buques redes de repuesto es la gran trampa, puesto que en
alta mar se puede adosar una red a otra y pasar así de los dos kilómetros
y medio a los cinco, o a los siete y medio. Por eso, solicitamos que la
Unión Europea imponga el que sean los buques que se dedican al control y
a la inspección --bien sean comunitarios, bien estatales, o de otro
tipo-- los que lleven esas redes de repuesto para el caso de que se
produzca una pérdida de las mismas.
El segundo punto de nuestra moción se refiere al hecho de que las
Comunidades Autónomas que lo deseen --y, de hecho, algunas ya se han
expresado al respecto-- también puedan cooperar y colaborar en las
labores de control e inspección durante esta campaña del bonito con sus
buques. En definitiva, se trata de que, tanto a través del buque que haya
enviado la Unión Europea, como de los medios
que ponga el Gobierno español, o de los buques que estén dispuestos a
ofrecer las Comunidades Autónomas, se lleve a cabo un auténtico control e
inspección, tanto en alta mar como en puerto, del cumplimiento de la
reglamentación comunitaria, puesto que hemos hablado muchas veces --y
también leído al respecto-- en esta Cámara que la picaresca de la flota
francesa que faena con volantas es grande, y sólo puede conseguirse
realmente el cumplimiento de la legislación comunitaria con un auténtico
y verdadero control e inspección, tanto en puerto, como en alta mar.
Estos son los dos puntos básicos de la moción que presentamos hoy a la
aprobación de esta Cámara. Nuestro Grupo hace este planteamiento con el
objeto, como decía al principio, de que tengamos una campaña pacífica,
como ha ocurrido este año con la campaña de la anchoa. Pero ello no
significa que renunciemos en ningún momento a la desaparición total del
arte de volantas de cara a la próxima campaña de pesca. Espero --y creo
que va a ocurrir-- que todos los grupos parlamentarios apoyen esta
moción.
Por otro lado, la enmienda que presenta el Grupo Socialista va a contar
con nuestro apoyo para que se incorpore al texto de la moción. Me
gustaría que en el mes de septiembre no estemos hablando aquí de los
problemas que hayan podido producirse a lo largo de la campaña del bonito
y que, en todo caso, si hubiese un debate a este respecto fuera para
felicitarnos porque, de una vez por todas, no ha habido problemas y se
han respetado los derechos de nuestros pescadores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el Senador González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender la enmienda de adición a la moción consecuencia de
interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista, a la vista del texto
presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
quiere incorporar para mejorar su redacción. Como sus señorías conocen,
queremos que se añada al final del punto número 1 la siguiente frase:
«... tal como se solicitó en su día de acuerdo con la Comisión Europea.»
Es obvio --ya lo dijo el Ministro con ocasión del debate de la
interpelación-- que el Gobierno español había incitado en el Comité
Franco-Español de Pesca y, posteriormente, en las reuniones con la
Comisión Europea y los Estados miembros, el 16 de mayo, en Bruselas, a
que se puedan poner en práctica todas las medidas relativas a que no
existan redes suplentes o de repuesto en los barcos. También se hizo
hincapié en que había que extremar los controles de los buques, tanto a
las salidas como a las llegadas a puerto, y en llevar a cabo un
procedimiento de pesca por el que dichas redes vayan unidas al barco y no
queden flotando. Por esas condiciones es por lo que sugeríamos que todo
el mundo pudiera admitir que se añada al final del punto número 1 la
frase que dije con anterioridad.
Con respecto al punto número 2, es obvio que en las reuniones de la Unión
Europea, y a propuesta del Gobierno español, se recogían, a su vez, las
intenciones y las aspiraciones de nuestros pescadores respecto a que las
Comunidades Autónomas puedan, de común acuerdo y concretándolo con el
Gobierno de la Nación, desplazar buques de apoyo, buques que respondan a
las necesidades que tengan nuestros marineros y nuestros pescadores. Por
tanto, queremos que al comienzo del punto número 2 de la moción se
introduzca un añadido que diga: a ponderar y concretar con las
Comunidades Autónomas que lo deseen su participación a través..., y el
resto continúa igual.
Ya sabemos que hubo reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno
de las Comunidades Autónomas, cuyas flotas trabajan en esos caladeros,
concretamente los gobiernos vasco y gallego, y que están ayudando y
sirven de apoyo a los trabajos que realizan nuestros pescadores.
Esta es, señor Presidente, la defensa de las enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿El Senador que ha defendido la moción quiere hacer uso de la palabra?
El señor GANGOITI LLAGUNO: Simplemente quiero ratificar que estamos de
acuerdo con la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y
estamos de acuerdo en que completa y mejora el texto. También quiero
felicitarnos porque desde el Grupo mayoritario de la Cámara exista esta
predisposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto, no hace uso de la palabra, al igual que el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós, por tiempo de cinco
minutos.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna
para expresar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió sobre la moción presentada por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, consecuencia de la interpelación
debatida en esta misma Cámara el día 13 de este mes de junio. A la lista
de fechas en las que esta Cámara se ha preocupado del conflictivo tema de
la pesca, de las volantas y de la pesca con redes a la deriva, que son el
28 de abril de 1994, el 18 de octubre de 1994 y el 2 de noviembre de
1994, hoy podemos añadir la del 28 de junio. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
A todas luces es lógica tanto la interpelación como la moción que se
presenta en estos momentos (para debatir y en su caso aprobar) para
defender los intereses de los pescadores, sobre todo del Golfo de
Vizcaya, de la zona de
Galicia, o sea, a todos los pescadores del norte de la Península. Es más
oportuna hoy si nos atenemos a las noticias que han saltado estos días a
los periódicos, donde se dice que España y Francia no lograron un acuerdo
para evitar la guerra del bonito, que tan desagradable fue en el verano
anterior. Se dice que nadie ha cedido en sus posturas, por lo que España
sigue en contra de las artes de pesca a la deriva, mientras que la flota
francesa las utiliza, según aseguró el Director General de Recursos
Pesqueros español. El Director General adelantó que la pesquería del
bonito será vigilada por patrulleras nacionales de España, Francia,
Irlanda y Reino Unido, además de por una patrullera de la Unión Europea.
Por otra parte, el Director General de Recursos Pesqueros de Francia,
Remi Toussain, afirmó que los pescadores galos seguirán utilizando las
artes de pesca a la deriva de dos kilómetros y medio hasta 1997.
Esto indica la oportunidad de la moción, para que el Gobierno del Estado,
en este caso el Gobierno español, haga cumplir no solamente la
reglamentación comunitaria, sino que haga caso de esta recomendación de
la moción que hoy, creo yo, aprobará el Senado. Por una parte, se
contradice la posición francesa por lo que les he dicho antes, es decir,
que ellos no hacen caso de la recomendación de Naciones Unidas sobre la
abolición para el 1.º de enero de 1993 de la pesca de bonito con redes a
la deriva, y además hay un dictamen del Parlamento Europeo que va en el
mismo sentido.
Por todo ello, nosotros entendemos que debido a la indisciplina, sobre
todo de la flota francesa, que ha creado tantas tensiones y tantos
conflictos, es necesario que esta moción sea aprobada hoy aquí, en el
Senado, para reforzar la postura de nuestro Gobierno para que pueda hacer
prevalecer lo que indica la legislación comunitaria.
Por lo anteriormente dicho, nuestro Grupo apoyará esta moción y se
adhiere al deseo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, Senador Jon Gangoiti, de que en el mes de
septiembre podamos ratificar aquí que ha habido una pesca y un trabajo en
paz, lo que contribuirá tanto a la rentabilidad de los pescadores del
norte de la Península, o sea, del Golfo de Vizcaya, como a que se acabe
de una vez con la conflictividad tradicional que hay entre la flota
española y la francesa.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
El señor Bueno Fernández tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor BUENO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos con una moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
que es, indudablemente, muy oportuna y muy necesaria en estos momentos, y
queríamos mostrar, en primer lugar, nuestro apoyo a esta moción y también
a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que,
indudablemente, enriquece y mejora el texto presentado por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Las medidas de inspección y control son, lógicamente, fundamentales para
que la costera del bonito se salde sin los incidentes de años anteriores
y con mejores resultados para los pescadores del Cantábrico, y se basan
en los tres puntos del acuerdo fundamental del 16 de mayo para que esta
costera se desarrolle, como decíamos antes, con tranquilidad, a pesar de
que hay algunas noticias de posibles situaciones difíciles que ninguno
deseamos y que esperamos que no lleguen a presentarse en su parte más
negativa.
Las medidas acordadas el 16 de mayo eran: en primer lugar, que las
embarcaciones sólo podrán llevar una red, que será de 2,5 kilómetros como
máximo, y los barcos, por tanto, no podrán llevar una red de repuesto; en
segundo lugar, que las redes deberán permanecer siempre unidas a la
embarcación para evitar la pesca indiscriminada, por lo que hablar de
malla a la deriva, si se cumple con esta normativa, lógicamente, ya
huelga, porque ya no sería a la deriva, sino que iría anclada a un barco,
y, en tercer lugar, que la inspección se realizará tanto en los puertos
como en alta mar y será efectuada por buques en representación de la
Comunidad y de los países miembros.
Las medidas parecen aceptables, pero, desgraciadamente, hay precedentes,
como los que fueron reconocidos por el Ministro en este mismo foro, en
octubre de 1994, con motivo de los conflictos habidos en el año anterior,
en 1994 y en la famosa costera, que eran consecuencia, según el Ministro,
del incumplimiento generalizado de la reglamentación por parte de buques
de otros países a comienzos de la costera. En este sentido, se puede
plantear que si se ha incumplido el reglamento es porque las medidas de
inspección y de control han fallado, y entonces habrá que plantearse por
qué han fallado, bien porque son insuficientes o porque no están
correctamente diseñadas.
De todas maneras, las Comunidades acordadas operan para el cumplimiento
del acuerdo antes citado tanto en los portes como en alta mar. Ahora
bien, ¿quién efectúa el control en los puertos? Este es un planteamiento
que, lógicamente, nos lleva a una situación realmente curiosa: son las
mismas autoridades de los que pueden incumplir la normativa las que han
de comprobar y controlar la entrada y salida de esos buques y si llevan o
no más redes de las previstas. Sin embargo, en este punto --y, como digo,
en el segundo de la moción, en el que se plantea que las Comunidades
Autónomas que lo deseen puedan participar a través de buques propios en
el control, y de forma coordinada con el Estado y la Administración
comunitaria en la labor de inspección durante la presente costera--
indudablemente estamos avanzando, y en ese aspecto es novedoso, pero creo
que necesario, para tranquilidad de todos, que puedan participar con sus
buques las Comunidades Autónomas (hasta ahora creo recordar que han sido
dos las que han planteado esta posibilidad, la Comunidad vasca y la
gallega). Indudablemente es una buena medida porque el incremento de los
buques de vigilancia y control siempre es una garantía, y más si son
cercanos a nuestros pescadores.
También nos decía el Ministro que, con el fin de posibilitar una mejor
defensa de estos productos, se iban a poner a disposición de las
cofradías tres millones y medio de etiquetas identificativas a efectos de
calidad del producto. En todo esto estamos de acuerdo; es quizá una
repetición, pero es necesario recordarlo. Y aunque estamos avanzando en
las posibilidades que nos acercan cada vez más a lo que deseamos, no
obstante, en el futuro, si no se consigue la supresión definitiva de las
volantas, deberá incrementarse la vigilancia en los puertos para un
correcto cumplimiento de la normativa. Sin embargo, este compromiso, que
es a corto plazo, yo entiendo que se debe terminar, a ser posible, en
esta misma costera. Es lo que todos deseamos, y en ese aspecto el
Ministro tiene nuestro apoyo, con la exigencia del mayor esfuerzo, para
conseguir el fin último y la solución definitiva, que es la supresión de
las volantas.
Este es nuestro deseo, suponemos que el de todos los grupos y, por
descontado, el de los pescadores. Esperamos una costera en consonancia
con el deseo de todos, que sea fructífera para todos y, en ese sentido,
mostramos, como indicaba antes, nuestro apoyo a la moción, nuestro apoyo
a la enmienda e, indudablemente, nuestros deseos de que terminemos esta
costera y en septiembre u octubre, como bien comentaba antes el Senador
Gangoiti, podamos felicitarnos del resultado de la misma y no estemos
buscando soluciones para la próxima por el mal resultado habido en ésta.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bueno Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser muy breve porque tengo la voz bastante «tomada» por
los ánimos con que usted podrá comprender animé al equipo de mi ciudad
que hoy celebra un gran triunfo en La Coruña (Risas.)
Igual que los gallegos hoy celebramos un gran triunfo, y lo digo con toda
sinceridad: hoy se cumplen 59 años que el pueblo gallego refrendó en un
plebiscito su Estatuto de Autonomía de 1936. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) Por eso, las dos coincidencias son muy
buenas. En aquel momento, galleguistas y socialistas dieron pie a que se
hiciera un buen Estatuto, que luego no se pudo aplicar. También ahora,
qué casualidad de la vida, 59 años más tarde, los socialistas van a
ayudar a una moción presentada por un Grupo nacionalista, contando
también con el apoyo de los demás grupos. Esto es lo que queremos, que no
haya «gaspillaje» de recursos, que haya una entente entre todos los
pescadores y que éstos puedan contar hoy en el Senado con el apoyo de
todas sus señorías defendiendo sus intereses, que no son, ni más ni
menos, que tratar de combatir aquellas artes de pesca que son
depredadoras; que constituyen un obstáculo para la normal navegación; que
interaccionan negativamente con otras artes tradicionales; que tienen
incidencias negativas en la calidad del pescado; que también incrementan
los descartes e incluso puede llegarse a capturar alrededor de un 50-60
por ciento que luego no se utiliza; que provoca mortalidades adicionales
que no benefician a nadie; que procuran un difícil ejercicio en el
sistema de vigilancia y control y que también afectan a otras especies no
objetivo, como pueden ser el tintorero, el pez espada, el delfín, el
listado o mamíferos marinos. Para eso, para hacer todo eso, lo que tiene
que ocurrir es que los demás países comunitarios en esa Unión Europea
cumplan la normativa vigente. Creo que el Gobierno español y también las
Comunidades Autónomas españolas que tienen flota pesquera importante --y
yo estoy convencido de que los pescadores así luchan por ello--, desean
que otros Estados, como Francia, como Irlanda, como el Reino Unido, como
Italia dejen de utilizar artes de pesca dañinas para un rendimiento
sostenido a lo largo del tiempo, y que no busquen elementos ni
subterfugios para poder llevar a cabo una explotación que en nada
beneficia a la propia pesquería ni a sus propios hijos que luego podrán
trabajar en la pesca. También tiene que haber buques de vigilancia.
Después de tanto insistir en todos los foros, en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, ésta era la primera costera donde hay buques de
vigilancia. La Unión Europea ha puesto en marcha --está ahí, en la costa
del North Horizont--; está también por parte del Gobierno español el
Chilreu, por la Xunta de Galicia; el Valdivia, por la Comunidad Autónoma
Vasca buscando fletamiento de embarcaciones para que lleven a cabo esa
vigilancia exhaustiva. Y, si al mismo tiempo, después los pescadores
españoles, de común acuerdo con su Gobierno, ponen como distintivo
cualificativo «Bonito del Norte», estaremos haciendo mucho por esta
especie tan noble llamada en el País Vasco hegalucea, tratando de mejorar
todo tipo de condiciones de cara al futuro.
Como ve, señor Presidente, la voz ha sido tomada, pero la alegría creo
que es compartida por todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
¿Puede considerarse aprobada por asentimiento con la modificación
incorporada por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por lo tanto,
la Presidencia declara aprobada la moción que ha sido objeto de defensa.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE
PRESENTE ANTE LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE ORDENACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO DENTRO DEL ACTUAL
PERIODO DE SESIONES, PROCEDIENDO, EN EL MISMO, A LA SUPRESION DE LA
FIGURA DE LOS GOBERNADORES CIVILES. (671/000029.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario
Mixto por la que se insta al Gobierno a que presente ante las Cortes
Generales un proyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la
Administración general del Estado.
La Senadora De Boneta va a efectuar la defensa de su moción. Tiene su
señoría la palabra por tiempo de cinco minutos.
La señora DE BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tras el debate y las intervenciones que se produjeron en el
último Pleno en relación a la interpelación presentada por esta Senadora
sobre la necesidad de la reordenación por ley de la Administración
general del Estado y en especial de la Administración periférica, se
plantearon una serie de argumentos que servirían para ser reproducidos
hoy y que considero, teniendo en cuenta que ya se expresaron en esta
misma Cámara hace pocos días, no merece la pena reiterar, sino
simplemente resumir para la defensa de la moción que hoy se presenta como
consecuencia de la mencionada interpelación.
Decía en la intervención que mantuve en este último Pleno al que he hecho
referencia, que la definitiva acomodación, dimensionamiento y
funcionalidad de la Administración general, y muy especialmente de la
periférica del Estado, es una asignatura pendiente del Gobierno, de un
Gobierno socialista que ha tenido casi 13 años para abordar este tema.
Pienso que el Gobierno sólo dispone, para aprobar este examen pendiente,
de la convocatoria de gracia, y que si el Gobierno no aprueba este
proyecto de ley de organización y funcionamiento o de reordenación --el
nombre es lo de menos-- de la Administración general del Estado en estos
pocos días que faltan para acabar el período de sesiones, en menos de
tres días, habrá suspendido definitivamente una asignatura clave en su
carrera. No parece que tengan ya muchas oportunidades para poder
rectificar y reordenar la Administración. El propio señor Ministro en su
intervención se hacía eco de la importancia, de la necesidad y de la
oportunidad de proceder a la mencionada readecuación de la Administración
general del Estado, y especialmente de la periférica, como consecuencia
de las competencias traspasadas en virtud de sus estatutos de autonomía a
las Comunidades Autónomas. El señor Ministro daba cifras de la reducción
del número de funcionarios en lo que va del año 1994 a 1995, que no vale
la pena reproducir, y a la vez daba amplias explicaciones e incluso la
seguridad de que el proyecto se presentaría antes de la finalización de
este período de sesiones.
Yo sigo manteniendo la esperanza de que así sea y en tal sentido pido a
la Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Socialista, que, en
coherencia con las manifestaciones del propio Ministro y de la necesidad
de la tramitación de esta ley, apruebe esta moción. Mantengo también la
esperanza de que el proyecto responda a lo que aquí manifestó el señor
Ministro, y en este sentido insisto en que en tal proyecto desaparezca la
referencia a la figura, como tal figura actual, de los gobernadores
civiles, quedando las funciones de la Administración del Estado en las
Comunidades Autónomas residenciadas en las delegaciones del Gobierno o en
algún funcionario del nivel que fuere --de funcionario de alto nivel,
decía el Ministro--, que se hiciera cargo de estas funciones.
La Constitución, en su artículo 154, crea la figura del Delegado del
Gobierno y olvida, desde mi punto de vista conscientemente, y no
menciona, por tanto, a los gobernadores civiles, ni siquiera en el
artículo 141, cuando considera como división territorial a la provincia,
y por eso insisto en el carácter aconstitucional de esta figura. Si sus
señorías consideran que el Estado de las Autonomías es algo más que una
figura retórica o formal deben tomar en consideración la necesidad de
readecuar la Administración periférica del Estado, teniendo en cuenta las
competencias de las Comunidades Autónomas. Esto quiere decir que carece
de sentido mantener una infraestructura administrativa obsoleta y cara.
Carece de sentido mantener una suerte de representación política del
Gobierno, que no del Estado, al margen y además de los delegados del
Gobierno, cuyo fortalecimiento de funciones, en palabras del señor
Ministro, tampoco debe convertirlos en una especie de virreyes, cuestión
que se presentía y que habría que deducir de sus palabras. En todo caso
no vamos a colocarnos la venda antes que la herida, y en este momento de
lo que tratamos y lo que pretendo conseguir con esta moción es constatar
esa presunta voluntad del Gobierno de reordenar la Administración sin
pérdida de tiempo, presentando el proyecto de ley de reordenación de la
Administración general del Estado suprimiendo la figura de reminiscencias
indeseadas, al menos en mi país, de los gobernadores civiles.
En tal sentido solicito de sus señorías la aprobación de la moción que
presento en los siguientes términos: «El Senado insta al Gobierno a que
materialice su compromiso de presentación a las Cortes Generales del
proyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la Administración
general del Estado dentro del plazo previsto --actual período de
sesiones-- procediendo en tal proyecto a la supresión de la figura de los
gobernadores civiles.»
Nada más.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Garrido Avila.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, reaparece de forma guadianesca un tema viejo, tema nuevo al
mismo tiempo en esta Cámara y en la Cámara Baja también, no tanto sobre
la reforma de la Administración General del Estado, en particular en lo
que se refiere a la mal llamada Administración Periférica, que a mí me
gusta llamar Administración General del Estado en las provincias, no
tanto en eso, sino en cuanto a un tema de, al parecer, particular
importancia para la buena gobernación del Estado, para la buena
articulación constitucional y, en particular, para el mejor desarrollo
del Título VIII, como debiera ser, al parecer, la simple, lisa y llana
desaparición de los gobiernos civiles.
Habría que empezar diciendo en sentido contrario lo que muchas veces los
viejos maestros del Periodismo decían: «ni los más viejos del lugar
recuerdan», y es que todos los días, o casi todos los días, no hay
período de sesiones en que reaparezca guadianescamente una actuación
parlamentaria para pretender, sobre todo, la desaparición de los
gobiernos civiles.
Hay que reconocer que la última generación de este tipo de intervenciones
parlamentarias une ya dos cosas: una Ley de reorganización de la
Administración del Estado, servicios centrales, servicios en las
Comunidades Autónomas y provincias y, al mismo tiempo, aprovechando que
el Pisuerga pasa por donde tenga que pasar, de camino que me quiten los
gobiernos civiles. Esta es la variable que, a tenor de las últimas
corrientes, se presenta hoy ante esta Cámara.
Creo que después de la interpelación y de la contestación que dio el
Ministro, queda suficientemente aclarado y explicado por parte del
Gobierno que los socialistas teníamos en nuestro último programa
electoral para todo el Estado en 1993 esa Ley de reordenación de nuevas
estructuras de la Administración general del Estado. El Ministro para las
Administraciones Públicas explicó detalladamente cuáles eran sus líneas
esenciales y su contenido fundamental en el Pleno anterior; creo que
queda claro cuál es la actitud del Gobierno con respecto a esa forma de
entender la nueva necesidad de la Administración general del Estado, pero
no creo que haga demérito el recordar algunas cosas.
Los socialistas decíamos, y el Ministro explicaba, en nuestro programa
electoral que había que hacer una nueva ley sobre organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado en la que se
establecieran estructuras administrativas más simples, flexibles y
adecuadas a sus fines, reorganizar territorialmente la Administración
general del Estado, tanto a nivel de servicios centrales como de
servicios no centrales y, sobre todo, garantizar la coordinación de la
Administración del Estado en todo el territorio español.
Creo que esa ley es necesaria, que requiere adaptar un sistema de
Administración, un modelo, unos mecanismos, unas estructuras de
Administración a los flujos de descenso en cuanto a cantidad de
competencias que se ejercitan en servicios centrales y en cuanto a
cantidad --sólo hablo de cantidad-- de servicios que administra el
servicio periférico para adaptar la nueva realidad nacida no sólo del
mandato constitucional y de la aprobación de los Estatutos de Autonomía,
sino los reales decretos de traspasos de funciones y servicios que han
hecho nacer una nueva forma de presencia de la Administración general del
Estado en sus distintos niveles y servicios.
El plazo, decía su señoría. Señoría, yo quisiera matizar que nos queda
mucho tiempo a los socialistas, nos quedan muchos períodos de sesiones en
esta legislatura, con independencia de un día más un día menos, para
presentar esa ley. No tengan algunos tanta prisa porque todavía quedan
períodos y períodos de sesiones en esta legislatura.
Termino y redondeo --el tiempo es cruel-- el tema de los gobiernos
civiles. El compromiso que en todos los debates parlamentarios ha ido
asumiendo el Gobierno, bien en interpelaciones, proposiciones no de ley o
bien en debates del estado de la Nación, asumidos por el Presidente del
Gobierno, sobre la presencia del Estado en las provincias suponía
reducir, simplificar, racionalizar esa presencia, nunca suponía suprimir,
sobre todo suprimir, esa figura que son los gobernadores civiles.
Si vamos al Derecho Comparado, a la presencia de Estados próximos al
nuestro fuera de lo que son los territorios centrales, los órganos
centrales, difícilmente encontraremos más variables de las que da el
Derecho Comparado, que se aproximan a la nuestra, quitando quizás los
Estados federales más puros --que no es el nuestro, que a mí me gusta
definirlo como un Estado de corte federal, que no federal-- y, por
próximo, el Estado de la República Federal Alemana. En Estados próximos
al nuestro, quizá no con un Título VIII como el nuestro, hay equivalentes
a prefectos regionales, a prefectos provinciales, a gobernadores
provinciales, a gobernadores regionales; es decir, lo que salvando las
diferencias constitucionales de cada Estado próximo al nuestro
equivaldría, en cualquiera de las formas, a una presencia de la
Administración general del Estado, del Gobierno del Estado, en nuestro
caso del Gobierno de España, en las provincias, no sólo con competencias
administrativas, sino sobre todo o también --como quieran-- con un
relieve político de esa persona encargada de gestionar el órgano
unipersonal que dirige servicios administrativos, pero con un relieve
político absolutamente necesario para poder cumplir su misión. Como se ha
encendido esa malévola luz contra el parlamentarismo que es el color rojo
--sólo malévolo en este caso-- termino, señoría, para dejar alguna cosa
que comentarle en el turno de portavoces.
Nuestro Grupo, por coherencia, por creer realmente que no atenta bajo
ningún concepto contra la Constitución, contra sus mandatos, contra lo
que es el modelo de Administración de servicios centrales y
Administración territorial contenidos en la Constitución, cree que es
necesario mantener, adaptando, flexibilizando, racionalizando, reduciendo
--no suprimiendo-- los gobiernos civiles. La ley vendrá. Nos quedan
períodos de sesiones para hacerlo; se debatirá, se discutirá, se
enriquecerá y, en definitiva, será la soberanía popular en cada uno de
nosotros depositada la que diga cómo se hará. Pero, señoría, créanme que
el Grupo Socialista y, al parecer, algún que otro Grupo también, como
veremos en el debate de hoy, intentará, y espero que se consiga, mantener
esa figura necesaria que son los gobernadores civiles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Los Grupos parlamentarios que no han participado en el debate tendrían
ahora ocasión de consumir el turno. (La señora Boneta Piedra pide la
palabra.) No, el Grupo Parlamentario Mixto ya ha consumido el turno, de
manera que ahora tendría ocasión de intervenir el Grupo de Coalición
Canaria. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista:
¡En el turno de portavoces!) No hay turno de portavoces para los Grupos
que hayan consumido turno en el primer debate.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera decir muy brevemente dos palabras, y quisiera que fuesen
escuchadas con mucho sosiego porque las intento decir sin acritud y con
rigor.
Desde que este Senador está en esta Cámara se han sucedido una serie de
iniciativas que enunciadas analíticamente solicitaban la supresión de la
figura de los gobernadores civiles. Yo creo --es una apreciación
personal-- que ese enunciado analítico no significa simplemente y de un
plumazo la desaparición de alguna competencia residual que le pudiera ir
quedando a la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas. Más
que nada esa expresión --y este Senador lo ha dicho también, y ha pedido
así la supresión de la figura de los gobernadores civiles-- era una
expresión política, es decir, una expresión de un tremendo significado
político. Si nosotros nos queremos dar --no sólo nos lo dimos por la
constitución, sino por el propio desarrollo de la misma-- un Estado
descentralizado, tremendamente descentralizado, que unos llaman un cuasi
federalismo funcional, otros un federalismo asimétrico, otros otras
cosas, parece razonable, parece que el sentido común obliga a que toda
una legislación que hemos repasado de forma exhaustiva, en la que se
apoya actualmente la figura del gobernador civil y del delegado del
Gobierno, tenga que desaparecer y ser otra cosa. Pero no sólo desaparecer
y ser otra cosa, que es lo que el Ministro Saavedra nos ha dicho que
intenta poner en ese proyecto de ley de la reconstrucción de la
Administración periférica del Estado, sino que es que la propia palabra
produce un cierto escalofrío o repudio a estas alturas del desarrollo de
este Estado. Una figura a la que le quedan unas competencias
tremendamente residuales --la seguridad, el comercio exterior, la
coordinación de los servicios periféricos del Estado-- que, lógicamente,
tiene que tener otra construcción, otra organización en cada una de las
Comunidades Autónomas. Me gustaría que cuando este Senador, en nombre de
su grupo, dijera que debe desaparecer la figura de los gobernadores
civiles, se entienda desde un profundo plano político y desde un profundo
plano del Estado que intentamos construir, y no desde otros supuestos
que, al parecer, producen ronchas en contrario, digámoslo así. En nuestra
opinión, no se sostiene hoy en día que todavía exista una figura que, al
menos en su denominación, es cuasi la figura de un virrey. Eso no se
sostiene en un Estado tremendamente descentralizado y cuyas Comunidades
tienen techos asimétricos, pero que, en algunas de ellas, son techos
competenciales verdaderamente grandes. Por lo tanto, no quiero que mis
palabras levanten suspicacias, y máxime quien tiene esa figura
tremendamente arraigada en su carne. (Risas.) No quiero que se levanten
ronchas, porque no, simplemente porque no, sino que se vea un clamor
autonómico, ni tan siquiera un clamor nacionalista, ni tan siquiera un
clamor de fuerzas políticas nacionalistas, sino el clamor de la razón, el
clamor del sentido común, el clamor de modificar esa cosa, pero de una
vez por todas, no un anuncio y otro anuncio, y que viene mañana y no
acaba de llegar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
El asunto que hoy trae a esta Cámara la Senadora De Boneta incide
directamente, desde nuestro punto de vista, en la configuración del
Estado que el propio bloque constitucional ha realizado.
Coincidimos plenamente con sus planteamientos y razones para apoyarlas,
señora Boneta, tenemos todas, pero podemos resumirlas en una sola. La
figura del gobernador civil responde, desde nuestro punto de vista, a una
concepción del Estado que no coincide con el actual diseño del mismo, por
mucho que las sucesivas lecturas que se realicen de este mismo bloque
constitucional intenten ahora justificar dicha figura. Y decimos ahora,
porque resulta obvio, al menos según nuestra opinión, que en el momento
de modificar aquella estructura preconstitucional del Estado, en la que
convivían tan sólo la Administración central y sus provincias, en cuyo
modelo sí tenía justificación el gobernador civil, el legislador
constituyente, consciente del nuevo orden territorial y, sobre todo, del
nuevo orden de reparto de poder político y, en definitiva, de la nueva
configuración del Estado, instituyó una nueva figura, la del delegado del
Gobierno, sin duda necesaria --como lo fue la anterior-- en el nuevo
diseño que se perfilaba y que no es otro que nuestro Estado autonómico.
Esta sigue siendo nuestra opinión, y aunque compartimos el criterio de
que el mantenimiento de la figura del gobernador civil supone una opción
organizativa de la propia Administración general del Estado, tal y como
nos dijo el señor Ministro en la sesión del pasado Pleno, también
compartimos la opinión de la Senadora Boneta de que es necesario que
desaparezca tal figura, precisamente, basándonos en los criterios que
también expuso el señor Ministro: la reordenación, simplificación y
aligeramiento de las estructuras periféricas procediendo a la
configuración de un nuevo esquema global de organización y funcionamiento
del conjunto de la Administración general del Estado; y ello, entre otros
objetivos, para adecuar sus estructuras y su actuación a la actual
realidad del Estado autonómico.
Y en este marco concentramos nuestra opinión de que la figura actual del
gobernador civil no tiene sentido ni desde un punto de vista técnico ni
organizativo ni, sobre todo, desde un punto de vista político.
Señorías, nuestra posición política es, por lo tanto, muy clara y acorde
con la mantenida en los innumerables debates celebrados en las Cortes
Generales y, singularmente, en el Congreso, a propuesta de los grupos
parlamentarios nacionalistas y del Grupo Vasco en especial, lo que nos
evita, en consecuencia, mayores comentarios.
En cuanto a la materialización del compromiso de presentar el proyecto de
ley a que hace referencia la moción, tuvimos oportunidad de ser
informados de los esquemas
generales de la futura norma de ordenación y funcionamiento de la
Administración general del Estado y estamos a la espera de que se cumpla
ese compromiso. Nos remitimos al momento de su concreción para nuestro
definitivo posicionamiento.
En consecuencia, señor Presidente, señorías, por todo cuanto antecede,
nuestro voto será afirmativo de cara a la estimación de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hace unos pocos días, cuando la Senadora Boneta presentaba una
interpelación al Ministro en relación con la moción que debatimos, yo le
agradecí al Ministro la claridad con que había expuesto su anteproyecto
de lo que tenía que ser la Lofage, la ley que todos esperamos y que él se
comprometió a llevar ante el Congreso de los Diputados primero, y después
ante el Senado, antes de finalizar el período de sesiones, concretamente,
el compromiso era para el 30 de junio. Por lo tanto, hoy todavía tenemos
la esperanza de que esto pueda ocurrir.
Senadora Boneta, si me tuviera que referir exclusivamente al texto de su
propuesta y no viera tras esta propuesta clara, concisa y concreta una
voluntad política con la que estamos al cien por cien del acuerdo, mi
posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, sería eventualmente otro. Hoy, oída su explicación y
por lo que sabemos y compartimos de sus inquietudes, votamos
afirmativamente.
Aprovecho este turno de portavoces para hacer una serie de aclaraciones
que, por respeto democrático, todos nos debemos. Decía el Senador Garrido
que a él no le gusta hablar de la Administración periférica, sino que le
gusta más hablar de la Administración del Estado en la provincias. El
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
respetuoso siempre con la Constitución, que no podemos olvidar que nació
del pacto, de la negociación y, por tanto, de la renuncia de muchas de
las posiciones de los grupos que en aquel momento estaban representados,
respeta que se hable de la Administración del Estado en las provincias,
pero no lo comparte. Insisto que por respeto democrático se debe
entender, y supongo que con ello no digo nada nuevo. En un Estado en el
que ha habido un consenso y una voluntad de pacto, en el Estado de las
autonomías, con una Constitución que habla del Estado de las
nacionalidades y de las regiones, hablar de las provincias simplemente no
nos gusta, aunque lo respetamos.
Decía la Senadora de Boneta que era aconstitucional la figura del
gobernador porque no aparece en ningún texto ni en ningún artículo de la
propia Constitución. Yo no me atrevo a decir que sea aconstitucional
porque el Estado puede organizarse de la forma que lo crea más
conveniente, lo que no está reñido en absoluto con que nuestro
posicionamiento político sea adverso a la figura del gobernador civil.
Ahora bien, hablar de la aconstitucionalidad de la figura del gobernador
civil no nos parce correcto, siempre desde el respeto --ésta es una
palabra que me gusta utilizar-- a su interpretación, aunque no sería éste
el caso de la nuestra.
Pero más allá de esto, lo que sí nos complació de la contestación del
Ministro a la interpelación fue lo que dijo cuando se refirió a lo que a
grandes rasgos debería ser la Lofage. Esa discusión la mantendremos
cuando llegue el momento --esperemos que sea pronto y dentro del tiempo a
que se comprometió--, pero mientras estamos a la espera de ese debate, de
esa discusión, intentaremos, desde nuestro posicionamiento, llegar lo más
lejos posible. Pero esta moción no pide sólo esto, sino que concreta una
vez más la desaparición de la figura del gobernador civil.
Por esa razón --espero que lo entiendan sus señorías--, nuestro
posicionamiento de hoy será el de votar favorablemente, precisamente por
este apartado de la moción, aunque esperamos --según palabras del propio
Ministro-- poder discutir, sobre la figura de gobernador, el nombre o la
condiciones que dibuje la propia ley, aunque ya digo que, por principio,
desde siempre hemos estado en contra de esta figura.
Por tanto, vuelvo a repetir que ésta es hoy la razón básica por la que
votamos favorablemente la moción de la Senadora De Boneta.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Turégano.
El señor TUREGANO MINGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta moción presentada por la Senadora De Boneta y Piedra
debemos distinguir dos partes bien diferenciadas, desde nuestro punto de
vista.
Por una parte, nos encontramos con la necesaria presentación del proyecto
de ley, la Lofage, Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, como así se ha titulado, que
constituye un compromiso del Gobierno adquirido en el último debate del
estado de la Nación celebrado en el Congreso de los Diputados en el mes
de febrero, compromiso también adquirido personalmente por el Ministro,
señor Saavedra, durante la celebración de la sesión Plenaria del Senado
correspondiente al día 13 de junio, y en la que, a la interpelación de la
Senadora De Boneta preguntando entre otras cosas si el Gobierno iba a
proceder a la supresión de la figura de los gobernadores civiles,
contestó el señor Ministro, según palabras textuales --si mal no
recuerdo--, que en quince días presentaría el proyecto de ley. Y también
compromiso adquirido ante la opinión pública en declaraciones realizadas
a los medios informativos, y en las que concretaba el señor Ministro que
aprobaría el proyecto de ley en el Consejo de Ministros del viernes día
30 de junio.
Debemos tener en cuenta, en lo que a este tema se refiere, que llueve
sobre mojado, ya que el Grupo Popular presentó una proposición de ley
titulada Del Gobierno y de la Administración del Estado, el día 27 de
junio de 1994 --es decir, que ayer se cumplió un año de esa
presentación--,
en respuesta a las necesidades que España tiene de aprobar una ley
reguladora de la actuación y organización del Gobierno y de la
Administración del Estado. Recordamos a esta Cámara que el Grupo
Socialista votó en contra de su toma en consideración en el mes de
noviembre del mismo año precisamente invocando que tenía ya preparado el
proyecto de ley de la Lofage al que se refiere el señor Ministro.
Nuestro Grupo espera que se cumpla este compromiso adquirido por el señor
Ministro --aunque un año después de la presentación de nuestra
proposición de ley--, y que se presente la tan traída y llevada Lofage y
no sea una de tantas promesas incumplidas por el Partido Socialista y a
las que tan acostumbrados nos tiene.
Por otra parte, en la moción presentada en nombre de Eusko-Alkartasuna
por la Senadora De Boneta y Piedra existe un mandato que implica la
supresión de los gobernadores civiles. Esta moción se corresponde con la
presentada el 3 de noviembre de 1994 en el Congreso de los Diputados por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que también pretendía lo mismo.
A la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mi
Grupo presentó una enmienda con la que pedíamos que la moción quedara
redactada de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que lleve a cabo un gran pacto nacional entre todas las
fuerzas políticas para definir la distribución de competencias entre
Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales teniendo en cuenta los
hechos diferenciales de los diversos territorios, con el objetivo de
racionalizar y simplificar la organización administrativa para una mayor
eficacia y un mejor servicio a los ciudadanos. Con esta enmienda
pretendíamos la adecuada racionalización, reducción y simplificación de
la Administración periférica, así como la adecuación de las competencias
de los delegados del Gobierno y, en su caso, gobernadores civiles, lo que
requiere necesariamente la previa definición de la distribución de
competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades
locales mediante el propuesto pacto nacional.
La posición del Grupo Popular, tanto en lo referente a la moción de la
fecha citada, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
como a ésta, presentada por la Senadora De Boneta, y en contraposición
con sus tesis, es que debe mantenerse la figura de los gobernadores
civiles. A nuestro entender, éstos deben ejercer en cada provincia las
funciones de delegados del Gobierno y sus actuaciones deben ir
encaminadas --como se dijo cuando se presentó la interpelación-- a la
coordinación en cada provincia de la Administración periférica del Estado
que quede después de la reordenación de competencias y personal.
Según nuestra propuesta de profesionalización de la Administración del
Estado, pensamos que los gobernadores civiles deberán ser nombrados entre
funcionarios de carrera de nivel superior y propuestos al Consejo de
Ministros a iniciativa de los delegados del Gobierno en la Comunidad
Autónoma correspondiente. Debemos evitar que la figura del gobernador
civil sea denostada y desprestigiada, y para ello pensamos que debe
realizar las labores de coordinación de la provincia con la
Administración periférica y que deje de ser la figura simbólica que
prácticamente sólo se ocupa de los temas de seguridad ciudadana. Pensamos
que esta figura, que ha sido el soporte de la Administración central del
Estado, debe salvaguardar la coherencia de la legislación estatal, ya que
nos encontramos en un momento clave de las transferencias a las
Comunidades Autónomas.
Para concluir, el voto de nuestro Grupo a la moción presentada por la
Senadora De Boneta y Piedra, en nombre de Eusko-Alkartasuna, será
negativo, ya que en ella se contempla un mandato que implica,
precisamente, la supresión de la figura de los gobernadores civiles, con
la que mi grupo está de acuerdo en su continuidad por las razones que he
expuesto en mi intervención. Sin embargo, instamos firmemente a que el
Ministro, señor Saavedra, cumpla con el compromiso adquirido con los
españoles en la sesión celebrada en este hemiciclo hace quince días, con
motivo de su comparecencia para contestar a la interpelación que ha dado
lugar a esta moción, y presente la ley de organización y funcionamiento
de la Administración general del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (La señora Boneta Piedra pide la
palabra,) Senadora De Boneta, ¿por qué solicita la palabra?
La señora BONETA PIEDRA: Por el artículo 87 del Reglamento, puesto que,
como su señoría nos ha indicado, no he podido intervenir por el Grupo
Mixto, y supongo que el representante del Grupo Socialista tampoco podrá
hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por esa razón.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, quiero dar respuesta a los grupos que han contradicho mis
argumentaciones y mostrar mi agradecimiento a los Grupos de Coalición
Canaria, de Senadores Nacionalistas Vascos y de Convergència i Unió, que
han anunciado el voto favorable a mi moción.
En este sentido, quiero decirle al representante del Grupo Parlamentario
Socialista que este tema, el de los gobernadores civiles, se trae con
reiteración a ambas Cámaras y así lo manifesté al presentar la
interpelación hace quince días. Pero tengo que añadir que él entenderá
por qué se trae con reiteración. Hay una serie de grupos que entendemos
que dentro de la organización actual del Estado sobra esa figura no sólo
por el adelgazamiento de sus funciones debido a las competencias
transferidas a las Comunidades Autónomas, sino por el carácter político
de los gobernadores civiles, que de alguna manera no creemos que es
acorde ni tiene nada que ver con el actual Estado de las Autonomías.
Además, si ellos mantienen, como el representante Popular manifestaba,
que debe subsistir esta figura con otras funciones, con aspectos de
coordinación y con otro carácter, no solamente creo que no debe
subsistir, sino que lo
primero que se debe hacer para evitar su rechazo es cambiarle de nombre a
la vez que se le cambia de funciones.
En todo caso, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo...
El señor PRESIDENTE: Senadora Boneta, le ruego que concluya porque excede
el tiempo previsto.
La señora BONETA PIEDRA: Voy terminando.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo manifestado por el representante
del Grupo Parlamentario Socialista y lo que aquí dijo el señor Ministro
en relación con las coordenadas generales en las que se va a mover la
ley, donde se trata de hacer unas estructuras más simples, flexibles,
adecuadas, de organización, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo,
luego veremos los matices, cuando venga el proyecto. Con lo que no estoy
de acuerdo es con que en este caso concreto les queden muchos períodos de
sesiones, toda vez que es compromiso de su Gobierno y del propio Ministro
presentar el proyecto en este período de sesiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora De Boneta.
Tiene la palabra el Senador Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Muchas gracias, señor Presidente.
No sabía si por alusiones o por el artículo 87. No obstante, nunca he
pretendido consumir los diez minutos que podía tener por la acumulación.
Voy a ser breve.
Señor Barbuzano, algunos tenemos muy claro lo que es la transitoriedad
del cargo público y a algunos nunca nos van a salir ronchas por algunas
cosas que se nos digan desde el libre ejercicio de la dialéctica
parlamentaria. No se trata de una defensa de algo que pudo ser en la vida
de uno, sino de una convicción que uno intenta siempre dar con
argumentos, nunca con las vísceras, sino con la cabeza.
Sobre el tema de la constitucionalidad o no, me remito a lo que ha
señalado el señor Codina, porque no se trata de eso, es decir, podríamos
declarar aconstitucionales tantas y tantas figuras no existentes en la
letra de la Constitución que haría interminable el número de figuras de
la Administración, incluso de la política, que no tendrían cabida en el
marco constitucional, por lo cual es obvio.
Sí difiero sobre lo que es provincia «versus», que no es versus para mí,
Comunidad. Es decir, la provincia está reflejada en la Constitución y la
forma de acción política y administrativa del Gobierno del Estado, del
Gobierno de España sobre la globalidad del territorio debe y tiene
derecho a la diversificación en la actuación en lo que es la Comunidad y
lo que es la provincia. La provincia sí figura en la Constitución y lo
mismo que todas y cada una de las Comunidades tienen la lógica autonomía,
constitucional y estatutaria, para regular sus instituciones de Gobierno,
el Gobierno, al menos en esta mayoría --y parece ser que de la posible
otra mayoría que se aproxima ahora a estos temas, que antes no, quizá
porque dicho en argot taurino ven próximo eso de tocar pelo-- entiende
que la provincia existe y como existe necesita acción del Gobierno para
la provincia, necesita acción administrativa en la provincia y necesita
dirección política en la provincia.
Crudamente, yo creo que el debate se queda resumido a una cosa que
alguien tendrá finalmente que explicar. Parece ser que el problema de la
figura de los gobiernos civiles, quizá no tanto de los gobiernos civiles
sino de los gobernadores civiles, es una especie de maldita satanización
que se ha producido sobre la figura. Créanme, señorías, ninguno de los
que conozco está en esa figura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Vamos a someter a votación la moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, defendida
por la Senadora De Boneta, por la que se insta al Gobierno a que presente
ante las Cortes Generales un proyecto de ley de ordenación y
funcionamiento de la Administración General del Estado. Se inicia la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 20; en contra, 188.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--HABILITACION DE LOS DIAS 3 Y 6 DE JULIO DE 1995 A FIN DE CELEBRAR LAS
COMPARECENCIAS DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES MINISTROS DE JUSTICIA E
INTERIOR, AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION Y OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE. (550/000035.)
El señor PRESIDENTE: Ruego unos minutos de atención. En la Junta de
Portavoces se estudió la propuesta de solicitud de habilitación para la
Comisión Mixta de la Droga, que no va a ser presentada puesto que la
Cámara Baja ha anunciado que tampoco autoriza esa habilitación para
trabajar en el mes de julio.
Sin embargo, hemos recibido un oficio de la Presidenta de la Comisión
Mixta para la Unión Europea en la que solicita que se habiliten los
próximos días 3 y 6 de julio para celebrar las comparecencias de los
excelentísimos señores Ministros de Justicia e Interior, de Agricultura,
Pesca y Alimentación y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
La Secretaria General Adjunta ha consultado a los señores portavoces, por
lo que solicito a la Cámara, para cumplir las formalidades, dos
asentimientos: uno, el de modificación del orden del día, que entiendo
concedido, y, dos, la habilitación. (Pausa.) Muy bien, muchas gracias,
hemos cumplido con el Reglamento.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO Y SE
RECOMIENDA A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMPETENTES QUE ADOPTEN LAS
MEDIDAS TENDENTES A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE Y
EL ADECUADO CONTROL DEL USO DE LOS SISTEMAS DE LECTURA OPTICA,
UTILIZACION DE REFERENCIAS O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO QUE PUDIERA
PERMITIR AL VENDEDOR, SIN CONOCIMIENTO DEL COMPRADOR, OCULTAR O MODIFICAR
EL PRECIO U OTROS DATOS DE LOS ARTICULOS DE CONSUMO. (662/000150.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que
se insta al Gobierno y se recomienda a las Administraciones Públicas
competentes que adopten las medidas tendentes a garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente y el adecuado control del uso de los
sistemas de lectura óptica, utilización de referencias o cualquier otro
procedimiento que pudiera permitir al vendedor, sin conocimiento del
comprador, ocultar o modificar el precio u otros datos de los artículos
de consumo.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, que se mantiene, y también una propuesta de modificación
suscrita por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Foz del Cacho.
El señor FOZ DEL CACHO: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio, el Senador Foz del Cacho
está en el uso de la palabra.
El señor FOZ DEL CACHO: Señor Presidente, señorías, el contenido de esta
moción recoge la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista sobre
los posibles usos no correctos de los sistemas llamados de lectura
óptica. Como conocen sus señorías, los sistemas de lectura óptica, que se
basan en la interpretación de los códigos de barras impresos en las
etiquetas o envolturas de los distintos productos puestos a la venta, son
un instrumento de gestión de los establecimientos mercantiles que sirve
para registrar en un ordenador central toda una serie de datos de los
productos puestos a la venta, y, entre ellos, el precio de dichos
productos. Así que, en principio, dicho sistema decodificador en nada
modifica a la normativa existente en materia de consumo y el cumplimiento
de estas normas por parte de las empresas suministradoras de bienes de
consumo, ya que, bien empleado, el sistema de lectura óptica no es más
que un método utilizado por los comerciantes para registrar en caja datos
y precios. Yo quisiera hacer mención en este momento de que todas las
Comunidades Autónomas, excepto Ceuta y Melilla, han asumido las
competencias relativas al desarrollo legislativo en materia de protección
de los consumidores, así que todo lo que diga en esta intervención tiene
como base principal un gran respeto sobre las competencias de las
Comunidades Autónomas. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, las innovaciones tecnológicas introducidas en la gestión de los
establecimientos comerciales y, singularmente, la tendencia a la
universalización de los procedimientos de lectura óptica como medio
ordinario de interpretación de las referencias de los artículos de
consumo, independientemente de la rapidez y comodidad de los cobros y de
la mejora en la gestión y control de ventas, ha supuesto una situación
que al Grupo Parlamentario Socialista nos parece de indefensión para el
consumidor.
El derecho de los consumidores a la información, ampliamente previsto en
las leyes de las distintas Administraciones, se ve amenazado por un
sistema que, a todas luces, resulta opaco. Por ejemplo, mediante la
lectura óptica, insisto, se utilizan unas referencias que permiten
almacenar y tener a disposición del vendedor todo tipo de datos sobre el
producto, incluidos los que, de acuerdo con la normativa vigente, deben
ser de conocimiento del consumidor, sin que el comprador pueda tener
acceso a los mismos.
Es con respecto a los precios de los bienes y productos donde es más
urgente la corrección de los abusos que se podrían derivar de la señalada
oscuridad del sistema. El vendedor puede modificar a discreción los
precios de los artículos y trasladar esas modificaciones de forma
instantánea a la caja donde se efectúa el cobro, sin que el comprador
pueda percibirse de ello. Estos abusos que, evidentemente, habrían de
incluirse dentro de la utilización fraudulenta del sistema, son
detectados con especial frecuencia en los artículos llamados de oferta,
produciéndose una disociación entre los precios registrados en los
carteles anunciadores u otros medios publicitarios y los que realmente
son aplicados al producto cuando se procede a su cobro a través de los
lectores ópticos.
Resulta comprensible que la compra masiva de productos, por ejemplo los
alimenticios, realizada en grandes superficies comerciales no es
fácilmente compatible con el legítimo derecho del consumidor a controlar
de forma eficaz la identidad entre el precio ofertado --por ejemplo, en
las estanterías donde se ubica el artículo-- y el precio pagado a través
del procedimiento de cobro por lectores ópticos, porque al haberse
abandonado la práctica de marcar con su precio unitario gran cantidad de
artículos de consumo, el vendedor obtiene una mayor rentabilidad para su
comercio al abaratar los costes, cosa legítima, pero el consumidor se ha
visto privado de uno de los mecanismos que con más fidelidad garantizaba
su control sobre el precio del artículo.
Por otra parte, es preciso hacer constar que las modificaciones en el
precio practicadas por el vendedor durante el horario comercial en el que
se produce la venta al público no pueden considerarse acordes al derecho
protegido y, por lo tanto, no procede que se realicen durante el mismo,
sino después de cada cierre o antes de cada apertura, ya que no cabe otro
medio de control de la adecuación del precio ofertado con el precio
registrado en caja. El giro que se está imprimiendo al comercial actual,
el proceso de informatización, ha puesto en marcha una revolución en los
métodos utilizados actualmente, y aún más en los que previsiblemente
habrán de ser utilizados en un futuro próximo. Es por ello por lo que las
administraciones, con sus
normas que garantizan los derechos de los consumidores, han de estar
atentas, vigilantes y no permitir que el ciudadano quede indefenso ante
una tecnología impuesta por y para el vendedor. Conocemos incluso que
algunos comerciantes, preocupados por estos asuntos, incentivan el
control de su precio colocando sistemas de lectura óptica o por otros
medios. Si se detecta que el precio es menor al anunciado, se respeta y,
si es mayor, se bonifica el precio final del producto, pero todo ello
creo que debería suponer la automática corrección de los datos de los
precios del ordenador central. Porque, ¿qué hacemos con todos aquellos
consumidores que no se dan cuenta de su error? Por esto es por lo que el
Grupo Socialista presenta la moción que conocen sus señorías, en la que
pedimos al Gobierno y a las administraciones competentes que adopten las
medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y
el adecuado control del uso de los sistemas de lectura óptica,
utilización de referencias o cualquier otro procedimiento que pudiera
permitir al vendedor, sin conocimiento del comprador, ocultar o modificar
el precio u otros datos.
Para ello, según la opinión del Grupo Socialista, se debería tener en
cuenta una serie de medidas para evitar los efectos indeseados que yo he
señalado. Estas medidas, resumidas, serían que cualquier precio que sea
distinto del informado al consumidor y que se pretenda aplicar mediante
procedimientos ininteligibles para éste carezca de valor. Otra sería que
las funciones de inspección y de sanción se dirijan a controlar la
coincidencia entre el precio ofertado y el precio que figura en los
dispositivos de lectura óptica, así como que cuando se modifique un
precio en el curso de las horas de apertura al público se aplicará el más
bajo, salvo que en el precio indicado se advierta su vigencia horaria.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a esta
moción, y el Grupo Parlamentario Socialista a su vez ha enmendado dicha
enmienda. Yo quiero reconocer en este acto que con eso se enriquece esta
moción que presentamos al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Foz del
Cacho.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que entendemos que al firmar otra enmienda con los demás grupos,
queda subsumida en ella.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Sala i Canadell.
El señor SALA I CANADELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió es consciente de la oportunidad de la presentación de
esta moción debido a que es una auténtica necesidad que el consumidor, el
comprador, esté siempre consciente de que está comprando a los precios y
oferta que están en los grandes establecimientos o en las grandes áreas o
en los grandes supermercados, y que es razonable que se busque la forma
de garantizar que la oferta del establecimiento se corresponde con el
precio que se va a pagar. Además de la oportunidad de esta moción, la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular enriquece esta
posibilidad de garantías al pedir que haya una lectura óptica dentro del
establecimiento que el comprador pueda comprobar si realmente se
corresponde. Esta enmienda ha sido asumida por todos los Grupos, y a
través de ella enriquecemos el texto de una manera concluyente.
Creo que no me tengo por qué extender más. Estamos de acuerdo con la
moción y con la enmienda y, por tanto, vamos a votar favorablemente la
misma.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Celinda
Sánchez.
La señora SANCHEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la utilización cada vez mayor de nuevas tecnologías en la
distribución comercial ha agilizado la gestión y abaratado los costos de
empresa con los siguientes objetivos: conseguir un mayor control interno,
obtener mayores rentas, mejorar la coordinación con proveedores y, al
mismo tiempo, hacer posible un mayor nivel de satisfacción entre los
consumidores.
Existen tres tecnologías básicas e importantes para el comercio mayorista
y minorista: la transmisión electrónica de datos por medio de protocolos
normalizados, el proceso de datos con microprocesadores y, por último, la
identificación de artículos con código de barras por métodos
ortoelectrónicos, conocidos como escáner o lectura óptica.
Hay una cadena española de alimentación que en el año 1987 introdujo un
sistema de lectura por láser que permitía controlar el etiquetado de
precios en toda la gama de productos y que ha sido puesta de ejemplo en
el estudio de nuevas técnicas de la distribución comercial dentro de la
Comunidad Europea por la Dirección General 23, que, como ustedes saben,
es el órgano máximo en el tema del comercio. Pues bien, señorías, esta
empresa, pionera ayer, hoy es una más de esas miles de empresas españolas
con procedimiento de lectura óptica como medio ordinario de venta, ya que
la entrada en vigor del Mercado Unico exige una gestión comercial puesta
al día y no discute absolutamente nadie que la codificación es y será una
herramienta válida e imprescindible.
Por tanto, los poderes públicos no podrán nunca encorsetar la gestión de
los profesionales basándose en la desconfianza de la utilización de
dichos medios tecnológicos, sino que deberá propiciar y hacer cumplir las
leyes y normativas vigentes con los medios disponibles en los
establecimientos
en los que pueda incurrir este tipo de prácticas, porque el problema no
está residiendo en estos momentos en los escáner ni en las lecturas
ópticas, sino en la falta, a nuestro juicio, de una legislación sobre el
etiquetado de los precios unitarios que redundaría en beneficio del
consumidor y del profesional del punto de venta. Ahora bien, tengo que
confesar a sus señorías que cuando me he detenido en la legislación
vigente sobre materia de marcado de precios y productos destinados al
consumidor me he quedado bastante perpleja, y permitan sus señorías que
les diga por qué.
Existe o existía el Decreto de publicidad y marcado de venta al público
de artículos al pormenor con fecha 15 de septiembre de 1972, donde
textualmente recogía que los precios de venta al público deberían ser
exhibidos mediante etiqueta fijada sobre cada artículo.
El artículo 4 de ese mismo Decreto recogía que, en los supuestos en que
no fuera posible la fijación de la etiqueta, el precio debería exhibirse
de tal modo que su conocimiento fuera fácil para el comprador sin tener
que hacer ningún esfuerzo para su comprobación.
Más tarde la Ley de Defensa de los Consumidores dijo, concretamente en su
capítulo 3, artículo 8.3, que la oferta, promoción y publicidad falsa o
engañosa de productos o servicios sería sancionada y perseguida como
fraude.
Esta misma Ley en el artículo 4 recoge que los bienes, productos o
servicios deben permitir una información veraz y precisa, completa, sobre
todo con su precio, indicando de manera diferenciada el precio del
producto o servicio y el importe del incremento en los descuentos. Dicho
de otra forma, deben tener el precio original unitario para saber cuál es
la oferta o descuento en que se promociona o con el que se promociona
dicho artículo.
Más reciente, el Real Decreto 10 de diciembre de 1993, sobre precios de
los productos ofrecidos a consumidores y usuarios (que, como bien sabe su
señoría, es un Decreto consecuencia de la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional de dos directivas comunitarias del año 1988, que son
relativas a la protección de los consumidores en cuanto a precios de
productos alimenticios y no alimenticios), vuelve a recoger en el
artículo 2.1 la obligatoriedad de la indicación del precio unitario en
todos los productos que se ofrecen a los consumidores y que son objeto de
publicidad, con independencia de si se venden a granel o envasados
previamente en cantidades preestablecidas o variables, debiendo indicar
su precio de venta y el precio por unidad de medida.
Este Decreto venía a derogar cuantas disposiciones de igual rango hubiera
hasta esa fecha.
Tenía una disposición transitoria única donde la obligatoriedad de lo que
anteriormente he leído, que se refiere al marcaje de precios, entraría en
vigor el 7 de junio de 1995, o sea este mismo mes. Pues bien, el 2 de
junio de 1995, hace tan sólo 26 días, a través de otro Real Decreto queda
aplazado hasta el 7 de junio de 1997 la entrada en vigor del anterior
Decreto consecuencia de esas directivas comunitarias. Imagino que después
de dicho esto sus señorías comprenderán la perplejidad a la que hacía
alusión anteriormente, porque en estos momentos no sabemos si vuelve a
tener vigencia el Decreto de 1972 o no tenemos ley al respecto en el tema
del etiquetado de precios por unidad, quedando bastante confuso y
provocando las irregularidades que en algún momento pueden producirse y
que son motivo de esta moción, al tener que hacer el consumidor el pago
en caja de los productos.
Opinamos que el precio unitario es lo único que puede clarificar la
opacidad a la que hace referencia esta moción. Por tanto, habrá que
pensar seriamente en actualizar o proponer legislación que además
contemple las circunstancias y problemas de las actuales y sofisticadas
técnicas de venta que conlleva, evitando con ello que los precios no
puedan ser variados, como se ha puesto aquí antes de manifiesto, sin que
el consumidor sea consciente.
Hay estudios que se han realizado en el Reino Unido, hay estudios que se
han realizado en nuestro país que tienen mucho que ver con los problemas
en cuanto a las notificaciones de códigos. En muchas ocasiones la gestión
de los números de los artículos está a cargo de empresas de distribución
que disponen de medios relativamente rudimentarios, que aparecen con
frecuencia números nuevos o modificados que dificultan la actualización
de los registros, que los números modificados y los añadidos no suelen
enviarse a las pequeñas tiendas, a menos que cuenten con el respaldo de
un mayorista.
Los cambios de número, por ejemplo, en los paquetes de promoción pueden
ser difíciles de descubrir y puede resultar necesario, casi siempre es la
tónica habitual, abrir el envoltorio para comprobar los artículos. ¿Saben
ustedes por qué? Porque a veces el etiquetado en un precio de promoción,
si no se ha modificado el número, viene a constituir el mayor de los
problemas de lo que hoy estamos discutiendo aquí. Por ponerles un
ejemplo, puede haber una referencia, concretamente en el código de
barras, para varios productos, puede ser la referencia de una latilla de
conservas que tiene que ver muy poco con el precio de una lata de bonito,
con una de anchoas u otra de pimientos. Es a lo que se refiere y por lo
que se ha hecho el estudio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular ha presentado una
enmienda de adición a esta moción sugiriendo la posibilidad de poner a
disposición del consumidor una serie de lectores ópticos situados en
lugares fácilmente identificables en los puntos de venta, de modo que
puedan contrastar y verificar los precios del artículo antes de pasar por
caja, con el fin de garantizar sus derechos. Esta enmienda, a su vez se
ha convertido en una transaccional, que me imagino habrá sido con el
apoyo de todos los grupos. Agradezco muchísimo las palabras de
agradecimiento hacia esta moción, expresadas en las anteriores
intervenciones de los representantes del Partido Socialista y de
Convergència i Unió.
Por tanto, señorías, el Grupo Popular apoya la moción presentada por el
Grupo Socialista, dada la laguna legislativa que en esta materia tenemos.
Es el deseo que consumidores y profesionales sean conscientes que el
legislador está protegiendo los derechos de ambos en beneficio de todos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces el Senador Foz del Cacho tiene la palabra.
El señor FOZ DEL CACHO: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que lo que estamos haciendo en estos momentos los Senadores de los
distintos grupos interviniendo en esta moción es algo interesante para
los ciudadanos. De alguna forma se recoge algo que en la calle está
latente. Es un problema que existe, es un problema que en estos últimos
años va apareciendo. Es una nueva tecnología que está indicando unas
nuevas formas de ventas, unas nuevas formas de atender a los
consumidores. A su vez esto que nos parece bueno y útil, porque abarata
los costos, es preocupante, a pesar de tener normativa suficiente para
atender y para apoyar estos temas, pues está causando perjuicios a las
personas, a los compradores, a los ciudadanos. Por eso, yo creo que es
oportuna ya, por eso, cuando he conocido la moción del Grupo Popular, con
la modificación que se ha planteado y que ellos han tenido la gentileza
de aceptar, me parece que aún concretaba más esa petición que debemos
hacer a la Administración del Estado y a las distintas administraciones
para que tengan en cuenta estas cuestiones, porque incluso el asumir
legislación de la Unión Europea en este caso es difícil porque existe muy
poca sobre estos asuntos. Creo que hoy damos un importante paso a la hora
de atender las reclamaciones de nuestros ciudadanos.
Me siento satisfecho de que esta moción salga adelante y que además
suponga el inicio de un camino para preparar la defensa de los
consumidores de una mejor manera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el texto de la moción añadiéndole la propuesta
de modificación de la propia moción, presentada por todos los Grupos.
Propongo que sea aceptada por asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR
INTEGRACION POSIBLE DE LOS SORDOS EN LA SOCIEDAD. (662/000152.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por consiguiente, pasamos a la
moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la
que se insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para
lograr la mayor integración posible de los sordos en la sociedad.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Fernández Pelegrina.
El señor FERNANDEZ PELEGRINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ... (Pausa.) Han pasado escasamente 30 segundos y a todos se
nos ha hecho interminable; esto es lo que siente un sordo durante toda su
vida. El problema añadido que tienen los sordos, además de su
discapacidad, es que es una minusvalía que no se ve. No le ocurre lo
mismo que a un señor que tiene una minusvalía física, que va en una silla
de ruedas, y todo el mundo sabe que la tiene, o como un ciego; el sordo a
su minusvalía añade el que nadie la toma en cuenta porque no se nota y es
una discapacidad grave también.
Según los datos de la encuesta sobre discapacidades, deficientes y
minusvalías realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el año
1986, ya han pasado prácticamente 10 años, en cifras redondas podemos
decir que en España hay 120.000 personas con sordera profunda y alrededor
de un millón con algún tipo de deficiencia para oír. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística respecto a la población general, el
total de personas afectadas por esta limitación supone un porcentaje de
23,8 personas por cada mil. Por otra parte, como información añadida
podemos decir que el uno por mil de la población general adquirirá una
hipoacusia o una sordera a lo largo de su vida. Y no digamos la juventud
de hoy con esas discotecas, esos altavoces y esas radios de los coches a
tanto volumen que va a traducirse, desgraciadamente, en problemas de
sordera con bastante frecuencia.
Según los datos de un estudio del Instituto Multicéntrico sobre detección
precoz de la sordera infantil, en recién nacidos de alto riesgo de la
Federación Ibérica de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos,
Fiapas, efectuado sobre una muestra de recién nacidos del año 1991 y
publicado recientemente, sobre la incidencia de la hipoacusia en recién
nacidos de nuestro país es posible concluir que el 7,69 por ciento de la
población de riesgo padece hipoacusia, siendo el 2,13 por ciento de estos
casos severa o profunda bilateral. La extrapolación de estos datos a la
población general pone de relieve que el 2,8 por mil de recién nacidos de
la población general puede padecer una hipoacusia de cualquier tipo y el
0,77 por mil tienen o van a padecer una hipoacusia bilateral severa y
profunda. Pero, en fin, éstos son datos un poco áridos con los que yo no
quisiera sobrecargar o cansar a sus señorías a estas alturas de la tarde.
Lo que sí quiero es hacer una llamada de atención sobre sus necesidades
para que nosotros, como Senado, consigamos ponerlo en marcha. El
principal problema con que se encuentra un sordo es el de las prótesis
auditivas. Por tanto, solicitamos el reconocimiento de la prótesis
auditiva como prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud con el
reconocimiento expreso de que la ayuda económica destinada a esta
prestación no esté limitada a una edad concreta del beneficiario y que
así se recoja en el catálogo general de material ortoprotésico, ya que
actualmente el Insalud al actualizar el catálogo general establece una
ayuda económica de 80.000 pesetas por audífono para niños de 0 a 4 años
de edad; el resto de la población deficiente auditiva queda sujeta a una
ayuda económica de 10.000 pesetas por audífono. Por lo tanto, me parece
una discriminación por razón de edad que no debe existir en nuestro país.
En cuanto a la escolarización, sería importante la formación y reciclaje
del profesorado, la enseñanza individualizada, la formación y
participación de los padres.
Con respecto al mundo laboral, formación profesional acorde con la
realidad laboral y con los apoyos didácticos y accesos necesarios;
igualdad de oportunidades, adaptaciones en pruebas selectivas;
cumplimiento de la reserva para minusválidos, pues, desgraciadamente, no
se cumple lo que nos dice la Lismi; elaboración de barreras de
comunicación, o sea, integración; disposición de recursos técnicos y
humanos en espacios públicos, y desarrollo de la legislación que ampare y
controle tal disposición. Por lo tanto, en este capítulo, tenemos que
contar con ayudas técnicas, como son los amplificadores de teléfonos que,
por fortuna, ya existen en algunas provincias --hace muy poco, en Granada
concretamente, se han puesto en marcha algunos teléfonos, con el
beneplácito de la población sorda--; adaptación de áreas públicas, puntos
de información, taquillas, auditorios mediante sistemas de amplificación
magnética para usuarios de prótesis auditivas; ayudas visuales; sistemas
de emergencia luminosos; sistemas de avisos e informaciones visuales
mediante rótulos, paneles, monitores e instalación de teléfonos de textos
para sordos.
Por supuesto, también son muy importantes en este capítulo los medios
humanos: los intérpretes del lenguaje de signos. Yo creo que son
imprescindibles en cualquier centro hospitalario y a cualquier hora del
día. Hoy, en algunos centros, existen los intérpretes del lenguaje de
signos, pero no están la jornada completa. Hay pocos, y puede darse el
caso de que llegue un sordomudo que no pueda explicar lo que le pasa a no
ser con la ayuda de un intérprete. Es una cuestión de voluntad política
que yo creo que es muy fácil de solucionar.
Accesos a los medios de comunicación como, por ejemplo, televisión. Esta
debe prestar una mayor ayuda, porque si comparamos las horas que dedican
a los sordos otras televisiones de nuestro entorno en países similares a
los nuestros, vemos que estamos muy a la cola. En mi Comunidad
concretamente, Canal Sur ha puesto en marcha un programa de sordos que
está teniendo muy buena acogida y, a pesar de los rumores que dicen que
se va a suprimir, me imagino que será todo lo contrario, que habrá que
potenciarlo y aumentarlo.
Y hay algo que siempre he pedido en todas las mociones desde que
intervengo en estas cuestiones y que es muy importante: la coordinación
interministerial. Creo que es fundamental que se atienda a las personas
desde una coordinación de todos los ministerios y estamentos que se vean
implicados en este problema.
Debe apoyarse el movimiento asociativo y fomento de su participación que,
en este campo de los sordos, hacen una labor magnífica, con
publicaciones, vídeos, cursillos para los padres y cursos de formación
para los afectados. Habría que felicitar en gran manera tanto a la Fiapas
como a la Asociación Nacional de Sordos como a algunas otras que están
federadas en ella. En mi ciudad existe una que se llama Aspamsor que
realiza una magnífica labor en este campo.
La justificación de la necesidad de las prótesis no es un mero capricho.
Para las familias que tienen en su seno un deficiente auditivo, sacar
adelante a este niño sordo o reintegrar en su vida anterior a quien
adquirió la sordera a otras edades, se convierte en una auténtica carrera
de obstáculos, entre otras, la de tipo económico, ocupando precisamente
la prótesis auditiva uno de los capítulos más gravosos. Sin embargo, y
como veremos más adelante, la prótesis auditiva no es un mero accesorio
para quien padece una pérdida de audición. En ningún caso se trata de un
elemento de lujo que simplemente mejora la situación de la persona sorda.
Se trata de una necesidad primaria para el desarrollo y educación del
niño con sordera, para su formación personal, cultural y profesional y,
en todo caso, trátense de niños o de adultos, es imprescindible para el
establecimiento de relaciones comunicativas con su entorno.
Las consecuencias de una deficiencia auditiva, que no recibe el
tratamiento específico que el propio déficit requiere, no por
desconocidas son menos graves. La sordera es la minusvalía que no se ve
y, sin embargo, su presencia compromete el desarrollo personal,
intelectual, afectivo y social de quien la padece. De ahí que en los
casos en los que no se puede impedir esta pérdida sensorial sea lo más
lícito tratar de minimizar sus consecuencias para que la persona sorda
pueda llevar una vida normalizada y autónoma integrándose en todos los
niveles.
El primer instrumento que va a propiciar el logro de estos objetivos es
la prótesis auditiva. Cuando se trate de niños, la prótesis auditiva será
el elemento fundamental de su rehabilitación, dirigida ésta al estímulo y
desarrollo de pautas comunicativas y del lenguaje, así como a potenciar
su desarrollo cognoscitivo. En el caso de jóvenes y adultos con sordera,
la prótesis juega un papel fundamental para estimular y mantener su
capacidad comunicativa y lingüística. La prótesis auditiva hace funcionar
la capacidad de oír, que sin ella no existiría para la persona sorda. La
prótesis auditiva es el medio que pone a la persona sorda, niño o adulto,
en contacto con su entorno, familia, escuela, cultura, trabajo, etcétera,
y le facilita su interacción en él.
Además del valor que tiene en sí misma como herramienta de percepción del
entorno, la función auditiva cumple otra finalidad de vital importancia,
es la llave de acceso al lenguaje. Y baste considerar el papel que el
lenguaje desempeña en nuestro desarrollo personal y en nuestra vida para
evaluar lo que supone estar privado de él.
Respecto de los medios de comunicación, además del derecho constitucional
que asiste a todo ciudadano de comunicar o recibir libremente información
por cualquier medio de difusión, el propio Estatuto de Radiotelevisión
Española dice textualmente en su preámbulo que la radiodifusión y la
televisión configuradas para servicio público, cuya titularidad
corresponde al Estado, se conciben como vehículo esencial de información,
de cooperación con el sistema educativo y de difusión de la cultura, con
especial atención a la protección de los marginados y a la no
discriminación de la mujer. Por lo tanto, Televisión debe hacer un
esfuerzo para ponerse al día en estos temas.
Voy a saltarme algunas cosas, porque son muchos los papeles que tengo por
aquí, para ir un poco más rápido en
el debate de esta moción. Pasaré, por tanto, a hablar de la
subtitulación. Aquí las posibilidades son mayores, sobre todo, si a la
hora de subtitular se hace en un lenguaje que no por ser asequible ha de
perder parte de su contenido informativo y si a la hora de seleccionar
los programas que se van a subtitular se tiene en cuenta como criterio de
selección lo que los propios sordos y los padres de los sordos
manifiestan al respecto.
La subtitulación puede efectuarse a través del teletexto o del
teleprinter. El subtitulado mediante una página del teletexto ofrece una
ventaja adicional: la opcionalidad de esos subtítulos, sólo visibles para
quien voluntariamente pulsa en el mando la tecla del teletexto.
Lamentablemente, en nuestro país la subtitulación no pasa de ser un
fenómeno casi experimental, a pesar de que hay alrededor de 120.000
sordos profundos y casi un millón de personas con algún tipo de
deficiencia. Podría hacerles a ustedes un resumen de las horas que
dedican países como Australia e Italia, que son los que están a la
cabeza, o Austria, etcétera, pero no quiero cansarles. Les diré
simplemente que en estos países hay un horario específico para personas
con algún tipo de discapacidad auditiva.
Otro tema importante para los sordos --y con él voy prácticamente a
terminar-- es el del mundo laboral, el del trabajo. Debemos, entre otras
cosas, exigir el cumplimiento del cupo de reserva para minusválidos en la
contratación laboral y que éste se amplíe al 3 por ciento y si es posible
al 5 por ciento. Nos conformamos con que se cumpla el cupo del 3 por
ciento que, desgraciadamente, no se está cumpliendo. Asimismo, pedimos el
aumento de incentivos para las empresas que contraten minusválidos, la
promoción de empleo mediante la Formación Profesional adaptada y
cualificada para deficientes auditivos, la reserva y la oferta de puestos
de trabajo para personas sordas en aquellas actividades ruidosas que
pueden ocasionar sorderas profesionales en personas oyentes. Es decir,
que hay algunos trabajos ruidosos que pueden acarrear sorderas, con lo
cual estas personas tendrían la ventaja de no tener ese problema. Pedimos
igualmente la adaptación de forma en las pruebas de acceso a estudios
(oposiciones) y presencia de intérpretes de lengua de signos en las
mismas. Un problema grande que también tienen los sordos son los
exámenes. Yo he tenido varias reuniones con ellos, y algunos me
comentaban que ellos tienen una mayor dificultad a la hora de
concentrarse para empezar el examen. Por otra parte, casi todos preferían
que los exámenes fueran tipo test.
Por tanto, desde esta tribuna me gustaría agradecer a todas las
asociaciones que colaboren de forma magnífica en la normalización de la
vida del sordo sus publicaciones que, como éstas, han llegado a mis
manos. Una de ellas se llama «Escúchame» y otra se titula «Cómo
relacionarse con un sordo». También agradezco esos vídeos que ha
elaborado la Fundación ONCE, que a su vez está haciendo una campaña muy
bonita a través de una videoteca donde tienen subtituladas las últimas
películas que pueden verse en las salas comerciales normales y que se
están enviando a todas estas asociaciones.
Para terminar, me gustaría leerles una carta muy cortita --no se
asusten-- que he recibido de la Federación de Sordos. Dice así: Señor don
José Miguel Fernández Pelegrina. Excelentísimo señor: Hace exactamente un
año pusimos de manifiesto nuestra preocupación y nuestro desacuerdo sobre
el entonces proyecto de Real Decreto de ordenación de la Educación de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Hoy tenemos que lamentar y
protestar enérgicamente por lo que ya es un hecho, la publicación oficial
de este Real Decreto, que si en su borrador se redactó sin contar con la
participación de los padres, en su texto definitivo no ha tenido en
cuenta ni una sola de nuestras demandas, señaladas reiteradamente durante
este largo año y que hoy también debemos mantener en todos sus términos.
Esta no puede ser la legislación del siglo XXI, regresiva e inconcreta,
que determine el futuro educativo de nuestros hijos, ni tampoco debiera
ser objeto de un Real Decreto, sino del debate más amplio y profundo que
la educación se merece y en el que debieran participar todos los grupos
parlamentarios.
Por esta razón solicitamos su apoyo para defender nuestros derechos y dar
a conocer nuestro desacuerdo ante la promulgación de este incompleto Real
Decreto, exigiendo asimismo las medidas legales que garanticen para
nuestros hijos una auténtica integración, primero educativa y,
finalmente, social.
Atentamente, Presidenta de Fiapas, María Angeles Figueredo.
Yo creo que en esta Cámara este problema no existe puesto que todos los
grupos nos hemos puesto de acuerdo al ver la importancia del tema y hemos
redactado una moción conjunta, por la que quiero felicitar a los
portavoces de todos los grupos y animarles a que sigamos en esa tarea tan
importante de integrar en la sociedad normal --diremos normal entre
comillas-- a todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que
necesitan de la ayuda de la sociedad en general, y mucho más aún de la
nuestra puesto que somos los que, en algún aspecto, tenemos en nuestras
manos los resortes de legislar para ellos y conseguir una sociedad en la
que todos los ciudadanos se sientan felices. Y es que, como dicen ellos,
les gusta ser iguales en la diferencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Pelegrina.
A esta moción se presentó una primera enmienda del Grupo Socialista que
luego fue convertida en otra propuesta de modificación por todos los
grupos.
Para la defensa de esta enmienda tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para defender la enmienda que el Grupo Socialista ha
presentado a la moción del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a
que se adopten las medidas necesarias para lograr una mayor integración
de los sordos en la sociedad, así como para defender la propuesta de
modificación que sobre la base de esta enmienda
ha sido firmada y consensuada por todos los grupos de la Cámara.
Señorías, lo primero que le llamó la atención a mi Grupo, y a mí misma,
ante la iniciativa del Grupo Popular, fue que, tras proclamar en la
exposición de motivos --y también hoy en la intervención del Senador
Fernández Pelegrina-- una serie de iniciativas y propuestas --y leo
textualmente lo que se decía: Son numerosas las iniciativas que podrían
llevarse a cabo para mejorar sus condiciones de integración social-- (se
refiere a los sordos), en el texto concreto de la moción no se exponía
ninguna de ellas sino que, por el contrario, se pedía que se adoptasen
las medidas necesarias.
Desde hace años, el Gobierno socialista viene realizando una serie de
actuaciones para lograr la integración social y laboral de las personas
sordas, así como de otros discapacitados. Y lo hace, obviamente,
empleando las medidas que considera necesarias y adecuadas para la
consecución de este fin. Por tanto, la aprobación del texto de la moción
del Grupo Popular no hubiera modificado en absoluto la actual política
del Gobierno socialista en materia de integración social de las personas
sordas, ya que los proponentes no hacían --hoy lo ha hecho el Senador
Fernández Pelegrina-- la más mínima sugerencia acerca de cuáles eran esas
posibles medidas y cómo se podía acelerar o mejorar esa integración.
Esto, cuando menos, supone implícitamente un reconocimiento, que
agradecemos, por parte del Grupo Popular a la política socialista en
materia de integración de las personas sordas. Pero, si me lo permiten, y
dando un paso más, diré que pude comprobar en un debate en la pasada
campaña electoral --durante la intervención de la Diputada popular doña
Elena García Alcañiz-- que el Grupo Popular no tiene diseñado un programa
de actuación específica dirigido a los discapacitados, en general, y a
los sordos, en particular, aunque ése no sea el caso del Senador que hoy
nos ha dirigido la palabra, que tiene una gran preocupación por estos
temas.
Señorías, no puede negarse la preocupación del Gobierno y del Grupo
Socialista para conseguir la integración de todos los discapacitados. Sin
embargo, mi Grupo entiende --y supongo que será compartido por el resto
de la Cámara-- que, si bien es importante señalar esto, no es suficiente.
Hay que profundizar en las actuaciones que se han venido realizando y,
por supuesto, ser incluso más atrevidos a la hora de plantear nuevas
propuestas de actuación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Mi Grupo estima que la consideración de la problemática que afecta a las
personas discapacitadas, entre ellas los sordos, para su integración
social y laboral --y me van a permitir que sólo hable de sordos, porque
no todos ellos son sordomudos; mi trato después de muchos años con la
comunidad sorda me ha llevado a la misma reflexión que ellos comparten,
es decir, a que el término de sordomudo no se corresponde realmente con
su discapacidad, que es la sordera y nunca la mudez--, así como las
medidas que deben ponerse en marcha en este sentido por parte de todos
los poderes públicos, deben llevarse a cabo de forma global y coordinada.
Es decir, tenemos que tener en cuenta aspectos que contemplen tanto lo
relativo a la sanidad con carácter preventivo, como la asistencia y
rehabilitación, los aspectos educativos, participativos y la integración
en lo que llamamos la vida social y económica. Pero, de otra parte, no
podemos olvidar que muchos de estos aspectos ya están transferidos a las
Comunidades Autónomas y que son ellas, por tanto, las que deben llevar a
cabo muchas de estas actuaciones que permitan y faciliten la plena
integración de los discapacitados.
No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Sociales se están
desarrollando multitud de programas y actividades con el fin último de la
integración en la sociedad de las personas sordas. Así, por citar
algunos, a través de la asignación tributaria del IRPF se están
financiando programas específicos para discapacitados auditivos, de
intérpretes de lengua de signos, o cursos de intérpretes. También se han
firmado convenios del Inserso con las universidades, como decía antes su
señoría, para la investigación sobre la aplicación de las nuevas
tecnologías aplicadas a la discapacidad, como son los videotextos.
Señorías, todo ello es importante, y como decía antes el Senador
Fernández Pelegrina, este colectivos no sufre una discapacidad normal, no
es visible y, como no es visible, debe hacer frente día a día a una serie
de problemas que ni siquiera en muchos de los casos son percibidos por la
sociedad.
Si me permiten, les recordaré una cita de Juan de Ajuriaguerra, que decía
que el niño o la niña con sordera no es un niño ciego o una niña ciega a
quien podamos ver bien, aunque él no nos vea. El sordo no sólo no oye,
sino que además no es entendido. El proceso comunicativo se encuentra
perturbado fuertemente y ambos interlocutores, sordo y oyente, se
encuentran en un apuro compartido, y compartidas, señorías, deben ser las
soluciones.
Con estas consideraciones, el Ministerio de Asuntos Sociales ha elaborado
un anteproyecto del plan de acción para las personas con discapacidad,
que es el esfuerzo y el resultado del trabajo de más de un año de
diversos expertos, entre los que se ha contado con técnicos, con
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de afectados, con las
Comunidades Autónomas, que son las que tienen muchas de las competencias.
Y este plan, señorías, tiene un objetivo fundamental y prioritario, que
no es otro que profundizar en el desarrollo de los principios y mandatos
contenidos en la Lismi.
Para los socialistas, este anteproyecto, que ya ha sido presentado en el
pasado mes de mayo a la Junta de gobierno del real patronato de
prevención y atención a las personas con minusvalía y en este mismo mes
de junio al Consejo Rector del Inserso, es el marco adecuado y exhaustivo
donde se pueden contemplar de forma integral todas las necesidades de las
personas con discapacidad y de sus familias, y ello hará que las
actuaciones que pongamos en marcha sean coordinadas, coherentes, porque
son muchos los organismos y las Administraciones que han de intervenir en
la misma.
De ahí, señorías, que el contenido de nuestra enmienda, incluso de la
propuesta de modificación de la misma, contenga básicamente dos ideas: la
primera, concretar algo más de lo que lo hacía la moción el marco global
y de coordinación
en el que se pueden diseñar y realizar las actuaciones dirigidas a la
integración plena de todos los discapacitados, en especial de los sordos,
y ese contexto es el plan de acción que ha elaborado el Gobierno y las
Comunidades Autónomas. Y digo que es importante concretarlo porque la
moción era excesivamente genérica. En segundo lugar, en el sentido de
comprometer a esta Cámara, y es fundamental, señorías, en el conocimiento
de dicho plan de acción, como recoge la segunda parte de la propuesta de
modificación de la moción, en el sentido de hacer efectivo que el
Gobierno venga a esta Cámara y comunique el contenido, las cinco áreas de
trabajo del plan, los planes sectoriales y el compromiso sea compartido
por el Gobierno y las Cámaras.
En ese sentido y sólo en ése podremos hacer efectivo el artículo 49 del
texto constitucional, en la dirección de encomendar a los poderes
públicos una política de obligaciones para con los disminuidos, entre los
que se encuentran, sin duda, los sensoriales y, consecuentemente, los
sordos, para que puedan disfrutar de los derechos que el Título I de la
Constitución otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Para terminar, quiero agradecer a todos los grupos, especialmente al
Grupo proponente, que hayan hecho posible que en base a la moción y a la
enmienda socialista se sustancie el texto final de la moción y destacar
el alto grado de preocupación y consenso que ante este asunto han
mostrado todos los grupos. Y si me permite, Senador Fernández Pelegrina,
quisiera sacarle de una duda o, al menos, aportarle una reflexión, que no
sé si su señoría compartirá, pero creo que es una información que debe
conocer. Mi Grupo, a través de mi persona, también recibió la carta de la
Fiapas, y he de decirle que hice las gestiones adecuadas y, señoría, la
Confederación Nacional de Sordos, es decir, los afectados, me informan de
que de las veintitantas propuestas que hicieron, algo más de 14, porque
algunas han sido aproximadas, se han integrado en el texto del Real
Decreto.
Por tanto, creo que no es justo decir que este Real Decreto no ha contado
con la participación de los afectados, aunque puedo entender que los
padres, desde otra óptica, no se sientan legítimamente tan representados
en este Real Decreto, pero no sería justo dar a esta Cámara una
información incorrecta, porque son los propios afectados, los sordos, a
través de la Confederación Nacional, los que me trasladan cada una de las
propuestas que se han integrado en el texto del Real Decreto de Educación
Especial, que ha sido calificado como muy novedoso por todas las fuerzas
políticas y, desde luego, por los afectados.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Abrimos turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos dice sí, y con mayúscula,
a la moción presentada y hoy defendida por el Grupo Parlamentario
Popular, a fin de instar al Gobierno a que se adopten las medidas
necesarias para lograr la mayor integración posible de los sordos en la
sociedad, y votará favorablemente la propuesta de modificación suscrita
conjuntamente por todos los grupos que componen esta Cámara.
Y decimos sí a esta iniciativa y propuesta de modificación porque creemos
y apostamos decididamente por una sociedad sin marginación y solidaria
con los que lo necesitan. Porque, en definitiva, la formación política
que sustenta a este Grupo tiene marcada una meta, cual es que todas las
personas, sin distinción, vivan con dignidad y en libertad sin caer en
ningún tipo de discriminación, participando totalmente del proceso de
desarrollo económico y social y disfrutando de los beneficios de un
progreso social al que deben contribuir. Pero es evidente que ésta no es
más que una meta muy lejos aún de alcanzar. La población aquejada de
alguna minusvalía --y en ella hay que incluir forzosamente a los sordos--
es todavía hoy uno de los colectivos más marginados de la sociedad. Los
sordos, como bien dice la moción, sufren --ésa es la palabra-- unos
problemas específicos y tienen unas necesidades que cubrir que requieren
una muy especial atención por parte de los poderes públicos y que exigen
una serie de políticas sectoriales y un decidido compromiso político con
tales urgencias. Esos problemas y necesidades afectan, como ha quedado
dicho aquí, a ámbitos bien distintos, y nadie discute la necesidad de la
existencia de una formación académica acorde con las peculiaridades del
colectivo ni nadie discute tampoco la necesidad de alcanzar la auténtica
integración escolar del niño sordo. Es igual de necesario potenciar
medidas de apoyo a la inserción laboral de las personas afectadas por esa
minusvalía e, incluso, diría yo, medidas de discriminación positiva en
las ofertas de empleo. Y todos coincidiremos, señorías, en que es del
todo imprescindible la eliminación de todo tipo de barreras en la
comunicación y en el acceso a la información, en cuanto que éstos son,
sin duda, los principales elementos de marginación social de este
colectivo. Algún día dedicaremos especial atención a lo que se ha dado en
llamar el lenguaje de los signos, de su posible reconocimiento como
idioma oficial alternativo o, cuando menos, de su utilización en ámbitos
como el sanitario, el cultural, el jurídico, etcétera.
En definitiva, yo quería llamar la atención hoy, aquí y ahora acerca de
que el campo de actuación es muy amplio y abierto, y, precisamente por
ello, toda actuación siempre será poca. Desde una perspectiva general, no
cabe duda que la acción social, la política social a impulsar por los
poderes públicos, todos los poderes públicos sin excepción, debe ir
encaminada o dirigida en una doble dirección. Una primera destinada a
promover la participación del sordo, participación sin límites, en la
vida ciudadana, es decir, a lograr su integración plena; y una segunda,
cual es a conseguir la prevención o eliminación de las causas que
conducen a su marginación.
Es por ello, y termino, señor Presidente, por lo que nuestro Grupo estará
siempre a favor de iniciativas de esta naturaleza, como estará siempre a
favor y pondrá especial acento en todo lo que sea apoyar y fomentar las
propias organizaciones de este colectivo poblacional, brindándoseles
así cauces de participación, e incidirá igualmente y ahondará en todo lo
que sea contribuir a la mayor sensibilización de la sociedad y en todo lo
que sea, en definitiva, tomar medidas tanto legislativas como
administrativas destinadas a evitar cualquier tipo de actitudes
discriminatorias o marginadoras de un colectivo, el de sordos, que nos
merece el mayor de los respetos y consideración y requiere de nuestro
máximo esfuerzo y atención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Zubía.
Tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
interviene con brevedad en este turno de portavoces para manifestar que
estábamos total y absolutamente de acuerdo con la moción presentada
originalmente por el Grupo Parlamentario Popular, a instancias del
Senador Fernández Pelegrina; estábamos también de acuerdo con la enmienda
que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista a través de la
Senadora Pleguezuelos, y, como es obvio, también estamos de acuerdo con
esta propuesta de modificación ya que la hemos firmado los restantes
grupos parlamentarios. Por lo tanto, señorías, en esta intervención sólo
queremos matizar y dejar constancia de la sensibilidad de nuestro Grupo
Parlamentario por el tema que hoy se somete a debate y aprobación a
través de esta moción.
Para demostrar esta sensibilidad, baste decir que en el año 1991 el
Parlament de Catalunya aprobó la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de
Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que,
en su artículo 13, contempla la barrera de comunicación en las personas
con discapacidad auditiva. Posteriormente, en el año 1992, a través de la
organización de Minusválidos en Lleida, se generó lo que se ha venido en
llamar el «espíritu de Lleida»; hay un acuerdo del Parlament de
Catalunya, de 17 de febrero de 1993, por el que se constituyó la Comisión
de Estudios de las dificultades en la utilización del lenguaje de signos.
En esta Comisión están representados los centros de recursos educativos
para deficientes auditivos; la Consellería de Ensenyement; profesoras y
profesores de lenguaje de signos; la Federación de Sordos de Cataluña, y
están representados todos los grupos parlamentarios del Parlament.
A través de esta Comisión se generaron unas iniciativas, como el
reconocimiento profesional a profesores del lenguaje de signos e
intérpretes; facilitar conocimientos a asistentes sociales, médicos,
abogados, educadores y logopedas; impulsar la identidad de los sordos y
evitar las consecuencias discriminadoras de su situación; la creación de
puestos de trabajo en el ámbito de Justicia, Sanidad, Administración y
Educación, y esto entendemos que es muy importante porque cuando hablamos
de tantos por ciento en lugares de trabajo para estos discapacitados, yo
creo que se cae en una pequeña trampa, a veces estos tantos por ciento se
aplican a las plazas que se convocan de nuevo, cuando en realidad
nosotros entendemos que deberían corresponder a la totalidad de la
plantilla.
Antes comentaba el Senador Fernández Pelegrina lo de los subtítulos en
las televisiones, que era una cosa experimental. Pues bien, en TV 3, que
es la televisión de Cataluña, es habitual y muy frecuente --y no es
excepcional-- la subtitulación para sordos y el acceso interactivo al
teletexto, que está ya articulado. Todavía no hemos llegado a la cuota
que nosotros consideramos que sería la ideal, pero vamos avanzando; sin
embargo, en estos momentos tenemos una acción muy positiva en este tema.
A través de las acciones del Parlament de Catalunya también hemos
conseguido que en lugares como aeropuertos o en las estaciones de Renfe
no se den únicamente mensajes auditivos, sino que haya una rotulación
precisamente para los que tienen discapacidad auditiva. Por ejemplo,
cuando por imperativos presupuestarios Sanidad decidió en toda España
retirar algunas subvenciones a prótesis auditivas, el Departamento de
Bienestar Social suplió esta, diríamos, disminución en las prestaciones
para que no se vieran afectados estos discapacitados, y podría enumerar
muchas más iniciativas en este sentido.
En cualquier caso, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con esta
moción, y entendemos que todos los discapacitados en general, y en este
caso en concreto los que tienen una discapacidad auditiva, merecen una
especial atención, porque esta atención --política en este caso, pero en
realidad de toda la sociedad-- es lo que garantiza la sensibilidad de
nuestra sociedad en un acto no exclusivamente de solidaridad, como
algunas veces se reclama, y que nosotros entendemos que es un acto de
justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno de Portavoces? (Pausa.) Ahora sí hay turno de portavoces, porque
es una moción consecuencia de interpelación.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Fernández Pelegrina.
El señor FERNANDEZ PELEGRINA: Señor Presidente, quiero agradecer a todos
los grupos su toma de posición con respecto a esta moción y felicitarles
y felicitar a mi grupo también por esta decisión que se ha tomado hoy
aquí.
A la Senadora socialista tengo que decirle sólo una cosa respecto a lo
que había dicho nuestra Diputada doña Elena García sobre que no teníamos
programa; tenemos programa, el programa lo he hecho yo y es un programa,
no voy a decir bueno, porque lo he hecho yo, pero es un programa bastante
apañado (Risas.), porque está hecho en colaboración con muchas
asociaciones y durante mucho tiempo. Estaré encantado de traerle en el
próximo Pleno un programa por si alguna de las cosas le pueden servir, no
voy a decir de ayuda --porque usted en este tema también está muy
puesta--, pero puede servirnos mutuamente el suyo y el mío y, como lo que
nos interesa es lo que nos interesa, quería que usted supiera que tenemos
programa.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Senador Fernández Pelegrina, le explico la referencia que he hecho a la
Diputada doña Elena García Alcañiz. En estas pasadas elecciones
autonómicas y municipales compareció conmigo y con representantes de
Izquierda Unida a un debate al que fuimos invitados por Cocenfe, aquí en
Madrid, y dijo: bueno, yo para qué voy a hablar de un programa para las
elecciones autonómicas o locales. Hicimos un programa en las generales,
es el mismo, es mejor que ustedes me digan lo que debemos hacer y lo
incorporaremos a este programa.
No obstante, señoría, hay un matiz --y se puede trasladar a lo largo de
todos los debates--, y sin duda su señoría es una persona muy preocupada
con este tema. No tengo la menor duda de que le habrá hecho a su Grupo
todas las referencias al programa, lo que sí creo es que el programa del
Partido Popular era un programa diseñado para hacer oposición y,
consecuentemente, muy reivindicativo, porque allí donde gobierna --y lo
digo porque también estuve en Burgos-- ni una de esas medidas que recoge
su programa se ponen en marcha. Por lo tanto, yo hablo de programas
reales, realistas, con colaboración y participación de las personas que
padecen las discapacidades. Y yo le invito no sólo a compartir su
posición y la mía para posteriores proyectos, mociones y propuestas, sino
que también le puedo informar de que mi Grupo lleva trabajando durante
más de 12 años con los afectados, minusválidos físicos, psíquicos y
sensoriales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Entiende la Presidencia que esta moción puede aprobarse por asentimiento
de la Cámara? (Pausa.)
Así se declara.
Muchas gracias por su colaboración, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.