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DS. Senado, Pleno, núm. 79, de 30/05/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm.79
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 30 de mayo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 9 y 10 de mayo de 1995.
Preguntas:
--De don Miguel Prim Tomás, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las razones que llevan al Gobierno a renunciar al objetivo de
invertir el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en Investigación y
Desarrollo (I+D) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995).
(Número de expediente 680/000453.)
--De doña María Nelly Fernández Arias, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si se está teniendo en cuenta, desde el Ministerio de
Educación y Ciencia, el incremento de tabaco y alcohol entre los jóvenes
para poner en marcha programas en la escuela tendentes a informar a los
jóvenes del peligro que esto supone (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo
de 1995). (Número de expediente 680/000459.)
--De doña María Nelly Fernández Arias, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si está el Ministerio de Educación y Ciencia poniendo
en marcha planes adecuados para abordar con eficacia la educación sexual
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente
680/000460.)
--De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para que, dentro de la
Formación Profesional de Grado Superior, se reconozca el título de
intérprete de lengua de signos (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de
1995). (Número de expediente 680/000461.)
--De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones que tiene el Gobierno en cuanto al
acondicionamiento del tramo final de la autovía Guadix (Granada)-Almería,
comprendido entre el cruce de Tabernas (Almería) y la capital de
provincia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de
expediente 680/000456.)
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre el criterio del Gobierno respecto al futuro emplazamiento del
Regimiento de Caballería Almansa, actualmente ubicado en León (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente 680/000457.)
--De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que van a desarrollar el Gobierno en
relación con las declaraciones del Presidente de Tabacalera, S. A., sobre
los supuestos efectos beneficiosos del tabaco para la salud (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente 680/000454.)
--De don Enrique Rafael Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medias previstas por el Gobierno para adecuar la
formación de postgrado de los estudiantes de medicina a la normativa
comunitaria (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de
expediente 680/000458.)
--De doña Victoria Camps i Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la razón por la que no se ha creado la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida prevista en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre técnicas de reproducción asistida (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de
mayo de 1995). (Número de expediente 680/000463.)
--De doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno cerca de las consecuencias para el sistema
nacional de salud de la huelga indefinida convocada por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo
de 1995). (Número de expediente 680/000464.)
--De don Alvaro Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno con respecto a una posible declaración de Sierra
Nevada como Parque Nacional gestionado por la administración andaluza
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente
680/000452.)
--De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
los criterios y los motivos que han llevado al Gobierno a proceder al
indulto de los Guardias Civiles don Manuel Barroso y don José Domínguez,
condenados por la práctica de torturas (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de
mayo de 1995). (Número de expediente 680/000451.)
--De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre si considera el Gobierno adecuado el actual sistema de
protección aseguradora de accidentes establecido para los vehículos
policiales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de
expediente 680/000455.)
--De doña Victoria Camps i Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los argumentos que tiene el Gobierno para conceder el indulto a los
encausados por un delito tan incoherente con los derechos humanos como el
de la tortura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de
expediente 680/000462.)
Interpelaciones:
--De don Estebe Petrizán Iriarte, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno de cara a la reforma del texto del Amejoramiento
Foral de Navarra (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995).
(Número de expediente 670/000129.)
--De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para
garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria por parte de los
buques franceses que utilizan redes de enmalle a la deriva (volantas),
así como sobre las perspectivas de cara a la abolición definitiva de
dicho arte de pesca en la campaña del bonito y su posición sobre la
autorización de la utilización de volantas por parte de nuestra flota
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 283, de fecha 29 de mayo de 1995). (Número de expediente
670/000130.)
--De doña Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los criterios, medidas, objetivos y plazos previstos por el
Gobierno en orden a dotar a la Fiscalía Especial para la Prevención y
Represión del Tráfico
de Drogas de los medios necesarios para el adecuado cumplimiento de las
funciones que estatutariamente tiene atribuidas (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 283, de fecha
29 de mayo de 1995). (Número de expediente 670/000132.)
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de
interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid, el 21 de diciembre de
1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 145, de fecha 5 de mayo de 1995). (Número de expediente
S. 610/000145.) (Número de expediente C. D. 110/000144.)
--Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo
el 4 de agosto de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 146, de fecha 5 de mayo de 1995).
(Número de expediente S. 610/000146.) (Número de expediente C. D.
110/000146.)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el
18 de marzo de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 147, de fecha 5 de mayo de 1995).
(Número de expediente S. 610/000147.) (Número de expediente C. D.
110/000148.)
--Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España
y la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiembre de 1994
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 148, de fecha 5 de mayo de 1995). (Número de expediente S.
610/000148.) (Número de expediente C. D. 110/000149.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 1995. (Página 4110)
Se aprueba el Acta.
PREGUNTAS. (Página 4110)
De don Miguel Prim Tomás, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las razones que llevan al Gobierno a renunciar al objetivo de
invertir el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en Investigación y
Desarrollo (I+D). (Página 4110)
El señor Prim Tomás formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Prim Tomás. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra).
De doña María Nelly Fernández Arias, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si se está teniendo en cuenta, desde el Ministerio de Educación y
Ciencia, el incremento de tabaco y alcohol entre los jóvenes para poner
en marcha programas en la escuela tendentes a informar a los jóvenes del
peligro que esto supone. (Página 4111)
La señora Fernández Arias formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
De doña María Nelly Fernández Arias, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si está el Ministerio de Educación y Ciencia poniendo en marcha
planes adecuados para abordar con eficacia la educación sexual. (Página 4112)
La señora Fernández Arias formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
De doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para que, dentro de la
Formación Profesional de Grado Superior, se reconozca el título de
intérprete de lengua de signos. (Página 4113)
La señora Pleguezuelos Aguilar formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra).
De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las previsiones que tiene el Gobierno en cuanto al
acondicionamiento del tramo final de la autovía Guadix (Granada)-Almería,
comprendido entre el cruce de Tabernas (Almería) y la capital de la
provincia. (Página 4114)
El señor Arance Soto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Arance Soto. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre el criterio del Gobierno respecto al futuro emplazamiento del
Regimiento de Caballería Almansa, actualmente ubicado en León. (Página 4115)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (García Vargas). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Defensa (García Vargas).
De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno en
relación con las declaraciones del Presidente de Tabacalera, S. A., sobre
los supuestos efectos beneficiosos del tabaco para la salud. (Página 4116)
El señor Garzarán García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Garzarán García. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador
Millán).
De don Enrique Rafael Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para adecuar la
formación de postgrado de los estudiantes de medicina a la normativa
comunitaria. (Página 4117)
El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bellido Muñoz. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán).
De doña Victoria Camps i Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la razón por la que no se ha creado la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida prevista en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre técnicas de reproducción asistida. (Página 4118)
La señora Camps i Cervera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán).
De doña Gemma Zabaleta Areta, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de las consecuencias para el sistema
nacional de salud de la huelga indefinida convocada por la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). (Página 4119)
La señora Zabaleta Areta formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Zabaleta Areta. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador
Millán).
De don Alvaro Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno con respecto a una posible declaración de Sierra
Nevada como Parque Nacional gestionado por la administración andaluza.
Esta pregunta ha sido retirada.
De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
los criterios y los motivos que han llevado al Gobierno a proceder al
indulto de los Guardias Civiles don Manuel Barroso y don José Domínguez,
condenados por la práctica de torturas. (Página 4120)
La señora Boneta Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Boneta Piedra. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre si considera el Gobierno adecuado el actual sistema de protección
aseguradora de accidentes establecido para los vehículos policiales.
(Página 4121)
El señor Prada Presa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Prada Presa. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De doña Victoria Camps i Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los argumentos que tiene el Gobierno para conceder el indulto a los
encausados por un delito tan incoherente con los derechos humanos como el
de la tortura. (Página 4122)
La señora Camps i Cervera formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe).
INTERPELACIONES. (Página 4123)
De don Estebe Petrizán Iriarte, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno de cara a la reforma del texto del Amejoramiento
Foral de Navarra. (Página 4123)
El señor Petrizán Iriarte realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro para las Administraciones
Públicas (Saavedra Acevedo). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Cervera Soto, por el
Grupo Popular. Interviene de nuevo el señor Ministro para las
Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo). Los señores Petrizán
Iriarte y Cervera Soto intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Cierra el debate el señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Saavedra Acevedo).
De don Jon Gangoiti Llaguno, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para
garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria por parte de los
buques franceses que utilizan redes de enmalle a la deriva (volantas),
así como sobre las perspectivas de cara a la abolición definitiva de
dicho arte de pesca en la campaña del bonito y su posición sobre la
autorización de la utilización de volantas por parte de nuestra flota.
Esta interpelación ha sido aplazada.
De doña Rosa Vindel López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre los criterios, medidas, objetivos y plazos previstos por el
Gobierno en orden a dotar a la Fiscalía Especial para la Prevención y
Represión del Tráfico de Drogas de los medios necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones que estatutariamente tiene atribuidas.
(Página 4131)
La señora Vindel López realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Ibarz i Casadevall, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Cierra el debate el
señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4137)
Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés
común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.
(Página 4137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el
4 de agosto de 1994. (Página 4137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18
de marzo de 1994. (Página 4137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y
la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiembre de 1994.
(Página 4137)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las diecinueve horas y diez minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DE 1995.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 9 y 10 de mayo.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada.
PREGUNTAS:
--DE DON MIGUEL PRIM TOMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LAS RAZONES QUE LLEVAN AL GOBIERNO A RENUNCIAR AL OBJETIVO DE
INVERTIR EL 1 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO (I + D). (680/000453.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, pregunta del Senador don Miguel Prim Tomás, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las razones que llevan al
Gobierno a renunciar al objetivo de invertir el 1 por ciento del Producto
Interior Bruto en Investigación y Desarrollo.
Para formular su pregunta, tiene la palabra el Senador Prim Tomás.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones llevan al Gobierno a renunciar al objetivo
de invertir el 1 por ciento del Producto Interior Bruto en Investigación
y Desarrollo?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Educación.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no ha renunciado ni va a renunciar al objetivo de
invertir el 1 por ciento del PIB en Investigación y Desarrollo. La
investigación científica y el desarrollo tecnológico es una de las
prioridades del Gobierno por cuanto tiene efectos directos sobre el
empleo en tanto que política activa y, por consiguiente, junto con la
formación profesional es una prioridad muy clara del Departamento.
Creo que la evolución de los datos será bien elocuente, mostrando un
crecimiento acumulativo de la inversión de tal manera que el gasto de I +
D ha crecido según una tasa media acumulativa anual de casi el 13 por
ciento a partir de 1986, de la misma manera que evolucionan
favorablemente los profesionales dedicados a I + D y los investigadores,
la producción científica española o las patentes.
Todo ello se pondrá más de manifiesto todavía cuando se apruebe el III
Plan Nacional de I + D para 1996-1999, donde se podrán ver, igualmente,
los esfuerzos que el Gobierno va a dedicar en materia de I + D en los
próximos años.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra el Senador Prim.
El señor PRIM TOMAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted nos ha dicho que el Gobierno está haciendo grandes
esfuerzos pero el dato que tenemos nosotros es que la Unión Europea
dedica a Investigación y Desarrollo un poco más del 2 por ciento de su
Producto Interior Bruto, y Estados Unidos o Japón emplean el 2,8 por
ciento. Esto es algo altamente significativo teniendo en cuenta que en
España en el año 1994 no se alcanzó el 0,67 por ciento del Producto
Interior Bruto, siendo la Ley de la Ciencia la que pretendía un gasto
global del 1 por ciento del mencionado Producto en I + D. Según figura en
la Memoria del Plan Nacional de 1991, la Comisión Mixta recomendaba al
Gobierno que se llegara al 1 por ciento del PIB, no cumpliéndose dicha
recomendación. Ello significa, señor Ministro, el fracaso de la Ley, en
la que al parecer se ha pretendido que sea la Unión Europea quien saque a
España del atraso tecnológico en que nos encontramos.
El horizonte presupuestario del 1 por ciento del PIB previsto para 1990
se convirtió en el 0,76 en 1992, el 0,69 por ciento en 1993 y el 0,67 por
ciento mencionado anteriormente en 1994. En esta situación, el Ministerio
de Educación y Ciencia reorienta el III Plan Nacional de I + D para el
período 1996-1999 hacia problemas españoles como la sequía y la
explotación de los bancos de pesca, tratando de no depender de la
investigación de la Unión Europea a pesar de que en los Presupuestos de
1995 el mayor incremento procede de ayudas de la Unión y, lo que es más
grave, decide renunciar a que sea la participación del Estado la más
importante para conseguir el 1 por ciento del PIB de gasto en I + D y que
sean las empresas quienes realicen este esfuerzo. Lo que se pretende,
señor Ministro, es que las empresas españolas pasen de gastar 308.000
millones de pesetas en 1996 a 465.000 millones de pesetas en
1999, con un incremento total del 51 por ciento, mientras que en este
mismo período la inversión pública en I + D aumenta tres veces menos, es
decir, el 17 por ciento, pasando de 308.000 millones de pesetas a sólo
360.000 millones de pesetas. La industria privada no puede aún llevar la
iniciativa del gasto, pues no tiene suficientes infraestructuras de I +
D.
Señor Ministro, España debería promulgar un programa de desarrollo del
sistema de ciencia y tecnología, con una duración de 10 años, para la
formación del personal investigador; establecer un organismo estatal de I
+ D para que sea el encuentro natural entre la comunidad científica y los
propulsores del sistema productivo y las Administraciones Públicas;
redefinir el marco fiscal vigente de modo que fomente la actividad de I +
D en el seno de las empresas, garantizando su mantenimiento a lo largo de
10 años; aumentar el gasto de I + D hasta alcanzar el objetivo mínimo del
2 por ciento del PIB en el año 2000.
Señor Ministro, seguimos siendo los últimos en la Unión Europea en este
tema. El número medio de científicos, por ejemplo en las tareas de I + D,
en la Unión Europea es de 4,2 por cada 1.000 trabajadores, en España es
solamente el 2,2 por ciento; la media europea de titulados científicos es
del 23,9 por ciento, en España es sólo del 16 por ciento. Señor Ministro,
¿cuándo dejará España de ser el furgón de cola de Europa en Investigación
y Desarrollo?
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, de la evolución porcentual de las inversiones de I+D en los
últimos años al coste de los factores ha sido enormemente importante. Era
el 0,67 por ciento en 1986; en 1992 se alcanzó el 1 por ciento, y en 1993
ha bajado al 0,95 por ciento. Este hecho se está dando también en otros
países de la Unión Europea y es debido a las adaptaciones que son
producto de la crisis económica.
En cualquier caso, señoría, creo que hay datos bastante relevantes. El
presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia para 1995 en relación
con los Presupuestos Generales del Estado sube dos puntos, lo que da idea
de la priorización de las políticas educativas dentro de la política del
Gobierno. En este año sube seis puntos y medio en relación con
Investigación y Desarrollo en el presupuesto conjunto del Departamento.
El presupuesto de Investigación en el presupuesto del Departamento sube
para 1995 a 11.2, lo que quiere decir, señoría, que es una cuestión
priorizada.
Y se refiere tambien su señoría a la tercera fase del Plan Nacional de
I+D que, efectivamente, se orienta como un objetivo fundamental a
conseguir una mayor aproximación a los problemas socioeconómicos
concretos que tiene planteados España, lo cual espero que su señoría
considere que es una orientación buena.
Esto tiene diversos objetivos. Tiene el objetivo de promover la
Investigación y Desarrollo pero tiene también el objetivo de acercarnos a
Europa y de incrementar la relación de esfuerzos entre el sector
productivo y el sector propiamente académico. Y ahí radica un aspecto
fundamental de la cuestión. Su señoría ha citado varios datos. Pues bien,
en la estructura de financiación y gasto de I+D entre España y la Unión
Europea, la diferencia más significativa reside en que el porcentaje de
la financiación aportada por el sector público en España es casi nueve
puntos mayor que en la Unión Europea, mientras que el porcentaje de I+D a
cargo de las empresas es menor en España que en la Unión Europea en 13
puntos y medio. Ha hablado también del personal dedicado a I+D que
presenta, señoría, una disparidad semejante. En España el 39 por ciento
del personal dedicado a I+D se encuentra en el sector empresarial frente
a un 56 por ciento en la Unión Europea. Por estas razones, el III plan
prevé mecanismos para incentivar una participación más activa de la
empresa en materia de I+D.
El objetivo del 1 por ciento previsto, señoría, es un objetivo deseable,
es un objetivo alcanzable y un objetivo que hay que equilibrar en la
participación hacia la financiación de la Investigación y Desarrollo
procedente de los distintos sectores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA NELLY FERNANDEZ ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI SE ESTA TENIENDO EN CUENTA, DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA, EL INCREMENTO DE TABACO Y ALCOHOL ENTRE LOS JOVENES
PARA PONER EN MARCHA PROGRAMAS EN LA ESCUELA TENDENTES A INFORMAR A LOS
JOVENES DEL PELIGRO QUE ESTO SUPONE. (680/000459.)
El señor PRESIDENTE: La Senadora María Nelly Fernández Arias, del Grupo
Parlamentario Socialista, pregunta sobre si se está teniendo en cuenta,
desde el Ministerio de Educación, el incremento de tabaco y alcohol entre
los jóvenes para poner en marcha programas en la escuela tendentes a
informar del peligro que esto supone.
La Senadora Fernández Arias tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no hace mucho debatíamos en esta Cámara la necesidad de
actuar contra el consumo del tabaco y del alcohol por parte de los
menores. No cabe duda, señor Ministro, que lo que más puede influir en
este como en otros temas es la escuela. Mi pregunta, por lo tanto, es:
¿Qué se hace desde su Ministerio para poner coto a este consumo?
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Educación tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): La
prevención del tabaquismo y del alcoholismo se lleva a cabo dentro de lo
que llamamos educación para la salud en todos los centros educativos en
los que ya se ha implantado la reforma educativa. La población a la que
se dirigen las medidas está comprendida entre las edades de 13 a 18 años.
Desde hace bastante tiempo se están llevando a cabo proyectos de
educación para la salud en distintos centros educativos con implantación
en toda la comunidad educativa, es decir, padres, madres, alumnado,
profesorado y personal no docente, proyectos que cuentan con la voluntad
del profesorado, que ha visto la necesidad de introducir este aspecto en
la práctica educativa, que cuentan con la colaboración de los centros de
profesores y recursos y que generan, incluso en cada Dirección
Provincial, una estructura de coordinación con el fin de favorecer la
introducción en los estudios de la educación para la salud y de
proporcionar al profesorado la formación necesaria cuando no la hayan
recibido.
También se desarrollaron proyectos pilotos de colaboración entre centros
educativos y centros de salud que sirvieron de pauta para la
generalización y el desarrollo de los estudios en esta materia y su
introducción en el currículo. La introducción en el currículo se hace
justamente a partir de la Logse como uno de los temas transversales que
se convierten en una de las prioridades impulsadas por la reforma
educativa no sólo en el aspecto de los contenidos de los estudios, sino
también en el aspecto de la apertura y colaboración de la escuela con el
entorno social.
Hay un conjunto de medidas que complementan la introducción de los
estudios en el currículo como son la edición de materiales que se han
remitido a todos los centros educativos y como son las medidas relativas
a la formación del profesorado. En este sentido hay que destacar también
los esfuerzos realizados en colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Ministerio de Sanidad y Consumo a lo largo de los últimos
años para el inicio de campañas diferenciadas de prevención de tabaquismo
y alcoholismo en todos los centros escolares o la convocatoria de
concursos en relación con esta materia a las que han concurrido el pasado
año más de 1.000 centros educativos del llamado territorio del Ministerio
de Educación y Ciencia.
En continuidad de esta campaña, durante este curso se ha enviado a todos
los centros una carpeta de materiales de prevención de alcoholismo y
tabaquismo para facilitar la formación del profesorado, pero también para
proporcionar medios a los padres y a las madres que deseen participar en
esta actividad educativa. Hay programas de colaboración con las
Comunidades Autónomas, prácticamente con todas las Comunidades Autónomas
en cuyo territorio tiene capacidad de gestión el Ministerio de Educación
y Ciencia y siempre sobre la base de la participación comunitaria, es
decir, que en estos programas trabajen conjuntamente todos los sectores
de los que influyen en la gestión de la escuela, padres, profesorado y
alumnado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA NELLY FERNANDEZ ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI ESTA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PONIENDO
EN MARCHA PLANES ADECUADOS PARA ABORDAR CON EFICACIA LA EDUCACION SEXUAL.
(680/000460.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta también de la Senadora Fernández Arias
sobre si está el Ministerio de Educación y Ciencia poniendo en marcha
planes adecuados para abordar con eficacia la educación sexual.
La Senadora Fernández Arias tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en nuestro país hasta hace relativamente muy pocos años
no conocíamos ningún dato sobre las prácticas sexuales de los menores de
20 años. No existían datos sobre las necesidades anticonceptivas y de
orientación e información sexual. No obstante, ahora sabemos que
representan un grupo de alto riesgo en materia de salud reproductiva. Las
experiencias de otros países avanzados nos señalan que uno de los caminos
a seguir es una educación sexual adecuada. Por eso mi pregunta, señor
Ministro, es: ¿Qué se está haciendo, cómo se está considerando este
problema desde su Ministerio?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Educación y Ciencia tiene la
palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la educación sexual forma parte del conjunto de la educación
para la salud como tema transversal que afecta a las diferentes áreas de
todas las etapas educativas. Dentro del marco de educación para la salud
y de una concepción positiva de la sexualidad humana, la educación sexual
se concibe no sólo como información sobre los aspectos biológicos, sino
también como información y orientación y educación sobre los aspectos
afectivos o emocionales o sociales que tienen que ver con la sexualidad.
Son necesarios, no obstante, aunque la presencia de estas enseñanzas en
el currículo es un paso importante, otros esfuerzos para que realmente
pasen a formar parte de los proyectos y de las programaciones de los
centros educativos de una manera estable y con carácter habitual.
El Ministerio de Educación y Ciencia está promoviendo la formación
específica en temas transversales y la edición de materiales curriculares
de apoyo a través de diferentes acuerdos de colaboración con
instituciones o con otras administraciones educativas. En este sentido se
ha remitido a todos los centros educativos los materiales de apoyo en
unas denominadas cajas rojas, que identifican la presencia de objetivos y
contenidos de la educación para la salud y de la educación sexual en las
diferentes áreas, así como la relación de estos temas con otros temas de
las áreas transversales y con las orientaciones didácticas para su
explicación en el aula.
Hay medidas muy recientes e importantes como el último acuerdo firmado
por tres departamentos del Gobierno central, como son el Ministerio de
Asuntos Sociales, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de
Educación y Ciencia, con el fin de establecer programas de colaboración a
largo plazo y de amplia perspectiva en cuestiones de indudable
trascendencia social como son las siguientes: la relativa a la prevención
de los embarazos no deseados de adolescentes, las enfermedades de
transmisión sexual, el sida, las agresiones sexuales, el desconocimiento
de métodos eficaces para regular la procreación, la interrupción
voluntaria del embarazo o las causas y consecuencias de determinados
aspectos que tienen que ver con la educación para la salud, como el
tabaquismo y el alcoholismo.
El Ministerio de Educación y Ciencia, además, en colaboración con
determinadas instituciones privadas, como, por ejemplo, la Fundación de
la Caixa de Barcelona ha distribuido en relación con algunos aspectos
concretos a los que me he referido, como el sida, materiales didácticos
dirigidos a esta etapa de la educación secundaria en todos los centros
educativos. Igualmente, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y
Consumo hemos puesto en práctica una campaña destinada a mejorar la
educación y la promoción de la salud entre los jóvenes, dotando a un
conjunto de casi dos centenares de centros de educación secundaria y a un
conjunto importante de centros universitarios de terminales interactivas,
provistas de programas informáticos para transmitir información al
alumnado de la educación secundaria o de la universidad.
Por último, cabría destacar las convocatorias que se realizan anualmente
por el Ministerio de Educación y Ciencia tanto de ayudas dirigidas a
proyectos de innovación educativa como de premios nacionales, que se
llaman de educación y sociedad, en los que la educación para la salud
aparece en las últimas convocatorias como un ámbito prioritario para la
selección de los proyectos presentados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA QUE, DENTRO DE LA
FORMACION PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR, SE RECONOZCA EL TITULO DE
INTERPRETE DE LENGUA DE SIGNOS. (680/000461.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Pleguezuelos Aguilar, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para
que, dentro de la Formación Profesional de Grado Superior, se reconozca
el título de intérprete de lengua de signos.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el artículo 49 del texto constitucional recoge la
obligación de los poderes públicos de realizar políticas destinadas a la
previsión, el tratamiento, la rehabilitación y la integración de las
personas con discapacidad, sean éstas físicas, psíquicas o sensoriales.
Desde 1982, el Gobierno socialista viene realizando distintas medidas de
acción positiva destinadas a este colectivo de personas con discapacidad.
Pero dentro de este colectivo hay otro, el de personas sordas, cuya
problemática específica, por lo que supone la falta de comunicación,
requiere también de un tratamiento específico.
Señor Ministro, aproximadamente unas 125.000 personas padecen sordera
profunda, y algo más de un millón, distintos tipos de sordera. La lengua
de signos es la lengua usada por la comunidad sorda como medio de
comunicación primaria. Es su primera lengua. De ahí la importancia que
para los sordos tiene contar con un instrumento tan básico para ellos
como es la figura del intérprete del lenguaje de signos.
Conocemos que, desde su Ministerio, se han tenido contactos con la
Confederación Nacional de Sordos, para tratar de abordar este problema, y
que se viene trabajando en un proyecto para la puesta en marcha de un
ciclo formativo en este sentido. Por eso le formulo la siguiente
pregunta.
¿Qué previsiones tiene el Gobierno, dentro de la Formación Profesional de
Grado Superior, para que se reconozca el título de intérprete de lengua
de signos?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias,
señor Presidente.
En efecto, señoría, uno de los aspectos básicos que definen la nueva
Formación Profesional, que está diseñada en la Logse y que intentamos
poner en práctica, es precisamente el que los estudios de Formación
Profesional atiendan directamente a las necesidades que se producen en el
entorno social, y la que ha indicado su señoría es una necesidad obvia,
evidente y notoria de nuestra sociedad.
Hemos diseñado una metodología para definir los estudios de Formación
Profesional, en la que participan no sólo los expertos del Departamento
sino otras administraciones educativas, el Consejo General de la
Formación Profesional, pero, además, los sectores productivos,
profesionales o interesados que pueden representar esas necesidades
sociales.
Este es un elemento esencial --la participación activa de los agentes
sociales--, pero da una idea de la complejidad del método en el que nos
movemos para definir este conjunto de estudios.
Hasta el momento, señoría, en relación con los estudios de intérprete en
lenguaje de signos, hemos definido los llamados perfiles profesionales,
hemos identificado la formación necesaria para el desarrollo de las
capacidades profesionales que ya están definidas, agrupadas en módulos
profesionales, y hemos definido el nivel que han de tener
estos estudios --será un título de grado superior--, por el que los
alumnos que deseen acceder a esta formación deberán haber cursado el
Bachillerato.
Después de esta metodología que he expuesto a la señora Senadora, que es
una metodología ciertamente complicada, resta contrastar con las
organizaciones profesionales, sindicales o incluso empresariales, lo que
constituye la última fase de la metodología aplicada. Puedo decir a su
señoría que estamos ya en esta última fase, que probablemente en un plazo
de dos semanas este contraste habrá estado realizado, y que este título
quedará perfectamente preparado para que sea definido por medio de un
decreto de Consejo de Ministros, probablemente antes de finales del
próximo mes de junio, como todo el conjunto de las titulaciones de la
nueva Formación Profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON ENRIQUE ARANCE SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES QUE TIENE EL GOBIERNO EN CUANTO AL
ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO FINAL DE LA AUTOVIA GUADIX (GRANADA)-ALMERIA,
COMPRENDIDO ENTRE EL CRUCE DE TABERNAS (ALMERIA) Y LA CAPITAL DE LA
PROVINCIA. (680/000456.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Arance Soto, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las previsiones que tiene el Gobierno en
cuanto al acondicionamiento del tramo final de la autovía Guadix
(Granada)-Almería, comprendido entre el cruce de Tabernas (Almería) y la
capital de la provincia.
Tiene la palabra el Senador Arance.
El señor ARANCE SOTO: Gracias, señor Presidente.
Señoría, señor Ministro, en los últimos meses se han venido sucediendo
una serie de declaraciones realizadas por responsables de la Junta de
Andalucía, y más concretamente por responsables de su Gobierno, en el
sentido de anunciar la realización de obras en lo que anteriormente fue
la Carretera Nacional 323, de Guadix a Almería, incorporada hoy a la red
de carreteras de competencia de la Junta de Andalucía, y cuyas obras
conducen, según las palabras de los responsables citados anteriormente, a
la construcción de una autovía que enlace la ciudad de Guadix con la
ciudad de Almería.
Sin embargo, señor Ministro, en cuanto al tramo final, el que está
comprendido entre el cruce de Tabernas y la ciudad de Almería, por ser
una carretera nacional, y más concretamente la Carretera Nacional 340, y,
en consecuencia, competencia del Ministerio de Obras Públicas,
desconocemos las previsiones que tiene el Gobierno de la nación respecto
del acondicionamiento de ese tramo.
Por esa razón, le preguntamos: ¿qué previsiones tiene el Gobierno de la
nación en cuanto al acondicionamiento del tramo final de la autovía
Guadix-Almería comprendido entre el cruce de Tabernas y la capital de la
provincia?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoría, como sin duda usted
conoce, en julio de 1992 se firmó un convenio entre el Ministerio y la
Junta de Andalucía mediante el cual la Administración central realizaría
la duplicación del tramo de la antigua Carretera Nacional 340, desde la
variante de Almería hasta Tabernas, para su posterior cesión a la Junta
de Andalucía. Una vez terminado este desdoblamiento, la Carretera
Nacional 340, desde Almería a Los Gallardos, pasaría a ser titularidad de
la Junta de Andalucía. De acuerdo con este convenio, la actuación se ha
dividido en dos tramos. Por una parte, la variante de Almería a Rioja, en
la que se va a construir un trazado nuevo con características de autovía,
del cual ya se ha aprobado el correspondiente estudio informativo, y está
en fase de adjudicación la asistencia técnica para realizar el proyecto
de trazado y construcción, cuyo presupuesto estimado asciende a 6.200
millones de pesetas. Y, por otra parte, la variante de Rioja hasta la
intersección con la carretera comarcal 3326, es decir, el cruce de
Tabernas, que será objeto de acondicionamiento y duplicación de calzada
para dotarla también de un trazado de características de autovía, para lo
cual ya disponemos de un proyecto de construcción que está actualmente en
fase de supervisión en la Dirección General de Carreteras, y que cuenta
con un presupuesto de 2.650 millones de pesetas. Esta actuación está
incluida en el programa de actuaciones prioritarias en carreteras que
estamos desarrollando actualmente, el popularmente conocido con la
denominación de plan-puente. Una vez puestos en servicio los dos tramos
citados, como le decía, se producirá la cesión de la carretera 340, entre
Almería y Los Gallardos, de la Junta de Andalucía, permaneciendo en
titularidad estatal la autovía Adra-Almería-Puerto Lumbreras, y la Junta
continuará la construcción de la autopista desde Tabernas hasta enlazar
con la autopista autonómica a la altura de Guadix.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ARANCE SOTO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, permítame que le diga, sin acritud y con respeto, que su
contestación me deja muy preocupado en lo que se refiere a la capacidad y
a la competencia de la Junta de Andalucía en cuanto a carreteras.
Señor Ministro, si en algo se ha distinguido la Junta de Andalucía --y
permítame que se lo diga porque así lo pienso--, y más concretamente su
Consejería de Obras Públicas en los últimos tiempos, es por haberse
convertido en un monumento a la incapacidad, a la incompetencia
y a la chapuza, y valga como botón de muestra la obra realizada en la
A-92, que creo que usted conoce tan bien como yo.
En cualquier caso, sí quiero rogarle, señor Ministro, que de las
competencias que pueda tener el Ministerio en cuanto a carreteras que
sean --y permítame la redundancia-- competencia de su Ministerio, les
echen una mano a sus compañeros responsables en ese terreno de la Junta
de Andalucía, porque en Almería la preocupación de poder tener un enlace
razonable entre las dos grandes vías que circulan por Andalucía en este
momento, a saber: la A-92, la gran obra de la Junta de Andalucía en los
eventos de la Exposición Universal, y lo que se ha dado en llamar autovía
del Mediterráneo que, como usted muy bien ha dicho, enlaza Puerto
Lumbreras con Adra --y esperemos que siga--, sabe que hay tramos muy
importantes, como son todas las circunvalaciones a las que ha hecho
referencia su señoría, que están necesitadas de terminación porque
producen una serie de inconvenientes en el tráfico rodado en la provincia
de Almería y, de alguna manera, mientras no se terminen esas obras vamos
a tener allí un gran problema.
Señor Ministro, si el Ministerio está en condiciones de asumir ese
compromiso en correlación con la Junta de Andalucía, si el Ministerio, de
una vez por todas, está dispuesto a dar soluciones a los problemas de
infraestructura viaria que afectan hoy a Almería, habrá emprendido el
buen camino para dar respuesta a los muchos problemas que en materia de
infraestructura viaria tiene la provincia de Almería. Espero que su
Ministerio sea sensible a las demandas de Almería y que a no tardar
podamos estar en pie de igualdad con cualquiera de las otras provincias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no comparto su visión catastrófica de las
competencias-capacidades de la Junta de Andalucía. En todo caso, sus
críticas a esa Administración debería hacerlas en el lugar adecuado, que
es el parlamento autonómico y no en éste. Yo le contesto a su pregunta y
usted se va por los cerros de Ubeda o, mejor dicho, por los cerros de
Almería, explicando cosas que nada tienen que ver con lo expuesto. Usted
me ha preguntado qué pasa entre el cruce de Tabernas y la capital de la
provincia. Se lo explico y usted habla ahora de una cosa que nada tiene
que ver con su pregunta, pues su pregunta nada tiene que ver con las
competencias de este Ministerio ni con la función de esta Asamblea
parlamentaria. Me parece muy bien. Usted es muy dueño de coger por las
hojas todos los rábanos que encuentre a su paso, pero desde luego su
réplica nada tiene que ver con la pregunta que usted me ha formulado que
ha quedado perfectamente contestada. En cualquier caso, su señoría debía
saber cuál era la respuesta si se hubiera molestado en leer el convenio
suscrito en 1992 entre este Ministerio y la Junta de Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO RESPECTO AL FUTURO EMPLAZAMIENTO DEL
REGIMIENTO DE CABALLERIA ALMANSA, ACTUALMENTE UBICADO EN LEON.
(680/000457.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre el criterio del Gobierno respecto al futuro
emplazamiento del Regimiento de Caballería Almansa, actualmente ubicado
en León.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Cuál es el criterio válido del Gobierno respecto del futuro
emplazamiento del Regimiento de Caballería Almansa actualmente ubicado en
León?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
El Gobierno no modificó la propuesta del Cuartel General de Tierra,
contenida en el llamado Plan Norte, que concentraba la Brigada de
Caballería Jarama, a la cual pertenece este Regimiento de Caballería
ligero, en Valladolid. Por tanto, el Plan Norte prevé que ese regimiento
se ubique lo más cerca posible de Valladolid, y la localidad más cerca
posible que está disponible es Medina del Campo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias por su respuesta, señor Ministro. Pero permítame que le diga, con
todos los respetos, que da la impresión de que los criterios que ustedes
adoptan de válidos tienen muy poco. Si se pretende que los criterios sean
exclusivamente estratégicos y logísticos, ustedes han aplicado, una vez
más en este caso, la ley del embudo. Me voy a explicar. Por idénticas
razones logísticas y estratégicas, la agrupación de unidades, la
utilización de los mejores acuartelamientos y campos de maniobras
próximos a las unidades, etcétera, por las que se traslada el Regimiento
de
Caballería Almansa a Valladolid, han debido trasladar a León otras
unidades de artillería.
El señor Ministro no necesitará que le recuerde que en León se asientan
las más importantes unidades de artillería de campaña de España, que el
Cuartel San Marcelo, que deja Almansa, es uno de los mejores cuarteles de
España, que la base de Ferral de Bernesga, utilizada al 50 por ciento de
su capacidad, y en la que ustedes han invertido cientos de millones de
pesetas, queda en eso, en el 50 por ciento, y que el campo de tiro del
Teleno, en Astorga, es uno de los mejores de Europa occidental.
Independientemente de esto, quisiera recordarle, aprovechando la
coyuntura, que el señor Flos Bassols dijo el pasado día 24 de abril, ante
la Comisión de Defensa de esta Cámara, que los recortes presupuestarios
ponían en serio peligro la realización del Plan Norte. Usted insiste en
que no, lo que demuestra que en esto tampoco lo tienen ustedes
excesivamente claro. Pero el colmo de la falta de criterio, señor
Ministro, se produce en León el pasado día 17, en plena campaña
electoral, al adquirir el señor Vicepresidente del Gobierno, señor Serra,
ante una coordinadora ciudadana pro defensa de la permanencia de las
instituciones militares en León que le entrega 20.000 firmas, el
compromiso de que el Regimiento Almansa iba a permanecer en esa ciudad y
que un regimiento de artillería con sede en Burgos también se asentaría
allí. Pues bien, apenas han pasado 24 horas después de esto y usted,
señor Ministro, en un mitin electoral en la ciudad de Burgos desmiente
categóricamente a su Vicepresidente al decir que ninguna unidad de
artillería sería trasladada a León y que el Regimiento Almansa se
trasladaría a Valladolid como estaba previsto en el Plan Norte.
Yo le pregunto, señor Ministro: ¿cuáles son los criterios válidos? ¿En
qué quedamos? ¿Son los suyos? ¿Son los del Estado Mayor de la Defensa?
¿Son los del señor Serra o son los expuestos en campaña electoral? Le
pido, por favor, señor Ministro, que se pongan ustedes de acuerdo y que
no jueguen más con los intereses económicos, con los intereses de los
ciudadanos de León y con los intereses sentimentales.
Muchas gracias. (Aplausos de varios señores Senadores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Si hablamos de ponernos de acuerdo --me dirijo sobre todo a los Senadores
que tan briosamente le aplauden--, pónganse ustedes de acuerdo dentro del
Partido Popular, porque los Senadores de Valladolid dicen una cosa y los
Senadores de León dicen otra. (El Senador Lobo Asenjo muestra un papel.)
Veo que usted mueve la mano. Se lo diré más claro: los diputados de
Valladolid --ustedes tienen un portavoz en la Comisión de Defensa que es
de Valladolid-- dicen una cosa y aquí dicen otra.
Señoría, yo tengo el buen gusto de no hablar en mis mítines de
acuartelamientos de León ni de Burgos, porque no hablo de las Fuerzas
Armadas en mis mítines (el señor Lobo Asenjo enseña otro papel); por
tanto, no mezclo las cosas locales con los mensajes políticos generales.
El Plan Norte es el que es, señoría, y se va a aplicar en cualquier
circunstancia, con el presupuesto que haya, porque es una fórmula para
racionalizar nuestro Ejército. Seguramente ustedes nunca serán capaces de
hacer algo similar, porque como no podrán poner de acuerdo una provincia
con la otra se quedará todo como está. Eso sí, en cada cuartel acabará
habiendo 20 soldados porque mantendrán todo para que nadie se enfade.
Señoría, el Plan Norte se va aplicando a medida que se van cumpliendo los
plazos. Lo único que puede modificar el criterio que se ha dado en la
redacción original, contenido en el acuerdo de Consejo de Ministros de
agosto del año pasado, es que se demuestre en el último minuto que un
acuartelamiento es sustancialmente mejor que otro. Sí le puedo decir,
señoría, que no se va a modificar la circunstancia de que la Brigada de
Caballería Jarama se agrupe toda ella en torno a Valladolid porque si se
aplicase su criterio de que existe el Teleno en León toda la infantería
debería estar en Zaragoza. Me refiero a que la infantería que está en
Andalucía o en Galicia debería estar en Zaragoza porque allí está el
Campo de San Gregorio. Ese es el criterio estratégico que su señoría
maneja.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON GREGORIO GARZARAN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO EN
RELACION CON LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE TABACALERA, S. A., SOBRE
LOS SUPUESTOS EFECTOS BENEFICIOSOS DEL TABACO PARA LA SALUD.
(680/000454.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Garzarán García, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las actuaciones que va a desarrollar el
Gobierno en relación con las declaraciones del Presidente de Tabacalera,
S. A., sobre los supuestos efectos beneficiosos del tabaco para la salud.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el Presidente de Tabacalera, don Pedro Pérez, efectuó
unas declaraciones en Radio Nacional de España, Radio 1, en la que se
afirmaba la bondad de consumir tabaco para la salud y ciertas
enfermedades. Por eso, este Senador tiene interés en saber qué
actuaciones va a desarrollar el Gobierno en relación con las
declaraciones del Presidente de Tabacalera, S. A., sobre los supuestos
efectos beneficiosos del tabaco para la salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garzarán.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, el Gobierno ha desautorizado la solvencia científica del
Presidente de Tabacalera para hacer semejantes declaraciones y ha
constatado que él mismo ha rectificado dichas declaraciones y ha
lamentado públicamente el alcance que han tenido en la opinión pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Garzarán García.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, agradezco su respuesta, pero tengo que decirle que la
desautorización llegó un poquito tarde --a los tres o cuatro días--; la
hizo el señor Director General para la Salud Pública y afirmaba que se
había elegido a este caballero en relación con su gestión. Efectivamente
puede ser un buen gestor, pero un directivo tiene que ser además
responsable de sus declaraciones. Estas deben acercarse, por lo menos, a
la realidad y a los conocimientos científicos. Es exigible, pues, la
responsabilidad a este caballero que ha hecho semejantes declaraciones.
Además, ante la alarma que ha creado con ellas debería haber dimitido a
iniciativa propia y no a instancias de las sociedades científicas y los
afectados.
Existe una figura que se llama vergüenza --yo diría vergüenza torera--.
Indudablemente ese señor debería haber tenido esa vergüenza, pero como no
ha sido así quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones», mediante
esta pregunta, de la irresponsabilidad, de la frivolidad y de la
imprudencia que ha manifestado don Pedro Pérez con sus declaraciones,
sobre todo teniendo en cuenta que --anteriormente se ha efectuado una
pregunta en ese sentido al señor Ministro de Educación y Ciencia-- se
están poniendo en marcha, precisamente, medidas para evitar el consumo de
tabaco y alcohol en la juventud. Además, mañana mismo va a ser el «Día
sin tabaco» propiciado por la Organización Mundial de la Salud.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, no puedo sino coincidir en los aspectos que su señoría ha
resaltado respecto a lo perjudicial del consumo del tabaco y a lo
alarmante de este problema que, de acuerdo con las previsiones existentes
para el año 2025, va a comportar una mortalidad mundial de 10 millones de
personas. En España, como su señoría sabe, al tabaco se asocian 40.000
muertes anuales y, por tanto, estamos ante un problema de salud serio, al
que intentamos hacer frente, como su señoría ha recordado, por ejemplo, a
través del Convenio entre los Ministerios de Sanidad y Educación, que
trata de dirigir actuaciones específicas a los adolescentes porque
consideramos que la prevención es más efectiva en esa edad.
Con ocasión de estas desafortunadas declaraciones no me queda sino enviar
nuevamente un mensaje a la sociedad acerca del problema de salud pública
que constituye el tabaco en nuestro país y hacer un llamamiento a la
responsabilidad, para que en ningún tono y bajo ninguna circunstancia se
minimice lo que constituye un problema que a todos nos preocupa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE DON ENRIQUE RAFAEL BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ADECUAR LA
FORMACION DE POSTGRADO DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA A LA NORMATIVA
COMUNITARIA. (680/000458.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador Bellido Muñoz, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas previstas por el Gobierno
para adecuar la formación de postgrado de los estudiantes de medicina a
la normativa comunitaria.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, transcurridos ocho años desde que se promulgó
la primera Directiva al respecto, ¿tiene el Gobierno decididas las
medidas para adecuar la formación de postgrado de los estudiantes de
medicina a la normativa comunitaria?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, efectivamente, como ya he tenido ocasión de informar a
esta Cámara, el Gobierno tiene decidido el procedimiento en virtud del
cual se concilia el derecho de los postgraduados del año 1995 a recibir
formación en medicina general con el mantenimiento del sistema MIR, como
sistema de formación de especialistas en nuestro país, articulado en un
Real Decreto que se encuentra pendiente de dictamen del Consejo de
Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.,
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Ministra.
Me alegra, por supuesto, que tengan elaborado ese Real Decreto, que
parece que últimamente ha tenido alguna modificación ante la presión de
un colectivo médico. Pero lamento que después de transcurridos ocho años
de la promulgación de esa Directiva, después de dos años de su toma de
posesión como Ministra de Sanidad y después de varios meses de las
movilizaciones de los estudiantes de medicina, todavía ese Real Decreto
no haya visto la luz. Yo recuerdo que a finales del año pasado o
principios de éste le decía en este salón de plenos que fuese usted
valiente y tomase definitivamente una decisión. Lamento que haya tardado
tanto en hacerlo, porque ha generado un evidente descontento entre
distintos colectivos.
Dicen que en su Ministerio, señora Ministra, se la conoce como la
«Ministra de los pasos perdidos». La verdad es que yo no sé si ha perdido
el paso político en su Gobierno --pienso que sí--, pero sí entiendo que
ha perdido las ideas y la capacidad de decisión. Creo que tiene usted el
triste récord de haber aglutinado en su mandato los mayores conflictos de
la sanidad española en los últimos años: el de los médicos de hospitales,
el de los médicos interinos de atención primaria, el de los Maequis, el
de los Mestos, el de los MIR, el de los enfermeros y, últimamente,
incluso, el de los técnicos sanitarios. Entiendo que todo ello se debe a
esa falta de decisión que, de alguna manera, delata la carencia de ideas
claras y de iniciativas.
Confío, señora Ministra, que ese Real Decreto vea definitivamente la luz
y que no la vea tras los distintos amagos a los que nos han sometido a
los políticos y a las clases médicas, sino tras un diálogo que, de alguna
manera, contente a todas las partes implicadas.
También espero que usted sepa admitir las críticas que el mismo genere y
que, en la multitud de temas que tiene todavía pendientes por resolver,
ejerza usted de Ministra, porque falta nos hace. Si no quiere, no puede o
no sabe, yo le diría que es mejor que dimita antes de que la cesen,
porque la verdad es que está causando un gran daño a la sanidad española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Senador, cuando su señoría me preguntó sobre este asunto no fue el
año pasado, sino este año: el día 7 de febrero. Ya entonces le di cuenta
de cómo estaba la situación y cuál era el problema que, como su señoría
ha tenido a bien recordar, data del año 1986. Además, el día 7 de marzo
comparecí ante esta Cámara para explicar cuál era la solución al
conflicto y, por tanto, anuncié, con motivo de la pregunta formulada por
la Senadora doña María Begoña Sancho Antonio, cuál era esa solución y qué
se concretaba en un decreto. Este se empezó a tramitar en aquel momento,
señoría, y no sé si sabe que los decretos, cuando recogen normas de
carácter general, están sujetos a tramitaciones administrativas. Han
informado todos los afectados, las sociedades científicas, el Consejo
Nacional de Especialidades Médicas, hasta culminar en el Consejo de
Estado, donde se encuentra en este momento pendiente de dictamen. Por
tanto, la solución está adoptada hace meses; di cuenta en esta Cámara,
aunque parece que su señoría no tenía conocimiento, y el tiempo que ha
transcurrido es el necesario para la tramitación inexcusable que requiere
nuestro ordenamiento jurídico.
A partir de ahí, señor Senador, todas sus valoraciones y su preocupación
sobre los problemas de la sanidad se limitan a hacer comentarios
personales a los que no voy a contestar. Lo que sí me gustaría es oír las
aportaciones de su Grupo a todos esos problemas sanitarios que existen
--unos más antiguos que otros--. A mi juicio, la contribución de su Grupo
debería exceder de los comentarios personales que su señoría se limita a
hacer periódicamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DOÑA VICTORIA CAMPS I CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA RAZON POR LA QUE NO SE HA CREADO LA COMISION NACIONAL DE
REPRODUCCION ASISTIDA PREVISTA EN LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE,
SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA. (680/000463.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Camps i Cervera, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la razón por la que no se ha creado la
comisión nacional de reproducción asistida.
Tiene la palabra la Senadora Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en la Ley 35/1988, por la que se regulan las técnicas de
reproducción asistida, se dispone la creación de una comisión nacional de
reproducción asistida. Entiendo que es importante que exista esa comisión
para elaborar criterios y orientar en los conflictos que surgen en la
aplicación de esas técnicas.
Mi pregunta, señora Ministra, es: ¿cuáles son las razones que han llevado
a la demora, a no haber creado aún esa comisión?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Camps, efectivamente, la Ley que su señoría cita prevé la creación
de una comisión nacional de reproducción asistida. Concretamente, en su
artículo 21 dice que la comisión nacional estará constituida por
representantes del Gobierno y de la Administración, representantes de las
distintas sociedades relacionadas con la fertilidad
humana y con esas técnicas y por un consejo de amplio espectro social.
Esto es la previsión de la Ley.
A partir de esta Ley, se inició la elaboración de un decreto en el
Ministerio de Sanidad y Consumo que ya en el año 1990 se presentó al
Consejo Interterritorial y que fue objeto de distintas observaciones en
cuanto a su contenido. Lo cierto es que nuevamente hemos elaborado un
texto de decreto, que fue presentado al Consejo Interterritorial en el
mes de abril de 1994, un nuevo texto que fue sometido a informe
nuevamente y que trataba de subsanar las dificultades que el texto
anterior originó y que interrumpieron su tramitación, porque lo cierto es
que desde el año 1990 no se había remitido al Consejo de Estado por esas
dificultades.
Informado en el mes de julio de 1994, es decir, que este decreto ha sido
retomado recientemente, el siguiente paso fue mandarlo a informe del
Ministerio para las Administraciones Públicas, porque al prever la
creación de un órgano de esta naturaleza es imprescindible su informe. Y
al informar, el Ministerio para las Administraciones Públicas expresa su
preocupación porque la Ley, al carecer de cualquier referencia objetiva
para la designación de los miembros que han de integrar esta comisión de
amplio espectro social, se presta a que la designación por parte del
responsable del Ministerio de Sanidad y Consumo nazca con alguna
dificultad, en el sentido de cómo se interpreta quién representa el
amplio espectro social. De manera que nuevamente hemos considerado la
necesidad de que el decreto contenga criterios objetivos que garanticen
que esta comisión y el consejo representativo del amplio espectro social
tengan exactamente ese carácter representativo y lo hemos hecho valorando
qué diferentes organizaciones pueden estar representadas en ese Consejo
--que ha de designar el Gobierno-- que garanticen la representatividad
social que la Ley prevé, pero para cuya designación da, verdaderamente,
pocos elementos y pocas facilidades. De modo que durante este tiempo lo
que hemos hecho ha sido mejorar la elaboración de un texto que tenga una
cierta garantía a la hora de consolidar los criterios para que esta
comisión nazca con una cierta garantía de objetividad en cuanto a las
designaciones.
Por otra parte, y para terminar, me gustaría añadir que desde la entrada
en vigor de la Ley lo cierto es que funcionan en España alrededor de 80
centros de reproducción asistida y que, afortunadamente, han podido
llevarse a cabo sin que hayan surgido problemas específicos. Pero lo
cierto es, insisto, que estamos muy interesados en la promulgación del
decreto y la prueba es que se ha retomado y ha sido informado por el
Consejo Interterritorial en el mes de julio del año 1994.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD DE LA HUELGA INDEFINIDA CONVOCADA POR LA CONFEDERACION
ESTATAL DE SINDICATOS MEDICOS (CESM). (680/000464.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Zabaleta Areta, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de las
consecuencias para el sistema nacional de salud de la huelga indefinida
convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Tiene la palabra, Senadora Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, las personas que entraron el día 8 de mayo en muchos de
los hospitales dependientes del Insalud buscando una solución al problema
de su salud, se han encontrado con una huelga salvaje, salvaje por
afectar a la salud de las personas, por interrumpir sus tratamientos o
posponer intervenciones --siempre urgentes para el paciente, aunque no lo
sean para el facultativo-- y salvaje también por ser indefinida en el
tiempo. El derecho a la huelga que tienen los trabajadores roza con el
derecho a la salud de los ciudadanos. Pero si una huelga dura tanto
tiempo, machaca el derecho a la salud de las personas.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión ni en el fondo de las
motivaciones de la huelga, aunque me encantaría --sé que es discutible--,
pero sí entro en la forma de expresión en que se está produciendo esta
reivindicación. El día 26 de este mismo mes aparecía en un importante
medio de comunicación un titular: «Así se paraliza un hospital», en donde
se decía que 86 médicos de Traumatología de La Paz realizaron solamente
tres operaciones y en donde se decía, por parte de un facultativo que no
decía cómo se llamaba, la manera de hacer una huelga rotativa, que
produce el mayor perjuicio y, sin embargo, el menor perjuicio para el
bolsillo de aquellos que realizan la huelga.
En esas condiciones, señora Ministra, quisiera preguntarle cuál es la
opinión del Gobierno sobre las consecuencias que está teniendo para el
sistema nacional de salud una huelga indefinida, convocada por la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Senadora, las consecuencias que esta huelga tiene, en opinión del
Gobierno, son distintas y de diferente gravedad. En primer lugar, nos
preocupa la suspensión de las intervenciones quirúrgicas y de las
consultas programadas. Nos preocuparía la suspensión de una sola, cuanto
más la suspensión que a lo largo de estos días acumulados de huelga se
traduce en varios miles de intervenciones quirúrgicas y también en varios
miles de consultas programadas. Es verdad que todos los procesos urgentes
se han atendido con normalidad durante los días de huelga, pero también
es cierto que la programación, fruto de un esfuerzo
enorme que su señoría conoce, en el que estamos empeñados para disminuir
los tiempos de espera, ha dado lugar a suspensiones que afectan no sólo a
la salud de los pacientes, por mucho que no sean urgentes los procesos,
sino también al respeto que merecen personas que están pendientes de ser
sometidas a una intervención o a una consulta, con el factor de
incertidumbre y de preocupación que la atención médica comporta para todo
paciente.
Esta es la primera y fundamental consecuencia, pero hay más. Hay más y no
son ajenas a otras consecuencias algunas actitudes observadas a lo largo
de este conflicto. Con esta huelga --que como su señoría conoce tiene
origen en una reivindicación retributiva, planteada en unos términos de
inflexibilidad que hacen imposible atenderla-- se está dando lugar a un
cuestionario del propio modelo sanitario por quien quiere usar ese
pretexto y eso es una consecuencia grave, primero porque es infundada y
segundo porque puede llevar a ideas absolutamente carentes de fundamento.
Los médicos de hospital han perdido poder adquisitivo, como ha sido
reconocido por mí y como ha sido recogido en los presupuestos de este
año, pero esa pérdida de poder adquisitivo está, primero, prevista en los
presupuestos con una consignación para paliarla y, segundo, el problema
no es tanto de insuficiencia como de mala distribución de los conceptos
retributivos, de defectos estructurales acumulados en unas nóminas que no
se corresponden, en ocasiones, ni con la dedicación ni con el trabajo
realizado.
Estamos hablando de un montante cercano a los 90.000 millones de pesetas
para 12.000 médicos y eso da una media retributiva que en ningún caso
puede avalar los comentarios que se han difundido en estos días sobre
salarios indignos o sobre la imposibilidad de sostener el sistema.
De manera, señora Senadora, que las consecuencias de la huelga, por orden
de gravedad, son, en primer lugar, la perturbación que causan a los
pacientes y, en segundo lugar, por la ocasión y el pretexto que han
brindado para que se cuestionen principios del modelo del sistema
nacional de salud respondiendo a intereses que nada tienen que ver con
los pretendidamente profesionales en que se basa la huelga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
La Senadora Zabaleta tiene la palabra.
La señora ZABALETA ARETA: Agradezco la respuesta de la señora Ministra
porque me parece que la tiene que conocer el conjunto general de la
sociedad.
Hace una semana, el día 22, el Presidente del Consejo General de Colegios
Médicos decía, en una conferencia en el Club Siglo XXI, que la huelga
había sido inevitable. Desde mi punto de vista, la racionalidad y el
sentido común no deben estar reñidos con la reivindicación, a no ser que
lo que se quiera no sea la defensa del sistema, sino su erosión.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, la réplica de la señora Senadora recoge algunas de las
ocasiones que han sido aprovechadas y a las que yo me refería como
pretexto para que de verdad se trasluzca cuál es la verdadera
intencionalidad y en qué se fundamentan los apoyos explícitos que se han
hecho a este conflicto.
Señoría, la huelga no era inevitable. La mejora retributiva de los
médicos de hospital, que es una aspiración legítima, estaba prevista y
consignada en los presupuestos. La necesidad de vincular cualquier mejora
retributiva a mejoras que redunden en un mejor funcionamiento de los
servicios públicos está contenida en el acuerdo Administración-sindicatos
y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de manera que no sólo
debía haber sido evitable esta huelga, sino que tenemos un marco
clarísimo dentro del que debemos organizar la distribución de estos
fondos que mejoren las condiciones retributivas de los médicos, pero que
redunden, al mismo tiempo, en un mejor funcionamiento de la sanidad y de
los servicios que demandan los ciudadanos. La huelga tenía que haberse
evitado y su carácter indefinido añade un particular dramatismo porque no
se puede parar indefinidamente la sanidad sin que nos tengamos que
plantear las dramáticas consecuencias de esa decisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE DOÑA INMACULADA BONETA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LOS CRITERIOS Y LOS MOTIVOS QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A PROCEDER AL
INDULTO DE LOS GUARDIAS CIVILES DON MANUEL BARROSO Y DON JOSE DOMINGUEZ,
CONDENADOS POR LA PRACTICA DE TORTURAS. (680/000451.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Boneta Piedra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre los criterios y los motivos que han llevado al
Gobierno a proceder al indulto de los guardias civiles don Manuel Barroso
y don José Domínguez.
La Senadora Boneta tiene la palabra.
La señora BONETA PIEDRA: Señor Ministro, los casos Lasa y Zabala, la
muerte de Mikel Zabalza, las continuas denuncias de torturas en el
cuartel de Intxaurrondo, en Donostia, parece o puede parecer que están
íntimamente relacionados. En este contexto se producen hace poco más de
un mes los indultos de los guardias civiles Manuel Barroso y José
Domínguez, condenados por la práctica de torturas y, además, alguno de
ellos reindultado.
¿Cuál ha sido el criterio y los motivos que han movido al Gobierno para
proceder a los indultos de los señores
Manuel Barroso y José Domínguez, condenados por la práctica de torturas?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Los criterios del Gobierno en materia de política de indultos se basan,
fundamentalmente, en cinco grandes principios. En primer lugar, el de no
discriminación, cualquiera que sea el tipo de delito y cualquiera que sea
la persona inculpada; en segundo lugar, la fecha en que tuvieron lugar
los hechos delictivos objeto, en su caso, de la eventual medida de
gracia; en tercer lugar, la duración de la pena establecida; en cuarto
lugar, el grado de cumplimiento de la misma; y, finalmente, el más
importante de todos, el nivel de reinserción efectiva.
Conforme a esos cinco criterios los parámetros objetivos avalaban la
propuesta de indulto que este Ministerio elevó al Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Senadora tiene la palabra en turno de réplica.
La señora BONETA PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en absoluto parecen coincidir estos criterios con la
realidad y permítame que dude de algunos de los planteamientos, sobre
todo de los relativos a la presunta reinserción. No olvidemos la
reincidencia de un delito de torturas y no olvidemos tampoco que, desde
el punto de vista de la sensibilidad social, estos indultos se producen
en un momento en el que existe verdadera confusión por determinados
aspectos del funcionamiento de ese cuartel. Además, no hay que olvidar la
sensibilidad social hacia las torturas, hacia un delito absolutamente
repugnante cometido por los que deberían ser servidores del Estado y que
se llaman Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No parece demasiado
oportuno el indulto por el momento en que se produce, en vísperas de una
campaña electoral --esto también tenía que haber sido considerado--,
dando armas o bazas a grupos a los que en este momento no voy a
mencionar.
En todo caso, señor Ministro, no parece que esa reincidencia a la que me
he referido avale una futura reinserción de, al menos, alguno de los
condenados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, estoy de acuerdo en que el delito de torturas es repugnante,
como lo es el delito de terrorismo o como lo pueden ser las agresiones
graves a la libertad sexual. En definitiva, el delito de torturas forma
parte de los delitos más execrables desde cualquier punto de vista. Sin
embargo, las medidas de reinserción, y entre ellas el indulto, no pueden
basarse ni en el carácter abstracto del tipo delictivo ni tampoco en la
persona a la cual se aplican, sino que debe atenderse a otro tipo de
consideraciones.
Su señoría alude a que, efectivamente, fue reincidente; quizá lo que su
señoría no conoce es que el indulto que anteriormente se le concedió fue
por hechos posteriores a los que han sido objeto de indulto en esta
ocasión. En definitiva, eran hechos ocurridos hace más de diez años,
durante los que ambos miembros de la Guardia Civil, no solamente en el
plano teórico, sino en el plano de la conducta diaria, habían demostrado
plenamente, hasta los niveles razonables que implican a cualquier control
externo, su reinserción en la vida social y en los valores que deben
caracterizar un Estado de Derecho.
Por lo tanto, en la línea que el propio Parlamento Vasco mantuvo --según
creo sin el voto de su Grupo, pero, en definitiva, con el voto del
Partido Nacionalista Vasco, PSOE y PP-- sobre que no debe excluirse a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad de una política global
de indultos, y dándose las circunstancias concretas en este caso de que
estaba acreditada esa plena integración durante más de diez años en su
trabajo profesional, el Ministerio consideró procedente proponer al
Consejo de Ministros ese indulto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON ALFREDO PRADA PRESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO ADECUADO EL ACTUAL SISTEMA DE
PROTECCION ASEGURADORA DE ACCIDENTES ESTABLECIDO PARA LOS VEHICULOS
POLICIALES. (680/000455.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Prada, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre si considera el Gobierno adecuado el actual sistema de
protección aseguradora de accidentes establecido para los vehículos
policiales.
El Senador Prada Presa tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿considera el Gobierno adecuado el actual sistema de
protección aseguradora de accidentes establecido para los vehículos
policiales?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no es plenamente satisfactorio, no lo es. Como su señoría
conoce, en la actualidad existe el sistema de la protección que está
cubierto por el seguro obligatorio de
automóviles derivados del uso y circulación de vehículos a motor. Es
verdad que el Real Decreto del año 1992, que implicaba la adaptación a la
normativa europea y al principio de aproximación de legislaciones, mejoró
relativamente la situación al elevar hasta 16 millones de pesetas por
daños personales y hasta cuatro millones por daños materiales. Sin
embargo, lo cierto es que ese sistema debe ser mejorado; esperamos que lo
sea a través de la ley de supervisión de los seguros privados que
actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Prada pide la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco que, por lo menos, tenga la honorabilidad de
reconocer que no es un buen sistema el que actualmente está rigiendo la
cobertura aseguradora de los vehículos policiales. Pero hay un dato que
han denunciado los sindicatos policiales, que a mi Grupo le ha preocupado
enormemente, y es que parece ser que durante años el Ministerio del
Interior, el hoy reconvertido en Ministerio de Justicia e Interior,
estuvo utilizando la partida de fondos reservados para el abono de multas
e indemnizaciones, consecuencia de accidentes de circulación en los que
se veían implicados los vehículos policiales.
Evidentemente, las denuncias de los medios de comunicación, las denuncias
de la oposición en general, y más concretamente las denuncias que tanto
en sede parlamentaria como en otros foros ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y en el Senado, han conseguido que estas
prácticas, cuando menos irregulares --y presuntamente ilicitadas--, hayan
terminado, de lo que le aseguro, señor Ministro, mi Grupo se felicita--.
Pero, claro, nos encontramos en la actualidad con que los conductores de
esos vehículos, como consecuencia de un accidente de circulación pueden
sufrir unas lesiones, les pueden quedar unas secuelas o incluso pueden
fallecer y no tienen ningún tipo de cobertura. Evidentemente, la
conclusión a la que llegamos es que el sistema actual --y eso lo
compartimos con usted-- es manifiestamente mejorable. Pero si lo
anterior, es decir, la utilización de fondos reservados para pagar esas
indemnizaciones o multas --y le recuerdo, señor Ministro, que estamos
hablando en el supuesto de que no exista un tercer vehículo responsable o
culpable de ese accidente--, a mi juicio, era una auténtica chapuza, lo
actual es una mala gestión, y no nos extraña, señor Ministro, que en ese
sentido cada día haya más ciudadanos que piensen que el Gobierno
socialista o es chapucero o es mal gestor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
A los adjetivos no voy a responder, sí a lo que supone falta de
información.
Existe --yo creía que su señoría lo sabía y por eso no lo he mencionado
en la primera parte de mi respuesta-- en este momento una póliza que
cubre precisamente a los policías y guardias civiles en los supuestos de
accidentes cuando se trate precisamente de daños a su vida, a su
integridad física, concretamente para los supuestos de muerte e
invalidez. Ese supuesto sí existe y hay una póliza contratada de
conformidad con el acuerdo al que se llegó con los sindicatos, no
recientemente, sino desde el año 1993 (yo daba por supuesto que ese dato
lo tenía su señoría). Pese a eso, entiendo que la cobertura es todavía
escasa y no es más que un tema de carácter presupuestario. Pienso que,
actualmente, las cuantías que cubren los supuestos de muerte e invalidez,
que están expresamente previstos en la póliza del seguro, pueden y deben
ser ampliados en la misma medida en que las partidas presupuestarias lo
permitan. Claro que existe cobertura, y me sorprende que su señoría no
conozca ese dato. Existe una póliza, que con mucho gusto le enseñaré, que
cubre los daños causados a los policías y a los guardias civiles. (El
señor Prada Presa hace signos negativos.) Sí, señoría, existe --con mucho
gusto se la daré, incluso le podré dar las cantidades exactas por
supuesto de muerte y por supuesto de invalidez--. Existe esa cobertura.
Siempre se puede mejorar, y es deseo del Ministerio de Justicia e
Interior lograr tener partida presupuestaria que permita ampliar tanto el
número de supuestos como la cuantía de la indemnización.
En todo caso, respecto de daños a terceros, a través del seguro
obligatorio --supongo que su señoría lo sabe--, la actual ley que se
tramita en el Congreso de los Diputados resuelve ampliamente el problema.
Sobre el tema de los fondos reservados es obvio que no pienso responder a
todas sus afirmaciones, pues constituyen parte de la estrategia global de
su Grupo hablar de aquello que legalmente no se debe ni se puede hablar,
realizando afirmaciones sin ninguna base más que la de la simple
exhibición a la que nos tiene acostumbrado su Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DOÑA VICTORIA CAMPS I CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS ARGUMENTOS QUE TIENE EL GOBIERNO PARA CONCEDER EL INDULTO A LOS
ENCAUSADOS POR UN DELITO TAN INCOHERENTE CON LOS DERECHOS HUMANOS COMO EL
DE LA TORTURA. (680/000462.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Camps i Cervera, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los argumentos que tiene el Gobierno para
conceder el indulto a los encausados por un delito tan incoherente con
los derechos humanos como el de la tortura.
Tiene la palabra la Senadora Camps.
La señora CAMPS I CERVERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted sabe que el indulto concedido a los guardias
civiles Barroso y Domínguez ha provocado críticas e incomprensiones en la
opinión pública. Yo creo que no se pone en duda la existencia de unos
criterios generales --que son los que usted ha mencionado hace un
momento-- para aplicar el indulto, ni tampoco se pone en duda el derecho
de cualquier delincuente a ser indultado. Por mi parte, tampoco dudo de
la bondad de la reinserción, lo que creo que se echa de menos en este
caso son argumentos que expliquen a los ciudadanos por qué en este caso
se concede el indulto y en otros --me refiero, por ejemplo, al caso
Linaza-- se opta por expulsar del Cuerpo a unos guardias civiles que han
incurrido en las mismas prácticas de tortura.
Señor Ministro, querría que me explicitara un poco más cuáles han sido
las razones concretas que en este caso han llevado a decidirse al
Gobierno por el indulto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente; gracias, señoría.
En todo caso, me alegro que en los términos del propio planteamiento de
la pregunta se evidencie un dato que no deja de ser preocupante: por
ejemplo, nadie me ha sometido a control parlamentario para preguntarme
por qué no se ha concedido el indulto a los miembros de la Guardia Civil
a los que no se les ha concedido y, sin embargo, es la tercera ocasión en
que estoy gustosamente obligado a someterme al control parlamentario
sobre los dos únicos supuestos en los que se ha concedido la medida de
indulto. De ese planteamiento inicial se infiere, en definitiva, que no
se trata de una política global, porque no puede existir una política
global más que en la fijación de criterios generales a partir de los
cuales la concesión del indulto es necesariamente una medida individual,
una medida de gracia que se proyecta sobre conductas concretas, sobre
personas concretas, al margen de la actividad delictiva por la que hayan
sido sujetos a procedimiento criminal.
En este caso convendría aclarar algunas cosas. Primera, la sentencia no
se adoptó por unanimidad --uno de los tres magistrados entendió que no
había pruebas para condenar--. Segunda, efectivamente, en el informe
sobre indulto --de nuevo dos sobre uno-- uno de los magistrados entendió
que procedía el indulto integral de la pena precisamente por dudas sobre
la autoría y, en segundo término, como consecuencia de la efectiva
reinserción.
¿En qué se acredita la efectiva reinserción? Señorías, se acredita en que
desde que ocurrieron los hecho hasta la fecha, durante once años
continuadamente han ejercido sus funciones dentro de la Guardia Civil --y
en temas tan complejos como es la investigación del terrorismo--, y a lo
largo de esos once años han demostrado de manera continuada que en ningún
caso han utilizado medios tan repugnantes como los de los malos tratos o
la tortura para el ejercicio de su función y, además, han demostrado que
realizaban con plena dedicación y esfuerzo su trabajo. Once años después,
tras haber realizado sin una sola mancha sus funciones como policía
judicial, en el marco de la investigación antiterrorista, en definitiva
con un planteamiento que demuestra --en los términos en los que siempre
es posible demostrar las cosas, en los términos objetivos y externos--
que han comprendido perfectamente la grave culpa que cometieron y que se
han integrado plenamente en la función de policía judicial, les hacía
merecedores, en opinión del Gobierno --siempre discutible, sin duda
alguna-- del beneficio del indulto.
Me gustaría también aclararle, señoría, que, frente a lo que se ha
publicado, en este caso cumplieron íntegramente la pena privativa de
libertad a la que habían sido condenados, la cumplieron íntegramente. Las
afirmaciones sobre la impunidad de la conducta, por lo tanto, se basan en
la desinformación o en la mala fe. Cumplieron durante el año 1994 la
totalidad de la pena privativa de libertad que les fue impuesta y,
además, cumplieron parcialmente la pena de inhabilitación especial. Lo
que ha habido es, a la vista de esos once años de servicios efectivos
prestados con pleno respeto a las libertades y a los derechos
individuales y con pleno sacrificio en servicio de su función policial,
lo que ha habido, repito, es un indulto parcial de la pena de
inhabilitación. En definitiva, siempre que se ejercita un derecho de
gracia por definición es discutible; sin embargo, el Consejo de Ministros
no tiene dudas de que adoptó la decisión más equitativa, que es, en
definitiva, la única guía que debe presidir sus actuaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
INTERPELACIONES:
--DE DON ESTEBE PETRIZAN IRIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
POSICION DEL GOBIERNO DE CARA A LA REFORMA DEL TEXTO DEL AMEJORAMIENTO
FORAL DE NAVARRA. (670/000129.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Siguiente punto del orden del
día: interpelaciones. La primera es la que formula el Senador don Estebe
Petrizán Iriarte, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del
Gobierno de cara a la reforma del texto del Amejoramiento Foral de
Navarra.
Tiene la palabra el Senador Petrizán Iriarte.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Senadores, para comenzar quiero decir que, tratándose
de una de mis últimas intervenciones desde esta tribuna, si no de la
última, quería traer aquí un asunto, un problema característico de mi
Comunidad por su calado político.
Es evidente que siendo Senador autonómico, en mi caso por la Comunidad
Foral de Navarra, hay que tener una especial predilección por los temas
propios o que tienen gran influencia sobre el territorio al que se
representa. Así he tratado de hacerlo a lo largo de la legislatura, y hoy
precisamente quiero traer a esta Cámara la cuestión más polémica desde el
punto de vista político-institucional de Navarra.
Sin duda, la elección de presidente de una Comunidad es un hecho
relevante por sí mismo, pero cuando como en Navarra esta elección se
convierte en un hecho tortuoso, que acapara titulares durante semanas,
incluso durante meses, se puede colegir que la sensación que se transmite
a los ciudadanos y ciudadanas es muy negativa al incentivarse de alguna
manera la falta de crédito en las instituciones democráticas, en este
caso en las afectadas: el parlamento y el propio Gobierno de Navarra.
Pero esto no lo digo a humo de pajas, sino porque este tipo de casos
operan como un revulsivo a la participación ciudadana y a la propia
cohesión social como comunidad, sobre todo porque se ve que por un
aspecto meramente procedimental, reglamentario, se puede llegar a perder
el tiempo --ya he dicho que semanas y meses-- de forma notable.
Dejando a un lado esta consideración general, podríamos decir que en
Navarra cada inicio de legislatura autonómica tiene un plus de interés,
un punto de atención cuasi morboso por la repetición de una situación
anómala. Todos los comienzos de legislatura autonómica han sido complejos
y no se han solucionado por procedimientos normales. Se han tenido que
buscar fórmulas excepcionales --más bien la fórmula excepcional-- para la
elección del Presidente de la Comunidad.
La especial fragmentación política de Navarra que, como es obvio, se
refleja en el Parlamento, posibilita que la fórmula prevista como
excepcional se haya convertido en la norma, en el procedimiento usual
para la elección del Presidente o Presidenta del Gobierno de Navarra.
Este es el hecho descarnado motivo de la presente interpelación. Ahora
trataré de entrar en las causas que posibilitan esta anómala situación,
las posibilidades de resolución y, en su caso, el reparto de
responsabilidades a que puede dar lugar la falta de soluciones a esta
curiosa situación.
Como introducción, pues, podemos explicar que todos los presidentes del
Gobierno de Navarra que han llegado al cargo --tres hasta el momento-- no
han sido elegidos por el Parlamento, sino que han llegado a la
Presidencia por el llamado procedimiento automático. Este procedimiento
se pone en marcha una vez que ningún candidato ha obtenido mayoría
absoluta ni simple en diversas votaciones y han trascurrido dos meses
desde que se produjo la primera votación.
Podríamos pensar en la virtud de esta fórmula ya que permite disponer de
un Presidente tras el proceso electoral precedente, pero, en realidad
--así se ha demostrado al menos en Navarra--, lo que la misma supone es
un ejemplo de perversión del sistema democrático que hipoteca la
credibilidad gravemente, y todo esto por dos razones fundamentales: hay
una contradicción entre la fórmula del procedimiento automático y el
régimen parlamentario. Esto es así porque los diversos presidentes que
han alcanzado el cargo en Navarra no cuentan con el apoyo de la mayoría
de la Cámara. Pero no es sólo eso, es que cuentan con el rechazo
explícito, tanto de la mayoría absoluta como de la mayoría simple. Este
es, pues, un claro ejemplo de lo que he llamado perversión del sistema ya
que, obviamente, este procedimiento --perdónenme la expresión-- se da de
tortas con el régimen parlamentario de manera notable.
Pero hay otra cuestión, la que podríamos llamar quiebra constitucional.
Si en el punto anterior veíamos una primera contradicción con el régimen
parlamentario, también se puede decir que el Presidente no sale elegido
democráticamente por el Parlamento, con lo cual se produce una quiebra
constitucional ya que, según está establecido, los presidentes serán
elegidos democráticamente en los diversos parlamentos.
La explicación de este primer punto, es decir, el estado de la cuestión
hasta el momento actual, con la experiencia de más de una década y tres
elecciones de Presidente --próximamente habrá una cuarta elección--, nos
deben llevar al segundo punto de esta exposición, la necesidad de la
reforma.
La necesidad del amejoramiento Foral de Navarra en el punto de la
elección de Presidente es una cuestión en la que está de acuerdo el
conjunto de fuerzas de la Comunidad Foral de Navarra. La experiencia ha
sido tan mala, tan frustrante, que el consenso en esta cuestión es
prácticamente una exigencia. Pero, además, aparte del acuerdo político,
existe también la razón de que este sistema hipoteca casi totalmente la
vida política y parlamentaria al dotarla de una especial inestabilidad de
consecuencias graves para su normal transcurrir.
Viendo el ejemplo más extremo, podríamos decir que por el procedimiento
automático se ha alcanzado el Gobierno de Navarra con quince
parlamentarios de entre cincuenta por ser la lista más votada. Esto puede
dar idea de la complicación subsiguiente para tener mayorías medianamente
estables que posibiliten un discurrir político e institucional
normalizado.
De esta manera, la necesidad de la reforma estará sustentada, tanto en la
consideración del sistema previsto, el sistema normal --el que debiera
haber sido habitual nunca ha dado fruto--, como en la evidencia de que el
procedimiento automático pervierte la esencia democrática del sistema
parlamentario, añadiendo, además, una hipoteca a la vida política en
general y parlamentaria en particular.
Podríamos concluir este punto proclamando la necesidad imperiosa de la
reforma del amejoramiento Foral de Navarra, pero es que, además, junto a
este hecho consideramos que esta Comunidad tiene potestad propia para
producir este cambio sin que se deban producir interferencias por parte
del Gobierno del Estado. Es un hecho que el amejoramiento del Fuero de
Navarra no es un estatuto de autonomía sino un ordenamiento singular si
lo comparamos con la mayoría de Comunidades del Estado. Pero haríamos
aquí una advertencia. Con la palabra singular queremos
expresar precisamente eso, singular, sin que podamos afirmar cualidad
añadida alguna, ni mejor ni peor, sencillamente distinta. Esta
singularidad --decía-- aparece y queda clara si repasamos tanto la
historia lejana como la cercana.
En efecto, el carácter diferente del amejoramiento Foral de Navarra no
aparece sólo haciendo referencia a la historia más o menos lejana --que
argumentos se han dado--, sino que la singularidad de este texto jurídico
está declarado por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 6 de
1984 y en la número 140 de 1990. No hablamos, pues, de un argumento más o
menos etéreo que no tenga una base jurídica clara. Y siguiendo
argumentando en este sentido de la singularidad, deberíamos contemplar
también que la diferencia no está sólo en una cuestión procedimental, es
decir, exclusivamente desde la vía de acceso a la autonomía, como es
conocido que se produce desde otra realidad jurídica, sino que lo está
también desde el punto de vista material.
Navarra accede a la autonomía desde una vía singular, heredando la
tradición paccionada en su relación con el Estado tal y como se proclama
desde el preámbulo del amejoramiento, donde se dice: «En justa
consideración a tales antecedentes...» (entre otras cosas se está
hablando de la Ley Paccionada de 1841) «... la Constitución, que afirma
principios democráticos, pluralistas y autonómicos, tiene presente la
existencia del régimen foral. Y, consecuentemente, en el párrafo primero
de su disposición adicional primera, ampara y respeta los derechos
históricos de Navarra y, en el apartado dos de su disposición
derogatoria, mantiene la vigencia en dicho territorio de la Ley de 25 de
octubre de 1839. De ahí que, recién entrada en vigor la Constitución se
promulgara, previo acuerdo con la Diputación Foral, el Real Decreto de 26
de enero de 1979, con el que se inició el proceso de reintegración y
amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.»
Todo esto avalaría la vía singular de acceso a la autonomía de Navarra.
Pero, como decía, no sólo desde el punto de vista procedimental existe
esta singularidad, sino que también desde el punto de vista material
Navarra es singular. El ejemplo más claro y conocido de esta materialidad
competencial serían las facultades que ejerce, por ejemplo, la llamada
Hacienda Foral de Navarra. Habría que añadir, además, que hay un núcleo
de competencias que Navarra nunca ha perdido, que siempre ha dispuesto y
ha ejercido de él, a diferencia de otros territorios y comunidades del
Estado. Además, podemos comprobar que el amejoramiento y, por tanto, la
vía que ha escogido Navarra, es el instrumento para que se dote a sí
misma de una autoorganización con el solo límite de la unidad
constitucional.
Tenemos en este momento dos cuestiones sobre la mesa: por un lado, la
necesidad de la reforma del amejoramiento, y, por otro, la potestad que
tiene Navarra en base a su singularidad, tanto formal, procedimental,
como material, con el único límite de la unidad constitucional. La
curiosidad viene del hecho de que, si bien las fuerzas políticas de
Navarra están de acuerdo con el cambio y Navarra tiene potestad para
llevarlo a cabo, es el Gobierno del Estado el que impide este cambio,
intentando hacer ley la doctrina de café para casi todos.
La jungla electoral que se crearía si todos los parlamentos autonómicos y
forales tuvieran la facultad de disolver las respectivas Cámaras y
convocar elecciones inaugurando legislaturas distintas es la razón que se
da para que desde el Estado se pongan todas las trabas posibles a cambios
que pudieran producir estos efectos, y, sin embargo, no se tiene en
cuenta un primer agravio comparativo que sería el diferente nivel
competencial entre unas autonomías y otras en esta cuestión. Así, la
Comunidad Autónoma del País Vasco, junto con Cataluña, Galicia y
Andalucía, pueden disolver las Cámaras autonómicas e iniciar nuevas
legislaturas, y el resto de comunidades no disponen de esta posibilidad.
Podríamos hablar de dos velocidades en el ejercicio y en la asunción de
competencias de las Comunidades Autónomas, o, más claramente, de la
existencia de Autonomías de primera clase, por un lado, y por otro, del
resto, en el que se sitúa un genérico pelotón de los torpes. Esta
situación de evidente discriminación no puede ni debe prolongarse en el
futuro, y no es argumento hablar de complicaciones futuras, procesos
electorales múltiples y falta de estabilidad, porque esas mismas
complicaciones se deben prever. La solución nunca debe ser la
prohibición, la restricción, el miedo, en definitiva, la libertad de las
comunidades, y no he hablado conscientemente en este último punto en
exclusiva de Navarra, porque creemos que otros territorios del Estado
tienen exactamente el mismo derecho que reclamamos, otra cosa será si
solicitan o no disponer de él.
Concretando, en la regulación que se da en las diferentes Comunidades, en
esta cuestión vemos que las Comunidades Autónomas del País Vasco,
Galicia, Cataluña y Andalucía pueden disolver los distintos parlamentos y
no coincidir en el tiempo la legislatura, como así sucede; sin embargo,
en el resto de Autonomías, y en virtud del café para casi todos, la
disolución y convocatoria, y, por tanto, la legislatura, coinciden.
También coincide con esto la vía de acceso de las Autonomías, las
primeras por el artículo 151, las llamadas históricas, y por el 143, el
resto. De hecho a Navarra se le equipara con las segundas, con lo cual no
estamos de acuerdo porque esta división histórica-no histórica es
arbitraria; el criterio no es la historia, sino el deseo de los
ciudadanos y ciudadanas de conformar una comunidad con el grado de
autonomía que deseen, incluido, obviamente, el ejercicio y el derecho de
la autodeterminación. Este sería, en nuestra opinión, el criterio para
desbloquear el problema autonómico y los problemas subsiguientes en este
punto.
Como conclusión diríamos que Navarra quiere ejercer la potestad de
disolver el Parlamento foral e inaugurar, por tanto, legislaturas que
pueden o no coincidir con el de otras Comunidades. Este deseo, que
debiera valer para que así sucediera, está además avalado por el hecho
del devenir histórico de esta Comunidad y por la singularidad que ha
tenido, por ejemplo, en el acceso a la autonomía.
La segunda conclusión sería que desde el Ministerio para las
Administraciones Públicas, por tanto desde el Gobierno del Estado, se
niega esta posibilidad. Es una actitud
incomprensible y prepotente desde principios tan básicos como la igualdad
de derechos y obligaciones. La discrecionalidad que exhibe el Gobierno en
esta cuestión es digna de remarcar, ya que, en definitiva, el Gobierno
trata de mantener el máximo de competencias, su preponderancia central y
el caduco centralismo.
Ejemplos como el que hemos puesto sobre la mesa debieran bastar para
cambiar --aunque sea una pequeña broma-- el nombre del Ministerio para
las Administraciones Públicas por el de ministerio del centralismo del
Estado, ya que es evidente que ni la dudosa esencia democrática del
procedimiento automático, ni la inestabilidad política que se provoca en
Navarra cada comienzo de una legislatura, ni la voluntad expresada por la
totalidad de las fuerzas políticas de Navarra le han servido al Gobierno
para llegar a un acuerdo, imponiendo o intentando imponer condiciones
vergonzantes de Comunidad de segunda. Esas propias condiciones no
deberían de existir, ni deberían existir las llamadas Comunidades de
segunda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizán
Iriarte.
Para su contestación, tiene la palabra el señor Ministro para las
Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero iniciar mi intervención lamentando que el señor Petrizán
tenga que abandonar esta Cámara como consecuencia del resultado de las
votaciones del pasado domingo, pero entiendo que nada justifica que su
despedida vaya cargada o acompañada de toda la retahíla de tópicos acerca
del centralismo y de una concepción periclitada del Estado autonómico.
El tema de los criterios del Gobierno en relación con el amejoramiento
del Fuero de Navarra y su posible reforma se pone en marcha,
efectivamente --como se ha recordado por su señoría--, por la Diputación
Foral de Navarra con el apoyo de los dos partidos mayoritarios en el
Parlamento foral, UPN y PSOE, en el ejercicio de la iniciativa que le
reconoce la Ley Orgánica del Régimen de reintegración y amejoramiento
Foral de Navarra, que aprobó con fecha 20 de diciembre de 1993 dicha
iniciativa de reforma en la que se comprendía una modificación
políticamente importante del artículo 29. Y, como se ha subrayado también
por su señoría, toda iniciativa de reforma, de conformidad con la propia
esencia y la especialidad histórica del Régimen Foral de Navarra, sólo
puede prosperar si cuenta con el acuerdo entre el Gobierno de la Nación y
la Diputación Foral de Navarra para su puesta en marcha, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 71 de la Lorafna.
Es oportuno, por tanto, que como Ministro para las Administraciones
Públicas explicite aquí los criterios con los que el Gobierno de la
Nación ha acogido en su momento la iniciativa de modificación de la Ley
Orgánica que actúa, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia
constitucional, como genuino Estatuto de Autonomía de la Comunidad Foral
de Navarra.
El Gobierno Foral de Navarra aprobó iniciar el procedimiento de reforma
el 20 de diciembre del año 1993, y el Presidente de aquella Comunidad lo
comunica al Presidente del Gobierno de la Nación solicitando la apertura
de las negociaciones. El 11 de marzo de 1994 el Consejo de Ministros
nombra la comisión prevista en la Lorafna para su propia reforma, que
celebra su primera reunión en Pamplona el 4 de mayo de 1994. En dicha
reunión, tras el análisis de la propuesta de reforma y los efectos de la
misma sobre el pacto o acuerdo nacional existente entre el Gobierno, el
Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que fundamentó la
reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General y de los Estatutos de Autonomía y Leyes Electorales Autonómicas
que exigían una adecuación a dicha reforma, se convino que la comisión de
Navarra remitiría a la del Gobierno, a través del Ministro que les habla
--como se hizo, en efecto, por carta de fecha 20 de junio de 1994--, un
texto que contemplara los supuestos de disolución del Parlamento por
voluntad del Presidente del Gobierno Foral o por no alcanzarse la mayoría
absoluta en el proceso de elección de Presidente, estableciéndose,
asimismo, el procedimiento para la designación de éste, con una reducción
de plazos y la previsión de la mayoría absoluta.
El texto en cuestión fue el siguiente: Uno. El Presidente de la
Diputación Foral será elegido por el Parlamento de entre sus miembros y
nombrado por el Rey. Dos. El Presidente del Parlamento, previa consulta
con los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con
representación parlamentaria, propondrá un candidato a Presidente de la
Diputación Foral. Tres. Si transcurrido el plazo de 30 días a partir de
la primera votación, ningún candidato hubiera sido elegido por mayoría
absoluta, el Parlamento quedará disuelto, convocándose de inmediato
nuevas elecciones. En este último supuesto, el mandato del nuevo
Parlamento durará hasta la fecha en que debiera concluir el primero.
Cuatro. El Presidente de la Diputación Foral o Gobierno de Navarra,
previa deliberación de éste, podrá disolver el Parlamento, debiendo
convocar elecciones para un nuevo mandato parlamentario de igual duración
que el anterior.
La segunda reunión tuvo lugar en Madrid el día 14 de septiembre del
pasado año, fecha en la que la representación del Gobierno confirmó la
vigencia del pacto mencionado entre el Gobierno, PSOE y PP para mantener
la coincidencia de los procesos electorales aludidos. Tras haber
mantenido conversaciones los representantes del Gobierno con los
representantes de los partidos políticos firmantes, la representación del
Gobierno reiteró que esto había de respetarse de forma que los mandatos
de las elecciones por causa de disolución anticipada de las asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas no podían situarse más allá del
final del mandato inicial. El Gobierno hizo entrega de dos alternativas,
por escrito, al texto pretendido por Navarra, tendentes ambas a limitar
la duración del mandato derivado de las nuevas elecciones al tiempo de
finalización del mandato anterior.
En resumen, ni la representación del Gobierno de la Nación ni la
representación del Gobierno de Navarra pudieron aceptar los razonamientos
vertidos, por lo que el tema quedó pospuesto a una nueva reunión, que
tuvo lugar el 7 de marzo del presente año a solicitud del Presidente de
la Comunidad de Navarra. En dicha reunión la parte navarra trató de
exponer una nueva fórmula propuesta por UPN y aceptada, en principio, por
el Partido Socialista Navarro, PSOE, y que se entendía como susceptible
de producir el desbloqueo de la negociación.
De dicha fórmula se desprende lo siguiente: A) Modificar el artículo 29
de la Lorafna de forma que ésta recoja únicamente el procedimiento de
elección del Presidente. B) Modificar la Ley Foral del Gobierno y
Administración de la Comunidad Foral de Navarra para que en ella se
plasme, al igual que en otras Comunidades históricas, la facultad del
Presidente de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. C)
Garantías por parte del Presidente del Gobierno de la Nación de no
impugnar el reconocimiento de la potestad de disolución de la Cámara
legislativa de Navarra y convocatoria de nuevas elecciones para un nuevo
mandato completo que constase en la Ley Foral del Gobierno aludida.
Por parte del Gobierno de la Nación se puso de relieve en dicha reunión
que no era posible aceptar el condicionamiento relativo a la impugnación
de la modificación de la Ley Foral del Gobierno de Navarra en los
términos propuestos, por cuanto tal modificación chocaba con el pacto
acordado a nivel nacional y que desembocó en la modificación ya
mencionada de la Ley del Régimen Electoral, que busca el mantenimiento
del principio de coincidencia de los procesos electorales en aquellas
Comunidades del artículo 143, que son las 13 que celebraron el pasado
domingo dicha convocatoria.
La posición de la representación del Gobierno de la Nación se concreta en
reservar su actuación en relación con la Ley del Gobierno de Navarra; en
definitiva, no requiere una modificación de la Lorafna por cuanto que hay
muchos silencios en los Estatutos de Autonomía al respecto, y si el
Parlamento navarro quiere regular los supuestos de disolución, como
proponía, por una Ley de Gobierno de Administración de la Comunidad
Foral, que lo haga, pero asumiendo las consecuencias de un posible choque
de constitucionalidad con la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
En todo lo demás, el Gobierno manifestaba su neutralidad acerca del
requisito, que no existe actualmente en la Lorafna, de que el candidato a
la Presidencia sea miembro del Parlamento navarro, ni en cuanto a la
reducción del plazo a 30 días, ni a la exigencia de mayoría absoluta,
cuestión sobre la que no teníamos nada que decir y que aceptábamos. En
definitiva, el desacuerdo quedaba planteado en torno a la posibilidad de
abrir un proceso de disolución que concluyera en unas convocatorias
electorales que sacarían a Navarra del proceso de coincidencia en las
convocatorias que se pactó años atrás con el fin de concretar las
convocatorias electorales en una determinada fecha.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Petrizán Iriarte por tiempo de cinco minutos.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que no esperaba de un hombre de su
sensibilidad la --permítame usar esta palabra-- ordinariez que ha
expresado nada más subir a la tribuna al comentar que me voy por los
resultados electorales. Pues no, me voy por voluntad propia, pero,
además, si aquí hay un Senador de Eusko Alkartasuna a partir del próximo
período, usted deberá estar agradecido porque significará, entre otras
cosas, que los socialistas siguen en el Gobierno de Navarra, y no en la
gélida oposición. Esto de entrada.
Después no me ha soltado más que un montón de tópicos usted también. Me
dice que yo le he soltado lugares comunes y tópicos, y usted me ha
respondido contándome el detalle de unas negociaciones por las que, como
explicación didáctica, le doy las gracias, pero eso es lo que sale en los
periódicos, y yo, obviamente, esperaba algo más, porque creo que en
respuesta a una petición que hacemos desde Navarra el conjunto de las
fuerzas políticas --insisto, el conjunto de las fuerzas políticas de
Navarra-- sobre esta cuestión no es de recibo que me cuente el detalle de
una negociación.
Lo único que puedo colegir de todo esto que usted dice es que, desde
luego, han sido incapaces de llegar a un acuerdo, sobre todo por una
razón: porque no reconocen una cosa que es básica y que es la que
nosotros precisamente estamos reivindicando, que es, sencilla y
exclusivamente, la potestad que nosotros exigimos que se reconozca que
tiene Navarra en esta cuestión, como en otras.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra don Ricardo Sanz, por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, es oportuna esta interpelación que ha formulado
el Senador Petrizán Iriarte y que, si bien parece en principio referirse
a un aspecto muy concreto, debemos tener en consideración que hace
alusión, a nuestro entender, a dos cuestiones de suma importancia: en
primer lugar, el carácter paccionado del amejoramiento y, en segundo
término, la consideración, en la práctica, de Navarra como una Comunidad
Autónoma de régimen común, con olvido de su singularidad foral. Es decir,
en esta interpelación se debate algo más que el artículo 29 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral navarro. Y a
pesar de que el señor Ministro me va a acusar de que voy a acudir a un
discurso de jurista, no me resisto a leer literalmente qué establece el
artículo 29 de la citada Ley de Amejoramiento acerca del procedimiento de
elección del Presidente. Dice literalmente: «El candidato, para ser
elegido, deberá en primera votación obtener mayoría absoluta; de no
obtenerla, se procederá a una segunda votación 48 horas después de la
anterior, y la confianza se entenderá otorgada si hubiera mayoría
absoluta o simple en las sucesivas votaciones. Si transcurrido el plazo
de dos meses» --nótese que es un plazo de tiempo muy notable-- «a partir
de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría
simple, será designado Presidente de la Diputación Foral el candidato del
partido que tenga mayor número de escaños». Es decir, con este sistema es
muy probable que Navarra no tenga Presidente hasta el próximo mes de
septiembre, lo cual supone una evidente situación de anormalidad
administrativa.
Es obvio, como habrán observado sus señorías y los asistentes, que este
procedimiento es muy lento, notablemente inseguro y genera en la práctica
gobiernos minoritarios a merced de la oposición parlamentaria, con la
consiguiente inestabilidad política. Y esto, ¿por qué ha sido así? Pues
sencillamente porque las negociaciones mantenidas entre el Gobierno de
Navarra y el del Estado para solucionar este problema han concluido con
un rotundo fracaso por anteponer a los intereses de Navarra el pacto
suscrito entre los partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido
Socialista, en materia autonómica, y más concretamente con el objeto de
evitar la ampliación del calendario electoral autonómico de forma que
todas las Comunidades, salvo Galicia, Cataluña, Euskadi y Andalucía,
tuvieran las elecciones en el mismo momento. Lo cierto es que la fórmula
actual de elección del Presidente de Navarra precisa una reducción de
plazos, lo cual es sencillísimo y no precisa para nada retocar el
calendario. Y, además, también existe la posibilidad de no abrir una
nueva legislatura si otorgamos facultad al Parlamento Foral navarro para
autodisolver el citado Parlamento y proceder a una nueva elección sin
abrir con ello una nueva legislatura, insisto, distinta a las demás
Comunidades Autónomas.
Ante estas soluciones que consideramos sencillísimas, creo que es
evidente que se ha producido una cerrazón del Gobierno central, que deja
en el aire por lo menos dos preguntas. En primer lugar, dónde queda la
capacidad de autoorganización de la Comunidad Foral de Navarra, porque
estamos ante una cuestión de autoorganización, de elección de su propio
Presidente. Para mí --y comprenderán, señorías, que la respuesta está
perfectamente motivada-- no existe o apenas existe. Y en segundo lugar, y
lo que es peor: a qué nivel de autogobierno, a qué nivel de autonomía se
reduce a la Comunidad Foral de Navarra, cuya singularidad foral ha sido
magníficamente explicada por el Senador Petrizán: a un nivel mínimo; al
mínimo. Su única especificidad, al margen de la tributaria, que también
ha sido bien expuesta, es denominarse Comunidad Foral, poco menos que
como ya ha señalado el Tribunal constitucional en su sentencia de 6 de
febrero de 1984. Y esto, con ser grave, a nuestro entender deja en
evidencia a todos los partidos mayoritarios que han conseguido persuadir
al pueblo de Navarra con las tesis de que, por la vía exclusiva de la
foralidad uniprovincial, se iba a dotar a esa Comunidad de contenidos
autonómicos superiores a los del Estatuto de Gernika, lo cual creo que
hemos explicado que no es así. Y demuestra muy a las claras, a nuestro
entender, que las decisiones importantes, que las decisiones
trascendentes para Navarra se toman en Madrid y no en su Parlamento
Foral.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Cervera
Soto.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, de manera escueta, como corresponde a este
turno de portavoces, y en respuesta tanto a las apreciaciones hechas por
el interpelante, señor Petrizán, como a las formuladas por el señor
Ministro, aquí presente, y a las manifestaciones últimamente por el
portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular debemos manifestar lo siguiente.
En primer lugar, Senador Petrizán, usted ha dejado deslizar a través de
su intervención dudas, incluso explícitas, de que el sistema de
designación del Presidente de la Comunidad Foral tenga esencia
democrática. Eso no es cierto de ninguna manera, señor Petrizán. Otra
cuestión distinta es que tenga determinadas componentes parlamentarias
que a usted le gustaría que fueran otras. Pero a la Comunidad Foral no le
cabe ninguna duda de que, en el momento en que elija a sus
representantes, el sistema es el que es y, por lo tanto, su Presidente a
lo mejor no tiene esa ortodoxia parlamentaria que usted reclama, pero, en
cualquier caso, sí es un Presidente democráticamente elegido. Si
lleváramos su razonamiento al extremo podríamos deducir que la mayor
parte de los alcaldes de España tampoco son democráticos, puesto que han
accedido a las alcaldías --por lo menos en la situación actual-- a través
del sistema de lista más votada.
Al Senador Sanz Cebrián, portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos en esta Cámara, quiero decirle que los navarros nos
hemos dotado de una Ley de autogobierno, la Ley Orgánica de Reintegración
y Amejoramiento del Fuero, que, como usted sabe, es una Ley pactada con
el Estado y, por lo tanto, su modificación exige no solamente la voluntad
de los navarros, sino también, dentro de nuestra historia pactista, la
voluntad del Gobierno central. Por lo tanto, si ahora lo que queremos es
modificar esa Ley y hacerlo a través del mecanismo del pacto, significa
que queremos mejorar la Ley; pero que no hayamos podido pactar con el
Estado su modificación no significa en ningún caso que nuestra capacidad
de autogobierno sea la que ha querido deducir de su intervención.
Al señor Ministro, representante del Gobierno en esta materia, quiero
decirle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular --no solamente en mi
nombre ni en nombre del partido al cual pertenezco, Unión del Pueblo
Navarro, sino, le reitero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular--,
que usted está equivocado en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, el Gobierno está equivocado si pretende mantener que
Navarra sea tal vez el único ejemplo --por supuesto en la organización
democrática española, pero tal vez también de otros Estados-- de
Comunidad que no puede disfrutar de una legislatura completa; que
Navarra, de acuerdo con el sistema de elección de su Presidente y una vez
elegido éste, no pueda disfrutar, o tal vez para algunos padecer, una
legislatura completa de cuatro años. Por lo tanto, está equivocado el
Gobierno si pretende que Navarra sea una Comunidad que no pueda tener una
legislatura completa de trabajos y de actividad parlamentaria tal y como
la tienen el resto de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, el resto
de los órganos de representación parlamentaria del Estado.
En segundo lugar, señor Ministro, usted y su Gobierno están también
equivocados si pretenden homologar o integrar a Navarra dentro del
llamado pacto autonómico, pues en lo referente a las Autonomías del
artículo 143, efectivamente el Partido Socialista, el Gobierno y el
Partido Popular pretendieron acomodar y atemperar los procesos
electorales. Usted debe saber, tanto por lo que yo le pueda decir desde
esta tribuna, repito, en nombre del Partido Popular, del Grupo
Parlamentario Popular, como por lo que ha tenido que conocer a lo largo
de la negociación sobre la modificación de este sistema de elección del
Presidente, que a Navarra no se la considera incluida --ni por el propio
Grupo Parlamentario Popular-- dentro de ese pacto autonómico que
pretendía acomodar, atemperar, ajustar y realizar de manera conjunta las
elecciones a los parlamentos autónomos de todas las Autonomías del
artículo 143. Por lo tanto, consideramos que es perfectamente justo,
legítimo e incluso políticamente sostenible, al margen del pacto
autonómico, que Navarra pretenda la capacidad de disolver las Cámaras
para su Presidente --su Presidente democráticamente elegido--, de manera
que también pueda encontrar, como antes le decía, una legislatura de
cuatro años.
En cualquier caso, y ya concluyendo, señor Ministro, no se trata de
buscar responsabilidades; no se trata de echar culpas a su gestión, a la
gestión de su Gobierno o, por contra, como otros pretenden hacer, echar
culpas a la gestión del Gobierno de Navarra, por lo que quiero recordarle
que la primera cesión --importante cesión-- en esta materia ha sido la de
Unión del Pueblo Navarro, la del actual Gobierno foral, que ha renunciado
a un sistema que objetivamente le beneficiaba, por lo menos en las
circunstancias que se han dado en las últimas legislaturas. Pero, como le
digo, no se trata tanto de buscar responsabilidades, sino de encontrar,
en primer lugar, la reafirmación de que el sistema del pacto, el sistema
de modificación de la Ley de Reintegración y Amejoramiento Foral tiene
que seguir siendo el que siempre ha sido, como le digo, el pacto entre
las Instituciones de Navarra y la responsabilidad del Estado, la
responsabilidad de su Ministerio. En segundo lugar, y reconocimiento,
además, que se ha prestado una adecuada atención y una adecuada
sensibilidad desde su Ministerio a los asuntos de la Comunidad Foral, que
sea usted capaz de encontrar el entendimiento de las mutuas razones para
poder modificar el artículo 29 de la Ley de amejoramiento foral en esta
materia, que creo que es beneficioso para las instituciones de Navarra en
la medida en que ha sido acertada la intervención del señor Petrizán
Iriarte describiéndole cuál era el panorama que nos encontramos los
navarros cuando tenemos que inaugurar la legislatura eligiendo al
Presidente de nuestro Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El señor Ministro para las Administraciones Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Muchas gracias, señor Presidente.
Por lo visto no me he explicado con claridad respecto a cuál es la
posición del Gobierno, a tenor de las críticas formuladas por el portavoz
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. He dicho que
la propuesta que hace el Gobierno foral navarro respecto a incorporar el
requisito de ser miembro de la Asamblea legislativa, del Parlamento foral
navarro, para ser Presidente, es aceptada, y lo hemos manifestado así en
Comisión. Segundo, respecto del acortamiento del plazo a 30 días, en
lugar de dos meses, también estamos de acuerdo. Tercero, incluir que,
agotado ese período de 30 días y no alcanzada la mayoría absoluta, se
disuelva el Parlamento navarro y se proceda a nueva convocatoria,
teniendo esa legislatura la duración justa hasta completar el período que
se inició en la fecha en que se frustró, es decir, que dio lugar a una
composición del Parlamento que no ha permitido conseguir esa mayoría
absoluta. Exactamente igual, y no hay agravios comparativos, está
establecido en múltiples Estatutos de Autonomía del artículo 143, y así
lo dice. La situación de los Estatutos es: disolución y convocatoria de
nuevas elecciones sin limitación de mandato sólo existe en el Estatuto
vasco y en el catalán. Ha habido otras Comunidades del 151 que han
regulado mediante leyes territoriales, mediante leyes de organización del
propio Gobierno, las posibilidades de disolución, caso de Andalucía. En
el caso de una legislatura limitada a la duración del período para el que
fueron elegidos los componentes de ese Parlamento que no se ponen de
acuerdo en elegir un Presidente está la Comunidad madrileña. Todos los
demás, o no dicen nada, o dicen, repito, que tendrá limitada su duración
hasta la fecha en que deberá concluir el mandato de la primera
legislatura. Señor portavoz del Grupo Popular, ustedes preguntan con
frecuencia cuándo se cierra el modelo autonómico, pero luego vienen y me
dicen que el proceso de modificación de la Ley de Amejoramiento del Fuero
Navarro puede llevar a que de las elecciones celebradas el pasado domingo
con arreglo a lo establecido de los dos meses, y supongamos en el mejor
de los casos que modificásemos y fuera de treinta días, no haya
Presidente con mayoría absoluta, convocándose nuevas elecciones que
tendrán que celebrarse, si fuese de treinta días, cumpliendo con las
previsiones de la LOREG, allá por el mes de septiembre u octubre, y si
hay que agotar los dos meses, en el mes de octubre o noviembre.
¿Quién asegura que en esas nuevas elecciones va a haber una configuración
de fuerzas políticas en el Parlamento navarro que garantice la mayoría
absoluta que no ha conseguido en el caso anterior? Tendría que procederse
a una nueva disolución, transcurridos 30 días o dos meses, para proceder
a unas nuevas elecciones. Naturalmente, yo no quiero ofender a nadie, a
ninguna fuerza política en particular, pero me parece que el sentido
común nos indica que el ciudadano no está por la labor de estar siendo
convocado cada tres meses, en un proceso sin ningún límite, a unas
elecciones para elegir una Cámara en la que la gente podrá cambiar su
voto, pero por qué va a cambiar el voto si piensa lo mismo que pensaba
tres meses antes. Esta es la situación. Y ese pacto no es el pacto
autonómico de 1992, señor portavoz del Grupo Popular; es anterior, es del
año 1990, que es cuando se produce la modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General y la modificación de los Estatutos de siete
Comunidades Autónomas para adecuarlos a esa disposición pactada por el
PSOE-PP y por el Gobierno de la Nación, en la IV legislatura. No
confundamos. Si el Partido Popular a nivel nacional está dispuesto a
apoyar después aquí una modificación de esas características y a romper
el calendario electoral, supongo que será un antecedente para el resto de
las Comunidades del 143, ya que ninguna se va a considerar en peor
condición que la Comunidad Foral navarra.
Esa es, por consiguiente, la razón política; estamos por un criterio de
puro realismo, y no entramos a ver cuál es el procedimiento, si
paccionado o pactado. La reforma tan peculiar que contempla la Loragna
para llevar adelante una iniciativa tiene luego que ser aprobada por el
Parlamento foral navarro, tiene que ser aprobada también por las Cortes
y, en definitiva, es un procedimiento que así surgen de las Cortes y del
proceso constituyente de la Constitución de 1978, y es en el año 1983, si
mal no recuerdo, cuando se actualiza la Loragna.
En consecuencia, no se trata de ningún menosprecio a ninguna Comunidad ni
de una perversión del sistema democrático, como oí en su primera
intervención, señor Petrizán, porque el sistema electoral es muy variado
dentro del Estado de las Autonomías, y podrían entonces calificarse de
perversos muchos sistemas. Igualmente, en el Derecho Comparado hay
automática proclamación, la más reciente, la modificación de la Ley de
Elecciones de los Presidentes de las Regiones en Italia, que ha tenido
lugar hace menos de un mes, según la cual el que saque en única votación
más votos que otro, automáticamente es Presidente y no hay posibilidad de
moción de censura durante un período de dos años. Y a nadie se le ocurre
pensar que una ley recientemente aprobada por el Parlamento italiano sea
una perversión del sistema democrático. Esas son las razones políticas
por las que estamos de acuerdo en la simplificación, pero, sobre todo, yo
creo que lo que hay que hacer es apelar a la cultura de pacto necesaria
en la Comunidad navarra, y deben ser las fuerzas políticas navarras las
que deben ejercitarse y entrenarse en una cultura de pacto que en otras
Comunidades Autónomas está bien experimentada, donde las fuerzas están
dispuestas a conceder mayorías a gobiernos de coalición sin gobiernos de
coalición, y parece que, por los casos que hemos vivido en estas tres
legislaturas autonómicas anteriores, no es fácil lograrlo en el
Parlamento navarro. Deseamos que, dada la configuración también muy
plural que ha salido de las urnas el pasado domingo, esa cultura de pacto
termine abriéndose paso en la Comunidad foral navarra. (El señor Petrizán
Iriarte pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas
gracias, señor Ministro.
¿En virtud de qué artículo solicita la palabra, señor Petrizán?
El señor PETRIZAN IRIARTE: Por el artículo 87, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto, señor Petrizán.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quería decir dos cosas: la primera, para reafirmarme. El
procedimiento automático es un procedimiento plenamente democrático y,
efectivamente, está tomado desde las instituciones democráticas. Pero
también quiero decir que los tres últimos Presidentes y los tres primeros
Presidentes de Navarra han sido candidatos rechazados por el Parlamento
de Navarra por mayoría absoluta y mayoría simple en cinco votaciones como
mínimo. La perversión, además, no es una palabra mía, sino de los
expertos juristas de la Comunidad, y así está escrito y de ahí la he
sacado. Eso por un lado.
En segundo lugar, hay una cosa a la que el señor Ministro me sigue sin
contestar. Según la doctrina foralista --hay que llamarla así--,
precisamente la que justifica la cultura paccionada en mi Comunidad,
defiende que Navarra tiene la facultad para decidir esto por su cuenta y
que exclusivamente el Estado debiera dar su conformidad, lo que se hace
precisamente por el asunto de la unidad constitucional. Ese es el tema al
cual no se me ha contestado.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cervera Soto pide la
palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Cervera Soto, ¿por qué solicita la palabra?
El señor CERVERA SOTO: Por el mismo artículo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señoría, dispone de un minuto.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, entienda en un sentido funcional el hecho de que el
Parlamento foral se disolvería si es que no se constituye una Presidencia
de Gobierno de Navarra a través de la mayoría absoluta. No lo entienda
sólo en un sentido legal, entiéndalo también en un sentido funcional, y
el
sentido funcional es el que los navarros creemos que ese hecho tiene.
Seríamos nosotros los primeros obligados a ponernos de acuerdo, dentro de
la dispersión de grupos parlamentarios en el Parlamento foral, para no
tener que producir unas nuevas elecciones en el plazo que usted decía.
Por lo tanto, si nosotros tenemos esa espada de Damocles que nos
autoimponemos, es porque confiamos en la capacidad que tenemos para
ponernos de acuerdo en fórmulas de gobierno que nos conduzcan a esa
mayoría absoluta para la designación del señor Presidente. Por lo tanto,
si los navarros tenemos esa confianza y nos imponemos esa espada de
Damocles para demostrar que vamos a hacer eso, ¿por qué el Gobierno, al
cual usted representa, no nos otorga la misma confianza que nosotros sí
creemos tener en nosotros mismos?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo):
Gracias señor Presidente.
Señor Petrizán, a la cuestión que plantea sobre si los juristas navarros
lo consideran posible, lo que yo he dicho es que hagan una ley
territorial regulando la organización, y ya veremos si hay impugnación o
si no hay impugnación; ya dirán los dictámenes lo que quepa decir. Lo
único que quiero anticipar es el criterio del Gobierno.
Segunda cuestión. Es sorprendente que el representante del Grupo
Parlamentario Popular me diga que establecer la mayoría absoluta en
treinta días, con el riesgo de disolución, mejora y anima la cultura de
pacto más que la fórmula que tienen actualmente de dos meses. Y repito
que uno quiere ser absolutamente respetuoso con el funcionamiento de cada
Autonomía, y que cada Autonomía haga de su ley de aforamiento o de su
Estatuto de Autonomía lo que quiera. Interprételo como lo quiera
interpretar. Si quieren estar divirtiéndose u ofendiendo, según las
calificaciones, ante la opinión pública, que lo hagan. ¿Pero por qué
razón van a conseguir ustedes alcanzar una mayoría absoluta? ¿Quién les
impide presentar una moción de censura seis meses más tarde? ¿Hay más
estabilidad? En definitiva, lo que hay que hacer es buscar acuerdos de
funcionamiento de gobierno, dar estabilidad a las instituciones, para lo
cual me parece que el hecho de abrir las convocatorias sin límite, romper
la unidad de los procesos de convocatoria electorales actualmente
alcanzados, no es bueno para el país. Esa es la única razón que el
Gobierno aporta.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ROSA VINDEL LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS, MEDIDAS, OBJETIVOS Y PLAZOS PREVISTOS POR EL
GOBIERNO EN ORDEN A DOTAR A LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA PREVENCION Y
REPRESION DEL TRAFICO DE DROGAS DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE ESTATUTARIAMENTE TIENE ATRIBUIDAS.
(670/000132.) El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente
interpelación es la que formula la Senadora doña Rosa Vindel López, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre los criterios, medidas, objetivos y
plazos previstos por el Gobierno en orden a dotar a la Fiscalía Especial
para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas de los medios
necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones que
estatutariamente tiene atribuidas.
Tiene la palabra la señora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, un
mes de julio de hace ahora diez años, el Gobierno, en cumplimiento de un
mandato del Congreso de los Diputados, aprobó el Plan Nacional sobre
Drogas. Su finalidad era abordar el complejo fenómeno de las drogas desde
un enfoque multidisciplinar, y para ello se contempló como medida
prioritaria la institucionalización de una Fiscalía Especial para la
Represión del Tráfico de Drogas que, a pesar de constituir en aquel
entonces un proyecto prioritario, no llegó a crearse hasta 1988 por la
Ley 5, de 24 de marzo.
Esta Fiscalía Especial, incardinada dentro de la unidad del Ministerio
Fiscal, y bajo la dirección del Fiscal General del Estado, tiene
importantes funciones. La primera de ellas, intervenir directamente en
los procesos penales por delitos relativos al tráfico de drogas cometidos
por bandas o grupos organizados y que produzcan efectos en lugares
pertenecientes a distintas audiencias, y cualesquiera otros que sean
competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de los
juzgados centrales de instrucción. En segundo lugar, intervenir también
directamente en procedimientos penales por delitos relativos al tráfico
de drogas en los casos en los que así lo acuerde el propio Fiscal General
del Estado. En tercer lugar, coordinar las actuaciones de las distintas
fiscalías en orden a la prevención y represión del tráfico ilegal de
drogas. En cuarto lugar, investigar la situación económica y patrimonial,
así como las operaciones financieras y mercantiles de toda clase de
personas respecto de las que existan indicios de participación en actos
de tráfico ilegal de drogas y, por último, colaborar con la autoridad
judicial en el control del tratamiento de drogodependientes a quienes se
haya aplicado la remisión condicional.
Justo es reconocer que dichas funciones fueron ambiciosas además de
importantes, pero tales pretensiones no se correspondieron en absoluto
con los medios personales asignados a la Fiscalía por la Ley de 1988, y
ello a pesar de contemplar en su exposición de motivos --y cito
textualmente-- que «para que el empeño no sea baldío, es necesario
determinar sus funciones y poner a disposición de la misma los medios
personales necesarios para el desarrollo
de su función». Las previsiones que sobre el particular se establecían en
la Ley de 1988 fueron dos. La primera de ellas, un fiscal de Sala, un
teniente Fiscal y los fiscales que determine la plantilla. Y la segunda,
uno o varios fiscales, designados por el Fiscal General, para que actúen
en relación con la Fiscalía Especial cuando así lo aconseje el número de
procedimientos.
Como ha quedado demostrado desde la creación de dicha Fiscalía, fue un
error no determinar ya expresamente la plantilla que tendría la Fiscalía,
así como no haber contemplado en aquella ocasión la adscripción --ya-- de
una unidad de Policía Judicial especializada o de profesionales y
expertos para auxiliarla permanentemente, y no de forma ocasional, como
viene ocurriendo hasta ahora. Dotar a una Fiscalía Especial de tan
necesarias y amplias competencias sin un respaldo económico real es
vestir a un santo para desvestir a otro. Es totalmente inoperante crear
en el papel fiscalías especiales no haciendo posible su funcionamiento
práctico por falta de una adecuada dotación de medios personales,
materiales y técnicos, en razón de la complejidad y especialidad
inherentes a estos delitos. Los criterios que, además, han presidido la
creación de las fiscalías especiales, que hasta el momento se han
institucionalizado, pervierten a su vez el fin de las mismas, hasta el
punto de originar, no sólo problemas importantes de funcionamiento, sino
un peligroso efecto de atomización y fragmentación de la carrera fiscal,
que entendemos que debe ser concebida como un todo unitario y organizado
generalizadamente.
A pesar de las reiteradas quejas de los fiscales antidroga en relación
con los problemas de funcionamiento de la Fiscalía Especial, derivados
todos ellos de la falta de medios materiales y técnicos, la labor que han
venido desarrollando dichos fiscales es elogiable. En 1990, las
actuaciones ante la Audiencia Nacional se elevaban a 184. El año pasado,
estas actuaciones procesales directas ascendieron a 278. Por otra parte,
la actividad de la Fiscalía ha sido muy intensa y variada dada la
naturaleza de órgano especializado del Ministerio Fiscal. Durante estos
años, señorías, se han mantenido importantes relaciones institucionales y
de participación en diversos foros nacionales e internacionales, en
exigencia de la dimensión internacional del tráfico ilegal de drogas y
del blanqueo de capitales. Sin embargo, el Gobierno, en estos años, ha
sido incapaz de solucionar la insuficiencia de medios de apoyo y
colaboración de esta Fiscalía, aduciendo sobre todo razones de
disponibilidad presupuestaria que, desde un principio, eran de sobra
conocidas, ya que las restricciones del gasto público en los últimos años
y las insuficiencias y escasas dotaciones del Ministerio de Justicia, que
desde 1982 no han logrado sobrepasar el 0,40 por ciento del PIB, no han
constituido nunca una novedad en la etapa socialista. A este respecto,
interesa destacar que continúa siendo imposible determinar con exactitud
el presupuesto que cada año se destina al Ministerio Fiscal, si no es,
desde luego, con el oportuno control del Ejecutivo, ya que aquél no
aparece desglosado del programa de Tribunales de Justicia y Ministerio
Fiscal de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha sido
reiteradamente demandado desde hace años por los grupos parlamentarios.
Espero que usted me diga hoy, señor Ministro, por qué esta cuestión sigue
sin estar atendida. Y como estoy convencida de que los problemas actuales
de la Fiscalía Especial no son sino consecuencia directa de la falta de
voluntad política del Gobierno para resolverlos, espero también, señor
Ministro, que usted, en el trámite posterior, sepa persuadirme de lo
contrario.
La lucha contra el narcotráfico y el blanqueo requiere el completo
desarrollo de la plural y diversificada actividad de la Fiscalía Especial
Antidrogas en más de un aspecto, como puede ser, por ejemplo, el de la
investigación, lo que exige la adscripción funcional de grupos
especializados de Policía Judicial expertos, no solamente en la dinámica
de la droga, sino también en delincuencia económica, así como la activa
colaboración con las adscripciones correspondientes de especialistas en
inspección financiera y tributaria. Por otra parte, a pesar de los
avances legislativos producidos en España en los últimos años, derivados
del convenio de Viena, como la modificación del Código Penal en lo
relativo a salud pública y la Ley sobre determinadas medidas del blanqueo
de capitales, los medios que se siguen destinando a la lucha contra la
droga son muy escasos. Ejemplo de ello es que las inversiones destinadas
por el Gobierno a actuaciones en materia de droga han ido decreciendo en
los últimos años, habiéndose pasado de 783 millones en 1989 a 659
millones en 1994. Los medios, por tanto, son insuficientes, máxime si se
tiene en cuenta, como refleja la última Memoria del Fiscal, que nuestro
país continúa ocupando el primer lugar en Europa en cuanto a incautación
y tráfico de cocaína y hachís y el tercero en heroína.
Durante los tres primeros años de vida de la Fiscalía Especial, por lo
que a medios personales se refiere, la plantilla con que fue dotada en su
origen no experimentó ninguna modificación. La peculiar figura de los
fiscales delegados, que requería desde el principio una especial atención
en desarrollo del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, tuvo que esperar nada menos que tres años, hasta 1991, fecha en
la que se delimitaron sus atribuciones y sus competencias por instrucción
número 5 de 28 de junio, una de ellas tan importante como centralizar la
información sobre procedimientos judiciales, comunicando a la Fiscalía
Especial los datos de mayor interés y las principales incidencias de su
ejecución.
Quedan por resolver la mayor parte de los asuntos relacionados con los
medios técnicos y materiales, tanto para los fiscales delegados como para
la Fiscalía Especial. En relación a esta última, la gran asignatura
pendiente, señor Ministro, es su ubicación. Actualmente, la Fiscalía está
situada en un edificio que, entre otras cuestiones, no reúne las mínimas
condiciones de seguridad; en un piso particular, alejado de la Audiencia
Nacional, sin base documental ni biblioteca propias y con un espacio
manifiesta y notoriamente insuficiente, eso sí, está muy próximo a una
salida por carretera de Madrid muy importante, céntrico, pero bien
comunicado.
Si esta situación es calamitosa, otro tanto se podría decir de su sistema
informativo, que necesita una profunda y completa reestructuración.
Resulta imprescindible asignar
instrumentos y programas modernos y adecuados que permitan contener y
procesar todas las informaciones y datos relacionados con materias de su
competencia. Resulta imprescindible dotar a los fiscales delegados de
equipos informáticos coordinados y compatibles con los instalados en la
Fiscalía Especial. Resulta imprescindible también establecer programas
informáticos comunes con los órganos judiciales, sobre todo de la
Audiencia Nacional y de las unidades policiales centrales encargadas de
esta materia. Y, por último, también resulta imprescindible realizar un
esfuerzo en formación y especialización del personal auxiliar.
En suma, las principales carencias de esta Fiscalía, después de siete
años de funcionamiento, continúan siendo la falta de medios y las
necesidades de coordinación sobre las que el Gobierno ha mostrado y sigue
mostrando una gran falta de diligencia, abriendo, como es habitual en él,
el paraguas de la escasez presupuestaria. Y tal es la situación, que el
pasado mes de febrero los fiscales antidroga amenazaron con dimitir en
pleno ante la imposibilidad de cumplir su función adecuadamente, para
seguro regocijo de narcotraficantes. Por cierto, parte de los medios que
continuamente están reclamando los fiscales están previstos desde hace
dos años en la Ley sobre determinadas medidas sobre el Blanqueo de
Capitales que, casualmente, parece comenzar su esperado y necesario
desarrollo en plena efervescencia electoral.
Se puede estar de acuerdo en que es una cuestión de prioridades
presupuestarias. Sin embargo, señorías, la lucha contra el narcotráfico y
el blanqueo de capitales derivado del mismo deben constituir en sí mismas
una prioridad, no sólo ya legislativa, sino de estructuras funcionales,
de coordinación, administrativas y, primordialmente, dotando de mayor
eficacia la persecución y averiguación del delito.
Hoy, lamentablemente, sabemos, por sufrirlo en nuestras propias carnes,
que los efectos sociales del uso de las drogas ilícitas son enormes,
abarcan desde el asesinato y la violencia empleados por los
narcotraficantes para eliminar a sus rivales hasta los bebés que ya nacen
adictos, ponen en riesgo la seguridad de las personas y la salud pública
y, desde el punto de vista laboral, suponen la pérdida de productividad
de muchos trabajadores.
El sistema de justicia penal es uno de los medios más eficaces para
atacar el suministro de drogas a través del arresto, enjuiciamiento y, si
así se acordare, el encarcelamiento de los responsables de las
organizaciones del narcotráfico. Si el dinero es la sangre que nutre el
negocio de las drogas, entonces quienes la distribuyen, la venden y la
compran son su columna vertebral. El desmantelamiento con éxito de una
organización de narcotraficantes se inicia con una investigación a cargo
de los organismos de aplicación de la ley. A partir de ahí es donde la
actuación de la Fiscalía Especial Antidroga se convierte en protagonista
directa y esencial de la justicia penal. De nada sirven declaraciones
rimbombantes como las que hizo el Presidente del Gobierno en sus charlas
otoñales televisivas y en las que decía, y cito textualmente: «vamos a
quebrar el espinazo de los narcotraficantes». Pero, por lo visto --por
eso decía que de nada sirven--, esa intención se apagó al mismo tiempo
que los focos del estudio televisivo, porque de entonces a ahora se ha
rechazado una enmienda nuestra a los Presupuestos Generales del Estado
que destinaba 200 millones para dotar de medios a la Fiscalía Antidroga,
se ha producido un plante de los fiscales antidroga y más recientemente,
en abril de este año, en un tribunal de mi circunscripción, en Madrid,
hubo que suspender un juicio relacionado con el tráfico de drogas porque
al principal testigo del fiscal, funcionario del Cuerpo Superior de
Policía destinado en Málaga, no se le pudo pagar el desplazamiento hasta
Madrid. Desde luego, a fuerza de poner bastones en las ruedas van a
conseguir que la bicicleta no ya no ande, sino que no pueda ni moverse.
Señor Presidente, señorías, señor Ministro, la situación de falta de
medios y de modernización en la que se encuentra la Fiscalía Especial
para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas hace que esté
necesitada de muchas cosas para ser eficaz, salvo de una política de
declaraciones y de buenas intenciones. Por eso, hoy el Grupo
Parlamentario Popular ha querido, señor Ministro, interpelarle para que
exponga los criterios, las medidas, los objetivos y plazos en orden a
dotar esta Fiscalía de los medios necesarios para el adecuado
cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas: ni más ni menos que
enfrentarse con éxito al narcotráfico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, usted, en términos generales, aunque quizás con algún exceso, ha
planteado bien, desde mi punto de vista, los temas que trata la Fiscalía
Especial. Los excesos se los voy a concretar. Ha dicho que no ha habido
esfuerzo socialista en materia de justicia, cuando su señoría sabe que en
estos años se ha duplicado la carrera judicial, se han multiplicado los
medios materiales de una manera masiva y se ha hecho un esfuerzo, tanto
en medios personales como materiales, sumamente considerables, sin
perjuicio de que los dos últimos presupuestos hayan sido, como lo han
sido también para el conjunto de los Ministerios, restrictivos. Esta
sería, quizás, una clara exageración, en mi opinión, formulada por su
señoría, así como esa otra afirmación, que espero que sea simplemente
retórica, de que no hay voluntad política para resolver el problema.
Naturalmente que la hay. El diagnóstico que, por otra parte, ha realizado
su señoría coincide con las previsiones que tiene el Ministerio de
Justicia e Interior. Por eso, le agradezco esta interpelación y espero
que mi respuesta le permita disipar toda duda sobre esa voluntad
política.
En particular, comparto su preocupación por la Fiscalía Especial. Esta
constituye, efectivamente, un medio idóneo, eficaz, dentro de un conjunto
de medios, para la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía Especial
tiene, efectivamente, una estructura central compuesta por ocho miembros
de la carrera fiscal, un fiscal de Sala, un teniente fiscal, cuatro
fiscales, dos abogados de Sala y 14 funcionarios de los cuerpos de la
Administración de Justicia, todos ellos con un especial incentivo
económico. Además, la Fiscalía dispone de una unidad adscrita de la
Policía Judicial que no es esporádica, sino que es estable, compuesta por
12 integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, unidad que está
funcionalmente especializada en investigaciones de tráfico de
estupefacientes y en operaciones, en general, de blanqueo de dinero.
Para coordinar la actuación de la Fiscalía Especial con las fiscalías
territoriales existe la figura de los fiscales delegados. Ya sabe su
señoría que están en Barcelona, Asturias, Alicante, Sevilla, Santander,
Cádiz, Palma de Mallorca, La Coruña, Pontevedra, Bilbao, Murcia,
Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. El modelo por el
que se optó era de integración orgánica en la plantilla de la
correspondiente Fiscalía del Tribunal Superior o de la Audiencia
Provincial en el que estuviera sita y dependencia funcional del Fiscal
Especial. En consecuencia, el conjunto de problemas de medios personales
y materiales respecto de los llamados fiscales delegados no permite un
enjuiciamiento separado del conjunto de los medios personales y
materiales de que esté dotada la correspondiente Fiscalía del Tribunal
Superior o de la Audiencia Provincial.
Ciertamente, hasta este momento, la Memoria del Fiscal General no ha
considerado oportuno introducir modificaciones en este esquema
organizativo. No ha hecho manifestaciones al respecto, aunque, desde
luego, si las hiciera, el Gobierno, sin duda, las entendería; todo ello
sin perjuicio de la capacidad que, como su señoría sabe, tiene el Fiscal
General del Estado, para, de manera autónoma, realizar una redistribución
funcional y organizativa de sus propios medios.
Su señoría se ha referido a la reunión que tuvieron los días 9 y 10 de
marzo los fiscales especiales contra la droga --prefieren llamarse
fiscales delegados--. La verdad es que no existió ningún plante --es un
malentendido que supongo que su señoría conocerá-- ni ninguna amenaza de
presentar la dimisión. Aquí están las conclusiones de la reunión; si no
las conoce, señoría, con mucho gusto se las puedo entregar. Ese tipo de
amenazas y de afirmaciones no existen en modo alguno; no hubieran sido
propias del alto sentido de la responsabilidad que tienen los fiscales
delegados. Lo único que existió fue una declaración en una reunión
informal del Fiscal Delegado de Asturias, como ya tuve oportunidad de
contestar en el Congreso de los Diputados. Lo que sí que hicieron fue una
serie de planteamientos --seguro que conocidos por su señoría-- en los
que se demuestra sin más ese sentido de la responsabilidad al que aludía,
planteando no solamente peticiones en cuanto a necesidades personales y,
sobre todo, materiales, sino insistiendo, casi en el 70 por ciento de sus
conclusiones, a medidas de reforma legislativa, que les preocupan tanto o
más que los problemas de medios materiales y personales.
Es cierto que, tanto este año como el anterior, el Ministerio de Justicia
e Interior tiene presupuestos restrictivos y que, en definitiva, ha
habido que priorizar. Pero, como consecuencia de que el Ministerio
comparte su planteamiento del carácter prioritario de esta necesidad, lo
cierto es que hemos tomado la iniciativa de llevar a cabo este año
--dejando de hacer una serie de cosas-- una serie de medidas para
favorecer el más eficaz funcionamiento de la Fiscalía Especial.
Voy a concretar cuáles son estas medidas. La primera alude,
efectivamente, a la cuestión que su señoría ha planteado: las
dependencias. Es cierto que las de su actual sede son absolutamente
inadecuadas y, en consecuencia, el Ministerio ha tomado la decisión de
trasladar la Fiscalía Especial, precisamente, a la sede de la Audiencia
Nacional, en unas instalaciones que, sin duda, son más amplias y que,
desde luego, permiten la adecuada coordinación con los juzgados y con la
Audiencia Nacional, con los que están necesariamente vinculados. Las
obras empiezan concretamente el mes próximo --sobre el día 20 ó 25-- y el
plan debe estar terminado, según el contrato, dentro de este mismo año.
Es decir, antes de Navidad estará la Fiscalía Especial instalada en su
nueva sede, sin duda más adecuada a su papel y a su función.
Otro de los temas --precisamente por eso indicaba el buen conocimiento de
su señoría de la situación-- es el informático. Efectivamente, ya a
finales del año 1994 se decidió crear una comisión o un grupo de trabajo
entre la Fiscalía Especial y la Subdirección General de Informática para
analizar el problema al que su señoría se refería. Se ha llegado a la
conclusión de que es necesario dotar a la Fiscalía Especial de cuatro
nuevos programas informáticos: el primero, una base de datos con
diligencias informativas; el segundo, un programa de gestión del
seguimiento procesal de asuntos; el tercero, un programa de conexión con
la base de datos de incursos penitenciarios por delitos relacionados con
el tráfico de drogas, y el cuarto, la conexión con la base de datos de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo para el evidente seguimiento de las
resoluciones judiciales que, en este campo, como saben sus señorías, son
particularmente importantes.
Estos programas se van a instalar. ¿Cuándo? La decisión del Ministerio de
Justicia e Interior ha sido que se instalen en los medios informáticos
que se van a colocar en la nueva instalación. Concretamente esos cuatro
programas se instalarán también antes de finales de año, los cuales se
añaden a los actualmente ya existentes.
Otro problema importante lo constituía el de la conexión de la Fiscalía
Especial con estos fiscales delegados adscritos orgánicamente a la
plantilla correspondiente, pero funcionalmente dependientes de la
Fiscalía Especial. Hace unos meses, en el Congreso de los Diputados, sólo
pude comprometerme a realizar esa conexión con ocho de las fiscalías,
porque, realmente, en aquel momento los cálculos presupuestarios hacían
imposible el poder garantizar la conexión con todas y cada una de las
fiscalías. A raíz de ese planteamiento y después de haber visto los
planteamientos de la Fiscalía y, en particular, del Fiscal General del
Estado, hemos dado una nueva vuelta a nuestros ajustados presupuestos y
estoy ya en condiciones
de garantizarle que, efectivamente, se producirá esa conexión con las 15,
también dentro de este año. Esto supone en términos reales --su señoría
conoce el presupuesto del Ministerio-- que no cabe mayor trato
profesional ni mayor clara designación del objetivo prioritario dentro de
la Fiscalía, porque es indudable que hacer esto implica dejar de hacer
otras cosas. Pero, efectivamente, compartimos esa prioridad y, por tanto,
vamos a realizar ese esfuerzo.
En el aspecto formativo yo creo que su señoría ya conoce que la Fiscalía
General, en colaboración con el Ministerio de Justicia e Interior y con
el Banco de España e instituciones financieras, está realizando políticas
formativas --se han firmado convenios recientemente-- que van a
garantizar ese proceso de formación que, sin duda, sería el tercero de
los elementos esenciales en la provisión de medios materiales para el más
eficaz funcionamiento de la Fiscalía Especial.
Pero, como le comentaba al principio, de las conclusiones de los fiscales
se infiere que, junto a estos planteamientos de necesidades materiales
--me he referido a las aludidas por su señoría, porque, ciertamente,
serían las tres más urgentes y las que, de hecho, se van a hacer este
año--, los fiscales manifiestan una preocupación intensa por la necesidad
de realizar propuestas de reforma legislativa. Por tanto, aunque sea
brevemente, voy a aludir también a esos aspectos de las conclusiones de
los fiscales especiales o delegados.
Por un lado, existe el tema --por tantos sectores reclamado-- de la
creación del fondo; la ley del Fondo, como comúnmente se denomina. Ya
sabe su señoría que hace escasos días el Gobierno aprobó el proyecto de
ley del Fondo y ha sido remitido al Congreso de los Diputados. La ley del
Fondo tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de la
Fiscalía Especial desde el momento en que ésta es una de las potenciales
beneficiarias de los fondos que se obtengan como consecuencia de la
aplicación de la referida ley. De conformidad con el artículo 3.1, f),
del citado proyecto de ley del Fondo, tal como ha sido redactado y
remitido al Congreso de los Diputados, se contempla precisamente a la
Fiscalía Especial como uno de los destinatarios de los fondos procedentes
del comiso de efectos o instrumentos relacionados con delitos de
narcotráfico en la doble modalidad que su señoría conoce; por tanto, no
sólo respecto de aquellos que estén decomisados en virtud de resolución
judicial firme, sino también a través del mecanismo que autoriza a los
jueces para que éstos, a su vez, posibiliten el uso provisional de los
afectados decomisados durante la tramitación de los procedimientos.
Además de este aspecto --que me parece central y que era una de las
preocupaciones que mostraron los fiscales especiales--, también se han
reflejado esas preocupaciones en el orden penal, en el propio proyecto de
Código Penal, que actualmente está en fase de Comisión en el Congreso de
los Diputados. En efecto, en dicho proyecto se han recogido todas y cada
una de las preocupaciones que los fiscales manifestaban en el ámbito
penal sustantivo. Junto al proyecto de ley del Fondo al que he hecho
referencia, hay también dos objetivos pendientes --ambos bastante
avanzados-- de carácter legislativo. Me refiero, sin duda, al reglamento
de la Ley sobre el Blanqueo de Dinero. Hace muy pocos días --me parece
que una semana-- ya ha sido, finalmente, informado y dictaminado por el
Consejo de Estado, de suerte que de manera inmediata podrá ponerse en
vigor dicho reglamento Más retrasado está el proyecto de ley de
precursores, en la terminología usual. En este momento sí ha sido
remitido ya al Consejo de Estado, pero todavía no se ha emitido su
correspondiente dictamen.
El último de los planteamientos que realizaban los fiscales especiales,
recogiendo, por otro lado, lo que de manera global se mantiene en otros
sectores sociales y políticos sobre la materia, alude a un bloque de
medidas para la investigación, para la prueba; en definitiva, medidas de
carácter procesal: el problema de los delitos conexos, el del agente
provocador. Es propósito del Gobierno --como ya tuve ocasión de anunciar
hace unos dos meses, aproximadamente--, someter previamente todos y cada
uno de estos temas a la Comisión Mixta Congreso-Senado. Una vez que en
ese marco se aceptaran unas líneas consensuadas de reformas procesales,
pasarían directamente a incorporarse al anteproyecto de ley de
Enjuiciamiento Criminal, que pretende presentar el Gobierno al Congreso
de los Diputados a finales del mes de octubre.
Por tanto, señoría, creo que tanto en los aspectos de necesidades
personales y materiales como en los aspectos de iniciativa legislativa,
que serían, sin duda, las dos responsabilidades o competencias de este
Ministerio, el conjunto de las actuaciones realizadas justifica
sobradamente que tenemos voluntad política de afrontar seriamente el tema
y algo más importante, que se ha convertido en la prioridad absoluta en
el ámbito de la Secretaría de Estado de Justicia, con olvido,
evidentemente, de otras necesidades de otros ámbitos del Ministerio
Fiscal. Pero, desde luego, gobernar supone elegir objetivos y, en este
caso, la prioridad dentro del ámbito de la Fiscalía ha sido la Fiscalía
Antidroga.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Vindel por cinco minutos.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, de la misma forma que usted me decía: «no sabe lo que me
alegra que me haga esta interpelación», yo le contesto que no sabe usted
lo que me alegra haberle hecho esta interpelación, porque a lo mejor, con
un poco de suerte, a finales de año la Fiscalía Antidroga, gracias a la
interpelación de esta Senadora, podrá tener más medios, más coches, más
teléfonos, un edificio distinto, ordenadores, etcétera, algo que, desde
luego, venían reclamando desde hace, ya se lo he dicho antes, cuatro
años. Le agradezco que me ponga buena nota. Pero, señoría, yo dejé la
facultad hace mucho tiempo, igual que usted, y déjeme que le diga que la
nota nos la ponen los ciudadanos; nadie más.
Me gustaría creer, de verdad, que el calendario que usted nos ha dado se
puede cumplir. Me gustaría creerlo, señoría, porque recordará que
exactamente hace un año por estas fechas yo le interpelaba sobre los
criterios generales para mejorar la Administración de la Justicia y,
señoría, usted nos dio un calendario muy preciso, que yo he ido siguiendo
paso a paso. Usted nos dijo que la Ley Reguladora del Proceso
Contencioso-Administrativo estaría en el Congreso de los Diputados en el
primer trimestre de 1995; no ha llegado. La Ley Orgánica del Poder
Judicial, en el primer trimestre de 1995; tampoco ha llegado. La Ley de
Enjuiciamiento Civil, en el primer o segundo trimestre --todavía no ha
terminado el segundo trimestre-- de 1995. Con esto le quiero decir que yo
en aquel entonces le creí, y creí y confié en su palabra. Y ésta es la
fecha en la que todavía no han llegado esos proyectos. No me gustaría que
a efectos de los fiscales antidroga ocurriera exactamente lo mismo. Es
decir, si usted puede adelantar los plazos, mejor, señoría. Y si usted ha
calculado en Navidades y esto ocurre en octubre, mejor que mejor. Y si la
Fiscalía Antidroga tiene todos esos medios, mejor. Por cierto, señoría,
si usted se ha leído las mismas conclusiones de Toledo que yo, déjeme que
le corrija, con todo el respeto, y le diga que ya no se llaman fiscales
delegados, sino, según adoptaron ellos mismos en su cuarta conclusión,
fiscales especiales antidroga.
Por lo tanto, espero y deseo que se pongan en funcionamiento los medios a
que usted ha hecho referencia y el paquete de medidas legislativas a que
se ha referido entren aquí cuanto antes, no vaya a ocurrir lo mismo que
con los proyectos que usted nos anunciaba el año pasado y que todavía
estamos esperando. Le voy a dar una segunda oportunidad porque, o es por
ignorancia, o es por falta de voluntad política. Yo a usted no le
considero un ignorante, en absoluto. Me ha dicho que hay voluntad
política. Bien, cogeremos el calendario nuevamente y esperaremos.
Demuéstremelo. Por lo menos, tiene la segunda oportunidad.
Señoría, nos ha hablado del esfuerzo socialista en materia de justicia.
Le voy a leer textualmente unas declaraciones del Fiscal Antidroga de
Valencia. Esfuerzo socialista en los temas de Justicia, en los temas de
la Fiscalía Antidroga:
Valencia, 16 de febrero.
El Fiscal Antidroga de la Comunidad de Valencia manifestó hoy que su
situación en cuanto a medios personales y materiales es simplemente
lamentable y reconoció que le hace falta de todo. Explicó que el primer
problema era que la Fiscalía Antidroga sólo la lleva una persona, que es
él, y que la falta de medios es patente. «No tengo ningún personal
administrativo con quien poder trabajar. Los únicos medios que tengo son
una máquina de escribir electrónica, con la que me tengo que hacer los
oficios, y un teléfono que pedí hace dos años y que tampoco tenía antes.»
Yo espero, señoría, que estas manifestaciones no se vuelvan a producir,
que se les den medios de verdad, porque tenga usted en cuenta que cuanto
mejor vayan nuestros fiscales antidroga, peor irán los narcotraficantes.
Y cuanto más invierta, presupuestariamente hablando, en temas para luchar
contra la droga, mejor será para todos. Si no, ahora se produciría la
antología del disparate: cuanto más actúan los fiscales, menos dinero les
damos.
Por último, señoría, voy a seguir día a día el calendario que usted me ha
dado y sepa usted, señor Ministro, que si en octubre no entran en el
Congreso de los Diputados las medidas procesales y en Navidades la
Fiscalía sigue estando próxima a la salida por carretera de Madrid, le
volveremos a interpelar y nos tendrá, lamentablemente, que volver a dar
explicaciones, cosa que no deseo que ocurra, señoría, sino todo lo
contrario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Voy a ser breve, señor Presidente, por
cortesía hacia el Ministro que hoy nos acompaña.
Señor Ministro, usted conoce nuestra posición, reiteradamente
manifestada, sobre todo cuando tratándose de temas de Justicia se ponen
sobre la mesa asuntos relacionados con los medios humanos y materiales.
No la voy a reiterar, porque es sobradamente conocida por su señoría. En
cualquier caso, somos conscientes de los esfuerzos que se han hecho en
los últimos diez años en el conjunto de la Administración de Justicia, en
cuanto a dotación de medios, y sabemos, como usted, señor Ministro, que
el problema de la Justicia y del de todos los órganos que alrededor de
ella se mueven es un problema exclusivamente procesal. Le animo a no
desfallecer y a seguir adelante con los proyectos, en los que, en la
medida de lo posible, nos tendrá a su favor, para apoyarlos y llevarlos
adelante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Ningún Grupo pide la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Voy a ser breve. Señoría, los fiscales, por mucho que actúen con un
funcionamiento, como tiene que ser, plural y abierto, no tienen capacidad
para modificar el Estatuto por decisión. Eso no se hace asambleariamente.
Es decir, que ellos decidan denominarse de un determinado modo, no
modifica el Estatuto, que les denomina de otro modo. Por tanto, mientras
no les demos capacidad legislativa, habrá que atenerse al nombre que
figura en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
Por otro lado, creo, señoría, que no va a tener que repetir la
interpelación por ese motivo, aunque espero que sea por otro, ya que
siempre es una satisfacción comparecer, no va a tener que hacerlo en lo
que se refiere --y sí quiero dejarlo claro-- a la Fiscalía Especial, no a
los fiscales delegados.
Los fiscales delegados tienen los medios personales y materiales que
decide la fiscalía correspondiente del Tribunal Superior o Audiencia
Provincial otorgarles. Si al señor Fiscal de Valencia, de quien no tengo
el gusto de conocer su situación, no le proporciona la fiscalía en la que
está sito esos medios, es un problema de organización interna del Fiscal
General y de la Fiscalía de ese territorio, en el cual nada tengo que
decir. Sobre este tema, en definitiva, no hay ningún compromiso de
ninguna clase. El compromiso es lo que he dicho, que la Fiscalía
Especial, el órgano, tendrá esa nueva sede, esos nuevos medios y que
estarán conectados con esos programas, más los actuales, con cada una de
las fiscalías.
Por otro lado, las reformas procesales son la clave, sin duda, de todo el
proceso. Sinceramente, esperamos que a lo largo del año se puedan
presentar todas ellas, tanto la Contencioso-Administrativa, como la
Civil, como la Criminal. Las tres deben presentarse en el curso de este
mismo año. La fecha concreta, sobre todo para las medidas de carácter
criminal, señoría --vuelvo a la interpelante--, está en función de que en
la Comisión Mixta Congreso-Senado llegamos a un acuerdo claro sobre esas
medidas. También se lo quiero indicar. Me parece que en este campo hay
una estrategia correcta del conjunto de partidos políticos, que es
avanzar en función de lo que consensuadamente se decida en Comisión
Mixta. La idea es que el Secretario de Estado presente las medidas de
manera inmediata y, en la medida en que en la Comisión Mixta se alcance a
un consenso --yo creo que sí, porque los temas están bastante trabajados
y hay una opinión favorable de todos los que trabajamos en estos
terrenos--, se podrán incorporar a la fecha correspondiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS DE
INTERES COMUN EN TIERRA SANTA, HECHO EN MADRID EL 21 DE DICIEMBRE DE
1994. (S. 610/000145.) (C. D. 110/000144.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, y por acuerdo de
la Junta de Portavoces, vamos a sustanciar el punto quinto del orden del
día, que es conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
El primero es el Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre
asuntos de interés común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de
diciembre de 1994.
No se han presentado propuestas en relación con este Acuerdo, por lo
tanto, procede un turno a favor y un turno en contra. Si no se solicitan,
pido que sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés
común en Tierra Santa, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.
--ESTATUTOS DEL CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE, HECHOS EN MONTEVIDEO
EL 4 DE AGOSTO DE 1994. (S. 610/000146.) (C. D. 110/000146.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el de los
Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el
4 de agosto de 1994.
Tampoco se han presentado propuestas. No hay petición de turno a favor y
en contra. Pido que sea aceptado por asentimiento.
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de los
Estatutos del Consejo Iberoamericano del Deporte, hechos en Montevideo el
4 de agosto de 1994.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE HONDURAS, FIRMADO EN TEGUCIGALPA EL
18 DE MARZO DE 1994. (S. 610/000147.) (C. D. 110/000148.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Acuerdo para
la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de
España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18 de marzo
de 1994 y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, número 147, de fecha 5 de mayo.
No se han presentado propuestas, tampoco hay petición de turno a favor y
en contra.
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República de Honduras, firmado en Tegucigalpa el 18
de marzo de 1994.
--TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE PARAGUAY, HECHO EN ASUNCION EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994.
(S 610/000148.) (C. D. 110/000149.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente es el Tratado sobre
traslado de personas condenadas
entre el Reino de España y la República de Paraguay, hecho en Asunción el
7 de septiembre de 1994 y publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales».
No se han presentado propuestas; no hay petición de turno a favor y en
contra. Propongo que sea aprobado por asentimiento.
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y
la República de Paraguay, hecho en Asunción el 7 de septiembre de 1994.
Su suspende la sesión hasta mañana a las diez.
Eran las diecinueve horas y diez minutos.