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DS. Senado, Pleno, núm. 52, de 20/10/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 52
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 20 de octubre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por
otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 101, de fecha 29 de septiembre de
1994). (Número de expediente S. 610/000101.) (Número de expediente C. D.
110/000099.)
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca,
por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 102, de fecha 29 de septiembre de
1994). (Número de expediente S. 610/000102.) (Número de expediente C. D.
110/000101.)
--Canje de Cartas de fechas 29 de julio de 1993 y 19 de mayo de 1994
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el
Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de
Montaña (Jaca, 4 al 15 de julio de 1994). Se tramita por el procedimiento
de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 103, de fecha 29 de septiembre de 1994). (Número
de expediente S. 610/000103.) (Número de expediente C. D. 110/000103.)
--Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid el 24 de julio
de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 104,
de fecha 29 de septiembre de 1994). (Número de expediente S. 610/000104.)
(Número de expediente C. D. 110/000105.)
--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de 1994 (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
95, de fecha 26 de septiembre de 1994). (Número de expediente S.
610/000095.) (Número de expediente C. D. 110/000096.)
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos, para la extensión a las Antillas Neerlandesas
y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 96,
de fecha 26 de septiembre de 1994). (Número de expediente S. 610/000096.)
(Número de expediente C. D. 110/000097.)
--Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de
Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de
1979 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 97, de fecha 26 de septiembre de 1994). (Número de
expediente S. 610/000097.) (Número de expediente C. D. 110/000098.)
--Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen
de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las
Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990, así como el
Protocolo de corrección de errores hecho en Dublín el 24 de noviembre de
1993, y Declaración formulada por España (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 98, de fecha
26 de septiembre de 1994). (Número de expediente S. 610/000098.) (Número
de expediente C. D. 110/000100.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia al
Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en
materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de
1961 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 99, de fecha 26 de septiembre de 1994). (Número de
expediente S. 610/000099.) (Número de expediente C. D. 110/000102.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al
Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en
materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de
1961 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 100, de fecha 26 de septiembre de 1994). (Número de
expediente S. 610/000100.) (Número de expediente C. D. 110/000104.)
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades:
--En relación con los Excmos. Sres. D. Fernando Abad Bécquer y Dña.
Dolores García-Hierro Caraballo (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 169, de fecha 4 de octubre de
1994). (Número de expediente 542/000026.)
Mociones consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se propone a
la Cámara que se constituya una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Educación y Cultura, que estudie la situación actual de los museos en
España, proponiendo las medidas y actuaciones precisas para ordenar y
desarrollar adecuadamente estas instituciones culturales, con especial
consideración de los museos de titularidad estatal (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 177,
de fecha 17 de octubre de 1994). (Número de expediente 671/000011.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno para que elabore un plan integral en materia de seguridad
ciudadana que contemple las medidas legislativas, administrativas y de
coordinación necesarias para luchar eficazmente contra la evolución de la
delincuencia en España y cumpla las previsiones de la Ley Orgánica de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Acuerdo Marco firmado por
el Gobierno y los sindicatos para la mejora y modernización de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 177, de fecha
17 de octubre de 1994). (Número de expediente 671/000012.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
para que proponga ante las instancias comunitarias un control para la
peste porcina africana en España, igual al que ejerce la Unión Europea
para la peste porcina clásica, en países como Holanda, Bélgica o
Alemania, consistente en prohibir únicamente la circulación a los
animales de sacrificio que se encuentren dentro de una zona de protección
definida alrededor de un foco de peste (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 177, de fecha 17 de
octubre de 1994). (Número de expediente 662/000098.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la revisión urgente de la Ley 13/1982, de Integración Social
de los Minusválidos (LISMI) a fin de actualizarla y adecuarla a las
necesidades reales
de este colectivo, así como a la elaboración de un plan general de
prevención y tratamiento de las malformaciones congénitas y minusvalías
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 177, de fecha 17 de octubre de 1994). (Número de expediente
662/000099.)
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno del Estado a que notifique a la Unión Europea la
designación del Departamento de Agricultura de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas, que son competentes como organismos pagadores del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección
Garantía, a los efectos previstos en el Reglamento de la Comunidad
Económica Europea (CEE) número 729/70, del Consejo, de 21 de abril de
1970 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie I, número 177, de fecha 17 de octubre de 1994). (Número de
expediente 662/000096.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2652)
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por
otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Página 2652)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca,
por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Página 2652)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Cartas de fechas 29 de julio de 1993 y 19 de mayo de 1994
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el
Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de
Montaña (Jaca, 4 al 15 de julio de 1994). Se tramita por el procedimiento
de urgencia. (Página 2652)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos
indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid el 24 de julio
de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 2652)
Los señores Castro Rabadán y Ramírez Pery consumen sendos turnos a favor.
En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Bolinaga Bengoa,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados
Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de 1994. (Página 2654)
Los señores Cuenca Doblado y Ramírez Pery consumen sendos turnos a favor.
En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Bolinaga Bengoa,
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos, para la extensión a las Antillas Neerlandesas
y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición. (Página 2656)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de Astrofísica,
hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979. (Página 2656)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de
las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las
Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990, así como el
Protocolo de corrección de errores hecho en Dublín el 24 de noviembre de
1993, y Declaración formulada por España. (Página 2656)
El señor Presidente comunica a la Cámara que a este convenio se ha
presentado una propuesta de no ratificación.
El señor Ramírez Pery defiende la propuesta de no ratificación. La señora
Flores Valencia consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Ramírez Pery, por el Grupo Popular, así como la
señora Flores Valencia, por el Grupo Socialista.
Se rechaza la propuesta de no ratificación, defendida por el Grupo
Popular, por 91 votos a favor y 124 en contra.
Se aprueba la concesión de la autorización para que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse mediante este convenio, por 123
votos a favor y 90 en contra.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio
número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de
protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Página 2660)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio
número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de
protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Página 2660)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y Ramírez Pery, por el Grupo Popular.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (Página 2661)
En relación con los Excmos. Sres. D. Fernando Abad Bécquer y Dña. Dolores
García-Hierro Caraballo. (Página 2661)
El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, por
asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 2661)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se propone a la
Cámara que se constituya una Ponencia, en el seno de la Comisión de
Educación y Cultura, que estudie la situación actual de los museos en
España, proponiendo las medidas y actuaciones precisas para ordenar y
desarrollar adecuadamente estas instituciones culturales, con especial
consideración de los museos de titularidad estatal. (Página 2661)
El señor Van-Halen Acedo defiende la moción. El señor Iglesias Marcelo
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la
palabra el señor Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Los señores Van-Halen Acedo e Iglesias Marcelo
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 93 votos a favor, 121 en
contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno para que elabore un plan integral en materia de
seguridad ciudadana que contemple las medidas legislativas,
administrativas y de coordinación necesarias para luchar eficazmente
contra la evolución de la delincuencia en España y cumpla las previsiones
de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del
Acuerdo Marco firmado por el Gobierno y los sindicatos para la mejora y
modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Página 2666)
El señor Esteban Albert defiende la moción. El señor Ardaiz Egüés consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Los señores Esteban Albert y Ardaiz Egüés
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 93 votos a favor y 124 en
contra.
MOCIONES. (Página 2670)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para
que proponga ante las instancias comunitarias un control para la peste
porcina africana en España, igual al que ejerce la Unión Europea para la
peste porcina clásica, en países como Holanda, Bélgica o Alemania,
consistente en prohibir únicamente la circulación a los animales de
sacrificio que se encuentren dentro de una zona de protección definida
alrededor de un foco de peste. (Página 2670)
El señor Alonso Colacios defiende la moción. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Barrero Valverde, por el Grupo Popular, y Alonso Colacios, por el
Grupo Socialista. Los señores Barrero Valverde y Alonso Colacios
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por 214 votos a favor, uno en
contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a la revisión urgente de la Ley 13/1982, de Integración Social
de los Minusválidos (LISMI) a fin de actualizarla y adecuarla a las
necsidades reales de este colectivo, así como a la elaboración de un plan
general de prevención y tratamiento de las malformaciones congénitas y
minusvalías. (Página 2675)
El señor Fernández Pelegrina defiende la moción. La señora Zabaleta Areta
defiende una propuesta de modificación, suscrita por cinco de los seis
Grupos Parlamentarios. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra
los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
y Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se aprueba la propuesta de modificación respecto de la moción del Grupo
Popular por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno del Estado a que notifique a la Unión Europea la
designación del Departamento de Agricultura de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas, que son competentes como organismos pagadores del
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Sección
Garantía, a los efectos previstos en el Reglamento de la Comunidad
Económica Europea (CEE) número 729/70, del Consejo, de 21 de abril de
1970. (Página 2680)
El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular, y Arguilé Laguarta,
por el Grupo Socialista. Los señores Gangoiti Llaguno y Arguilé Laguarta
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 216
votos a favor y uno en contra.
PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL SENADO EN RELACION CON LA IMPOSICION DE
LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 23.2 Y CONCORDANTES DEL REGLAMENTO
DEL SENADO. (Página 2685)
El debate de este punto se realiza en sesión secreta.
Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y 10 minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados.
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA CHECA, POR
OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL CUATRO DE OCTUBRE DE 1993. (S. 610/000101)
(C. D. 110/000099.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus estados miembros, por una parte, y
la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el cuatro de octubre de
1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se presentaron propuestas. Turnos a favor y en contra. (Pausa.)
¿Desean intervenir los señores portavoces? (Pausa.) ¿Puede entenderse
aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara y se autoriza en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio del acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el cuatro de octubre de
1993.
--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA ESLOVACA,
POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO EL CUATRO DE OCTUBRE DE 1993.(S.
610/000102) (C. D. 110/000101.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo europeo por el que se crea una asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y
la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el cuatro de octubre
de 1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Tampoco se presentaron propuestas. Entiendo que este acuerdo puede ser
aprobado sin debate. (Pausa.) Así se declara y se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el cuatro de octubre de
1993.
--CANJE DE CARTAS DE FECHAS 29 DE JULIO DE 1993 Y 19 DE MAYO DE 1994
CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACION DE
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), SOBRE EL
MEMORANDO QUE HAN DE ASUMIR, RELATIVO A LA CELEBRACION DE LA DECIMONOVENA
REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE
MONTAÑA (JACA, 4 AL 15 DE JULIO DE 1994). (S. 610/000103)(C. D.
110/000103.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Cartas de fechas 29 de julio de 1993 y 19
de mayo de 1994 constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la
organización de naciones unidas para la agricultura y la alimentación
(FAO), sobre el Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de
la decimonovena reunión del grupo de trabajo sobre ordenación de cuencas
hidrográficas de montaña (Jaca, 4 al 15 de julio de 1994). Se tramita
también por el procedimiento de urgencia.
No se presentaron propuestas. ¿Alguna intervención prevista? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligar por medio del Canje de Cartas antes
referido.
--CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO
DE 1992. (S. 610/000104) (C. D. 110/000105.)
El señor PRESIDENTE: Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo
de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid
el 24 de julio de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se presentaron propuestas.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señorías, en representación
del Grupo Parlamentario Socialista voy a intervenir en un turno a favor
de la ratificación del Convenio sobre el Fondo de desarrollo indígena,
que tiene sus antecedentes en las cumbres iberoamericanas que en su día
se celebraron en Guadalajara (Méjico), siendo uno de sus objetivos
aprobar la creación de este Fondo.
Posteriormente, como saben sus señorías, con motivo de la Conferencia de
Madrid se firmó en el Senado español este Convenio; después, en las
Cumbres tanto de Salvador de Bahía como de Cartagena de Indias, se pidió
su ratificación urgente y hoy lo traemos aquí a efectos de ratificarlo.
Estas Cumbres se han adelantado a la preocupación universal por el
respeto a los derechos humanos y a las minorías en los momentos en que en
otros lugares del planeta
prima la limpieza étnica y la desintegración de ciertas sociedades.
El objeto del Convenio es establecer un mecanismo de carácter financiero,
a los efectos de apoyar los procesos de autodesarrollo de los pueblos
indígenas. Los Estados miembros de dicho Convenio que formarán el Fondo
son los Estados de América Latina, el Caribe y otros Estados
extrarregionales que lo firmen. Hoy ya han firmado 22 países, entre los
que se encuentran España, Portugal y Bélgica por parte europea, y está
ratificado por algunos países iberoamericanos, como Bolivia, Méjico y
Perú, por lo que ya está formado un comité interino de funcionamiento,
que está pendiente de la total ratificación.
El Fondo indígena ha sido concebido, como he dicho, con idea de dar
respuesta a las necesidades y prioridades de cerca de 40 millones de
indígenas de la región iberoamericana. Crea las condiciones necesarias
para que estos pueblos formulen sus propios programas de desarrollo y
pone especial atención en las actividades que deben potenciar las
capacidades de dichos pueblos. El Fondo se distingue por la participación
directa de los beneficiarios en su dirección y administración.
España, que apoyó este Fondo desde su creación en la Cumbre de
Guadalajara, históricamente ha desarrollado los principios que justifican
el Fondo y los objetivos del mismo, y en América, a pesar de la
desvirtuación que históricamente se ha hecho de nuestro desarrollo y de
nuestra potenciación de esa zona, España se ha volcado en la defensa de
las minorías.
Históricamente, quiero recordar que tanto Bartolomé de las Casas como el
Padre Francisco Vitoria pusieron las bases del apoyo y la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y que hemos sido los españoles antes
que nadie los defensores de sus derechos, poniendo límite a la
explotación y abusos que toda conquista genera.
El Gobierno socialista de España apoyó desde el principio la creación del
Fondo indígena, para seguir así potenciando los ideales humanistas y
elevando la dignidad del hombre, que históricamente hemos pretendido
defender en América.
Ahora, señorías, es el momento de la ratificación del convenio sobre el
Fondo indígena y son las Cortes Generales, en este caso el Senado, quien
tiene que dar el visto bueno y deberá ratificar el mismo, de acuerdo con
el artículo 94.1.d) de nuestra Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Castro Rabadán.
Tiene la palabra el señor Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a consumir un pequeño turno a favor de la ratificación del Convenio,
en tanto en cuanto el Partido Popular considera que entre las funciones
del Fondo del que estamos tratando está la de canalizar recursos
financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios
concertados con los pueblos indígenas, asegurando que contribuyen a crear
las condiciones para el autodesarrollo de dichos pueblos.
El Fondo está estructurado como una organización internacional plenamente
participativa, cuyo directorio y administración incluyen representantes
de las poblaciones y sectores indígenas, gobiernos regionales y no
regionales.
Los antecedentes de este Convenio, como se acaba de comentar, se remontan
a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Guadalajara (Méjico) y la firma
del Convenio tuvo lugar en la segunda Cumbre Iberoamericana. Por otra
parte, en la cuarta Cumbre, celebrada en Cartagena de Indias, se invita,
el 11 de junio de 1994, a los países que aún no han ratificado el
Convenio constitucional del Fondo a hacerlo, para que la primera asamblea
del Fondo, que se celebraría en agosto, cuente con la más amplia
participación posible.
El Consejo de Estado en España estima que es necesaria la previa
autorización de las Cortes, siempre que el Convenio suponga una
obligación financiera para la Hacienda española, por lo que mi Grupo
desea apoyarlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ramírez Pery.
Se abre el turno de portavoces.
¿Señores portavoces que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bolinaga, por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, del mismo modo que todo pueblo, y hablo desde la perspectiva y
desde el compromiso de mi pertenencia al pueblo vasco, busca fórmulas que
refuercen su cohesión interna y su integración en espacios más amplios,
nuestras instituciones no pueden quedar al margen de los esfuerzos para
conseguir un mundo más equilibrado y homogéneo en sus niveles de
bienestar y desarrollo.
Bien es cierto que los tiempos en los que vivimos no son los más
propicios para el auge de la solidaridad a causa de nuestras propias
carencias y de una seria crisis económica, pero pese a todo ello,
mientras hacemos frente con todas las energías disponibles al desempleo y
sus secuelas de pobreza e incertidumbre, no debemos ni podemos ignorar a
quienes padecen crisis socioeconómicas endémicas de una gravedad muy
superior a la que nos toca afrontar y no podemos negar nuestro apoyo,
fundamentándolo en un compromiso fiel a la lucha contra el hambre, la
enfermedad, el analfabetismo y otras muchas consecuencias de la injusta
distribución de recursos a nivel mundial y muy concretamente en lo que
puede significar para el desarrollo de los pueblos indígenas de América
Latina y el Caribe, según se pretende, a través del articulado de este
Convenio constitutivo del Fondo para los fines dichos, es decir, en favor
de la cooperación y la solidaridad con quienes aún padecen el intolerable
drama del hambre y de la miseria.
Uno de los rasgos más significativos de nuestro tiempo está constituido
por la existencia de grandes desigualdades en la distribución de la
riqueza y la renta entre las diferentes comunidades del mundo. Por
desgracia, los procesos de
cambio que están teniendo lugar en la actualidad acentuarán aún más, si
cabe, el paso a un primer plano de los problemas asociados al
subdesarrollo y a su pobreza y producirán repercusiones innegables en el
incremento de las disparidades en los niveles de vida entre las
comunidades desarrolladas y las subdesarrolladas, porque dentro del clima
general de penuria, el peso de la pobreza no se distribuye de manera
homogénea. Esta recae con mayor fuerza en ciertos grupos sociales, entre
ellos las mujeres y los niños, y determinados grupos étnicos, como es el
caso de los pueblos indígenas de América Latina, muchos de entre ellos
desaparecidos ya de la faz de la tierra y otros muchos, la mayoría de los
que aún permanecen, por no decir todos, esquilmados en su cultura, bienes
y haciendas, así como reducidos a la más paupérrima de las miserias en no
pocos casos.
Y llegados a este punto, hay que subrayar que la pobreza de estos pueblos
indígenas posee, además, dimensiones no económicas que incluyen el
diferente tratamiento ante la ley y las limitaciones en el acceso a los
servicios públicos. Aunque no es en sí misma suficiente, una condición
necesaria para combatir la pobreza en estos pueblos indígenas radica en
la promoción del crecimiento económico.
La ruptura del círculo vicioso del subdesarrollo, superpoblación,
pobreza, desnutrición, analfabetismo y degradación del medio ambiente
requiere procesos que permitan aumentar los ingresos medios de la
población y facilitar el disfrute de servicios sociales básicos, sin que
jamás sea obviada una discriminación positiva a favor de cada cultura
autóctona como condicionante previa o «conditio sine qua non».
Nuestro grupo estima que a esto que acabamos de relacionar sucintamente
va destinado el sentir y la esencia final de este Convenio, por cuya
virtud se hace ineludible el apoyo del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos a todo el contenido del mismo, por estimar que, en
efecto, el subdesarrollo ha dejado de ser algo exclusivo de los países
atrasados económicamente para convertirse en una preocupación de toda la
humanidad.
Es una toma de postura ética ante un estado de cosas que posee
connotaciones morales y de justicia ineludibles para que el conjunto de
nuestra sociedad asuma un compromiso colectivo y también la necesidad de
verse involucrada en acciones de cooperación para el desarrollo, por la
mera justificación de motivos humanitarios.
Pero es que, además, señorías, en un mundo crecientemente independiente,
el Norte desarrollado no puede desentenderse de los problemas del Sur
subdesarrollado, por lo que se hace imprescindible contribuir al
desarrollo de los principios de universalidad y solidaridad en los que
debe fundamentarse hoy la cooperación entre los pueblos.
La pobreza es fuente de conflictos y tensiones a nivel global, la
superpoblación amenaza con provocar fuertes corrientes migratorias y el
deterioro del medio ambiente puede comprometer el futuro no sólo del
tercer mundo, sino de la totalidad del planeta. En definitiva, los países
desarrollados no pueden permanecer aislados en enclaves de prosperidad
general, puesto que las condiciones de vida en los Estados avanzados
económicamente están ligados al progreso económico, a la preservación del
medio ambiente y a la paz y la estabilidad en el mundo en vías de
desarrollo.
Insistiendo en que el subdesarrollo ha dejado de ser algo exclusivo de
los países atrasados económicamente para convertirse en una preocupación
de toda la humanidad, este Convenio Constitutivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe supone
un importante paso adelante, además de una justa compensación por los
claroscuros de la historia pasada.
En razón de lo expuesto, y como consecuencia de todo ello, los Senadores
Nacionalistas Vascos muestran su más firme apoyo al Convenio y, en su
representación, es a este Senador a quien corresponde la satisfacción de
hacerlo constar ante esta Cámara.
Larga vida, pues, a este Convenio Constitutivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Entiendo que, tras las intervenciones, este Convenio puede ser aprobado
por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio de este Convenio.
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO EN MADRID EL 25 DE ABRIL DE 1994. (S.
610/000095.) (C. D. 110/000096.)
El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril
de 1994.
Informo a la Cámara que no se presentaron propuestas en relación a este
Convenio.
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Cuenca Doblado.
El señor CUENCA DOBLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme una breve intervención sobre el Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. El Convenio
entre España y México viene a llenar un vacío existente en cuanto a la
coordinación de los sistemas de pensiones de la Seguridad Social de ambas
partes, que ha sido el objetivo de una vieja aspiración por parte
española durante más de una década.
El Convenio, aunque tiene un contenido parcial, dado que la parte
mejicana considera que debería limitarse a las pensiones de vejez,
invalidez y supervivencia, como un primer paso hasta conocer el impacto
económico y administrativo
del mismo, tiene una gran importancia y relevancia política.
El Convenio fundamentalmente recoge la igualdad de trato en materia de
pensiones para los nacionales de las partes y se garantiza el pago de
pensiones a los beneficiarios de una parte que residan en la otra.
Asimismo, se establece la totalización de los períodos de seguro
acreditado en ambas partes para alcanzar el derecho a las prestaciones.
De todas maneras, señorías, aunque es un convenio más entre Estados sobre
una materia concreta, como es la Seguridad Social, no queríamos dejar
pasar esta ocasión para dirigirnos a la Cámara, porque es a la vez mucho
más que un Convenio de Seguridad Social. Porque hablamos de pensiones y a
la vez de nuestra reciente historia. No hablamos de los gachupinos, en
expresión mejicana, que fueron a hacer las Américas, ni hablamos de
nuestros compatriotas que cinco siglos antes, con armas y bagajes,
descubrirían y conquistarían todo un continente. Hablamos
fundamentalmente de hombres y mujeres que perdieron una guerra, pero que
ganaron la batalla de la vida; huyeron de la muerte y de la dictadura y
encontraron una segunda patria, en la que la mayoría del pueblo mejicano,
con su Presidente Cárdenas a la cabeza, se mostró generoso y humano con
miles y miles de nuestros compatriotas, les acogieron dándoles la
oportunidad de rehacer su vida, y estos miles de españoles y españolas
respondieron con la misma generosidad, ayudando en la medida de su
capacidad al desarrollo económico, cultural, social de aquel pueblo.
Permítanme que haga, simplemente, dos citas. Una es de Lázaro Cárdenas
que con motivo del Centenario de la República, en contestación al Centro
Republicano Español, les decía: Las amables expresiones de su telegrama
constituyen una nueva muestra de afecto al país que, acogiéndolos, ha
recibido los beneficios de una emigración digna de las virtudes del
pueblo español que, con su genio y su trabajo, ha sabido contribuir al
avance de múltiples actividades en el país, entre las que se destaca la
difusión de la cultura española, la iberoamericana y, en general, la que
en el mundo se hace camino en todas las direcciones y latitudes.
Y permítanme otra cita de un poeta, Juan Rejano, que decía: Me sentí, y
me sigo sintiendo, español, pero un español que tiene por lo menos, otro
tanto de mejicano. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Acaso se puede vivir
en vano en un país que lo ha acogido a uno como a un hijo y que le ha
dado amparo, pan y libertad cuando una parte del mundo lo repudiaba?
Méjico será siempre nuestra patria de adopción y una tierra amada.
Permítanme, señorías, terminar felicitando a todos los españoles y
mejicanos que se verán afectados por este Convenio y que en el futuro se
verán, como he dicho, recompensados por sus esfuerzos, el esfuerzo del
Gobierno mejicano y, cómo no, de nuestro Gobierno.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cuenca.
¿Alguna otra intervención? (Pausa.)
El Senador Ramírez Pery tiene la palabra, también para turno a favor.
El señor RAMIREZ PERY: Gracias, Presidente.
Sólo voy a decir dos palabras para comentar el Convenio que nos ocupa. El
Convenio consta de 27 artículos y viene a llenar el vacío que existe en
cuanto a la coordinación de los sistemas de pensiones de la Seguridad
Social en los dos países, que ha sido el objetivo de una vieja aspiración
por parte española durante más de una década, debido a la solicitud que
en este sentido han venido formulando los españoles residentes en ese
país.
El Convenio tiene un contenido parcial, puesto que la parte mejicana ha
considerado que debería limitarse a las pensiones de vejez, invalidez y
supervivencia, como un primer paso hasta conocer el alcance económico y
administrativo del mismo.
Los principios básicos que se recogen en el presente convenio son: la
garantía de la seguridad y de la igualdad de trato en materia de
pensiones para los nacionales de las partes contratantes; se garantiza,
asimismo, el pago de las pensiones a los beneficiarios de una parte que
residan en la otra; se establece la totalización de los períodos de
seguro acreditados en ambas partes para alcanzar el derecho a las
prestaciones; se recogen los principios de una colaboración
administrativa entre las autoridades e instituciones responsables para la
correcta aplicación del Convenio y se contempla, por último, la
posibilidad de extender los principios del Convenio a otras ramas de la
Seguridad Social.
En cuanto a la determinación del derecho a las pensiones, se recoge en el
Convenio una fórmula beneficiosa para los interesados y ágil
administrativamente, ya que existe un procedimiento largo para el
reconocimiento del derecho a la pensión. Este es, por otra parte, el
primer convenio bilateral que en materia de Seguridad Social se dispone a
firmar México.
El Consejo de Estado estima que el Convenio requiere la previa
autorización de las Cortes Generales, y así queremos nosotros ahora
apoyarlo para su ratificación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente deseo mostrar la conformidad y el apoyo de nuestro Grupo a
este Convenio de Seguridad Social con los Estados Unidos Mexicanos.
Conformidad y apoyo, señorías, que se sustentan tanto en la bondad y
justicia del propio Convenio como en la mejora sustancial de relaciones
entre los países firmantes, que entendíamos, y entendemos, son materia
exigible por profundas razones históricas y culturales que a nadie
escapan.
Consideramos este Convenio como un paso serio y muy importante, no sólo
en pro de las buenas relaciones entre ambos países, sino muy
particularmente en favor de los trabajadores en cuanto tales. Por tanto,
señorías, los Senadores
nacionalistas Vascos nos congratulamos por una iniciativa tan elevada y
felicitamos a quienes han sabido protagonizar este Convenio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Convenio de Seguridad
Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado
en Madrid el 25 de abril de 1994.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL
REINO DE LOS PAISES BAJOS, PARA LA EXTENSION A LAS ANTILLAS NEERLANDESAS
Y A ARUBA DEL CONVENIO EUROPEO NUMERO 24 DE EXTRADICION. (S. 610/000096.)
(C. D. 110/00097.)
El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España el Reino de los Países Bajos, para la extensión de las
Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de
extradición.
Tampoco se han presentado propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligase por medio del Canje de Notas constitutivo
de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos, para
la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo
número 24 de extradición.
--ADHESION DE BELGICA AL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE
ASTROFISICA, HECHO EN SANTA CRUZ DE LA PALMA (CANARIAS) EL 26 DE MAYO DE
1979. (S. 610/000097.) (C. D. 111/000098.)
El señor PRESIDENTE: Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en
materia de Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26
de mayo de 1979.
Tampoco se han presentado propuestas. ¿Alguna intervención? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio de la adhesión de Bélgica al
Acuerdo de cooperación en materia de Astrofísica, hecho en Santa Cruz de
La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979.
--CONVENIO RELATIVO A LA DETERMINACION DEL ESTADO RESPONSABLE DEL EXAMEN
DE LAS SOLICITUDES DE ASILO PRESENTADAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN DUBLIN EL 15 DE JUNIO DE 1990, ASI COMO EL
PROTOCOLO DE CORRECCION DE ERRORES HECHO EN DUBLIN EL 24 DE NOVIEMBRE DE
1993, Y DECLARACION FORMULADA POR ESPAÑA. (S. 610/000098.) (C. D.
110/000100.)
El señor PRESIDENTE: Convenio relativo a la determinación del Estado
responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los
Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de
junio de 1990, así como el Protocolo de corrección de errores hecho en
Dublín el 24 de noviembre de 1993, y Declaración formulada por España.
A este Convenio se ha presentado una propuesta de no ratificación que se
va a debatir a continuación. Como saben sus señorías, para la aprobación
de la propuesta de no ratificación se requiere mayoría absoluta de los
miembros de la Cámara, es decir, en estos momentos 129 votos favorables.
Para la defensa de la propuesta de no ratificación, voto particular
número 1, tiene la palabra el Senador Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Convenio que ahora tratamos, relativo a la determinación del
Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en
los Estados miembros de las Comunidades Europeas es una consecuencia de
los Convenios de Ginebra sobre el asilo, y estamos conformes con su
estructura y filosofía fundamentales. Sin embargo, hay a nuestro juicio
poderosas razones que nos han inducido a formular la actual propuesta de
no ratificación y que deseamos someter a la consideración de sus
señorías.
Primera. En el propio artículo 19 del Convenio, cuando se habla de países
como la República Francesa, Reino de Dinamarca y Reino de los Países
Bajos, se dejan fuera del mismo los territorios de ultramar: las Islas
Feroe y Groenlandia, y las Antillas Holandesas y la Isla de Aruba,
respectivamente. Con ello se consagra el principio establecido en el
propio Convenio de que éste sólo se aplique a los territorios europeos de
soberanía de los países firmantes. Pero más adelante, cuando se habla en
el texto del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el
propio artículo 19 del Convenio dice textualmente: Por lo que respecta al
Reino Unido, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán
únicamente al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No se
aplicarán a los territorios europeos de cuyas relaciones exteriores es
responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido efectúa una
declaración en sentido contrario. Obviamente, estamos hablando de
Gibraltar.
Esta ambigua declaración viene a confirmar, más expresa que tácitamente,
la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar, al que, por la voluntad
exclusiva del propio país anglosajón, se le podría dar tratamiento de
territorio soberano
de uno de los Estados signatarios del Convenio, el Reino Unido, en clara
contraposición a la doctrina asentada por España de que Gibraltar es una
porción de tierra de soberanía española y que, en tal concepto, debe
serle reintegrada por el Reino Unido.
La postura del Gobierno español en este tema es también ambigua y
contradictoria. Porque la declaración final del Convenio, realizada por
el Gobierno español, de que la declaración del Reino Unido se entendería
sin perjuicio de la postura de España respecto del litigio que la opone
al Reino Unido a propósito de la soberanía sobre el istmo --cito
textualmente-- queda desautorizada y sin valor ni efecto por el propio
Convenio, que afirma en su artículo 20 que no podrá formularse ninguna
reserva al presente Convenio.
Luego dicha declaración española no es más que un tímido derecho al
pataleo sin valor jurídico alguno, porque el Gobierno se contradice «in
terminis» cuando por una parte rehúsa, y con toda razón que apoyamos,
firmar el Convenio sobre fronteras de la Unión Europea hasta que se
solucione el problema de Gibraltar y, por otra, permite al Reino Unido
ejercer su soberanía sobre el Peñón, eso sí, con tímidas protestas.
Considérese, si no, la declaración sexta de este mismo Convenio, donde se
afirma: Los Estados miembros consideran que el proyecto de Convenio
relativo al paso de fronteras exteriores de los Estados miembros de las
Comunidades Europeas está íntimamente vinculado a otros instrumentos
necesarios para la realización de lo dispuesto en el artículo 8 a) del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y en particular
al Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen
de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las
Comunidades Europeas.
Ultimamente, de acuerdo con el artículo 94.1 de la Constitución, la
prestación del consentimiento para obligarse por medio de Tratados o
Convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales,
Tratados o Convenios que supongan una modificación o derogación de alguna
ley. La cuestión que analizamos ahora entra de lleno dentro del ámbito
reservado a la ley, ya que la Norma Reguladora del derecho de asilo y de
la condición de refugiado está constituida por la Ley 5/1984, de 26 de
marzo, que atribuye al Gobierno la concesión del derecho de asilo.
Por último, no tratamos aquí y ahora de cuestiones jurídicas, sino más
bien de una cuestión de Estado tan importante como es la soberanía e
integridad de nuestro territorio nacional para que no pueda quedar al
albur de tibias declaraciones.
Solicitamos, pues, que el párrafo «salvo si el Reino Unido efectúa una
declaración en sentido contrario» sea eliminado del presente Convenio,
que ahora, y hasta su rectificación, proponemos que no sea ratificado.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Flores Valencia.
La señora FLORES VALENCIA: Señor Presidente, señorías, voy a empezar mi
intervención en este turno a favor del Convenio y en contra de la
propuesta de no ratificación presentada por el Grupo Parlamentario
Popular haciendo unas breves consideraciones sobre la importancia y el
contenido del mismo, así como de la necesidad de su ratificación
inmediata.
El objetivo que persigue el presente Convenio --que me interesa subrayar
porque no ha quedado suficientemente claro-- es articular o armonizar las
políticas de asilo de los Estados miembros de la Comunidad Europea y
garantizar a los refugiados una protección adecuada en el espacio común
europeo. Señorías, con este Convenio se salvan una especie de vacío o de
carencia que existe hasta el momento y los consiguientes problemas y
perjuicios que se derivan para las personas solicitantes de asilo. El
Convenio establece, en consecuencia, el compromiso de que toda solicitud
de asilo por parte de un extranjero será atendida por alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, ya sea en la frontera o en el
territorio; en otras palabras, el solicitante de asilo tiene garantizado
que su solicitud será atendida por alguno de los Estados miembros de
acuerdo con una serie de normas que figuran en los artículos 4 a 8 del
presente Convenio. Señorías, de esta forma se evitan las incertidumbres
que hasta ahora tenían los solicitantes de asilo sobre el curso que iba a
llevar su solicitud y de que fueran objeto de sucesivos reenvíos de un
Estado a otro sin que ninguno asumiera la competencia del examen de esa
solicitud de asilo. En definitiva, como queda patente, se trata de la
protección de uno de los derechos humanos de los refugiados o
solicitantes de asilo.
En cuanto a la necesidad de su ratificación inmediata, les señalo a sus
señorías que este convenio se firmó «ad referendum» en la Conferencia de
Ministros responsables de materias de inmigración de los Estados Miembros
de las Comunidades Europeas en junio de 1990, en Dublín. En España el
Consejo de Ministros firmó este Convenio en febrero de 1992, pero a
partir de entonces ha sufrido un cierto retraso en su presentación a las
Cortes debido a que la versión española del artículo 12 no coincidía con
las versiones inglesa y francesa de dicho artículo, por lo que se podía
producir alguna mala interpretación en un tema tan delicado como es esta
materia del asilo.
Entro ahora, señorías, a responder al voto particular presentado por el
Grupo Parlamentario Popular de propuesta de no ratificación. Basa su
propuesta, según ha dicho su portavoz, en una formulación, a su juicio
ambigua, del párrafo último del artículo 19, y además ha señalado que
solamente se hace esta salvedad de la extensión del presente Convenio a
los territorios europeos dependientes del Reino Unido. Yo quiero
recordarle a su señoría que si lee bien el artículo 19 se dará cuenta de
que también es relativo al Reino de Dinamarca, y lo leo textualmente:
«Respecto al Reino de Dinamarca, las disposiciones del presente Convenio
no se aplicarán a las islas Feroe ni a Groenlandia, a menos que el Reino
de Dinamarca formule una declaración contraria.» Es decir, el mismo
tratamiento que opera para el Reino Unido.
Pero, además, si le parece que esto no es habitual o que no ha habido
precedentes, quiero tranquilizar a su señoría porque ya ha habido
precedentes de que el Reino Unido extienda unilateralmente la aplicación
de un convenio cuando se trata de instrumentos de derechos humanos. Esto
ha sido previsto en otras ocasiones, y muy brevemente le hago a usted una
referencia de todos aquellos puntos en los que existe este antecedente:
en el artículo 63, Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 4,
protocolo número 1; al Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 5,
protocolo número 4, al mismo Convenio Europeo de Derechos Humanos;
artículo 6, protocolo número 7, al mismo Convenio; artículo 34 de la
Carta Social Europea; artículo 12 del Convenio Europeo sobre la represión
del terrorismo; artículo 40 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto
del Refugiado y artículo primero del protocolo, y artículo 2 del Acuerdo
Europeo sobre exención de visados para los refugiados. En consecuencia,
no puede usted decir que es una declaración ambigua o que realmente no
está contemplado este supuesto en otros convenios, como acabo de
señalarle en este mismo momento.
Luego, señoría, ese no sería el problema, el único problema jurídico que
podría plantearse aparentemente sería la consideración del istmo de
Gibraltar como territorio dependiente del Reino Unido, y ese problema
queda salvado con la declaración aneja formulada por España y que dice lo
siguiente: El Reino de España declara que, si de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 del convenio, el Reino Unido decide extender
su aplicación a Gibraltar, dicha aplicación se extenderá sin perjuicio de
la postura de España con respecto al litigio que la opone al Reino Unido
a propósito de la soberanía del istmo. Esta es una declaración que
produce los efectos jurídicos pertinentes en el momento de su
formulación.
Si España no hubiese formulado esta declaración, sí hubiese podido
entenderse como una aquiescencia sobre la ocupación británica del istmo,
pero, como acabo de decirle, queda salvado precisamente con esa
declaración que, además, tiene ya antecedentes, puesto que figura en
otros convenios, y le pongo como ejemplo la Convención de Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar de 1982, convenio que tampoco admite reservas pero
sí, en cambio, esta declaración jurídica que salva este problema y este
contencioso que nos opone al Reino Unido.
Pero, además, precisamente esta declaración en el Convenio que nos ocupa
tiene un valor añadido, señoría, que deriva de figurar en el Acta Final
de la Conferencia en la que se adoptó, por lo que se entiende que los
Estados miembros firmantes del mismo han tomado buena nota de la
declaración aneja de España.
Por último, quería reseñar, señoría, que por supuesto que hay numerosos
informes y dictámenes tanto de la Asesoría Jurídica del Ministerio de
Asuntos Exteriores, de la Dirección General de Europa, del Ministerio del
Interior como del propio Consejo de Estado que avalan que, desde luego,
no se están lesionando ningunos intereses. Yo puedo asegurarle que ni el
Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista iban a consentir que se
cuestionaran o se lesionaran los intereses españoles, y creo que todo
esto le consta a usted porque, sin duda, el portavoz de su Grupo en el
Congreso le habrá informado de todos estos extremos a los que yo he hecho
referencia, porque a su vez el Ministerio de Asuntos Exteriores le ha
informado cumplidamente.
En consecuencia, no vemos ninguna razón, ni de tipo jurídico ni de tipo
político, para que ustedes presenten esta propuesta de no ratificación, y
le aseguro que desde mi Grupo no alcanzamos a comprender las razones que
les mueven a presentar esta propuesta. Sinceramente, no nos parece el
camino más adecuado para enfrentar el contencioso que tenemos con el
Reino Unido y, desde luego, no es precisamente en una cuestión de esta
naturaleza, una cuestión de Estado, donde nosotros entendemos que se deba
romper el consenso.
En conclusión, señorías, la enmienda del Convenio, como usted bien sabe,
es políticamente inviable, una reserva es jurídicamente imposible,
aunque, insisto, la declaración aneja produce los efectos jurídicos
deseados, y el bloqueo de su entrada en vigor nos plantearía problemas
con los socios comunitarios precisamente por el hecho de haber sido
suscrito ya por los 12 países. Finalmente, señoría, el aplazamiento de
este Convenio prolongaría los problemas y los perjuicios, a que he hecho
alusión antes, a las personas solicitantes de asilo, que están deseando
ver resuelta esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Flores.
Vamos a abrir el turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Bolinaga Bengoa.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, he escuchado atentísimamente al Senador del Grupo Popular, mi
querido amigo el Senador Ramírez Pery, en una intervención realmente
firme y enérgica que me ha gustado muchísimo, pero que, anuncio desde el
principio, no ha terminado por convencerme. También he escuchado muy
atentamente la intervención de la Senadora Elena Flores, que se ha
expresado asimismo con energía y con rotundidad en una línea argumental
realmente sólida e interesante. Ambos intervinientes, a mi entender, han
estado, en efecto, llenos de lógica desde la perspectiva de cada cual.
Por mi parte creo sinceramente que al Senador Ramírez Pery le ha surgido
su laudable patriótica vena política, que se justifica plenamente, cómo
no, desde un afán reivindicativo de Gibraltar desde el punto de vista
hispano, cuya visión adquiere nuevos fulgores cada vez que se menciona el
Peñón irredento o cada vez que se observa cualquier texto que a él haga
referencia.
Es cierto que los tratados emanados de «casus belli» producen siempre
efectos malsanos tanto interior como exteriormente, y el Tratado de
Utrecht fue y es uno de ellos. Fue fruto de una gran guerra que vino a
facultar la imposición de criterios por parte del vencedor sobre los
vencidos, de manera que, transcurrido el tiempo, la fuerza de la razón
queda obnubilada por la razón de la fuerza y crea estatus. Pero la verdad
es, señorías, que muy pocas veces se origina un estatus justo cuando el
estatus surge desde un medio tan poco recomendable como siempre es una
confrontación bélica.
Como no podía ser de otra manera, el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos comprende y respeta el punto de vista expuesto desde esta tribuna
por el Senador Ramírez Pery, del Grupo Popular, por ser consciente --me
refiero a nuestro Grupo-- de que toda guerra por principio --lo hemos
dicho ya-- es algo intrínsicamente malo, y por ser consciente asimismo de
que todo tratado derivado de cualquier guerra no puede evitar el carácter
impositivo de una de las partes en detrimento de la otra, aunque tales
tratados o convenios sean formalmente denominados tratados de paz y de
concordia e inclusive de abrazo, como se dio por considerar
históricamente el Convenio de Vergara, formalizado en mi pueblo el día 31
de septiembre de 1839, dicho sea a título de ejemplo.
Por consiguiente, nuestro Grupo comprende las reservas del Grupo Popular
sobre esa parte del párrafo cuarto del artículo 19 del convenio que ocupa
el interés de esta Cámara. Ahora bien, y sin que sea óbice para lo
manifestado, nuestro Grupo está convencido de que el honor hispano --si
se me permite la expresión-- queda perfectamente amparado en virtud de la
declaración que figura al pie del Convenio, puntualización de la que dejó
constancia atinadamente en su momento la Senadora Elena Flores en la
Comisión de Asuntos Exteriores, lo que ha reiterado en su intervención
precedente a esta mía.
Al hilo de sus razonamientos, nuestro Grupo entiende que las reservas
expuestas con lógica y buen criterio por el Grupo Popular quedan
perfectamente salvaguardadas al amparo de la Declaración citada que,
desde una posición objetiva, consideramos suficientemente clara y
oportuna hasta el punto de que, a nuestro entender, sí resuelve el tema
jurídico a la perfección y, cuando menos, a efectos formales del Convenio
en cuestión, hace que permanezca nítidamente a salvo el posicionamiento
esperanzadamente reivindicativo del Gobierno.
Señorías, creemos sinceramente que en el momento presente, y a tenor de
las circunstancias actuales, es muy difícil, por no decir imposible, la
exigencia de una cota más alta, dicho sea en términos de diplomacia y de
entendimiento mutuo, comprobado lo cual, y centrándonos en la estimación
elevada que nos merece la finalidad humanitaria del Convenio, cuyo valor,
en todo caso y para nuestro Grupo, es muy superior a cualquier otra
diferencia de criterio por muy respetable y razonable que ésta sea, los
Senadores Nacionalistas Vascos damos nuestra aquiescencia al convenio que
viene manteniendo la atención de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces tiene la palabra el Senador
Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a mi compañero Imanol Bolinaga su manera elegante y
afectuosa al expresar sus puntos de vista.
También quiero decir dos palabras tan sólo para aclarar, en primer lugar,
que el Grupo Popular comprende lo importante que es no dilatar el trámite
en estas cuestiones de derechos humanos, cosa que comparte con los demás
compañeros que formamos parte de la Comisión de Asuntos Exteriores, pero,
por otra parte, tampoco deja de comprender que la ambigüedad de este
Convenio no se predica a causa de su fórmula. Se trata de una fórmula
ambigua que también se ha aplicado a otros convenios, aunque el que se
haya aplicado a otros no la consolida ni la ratifica, no le da
autorización.
Nosotros pensamos que hubiera sido mucho más simple que desde hace algún
tiempo, desde el primer momento, esa fórmula se hubiera clarificado para
poner las cosas en su sitio, para que, en vez de que España hubiera
tenido que estar consignando protestas, el Reino Unido de la Gran
Bretaña, pura y simplemente, como ha hecho Francia, hubiera dejado de
hacer alusión a sus colonias y dependencias de América y asimismo en lo
que a Gibraltar se refiere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora Flores Valencia.
La señora FLORES VALENCIA: Señor Presidente, voy a ser muy breve.
De verdad que comparto su preocupación en alguna medida. He tratado de
explicarles, no sé si con fortuna o no, que esas preocupaciones son
compartidas, desde luego, por el Grupo Socialista y, por supuesto, por el
Gobierno, aparte de que la Declaración aneja salvaguardaba todo el
problema.
Creo que ustedes interpretan el Convenio de una manera distinta a lo que
en el mismo se dice, además de que lo utilizan para reabrir un debate
sobre el tema de Gibraltar que creo es importante mantener pero, eso sí,
en otro marco, no utilizando el Convenio.
Si ustedes entienden que hasta ahora la postura del Gobierno ha sido
ambigua, podrían haberlo manifestado en otros momentos, porque opino que
quizá no sea éste el más adecuado, pero no por el contenido del Convenio,
ya que precisamente persigue proteger los derechos de los refugiados.
Señorías, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que en temas
de esta naturaleza, en temas de Estado, debilitar la posición negociadora
de España no va en beneficio de la resolución del contencioso de
Gibraltar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Mientras vamos efectuando la llamada para las votaciones, informo a la
Cámara que, de resultar aprobada la propuesta de no ratificación, se
daría por concluido el debate sobre este Convenio. Por otra parte, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 74.2 de la Constitución, se
determinará
la creación de una Comisión mixta entre las dos Cámaras, Congreso y
Senado, para que, a su vez, ésta presente un texto que sería sometido
directamente a votación sin debate previo por parte del Pleno de esta
Cámara y de la otra. La mayoría absoluta requerida es de 129 Senadores.
En primer lugar, someteremos a votación la propuesta de no ratificación
del Convenio, que ha sido defendida por el Grupo Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 91; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la concesión de autorización para
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento mediante este Convenio.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 123; en contra, 90.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada y se autoriza, por tanto, en este
acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio del Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del
examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de
las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 24 de noviembre de 1993, y
Declaración formulada por España.
Muchas gracias. (El señor Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE POLONIA AL
CONVENIO NUMERO X DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO SOBRE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES Y LA LEY APLICABLE EN
MATERIA DE PROTECCION DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE
1961. (S. 610/000099) (C. D. 110/000102.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la Declaración de
aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio número X de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia
de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de
menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
No se han presentados propuestas en relación con esta Declaración.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Se entiende aceptada por asentimiento y, por tanto, se autoriza en este
acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por
medio de la Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia
al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley
aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de
octubre de 1961.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE TURQUIA AL
CONVENIO NUMERO X DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO SOBRE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES Y LA LEY APLICABLE EN
MATERIA DE PROTECCION DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE
1961. (S. 610/000100.)(C. D. 110/000104.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, pasamos a la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio
número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
sobre competencia de las autoridades y la Ley aplicable en materia de
protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
Tampoco se han presentado propuestas en relación con esta Declaración.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más, no puedo sustraerme a intervenir brevemente para
referirme a esta Declaración y manifestar que al Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos le satisface la aceptación de España de la Adhesión
de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley
aplicable en materia de protección de menores. Pero nos satisface mucho
más el hecho de que Turquía protagonice su propia adhesión, esperando que
sus deseos sean sinceramente elevados a la práctica con todas sus
consecuencias, de modo que la debida protección de menores sea aplicada
íntegramente en Turquía y que dicha protección sea aplicable a los niños
kurdos sin excepciones. No podemos olvidar las agresiones vengadoras de
Turquía contra el pueblo kurdo en general y de forma indiscriminada, al
que le sigue negando los derechos más mínimos, por cuyas consecuencias
son numerosos los menores kurdos que en los últimos tiempos vienen siendo
víctimas de la violencia turca, entre los que significaremos los 28 niños
muertos por bombardeo de sus localidades; los 13 niños muertos en ataques
del ejército turco contra sus poblaciones; los nueve niños fallecidos en
la represión de manifestaciones reivindicativas y los 18 niños
repartidores de periódicos kurdos, quienes también han resultado
asesinados por el simple hecho de cumplir con su trabajo de repartidores
de periódicos; eso sí, de periódicos de la competencia.
Por tanto, señor Presidente, señorías, al hilo de esta Declaración, sin
negar nuestra inquietud y preocupación,
nuestro Grupo quiere confiar en que, dada la adhesión de Turquía a este
Convenio en materia de protección de menores, y de una vez por todas, se
disponga a respetar el derecho de los menores kurdos a su vida y a la
cultura originaria que les es propia y que, como tal, es patrimonio de
toda la humanidad.
Nuestro Grupo piensa que sería deseable que el Gobierno, a la vera de
esta declaración, exigiera del Gobierno de Turquía el cumplimiento
íntegro, en la literalidad de su contenido, del artículo segundo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ramírez
Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Mediante la Declaración que estamos comentando se pretende aceptar la
adhesión de Turquía al mencionado Convenio. El Estado de Turquía se
adhirió al Tratado de 25 de agosto del año 1983, y ahora España, como
Estado contratante y en virtud del artículo 21, declara aceptar su
adhesión.
La declaración española tiene naturaleza de un acto unilateral, en
respuesta al acto también unilateral de Turquía. Por esta Declaración el
Convenio originario se modifica subjetivamente, y si para su firma fue
necesaria la previa autorización de las Cortes Generales, también lo será
para su modificación.
Por lo demás, no formulamos objeción alguna al presente Convenio. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
No habiendo ninguna intervención, se puede aprobar por asentimiento.
Así es y así se declara, por lo que se autoriza en este acto que el
Gobierno puede prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio
número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de
protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:
--EN RELACION CON LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES DON FERNANDO ABAD BECQUER Y
DOÑA DOLORES GARCIA-HIERRO CARABALLO. (542/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto sexto del orden
del día, que es el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades en
relación con los excelentísimos señores don Fernando Abad Bécquer y doña
Dolores García-Hierro Caraballo, publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», número 169, de fecha 4 de octubre de 1994.
La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación
de los citados señores, con arreglo a la legislación vigente.
Toda vez que la Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación
con los señores Senadores, cuya situación ha sido examinada, ha emitido,
de conformidad con el artículo 16 del Reglamento del Senado, el
correspondiente dictamen.
Siguiendo los precedentes parlamentarios, ruego al Presidente de la
Comisión que me comunique si algún miembro de la misma ha sido designado
para defender este dictamen en el Pleno. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, habiendo causado
baja en esta Cámara doña Francisca Sauquillo y don Teófilo Serrano, la
Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid ha elegido para ocupar esos
escaños a don Fernando Abad Bécquer y a doña Dolores García-Hierro
Caraballo.
La Comisión de Incompatibilidades, en su reunión del día 27, ha examinado
la documentación presentada y considera por unanimidad que de la misma no
se deduce incompatibilidad alguna para ninguno de los dos Senadores
citados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.)
No siendo así, se somete a votación el dictamen de la Comisión. Al no
existir ningún voto particular ni proponerse ninguna incompatibilidad,
solicito a la Cámara que lo apruebe por asentimiento. (Pausa.)
Muchas gracias. Así es y así consta y, por tanto, queda aprobado el
dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos en
que aparece publicado en el «Boletín Oficial del Senado» número 169.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE PROPONE A LA
CAMARA QUE SE CONSTITUYA UNA PONENCIA, EN EL SENO DE LA COMISION DE
EDUCACION Y CULTURA, QUE ESTUDIE LA SITUACION ACTUAL DE LOS MUSEOS EN
ESPAÑA, PROPONIENDO LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PRECISAS PARA ORDENAR Y
DESARROLLAR ADECUADAMENTE ESTAS INSTITUCIONES CULTURALES, CON ESPECIAL
CONSIDERACION DE LOS MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL. (671/000011.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto séptimo del
orden del día, que es el de mociones consecuencia de interpelación. La
primera es la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se
propone a la Cámara que se constituya una Ponencia, en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura, que estudie la situación actual de los
museos en España, proponiendo las medidas y actuaciones precisas para
ordenar y desarrollar adecuadamente estas instituciones culturales, con
especial consideración de los museos de titularidad estatal.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Van-Halen Acedo.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Señor Presidente, señorías, la moción que
presenta el Grupo Parlamentario Popular propone crear, en el seno de la
Comisión de Educación, Universidades, Investigación y Cultura, una
Ponencia que, en primer lugar, estudie la situación actual de los museos
en España y, en segundo lugar, proponga, naturalmente al finalizar dicho
estudio, las medidas y actuaciones necesarias para ordenar y desarrollar
adecuadamente estas instituciones culturales, con especial consideración
de los museos con titularidad estatal.
Una propuesta de modificación a esta moción por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la que hemos celebrado conversaciones
previas --aunque no se ha patentizado--, pretendía sustituir la creación
de dicha Ponencia --que debe estudiar la situación de los museos y
acordar una serie de medidas y principios de actuación-- por la remisión
por el Gobierno, en el plazo de tres meses, de un plan de museos a la
Comisión correspondiente del Senado, con el objeto de que ésta se
limitase a debatir desde ese plan la situación actual de los museos de
España, la redefinición del esquema de titularidad y gestión y también
las prioridades de actuación.
Naturalmente, tal propuesta no podía ser aceptada por el grupo proponente
de la moción. En aquella propuesta de texto del Grupo Parlamentario
Socialista --repito que no se ha patentizado-- no se mencionaba para
nada, en ningún momento, la finalidad última de llegar a un acuerdo sobre
estos temas que resultase vinculante para el Gobierno. Antes al
contrario, el texto que se nos proponía recalcaba «in fine» que la
redefinición del esquema de titularidad y gestión de los museos estatales
y la determinación de las prioridades de actuación se haría por el propio
Ministerio de Cultura. Para este viaje, señorías, no se necesitaban
alforjas.
Lo que se propuso a la Ministra en el pasado debate de la interpelación
sobre política de museos y lo que la Ministra aceptó fue, en definitiva,
que se adoptase un acuerdo en sede parlamentaria sobre la clarificación
de la situación de los museos españoles, especialmente en lo que se
refiere a los de titularidad estatal, y sobre los principios de actuación
que deben inspirar la política museística del Estado.
Las citas textuales que aparecen en el «Diario de Sesiones» del Pleno
pasado --para recordárselo a los portavoces de los grupos de esta
Cámara-- fueron las siguientes. En primer lugar, la propuesta de nuestro
Grupo --se abren comillas--: «Le proponemos en esta Cámara, que nos
parece idónea para tratar un tema que afecte tanto a las Comunidades
Autónomas como al Gobierno de la nación, ya que se trata de alcanzar
criterios de definición que afectan a la titularidad y a la gestión de
los museos, la apertura de un debate sobre la política de museos en
España, ese debate que ustedes dijeron que se iba a abrir hace algún
tiempo. Del consenso que deseablemente se produciría emanarían, sin duda,
las respuestas satisfactorias para los diferentes interrogantes de
nuestra interpelación, es decir, para el diseño de las medidas, los
criterios, los objetivos y los plazos para resolver la situación actual
de nuestros museos.» Esa fue nuestra propuesta formal.
En segundo lugar, la respuesta de la señora Alborch, Ministra de Cultura,
en cita textual, fue --comillas--: «Por supuesto, me ofrezco desde ahora
mismo --es un compromiso que asumo en esta Cámara-- a proporcionar todas
las posibilidades para que se realice este debate.» Más adelante, la
señora Ministra insistió --nueva cita textual; se abren comillas--: «...
me quedaría muchísimo más tranquila si ese plan de museos fuera fruto del
consenso entre los grupos parlamentarios y, además, me parecería muy
adecuado que ese debate, precisamente por las complejidades de los
distintos modelos museísticos que hay de titularidad estatal, de
titularidad estatal y de gestión estatal, de titularidad estatal y de
gestión autonómica, y así modelos sofisticadísimos, se celebrara en el
Senado, por ser el lugar más adecuado debido a la implicación que tiene
con las Comunidades Autónomas en esta materia.»
El «Diario de Sesiones» recoge que, tras estas palabras, se produjeron
aplausos en los escaños de la izquierda.
Señorías socialistas, ustedes aplauden a la Ministra, pero me temo mucho
que, naturalmente, la contradigan.
Porque lo cierto es que cuando la señora Ministra dice --vuelvo a citar
textualmente--: «... me quedaría muchísimo más tranquila si ese plan de
museos fuera fruto del consenso entre los grupos parlamentarios...», no
se está refiriendo, señorías, a traer aquí un plan ya elaborado para
discutir sobre él, sino que, precisamente, la Ministra se refería a lo
que supone la moción que presentamos hoy. Es decir, que el plan naciese,
fuese fruto --palabras de la Ministra; muy levantinas, por cierto-- del
propio consenso entre los grupos parlamentarios. Otra cosa es escamotear
lo aceptado por la Ministra y directamente enmendarle la plana, ustedes
luego lo explicarán como quieran.
Señorías socialistas, son ustedes más papistas que el Papa y si no fuesen
capaces de votar afirmativamente una propuesta del Grupo Parlamentario
Popular que ha nacido, precisamente, de un compromiso de la Ministra de
Cultura del Gobierno Socialista, de su Gobierno, en esta misma Cámara, en
el Pleno anterior, probablemente sería --no me cabe otra interpretación--
porque la iniciativa la traemos nosotros a esta Cámara y no ustedes,
aunque fuese aceptada por la Ministra, señora Alborch. Esto sería un
despropósito, aunque no el primero, y un disparate, aunque no el primero,
que escucharíamos o podemos escuchar de sus señorías socialistas.
Ustedes quieren vestir la imagen, pero se quedan en eso, en operaciones
de cosmética. Cuando proclaman que van a acabar con la corrupción la
tapan, y cuando proclaman que van a acabar con un problema confían en la
capacidad de amnesia de los españoles y van a dar plazos nuevos sobre
plazos ya reiteradamente incumplidos.
Señorías, el acuerdo sobre museos, en el que nosotros proponemos Comisión
tras el debate, por supuesto, debía ser vinculante para el Gobierno, ya
que lo que se pretende es hacer un pacto de Estado sobre esta materia en
sede parlamentaria, con la participación de todos los grupos
parlamentarios y, además, en una Cámara como el Senado que tiene la
vocación de representar de manera especial las sensibilidades de las
Comunidades Autónomas directamente afectadas por la política museística
del Estado.
Para la adopción de dicho acuerdo, fin último de la moción, se propone
crear esta ponencia en el seno de la Comisión correspondiente, en la que
con anterioridad, naturalmente, y para hacerlo posible, se debía estudiar
y debatir la situación actual de los museos, contando para ello con todos
los elementos de juicio que pudieran aportarse, tanto ese plan del
Gobierno de la nación, como los planes de las Comunidades Autónomas, como
también las opiniones de los expertos, cuya comparecencia se solicitará a
este fin.
Señorías, no tenemos nada en contra de que el Gobierno remita a esta
Cámara en el plazo de tres meses, o en el plazo que estime conveniente,
un informe o plan de museos que sirva de base al debate y que luego se
vea completado con las aportaciones de los informes de las Comunidades
Autónomas y de los datos que se puedan deducir de las comparecencias de
los expertos que los grupos parlamentarios puedan convocar.
Es más, señorías, muy especialmente señorías socialistas, el Gobierno
tenía que haber remitido ya a las Cámaras ese plan de museos, puesto que
a eso mismo se comprometió el Gobierno hace más de dos años en los
debates de la interpelación y moción subsiguiente que sobre esta materia
presentó nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados;
informe o plan que el entonces portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señor Cipriá Císcar, aseguró en la Comisión que estaba muy
avanzado y que se remitiría a la Cámara en el plazo de seis meses, seis
meses desde el mes de mayo de 1992. Todavía lo estamos esperando, así
que, por favor, no intenten, con perdón vendernos dos veces la misma
burra. ¿Qué credibilidad iban a tener hoy las promesas del Ministerio de
Cultura si no cumplió el plazo acordado en el Congreso en 1992?
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Van-Halen, la generosidad
pedida le lleva al umbral de lo tolerado.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Termino, señor Presidente.
Señorías, de lo que se trata es de hacer realidad la propuesta del Grupo
que represento, que coincide exactamente, como ha quedado dicho, con lo
que aquí estableció la Ministra como un compromiso ante esta Cámara. Lo
demás, ustedes podrán explicarlo como quieran, tratar de decir que es
cosa distinta, pero lo cierto es que estamos ante un dilema: o votamos
afirmativamente la moción del Grupo Parlamentario Popular, que por esta
vez coincide con los deseos de la Ministra del Gobierno Socialista, o, si
no vota el Grupo Parlamentario Socialista esta moción, aparte de
desautorizar a una Ministra de su Gobierno, se plantea un tema: o
debatimos un plan presentado por el Gobierno en la Comisión o elaboramos
el plan desde la propia Comisión, que es exactamente lo que la Ministra
quería y lo que nosotros queríamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Van-Halen.
Tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, señorías, para contestar a
la propuesta del Grupo Parlamentario Popular yo podría decir que estamos
aquí en presencia de lo que podría titularse la crónica de un
desencuentro anunciado.
Su señoría hace una propuesta, lee la proposición de una moción, cuyo
texto voy a omitir porque lo ha hecho ya su señoría. A continuación, y
dentro del momento procesal oportuno, le propongo una modificación de esa
propuesta que, coincidiendo esencialmente con los objetivos de la suya,
introduce alguna variante que nos parece oportuna. Y también en el
momento procesal oportuno su señoría me comunica que su Grupo
Parlamentario no está dispuesto a aceptar ninguna modificación del texto
inicial de su moción y, por tanto, que no podemos introducir ninguna
matización nueva sobre esa propuesta.
Creo que hay un objetivo muy claro, que es el objetivo de marcar un
territorio de desencuentro, un territorio de diferencia entre el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
Para plantear el debate en el mismo territorio de la sutileza
parlamentaria que su señoría ha hecho en su intervención y para evitar
que ningún tipo de frustración pueda apoderarse de su señoría, cosa que
fervientemente deseo que no suceda, ya le anuncio desde este momento que
nuestro Grupo Parlamentario votará en contra de su moción.
Razones de esta posición negativa: su señoría no interpreta correctamente
el contenido del debate de la interpelación del día 4 de octubre de este
año; hace un ejercicio de sordera selectiva, escucha lo que le interesa y
oculta una parte del debate que no le interesa que esté presente en él.
Y, como estoy haciendo el mismo ejercicio de sutileza parlamentaria que
su señoría, también tengo preparadas las citas textuales del debate que
me interesa presentar en este momento. Veo que el camino que su señoría y
yo vamos a seguir es el mismo; los objetivos que queremos perseguir son
idénticos, pero los caminos que vamos a adoptar son diferentes porque a
su señoría le interesa mucho marcar los territorios de la diferencia y no
los territorios de la comunidad, los territorios en que nos encontremos
no le interesan
a su señoría, le interesan los territorios del desencuentro.
Usted ha citado palabras de la señora Ministra --y yo voy a hacerlo
igual--, cuando dice: Me sentiría muchísimo más tranquila si ese plan de
museos fuera fruto del consenso. Pero antes hay una parte de la cita de
la señora Ministra que su señoría ha omitido, que dice: Estoy a favor de
proyectos más participativos y, por supuesto, insisto en mi invitación a
todos los grupos parlamentarios para que realicemos ese debate sobre el
plan de museos que tiene elaborado. Y un momento antes había dicho que
hay una política acordada de museos entre el Ministerio de Cultura y las
Comunidades Autónomas para tratar en su totalidad el tema de la
titularidad y de la gestión de los museos de todo el territorio nacional.
Su señoría quiere ignorar que hay una propuesta de un plan que debe ser
debatido. Propone que se constituya una ponencia, no interpreta
correctamente y en su totalidad el debate, coge de ese debate lo que le
interesa y se olvida de que hay una parte del debate que podríamos
también alegar en esta ocasión.
En su propuesta hay una valoración implícita negativa y descalificadora.
Al proponer una ponencia su señoría dice implícitamente: Puesto que nada
se ha hecho, partamos del punto cero constituyendo un grupo de trabajo
que elabore la totalidad del plan.
No podemos aceptar esa proposición, porque hay una parte importante de
trabajo ya realizado y esa parte del trabajo realizado debe ser el punto
de partida del trabajo de la Comisión. Pero, además, también quiero
corregir una cierta ceguera parcial que hay en la visión de su Grupo
sobre el tema de la política museística, y es que hay una parte muy
importante de competencias autonómicas que ustedes no mencionan en su
propuesta y acerca de cuya ausencia algún portavoz de otros grupos
parlamentarios, no del mío, le ha hecho presente su queja y su molestia
por la falta de visión de su Grupo respecto de las competencias
autonómicas en el tema de los museos.
Por último, quiero subrayar con mi intervención que lo que sus señorías
buscan es justamente marcar el territorio de las diferencias; cultivan
amorosa y cuidadosamente la política de los territorios diferentes, algo
así como la ley de la lejanía de los grupos políticos, que están cada vez
más lejanos con una velocidad creciente según las distancias que los
separan. La posición política de su Grupo en esta moción --y en la
anterior, y el debate de ayer por la mañana y en el de por la tarde-- ha
sido insistentemente la misma: éste es mi territorio, aquí estoy yo,
ustedes no están aquí; por lo tanto, acotan ustedes territorios donde no
nos podemos encontrar. El cuidado amoroso que su señoría tiene para los
territorios del desencuentro no puede ser compartido por mi visión
porque, por lo menos en este territorio, que es el territorio del juego
parlamentario --queramos o no queramos--, su señoría y yo tenemos que
encontrarnos. Y para que no haya ningún sentimiento de frustración para
usted, que no lo deseo, ni para mí --mi salud mental, naturalmente, me
preocupa mucho, así como mi equilibrio personal--, le voy a proponer, y
lo hago en este momento con toda la solemnidad de este Pleno --no para
que nos autorice el Pleno de la Cámara, que es innecesario--, el
siguiente plan de trabajo: mi Grupo solicitará de la Mesa de la Cámara
--que es competente para autorizarlo-- la comparecencia de la señora
Ministra para que nos exponga el plan de museos, donde se traten todos
los temas de coordinación de la política del Ministerio de Cultura con
las Comunidades Autónomas y toda la compleja política museística de los
centros de titularidad estatal, de gestión estatal o de gestión
autonómica...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, mi territorio es que se
mantengan los tiempos fijados lo máximo posible. Gracias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Voy terminando, señor Presidente.
Segundo. A la vista de esa comparecencia, mi Grupo propondrá en la
Comisión de Cultura un plan de trabajo, en el que su señoría podrá
intervenir para señalar comparecencias, visitas y debates. Y por último,
al amparo del artículo 67 del Reglamento del Senado, mi Grupo propondrá
la constitución de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de
Cultura que estudie toda la documentación aportada y pueda elaborar un
informe final sometido a la aprobación de la Comisión y del Pleno de la
Cámara, si lo estimara oportuno, y, por supuesto, para elevar al Gobierno
de la nación.
Ninguna frustración, señor Senador; ningún desencuentro, por muy querido
que sea por su señoría. Nosotros estamos dispuestos a conseguir los fines
y los objetivos fundamentales de la política de museos, aunque los
caminos que nos lleven a ese punto en este momento sean discrepantes;
razones hay, evidentemente, por parte de su Grupo para marcar esas
diferencias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias
Marcelo.
Abrimos un turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Albert Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías intervengo para exponer a la Cámara el criterio del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió respecto de la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Popular.
Como cuestión previa, manifestamos nuestro agradecimiento al Grupo autor
de la moción, porque a su amparo nos permite reiterar lo que hemos
manifestado en la interpelación que la precedió, es decir, la necesidad
de la plena transferencia de los museos y demás patrimonio histórico
artístico a las correspondientes Comunidades Autónomas.
Pero nuestro agradecimiento viene seguido de un anuncio de voto en
contra; y votaremos negativamente por una doble circunstancia. En primer
lugar, porque tal como se presenta la moción se vulnera de modo grave las
competencias autonómicas en materia de cultura, totalmente traspasadas
a las Comunidades Autónomas. No es competencia de esta Cámara el control
de la política de todos los museos, como, por ejemplo, los de Cataluña.
El Parlamento de Cataluña, en nuestro caso, es quien tiene competencia
para este control. En segundo lugar, porque nos consta que se ha ofrecido
a los autores de la moción una transacción que venía a acotar en el
tiempo el objeto de la Comisión, una vez que por parte del Ministerio de
Cultura se presentase, en un plazo razonable, un plan o programa de
museos del Estado, como ha venido a reconocer el Senador Van-Halen en su
exposición.
No debe olvidarse que esta moción proviene de la interpelación que en la
sesión del Pleno del pasado día 4 de octubre dirigió el señor Van-Halen a
la Ministra de Cultura, y reitero la posición de lo que en aquel momento
indicó el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Si quieren releer
el «Diario de Sesiones» verán que nuestro Grupo aprovecha la
interpelación --y ahora la moción-- para reclamar del Gobierno el
traspaso, no ya de la gestión, sino de la titularidad de todos aquellos
museos sitos en Cataluña. La Ministra de Cultura hacía referencia a 92
museos de titularidad estatal; en el Estado de las Autonomías esta
situación no se explica. Mencionaba la señora Ministra, entre las
realizaciones para 1995, la conclusión de obras en museos como los de
Albacete, Zamora, Tarragona...
La realidad museística del Estado debe continuar en su camino de
racionalizarse y adecuarse a la configuración del mismo. No nos parece
mal la preocupación del Grupo Parlamentario Popular acerca de los grandes
museos del Estado, los museos nacionales, y me atrevo a recomendar al
autor de la moción que, para que pueda hacerse un buen trabajo de
control, para que no se pierda el tiempo en comsiones y estudios, se
acometa primero, y como cuestión previa, la transferencia de la
titularidad a las Comunidades Autónomas, reservándose el Estado aquellos
museos que por su condición merecen permanecer a su cargo. En este
sentido, me llenó de esperanza la declaración de la Ministra de Cultura
de tener una Comisión de trabajo junto con las Comunidades Autónomas para
entrar en esta cuestión.
Repugna que ciudades como Tarragona tengamos el patrimonio romano,
edificios históricos, etcétera, distribuido entre diferentes competencias
de Administraciones. La exhibición está fragmentada, la posibilidad de
estudio también, y la economía de esfuerzo y gesto olvidadas. Sirva,
pues, nuestra intervención para recordar una vez más al Gobierno nuestra
vocación de atender directamente nuestro patrimonio cultural y, a buen
seguro, si cada Comunidad Autónoma gestiona su patrimonio, podrá el
Ministerio atender con mayor celo y cuidado los museos referidos en la
moción del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias señores Senadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Van-Halen Acedo pide la palabra.)
En estos momentos no le corresponde al Grupo Parlamentario Popular un
turno de portavoces. Sin embargo, si me invoca el artículo 87, muy
brevemente le concedo un minuto de sesenta segundos.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, señor Presidente, porque el señor Iglesias ha hecho una
propuesta. Yo creo que el Senador Iglesias, que ha hablado mucho de
territorio, a mí me recordaba, él y yo que tenemos gustos literarios,
está muy tagoriano, porque cuidaba mucho su jardín; era un jardinero, lo
que pasa es que él no se da cuenta de que la rosa del jardín a veces está
más marchita.
De todos modos, el señor Iglesias se ha inventado el arroz con pollo sin
pollo; es decir, se ha inventado una ponencia que no se llama ponencia,
pero que va a hacer todo lo que va a hacer una ponencia, y a nosotros
eso, en la medida en que una vez más no ha dicho que sí porque es una
propuesta nuestra --ya no nos acepta ni las propuestas respaldadas por
los miembros del Gobierno socialista--, pues iremos a esa cosa que no es
ponencia, pero que es una ponencia. Por otra parte, yo pienso que la
invocación a las palabras de la señora Ministra...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le termina el minuto,
que ya no es minuto tampoco.
El señor VAN-HALEN ACEDO: Decía que las palabras de la señora Ministra no
se contradicen con lo que nosotros hemos recordado. Nosotros queremos
hacer un plan de museos con el plan de museos del Ministerio pero, además
de eso, con otras aportaciones. No es una contradicción, señor Iglesias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor
Iglesias Marcelo pide la palabra.) Señor Iglesias, le concedo un minuto
en virtud del artículo 87.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Continúa el Senador Van-Halen en el ejercicio de las sutilezas, y en este
caso de las sutilezas literarias.
Le agradezco la última parte de su intervención, porque viene a aceptar
el plan de trabajo que, por cierto, no sé si su señoría ha reparado en
que ese plan de trabajo que he propuesto, y que su señoría ha aceptado,
no era necesario que fuera debatido en el Pleno de esta Cámara; la
Comisión tiene competencia suficiente para hacerlo. Pero a su señoría le
interesaba representar su papel en el Gran Teatro del Mundo, y en esa
representación del papel --en el que su señoría y yo estamos haciendo
papeles diferentes del auto sacramental de la democracia-- es lo que hace
que usted y yo estemos jugando en este momento estos papeles. En el fondo
vamos a hacer el trabajo, vamos a estar de acuerdo --aunque en los
objetivos finales a lo mejor no--, y vamos a cumplir el plan que he
propuesto ante la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado por la que se propone a la Cámara que constituya una ponencia,
en el seno de la Comisión de Educación y Cultura, que estudie la
situación actual de los museos en España, proponiendo las medidas y
actuaciones precisas para ordenar y desarrollar adecuadamente estas
instituciones culturales, con especial consideración de los museos de
titularidad estatal.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 93; en contra 121; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE ELABORE UN PLAN INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA QUE CONTEMPLE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
COORDINACION NECESARIAS PARA LUCHAR EFICAZMENTE CONTRA LA EVOLUCION DE LA
DELINCUENCIA EN ESPAÑA Y CUMPLA LAS PREVISIONES DE LA LEY ORGANICA DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DEL ACUERDO MARCO FIRMADO POR
EL GOBIERNO Y LOS SINDICATOS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. (671/000012.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación a la
discusión, debate y votación de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno para
que elabore un plan integral en materia de seguridad ciudadana que
contemple las medidas legislativas, administrativas y de coordinación
necesarias para luchar eficazmente contra la evolución de la delincuencia
en España y cumpla las previsiones de la Ley Orgánica de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y del Acuerdo Marco firmado por el
Gobierno y los sindicatos para la mejora y modernización de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban Albert.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al subir hoy a esta tribuna para la defensa de la moción que
nos ocupa en este punto del orden del día, créanme que lo hago con afán
de colaboración, con absoluta conciencia de la responsabilidad y un
profundo sentido de lealtad a la Constitución.
Y esto viene al caso, señorías, porque a pesar de habérseme anunciado el
futuro que va correr esta moción es mi deber intentar despertar
sensibilidades, espolear conciencias y advertir, cómo no, sobre actitudes
de frivolidad, en unos casos, o de obstinación en otros. Pero es lo
cierto, señorías, que es nuestro deber, nuestra obligación, contribuir
desde la lealtad a la Constitución y, desde esa posición, procurar el
disfrute de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos
aportando para ello todo lo que desde nuestra óptica política sea
positivo.
Así, señorías, antes de formular esta moción, en mi Grupo nos
planteábamos dos cosas. Primero, si había cuestión, es decir, si
ciertamente existe en España peligro sobre las garantías de los derechos
fundamentales consagrados en la Carta Magna. Y, segundo, si eso es así,
si hay otras políticas alternativas a las que está llevando el Gobierno o
a las que no lleva el Gobierno en estos dos años, es decir, si se puede
hacer algo distinto a lo que se está haciendo.
Por consiguiente, había que plantearse algunos interrogantes y
profundizar en su análisis. Nos preguntábamos, ¿es cierto que el nivel de
seguridad ciudadana que gozan actualmente los ciudadanos españoles se
sitúa muy por debajo de las garantías de seguridad y libertad que
resultan mínimamente exigibles en un Estado Social y Democrático de
Derecho? Respuesta: sí. ¿Puede alguien poner en duda esto? No.
Avanzábamos y nos seguíamos preguntando, ¿es cierto que la inseguridad
ciudadana continúa siendo uno de los problemas que en mayor medida
afectan a la sociedad española? Sí. ¿Se ha tenido verdadera voluntad de
mejorar estos niveles y se han puesto los medios económicos, legislativos
y humanos para ello? No.
Señorías, después de estas reflexiones cabe afirmar que los ciudadanos,
lejos de verse amparados en sus derechos, se sienten cada vez más
inseguros y desprotegidos. Y es lícito también afirmar que la situación
actual de inseguridad ciudadana se deriva de la creciente evolución de la
delincuencia desde 1982, del alto índice de impunidad existente como
consecuencia de una política de seguridad del Gobierno durante doce años.
Señorías, doce años llenos de ambigüedades, de imprecisiones, de saltos
en el vacío y de una falta de sensibilidad rayana en la ausencia de
voluntad de resolver esta cuestión.
Por consiguiente, ¿es o no es verdad el hecho de que España se haya
convertido durante estos años en un país inseguro que no es más que
consecuencia de una política de seguridad nefasta consistente en promover
reformas legales improvisadas e inefectivas que han tenido posteriormente
que modificarse? ¿Es o no es verdad? Ese es el interrogante. ¿No es
cierto que la «Ley Corcuera» que ustedes, el Grupo Parlamentario
Socialista, y otros grupos apoyaron iba a ser la panacea de todos los
males? ¡Qué lástima que al Grupo Socialista en ese momento se le olvidó
el término libertad!
Señorías, nosotros creemos que tamaño desaguisado, aunque sabemos que es
difícil, tiene solución. Se puede combatir, pero para ello, desde nuestra
posición creemos que hacen falta mínimamente cuatro cosas. Primero,
voluntad de hacerlo; segundo, de hacerlo con entusiasmo y dedicación;
tercero, con planes que cubran medidas de
todo tipo, y cuarto, con la ayuda de todos, especialmente, con el acuerdo
y entendimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguriad del Estado.
Como no quiero que al terminar nos digan que lo que hacemos es criticar y
que no presentamos alternativas, permítame, señor Presidente, con su
benevolencia un par de minutos para poder decir cuáles son las medidas
mínimas que nosotros aportamos y que creemos que se deben hacer. Primero,
de carácter general: la elaboración de un nuevo Código Penal que dé
respuesta a la exigencia en la realidad criminal de España; el
cumplimiento íntegro de las penas impuestas a narcotraficantes y
violadores; la revisión de las condenas de concesión de la libertad
provisional; el establecimiento de un sistema de penas alternativo a la
privación de libertad para los drogodependientes; una revisión de las
penas impuestas por la comisión de delitos que causen grave alarma
social.
Segundo, la elaboración de una ley sobre indemnizaciones en supuestos
específicos a las víctimas de delitos violentos. Tercero, la creación de
un servicio coordinado para la atención a las víctimas de delitos
violentos. Cuarto, la redistribución de efectivos policiales, atendiendo
a la evolución de la delincuencia en las distintas zonas geográficas.
Quinto, fomentar la colaboración y coordinación entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y cuando digo del Estado me refiero,
como es natural, también a las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, de carácter policial, esto es, completar el modelo
policial español con la promulgación del reglamento orgánico del servicio
del Cuerpo de la Guardia Civil, la promulgación del real decreto de
plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la revisión
y cumplimiento del acuerdo marco para la mejora y modernización del
Cuerpo Nacional de Policía en orden a hacer posible una política
retributiva de mejora para sus miembros; la creación de un centro
superior de estudios de la seguridad interior; fomentar la cooperación
policial internacional...
El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que concluya.
El señor ESTEBAN ALBERT: ...Y en el orden organizativo, derogación
--termino, señor Presidente-- del Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre
regulación de la Policía Judicial, y la actualización del órgano de
coordinación en materia de seguridad previsto en la Ley Orgánica.
Señor Presidente, termino diciéndoles que probablemente después de esta
intervención los señores socialistas y supongo que también el portavoz
del Grupo de Convergència i Unió nos dirán que estamos en una posición
catastrofista y que, como siempre, nos quedamos solos. No tengan
problemas esta vez, señorías, con nuestra soledad, porque vamos por el
camino bien acompañados, puesto que nos acompaña el pueblo español. Es
decir, nos quedamos solos con la mayoría del pueblo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.
Rumores en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Esteban
Albert.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Ardaiz Egüés.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra en este turno no sólo para intentar ilustrar a
sus señorías acerca de lo innecesario de la moción presentada por el
Grupo Popular, sino también para adelantarles que precisamente ésa va a
ser la razón, la de la inutilidad de esa moción, para que mi Grupo
Parlamentario vote en contra de la misma.
La verdad es que cuando ha iniciado su reflexión en esta tribuna el
portavoz del Grupo Popular he llegado a pensar qué nos vendría a decir de
nuevo y tan nuevo que comenzaba apelando a la lealtad constitucional. Y
la verdad es que ha finalizado su intervención, diciendo que le vamos a
acusar desde aquí de que no presentan alternativas. La verdad es que ha
finalizado sin presentar ninguna, ninguna alternativa a la que ya propuso
el Ministro del Interior hace dos semanas desde esta misma tribuna.
Pues bien, mi Grupo Parlamentario, tras haber estudiado con toda la
atención posible el texto de la moción presentada y después de la glosa
que nos ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, va a votar en contra,
en el convencimiento de que es una moción que no aporta absolutamente
nada en la lucha a favor de la seguridad ciudadana. ¿Y por qué digo que
no aporta nada? Por una razón muy sencilla, cual es el hecho de que la
moción insta al Gobierno, no al desarrollo de las medidas que ha dicho
aquí el portavoz del Grupo Popular que insta, sino a presentar un plan
integral de seguridad ciudadana, que ya fue expuesto, como he dicho
antes, por el Ministro del Interior el día 4 de octubre desde esta misma
tribuna.
Debo recordar a sus señorías, pero fundamentalmente a los autores de la
moción, las palabras textuales del señor Ministro cuando se refirió a un
programa integral de seguridad ciudadana, que comprende medidas
administrativas, procesales y territoriales y que aspira a integrar los
principios de libertad y de seguridad en la acción común de jueces,
fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las tres
Administraciones. Desde luego, me parece ocioso repetir el catálogo de
medidas integrantes del plan expuesto por el señor Ministro, por la misma
razón que resulta ociosa esta iniciativa --dicho sea con todo el respeto
para el Grupo Parlamentario Popular--, pero estoy seguro de que sus
señorías recuerdan algunas de las cosas de las que habló aquí el señor
Ministro: de aumentar la dotación policial en las calles, de reducir el
tiempo de contestación a las llamadas del 091, de una comunicación
directa entre el ciudadano que denuncia y la Policía a fin de poder tener
noticia de cuál es el resultado de su denuncia --están todas ellas en el
«Diario de Sesiones»--, de la supresión de puestos de seguridad
estáticos, de racionalización de las condiciones judiciales y
penitenciarias, establecimiento de módulos hospitalarios, reducción del
número de agentes que actualmente realizan funciones de oficina, de
adecuación de los efectivos policiales a los hechos denunciados,
a las demandas ciudadanas y a los datos que resulten de la nueva
organización de la estadística policial, etcétara. Y ya conocen también
sus señorías, por las explicaciones del señor Ministro, que este programa
integral de seguridad ciudadana ni empieza ni acaba en esas medidas. Por
poner un ejemplo, ya viene funcionando desde hace varios meses en el
ámbito de la Guardia Civil el plan de prevención de la delincuencia.
Pero la moción contiene alguna cuestión más de la que el portavoz del
Grupo Popular nos ha hablado desde la tribuna: lo referido al desarrollo
de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Señorías, por estas Cortes han sido aprobadas la
Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, hace ya algunos años,
y, recientemente, la Ley por la que se completa el régimen del personal
del cuerpo de la Guardia Civil y la Ley de la segunda actividad en el
Cuerpo Nacional de Policía. Faltan, ciertamente, el reglamento orgánico
de servicio de ambos cuerpos, de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil, así como la aprobación de plantillas. A eso es a lo único que se
ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Pero para ello,
para que pueda avanzarse en estos aspectos legislativos, previamente es
necesario racionalizar los medios de que disponen los tres niveles de las
Administraciones públicas, y un ejemplo...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Ardaiz, le pido atención
al tiempo.
El señor ARDAIZ EGÜES: Espero que me permita terminar.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Evidentemente.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Ejemplo de lo que digo, de esa racionalización de los tres niveles de la
Administración, es precisamente el acuerdo firmado creo que el lunes día
17 en la Junta de Seguridad Ciudadana de Cataluña.
Y finalmente, respecto al acuerdo marco firmado por el Gobierno y los
sindicatos policiales, he de decir que, en primer lugar y a pesar de la
restricción presupuestaria en materia de salarios, en los Presupuestos de
1995 se recogen unos incrementos retributivos para las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado superiores a los del resto de los funcionarios y
al margen de los establecidos para los funcionarios del Estado. También
se está avanzando en el cumplimiento de otras cláusulas, como la cuarta
del acuerdo, referida a la promoción y carrera profesional, o respecto a
lo establecido en la cláusula tercera, sobre adscripción de los puestos
de trabajo. Las indemnizaciones por accidente es otro tema en el que
también se han firmado acuerdos de cumplimiento del acuerdo marco, así
como la asistencia letrada por cuestiones derivadas del servicio.
En resumen, señor Presidente, señorías, nos satisface comprobar --y es
una cuestión por la que merece la pena alegrarse-- que una vez más el
Grupo Popular comparte el interés que sobre la seguridad ciudadana
muestra el Ministro de Justicia e Interior y ocupa la acción del Gobierno
de nuestra nación, interés, además, que estamos seguros de que es
compartido por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencia
en materia de seguridad ciudadana, por jueces y fiscales comprometidos en
la eficacia por la lucha contra la delincuencia, a fin de cuentas en la
lucha a favor de la libertad.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Ardaiz, ahora sí ha
consumido su turno.
El señor ARDAIZ EGÜES: Con esto acabo, señor Presidente.
Esta Moción en absoluto contribuye en esa lucha.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto no hacen uso de la palabra;
tampoco por el Grupo de Coalición Canaria.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
De la Moción del Grupo Parlamentario Popular se desprenden dos «pepita»:
por un lado, se insta a la elaboración de un plan integral de seguridad
y, por otro, al cumplimiento de las previsiones de la Ley Orgánica de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Respecto de la primera, quiero recordar, como lo ha hecho mi buen amigo
el Senador Ardaiz, que el señor Ministro anunció en la anterior sesión
plenaria de esta Cámara su presentación de forma precisa y contundente.
Este Plan, según las palabras del señor Ministro, estará ultimado este
mes de octubre y puesto en marcha en el próximo mes de enero. En
consecuencia, este Grupo no ve la necesidad de instar nada ni apoyar
acción alguna que persiga ese mismo fin. Sencillamente lo que nos
corresponde es esperar; esperar el cumplimiento del compromiso contraído,
compromiso que, «rara avis», tiene, como ya nos tiene acostumbrados el
señor Ministro, fecha determinada.
Respecto de la segunda de las cuestiones, creo que debemos ser justos y
aceptar que el desarrollo de la Ley Orgánica, ya citada, se está
cumpliendo. En el plazo de un mes hemos visto en esta misma Cámara tres
normas de desarrollo de la repetida Ley Orgánica. En consecuencia,
debemos decir que nada hay que justifique esta Moción, y por ello vamos a
votar en contra de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Caballero
Lasquibar.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera empezar esta breve intervención haciendo referencia al
comentario que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, absolutamente
gratuito, en cuanto a que el Grupo de Convergència i Unió iba a calificar
su intervención de catastrofista y que se iban a quedar solos. Señor
Senador, como le digo, esta afirmación es absolutamente gratuita porque
espero que del tono de mi intervención no se desprenda esta calificación
que usted se ha anticipado a anunciar.
Nos encontramos ante el debate de una Moción consecuencia de una
Interpelación del día 4 referente a la seguridad ciudadana en la que
hubo, como pudimos constatar, una gran confrontación de datos: los que,
por un lado, ofrecía el Grupo Popular, que según anunció los iba sacando
de la Fiscalía, y, por otro, los que ofrecía el Ministro desde otras
fuentes, como las dos Secretarías Generales e incluso la Policía. No hubo
coincidencia numérica ni en los propios accidentes que se iban
produciendo ni en ninguna de las acciones judiciales. Eso nos debe hacer
reconocer a todos que la situación no ha mejorado --no sería cierto decir
lo contrario-- y que todos los miembros de esta Cámara debemos sentir la
necesidad de que los delitos se vayan reduciendo cada vez más. Por tanto,
cualquier medida que se pueda aplicar para que se reduzcan deberá ser
bien vista por parte de todos los miembros de esta Cámara.
Quisiera destacar que mientras el Grupo Popular, según su fuente de
información, manifestaba que la delincuencia había aumentado, el señor
Ministro lo máximo que toleraba era un incremento del 0,5 por ciento
aproximadamente. Pensamos que al haber sido recabada la información por
diferentes conductos, no debe ser cierta ni una cosa ni la otra. Pero
insisto en que nuestra preocupación, más allá de los datos, tiene que ser
la de intentar que cada vez se vayan reduciendo más estos tipos de
comportamientos.
El Ministro ponía como ejemplo la aplicación de la justicia rápida que
está teniendo lugar en Barcelona y en Sevilla, y que seguramente se
extenderá al resto del Estado español, como una de las medidas para ir
coartando las diferentes acciones que se producen dentro del campo de la
delincuencia.
Quisiera, ya muy brevemente, explicar las razones por las cuáles nosotros
no vamos a apoyar la Moción presentada por el Grupo Popular. Y desde el
respeto que nos merecemos las diferentes fuerzas políticas, de la misma
manera que nosotros respetamos su punto de vista, creo que el portavoz y
el Grupo Popular en general va a respetar --aunque sé que no va a estar
de acuerdo con nosotros-- el nuestro.
No la vamos a apoyar, primero, porque el Estatuto de Autonomía de
Cataluña nos otorga la competencia en todo lo que se refiere a seguridad
ciudadana; segundo, porque cuando ustedes nos hablan de un plan integral
no sabemos qué es lo que se pretende integrar; ni a quién, ni de qué
forma, ni de qué manera. No es este nuestro discurso; no vamos por aquí.
Se ha recordado también por parte del Grupo Socialista --concretamente el
lunes de esta semana-- que la Junta de Seguridad de Cataluña firmó el
acuerdo para desenvolver todo un proyecto, que me consta que no es su
proyecto ni su propuesta, pero es la nuestra. En esta línea, quisiera
recordar que en el debate del Estado de las Autonomías me pareció muy
clarificadora la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor
Ruiz-Gallardón, cuando decía: Si nosotros gobernáramos en la Comunidad
Autónoma de Madrid, no querríamos en ningún momento que las competencias
de la policía fueran traspasadas a la Comunidad de Madrid. A mí me
pareció de una claridad meridiana. Nosotros estamos en una posición
totalmente contraria: Queremos las competencias. Son dos modelos
diferentes de entender, por lo menos en este campo de la seguridad
ciudadana, su proyecto político y el nuestro. No tendría ningún sentido
que votáramos a favor de una moción cuando en el fondo y en el transfondo
político estaríamos en contradicción con nosotros mismos.
Por tanto, señor Presidente, señorías, les agradezco su atención, y
espero, señor Portavoz del Grupo Popular, que pueda comprender que no ha
estado ni en mi tono ni en mi ánimo el decirles a ustedes que se van a
quedar solos o que son catastrofistas. Simplemente he procurado
contraponer su proyecto con el nuestro, y por esa razón explicarles que
no vamos a votar favorablemente su Moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Codina.
(El señor Esteban Albert pide la palabra.) Ha terminado el turno de
portavoces. Señor Esteban, tiene la palabra por un minuto.
El señor ESTEBAN ALBERT: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al portavoz del Grupo de Convergència su tono, la forma
de expresarse y la sinceridad en el planteamiento de que nuestros modelos
políticos en materia policial son distintos. A mí eso me parece un poco
extraño, pero puedo entenderlo. Es decir, mientras la delincuencia sea
común en todos los territorios de España, difícilmente los modelos pueden
ser distintos.
Seguramente me ha entendido usted mal, porque lo de que nos íbamos a
quedar solos no lo decía por usted ni por su Grupo en esta Cámara; lo
decía por un dato concreto sobre materia de seguridad que su portavoz en
el Congreso, señor Roca, dijo cuando mi Grupo se oponía a la política de
reinserción o indulto que estaba llevando a cabo el Gobierno de la
nación. Decía él que en aquel caso nos habíamos quedado solos. Y en aquel
caso las encuestas demostraron que nos habíamos quedado solos con la
mayoría del pueblo. A eso me refería en concreto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, no sabe lo breve que son
sesenta segundos.
El señor ESTEBAN ALBERT: Concédame usted un poco más de tiempo. Gracias.
Al portavoz Socialista le quiero decir que cuando hablo de lealtad a la
Constitución --y usted lo entenderá-- me refiero a la defensa de la
garantía de los derechos fundamentales de las personas. Esa es la
verdadera lealtad a la Constitución, una de las lealtades que hay que
tener con la Constitución.
Respecto a lo que me dice del señor Ministro, debo decir que yo he
expuesto todo lo que el Ministro ha dicho...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que termine ya.
El señor ESTEBAN ALBERT: Sí, señor Presidente, termino enseguida.
El señor Ministro, señoría, lo único que expuso aquí fue un plan de
choque para once provincias, un plan de choque como la limpieza de una
casa, pero no quiere mantener la casa limpia. No ha expuesto nada nuevo
y, desde luego, tampoco el Gobierno Socialista expone motivos para que
nosotros demos credibilidad a su política de seguridad. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Senador Ardaiz tiene la palabra también por un minuto.
El señor ARDAIZ EGÜES: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que tenía mis dudas acerca de si había entendido lo mismo
que el resto de los grupos parlamentarios sobre las palabras del Ministro
y de si el Ministro había presentado realmente un plan integral de
seguridad ciudadana o, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, un
plan de choque. He visto que no estaba equivocado, que el resto de los
grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, habían entendido lo
mismo que yo. En todo caso, voy a terciar en el tema de la soledad, lo
que hasta ahora no había hecho porque no sabía en qué posición iba a
quedar mi Grupo Parlamentario, pero parafraseando de nuevo, como en la
moción anterior, a mi compañero de grupo parlamentario, algún título de
novela, yo les voy a animar: no se preocupen, porque, a pesar de lo que
diga el título de la novela de García Márquez, no hay mal que cien años
dure.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Sometemos a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, por la que se insta al Gobierno para que elabore un plan
integral en materia de seguridad ciudadana, que contemple las medidas
legislativas, administrativas y de coordinación necesarias para luchar
eficazmente contra la evolución de la delincuencia en España, y cumpla
las previsiones de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y del acuerdo marco firmado por el Gobierno y los sindicatos
para la mejora y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 93; en contra, 124.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
PARA QUE PROPONGA ANTE LAS INSTANCIAS COMUNITARIAS UN CONTROL PARA LA
PESTE PORCINA AFRICANA EN ESPAÑA, IGUAL AL QUE EJERCE LA UNION EUROPEA
PARA LA PESTE PORCINA CLASICA, EN PAISES COMO HOLANDA, BELGICA O
ALEMANIA, CONSISTENTE EN PROHIBIR UNICAMENTE LA CIRCULACION A LOS
ANIMALES DE SACRIFICIO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE UNA ZONA DE PROTECCION
DEFINIDA ALREDEDOR DE UN FOCO DE PESTE. (662/000098.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): A continuación, pasamos al
siguiente punto del orden del día: Mociones.
En primer lugar, moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno para que proponga ante las instancias
comunitarias un control para la peste porcina africana en España igual al
que ejerce la Unión Europea para la peste porcina clásica en países como
Holanda, Bélgica o Alemania, consistente en prohibir únicamente la
circulación a los animales de sacrificio que se encuentren dentro de una
zona de protección definida alrededor de un foco de peste.
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para exponerles, para su debate y
aprobación, la siguiente moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, que dice textualmente: «El Senado insta al Gobierno para que
proponga ante las instancias comunitarias un control para la peste
porcina africana en España igual al que ejerce la Unión Europea para la
peste porcina clásica en países como Holanda, Bélgica o Alemania,
consistente en prohibir únicamente la circulación a los animales de
sacrificio que se encuentren dentro de una zona de protección definida
alrededor de un foco de peste.» Es decir, lo que se viene llamando
«focalización».
En el inicio de mi intervención, quisiera hablarles de la evolución y
ciclo general de la enfermedad de la peste porcina en Europa y,
especialmente, en España.
El primer foco de la peste porcina africana en Europa aparece en el año
1957, en Portugal, procedente de sus colonias africanas, y se difunde,
más tarde, en España, en 1960.
En un principio, como expuso el señor Peche en unas jornadas técnicas
celebradas en Pozoblanco respecto a la reforma del Mercado Unico Europeo,
se pretendió que en cada caso de peste porcina africana, se realizase un
diagnóstico clínico previo al sacrificio de los animales afectados por la
enfermedad. En aquellos años, señorías, las técnicas y los diagnósticos
eran rudimentarios, y los ganaderos movilizaban incluso su ganado de
forma clandestina, incrementándose de esa manera, de forma sistemática,
los focos secundarios de la enfermedad.
También tiene gran trascendencia en el ciclo vital de la peste porcina
africana la persistencia del virus en un artrópodo, conocido vulgarmente
como el chinchorro, y cuyo nombre científico es el Ornithodurus
erraticus, y en el jabalí, en el Sus Scrofa; así, por ejemplo, el
artrópodo puede adquirir el virus de la peste porcina africana al
succionar sangre de cerdos en fase de viremia y actuar como reservorio y
agente transmisor de la enfermedad.
Como consecuencia de lo expuesto, la peste porcina africana se fue
difundiendo a través del ganado porcino por todo el territorio nacional.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, la existencia de la peste
porcina africana ha condicionado de forma importante el desarrollo
integral del sector del porcino español --sobre todo el aprovechamiento
de los recursos de la dehesa como base de la explotación extensiva del
cerdo ibérico--, y ha causado enormes dificultades a nuestro sector
industrial al verse imposibilitado de participar en la dinámica de los
intercambios intracomunitarios.
Ante esta situación, con la perspectiva del ingreso de España en las
Comunidades Europeas y la referencia de la puesta en marcha del Mercado
Unico para el comercio intracomunitario, el Gobierno de España puso en
marcha, en el año 1985, un programa para la erradicación de la peste
porcina africana en el que se establecían las bases para conseguir que el
territorio español quedara libre de esta enfermedad.
Las consecuencias de la puesta en marcha de este programa fueron muy
positivas en el ámbito de la explotación del cerdo intensivo, en el que
resultaba más fácil el control de los animales y su prevención respecto a
los factores externos que intervienen en el contagio de la enfermedad.
Como resultado de estos logros, la Comunidad Europea admitió entonces la
separación del territorio español en dos grandes áreas: una, afectada por
la peste porcina africana, y otra libre de la enfermedad, coincidiendo
esta última con el modelo de explotación del cerdo blanco intensivo. Era
evidente que, en el área del cerdo ibérico, la lucha contra la peste
porcina africana entrañaba muchas más dificultades, no sólo por la
peculiar estructura productiva del régimen extensivo, sino también por la
concurrencia de una serie de factores incontrolados que están ligados al
ecosistema, al hábitat de la dehesa y al ciclo vital de propagación y
difusión de la enfermedad.
No obstante, señorías, la realidad demostró poco después que estas
cautelas no se alzaban como un obstáculo insalvable, sino como un reto
que fue asumido rápidamente por las Comunidades Autónomas, en virtud de
sus competencias en materia de sanidad animal, y por el propio sector
ganadero, en una apreciable labor de corresponsabilidad, que ha alcanzado
resultados muy positivos a medio plazo.
Ante esta realidad, España se dividió, según la situación epidemiológica
de la peste porcina africana, en tres grandes zonas.
Una zona afectada por la peste porcina africana: aquella en la que se han
registrado focos de la enfermedad en los últimos doce meses. Comprende
los territorios de las provincias de Córdoba y Sevilla, situada al norte
y oeste del río Guadalquivir, en la Comunidad Autónoma andaluza, y la
totalidad de la provincia de Huelva. A lo largo de 1994 se han registado
once focos, siendo el último el 23 de febrero de este mismo año.
Otra zona, la llamada zona de vigilancia de la peste porcina africana,
era aquella en la que no se han registrado focos de la enfermedad en los
últimos doce meses y, sin embargo, los resultados de los chequeos
serológicos son positivos. Comprende la parte más occidental de la
provincia de Málaga y casi la totalidad de la provincia de Cádiz, así
como el oeste de Cáceres y el sur y el oeste de la provincia de Badajoz.
En Extremadura, el último foco de la enfermedad se produjo en Badajoz, en
septiembre de 1992, y el último caso de serología positiva, en septiembre
de 1993.
En Andalucía no se han detectado focos desde 1990. Sin embargo, durante
el año 1993 se encontraron portadores en Málaga y en Cádiz, y aún en 1994
siguen apareciendo en ciertas piaras de la provincia de Cádiz.
Finalmente, hay una zona libre de peste porcina africana, que es aquella
en la que no se registran focos de la enfermedad y en la que,
lógicamente, los resultados de los controles serológicos son negativos.
Esta zona comprende el resto del territorio español. No se han producido
focos de enfermedad desde el año 1987, a excepción de un foco aislado que
se produjo en la provincia de Granada en otoño de 1993.
Por otra parte, señor Presidente, señorías, los movimientos de animales
de la especie porcina dentro del territorio de la Unión Europea tienen su
base legal en la directiva 64/432 de la Comunidad Económica Europea,
traspuesta a la legislación española por Real Decreto 434/1990, de 30 de
marzo.
En síntesis, no existiría ninguna traba para los intercambios de animales
vivos, carne fresca y productos cárnicos de las zonas libres de peste
porcina africana, y, en cambio, sí existirían trabas para a zona de
vigilancia afectada por la peste porcina africana.
En este contexto, y en el marco específico de la moción socialista
propuesta, la evolución de la peste porcina africana en Andalucía ha sido
muy positiva, no existiendo, según los datos de la misma Junta de
Andalucía, ningún foco activo desde el mes de febrero del año 1994. Los
niveles de seropositividad son similares a los de otras áreas con menos
de un uno por ciento, a excepción de zonas muy determinadas que están en
torno al dos por ciento.
Recientemente, señorías, Salamanca ha sido declarada como zona libre de
la peste porcina africana. Y Extremadura será, probablemente, declarada
zona libre de la peste porcina a partir del próximo mes de noviembre. Por
ello, la
desaparición de las regulares e intensas relaciones comerciales de
Andalucía con Salamanca y Extremadura, de más de 200.000 cabezas de cerdo
al año, hubieran dejado este año al sector del porcino andaluz en una
difícil situación si no se hubiese aprobado muy recientemente, y con
carácter excepcional para este año, un conjunto de medidas de
intervención en el porcino ibérico para evitar la distorsión en los
precios del mercado con la compra de 60.000 animales de cebo de tronco
ibérico y sus cruces procedentes de la provincia de Huelva y algunos
municipios de Córdoba y Sevilla, incluidos en la llamada área afectada
por la peste porcina africana.
Por otra parte, y complementariamente a todo lo dicho, señorías, el ya
citado programa de erradicación de la peste porcina africana en la
península ibérica contempla el denominado principio de la focalización,
que consiste básicamente en dar un tratamiento localizado a un eventual
foco de peste porcina africana que pueda detectarse en España, es decir,
se trata de ejercer un control para la peste porcina africana en España
igual, como dice la moción, al que hace la Unión Europea para la peste
porcina clásica en países como Holanda, Bélgica o Alemania.
Andalucía, señorías, está comprometida en este esfuerzo común para
erradicar la peste porcina africana en España. En este sentido, se han
conseguido, como ya punté antes, resultados esperanzadores, de forma que
la mayor parte del territorio hasta ahora considerado como zona afectada
puede considerarse como libre de enfermedad, ya que los pocos focos de
peste porcina africana se concentran en zonas muy concretas de su
geografía.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista del Senado propone esta moción para que el Gobierno de España,
de común acuerdo con la Comunidad Autónoma andaluza, solicite a la
Comunidad Europea que el área afectada por la peste porcina en Andalucía
quede únicamente circunscrita a unos escasos municipios de su geografía
en los que se concentraría la labor sanitaria y un mayor énfasis de las
acciones de lucha a cargo de los servicios veterinarios de la Comunidad
Autónoma.
Se podría así, por consiguiente, prohibir en el futuro únicamente la
circulación a los animales de sacrificio que se encuentren dentro de una
zona de protección definida y localizada alrededor de un foco de la
peste.
Finalizo, señor Presidente, señoras y señores Senadores, con la esperanza
de que con la aprobación de esta moción se contribuya a dar el impulso
final que nos lleve a la erradicación de la peste porcina africana,
desaparición que conllevaría consecuencias de incalculable valor
económico, ecológico y social para zonas como el sur de Salamanca,
Extremadura o Andalucía donde la aparición de esta enfermedad hace 30
años ha tenido efectos muy desfavorables para la optimización de los
recursos agroganaderos y para el mantenimiento del ecosistema del encinar
español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Colacios.
Turno en contra.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Gracias.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, brevemente y desde el
escaño voy a posicionarme respecto de la moción que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista y que no hace más que reflejar una
problemática real existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como se trata de una propuesta muy puntual y como la moción hace
referencia exclusivamente al traslado de cerdos ibéricos para su
posterior sacrificio que provienen de zonas de protección definidas
alrededor de los focos de peste, nuestro Grupo va a dar soporte a dicha
moción, pero dejando bien claros dos puntos.
En primer lugar la erradicación de la peste porcina africana de casi la
totalidad del territorio español se ha logrado como consecuencia de una
lucha decidida por parte de las diferentes administraciones, así como del
sector implicado. Su mantenimiento como zona libre de peste porcina
africana es el resultado de una lucha diaria por parte de todos ellos.
Por lo tanto para evitar dar un paso atrás en esa lucha para la
erradicación de esa enfermedad hay que hacer un seguimiento sanitario
efectivo, tanto en el traslado de los animales como en la posterior
manipulación de sus productos.
En segundo lugar la voluntad del Gobierno de proponer a las autoridades
comunitarias la focalización de la peste porcina africana ha de venir
acompañada por una voluntad clara --de la cual no dudamos en ningún
momento-- por parte de la Comunidad Autónoma de lucha para la total
erradicación de dicha enfermedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Gracias, Senador Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barrero.
El señor BARRERO VALVERDE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna en este turno de portavoces para exponer la
posición de mi Grupo respecto de la moción que, en relación con la peste
porcina y la focalización de las zonas aún afectadas, estamos en estos
momentos debatiendo.
Antes de expresar la posición de mi Grupo, quiero dejar constancia de lo
siguiente. Desde el año 1988 ha sido una preocupación constante del
Partido Popular y de su Grupo parlamentario el problema de la peste
porcina y de la llamada raya roja; problema que ha venido impidiendo
tanto la circulación interior como la exportación de cerdos ibéricos
a otros países de la Unión Europea. Esto ha supuesto, efectivamente, un
grave quebranto económico para este sector y para las Comunidades de
Andalucía, Extremadura y Salamanca, donde el sector es tan importante que
su producción representa el 80 por ciento del total nacional.
Esta preocupación constante ha llevado a nuestro Grupo parlamentario a
presentar, esencialmente en el Congreso, continuas iniciativas
parlamentarias con el doble fin de conseguir el levantamiento de la raya
roja en las zonas donde la enfermedad se consideraba remitida, así como
el establecimiento del principio de focalización en las zonas aún
afectadas.
La prohibición se circunscribía a todo el territorio y se pretendía que
se circunscribiese solamente a esas zonas y a un determinado radio de
acción, que después la Comisión de Veterinarios de la Unión Europea
estableció en 10 kilómetros cuadrados. Sencillamente, buscábamos que se
nos aplicaran las mismas normas que se estaban aplicando en los mismos
casos al resto de los países de Europa.
Pues bien, la primera iniciativa del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso de los Diputados data del 14 de diciembre de 1988, día en que mi
Grupo presentó una interpelación al Gobierno, defendida por el Diputado
Miguel Ramírez, con el objetivo de evitar que una parte importante del
territorio nacional quedara dentro del cinturón sanitario que en ese
momento se estaba estableciendo desde Bruselas.
A partir de ese momento, múltiples, como he dicho, han sido las
iniciativas de mi Grupo en el Congreso de los Diputados con el objetivo
antes indicado. Todas han sido, generalmente, bien acogidas y votadas
favorablemente por todos los grupos parlamentarios, excepto,
curiosamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, que sistemáticamente
ha votado en contra, demostrando --y ahora ha cambiado, afortunadamente,
de opinión-- durante bastante tiempo una cierta insensibilidad ante un
problema y un sector tan importante para Salamanca, Andalucía y
Extremadura y que en esos momentos necesitaba, como ahora, la ayuda y el
esfuerzo de todos.
Para no alargarme más en esta exposición cronológica, simplemente quiero
decir que de esta guisa, es decir, iniciativas de unos y oposición de
otros, llegamos al día 27 de septiembre pasado, hace exactamente 22 días.
Ese día el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados
presentó una proposición no de ley ante la Mesa de la Cámara que se
debatió dos días después, instando al Gobierno a que solicitara a la
Comisión Veterinaria de la Unión Europea el levantamiento de la raya
roja, respecto de las comarcas aún sometidas por la prohibición, ante la
inexistencia en esa zona de peste procina africana.
En la misma iniciativa se solicitaba que se tratase al resto del
territorio español donde pudieran existir todavía focos aislados igual
que al resto de Europa, es decir, que sólo se aislasen los focos durante
el tiempo de control, pero sin que eso supusiera la prohibición del
círculo a reexportar porcino a las provincias enteras.
Y aunque hemos visto posiciones numantinas del Grupo Parlamentario
Socialista en múltiples ocasiones en tamas de distinta naturaleza,
manteniendo posturas pétreas en asuntos en los que la propia razón y el
sentido común demandaban aceptar, aunque partieran las iniciativas de la
oposición, como el tema del levantamiento de la raya roja y de la
focalización no permitía más dilación porque hubiera levantado ampollas
en el sector y no está el horno para bollos desde el punto de vista
electoral, ¿qué hizo el Grupo Parlamentario Socialista el día 29? Se
apropió de nuestra proposición, le cambió la forma, mantuvo el fondo y
propuso un nuevo texto con idéntica petición, que fue aceptado por
nosotros y por los demás grupos, porque no se trataba, a nuestro
entender, de protagonismos absurdos, sino de intentar solucionar un
problema que era urgente.
Así, la proposición no de ley se aprobó desde la iniciativa y con el
fondo del Grupo Parlamentario Popular y la sintaxis del Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Qué es lo que se pedía al Gobierno en la
proposición no de ley aprobada hace 22 días en el Congreso de los
Diputados? En síntesis, que se solicitara a la Comisión Europea el
levantamiento de la raya roja en las zonas en las que aún se mantenía y
que la misma quedara suscrita únicamente a aquellos municipios donde aún
existieran focos de la enfermedad, es decir, se estaba solicitando la
focalización.
Veintidós días después, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado
presenta la moción que estamos debatiendo, en la que se pide parte de lo
mismo que ya se aprobó en el Congreso de los Diputados hace tres semanas
y por unanimidad. Y eso es algo, cuando menos, sorprendente, porque
significa o que alguien quiere apuntarse un tanto que no le corresponde
o, lo que es peor, y no quiero entrar en otro tipo de problemas porque
tampoco me corresponden a mí, como los medios de comunicación hablan de
que en el Grupo Parlamentario Socialista hay sectores y subgrupos, a lo
mejor quien negoció la transaccional con el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso de los Diputados es de un subgrupo distinto al que lo
plantea en el Senado y quizá la falta de comunicación entre ambos les
haya llevado a presentar algo que ya se aprobó en la Cámara Baja, y digo
esto por encontrar una explicación lógica.
En todo caso, como esta moción en su contenido es una copia de una parte
de la que transaccionalmente aprobaron el Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Parlamentario Popular y el resto de los grupos del Congreso y a
la vez aquélla era una copia de la que había presentado el Grupo
Parlamentario Popular, que realmente es el autor de la iniciativa,
nuestra posición será favorable respecto a la copia de la copia y, por
tanto, vamos a votar afirmativamente esta iniciativa.
Por último, y dentro de esta misma cuestión, yo quiero hacer llegar al
Gobierno y al Ministro de Agricultura --aunque no están presentes, pero
ésta es una tribuna que tiene eco público-- dos peticiones: primera, que
se inste nuevamente, si no se ha hecho, a la Comisión europea el
levantamiento de la raya roja, y que sea inmediato, con urgencia. El
Ministro Atienza dijo en la feria de Zafra hace pocos días que eso era
una letra a dos meses vista. Pues no, que sea urgente, para intentar que
el sector se recupere este año.
En segundo término, como se ha autorizado por la comunidad Europea
retirar 50.000 canales de cerdo ibérico, solicitamos al señor Ministro
que estos 50.000 cerdos se retiren exclusivamente de donde todavía haya
focos de peste porcina, porque con esta medida se ayuda a la erradicación
de la enfermedad en esa zona y se haría un buen servicio al sector.
Ambas peticiones son complementarias al tema que hoy estamos tratando
aquí y por eso espero que sean bien acogidas por el Gobierno, por el
señor Ministro y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barrero
Valverde.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Alonso Colacios.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en el turno de portavoces, en primer lugar, para
agradecer la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y la clarificación de su posición respecto de los dos
temas que le preocupan. A mi juicio, la exposición que he realizado en
defensa de la moción ante sus señorías recoge perfectamente ese sentir y,
por consiguiente, vamos a trabajar en ello --de hecho, la Comunidad
Autónoma andaluza está trabajando para que los servicios veterinarios
controlen perfectamente la evolución de la enfermedad de la peste porcina
en Andalucía-- y también en los aspectos que le preocupan respecto de la
comercialización de los cerdos. Por consiguiente, quiero agradecer la
posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió ante esta moción.
En segundo lugar, ante la posición del Grupo Parlamentario Popular en
cuanto a la peste porcina africana y ante ese alarde de máquina
fotocopiadora que nos ha expuesto aquí el representante del Grupo
Parlamentario Popular, quiero decir que, efectivamente, el día 27 de
septiembre el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados
presentó una iniciativa que en ese aspecto no recogía la iniciativa que
hemos presentado aquí. Pero quiero informar a su señoría que el día
anterior, el 19 de septiembre, el Grupo Parlamentario Socialista presentó
una proposición no de ley en el Parlamento andaluz a los efectos de que
en España, sobre todo en la zona de Andalucía, se aplicara el concepto
del denominado principio de focalización, que lo recogía desde el año
1985, no desde el año 1988, el Gobierno socialista en el plan de
erradicación de la peste porcina en España, que, como le he dicho a su
señoría, se instauró en el año 1960.
Pero quiero decirle más: aquí, en el Senado, las únicas iniciativas que
ha habido a ese respecto han sido de Senadores --lo tengo que decir-- del
Grupo Socialista, con preguntas del Senador por Huelva o mías, anteriores
a todas esas fechas que en plan fotocopiadora nos ha presentado usted en
este debate parlamentario respecto a la peste porcina.
Finalizo, señoría, diciendo, como he expuesto en la argumentación de la
moción, que lo que espero y deseo es que el Gobierno siga manteniendo las
mismas posiciones de firmeza ante la Comunidad Económica Europea que ha
venido manteniendo hasta ahora y que de una vez haga que la peste porcina
africana, como dije al final de mi intervención, desaparezca y se puedan
defender de verdad los intereses agroganaderos y el ecosistema del
encinar de la dehesa española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. (El
señor Barrero Valverde pide la palabra.)
Por el artículo 87, se le concede la palabra por tiempo de un minuto.
El señor BARRERO VALVERDE: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para ilustrar a sus señorías y demostrar que este
Senador ha dicho absolutamente la verdad cuando ha manifestado que el
tema que tratamos hoy aquí es una repetición de lo que el Grupo
Parlamentario Popular presentó en el Congreso, así como para leer
literalmente el apartado 4 de nuestra propuesta en el Congreso, que dice,
explicando el tema de la focalización: En virturd de estas
circunstancias, es de justicia que se trate a estas dos Comunidades
Autónomas igual que al resto del territorio español y al resto de Europa,
es decir, que sólo se aíslen durante el tiempo de control las zonas donde
aparezca algún foco de peste porcina africana, pero sin que ello suponga
la prohibición de exportar porcino de otras provincias enteras.
Si esto no es exactamente lo mismo que hoy estamos tratando aquí, que
venga Dios y lo vea.
En todo caso...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Barrero, el minuto ha
terminado.
El señor BARRERO VALVERDE: Señor Presidente, muchas gracias.
No es cuestión de discutir; yo creo que lo importante es solucionar el
problema, y en eso llevamos nosotros trabajando hace tiempo y nos
alegramos de que el Grupo Parlamentario Socialista se adhiera a lo que ha
sido nuestro empeño desde hace muchos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Alonso
Colacios pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Alonso por un minuto.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente intervengo en el sentido de ilustrar a la Cámara diciendo que
a las seis y veinticinco del día 21 de septiembre de 1994 el Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía presentó una
proposición no
de ley sobre la focalización de la peste porcina en Andalucía, y bajo ese
punto de vista lo que ha hecho aquí el Grupo Parlamentario Socialista en
el Senado es profundizar en la dinámica de las negociaciones que se están
manteniendo en la Comunidad Económica Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Alonso
Colacios.
Vamos a someter a votación la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno para que
proponga ante las instancias comunitarias un control para la peste
porcina africana en España, igual al que ejerce la Unión Europea para la
peste porcina clásica en países como Holanda, Bélgica o Alemania,
consistente en prohibir únicamente la circulación a los animales de
sacrificio que se encuentren dentro de una zona de protección definida
alrededor de un foco de peste. Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 214; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda, por tanto, aprobado el
texto. (El señor Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A LA REVISION URGENTE DE LA LEY 13/1982, DE INTEGRACION SOCIAL
DE LOS MINUSVALIDOS (LISMI), A FIN DE ACTUALIZARLA Y ADECUARLA A LAS
NECESIDADES REALES DE ESTE COLECTIVO, ASI COMO A LA ELABORACION DE UN
PLAN GENERAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS MALFORMACIONES CONGENITAS
Y MINUSVALIAS. (662/000099.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señorías, pasamos a debatir la
moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra su portavoz.
El señor HERNANDEZ PELEGRINA: Señor Presidente, señorías, es la tercera
vez que intervengo por este mismo tema, y como dice el refrán que a la
tercera va la vencida, yo creo que esta vez va a ser la definitiva.
Voy a dividir la moción en dos partes: una primera que trata de la Lismi,
Ley de Integración Social del Minusválido, y una segunda dedicada a la
prevención de las malformaciones congénitas, que mucho tiene que ver
después para la aplicación de dicha ley.
España, desde el punto de vista socioeconómico, se acerca mucho a los
países europeos más adelantados. La diferencia que existe entre nuestro
país y los demás es la gran distancia entre la teoría y aquello que se
recoge en normativas legales, protocolos, documentaciones, etcétera.
Una de las grandes críticas que se puede hacer hoy a los poderes públicos
es el reiterado y sistemático incumplimiento de la normativa pro
integración del minusválido en la sociedad mayoritaria. La normativa
legal en materia de minusválidos es amplísima y va desde el Programa de
Acción Mundial de las Naciones Unidas a la Constitución española o a la
Ley de Integración Social del Minusválido, por hacer mención sólo de
algunas que recogen la obligatoriedad del cumplimiento de las normas
legales en favor de las personas con discapacidad.
El objetivo final de la atención al minusválido debe ser la normalización
social, pero sin una voluntad política definida y sin puesta en marcha de
medidas integrales e integradoras dirigidas a suprimir todo tipo de
barreras físicas en las ciudades y pueblos que impliquen una
discriminación clara para los sectores sociales mencionados y un recorte
de su participación en la integración de la vida comunitaria no será
posible esta normalización, de la que ningún ciudadano de derecho deberá
estar exento, para lograr de esta forma la equiparación de oportunidades,
sin tener en cuenta distinciones de raza, color, edad, sexo o minusvalía.
Si conocemos cuáles son o pueden ser las soluciones a la problemática
determinada por las minusvalías; si también conocemos las medidas que se
han de adoptar para llegar a estas soluciones; si conocemos, asimismo,
aquellos poderes públicos y privados que pueden dar soluciones; si
sabemos que todos tenemos la obligación y la responsabilidad política y
moral de dar solución a estos problemas, lo único que nos falta es esa
sensibilización y concienciación personal, colectiva o social, acompañada
de una gran y sincera dosis de voluntad política en la que participen
todos aquellos involucrados en el problema.
La Lismi es un ley que se puede equiparar con cualquiera de las leyes más
adelantadas de los países de nuestro entorno y que, desgraciadamente, no
se ha aplicado todo lo que tenía que aplicarse. Solamente se ha
desarrollado en un 30 por ciento aproximadamente, y yo creo que, a partir
de ahora, si esta moción sale adelante, con la ayuda de todos los
partidos que integran esta Cámara, podremos sacarla a la luz.
En cuanto al tema de la prevención de las malformaciones congénitas,
señorías, en España el 3 por ciento de los recién nacidos vivos presentan
una o más deficiencias congénitas de importancia clínica. Además de su
marcada diferencia sobre las patologías neonatales o infantiles, un
análisis más directo del problema muestra que la incapacidad física y/o
mental, que frecuentemente se asocia a los cuadros malformativos
congénitos, produce un impacto emocional y económico en los padres y en
las familias del niño malformado.
Por otra parte, la capacidad de los centros asistenciales de las
Comunidades se hacen insuficientes para prestar los servicios necesarios
para combatir esta incapacidad. La etiología de las malformaciones
congénitas son genéticas en un 30 por ciento; ambientales, infecciones,
drogas, sustancias químicas, enfermedades maternas en un 12 por
ciento, y causas desconocidas todavía, a pesar de los adelantos que hoy
tenemos, un 58 por ciento. Es penoso reconocer que, a pesar de los
enormes avances científicos y tecnológicos que caracterizan a la medicina
moderna, nuestro conocimiento acerca de las malformaciones congénitas
permanecen aún en un etapa primitiva. Si agregamos a esto el hecho de que
la prevención individual de cada cuadro malformativo es, por lo general,
baja, resulta fácil comprender las dificultades a las que se debe
enfrentar el clínico para formular su diagnóstico.
Una categoría etiológica de gran importancia dentro de las malformaciones
congénitas es la debida a factores ambientales que, por lo menos
teóricamente, son previsibles en su totalidad. En forma análoga, se
podría decir que todas las malformaciones de origen genético se pueden
prevenir por medio de asesoramiento genético y diagnóstico prenatal. En
la práctica, sin embargo, esto no es así. Considerando el asesoramiento
genético a nivel individual, es importante recordar que su finalidad
primordial no es reducir el número de afectados sino ayudar a los
consultantes a tomar decisiones preventivas apropiadas.
En la categoría de malformaciones de causa desconocida, 58 por ciento,
hay un número importante de anomalías cuya etiología se especula y es el
resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales, por
ejemplo: espina bífida, anencefalia, etcétera. Si se quieren prevenir los
defectos congénitos, lo más importante es proporcionar a las familias y a
la población en general información y orientación del riesgo y proseguir
con los programas de investigación. Las malformaciones congénitas suponen
un coste importante, no sólo familiar y social sino también económico,
por lo que los estudios encaminados a su prevención son siempre
rentables.
Se puede efectuar un cálculo aproximado que puede suponer un grupo de
defectos congénitos en base a su alto grado de morbilidad o necesidad de
atención quirúrgica y hospitalaria. Algunos de ellos son tan
incapacitantes que, al coste de la atención médica e institucional,
habría que añadir el coste que representa para la sociedad por la falta
de producción. En España hay un total de 500.000 nacimientos al año, y si
se tienen en cuenta los datos sobre frecuencia, se sabe que de este total
van a nacer alrededor de 3.050 niños con alguno de los defectos
congénitos siguientes: Síndrome de Down, espina bífida, amputaciones
congénitas de extremidades, parálisis cerebral, labio leporino, etcétera.
Si se estima un coste mínimo medio por atención médica hospitalaria y
quirúrgica de 525.000 pesetas/niño, el coste global anual sobrepasará los
1.600 millones de pesetas. No pueden ser aceptados los argumentos de
índole económica para justificar que los defectos congénitos no se
incluyan en la política sanitaria de un país desarrollado.
El gran error de la política social y sanitaria es ver y tratar la
prevención como un departamento estanco circunscrito al campo de la salud
y no como un proceso global e integral en el tratamento y asistencia a la
persona. La minusvalía es, por tanto, la pérdida o la limitación de las
oportunidades de participar en la vida de la comunidad de la misma manera
que los demás. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿qué es la
prevención? ¿Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se
produzcan deficiencias físicas, mentales, sensoriales? ¿Es prevención
primaria o es impedir que las deficiencias, cuando se han producido,
tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas?
Entre una y otra prevención, conocidas en el área de la salud como
medicina preventiva y medicina rehabilitativa o rehabilitadora, se
encuentra la prevención secundaria que es la detección de las
deficiencias y entra dentro de la medicina preventiva. La estrategia de
la prevención es fundamental para reducir la incidencia de la deficiencia
y de la discapacidad. Los principales elementos de tal estrategia serán
diversos, según el nivel de desarrollo del país de que se trate, siendo
las medidas más importantes para la prevención de la deficiencia: la
supresión de la guerra --armas que no matan y sí crean minusválidos; hay
quien dice que es más barato enterrar a los muertos que atender a un
minusválido toda la vida--; mejora de la situación educativa, económica y
social de los grupos menos favorecidos; identificación de los tipos de
deficiencia y de sus causas dentro de zonas geográficas definidas, porque
hay zonas en las que cierta enfermedad prevalece, por ejemplo, espina
bífida en la comarca de Ronda, en mi provincia, Málaga, y en el País de
Gales; deficiencias visuales en La Ajarquía, también en mi provincia, e
infinidad de zonas donde hay una enfermedad determinada que se podría
estudiar perfectamente. Concretamente, en Málaga hemos hecho un estudio
magnífico de la zona de La Ajarquía --porque había también un número
importante de casos de esclerosis múltiple-- que se podría extrapolar a
otras Comunidades y quizá daría resultado porque posiblemente tenga que
ver el factor ambiental, la alimentación, etcétera.
En la medida en que tiene lugar el desarrollo, se reducen antiguos
peligros y surgen otros nuevos. Esta evolución de las circunstancias
requiere cambios en la estrategia, tales como programas de intervención
en materia de nutrición dirigidos a grupos determinados de la población
que están en mayor peligro debido a insuficiencias de vitamina A,
raquitismo, enfermedades óseas, etcétera; problemas visuales o
deficiencias psíquicas asociadas; mejor atención de salud para las
personas de edad avanzada; formación y normativas para reducir los
accidentes laborales, de circulación viaria y en el hogar; lucha contra
la contaminación ambiental y contra el uso indebido de las drogas y el
alcohol, así como mayor y mejor atención primaria a la salud.
Hay en el mundo actual un número grande y creciente de personas con
discapacidad, aproximadamente unos 500 millones. En la mayoría de los
países, una de cada 10 personas tiene una deficiencia física, mental o
sensorial, y la presencia de la discapacidad repercute de modo adverso
en, al menos, un 25 por ciento de la población. Las causas de las
deficiencias varían en todo el mundo; lo mismo sucede con la prevalencia
y las consecuencias de la discapacidad. Estas variaciones son el
resultado de diferentes circunstancias socioeconómicas y de las
diferentes disposiciones que cada sociedad adopta para lograr el
bienestar de sus ciudadanos. Según un estudio realizado por expertos, por
lo menos 350 millones de personas con discapacidad
viven en zonas donde no se dispone de los servicios necesarios para
superar sus limitaciones. Una gran parte de las personas está expuesta a
barreras físicas, culturales, sociales, que obstaculizan su vida aun
cuando se disponga de ayuda para su rehabilitación.
El aumento del número de personas con discapacidades y su marginación
social puede atribuirse a infinidad de factores: a guerras, como he dicho
antes; a la elevada proporción de familias sobrecargadas y empobrecidas;
hacinamiento; poblaciones con un alto porcentaje de analfabetismo;
programas inadecuados; obstáculos como la falta de recursos, falta o
situación deficiente de la infraestructura de los servicios, la baja
prioridad concedida en el contexto del desarrollo social y económico a
las actividades relativas a equiparación de oportunidades; los accidentes
de la industria y del transporte; catástrofes naturales, contaminación
del medio ambiente, etcétera. Podríamos hacer una lista innumerable. La
relación entre discapacidad y pobreza ha quedado claramente demostrada.
Si bien el riesgo de deficiencias es mucho mayor entre los pobres,
también se da la relación recíproca: accidentes de coches, motos, drogas,
en la gente acomodada. El nacimiento de un niño con deficiencia o el
hecho de que a alguno de la familia le sobrevenga alguna discapacidad
suele imponer una pesada carga en los limitados recursos de la familia y
afecta a su moral, sumiéndola aún más en la pobreza. El efecto combinado
de estos factores hace que la proporción de personas con discapacidad sea
más alta en los estratos más pobres de la sociedad.
Con los conocimientos teórico-prácticos existentes sería posible evitar
que se produjesen muchas deficiencias y discapacidades, así como
colaborar con los afectados a superar o mitigar sus circunstancias y
poner a los países en condiciones de derribar las barreras que excluyan a
aquéllos de la vida cotidiana.
Las malformaciones congénitas han sido clásicamente consideradas como
sucesos imprevisibles, incurables, inevitables, posiblemente hereditarios
y, por fortuna, poco frecuentes. Todo eso hacía que no fueran importantes
ni desde el punto de vista sanitario ni desde el científico. Este
desinterés era lógico si consideramos que, sobre todo en las zonas o
países subdesarrollados, la tasa de muertes infantiles era muy alta
debido esencialmente a la falta de alimentación y a las enfermedades
infectocontagiosas. Sin embargo, cuando un país alcanza un determinado
nivel de desarrollo, las dos primeras causas de mortalidad y morbilidad
infantil que disminuyen o desaparecen son, sin duda, la desnutrición y la
infección. El desarrollo lleva aparejado, pues, un mejor nivel de
asistencia sanitaria con el consiguiente aumento de la calidad de vida,
pero en este momento adquieren gran importancia otras patologías sobre
las que no se ha actuado y pasan a ser la principal causa de mortalidad.
Podemos considerar que en los países que han alcanzado cierto nivel de
desarrollo las malformaciones constituyen un poblema sanitario de primer
orden. Dos descubrimientos proporcionaron la base suficiente para dejar
de considerar que las malformaciones congénitas constituían un aspecto de
la patología humana sobre el que nada se podía hacer. Estos
descubrimientos han sido: primero, la posibilidad de estudiar los
cromosomas humanos y, sobre todo, el descubrimiento en 1959 de que los
niños mongólicos tenían un cromosoma extra; a partir de este momento se
empieza a comprobar que algunos defectos congénitos están producidos por
anomalías de los cromosomas, como pueden ser la hemofilia, la distrofia,
etcétera. Y el segundo descubrimiento fue la identificación en 1961 de
que un fármaco, la talidomida, ingerido por mujeres embarazadas alteraba
el desarrollo embrionario produciendo graves malformaciones en el niño.
Con el descubrimiento de tal efecto de la talidomida se abandona la idea
de que todas las malformaciones debían tener un origen genético. Desde
entonces, son varios los agentes ambientales identificados como
productores de anomalías en el desarrollo. Estos dos hallazgos
proporcionaron evidencias suficientes sobre la posibilidad de identificar
causas de producción de las malformaciones congénitas, abriendo así las
puertas para la prevención. Pero a pesar de estos avances aún
desconocemos la causa de alrededor del 60 por ciento de los defectos
congénitos.
La prevención primaria conlleva una planificación sanitaria ya que el
conocimiento de las frecuencias de las distintas anomalías del desarrollo
es un dato que nos permite predecir el número de casos a los que vamos a
tener que atender, tanto en los aspectos institucionales como
asistenciales y sociales. Al estudiar las causas y las variables que se
relacionan con la producción de una malformación congénita se van a poder
estructurar medidas sanitarias preventivas. Así, por ejemplo, se observa
que una gran proporción de casos del síndrome de Down son hijos de
mujeres mayores de 34 años y que el porcentaje de mujeres que tienen
hijos cuando sobrepasan esa edad es muy alto en nuestro país. Una campaña
de información a la población, encaminada a que se reduzca la proporción
de mujeres que tienen hijos cuando sobrepasan los 34 años, disminuiría la
incidencia de este síndrome, y esto no es más que un ejemplo.
Por tanto, y para terminar, quiero decir a sus señorías que hoy día sería
relativamente fácil, dentro de la dificultad que ello conlleva, buscar
algunos medios y que los poderes públicos se tomaran esto con un interés
grandes, con lo que se podría evitar una enorme cantidad de niños que
nacen con una malformación congénita o con alguna patología, haciendo que
la vida de ese niño y de esa familia fuese mucho más feliz.
Concretamente, me he estado informando, y en Europa existe el Instituto
Europeo de Diagnosis Prenatal, que ya en otros países está haciendo una
labor magnífica detectando muchos casos de malformaciones que, incluso,
se pueden tratar durante el embarazo. Afortunadamente, y me siento
orgulloso de ello, en Málaga hay también ya una unidad de diagnóstico
prenatal, en una clínica muy antigua del doctor Gálvez, que cuenta con un
listado de defectos congénitos que es posible diagnosticar, siendo 140
las enfermedades y diagnosis que pueden hacerse.
Yo espero que todos nosotros, votando sí a esta moción, seamos capaces de
conseguir que la situación de los nacimientos en España sea mucho más
feliz para la familia y
que, al mismo tiempo, seamos una sociedad que tenga una calidad de vida
mucho mejor que la actual.
Muchas gracias, señorías, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, Senador Fernández
Pelegrina.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación suscrita por
cinco de los seis grupos parlamentarios que integran la Cámara y, por
tanto, hay un turno de defensa de dicha propuesta de modificación que
será consumido por la Senadora Zabaleta.
Su señoría tiene la palabra.
La señora ZABALETA ARETA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación a esta
moción porque entendemos que puede conseguir un objetivo mejor en la
medida en que todos los grupos políticos la hemos planteado y que,
incluso, puede estar más de acuerdo con el espíritu de la moción. Antes
de continuar mi intervención quiero agradecer la postura del Grupo
proponente, el Popular, y la postura del resto de los grupos políticos de
aceptar esta propuesta de modificación.
Nos parecía que la primera parte de la moción, que iba en la línea de
modificar la Lismi, podría crear más incertidumbres que seguridades en un
campo en el que debemos avanzar a través de certezas y de acuerdos, y en
ese sentido va el espíritu de nuestra propuesta de modificación. Nosotros
creemos que la Lismi es una gran ley, es una ley progresista que, además,
nos ha permitido avanzar muchísimo en estos 12 años. Tras cinco años de
puesta en funcionamiento y vigencia el Real Patronato de Prevención y de
Atención a Personas con Minusvalías elaboró un informe que valoraba el
grado de cumplimiento de la Lismi, y en diciembre de 1992 ese mismo Real
Patronato sacaba las conclusiones subsiguientes de esos 10 años de
vigencia. Por lo tanto, obteníamos como conclusión que la Lismi había
sido un corpus jurídico vivo que había tenido un enorme desarrollo
legislativo y que nos había permitido no solamente responder a los
estados de necesidad de las personas discapacitadas, sino que también
había tenido un desarrollo armónico en la medida que acompasaba a toda la
capacidad competencial de las Comunidades Autónomas.
¿Por qué decimos, además, que la Lismi es una gran ley? Porque no
solamente recoge las prestaciones económicas, sino también algo que debe
ir acompañándolas, como son los servicios de rehabilitación, de
eliminación de barreras arquitectónicas y demás. Porque, además, está
vertebrada en lo que nosotros pensamos que son tres ejes fundamentales:
la sanidad, la educación y la inserción laboral. Y porque además, como
decía anteriormente, ha ido acompasada a todo ese desarrollo competencial
de las Comunidades Autónomas que ya está implícito en la propia Ley, en
el artículo 65 del Título 9.º, cuando habla de la coordinación
institucional.
De esos tres ejes vertebradores podemos resaltar tres aspectos a los que
me voy a referir brevemente, pero que son fundamentales.
El primero de ellos, en cuanto a la sanidad, se refiere a que la Ley, en
el Título III, define como obligación del Estado la prevención de las
deficiencias. Precisamente, la Ley insta al Gobierno a que elabore un
proyecto de ley sobre la prevención de las minusvalías --que en buena
parte ha sido subsumido en la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de
1986-- y a que se elaboren planes de salud integrales, como así se ha
hecho por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.
La Ley es la primera que hace hincapié en la importancia primordial de la
prevención, y ya en 1989 el grado de cobertura de ésta era del 94 por
ciento de la población. Pero, además, después de la aprobación de la
Lismi se han dado grandes pasos en la legislación. En este sentido, se
han producido modificaciones del Código Penal en relación con estos
aspectos, como el aborto eugenésico; la esterilización de personas con
graves minusvalías, con el consentimiento de los jueces; la elaboración
de medidas de higiene y seguridad en el trabajo que han servido para
prever accidentes laborales que en muchas ocasiones producen graves
minusvalías; la confección de programas de seguridad vial; el registro
español de malformaciones, etcétera.
Pero si nos referimos al segundo aspecto, el de la educación, vemos que
la Lismi también ha servido para consagrar el derecho a la educación de
todas las ciudadanas y ciudadanos, una educación integradora que permite
que las niñas y niños españoles, aun con necesidades educativas
especiales, con graves trastornos de comportamiento o problemas de
minusvalía mental graves, estén hoy en día en centros ordinarios; e
incluso en los casos más especiales, se encuentren en aulas específicas,
pero en dichos centros. Eso no ocurre en otros países europeos. No
tenemos más que ver lo que pasa en Alemania, donde los niños con esas
características están en centros específicos. Por tanto, nos parece que
esto supone un enorme avance que se ha mantenido durante todo el
desarrollo legislativo que atañe a la educación y que, por supuesto, está
recogido en la Logse.
En cuanto al tercer eje vertebrador, la inserción laboral, la Lismi nos
habla del empleo ordinario como el objetivo fundamental de las personas
discapacitadas y contempla la existencia de centros especiales de empleo,
o centros ocupacionales, no como un fin en sí mismos --lo que queremos
resaltar--, sino como un medio para que esas personas puedan acceder
después al empleo ordinario.
Todo esto indica que la Lismi ha sido un gran paraguas legislativo que
nos ha permitido desarrollar muchísimas medidas en este país para la
atención de las personas discapacitadas. Estamos ante un panorama en el
que, efectivamente, puede haber algunas sombras pero en donde,
evidentemente, existen muchas luces. Además, en la consecución de estos
logros no sólo hay que reconocer el papel de las Administraciones sino,
sobre todo --y quiero resaltarlo en esta intervención--, el de los
movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y las
asociaciones,
que muchas veces han sido el acicate de la Administración para conseguir
dichos fines.
Esto significa --ya lo ha señalado el Senador del Grupo Popular-- que hay
que tener voluntad política para cumplir los objetivos y que,
probablemente, el primordial en estos momentos no sea modificar la Lismi,
sino cumplirla. Para eso se necesita esa voluntad política. En este
sentido, nos encontramos con que hay Comunidades Autónomas que
desarrollan en mayor medida su compromiso con la lucha por la desigualdad
y, por consiguiente, la integración de las personas discapacitadas.
Asimismo, hay ayuntamientos que se comprometen en un grado mayor, así
como centros educativos o empresas que también lo hacen. A este respecto,
pensamos que plantear la modificación de la Lismi nos podía llevar a un
terreno que creara más incertidumbres que certezas, cuando se trata de un
campo en el que debemos trabajar en el acuerdo y la certeza de los pasos
que damos.
Por tanto, en nuestra propuesta de modificación instamos al Gobierno a
que elabore un plan de acción para las personas discapacitadas y un plan
de prevención de las malformaciones congénitas y de las minusvalías en
coordinación con las Comunidades Autónomas y de acuerdo con los
planteamientos que ha expuesto muy prolija y exhaustivamente el Senador
del Grupo Popular, con los que estamos de acuerdo.
Sirva esta iniciativa --que debemos reconocer al Grupo Popular-- y el
acuerdo de todos los grupos políticos de altavoz de una mayor
concienciación social que involucre a toda la sociedad para seguir
conquistando cotas de igualdad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senadora Zabaleta.
Se abre turno de portavoces. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lamento recurrir al tópico, pero hay que decirlo claramente: la
integración social del minusválido es en la actualidad una asignatura
pendiente. Somos conscientes de que la Ley de Integración Social de los
Minusválidos --la tan traída y llevada Lismi-- no ha resuelto los
problemas de este colectivo; entre otras cosas, por su falta de
cumplimiento, o por deficiencias en su aplicación, como muy bien ha
expuesto el Senador del Grupo Popular, señor Fernández Pelegrina. Pero
esta situación se agrava aún más --y lo decimos, porque creemos que es
una consideración que hay que tener en cuenta-- porque hay diversas
circunstancias que provocan que algunos de estos minusválidos no puedan
ser atendidos en el seno familiar. Además, el colectivo de ciudadanos que
padece una enfermedad mental precisa otra especial consideración, pues a
su minusvalía se añade la incomprensión y marginación de la sociedad.
Todo este cúmulo de circunstancias y extremos que acabo de exponer hacen
preciso, a nuestro entender, que se establezcan los cauces de
comunicación y coordinación necesarios entre los seervicios sanitarios y
sociales del Estado y de las Comunidades Autónomas para ofrecer la
atención que precisan las personas con discapacidad, cuyos problemas no
pueden ser atendidos a través de los recursos que existen en la
actualidad. En esta materia --queremos dejar constancia de ello--
nosotros también somos fervientes partidarios de la aplicación del
principio de subsidiariedad que, en nuestra opinión, manifiesta que el
municipio debe hacer todo lo que sea posible en su ámbito --el
estrictamente municipal--; que lo que no pueda hacer éste, lo realicen
las diputaciones forales o provinciales, y lo que éstas no puedan, lo
realicen, en su caso, las Comunidades Autónomas o el Gobierno del Estado.
Esta coordinación que preconizamos en materia de protección social hacia
los discapacitados debe estar presidida, desde nuestro punto de vista,
por siete principios o, si se quiere, siete mandamientos, que voy a
enumerar sucintamente. En primer lugar, hay que ofrecer la mejor
accesibilidad a los servicios de carácter público utilizados por la
población en general: salud, educación, cultura, etcétera.
En segundo término, y tan importante o más que el primero, es necesario
ofertar una política decidida y coherente de eliminación --como también
se ha dicho aquí-- de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del
transporte y de la comunicación, puesto que a veces estas barreras
físicas constituyen el principal elemento de marginación de estos
colectivos.
En tercer lugar, debe realizarse un decidido trabajo para la consecución
de una efectiva inserción en el mundo laboral, dedicando un esfuerzo
especial a la formación profesional y al apoyo al empleo.
El cuarto punto se refiere a apoyar y fomentar las organizaciones propias
de los minusválidos, además de los movimientos sociales de organizaciones
no gubernamentales a las que ha hecho referencia la Senadora que me ha
precedido en el uso de la palabra, brindándoles cauces efectivos de
participación.
En quinto término, hay que contribuir a la mayor sensibilización de la
sociedad proponiendo medidas legislativas y administrativas destinadas a
evitar cualquier tipo de actitudes discriminatorias o marginadoras.
El sexto punto propone que se realice una política sanitaria específica
mediante el impulso de tratamientos rehabilitadores. Y, en séptimo lugar,
y desde el prisma estricto de los servicios sociales, ofrecer
alternativas residenciales cuando sean necesarias, programas de apoyo al
ocio, o de vacaciones, así como ayudas económicas y técnicas.
En definitiva, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular es
oportuna y loable por su finalidad. Sin embargo, a nuestro juicio --y así
también lo ha entendido el Grupo autor de la misma--, se ve mejorada por
la propuesta de modificación suscrita por todos los grupos
parlamentarios, al respetar de forma inequívoca el papel que corresponde
a las Comunidades Autónomas.
Vaya por ello, asimismo, nuestro reconocimiento al resto de los grupos
parlamentarios, además del que damos, por supuesto, en favor del Grupo
autor de la moción y, en
especial, al señor Fernández Peregrina y a la señora Zabaleta, auténticos
autores de esta propuesta de modificación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Codina i Castillo.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Subo a la tribuna para expresar, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nuestra posición sobre la
propuesta conjunta, firmada por todos los grupos de la Cámara, para
hablar sobre las personas disminuidas.
Es bueno que en temas como éste coincidamos todas las fuerzas políticas e
intentemos conseguir acuerdos que vayan dirigidos a dar respuesta a los
problemas de las personas que más lo necesitan.
Siempre nos ha caracterizado --aunque esto haya supuesto una cierta
contradicción de pareceres-- decir las cosas claras y por su nombre. La
propuesta que nos hacía el Senador del Grupo Parlamentario Popular en su
moción nos parecía mejor que lo que vamos a aprobar, a pesar de que lo
vamos a votar favorablemente no sólo porque lo hemos firmado, sino por
ese espíritu de intentar que en estos temas vayamos todos cogidos de la
mano y cuantos más seamos mejor.
¿Por qué digo esto? La propuesta del Grupo Parlamentario Popular
pretendía reformar la Lismi. Después de la intervención sobre esta Ley
del representante del Grupo Parlamentario Popular y de la Senadora
Zabaleta --lo han hecho con profundidad--, no creo que sea oporuno que yo
me extienda demasiado. Pero no me importa, en absoluto, reconocer que si
fue y es una buena, una gran Ley --permítanme también que en este momento
recuerde a su máximo inspirador: Ramón Trías Fargas, precisamente por
cuyo nombre se conoció al principio esa Ley--, sin embargo, su
cumplimiento no ha sido el debido. Es decir, es una buena Ley, pero es
tan buena que la ejecución y desarrollo posterior de los acuerdos de la
Ley no se han podido aplicar. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo.
Por tanto, no sería malo que nos hubiéramos replanteado discutir y,
quizá, retocar --posiblemente muy poco-- la Lismi para conseguir aquellos
propósitos que, en su momento, creíamos todos que eran los más
importantes y asumibles, pero que la praxis diaria, la praxis del tiempo
nos ha demostrado que no han sido posibles. Por tanto, plantearse la
posibilidad de la reforma de la Ley no hubiera sido, quizá, ningún
disparate. Repito con toda sinceridad que, posiblemente, nos hubiéramos
sentido más cómodos hablando de la reforma de la Lismi, sin que ello
quisiera decir que fuera una Ley mala, sino que sus incumplimientos nos
habían hecho reflexionar en qué puntos debíamos modificarla.
Es una Ley que, más allá de estos aspectos, ha visto posteriormente
superado su propio campo, por ejemplo, por la Ley de las Pensiones no
Contributivas, que ha recortado parte de las ventajas y de los aciertos
contenidos en la propia Lismi. Concretamente me refiero a la posibilidad
que tenía la persona con disminución de conseguir unos derechos «per se»
--por él mismo--, no en función del núcleo familiar del que formara parte
dicha persona. Creo que sus señorías deberían reconocer que, en este
sentido, la Ley de Pensiones no Contributivas ha supuesto un paso hacia
atrás respecto de la Lismi. Por tanto, no estoy totalmente de acuerdo con
que se diga que no es bueno que nos replanteemos la Lismi.
A pesar de ello, ha habido una propuesta alternativa que he de decir
--también en esta línea de la sinceridad-- que, desde la perspectiva de
un grupo nacionalista, no nos acaba de gustar. ¿Por qué? Porque en
materia de servicios sociales --como sabrán todas sus señorías-- las
Comunidades Autónomas tenemos competencias exclusivas; algunas
Comunidades Autónomas han tenido una política decidida --porque han
podido, porque ha sido prioritaria o por lo que sea-- y otras quizá no
tanto. Pero, en cualquier caso, todas hubieran podido desarrollar una
política de servicios sociales mucho más avanzada, incluso, que la propia
Lismi.
Repito que, ante esta situación, no nos suele satisfacer excesivamente
--soy un Senador nacionalista, que habla en representación de un grupo
nacionalista con competencias en materia de servicios sociales-- hablar
de planes de coordinación. Pero, precisamente, la importancia del tema
nos hace renunciar a planteamientos de partido o, incluso, por nuestra
parte, de nación, a cambio de que los temas relacionados con las personas
con disminución vayan por encima de los intereses de partidos u otras
cuestiones.
No en vano, quisiera terminar mi intervención con una breve reflexión.
Las sociedades no deberían medirse exclusivamente por la capacidad que
tienen en hacer carreteras o, incluso, por su desarrollo económico, sino
que pensamos que deberían medirse, precisamente, por la capacidad que
tienen de dar respuesta a las personas que más lo necesitan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Codina.
Como antes he indicado, a esta moción se ha presentado una propuesta de
modificación, suscrita por cinco de los seis grupos parlamentarios que,
desde luego, integra a la mayoría de los Senadores de la Cámara. Por
tanto, pregunto a los portavoces de los grupos si estarían dispuestos a
aprobar dicha propuesta por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO DEL ESTADO A QUE NOTIFIQUE A LA UNION EUROPEA LA
DESIGNACION DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS GOBIERNOS DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE SON COMPETENTES
COMO ORGANISMOS PAGADORES DEL FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y GARANTIA
AGRICOLA (FEOGA), SECCION GARANTIA, A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL
REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE) NUMERO 729/70, DEL
CONSEJO, DE 21 DE ABRIL DE 1970. (662/000096.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos a la discusión de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
A este efecto, tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Dada la sesión maratoniana que estamos teniendo y, por otro lado,
teniendo en cuenta que la moción que presenta nuestro Grupo, al fin y al
cabo y en el fondo, lo único que pretende --yo diría que en último
extremo-- es que demos cumplimiento a una sentencia del Tribunal
Constitucional, trataré de ser lo más breve posible.
La moción que presenta nuestro Grupo insta al Gobierno a que notifique a
la Unión Europea la designación del Departamento de Agricultura de
aquellas Comunidades Autónomas que sean competentes al respecto como
organismos pagadores del Feoga-garantía, a los efectos previstos en el
actual Reglamento comunitario, número 729/70, de la Unión Europea.
En consecuencia, tal como he dicho, esta moción tiene dos ejes básicos.
En primer lugar, la propia reglamentación de la Unión Europea. Todos
sabemos que en estos momentos está en marcha una reforma del Reglamento
que antes he citado, para la cual la Comisión ya ha presentado un texto
al Consejo de Ministros comunitario. Ahora bien, tanto en el Reglamento
vigente en estos momentos como en el proyecto de reforma que presenta la
Comisión al Consejo se contempla claramente esta posibilidad. Y,
precisamente, una de las razones de esta reforma del Reglamento que he
citado se debe a que la Comunidad Económica Europea quiere buscar --en
este caso concreto del pago del Feoga-garantía-- una mayor agilidad, una
mayor flexibilidad y evitar la burocracia existente en estos momentos.
Por tanto, de acuerdo con la normativa comunitaria, la solicitud que
presenta esta moción está completamente de acuerdo con ese ordenamiento
comunitario.
En segundo lugar, aquí hubo un conflicto y dos Comunidades Autónomas, a
través de sus Gobiernos respectivos, presentaron un recurso ante el
Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional de 1992
es conocida por todas sus señorías y daba la razón por completo, sin
ningún tipo de dudas, a las Comunidades Autónomas en el recurso que
habían presentado.
En consecuencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, con el
reparto competencial que tenemos de acuerdo con la Constitución y con los
diversos Estatutos de Autonomía, corresponde a las Comunidades Autónomas
que tengan las competencias al respecto ser organismos pagadores del
Feoga-garantía. Para esto es necesario única y exclusivamente una
notificación por parte del Gobierno español a Bruselas indicando qué
organismo o qué organismos de esas Comunidades Autónomas (que, de acuerdo
con la sentencia del Tribunal Constitucional, deben ser los Departamentos
de Agricultura) sean, a partir de estos momentos, los receptores del
Feoga-garantía.
Por tanto, señorías, tal y como decía al principio, pretendo ser breve.
Creo que las dos ideas en las que se basa nuestra moción: la
reglamentación de la Unión Europea y la sentencia del Tribunal
Constitucional, son perfectamente claras. Nosotros esperamos que en esta
cámara, en este Senado, que tiene una representación territorial, esta
propuesta de nuestro Grupo, que pretende que, precisamente, se cumpla la
sentencia del Tribunal Constitucional y la reglamentación interna de
nuestro Estado, se lleve a efecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Gangoiti.
Después de la defensa de la moción, abrimos turno de portavoces.
El señor Ferrer tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías, aun a riesgo de
reiterar algunos de los planteamientos que ha hecho el Senador portavoz
del Grupo que ha propuesto la moción, aunque de una forma sucinta, sí
quiero apoyar la decisión de nuestro voto favorable a esta moción, aunque
sea con unos mínimos argumentos.
Según el Reglamento 729 del año 1970, del Consejo, de 21 de abril,
relativo a la financiación de la Política Agrícola Común, el pago de las
ayudas del Feoga-garantía se puede realizar en cada Estado miembro por
diversos organismos, entre los que tienen cabida expresamente organismos
de ámbito regional en la medida en que lo permitan los requerimientos
constitucionales de dichos Estados. Quiero hacer referencia y recordar
--para que conste en el «Diario de Sesiones»-- cuáles son los artículos
del Ordenamiento jurídico, tanto español como europeo, que se refieren a
la concesión de estas competencias.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148.7 de la Constitución, las
Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias en materia de
agriculturay ganadería; por lo que a Cataluña se refiere, éstas fueron
atribuidas con carácter de exclusivas a la Generalitat por el artículo
12.1.4 del Estatuto.
Posteriormente, en virtud de la adhesión al Tratado de Roma y la
posterior ratificación del Tratado de la Unión Europea, el Estado español
ha hecho cesión de una parte de su soberanía en favor de la Unión. De
acuerdo con el artículo 2 del Tratado de Maastricht, la Comunidad tendrá
por misión promover un desarrollo armonioso y equilibrado de las
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad mediante la
realización de políticas o acciones comunes, entre ellas, las señaladas
en el artículo 3, apartado
e), una política común en los ámbitos de la agricultura y la pesca.
En virtud de las disposiciones legales indicadas, las competencias del
Estado en materia de agricultura corresponden, bien a la Unión Europea,
bien a la Comunidad Autónoma que corresponda. Es decir, al Estado miembro
le quedan otras competencias que no tienen por qué hacer incompatible el
avance en las relaciones entre la Unión y las Comunidades Autónomas. De
hecho, este sistema aumenta la eficacia y la rapidez de todo el proceso
de gestión de estas ayudas que solicita el sector agrario.
Es obvio que si ya el Estado ha reconocido que la gestión, la tramitación
y, en muchos casos, la resolución de estas peticiones la hacen las
Comunidades Autónomas, es un factor distorsionador el que, al final,
intervenga el Estado tanto en la competencia de pagar como en alguno de
los trámites últimos antes de que se haga efectivo el pago de estas
ayudas provenientes de la Comunidad Económica Europea.
Como ha dicho el interviniente del Grupo que ha presentado la moción, la
sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de mayo de 1992, aclara el
conflicto que se refiere a la función del pago de estas ayudas
procedentes del Feoga-garantía, completando así el cuadro que hace
referencia a las ayudas que se reciben de la Comunidad, ya que las
Comunidades Autónomas ya tenían, como he dicho antes, la competencia para
recibir solicitudes, tramitarlas e, incluso, resolverlas.
Nosotros respetamos otras consideraciones que se puedan hacer, que pueden
ser de tipo técnico, u otras que algún Grupo pueda realizar en este
debate. Como decía mi compañero del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, Senador Codina, en el debate de la moción
anterior, como representantes de partidos nacionalistas que apoyan al
Gobierno de sus respectivas Comunidades Autónomas, todo lo que se refiera
a funciones de coordinación, en principio, queremos que se haga solamente
en casos imprescindibles. Pero así como puede haber otras consideraciones
de tipo técnico, que respetamos, sí que entendemos que, desde la pura
óptica política, nuestro Grupo tiene que votar y votará favorablemente
esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer i Profitós.
El Senador Espert tiene la palabra.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la brevedad de que ha hecho gala el Senador Gangoiti, portavoz
del Grupo que presenta la moción, nos obliga a seguir su ejemplo.
Quiero manifestarle que he estudiado en profundidad no sólo el texto de
la moción, sino también la normativa a que aludía, tanto de carácter
jurisprudencial como de carácter europeo. Mi Grupo encuentra una total
congruencia entre la propuesta del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos con esa normativa europea vigente o en trámite de
elaboración y con la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo
de 1992, y es más, también con los principios de inmediación y agilidad,
que son presupuestos necesarios de la eficacia que hay que exigir para
que las ayudas comunitarias, en concreto las del Feoga-garantía, alcancen
la finalidad perseguida por la misma.
En efecto, ese Reglamento del Consejo 729/70, de 21 de abril, establece
en su artículo 4.º que los Estados miembros designarán los servicios u
organismos a los que facultarán para pagar. Y, además, añade que tienen
obligación de comunicar a la Comisión algunos datos de estos organismos:
su denominación, estatuto en su caso y las condiciones administrativas y
contables con arreglo a las cuales se efectúen los pagos. No hay ningún
obstáculo a que tales requisitos se puedan cumplir respecto de los
departamentos de Agricultura de las distintas Comunidades Autónomas con
competencia en la materia.
Y la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 28 de mayo de 1992,
partiendo del principio de que la ejecución del Derecho comunitario
corresponde a quien materialmente ostente la competencia, ya que no hay
una competencia específica de desarrollo o ejecución del Derecho
comunitario, y de que las Comunidades Autónomas tienen asumida en la
mayor parte de los casos la competencia exclusiva en materia de ganadería
y pesca, si bien con determinados condicionantes, de acuerdo con la
ordenación general de la economía o con las bases y la ordenación de la
actividad económica general, parte en principio de que la gestión de los
fondos corresponde a las Comunidades Autónomas y que, excepcionalmente,
procederá una gestión centralizada en aquellos casos en que haya que
asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación
general o básica del sector, y para garantizar iguales posibilidades de
obtención y disfrute de los beneficios por los posibles peticionarios en
todo el territorio nacional.
Además, la Sentencia hace perfectamente compatible esta distribución
competencial con el cumplimiento, por parte del Estado, de la obligación
de garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales que
establece el artículo 93 del texto constitucional. De hecho, a raíz de la
Sentencia ya son muchas las ayudas que se pagan a través de las
Consejerías de Agricultura, salvo algunas que por la escasez de los
beneficiarios o por su especificidad, como las del algodón, o
indemnizaciones compensatorias de montaña, siguen pagándose por el Senpa
y en algún caso por el Iryda.
También me he referido a la normativa comunitaria en trámite de
elaboración, y es que ese Reglamento al que ya se ha aludido, que
modifica el anterior, prevé expresamente la posibilidad de autorizar una
pluralidad de pagadores, si bien en este caso hay que reconocer que alude
también a la figura del organismo coordinador, a fin de disponer el
Estado como responsable en Bruselas. Además, un proyecto de reglamento de
la Comisión, que establece disposiciones para desarrollo o aplicación del
Reglamento 729/70, establece que cada Estado miembro podrá nombrar estos
organismos pagadores hasta un máximo de 20; es decir, incluso la cifra
límite de organismos pagadores que prevé este Reglamento de la Comisión
sería perfectamente
respetable con la propuesta que hace el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos.
A todo esto --que en el fondo supone una repetición de lo dicho por los
Senadores que han intervenido en esta tribuna anteriormente-- yo quisiera
añadir que existe además otro principio de congruencia de la propuesta
que se somete a la votación de esta Cámara, que me permitía abrigar la
esperanza de que iba a ser aprobada por unanimidad, y es que es
congruente con el espíritu que animó muchas de las mociones aprobadas en
este Pleno a raíz del debate de las Autonomías, consecuencia del debate
en Comisión. Baste señalar, por ejemplo, la moción número 9, del Partido
Socialista, relativa a la participación de las Comunidades Autónomas en
la fase de aplicación del Derecho y de las políticas comunitarias, y a la
cooperación en cuestiones derivadas del cumplimiento de obligaciones
comunitarias, tales como el desarrollo del Derecho comunitario a través
de normativas internas, la ejecución administrativa de las políticas
comunitarias y la puesta en marcha de programas comunitarios. O la moción
número 47, que llevaba la firma de todos los grupos de esta Cámara,
referente a la definición de la participación de las Comunidades
Autónomas en todo lo relativo a la gestión y evaluación de los fondos
comunitarios destinados a reforzar la cohesión y el equilibrio en el
desarrollo territorial. Y, por último, la moción númereo 10, del Grupo
Parlamentario Socialista, que solicitaba la presentación de un proyecto
de ley de reordenación de la Administración del Estado, especialmente de
la periférica, para adaptarla a la nueva distribución competencial,
racionalizando, simplificando y reduciendo las unidades administrativas.
No cabe duda de que llevar a la práctica la moción propuesta por el Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos conseguiría la finalidad perseguida por
esta norma, al menos dentro del campo de su aplicación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
Tiene la palabra el Senador Arguilé Laguarta.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Señor Presidente, señorías, empiezo mi
intervención ofreciendo a la Cámara una propuesta de modificación de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, que entendemos nosotros que es mucho más precisa y obedece más a
una realidad que la que ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Dice así el texto de la propuesta de modificación: El Senado insta al
Gobierno a que apoye, en la actual discusión sobre la reforma del
Reglamento 729/70, el reconocimiento de un organismo pagador del
Feoga-garantía en cada una de las Comunidades Autónomas. Parece que dice
lo mismo, pero no es así, porque en estos momentos, como alguna de sus
señorías han reconocido, se está discutiendo el documento 729/70. Por lo
tanto, queda ofertada esta reforma a todos los grupos, y en el transcurso
de este debate podrían ustedes pronunciarse.
Señorías, el origen de esta discusión radica en que, naturalmente, los
fondos del Feoga-garantía cada vez adquieren muchísima más importancia
como consecuencia de la reforma de la política agrícola común. Tengan en
cuenta ustedes que, el año que viene, el 40 por ciento de la renta de los
agricultores españoles provendrá -- con la reforma de la política
agrícola común-- vía compensación de precios y vía subvenciones-primas al
ganadero, primas a algunas producciones que se quieren fomentar y
sostener. Y esto, naturalmente, es lo que se ha de encauzar a través de
esos futuros organismos pagadores que estamos comentando. Otra cosa son
--no debemos confundirlos-- los fondos que los Estados miembros reciben
para retirada de producciones, para la intervención en los mercados y
restitución a la exportación, que han de ser fondos absolutamente
gestionados por la Administración general del Estado.
Esta situación de incremento de los fondos del Feoga-garantía desemboca,
como aquí se ha dicho, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28
de mayo de 1992. Pero esta Sentencia, que naturalmente precisa algunas
matizaciones, no es contradictoria con lo que aquí estamos discutiendo
nosotros. La Sentencia no discute que el Estado reciba los fondos del
Feoga directamente, la Sentencia propone en sus fundamentos jurídicos la
figura del convenio; la Sentencia distingue entre la normativa
comunitaria y básica del Estado y las disposiciones complementarias de
las Comunidades Autónomas.
En cuanto al pago, la Sentencia justifica la existencia de un órgano de
la Administración del Estado para la resolución de los expedientes. El
resto de las tareas de gestión deben efectuarla las Comunidades Autónomas
y, por lo tanto, también el pago; es decir, lo que gestiona la Comunidad
Autónoma es pagado por ella.
¿Problemas que creaba la sentencia? La asignación de fondos por parte de
la Comunidad Económica Europea. En principio, saben sus señorías que nada
más firmar el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea, ésta entonces asignaba unos fondos al Estado español a cuenta y
el Estado español efectuaba sus pagos y luego justificaba esos pagos.
Pero en un ejercicio, creo que fue 1989 ó 1990, a la Comunidad Europea se
le quedaron corto los fondos previstos en los presupuestos y en vez de
hacer una ampliación presupuestaria lo que hizo es acortar el ejercicio
presupuestario a octubre y eso provocó que la Comunidad Económica Europea
invirtiese el tratamiento con los Estados miembros. ¿Qué ocurrió? Que a
partir de entonces los Estados miembros han de pagar a los agricultores
las subvenciones, han de adelantar el pago y luego se efectuará el
reembolso por parte de la Comunidad Europea, en este momento la Unión
Europea. Eso en un período de seis meses.
¿Qué ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional? Que era
inaplicable en muchas de las Comunidades Autónomas, yo diría que en 15,
en todas aquellas que no disponen del cupo. Por lo tanto, como no se
podía aplicar había que hacer caso a la sentencia del Tribunal
Constitucional y, al mismo tiempo, dar la oportunidad a las Comunidades
Autónomas de que financieramente se pudieran
defender ante este hecho evidente. A partir de entonces surge la figura
del convenio entre las Comunidades Autónomas y el Estado. A este convenio
se adhieren bastantes Comunidades Autónomas.
El convenio en este momento no es otra cosa que el que las Comunidades
Autónomas gestionan el expediente al agricultor, envían el disquete a la
Administración central del Estado y ésta les envía todo el montante
global de la cantidad que le pertenece a esa Comunidad Autónoma y
entonces efectúa el pago. Señorías, este funcionamiento es el más
avanzado de la Comunidad Económica Europea y les doy unos datos. En
Alemania, a la que todos podemos poner como ejemplo de Estado
descentralizado los «länder» gestionan pero no pagan, únicamente
auxilian. Francia tiene 11 organismos pagadores centralizados con
disciplina sectorial, es decir, no obedecen al territorio, obedecen a
sectores productivos. En los países anglosajones gestiona y paga un solo
organismo. En Italia un organismo gestiona y paga de forma centralizada,
pero se gestionan aparte, por ejemplo, las producciones que están ahora
fuera de la reforma de la política agrícola común. Y en el sistema
español conviven dos fórmulas porque se ha dejado a la voluntad de las
Comunidades Autónomas el adherirse o no. Por lo tanto, convivimos con dos
sistemas; los que están sujetos a convenio y los que no lo están. Los que
están sujetos a convenio, ya he explicado cómo funcionan y los que se
encuentran fuera de convenio gestionan pero no pagan y, en este caso,
curiosamente, está el País Vasco que gestiona pero paga el Estado. No se
ha querido adherir a este convenio que, en definitiva, vendría a cumplir
las aspiraciones que en estos momentos tiene.
Hoy, justo en estos momentos se está produciendo una conferencia
sectorial --de la que me ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos que no tenía conocimiento de que hubiera
un representante vasco en esa reunión-- en la que precisamente se está
discutiendo el Reglamento 729/70 de la Comunidad Europea. Es decir, la
Administración general del Estado ha pedido a las Administraciones
autonómicas que se acerquen hoy a Madrid a una conferencia sectorial para
discutir el documento 729/70 e introducir algunas reformas. Después de
ese debate entre la Administración general del Estado y las Comunidades
Autónomas sobre el documento 729/70, de ahí saldrá una propuesta que
viajará a Bruselas, y será la propuesta española frente a la Unión
Europea en el Consejo.
Señorías, en este documento básico de discusión hay una cuestión muy
clara que nos preocupa tanto al representante del Grupo Popular, señor
Espert, que lo ha reflejado en su exposición, como a nosotros, pero
creemos que se recoge perfectamente en las consideraciones del documento
base que en estos momentos se está discutiendo, que viene a decir:
Considerando que la gestión descentralizada de los fondos comunitarios,
particularmente tras la reforma de la política agrícola común exige la
designación de varios organismos pagadores --está reconociendo que va a
haber varios organismos pagadores-- de ello resulta la necesidad de que
en los casos en que el Estado miembro autorice a más de un organismo
pagador, establezca también un interlocutor único para fomentar la
armonización de la gestión de los fondos, garantizar la conexión entre la
Comisión y los diferentes organismos pagadores autorizados y para que los
datos que solicite la Comisión sobre las operaciones de varios organismos
pagadores le sean entregados en plazos breves. Esto figura en el
documento base que se está discutiendo para la reforma del Reglamento
729/70.
Por lo tanto, señorías, estas son mis reflexiones sobre la moción. Ahí
está la propuesta que nosotros hemos hecho y que efectivamente pretende
que se apoye en la actual discusión del Reglamento 729/70 que se está
discutiendo en este momento, el reconocimiento de un organismo pagador
del Feoga-garantía en cada una de las Comunidades Autónomas --que refleja
lo que está ocurriendo en estos momentos-- y también un organismo
coordinador del Estado para recibir los fondos del Feoga y distribuirlos
entre los organismos pagadores territoriales.
Señorías, para terminar les querría decir que en estos debates hemos de
tener en cuenta también al sujeto pasivo y callado que es el agricultor.
El agricultor, ¿qué dirá ante esto? Nosotros debemos prever siempre la
eficacia de la gestión ante el agricultor y les aseguro que hemos ido
subiendo en eficacia a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional
y a partir de la suscripción de convenios con las Comunidades Autónomas.
Tan es así, que este año en relación con el año anterior, 1993, los pagos
a los agricultores, en tres Comunidades Autónomas sujetas a convenio (no
voy a decir cuáles para no despertar susceptibilidades), se van a
efectuar dos meses antes de lo que se hizo el año pasado. O sea, este
año, con el actual sistema, que es el más avanzado de Europa y con el que
nos hemos adelantado a lo que resulte del Reglamento 729/70, los
agricultores están recibiendo la subvención y la compensación de precios
dos meses antes de lo que lo hicieron el año pasado. Por lo tanto,
señorías, el actual sistema que está funcionando y que ha sido puesto en
marcha después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo
de 1992 ha aumentado en eficacia para aquellas Administraciones que se
han adherido a dicho convenio.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Por el artículo 87, señor Presidente, y muy
brevemente, para dar respuesta a la propuesta de modificación que nos
ofrece el Grupo Socialista y para hacer alguna puntualización.
Nosotros consideramos que la propuesta que hace el Grupo Socialista
complica más la cuestión y no es nada clara. Desde luego, resulta más
claro que las Comunidades Autónomas, cumpliendo la sentencia del Tribunal
Constitucional y, en consecuencia, de acuerdo con el texto de nuestra
moción, podrían acceder a ese pago, y es algo que se puede hacer mañana
mismo porque se trata sólo de enviar una carta por parte del Ministro
competente a Bruselas. Por tanto, no estamos de acuerdo con la propuesta
de modificación que presenta el Grupo Socialista.
No me voy a extender en la sentencia del Tribunal Constitucional, que es
muy clara, pero sí quiero leer este párrafo, para que sepamos todos
realmente qué es lo que dice. El Tribunal Constitucional dice: La
solución de este problema competencial debe hallarse atendiendo
exclusivamente al régimen de competencias que establecen la Constitución
y los Estatutos de Autonomía.
Desde esta perspectiva, hay que entender que el acto de pago de las
ayudas antes expuestas debe corresponder a las Comunidades Autónomas con
competencia en la materia, con lo cual creo que, desde luego, está claro
cuál es el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Y de la misma forma que el portavoz del Grupo Socialista trataba de
convencernos con la propuesta de modificación que ha presentado, voy a
hacer un intento a la inversa, de que voten a favor nuestro. Por tanto,
le diré que en el Parlamento vasco, en el debate que se produjo el pasado
año respecto de los Presupuestos para el actual ejercicio se aprobó ya la
habilitación automática del pago, y se aprobó con el voto a favor, entre
otros partidos, de todo el Grupo del Partido Socialista en el Parlamento
vasco. Por tanto, les digo que se unan al planteamiento que hizo en el
debate presupuestario su Grupo en el Parlamento vasco y voten a favor de
nuestra propuesta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Parece que sólo se ha pronunciado respecto a la propuesta de modificación
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vacos. Por tanto, el
éxito de convencerles ha sido relativo.
No obstante, señorías, querría dejar aclarada una cuestión, y es que
nosotros siempre entenderemos que aquello que aprobemos en este
Parlamento debe ir en línea con el Derecho comunitario, y estamos
hablando sobre un Reglamento que en estos momentos está sometido a
reforma. Ahora hay un Reglamento que dice unas cosas y después habrá otro
que reconocerá lo que he dicho desde la tribuna respecto del organismo
coordinador centralizado. En esa línea, naturalmente, creíamos que
nuestra propuesta de modificación precisaba más aún lo que está
sucediendo, porque, naturalmente, en estos momentos está produciéndose el
debate al respecto y considerábamos que suponía precisar todavía más la
propuesta que hace la moción del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Por tanto, señorías, si la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos en su moción acata, como supongo que
estarán de acuerdo en acatar, el Derecho comunitario, es decir, el
reglamento 729 que se apruebe después de la reforma, nosotros estaríamos
en disposición de votar favorablemente su moción.
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar las votaciones, quiero recordar a
sus señorías que después de esta votación hay otro punto del orden del
día, con sesión secreta, para la imposición de sanciones a un miembro de
la Cámara.
Por tanto, ruego a sus señorías que permanezcan en sus escaños porque
iniciaríamos la sesión secreta inmediatamente. Gracias.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno del Estado a que
notifique a la Unión Europea la designación del Departamento de
Agricultura de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que son
competentes como organismos pagadores del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola, Sección Garantía, a los efectos previstos en el
Reglamento de la Comunidad Económica Europea número 729/70, del Consejo,
de 21 de abril de 1970.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 216, en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
--PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL SENADO EN RELACION CON LA IMPOSICION
DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 23.2 Y CONCORDANTES DEL
REGLAMENTO DEL SENADO. (505/000001.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a iniciar la sesión secreta.
(Pausa.)
Se inicia la sesión secreta.
Se reanuda la sesión pública.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta minutos.