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DS. Senado, Pleno, núm. 56, de 29/11/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 56
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 29 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 15 y 16 de noviembre de 1994.
Preguntas:
--De don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre los aspectos y criterios, aparte del currículum, que han
sido valorados en la reciente elección del Jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital «Doce de Octubre» de Madrid (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201,
de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000337.)
--De don Josep María Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, sobre las iniciativas que piensa
adoptar el Gobierno para evitar el fraude en la publicidad de productos
que se anuncien como beneficiosos o curativos en relación con la salud
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
680/000340.)
--De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para acabar con
accidentes como el que tuvo lugar el pasado día 17 de noviembre, en un
paso a nivel entre las localidades almerienses de Santa Fe de Mondújar y
Gádor (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de
expediente 680/000349.)
--De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno para dar cumplimiento a la
moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el pasado día 28 de
septiembre, por la que se insta a la aprobación de los Planes
Hidrológicos de las Cuencas Hidrográficas, con anterioridad a la
tramitación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
680/000351.)
--De don Luis Antonio Chao Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la presentación a
las Cortes Generales de un proyecto de ley de la edificación (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
680/000353.)
--De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la finalidad de las actuaciones realizadas por el Gobierno en la
cumbre del pico Mulhacén, en la provincia de Granada (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201,
de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000355.)
--De don Enrique Rafael Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno para controlar
que las dependencias dedicadas a archivo en los edificios de juzgados
reúnan las condiciones adecuadas (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre
de 1994). (Número de expediente 680/000352.)
--De don Jesús Pedroche Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones del Gobierno respecto a la exclusión del
Partido Popular de su oferta para diseñar el futuro modelo policial
español, en el marco de un Pacto de Estado, tal y como se manifestó el 16
de noviembre en el seno de la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de
1994). (Número de expediente 680/000354.)
--De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para lograr que las empresas
españolas no se enfrenten a trabas técnicas para la comercialización de
sus productos en los países de la Unión Europea (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha
28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000343.)
--De don Alvaro Molina Fernández de Miranda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Ministerio de
Cultura para evitar los desprendimientos que se vienen produciendo en el
bloque de roca o peña sobre la que se asienta Arcos de la Frontera
(Cádiz), amenazando la integridad de dicho conjunto monumental
histórico-artístico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de
1994). (Número de expediente 680/000350.)
--De don Ramiro Cercós Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la petición de
datos íntimos que algunos bancos y cajas de ahorro realizan a quienes
solicitan créditos hipotecarios (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre
de 1994). (Número de expediente 680/000344.)
--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los contenidos, previsiones y obligaciones que desarrollará el Convenio
de colaboración en el área cultural, científico-técnica y educativa
firmado recientemente entre España y Cuba (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha
28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000346.)
--De doña María Jesús Checa Simó, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración del Gobierno acerca de los resultados de la
Conferencia de Cooperación Económica para Oriente Medio y el Norte de
Africa, celebrada en Casablanca (Marruecos) (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha
28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000347.)
--De don Joaquín Martínez Bjorkman, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno español de los últimos
acontecimientos ocurridos en el territorio de la antigua Yugoslavia
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
680/000348.)
--De don Manuel Ferrer i Profitós, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las repercusiones que tendrá la
adhesión de Suecia, Noruega y Finlandia a la Unión Europea, sobre la
comercialización comunitaria de las frutas frescas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201,
de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 680/000342.)
--De don Oswaldo Brito González, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, sobre el objeto del viaje realizado por el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social a la isla de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife) los pasados días 5 y 6 de noviembre de 1994 y la condición en
que se hizo el mismo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de
1994). (Número de expediente 680/000341.)
Interpelaciones:
--De don Mariano Alierta Izuel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar el
creciente estado de precariedad que caracteriza la situación laboral de
los jóvenes españoles (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de
1994). (Número de expediente 670/000104.)
--De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas de política general y medioambiental que
adoptará el Gobierno con carácter de urgencia para reparar y buscar
soluciones al deterioro ecológico que está afectando al Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de
noviembre de 1994). (Número de expediente 670/000103.)
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados
--Proyecto de ley sobre concesioón de un crédito extraordinario por
importe de 1.430.541.000 pesetas, a la empresa pública Prerreducidos
Integrados del Suroeste de España, S. A. (PRESUR), para completar el pago
de las liquidaciones definitivas de la subvención de explotación, de los
ejercicios 1988, 1989, 1990 y 1991 (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 49, de fecha 10 de
noviembre de 1994). (Número de expediente S. 621/000049.) (Número de
expediente C. D. 121/000058.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para modificar parte de los
artículos 6, 13 y 23 del Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Londres el 21 de octubre de 1975. Se tramita por
el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 116, de fecha 10 de noviembre
de 1994). (Número de expediente S. 610/000116.) (Número de expediente C.
D. 110/000119.)
Informe sobre actividades de la Comisión de peticiones en el período
ordinario de sesiones febrero-junio de 1994 (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 189, de fecha 8
de noviembre de 1994). (Número de expediente 871/000002.)
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades en relación con los
excelentísimos señores don Luis Pizarro Medina, don Enrique Pedro Arance
Soto, don Francisco Javier Arenas Bocanegra, don Joaquín Jesús Galán
Pérez, don José Antonio Marín Rite, don Alvaro Antonio Martínez Sevilla y
don Aurelio Romero Girón. (Número de expediente 542/000026.)
Habilitación de los días y horas conforme a los artículos 76 y 77 del
Reglamento de la Cámara.
--Solicitud relativa a la tramitación del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995; del Proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social; del Proyecto de ley de ordenación del
sistema eléctrico nacional; de la Proposición de ley por la que se
modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; y del Proyecto de ley Orgánica por la que se
autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea. (Número de expediente 550/000026.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 1994. (Página 2869)
PREGUNTAS. (Página 2869)
De don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los aspectos y criterios, aparte del currículum, que han
sido valorados en la reciente elección del Jefe del Servicio de
Cardiología del Hospital «Doce de Octubre» de Madrid. (Página 2869)
El señor Soravilla Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Soravilla Fernández. En
turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba).
De don Josep María Bertrán i Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las iniciativas que piensa adoptar
el Gobierno para evitar el fraude en la publicidad de productos que se
anuncien como beneficiosos o curativos en relación con la salud. (Página 2871)
El señor Bertrán i Soler formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Bertrán i Soler.
De don Enrique Arance Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para acabar con accidentes
como el que tuvo lugar el pasado día 17 de noviembre, en un paso a nivel
entre las localidades almerienses de Santa Fe de Mondújar y Gádor.
(Página 2872)
El señor Arance Soto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Arance Soto. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Gregorio Garzarán García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno para dar cumplimiento a la
moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el pasado día 28 de
septiembre, por la que se insta a la aprobación de los Planes
Hidrológicos de las Cuencas Hidrográficas, con anterioridad a la
tramitación ante las Cortes Generales del Plan Hidrológico Nacional.
(Página 2874)
El señor Garzarán García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Garzarán García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Luis Antonio Chao Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la presentación a
las Cortes Generales de un proyecto de ley de la edificación. (Página 2875)
El señor Chao Gómez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Chao Gómez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la finalidad de las actuaciones realizadas por el Gobierno en la
cumbre del pico Mulhacén, en la provincia de Granada. (Página 2877)
El señor Martínez Sevilla formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (García Vargas). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Martínez Sevilla. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (García Vargas).
De don Enrique Rafael Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno para controlar
que las dependencias dedicadas a archivo en los edificios de juzgados
reúnan las condiciones adecuadas. (Página 2879)
El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bellido Muñoz. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Jesús Pedroche Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones del Gobierno respecto a la exclusión del
Partido Popular de su oferta para diseñar el futuro modelo policial
español, en el marco de un Pacto de Estado, tal y como se manifestó el 16
de noviembre en el seno de la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados. (Página 2880)
El señor Pedroche Nieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pedroche Nieto. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Gobierno para lograr que las empresas
españolas no se enfrenten a trabas técnicas para la comercialización de
sus productos en los países de la Unión Europea. (Página 2882)
El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro
Navarrete).
De don Alvaro Molina Fernández de Miranda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Ministerio de
Cultura para evitar los desprendimientos que se vienen produciendo en el
bloque de roca o peña sobre la que se asienta Arcos de la Frontera
(Cádiz), amenazando la integridad de dicho conjunto monumental
histórico-artístico. (Página 2883)
El señor Molina Fernández de Miranda formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Molina Fernández de
Miranda. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Cultura
(Alborch Bataller).
De don Ramiro Cercós Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir la petición de datos
íntimos que algunos bancos y cajas de ahorro realizan a quienes solicitan
créditos hipotecarios. (Página 2885)
Esta pregunta ha sido retirada.
De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los
contenidos, previsiones y obligaciones que desarrollará el Convenio de
colaboración en el área cultural, científico-técnica y educativa firmado
recientemente entre España y Cuba. (Página 2885)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga).
De doña María Jesús Checa Simó, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración del Gobierno acerca de los resultados de la Conferencia de
Cooperación Económica para Oriente Medio y el Norte de Africa, celebrada
en Casablanca (Marruecos). (Página 2886)
La señora Checa Simó formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga).
De don Joaquín Martínez Bjorkman, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno español de los últimos
acontecimientos ocurridos en el territorio de la antigua Yugoslavia.
(Página 2886)
El señor Martínez Bjorkman formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga).
De don Manuel Ferrer i Profitós, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las repercusiones que tendrá la
adhesión de Suecia, Noruega y Finlandia a la Unión Europea, sobre la
comercialización comunitaria de las frutas frescas. (Página 2887)
El señor Ferrer i Profitós formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ferrer
i Profitós. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna).
De don Oswaldo Brito González, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, sobre el objeto del viaje realizado por el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social a la isla de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife) los pasados días 5 y 6 de noviembre de 1994 y la condición en
que se hizo el mismo. (Página 2889)
El señor Brito González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Brito
González. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Seguridad Social (Griñán Martínez).
INTERPELACIONES. (Página 2890)
De don Mariano Alierta Izuel, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar el
creciente estado de precariedad
que caracteriza la situación laboral de los jóvenes españoles. (Página 2890)
El señor Alierta Izuel realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social
(Griñán Martínez). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Galindo Santana, por el
Grupo de Coalición Canaria, y Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Cierra el debate el señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez).
De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas de política general y medioambiental que
adoptará el Gobierno con carácter de urgencia para reparar y buscar
soluciones al deterioro ecológico que está afectando al Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). (Página 2898)
El señor Molina García realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Atienza Serna). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna).
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2094)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 1.430.541.000 pesetas, a la empresa pública Prerreducidos Integrados
del Suroeste de España, S. A. (PRESUR), para completar el pago de las
liquidaciones definitivas de la subvención de explotación, de los
ejercicios 1988, 1989, 1990 y 1991. (Página 2904)
El señor García Correa consume un turno a favor. No se consumen turnos en
contra ni de portavoces.
Se aprueba el Proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2905)
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para modificar parte de los
artículos 6, 13 y 23 del Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Londres el 21 de octubre de 1975. Se tramita por
el procedimiento de urgencia. (Página 2905)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 1994. (Página 2905)
La señora Fernández Arias, Presidenta de la Comisión, informa a la Cámara
que ha sido designado para presentar el informe el señor Maeso Carbonell,
quien así lo hace a continuación. No se hace uso del turno de portavoces.
DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES EN RELACION CON LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON LUIS PIZARRO MEDINA, DON ENRIQUE PEDRO ARANCE
SOTO, DON FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DON JOAQUIN JESUS GALAN
PEREZ, DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA Y
DON AURELIO ROMERO GIRON. (Página 2906)
El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen. No se hace uso del turno de portavoces.
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, por
asentimiento de la Cámara.
HABILITACION DE LOS DIAS Y HORAS CONFORME A LOS ARTICULOS 76 Y 77 DEL
REGLAMENTO DE LA CAMARA. (Página 2907)
Solicitud relativa a la tramitación del Proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995; del Proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden
Social; del Proyecto de ley de ordenación del sistema eléctrico nacional;
de la Proposición de ley por la que se modifica el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y
del Proyecto de ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del
Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión
Europea. (Página 2907)
Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.
Se suspende la sesión a las veinte horas y quince minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 1994.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto primero del orden del día:
lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada los
pasados días 15 y 16 de noviembre de 1994.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.)
Se aprueba.
PREGUNTAS:
--DE DON ROBERTO SORAVILLA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LOS ASPECTOS Y CRITERIOS, APARTE DEL CURRICULUM, QUE HAN
SIDO VALORADOS EN LA RECIENTE ELECCION DEL JEFE DE SERVICIO DE
CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL «DOCE DE OCTUBRE» DE MADRID. (680/000337.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
preguntas. Pregunta del Senador don Roberto Soravilla Fernández, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los aspectos y criterios,
aparte del currículum, que han sido valorados en la reciente elección del
jefe de servicio de cardiología del hospital «Doce de Octubre».
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señor Ministro, lamentamos que la señora Ministra no
pueda acompañarnos, por motivos de salud, para contestar a esta pregunta.
Desde nuestro Grupo le deseamos una pronta recuperación.
No obstante, me consta que su señoría conoce este asunto y yo le pondré
brevemente en antecedentes. Desde marzo --por no decir antes-- de 1993 se
viene sucediendo un cúmulo de irregularidades en la jefatura del servicio
de cardiología del hospital «Doce de Octubre» de Madrid, que han
culminado el pasado 26 de octubre con la propuesta del jefe de servicio
de modo tan irregular como la previa convocatoria del concurso para
cubrir la plaza y todos sus antecedentes.
Por la información que tenemos --escandalosa y algo más-- se solicitó al
tribunal que, por encima de la valoración curricular de los candidatos,
tomara en consideración que éstos respondieran a un proyecto, a unas
alternativas de trabajo y desarrollo conocidas y aprobadas por el
hospital. Esto es, que los criterios discrecionales primasen sobre los
del mérito curricular estrictamente objetivos.
Espero, señor Ministro, que pueda manifestar la postura del Gobierno
sobre tales irregularidades, sobre las medidas para enmendar y erradicar
estos escándalos y responder concretamente cuáles son esos aspectos y
criterios, aparte del currículum, que han sido valorados en la reciente
elección del jefe de servicio de cardiología del hospital «Doce de
Octubre» de Madrid.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Hospital «Doce de Octubre» de Madrid consideró conveniente
cubrir las jefaturas de servicio y sección previstas en la plantilla del
centro y vacantes desde hacía siete años con el objetivo de mejorar la
organización interna de estos servicios y, consecuentemente, su actividad
asistencial.
Para ello, por resolución del 11 de julio de 1994, una resolución de la
gerencia de atención especializada del área número 11 de Madrid, se hace
pública la relación de plazas vacantes que se convocan. La cobertura
provisional de estas plazas, insisto a su señoría en este aspecto, se ha
realizado de conformidad con la normativa vigente, por el sistema de
promoción interna, aplicando un procedimiento riguroso en el que ha
participado activamente desde el inicio hasta su resolución la Junta
técnico-asistencial del hospital.
En el caso concreto del Servicio de Cardiología, al que se refiere su
señoría, el tribunal estaba integrado por cinco prestigiosos
especialistas: tres cardiólogos, jefes de servicio de cardiología de los
hospitales Vall dÕHebron de Barcelona, Clínico de Valencia y Puerta de
Hierro de Madrid, y dos facultativos del propio Hospital «Doce de
Octubre», el Jefe del Departamento de Neurocirugía y el Presidente del
Comité de Etica Clínica.
El baremo aprobado y utilizado por la Junta técnico-asistencial se ha
basado en los criterios habitualmente presentes en este tipo de
convocatorias, otorgándose a cada
uno de los conceptos los siguientes porcentajes sobre el total de la
puntuación: formación universitaria especializada, 4 por ciento;
experiencia profesional, 25 por ciento; experiencia de gestión, 11 por
ciento; trabajos científicos y de investigación, 20 por ciento; memoria,
proyecto de gestión del servicio a cubrir, 40 por ciento.
En aplicación de las bases previstas en la convocatoria, el tribunal
valoró estos criterios, explicitando cada uno de ellos en el acta final y
realizando la propuesta de designación a la Dirección Gerente del
Hospital «Doce de Octubre».
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Para turno de réplica, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me parece que sus explicaciones resultan bastante
incompletas. Yo creo que o su asesoría ha funcionado muy mal o la
voluntad política por solucionar esta grave irregularidad es bastante
escasa. Permítame que le haga algunos comentarios y le rectifique en
algunos puntos.
Por una parte, le diré que me hubiera gustado conocer cuál es el interés
que muestra el Gobierno por el doctor García Cossío, porque en la época
del señor Ministro García Vargas se le intentó imponer y duró dos días.
El anterior gerente --que yo llamaría mejor Comisario Ribera, hoy
procesado y cesado en junio de 1993, pero cuya nómina de diciembre obra
en mi poder, con paga extra incluida-- lo nombró Jefe de este Servicio a
dedo en marzo de 1993, con la oposición por escrito de 17 de los 18
cardiólogos que integraban este servicio.
A partir de ese día y hasta que fue descubierto, el doctor García Cossío
se estableció unas guardias inexistentes, por las que cobró dos millones
de pesetas y ahora el Comisario Gálvez, el nuevo gerente, le amaña una
convocatoria para la plaza. Y le voy a explicar cómo la ha amañado, y le
puntualizo: Se publica la convocatoria el 11 de julio; el plazo de
presentación de solicitudes es hasta el 19 de agosto y cuando se ha
cerrado ese plazo de solicitudes y a la vista de quienes se presentan,
que es un Catedrático de Cardiología, el doctor Zarco, y un profesor
titular, el doctor Sáez de la Calzada, se publica el baremo el 2 de
septiembre, hecho insólito, por irregular, y en el que no puntúan los
cargos universitarios.
Es un hecho insólito porque el «Doce de Octubre» es un hospital
universitario y contraviene los convenios Universidad-Insalud, aunque es
verdad que el Comisario Ribera lo previó y desvinculó la plaza. Pero más
insólita todavía es la prevaricación del Gerente Comisario Gálvez, que
tras constituir irregularmente el tribunal --y tengo también el papel--
presiona a ese mismo tribunal para que valore por encima de los méritos
esos aspectos que no ha aclarado su señoría.
El tribunal valora la documentación aportada por los candidatos,
incluida, señoría, la memoria o proyecto, como figuraba en las bases, y
otorga al doctor Sáez de la Calzada 58,8 sobre 60; al doctor Zarco, 58,4,
y al doctor García Cossío, 57,7. Pero siguiendo las instrucciones del
Comisario Gerente Gálvez se produce otro hecho insólito: la nueva
valoración de la memoria debía ser, señoría, por las dotes de retórica y
en esta valoración de la exposición al doctor García Cossío se le otorga
30 sobre 40; al doctor Zarco, 20 sobre 40, y al doctor Sáez de la
Calzada, 10 sobre 40. Y el último hecho insólito: el propio tribunal al
que usted hacía referencia se exculpa públicamente por su propuesta.
Y ahora, si puede, señor Ministro, refute la prevaricación del gerente,
niegue usted todas las irregularidades y dígame dónde está la igualdad de
oportunidades, porque para creer de alguna manera a su señoría yo le
diría que cese inmediatamente esta tarde al Comisario Gálvez, que exija
la anulación de esta convocatoria, que además está impugnada por
irregular, que convoquen una nueva ajustada a derecho y, sobre todo y por
encima de todo, restablezcan la justicia, porque así van a ayudar a que
empiece a funcionar de la debida manera un servicio en el que, de seguir
así, se producirá un deterioro asistencial del que sólo sus señorías --el
Gobierno-- serán culpables.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.--Un señor Senador
de los escaños de la izquierda: «Vale, tío».)
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Como ya he
informado a su señoría, la cobertura provisional de estas plazas se ha
realizado aplicando la normativa que regula estos procedimientos, esto
es, la orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 8 de febrero de 1990,
de Delegación de Atribuciones del Departamento, y la resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones del
Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de febrero de 1990, sobre
procedimiento de tramitación de los nombramientos para determinados
puestos de trabajo en las instituciones sanitarias.
La Dirección del hospital planteó a la Junta Técnico-Asistencial la
convocatoria de las plazas por el sistema de promoción interna y libre
designación. La Junta, en su reunión del 3 de junio de 1994, determinó el
procedimiento a seguir en las plazas vacantes que serían convocadas.
Entre éstas, se encontraba la de Jefe de Servicio de Cardiología y, a
propuesta de la Junta, el tribunal que participaría en el concurso de
esta jefatura de servicio, compuesto, como he dicho antes, por
especialistas de cardiología de reconocido prestigio.
El 7 de junio, la Junta Técnico-Asistencial analizó y aprobó el baremo a
utilizar y los plazos a fijar. Como ya le he informado, la resolución de
11 de julio de 1994 de la Gerencia de Atención Especializada del Area 11
de Madrid hizo pública la relación de plazas vacantes convocadas. Esta
resolución permaneció expuesta en los quince tablones de anuncios del
hospital entre los días 11 de julio y
19 de agosto de 1994. Posteriormente, el día 1 de septiembre de 1994, la
Junta revisó el baremo y lo aprobó definitivamente, exponiéndose
públicamente al día siguiente, 2 de septiembre.
La relación provisional de admitidos y excluidos al concurso se hizo
pública mediante la resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Area 11 de Madrid, de fecha 3 de octubre de 1994, que también
permaneció expuesta en los tablones de anuncios del hospital.
El 7 de octubre, la Dirección Gerencia del Hospital hizo pública la
composición del tribunal para la cobertura de la Jefatura del Servicio de
Cardiología, comunicándoselo por escrito a cada uno de los concursantes.
Este tribunal, como ya he informado a su señoría, estuvo compuesto por
tres especialistas de cardiología de reconocida relevancia en la
comunidad científica y dos prestigiosos facultativos del propio hospital.
De acuerdo con la convocatoria, cada uno de los candidatos expuso
públicamente la memoria y el proyecto de organización para el Servicio el
pasado día 26 de octubre. Finalizada esta exposición, el tribunal, tras
aplicar el baremo previamente aprobado, realizó la correspondiente
propuesta.
Hasta aquí la información que me facilita el Insalud. Déjeme, no
obstante, a tenor de su intervención, hacerle dos consideraciones.
Primero, tengo que rechazar el lenguaje que utiliza usted en esta Cámara.
Hablar de comisario, cualquiera que sea el apellido, en términos, además,
absolutamente despectivos, me parece impropio de la educación que a un
Senador se debe pedir en el lenguaje que tenemos que utilizar en esta
Cámara. Impropio, señoría, impropio.
Y déjeme que le diga una cosa más. Usted ha hablado de prevaricación.
Según me informa el Ministro de Justicia, que de esto sabe más que yo y
probablemente más que usted, es un delito, y ya sabe usted que los
españoles estamos obligados a cumplir con la justicia. Señoría, si usted
cree que ha habido prevaricación en la concesión de esta plaza, no sé qué
hace usted que no acude al juzgado de guardia. Le recomiendo que lo haga
rápidamente. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
--DE DON JOSEP MARIA BERTRAN I SOLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL FRAUDE EN LA PUBLICIDAD DE PRODUCTOS
QUE SE ANUNCIEN COMO BENEFICIOSOS O CURATIVOS EN RELACION CON LA SALUD.
(680/000340.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Josep María Bertrán i
Soler, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, sobre las iniciativas que piensa adoptar el Gobierno para evitar el
fraude en la publicidad de productos que se anuncien como beneficiosos o
curativos en relación con la salud.
El Senador Bertrán tiene la palabra.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió desea que usted traslade a la señora
Ministra de Sanidad nuestro deseo de que no se automedique, no haga caso
de las propagandas de productos parasanitarios, confíe en los médicos y
se restablezca lo más rápidamente posible.
Señor Ministro, el 17 de noviembre del año 1993 nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió presentó una moción, que fue
aprobada por asentimiento de la Cámara, que decía: El Senado insta a las
Administraciones públicas para que regulen la publicidad de los mensajes
que se anuncian como beneficiosos o curativos en relación con la salud y
ofrecen artículos o servicios que se presentan como productos
parasanitarios y no se hallan regulados en la normativa vigente.
Recientemente, el Director General del Instituto Nacional de Consumo
declaró que el noventa por ciento de los productos que se anuncian como
curativos y que se venden en España presentan algún tipo de fraude.
Señor Ministro, recuerdo que en la defensa de aquella moción de noviembre
de 1993 yo citaba algunos anuncios de la prensa del día, de la prensa a
nivel estatal; por ejemplo, uno que decía: Suprima el otoño de sus
cabellos. Yo entonces ya decía: ni el otoño ni los inviernos. Pero es que
hoy, señor Ministro, continúan anunciándose los mismos productos y veo
que los inviernos proliferan.
Yo me pregunto, señor Ministro: ¿Qué iniciativas piensa adoptar el
Gobierno para evitar el fraude en la publiciad de productos que se
anuncian como beneficiosos o curativos en relación con la salud?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro, para contestar a la pregunta y no por
alusiones. (Risas.)
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias,
señor Presidente.
Entiendo que el ejemplo temporal no tiene nada que ver con la presencia
física del Ministro, que tiene la suerte de contestar en esta Cámara en
nombre de la Ministra de Sanidad, ni con la del Vicepresidente de la
Cámara, el señor Rigol, que me hacía gestos ostensibles de que ni él ni
yo no hemos gozado de los beneficios terapéuticos de semejante producto.
(Risas.)
Paso, pues, a contestarle la pregunta, no sin antes decir que comparto
absolutamente la preocupación que evidencia su señoría en la misma. Es
cierto que están proliferando en el mercado ofertas cuyo rasgo común es
la utilización, ciertamente abusiva en muchas ocasiones, de alegaciones
de carácter terapéutico o curativo. Estos productos, en general, es
verdad que no plantean riesgos para la salud; si los plantearan sería
legalmente posible una actuación inmediata y contundente de la
Administración, como es su retirada del mercado o la supresión de la
correspondiente publicidad. Sin embargo, es cierto que sí inciden en la
protección de la salud, que de una manera eficaz debe garantizarse
a todos los ciudadanos y, en cualquier caso, es verdad también que
afectan de modo directo a los intereses patrimoniales de los potenciales
consumidores.
Por ello, la actuación de la administración sanitaria y de consumo trata
de dirigirse a la protección de estos intereses de los consumidores. Es
verdad que en muchos casos es difícil encajar estos productos en alguna
de las normas vigentes pensadas y adaptadas para productos que podríamos
denominar normales, por lo que se plantea la necesidad de determinar la
norma aplicable a cada producto en función de su presentación, de su
composición y de su finalidad, a fin de calificarlo como medicamento,
como cosmético, como dietético, como alimento ordinario o como producto
sanitario industrial, que son las categorías legalmente establecidas.
Para corregir las irregularidades existentes, se requiere una actuación
de todas la administraciones implicadas en el ámbito de sus respectivas
competencias. Dentro de nuestras responsabilidades, en el Ministerio de
Sanidad y Consumo se vienen desarrollando actuaciones específicamente
adaptadas a las características de estos productos, alguna de las cuales
viene a cumplir la moción aprobada por el Pleno del Senado a la que se
refiere su señoría. Entre éstas quisiera destacar muy brevemente las
siguientes actuaciones. Primera, el Instituto Nacional de Consumo ha
examinado y valorado más de 300 productos cuya publicación les atribuía
propiedades curativas o preventivas. A partir de los resultados de ese
estudio, entre otras medidas se ha informado a las autoridades estatales
o autonómicas competentes en cada caso. En concreto, puedo indicarle que
se ha solicitado el cese de la publicidad de 220 productos, que se ha
enviado a las Comunidades Autónomas información respecto a otros 202
productos y que en tres casos se ha remitido la información procedente al
Fiscal General del Estado. Como respuesta inmediata a estas actuaciones,
las autoridades farmacéuticas han retirado del mercado 32 productos y se
ha aceptado la retirada o modificación de la publicidad o de su
presentación comercial en otros 96 casos.
Por otra parte, se está elaborando un Reglamento sobre la publicidad de
productos y servicios que aduzcan propiedades terapéuticas, que permitirá
contrastar rigurosamente las propiedades alegadas mediante un
procedimiento de evaluación científica. De este modo y en caso de que
estos productos no superen tal evaluación, todos los organismos
implicados dispondrán de una base científica homogénea e indiscutible
para actuar.
En tercer lugar, otra iniciativa que quería señalar es la que está
contemplada en la proposición de Ley de comercio, actualmente en
tramitación parlamentaria, que legitima a la Administración central para
solicitar ante los tribunales el cese o, en su caso, la rectificación de
la publicidad ilícita. Esta legitimación complementaría la que ya
ostentan las asociaciones de consumidores, las administraciones
autonómicas y los propios afectados por la publicidad engañosa.
Finalmente, se ha preparado un folleto informativo, que servirá de
soporte a una acción del mismo tenor, que se va a desarrollar en
colaboración con las asociaciones de consumidores y con la que
pretendemos contribuir a que el propio consumidor mantenga una posición
vigilante y crítica ante estos productos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Bertrán para el turno correspondiente.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su respuesta ha sido altamente satisfactoria, sobre todo
por lo que se refiere a la penúltima de las informaciones que nos ha
dado: una regulación por ley de estos productos.
Aunque hipotéticamente pueden no ser directamente perjudiciales para la
salud, supongo que usted coincidirá conmigo, señor Ministro, si digo que
muchas de las personas que a través de los medios de comunicación
escuchan estos anuncios de productos beneficiosos para la salud y los
utilizan, cuando reconocen que los efectos que anunciaban no eran verdad
y acuden al sistema sanitario ya no pueden beneficiarse del diagnóstico y
del tratamiento precoz, que son las dos mejores armas de la medicina
moderna.
Por tanto, nuestro Grupo celebra esta instancia y lo único que solicita
es que se realice a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Gracias, señor Ministro, y gracias, señor Senador.
--DE DON ENRIQUE ARANCE SOTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ACABAR CON
ACCIDENTES COMO EL QUE TUVO LUGAR EL PASADO DIA 17 DE NOVIEMBRE EN UN
PASO A NIVEL ENTRE LAS LOCALIDADES ALMERIENSES DE SANTA FE DE MONDUJAR Y
GADOR. (680/000349.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Arance Soto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el
Gobierno para acabar con accidentes como el que tuvo lugar el pasado día
17 de noviembre en Santa Fe de Mondújar.
El Senador Arance tiene la palabra.
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no es la primera vez que una pregunta similar se formula
en esta Cámara e, incluso, en el Congreso de los Diputados, pero creo que
en estos momentos la pregunta alcanza mayor vigencia que nunca.
Por ello, señor Ministro, le preguntamos qué medidas proyecta adoptar el
Gobierno para acabar con los accidentes como el que tuvo lugar el pasado
día 17 de noviembre en un paso a nivel entre las localidades almerienses
de Santa Fe de Mondújar y Gádor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): El plan director de infraestructuras contiene un
programa de seguridad referido al control y supresión de pasos a nivel, y
en el plan sectorial ferroviario que desarrollará el PDI se dará
prioridad a la supresión y protección de todos los pasos de nivel. Ese
plan se desarrollará en función de los presupuestos que tenga el
Ministerio y Renfe y que tengan las administraciones titulares de los
caminos o carreteras que interseccionan en los pasos de nivel.
Actualmente, mi Ministerio ha dado a la transformación de pasos de nivel
una clara prioridad. En 1992 dedicábamos a pasos de nivel menos del dos
por ciento del total de inversiones en infraestructuras ferroviarias. En
1994 le hemos dedicado un cuatro por ciento, el doble, y en 1995 le vamos
a dedicar un diez por ciento, es decir, cinco veces más que hace dos
años.
Por otra parte, debo recordarle que la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre establece que para suprimir un paso de nivel deberá actuar la
administración que tenga a su cargo la carretera si por ella circulan más
de 1.000 vehículos al día, o la administración ferroviaria si por la
línea circulan más de 24 trenes al día, y que si se dansimultáneamente
ambos supuestos el coste de la obra se repartirá por mitad entre ambos
organismos. No es, pues, sólo un problema de las actividades de mi
Ministerio, que ya le digo que están siendo prioritarias, sino del
conjunto de las Administraciones afectadas. En particular, con fecha 4 de
octubre de 1994 se inició la redacción de los proyectos para suprimir los
tres pasos a nivel situados en el término municipal de Gádor, donde ha
ocurrido el desgraciado accidente que motiva su pregunta, y cuya
supresión ya estaba previsto acometer en 1995, año durante el cual
dedicaremos a suprimir pasos a nivel 7.300 millones de pesetas, es decir,
más del 10 por ciento de los créditos del presupuesto de inversión en
infraestructura ferroviaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Arance, tiene su señoría la palabra para réplica.
El señor ARANCE SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, créame de verdad si le digo que para mí no es nada
agradable traer esta pregunta a la Cámara. Y lo digo por la resultante
final del accidente ocurrido, como le dije en mi intervención y usted ha
reconocido en la suya.
El pasado día 17, como usted bien sabe --porque la percepción que yo
tengo de su persona es la de un Ministro inteligente, preparado y
conocedor de los problemas que afectan a su Departamento, y no puede
olvidar que ése es un problema que viene afectando al mismo desde hace
muchos años--, tuvo lugar el trágico accidente cuya resultante final
fueron siete víctimas mortales. Pero este accidente no es el primero que
ocurre en las inmediaciones del paso a nivel de referencia. Hay una serie
de pasos a nivel en el entorno de la provincia de Almería cifrados, según
datos del propio Ministerio, en 39, y que abarcan desde el municipio de
Huéneja en la provincia de Granada, hasta bien entrada la provincia de
Almería. Y todos ellos son igualmente peligrosos y deben ser sorteados
permanentemente por parte de los usuarios de las carreteras que circundan
dichos pasos a nivel.
Yo creo que no es momento de lamentarse, sino de adoptar soluciones.
Agradezco de su contestación que me diga el aumento porcentual que ha
tenido la inversión para la supresión de estos pasos a nivel. Pero tengo
que pedirle, señor Ministro --y lo hago desde la perspectiva de un
almeriense que ve con preocupación cómo ponen en riesgo su vida otros
almerienses al cruzar esos pasos a nivel--, que actúen con la mayor
celeridad, porque es imprescindible y necesario que se supriman esos
pasos a nivel.
Sabe su señoría que la ciudad de Gádor está atravesada, cuando menos, por
cinco pasos a nivel, en una carretera que tiene un tránsito importante.
Quizá tengan algo que ver otras Administraciones; quizá, por la
titularidad de la carretera, que desprendo que es competencia de la Junta
de Andalucía; quizá porque Renfe tenga algo que ver en el asunto. Pero,
indudablemente, con la responsabilidad que afecta al Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, yo creo que deben tomarse, a la
mayor brevedad, las medidas necesarias para evitar que sigan
produciéndose esos accidentes cuya resultante final al día de la fecha,
señor Ministro --y usted lo sabe--, no son las siete víctimas mortales
del día 17: ya se pueden cifrar en quince víctimas mortales en un período
no muy largo, y treinta heridos graves en accidentes en esos pasos a
nivel.
En consecuencia, señor Ministro, una vez más le vuelvo a pedir que se
pongan inmediatamente en acción esas medidas, que se haga la inversión
necesaria y que acabemos con este problema que está afectando a la
provincia de Almería, a los ciudadanos de dicha provincia y, desde luego,
a todos los usuarios de la carretera que tienen que atravesar esos pasos
a nivel.
Muchas grcias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrel
Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, estoy seguro de que para usted no es agradable plantear este
problema relacionado con un trágico accidente, y que no trata usted de
aprovechar sus dramáticas
circunstancias al plantear su pregunta. Estoy seguro de ello por el tono
que ha empleado su señoría en la pregunta y en la contrarrespuesta. Pero
en España hay 5.200 pasos a nivel, de los cuales este año hemos suprimido
200; y en los últimos cinco años hemos suprimido 1.500; y el año que
viene suprimiremos 75. A ello dedicaremos 7.500 millones de pesetas. Es
evidente que no podemos suprimir los 5.000 pasos a anivel --que quedarán
abiertos a finales de este año-- ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni
en cuatro, entre otras cosas porque las Cortes no asignan a este objetivo
los recursos que serían necesarios. Y, por lo tanto, esforzándonos todos
en suprimir los pasos a nivel más transitados, hay que hacer también,
señoría, una llamada a la prudencia de los usuarios y a un exquisito
cuidado con el respeto de las señales que los controlan, porque por muy
buena voluntad que tengamos todos y por muchos recursos que asignemos a
este objetivo no vamos a poder suprimir los 5.000 pasos a nivel que
todavía subsisten en un horizonte temporal inmediato, y mientras esto no
ocurra hay que hacer también una llamada a la responsabilidad de los
usuarios para que extremen las precauciones y respeten todo tipo de
señales que afectan a la circulación por los mismos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON GREGORIO GARZARAN GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA
MOCION APROBADA POR EL PLENO DE ESTA CAMARA EL PASADO DIA 28 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE INSTA A LA APROBACION DE LOS PLANES
HIDROLOGICOS DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS CON ANTERIORIDAD A LA
TRAMITACION ANTE LAS CORTES GENERALES DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL.
(680/000351.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Garzarán García, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las previsiones del Gobierno para dar
cumplimiento a la moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el día 28
de septiembre, por la que se insta a la aprobación de los planes
hidrológicos de las cuencas hidrográficas.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señor Ministro. En unas recientes declaraciones suyas,
recogidas por un periódico diario de ámbito nacional, al parecer usted
expresó que no tenía claro si acataría el mandato del Senado de una
moción recientemente aprobada. Por eso yo le pregunto: ¿cuándo tiene
previsto el Gobierno dar cumplimiento a la moción aprobada en el Pleno de
esta Cámara el pasado día 28 de septiembre, por la que se insta a la
aprobación de los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas con
anterioridad a la tramitación ante las Cortes Generales del Plan
Hidrológico Nacional?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, cuando los consejos de agua de los organismos de cuenca, o en su
caso las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, acaben de
elaborar esos planes de cuenca, los remitan al Ministerio, éste los
someta al informe del Consejo Nacional del Agua y, posteriormente, los
podamos elevar al Gobierno para su aprobación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en esas manifestaciones usted ponía en duda la aplicación
de la moción correspondiente del Senado. Yo quiero manifestarle que,
efectivamente, las Cortes Generales, a través de esta Cámara, el Senado,
han expresado una voluntad política que debe ser respetada por el
Gobierno y, como portavoz o parte del Ministerio de Obras Públicas, por
usted, y que una actuación contradictoria quebraría, evidentemente, la
voluntad de la mayoría expresada por esta Cámara. Además, no parece que
esta Cámara saliese especialmente reforzada, sino más bien todo lo
contrario, por lo tanto, rompería usted el pacto tácito de potenciar esta
Cámara, de la función territorial que a ella le corresponde y de su
credibilidad. No parece un buen principio tampoco para llegar al pacto
constitucional que se requiere en la reforma del Senado el que hagan caso
omiso de esta moción, y quisiera recordar además, señor Ministro, que
esta moción fue aprobada como consecuencia de un debate general de las
Comunidades Autónomas y como consecuencia de una reforma ya sufrida por
el Reglamento del Senado, que requirió en su tiempo una ardua negociación
y un amplio consenso.
Pero, además, señor Ministro, evidentemente, también hay razones
hidrológicas para aprobar los planes de cuenca antes que el Plan
Hidrológico Nacional. Una de ellas es, al parecer, que permitiría evaluar
con más exactitud las necesidades de cuenca y las del volumen de sus
excedentes. Además, aunque parece que el inconveniente supuesto podría
ser un retraso en el Plan Hidrológico Nacional, éste no es real porque,
evidentemente, la realidad económica y presupuestaria no permite a corto
ni a largo plazo efectuar la totalidad de las obras del Plan Hidrológico
Nacional. Y permítame que le diga, asimismo, que este retraso permitiría
un mejor conocimiento del impacto ambiental y ecológico y que,
igualmente, se podría ir efectuando la regulación
de las vías previstas en la planificación actual, o sea, de la regulación
de los ríos.
Además, le tengo que expresar también un argumento político evidente, y
es que, dada la actual composición de la Cámara, no puede ser aprobado el
Plan Hidrológico Nacional sin contar con la aquiescencia de Convergència
i Unió, que, evidentemente, ha explicitado en esta Cámara que no
aprobaría dicho Plan de no efectuar los planes de cuenca antes por
razones obvias, aparte de que se tiene que prever una reserva ecológica,
concretamente para el río Ebro, de 3.150 hectómetros cúbicos para el
canal ecológico de mantenimiento del Delta del Ebro. Por tanto, si no se
cumplen esas previsiones, además de no aprobarse, resultaría que a usted
se le caería el Plan Hidrológico Nacional.
Por ello, señor Ministro, creo que hay razones más que de sobra para que
hagan ustedes los planes de cuenca antes que el Plan Hidrológico
Nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tomo buena nota de sus opiniones y agradezco sus prudentes
consejos.
Tenga usted la seguridad de que trataremos de que el Plan Hidrológico
llegue en las mejores condiciones posibles para asegurar su aprobación
legislativa y su máximo consenso político. Pero usted se lo guisa y usted
se lo come. ¿A qué viene esta hipótesis, que usted adopta como punto de
partida de su razonamiento, de que no vamos a hacer caso a las mociones
que aprueban el Congreso o el Senado? ¿De dónde saca usted que ésa es
nuestra intención? Usted me hace una pregunta y yo se la contesto de la
forma más precisa posible. (El señor Garzarán García muestra unos
documentos desde su escaño.) No, no saque usted documentos, porque si yo
hubiese querido decir lo que usted dice que he dicho, habría aprovechado
la ocasión para decirlo ahora pero, no habiéndolo dicho, le ruego se
atenga usted a mi respuesta y no a documentos que usted me enseña y que
soy incapaz de leer a esta distancia. (Risas.) ¿Comprende, señoría?
Hay una moción aprobada por el Congreso que solicita del Gobierno que
antes de llevar a las Cortes el Plan Hidrológico Nacional lleve un plan
de regadíos que debemos elaborar conjuntamente el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio del agua, es decir, el de Obras Públicas, y
eso es lo que estamos haciendo. Además, sabe su señoría que siempre ha
pensado este Ministro que los planes de cuenca y el Plan Nacional tienen
que elaborarse conjunta e interactivamente, como también sabe que tener
un Plan Nacional exige tener unos planes de cuenca y viceversa, ya que
como no son independientes entre sí, no se pueden definir las partes de
un conjunto si esas partes forman un conjunto interactivo. De manera que
procuraremos respetar todas las voluntades políticas expresadas, de tal
forma que consigamos el consenso que entendemos necesario para aprobar
una ley de estas características.
Pero habida cuenta de que los planes hidráulicos que están en vigor
acaban en 1994 --la planificación hidráulica en vigor es la que aprobó el
Gobierno en 1992 en un plan-puente de obras hidráulicas para el período
1992-94 a la espera de que en 1994 ya hubiese Plan Nacional --y dado que
este año está a punto de acabar y no tenemos aún Plan Nacional, el
Ministerio tendrá que hacer un plan de obras hidráulicas para el
quinquenio 1995-2000 que anticipe los elementos fundamentales de la
planificación hidrológica a nivel de cuenca con las interacciones que
articulan las distintas cuencas más importantes entre sí. Y eso, que no
es el Plan Hidrológico Nacional, sino un anticipo de sus aspectos más
importantes, debería servir para resolver los problemas más acuciantes
mientras acabamos de elaborar los planes de cuenca y el plan de regadíos.
Pero, eso sí, señoría, mientras no tengamos resueltos los grandes
interrogantes que el Plan Nacional debe resolver, debe entender la Cámara
que el retraso que implica la aprobación previa de los planes de cuenca
paraliza la construcción de grandes obras hidráulicas que necesitan ser
declaradas de interés general para poder ser acometidas y que no podrán
serlo hasta que no se apruebe la ley del Plan Hidrológico.
Por tanto, aquellos que desean demorar el Plan Nacional pero que quieren
que se hagan en su territorio las obras que dicho Plan debe incluir,
tendrán también que ser consecuentes y esperar a que la planificación
indique las actuaciones que hay que ejecutar, pero no debe pretender cada
uno anticipar las que les convienen en usencia del plan que debe dar
coherencia al conjunto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DE DON LUIS ANTONIO CHAO GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA PRESENTACION A
LAS CORTES GENERALES DE UN PROYECTO DE LEY DE LA EDIFICACION.
(680/000353.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Chao Gómez, del Grupo Popular,
sobre las previsiones del Gobierno respecto a la presentación a las
Cortes de un proyecto de ley de la edificación.
El Senador Chao tiene la palabra.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley 12/1986, de 1 de abril, prescribía la obligación
del Gobierno de remitir un proyecto de ley de ordenación de la
edificación en el plazo de un año, una ley que venga a colmar un
importante vacío en nuestro ordenamiento jurídico y que responde a
necesidades sociales de primer orden como son el establecimiento de un
régimen
común y básico para todo el proceso edificatorio, la actualización del
sistema de intervenciones empresariales y técnicas, la racionalización
del régimen de responsabilidades y la creación de un mecanismo de
garantía efectiva para el titular final del objeto edificado. Casi ocho
años ha transcurrido desde que concluyó el plazo fijado en la Ley y el
Gobierno aún no ha cumplido el mandato de la misma.
Esta pregunta no es cosa nueva para su señoría. El martes 18 de junio de
1991 el Senador Hernández Escorial hizo una pregunta en el mismo sentido,
a la que usted contestó que había constituido un grupo de trabajo y que
creía poder comprometerse a remitir el anteproyecto a finales del primer
cuatrimestre de 1992. Apenas un mes más tarde, el portavoz del Grupo
Socialista en el Congreso presentó oportunamente una proposición no de
ley por la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a que
presentase este proyecto de ley dentro del citado primer cuatrimestre de
1992. El año 1992 pasó y del anteproyecto, nada. Recientemente, en
diciembre del pasado 1993, un Diputado del Grupo Popular en el Congreso
hizo a su señoría la misma pregunta, a la que usted contestó,
escuetamente: A finales del primer semestre de 1994. Este plazo también
ha transcurrido con holgura y tampoco ha llegado a las Cortes el proyecto
de ley.
Por ello, desde el convencimiento de que la necesidad de la ley hace
imprescindible que desde el Grupo Popular sigamos instando al Gobierno a
su presentación, pregunto a su señoría: señor Ministro, ¿cuándo va a
remitir el Gobierno a las Cortes Generales el proyecto de ley de
ordenación de la edificación?
Muchas gracias, señor Ministro, y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE; Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, es un proyecto de ley complejo, como usted mismo ha reconocido.
El texto de que disponíamos fue remitido al Ministerio para las
Administraciones Públicas para que analizase, desde la perspectiva
competencial, si nuestros planteamientos entraban en el ámbito de las
competencias autonómicas que, como usted sabe, tienen competencia
exclusiva, según la Constitución, en materia de vivienda.
Nuestra intención es no sólo evitar cualquier conflicto de competencias,
sino también asegurar el máximo consenso. Y a la vista de que las
observaciones que nos fueron remitidas por el Ministerio para las
Administraciones Públicas aconsejaban que el texto fuera objeto de
comunicación previa a los responsables autonómicos, así lo hemos hecho
recientemente y en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que tuvo lugar
ayer en Valencia, hubo un primer debate del anteproyecto de ley para
evitar las posibles divergencias de orden competencial que,
desgraciadamente, se pusieron de manifiesto en la Ley del Suelo de 1990,
dando lugar a un conflicto que todavía no ha resuelto el Tribunal
Constitucional.
Incluido este punto en el orden del día de la Conferencia Sectorial de
Valencia, se ha iniciado un período, que espero que sea corto, para que
las Comunidades Autónomas puedan remitir las observaciones que estimen
oportunas a un texto que por nuestra parte ya consideramos definitivo,
para que, tan pronto como hayamos recibido los puntos de vista de las
Administraciones autonómicas, que espero que no sean muy divergentes o
que no presenten dificultades insalvables, y habiendo calificado como
básicos aquellos aspectos en los que pudiera haber discrepancias que
requiriesen tal calificativo por parte de la actividad legislativa del
Parlamento de la nación, el texto pueda ser remitido a la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, como paso previo a su
aprobación por el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Chao tiene la palabra.
El señor CHAO GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, porque es la primera vez que usted me da
una respuesta un poco larga a una pregunta que yo le hago, lo cual es de
agradecer.
Quería decirle también que comprendemos las dificultades que comporta
redactar un anteproyecto como el que nos ocupa, porque, aparte de las que
usted ha mencionado, están las que, sin duda, usted conocerá tan bien
como yo, como son la existencia de un borrador de una directiva europea
sobre la construcción, que de alguna manera puede incidir, el documento
GAIPEC, relativo a responsabilidades y garantías en el sector de la
construcción e, incluso, la propia incidencia que puedan tener los
estudios que en este momento se están realizando en el Ministerio de
Justicia sobre el proyecto de ley que modifica la regulación del Código
Civil sobre los contratos de obra. Esto también puede incidir. Pero, al
fin y al cabo, la obligación de cumplir la Ley, que les obligaba a
presentar este proyecto hace ocho años, les corresponde a ustedes. Señor
Ministro, es responsabilidad suya, y del Gobierno al que usted
representa, dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
Este Senador tiene que quejarse ante la Cámara y ante la sociedad de esta
serie de repetidos incumplimientos por su parte en cuanto a anuncios de
próximas e inmediatas presentaciones de esa ley sin que se concluya en
algo positivo.
Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra para dúplica.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo por menos de aceptar y reconocer que los plazos que he
ido dando en anteriores preguntas han sido incumplidos y que, habiendo
previsto que la ley
podría llegar a las Cámaras en fechas anteriores, no ha sido así. Pero no
crea usted que hemos estado perdiendo el tiempo; una ley de estas
características debe llegar a la Cámara con el mayor consenso
institucional y social posible. Y aunque usted opina, y yo soy de su
opinión, que corresponde al Parlamento de la nación legislar sobre este
tema, le aseguro que esta opinión no es compartida por todo el mundo,
porque ayer en Valencia tuvimos que escuchar opiniones de representantes
autonómicos argumentando que, puesto que la competencia en materia de
vivienda era exclusiva de las Comunidades Autónomas, una ley que regulase
el proceso de edificación de viviendas debía ser establecida también en
los parlamentos autonómicos y no en el Parlamento del Estado.
Y yo no quiero volver a pasar por un conflicto constitucional como el de
la Ley del Suelo, que ha conducido a una inseguridad jurídica notable
porque en algunas Comunidades, como usted sabe, subsisten dos normas, una
estatal y otra autonómica, que predican cosas distintas en materia de
derechos y obligaciones para los ciudadanos. Creo que haría un flaco
favor al objetivo que usted persigue, y yo comparto, si anticipase la
remisión de la ley a las Cámaras sin haber conseguido antes clarificar
los planteamientos hoy en día desacordes entre Estado central y
Comunidades Autónomas. Espero poder hacerlo en breve y llevar una ley que
pueda ser resuelta por el Parlamento en su contenido, dejando aparte
conflictos competenciales que deben ser resueltos previamente. Si así no
fuera en un plazo breve, tendría que llevarlo a las Cámaras para que
fueran las mayorías parlamentarias las que decidiesen qué es lo que se
entiende que debe ser regulado desde el Parlamento de la nación y qué es
lo que corresponde regular a los parlamentos autonómicos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LA FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO EN LA
CUMBRE DEL PICO MULHACEN, EN LA PROVINCIA DE GRANADA. (680/000355.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Alvaro Antonio Martínez
Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la finalidad de las
actuaciones realizadas por el Gobierno en la cumbre del Pico Mulhacén.
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el motivo de esta pregunta se remonta, al menos, a año y
medio de antelación, cuando en el verano de 1993 el Ministerio de Defensa
realizó unos sondeos declarados ilegales por la Agencia del Medio
Ambiente de Andalucía, sondeos que no contaban con la preceptiva
autorización en la cumbre del Pico Mulhacén. En el verano de 1994 dichos
sondeos vuelven a repetirse con instalación de diversa maquinaria y
apertura de algunas pistas.
Como probablemente sus servicios de información y documentación saben y
probablemente usted también, hay, al menos, tres normativas ambientales
de la Comunidad Autónoma que incumplen los supuestos fines de la
realización de tal sondeo. En primer lugar, el Plan Rector de Uso y
Gestión establece la prohibición de montar instalaciones militares en el
territorio del parque natural de Sierra Nevada --éste, como usted sabe,
es un espacio protegido--; en segundo lugar, el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque asimismo lo manifiesta; y, en tercer lugar,
el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de
Granada incide también en cuestiones de la misma naturaleza respecto a
todo tipo de infraestructura.
Por tanto, señor Ministro, ¿cuáles han sido las poderosas razones que han
llevado a su Ministerio a escoger la cumbre del Pico Mulhacén para una
construcción de Defensa, que en todos los medios de comunicación aparece
como un radar, y que desde algún punto de vista puede ser calificada como
de una actuación con secretismo, con desinformación y con falta de
respeto a la naturaleza?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Su señoría sabe que yo comparto totalmente las preocupaciones
medioambientales, y no solamente las que se refieren al Mulhacén, sino a
toda Sierra Nevada y a cualquier otro paraje natural a proteger en
nuestro país. Y su señoría sabe también a qué me estoy refiriendo, porque
ya se contestó una pregunta de su Grupo Parlamentario, con fecha de 8 de
octubre de 1993, donde se le explicó que las actuaciones que el
Ministerio de Defensa está realizando en Sierra Nevada consisten en un
estudio geológico y geotécnico, concretamente sondeos de varios
centímetros de diámetro y de unos 30 ó 40 metros de profundidad; esos
sondeos se han realizado en las condiciones dictadas por la Agencia de
Medio Ambiente. Para que tenga más datos, con fecha julio del año 1994
hay una autorización expresa de dicha Agencia. El objeto lo conoce, y
consiste en completar la red de radares del sistema de mando y control
aéreo que es necesario para la seguridad nacional. Supongo que usted es
sensible a la seguridad nacional incluso por algunas relaciones
profesionales, pero también lo es por la seguridad del tráfico aéreo,
tanto militar como civil. Pero, en todo caso, esté tranquilo porque todas
las obras que se realicen llevarán el estudio medioambiental y se
realizarán en las condiciones que respeten mejor el entorno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, su señoría tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, las palabras que he pronunciado de secretismo,
desinformación y falta de respeto a la naturaleza, no son mías --por eso,
quizá, sean aún más de extrañar--, corresponden a una denominada Comisión
asesora del militar, que publica periódicamente notas de prensa en los
medios de comunicación granadinos y de Andalucía oriental. No sé si el
señor Ministro tiene conocimiento de este hecho... (El señor Ministro de
Defensa, García Vargas, hace signos negativos.)..., y si son portavoces
autorizados del Ministerio de Defensa. Asimismo, esta denominada Comisión
asesora del militar dice que los ecologistas son, literalmente, «como el
sida», ya que pretenden dejar sin defensas a la sociedad democrática, y
acusa al Ministerio de Defensa de incumplir los acuerdos que tiene con la
OTAN para la protección del medio ambiente. No son palabras mías
--insisto--, señor Ministro, son palabras de esta CAM --Comisión asesora
del militar-- que publica en medios de comunicación de Andalucía
oriental.
Por tanto, señor Ministro, creo que hay una preocupación compartida y es
que hay, naturalmente, que dar salida a unas necesidades de la defensa,
pero que deben respetar escrupulosamente el marco legal y, sobre todo,
que deben tener una preocupación especial por el marco ambiental.
Señor Ministro, el marco legal, en tanto en cuanto cumplimiento estricto
de las condiciones del referéndum OTAN respecto a nuestra integración en
la estructura política pero no en la estructura militar, y el marco
ambiental, en tanto en cuanto que una normativa de orden jurídico
superior, por parte del Gobierno central, pudieran dar legalidad a la
instalación de un radar con silo, guarnición y una batería de misiles
tierra-aire de defensa, según se informa también en la prensa regional,
aun cuando --insisto-- se pudiera dar cabida a todo esto según la
legislación actual, sin embargo, señor Ministro, eso supondría saltarse
toda la legislación ambiental de una Comunidad Autónoma como Andalucía.
Creo que por el interés del Ministerio de Defensa, por el interés del
medio ambiente, por el interés de Andalucía y por el interés de todos los
españoles, el Ministerio de Defensa no sólo debería hacer serios
esfuerzos, sino comprometerse a buscar un emplazamiento alternativo a la
cumbre del Mulhacén para la instalación de dicho radar.
Señor Ministro, probablemente sean menos idóneos, probablemente queden
zonas de sombras, probablemente queden zonas no cubiertas pero, para todo
eso, hay soluciones técnicas mediante más instalaciones de radar o
mediante el cubrimiento de las zonas de sombra que no cubra el actual
emplazamiento en el Mulhacén.
Además, señor Ministro, dicha instalación causaría perjuicios notables.
Me acaba de llegar una carta firmada por Wolfgang Wild, Director del
Instituto de Radioastronomía Milimétrica en Granada, y por el
Vicedirector, Juan Peñalver. El Instituto de Radioastronomía Milimétrica,
una estación conjunta franco-germana-española, con más de 2.000 millones
de pesetas de costo y 250 científicos cada año en actividad, manifiesta
literalmente el peligro que supone tener un potente emisor de radar cerca
del radiotelescopio y, finalmente, dice que, aparte de las perturbaciones
que dichas ondas generarán sobre la extrema sensibilidad de la antena de
30 metros de diámetro de dicho Instituto de Radioastronomía Milimétrica,
creen que la coexistencia de los dos centros, radiotelescopio y radar,
ubicado este último en el Mulhacén o en algún otro sitio próximo de
Sierra Nevada, les parece totalmente incompatible.
Por lo tanto, señor Ministro, aquí también están colisionando intereses
científicos que no sólo corresponden al Estado español, sino que
corresponden a la comunidad científica europea germano-franco-española, y
es más, a la comunidad científica internacional y que, de hecho, podrían
suponer un serio golpe para la confianza que los ciudadanos andaluces
tienen en la legislación de protección ambiental autonómica.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Desconozco absolutamente en qué consiste la Comisión asesora del militar.
No sé si existe y qué publica, pero si ha publicado lo que usted dice --y
me gustaría verlo-- la desautorizo radicalmente, porque realizar esa
afirmación sobre los ecologistas me parece una insensatez. Se pueden
hacer críticas a los ecologistas como la de que ven sólo una parte del
problema pero, desde luego, no se les puede descalificar en esos
términos.
Sí tengo que decirle que quien le escribió esa carta del Instituto
Astrofísico se perdió una magnífica ocasión de escribírmela a mí, porque,
entre otras cosas, del Ministerio de Defensa depende el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, que tiene el encargo de llevar a
cabo un estudio de compatibilidad entre las instalaciones de radar y las
del Instituto Astrofísico. Luego si la carta se me hubiera escrito a mí,
ese estudio de compatibilidad que se tiene que hacer con el Instituto
Astrofísico se realizaría en las mejores condiciones. En todo caso,
cuando reciba la comunicación del INTA, me imagino que se quedará más
tranquilo y ya no le escribirá más cartas, me las escribirá a mí, porque
me parece más operativo hacerlo en mi despacho que hacerlo aquí.
También tengo que desautorizar algunas de las afirmaciones que ha hecho
como, por ejemplo, la de que allí vaya a haber una instalación de
misiles. ¿Quién ha dicho semejante paparrucha? Si usted me dice que lo
que viene en el periódico es verdad, entonces probablemente pensará,
citando a Kant, que todo lo que aparece en el periódico es racional y
existe. Supongo que no es esa la pretensión.
De cualquier forma, sí quiero decirle que esa tampoco es una instalación
impuesta por la OTAN. También le desmiento en eso. Nuestro país necesita
tener un control de lo que pasa en su espacio aéreo, entre otras cosas,
para ejercer la soberanía de dicho espacio y, desgraciadamente, las
instalaciones actuales, por el tiempo transcurrido desde su instalación,
ya no cumplen con las condiciones idóneas y tienen deficiencias. Por
tanto, cualquier país serio que quiera tener un ejercicio de la soberanía
de su espacio, que quiera tener garantizada su seguridad nacional y que
quiera tener un tráfico aéreo civil y militar seguro, tiene que contar
con las instalaciones idóneas, y éstas tienen que estar también en los
emplazamientos idóneos y tendrán que tener también las condiciones
idóneas para no perturbar el medio ambiente.
¿Por qué no hacemos una cosa, Senador? ¿Por qué en lugar de decir que
vamos a buscar alternativas a Sierra Nevada --podríamos hacer muchos
ejercicios, pero, desgraciadamente, no existen, porque cuando uno toma
decisiones es por algo--, por qué no decimos qué tipo de instalaciones se
pueden ubicar allí y qué condiciones deben cumplir para respetar el medio
ambiente, para que no se vean exteriormente?
Quiero recordarle una cosa. ¡Ojalá! aquí no les pase lo que les sucedió
con ese Instituto Astrofísico, que ustedes --los que, más o menos, están
ligados con movimientos ecologistas, por cierto, muy respetables--, en
principio, estuvieron criticando, porque no querían que se ubicara allí.
Ahora lo defiende usted como gran proyecto científico, pero hubo una gran
lucha para que no se instalara allí, o por lo menos, los mismos medios de
comunicación que usted aduce como si fueran la fuente de la verdad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON ENRIQUE RAFAEL BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE LLEVA A CABO EL GOBIERNO PARA CONTROLAR
QUE LAS DEPENDENCIAS DEDICADAS A ARCHIVO EN LOS EDIFICIOS DE JUZGADOS
REUNAN LAS CONDICIONES ADECUADAS. (680/000352.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta del Senador Bellido Muñoz, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que lleva a cabo el
Gobierno para controlar que las dependencias dedicadas a archivo de los
edificios de juzgado reúnan las condiciones adecuadas.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, ¿qué medidas lleva a cabo el
Gobierno para controlar que las dependencias dedicadas a archivo en los
edificios de juzgados reúnan las condiciones adecuadas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, en el tema que plantea habría que distinguir entre los edificios
de nueva creación o de nuevo proyecto de los últimos años y los antiguos.
Efectivamente, en los de nueva proyección de los últimos diez años, la
proporción de espacio reservado al tema de archivos es entre el 8 y el 10
por ciento de cada uno de los espacios judiciales, dependiendo del orden
jurisdiccional de que se trate. A su vez, esos espacios están divididos
en dos grandes bloques: uno, que se le llama el archivo vivo, es decir,
el de utilización cotidiana que, normalmente, está en la propia sede el
órgano judicial de que se trate y otro, que es el de utilización
discontinua, en definitiva, de documentos que no tienen utilización
diaria, que acostumbran a situarse en los archivos de las zonas bajas del
edificio, en condiciones que se pretende que sean las razonables.
Sin embargo, cuando se trata de edificios antiguos, esa previsión, en
muchas ocasiones, no estaba en el proyecto de edificación y, en
consecuencia, se plantean problemas.
En la mayor parte de las capitales de provincia ya se han realizado obras
en esa línea, teniendo que estudiar, en ocasiones, el tener que sacar los
archivos discontinuos --los de no utilización diaria-- de la propia sede
judicial, porque, en otro caso, no existen posibilidades arquitectónicas
de adaptar las nuevas necesidades.
Desde el punto de vista de la conservación, ésta corresponde a las
gerencias territoriales y la custodia --como su señoría, sin duda,
sabrá-- a los secretarios judiciales de los órganos judiciales
correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro.
Yo entiendo que tenga usted comprometido gran parte de su tiempo y de su
materia gris en descubrir el paradero del prófugo Roldán (Protestas en
los escaños del Grupo Socialista.) que, por cierto, hoy hace 217 días que
se escapó de las manos de su Gobierno (Protestas en los escaños del Grupo
Socialista.), y de resolver los graves problemas de seguridad ciudadana
que vive el país. Tal vez por eso --sólo digo tal vez-- no aparezca
Roldán y los delincuentes sigan siendo los dueños de la noche española.
(Protestas en los escaños del Grupo Socialista.) Pero yo le pediría que,
aún así, señor Ministro --si me dejan hablar--, se interesase un poco por
la administración de Justicia, porque, realmente, falta le hace. No le
voy a hablar de las 15.000 causas pendientes que hay ahora mismo en la
provincia de Córdoba...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le recuerdo que reglamentariamente
debe de ceñirse a la cuestión.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Sí, señor Presidente.
Sí le voy a hablar --ahora mismo me iba a ceñir a la pregunta-- de los
archivos de la provincia de Córdoba. Señor Ministro, la gran mayoría de
esos archivos, más parecen escombreras con libros, legajos y papeles
roídos y rotos por la humedad. Pero hay un caso que todavía es mucho más
sugerente, y se trata de un edificio nuevo; son los archivos del Palacio
de Justicia de Córdoba capital, los
cuales, señor Ministro, están ubicados hoy en día en lo que son los
urinarios públicos masculinos de dicho Palacio. Aquí tiene usted
información gráfica sobre el hecho. Yo no sé si es que los técnicos de su
Ministerio han descubierto nuevos valores en los gases amoniacales, en el
sentido de conservar el papel y la tinta, o si, por el contrario, se
debe, de alguna manera, a desidia, ineficacia y falta de interés de su
Ministerio y, concretamente, de su persona. Yo, como médico y conocedor
de las ciencias químicas, me inclino por la segunda hipótesis.
Para terminar, le pediría que no ofenda al pueblo de Córdoba, que no
ofenda a los jueces y a los funcionarios de la Administración de Justicia
en Córdoba, porque ofensa es destinar única y exclusivamente cinco
millones de pesetas en el área de Justicia de su Ministerio en los
Presupuestos Generales del Estado a inversiones e infraestructuras en la
provincia de Córdoba, cinco millones que no van destinados a juzgados de
ningún tipo, sino a una prisión provincial que se mantiene como un claro
exponente de la falta de respeto a los derechos humanos por parte de
Instituciones Penitenciarias no en cuanto al trato de los funcionarios,
sino en cuanto al lamentable estado de esas instalaciones.
Señor Ministro, no ofenda al pueblo de Córdoba por mucho que sus
compromisos políticos le fuercen a ello.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, vamos a ver si pongo un cierto orden en mis sorpresas. La
primera no puedo llamarla sorpresa, es la consagración de lo que se
publica en los periódicos, no como fuente del conocimiento, de la razón y
de la vida, sino de toda la actuación política de su Grupo, ya que sólo
actúan políticamente en función de lo que aparece en la prensa. (Varios
señores Senadores de los escaños socialistas: ¡Muy bien!) En fin, esa es
la técnica, una técnica curiosa desde un punto de vista político, pero
qué le vamos a hacer. Simplemente quiero constatar que una vez más han
utilizado ese medio para articular sus políticas.
El problema de fiarse estrictamente de lo que dicen los medios de
comunicación y abandonar otras fuentes de información es cometer gruesos
errores. Si en vez de leer sólo el Diario de Córdoba, que publicó esa
foto, hubiera usted hablado con el Presidente de la Audiencia, por
ejemplo, que podría ser una vía interesante de conocimiento, le habría
explicado que en ese edificio existen suficientes locales para archivos,
sobrados y suficientes, y que la presencia de esos expedientes se debió
exclusivamente a la decisión de los funcionarios judiciales, que
consideraban más cómoda su utilización.
Si usted hubiera preguntado, se hubiera enterado de que la Secretaría
General de Justicia ha iniciado un expediente para depurar
responsabilidades de los funcionarios, que en vez de usar los archivos,
que existen sobradamente, se dedicaron a colocarlos donde estaban. Todo
eso hubiera significado un esfuerzo por su parte, es decir, tratar de
averiguar algo sobre la realidad de las cosas y no meramente leer el
periódico y seguidamente formular la pregunta o cualquier otro mecanismo
de control parlamentario.
Me parece conveniente, señoría, hacer una última constatación. Su
pregunta, por cierto, para nada aludía a Córdoba, por lo que imagínese
qué finalidad tenía la pregunta. En este caso, no ha sido muy difícil
adivinar --siendo quien era su señoría, de dónde procedía y dada su
afición a hacer política en función de los medios de comunicación-- que
iba a referirse precisamente a esa foto y mi Gabinete lo ha adivinado,
¡qué cosa más rara! Y le aseguro que no es que tenga ninguna forma de
adivinación, es que literalmente esa es la forma como ustedes entienden
su actividad parlamentaria.
Es evidente que no quieren saber la respuesta, porque si quisieran saber
la respuesta, hubieran preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa con los
archivos de Córdoba? Si quisieran saber qué pasa con Córdoba, lo hubieran
preguntado, pero eso no lo pregunta, me parece a mí. Si ustedes no
pretenden saber el contenido de las respuestas; si ustedes tampoco
pretenden el control parlamentario, ¿qué es lo que pretenden, señorías?
Simple política de acoso, demagógica y populista.
Nada más, señorías. (Aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez: ¡Bien, Juan Alberto, te creces!)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JESUS PEDROCHE NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA EXCLUSION DEL
PARTIDO POPULAR DE SU OFERTA PARA DISEÑAR EL FUTURO MODELO POLICIAL
ESPAÑOL, EN EL MARCO DE UN PACTO DE ESTADO, TAL Y COMO SE MANIFESTO EL 16
DE NOVIEMBRE EN EL SENO DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR DEL
CONCRESO DE LOS DIPUTADOS. (680/000354.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Pedroche Nieto, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las razones del Gobierno respecto a la
exclusión del Partido Popular de su oferta para diseñar el futuro modelo
policial español.
Tiene la palabra el Senador Pedroche.
El señor PEDROCHE NIETO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, decía usted el 29 de junio de este año, en respuesta a
una interpelación del señor Alvarez Cascos en el Congreso de los
Diputados, lo siguiente: yo, personalmente, tengo un modelo policial,
pero eso no es más que mi opinión. A partir de ahora hay que realizar un
trabajo serio, sólido, con la intervención y la colaboración de
todos. Han pasado cinco meses, y usted, señor Ministro, por motivos que
desconocemos, ha cambiado de opinión.
En unas recientes manifestaciones ha expresado su deseo de excluir, de no
contar con el Partido Popular para diseñar el futuro modelo policial
español. ¡Qué torpeza, señor Belloch! Qué torpeza impropia de una persona
de su responsabilidad pública. Le digo en serio que no me parece una
persona sectaria, pero esas manifestaciones sí lo son, señor Belloch. Son
unas manifestaciones sectarias.
¿Qué pretende, señor Ministro? ¿Contar con todas las fuerzas políticas,
con todas las Comunidades Autónomas, con todos los sindicatos policiales
y, por las buenas, no contar con el Partido Popular, que tiene 107
Senadores en esta Cámara, 141 Diputados, que gobierna 2.500 ayuntamientos
en España, cuatro Comunidades Autónomas y tiene casi 20.000 concejales?
Dígame una cosa, señor Ministro. Usted, para negociar, ¿qué prefiere?
¿Prefiere la sumisión o la incomodidad que a veces provoca la crítica?
¿Qué prefiere, el secretismo o la luz pública? ¿Prefiere los despachos,
el sigilo o el Parlamento?
Señor Presidente, yo pregunto al señor Ministro por qué, ante una
cuestión que afecta al interés general, que es catalogada como asunto de
Estado, como es el modelo policial, excluye al Partido Popular de su
oferta de diálogo, cuando en anteriores ocasiones usted ha manifestado
justamente lo contrario y el PP le ha trasladado con reiteración su
voluntad de diálogo, sin condicionamientos, en este asunto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ministro, tiene su señoría la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, sin duda la frase viene, como dice el texto de la pregunta, de
la comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior. Yo creo que será
mejor --y esto no es un periódico, sino el «Diario de Sesiones» del
Congreso de los Diputados, página 11061 --comprobar lo que dijo
exactamente el Ministro de Justicia e Interior en esa ocasión: El pacto
se hace con las personas que desean pactar. Ustedes, de manera voluntaria
y consciente, se han excluido del pacto de Estado en materia de justicia,
y se han excluido por ese tipo de urgencia y premuras electorales que
caracterizan su oposición, que ha determinado consideren que no vaya a
ser que, como consecuencia de un pacto en esta legislatura, se hagan
cosas positivas que puedan ser percibidas como tales por el conjunto de
los ciudadanos y, al servicio de esas premuras, han sacrificado una
necesidad de Estado que el resto de grupos parlamentarios han entendido y
asumido.
La sesión duró cuatro horas y media, como consta en este «Diario de
Sesiones», y se hizo un plantamiento estrictamente global. No era un
deseo, era simplemente un diagnóstico.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Pedroche tiene la palabra.
El señor PEDROCHE NIETO: «Diario de Sesiones», señor Presidente, por
«Diario de Sesiones». En el Congreso, el 29 de junio de 1994, el señor
Belloch dijo: A partir de ahora hay que realizar un trabajo serio
--refiriéndose al modelo policial--, sólido, con la intervención y la
colaboración de todos, porque no me ha contestado por qué hace cinco
meses decía una cosa y ahora dice otra, justamente la contraria. Para ver
si es procedente --decía-- adaptar nuestro modelo policial a la
estructura autonómica del Estado, me parece importante que el Partido
Popular llegara a tener la capacidad de participar en temas de Estado.
Podemos empezar a colaborar en ese pacto de Estado, que debería incluir
no sólo materias de Justicia, sino también de Interior. Este es un
«Diario de Sesiones», señor Ministro, no es un medio de comunicación.
Además, voy a aprovechar para contar una anécdota al señor Ministro, si
usted me lo permite, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Hasta que modifiquemos el Reglamento, señoría, sólo
rige el tiempo; todavía no figura un turno de anécdotas.
El señor PEDROCHE NIETO: Pero verá cómo le gusta, señor Presidente.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a verlo.
El señor PEDROCHE NIETO: Usted acaba de producir un papel, señor Belloch,
llamado Plan de objetivos y actuaciones de la Dirección General de la
Policía, donde se contiene de alguna manera las líneas maestras de lo que
va a ser el modelo policial. ¿Sabe lo que pone en la página 19?: Se
crearán bancos de datos relativos a información de diversa índole, por
ejemplo, personas desaparecidas, con indudable interés policial. Señor
Ministro, yo creo que el PP le puede echar una mano a usted, aunque sólo
sea para decirle que este banco de datos existe hace trece años; hay una
circular, de 30 de junio de 1981, que dice: Dentro del Servicio Central
de Policía Científica existirá un Registro central de personas
desaparecidas y cadáveres sin identificar.
Señor Ministro, si ustedes proponen cosas que están creadas hace trece
años, cuenten con el Partido Popular para que se las repita. Señor
Ministro, dicen que usted era independiente, y ahora hace gala del
entusiasmo de los conversos políticos. Yo espero que su sumisión al
socialismo no le impida ver que una cuestión de Estado, como es el modelo
policial, se discuta entre todos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
No haré referencia a temas que sean ajenos a la pregunta, porque a mí sí
que me gusta respetar los trámites parlamentarios.
Concretándome a su planteamiento, le diré que si su señoría hubiera
estado en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los
Diputados, o si simplemente hubiera leído el «Diario de Sesiones»,
hubiera entendido de qué se habló en el Congreso de los Diputados. De
hecho, me sorprende bastante que como jurista continúe el trámite de
comparecencia de la Comisión de Justicia e Interior, y que continúe una
especie de extraño trámite de dúplica de pregunta en el Pleno de Senado.
Francamente, me sorprende eso, pero comprendo que a lo mejor no comparte
esa sensibilidad jurídica.
En todo caso, desde un punto de vista político, el análisis de mi
intervención le habría hecho ver con toda claridad lo siguiente. El
representante del Partido Popular sostuvo, de manera permanente a lo
largo de toda su intervención, que cualquier proyecto del Gobierno y
cualquier iniciativa del Gobierno, sólo por ese hecho generaba
desconfianza. Ese era el planteamiento político en réplica del
representante de su Partido, que me da la impresión que debe ser el mismo
en el Senado que en el Congreso de los Diputados.
Frente a un planteamiento de esa naturaleza, que no solamente es
retórico, sino que se debe a que llevamos un año y medio --desde que tuve
el honor de incorporarme al equipo del Gobierno, entonces como Ministro
de Justicia--, en el que el Grupo Parlamentario Popular voluntaria y
conscientemente se ha mantenido de manera sistemática al margen de la
oferta de pacto de Estado en materia de Justicia. Todos los demás Grupos
Parlamentarios, con discrepancias parciales o no, en cualquier caso
manteniendo criterios, se han incorporado al pacto de Estado de la
Justicia, criticando lo que tenían que criticar; por cierto, en
ocasiones, debido a modificaciones que sus señorías introdujeron en el
Senado respecto a algún proyecto que se había elaborado en el Congreso de
los Diputados, pero eso sí que es una anécdota. Lo esencial es que llevan
un año y medio sin querer aceptar absolutamente ninguna actitud positiva
ni constructiva en materia de pacto de Estado, con una única excepción,
que es de justicia decirlo --y lo tengo que decir en este momento--, que
es en materia antiterrorista; es en el único tema en que --con la misma
sinceridad que trato de utilizar cuando intervengo ante esta Cámara-- le
digo: en esa materia sí que ha habido una política de Estado consensuada
y de ello me felicito. Pero sólo en eso, estrictamente sólo en eso. ¡Qué
más quisiéramos!
Voy a hacer uso de una frase que antes eran muy aficionados a
atribuírnosla a nosotros: Sólo aciertan cuando rectifican. Si ustedes
rectifican, si ustedes deciden cambiar de actitud y, por el contrario,
pensar que hay determinados temas en materia de justicia, en materia
policial, en materia de modelo respecto de los cuales el Partido Popular
--no el representante concreto en esta Cámara, que como ya he subrayado
en más ocasiones siempre mantiene, en mi opinión, un tono particularmente
correcto desde el punto de vista del estilo parlamentario-- quisiera
realmente participar en el pacto de Estado, en las grandes cuestiones de
Justicia e Interior, el Gobierno, y el resto de los Grupos Parlamentarios
que hasta ahora estamos realizando ese tipo de labor seguro que lo
agradeceríamos. Naturalmente que están las puertas abiertas. Y no lo digo
ahora; lo decía en el propio texto de la comparecencia de la que usted ha
sacado esa conclusión. Allí decíamos, concretamente: porque el modelo
policial, desde mi punto de vista también estamos tratando un tema de
Estado, para el cual desde ya le digo --le decía al representante del
Grupo Popular-- contaré, si su Grupo lo considera adecuado, tanto con la
colaboración del partido político que usted representa, como con la de
todos los representantes de la Cámara. Estos son los inconvenientes de no
leer los textos de los cuales se extrapola una frase.
Y, para terminar, está el tema de la independencia. Creo que es ya la
tercera o cuarta vez que me lo dicen, y por tercera o cuarta vez diré lo
mismo: no soy independiente del Grupo Socialista, no soy independiente
del programa del Partido Socialista, no soy independiente del Gobierno
Socialista.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LOGRAR QUE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS NO SE ENFRENTEN A TRABAS TECNICAS PARA LA COMERCIALIZACION DE
SUS PRODUCTOS EN LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA. (680/000343.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Arseni Gibert i Bosch, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para lograr que las empresas españolas no se enfrenten a trabas
técnicas para la comercialización de sus productos en los países de la
Unión Europea.
Tiene la palabra el Senador Gibert.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Comercio y Turismo, sin poner en cuestión ni
de forma general ni parcial la normativa europea sobre homologación de
calidad, requerimiento de especificación u otros aspectos lógicos y
necesarios como factores estimulantes de la calidad, la competitividad y
una ordenación adecuada del mercado, las empresas se enfrentan a trabas
técnico-burocráticas --a menudo más burocráticas que técnicas-- que no
responden o no parece responder a los criterios citados y perjudican
sensiblemente el potencial exportador de muchas empresas españolas en
diversos sectores.
Concretamente, un informe del ICEX, es decir, del propio Ministerio,
elaborado en colaboración con la Comisión Europea y la CEOE, detecta no
menos de 79 barreras técnicas
en distintos Estados miembros de la Unión Europea y las califica como no
útiles o no necesarias, además de detectar otro tipo de trabas, también
innecesarias y contrarias, de hecho, a los principios de libre comercio y
libre competencia.
Es por ello que formulamos esta pregunta, destinada a conocer los
propósitos del Gobierno tendentes a evitar este tipo de problemas que
dificultan la comercialización de productos españoles en otros países de
la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra, en nombre del Gobierno.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas
gracias, señor Presidente.
En primer lugar, existe un mecanismo de información introducido por la
directriz 83/189 de la CEE, que establece un sistema de notificación
previa de los reglamentos técnicos nacionales dictados por los Estados
miembros a los restantes países comunitarios.
El mecanismo de notificación, en lo que a España se refiere, está
centralizado en la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, la
cual, cuando se trata de notificaciones previas procedentes de otros
miembros, las remite a los departamentos que pudieran estar afectados.
Una vez que la información disponible se encuentra en poder de los
diferentes departamentos, es necesaria su difusión a los sectores
productivos presuntamente afectados. Esta difusión debe contemplar varios
elementos para ser eficaz: precisión, rapidez y apoyo técnico.
A este efecto, en la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio y Turismo se ha habilitado una unidad encargada de
mantener contacto con las asociaciones y empresas interesadas en el
conocimiento de los proyectos de reglamentaciones técnicas que puedan
suponer una traba técnica a la comercialización de sus productos en la
Unión Europea. Dicha unidad selecciona para cada notificación los
sectores presuntamente afectados, les informa del contenido del proyecto
y, en caso necesario, les presta el apoyo técnico preciso para una
correcta interpretación del texto legal en cuestión. Además, los
proyectos de reglamentaciones técnicas de los distintos Estados miembros
comunitarios aparecen publicados semanalmente en el boletín económico de
información comercial española, con la descripción del contenido y el
señalamiento de la fecha límite de presentación de observaciones.
Por tanto, las soluciones arbitradas para evitar problemas por causas
técnicas pasan por un eficaz servicio de información a las empresas
exportadoras y una profesionalización en la interpretación de esta
información, cuestiones ambas en las que la Dirección General de Comercio
Exterior ha puesto los instrumentos necesarios para su consecución.
En segundo lugar, junto al mecanismo de prevención e información de
escrito, el Ministerio de Comercio y Turismo, el ICEX y la CEOE, en
colaboración con la Comisión Europea han puesto en marcha un proyecto,
llamado «Línea abierta», para la identificación de los problemas de las
empresas españolas en el Mercado Unico Europeo.
El objetivo de dicho proyecto es complementar el mecanismo preventivo de
notificación e información de Reglamentos técnicos con otro que permita a
las empresas denunciar las trabas encontradas en sus operaciones
comerciales en Estados miembros de la Unión Europea. Y, a la
administración comercial, poner los medios necesarios para la resolución
de los mismos, bien vía contactos bilaterales a través de las oficinas
comerciales de España en el exterior y de las respectivas embajadas, bien
vía contactos con la Comisión cuando los problemas descubiertos se
consideren una infracción del Derecho comunitario.
Por último, y aunque su pregunta se circunscribe al ámbito de la Unión
Europea, conviene añadir que la Dirección General de Comercio Exterior,
como punto de contacto con el GATT, realiza la misma labor de información
con los Reglamentos técnicos de países terceros no comunitarios; labor
que cobrará una importancia especial a partir de la entrada en vigor de
la Organización Mundial de Comercio.
Quiero comunicarles que el estudio realizado conjuntamente por el ICEX,
la CEOE y la Comisión Europea lo tienen a su disposición todos los
Senadores para conocer cuáles son los problemas que las empresas
españolas han detectado, y que estamos intentando solucionar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. ¿Señor Senador?
(Pausa.) Gracias.
--DE DON ALVARO MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA PARA
EVITAR LOS DESPRENDIMIENTOS QUE SE VIENEN PRODUCIENDO EN EL BLOQUE DE
ROCA O PEÑA SOBRE LA QUE SE ASIENTA ARCOS DE LA FRONTERA (CADIZ),
AMENAZANDO LA INTEGRIDAD DE DICHO CONJUNTO MONUMENTAL HISTORICO-ARTISTICO
(680/000350.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta del Senador don
Alvaro Molina Fernández de Miranda, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre las medidas previstas por el Ministerio de Cultura para evitar los
desprendimientos que se vienen produciendo en el bloque de roca o peña
sobre la que se asienta Arcos de la Frontera, amenazando la integridad de
dicho conjunto monumental histórico-artístico.
El Senador Molina tiene la palabra.
El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué medidas tiene previstas el Ministerio de Cultura
para evitar los desprendimientos que se
vienen produciendo en el bloque de roca o peña sobre la que se asienta
Arcos de la Frontera, amenazando la integridad de dicho conjunto
monumental histórico-artístico?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias, señor
Presidente.
Senador, las competencias en materia de Patrimonio Histórico fueron
transferidas, como sabe su señoría, a la Junta de Andalucía por Real
Decreto 864/1984, de 29 de febrero, de traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad de Andalucía. Además, en su Anexo I-B, es
decir, de bienes inmuebles sobre los que se transfieren a la Junta de
Andalucía competencias de la Administración del Estado, se menciona
expresamente la parte de la ciudad de Arcos de la Frontera comprendida
dentro de la muralla.
De acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español y sus normas de
desarrollo, al Ministerio de Cultura corresponde una acción subsidiaria
en los supuestos de exportación ilícita o expoliación, como dice nuestra
Constitución, que no solamente no se dan en este caso, señoría, sino que
me consta que la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias
sobre la materia, está tomando las medidas necesarias para, a través de
las Consejerías de Cultura y de Obras Públicas y Transporte, solucionar
los problemas que afectan al conjunto histórico de Arcos de la Frontera.
No obstante, y dentro del más absoluto respeto al marco competencial
existente puedo informarle, señoría, de que el Ministerio de Cultura ha
puesto en marcha y está desarrollando diferentes medidas para facilitar
la colaboración con los restantes poderes públicos en la tarea común de
preservar nuestro riquísimo Patrimonio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, de sus palabras no se deduce un compromiso serio y firme
por parte del Ministerio de Cultura para la realización de las obras
necesarias que eviten tales desprendimientos, provocados, al parecer, por
filtraciones de agua que entrañan un evidente riesgo para sus habitantes
y para la ingente riqueza monumental de dicha población.
La realidad es que el desplome acaecido el pasado día 8 de febrero ha
continuado con la enorme caída de más de 1.000 toneladas de roca el
pasado día 28 de octubre. Parece olvidarse que dicha población fue
declarada monumento histórico-artístico por decreto de 1962; que,
inmediata a la zona, se encuentra la Iglesia de Santa María, monumento
nacional individual declarado en 1931; la Parroquia de San Pedro, de
estilo gótico; el castillo; el Convento de la Merced, así como
construcciones civiles de los siglos XVII y XVIII.
Prueba evidente del interés de este conjunto es la Resolución adoptada
por el Parlamento Europeo el pasado día 14, en la que, tras manifestarse
que el valioso conjunto natural y monumental de Arcos de la Frontera
exige los máximos esfuerzos que garanticen su conservación, acordó
solicitar de la Comisión Europea la concesión de ayuda financiera para
garantizar su preservación.
Señora Ministra, con motivo del desgraciado incendio del Teatro del Liceo
de Barcelona su señoría actuó con tal diligencia y celeridad para conocer
sobre el terreno el alcance de los daños que casi llega antes que los
bomberos (La señora Ministra de Cultura, Alborch Bataller, sonríe. Un
señor Senador de los escaños de la izquierda pronuncia palabras que no se
perciben.), y no es un reproche, es un reconocimiento a su actuación. Sin
embargo, en los hecho expuestos, acaecidos hace ya más de un mes en un
pueblo andaluz, no tengo noticias de que ningún cualificado representante
del Ministerio de Cultura haya ido a comprobar «in situ» la magnitud del
problema. De ahí que le reitere la urgente necesidad de otorgar ayuda de
carácter extraordinario para salvaguardar el patrimonio arquitectónico de
Arcos de la Frontera, en palabras de Azorín, uno de los pueblos más
pintorescos y bonitos de España. Sería lamentable y penoso que las
diversas competencias en la materia, tanto de la Administración central
como de la Administración autonómica andaluza, puedan servir de excusa o
parapeto para inhibirse mutuamente en la adopción de medidas de ayuda.
Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias, señor
Presidente.
No sólo no desconozco esta situación, sino que, además, he tenido la
oportunidad de ir en alguna que otra ocasión a Arcos de la Frontera y de
comprobar la maravilla de su patrimonio histórico, no como Ministra de
Cultura, sino como ciudadana, que creo que también es una percepción que
hay que tener en cuenta. Pero, claro, señor Senador, nosotros nos tenemos
que remitir a los marcos competenciales, y si hay unas transferencias y
una asunción de competencias y, por tanto, de responsabilidad por parte
de la Junta de Andalucía --que, además, como he dicho hace un momento, se
reserva expresamente esta cuestión--, evidentemente, tenemos que respetar
ese marco competencial.
De todas maneras, y para tranquilidad de sus señorías, a mí me gustaría
exponer muy sucintamente cómo estamos trabajando desde el Ministerio de
Cultura, precisamente porque nos guía una sensibilidad que va más allá
--por decirlo de alguna manera-- de lo que son nuestras estrictas
responsabilidades. Como le apuntaba hace un momento, no queremos eludir
esta responsabilidad ni esta sensibilidad, y de hecho lo que intentamos
hacer es establecer la
colaboración más racional y eficaz entre los distintos poderes públicos.
En concreto, el pasado 26 de mayo suscribimos un Convenio con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, igual que con el resto de las
Comunidades Autónomas, para el asesoramiento técnico e intervención del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en aquellas
actuaciones que, aun debiendo ser realizadas por las Comunidades
Autónomas, se incluyan en los planes conjuntos previstos en dicho
Convenio. En el mismo sentido, y siguiendo el esquema de trabajo
utilizado para la actuación conjunta y planificada con las Comunidades
Autónomas en el campo de las infraestructuras y de los operadores
culturales, esta misma semana va a tener lugar una primera reunión del
Ministerio de Cultura y de la Junta de Andalucía para analizar las bases
del futuro convenio sobre Patrimonio, en el que se determinarán las
necesidades y las prioridades de actuación en esta materia. Es intención
del Ministerio de Cultura --con la que estoy segura que coinciden las
Comunidades Autónomas-- que estos importantes convenios sobre patrimonio
puedan ultimarse y firmarse durante 1995 (El señor Molina Fernández de
Miranda y otro Senador de los escaños de la derecha hacen gestos con las
manos simbolizando dinero.)
Y, además, quisiera decirle que, ¡ojalá que la visita de la Ministra de
Cultura fuera como mano de santo que solucionara todos los problemas!,
porque hasta la saciedad he oído mi diligencia en acudir al Teatro del
Liceo cuando se incendió, a pesar de que el compromiso del Ministerio de
Cultura venía desde 1989; no es una cuestión de coyuntura política ni de
necesidad de unos votos de unos escaños a los que ustedes hacen
referencia continuamente, sino que es un compromiso anterior.
Y en materia de Patrimonio, con independencia, insisto, de toda nuestra
sensibilidad y de trabajar con rigor y con colaboración, tenemos que
establecer unos planes y unos mecanismos... (El señor Molina Fernández de
Miranda y otro Senador de los escaños de la derecha vuelven a hacer
gestos con las manos simbolizando dinero.) Y no me hagan ustedes así (La
señora Ministra de Cultura, Alborch Bataller, imita el gesto de los
señores Senadores.), porque no siempre es todo una cuestión
exclusivamente de dinero, sino de trabajo riguroso.
Si la primera amenaza de la Catedral de Burgos fue en 1553 --que es otro
de los temas a los que a ustedes les gusta recurrir hasta la saciedad
también--, y en aquel momento, o posteriormente, se hubiera actuado con
más diligencia, seguramente ahora no tendríamos los problemas que están
generando esta especie de alarma social en la que parece que esta
Ministra de Cultura tenga la responsabilidad y la culpa de todos los
desprendimientos que se producen en el Patrimonio Histórico.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
--DE DON RAMIRO CERCOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR LA PETICION DE
DATOS INTIMOS QUE ALGUNOS BANCOS Y CAJAS DE AHORRO REALIZAN A QUIENES
SOLICITAN CREDITOS HIPOTECARIOS. (680/000344.)
El señor PRESIDENTE: La pregunta del Senador Cercós Pérez ha sido
retirada.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS CONTENIDOS, PREVISIONES Y OBLIGACIONES QUE DESARROLLARA EL CONVENIO
DE COLABORACION EN EL AREA CULTURAL, CIENTIFICO-TECNICA Y EDUCATIVA
FIRMADO RECIENTEMENTE ENTRE ESPAÑA Y CUBA. (680/000346.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Castro Rabadán sobre los
contenidos, previsiones y obligaciones que desarrollará el Convenio de
colaboración en el área cultural, científico-técnica y educativa firmado
recientemente entre España y Cuba.
El Senador Castro Rabadán tiene la palabra.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señor Ministro, el Gobierno
español viene manteniendo respecto a Cuba una política de ayuda y
cooperación que muestra el interés por el desarrollo de ese país para así
impulsar la transición y transformaciones necesarias que conduzcan a la
definitiva incorporación del pueblo cubano a la democracia y al progreso.
Recientemente, al parecer, se ha firmado de nuevo un Convenio de
colaboración en el área cultural, científico-técnica y educativa. Por
ello, se pregunta: ¿Qué contenidos, previsiones y obligaciones desarrolla
dicho Convenio entre España y Cuba?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias,
señor Presidente.
Su señoría seguramente se refiere al Acta de la Comisión Mixta que se ha
firmado en La Habana no hace mucho tiempo, concretamente el día 8 de los
corrientes, por el Secretario de Estado de Cooperación, lo que forma
parte de lo que ya se firmó a partir de 1978: del Acuerdo de cooperación
científica y técnica con Cuba, perfeccionado en el año 1982.
Los contenidos básicos de ese Acuerdo --fáciles de explicar-- son los
siguientes: en primer lugar, los relativos a los recursos humanos. Vamos
a tratar, como hemos hecho ya en el pasado, de ayudar y cooperar al
desarrollo de los recursos humanos en Cuba. En segundo lugar está el tema
de carácter cultural. Le puedo decir que se va a crear en La Habana un
Centro cultural de España; creo que es un hito por el que pugnábamos hace
ya muchos años pero por las dificultades que había entonces no se pudo
hacer. En tercer
lugar, hay otro contenido relativo a cooperación científica y, en cuarto
lugar, está también la cooperación para el desarrollo industrial y
modernización del país.
Como sabe su señoría, hace muy poco tiempo se han tomado algunas
decisiones por parte del Gobierno cubano que pueden requerir de alguna
ayuda experta, de ayudas tales como la modernización del sector agrícola
a las que nosotros podemos colaborar. ¿Con qué objetivo? Con el mismo
objetivo que el Gobierno de España ha mantenido siempre: cooperar con los
ciudadanos de Cuba para que encuentren entre ellos la fórmula pacífica de
transitar hacia una sociedad con los valores que nosotros compartimos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Desea hacer uso de la palabra el Senador Castro Rabadán? (Pausa.)
Gracias.
--DE DOÑA MARIA JESUS CHECA SIMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS RESULTADOS DE LA
CONFERENCIA DE COOPERACION ECONOMICA PARA ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE
AFRICA, CELEBRADA EN CASABLANCA (MARRUECOS). (680/000347.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Checa Simó, del Grupo
Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de los resultados de
la Conferencia de Cooperación Económica para Oriente Medio y el Norte de
Africa.
Tiene la palabra la Senadora Checa Simó.
La señora CHECA SIMO: Señor Ministro, recientemente ha tenido lugar en
Casablanca la Conferencia de Cooperación Económica para Oriente Medio y
el Norte de Africa, en nuestra opinión de suma importancia por su
influencia en la zona.
¿Qué valoración le merecen al Gobierno los resultados de la mencionada
Conferencia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Es una
valoración muy positiva.
Tuve el privilegio de acompañar al Presidente del Gobierno a Casablanca a
una reunión que creo que ha tenido una importancia excepcional. Si su
señoría me lo permite, se lo voy a a contar como una anécdota.
Hoy he tenido el honor de invitar a comer en el Ministerio al Ministro de
Asuntos Exteriores de Israel, señor Simón Peres. En la conferencia de
prensa que hemos celebrado conjuntamente al terminar, el Ministro israelí
se ha referido a los hitos más importantes en el proceso de paz. Ha
dicho, en primer lugar, que el proceso de paz tuvo un impulso
extraordinario e irreversible con la Conferencia de Paz celebrada en
Madrid. Ha dicho también que ese proceso tuvo su segundo hito esencial
--desde su punto de vista, que yo comparto-- en Casablanca, que fue donde
se pusieron las bases para el desarrollo económico de la región.
Por tanto, quisiera decirle que, a nuestro juicio, ha sido una iniciativa
muy significativa para cooperar a la paz en aquellas tierras, tierras con
las que, como su señoría sabe bien, España se siente especialmente
comprometida.
Pero le puedo decir que hay exactamente tres cuestiones que salieron a
relucir en la Cumbre de Casablanca que creo merecen ser resaltadas. En
primer lugar, la creación de un banco de desarrollo regional. Creo que
esas tierras --especialmente los territorios ocupados-- necesitan
recursos fundamentalmente.
En las últimas horas hemos estado viendo tensiones que nos gustaría no
volvieran a aparecer, pero para que esas tensiones desaparezcan o
disminuyan, sería extremadamente importante que llegaran recursos
económicos. España lo está haciendo. Estamos invirtiendo en aquella zona,
por la vía de las donaciones, más de 5.000 millones de pesetas. La Unión
Europea también lo está haciendo con una buena suma de millones de ecus,
y la comunidad internacional está tratando de hacerlo.
En segundo lugar, es necesario un órgano que pueda hacer compatibles
todas las iniciativas turísticas de la zona. Es una zona con un gran
potencial turístico, que no se puede desarrollar por causa de la guerra.
Por tanto, la paz debe llevar también un desarrollo turístico en aquella
región.
En tercer lugar, se encuentra una cooperación de lo que podríamos llamar
--por usar la terminología española-- las cámaras de comercio, para que
pudieran funcionar de manera coordinada en todos los países de esa zona
del Mediterráneo.
Acabo diciendo que, aparte de la importancia que la Conferencia de
Casablanca ha tenido --que es mucha y muy importante para el proceso de
paz--, dentro de poco tiempo, en 1995, España tendrá la posibilidad y el
privilegio de presidir la Unión Europea, y en ese momento tendrá el
encargo de la Unión Europea de poner en marcha una conferencia de
cooperación entre todos los países de la Unión Europea --y digo todos-- y
los países mediterráneos de la ribera sur. Creo que con esto ponemos de
manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo de la paz en aquella zona
del Oriente Medio y con las zonas más próximas del Magreb y las dos
riberas del Mediterráneo; especialmente --como es lógico--, con la del
sur.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Señora Senadora? (Pausa.) Muchas gracias.
--DE DON JOAQUIN MARTINEZ BJORKMAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO ESPAÑOL DE LOS ULTIMOS
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL TERRITORIO DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA.
(680/000348.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Martínez Bjorkman, del Grupo
Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno de los últimos
acontecimiento ocurridos en el territorio de la antigua Yugoslavia.
Senador Martínez Bjorkman, su señoría tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BJORKMAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la pregunta que he dirigido al Gobierno hace
escasos días consistía en que los últimos acontecimientos ocurridos en el
territorio de la antigua Yugoslavia han supuesto una escalada del
conflicto que se viene desarrollando en dicho territorio. Pero es más, en
estos momentos, por los distintos medios de comunicación se ha pintado la
situación de una manera que podríamos calificar como muy expresionista.
El canciller Kohl ha señalado que la ocupación de Bihac constituye una
vergüenza para la civilización en Europa y ha dicho que, transcurrido el
próximo diciembre, y en Budapest, se esforzará por entrevistarse con los
representantes de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, para
conseguir llegar a una solución que ponga fin a la matanza. Sobre esta
misma imagen, recientemente, el jefe del Gabinete de la Casa Blanca, Leon
Panetta, ha señalado que es imposible que tenga algún sentido seguir con
la carnicería actual. Por tanto, estas calificaciones, que llegan tanto
de Europa como de América, son muy significativas. Pero, sobre todo, el
tema se ha concentrado ya en la situación de nuestros cascos azules. Por
otro lado, parece ser que mañana el Secretario General de la ONU, Butros
Gali, tiene previsto estar en Sarajevo. Todo ello concluye que la
situación es muy grave y sería muy de estimar la opinión del Gobierno y
saber cómo valora la presente situación en la ex Yugoslavia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez Bjorkman.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría me pide una valoración, y quisiera decirle que las palabras no
son capaces de expresar lo negativo de la situación. A veces, del
diccionario se ausentan las palabras capaces de expresar el sentimiento
que a todos nos embarga. Ciertamente, la situación es muy grave; y lo es,
por tres tipos de razones.
Desde el punto de vista militar es muy grave, porque los últimos
acontecimientos han puesto a prueba incluso resoluciones muy importantes
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que hay que apoyar,
y lo vamos a hacer, la iniciativa que se está tomando a esta hora por
parte de las Naciones Unidas para encontrar un alto el fuego que vaya más
allá del perímetro de la bolsa de Bihac y, si es posible, sea capaz de
abarcar todo el perímetro de Bosnia-Herzegovina.
El segundo frente es el diplomático. Su señoría sabe que en las últimas
horas ha habido tensiones en el frente diplomático, posiciones distintas
de los países que tenemos una involucración mayor en la zona. Tensiones
que esperamos y deseamos que sean superadas con la Federación Rusa,
también con los Estados Unidos de América y, por tanto, con la Alianza
Atlántica. Le puedo decir que el día 2, es decir, dentro de muy pocas
horas, va a haber una reunión de la Unión Europea, de los Estados Unidos
de América y de la Federación Rusa para intentar dar un impulso a la vía
diplomática.
Su señoría me preguntará el grado de optimismo o de pesimismo que uno
puede tener ante esta iniciativa. Hablar de optimismo y de Yugoslavia a
estas alturas es hablar de dos términos antitéticos que no se pueden o no
se deben conjugar al unísono. Pero sí le puedo decir que tenemos que dar
ese impulso.
La tercera referencia que quisiera hacer tiene relación con nuestras
propias tropas. Señoría, le puedo decir que la preocupación fundamental
que tiene el Gobierno es doble: en primer lugar, dar seguridad a nuestra
tropas que generosamente están desplegadas en el territorio de
Bosnia-Herzegovina; y, en segundo lugar, tratar de impulsar una solución
diplomática negociada. Señoría, le quiero decir una vez más lo que he
dicho tantas veces: este conflicto, desgraciado, terrible, no tiene una
solución militar, por lo tanto, todos debemos esforzarnos, y
fundamentalmente aquellos que en este momento son los más responsables.
Le reitero y le recuerdo que había tres partes en conflicto, dos de ellas
han aceptado el Plan de Paz de la Unión Europea y una voz todavía no lo
ha hecho. Sobre esa voz y sobre esos responsables hay que hacer toda la
presión.
Quiero hacer una reflexión --si el Presidente me concede tiempo para
ello-- muy breve sobre el debate moral en el que todos nos encontramos.
Su señoría se encuentra en él. Permítame que yo, con la responsabilidad
que tengo, pueda decir que también me encuentro en el mismo, y es ese
círculo vicioso en el que nos encontramos moralmente cuando por la mañana
nos levantamos y vemos la preocupación y el rechazo que nos producen
algunas actuaciones sobre el terreno, y cuando, a la vez, pasan las
primeras horas del día y leemos la prensa, hablamos con nuestros amigos y
con nuestros familiares, la primera reacción es decir: que los soldados
españoles vuelvan lo antes posible.
Señorías, tenemos que ser capaces de hacer compatible ese llamamiento
moral que nos sale de dentro con el llamamiento de que España tiene que
seguir haciendo este esfuerzo de generosidad, de solidaridad con esa
tierra que no es muy lejana de nosotros. En esta contradicción estamos,
contradicción que sólo se puede superar por elevación, es decir, volando
un poco más alto, y siendo capaces de mantener nuestros compromisos de
generosidad con aquellos que, desgraciadamente, sufren mucho más que
nosotros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON MANUEL FERRER I PROFITOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE TENDRA LA
ADHESION
DE SUECIA, NORUEGA Y FINLANDIA A LA UNION EUROPEA, SOBRE LA
COMERCIALIZACION COMUNITARIA DE LAS FRUTAS FRESCAS. (680/000342.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Ferrer i Profitós, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las
repercusiones que tendrá la adhesión de Suecia, Noruega y Finlandia a la
Unión Europea, sobre la comercialización comunitaria de las frutas
frescas.
El Senador Ferrer tiene la palabra.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el prólogo de la pregunta es el siguiente.
Según un informe elaborado por el Consejo Comercial de la Embajada de
España en Dinamarca, Alberto Alonso dice que, en general, el sector de
las frutas y hortalizas puede verse perjudicado a corto plazo en su
comercio con estos países, Suecia, Noruega y Finlandia. Señor Ministro,
es obvio que hoy ya no podemos hablar de Noruega.
El informe señala que hay unos productos que se verán afectados
negativamente, como el ajo, la coliflor, el espárrago, etcétera; otros
que se beneficiarán, como las coles, las legumbres, las setas, las
ciruelas, etcétera; y otros que se verán beneficiados doblemente, en
función de la desaparición de aranceles, de la eliminación de
contingentes y del cambio de calendarios, como la zanahoria, la cebolla y
la patata. Ya que hay unos productos que, por la circunscripción de la
que yo soy Senador, Lleida, no aparecen en el informe, que son las frutas
frescas como el melocotón, la pera y la manzana, mi pregunta es: ¿se
verán beneficiados o perjudicados con la adhesión de los países nórdicos
Suecia, Noruega y Finlandia a la Unión Europea? Y, en caso negativo, ¿se
vería agravada la situación del mercado comunitario, que cada día está
más tensionado por las importaciones de terceros países?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
El señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el punto de vista económico, toda ampliación de una unión aduanera
implica, sin duda, una creación de comercio de la que se benefician
siempre los países asociados. Para evaluar este incremento del comercio
para España en fruta dulce, como solicita su señoría, deben considerarse,
en mi opinión, los siguientes aspectos que deben incidir desde la fecha
de la adhesión.
En primer lugar, como elemento positivo desaparecen los derechos de
aduana nacionales, que en algunos productos, y en especial en las frutas,
eran disuasivos; así, por ejemplo, el arancel es del 50 por ciento del
valor de las manzanas para Finlandia entre el 1.º de julio y el 30 de
noviembre.
En segundo lugar, los países terceros competidores que quieran exportar a
los países candidatos deberán respetar los precios de entrada de
melocotones, de manzanas y de peras, y, en caso contrario, además del
arancel común, deberán abonar el correspondiente equivalente arancelario
que puede hacer prohibitivas las importaciones de dichos países en favor
de los Estados asociados. Los países candidatos tienen además, en este
caso, bajo grado de autoabastecimiento, por lo que siempre necesitan
importar frutas, y la oferta española, sobre todo de melocotones y de
nectarinas, pueden ampliar los calendarios de consumo de estas frutas en
dichos países, ampliando, por tanto, el mercado en general. Pero la
demanda de estos países yo creo que está abierta y debe crecer por la vía
de productos nuevos y bien presentados.
Como aspecto negativo, pero muy matizado, hay que señalar la pérdida de
restituciones a la exportación de manzanas y melocotones que se puede
evaluar, en 1993, en 70 millones de pesetas para el melocotón y en 50
millones de pesetas para la manzana. Por tanto, 120 millones de pesetas
en concepto de pérdida de renta de explotación.
Otro aspecto importante, que es necesario considerar, es la fuerte
concentración de los circuitos de distribución, lo que obliga a una
fuerte concentración de la oferta para poder llevar a cabo
abastecimientos regulares y suficientes, en términos cuantitativos.
Creo, por tanto, que la adhesión para el sector hortofrutícola español y,
en concreto, para el de la fruta dulce, teniendo en cuenta que partimos
de un nivel de presencia muy bajo en estos momentos; estamos hablando de
unas exportaciones de estos productos al conjunto de los hasta ahora
cuatro países candidatos de 450 millones de pesetas, es decir, una cifra
muy baja; de los cuales sólo 20 millones correspondían a Noruega; por
tanto, 430 millones de pesetas. Lo que quiere decir que es un mercado
amplio en el que podemos ganar posiciones y en el que podemos perder muy
pocas porque en estos momentos disponemos de muy pocas. Por la vía del
desarme arancelario y de la protección hacia terceros países, si somos
capaces de presentar productos en calendarios que abran nuevos mercados y
productos bien presentados y con buena capacidad de distribución, yo creo
que esto va a ser muy positivo para estos sectores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo quería llegar a lo último que usted ha dicho, es
decir, a lo de aumentar nuestras posiciones en cuanto a la exportación.
Le voy a detallar un esquema, y le ruego, señor Ministro, que esté
atento. En el año 1993 del exterior vinieron 150 millones de kilos de
peras y manzanas; algo más del doble de lo que exportamos nosotros.
Nosotros exportamos
29,5 millones de kilos de manzanas y se vendieron en el mercado español
118,4 millones de kilos. En este tema estoy muy sensibilizado porque
entre el 90 y el 95 por ciento de todo lo que se exporta sale de la
provincia de Lleida, por la cual soy Senador. Francia --que es la que
está haciendo el agosto en todo esto-- exportó a España 50,7 millones de
kilos; Italia, 25 millones de kilos, y entre las dos suman el doble de lo
que nosotros hemos exportado, como ya le he dicho antes. A Francia sólo
exportamos un millón de kilos, y a Italia, 443.000 kilos; prácticamente
esto es anecdótico. Las producciones de estos países es escasa. Si
hubiera salido favorable el referéndum en Noruega, estaríamos hablando de
casi 18 millones de futuros consumidores comunitarios. Y, en cambio,
Finlandia produce 6 millones de kilos de manzanas y Suecia, que es la que
produce más, 150 millones. En cuanto a las peras, Noruega produce 11
millones y Finlandia ninguno. En cambio, de la producción española de
manzana, que ronda el millón de toneladas, en Lleida se produce
prácticamente la mitad. Este año, la producción en mi circunscripción
electoral, en Lleida, es casi de 330.000 toneladas, y en peras, casi de
180.000 toneladas. En este momento lo peligroso es que todavía tenemos en
stock 153.000 toneladas de peras y 230.000 toneladas de manzanas. Ya sabe
que, con el nuevo acuerdo Chile-Unión Europea, a partir de abril esto se
va a complicar con los nuevos tratados y con las ventajas arancelarias
que estos países han conseguido.
Por todo ello, señor Ministro, creo que tendríamos que hacer una campaña
de promoción a escala europea para ver si conseguimos restablecer nuestra
balanza comercial, porque si no, podríamos encontrarnos en una situación
en la que, al final de la campaña, tendríamos que volver a repetir la
actuación del nefasto 1992, en el que, como usted sabe, tuvo que
destruirse una cantidad muy importante, sobre todo, de manzanas.
Y hay algo más, señor Ministro. Nuestro Grupo, por razones obvias, quiere
que las cosas vayan bien, no se lo tengo que aclarar más, y en este
momento se va estableciendo en la sociedad el discurso de la
renegociación con Europa por estos malos resultados que se producen en
algunos sectores con la comercialización de nuestros productos.
Por todo ello, señor Ministro, le ruego que recapacitemos todos, sobre
todo usted, que es el máximo responsable en el Gobierno español, y que
cuando vaya al Consejo de Ministros Europeo haga lo mismo. Si no, cada
día serán más los que pidan renegociación y que sea de día para que no
nos volvamos a equivocar, como algunos están diciendo repetidamente.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Gracias, señor Presidente.
Si me lo permite, voy a ser muy rápido.
Volviendo a la cuestión de los países de la ampliación, diré que en estos
momentos exportamos productos alimenticios a Austria por cuatro veces más
de lo que importamos, balanza agroalimentaria; a Finlandia, dos veces más
de lo que importamos; a Suecia, casi dos veces más de lo que importamos;
y a todos estos países, por lo tanto, cerca de dos veces más de lo que
importamos. Pero, además, le he dicho que estos países son netamente
importadores de frutas y hortalizas y, por otro lado, tenemos muy escasa
presencia en esos mercados. En consecuencia, tenemos un gran mercado para
aprovechar, y nos vamos a beneficiar de un desarme arancelario y de una
mayor protección del mercado de estos países respecto de las
importaciones de países terceros. Por consiguiente, desde este punto de
vista, la ampliación a los nuevos países miembros no va a hacer más que
favorecer nuestras exportaciones de frutas, de manzanas, de peras y de
melocotones a partir de unos niveles de presencia en esos mercados
actualmente muy bajos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON OSWALDO BRITO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION
CANARIA DEL SENADO, SOBRE EL OBJETO DEL VIAJE REALIZADO POR EL MINISTRO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE
TENERIFE) LOS PASADOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1994 Y LA CONDICION EN
QUE SE HIZO EL MISMO. (680/000341.)
El señor PRESIDENTE: Por último, pregunta del Senador Brito González, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, sobre el objeto del
viaje realizado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social a la isla
de Tenerife.
Tiene la palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué condición y con qué objeto se trasladó el señor
Ministro a la isla de Tenerife los pasados días 5 y 6 de noviembre del
año en curso, donde procedió a mantener reuniones con un grupo de
municipios sobre política de empleo sin tan siquiera intentar mantener
contacto con la Consejería correspondiente del Ejecutivo canario?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, encuentro en su pregunta parte de la respuesta que he de darle.
Fui a Tenerife --es obvio-- en mi condición de Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, y es verdad que mantuve reuniones con la Mancomunidad
de Municipios del Norte, también con municipios de comarcas rurales
deprimidas de la isla y, en realidad, con cargos de mi Departamento, sin
tener contacto con el Consejero de la Comunidad Autónoma, entre otras
razones, porque no lo consideré necesario, de la misma manera que el
Consejero de la Comunidad Autónoma viene a veces a Madrid y tampoco tiene
reuniones conmigo. (Risas.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin duda, siempre estamos con un aire de alegría, que no se debe perder
nunca en esta Cámara --creo que es sano--, pero, evidentemente, el señor
Ministro ha dado una respuesta que no se corresponde realmente con lo
que, en mi opinión y según los datos que tenemos, efectivamente fue a
realizar esos días a la isla de Tenerife.
En primer lugar, porque el señor Ministro no fue simplemente de visita en
su condición de Ministro, sino que planteó públicamente su opinión y su
valoración de una propuesta del Gobierno canario sobre el plan integral
de empleo que en esas fechas, además, ya conocía el Ministerio porque
había tenido entrada tanto en la Presidencia del Gobierno, aquí en
Madrid, como en el propio Ministerio de Trabajo y en el Ministerio para
las Administraciones Públicas, como consecuencia no sólo de lo que
establece el artículo 21 y la disposición transitoria sexta de la Ley del
REF, sino en virtud de un acuerdo que se adoptó en el debate sobre el
Estado de las Autonomías en el que, ante una moción planteada por nuestro
grupo parlamentario, fue precisamente el grupo parlamentario que apoya al
Gobierno el que introdujo una enmienda en la cual instaba al Gobierno de
Canarias a que enviase al Gobierno del Estado una propuesta para la
negociación y desarrollo del plan de empleo previsto en la Ley del REF.
Por otro lado, también es público y notorio que en este momento existen
--lo conoce perfectamente el señor Ministro-- competencias compartidas
entre la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma en
materia de empleo y formación y que, efectivamente, lo deseable hubiera
sido que se hubiera mantenido un contacto, tanto para tratar de la
materia general --a la cual se refirió en diferentes comparecencias
públicas--, como para tratar de una materia en la cual también se
encontraba implicado el propio Gobierno de Canarias con la Mancomunidad
de Municipios del Norte de Tenerife. Por supuesto que nadie le impide al
señor Ministro no solamente visitar todo el territorio del Estado, sino
también el poder ir --como hizo adecuadamente el día 6 del mismo mes-- al
Congreso Regional de su Partido en la isla de Tenerife; cuestión que,
evidentemente, justifica previamente la visita y el contacto con la
Mancomunidad de Municipios del Norte de Tenerife.
En esa línea, señor Ministro, lo que nosotros pretendíamos conocer era
si, efectivamente, ese traslado se produjo en la condición de Ministro
como tal o, evidentemente, usted tenía otro tipo de razón --por supuesto,
legítima-- para visitar la isla y mantener los contactos que estimara
oportunos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Brito.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, habría sido muy conveniente que las relaciones con la Consejería
se hubieran mantenido previamente a la formulación por parte de ésta del
plan de empleo y su posterior aprobación por el Parlamento --tal y como
decía la Ley-- en coordinación una Administración con otra, y a mí me
hubiera gustado que esa coordinación previa se hubiera producido. No fue
así y, desde luego, no es culpa del Ministro, sino de quien formuló el
plan de empleo sin tan siquiera hablarlo con el Ministerio de Trabajo,
comprometiendo recursos públicos de la competencia de esta Cámara. Pero
no se preocupe, señoría, porque a mí, por lo menos, no me preocupan tanto
las cuestiones formales como las de fondo; le puedo decir que ya mañana
--si no me equivoco-- habrá una reunión en el Ministerio sobre el plan de
empleo y que la semana pasada estuve con el Vicepresidente del Gobierno
canario y él ha hecho declaraciones públicas a los medios de comunicación
en las que, entre otras cosas, dice que encontró la receptividad del
Ministro como muy positiva.
No tengo nada más que decir. Me hubiera gustado --eso sí-- que el plan de
empleo, antes de formalizarse por el Gobierno canario, por lo menos
hubiera sido objeto de consulta y coordinación con el Ministerio de
Trabajo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Hemos concluido el segundo punto del orden del día.
INTERPELACIONES:
--DE DON MARIANO ALIERTA IZUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA EVITAR EL
CRECIENTE ESTADO DE PRECARIEDAD QUE CARACTERIZA LA SITUACION LABORAL DE
LOS JOVENES ESPAÑOLES. (670/000104.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto. Anuncio a sus señorías
--extremo que supongo conocerán-- que la interpelación que vamos a
debatir en primer
lugar es la que suscribe el Senador Alierta, del Grupo Parlamentario
Popular, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para evitar el
creciente estado de precariedad que caracteriza la situación laboral de
los jóvenes españoles.
Tiene la palabra el Senador Alierta Izuel.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Senadores, si el paro es el principal
problema que tiene la sociedad española hoy, hay un elemento adicional en
el mundo laboral que no deja de tener una gran importancia y que
progresivamente la va adquiriendo, me estoy refiriendo al hecho de la
temporalidad en la contratación, en la que se encuentra un numeroso grupo
de españoles.
Es evidente que en el texto de la interpelación que se ha presentado se
argumenta esta circunstancia y se señala, por ejemplo, que incide
especialmente en el mundo de los jóvenes. De ahí que el señor Presidente
haya dicho que la interpelación se refiere a la situación laboral de los
jóvenes, pero debo señalar que es un aspecto general el que se está
debatiendo y el que se trae a esta Cámara. Evidentemente, a los jóvenes
les afecta de manera especial, como luego veremos. Pero el tema de la
temporalidad en la contratación, de la precariedad en el empleo, en la
medida que esta temporalidad implica un mayor o menor grado de caridad,
es un problema generalizado y es un problema que se produce desde hace
años, que empieza a tener un carácter permanente y creciente. (El señor
Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
No es una cuestión la que se trae a esta Cámara de carácter temporal,
sino más bien algo que se está reflejando en la sociedad y en lo que se
está insistiendo. Los últimos resultados de la encuesta de población
activa presentada la semana pasada coinciden en esta líneas, pero no son
esos resultados los que inciden en la presentación de esta interpelación.
Es la sensación que todo el mundo tiene, de las numerosas personas que
uno conoce, que tiene alrededor, que se encuentran con contratos a varios
meses --dos, a veces seis meses--, contratos que se renuevan
sistemáticamente, que tienen un techo de temporalidad de tres años;
contratos por obra determinada; contratos por nuevo servicio que tiene
una duración determinada; contratos que a las personas que los ocupan no
les permiten tener la más mínima estabilidad y garantizar su futuro. Esto
que se viene desarrollando en la sociedad española en los últimos años
sigue teniendo un carácter de consistencia. Hubo un momento, hace un año,
cuando se aprobó la reforma laboral, en los que quizá se dio a entender
que este tema podría afrontarse.
Las indicaciones que hemos visto a lo largo del año desgraciadamente nos
dan a entender que este problema sigue manifestándose, y los últimos
resultados lo confirman. Sin embargo, debo señalar a sus señorías que no
es la reforma laboral lo que aquí se trae a colación, no es esta cuestión
la que se quiere debatir, sino un asunto sociológico más profundo, que
existe en nuestra sociedad, que se ha ido instalando, que está instalado
y que las previsiones son de que cada día sea mayor.
Si se analiza la evolución de la población laboral en los últimos años,
se ve cómo aquellas personas que tienen un contrato fijo, un contrato
indefinido, han ido disminuyendo progresivamente y el número de aquellas
que tienen un contrato temporal ha permanecido constante, porque en los
últimos meses han sido las que especialmente han sufrido las incidencias
del paro. Cuando la situación económica ha sido difícil, han sido las
personas que tenían contratos temporales las que primero han salido del
puesto de trabajo y, en consecuencia, en los últimos meses nos
encontramos con una disminución relativa en su crecimiento, pero que
mantiene en los últimos tres años cifras constantes. Aproximadamente unos
tres millones, 2.900.000 personas, tenían contrato temporal hace tres
años y 2.900.000 lo tienen en este momento, y el resto de la población
laboral está constituida por aquellas personas que no tienen empleo.
Los movimientos de la contratación laboral también nos indican estas
tendencias. Las contrataciones fijas han ido disminuyendo y no dan de sí
ni siquiera para recuperar a las personas que salen de la población
laboral, con lo que se refleja ese decrecimiento en aquellas personas que
tienen un contrato fijo. Los gráficos de la encuesta de coyuntura del
empleo que realiza el Ministerio también nos dicen que el número de
personas con contratos fijos va disminuyendo y el de las personas con
contrato temporal ha disminuido como consecuencia de la crisis, pero en
menor medida de lo que podían haberlo hecho.
En consecuencia, señoras y señores Senadores, existe un problema en
nuestra sociedad. Adicionalmente al problema de la falta de empleo,
adicionalmente al problema del paro, nos encontramos con que un
porcentaje muy alto, que empieza a ser muy importante, de la población
tiene empleo, pero en unas condiciones de estabilidad notoriamente
insuficiente, como consecuencia de estos contratos temporales de duración
determinada.
Es evidente que en todo momento habrá contratos temporales por
necesidades de producción, pero el tamaño que han adquirido en nuestra
sociedad está fuera de proporción con lo que sería necesario en nuestro
sistema económico.
Es necesario, por lo tanto, atender a este sector tan importante de la
población y proveerle de mayor estabilidad. No sólo el problema de crear
más empleo tiene importancia en nuestra sociedad; también el de la
estabilidad para una parte muy importante de nuestra población laboral,
que en este momento puede cifrarse ya del orden del 25 o del 30 por
ciento.
Señoras y señores Senadores, esta evolución ha producido una variación en
la composición de nuestra población. Hace tres años el número de personas
que tenían contrato fijo superaba en un millón de personas a aquellos
trabajadores que tenían contrato temporal, a los que se añadían los que
estaban parados; es decir, si cogemos la población que tiene contrato
fijo y la comparamos con la suma de los contratos temporales y parados,
hace tres años había un millón de personas más con un contrato fijo que
personas con contrato temporal o paradas. En estos tres últimos años nos
encontramos con la situación inversa. En estos momentos, la población
laboral que bien no tiene
empleo y está parada o bien tiene un contrato temporal supera en un
millón de personas a las que tienen un contrato indefinido, un contrato
fijo.
En consecuencia, lo que se está produciendo es una situación de
precariedad creciente, no ya por falta de empleo, que sería una
precariedad total, sino por falta de estabilidad suficiente para un
porcentaje muy amplio de nuestra población. Y ese es el objeto de la
interpelación: traer este problema que está en la sociedad española a
esta Cámara para suscitarlo, debatirlo y plantearlo. Porque esta
precariedad, señores, es evidente que tiene muchas consecuencias
negativas. Tiene consecuencias económicas. Se dice, por ejemplo, que el
consumo privado no crece en estos momentos o que sus perspectivas no son
buenas. Si la población laboral está en paro o en situación de
inestabilidad, ¿cómo puede esperarse que estas personas se comprometan
con un consumo duradero que les obligue en el futuro si no tienen ninguna
seguridad? Tiene consecuencias sociales a todos los niveles. ¿Cómo estas
personas pueden tener una garantía mínima de estabilidad?
Señoras y señores Senadores, estos problemas se plantean especialmente en
el sector de los jóvenes, a los que se hace una especial referencia en la
introducción y la presentación de esta interpelación. Porque si este
sector tiene el porcentaje de paro más elevado, es incluso más importante
que en el resto de la población la parte de esta población que está
afectada por la temporalidad en su contratación laboral. Si consideramos
la parte de la población activa juvenil que bien está en paro o bien está
en una situación de paro con contratos temporales, podemos llegar a una
estimación del orden del 70 o del 80 por ciento.
Pues bien, ¿cómo puede nuestra juventud hacer planes estables cara al
futuro? ¿Cómo puede hacer planes un joven que se encuentra con un
contrato renovable de seis meses, que no sabe si cuando llegue al límite
de los tres años se lo renovarán o no, si le harán fijo o no? ¿Cómo puede
tener planes de futuro? ¿Cómo puede aspirar a comprarse una vivienda?
¿Cómo puede aspirar a crear una familia? Son problemas sociales
importantísimos que se derivan de esta situación, por lo que es necesario
afrontar no sólo el problema de crear más empleo, que es primordial, sino
también el problema de conseguir más estabilidad en el empleo para esa
parte importantísima y creciente de la población que está en una
situación de empleo temporal y precario.
Señoras y señores Senadores, hay que buscar una solución que sea posible.
Evidentemente, lo ideal sería que tanto los parados como aquellos que
tienen contratos temporales llegaran a tener contratos indefinidos o una
contratación fija. Pero mientras llega esta solución, que no termina de
llegar y que cada día se ve más difícil, en este país va aumentando y
consolidándose la precariedad en el mundo laboral. Y éste, señoras y
señores Senadores, es el núcleo laboral que empieza a ser dominante. Ya
les he dicho a los señores Senadores cómo se va imponiendo una variación
en la composición laboral, siendo en nuestro país la suma de parados y
personas con contratación temporal superior a lo que entendemos por una
contratación indefinida. Hay que buscar, por lo tanto, una solución que
permita salir de este «impasse» en el que estamos.
No se trata, como les decía a los señores Senadores, de debatir aquí la
reforma laboral aunque, evidentemente, lo que estoy diciendo tiene
consecuencias sobre lo que se pretendía. Se trata de decir que el
problema sigue ahí, que estaba planteado, que tenemos todos los indicios
de que sigue planteado y que todas las indicaciones apuntan a que seguirá
agravándose en el futuro, y que es un problema que hay que afrontar en
sus propios términos.
Posiblemente hay que tratar de explorar posibilidades de contratación que
mejoren la situación laboral que estas personas tienen hoy, que
signifique para estas personas un avance en su situación actual y que, al
mismo tiempo, sean asumibles por los empresarios y por las empresas para
que estos contratos permitan extenderse a la población. En este sentido,
no se trata, vuelvo a decir, de intentar reducir la inseguridad de las
personas que trabajan en este país; la inseguridad ya está instalada en
nuestro mundo laboral. La inseguridad, bien por no tener empleo, o bien
por encontrarse en una situación de trabajo temporal y precario, hace que
la mayor parte de nuestra población laboral, la mayor parte de la
población de este país se encuentra en una situación de inseguridad. No
vamos a ir en este sentido hacia algo peor. Si se realiza un índice --que
este Senador elaboró-- sobre seguridad teniendo en cuenta y valorando las
situaciones de estabilidad, temporalidad y de paro, en los últimos tres
años ha disminuido notablemente este índice de seguridad.
Por lo tanto, cuando se hacen propuestas de este tipo como posible
solución a esta situación que existe en nuestro país no se trata de
decir: aumentemos la inseguridad de nuestros jóvenes, aumentemos la
inseguridad de las personas que trabajen. No, es que ya hay inseguridad
en este país, es que quizá hemos estado viendo el trabajo desde la
perspectiva de los contratos indefinidos y nos estamos encontrando en
este momento con que la población laboral con contratos indefinidos es
una parte minoritaria de nuestra población laboral, que nuestra población
laboral está formada mayoritariamente por personas paradas o por personas
con contratos temporales, y hay que darle salida a estos problemas. Hay
que darle salida a estos problemas, señoras y señores Senadores, porque
es un tema importante, por las situaciones personales que están detrás.
Yo debo decirles a sus señorías que estos datos no los he sacado de las
estadísticas laborales, sino del contacto diario, con las personas que
tienes a tu alrededor, de los casos que cuentan, de ver cuál es la
situación que te van explicando y, después, las estadísticas laborales
que he podido mencionar vienen a confirmar esa realidad sociológica. No
es que de la lectura de las estadísticas laborales digamos: hay un
problema aquí. No, es que tienen nombres y apellidos, es que yo les
podría dar a los señores Senadores nombres y apellidos de personas que me
han ilustrado con su situación personal, una situación que está
generalizada a lo largo y ancho del país y que, desgraciadamente, se
refleja luego en las estadísticas laborales. Es necesario solucionar toda
esta serie de situaciones personales, y es necesario, por la importancia
que tiene para nuestros jóvenes, permitirles un grado de estabilidad en
el trabajo mayor del que tienen actualmente. Posiblemente lo mejor sea
enemigo de
lo bueno, pero hay que mejorar su situación, que en este momento es
difícilmente empeorable. Y vuelvo a repetir, señores Senadores, que los
jóvenes parados y con contratos temporales posiblemente constituyan ya el
ochenta por ciento de la población laboral. ¿Se puede empeorar esta
situación? Es difícilmente empeorable, y hay que buscarle solución. Hay
que buscarle una solución de tal forma que se le dé salida, porque es un
problema que nos trasciende a todos.
Es evidente que defendemos lo que llamamos un modelo europeo de sociedad,
una economía social de mercado, pero no todos los modelos ni todas las
economías sociales de mercado son igualmente asumibles. ¿Qué puede pensar
nuestra juventud de un modelo social o económico que la condena a no
tener paro o a estar en una situación de precariedad? El problema empieza
a ser importante en este país, en España, con los niveles de paro y de
temporalidad que soportamos.
En Europa, hay un gran nivel de paro en el mercado laboral, comparado,
por ejemplo, con los Estados Unidos, donde se han creado muchos puestos
de trabajo, aunque en unas circunstancias que no tienen los requisitos de
estabilidad suficientes. Señoras y señores Senadores, en España empezamos
a tener lo malo de los dos sitios. Tenemos un alto nivel de paro, como en
Europa, y un alto nivel de inestabilidad laboral, como en Estados Unidos.
No es ya un problema de situaciones personales, sino que empieza a ser un
problema de estabilidad social. Y este país está pidiendo que dediquemos
la atención que merece este problema y nuestros mayores esfuerzos.
Por eso, este Senador suscita este problema --que, por otra parte, todo
el mundo conoce porque las experiencias personales están al alcance de
todos los Senadores y de todas las personas-- y considera que el mejor
procedimiento --podría haber parlamentariamente otros-- es planteando una
interpelación en este sentido, en un diálogo con el Gobierno, para que,
antes de seguir buscando soluciones y propuestas --que en el Partido
Popular en algunas ocasiones ya se han hecho y se siguen haciendo--
podamos conocer la opinión del Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Gracias, señor Presidente, gracias también a usted, Senador Alierta, por
el contenido de la interpelación, así como por el espíritu de resolver
problemas con que la ha presentado.
Es cierto, como señala en la interpelación, que el principal problema de
nuestra sociedad es el elevado nivel de desempleo, y es cierto también
que es una situación que tiene importantes consecuencias económicas y
sociales, y tampoco le voy a discutir que lo es para una proporción de
españoles, especialmente para aquellos que por vez primera acuden al
mercado de trabajo y sus actividades laborales empiezan en una cierta
temporalidad. Por supuesto, comparto su opinión sobre la gravedad. Echo
de menos, eso sí, además de la descripción del problema, propuestas
concretas para resolverlo. Pero en todo caso, estoy de acuerdo con las
afirmaciones, aunque estar de acuerdo con ellas no significa que eso vaya
a conducirnos a resolver los problemas. Recuerde, señoría, que el
conocimiento de los problemas no origina automáticamente una solución, y
que los problemas, para ser resueltos, exigen no solamente su definición,
sino también el buscar remedios adecuados.
Sé que la precariedad significa inseguridad, y creo que uno de los
objetivos esenciales de la acción política es dar seguridad a los
ciudadanos, pero lo que de verdad interesa comprender es el porqué de
esta situación, el porqué de la temporalidad, por qué se produce y, al
mismo tiempo, saber qué soluciones caben, porque caemos a menudo en una
especie de soberbia jurídica, o en una especie de ilusión legal, que nos
lleva a creer que la realidad siempre es el producto de una norma, y lo
cierto es que el Derecho siempre va a la zaga de la realidad. En el mejor
de los casos, el Derecho ordena, regula, pero nunca crea la propia
realidad. Y así a veces pensamos, se nos ocurre pensar, que un simple
cambio normativo puede modificar la realidad sobre la que actúa esa
legislación. Y podemos pensar incluso que si prohibimos la temporalidad,
dejarán de existir relaciones temporales.
De todos modos, haría una pregunta. ¿Es posible condenar o prohibir, sin
matices, la temporalidad? Conviene recordar que el 80 por ciento de la
población laboral española se ocupa en actividades del sector agrario, en
actividades de la construcción o en actividades del sector servicios,
donde las relaciones productivas son, en su mayor parte, estacionales, de
temporada, o para obra o servicio determinado, y la temporalidad en estos
casos no es producto de una norma, sino consecuencia del funcionamiento
lógico de la actividad económica. Pero, además, siempre hay un momento
inicial en la vida de los contratos en el que la incertidumbre sobre los
resultados acostumbra resolverse con la temporalidad.
Con estas circunstancias, ¿debemos restringir, jurídicamente, de forma
total la temporalidad? Sinceramente creo que no. Pienso que, si así
hiciéramos, penalizaríamos, además gravemente, el empleo; y prefiero, y
seguiré prefiriendo, el empleo temporal al no empleo. Creo firmemente que
no hay nada más precario que el paro; y todo lo que vaya permitiendo
terminar con el paro es, sin duda, mejor que estar en él.
Puestas así las cosas, y conscientes tanto de la modestia de la norma
--o, simplemente, de que la norma conduce pero no traduce o modifica la
realidad-- como de la necesidad de promover o de animar la estabilidad en
el empleo, la reforma laboral que recientemente fue aprobada por las
Cámaras alienta dos principios: la afirmación del principio de
causalidad; es decir, a un trabajo de naturaleza temporal corresponde un
contrato temporal, y a un trabajo permanente deberá corresponder un
contrato por tiempo indefinido. Y, juntamente a este principio de
causalidad, el principio de fomento; es decir, alentar la inserción de
colectivos que tienen dificultades particulares para poder insertarse en
el mercado de trabajo.
Quizás alguna de sus señorías tenga dudas --así me lo han transmitido--
sobre la conveniencia de prorrogar o no los contratos temporales. Y son
muchas las peticiones que recibe este Ministro sobre la necesidad de
mantener el contrato temporal de fomento de empleo. Peticiones que estimo
no convenientes en este momento, no solamente por razones que se
encuentran contenidas en su interpelación, señor Alierta, sino porque
creo que ello sería incongruente con el sentido más profundo de la
reforma y con el comienzo de la recuperación económica, porque impediría
la aplicación integral de la misma, limitándola al momento del ingreso en
el mercado de trabajo. Y, al mismo tiempo, porque las posibilidades de
contratos temporales para las personas con más dificultades ya existe, y
creo que existen, además, en grado suficiente.
La reforma, señorías, pretende compatibilizar un ingreso más causal con
excepciones que tienden a fomentar el empleo de las personas con mayores
problemas para encontrarlo. Y este es el segundo principio al que antes
me refería: promover el empleo para las personas con más dificultades,
para los colectivos más desfavorecidos, aquellos que más fácilmente son
expulsados del mercado de trabajo; aquellos, también, que tienen más
dificultades para entrar. Y me refiero, como saben sus señorías, a
jóvenes sin formación o con escasa formación; a mujeres, cuya tasa de
paro supera en 12 puntos a la de los hombres; a parados de larga
duración; a parados de más de 45 años; a personas con minusvalías. Y para
ellos sí se diseñan medidas de fomento entre cuyas características se
incluye, ciertamente, la temporalidad. No voy a cansarles con una batería
de datos comparados, aunque sí les diré que esta forma de fomentar el
empleo de las personas con mayores dificultades la utilizan todos los
países de la Unión Europea. Y es razonable, porque permite que estas
personas se inserten en el mercado de trabajo. Es buena y, por lo tanto,
es necesaria.
Es cierto que hemos vuelto a la causalidad con la reforma; es verdad que
hemos autorizado la temporalidad como fomento de empleo y hemos
flexibilizado también el final del contrato cuando existen razones no
imputable al empresario para la rescisión. Esta es la opción que ha
pretendido la reforma. Sé que en esta cuestión existen dos teorías:
quienes consideran, por un lado, que habría que liberalizar mucho más los
requisitos de salida abaratando el despido y, con ello, se podrían
restringir mucho más los contratos temporales. Y quienes estiman, sin
embargo, que deberíamos haber mantenido plenamente vigente el contrato
temporal de fomento de empleo.
Mi opinión es que la reforma ha conseguido un equilibrio en este punto.
El despido sin causa, es decir, el despido injusto e improcedente, sigue
siendo caro en nuestro Derecho. Sin duda que sí. Y es lógico que lo sea.
Sin embargo, se ha flexibilizado notablemente el despido cuando existen
causas objetivas ajenas al comportamiento de las partes. Es verdad. Y aún
se ambiciona una mayor libertad de despido por parte de algunos sectores,
sin haber extraído todavía todas las posibilidades de la nueva normativa.
Por eso convendría esforzarse por reducir, o, si ustedes prefieren, por
suprimir, las diferencias --que me atrevo a decir que son psicológicas--
que existen entre un contrato temporal y un contrato fijo; diferencias
que, por cierto, no existen en muchos países, en los que es lo mismo un
contrato que otro, y hay algunos en los que los dos primeros años de
contratación permiten la rescisión del contrato de trabajo en cualquier
momento, aunque se le considere por tiempo indefinido, y ése sí es un
contrato precario.
En el subconsciente colectivo del empresariado español existe todavía un
rechazo generalizado a convertir a un trabajador en fijo. Parece como si
la distancia entre fijo y temporal fuera una distancia insuperable, una
distancia abismal, como si contratar a un trabajador fijo fuera una
decisión absolutamente inapelable de por vida y, por consiguiente,
inmodificable; es una variable, según esta opinión, independiente, ajena
a los avatares económicos de la empresa, y esto ya no es así. La
diferencia esencial, la diferencia única, son ocho días de salario por
año de servicio en caso de despido: de 12, que es la indemnización de un
contrato temporal en el momento de su rescisión, a 20, que es la
indemnización por causas objetivas de un contrato por tiempo indefinido.
¿Es tan grande la diferencia? Creo que no es tan grande y que no
justifica el rechazo generalizado al que antes aludía.
Por otra parte, señorías, la tendencia a la temporalidad no es sólo
--como a veces se cae en decir con cierta precipitación-- el resultado de
una norma, es, además y sobre todo, la consecuencia de un nuevo modelo de
organización productiva basado en la descentralización, que está
sustituyendo la producción de alto volumen por la producción de alto
valor. Señoría, le daré un dato: el segundo banco de Estados Unidos, el
«Bank of America», solamente cuenta con el 19 por ciento de su plantilla
a jornada completa y con contrato indefinido, y le estoy hablando de un
país en el que hay libertad absoluta de despido. Por consiguiente, vemos
que no hay tanta relación como se pretende entre la liberalización del
despido y la contratación por tiempo indefinido.
Y no se crea, señoría, que estimo que lo hecho es suficiente y que pienso
que vivimos en el mejor de los mundos posibles; queda todavía mucho por
hacer y estoy convencido de que lo que hay es ciertamente mejorable. Es
verdad que estamos mejor de lo que estábamos y que algunas de las
fórmulas diseñadas, como el contrato a tiempo parcial, están teniendo
bastante éxito; es cierto que se está mejorando, pero le repito que no es
suficiente, ni es tampoco el momento de contentarnos y pensar que hemos
hecho lo que teníamos que hacer.
Me alegro de su interpelación, me alegro, por consiguiente, de su
iniciativa parlamentaria porque nos puede permitir hacer un diagnóstico
--aunque, en todo caso, es discutible la manera en que lo ha hecho su
señoría-- de la situación si somos lo suficientemente honestos
intelectualmente para saber cuáles son las razones profundas por las que
un mercado funciona de una manera determinada, para saber que no
solamente hace falta un determinado voluntarismo, sino que hace falta
saber también en profundidad cómo está funcionando no solamente el
mercado de trabajo, sino toda la actividad económica, para saber, como
sabemos, que hoy en día se está produciendo de una manera
descentralizada y que hoy en día los intangibles, o por así decirlo, las
estrategias de mercados y las estrategias de diseño son las que están
determinando cómo se produce, en qué medida se produce y cómo se
sustituyen los bienes, y, por consiguiente, también los recursos.
Nuestro objetivo, sin duda, es promover el empleo, pero nuestro objetivo
esencial no es solamente promover el empleo, sino, además, mantenerlo y
mantener la calidad de ese mismo empleo. Y pienso que para mantener la
calidad del empleo es necesario reforzar la formación, porque a veces
solemos olvidar que la riqueza de una nación depende de la inteligencia
de sus habitantes y que el factor de competitividad no es, como se piensa
muchas veces, el nivel salarial, o el nivel de protección social, o los
costes sociales, o los costes salariales, sino la capacidad de innovar,
la capacidad de desarrollar inteligentemente actividades productivas que
sean competitivas, que abran, que consigan, que ganen y que se
fortalezcan en nuevos mercados. Insisto en que la riqueza de una nación
depende de la inteligencia de sus habitantes.
Si avanzamos en formación --y se ha avanzado mucho, señoría, usted lo
sabe-- y somos capaces de desarrollar e incluso mejorar los acuerdos
tripartitos de formación que se han obtenido con los agentes sociales,
sin duda se habrá dado un paso decisivo de cara a la estabilidad. La
mayor estabilidad en el empleo es una buena formación. Todo empresario
conoce perfectamente el valor de la formación, por lo que podemos estar
seguros de que no tendrá ningún interés en desprenderse de trabajadores
bien formados.
Por consiguiente, este es el esfuerzo, este es el objetivo; ahí es donde
podemos encontrarnos más allá de lo que puede ser un voluntarismo que
hace cifrar en los movimientos legislativos las condiciones de la
realidad social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro.
¿El señor Alierta desea consumir su turno en función del artículo 87?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, es evidente que el mercado
laboral tiene que ser variado. Contratación laboral temporal habrá
siempre en cuanto que habrá condiciones que así lo exijan. Es más, como
también ha dicho el señor Ministro, la dinámica tecnológica apunta a que,
de alguna forma, las relaciones labores en el futuro es posible que sean
notablemente diferentes a estas a que estamos acostumbrados.
La idea de fábrica donde uno se concentra puede que sea una ideal del
siglo XIX pero no es una idea del siglo XXI. Pero, aun siendo esto así y
reconociéndolo --y cuando yo hablo de temporalidad en el empleo no
pretendo que esto desaparezca--, de lo que se trata es de poner de
manifiesto en esta Cámara que, sin embargo, habiendo ocasiones para la
temporalidad, la que existe en nuestro país es muy superior a la que
sería necesaria ya que produce sobre todo un grado de inestabilidad y una
precariedad en nuestra población laboral, especialmente en los jóvenes,
muy alta.
La estabilidad en el empleo la da la formación, pero con nuestros
contratos temporales, ¿pueden los empresarios destinar recursos a
aumentar la formación de las personas que están en ese empleo?
Evidentemente, sí, pero no los mismos que si supieran que esas personas
iban a continuar permanentemente en la empresa.
Yo tengo el convencimiento de que la mayor parte de los empresarios
desean tener un personal estable. Se gastan muchas energías y recursos en
su formación, en integrarlos en un equipo y, por tanto, lo que se desea
es que esas personas permanezcan. El 80 o el 90 por ciento de nuestros
empresarios desean tener unas relaciones laborales normales,
transparentes y leales con las personas que prestan sus servicios en la
empresa. Posiblemente haya un porcentaje pequeño de gente que apure la
picaresca, pero la mayor parte de nuestras empresas quieren tener
personal estable, y es que, en última instancia --y esto se ha dicho-- la
riqueza de una empresa es el personal con el que cuenta.
Sin embargo, en nuestro país nos encontramos en un dilema como el que he
venido a plantear, un dilema que hay que solucionar: ¿No es excesiva la
contratación temporal que existe?
Tengo entendido --y salió en la prensa hace unos días-- que hasta el 31
de octubre ha habido 4.700.000 colocaciones en lo que llevamos de año. Es
decir, se trata de una cantidad muy superior al número de parados que
aparecen en la encuesta de población activa e incluso superior al número
de parados registrados en el Instituto Nacional de Empleo. Según eso, si
estas colocaciones hubieran tenido un cierto carácter de fijeza, estarían
ya colocados todos los españoles; según un criterio unos se habrían
colocado en junio y según otro criterio el resto lo habría hecho en
agosto. Sin embargo, seguimos con el mismo número de parados porque, en
realidad, lo que esto refleja es que estas colocaciones son renovaciones,
colocaciones a dos o a seis meses, etcétera.
En consecuencia, no se trata de que en este país la temporalidad no
juegue su papel --que debe jugarlo, como hemos dicho--, pero se abusa de
ella porque posiblemente no existen otros mecanismos. La realidad, pues,
es que hay que salir de esa situación.
Por otro lado, no he hablado de contratos indefinidos, ni de modificar
las circunstancias de las personas que tienen un contrato indefinido,
porque en estos momentos empiezan a ser una parte minoritaria de la
población laboral, en orden decreciente, ya que el número de personas con
contrato indefinido es cada vez menor. En términos administrativos, es
casi una categoría a extinguir, que de alguna forma se va consumiendo a
sí misma.
Por tanto, lo que he venido a plantear --y eso sí que tiene algo de
propuesta y no consiste sólo en señalar la realidad del país-- es que nos
fijemos en la población que no tiene empleo, o que tiene un contrato
temporal, porque ya es la mayoría de este país; y no digamos ya en el
sector juvenil, en donde la tasa es del orden del 80 por ciento.
Pensemos,
pues, en esos términos, en ese 60 y ese 80 por ciento del país y
empecemos a dejar de pensar en el 40 por ciento --porque ese porcentaje
es cada vez menor--, o en el 20 por ciento --en el caso del mundo
juvenil--, que casi no tiene incidencia, y busquemos soluciones.
El señor Ministro ha mencionado que hay un cierto rechazo por parte de
los empresarios a la contratación indefinida y, evidentemente, eso se
refleja en las estadísticas. Pero esa es una realidad y el que tenga, o
no, fundamento posiblemente sea el resultado de la historia y de muchos
otros factores. Pero no he venido aquí a discutir esa cuestión; habría
que preguntar sobre ella a personas que saben más que yo de estas
materias.
Pero si pretendemos que, para solucionar la temporalidad y la
precariedad, los empresarios utilicen estas fórmulas jurídicas que
tienden a su solución, nos encontraremos con la realidad con que nos
hemos venido encontrando: con que el número de contratos indefinidos cada
vez es menor y no da solución a ese problema. Y mientras se llega a que
las empresas contraten de esa forma, nuestros jóvenes tienen contratos a
seis meses renovables, a los tres años no saben qué hacer y eso se
extiende al conjunto de la población.
Salgamos, pues, de esta situación psicológica en que nos encontramos. No
pensemos en términos de personas con contratos indefinidos, porque no
hace falta que modifiquemos su situación. Lo que hay que hacer es
aumentar la estabilidad de las personas con contratación temporal, con lo
cual, aumentaremos la seguridad del conjunto de la población laboral. No
se trata de perjudicar a nadie, sino de darle salida a unas situaciones
que en estos momentos no la tienen. Y esto sí es una propuesta, señor
Ministro; es una posición respecto de la situación laboral de este país,
sin terminologías jurídicas, ya que este no es el momento de utilizarlas.
La realidad que he descrito es que existe una situación, un embudo, un
callejón sin salida, que se puede agravar en el futuro, cuando expiren
las contrataciones temporales que se han prorrogado. No propongo que se
renueve la contratación temporal, ni que se deje de proponer esto o lo
otro. Ya he dicho que no entro en cuestiones laborales, porque creo que
con el tiempo que me asigna el Reglamento no puedo exponer esos temas
--ni es momento de discutirlos--, que son más jurídicos, más técnicos, en
los que intervienen, no sólo quien les habla, sino empresarios,
sindicatos y colectivos sociales, que son los que, en última instancia,
tienen que opinar al respecto. Vengo a exponer el problema de personas
que tienen contratos temporales, que son la mayoría, y a decir que ese
problema se agrava y parece que se va a agravar en el futuro. Y, señor
Ministro, hay que darle una solución.
Tampoco vengo a juzgar la reforma laboral. Da la impresión de que, con
los datos que se tienen hasta ahora, no vamos a romper la tendencia que
viene manifestándose en este país en los últimos años. Por tanto, hay que
dar un paso imaginativo y romper viejos moldes. Vuelvo a insistir en que
no se trata de perjudicar a quienes tienen un contrato de trabajo
indefinido. Ahí están; dejémoslos. Se trata de situarnos en el mundo
laboral en la perspectiva de aquéllos que no tienen empleo, o tienen
contratos temporales, porque no existen fórmulas para alcanzar una
estabilidad, cuando ese tipo de trabajo --tanto por su parte, como por la
de la empresa-- la deberían tener, y tratar de dar cauce a la situación
de ese colectivo, que plantea graves problemas sociales para los que lo
forman, e inestabilidad para el conjunto del país. Porque, posiblemente
--con esto hago la última reflexión--, las mismas salidas que permitan
dar más estabilidad a esas personas y que permitan a los empresarios
emplear personas con un carácter más estable, al mismo tiempo pueden ser
--y seguramente lo sean--, aquellas que también permitan con mayor
seguridad la posibilidad de dar más empleo.
Es un planteamiento a este nivel, y no voy a entrar en detalles,
únicamente quiero manifestar este problema en esta Cámara, así como la
preocupación del Grupo Parlamentario Popular. Se han hecho propuestas, se
ha incidido en la necesidad de avanzar y, por supuesto, estamos abiertos
a cualquier circunstancia. No pretendemos tener el dominio de la verdad,
pero sí quiero decir que éste es un problema que está ahí y que hay que
resolver.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Alierta.
Turno de portavoces.
El Senador Galindo tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, subo a la Tribuna, en nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, para manifestar nuestra
posición ante la interpelación del señor Alierta, una interpelación que
estoy seguro de que es importante para todos, pero que es tremendamente
trascendental para el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
porque la nacionalidad canaria es hoy la población más joven del conjunto
del Estado, y no sólo de España, sino del contexto general de toda
Europa. Por tanto, la interpelación del señor Alierta tiene gran
importancia y gran trascendencia para nosotros.
Asimismo, también me preocupa este tema por pertenecer a una ciudad con
más de 100.000 habitantes, donde casi el 70 por ciento de la población
tiene menos de 35 años y el 60 por ciento menos de 25. Además, su
interpelación incide en gran medida en lo que es la juventud. Pero creo
que hay que ser consecuentes, independientemente de que la interpelación
en sí intente generar la sensibilidad del conjunto de la sociedad y la
del propio Gobierno, que estoy seguro de que es sensible. Creo que el
señor Ministro ha mostrado su preocupación y en multitud de ocasiones su
sensibilidad por los temas laborales y, fundamentalmente, por todo lo que
significa encontrar la estabilidad laboral en este país. Sé que está
haciendo tremendos esfuerzos, pero, con independencia de que coincida con
el señor Alierta, la interpelación no trata de profundizar en lo que es
la reforma laboral, y aunque este Senador o este Grupo estuviera de
acuerdo, reconoce que en los momentos que
estamos viviendo es fundamental profundizar aún más en ella.
Por otra parte, señoría, hay que tener en cuenta que la juventud es el
instrumento esencial al que hay que dedicar todos los esfuerzos y al que
debemos garantizar el futuro laboral. Por tanto, en este aspecto también
tiene un gran acierto la interpelación del señor Alierta porque, entre
otras cosas, sintoniza tremendamente con la sensibilidad de nuestro Grupo
con respecto a lo que es la estabilidad laboral.
No obstante, estamos viviendo un momento coyuntural en el que en todos
los aspectos es muy complejo y mucho más difícil encontrar los
instrumentos para la estabilidad laboral. La competitividad en la
sociedad en que estamos viviendo nos somete a un ritmo --yo creo que esto
el señor Alierta lo entiende perfectamente-- donde las capacidades de
rentabilidad juegan un papel fundamental, y donde el empresario, o en
este caso las empresas, intentan encontrar la mejor mano de obra
altamente cualificada y, fundamentalmente, profesionalizada que será la
que le dé rendimiento para poder enfrentarse a la dura competitividad. En
este caso un mercado laboral precario, con tremendas dificultades,
produce lo que en nuestro país se está generando en estos momentos: falta
de empleo.
Yo quiero concluir, señorías, planteándole al señor Alierta que el hecho
de que estemos de acuerdo con su interpelación no debe entenderse en
ningún momento ni como una crítica al Gobierno de la nación ni mucho
menos al Ministro, que en multitud de ocasiones ha dado muestras de su
preocupación por sacar a este país del «impasse» sociolaboral en que se
encuentra. Por tanto comparto con el ponente su interpelación, y estoy
seguro de que el Ministro, su Gobierno y el Partido Socialista al que
representa, van a hacer todos los esfuerzos posibles para, conjuntamente
con todos los miembros del arco parlamentario, intentar encontrar ese
instrumento que permita garantizar, no sólo a la juventud, sino al
conjunto de la sociedad, pero especialmente a ésta, un futuro más
esperanzador, un futuro con mayor y mejores perspectivas, porque, por
otra parte, si no centramos los esfuerzos en estos aspectos, la juventud,
que para nosotros, al igual que para todos los miembros de esta Cámara,
es la esencia, no podría salir adelante.
Gracias, señorías, señor Presidente y señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Galindo.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, antes de escuchar al Senador Alierta su
exposición de esta interpelación, teníamos indicios, teníamos sospechas
de que de lo que se trataba era de analizar los efectos en el mercado
laboral de la reforma laboral. Nos ha tranquilizado mucho cuando el
Senador Alierta --al cual le hemos escuchado con toda la atención que
merece-- ha dicho que no se trataba de debatir la reforma laboral, sino
de entrar en el fondo de la cuestión de este tema, que suscita mucha
expectación en todos los ámbitos porque afecta a muchas personas y, en el
caso concreto al que se refiere la interpelación, a un sector de la
juventud, juventud que ha sido analizada en profundidad y en extensión
por la Comisión Especial que mañana va a tener ocasión de exponer ante
esta Cámara sus conclusiones.
Senador Alierta, yo creo que hay que celebrar esta interpelación que
usted propone, pero si queremos entrar en el fondo de la cuestión, me
gustaría saber a qué fondo se refiere usted, ¿al fondo de lo ideal o al
fondo de lo posible? Porque no son coincidentes. Si se refiere al fondo
de lo ideal, evidentemente tendríamos que ir a un aumento de los puestos
de trabajo estables, a una gran estabilidad laboral. Pero me temo,
señoría, que esto en este momento no sólo no es posible, sino que, quizá,
si debemos entrar en el fondo de la cuestión, no sea ni conveniente, y
permítame que le diga el porqué de esta actitud de nuestro Grupo
Parlamentario.
Si debemos hablar claro a la juventud, su objetivo no debe ser encontrar
la estabilidad en un puesto de trabajo; su objetivo debe ser tener
competencia para ofrecer una calidad respecto a la oferta en una
prestación laboral. Este es el gran reto de la juventud española hoy.
Esta estabilidad no debe ser exclusivamente el único objetivo. Si nos
referimos a los países de nuestro entorno, a nuestros socios comunitarios
o a países de avanzada tecnología, más lejanos, nos daremos cuenta de
que, a veces, no coincide en absoluto una carencia de estabilidad con la
no existencia de ofertas en el mercado laboral.
Entendemos que, para entrar en este fondo de las cuestiones, en los
últimos dos o tres siglos se ha pasado de una sociedad eminentemente
agraria a una sociedad industrial (quizá ahora estemos en una sociedad de
servicios). Quizá la solución para que el mercado laboral atienda la
expectativa de todos los ciudadanos, y concretamente del sector de la
juventud, deba señalar en este momento unos planteamientos distintos en
cuya oferta también se tengan en cuenta los modelos de referencia en los
que se pueda fijar el sector de la juventud para guiar sus expectativas,
modelos de referencia que nos tememos muy mucho que en este momento
tengan grandes dificultades para encontrar, y sobre todo, insisto, en una
formación profesional que les permita acceder a este mundo del trabajo
con unas garantías de competitividad que exige día a día y a un ritmo
acelerado el mundo que nos ha tocado vivir en esta época.
En los datos que le constan a nuestro Grupo Parlamentario, aparte,
evidentemente, de estos 4.774.000 nuevos contratos, atendiendo a la suma
de los contratos a tiempo parcial, aprendizaje y en prácticas, lo que
valoramos sobre todo, señorías, es que, antes de proceder a la reforma
laboral, la tasa de paro juvenil en España se situaba cerca del 40 por
ciento de la poblaciócn activa juvenil. ¿Acaso funcionaba el mercado de
trabajo entonces? ¿No es mejor crear empleo juvenil, aunque sea precario,
como dice el Senador Alierta, que ver cómo los jóvenes engrosan las filas
del paro?
El señor Ministro decía en su intervención que se debe ofertar y sobre
todo se debe poner un especial interés en los sectores que tienen mayores
dificultades o que están
más desfavorecidos. Creo recordar que en el Libro Blanco de Delors se
hacía hincapié en facilitar la creación de empleo en estos sectores
precisamente, mediante la reducción de costes laborales. Esto es lo que
entendemos que se ha hecho con la reforma laboral, y con las nuevas
modalidades de contratación.
Tendríamos muchas cifras, pero para concluir esta intervención diré que
entendemos que, en el terreno de lo posible, en el terreno de lo real, se
produce una disminución muy importante en la destrucción de lugares de
empleo; se produce un incremento de contrataciones, aunque sean a tiempo
parcial, y sin duda alguna, señorías, el análisis global de esto no puede
ser más que positivo y con una repercusión importante y significativa de
las nuevas normativas laborales que se aprobaron recientemente.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Bertrán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer término quiero agradecerles el tono de sus
intervenciones y el afán constructivo que ha guiado al Senador Alierta al
formular la interpelación.
Sí quisiera añadir algo, señor Alierta, simplemente para que no quede sin
desmentir un dato que usted ha dado y que no es exactamente cierto. Usted
dice que la parte minoritaria de los contratos son los contratos por
tiempo indefinido, y he de manifestarle que la mayoría simple es el 50
por ciento más uno. Los contratos por tiempo indefinido entre el personal
asalariado son casi el 70 por ciento del total de los contratos. Por lo
tanto, no es la parte minoritaria, sino que sigue siendo ampliamente la
parte mayoritaria. Es verdad que el mercado tiende últimamente a crear
más contratos temporales que por tiempo indefinido, pero prácticamente el
70 por ciento de la población asalariada tiene contrato indefinido.
Agradezco las palabras que ha tenido el señor Galindo hacia mi persona.
Señor Bertrán, usted hablaba del fondo de lo ideal y de lo posible.
Simplemente quería repetir algo que ya dije en la tribuna. La estabilidad
en el empleo depende de la de los mercados, pero no del mercado de
trabajo, sino de todos. Estamos viviendo en un mundo en el que los
valores de estabilidad que acompañaron a un determinado modo de
producción, a una determinada forma de organizar la producción, a unas
determinadas relaciones industriales, ha cambiado radicalmente, porque
hemos pasado de esa centralización de la producción que determinaba un
mismo producto, fabricado por una misma maquinaria, por unos mismos
trabajadores, para unos mismos consumidores durante toda la vida, eso,
prácticamente, ya no existe. Y estamos hablando de que el producto se
individualiza --ya no se da la producción de alto volumen, sino la de
alto valor--, de que al mismo tiempo la maquinaria tiene que ser
necesariamente versátil, de que los trabajadores tienen que tener una
polivalencia funcional, de que los mercados cambian día a día y de que
los consumidores son mucho más exigentes y, por tanto, no pueden
garantizar la pervivencia de ningún producto en el mercado.
Todo eso lleva a unas relaciones de producción mucho más inestables de
las que acostumbrábamos a vivir en los años treinta o cuarenta. Por
cierto, eran contratos fijos --entonces se hablaba, incluso del pleno
empleo--, aunque he de recordarle que en aquellos años sí había pleno
empleo, pero del cabeza de familia --apenas trabajaba la mujer--; había
también el pleno empleo por tiempo indefinido, pero con salarios ínfimos
y, al mismo tiempo, había el pleno empleo del cabeza de familia con
salarios bajos y con una protección social bastante menguada. Por
consiguiente, ese mundo ha desaparecido. El mundo es, sin duda, bastante
menos estable, por lo que, ante esos retos, ante esas circunstancias, yo
creo que caben muchas opciones. Algunos están practicando la opción de
desmantelar todas las conquistas sociales que se habían venido
produciendo en los últimos años. Yo le decía antes en la tribuna --se lo
digo ahora también-- que la única manera de hacer frente a esos retos es
no huir hacia adelante, no hacer políticas expansivas, sino de control,
pero, al mismo tiempo también, mantener incólume el modelo social
europeo, que se basa en la igualdad de trato, en la protección del medio
ambiente, en la protección del medio de trabajo, en la protección social,
en la libertad sindical y en la negociación colectiva.
Es verdad que aun así tendremos que acostumbrarnos a que el contrato de
por vida se va a terminar; tendremos que acostumbrarnos también a una
igualdad hombre-mujer, que tiene que repercutir necesariamente en el
reparto de trabajo, que no podemos seguir hablando exclusivamente de un
mundo laboral que esté controlado, monopolizado, por los hombres y, por
tanto, tendremos que hablar de una situación laboral más inestable, más
apasionante y, sin duda, en la que tendremos que poner todos los medios
para conseguir la estabilidad. Y esas deberán ser políticas activas, de
industrialización y, sobre todo --como antes le decía, señoría--, de
formación profesional. Hoy día es un orgullo para nuestro país que casi
un millón y medio de nuestros jóvenes estén en la Universidad. Somos de
los países que mayor esfuerzo hemos hecho en la formación de los jóvenes.
Esa será, sin duda, la garantía de estabilidad del futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE MANUEL MOLINA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE
ADOPTARA EL GOBIERNO CON CARACTER DE URGENCIA PARA REPARAR Y BUSCAR
SOLUCIONES AL
DETERIORO ECOLOGICO QUE ESTA AFECTANDO AL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS
DE DAIMIEL (CIUDAD REAL). (670/000103.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la interpelación de don
José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las medidas de política general y medioambiental que adoptará el
Gobierno con carácter de urgencia para reparar y buscar soluciones al
deterioro ecológico que está afectando al Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel.
Tiene la palabra el Senador Molina García.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente, señorías, señor
Ministro.
La Mancha es una región de clima continental mediterráneo.
Particularmente, tiene un aspecto derivado de la climatología seca y
árida, pero, sin embargo, en ella surgieron una serie de lagunas, tablas
y encharcados, unas lagunas formadas por acumulación de aguas en
depresiones del terreno, como el caso de los Campos de San Juan, otras
que tienen un origen tectónico y se formaron por hundimientos de la
tierra, como es el caso de Ruidera, y las más características tienen un
origen fluvial, como las Tablas de Daimiel, que es el caso que hoy nos
ocupa.
Toda esta serie de lagunas y humedales recibe el nombre, por todos
ustedes conocido, de La Mancha húmeda. Los humedales manchegos, y en
particular el más pequeño de nuestros parques nacionales, son, o mejor
dicho eran, una joya medioambiental de Castilla-La Mancha.
Ya en 1575 el rey Felipe II, consciente de su valor, dictó una orden real
para que se guardaran bien, adquiriendo auténtica fama como criadero de
aves acuáticas a mediados del siglo XIX. Incluso en 1885 el rey Alfonso
XII intentó comprarlas como antes lo hiciera el General Prim,
impresionados ambos por la belleza y riqueza faunística de la zona.
En efecto, las Tablas de Daimiel son un ecosistema de importancia
internacional, una zona excepcional, donde prosperan una vegetación y
fauna que constituye el mejor criadero de pato colorado y un lugar de
paso de aves migratorias del centro de Europa en otoño y primavera. Eran
el soberbio colofón suroccidental de las 32.000 hectáreas de tablas
fluviales marginales y de una serie de lagunas endorreicas que eran un
escenario grandioso y rebosante de vida dentro de la árida región de La
Mancha.
En los años cincuenta y sesenta, además de no existir la preocupación que
hoy hay por la conservación del medio natural, los humedales eran
considerados zonas improductivas, innecesarias y focos de paludismo. Y
esa mentalidad y esa falta de conocimiento de la naturaleza hicieron
poner en marcha un plan para desecar las zonas húmedas de las riberas del
Guadiana, Záncara y Cigüela.
La canalización de los ríos y de los canales de drenaje consiguieron
hacer desaparecer varias hectáreas de humedales. A pesar de todo, seguía
siendo tal la belleza de las tablas y la riqueza de su fauna que se
decidió salvarlas. En efecto, en 1966 se crea una reserva nacional de
caza por la Ley 37/1966, de 31 de mayo. En 1973 se declararon Parque
Nacional por Decreto de 28 de junio y en 1980 se reclasificó el Parque y
se amplió hasta 2.200 hectáreas, mediante la Ley 25/1980, de 3 de mayo.
Las Tablas de Daimiel también son reserva de la biosfera y zona de
especial protección para las aves, al amparo de la directriz europea
79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, y, finalmente,
están catalogadas como humedal de importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas, adherido al Convenio
Ramsar, ya que España designó a las Tablas de Daimiel cuando ratificó el
Convenio el 4 de mayo de 1982.
Toda una serie de títulos de figuras de protección ostentan las Tablas de
Daimiel y, sin embargo, hoy la situación es particularmente dramática.
Ese es el motivo de esta interpelación al Gobierno, que tan eficazmente,
entiendo, ha contribuido a conseguir este desastre ecológico.
El Parque está ubicado en el llamado Acuífero 23, que se extiende a lo
largo y ancho de 5.500 kilómetros cuadrados. Las Tablas se nutren, por un
lado, de las aguas superficiales que aportan el río Guadiana, de agua
dulce, y el río Cigüela, de agua salobre y, por otro, de las aguas
subterráneas del Acuífero 23, del que constituyen, o más bien
constituían, su desagüe natural.
Pues bien, los dos aportes de agua a las Tablas de Daimiel han sido
agredidos y prácticamente esquilmados. Se ha canalizado por dos veces al
río Cigüela, en 1981 y en 1985; se han roturado cauces, vegas y lagunas
y, sobre todo, se ha permitido y fomentado el aumento de la superficie de
regadíos hasta dejar el acuífero bajo mínimos. Antes de la canalización,
había en el Parque más de 2.000 hectáreas inundadas; hoy, apenas hay 500,
y no son, además, de inundación natural, sino a través de pozos
perforados en el propio Parque.
En el período 1981-1984 se incrementó la superficie de regadío a un ritmo
superior a las 5.000 hectáreas/año, hasta llegar a una superficie de
106.000 hectáreas. Hasta 1981 creció la superficie regada, sin afectar
sensiblemente al acuífero, pero en el período 1981-1984 aumentaron las
extracciones hasta un bombeo de casi 400 hectómetros/año en el trienio, y
con un crecimiento neto del 26 por ciento
Sin embargo, a partir de esa fecha, la situación ha ido agravándose. En
1989 ya había 133.000 hectáreas en regadío y se extraían del acuífero 587
hectómetros cúbicos. Por ello, los acuíferos están descendiendo a razón
de un metro por año, ya que su capacidad de regeneración es de 340
hectómetros por año. Al menos estos datos son los que han facilitado
ustedes, aunque parecen ser estimaciones carentes de rigor, porque no han
dado a conocer los estudios más profundos que dicen haber hecho.
Los Gobiernos socialistas central y autonómico han permitido, por falta
de previsión y de planificación de la política agraria, y por una pésima
gestión de los recursos hídricos, que nos encontremos ante este dramático
panorama que, en definitiva, es un indicador de la gravísima situación de
supervivencia de la economía del ecosistema manchego y de sus habitantes.
Al problema de la cantidad de agua hay que unirle el de la calidad, que
se ha visto afectada a causa de los vertidos
de aguas residuales de poblaciones como Alcázar de San Juan, Riduera o
Villarrubia. Las Tablas de Daimiel son un Parque Nacional y, por lo
tanto, son competencia y responsabilidad del Icona y del Ministerio de
Agricultura. El Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura
de Castilla-La Mancha vienen contribuyendo desde hace doce años a su
deterioro. Hoy, la situación es dramática para un Parque Nacional y su
riqueza faunística y para muchos seres humanos, porque no olvidemos que
en torno a las Tablas de Daimiel hay afectados más de 30 municipios y más
de 200.000 habitantes, cuyas economías están ligadas, más o menos
directamente, a la agricultura. Allí viven muchos agricultores que se
endeudaron para poner sus tierras en regadío porque desde la
Administración se les motivó, precisamente, y se les ayudó para que lo
hicieran, y hoy se ven condenados a vivir de subvenciones, sintiéndose
estafados por esa misma Administración que no supo o no quiso planificar
y gestionar los recursos hídricos.
La Administración, para paliar el desastre que previamente consintió,
secó primero inútilmente una serie de lagunas para llevar el agua a las
Tablas a través del Cigüela, y luego, en 1987, declaró el acuífero
sobreexplotado y puso en marcha un plan de regeneración hídrica para
trasvasar agua desde la cuenca alta del Tajo, a través del acueducto
Tajo-Segura, entre 1990 y 1993; se ha gastado algo más de 160 millones de
pesetas y se han trasvasado 41,5 hectómetros cúbicos de agua, que
fundamentalmente han servido para empapar el cauce seco del Cigüela y
quedarse en el camino antes de llegar al Parque Nacional. Concretamente
este año, el 13 de enero, comenzaron a trasvasarse 10 hectómetros cúbicos
y el 15 de febrero, poco más de un mes después, la lengua de agua,
visiblemente mermada, estaba aún en Arenas de San Juan, a 15 kilómetros
de las Tablas. Posteriormente, se han trasvasado 5 hectómetros cúbicos
más, pero la realidad es que las Tablas no han recibido ni siquiera 3
hectómetros cúbicos.
Urge tomar medidas para salvar los acuíferos, para salvar el Parque
Nacional y para salvar nuestro medio rural ligado a las Tablas de
Daimiel, que se ha visto inmerso y arrastrado por ese desastre ecológico
y que espera soluciones de sus gobernantes.
Por ello, presentamos hoy en el Senado esta interpelación al Gobierno
pidiéndole, señor Ministro, que nos diga y nos concrete qué medidas de
política general y medioambiental va a adoptar el Gobierno con carácter
de urgencia para reparar y buscar soluciones al deterioro ecológico que
está afectando al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Molina.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la conservación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es
un compromiso ineludible del Estado derivado tanto de la Ley 25/1980, de
30 de mayo, sobre Reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, como por su inclusión en el marco del convenio relativo a
humedales --de importancia internacional--, el Convenio Ramsar.
A mediados de la década de los ochenta la situación por la que atravesaba
este espacio protegido era muy grave, como resultado de factores tales
como la sobreexplotación creciente del acuífero de la llanura manchega,
la disminución de los aportes superficiales, la contaminación de los
cauces fluviales y la prolongada sequía. Dicha situación se fue
agravando, llegando a ser inexistentes las aportaciones superficiales y
subterráneas en el verano de 1986.
Teniendo en cuenta dicho compromiso de conservación y ante la crítica
situación existente en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el
Consejo de Ministros, en su reunión de 10 de octubre de 1984, adoptó el
acuerdo de elaborar un estudio de viabilidad de un plan de regeneración
hídrica y obtener así unas conclusiones para llevarlas a la práctica. La
única opción viable para recuperar los aportes tradicionales del doble
sistema hidráulico, tanto superficial como subterráneo, que constituye el
ecosistema de las Tablas de Daimiel, consistía en evitar el continuo
deterioro de los niveles freáticos del acuífero de la llanura manchega,
limitando los bombeos y/o recargando el embalse subterráneo. No obstante,
esta opción planteaba dos problemas. La limitación de las extracciones
para regadío incidía sensiblemente en la situación socioeconómica de la
región y, por otro lado, la recuperación de los niveles freáticos del
acuífero se podría conseguir sólo en un plazo de tiempo muy dilatado,
plazo que, de no poner en marcha otras alternativas, podría ser excesivo
para la viabilidad de las Tablas de Daimiel.
Entre las actuaciones previas al plan de regeneración hídrica llevadas a
cabo habría que citar la presa de Puente Navarro, cuyo objetivo era
restaurar la zona suroeste de las Tablas, desecada durante los años
sesenta y setenta e incluida en la ampliación de los límites de la Ley de
Reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel de 1980, así
como retener las aguas superficiales que se perdían por los canales de
drenaje, fruto del mencionado intento de desecación del área, de los años
sesenta y setenta. Finalizó su construcción en 1985 y sus efectos se
hicieron notar rápidamente, recuperándose un área tradicionalmente
encharcada, de gran valor ecológico.
En segundo lugar, en 1986 se procedió a eliminar los canales de drenaje
que habían estado desangrando las Tablas, además de haber alterado
drásticamente la circulación superficial del agua en el Parque Nacional.
En 1986 se procedió también a la limpieza del cauce del río Cigüela para
eliminar las numerosas captaciones ilegales y las formaciones vegetales
que habían colonizado el río como consecuencia de la falta de circulación
del agua. Se aplicó la Ley de Aguas, aprobada en 1985, llevando a cabo la
racionalización del uso de los recursos hidráulicos, habiéndose
constituido la mayoría de las comunidades de usuarios del acuífero y la
comunidad general correspondiente y fijando los respectivos regímenes de
explotación del acuífero. Y como actuaciones previas también al plan de
regeneración
hídrica, se declaró la sobreexplotación provisional del Acuífero 23. Así
las directrices del Plan Hidrológico 1 de la cuenca del Guadiana
establece en 260 hectómetros cúbicos el valor medio anual de los recursos
renovables, que, a su vez, están originados por la infiltración directa
procedente de las precipitaciones, por los caudales de los ríos y por las
escorrentías de las zonas regadas, junto a las aportaciones subterráneas
del acuífero contiguo del Campo de Montiel.
Los recursos máximos aportados en un año se han evaluado, como ha dicho
su señoría, en unos 340 hectómetros cúbicos, pero en los últimos años, en
un acusado período de sequía, la infiltración procedente de
precipitaciones a través de los recursos superficiales y las aportaciones
del Campo de Montiel se han reducido drásticamente. El agua extraída del
mismo entre los años 1987 y 1989 se evaluó, efectivamente, en una cifra
aproximada a los 600 hectómetros cúbicos, siendo el volumen bombeado
destinado al abastecimiento de poblaciones de 30 hectómetros cúbicos al
año.
Como consecuencia de la sobreexplotación y el consecuente descenso de los
niveles, se han anulado las salidas naturales del Guadiana a través de
sus Ojos, afectando gravemente al Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel. El 4 de febrero de 1987, la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana efectuó la declaración, como he
dicho, de sobreexplotación provisional del acuífero de la llanura
manchega, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de Aguas y en el
Reglamento del dominio público hidráulico.
Señorías, estas actuaciones están produciendo una disminución de la
superficie en regadío y un menor consumo de agua subterránea para fines
agrícolas. El volumen total consumido en el acuífero en los años 1991,
1992, 1993 y 1994 ha sido, de acuerdo con las estimaciones disponibles,
de 406, 391, 304 y 245 hectómetros cúbicos respectivamente. Sin embargo,
los niveles siguen bajando, en parte a causa de la climatología,
sumamente desfavorable de estos últimos años. Hay que recordar que la
precipitación media sobre la superficie del acuífero en el año
meteorológico 1993-1994 ha sido de sólo 245 litros por metro cuadrado.
En cuanto a las acciones contempladas en el plan de regeneración hídrica,
habría que mencionar, en primer lugar, la perforación de una batería de
sondeos dentro del propio parque nacional, que, en situaciones límite,
garantizan el mantenimiento de una mínima lámina de agua. Esta medida
tiene un carácter provisional y/o de emergencia ante situaciones
críticas. Se han hecho siete sondeos, de los que se puede obtener un
volumen de diez hectómetros cúbicos al año. En los últimos años, el área
encharcada gracias a los bombeos ha sido prácticamente la única
superficie inundada existente en el espacio protegido, permitiendo la
supervivencia de la población de animales de gran valor.
En segundo lugar, se ha producido una derivación de caudales desde el
acueducto Tajo-Segura, a través del Cigüela, con destino al Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. La Ley 13/1987 permitía derivar hasta
60 hectómetros cúbicos en tres años, sin que el volumen derivado en un
año fuera superior a 30 hectómetros cúbicos y sin que dicho caudal fuera
utilizado con fines diferentes a los de tipo medioambiental.
Los resultados obtenidos, pese a que solamente se derivaron 41,2
hectómetros cúbicos, conllevaron a la prórroga por tres años de la Ley
anterior. En esta segunda fase los resultados fueron sensiblemente
inferiores, dado que de los 60 hectómetros cúbicos permitidos sólo se han
derivado 24,2, y actualmente existe una prórroga adicional por tres años.
La derivación de caudales del acueducto Tajo-Segura ha resultado, hasta
la fecha, la actuación con efectos más positivos para la supervivencia y
recuperación del espacio protegido.
En tercer lugar, para permitir la salvaguarda de los valores ecológicos
del paraje, el plan de regeneración establecía unas cifras de superficie
encharcada comprendidas entre 1.800 hectáreas al final del período húmedo
y 600 al final de la época seca, con una aportación externa de 18
hectómetros cúbicos anuales. Para obtener esos niveles de encharcamiento
se precisaba la construcción de un dispositivo de control consistente en
un dique de tierra paralelo a la margen derecha del río Guadiana --madre
vieja--, y su funcionamiento ha sido el esperado cuando los aportes
hídricos eran cuantitativamente importantes, si bien su eficacia se ha
visto muy reducida cuando dichos aportes no llegan a los volúmenes
previstos.
En cuanto a las acciones complementarias al plan de regeneración hídrica,
hay que citar, en primer lugar, la depuración de los vertidos que a
través de los cursos fluviales pudieran alcanzar al espacio protegido,
hecho que se ha venido repitiendo hasta el año 1990 y que ha ocasionado
serios problemas al ecosistema. A este respecto, se han llevado a cabo
actuaciones parciales, sin llegar a soluciones definitivas, en los tres
puntos más conflictivos: Alcázar de San Juan, Río Amarguillo y
Villarrubia de los Ojos. En los dos primeros se ha eliminado la conexión
con el Cigüela mediante tapones de tierra; en el filtro verde de
Villarrubia de los Ojos, las obras realizadas no han corregido totalmente
el problema, aunque sí han contribuido a disminuirlo en gran medida. Es
necesario un sistema de depuración integral de todos los vertidos que
puedan llegar al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ganando de esta
forma aportes hídricos para el espacio protegido.
En segundo lugar, como acción complementaria de gran importancia se ha
puesto en marcha un programa de compensación de las rentas agrarias en
las zonas de La Mancha occidental y de Campo de Montiel. Este Plan apoya
a los agricultores que reduzcan voluntariamente el consumo de agua
subterránea para regadío, por cuya pérdida de renta son compensados en
función del grado de disminución del consumo de agua: si lo reducen hasta
el 50 por ciento o más, con 26.000 pesetas por hectárea; si la reducción
supera el 70 por ciento, con 43.000 pesetas por hectárea, y si la
reducción llega al cien por cien, con 60.000 pesetas por hectárea.
Después de dos años de aplicación, los resultados han sido que en 1993 se
acogieron 1.335 agricultores, con una ayuda de 1.978 millones de pesetas,
abarcando 57.975 hectáreas y con un ahorro de agua de 182 hectómetros
cúbicos; en 1994 --le aporto estos datos porque son resultado
del cierre del programa-- se han acogido 2.182 agricultores, que han
recibido una ayuda de 2.565 millones de pesetas, con una superficie total
acogida al programa de 68.148 hectáreas y con un ahorro de agua estimado
en 212 hectómetros cúbicos. Estamos hablando, por lo tanto, de un
programa que ha provocado un ahorro de agua de 400 hectómetros cúbicos y
ha representado para los agricultores de la zona de percepción de 4.500
millones de pesetas en dos años.
Teniendo en cuenta la estrecha relación del Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel con el acuífero de La Mancha occidental, para que el
ecosistema vuelva a funcionar de manera natural hay que recuperar los
niveles freáticos del embalse subterráneo. Este programa de compensación
de rentas, acogido a las medidas de acompañamiento de la reforma de la
Política Agrícola Común y financiado por tanto por el Feoga-garantía y
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad
Autónoma, se presenta como la alternativa más adecuada para conseguir
este objetivo, si bien el plazo para lograrlo es muy dilatado, por lo que
hay que mantener el espacio protegido mediante otras actuaciones.
Señorías, nuestro objetivo es conseguir la regeneración de las Tablas de
Daimiel y su conservación a largo plazo. Por ello, las soluciones
actualmente en funcionamiento, batería de pozos y derivación de caudales
desde el trasvase Tajo-Segura, deben seguir aplicándose hasta alcanzar el
objetivo último de recuperación del nivel freático del acuífero 23. Creo,
además, que debemos adoptar cualquier otra medida capaz de garantizar el
suministro de agua regular y suficiente, en cantidad y calidad, para
atender a las necesidades de conservación del Parque Nacional.
Para ello vamos a abordar una revisión rigurosa de las recomendaciones
planteadas en el estudio de viabilidad que, sin perder de vista la
validez del conjunto, permita incorporar, en su caso, los aspectos
novedosos que las actuales circunstancias aconsejen, teniendo en cuenta
que no todas las soluciones técnicas cumplen por igual los requisitos de
cantidad y calidad exigibles. En la misma revisión debemos dejar
definitivamente resueltas las cuestiones relativas al régimen de
funcionamiento de la derivación de los caudales desde el trasvase
Tajo-Segura, de modo que se eviten las disfunciones que tan graves
repercusiones ecológicas han tenido estos últimos años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Molina tiene la palabra.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, he escuchado atentamente todas sus explicaciones, que
coinciden al cien por cien con lo que he dicho yo antes desde esta
tribuna, pero la diferencia es que usted es el Ministro de Agricultura y
yo no, por eso le interpelaba para que me dijera, desde el Gobierno, no
lo que todos los ciudadanos saben ya --la situación de las Tablas y los
planes que se han puesto en marcha--, sino sobre la base de esa
situación, qué alternativas novedosas propone con carácter de urgencia
para que la situación no continúe así.
Yo tengo la impresión de que desde el Ministerio se intentan salvar las
Tablas a base de resucitarlas con leyes y decretos --porque, eso sí, me
ha leído usted una cantidad tremenda de leyes y decretos que yo también
le citaba anteriormente--, pero realmente con las leyes y los decretos, o
cada vez que hacen un trasvase o cada vez que adoptan una medida en
virtud de la cual llega el 5 ó el 10 por ciento de agua, no se resuelve
el problema. Pero lo que sí tengo que reconocerle es que intentan
salvarlas también con publicidad y declaraciones, y le voy a enseñar una
foto preciosa de las Tablas de Daimiel publicada en los medios de
comunicación pero que no debe ser de este año, sino de hace unos cuantos
siglos porque están llenas de agua, y pone en letra muy grande: «Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha: Lo hemos conseguido.» Lo que no sé
exactamente es lo que han conseguido: si secar las Tablas, eliminar las
anidaciones de patos o qué, porque la foto es de otro tiempo y de la
frase alguno podía decir: para este viaje no hacían falta alforjas. Y en
otras declaraciones la Secretaria de Estado de Medio Ambiente dice en una
publicación del 5 de enero que la situación del Parque de las Tablas de
Daimiel tiene remedio, y tiene remedio porque van a poner en marcha un
trasvase y las 50 hectáreas que ahora están inundadas pasarán a cerca de
800 durante el mismo mes. Han pasado los meses, pero yo visité las Tablas
en las fechas en que la señora Secretaria de Estado me dijo que iba a
haber 800 hectáreas inundadas, y la verdad es que se podían pasar
andando, es decir, el agua no se veía por ninguna parte.
Aparte de lo anterior, señor Ministro, efectivamente, como usted ha
dicho, tienen un programa de compensación de rentas --cofinanciado por la
Unión Europea, y usted hoy me daba algún dato novedoso al respecto--,
pero si en todo ese planteamiento se aplicaran las medidas que ustedes
proponen como ustedes dicen, se produciría la ruina absoluta de las
familias que están viviendo allí, por lo que es evidente que dicha
aplicación es inviable, y le voy a decir por qué. Ustedes dan 60.000
pesetas por hectárea --y estoy hablando del nivel máximo-- por el
abandono del cien por cien de la tierra durante los cinco años del Plan,
pero, según datos reflejados en gran parte por ustedes y otros por la
Comunidad de Regantes, la mayoría de las explotaciones familiares tienen
una extensión de cinco a 10 hectáreas y de 10 a 20; luego si usted
multiplica, por ejemplo, 10 hectáreas por 60.000 pesetas, son 600.000
pesetas, y dígame usted cómo puede vivir una familia con uno, dos o tres
hijos con 600.000 pesetas al año abandonando el cien por cien de su
explotación; es absolutamente inviable.
Pero es que, además, está usted diciendo que se han acogido en el último
año --en el primer año no he tomado la cifra-- 2.182 explotaciones o
agricultores (El señor Ministro de agricultura, Pesca y Alimentación,
Atienza Serna, hace signos afirmativos.) con un nivel de hectáreas de
68.148. La otra pregunta es: en un plan establecido sobre 100.000
hectáreas de reducción, ¿qué pasa con la diferencia
económica de ese dinero que no se va a consumir? Puesto que los 16.000
millones no se van a cubrir en su totalidad en este período de tiempo,
¿qué va a pasar con ese dinero, se lo devolvemos a la Comunidad Europea o
lo invertimos allí? No me ha dicho usted nada al respecto. En segundo
lugar, ¿qué va a pasar cuando termine este Plan? Porque aquí el otro día,
hablando de un Plan de regeneración del medio ambiente, se me dice: vamos
a poner en marcha este Plan durante los próximos 60 años. Creo que esa
cifra es un tanto excesiva cuando resulta que las ayudas se acaban dentro
de dos años. Es que en 1996 esas ayudas se terminarán, y si ustedes están
hablando ya de 60 años contando con las ayudas que vendrán el siglo que
viene...
Creo que eso no es serio. Eso produce intranquilidad, produce
transitoriedad, con lo que el Plan en sí mismo se cae ya desde sus
propios inicios. Pero lo más curioso de este asunto es que, ni tan
siquiera en las cifras en que ustedes dicen que se está consiguiendo el
ahorro ni tampoco en las cifras en que están ustedes basando los estudios
se ponen ustedes de acuerdo.
Señoría, en primer lugar, la Confederación Hidrográfica del Guadiana se
resiste a facilitar datos que le han sido solicitados sobre consumos y
extracciones, a pesar de que una Directiva europea, la 90/313 establece
el acceso a la información medioambiental. Y cuando da los datos --los
pocos que da--, resulta que no coinciden.
Aquí tengo una contestación a una pregunta realizada por una Diputada del
Grupo Popular en el Congreso de los Diputados sobre la situación y
evolución del volumen extraído y la superficie regada. En referencia a la
evolución se dice que en 1989 se extraían 587 hectómetros cúbicos sobre
una superficie regada de 130.000 hectáreas; en 1990 se extraían 545
hectómetros cúbicos sobre 123.000 hectáreas; en 1991, 443 sobre 120.000,
y en 1993 --por no aburrirles no citaré más datos-- se extraían 322
hectómetros sobre 111.000 hectáreas.
Pues bien, la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana nos envía y
mantiene una información que dice lo siguiente: que para 1993 --según los
datos de que ellos disponen-- ascienden las hectáreas de regadío a
135.000 y que son 582 los hectómetros cúbicos extraídos. Es decir, que ni
las propias cifras que ustedes dan --lo tengo aquí, me lo han enviado por
fax hace pocos días-- coinciden unas con otras, pero la realidad es que
siguen bajando los niveles.
Si usted analiza en todo el Plan la evolución del nivel piezométrico, que
es de 3 puntos sobre el acuífero 23, podrá observar que en un solo año
han bajado dos y tres metros, año que es el mismo sobre el que ustedes
están dando datos a la vez que están diciendo que están ahorrando menos
cantidad.
Pero si a estas cifras que no coinciden se añade que el descontrol
existente sobre los pozos y sobre los consumos es tremendo, dígame usted
cómo se puede ni siquiera poner en marcha un programa que intente salvar
las Tablas.
Por ejemplo, refiriéndome también a preguntas que se le han formulado al
Ministro, ustedes dicen que hay 2.752 expedientes sancionadores sobre el
acuífero 23, pero a mí me gustaría saber cuántos se han resuelto, cuántos
pozos ilegales hay, dónde están y qué régimen de explotación tienen. Es
que en sus propios datos ustedes nos están diciendo, por ejemplo, que del
volumen consumido en 1993 respecto del autorizado, tienen ya una
desviación de 30 hectómetros cúbicos, y lo dicen ustedes por municipios.
Son datos que ustedes mismos nos proporcionan.
En el cuadro comparativo, que es otro dato que le quiero dar sobre
volumen defraudado, pasan en el último año, reconocidos por ustedes, de
42 hectómetros cúbicos defraudados a 63, es decir, que aumentan en 20
más. Otra cosa interesante. En el cuadro comparativo del nivel de
explotaciones que incumplen el régimen de explotación, se pasa de 795 a
1.119 en el último año. Y si analizamos el volumen consumido de las
explotaciones que incumplen el régimen de explotación, podemos ver que
éste pasa de 113 hectómetros cúbicos a 122.
En suma, en primer lugar, establecen un Plan con el que, económicamente,
si se aplicara al cien por cien los agricultores se morirían de hambre.
En segundo lugar, los datos que nos facilitan no les cuadran ni a
ustedes. En tercer lugar, no controlan las extracciones ilegales de
ninguna forma. Y en cuarto lugar --y esto es muy curioso, señor Ministro,
no sé si usted lo sabe--, cuando ponen en marcha un control para instalar
contadores en las extracciones --lo que me parece bien--, el contrato de
los contadores --que, por cierto, es de un valor de 1.000 millones de
pesetas-- se lleva a cabo con una empresa que tiene origen francés.
Aunque, en cualquier caso, es la Administración, el Gobierno, un
Ministerio, porque ya sé que eso depende de otra partida.
Tengo aquí la carta, que dice: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Recientemente, la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente --que es de su Gobierno,
creo-- ha firmado un contrato con la empresa adjudicataria del suministro
e instalación de los caudalímetros, Dumez Copisa Sistemas.
¿Saben ustedes, señorías, que han contratado unos contadores de 2,5
pulgadas de diámetro, cuando todas las tuberías tienen de 15 a 25
centímetros, por lo que no caben, ni funcionan, ni miden? Y se han
gastado 1.000 millones de pesetas en tal concesión. Creo, pues, que es un
cúmulo de despropósitos y espero, señor Ministro, que en su contestación
nos dé alguna novedad al respecto.
En cualquier caso, le anuncio que si no ponen en marcha medidas, nosotros
presentaremos una moción derivada de esta interpelación, porque creo que
este asunto es lo suficientemente serio para que se adopten las medidas
oportunas y se salve una riqueza ecológica como ésta porque, al final --y
nunca mejor dicho--, están pagando el pato los agricultores y las
personas que se sienten orgullosas de dicha riqueza ecológica. Como se
mantenga así la situación, y no varíen las medidas, no la van a salvar ni
sus versos, señor Ministro, ni siquiera los de don Garcilaso, que --si
resucitara-- no serían capaces de convencer a las hermosas parejas de
patos para que anidaran en las Tablas de Daimiel.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.--Protestas en los
escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Molina.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco los elogios a mis versos, que seguramente son
merecidos, aunque algunos eran sólo unos ripios, dicho sea de paso.
Bromas aparte, no me voy a referir a algunas de las apreciaciones
técnicas sobre el diámetro de las válvulas, etcétera, porque como doy por
descontado que sobre lo que conozco, porque afecta a mi Ministerio, tiene
usted muy poca idea, presumo que sobre el resto tendrá tan poco como de
este tema. (Risas.--Protestas.)
Lamento mucho decirle que las ayudas de compensación de rentas que
establece el programa agroambiental para esta zona son compatibles con
las ayudas de la reforma de la política agrícola común por hectárea. Por
tanto, no se reciben solamente esas ayudas, sino que esa tierra sigue
siendo válida para el cultivo como secano o como regadío parcial y recibe
las ayudas por hectárea como percibe las otras. Este es el primer dato
que usted desconoce.
Pero le voy a decir más. Creo que tiene razón la Junta de Castilla-La
Mancha cuando presumió que lo había conseguido. Y se lo digo con gran
conocimiento de causa, porque tuve el privilegio de participar en el
diseño de ese programa con la Comunidad Autónoma durante mi anterior
responsabilidad como Secretario General de Estructuras Agrarias. También
tuve la oportunidad de presentar el programa con el Presidente Bono en
Bruselas, cuando muy pocos creían en él, y, desde luego, su Grupo no lo
hacía en absoluto. Se lo presentamos al Presidente Delors, al Comisario
Mac Sharry, al Comisario Matutes y al Comisario Marín, y todos alabaron
sus excelencias, consideraron que era un programa-piloto que estaba a la
vanguardia de la reforma de la política agrícola común y, de hecho, se
convirtió en el primer programa agroambiental presentado en la Comisión
Europea.
Y en aquella época, aquel programa, que era un programa de vanguardia en
la línea de la reforma de la Política Agrícola Común, lo que recogía por
parte de la Oposición de Castilla-La Mancha era escepticismo cuando no
crítica, diciendo: Ese dinero no va a llegar nunca, están prometiendo lo
que no van a conseguir. Pues muy bien, tenía mucha razón la Junta de
Castilla-La Mancha cuando dijo: «Lo hemos conseguido», y lo decían con
orgullo. Además, ahora los agricultores están muy satisfechos con el
programa. Yo le invito a que asista a alguna de las reuniones que hay en
mi despacho con los regantes, con las organizaciones agrarias de la zona,
para que le expresen delante de mí --porque me da la impresión de que
usted está muy mal informado-- las mismas opiniones que expresan en mi
despacho. Están muy satisfechos con ese programa. Ha habido 1.335
agricultores en 1993 y 2.182 en 1994 que han recibido 1.978 millones de
pesetas en 1993 y 2.565 en 1994. Y hoy tiene el respaldo de todos, menos
el suyo.
Por tanto, el Plan está teniendo éxito, está siendo bien acogido por los
agricultores, está incrementando su ámbito para recoger cada vez más
hectáreas y cada vez más agricultores, está contribuyendo cada año con un
ahorro de agua mayor y, por tanto, con una regeneración del acuífero
mayor, lo que quiere decir que estamos en muy buena dirección y que el
Plan no solamente no se cae, sino que está muy bien levantado y está
acercándose a cumplir el cien por cien de sus previsiones financieras y
de ahorro cuando fue presentado y fue aprobado por la Comisión como el
primer programa agroambiental en el ámbito de la Unión Europea.
Yo creo que ésa es la principal contribución desde el punto de vista del
Ministerio de Agricultura y desde el punto de vista de los responsables
agrarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, como digo,
está bien apreciada por los agricultores y que va a contribuir a medio y
a largo plazo a recuperar el nivel freático del acuífero y, por tanto, a
recuperar ese patrimonio natural inigualable que constituyen no solamente
las Tablas de Daimiel, sino otras lagunas de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ministro.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 1.430.541.000 PESETAS, A LA EMPRESA PUBLICA PRERREDUCIDOS
INTEGRADOS DEL SUROESTE DE ESPAÑA, S. A. (PRESUR), PARA COMPLETAR EL PAGO
DE LAS LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA SUBVENCION DE EXPLOTACION, DE LOS
EJERCICIOS 1988, 1989, 1990 Y 1991. (S. 621/000049.) (C.D. 121/000058.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto quinto del orden
del día.
Proyectos de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 1.430.541.000 pesetas, a la empresa pública Prerreducidos Integrados
del Suroeste de España, S. A. (Presur), para completar el pago de las
liquidaciones definitivas de la subvención de explotación de los
ejercicios 1988, 1989, 1990 y 1991.
A este proyecto no se han presentado enmiendas, de forma que procede
conceder un turno a favor y otro en contra.
El señor García Correa tiene la palabra.
El señor GARCIA CORREA; Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para anunciar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista al proyecto de ley de concesión de un crédito
extraordinario por importe
de 1.430.541.000 pesetas, a la empresa pública Prerreducidos Integrados
del Suroeste de España, para completar el pago de las liquidaciones
definitivas de la subvención de explotación, de los ejercicios 1988,
1989, 1990 y 1991.
El presente crédito tiene su origen en lo establecido en el
contrato-programa suscrito el 30 de diciembre de 1988 entre el Estado
español, el Instituto Nacional de Industria y la empresa Presur para el
período 1988-1991, al amparo de lo dispuesto en el artículo 91 del texto
refundido de la Ley General de Presupuestos. En la cláusula 6 del
Contrato-Programa se fijan las subvenciones a la explotación que el
Estado debe aportar a Presur para el período mencionado.
En consecuencia, señoría, el crédito extraordinario tiene por objeto
atender el pago de las diferencias existentes entre las cantidades
percibidas a cuenta por la empresa Presur en concepto de subvenciones de
explotación para los ejercicios 1988, 89, 90 y 91 y las correspondientes
a la liquidación definitiva, formulada por la Comisión de Seguimiento del
Contrato-Programa para el mismo ejercicio, e informada por la
Intervención General de la Administración del Estado.
La cláusula 13 del citado Contrato-Programa establece que la Comisión de
Seguimiento del mismo realizará una propuesta de liquidación definitiva
por el importe que resulte de deducir de las subvenciones actualizadas
con arreglo a lo previsto en la cláusula 11 en las cantidades percibidas
a cuenta, debiendo ser informada dicha liquidación por la Intervención
General de la Administración del Estado.
La Intervención General de la Administración del Estado, con fecha 15 de
julio de 1992, ha emitido informe sobre la liquidación definitiva, donde
pone de manifiesto las subvenciones devengadas por PRESUR a 31 de
diciembre de 1991. Asimismo, se señala que las cantidades percibidas por
la empresa en el período considerado, que abarca los ejercicios 1988, 89,
90 y 91, importan 6.779.800.000 pesetas.
En consecuencia, la deuda del Estado con Presur, de acuerdo con la
propuesta formulada por la Comisión de Seguimiento del Contrato-Programa
y según el informe de la Intervención General de la Administración del
Estado, obtenida por diferencias entre las subvenciones devengadas,
actualizadas y los libramientos percibidos por la empresa hasta el 31 de
diciembre de 1991 asciende a 1.430.541.000 pesetas, importe del crédito
extraordinario a conceder, y para el que solicito el voto favorable de
sus señorías.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador García Correa.
¿Para turno en contra? (Pausa.)
Abrimos turno de portavoces. (Pausa.)
Pregunto a los portavoces presentes si podemos proceder a aprobar por
asentimiento este proyecto de ley. (Pausa.)
Estando de acuerdo los portavoces, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO PARA MODIFICAR PARTE DE LOS
ARTICULOS 6, 13 Y 23 DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE
EL PATRIMONIO, HECHO EN LONDRES EL 21 DE OCTUBRE DE 1975. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000116) (C. D. 110/000119.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto séptimo del orden
del día: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para modificar parte de
los artículos 6, 13 y 23 del Convenio entre el Reino de España y el Reino
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Londres el 21 de octubre de 1975.
Tampoco se han presentado propuestas en relación con este Canje de Notas.
Procede conceder turno a favor y en contra. (Pausa.)
¿Turno de Portavoces? (Pausa.)
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.)
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para
modificar parte de los artículos 6, 13 y 23 del Convenio entre el Reino
de España y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Londres el 21 de octubre
de 1975.
--INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE LA COMISION DE PETICIONES EN EL PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES FEBRERO-JUNIO DE 1994 (871/000002.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto octavo del orden
del día: Informe sobre actividades de la Comisión de Peticiones en el
período ordinario de sesiones febrero-junio de 1994. (La señora Fernández
Arias pide la palabra.)
Senadora Fernández Arias, tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ ARIAS: Señor Presidente, la Comisión ha decidido que
sea el señor Vicepresidente Primero de la Comisión, don Vicente José
Maeso Carbonell, quien dé el informe al Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senadora.
El Senador Maeso Carbonell tiene la palabra.
El señor MAESO CARBONELL: Señor Presidente, señorías, en el curso de la
sesión celebrada el día 25 de octubre del presente año, la Comisión de
Peticiones aprobó el informe correspondiente a las actividades
desarrolladas en el período de sesiones comprendido entre los días 1.º de
enero y 30 de junio de 1994.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado, la
Comisión de Peticiones acordó, en esa misma sesión, elevar a la
Presidencia de la Cámara el informe de referencia, en el que se ofrece la
relación de las peticiones presentadas, de las decisiones que se
adoptaron sobre ellas y de las contestaciones recibidas de las
autoridades a las que se trasladaron.
Durante el período de sesiones al que se ciñe el presente informe, la
Comisión ha recibido un total de 79 peticiones. Como en informes
anteriores, se acompaña la relación nominal de los peticionarios, el
número de peticiones e indicación sumaria de su contenido, a lo que, por
su extensión, no voy a dar lectura en este acto porque, además, ya viene
publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» número 189, de
8 de noviembre.
Las peticiones de referencia han dado lugar a los trámites siguientes,
cuya totalidad no coincide con las peticiones presentadas puesto que una
misma petición da lugar, en algunos casos, a dos o más trámites
simultáneos o sucesivos. Por otra parte, las peticiones recibidas después
de la última reunión de la Comisión previa a las vacaciones
parlamentarias se estudiarán al inicio del segundo período de sesiones.
La clasificación de las peticiones recibidas es la siguiente.
Archivo. Sin perjuicio de dar conocimiento a los peticionarios, sí hay en
el escrito datos que lo permitan por no tener carácter de petición,
faltarles las indicaciones indispensables para conocer su objeto, no
tener otra finalidad que su conocimiento por la Comisión o por tratarse
de reiteraciones en cuestiones ya resueltas anteriormente por la Comisión
sin que se aporte ningún elemento de juicio nuevo, 14.
Traslado a Comisiones del Senado por referirse a asuntos que pueden ser
objeto de iniciativa de los señores senadores, 2.
Traslado a grupos parlamentarios del Senado, 10.
Traslado a los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión, 2.
En relación con los distintos Ministerios, los siguientes: Asuntos
Exteriores, 3; Asuntos Sociales, 4; Comercio y Turismo, 2; Defensa, 1;
Economía y Hacienda, 5; Educación y Ciencia, 9; Industria y Energía, 1;
Justicia e Interior, 15; Interior, 4; Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, 2; Sanidad y Consumo, 3; Trabajo y
Seguridad Social, 9.
En relación con otros organismos, los siguientes: Defensor del Pueblo, 2;
Consejo General del Poder Judicial, 13; Fiscal General del Estado, 2;
Comunidad Autónoma de Madrid, 1; Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, 1; Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, 1; Presidencia
de Renfe, 1.
Durante el período de tiempo que comprende el presente informe, se han
recibido respuestas a casi todas las peticiones; 40 de 79. Si tenemos en
cuenta que ha habido 14 en Archivos, podremos apreciar con gran
satisfacción que prácticamente todas han sido atendidas en los distintos
organismos.
No se ha observado variación significativa en el número y ritmo de
contestaciones recibidas, por lo que la Comisión entiende que siguen
siendo válidas las conclusiones de anteriores informes respecto a la
eficacia de su labor en lo relativo al ejercicio del derecho de petición.
Dado el número de peticiones que deben trasladarse a otros organismos, la
Comisión se ha preocupado de su seguimiento, y a dicho efecto se cuenta
con expedientes individuales de cada petición, siempre actualizados, y
que permiten consultar y conocer en todo momento el estado de la
tramitación de los mismos.
En todo lo que me cabe el honor de elevar a esta sesión plenaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Maeso.
Abrimos turno de portavoces. (Pausa.)
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES EN RELACION CON LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES DON LUIS PIZARRO MEDINA, DON ENRIQUE PEDRO ARANCE
SOTO, DON FRANCISCO JAVIER ARENAS BOCANEGRA, DON JOAQUIN JESUS GALAN
PEREZ, DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA Y
DON AURELIO ROMERO GIRON. (542/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto referido al
dictamen de la Comisión de Incompatibilidades en relación con los
excelentísimos señores don Luis Pizarro Medina, don Enrique Pedro Arance
Soto, don Francisco Javier Arenas Bocanegra, don Joaquín Jesús Galán
Pérez, don José Antonio Marín Rite, don Alvaro Antonio Martínez Sevilla y
don Aurelio Romero Girón.
¿El Presidente de la Comisión podría indicarnos qué Senador va a defender
el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades ante el Pleno? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, en la reunión
celebrada por la Comisión de Incompatibilidades el día 23 de noviembre de
1994 se acordó por unanimidad, a la vista de la documentación presentada
y del conocimiento que se posee sobre la situación de los señores
Senadores procedentes del Parlamento de Andalucía, que ninguno de ellos
se encuentra incurso en causa de incompatibilidad.
He de advertir a sus señorías que en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales»-Senado del día 28 de noviembre, Serie I, número 201, se
publica incompleta la relación de Senadores, ya que ahí sólo aparecen
seis nombres, faltando
el de don Aurelio Romero Girón. Lo digo a efectos de corrección en el
propio «Boletín Oficial de las Cortes».
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Arévalo.
¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión. Supongo que se puede
aprobar por asentimiento de todos los grupos, sin objeción de ninguno de
ellos. (Pausa.)
Queda aprobado.
HABILITACION DE LOS DIAS Y HORAS CONFORME A LOS ARTICULOS 76 Y 77 DEL
REGLAMENTO DE LA CAMARA.
--SOLICITUD RELATIVA A LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1995; DEL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL; DEL PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DEL
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL; DE LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL ARTICULO 70.2 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL, Y DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE
AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA,
FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (550/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al punto undécimo del
orden del día, sobre solicitud relativa a la tramitación del proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995; del proyecto de ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; del proyecto de
ley de ordenación del sistema eléctrico nacional; de la proposición de
ley por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del proyecto de ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión
de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, en el sentido
de habilitar los días y horas conforme a los artículos 76 y 77 del
Reglamento de la Cámara.
¿Está la Cámara de acuerdo con habilitar estos días y horas? (Pausa.)
Queda aprobado. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les recuerdo que mañana a las diez horas
procederemos a la elección del Defensor del Pueblo.
Se suspende la sesión.
Eran las veinte horas y quince minutos.