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DS. Senado, Pleno, núm. 55, de 16/11/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 55
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Delegación de competencia legislativa plena:
--En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación
del Proyecto de ley reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 46, de fecha 31 de octubre de 1994).
(Número de expediente S. 621/000046.) (Número de expediente C. D.
121/000046.)
--En la Comisión de Justicia para la tramitación de la Proposición de ley
de modificación del Código Civil en materia de autorización del
matrimonio civil por los Alcaldes (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 16, de fecha 31 de
octubre de 1994). (Número de expediente S. 624/000003.) (Número de
expediente C. D. 122/000029.)
--En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación de
la Proposición de ley por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agrarias, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre (antes
proposición de Ley sobre modificación del Régimen Jurídico de Cámaras
Agrarias) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III-B, número 17, de fecha 31 de octubre de 1994). (Número
de expediente S. 624/000004.) (Número de expediente C. D. 122/000040.)
--En la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones para la tramitación del Proyecto de ley por el que se
adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos
urbanos de la bahía de Palma de Mallorca. (Procedente del Real
Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto) (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 48, de fecha 10 de
noviembre de 1994). (Número de expediente S. 621/000048.) (Número de
expediente C. D. 121/000065.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--De D. Oswaldo Brito González, del Grupo Parlamentario Coalición Canaria
del Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en estrecha
colaboración con el Gobierno de Canarias y las Corporaciones Locales
isleñas, adopte determinadas actuaciones en materia de seguridad
ciudadana (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 190, de fecha 14 de noviembre de 1994). (Número
de expediente 671/000015.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a iniciar las reformas legales oportunas, al efecto de ampliar
el beneficio de familia numerosa a partir del tercer hijo (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
190, de fecha 14 de noviembre de 1994). (Número de expediente
671/000016.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que, antes de iniciarse la temporada taurina de 1995, con conocimiento de
la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, proceda a modificar
el Reglamento de Espectáculos taurinos (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 190, de fecha 14 de
noviembre de 1994). (Número de expediente 662/000108.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno de la Nación a remitir, en el plazo máximo de tres meses, un
Proyecto de ley por el que se cree la Fiscalía Especial para la
prevención y represión de los malos tratos a mujeres, con el fin de
luchar efectivamente contra este tipo de hechos delictivos (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
190, de fecha 14 de noviembre de 1994). (Número de expediente
662/000109.)
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a establecer un procedimiento para que las
Comunidades Autónomas puedan participar de forma activa en la definición
de los puntos principales del programa que el Gobierno Central fijará
para desarrollar en el semestre en el que corresponde al Estado español
ejercer la Presidencia del Consejo de la Unión Europea (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 190,
de fecha 14 de noviembre de 1994). (Número de expediente 662/000105.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA. (Página 2841)
En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación del
Proyecto de ley reguladora de las organizaciones interprofesionales
agroalimentarias. (Página 2841)
En la Comisión de Justicia para la tramitación de la Proposición de ley
de modificación del Código Civil en materia de autorización del
matrimonio civil por los Alcaldes. (Página 2841)
En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación de
la Proposición de ley por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agrarias, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre (antes
proposición de Ley sobre modificación del Régimen Jurídico de Cámaras
Agrarias). (Página 2842)
En la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones para la tramitación del Proyecto de ley por el que se
adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos
urbanos de la bahía de Palma de Mallorca (procedente del Real Decreto-Ley
9/1994, de 5 de agosto). (Página 2842)
Se aprueba la remisión de estos proyectos, por el procedimiento indicado
de competencia legislativa plena, a las Comisiones correspondientes, por
asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 2842)
De don Oswaldo Brito González, el Grupo Parlamentario Coalición Canaria
del Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en estrecha
colaboración con el Gobierno de
Canarias y las Corporaciones Locales isleñas, adopte determinadas
actuaciones en materia de seguridad ciudadana. (Página 2842)
Esta moción queda decaída por exigencia reglamentaria.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a iniciar las reformas legales oportunas, al efecto de ampliar
el beneficio de familia numerosa a partir del tercer hijo. (Página 2842)
El señor González Pons defiende la moción. No se consume turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Galindo
Santana, por Grupo de Coalición Canaria; Sanz Cebrián, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió; Martín Sánchez, por el Grupo
Socialista, y González Pons, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 220 votos a favor y 1 en
contra.
MOCIONES. (Página 2846)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que,
antes de iniciarse la temporada taurina de 1995, con conocimiento de la
Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, proceda a modificar el
Reglamento de Espectáculos Taurinos. (Página 2846)
El señor Arévalo Santiago defiende la moción. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Cervera Soto, por el Grupo Popular, y Arévalo Santiago, por el Grupo
Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Popular por 202 votos a favor y 15
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno de la Nación a remitir, en el plazo máximo de tres meses, un
Proyecto de ley por el que se cree la Fiscalía Especial para la
prevención y represión de los malos tratos a mujeres, con el fin de
luchar efectivamente contra este tipo de hechos delictivos. (Página 2850)
El señor Fernández Aguilar defiende la moción. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquíbar,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Abad Bécquer, por el
Grupo Socialista. Los señores Fernández Aguilar, Abad Bécquer y Vallvé i
Navarro intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 106 votos a favor, 116 en
contra y 4 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a establecer un procedimiento para que las Comunidades
Autónomas puedan participar de forma activa en la definición de los
puntos principales del programa que el Gobierno Central fijará para
desarrollar en el semestre en el que corresponde al Estado español
ejercer la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. (Página 2857)
El señor Sanz Cebrián defiende la moción. No se consume turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Calvo Lou,
por el Grupo Mixto; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Aja Mariño, por el Grupo Popular, y Castro Rabadán,
por el Grupo Socialista. Los señores Sanz Cebrián y Castro Rabadán
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba una propuesta de modificación a esta moción, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA
--EN LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PARA LA TRAMITACION
DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES
AGROALIMENTARIAS. (S. 621/000046; C. D. 121/000046.)
--EN LA COMISION DE JUSTICIA PARA LA TRAMITACION DE LA PROPOSICION DE LEY
DE
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE AUTORIZACION DEL MATRIMONIO
CIVIL POR LOS ALCALDES. (S. 624/000003; C. D. 122/000029.)
--EN LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA PARA LA TRAMITACION DE
LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 23/1986, DE 24 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS
CAMARAS AGRARIAS, MODIFICADA POR LA LEY 23/1991, DE 15 DE OCTUBRE (ANTES
PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DEL REGIMEN JURIDICO DE CAMARAS
AGRARIAS).(S. 624/000004; C. D. 122/000040.)
--EN LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS
URBANOS DE LA BAHIA DE PALMA DE MALLORCA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
9/1994, DE 5 DE AGOSTO). (S. 621/000048; C. D. 121/000065.)
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día, Delegación de
competencia legislativa.
Ruego atención a la Cámara porque quizá podamos avanzar con bastante
rapidez.
La Mesa, oída la Junta de Portavoces, acordó solicitar de la Cámara
aprobación para la delegación de competencia legislativa plena para los
siguientes proyectos de ley y a las comisiones legislativas que voy a
señalar.
En primer lugar, delegación de competencia legislativa en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación del proyecto de ley
reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que
se publicó en los boletines correspondientes con fecha 31 de octubre de
1994.
En la Comisión de Justicia para la tramitación de la proposición de ley
de modificación del Código Civil en materia de autorización del
matrimonio civil por los alcaldes.
En la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para la tramitación de
la proposición de ley por la que se modifica la Ley 23/1986, de 24 de
diciembre, por la que se establecen las bases del Régimen Jurídico de las
Cámaras Agrarias, modificada por la Ley 23/1991, de 15 de octubre (antes
proposición de ley sobre modificación del Régimen Jurídico de Cámaras
Agrarias), publicada también el 31 de octubre de 1994 en los boletines
correspondientes.
Por último, en la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes
y Comunicaciones para la tramitación del proyecto de ley por el que se
adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos
urbanos de la Bahía de Palma de Mallorca, procedente del Real Decreto-ley
9/1994, de 5 de agosto, publicado en los boletines correspondientes con
fecha 10 de noviembre de 1994.
Solicito criterio a la Cámara sobre si pueden ser aprobadas estas
delegaciones de competencia legislativa a las comisiones citadas por
asentimiento y sin exclusión de ninguna de ellas. ¿Algún señor Senador
desea manifestar algún criterio discrepante con esta propuesta? (Pausa.)
Muchas gracias. Se declara, por lo tanto, aprobada por asentimiento la
remisión de estos proyectos al procedimiento indicado de competencia
legislativa plena a las comisiones correspondientes. (Pausa.)
Ruego excusen estos minutos. Suspendemos la sesión por un tiempo de cinco
minutos. (Pausa.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION
--DE DON OSWALDO BRITO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION
CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN ESTRECHA
COLABORACION CON EL GOBIERNO DE CANARIAS Y LAS CORPORACIONES LOCALES
ISLEÑAS, ADOPTE DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA. (671/000015.)
El señor Presidente: Pido excusas a los señores Senadores por esta
interrupción.
Comunico a la Cámara que la moción consecuencia de interpelación, que
estaba suscrita por el Senador Brito González, referida a la redacción de
un plan entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales isleñas
para adoptar determinadas actuaciones en materia de seguridad ciudadana,
queda decaída por exigencia reglamentaria, que hemos discutido durante
estos minutos de suspensión, debido a que el Senador Brito González, por
obligaciones en el Parlamento de Canarias, no se encuentra en estos
momentos en el Senado y, por lo tanto, una moción consecuencia de
interpelación suscrita personalmente por él no podría haber sido
defendida por ningún otro miembro de su Grupo Parlamentario. Esta es la
razón por la que la moción consecuencia de interpelación queda decaída.
Doy las gracias al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria por las
facilidades que ha dado a esta Presidencia para resolver esta cuestión
reglamentaria.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A INICIAR LAS REFORMAS LEGALES OPORTUNAS, AL EFECTO DE AMPLIAR
EL BENEFICIO DE FAMILIA NUMEROSA A PARTIR DEL TERCER HIJO. (671/000016.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado por la que se insta al Gobierno a iniciar las reformas
legales oportunas, al efecto de ampliar el beneficio de familia numerosa
a
partir del tercer hijo. Ha sido publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», con fecha 14 de noviembre.
A esta moción se ha presentado una enmienda suscrita por el mismo Grupo
Parlamentario, por lo que queda claro que, en aplicación de las normas
reglamentarias, se entiende que esta enmienda sustituye a la original a
efectos de debate y votación.
Tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es justo empezar por reconocer la enorme voluntad constructiva
que se vio en los grupos parlamentarios en el debate del que trae causa
esta moción.
Es de recibo señalar que la preocupación por las políticas de apoyo a las
familias se manifestó entonces en el Pleno pasado, con cada uno de sus
característicos matices, extendida a toda la Cámara. Por ello, cuando la
Ministra de Asuntos Sociales aplazó entonces, para un futuro incierto, la
reducción del beneficio por familia numerosa al tercer hijo, una medida
que en un momento u otro ha sido sostenida por varias de las fuerzas
políticas presentes en el hemiciclo, entendimos que corregir este
aplazamiento tenía que ser la propuesta pragmática en la que podía
concretarse tan generalizada coincidencia en torno a los principios
básicos. Así se lo expresamos a la Cámara en nuestra intervención.
Sin embargo, cuando esta moción ya estaba registrada, y por motivos que
no son del caso, un grupo parlamentario... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, Senador González Pons.
Rogaría a sus señorías un poco de silencio, por favor, porque, al menos
desde la Presidencia, no se escucha con claridad al orador.
Tiene su señoría la palabra.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señor Presidente.
Decía que cuando esta moción ya estaba registrada, y por motivos que no
son del caso, un grupo parlamentario consiguió la semana pasada torcer el
brazo del Gobierno y, a través de una enmienda presupuestaria, obtuvo el
compromiso legislativo de reducir al tercer hijo los beneficios por
familia numerosa. Sin embargo, creemos, señorías, que esta circunstancia
no diluye el contenido de esta moción. En primer término, desde un punto
de vista formal, porque el Congreso, por ahora, no ha aprobado sino una
enmienda de trámite en comisión, que puede verse alterada en el largo
itinerario siguiente. Y estamos convencidos de que coincidirán con
nosotros en que una medida como la que hoy estamos debatiendo y sobre la
que existe tan extendida coincidencia no resulta prudente dejarla a
merced de las distintas transacciones parlamentarias si en esta Cámara
tenemos oportunidad de fijarla definitivamente en el haber comprometido
por el Gobierno. Es en el Pleno de las Cámaras donde los pactos políticos
se realizan con toda la transparencia que exige el compromiso
democrático. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
En segundo lugar y desde un punto de vista material, no diría mucho en
favor del respeto que ostentamos a la neutralidad de esta Cámara Alta el
que sometiéramos las manifestaciones del Senado a lo que el Congreso ha
manifestado sólo en el seno de una comisión. Es bueno que se produzca
coincidencia entre las dos Cámaras. No hay que evitarlo. Lo que no tiene
sentido es que el Senado deje de pronunciarse sobre un asunto en el que
ya había previsto hacerlo porque lo haya hecho una comisión del Congreso
de los Diputados. Si se produce coincidencia, señorías, tanto mejor. En
todo caso, hemos ampliado el contenido de la moción para cubrir también
aquellos aspectos de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, aprobada en el Congreso, que no fueron contemplados
por el Grupo mayoritario. De modo que esta Cámara podrá emitir hoy su
juicio libremente y sin condiciones sobre lo mismo que ya emitió su
juicio el Congreso y sobre algo más.
El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió proponía que
también fueran consideradas familias numerosas las que teniendo dos hijos
uno de ellos estuviera sometido a una minusvalía física o psíquica. A
nosotros nos parece correcta esta propuesta que quiere proteger a las
familias más necesitadas de ayudas y que mayor servicio social están
prestando en la atención de niños necesitados de mayor cuidado familiar,
en un Estado que da las ayudas por hijo más bajas de toda la Unión
Europea, según datos de la propia Comisión Europea. Mientras que la media
de ayuda familiar en toda Europa es un 6 por ciento del salario medio
europeo, la ayuda familiar en España es un 3 por ciento del salario medio
español. Según datos de la propia Comisión de la Unión Europea, para que
un español tenga la misma ayuda que recibe una familia europea necesita
tener doce hijos por cada hijo que tiene un europeo. En un Estado con
esta cuantía de ayudas familiares, no es malo que provoquemos un aumento
de la ayuda que reciben las familias que necesitan más colaboración.
Se puede argumentar, señorías, por quienes propusieron esta medida, que
es muy razonable pero que hay que renunciar a ella para conseguir la
mayor, esto es, la ampliación del contenido de la familia numerosa a las
familias con tres hijos, debido a la resistencia del Gobierno. Pues bien,
señorías, no creemos que ninguna de ellas sea más importante que la otra
ni que las ayudas a las familias con hijos disminuidos físicos o
psíquicos puedan someterse a las ayudas a las familias con tres hijos. El
hecho de que se consigan ayudas a las familias con tres hijos, no puede
hacerse a costa de ceder en la presión para conseguir ayudas para las
familias con hijos disminuidos físicos o psíquicos. En todo caso,
señorías, para conseguir en esta Cámara la aprobación completa de su
propuesta, no necesitan ustedes renunciar a la mitad de ella, porque sólo
con que ustedes voten su propuesta completa en esta Cámara será aprobada.
Si ustedes lo que quieren de verdad y seriamente es presionar al
Gobierno, en esta Cámara tienen la oportunidad de demostrar que su
propuesta es de política estatal y no meramente de gobernabilidad,
porque estoy convencido de que en su ánimo no está someter la política
familiar a la pura gobernabilidad.
Señorías, todos hemos reconocido lo mucho que están haciendo las familias
por el Estado en tiempos de crisis. Sería una buena noticia si el Estado,
a través de todos los grupos de esta Cámara, hace algo por las familias
más afectadas por las crisis.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Galindo Santana, por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado.
El señor GALINDO SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente para dejar clara la posición del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado con respecto a este tema.
Don Esteban González, yo creo que su moción, sin duda alguna, refleja la
sociedad actual y viene en un momento yo diría que bastante oportuno,
donde la familia es, fundamentalmente, en la sociedad que estamos
viviendo, la que más está sufriendo las crisis sociales y económicas que,
entre otras cosas, es el reflejo de la sociedad. Pero no sé si su señoría
compartirá conmigo que, de alguna forma, para resolver el presente y
programar el futuro debemos remontarnos --lo digo porque esto le va a dar
profundamente la razón a su señoría en cuanto a la moción-- a nuestra
historia.
Como usted sabe perfectamente, en los albores del actual siglo surge una
corriente anarcolibertaria, donde hasta incluso se desprecia el concepto
de la familia. Esos mismos después llegaron al poder en la gran mayoría
de los países del área del este de Europa y comprendieron la necesidad,
la importancia y la esencia de la familia como instrumento que, de alguna
forma, garantiza el desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad.
Por tanto, hoy, más que nunca, está claro que debemos hacer grandes
esfuerzos para la protección de la familia y, especialmente --como usted
plantea en algunos puntos de su moción--, que no sólo se catalogue a la
familia con tres hijos como numerosa, sino a la familia con dos que tiene
algún hijo disminuido físico o psíquico.
Por tanto, nuestra posición al respecto es de apoyo y el consenso del
conjunto de las fuerzas políticas ha quedado claro, como usted expresó
anteriormente. Evidentemente, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado se une a la moción y, de alguna forma, dejando claro en el
conjunto de esta Cámara que el elemento importante de nuestra sociedad es
la familia, haya los cambios que haya y transfórmese lo que se
transforme; la familia es la esencia que, de una u otra manera, mantiene
y prolonga el futuro de la humanidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galindo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Ricardo Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad y concisión para anunciar el voto favorable
de nuestro Grupo, no solamente a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, sino también a la enmienda. Esto lo decimos, señor
Presidente, por las razones ya esgrimidas en nuestra pasada intervención
de 2 de noviembre de este mismo año en la sesión plenaria. En aras de la
brevedad, en esta intervención nos remitimos de forma expresa a las
palabras que en esa ocasión pronunciamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Manuel Ibarz i Casadevall.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
La consideración de familia numerosa a partir del tercer hijo ha sido una
larga reivindicación de Convergència y Unió desde hace muchos años. Los
Diputados y los Senadores de nuestro Grupo venimos reclamando desde 1986
un cambio en la política familiar del Estado.
En el ámbito territorial en el que nuestra coalición tiene
responsabilidades de gobierno, hemos tomado iniciativas hasta donde
alcanza el ámbito competencial de la Generalitat de Cataluña. Tal es el
caso del Plan Integral de Protección a la Familia, coordinado y dirigido,
por cierto, por el Vicepresidente Primero de esta Cámara, don Joan Rigol.
Más allá de nuestro ámbito competencial, el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, tanto en esta Cámara como en el Congreso de los
Diputados, ha venido promoviendo aquellas medidas legislativas en los
campos donde no alcanzaba el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma
a la que estamos adscritos. Así lo hicimos en anteriores legislaturas y
lo hacemos en la presente.
Recordarán su señorías que en el debate de los presupuestos del año
pasado, 1994, nuestro Grupo acordó con el Grupo Parlamentario Socialista,
que da soporte al Gobierno, que este tema --que no podía ser recogido en
los presupuestos del año pasado-- sería tratado en los presupuestos de
1995. Y así ha sido. En el ámbito de las negociaciones de los
presupuestos de 1995 el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados han
acordado incorporar una enmienda en el texto de la ley de acompañamiento,
en el que, básicamente, se recogen en parte las aspiraciones de
Convergència i Unió, entre otras, la que hace referencia a la
modificación de la Ley de 1971, en el sentido de que sean reconocidas
familias numerosas a partir del tercer hijo. Aparte de esto, la enmienda
recoge la posibilidad
de facultar al Gobierno para adoptar las medidas reglamentarias y
administrativas para hacer efectivo el acuerdo. También hay otro apartado
tendente a salvar el tema de las tasas universitarias, que quedan
pospuestas para el curso 1995-1996, para no crear en este curso académico
un grave problema financiero a las universidades, al tener que devolver
las tasas que hayan podido percibir.
Entendemos que éste es un primer paso y debo manifestarle, señor González
Pons, que lo conseguido hasta ahora no colma nuestras aspiraciones, ni
mucho menos. Pero somos conscientes de que la política es el arte de lo
posible.
En los términos en que la moción fue propuesta inicialmente por su Grupo,
merecería todo nuestro apoyo. Ahora bien, debo manifestarle que la
adición, que, como sabrá su señoría, fue reivindicada en su día por el
Diputado de nuestro Grupo, el señor Jordi Casas, no la podemos apoyar por
coherencia. Si acabamos de llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario
que da soporte al Gobierno para recoger en parte nuestras aspiraciones,
entendemos que debemos aplicar aquel principio del derecho, según el cual
«pacta sunt servanda», es decir, los pactos son para ser respetados.
Por tanto, debo anunciarle que, en este sentido, no podremos darle apoyo
a la enmienda que ha propuesto, si bien, para un futuro inmediato debo
indicarle que no tema. Si se dan las condiciones necesarias para que
pueda prosperar esa enmienda, desde el momento que fuimos los promotores
de la misma, procuraremos plantearla y hacer todos los esfuerzos que sean
necesarios para hacerla realidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Gracias, Senador Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Rafael
Martín.
El señor MARTIN SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la sensibilidad del Senador Cuenca Doblado que en el Pleno del
día 27 del pasado mes de abril formuló una pregunta sobre el desarrollo
del plan de actividades, que estaba teniendo lugar con motivo del Año
Internacional de la Familia, nos permitió conocer los objetivos más
significativos que se marcaron los miembros del Comité español, cuyo
cumplimiento, al menos en una buena parte, correspondía al Ministerio de
Asuntos Sociales, como bien explicó su titular. Si con tal ocasión
pudimos comprobar la intensa preocupación del Ministerio por la política
familiar, con mayor explicitación tuvimos cumplida cuenta con ocasión de
la interpelación que dio pie en el Pleno anterior a la moción que hoy nos
ocupa.
Con cierto énfasis destructivo, el interpelante acusó, creo que sin
conseguirlo, al Gobierno y al Ministerio de carecer de política familiar
adecuada, admitiendo solamente la asunción por parte del Gobierno de
medidas importantes --se reconoció-- pero sólo medidas, como si éstas no
formasen parte de un plan general que reconoce a la familia el valor
social que tiene, el valor de la solidaridad, el valor del lugar y
comunidad de afectos y el valor de la cohesión social.
Una política de familia que está orientada en el sentido de que hombres y
mujeres tengan los hijos que voluntariamente deseen tener y que
responsablemente puedan criar y educar, y tendremos que ser coherentes
con esta opción política e ideológica si situamos la política demográfica
en las decisiones de los individuos, como no podía ser de otra manera, en
un Estado democrático.
Una política que respete y facilite las opciones personales y de pareja y
las elecciones en relación al comportamiento reproductivo es la mejor
garantía para contribuir a desarrollar la paternidad y maternidad
responsables. ¿Les suena a sus señorías el concepto de paternidad
responsable que definía la encíclica «Populorum progressio»?
La atención a las cargas familiares es uno de los elementos esenciales
que determinan las políticas familiares. Y para afrontar esta situación,
se requieren acciones dirigidas a los servicios, pero también acciones
específicas de carácter económico con repercusión en las rentas
familiares.
En este contexto, se sitúan los beneficios de las familias numerosas. La
legislación actual sobre protección a la familia numerosa establece como
tal la que está constituida por el cabeza de familia, su cónyuge y cuatro
o más hijos. También otros supuestos de unidades familiares, como
aquellas que teniendo tres hijos, uno de ellos sea inválido, minusválido
o esté incapacitado para el trabajo.
La evolución demográfica de la sociedad española, especialmente en cuanto
al tamaño de familia y en relación con el número de hijos, se ha
transformado enormemente desde la aparición de la Ley 25/1971, de
Protección a la Familia Numerosa, modificada en parte por la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre.
La década de los ochenta ha ido desarrollando un sistema de protección
social con beneficio directo al individuo y, sin embargo, ha quedado casi
intacto el tratamiento dado a las familias, especialmente a los
beneficios dirigidos a las familias numerosas que tienen más cargas en
relación con el número de sus hijos.
Por todo lo que antecede, parece razonable la moción propuesta, por
cuanto va en la línea de las medidas de apoyo y protección a la familia
que el Gobierno y el Congreso están estudiando para una próxima
implantación, y ya anuncio el voto favorable de mi Grupo para la
aprobación de la misma.
No obstante, cabe formular dos objeciones, al menos a esta moción. Una de
ellas es la escueta petición que demanda la solicitud de considerar
familia numerosa a partir del tercer hijo en lugar del cuarto como
resulta ahora. Tan precisa petición más parece responder a una
estimulación de la natalidad que a un reforzamiento de la protección
económica familiar, y permítanme que utilice un ejemplo para ilustrar
esta afirmación.
Si tomásemos como base exponencial el colectivo de Senadores de esta
Cámara, y nunca mejor utilizado un grupo como representación de la
sociedad, 69 Senadores que actualmente tienen tres hijos pasarían,
teóricamente, a
ser titulares de familia numerosa. Pues bien, en la práctica esto no va a
ser así y lo afirmo con la fuerza moral que me asiste al ser uno de los
sólo cuatro Senadores de esta Cámara que tienen más de cinco hijos y que,
sin embargo, no es beneficiario de familia numerosa, a pesar de tener en
el seno familiar un parado en busca de primer empleo y tres estudiantes
universitarios. Quiere decirse con ello que no se trata sólo de
determinar el número, sino las circunstancias del grupo familiar.
La segunda objeción es que el sentido de la moción ha decaído desde el
momento en que se acaba de aprobar en trámite parlamentario del Congreso
una enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, por la que se declara familia numerosa a partir de los tres
hijos. La obstinación del Grupo Parlamentario Popular en mantener viva
esta moción parece transformar en oportunismo lo que antes era una feliz
oportunidad y, en todo caso, supone una actitud de desconfianza respecto
de una resolución aprobada por diversos grupos políticos de la Cámara
baja, sin que valga la argumentación que se acaba de exponer de que en el
trámite parlamentario puede verse alterada, lo que implica una
desconfianza a los grupos, como acabo de decir, que ya la han aprobado,
grupos que es de suponer que tendrán la recíproca lealtad del compromiso
ya adquirido y que hay que suponer que debe ser respetado.
No obstante, y dado que la modificación que levemente altera la moción
pudiera implicar, como acaba de decir el Senador anteriormente
interviniente, una transgresión a los acuerdos ya adoptados, he de
decirle que a pesar de ello vamos, en coherencia política, a respetar
nuestro sentido favorable a la moción, dado que en ella se establece que
el estudio de las reformas legales oportunas serán las que determinarán,
en definitiva, la composición que defendemos y propugnamos de la familia
numerosa.
Muchas gracias, señorías y señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador González
Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero agradecer la adhesión a la moción de los grupos
parlamentarios que así se han manifestado y lamentar la falta de adhesión
de aquellos grupos parlamentarios que así se han manifestado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que dice: «El Senado insta al Gobierno a iniciar
las reformas legales oportunas al efecto de ampliar el beneficio de
familia numerosa a partir del tercer hijo», conjuntamente con la
propuesta aceptada por el proponente, «y del segundo hijo cuando al menos
uno de ellos sea minusválido físico o psíquico».
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a
favor, 220; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, ANTES DE INICIARSE LA TEMPORADA TAURINA DE 1995, CON CONOCIMIENTO DE
LA COMISION CONSULTIVA NACIONAL DE ASUNTOS TAURINOS, PROCEDA A MODIFICAR
EL REGLAMENTO DE ESPECTACULOS TAURINOS. (662-000108.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al sexto punto del orden
del día, con la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se
insta al gobierno a que antes de iniciarse la temporada taurina de 1995,
con conocimiento de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos,
proceda a modificar el Reglamento de los Espectáculos Taurinos.
Para un turno a favor, tiene la palabra el Senador Arévalo.
Señorías, les pido, por favor, silencio para poder afrontar este punto
del orden del día.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, la fiesta de los
toros, cada tarde que se celebra, es un acontecimiento, sólo con un
requisito: que sea auténtica; si no es así, prefiero que no se celebre.
La fiesta, cuando es verdad, goza de la singularidad y el respeto. Pero
un toro caído, derrengado, o un toro con las astas mutiladas no puede
protagonizar ningún hecho respetable. El fraude existe desde hace muchos
años. Aprovechándose de lo admirable --el toreo lo es aunque no guste--,
más de uno se ha beneficiado con el engaño.
En 1950, Domingo Ortega pronunció una espléndida conferencia en el Ateneo
de Madrid. Refiriéndose al toreo auténtico, dijo: El arte del toreo
radica en el peligro que el toro tenga. Si al toro se le quita ese gran
peligro, el arte del toreo no existe.
No es, por tanto, añadir peligro; es sencillamente no engañar. Resultó
ser un reconstituyente para la autenticidad de la fiesta el estudio que
entre 1983 y 1985 llevó a cabo la Comisión de Presidencia de Gobierno e
Interior del Senado. No tardaron en aparecer, nerviosos, los inconfesados
partidarios de lo falso y sus cómplices, dispuestos a recuperar el fraude
perdido.
Años más tarde, en 1991, tuvimos la oportunidad de discutir y aprobar la
Ley sobre Potestades Administrativas en materia de espectáculos taurinos,
que recuperó las ilusiones de los aficionados. Cito un solo artículo de
esta ley, el artículo 8, que dice: «Los espectadores tienen derecho a
recibir el espectáculo en su integridad.» Pues eso, en la integridad en
todo: las actuaciones anunciadas, los tres tercios de la lidia, con toros
en condiciones de fortaleza, presencia, edad y sin mutilaciones.
El Reglamento, que llegó un año después, está lleno de buenas
intenciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pido a los Senadores que están en
estos momentos hablando en tertulia interesante que lo hagan, en todo
caso, fuera, en el pasillo. Estoy simplemente pidiendo la atención al
Senador que está sustanciando una moción, que creo merece el respeto de
toda la Cámara. Les pido, señorías, su contribución a esta mínima
situación para escuchar lo que se debate aquí en la Cámara. Hay algunos
Senadores que todavía no han atendido mi petición, y pediría que lo
hicieran. Si no mantenemos este mínimo autorrespeto, de veras es muy
difícil seguir el tratamiento parlamentario.
Muchas gracias.
El señor AREVALO SANTIAGO: Se contó con la opinión de muchos interesados
en el espectáculo al elaborar este Reglamento. El Ministro del Interior
dijo entonces que había que ver cómo funcionaba y si, hecho el ensayo,
era preciso cambiarlo, se cambiaba.
Después de tres temporadas completas se puede afirmar rotundamente que el
Reglamento tiene que ser modificado, por el bien de la fiesta y por
honradez. Los públicos, los aficionados presencian día tras día corridas
desmochadas, indecorosas; unos gritan en la plaza, otros lo denuncian en
las tertulias, en los medios de comunicación; todos se desesperan. Las
organizaciones de aficionados, federaciones, asociaciones, claman contra
el fraude. Las uniones de abonados taurinos han propuesto recientemente
un rearme ético para la defensa del espectáculo taurino, y advierten que
la fiesta está en un proceso de creciente degradación.
Con esta moción, señorías, pretendemos corregir inmediatamente lo más
necesario; otros aspectos podrían ser también modificados. Animamos al
Gobierno, al Ministerio de Justicia e Interior a que estudie, por
ejemplo, todo lo que pueda influir en la raza del toro de lidia, su
capacidad, condiciones de fortaleza, requisitos para indultar al toro en
la plaza, etcétera, así como conseguir que los registros establecidos en
la ley sirvan para su fines. También podían modificar la actual
composición de la Comisión Consultiva Nacional Taurina.
Ahora bien, no es lícito ampararse en el Reglamento para justificar el
fraude. Son los autores del fraude los únicos culpables; han abusado de
preceptos que aspiraban a proteger a los que tienen intereses en la
fiesta. En otras ocasiones he dicho que si los ganaderos, empresarios y
toreros firmaran solemnemente un compromiso para erradicar el fraude se
acabaría. ¿Por qué no lo hacen?
En la moción proponemos que se suprima el artículo 49 del Reglamento, el
cual autoriza a los ganaderos a arreglar las defensas de los toros
deterioradas por accidente. Era una novedad que ha fracasado. A su
imprecisión se sumó la ineficacia y, sobre todo, el peligro de ser
utilizado con fines no lícitos. Además, era una contradicción que el
cuidado que se pone para no lidiar reses con lesiones visibles desaparece
cuando las astas han sido recortadas con todas las bendiciones. En todo
caso, si de una astilla se trata, desaparecerá por la misma acción del
animal y, si el pitón resulta seriamente dañado, no tiene arreglo y ese
toro puede ser dedicado a otros festejos: rejones o festivales. Por lo
tanto, se suprimirá el artículo 49 del Reglamento.
Otro de los artículos más rechazados por público y crítica es el artículo
59, según el cual el ganadero decide el destino del toro que en el
reconocimiento ha sido declarado sospechoso de defensas manipuladas. Si
el ganadero dice que se lidie, se lidia, sometiéndose al análisis «post
mortem», pero puede que nada haya para analizar entonces, al haber
desaparecido en algún derrote inoportuno lo poco de pitón que quedaba.
Suprimiremos, por tanto, el artículo 59, y se elimina así la duda sobre
qué astas pueden ser sometidas a análisis: en adelante, todas las que
estimen oportuno los veterinarios.
Es obligado modificar también otros artículos que están en relación con
la desaparición de estos dos, el 57, el 60, etcétera. Tanto en éstos como
en todas las normas sobre reconocimientos deberá vincularse en adelante
la decisión presidencial al informe veterinario, que es garantía de
rigor. Esta mayor responsabilidad obligará a los veterinarios a cuidar
muchísimo sus informes y apreciaciones, y estoy seguro de que así
sucederá.
El sistema de análisis «post mortem» actual favorece la impunidad. Hay
que llegar siempre al examen histológico de las astas, y no detenerse en
el biométrico. Esto para garantía del resultado del análisis.
Resumo, señorías. Primero, la temporada taurina de 1995 deberá contar con
las modificaciones reglamentarias expuestas, que, por tanto, tienen que
estar aprobadas por decreto a lo más tardar en el mes de febrero de 1995.
Segundo, se suprimirán los artículos 49 y 59 del Reglamento de
Espectáculos Taurinos de 28 de febrero de 1992. Para su efectividad, la
autoridad gubernativa deberá evitar desde ahora la concesión de las
autorizaciones previstas en el artículo 49. Tercero, se modificarán
aquellos artículos que se vean afectados por la desaparición de los
citados. Cuarto, se modificarán los artículos necesarios para vincular la
decisión presidencial al informe veterinario en los reconocimientos.
Quinto, el análisis de las astas no tiene que ser restrictivo; se hará
siempre que se estime oportuno y llegará hasta el examen histológico.
Con estos cinco puntos he resumido la moción, exhortando finalmente a las
Administraciones públicas encargadas de estos espectáculos en cada
territorio a que vigilen el correcto cumplimiento de la modificación
reglamentaria expuesta para evitar fraudes.
Señorías, sé que esta moción, si, como espero, es aprobada, va a ser muy
bien acogida por los aficionados, por los críticos y comentaristas
taurinos que defienden la fiesta. También sé que esta moción ayudará a
los profesionales, desde luego a los ganaderos, que estén dispuestos a
cumplir con sus obligaciones y estén dispuestos a ofrecer cada tarde el
cumplimiento de todos aquellos preceptos reglamentarios y todo aquello
que se ofrece en cada corrida.
Esta moción pretende que la fiesta de los toros sea siempre que se
celebre un acontecimiento, es decir, la singularidad de lo bello sin
reducciones, sin falsedades, que la fiesta de los toros pueda ser siempre
respetada y no vituperada porque ella misma lo falsea.
Muchas gracias.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.) (Varios señores Senadores:
¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. (Pausa.) No hay turno en contra.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Cervera
Soto.
El señor CERVERA SOTO: Señor Presidente, señorías, tal y como ha sido
enunciado por el mocionante, se trata en este acto de instar al Gobierno
a que modifique los artículos 49 y 59 del actual Reglamento taurino, en
el tenor de eliminar una serie de facultades que ahora mismo están
concedidas a los ganaderos para la lidia de determinados toros.
En efecto, el artículo 49 establece la posibilidad de que los ganaderos,
previa autorización del Gobierno y de acuerdo con una metodología que ese
mismo artículo prevé, puedan arreglar las defensas de las reses que se
hubieran deteriorado accidentalmente.
El otro precepto citado, el artículo 59, faculta al ganadero cuya res
fuera rechazada por presentar síntomas de manipulación no autorizada para
elegir entre sustituirla por otra o exigir su lidia, sin menoscabo de la
responsabilidad en que pudiera incurrir.
Sin perjuicio de los aciertos del Reglamento del año 1992, por lo que
tenía de superación de una situación totalmente desfasada y anacrónica,
ya en su momento su publicación generó numerosas críticas. Precisamente,
dos de los aspectos más conflictivos fueron los dos preceptos contenidos
en los artículos 49 y 59 que ahora se pretende eliminar. El contenido de
ambos artículos, a nuestro entender, contradecía entonces la propia
exposición de motivos del Reglamento, que afirmaba como fin irrenunciable
del mismo la articulación de las medidas precisas para asegurar la
integridad del toro, su sanidad y bravura y la intangibilidad de sus
defensas. Esa finalidad, como era lógico, venía emanada de la Ley 10/91,
que también ha sido citada por el mocionante. A nuestro entender, no
tenían sentido entonces en el articulado del Reglamento estos dos
preceptos que ahora se intenta derogar, de la misma manera que no tiene
sentido el que, pese a los razonados argumentos que en su día se
esgrimieron para rechazarlos, por facilitar, como se entendió
genéricamente, el fraude y su indeterminación, fundamentalmente, haya
sido preciso esperar tres años para que el Grupo Parlamentario Socialista
se diera cuenta de aquel error.
Nuestra postura entonces y nuestra postura ahora respecto del artículo 49
era que ese artículo no determinaba qué tipo de accidentes han de sufrir
las reses, o cómo de graves han de ser los deterioros para que esas
defensas puedan posteriormente, y de acuerdo con la autoridad
gubernativa, ser arregladas, que además esa indeterminación permitía
hacer pasar por deterioros accidentales de las defensas de las reses lo
que en realidad podrían ser manipulaciones no autorizadas, y también que
de igual modo pudiera existir fraude una vez obtenida la autorización de
arreglo de unas astas deterioradas de esta manera.
En cuanto al artículo 59, entonces argumentamos, y ahora volvemos a
hacerlo, que su presencia en la reglamentación taurina permitía la lidia
de una res que había sido rechazada en un reconocimiento facultativo, en
un reconocimiento veterinario, sin perjuicio de que posteriormente este
hecho fuera soslayado por la imposición de una sanción. Constituía, en
nuestra opinión, antes, y sigue constituyendo ahora, una dejación de
facultades por parte de la autoridad gubernativa, que entendíamos
necesaria a la hora de celebrar la fiesta nacional.
Por tanto, estaba suficientemente justificada su no inclusión en el
Reglamento original, pero encontramos que las razones que motivaban el
que no hubieran tenido presencia estos artículos en el Reglamento son las
mismas antes que ahora. Las razones que motivan la solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista que debatimos en esta sesión ya existían en el
momento en que se aprobó el Reglamento, y por tanto se han mantenido esos
artículos innecesariamente durante cerca de tres años en una regulación
que, tal y como ha dicho el mocionante, facilitaba el fraude y que, por
ese mismo motivo, había sido criticada desde su nacimiento.
En estos momentos, en el día de hoy, ni por el Ministerio ni por su
señoría, señor Arévalo, se añaden nuevos elementos de juicio que las
mismas opiniones que se pudieron esgrimir entonces, y encontramos en esta
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista un nuevo ejemplo del acierto
como rectificación de actos políticos pretéritos.
En cualquier caso, seremos coherentes con las posturas que mantuvimos
entonces y que ahora vamos a volver a defender, pero queremos también
hacer una llamada sobre otras situaciones y otros aspectos contenidos en
el Reglamento que tienen que ser también interesantes a la hora de
valorar lo que ese Reglamento ha dado de sí.
En primer lugar, como conocen sus señorías, el Reglamento manifestaba en
su disposición transitoria segunda la obligación del propio Ministerio
hacia sí mismo de encargar y elaborar durante dos temporadas un ambicioso
estudio que, en primer lugar, investigara, desde el punto de vista
veterinario, las posibles diferencias entre los distintos encastes de las
ganaderías en cuanto a sus astas, lógicamente; en segundo lugar,
establecería una serie de parámetros estandarizados y los referiría a
esas diferencias que se pueden encontrar en los encastes y, por último,
abordaría
nuevas técnicas para detectar posibles manipulaciones fraudulentas de las
astas.
Hasta el momento, son cuatro los principales métodos para determinar si
un asta ha sido o no manipulada: el estudio de su cutícula externa, el
estudio biométrico del asta del toro, el estudio de la línea alba y
también determinaciones histológicas que pueden ayudar a determinar si
ese asta ha sido fraudulentamente manipulada. Sin embargo, estas cuatro
técnicas veterinarias son tan defendidas por unos como cuestionadas por
otros. Se suponía que ese elemento, obligándose el Ministerio a sí mismo
a través del Reglamento, este estudio general y bien sopesado respecto de
la realidad de la manipulación de las astas y de la realidad también de
las distintas ganaderías, debería haber servido, en primer lugar, para
acallar una de las principales polémicas de la fiesta nacional en nuestro
país y, en segundo lugar, para poder ilustrar con datos y con opiniones
constatadas a través de estudios serios y sopesados propuestas como las
que hoy nos trae el Grupo Socialista para eliminar determinadas
cuestiones contenidas en el Reglamento.
El señor Arévalo se refería a la impunidad que puede existir en ciertos
ámbitos de la fiesta nacional respecto de las manipulaciones fraudulentas
de las astas y hay que decir desde esta tribuna al mocionante que la
impunidad a que su señoría aludía no se ha atajado por un mecanismo
riguroso, que, además, estaba reglamentariamente previsto.
Además de este estudio, que, como digo, no se ha realizado por parte del
Ministerio en los últimos dos años, tenemos que referirnos también a la
situación que se ha creado en la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, que en su más común acepción se conoce por su acrónimo
Coconata. La Comisión Consultiva Nacional lleva prácticamente más de un
año sin reunirse, cuando también existían obligaciones reglamentarias de
que se rigiera por un régimen de sesiones permanente y participado por
todas las entidades que en ella están representadas. La Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, la Coconata, como digo, no se ha
reunido desde hace más de un año, y entendemos que este también es un
defecto de desarrollo reglamentario, de manera negligente, por parte del
Ministerio del Interior.
De la misma manera que no se ha reunido esta Comisión, tampoco se han
abordado en los últimos tiempos una serie de líneas de colaboración con
las Comunidades Autónomas que habían sido iniciadas en cuanto a su
enunciación hace año y medio o dos años, a la entrada en vigor de este
Reglamento, y que han sido abortadas por la desatención que ha tenido la
situación del mundo del toro y del desarrollo del Reglamento taurino en
este tiempo.
Queremos manifestar desde esta tribuna que la crisis ministerial que
viene sufriendo el Ministerio del Interior desde hace prácticamente dos
años, con tres ministros en dos ejercicios, también está afectando al
mundo de los toros. Me refería antes a dos importantes negligencias en
cuanto a la aplicación del Reglamento, el estudio que se tenía que
realizar en colaboración con las universidades respecto de las astas de
los toros y también el propio funcionamiento de la Comisión Consultiva
Nacional, pero lo más grave posiblemente sea que no conocemos a estas
alturas una sola palabra del actual titular del Ministerio respecto de
qué líneas quiere tener para su gestión en el orden de la fiesta
nacional. No conocemos una sola palabra del señor Belloch respecto de lo
que entiende, en su orden de competencias, por fiesta nacional, pero sí
conocemos, sin embargo, como antes decía, las consecuencias que estamos
padeciendo por las sucesivas inestabilidades que se sufren en el
Ministerio del Interior y que acarrean consecuencias como las que antes
me permitía enunciar.
Quiero terminar esta intervención diciendo que, a falta de otras
coherencias en el Grupo Socialista y en el Gobierno respecto de
desarrollos reglamentarios, que no solamente tienen que atajarse en la
medida en que se pueda culpabilizar a determinados sectores de estos
tipos de fraudes que se pueden determinar por manipulación de las astas,
nosotros sí debemos mantener, a pesar de estas situaciones que entendemos
peyorativas hacia la propuesta del Grupo Socialista, una coherencia a la
hora de emitir una votación. Sin embargo, no queremos en ningún caso que
se entienda esta votación como un deseo nuestro de culpar a ninguno de
los sectores de la fiesta, ni mucho menos al sector ganadero, de lo que
pueda estar ocurriendo en los últimos años respecto de la manipulación de
las astas. A nuestro entender, el tema del fraude en el afeitado de los
toros no es única y exclusivamente una cuestión que afecte a los
ganaderos y, por tanto, creemos que es insuficiente esta propuesta que se
nos hace desde el Grupo Socialista, porque únicamente trata de mermar las
competencias que estaban ya otorgadas exclusivamente al ámbito de los
ganaderos en el Reglamento taurino vigente, por lo que creemos que hay
que hacer una consideración mucho más general, exhaustiva y completa en
cuanto a las reales causas y a los reales implicados en el problema del
afeitado de los toros.
Por tanto, señorías, reitero que vamos a hacer un acto de coherencia
votando ahora lo mismo que hubiéramos votado hace tres o cuatro años a la
hora de elaborar la ley y el Reglamento taurino, si nosotros hubiésemos
tenido esa responsabilidad, a falta, como digo, de otras consideraciones
de coherencia en el Gobierno Socialista en los órdenes taurinos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cervera
Soto.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Diré unas breves palabras para agradecer al portavoz del Grupo Popular el
anuncio de su voto favorable a la moción, así como a los demás grupos la
actitud que adopten en el momento de la votación.
Denunciamos un hecho fraudulento y quien lo comete deberá ser,
naturalmente, sancionado. Pero el hecho que
denunciamos con esta moción es público y notorio, que tiene pruebas a lo
largo de los tres años transcurridos. Si estos artículos no eran
correctos a juicio de muchos aficionados cuando en su día fue aprobado el
Reglamento, tenemos que reconocer que ha existido la prudencia de
probarlos y darnos cuenta de que era necesario suprimirlos, como hoy se
hace con esta moción.
Espero que los ganaderos, en primer lugar, pero también todos los
sectores que forman parte de la fiesta de los toros, organizadores,
toreros, etcétera, consideren esta iniciativa defensora de la fiesta y,
por tanto, la apliquen rigurosamente. En ello va el futuro de los
espectáculos taurinos y va también el reconocimiento a los millones de
espectadores que acuden a las plazas de toros de que lo que se les está
ofreciendo cada tarde no es mentira, sino que tiene el riesgo enorme que
entraña la corrida de toros y tiene, además, la virtualidad de la
honestidad.
Coincido con su señoría en que la Comisión Consultiva Nacional no ha
tenido tampoco el resultado apetecido cuando se elaboró el Reglamento.
Por eso, me he permitido sugerir al Gobierno en mi intervención que se
modifique esa Comisión y se haga auténticamente representativa de los
aficionados, porque a ella acuden muchos profesionales de la fiesta cuyos
intereses en muchas ocasiones no coinciden con los intereses de los
aficionados. Por tanto, que se modifique.
Y quiero también decir para satisfacción de la Cámara que, igual que en
el ejercicio 1993-1994 el Senado tomó partido a favor de la fiesta de los
toros y de la erradicación de sus fraudes, esta vez también hemos hecho
una llamada de atención. Tengan la seguridad sus señorías de que con esta
moción estamos obligando al Ministerio de Justicia e Interior a tomar
ciertas medidas, pero tengan también la seguridad de que este Ministerio
se verá obligado por la Cámara para que intervenga directamente en el
bien de la fiesta de los toros, en su integridad y en su futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la
que se insta al Gobierno a que, antes de iniciarse la temporada taurina
de 1995, con conocimiento de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, proceda a modificar el Reglamento de Espectáculos Taurinos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 202; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO DE LA NACION A REMITIR, EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES, UN
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREE LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA
PREVENCION Y REPRESENTACION DE LOS MALOS TRATOS A MUJERES, CON EL FIN DE
LUCHAR EFECTIVAMENTE CONTRA ESTE TIPO DE HECHOS DELICTIVOS. (662/000109.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente moción,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se
insta al Gobierno de la nación a remitir, en el plazo máximo de tres
meses, un proyecto de ley por el que se cree la Fiscalía Especial para la
prevención y represión de los malos tratos a mujeres, con el fin de
luchar efectivamente contra este tipo de hechos delictivos.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por parte del mismo Grupo,
por lo cual se entiende incorporada al texto de la misma.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Fernández Aguilar.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el maltrato a la mujer es un asunto de interés público que
conlleva matices de especial gravedad en la sociedad de nuestro tiempo,
aunque la violencia en el ámbito privado de la familia, de la pareja o de
cualquier otro tipo de convivencia, no es un fenómeno nuevo. Nos
encontramos ante una situación social muy generalizada, sin fronteras, no
exclusiva de un grupo o clase social y que afecta a un gran número de
mujeres. Los graves problemas de índole familiar y social que se vienen
derivando de las distintas formas de violencia perpetradas contra las
mujeres, como los malos tratos físicos y psíquicos o las agresiones
sexuales en el seno de la familia, aconsejan la adopción urgente de
nuevas medidas de naturaleza legislativa, al ser todavía insuficientes
los instrumentos existentes para prevenir y erradicar esta lacra social.
Permítanme sus señorías que, inevitablemente, les facilite unas cifras
elocuentes referidas a las denuncias presentadas en las comisarías de
Policía españolas durante esta última década, que resaltan la magnitud
del problema: 1984, 16.070; 1985, 15.308; 1986, 17.039; 1987, 15.209;
1988, 15.523; 1989, 17.738; 1990, 18.406; 1991, 17.089; 1992, 16.609;
1993, 15.908, y en el período comprendido entre marzo de 1993 y marzo de
1994 las denuncias presentadas ascienden a 17.127. Las cifras, que
parecen abrumadoras, señorías, suponen, a juicio de distintos organismos
o expertos, sólo un porcentaje mínimo, establecido entre el 1 y el 10 por
ciento, ya que muchas mujeres maltratadas no denuncian los malos tratos
físicos, psíquicos o sexuales y cuando toman la decisión de formular
denuncias tardan una media de entre siete y diez años en hacerlo. La
mujer no denuncia por pánico a perder a los hijos, por miedo físico o
psíquico, porque el maltrato doméstico le conduce con frecuencia al
aislamiento social y porque, en la mayoría de los casos, depende
económicamente del agresor. Por consiguiente, las denuncias presentadas
suponen
sólo una mínima parte, la punta de un iceberg cuya magnitud real aún
desconocemos con exactitud.
Existen fuertes razones que avalan nuestra propuesta --que, sin duda,
merecerá el voto favorable de la Cámara-- para que, en el plazo máximo de
tres meses, el Gobierno de la Nación remita un proyecto de ley por el que
se cree la Fiscalía Especial para la prevención y represión de los malos
tratos a mujeres y violencia en el ámbito familiar, ya que las garantías
procesales inexcusables en un Estado democrático, la protección a la
víctima y la necesidad de una pronta respuesta al conflicto planteado
ante la justicia no son plenamente alcanzadas. Este problema requiere,
por tanto, una solución eficaz y la adopción de medidas destinadas a
solventar las dificultades que en el orden penal se plantean por la
lentitud de las actuaciones jurisdiccionales, máxime si se tienen en
cuenta los graves perjuicios sufridos por las víctimas en este tipo de
delitos. Se considera, pues, necesaria una reforma legislativa en orden a
atribuir al Ministerio Fiscal una intervención más directa en la fase
investigadora e instructora de estos procesos penales, introduciendo de
forma efectiva en los mismos el principio de celeridad procesal, ya que
todos los ciudadanos tienen derecho, por exigencia constitucional, a un
proceso sin dilaciones indebidas.
Como saben sus señorías, el artículo 124 de nuestra Constitución atribuye
al Ministerio Fiscal el carácter de órgano del Estado con competencia
para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados. Por su parte, el Estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, confiere al Ministerio Público, entre otras, la misión de
ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos o faltas u
oponerse a las ejercidas por otros, cuando proceda, así como la de
intervenir en el proceso penal instando de la autoridad judicial la
adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las
diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, pudiendo
ordenar a la Policía judicial aquellas otras que estime oportunas.
Por lo tanto, el Ministerio Fiscal encarna en nuestro sistema procesal el
papel de la promoción de la justicia en defensa de los ciudadanos. En
efecto, para que los tribunales puedan actuar se requiere que esa
actividad jurisdiccional se promueva desde una instancia ajena a los
mismos. Las función de investigación o instrucción de los hechos
delictivos en los procedimientos penales se confiere por ley al juez
instructor, a tenor de lo preceptuado en los artículos 14, 299 y 303 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, correspondiendo al Ministerio Fiscal
una tarea de control o de inspección de la actividad instructora de aquél
conforme al artículo 306 del mismo texto legal. No obstante, por la
reforma introducida por la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, de
los Juzgados de lo Penal, se ha dado una nueva redacción al artículo 781
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo nuevas funciones al
Ministerio Fiscal para impulsar y simplificar el procedimiento. Esta
reforma supone un reforzamiento específico de las funciones del
Ministerio Fiscal como cooperador activo en la instrucción para el
enjuiciamiento de los delitos en el procedimiento abreviado.
Con esta misma finalidad de reforzar el papel del Ministerio Fiscal se
han introducido dos reformas en nuestra legislación: la creación de la
Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de
drogas, por Ley de 24 de marzo de 1988, confiriendo al Ministerio Público
la intervención directa en estos procesos penales y la atribución de
nuevas funciones al Ministerio Fiscal en el procedimiento de los juzgados
de menores, regulado en la Ley Orgánica 4/1993, de 5 de junio. Este
último supuesto ha constituido una auténtica novedad en nuestro Derecho
por cuanto se le atribuye, entre otras misiones, la de dirigir la
investigación de los hechos delictivos atribuidos a los menores sujetos
al ámbito de la aplicación de la Ley.
Con la creación de esta fiscalía especial para la prevención y represión
de los malos tratos a la mujer y violencia en el entorno familiar se
trata de reforzar la posición del Ministerio Fiscal en aras de conseguir
una respuesta penal más rápida en la lucha contra este tipo de conductas.
Este reforzamiento debe ir encaminado precisamente a dotar de mayor
eficacia y celeridad al proceso penal que permita agilizar la instrucción
y el enjuiciamiento de los delitos de agresiones contra las mujeres. Esta
fiscalía especial tendría atribuidas fundamentalmente las siguientes
funciones: solicitar medidas cautelares en la separación del agresor,
tutela de los hijos y protección del ofendido; intervenir directamente en
los procesos penales relacionados con este tipo de conductas; coordinar
las actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la represión de
esta forma de violencia; ordenar la práctica de cuantas diligencias fuere
necesario para el esclarecimiento de los hechos y velar por el interés
social, asegurando el cumplimiento de las resoluciones judiciales
ejercitando una vigilancia especial en esta materia.
Señorías, esta fiscalía especial aportará una marcada sensibilidad al
tratamiento de tan espinoso problema y, dotada de un grupo especial de
policía judicial especializado y con medios y asistencia suficiente,
trasladará a la sociedad la sensación básica de que la mujer está
protegida, que el Estado la protege, que el Estado pone los medios para
superar la secular lentitud española de la Administración de Justicia en
situaciones como ésta, cuya naturaleza no admite demora porque no sólo se
trata de proteger a la mujer, sino también, por extensión, a los hijos
menores. Miren ustedes por dónde, señorías, ayer mismo una encuesta
efectuada por «Antena 3 Televisión» en el telediario de las tres ha
permitido conocer el suspenso de los españoles a la Administración de
Justicia, que tiene la imagen más desfavorable de todas las
instituciones.
La relación entre malos tratos y parricidio se ha comprobado en numerosos
casos. En 1988 se produjo en España por muerte violenta la desaparición
de 85 mujeres con antecedentes de malos tratos; según datos facilitados
por el programa «La ley del jurado», emitido la semana pasada por
Televisión Española, en 1993 fueron asesinadas 40 mujeres y van 24
mujeres asesinadas en lo que va de año. La Asociación Española de Mujeres
Separadas y Divorciadas informa que desde su creación en 1973 hasta
1990 ha atendido a 92.000 mujeres, de las que el 93,5 por ciento habían
sufrido algún tipo de malos tratos físicos o psíquicos por parte del
marido.
El problema de la violencia en la familia ha contado con el interés de
organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la
Comunidad Europea y el Parlamento Europeo, y los Gobiernos han tomado
conciencia y se han preocupado de este problema, que no sólo concierne a
la mujer y a la familia, sino a toda la sociedad. En Países Bajos, en
Puerto Rico y en Alemania existen leyes de protección a la víctima y en
el Estado de Nueva York funcionan tribunales especiales para la violencia
doméstica. El Parlamento Europeo, desde 1984, en que creó la Comisión de
la Mujer, de carácter permanente, ha sido impulsor de diversas
reflexiones, entre las que se encuentran la decisión sobre dignidad de
las mujeres en el trabajo, acoso sexual y la resolución sobre las
agresiones a la mujer. La Conferencia Mundial para el examen y evaluación
de los logros del decenio de las Naciones Unidas para la mujer, celebrada
en 1986, consideró que la violencia dirigida contra uno de los sexos va
en aumento en la mayoría de los países y que, en consecuencia, los
Gobiernos deben intensificar los esfuerzos para establecer o reforzar
formas de asistencia a las víctimas de dicha violencia proporcionándoles
albergue, apoyo, ayuda jurídica y otros servicios. La Resolución del
Parlamento Europeo de 11 de junio de 1986, sobre las agresiones a la
mujer, y ante la evidencia de que este problema social está tomando unas
formas sumamente críticas y graves, pide a las autoridades nacionales una
mayor cooperación entre la policía, la justicia, médicos, psicólogos,
autoridades y organismos voluntarios que traten con las víctimas de tales
ataques y que se tracen directivas conjuntas para la elaboración de
medidas de apoyo adecuadas.
Este Senado, el día 12 de mayo de 1989, durante la III Legislatura,
aprobó un informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo
y de los Derechos Humanos encargada del estudio de la mujer maltratada y
formuló 24 recomendaciones al Poder Ejecutivo, entre las que se encuentra
una contenida en el apartado 3, párrafo 2, que perfila de forma muy
parecida nuestra propuesta de fiscalía especial diciendo lo siguiente: El
Ministerio Fiscal, en su nuevo papel de impulsar y simplificar la
tramitación del procedimiento, sin norma de la interdicción de
indefensión, extreme el cuidado en la investigación, por sí mismo o a
través de la Policía Judicial, de los hechos que puedan ser constitutivos
de delito o falta de lesiones por malos tratos.
Cáritas Española viene denunciando reiteradamente los condicionamientos
sociales de la mujer maltratada, la falta de información sobre sus
derechos, la dependencia económica, el temor a interponer denuncias, la
inexperiencia, el miedo a enfrentarse sola a la vida, su no aceptación
del fracaso matrimonial y el deseo de mantener la relación hasta límites
insoportables. De igual forma, Cáritas señala que la violencia sobre los
niños en el seno familiar, conviviendo con un padre maltratador, hace que
sufran grandes trastornos psicológicos en su desarrollo que les
producirán graves alteraciones motoras, psíquicas y físicas.
Hace menos de un mes, en Palma de Mallorca, los días 21, 22 y 23 de
octubre, se ha celebrado el VII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas.
Este Congreso ha elaborado una importante conclusión --que el Grupo
Parlamentario Popular hace suya-- que precisa que la violencia doméstica
no pertenece al ámbito jurídico privado. Es una evidente violación de
derechos, un delito contra la libertad y la dignidad de la persona. Debe
tratarse en el ámbito de las relaciones sociales y exige una respuesta
jurídica y una respuesta político-social. El Grupo Parlamentario Popular
hace suyas la mayoría de las resoluciones adoptadas en este VIII Congreso
de Mujeres Abogadas, y especialmente las contenidas en la Ponencia
Violencia en la Familia y Evolución de las Instituciones Sociales e
incluidas en medidas jurídicas, institucionales y socioeconómicas, y
especialmente nos congratulamos de coincidir plenamente, al cien por
cien, con su alternativa de una destacada búsqueda de erradicación de la
violencia doméstica en la creación de la figura del fiscal especial con
dedicación exclusiva para la intervención y el seguimiento de todos los
asuntos relativos a la violencia en el ámbito familiar. Este texto se
ajusta fielmente a la propuesta de acuerdo que contiene esta moción y que
conocen sus señorías.
Señor Presidente, señorías, agoto los dieciocho segundos que me quedan.
Ante el cúmulo de razonamientos expuestos, la significación de los
organismos e instituciones que coinciden con esta propuesta, la gravedad
que alcanza el problema, la inquietud y daño que ocasiona a los
ciudadanos afectados, tenemos la justificada presunción de que sus
señorías van a otorgarle su voto favorable.
Muchas gracias anticipadas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Aguilar.
¿Desean hacer uso de la palabra en turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Desea intervenir el representante del Grupo Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso
Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero anunciar que nuestro Grupo se va a abstener a la hora de
votar este tema, en primer lugar, porque estamos de acuerdo con el fondo
del asunto planteado por el Senador Fernández Aguilar, quien está
demostrando una sensibilidad enorme en un tema tan sangrante. A fin de
cuentas, lo que el Senador pide es una mayor celeridad y una mayor
eficacia para prevenir este tipo de delitos, es decir, que haya más
represión para lograr una mayor prevención en un tema como éste. Desde
ese punto de vista, compartimos todo lo que el Senador Fernández Aguilar
ha indicado sobre el fondo del asunto, pero lo que ya no tenemos tan
claro es que la solución sea la de la creación de una fiscalía especial.
Nosotros entendemos que las fiscalías especiales deben ser creadas para
delitos complejos o bien para que se estudien las medidas a adoptar para
prevención y represión de temas relacionados con droga, terrorismo o
delitos monetarios, pero este tipo de delitos a que nos estamos
refiriendo, aunque por desgracia van en aumento, en nuestra opinión no
tienen la entidad que se requiere para que sean tratados por una fiscalía
especial. No obstante, tampoco nos atrevemos a decir que no sea ésa la
solución. Tenemos dudas al respecto.
Por tanto, nos vamos a abstener en la votación, indicando claramente que
suscribimos el fondo de la cuestión planteada tan brillantemente por el
Senador Fernández Aguilar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el
Senador Caballero Lasquíbar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy
breve.
Señorías, quiero manifestar que consideramos de sumo interés la moción
que hoy nos presenta el Grupo Popular en orden a la creación de esta
fiscalía especial.
Tomando en consideración los datos que últimamente hemos manejado,
relativos a este tipo de delitos, hemos de decir que, si bien es cierto
que en términos cuantitativos no es espectacular el incremento de las
denuncias habidas, al menos en el País Vasco, sin embargo sí existen
datos de demanda de asistencia ante los diferentes servicios específicos
creados para las mujeres que nos indican que los supuestos reales de
mujeres y menores que sufren estas situaciones de violencia son
considerablemente superiores a los denunciados.
Consideramos que la violencia doméstica sigue siendo una de las
agresiones más frecuentes y, por desgracia, más ocultas en nuestra
sociedad. Asimismo, siguen existiendo factores sociales que propician la
persistencia de este tipo de violencia.
Entendemos que, además de un análisis de los factores que determinan la
falta de denuncias a que hemos hecho referencia, es necesaria la
actuación de un organismo específico en esta materia. Y en este punto
hemos de recordar la iniciativa que en materia de policía se realizó en
este mismo sentido, iniciativa que merece tener correspondencia en la
instancia judicial ya que las razones que motivaron aquella decisión son
las mismas que avalan la que hoy pretende el Grupo Popular con la
creación de la fiscalía especial.
Por todo ello, en la convicción de que toda iniciativa que sirva para
prevenir esta lacra ha de ser considerada, y en la confianza de que esta
medida contribuirá a sacar a la luz más situaciones de violencia, vamos a
votar afirmativamente esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador don
Albert Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, y para
sentar el criterio del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quiero
ante todo explicar a la Cámara el íter que me lleva a manifestar mi voto
en contra. Lo siento. (Dirigiéndose a los escaños de la derecha.) Mi
Coalición me ha dado absoluta libertad para pronunciarme al respecto. El
Institut Català de la Dona, del Departament de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, me remite informe en el que se concluye lo siguiente: No
hay argumento en contra para la creación de una fiscalía especial sobre
el maltrato a la mujer, siempre y cuando se suprima del texto todo lo que
hace referencia a la preservación y la prevención, etcétera, y me hacen
esta advertencia porque la prevención, información, etcétera,
corresponden, en el caso de Cataluña, a la Generalitat.
A pesar de ello, a pesar de que tenía la puerta abierta a decir que sí, y
asumiendo mi responsabilidad política, mantendré el criterio negativo a
la moción por considerarla electoralista, poco seria y sin fundamento a
su oportunidad y conveniencia.
La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código
Penal, constituye un paso adelante en la persecución y castigo del
maltrato. Tipifica el nuevo texto como delito el maltrato y agresión de
cónyuge, compañero, así como de hijos, si se produce con habitualidad,
superando así el anterior tratamiento de la simple falta, de una dudosa
sanción penal. Son los artículos 425 y 582 los que se refieren de modo
específico al maltrato doméstico.
La moción pretende la creación de una fiscalía especial para un hecho que
no puede considerarse especial. Así, consideramos con suficiente entidad
específica que se cree una fiscalía, por ejemplo, para medio ambiente y
para menores.
Ruego al Senador que defiende la moción, mi buen amigo, que me explique
dos circunstancias que no se desprenden del texto. La primera se refiere
al organigrama, al ámbito de actuación y a la presencia de la fiscalía
especial, es decir, si va a haber un fiscal especial en cada Audiencia
Provincial o va a existir uno de la Fiscalía General del Estado que
coordine esta materia, como me ha parecido entender de su explicación en
esta sala. La segunda es relativa al coste económico. Me parece que su
señoría, por mor de su bondad de espíritu, nos hace ver que este asunto
tiene un coste muy barato.
Creemos que el problema del maltrato doméstico tiene otras vías de
solución que difieren de la que es objeto de la moción. Parece que uno de
los elementos que minimiza y oculta la verdadera dimensión del problema
es la falta de denuncia debido a que, en ocasiones, las comisarías de
Policía eran poco receptivas a ésta y carecían de la debida sensibilidad
social. Detectado el problema, se han creado varias experiencias piloto
de comisarías o departamentos especiales servidos por mujeres policías
que atienden este tipo de hechos delictivos, y por esa vía es por donde
puede darse solución al problema.
Pero hay más. Analícese el Estatuto del Ministerio Fiscal --Ley de 24 de
marzo de 1988, y la anterior, de 30 de diciembre de 1981-- y se verá que
no es necesaria la creación de una fiscalía especial, ya que el Fiscal
General del Estado, sin necesidad de gravar más los presupuestos
maltrechos del Estado, puede remitir una instrucción --y el señor
Ruiz-Gallardón, por su formación profesional, nos lo podría aclarar-- a
las Fiscalías de las Audiencias Provinciales incitando a los fiscales a
mantener un especial cuidado en las denuncias y procedimientos de los que
se desprenda maltrato doméstico. El artículo 124 de la Constitución
establece como funciones --que su señoría ha leído-- del Ministerio
Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley,
de oficio, o a petición de los interesados. El párrafo segundo sienta el
principio de la dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal, y de ahí mi
referencia a la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado pueda
remitir una instrucción que, sin el coste económico que su moción
representa, pueda incitar especialmente a los fiscales a preocuparse por
este tema.
En este sentido, en la Fiscalía ya existe una especial preocupación por
este problema. Decía a sus señorías que el tratamiento penal del maltrato
doméstico viene siendo contemplado en el Código Penal como una falta, y
la presencia del fiscal en los juicios de faltas es potestativa y
sometida a su criterio. Pues bien, las fiscalías asisten siempre a este
tipo de juicios, y supongo que debe ser por el mandato legal al
Ministerio Fiscal de atender a los menores, por lo que su presencia,
aunque potestativa, se produce de modo invariable en ese tipo de
procedimientos.
Recuerdo a mi buen amigo, el senador que defiende esta moción, nuestra
controversia en el momento en que el Grupo Popular pidió la creación de
un fondo para adelantar pensiones alimenticias en casos de separación y
divorcio. Mi contestación, que suscribo íntegramente en este momento --a
pesar de la pitada que merecí de sus señorías--, fue que, por razones
presupuestarias, no podíamos dar nuestro voto favorable. Pero sugerí
--espero que lo recuerde-- que por el Ministerio Fiscal y por mor de lo
dispuesto en el artículo 487, bis, del Código Penal, se acentuase el celo
en la investigación y la persecución y la sanción que el ilícito penal
requiere. Y no pedía una fiscalía especial, porque no es lo que procede.
A este respecto, la falta de denuncia a la que alude el redactado de la
moción no se resuelve con una fiscalía especial porque, evidentemente, si
no llega a conocimiento de la autoridad el hecho delictivo, por mucho que
haya una fiscalía especial nunca se podrá perseguir y sancionar.
Por tanto, entendemos que el problema que su señoría denuncia en su
moción se ataca mediante una información y educación, una formación de
los profesionales que atienden a las mujeres maltratadas y la creación de
recursos asistenciales. La prevención no es una competencia de la
Fiscalía, sino de los organismos ejecutivos con competencia en el tema;
en Cataluña, del Institut Català de la Dona, del Departamento de
Justicia.
Lo que más me ha gustado de su moción es la referencia a la lentitud del
proceso, que por la intervención del Ministerio Fiscal parece que puede
eliminarse. Al oírlo, señoría, se me ha escapado una mueca entre sonrisa
amarga y de desesperación. Mociones acerca de sacudir, no ya la lentitud,
sino el colapso de la justicia son las que convienen y en las que me
tendrá siempre a su lado. Solicítese, pues, del gobierno la creación de
más juzgados de familia, cuyos titulares podrán atender la situación que
la moción denuncia. Pero su referencia al procedimiento abreviado, al
juzgado de lo penal, al papel cooperador activo del Ministerio Fiscal no
deja de ser una realidad que sólo existe sobre el papel, ya que de
momento no ha contribuido a evitar o acabar con el colapso de la
justicia.
Finalizo, Senador Fernández Aguilar --mi buen amigo--, diciendo que estoy
de acuerdo con la necesidad de tratar con urgencia la problemática
derivada de la violencia doméstica, ya que no soy insensible a este
problema, pero no estoy de acuerdo con la solución que el Grupo Popular
propone para atajarlo. Perdóneme si le digo que su moción es
electoralista. El Grupo Popular no tiene la exclusiva en la preocupación
por este asunto y no puede capitalizarlo. Su grupo siempre tendrá nuestro
apoyo para soluciones viables, adecuadas y que sean ajustadas a Derecho y
a la oportunidad política; en el caso de esta iniciativa, lo siento, pero
no será así.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallvé i
Navarro.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Abad.
El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a debate a esta Cámara, en
la persona de don Adolfo Fernández Aguilar, un tema de máximo interés
para todos los grupos, como han manifestado sus portavoces. Se trata de
un problema tremendamente complejo --como después trataré de explicar--
del que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado piensa que de
ninguna manera se resolvería con algo tan sencillo como la creación de
una fiscalía especial. Si así fuera, nosotros hubiéramos planteado su
votación favorable, porque habríamos entendido, como ha dicho algún otro
portavoz --aunque usted no lo ha explicado--, que con esta medida tan
sencilla y concreta podríamos llegar a resolver este problema.
Fíjense sus señorías en que estamos hablando, ni más ni menos, de que la
vulneración del artículo 15 de la Constitución, de esa consagración del
derecho a la vida y a la integridad física y moral, como ha explicado el
Senador del Grupo Parlamentario Popular, está creando los más graves
problemas por delitos contra la libertad sexual y la libertad
convivencial de la mujer. Y en su propuesta se hace referencia a la
persecución del delito y a su prevención, pero desde el Grupo Socialista
creemos que es un absoluto error pensar que la prevención puede enfocarse
y resolverse con una medida tan concreta como es la fiscalía especial.
Como han dicho su señoría y el resto de los portavoces, en cualquiera de
los informes a que hagamos referencia y
que analicemos respecto de la situación social de las mujeres maltratadas
--y voy a referirme expresamente al quinto informe sociológico sobre la
situación social en España, Foesa 1994, donde en un apartado específico
se habla de lo referente a los malos tratos a la mujer-- se puede
comprobar clarísimamente que no estamos --como dice el Grupo Popular--,
ni mucho menos, ante un problema fundamentalmente consolidado en la
lentitud de la justicia. Por tanto, con independencia de la oportunidad
de las propuestas que se quieran hacer en esta Cámara, creo que,
lamentablemente para todos los que nos sentamos aquí y para los
ciudadanos en general, el problema de los delitos contra la libertad
sexual y la libertad convivencial de la mujer nada tiene que ver con la
lentitud de la justicia.
En primer lugar, estamos ante un problema de información, educativo y
formativo y, por qué no decirlo, también ante un problema de la sociedad
en su conjunto. No olviden sus señorías que no hace muchos años este
problema tenía, en primer lugar, un tratamiento jurídico-técnico muy
distinto en el Código Penal y, lo que es mucho más grave, se consideraba
por parte de los ciudadanos españoles de forma sustancialmente distinta a
la actual. Algunos de sus señorías recordarán cómo al final de la
dictadura y al inicio de la etapa democrática muchos hechos que hoy están
tipificados como delito en el Código Penal eran considerados incluso como
una broma cuando se trataba en los cuarteles de la Guardia Civil o en las
comisarías de Policía.
Por tanto, y para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista
--y le agradezco a don Adolfo Fernández Aguilar la sinceridad de haber
planteado que esta moción llega a esta Cámara fundamentalmente como
consecuencia de las recientes resoluciones del Congreso de mujeres
letradas que se ha celebrado en Palma de Mallorca--, por el análisis que
se hace de este problema en los antecedentes de su moción, y aunque estoy
de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha expresado --y creo que
los propios medios de comunicación siguen insistiendo en el análisis que
usted ha hecho--, creo sinceramente que algunas propuestas todavía pueden
mejorar la situación. Y a ellas me voy a referir para conseguir todavía
dos cosas: o que su señoría retire la propuesta, o llegar a una nueva
transaccional que modifique sustancialmente su moción, porque, si no, le
anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista votaría en contra.
En primer lugar, habría que resaltar que han sido fundamentales las
modificaciones que la Ley Orgánica 3/1989 ha introducido en el Código
Penal sobre el tratamiento de la violencia contra la mujer en España.
Esas medidas, como las que se planteen cuando se produzca el debate en
esta Cámara del nuevo Código Penal que, como sabe su señoría, va a
tipificar y regular de forma específica estos delitos en el artículo 153,
sí que serán medidas que mejorarán la situación de este colectivo, que en
este momento se encuentra en una situación tremendamente difícil.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista está más de acuerdo con
medidas que tengan que ver con el Código Penal que con propuestas que se
refieran a la reestructuración o modificación del Ministerio Fiscal por
razones que después le explicaré.
En segundo lugar, no quiero ocultar, porque lo han dicho todos los
portavoces y creo que en este tema es un aspecto fundamental que no
solamente afecta a las mujeres sino a todos los ciudadanos españoles, lo
que se llama criminológicamente la cifra negra de la criminalidad y, en
concreto, cuál es la incidencia real sobre las denuncias que existen
sobre este tema y los supuestos o hechos reales que ocurren en la
realidad.
Quizá --y yo lo sé por reuniones directas y personales con la Asociación
de Mujeres Maltratadas-- nos encontramos, sin lugar a dudas, con una
parte de la cifra negra de criminalidad más importante no solamente, como
decía el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por razones cuantitativas, sino por razones
cualitativas, con uno de los supuestos en los que se producen más hechos
y menos denuncias.
Señorías, creo, con toda sinceridad, que esto no se resuelve nuevamente
con soluciones que tengan que ver con la creación de una nueva fiscalía;
que desde el Ministerio de Justicia e Interior --y lo digo con toda
claridad y convencimiento--, desde muchas instituciones, los
ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, se han tomado muchas medidas,
se han creado muchísimos organismos, se han creado muchísimas
instituciones, sea cual sea el color que gobierne en ellas, que han
mejorado la situación real y objetiva de la mujer cuando se encuentra en
el drama de estar sujeta a malos tratos, de estar sujeta a la limitación
de su libertad más elemental en su convivencia cotidiana.
Por eso, creo que hay que resaltar todos esos cambios de actitud que se
han producido en las Administraciones, en los Cuerpos de Seguridad del
Estado, en las propias policías y miembros de la Guardia Civil, policías
municipales y policías autonómicas cuando reciben a una mujer que ha
sufrido esta vulneración de los derechos. Creo, sinceramente, que no ha
sido tan importante la evolución del problema en el período 1983-1993,
yo, por lo menos, he estudiado y he analizado los datos, como el que sí
que haya tenido una incidencia tremendamente positiva en la mejora de
esta situación --y hay que decirlo también aquí--, la creación de
muchísimas asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que están
colaborando con estas instituciones y con esas administraciones para
mejorar la atención y el cuidado de estas mujeres que se encuentran en
una situación de máxima dificultad y de máximo riesgo.
Por lo tanto, señoría, no es un problema, como usted dice en la
introducción de su moción, de lentitud de la justicia, no es un problema
que afecte a cómo tramita y a cómo desarrolla la Administración de
Justicia los expedientes sobre las denuncias que llegan, estamos ante un
problema bastante más complejo donde todavía sigue siendo la
sensibilización de la ciudadanía la que incide más notablemente para que
todos los ciudadanos cooperemos de forma solidaria con esas familias, con
esas mujeres que se ven afectadas por este problema.
Como usted muy bien decía, señor Fernández Aguilar, y lo han dicho el
resto de los portavoces, creo también que las organizaciones
internacionales, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, el Parlamento
Europeo, están apoyando clarísimamente esa tesis, porque están pidiendo
esa
coordinación, esa puesta en escena de todos los medios que existen para
que cada vez más las Administraciones, los responsables públicos, los
responsables de la gestión de la cosa pública permitan que se cumplan los
preceptos constitucionales, especialmente los del artículo 15 al que
hacía referencia.
Pero, entrando en el final del planteamiento, creo, sinceramente, que el
Grupo Parlamentario Popular cuando plantea esta moción y cuando plantea,
debido a la lentitud de la justicia, la necesidad de la creación de una
fiscalía, ni siquiera está desarrollando lo que ha sido hasta ahora la
experiencia de la creación de otras fiscalías especiales. Creo que es
malo que pensemos que cada tipo de delito, porque tenga una dificultad o
una incidencia especial en la sociedad, tenga que tener una fiscalía
especial. Esa no es una de las razones que motivaron la creación de la
Fiscalía Especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de
drogas, ni aquellos otros, ni los argumentos que van a hacer que en esta
misma Cámara debatamos la creación de la Fiscalía Especial de delitos
económicos relacionados con la corrupción.
Señorías, creo, sinceramente, que estamos ante un problema, como han
explicado todos los portavoces, de máxima dificultad. Tengo que decir
también claramente que desde 1983 a 1993, no solamente se han tomado
medidas desde el Gobierno Socialista de la Nación y desde muchos
Gobiernos de Comunidades Autónomas, algunas gobernadas por el Grupo
Parlamentario Popular y por otras formaciones políticas, sino que también
en los ayuntamientos se han tomado infinidad de medidas, se han creado
infinidad de mecanismos que han permitido que la realidad social de este
problema sea sustancialmente distinta, con independencia de que la cifra
de criminalidad no sea satisfactoria absolutamente para ninguno de
nosotros.
Por todas esas razones creemos que votar esta moción no va a aportar nada
positivo, porque, como decía también el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió --y con esto termino--, sí
que se han dado instrucciones a los Cuerpos de Seguridad del Estado, a
las policías municipales en los ayuntamientos, a los propios fiscales, a
los tribunales, para conseguir que haya una actitud más diligente, más
comprometida para resolver este problema y esta lacra social que creo que
todos los grupos parlamentarios consideramos que es absolutamente
impresentable, me atrevería a decir, y perdónenme sus señorías la
expresión.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos dispuestos
a que se articulen todas las medidas legislativas y preventivas
necesarias para que se erradique y se reduzca a términos mínimos esta
lacra social, asegurándonos y comprometiéndonos aquí todos a que
removeremos los obstáculos que hoy todavía impiden la rápida
investigación y cualquier denuncia que se presente al respecto.
Pero terminaré diciendo que creo que es mucho más importante que sigamos
potenciando, cada uno desde nuestra responsabilidad, aquellas
instituciones que están favoreciendo el que estas mujeres sean mejor
atendidas, a que hagamos medidas o aprobemos resoluciones, que pueden
quedar muy bien de cara a la galería, pero que en la resolución del
problema concreto poco aporten.
Muchas gracias. (El señor Fernández Aguilar pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señor Fernández Aguilar, solicita la palabra en virtud del artículo 87,
probablemente.
Tiene un minuto, señoría.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Había interpretado que tenía más espacio de
tiempo, según la nueva normativa del Reglamento del Senado en una segunda
intervención. (Varios señores Senadores: ¡No, no!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Me constatan que no. Tiene un
minuto su señoría por el artículo 87.
El señor FERNANDEZ AGUILAR: Señor Presidente, intervengo para decir que
nos encontramos en una situación disparatada, por cuanto que Cristina
Alberdi, que es Ministra del Gobierno, se comprometió a que saliera
adelante la figura del fiscal especial. Y aquí pueden ocurrir tres cosas:
una, el Grupo Parlamentario Socialista retira el apoyo al Gobierno; dos,
el Gobierno cesa a la Ministra; tres, la Ministra dimite por dignidad, y
las Senadoras Socialistas, que defendieron la cuota de participación en
la renovación de cargos institucionales, por dignidad también debieran
dimitir. (La señora Tesoro Amate pronuncia palabras que no se perciben.)
Señoras y señores Socialistas, es disparatada, kafkiana y esperpéntica la
situación española a la que nos tienen sometidos, como la del Alcalde de
Cartagena en funciones que, argumentando en la clausura de un seminario
sobre malos tratos, dijo --y es un destacado socialista regional-- que
los malos tratos se deben a un momento de euforia en cualquier acto que
puede provocar una situación un poco violenta.
Señorías, tengan la seguridad de que muy pronto se hará realidad el que
pueda existir esta fiscalía especial y que no lo consideramos como una
derrota.
Permítanme, señorías, que termine citando, dejando en el aire, el
pensamiento y la palabra de Mahatma Gandhi: Sólo cuando la razón dirige
nuestras palabras y nuestros actos, podemos estar seguros de que tarde o
temprano nuestra verdad será reconocida.
Ustedes no tienen la verdad, tienen la razón aritmética de los votos de
Convergència i Unió y del Partido Socialista que va contra toda razón.
(Aplausos en los escaños de la derecha.) (El Senador Abad Bécquer pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Abad, tiene también la
palabra por un minuto, en virtud del artículo 87.
El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo no tenía ninguna intención de intervenir, ni por el artículo 87 ni por
ningún otro del Reglamento, lo que ocurre es que el Grupo Parlamentario
Socialista en su intervención ha tenido la delicadeza de respetar la
posición de don Adolfo Fernández Aguilar, pero como últimamente el Grupo
Parlamentario Popular no respeta algunas cosas de la posición de otros
Grupos, tengo que decirle al señor Fernández Aguilar que si argumenta
todo su planteamiento en las resoluciones del Congreso de las Letradas de
Palma de Mallorca, nosotros hubiéramos entrado en otra posición y en
otras consideraciones, si algunas otras resoluciones de ese Congreso las
hubiera traído usted aquí, como las relacionadas con el aborto y algunas
más que usted no quiere que tratemos. Si usted trae todas las
resoluciones del Congreso de Letradas de Palma de Mallorca, el Grupo
Parlamentario Socialista a lo mejor se plantearía otra posición. Pero
como trae usted una parte muy sesgada, muy concreta y malinterpretada,
votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente. (Un señor Senador desde los escaños de
la izquierda: ¡Muy bien!) (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
Senador Vallvé i Navarro pide la palabra.) El Senador Vallvé tiene la
palabra por un minuto.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
La alusión no ha sido personal, pero ha sido al grupo de Convergència i
Unió. Quiero decirle al Senador autor de la moción que en el ideario de
Unión Democrática de Cataluña se tiene como elemento fundamental la
protección a la persona y a la familia. Evidentemente, nuestra
intervención ha sido coherente con este principio. Pero, por lo que
parece, no ha querido entender el Grupo Popular que nuestra postura está
en contra no del problema, sino de la solución que de modo erróneo le
están dando.
Insisto, Senador Fernández, en que estaremos siempre con usted en los
problemas en los que realmente se ataje esta cuestión. Pero la vía que
ustedes utilizan no es la adecuada, y por esto votaremos que no.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno de la
Nación a remitir, en el plazo máximo de tres meses, un Proyecto de ley
por el que se cree la Fiscalía Especial para la prevención y represión de
los malos tratos a mujeres, con el fin de luchar efectivamente contra
este tipo de hechos delictivos, con la enmienda incorporada y aceptada
por el proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 106; en contra, 116; abstenciones, cuatro
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS PUEDAN PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN LA DEFINICION DE LOS
PUNTOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA QUE EL GOBIERNO CENTRAL FIJARA PARA
DESARROLLAR EN EL SEMESTRE EN EL QUE CORRESPONDE AL ESTADO ESPAÑOL
EJERCER LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA. (662/000105.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, por tanto, al último
punto del orden del día que es la moción que presenta el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al
Gobierno a establecer un procedimiento para que las Comunidades Autónomas
puedan participar de forma activa en la definición de los puntos
principales del programa que el Gobierno Central fijará para desarrollar
en el semestre en el que corresponde al Estado español ejercer la
Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
El Senador Sanz Cebrián tiene la palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser necesariamente breve por cuanto que la Moción que
hemos presentado ha sido objeto de una propuesta de modificación
conjunta, firmada por todos los Grupos Parlamentarios.
En un hecho constatado que el Estado ha dejado de ser el recinto
territorial y personal sobre el que se ejerce el poder sin interferencias
externas, ya que, por ejemplo, la normativa comunitaria europea, como es
sabido por todos ustedes, prevalece sobre la del propio Estado. Cada vez
más competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas se deciden en
el foro comunitario y no por unanimidad, sino por el procedimiento de
mayorías, por el sistema de las mayorías; de ahí la necesidad, a nuestro
juicio, de establecer un mecanismo articulado de participación y
asociación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de la política
europea. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la Presidencia.)
Hoy en día el tratamiento de esta cuestión no puede demorarse por más
tiempo. En una sociedad cada vez más internacionalizada, que está
viviendo un cambio vertiginoso tras la desaparición de las fronteras
intracomunitarias en la expectativa de una Europa que exige cada día
nuevos pasos en el camino de una unión definitiva, en un marco, en
definitiva, que nada tiene que ver con el existente hace diez años, las
Comunidades Autónomas no pueden anclar su desarrollo ni el de su
autogobierno en un escenario ya superado y permanecer en él como meras
observadoras, que es lo que actualmente son de este proceso. Deben
participar
en él no de una forma semiclandestina, forzada por la ausencia de
adecuados mecanismos jurídico-políticos, sino de una forma
institucionalizada y reconocida. Por lo tanto, y a nuestro criterio,
resulta imprescindible como una de las cuestiones claves del debate
político precisamente residenciado en esta Cámara como asamblea de
representación territorial abrir un diálogo y propiciar un acuerdo sobre
el modelo de participación de las Comunidades Autónomas en la
construcción europea.
En este sentido, la Moción que ahora defendemos y la propuesta de
modificación presentada pretenden ser una antesala de dicho acuerdo al
tratar sobre la participación de las Comunidades Autónomas en la
definición de los puntos centrales del programa que el Gobierno fijará
para desarrollar durante el segundo semestre de 1995, en el que le
corresponderá ejercer la presidencia de la Unión Europea. Efectivamente,
el Consejo de la Unión Europea, compuesto por los Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros, así como por el Presiente de la
Comisión de las Comunidades Europeas, ha sido configurado por el Tratado
de la Unión Europea como el máximo órgano político de la Unión. Es, por
lo tanto, un órgano capital para la dirección global de la Unión Europea,
cuyas funciones son además muy amplias en la medida en que establece las
orientaciones políticas generales de la Unión e impulsa al desarrollo de
la integración comunitaria, fijando mandatos al Consejo de Ministros y a
la Comisión.
Señorías, el acuerdo entre el Estado y las regiones no ha llevado allí
donde se ha alcanzado, Bélgica, Alemania, a una desaparición o
debilitación de aquel Estado, sino a una adaptación real a la Unión
Europea sin fronteras internas, a su modernización, a su mejor
articulación interna y a la eliminación de tensiones y disfunciones
innecesarias.
Asimismo, señorías, el Presidente del Gobierno del Estado manifestó
literalmente en el debate autonómico celebrado en la Comisión General de
las Comunidades Autónomas que el Gobierno, encargado de dirigir los
trabajos previos de la Conferencia Intergubernamental del año 1966, tiene
el compromiso político de participar en este debate, debate supranacional
sobre el papel de las regiones en el proceso de unidad europeo y el
propósito de presentar propuestas innovadoras. Nos parece, pues, de todo
punto lógico, que en la elaboración de estas propuestas innovadoras
participen activamente --eso sí-- las Comunidades Autónomas.
Permítanme, señorías, que aproveche este turno para decir que nuestra
moción es, además, plenamente congruente con la moción número 2, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con la
moción número 9, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y con
la número 14, del Grupo Parlamentario Popular, aprobadas en el debate
sobre el Estado de las Autonomías del pasado 28 de septiembre.
Pero es que, además, nuestra moción --y aquí radica su novedad y
relevancia-- establece un condicionante de notable trascendencia, como es
el de que la participación de las Comunidades Autónomas cerca del
Gobierno del Estado sea una participación activa, esto es, como
coprotagonista y como corresponsable dinámica de las decisiones
estatales. Y, sobre todo, es una moción oportuna en el tiempo desde el
punto de vista del calendario, ya que no debemos olvidar que falta menos
de un año, apenas siete meses, para la asunción, por parte del Gobierno
del Estado, de la Presidencia de la Unión Europea.
De lo hasta aquí expresado, señorías, se deduce que todos los presentes
en esta Cámara tenemos un reto, un gran desafío, pero no unos con otros,
ni siquiera una Comunidad autónoma con otra, sino que lo tenemos con
Europa.
En el pasado debate autonómico, decía el Honorable Pujol que los
oponentes, nuestros competidores en el sentido más cordial de la palabra,
no son Andalucía, la Comunidad de Madrid o la de Extremadura, sino las
regiones más dinámicas de Europa y, más allá de éstas, los Estados
europeos y, más allá, los Estados Unidos y Japón.
Nuestro deber, por lo tanto, es demostrar que podemos ayudar a ganar en
competitividad y en mejorar la calidad de vida y la atención al
ciudadano, y esto no solamente depende del Gobierno del Estado, del
Gobierno central, sino que depende en gran medida de las Comunidades
Autónomas, en coherencia con la estructura interna, compleja y
descentralizada del Estado.
Por ello, y ante el hecho de que el Estado español ha de asumir la
Presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre de 1995,
precisamente en vísperas de grandes transformaciones que afectarán a
Europa, coincidiendo con la presumible elaboración de la Constitución
europea --esperemos y deseamos que de carácter federal-- es preciso
definir fórmulas de participación activa de las Comunidades Autónomas en
la elaboración de los posicionamientos y determinación de las prioridades
sobre las que ha de pivotar el programa del Gobierno español, dado que,
además, no es posible defender, en el seno de la Unión Europea, los
intereses de España y los específicos de las Comunidades Autónomas si
éstas no participan en la conformación general de la voluntad general del
Estado y en la aplicación de las políticas concretas que les afectan.
Termino, señorías. Expuesto cuanto antecede, sólo resta que agradezcamos
su apoyo a la moción, su apoyo a la propuesta de modificación que hemos
presentado conjuntamente y, sobre todo, agradecer su confianza en este
sistema descentralizado que hemos creado entre todos y que llamamos el
Estado de las Autonomías.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Sanz Cebrián.
Como ha indicado el Senador que acaba de hacer uso de la palabra, hay una
propuesta de modificación suscrita por todos los grupos a esta moción de
Senadores Nacionalistas Vascos. Reglamentariamente, de acuerdo con la
vigente norma supletoria sobre tramitación de mociones, corresponde un
turno de defensa de la propuesta de modificación.
¿Algún Grupo va a hacer uso de este turno? (Pausa.) Al no utilizarse este
turno, pasamos al de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención va a ser muy breve. Se trata de poner de manifiesto la
oportunidad de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y manifestar, igualmente, nuestro apoyo al
texto consensuado, aunque me gustaría poner de manifiesto que se hubiese
propuesto ya el procedimiento. No obstante, la oportunidad de la moción
es importante y la apoyaremos en todos sus puntos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Calvo Lou.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, dada la
substancia del asunto que traen en la moción los compañeros del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos haciendo --digamos-- un
extra, salgo a la tribuna a consumir un par de minutos y por deferencia,
por supuesto, a mi querido amigo el portavoz.
Yo creo que la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos intenta avanzar un paso más que las que él
ha enumerado, que han sido aprobadas aquí a raíz del debate --creo
recordar-- del Estado de las Autonomías.
Deseo recordarle, por si ha tenido algún lapsus mental, que nosotros
también presentamos una, sólo que los hados de la fortuna no nos fueron
propicios y no nos la aprobaron. Debe de ser que como estamos
reduciéndonos en número paulatinamente, se nos están reduciendo también
las posibilidades de entrar en las mentes de otros portavoces.
Yo creo que, como ya he dicho, esa moción da un paso más concreto. No es
ya la generalidad de que las Comunidades Autónomas entren dentro de la
formación, incluso dentro de las opiniones y de las negociaciones de las
Comunidades del Estado con la Unión Europea, y las Comunidades entren
dentro de la formación de la opinión o de los textos que lleven a
negociar a la Unión Europea, sino que en un período concreto en el que le
va a tocar a este país presidir la Unión Europea, que formemos esa
voluntad. Ya es un paso más concreto que la generalidad. Ya no es tratar
de introducirnos dentro de la política de defensa de la Unión Europea o
de la política agrícola o de alguna OCM o de cualquier cosa de ésas, sino
que ya es el paso concreto de que los seis meses --creo que son-- que le
toca a España presidir la Unión Europea, el máximo órgano de Gobierno de
la Unión Europea, su voluntad, sus acciones, su ejecutividad de acciones
en ese período las haga de acuerdo o recogiendo o introduciendo en ellas
la opinión de las diferentes Comunidades. A mi juicio, es un paso
tremendamente importante en la construcción --permítanme la expresión--
filosófico-institucional del Estado que pretendemos construir entre
todos.
Por lo tanto, le damos una tremenda importancia a la substancia que posee
la moción, y creo sinceramente que el Gobierno del Estado haría muy buen
servicio a la construcción de este Estado si diese ese paso,
independientemente de la concreción que quiera dar a lo que se aprobó en
el debate de las Autonomías: que es general... como participan todas las
Comunidades Autónomas..., en la formación de la voluntad... No; ésta es
la formación de la voluntad de esos seis meses, que es mucho más
importante. Lo otro puede ser más general, e incluso conseguirse a más
largo tiempo, pero ésta es más concreta y mucho más importante. Y ahí
está la OCM de frutas y hortalizas, ahí están los problemas de pesca,
etcétera. Y es fundamental no sólo que se forme esa voluntad y esa
ejecutividad de acciones durante el período de presidencia de España, de
acuerdo con lo que opinen diversas Comunidades Autónomas que tienen
verdaderos problemas y enganches institucionales serios con la Unión
Europea, como Canarias, que tiene un Anexo de Protocolo, sino que esa
presidencia lleve esas precisiones que le hagan las Comunidades Autónomas
durante su período.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca i Cañellas.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, consecuentes con nuestras manifestaciones en el recientemente
efectuado debate sobre el Estado de las Autonomías, en las que
insistíamos en que han de potenciarse las opiniones y presencia de las
Comunidades Autónomas en la Unión Europea, hemos de apoyar la moción que
oportunamente propone el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos y, naturalmente, el texto consensuado. La votaremos favorablemente
porque es un recordatorio para el Gobierno, con el fin de que establezca
los procedimientos por los que las Comunidades Autónomas puedan
participar en los puntos principales que se desarrollen durante la
Presidencia de la Unión Europea el próximo año 1995.
No nos limitaremos a posicionarnos solamente con el voto favorable.
Creemos que ésta es una ocasión para recordar algunas de las
características fundamentales del marco en que nos movemos, en general en
Europa y en particular en el Estado español.
Europa ha sido frecuentemente comparada con un árbol frondoso que se
nutre de las raíces de sus pueblos. Pocos momentos de su historia habrán
tenido la trascendencia que tiene el momento actual. El trabajo en común
nunca había sido tan importante. Los centros económicos y de poder están
sufriendo cambios constantes, aumentando geométricamente en países y
regiones del mundo en los que, hace bien poco, nadie hubiera podido
vaticinar desarrollos importantes. De ahí, la importancia de nuestras
pretendidas y hasta ahora poco escuchadas peticiones de opinión y
participación. La proximidad entre las raíces de los pueblos ha creado en
la historia formas organizativas: los estados. Pero hay que recordar que
la vida surge de los pueblos, puesto que son realidades naturales.
La etapa actual de Europa se caracteriza por el reconocimiento de la
riqueza que representan sus pueblos. Quedan
atrás etapas en las que se intentó ignorar y hasta eliminar las raíces,
aun quedando algunos rescoldos.
En el Estado español vivimos, con las recuperadas libertades en
democracia, un creciente proceso creativo basado en dos puntos: primero,
respetar a los diferentes pueblos que compartimos la geografía ibérica y
segundo, aprovechar lo mejor de cada uno: su trabajo, su energía, su
capacidad de progreso en beneficio del colectivo español. La moción
plantea una necesidad coherente con la dirección general de la Unión
Europea y con la dinámica de este Estado de las Autonomías, desde las que
pedimos audiencia y participación.
Dice el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos al manifestar que la Presidencia del Consejo no es en absoluto
honorífica: la impulsión de los trabajos, la orientación de las
prioridades y la sugerencia de los compromisos durante el período le dan
a la Presidencia una responsabilidad notable. Dice --y muy bien-- que es
el momento de subsanar errores y actuar de forma coherente con la
estructura del Estado. Por todo lo dicho repito que el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votará
afirmativamente la moción.
Acabo, señor Presidente, repitiendo lo que mi padre me decía en los años
de mi niñez: Recuerda, hijo, que cuando pasa el viento por la flauta es
el momento de mover los dedos.
Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aja Mariño.
El señor AJA MARIÑO: Señor Presidente, señorías, subo a esta Tribuna para
fijar la posición de mi Grupo --el Grupo Parlamentario Popular-- en lo
referente a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a establecer un
procedimiento para que las Comunidades Autónomas puedan participar de
forma activa en el programa a desarrollar por parte del Estado español,
al ejercer la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el
segundo semestre de 1995.
Como es sabido, la participación de las Comunidades Autónomas en los
asuntos relativos a la Unión Europea constituye una cuestión compleja de
difícil solución pero, sin embargo, necesaria. Y a pesar de que algunas
Autonomías han demandado su derecho a participar en los programas que el
Estado ha de presentar y desarrollar ante la Unión Europea, no se ha
llegado hasta este momento a una reglamentación de la participación de
las Autonomías en los programas comunitarios.
Es necesario tratar de evitar enfrentamientos entre las Autonomías y el
Gobierno Central, como ha ocurrido con el recurso presentado por el
Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional contra determinados
artículos del Decreto 89/1988, de 19 de abril, del Gobierno Vasco, que se
refería, precisamente, a estas materias.
La sentencia del Tribunal Constitucional precisó el límite de la
proyección exterior de las Comunidades Autónomas en el texto siguiente:
Aquellas actividades que no impliquen el ejercicio de un «ius
contrahendi», no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a
poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del
Estado y no generen responsabilidad de éste frente a estados extranjeros
u organizaciones intersupranacionales, evidentemente, se podrían
establecer otro tipo de relaciones.
Una vez dictada esta sentencia, el Gobierno renovó su compromiso de
regular la participación autonómica en el proceso europeo. Sin embargo,
hasta este momento no se ha articulado formalmente la participación de
las Comunidades Autónomas en estos programas que tan directamente les
afectan.
Nuestro Grupo entiende que la elaboración de la Presidencia de la Unión
Europea es una cuestión de estado, de política exterior en sentido
estricto, respecto de la cual las Comunidades Autónomas no tienen ningún
tipo de competencias, tal y como lo ha reconocido el Tribunal
Constitucional en la sentencia anteriormente mencionada. Sin embargo, en
nada contradice que las Comunidades Autónomas deban de ser oídas y hagan
saber al Gobierno central su opinión al respecto.
Entendemos que en virtud de las competencias que poseen las Comunidades
Autónomas, se hacen acreedoras de una participación activa en las
decisiones y programas que se adopten en Europa por las repercusiones que
se derivan para nuestros ciudadanos.
No pretendo realizar un recordatorio de cómo se ha negociado nuestra
entrada en la Comunidad Económica Europea, puesto que agua pasada no
mueve molino, pero sí quiero insistir en que el Gobierno debe reivindicar
constantemente una mejor posición de España respecto a aquellos temas que
no se han negociado satisfactoriamente para nuestros intereses. Háblese
de cuota láctea, de accesos a caladeros de pesca, sector vitivinícola,
industrial, etcétera. Y, para ello, es necesario que las Comunidades
Autónomas, e incluso los entes locales, transmitan al Gobierno de la
Nación aquellos temas que han de apoyar y defender ante el resto de
nuestros socios comunitarios, teniendo una inmejorable ocasión en el
segundo semestre de 1995, cuando España va a ejercer la Presidencia de la
Unión Europea.
La pertenencia de España a la Unión Europea implica la asunción de
obligaciones que afectan, tanto al Estado como a las Comunidades
Autónomas. Por ello, el Gobierno debe tener en cuenta el punto de vista
de las Autonomías en la formación de su política comunitaria, si bien han
de considerarse los límites establecidos por el Tribunal Constitucional
en esta materia, aunque no sean vinculantes a las decisiones de las
Autonomías para el Gobierno central.
Deseamos, pues, que se acuerde prontamente la articulación de la
participación autonómica en el proceso comunitario y anunciamos,
consiguientemente, nuestro voto favorable a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Aja. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista va a aprobar la moción de modificación
presentada por los distintos grupos. Y quiero decir que esta moción
trata, en el fondo, de la implicación de las Comunidades Autónomas en la
participación de España en la construcción europea, como ya se ha dicho
en la tribuna. En el debate supranacional de las regiones, éstas han
adquirido un importante papel. Para ello, el Gobierno español, ya en el
tratado de Maastricht, planteó la necesidad de generar un comité de
regiones donde éstas estuviesen representadas, con la colaboración
estrecha en aquellos momentos del Gobierno alemán.
Como ya he dicho, uno de los temas que se plantean en la integración
europea respecto del Estado de las Autonomías es la participación de
éstas en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea, en
aplicación de la normativa europea, así como de la posible representación
de las autonomías ante los órganos de la Unión. Por tanto, también es
necesario que las Comunidades Autónomas mantengan e intensifiquen la
colaboración para asegurar el cumplimiento preciso y responsable de la
normativa europea, de acuerdo con el marco estatutario de competencias
que tengan atribuidas.
La presencia exterior de las Comunidades Autónomas y su participación en
la representación española ante los órganos de la Unión requiere que se
busquen soluciones razonables y eficaces para la defensa de los intereses
generales. Mi Grupo entiende que es necesario mantener la distinción
entre la formación de voluntad y la representación que en las relaciones
con la Unión Europea tienen los intereses generales de todos los
españoles, incluso en materias cuya regulación o ejercicio está atribuido
a una o varias Comunidades y que la defensa de estos intereses generales
es una responsabilidad del Gobierno de la nación.
En el debate sobre el Estado de las Autonomías, como aquí se ha dicho
anteriormente, se aprobaron una serie de mociones, la 2, 9 y 14, sobre
este tema. En la misma línea, hoy se hace esta moción, que tiene un
cierto carácter reiterativo, pero no por ello menos necesario para
recordar al Gobierno la voluntad de esta Cámara.
Por otra parte, quiero decir que las circunstancias llevaron al Reino de
España en el ejercicio de la anterior Presidencia, en el primer semestre
del año 1989, a la creación de hecho de lo que hoy se llama Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas. En la reunión de
esa Conferencia celebrada en el mes de diciembre del año 1988, hablamos
no de ayer sino de hace bastantes años, se presentó la línea de trabajo
diseñada para el semestre en el que España iba a mantener la Presidencia.
De ese modo quedó establecido, de hecho, que habría en el futuro una
participación de las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia,
en el programa a desarrollar por el Reino de España en el ejercicio de la
Presidencia del Consejo. Y ya me refiero a la primera Presidencia
española.
En correspondencia con el ámbito temático determinado en el acuerdo
institucional de la Conferencia del día 29 de octubre de 1992, el
tratamiento de la cuestión a que se refiere esta iniciativa del Grupo de
Senadores Vascos, modificada por el resto de los grupos, entra de lleno
en los cometidos asignados a la Conferencia, siendo una de sus tareas
propias. En este sentido, hay que notar que, a medida que se acerca el
segundo semestre del año 1995, esta es una de las líneas de trabajo de la
Conferencia para que la Comisión de Coordinación de Asuntos Comunitarios
Europeos apoye al Pleno, y se va a tratar en las reuniones que van a
tener lugar en breve y que se van a llevar a la Presidencia española.
En concreto, en la reunión celebrada el 19 de octubre pasado, el
representante de esa Comisión, el Secretario de Estado, informó que en el
siguiente Pleno, que tendrá lugar el día 30 de noviembre próximo, dentro
de breves días, que estará presidido por el Ministro para las
Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra, se van a tratar una
serie de temas con todas las Comunidades Autónomas, porque todas están
invitadas y todas han asistido, con alguna salvedad, a las anteriores
reuniones.
Dentro del orden del día está previsto que el Gobierno informe a las
Comunidades Autónomas, en el seno de dicha Comisión, sobre los
preparativos de la Presidencia española en la Unión Europea. Asimismo,
también se facilitará información sobre el próximo Consejo Europeo de
Essen, que, conforme a los trabajos que viene desarrollando la
Conferencia debe ser previa a su celebración. También se abordará el
proyecto de acuerdo sobre la participación interna de las Comunidades
Autónomas a través de las conferencias sectoriales, ya examinado en el
seno de esta Conferencia el pasado mes de junio en la Unión Europea,
asunto en el que incide la moción al respecto se aprobará hoy, paralela a
las aprobadas en el anterior debate sobre el Estado de las Autonomías.
A la reunión se ha convocado, hay que dejarlo claro, a los consejeros de
las diecisiete Comunidades Autónomas, como otras veces también se les ha
convocado a todos. La Conferencia Sectorial para Asuntos Relacionados con
la Unión Europea, ya lo he dicho, viene funcionando de forma continua
ante los eventos europeos y, por tanto, aborda los problemas de la
próxima Presidencia y del programa a realizar, queriendo contar con la
voluntad de todas las Comunidades.
El objetivo de la Conferencia, por tanto, viene determinado por la
necesidad de arbitrar y perfeccionar los mecanismos necesarios que
permitan la participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de
la postura española en el seno del Consejo de la Unión Europea. Creo que
ésta es la voluntad del Gobierno español y de sus señorías, tanto del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --así lo manifestó
aquí-- como del resto de los grupos, y por eso va a ser aprobada la
moción.
Lo expuesto pone claramente de manifiesto la existencia de un
procedimiento suficiente para que las Comunidades Autónomas participen de
forma activa en el desarrollo por España de la Presidencia de la Unión
Europea.
Por ello, y ante la voluntad mayoritaria de los grupos que con
anterioridad han intervenido en esta tribuna, mi Grupo está de acuerdo
con la propuesta de modificación de la moción del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. La vamos a aprobar, aunque consideramos
que reitera y reincide en las garantías que ya se venían teniendo por
parte del Gobierno español de cara a crear esa voluntad de las
Comunidades Autónomas ante la Unión Europea, cuestión necesaria y que no
es baladí. Lo que abunda no daña y, por consiguiente, mi Grupo aplaude la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Castro Rabadán.
(El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Senador Sanz Cebrián, ¿desea hacer uso de la palabra? (Asentimiento.)
¿Por qué artículo?
El señor SANZ CEBRIAN: Por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Tiene la palabra por un minuto.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero aprovechar este turno para agradecer a los portavoces de los
grupos parlamentarios y a los propios grupos parlamentarios sus
intervenciones, pero al mismo tiempo, y ciñéndome al artículo 87, para
matizar, en dicción de dicho precepto, las últimas palabras del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista de que lo que abunda no daña no son
aplicables al texto de la moción y a la propuesta de modificación, porque
garantizar la participación activa de las Comunidades Autónomas no es una
cuestión baladí, es algo que por primera vez se consigue y esperamos que
fructifique en un acuerdo más amplio, comodecíamos al defender nuestra
moción.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián. (El
señor Castro Rabadán pide la palabra.)
Supongo que será para contestar al señor Sanz Cebrián en su última
intervención y no para mostrarse agradecido al mismo.
Tiene la palabra por un minuto, señor Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Es para decir al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que no he tratado de minusvalorar su iniciativa,
sino todo lo contrario. Pero sí quiero dejar constancia de que la
actividad que el Gobierno español viene manifestando y la voluntad de que
participen las Comunidades Autónomas en la voluntad europea y en la
generación del programa de la Presidencia española en Europa no es nada
nuevo y que nazca «ex novo» hoy, sino que viene de atrás. Hay un
mecanismo de participación que está funcionando y queremos que todas las
Comunidades Autónomas participen de él como hasta ahora lo han hecho. No
sé por qué motivos algunas no han participado, pero me da la impresión de
que la voluntad manifestada hoy aquí por todos los grupos y por todos los
partidos, en definitiva, a los que representan, van a estar en esta línea
de colaboración y participación con el Gobierno español y con la voluntad
de las Comunidades Autónomas para conseguir que en Europa tenga voz el
Estado español a todos los niveles institucionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Castro Rabadán.
Habiéndose presentado una propuesta de modificación suscrita por los
portavoces de todos los grupos parlamentarios, parece que podemos aprobar
esta moción por asentimiento de la Cámara. (Asentimiento.) Así se hará
constar.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cincuenta y cinco minutos.