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DS. Senado, Pleno, núm. 39, de 01/06/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 39
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 1 de junio de 1994
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con la Proposición de
ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
(Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
III-B, número 14, de fecha 30 de mayo de 1994.) (Número de expediente S.
625/000002.) (Número de expediente C. D. 125/000008.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de
1994. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 69, de
fecha 16 de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000069.) (Número
de expediente C. D. 110/000081.)
--Canje de Notas por el que se prorroga el Acuerdo entre España y los
Estados Unidos de América sobre Cooperación Científica y Técnica en
materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria, y de
vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en Madrid el 29 de
enero de 1964. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 70,
de fecha 16 de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000070.)
(Número de expediente C. D. 110/000082.)
--Canje de Notas de 9 de noviembre de 1993 constitutivo de Acuerdo, entre
el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 71, de fecha 16
de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000071.) (Número de
expediente C. D. 110/000084.)
--Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio
de 1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 72, de
fecha 16 de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000072.) (Número
de expediente C. D. 110/000086.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Argentina al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
IV, número 61, de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de expediente S.
610/000061.) (Número de expediente C. D. 110/000057.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Singapur al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
IV, número 62, de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de expediente S.
610/000062.) (Número de expediente C. D. 110/000058.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión del Principado de
Mónaco al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
IV, número 63, de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de expediente S.
610/000063.) (Número de expediente C. D. 110/000059.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de los Estados
Unidos Mexicanos al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, Serie IV, número 64, de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de
expediente S. 610/000064.) (Número de expediente C. D. 110/000060.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Australia al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (Publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 65,
de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000065.)
(Número de expediente C. D. 110/000061.)
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Barbados al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (Publicado en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 66,
de fecha 5 de mayo de 1994.) (Número de expediente S. 610/000066.)
(Número de expediente C. D. 110/000062.)
--Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro del Acuerdo sobre
supresión de Visados, constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de
1978 entre los Gobiernos de España y de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, Senado, Serie IV, número 67, de fecha 5 de mayo de 1994.)
(Número de expediente S. 610/000067.) (Número de expediente C. D.
110/000065.)
--Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero de 1961 y 3 de junio
de 1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre el
pasaporte de visitante británico. (Publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Senado, Serie IV, número 68, de fecha 5 de mayo de
1994.) (Número de expediente S. 610/000068.) (Número de expediente C. D.
110/000066.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, de una forma inmediata, exija ante las instancias
comunitarias la asignación a España de una cantidad máxima garantizada de
algodón sin desmotar del orden de las 325.000 toneladas anuales.
(Publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
I, número 109, de fecha 18 de abril de 1994.) (Número de expediente
662/000058.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno a que proponga y defienda, dentro del Consejo de Ministros de
Agricultura de la Unión Europea, el rechazo a la reforma de la
Organización Común de Mercado del Vino propuesta por la Comisión Europea
y a que asuma y defienda, como propio, el Informe elaborado por la
Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo
sobre la evolución y futuro de la política vitivinícola en la Unión
Europea, documento consensuado por las organizaciones agrarias españolas
y por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. (Publicada en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 130, de
fecha 30 de mayo de 1994.) (Número de expediente 662/000073.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se propone que
en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y con
carácter permanente, se constituya una Subcomisión de los Entes Locales
con la específica función de promover la participación operativa de
éstos, coordinada con la de las Comunidades Autónomas, en orden a
culminar el desarrollo óptimo de la organización autonómica territorial
del Estado que dispone la Constitución española. (Publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 96, de fecha 23
de marzo de 1994.) (Número de expediente 662/000051.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 1992)
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con la Proposición de
ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (Página 1992)
El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Rodríguez
Rodríguez, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Brito González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Segura Clavell, por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado, en su conjunto.
Decaen las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. El señor Brito
González defiende las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición
Canaria, retirando la número 130. La señora Luzardo Romano defiende las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular. El señor Segura Clavell
defiende las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Los señores
Rodríguez Rodríguez, Segura Clavell y Pérez García consumen un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Brito
González, por el Grupo de Coalición Canaria, así como la señora Luzardo
Romano, por el Grupo Popular, y el señor Pérez García, por el Grupo
Socialista. Por alusiones, intervienen de nuevo el señor Brito González,
la señora Luzardo Romano y el señor Pérez García.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 119 y 120, del Grupo de Coalición
Canaria, por 99 votos a favor, 114 en contra y 1 abstención.
Se aprueban las enmiendas números 109, 110, 111, 123, 125 y 126, del
Grupo de Coalición Canaria, por 127 votos a favor y 89 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas número 144 y 162, del Grupo de Coalición
Canaria, por 215 votos a favor y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122,
124, 128, 163 y 169, del Grupo de Coalición Canaria, por 11 votos a
favor, 117 en contra y 88 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 127, 129 a 134, 161, 164 a 166 y 168,
del Grupo de Coalición Canaria, por 99 votos a favor y 117 en contra.
Se rechaza la enmienda número 160, del Grupo de Coalición Canaria, por
100 votos a favor y 117 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 135 a 143, 145 a 159 y 167, del Grupo
de Coalición Canaria, por 10 votos a favor y 207 en contra.
Se aprueba la enmienda número 212, del Grupo Socialista, por 205 votos a
favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 211, 213 y 214, del Grupo Socialista,
por 117 votos a favor, 8 en contra y 92 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 29, 30, 33, 62 a 94, 99, 101 y 103 a
106, del Grupo Popular, por 100 votos a favor y 117 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 27, 34, 35, 37, 43 a 46, 51 a 56 y 59 a
61, del Grupo Popular, por 89 votos a favor, 127 en contra y 1
abstención.
Se rechazan las enmiendas números 28, 31, 32, 36, 38 a 42, 47 a 50, 57,
58, 95 a 98, 100, 102, 107 y 108, del Grupo Popular, por 90 votos a
favor, 117 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa al Título Séptimo, firmada
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa a la Exposición de
Motivos, quinto párrafo, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa a la Exposición de
Motivos, octavo párrafo, firmada por todos los
Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa a la Exposición de
Motivos, párrafo once, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional relativa a la Exposición de
Motivos, que propone la adición de un punto 4 en el apartado I, firmada
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la modificación de la disposición transitoria sexta nueva,
como consecuencia de la incorporación de la enmienda número 217, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la modificación de la disposición adicional décima como
consecuencia de la incorporación de la enmienda número 216, por
asentimiento de la Cámara.
La Cámara acuerda la sustitución de la palabra «rol», inserta en la
frase: «Propiciar un rol eficaz y creciente de la economía canaria...»,
anteriormente votada, por el término «función»: «Propiciar una función
eficaz y creciente de la economía canaria...»
Se aprueba el texto del proyecto de ley en su totalidad, con las
modificaciones introducidas, por 129 votos a favor y 87 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
EMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2016)
Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de
1994. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 2016)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas por el que se prorroga el Acuerdo entre España y los
Estados Unidos de América sobre Cooperación Científica y Técnica en
materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria, y de
vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en Madrid el 29 de
enero de 1964. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 2016)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas de 9 de noviembre de 1993 constitutivo de Acuerdo, entre
el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 2016)
Los señores Barreiro Gil y Ruiz-Gallardón Jiménez consumen un turno a
favor.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio
de 1993. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 2017)
Los señores Arguilé Laguarta y Ramírez Pery consumen un turno a favor.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Argentina al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Página 2018)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Singapur al Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970. (Página 2018)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión del Principado de
Mónaco al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Página 2018)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de los Estados Unidos
Mexicanos al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
(Página 2019)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Australia al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (Página 2019)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Barbados al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en material
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. (Página 2019)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro del Acuerdo sobre
supresión de Visados, constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de
1978 entre los Gobiernos de España y de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia. (Página 2019)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero de 1961 y 3 de junio de
1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre el
pasaporte de visitante británico. (Página 2019)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
MOCIONES. (Página 2020)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, de una forma inmediata, exija ante las instancias
comunitarias la asignación a España de una cantidad máxima garantizada de
algodón sin desmotar del orden de las 325.000 toneladas anuales. (Página 2020)
El señor Romero Girón defiende la moción. El señor Casas Casas consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. Los señores Romero Girón y Arguilé Laguarta intervienen en virtud
del artículo 87.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al
Gobierno a que proponga y defienda, dentro del Consejo de Ministros de
Agricultura de la Unión Europea, el rechazo a la reforma de la
Organización Común de Mercado del Vino propuesta por la Comisión Europea
y a que asuma y defienda, como propio, el Informe elaborado por la
Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo
sobre la evolución y futuro de la política vitivinícola en la Unión
Europea,
documento consensuado por todas las organizaciones agrarias españolas y
por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo. (Página 2024)
El señor Presidente anuncia la presentación de una enmienda a la moción
por parte del Grupo Popular y, a su vez, otra de modificación de esta
enmienda, firmada por cuatro Grupos Parlamentarios. Asimismo, anuncia una
propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
El señor Galán Cano defiende la moción originaria. El señor Gangoiti
Llaguno defiende la propuesta de modificación suscrita por todos los
Grupos Parlamentarios y que propone añadir un nuevo apartado en el texto.
El señor Molina García defiende las propuestas del Grupo Popular. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Virosta Garoz,
por el Grupo Mixto, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se aprueba la propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, con una pequeña modificación en su redacción, por
asentimiento de la Cámara.
Se aprueba la enmienda del Grupo Popular, de modificación de la
anteriormente presentada por el mismo Grupo, por asentimiento de la
Cámara.
Se aprueba la moción originaria por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se propone que
en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y con
carácter permanente, se constituya una Subcomisión de los Entes Locales
con la específica función de promover la participación operativa de
éstos, coordinada con la de las Comunidades Autónomas, en orden a
culminar el desarrollo óptimo de la organización autonómica territorial
del Estado que dispone la Constitución española. (Página 2031)
El señor Acebes Paniagua defiende la moción. El señor Pérez García
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, y Roig i Grau, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió. Los señores Acebes Paniagua, Pérez García y Roig i Grau
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 82 votos a favor, 116 en
contra y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las catorce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las nueve horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA, EN RELACION CON LA PROPOSICION
DE LEY DE MODIFICACION DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS.
(S. 625/000002) (C. D. 125/000008.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con la Proposición de
ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, publicada
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie III-B,
número 14, de fecha 30 de mayo de 1994.
Solicito del Presidente de la Comisión de Economía, Senador González
Laxe, que indique si algún Senador va a presentar el Dictamen.
El señor GONZALEZ LAXE: Buenos días, señor Presidente.
El Dictamen de esta Proposición de ley lo va a presentar el Senador don
José Juan Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señorías. Tengo el honor de haber sido designado por la
Comisión de Economía y Hacienda para presentar al Pleno del Senado su
Dictamen sobre la Proposición de ley de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Conviene destacar, a efectos de
conocimiento de esta Cámara, el laborioso proceso y las diferentes
Instituciones que han participado en la elaboración del texto que hoy
presentamos a la consideración de sus señorías.
El 19 de mayo de 1993, el Parlamento de Canarias tomó en consideración la
solicitud del Grupo Parlamentario de las Agrupaciones Independientes de
Canarias (AIC) de adopción de acuerdo para presentar ante las Cortes
Generales
proposición de ley de modificación de los aspectos económicos del Régimen
Económico y Fiscal y actualización de los puertos francos canarios.
Aceptado a trámite por el Pleno del Congreso de los Diputados, y tras los
preceptivos trámites y un laborioso trabajo que incorpora un volumen
considerable de enmiendas, es aprobado por la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda de aquella Cámara, con competencia legislativa plena,
en sesión celebrada el 24 de marzo de 1994. Seis días después, el 30 de
abril, tiene entrada en esta Cámara la Proposición de ley remitida por el
Congreso de los Diputados. El plazo de presentación de enmiendas, que
inicialmente finalizaba el 13 de mayo, es prorrogado hasta el día 19 del
mismo mes.
En el tiempo que media entre su entrada en el Senado y la finalización
del plazo de enmiendas, se han solicitado y emitido dos Informes: el del
Parlamento de Canarias, por mandato constitucional, y el de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, por precepto reglamentario del
Senado. La Constitución española, en su Disposición Adicional Tercera
ordena requerir informe previo de la Comunidad Autónoma en los supuestos
de modificación del régimen económico y fiscal del Archipiélago Canario.
El Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 45.3, encarga al
Pleno del Parlamento la adopción del mencionado informe.
Efectivamente, remitido por esta Cámara el texto aprobado por el Congreso
de los Diputados, el Parlamento de Canarias acordó el pasado 10 de mayo
emitir un informe positivo, al tiempo que consideraba imprescindible
incorporar un conjunto de medidas que se recoge en el mencionado
documento. Tal informe contó con 31 votos favorables sobre los 60 escaños
que componen la Cámara regional. Por tanto, no alcanzó los 40 que se
requieren para ser considerado favorable, conforme al mencionado artículo
45.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, obteniendo, no obstante, la
aprobación por mayoría.
Consideramos de interés informar a sus señorías que existieron otras dos
propuestas de informe que fueron presentadas a la consideración del
Parlamento de Canarias y rechazadas. Una, con seis votos favorables y 54
en contra, presentada por el Grupo Popular, que proponía emitir informe
desfavorable sobre la proposición de ley; y otra, con 23 votos a favor y
37 en contra, rechazada también, que proponía emitir informe positivo,
considerando necesario incorporar también determinados contenidos.
En definitiva, con matizaciones, aun no habiéndose alcanzado los 40 votos
para considerar al mencionado Informe como autorizado, no es menos claro
que, políticamente, el texto remitido por el Congreso de los Diputados
cuenta con el parecer favorable, con los matices que cada uno de los
Grupos hizo en su día, de 54 de los 60 votos que componen la Cámara
regional.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas se reunió a solicitud
del Gobierno de Canarias, al amparo del artículo 59 del Reglamento del
Senado, para recibir Informe del mencionado Gobierno, que lo emitió en la
persona del señor Consejero de Economía y Hacienda, respecto de esta
proposición de ley de modificación de los aspectos económicos. La
Comisión acordó emitir informe favorable acerca del contenido autonómico,
en los términos previstos en el artículo 56 b) del Reglamento del Senado.
Volviendo al trámite en el Senado, los diferentes Grupos Parlamentarios
presentaron un total de 218 enmiendas, correspondiendo 26 al Grupo Mixto,
82 al Grupo Parlamentario Popular y 49 al Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia, constituida el miércoles 25 de mayo e integrada por la
Senadora doña Josefa Luzardo Romano y los Senadores don David Marca y
Cañellas, don José Juan Rodríguez Rodríguez, don José Segura Clavell y
don Francisco Utrera Mora, acordó por mayoría la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 170 a 210 y números
215 a 218 al Informe que elevaron a la Comisión de Economía y Hacienda.
Esta, reunida el jueves 26 de mayo, aprueba por mayoría el Informe de la
Ponencia con la incorporación de la enmienda número 121, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Hasta aquí, el trámite legislativo. Permítanme sus señorías resaltar que
el objeto de la presente modificación es el siguiente: el proyecto de ley
aspira a regular la vida económica canaria para las próximas décadas,
modificando el Régimen Económico y Fiscal de 1972 para adaptarlo a los
profundos cambios de todo tipo que hemos experimentado en los últimos 20
años. Basta enumerar la Constitución española de 1978, el Estatuto de
Autonomía de 1982, la integración en España de la Comunidad Económica
Europea y la transformación de ésta en la Unión Europea, amén de los
cambios de la realidad económica mundial que obligan a la adaptación, a
los actores públicos y privados, de la actividad económica si quieren que
ésta sea eficaz y fructífera.
Los aspectos fiscales del REFC de 1972 fueron revisados por la Ley
20/1991, de 7 de junio, que a su vez, hace pocas fechas, fue modificada
por esta Cámara. De aquí que el dictamen contemple en su disposición
final, entre otros preceptos, la refundición en un solo texto de las
disposiciones legales vigentes en esta materia.
Con esta exposición, doy por cumplimentado el encargo que la Comisión de
Economía y Hacienda me ha hecho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Como saben sus señorías, al no haberse presentado enmienda de veto, damos
paso a los turnos correspondientes del debate de totalidad.
Solicito el criterio de la Cámara sobre si algún señor Senador va a hacer
uso de la palabra para el turno a favor o en contra. (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Me pide la palabra el Senador Marca. ¿Hay
algún otro portavoz que desee intervenir? (Pausa.)
El Senador Brito González tiene la palabra.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta primera intervención queremos expresar lo que ha sido
hasta ahora el proceso que conduce a este penúltimo acto parlamentario en
la aprobación de una ley vital para completar lo que se denomina como el
Régimen tradicional Económico y Fiscal de Canarias; penúltimo proceso y
último de contenido realmente efectivo en el cual nos cabe expresar la
satisfacción por la pronta culminación de una iniciativa que, en su
momento, adoptó por mayoría absoluta el Parlamento de Canarias, hace
ahora poco más de un año, y que tendría que haberse completado, al igual
que los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal, en 1991, dado
el proceso de modificaciones en la integración de Canarias en el ámbito
de la Comunidad Económica Europea.
La posición de Coalición Canaria en el conjunto de sus enmiendas, y como
planteamiento de naturaleza política en esta Cámara, pretende asumir, a
través de esas enmiendas, lo que también el Parlamento de Canarias, en la
fase final de emisión de informe, aprobó por mayoría absoluta de 31
votos. Al mismo tiempo que consideraba positivo el trámite de informe,
presentaba al menos 48 propuestas específicas que entendía que eran
necesarias para poder materializar el perfeccionamiento de un instrumento
que, si bien presenta un núcleo esencial positivo de su trámite y su paso
por el Congreso, precisa de mejoras sustanciales y de perfeccionamiento,
al menos en las posibilidades de convertir a la zona económica canaria en
una zona competitiva y, particularmente, en lo referente al segundo
registro de buques, sin una serie de atractivos que, comparativamente,
tienen otros registros especiales, y sobre todo uno muy cercano y
competitivo como el nuestro, como es el caso de Madeira.
Desde esa perspectiva, nuestro Grupo ha incorporado un conjunto de
enmiendas, principalmente de carácter técnico, en cuanto a la zona
económica canaria. Incluye aspectos competitivos en el segundo registro
de buques, en línea con la única posibilidad que queda para que ese
instrumento del segundo registro de buques se convierta en un instrumento
operativo y competitivo y no sólo en una referencia formal en el texto de
una ley en la cual no se posibilita después la operatividad de los buques
en comparación y en competencia con otras zonas que tienen un tratamiento
fiscal específico y, por supuesto, muy positivo.
También hemos planteado y mantenemos enmiendas para equilibrar las
haciendas locales canarias, que han experimentado una reducción
considerable de ingresos como consecuencia del descreste fiscal operado
por el ingreso en la Comunidad Económica Europea y el diferencial que se
mantiene de su participación en los fondos nacionales del Estado.
Tenemos también como un objetivo, dentro de los planteamientos y
propuestas que en su momento aprobó el Parlamento y que nosotros
tramitamos en esta Cámara, el que a Canarias no se la pueda considerar
como un territorio de continuidad territorial en el problema de las
telecomunicaciones. Canarias, históricamente, ha podido acceder al
mercado internacional de las telecomunicaciones sin ninguna limitación.
Incluso hemos planteado una posibilidad, que es la de excluir una materia
que ha sido objeto de controversia, como es el Hispasat, y que ésta se
pueda mantener hasta que se plantee también la incorporación plena a la
liberalización del mercado de telecomunicaciones por parte del Estado
español, pero que Canarias se pueda convertir en una experiencia piloto
que no cree distorsión para el territorio continental por razones obvias
de no continuidad de ese territorio, y que la permita incorporarse al
proceso final, avanzado y en rápido proceso de transformación en las
telecomunicaciones internacionales.
Sin telecomunicaciones internacionales, el desarrollo económico canario
está seria y gravemente condenado a no poder competir a escala
internacional. En este momento, por ponerles sólo un caso, los
teleprocesos no son posibles en Canarias, e incluso en ocasiones, para
conexiones internacionales de fax, con la presencia de unos residentes
extranjeros en Canarias, que son importantes, hay que hacerlo por otras
vías europeas o internacionales y no por las vías ordinarias que plantea
el sistema o la red de telecomunicaciones propias del Estado español.
Entendemos también que es importante incorporar como una pieza esencial
de ese mecanismo los sistemas de «leasing» y arrendamiento financiero,
también vitales para poder obtener posibilidades o aspectos competitivos
en el sistema del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Hay que decir que, en este sentido, confiamos en que, en el trámite y en
el debate de las enmiendas y propuestas que se hagan en esta Cámara,
exista la sensibilidad suficiente para poder contemplar en esta fase
final del trámite del Régimen Económico y Fiscal de Canarias instrumentos
que son fundamentales, que son esenciales para convertir esta pieza, que
culmina la estructura del acervo tradicional canario y su actualización
en relación con la estructura actual de la Unión Europea, en aspectos que
son decisivos para poder entender que obtendremos un régimen Económico y
Fiscal para Canarias positivo y que nos permita competir en las
condiciones de la economía internacional y de la economía de la Unión
Europea.
Desde esa perspectiva, espero que en el desarrollo del trámite en esta
Cámara se puedan acoger las propuestas que han sido formuladas de forma
mayoritaria por el Parlamento de Canarias.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
La exposición de motivos de la propuesta de ley de Modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias manifiesta que, con esta ley, se
aspira a regular la vida económica canaria durante el tramo final del
siglo XX y primeros tiempos del siglo XXI. Estamos totalmente de acuerdo.
En un mundo cambiante como el nuestro es refrigerante oír voces que
proclaman el deseo de legislar ecuánimemente para una región determinada
algo tan difícil como una ley que, en el Estado de las Autonomía, pueda
ajustarse a una constitución pensada para todos los españoles
y que no menoscabe ni un ápice ningún derecho adquirido.
Mi Grupo, Convergència i Unió, ha defendido siempre las peculiaridades de
las distintas autonomías, en contra del café para todos que algún Grupo
defiende sin pensar que España es peculiar regionalmente en todos sus
aspectos: geográficamente, con zonas agrícolas ricas y zonas pobres y
secas, en las que los cereales son prácticamente su única riqueza y el
abandono de los pueblos su única solución; económicamente, con comarcas
ricas en todos los aspectos, agrícola, comercial, fabril, minero,
pesquero, turístico, y comarcas pobres, a las que ni las leyes
protectoras --sólo, si acaso, un milagro-- pueden levantar;
culturalmente, con comarcas y regímenes en los que la cultura ha sido el
norte de sus ambiciones y a las que históricamente les ha cabido el honor
de participar activamente en el mundo de las letras y las artes. Otras
regiones, en cambio, no han tenido esta oportunidad y siguen desde más
lejos este difícil camino de la incorporación a Europa y al mundo.
Es por ello que cada vez que aparecen iniciativas que tiendan a
diferenciar el sentido de las leyes que regulan las regiones debemos
estudiar detenidamente su contenido, su significado y sus alcances
económicos y culturales.
Hemos seguido, como siempre, los avatares de este proyecto de Ley en su
paso por el Congreso y ahora por el Senado. El hecho de no haberlo
enmendado no ha disminuido el interés que prestamos al proyecto y nuestro
voto decisivo --dicho esto sin énfasis o afectación-- esperamos que habrá
contribuido a la mejora del texto final del proyecto de Ley.
En el trámite de ponencia y, posteriormente, en el de Comisión tratamos
de elegir entre las enmiendas las que respondían a la filosofía que hemos
comentado, estructurando mejor la Ley o complementándola. Para la sesión
de hoy poco ha quedado por estudiar. Así y todo, es posible que podamos
apoyar alguna de las enmiendas pendientes y varias transaccionales muy
importantes. Van a quedar, como siempre, algunas iniciativas redactadas y
pensadas con la mejor voluntad. En el debate del Congreso decía nuestro
Diputado Francesc Homs que muchas de las que hemos aceptado y votado
afirmativamente ya las quisiéramos para nuestra Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Esta modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias tendrá una
influencia beneficiosa para Canarias y se notará ya en el primer
ejercicio en que se aplique. Ha costado años el lograr la promulgación de
esta Ley. Los diversos espacios afectados durante las pasadas
Legislaturas sólo eran eso, apaños. Con la que hoy vamos a dar luz verde
pueden estar los canarios satisfechos.
Toda España ha visto siempre con simpatía al pueblo canario y hoy creo
que, unánimemente, todas las fuerzas políticas estarán satisfechas. A mí
me ha cabido el honor de pronunciar estas palabras en nombre de mi Grupo
y quiero acabarlas con una corta salutación. Con la entrega de este
elegante traje a medida que estamos cosiendo podemos decir sin miedo a
equivocarnos: canarios, bienvenidos a Europa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Gracias.
El Senador Segura Clavell tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en efecto, a lo largo de la mañana de hoy, 1
de junio, vamos a tener la satisfacción de poder debatir y analizar todos
y cada uno de los Títulos de que consta la proposición de Ley objeto de
la tramitación parlamentaria en que estamos; proposición de Ley de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias de la que el
Grupo Parlamentario Socialista no puede dejar de reconocer el carácter
globalmente positivo de sus contenidos y esperamos que la globalidad de
esa positividad justifique el trabajo parlamentario, arduo, extenso,
delicado y meticuloso, que a lo largo de muchos meses ha tenido lugar en
las Cortes Generales españolas a través de sus Cámaras, con el
conocimiento de los contenidos de la tramitación que dio origen a la
misma.
Señorías, en efecto, tal como ha dicho el Senador Rodríguez, que presentó
esta ley, la misma tiene su origen en una proposición de Ley del
Parlamento de Canarias, que en el mes de mayo de 1993 toma la decisión
mayoritaria, por 31 votos a favor, de remitirla a las Cortes Generales,
siendo admitida a trámite en los últimos meses del año pasado,
prácticamente por la unanimidad del Congreso de los Diputados, y
comenzada su tramitación experimenta unos mecanismos legislativos
relativamente poco frecuentes en la praxis política de las Cortes
Generales.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Congreso de los Diputados,
presentó un número aproximado de 180 enmiendas, con las que, incorporadas
al texto del proyecto de Ley, junto con otras que presentaron
individualmente dichos Grupos y que fueron en un tercer paquete, además
de ello transaccionadas con los restantes Grupos, se configuró la
proposición de Ley que entró en el Senado hace aproximadamente un mes y
que hoy culminará su tramitación en esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 49 enmiendas a esta
tramitación en el Senado. Incorporadas 45 de ellas al dictamen de
Comisión ha dejado cuatro con carácter de enmiendas vivas exclusivamente
al Título Séptimo del segundo registro de buques y empresas navieras.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista analizó y ha seguido con
detenimiento, como es natural y como se ha puesto en evidencia, la
tramitación de este texto y la defensa del contenido del mismo que a
través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas llevó a cabo
el representante del Gobierno de Canarias, esto es, el Consejero de
Economía y Hacienda, don José Miguel González.
Además de haber escuchado la intervención del señor González, hemos leído
las manifestaciones que llevó a cabo en esa sesión de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas y hemos analizado las preocupaciones que
expuso ante la misma, así como los contenidos de las intervenciones de
los diferentes portavoces de los distintos
Grupos Parlamentarios. Hemos tenido en cuenta también la resolución del
Parlamento de Canarias, tal y como establece la Constitución española y,
específicamente, el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo
45.3, que, textualmente, dice: «El régimen económico y fiscal de Canarias
sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento
canario, que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos
terceras partes de sus miembros.
El informe del Parlamento de Canarias, en efecto, alcanzó la mayoría de
los miembros de la Cámara; obtuvo 31 votos y, consiguientemente, tiene el
valor democrático que ello le confiere. Pero también debemos tener muy en
cuenta que no alcanzó los dos tercios de la Cámara que establece
precisamente este artículo al que acabo de hacer referencia. Los
diferentes Grupos Parlamentarios que hoy se integran en la oposición de
la Cámara regional y tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo
Parlamentario Socialista presentaron votos particulares a esa resolución,
que también hemos analizado con el correspondiente interés.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista de este Senado, a través de
los tres intervinientes que iremos consumiendo los turnos
correspondientes a cada uno de los siete Títulos que integran este texto
legislativo, expresaremos nuestra identificación con los contenidos
globales de los mismos y, particularmente, en el Título Séptimo haremos
defensa de las enmiendas vivas. Pero con carácter general, en esta
intervención queremos manifestar nuestra identificación con esta
Proposición de ley, con este proyecto legislativo que culmina de manera
satisfactoria lo que ha sido un largo proceso que se inició el 1.º de
enero de 1986 cuando el reino de España ingresó en la Comunidad Europa y
que obligó a la modificación de los contenidos de aquella Ley económica y
fiscal que venía del año 1972 y que ha constituido el marco en el que se
ha desenvuelto la actividad económica de Canarias. Señorías, a través de
esta Cámara y en esta tribuna, se han recogido en los diferentes diarios
de sesiones numerosas intervenciones de todos los Grupos parlamentarios
coadyuvando precisamente a la definición del nuevo marco económico de la
Comunidad canaria.
No olvidemos la aparición de normativas específicas que a partir del año
1991, a impulsos del Gobierno español, se han ido produciendo en las
instituciones comunitarias a efectos de la integración definitiva de
Canarias en todas las políticas comunitarias que no fueron de aplicación
a esa Comunidad en el período de tiempo que fue desde enero de 1986 hasta
1991, en que Canarias estuvo regida en su estatus, en su vinculación con
la Comunidad Europea mediante el llamado Protocolo II del Tratado de
Adhesión de España a las Comunidades.
En efecto, a partir de 1991 hemos visto la creación y promulgación
legislativa de la Ley de modificaciones fiscales del régimen económico
fiscal canario, y hoy culminaremos en esta Cámara la componente que la
complementa, la componente económica que conlleva cada uno de los setenta
y nueve artículos de esta Ley, cada una de sus Disposiciones Adicionales
y de sus Disposiciones Transitorias.
Señorías, en Canarias el tono vital de la economía ha ido creciendo, tal
como lo indican los parámetros de los últimos tiempos que han sido
publicados esencialmente por el Instituto Canario de Estadística. El tono
económico irá creciendo, sin duda alguna, cuando se publiquen en el
Boletín Oficial del Estado los contenidos de esta Proposición de ley,
cuando se reglamenten a lo largo de un período de un año, tal como la Ley
nos indica, y cuando los reglamentos entren en vigor no tengan sus
señorías la más mínima duda de que Canarias se va a configurar en la
modernidad como una Comunidad singular en el seno del Estado español
gracias al esfuerzo colectivo de los ciudadanos canarios, de sus
administraciones públicas, de su Parlamento regional y, sin duda alguna,
de las Cortes Generales del reino de España, que son las depositarias de
la soberanía nacional.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de totalidad, tienen la
palabra, en primer lugar, los enmendantes del Grupo Parlamentario Mixto,
Senador Cuevas y Senadora Vilallonga, para la defensa de sus enmiendas a
los Títulos Preliminar, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, números 1 a
21. De ellas, salvo error, las números 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 y 21 pretenden la inclusión de nuevos artículos al texto del
Dictamen. (Pausa.)
Decaen dichas enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la
palabra para la defensa de sus enmiendas números 119, 120 y 122 a 134 el
Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En función de agilizar el proceso del debate y por economía de
procedimiento, nosotros vamos a plantear una defensa global de todas
nuestras enmiendas, y les pido que tengan un poco de paciencia pues
trataremos de hacerla lo más rápidamente posible.
Hay que decir que, a efectos técnicos, la enmienda número 121 la
retiramos porque está ya incorporada al Dictamen y, consecuentemente, no
tiene ningún sentido defenderla.
En el conjunto de nuestras enmiendas queremos resaltar algunas cuestiones
al hilo de lo que se ha expresado. Queremos plantear que el régimen
económico fiscal de Canarias no es una norma «ex novo» que se esté
planteando como algo que en este momento se formula, como un traje a la
medida --como se ha venido a plantear-- a los efectos de poder adaptar
las condiciones del presente hacia el futuro de la economía y del sistema
tradicional canario. Estamos hablando de algo distinto: el traje
histórico, que ha quedado modificado por las opciones del Estado español
en la incorporación a la Unión Europea que, lógicamente, ha llevado a la
necesidad de adaptar el traje canario a las nuevas circunstancias, pero
los aspectos fundamentales del régimen económico fiscal son una pieza
histórica en el régimen canario, que tiene prácticamente en algunos
aspectos dos siglos y en otros, como en el del diferencial fiscal, cinco
siglos. Es decir, que es un elemento y una pieza fundamental y como tal,
en su momento, los propios constituyentes la dieron un carácter reforzado
de la protección constitucional en la Disposición Adicional Tercera de la
Constitución.
Desde esa perspectiva, nuestras enmiendas números 109 a 118 a la
Exposición de Motivos han tenido un fin de mejora, fundamentalmente
gramatical y de redacción. La Exposición de Motivos, desde el punto de
vista de lo que es la literatura, no es propia de un texto de esta
naturaleza, y hemos tratado de mejorarla y de incorporarle una mejor
textura desde la perspectiva de su planteamiento como tal Exposición de
Motivos de una ley de esta naturaleza.
La enmienda número 119 pretende incorporar a la propia Ley de bases
económica el carácter de región ultraperiférica en el contexto de la
Unión Europea tal cual se ha recogido en el Tratado de la Unión en los
aspectos que se refieren a regiones, en este caso afectadas por la
lejanía y por la insularidad.
En la enmienda número 120 hemos planteado la compatibilidad entre un
principio histórico en el funcionamiento de la Comunidad canaria, que es
la libertad de transporte, con la incorporación o consideración del
transporte aéreo y marítimo, fundamentalmente interinsular y el que
conecta a Canarias con el resto del Estado, con la posibilidad de
establecer el carácter de servicio público esencial. Esto es una parte
importante de nuestra propuesta que no estaba incorporada en la fase
anterior y que entendemos que mejora técnicamente la estructura de los
principios que con carácter general se formulan en la Proposición
de ley.
Las enmiendas números 121 a 123 constituyen fundamentalmente una mejora
de carácter técnico.
La enmienda número 124 incorpora a un representante de la Comunidad
Autónoma al Consejo Asesor para el comercio con Africa occidental en
cuanto trata de implicar a la Comunidad Autónoma en corresponsabilizarse
con las instituciones de la Administración General del Estado en esta
materia.
Las enmiendas números 125 y 126 son pura mejora técnica.
Las enmiendas números 127 y 128 afectan a algo que es vital para Canarias
como es la política de empleo y la posibilidad real de que se pueda
establecer una política que supere una de las lacras y uno de los cuellos
de botella importantes que tiene la economía en la sociedad canaria con
ese más del 28 por ciento de paro en su estructura productiva y que se
vincula a la enmienda 129 con la Formación Profesional. Entendemos que lo
único que perfecciona el texto anterior es que sea una formación integral
e integrada, incorporando la formación reglada a la formación ocupacional
y continua. Por eso, lo único que hemos planteado es la incorporación del
concepto de reglada, dado que la historia negativa de la Formación
Profesional ha disociado, negativamente en nuestra opinión, lo que ha
sido la formación reglada con la formación ocupacional y continua.
La enmienda número 130 es bastante similar a lo que efectivamente se ha
recogido en el Dictamen de la Comisión sobre la pesca de altura; es una
reivindicación importante que guarda relación también con dos enmiendas
nuestras que fueron aceptadas en la fase final de la segunda reforma de
los aspectos fiscales, el caso del IGIC, sobre la pesca de altura.
Entendemos que hay una coincidencia fundamental con lo que se ha recogido
en el Dictamen de la Comisión y por ello también esta enmienda la vamos a
retirar, porque se ha conseguido el objetivo que se había formulado.
En las enmiendas 131 a 133 volvemos a insistir en la importancia que
tiene para Canarias el incorporar sistemas de carácter general pero
dentro de la estructura singular del Régimen Económico y Fiscal respecto
al «leasing» y al arrendamiento financiero. Señoría, es algo esencial
para el Archipiélago que esto se incorpore como una pieza que permita
activar lo que es la zona especial canaria, ya que sin esos elementos
pierde atractivo y pierde competitividad.
En las enmiendas 134 a 160 hemos pretendido mejorar técnicamente los
instrumentos de funcionamiento de la zona especial canaria, y en ese
sentido son enmiendas técnicas, enmiendas en el sentido de establecer
plazos para su desarrollo reglamentario, etcétera.
La enmienda número 161 afecta al Impuesto sobre Sociedades. Entendemos
que la estructura productiva canaria, con más de un 85 por ciento de
empresas de menos de 50 trabajadores y prácticamente de esas el 95 por
ciento con menos de 25, exige una atención no solamente de las empresas
de nuevo establecimiento, que nos parece importante, sino de aquellas que
ya están también establecidas porque si no se puede producir una
disociación. Es cierto que el mecanismo del fondo de reservas de
inversiones puede colaborar y coadyuvar a que las empresas establecidas
tengan un mecanismo compensatorio con una reducción sustancial de los
aspectos, digamos, de la imposición, pero no permite perfeccionar los
problemas que tienen en este momento las empresas establecidas porque
aquí no solamente se trata de, y esto es importante, establecer
incentivos a la producción que mejore las expectativas de creación de
riqueza y empleo, sino también de que no se pierda empleo en la actual
estructura productiva canaria.
En la enmienda número 163 planteamos una vinculación entre incentivos a
la producción y a la generación efectiva de empleo. Planteamos que esos
incentivos no serán beneficio de ninguna entidad productiva que no
acredite una creación neta de empleo.
En la enmienda número 164 asumimos algo que lamentamos que no se haya
incorporado porque en la propuesta que presentó el PSOE en el Parlamento
de Canarias sí que se recogían estas cuestiones. Entendíamos que esa
propuesta mejoraba aspectos que no se han contemplados en las enmiendas
incorporadas en el trámite del Senado, fundamentalmente lo que es la
resolución del problema financiero que afecta a las corporaciones locales
canarias en ese diferencial histórico que se ha agravado ahora por los
efectos del descreste arancelario, derivado de la incorporación a la
Comunidad Económica Europea, y que efectivamente
minora las posibilidades de ingresos reales en la participación en los
fondos del Estado.
La enmienda número 165 coincide también con una enmienda del Partido
Popular; incorpora los reglamentos de la Unión Europea como parte del
acervo específico en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias,
es decir, todos los reglamentos, especialmente la REA --Régimen
Específico de Abastecimiento-- pero también otros reglamentos
específicos, y esto es algo que también se practica habitualmente en los
denominados procesos de trasposiciones de la normativa comunitaria a la
legislación interna española.
Finalmente, hay dos últimos aspectos que nos parece importante resaltar.
En la Disposición Transitoria Tercera reincidimos en la importancia vital
para Canarias de la puesta en marcha coordinadamente con la
Administración General del Estado de un plan de empleo; esperemos que
esto se pueda realmente conseguir porque es algo vital para la propia
supervivencia económica y fundamentalmente social del Archipiélago. Y
también hay algo que ha sido objeto de una pugna que se mantiene y es
ostensible y pública entre algunos departamentos del Gobierno central
como es el problema de las telecomunicaciones.
Señorías, las telecomunicaciones para Canarias son como el aire que se
respira. Canarias sin telecomunicaciones no podrá obtener esa prometida,
y que hay que gestionar, sede de la UNCTAD para los tráficos sur-sur; no
podrá tener unos instrumentos que le permitan experimentar y poner en
marcha un proceso de modernización de su estructura en la línea que
apunta el Libro Blanco de la Comunidad Europea; si Canarias no puede
acceder a los mecanismos del mercado internacional, a tecnologías
avanzadas de telecomunicaciones, va a verse seriamente limitada en sus
posibilidades.
Sabemos que aquí el problema de fondo es el debate sobre el Hispasat y
precisamente hemos mejorado nuestra propuesta en el sentido de excluir el
Hispasat como un aspecto polémico en la liberalización de las
telecomunicaciones para que en Canarias, donde no hay problemas para la
empresa de telecomunicaciones, en este caso Telefónica, en su
readaptación, se pueda poner en marcha un plan piloto que pueda ser
incluso protagonizado por la propia compañía del monopolio español, y que
ahí se pueda experimentar las condiciones y las posibilidades de las
tecnologías, digamos, avanzadas en telecomunicaciones y las posibilidades
respecto a lo que va a ocurrir, se quiera o no y más pronto que tarde, en
el espacio europeo.
Desde esa perspectiva no entendemos el por qué de esa cerrazón permanente
de negar a un territorio que no tiene continuidad, que está alejado, que
no va a competir ni a dificultar los procesos de adaptación, que el señor
Cándido Velázquez, Presidente de Telefónica, dice que están ya
avanzadísimos, para no posibilitar en este momento que puedan
incorporarse como activos competitivos a la economía canaria los
teleprocesos o las tecnologías avanzadas en telecomunicaciones que
perfeccionen los atractivos y los elementos competitivos a este nivel. Si
se quiere excluir el Hispasat, que se excluya, no vamos a entrar en ese
terreno, pero que las tecnologías digitales, las tecnologías punteras
puedan incorporarse a Canarias, porque si no tendremos que seguir
comunicándonos vía otros países europeos, o incluso en algunos casos con
Estados Unidos para poder comunicarnos con Europa, y esto es realmente
lamentable y triste en el momento en que nos encontramos.
Finalmente, y voy terminando, señorías, en la Disposición Adicional
Novena planteamos una propuesta de apoyo a un plan de I+D que permita al
Archipiélago colocarse también en pie de igualdad en las posibilidades de
lo que hoy constituyen las nuevas tecnologías, las llamadas autopistas a
la información, en definitiva, todo lo que supone un avance tecnológico
decisivo para el reto del siglo XXI que está ya articulándose en el
debate económico y a nivel de la propia Unión Europea.
Señorías, nosotros, aparte de esos aspectos de tipo técnico, hemos
querido ser plenamente fieles a lo que ha sido la recomendación
mayoritaria del Parlamento de Canarias, pero también a una demanda
generalizada de todos los sectores de la economía y de la sociedad
isleña. Desde esa perspectiva, salga el texto que salga de este trámite
parlamentario, nosotros vamos a seguir manteniendo posiciones de que es
necesario mejorar y profundizar el texto que apruebe esta Cámara aunque,
y lo quiero decir con claridad, consideremos que el núcleo de lo que
hasta ahora se ha alcanzado y de lo que se puede incorporar resulta
básicamente positivo. Sin embargo, ese objetivo de perfeccionamiento, sin
duda, es un objetivo necesario e imprescindible para poder situar a
Canarias en esa perspectiva que tantas veces se ha dicho que es al pie de
la entrada del Puerto de Cádiz para que podamos realmente competir en
condiciones de igualdad con las economías continentales con una escala
con menos estrangulamientos y con menores dificultades, por supuesto, que
las que tiene un territorio alejado que la sensibilidad de la Unión
Europea ha situado con un carácter ultraperiférico, aunque ese carácter
no guarde comparación con lo que han conseguido en la ampliación los
territorios que han incorporado la llamada ultranordicidad como un
«handicap» estructural indefinido. En el caso concreto del Archipiélago
Canario habrá que seguir luchando y pugnando por mejorar los instrumentos
de la incorporación a la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Brito.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a los artículos 1 a 27 las
enmiendas números 27 a 51.
Los enmendantes están agrupando en un único turno la defensa de todas las
enmiendas de sus grupos al proyecto. Lo digo para que el Grupo
Parlamentario Socialista lo tenga presente a los efectos de hacer los
turnos correspondientes de defensa del dictamen y en contra de las
enmiendas.
Como todos queremos agilizar el debate, voy a intentar ser lo más
tolerante posible con lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiera
disponer en su turno de respuesta, siempre y cuando no se amplíe en
exceso el número de intervenciones.
Tiene la palabra la Senadora Luzardo para la defensa de todas las
enmiendas de su grupo parlamentario.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular, como ya se ha
dicho, ha presentado 83 enmiendas. Todas ellas son de contenido. No hemos
presentado ni una sola enmienda de mejora técnica. Hemos elaborado un
texto alternativo que hemos presentado en el Congreso de los Diputados.
Como el régimen económico fiscal de los canarios es una pieza
fundamental, hemos tenido la responsabilidad de elaborar nuestro texto.
La semana pasada tuvimos el debate en la Comisión de Economía y, como era
previsible, ni una sola de las 83 enmiendas que presentamos fue aprobada.
No obstante, confío en que haya posibilidades de que el Grupo
Parlamentario Socialista acepte en este Pleno algunas de las enmiendas
que nosotros hemos presentado.
Voy a comenzar a defender de forma global todas las enmiendas con el fin
de agilizar este trámite parlamentario. En primer lugar, hemos presentado
una serie de enmiendas al Título Preliminar y al Título I, teniendo en
cuenta que en este Título se define la ley y cuáles son sus principios
generales. Aunque nosotros asumimos en su conjunto estos principios,
proponíamos una nueva redacción para que constase el reconocimiento del
carácter histórico y el hecho insular.
Nosotros resaltamos desde el inicio que en la ley tenía que estar
reconocida de forma expresa la doble insularidad que soportan las islas
menos pobladas del archipiélago, circunstancia que obliga al resto del
Estado a hacer un mayor esfuerzo de solidaridad.
No hemos presentado la enmienda de la ultraperificidad por problemas
técnicos. Pero anuncio que vamos a apoyar la que han presentado los otros
grupos políticos.
Paso ahora al Capítulo de transportes y comunicaciones. Como ustedes
podrán comprobar, señorías, las comunicaciones y los transportes son un
servicio esencial en Canarias. Afectan al denominado coste de la
insularidad. Y es ahí donde quedan reflejadas las desventajas económicas
que se traducen, evidentemente, en un encarecimiento de los costes.
Canarias importa el 58 por ciento de su producto regional. Este
encarecimiento produce que se tengan que pagar elevados fletes a la hora
de hacer las exportaciones.
Nosotros apostábamos por una liberalización y desmonopolización del
sector de los transportes en cuanto entrase en vigor la ley. Estimábamos
que al abrirse el sector a la libre concurrencia mejorarían las
condiciones de precios y de calidad de los servicios.
Hemos presentado una fórmula más ambiciosa y comprometida para la
subvención de los transportes con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Como sus señorías saben, hay establecido un porcentaje fijo en el
caso de los transportes interinsulares del 10 por ciento y del 33 por
ciento en el caso de los transportes entre el archipiélago y el resto del
territorio nacional. Este porcentaje es fijo, es rígido, y es inflexible.
Solamente se da la posibilidad de que sea el propio Gobierno el que pueda
modificar estos porcentajes. Nosotros defendemos el principio de
continuidad territorial que significa trasladar las islas imaginariamente
a las costas de Cádiz o de Huelva. Planteamos que los importes de las
tarifas de las islas no tengan que ser superiores a los de las dos
provincias más alejadas de una misma Comunidad Autónoma. En el supuesto
de los transportes entre Canarias y la península, pensamos que el importe
de la tarifa resultante no debe ser superior a lo que cuesta un billete
desde Santander a Cádiz, por ejemplo. Mantenemos los porcentajes del 10 y
del 33 por ciento como mínimo que establece la proposición, pero
proponemos que la implantación se haga, por supuesto, de forma gradual.
En cuanto al transporte de mercancías, nosotros pretendemos que se
garantice también el principio de continuidad territorial todo el año en
el caso de las exportaciones de productos hortofrutícolas desde los
puertos canarios al resto de la Unión Europea.
La proposición establece el principio de continuidad territorial, pero
utiliza la expresión «se tendrá en cuenta». Nosotros somos mucho más
contundentes. Entendemos que tendríamos que garantizar este principio en
todos los sentidos.
Voy a defender ahora la parte más importante del texto que elaboramos
referida a nuestro régimen económico fiscal. Como sus señorías saben,
nosotros de forma tradicional y a lo largo de la historia hemos tenido
siempre una bonificación en la imposición indirecta. Esta imposición
menor que teníamos en los impuestos indirectos ha dado lugar a que el
turismo, peninsular sobre todo, fuese a Canarias y a que, hasta hace
poco, los productos fuesen más baratos. Hoy en día ustedes pueden
adquirir los productos más baratos en la península que en Canarias. Por
eso, no creemos que sea justo que solamente se bonifiquen las rentas
empresariales, lo que se han denominado «vacaciones fiscales». Entendemos
que la única forma de compensar nuestro coste de la insularidad es a
través de una bonificación en los impuestos directos, tanto en rentas
como en sociedades. Esta bonificación, que como ya he dicho es del 20 por
ciento, es la única forma de compensar estos 2.000 kilómetros de
distancia y la pérdida de diferencial fiscal que teníamos en la
imposición indirecta. Creemos, por tanto, que es justo que se reconozcan
los costes de lejanía e insularidad.
Nos alegramos de que el texto de la proposición recoja la cuestión de la
reserva de inversiones, aunque nosotros presentamos un número importante
de artículo relacionados con el 27 de la proposición, que definen lo que
puede ser un verdadero incentivo a la inversión en Canarias a través de
la recuperación del antiguo fondo de previsión de inversiones, pero sin
los inconvenientes que tenía esta figura. Planteamos algunas mejoras como
la de permitir los planes de inversión anticipados o que se puedan
adquirir títulos emitidos por entidades financieras con la finalidad --y
en esto coincidimos con una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-- de construir viviendas en Canarias que se puedan acoger a estos
planes, con el límite previsto del 50 por ciento.
Creemos que es importante que la inversión en bienes usados no se
condicione sólo a la mejora tecnológica porque en este caso estaríamos
evitando que pudiesen acogerse también a la inversión en inmuebles
turísticos.
Por último, hay que aclarar que en este apartado de la reserva de
inversiones las suscripciones se consideran como tales por el valor real,
incluyendo las primas de emisión.
En cuanto a la famosa Zona Especial Canaria, nosotros no compartimos la
filosofía que establece la Proposición y desconfiamos, evidentemente, de
este mecanismo --hay que decir que es la parte más larga del articulado,
concretamente tres cuartas partes del texto de la Proposición se refieren
a la Zona Especial Canaria--; creemos que es la parte menos sólida y
estamos convencidos de que se tendrá que modificar, por ello nosotros
proponemos que toda Canarias sea Zona Especial, con una regulación
exhaustiva y amplia de las cuentas exentas en divisas y la posibilidad de
fomentar las inversiones extranjeras en Canarias. Señorías, nos preocupa
el hecho de que se quiera comparar a Canarias en este caso con el
archipiélago de Madeira, que sí tiene una zona «off shore» que lleva
funcionando más de seis años y que no ha significado ningún aumento en el
producto interior bruto para la región ni tampoco en la creación de
empleo.
En cuanto al Título VII, referente al Registro Especial de Buques, como
ha dicho antes el Senador Segura, nosotros somos más ambiciosos y
planteamos un régimen especial de empresas marítimas. Es indudable la
importancia de Canarias, como archipiélago, de todos sus puertos y
aeropuertos, y nosotros proponemos unos puertos ágiles, eficaces, más
baratos, con una rebaja de los llamados costes, y a ser posible que las
ventajas que se establecen no solamente sean para lo que se denomina la
navegación exterior, sino que estén incluidas también las empresas
consignatarias, las empresas de manipulación de mercancías, las de
pertrecho y avituallamiento de buques o las de reparación naval. Nosotros
entendemos que hay que fomentar estas empresas y para ello proponemos que
estos beneficios de una reducción de la cuota de la Seguridad Social, que
está entre el 25 y el 50 por ciento según tenga la plantilla fija o
temporal, también se puedan aplicar a estas empresas, incluso planteamos
una exención, total o parcial, del Impuesto General Indirecto Canario y,
por último, añadimos en este apartado que las tarifas por el uso de las
instalaciones portuarias tengan un coste menor que las que establece el
Ministerio de Obras Públicas.
Como he comentado, nosotros rechazamos el Registro Especial de Buques tal
y como está regulado en la Proposición y ponemos el énfasis en todas las
empresas que de alguna manera tienen que ver con la navegación, que son
las que en realidad conducen a la riqueza y a la creación de puestos de
trabajo, por lo que probablemente son las que al final van a conducir a
esa mejora en nuestro Registro Económico y Fiscal.
En cuanto al Régimen Especial de Aguas y Heredamientos, me alegra que el
Grupo Parlamentario Socialista haya incluido una enmienda referente a la
posibilidad de que estén exentas del Impuesto de Actividades Económicas
las entidades de prospección y perforación de las aguas. Nosotros
planteamos esta enmienda en el Congreso de los Diputados, no tuvimos
suerte, pero ya hemos visto que, aunque no literalmente, sí han copiado
parte de la filosofía de nuestra enmienda, por lo que la vamos a apoyar.
Por último, en las Disposiciones Adicionales planteamos la integración de
Canarias a la Unión Europea y el reconocimiento tanto del POSEICAN como
del Régimen Específico de Abastecimientos de Canarias. Con la integración
de España en la Comunidad Europea el régimen de franquicias aduaneras
desapareció y teníamos que aplicar el arancel comunitario, sin embargo,
con la integración entran en funcionamiento unas normas específicas de
acuerdo con el Reglamento 1.911/91 que regula el Régimen Especial en el
caso de Canarias. Estas medidas, tanto el REA como el POSEICAN, son
provisionales y, sin embargo, se establece en el preámbulo que las
medidas, aunque son de carácter temporal, podrán vincularse, podrán estar
un tiempo más, y nosotros lo que pretendíamos era instar al Gobierno para
que de alguna manera nos pudiésemos acoger y hacer valer ante las
instancias comunitarias estas especialidades que están recogidas en esta
normativa y que dan lugar a que haya una mayor libertad de importación,
sin tener que sujetarnos al pago de derechos arancelarios en aquellos
productos agrícolas procedentes de terceros países que se consideran
esenciales para el archipiélago o aquellos productos manufacturados que
se consideran sensibles para los sectores productivos o para el
abastecimiento final. Esta enmienda también ha sido recogida por otros
Grupos políticos y, por tanto --y me dirijo en estos momentos al Grupo
Parlamentario Socialista--, todavía confío en que haya posibilidades
--aunque me imagino que ya tendrán hecho su cuadernillo de votación-- de
que alguna de las enmiendas de contenido que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular prospere, porque es algo frustrante que, después de
haber presentado muchas enmiendas, en el Congreso de los Diputados
solamente nos aceptaran en Comisión una «in voce» y en esta fase todavía
tengo mis dudas de que haya posibilidad de que acepten alguna enmienda de
las 83 presentadas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Luzardo.
Los votos particulares a los Títulos V, VI y VII, así como a las
Disposiciones Adicionales y otras disposiciones, firmados por la Senadora
Vilallonga y el Senador Cuevas González, en tanto no se hallan presentes
en la Cámara, han decaído.
Por tanto, restaría al Grupo Parlamentario Socialista defender su voto
particular número 4, que comprende las enmiendas número 211 a 214.
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en efecto, este interviniente por el Grupo
Parlamentario Socialista lo hace a efectos de producir la defensa de las
cuatro enmiendas que mantenemos vivas al Título VII de la ley, y son
enmiendas
que nos resultan particularmente queridas al Título del Registro Especial
de Buques y Empresas Navieras.
Señorías, tal como ustedes recordarán, fue precisamente el Grupo
Parlamentario Socialista el que, cuando se producía el debate en el
Senado de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante introdujo
la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley sobre Registro Especial
de Buques y Empresas Navieras. Esa Disposición Adicional Decimoquinta es
integrada por todo un amplio articulado con un conjunto de temas que
abarcaba desde el objeto, Régimen Jurídico y Normas de Funcionamiento,
creando el segundo registro de buques, el Registro Especial de Buques y
Empresas Navieras, el Estado español al amparo de mandato comunitario,
situándolo geográficamente en la Comunidad canaria, estableciendo las
características de la matrícula, abanderamiento y patente de navegación
de los buques, los requisitos de inscripción de las empresas navieras y
de los buques, y características de toda índole, acerca de la forma de
producir la dotación de las embarcaciones, tasas, etcétera. Y en aquel
momento se dijo que el segundo Registro de Buques que se creaba en esa
Disposición Adicional Decimoquinta tenía que ser complementado en la ley
económica del Régimen Económico Fiscal Canario, y, señorías, viene
complementado precisamente en el Título VII de nuestra ley, en los
artículos 73, 74, 75, 76 y 77.
El Grupo Parlamentario Socialista introduce un conjunto de enmiendas, y
entre ellas la número 211 al artículo 73, mejorando el apartado 2 con el
siguiente texto: «Los tripulantes y las empresas de los buques que estén
adscritos a los servicios regulares entre las Islas Canarias y entre
éstas y el resto del territorio nacional, en tanto éstos no puedan
inscribirse en el Registro Especial, de conformidad con lo previsto en el
apartado anterior, podrán, no obstante, disfrutar de la exención del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
y de las bonificaciones sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social, establecidas en
los artículos 74, 75.1, 76.1 y 78.»
La enmienda número 212, al artículo 76, sobre el Impuesto sobre
Sociedades, plantea en sus tres puntos que se recoja según está en su
contenido.
No obstante, queremos mejorar esta enmienda, que se mantuvo viva para su
debate en el Pleno, mediante una transaccional que se ha repartido entre
los diferentes Grupos, con la introducción de un párrafo 2 nuevo, que
dirá específicamente: «Para los tripulantes de los buques inscritos en el
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, sujetos al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por obligación real, tendrá la
consideración de dieta exceptuada de gravamen el 40 por ciento de los
rendimientos íntegros del trabajo personal que se hayan devengado con
ocasión de la navegación realizada en buques inscritos en el citado
Registro.»
Planteamos también una enmienda transaccional, que hemos ofrecido a los
diferentes Grupos y que pretendo defender, al artículo 78, de
Bonificación y reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el
supuesto de que fuese aprobada e incorporada al acuerdo plenario, el
artículo 78, de Bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social,
estaría integrado por tres puntos.
El punto 1 diría: «Para los tripulantes pertenecientes a los países
comunitarios de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y
Empresas Navieras se establece una bonificación del 50 por ciento en la
cuota empresarial a la Seguridad Social.
El punto 2 señalaría lo mismo que el articulado: «La bonificación
establecida en el apartado anterior se financiará mediante la
correspondiente aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad
Social.»
El punto 3 diría: «Para los tripulantes pertenecientes a terceros países
de los buques inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas
Navieras se establece una reducción del 75 por ciento de la cuota
empresarial a la Seguridad Social.»
La enmienda número 214, que queremos mantener tal y como está recogida,
plantea la creación de un artículo 79 nuevo que consideramos fundamental.
Su contenido es: «Los porcentajes de bonificación recogidos en los
artículos 75.2 y 76.2 podrán modificarse anualmente en las
correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.»
Señorías, presentamos este conjunto de enmiendas desde la perspectiva de
que estamos convencidos de una realidad actual que nos duele y que el
Grupo Parlamentario Socialista quiere mejorar. La situación de involución
de la flota mercante española y el continuo deterioro del mercado de
fletes explican por sí solos determinadas decisiones del Gobierno, así
como los contenidos de estas enmiendas.
Pretendemos que la política marítima del Gobierno español se refuerce con
el fin de mejorar nuestra competitividad en el mercado internacional de
fletes. Somos conscientes de que en el momento actual, y al margen de la
viabilidad futura del Registro Euros, que las instituciones comunitarias
aprobarán en los próximos meses, el Registro Especial de Buques del
Estado español, radicado en Canarias, tiene que jugar un papel impulsor
relevante de las medidas económicas recogidas en la propia Ley y que van
a beneficiar a la Comunidad canaria, pero éste es precisamente un Título
que pone de manifiesto una vez más la vertebración entre los intereses de
una Comunidad específica del Estado español y los intereses globales de
la Administración marítima española.
Somos conscientes de que hay una realidad que nos duele a todos los
ciudadanos españoles y, en particular, al Grupo Parlamentario Socialista,
razón por la que ha presentado estas enmiendas. No podemos seguir
tolerando o admitiendo inermes y con los brazos cruzados que la flota
mercante española, una de titularidad pública y otra de titularidad
privada, como consecuencia de la necesidad de que la empresa naviera
adquiera rasgos de competitividad en el mercado internacional del flete
--al que he hecho referencia en reiteradas ocasiones en mi
intervención--, no pueda incrementar esa competitividad como consecuencia
de la escasez de las medidas fiscales.
De ahí que nosotros pretendamos convertir el segundo Registro Especial de
Buques de Canarias en una pieza instrumental competitiva que permita a
nuestra flota mercante retornar al abanderamiento en nuestros puertos
porque, señorías lo dije en Comisión y lo reitero en estos momentos
aunque nos duela, en lo que va de año más de 40 buques de navieros
españoles, entre ellos Trasatlántica, Repsol, El Cano y otras empresas de
capital privado, han solicitado expedientes de exportación de esos buques
para registrarlos en segundo Registro de otros países de la Comunidad
Europea, lo cual es lícito y amparado por el ordenamiento legal de este
mercado único que nos hemos dado en la Comunidad Europea.
Pero, señorías, respetando el mercado único, también tenemos que decir a
esas empresas navieras que, si con los artículos que pretendemos que
apruebe el Pleno de esta Cámara el Registro canario se hace competitivo,
si bien no pueda ser los suficientemente competitivo con estas enmiendas,
con el artículo 79 nuevo que incorporamos a la Ley remitimos a los
Presupuestos Generales del Estado año tras año la adopción de medidas que
pueden ir mejorando esa competitividad.
Señorías, la flota mercante española en crisis, en un mercado cambiante,
como la de otros países de la Unión Europea, tiene que compatibilizar, y
ésa es la labor de los Grupos Parlamentarios...
El señor PRESIDENTE: Senador Segura, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
... tiene que compatibilizar la defensa de los beneficios del sector
naviero con la defensa de los intereses de las tripulaciones. Desde esa
conjugación simultánea de ambos efectos es desde la que el Grupo
Parlamentario Socialista plantea las enmiendas que ha mantenido vivas y
las que ha propuesto como transaccionales para mejorar las propias e
introducir una nueva.
Con ello, el segundo Registro adquirirá, sin duda alguna, la personalidad
de competitividad que requiere la Administración marítima y la empresa
marítima española.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
Están ya defendidos todos los votos particulares que se mantenían al
proyecto.
Senador Segura, tal y como se han producido las intervenciones, solicito
que ofrezca una propuesta a la Mesa para los turnos en contra del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista pretende dividir o fraccionar el turno
en contra en tres tramos, igual que se hizo en la Comisión de Economía la
semana pasada.
Habrá una primera intervención del Senador Rodríguez para defender los
tres primeros Títulos de la Ley. Este mismo Senador defenderá los Títulos
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, en una segunda intervención. Y, por
último, el Senador Santiago Pérez defenderá las Disposiciones
Adicionales, Transitorias y la Exposición de Motivos.
El señor PRESIDENTE: ¿Sería suficiente un tiempo de diez minutos para
cada uno de los intervinientes? (Asentimiento.)
El Senador Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré no consumir los diez minutos que la Presidencia me ha concedido
con el fin de respetar el equilibrio en las intervenciones.
Las enmiendas números 119 y 120 que presenta el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado nos merecen la siguiente consideración: El
concepto de región ultraperiférica que el grupo enmendante pretende
introducir ha sido ya recogido en dos artículos de la ley: en el artículo
1 b), en donde se introduce este concepto, y, con la incorporación de la
enmienda número 205 del Grupo Socialista, en una nueva disposición
adicional décima. Consideramos que con estas modificaciones que ha
sufrido la proposición de ley en el trámite del Senado en relación con el
tema de la ultraperificidad, queda recogida suficientemente la intención
del grupo enmendante, por lo que le proponemos que retire su enmienda
número 119.
En relación con la enmienda número 120 al artículo 7 de la proposición de
ley, quiero decirle que en el artículo 5, sobre la liberalización de los
servicios, tanto en el apartado cinco como en el apartado seis, se
establece que las administraciones competentes pueden imponer
obligaciones de servicio público en el tráfico marítimo y el transporte
aéreo respectivamente, con lo cual nos parece que la preocupación de su
señoría queda recogida perfectamente en el texto del mencionado artículo
5 de la proposición. En consecuencia, le proponemos que tenga a bien
retirar su enmienda.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular merecen una consideración
de carácter general. Su posición en el Parlamento de Canarias fue la de
presentar un informe negativo que no prosperó, sólo obtuvo los seis votos
de su propio grupo y 54 votos en contra. Esto se produce porque los
conceptos que pretende introducir y los preceptos que las enmiendas
contienen con carácter general son divergentes de los de los grupos que
mayoritariamente informaron positivamente el proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas números 27 y 28 al artículo 1, sobre la
finalidad de la ley, tengo que hacer la siguiente consideración a su
señoría: la Constitución española habla de insularidad y lo establece en
su artículo 138 como concreción del principio general de solidaridad del
artículo 2 que atiende al hecho insular y plantea este hecho con
suficiente amplitud. Cuando se analiza con rigor este principio de
insularidad se concluye, sin género de dudas, la diferencia que existe
entre los archipiélagos españoles y, asimismo, las diferencias que puedan
existir entre las islas de un mismo archipiélago. Por otra parte, el
dictamen precisa
los factores a compensar con total claridad, sin ambigüedad. Precisa qué
es la lejanía, que en su texto desaparece, qué es la insularidad y qué es
la ultraperificidad de la Unión Europea, reforzada, como decía antes, en
la disposición adicional décima y que en la redacción actual del artículo
1 tiene una mayor amplitud para precisar las finalidades de esta
proposición de ley.
Las enmiendas número 29 y 30 al artículo 2, que establece el principio de
libertad comercial, pretenden con su texto sustituir dicho principio y su
desarrollo por contenidos que, a nuestro juicio, son más propios de una
disposición transitoria. Pretenden declarar el conjunto del territorio
canario como zona económica especial, que ya lo regula ampliamente la
proposición de ley en su Título V. Aquí tenemos un concepto absolutamente
divergente, nosotros defendemos la creación de una zona económica
especial bajo el principio de estanqueidad y, en modo alguno, como una
zona que se pueda extender al conjunto del territorio canario y, por
tanto, al conjunto de las actividades. Por ello, no podemos aceptar su
enmienda.
La enmienda número 31, al principio de libertad de transporte, a nuestro
juicio pretende una serie de cambios de palabras o párrafos que no
mejoran la redacción ni le dan mayor precisión técnica. Por otra parte,
suprime el establecimiento de tarifas portuarias y aeroportuarias
diferentes y reducidas e introduce la cláusula de antimonopolio que ya
está recogida y suficientemente desarrollada desde nuestro punto de vista
en el artículo 5 de la proposición de ley.
En contra a las enmiendas números 32 y 33 al artículo 6, que regula el
tráfico regular de personas, y al artículo 7 que regula el transporte
marítimo y aéreo de mercancías, junto con las números 34 y 35 que
suprimen la actual redacción, tengo que hacer las siguientes
consideraciones. Primero, que la número 32 hace una mezcla de los
artículos 5 y 6 de la proposición de ley. Segundo, que la número 33 hace
una mezcla de los artículos 6 y 7. En ambas inicia la discusión de un
nuevo modelo de subvenciones y de compensaciones al tiempo que petrifica
el sistema vigente en el párrafo quinto de su enmienda número 32 y crea,
asimismo, una comisión mixta entre la Administración General del Estado y
la Comunidad Autónoma para seguir y evaluar el nuevo modelo de
compensación al transporte que su señoría propone. En esta misma
propuesta de creación de la comisión mixta ustedes reconocen la
existencia de un nuevo modelo que habrá que evaluar. Nosotros mantenemos
el texto como está en el dictamen porque nos parece que queda mejor
sistematizado con la regulación que se pretende. Así, se regula la
liberalización del servicio en el artículo 5, el tráfico regular de
personas en el artículo 6, el transporte marítimo y aéreo de mercancías
en el artículo 7 y el transporte público terrestre en el artículo 8, que
ustedes suprimen. Además, nos parece más prudente mantener el actual
sistema de bonificación perfectamente rodado y conocido, al tiempo que se
introduce un mecanismo de perfeccionamiento y adecuación del mismo a la
evolución inexorable que, a nuestro juicio, va a sufrir el mercado del
transporte aéreo y autorizamos al Gobierno de la nación, oído el Gobierno
de Canarias, para que lo modifique, a diferencia de su señoría, que lo
petrifica en el mencionado párrafo de una de sus enmiendas.
Las enmiendas números 36 y 37 pretenden crear un nuevo artículo para la
compensación de la lejanía del hecho insular. Señoría, usted calificó en
Comisión y también califica ahora ante la Cámara a estas enmiendas como
las enmiendas estrella de su proyecto de REFC, de lo que concibe el Grupo
Parlamentario Popular como un proyecto de ley para Canarias. En la
enmienda número 36 establece que la base liquidable positiva a efectos de
IRPF por rentas obtenidas en Canarias tendrán una deducción del 20 por
ciento y en la enmienda número 37 introduce la bonificación del 20 por
ciento de la cuota líquida del impuesto sobre sociedades. Introduce dos
nuevos mecanismos, inéditos hasta ahora, para compensar la lejanía y el
hecho insular con los que no estamos de acuerdo. Nosotros defendemos el
criterio de que el gasto fiscal del Estado que este proyecto de ley va a
generar sin duda alguna debe orientarse a potenciar la producción, a
potenciar la exportación y a potenciar las inversiones en Canarias. La
propuesta de bonificación de deducción del 20 por ciento en el IRPF no
produce, señoría, este efecto. Primero, produce una discriminación al no
distinguir el volumen de las rentas de las personas físicas, obteniendo
el mismo beneficio una renta de cinco millones, el 20 por ciento, o una
renta de un millón de pesetas. Y, al mismo tiempo, se dirige el gasto
fiscal que esto supone para el Estado preferentemente al consumo y a las
importaciones.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, la proposición de ley recoge en el
Capítulo segundo, referente a medidas fiscales, del Título cuarto, cómo
orientar este gasto fiscal del Estado y de la Comunidad que nosotros
apoyamos. Por estas razones, no podemos aceptar sus enmiendas.
Con esto, señor Presidente, creo haber defendido los títulos de esta
proposición de ley que antes indicaba el Senador Segura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Segura por el mismo tiempo para consumir un
turno en contra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, voy a empezar mi intervención comentando las
enmiendas referentes al Título IV intentando hacerlo del modo más rápido
posible.
Por lo que se refiere al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
quisiera indicarle que su enmienda número 122 al artículo 17, en la que
proponen añadir al final del texto la siguiente frase: «...agricultura y
consumos humanos.», efectivamente, coincide con la enmienda número 207
del Grupo Parlamentario Socialista que figura en el dictamen de la
Comisión.
En cuanto a la enmienda de modificación número 123 al artículo 18.1, la
vamos a aceptar. En esta enmienda se propone que después de la frase
«...programas de formación comercial de españoles y africanos...» se
añada lo siguiente: «...e iberoamericanos...».
Señorías, en efecto, el artículo 18 regula el fomento del comercio
exterior de Canarias en general y hace especial referencia al comercio
con Africa Occidental, extremo que ratifica el apartado número 2 del
mismo artículo al crear el Consejo Asesor para la Promoción del Comercio
con Africa Occidental.
Señorías, dado que el Pleno del Senado aprobó una moción que presentó el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y dado que asimismo aprobó por
unanimidad una enmienda alternativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista como consecuencia de esa moción en la que se solicitaba de la
Unión Europea la creación de una oficina para la promoción del comercio
en Africa y en Iberoamérica, esta enmienda número 123 resulta coherente
con esa resolución aprobada por el Pleno de esta Cámara. De ahí la razón
por la que vamos a aprobar dicha enmienda.
En cuanto a la enmienda número 124, no la vamos a aceptar. Esta enmienda
plantea una modificación al artículo 18.2. Este apartado dice: «Este
Consejo estará presidido por el Secretario de Estado de Comercio...», y
en la enmienda se pretende añadir: «...siendo su Vicepresidente el
Director General de comercio de la Comunidad Autónoma...».
Nosotros consideramos que no se trata de una reforma técnica --lo que ha
defendido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-- sino que con ello
se crea un nuevo cargo en el seno del Consejo Asesor para la promoción
del comercio con Africa Occidental, y a raíz de la enmienda anterior
también con Iberoamérica. Pensamos que debe ser el Consejo el que fije
quién debe ser su Vicepresidente ya que esto lo regula la ley, como
también regula una Secretaría permanente. Esto deberá ser establecido
mediante acuerdos del propio Consejo una vez sea constituido.
Vamos a aceptar la enmienda número 125 al artículo 20.3, en la que se
sustituye al final la palabra «contenido» por la palabra «uso». Señorías,
nos parece razonable y por ello lo aceptamos, que el apartado número 3
del artículo 20, referido a incentivos a la inversión, quede redactado
del siguiente modo: En la valoración de los proyectos se primará la
creación de empleo, su impacto ambiental nulo y el uso de tecnologías
blandas. No tendría sentido decir el contenido de tecnologías blandas.
Esto es importante desde el punto de vista de la defensa medioambiental y
también desde el punto de vista de las características geográficas y de
la propia naturaleza de la Comunidad Canaria.
También vamos a aceptar la enmienda número 126 al artículo 20.4. Se
propone en ella añadir las palabras «y reutilización». Con este añadido
el apartado 4 del artículo 20, referido al disfrute de los incentivos
económicos regionales, quedará redactado del modo siguiente: Se valorarán
preferentemente los sectores productivos relacionados con las energías
renovables --tanto para usos energéticos como para la desalinización y
reutilización de aguas--, el reciclaje y reutilización de productos, la
agricultura biológica y de exportación de productos de calidad y las
nuevas tecnologías.
Señorías, la reutilización del agua en Canarias constituye una medida
fundamental que ha sido impulsada prácticamente por pioneros científicos,
tecnológicos y administrativistas pertenecientes a todo el Estado
español. Desde hace más de doce años, instituciones como, por ejemplo, el
Cabildo Insular de Tenerife, han impulsado, mediante coordinación con la
Comunidad Canaria, acciones de reutilización y aprovechamiento de aguas
residuales que, generadas en diferentes depuradoras, y en un volumen
superior a los 30.000 metros cúbicos por día --por ejemplo, en la ciudad
de Santa Cruz de Tenerife-- se reenvían una vez reutilizadas a zonas
necesitadas de su uso para el regadío. Consiguientemente, consideramos
como muy positiva la introducción de la palabra «reutilización».
Decimos no a la modificación del artículo 21 referente a creación de
empleo. El texto procedente del Congreso de los Diputados ya ha sido
mejorado a través de una disposición transitoria introducida por el Grupo
Parlamentario Socialista en el dictamen de la Comisión. Decimos no por
cuanto que estimamos que dicha disposición transitoria ya incluye la
novedad de la optimización de todos los medios de que dispongan la
Administración general del Estado y la Administración autonómica a través
de las herramientas con que cuentan instituciones como el INEM, por
ejemplo, los diferentes planes de empleo, con la coparticipación de las
administraciones locales, además de que en esa enmienda ya se recoge --y
así figura específicamente-- la necesidad de aportación de nuevos
mecanismos derivados de marcos comunitarios de apoyo o de actuaciones
singulares de la propia Administración general del Estado.
No podemos aceptar la enmienda número 129 al artículo 23 relativo a
formación profesional. Esa preocupación por potenciar la creación de
empleo, obviamente, no es monopolio de nadie. Se trata de una
preocupación compartida por este Grupo Parlamentario e intuyo que por
toda la Cámara. Nosotros creemos que el texto que se recoge en la
proposición de ley no es ambivalente sino lo suficientemente completo y
rico como para que no se necesite hacer modificación alguna.
No aceptamos la enmienda número 130 del Grupo de Coalición Canaria por
cuanto que la consideramos innecesaria. Esta enmienda coincide con la
número 208 del Grupo Socialista ya introducida en el dictamen de la
Comisión.
Tampoco aceptamos las números 131 y 132. Podría argumentar nuestro
rechazo a las mismas de forma más extensa pero considero que en ese caso
mi intervención resultaría excesivamente prolija.
Tampoco aceptamos la enmienda número 134. En ella se propone extender el
régimen de la Reserva para Inversiones mucho más allá de los límites para
los que fue concebida originariamente habida cuenta de que, en lo que se
refiere a la paternidad intelectual, cada uno puede atribuirse la que
quiera. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista se atribuye la
paternidad intelectual, ideológica y administrativista de ese artículo 27
que ha defendido de modo exhaustivo en nuestra Cámara regional el
Portavoz socialista don Augusto Brito.
Señorías, con todo lo que acabo de exponer justifico nuestra aceptación o
nuestra oposición a estas enmiendas
al Título cuarto, que comprende desde el artículo 16 hasta el 27.
Señor Presidente, le ruego que me permita ahora exponer nuestra posición
respecto de las enmiendas al Título quinto, el más rico y denso de toda
esta proposición de ley, y que comprende desde el artículo 28 hasta el
71. Apelo a la benevolencia del señor Presidente y le ruego que, si es
tan amable, me conceda tan sólo tres minutos para referirme a estas
enmiendas.
El Título Quinto de la ley es absolutamente excepcional, singular y
simbólico en el Estado español. Es una especie --entre comillas-- de zona
«offshore», aunque no es éste el momento de que se produzca un debate
relativamente documentado entre cada uno de los intervinientes,
comparando las distintas zonas «offshore», esas zonas librecambiarias de
los distintos países de la Comunidad Europea.
Por otro lado, el Título Quinto, que comprende los artículos 28 a 71,
prácticamente supone el 70 por ciento de la ley. La zona especial canaria
está regulada por los Capítulos Primero: Creación y ámbito de la Zona
Especial Canaria; Segundo: El Consorcio y el Registro de la Zona Especial
Canaria; Tercero: Régimen General de las Entidades ZEC; Cuarto: Régimen
Especial de las Entidades Financieras; Quinto: Régimen especial de las
empresas que se dediquen a la producción, manipulación, transformación y
comercialización de mercancías, y Sexto: Infracciones y Sanciones.
Se trata de una zona que no es «offshore», aunque tiene determinados
rasgos y características de ese tipo, que se ha creado desde la
perspectiva de la estanqueidad. No es una zona permeable ni
semipermeable, en uno u otro sentido. En este sentido, el Grupo
Parlamentario Popular pretende la supresión de los artículos comprendidos
entre el 41 y el 72, porque defiende otro modelo --que es respetable y
argumentable, pero no coincide con el nuestro--, y para ello, ha
presentado del orden de 50 enmiendas. Comprenderán, pues, que me resulte
difícil contraargumentar otro proyecto de ley, que es alternativo y
diferenciado. Basta con leer los diarios de sesiones del foro donde este
proyecto se ha debatido con intensidad, como es el Parlamento de
Canarias, para entender los diferentes posicionamientos.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista, desde el punto de vista
de la estanqueidad, justifica el que no aceptemos, en absoluto, la
supresión de esos artículos, aunque en este momento de la tramitación de
esta ley no procede un debate de naturaleza técnica sobre la
estanqueidad, que nosotros defendemos, y la permisividad.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado diferentes
enmiendas. Por ejemplo, la número 135, con un planteamiento subjetivo
desde nuestro punto de vista --ya que todo es argumentable--, junto con
las números 136, 137, 138 y 139, plantea un nuevo modelo de ZEC. Por otro
lado, creemos que la número 140 altera el ámbito objetivo de la ZEC y el
régimen temporal de desarrollo reglamentario contenido en la proposición
de ley. Por consiguiente, votaremos en contra de las enmiendas números
135, 136, 137, 138, 139 y 140.
De forma análoga, la enmienda número 141 --que no aceptamos-- propone
alterar la composición del Consejo Rector de la ZEC, alteración que nada
tiene que ver con la mejora de la competitividad de la zona especial, tal
como se recoge en los fundamentos de la misma.
Tampoco aceptamos las enmiendas número 142, 143, 145, 146 y 147. Con
respecto a la número 146, creemos que muchas de las consultas en relación
con el régimen de las entidades ZEC pueden afectar a la interpretación de
normas legales o reglamentos, cuya competencia no se puede sustraer a los
centros directivos que tienen que elaborarlas.
Con respecto a la 148, tiene por objeto modificar el régimen de
autorización para la constitución de entidades ZEC, estableciendo un
silencio positivo. Creemos que ese sistema no puede ser admitido, por
cuanto que la autorización del Consorcio no debe ser expresa. Asimismo,
pensamos que tampoco pueden ser admitidas las restantes modificaciones
que se pretenden introducir en ese artículo enmendado, porque son
consecuencia de esa argumentación principal, antes reseñada.
Con la enmienda número 149, el Grupo de Coalición Canaria propugna una
alteración sustancial del régimen de control de cambios que no puede ser
admitida, porque la regulación de esta materia está totalmente prevista
en el resto del articulado, por lo que se produciría una notable
distorsión y se defendería otro modelo.
En cuanto a la enmienda número 151, el tratamiento de la obligación real
de contribuir para los residentes de otros Estados miembros de la Unión
Europea ya está establecido en las distintas disposiciones que se citan
en el artículo que se pretende enmendar. De admitirse la enmienda, se
produciría una situación de confusión sobre la situación de esos
contribuyentes, por cuanto que éstos, junto con los residentes de otros
Estados de la Unión Europea, quedarían sometidos al mismo régimen.
Señorías, llegados a este punto, a este interviniente le gustaría
justificar la posición del Grupo Socialista, refiriéndose a cada una de
las enmiendas, pero la negativa al conjunto de las presentadas por el
Grupo de Coalición Canaria se fundamenta en el planteamiento, desde
nuestra perspectiva, de que no debe modificarse el carácter de
estanqueidad de la zona ZEC.
De forma muy breve, paso a referirme a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular. Creemos que la número 39, relativa a la
dotación, cae en el error de considerar que primero se disfrute del
beneficio y luego se dote la reserva. La enmienda 40 propone una
redacción poco clara y ajustada al artículo 27.3. La número 41 se refiere
al incremento en un año --pasando de tres a cuatro-- de los que la
dotación puede estar en el circulante. La número 42 recoge en qué bienes
puede materializarse la reserva para inversiones, modificándola. Y así
sucesivamente, amén de las peticiones formuladas por el Grupo
Parlamentario Popular con las enmiendas de supresión y de modificación.
Me he referido al Título Cuarto, que comprende los artículos 16 a 27, y
al Título Quinto, integrado por los artículos
28 al 71. El Título Sexto, con un solo artículo, no ha sido objeto de
enmiendas.
En cuanto al Título Séptimo, sobre el registro especial de buques y
empresas navieras, ya he defendido las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista que quedan vivas. Queremos dejar muy clara nuestra posición.
La mejora del registro especial de buques y de empresas navieras puede
adoptarse, fundamentalmente, por dos caminos: bien metiendo --entre
comillas-- las empresas navieras en la ZEC, bien con una serie de mejoras
de diferentes características, a su vez mejorables a través de los
presupuestos generales del Estado, año tras año. Y el Grupo Parlamentario
Socialista ha desestimado el primer camino, optando por el segundo.
En este sentido, hemos presentado cuatro enmiendas en tiempo y forma --a
las que he hecho referencia--, cuya defensa reitero. Asimismo, hemos
presentado dos enmiendas transaccionales. Por lo que respecta a estas
últimas, queremos dejar muy claro que ambas forman parte de un todo y no
podemos aceptar la aprobación de una sin la de la otra. Por consiguiente,
ante esta oferta, que cada grupo parlamentario ejerza la responsabilidad
que le corresponda de acuerdo con su ideología y su posicionamiento.
Insisto en que el Grupo Socialista no renuncia a ninguna de las dos
enmiendas transaccionales y tiene el absoluto convencimiento de que con
ellas se presta un gran servicio a la Administración marítima española, a
la empresa marítima, en general, y a la Comunidad Canaria, que va a verse
en el mercado internacional del flete, por cuanto que el registro
especial de buques del Estado español obliga a sedes permanentes en los
puertos canarios.
Reitero, pues, que estamos convencidos de que nuestras cuatro enmiendas,
más las dos transaccionales, constituyen un hito fundamental en un
momento de crisis del mercado internacional del flete. De ahí la llamada
que hacemos a los diferentes grupos, para su aceptación, y que cada uno
siga los dictados de su conciencia parlamentaria y de la ideología que
defiende, con respecto a ese modelo. Nosotros lo hemos defendido, y no lo
reitero más.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Me corresponde a mí cerrar el turno de intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, y quiero hacerlo con la mayor brevedad posible.
Quiero aprovechar mi intervención para hacer hincapié en una enmienda de
mi Grupo, que fue incorporada en los trabajos de la Ponencia e incluida
luego en el dictamen de la Comisión. Se trata de una enmienda a la que
aludió en su intervención la Senadora Luzardo, relacionada con la
introducción de una exención en el Impuesto de Actividades Económicas a
favor de las comunidades de agua y heredamientos de Canarias. Me
gustaría, a efectos de que constara en el Acta de esta sesión, poner de
manifiesto que se trata de comunidades y de heredamientos --son fórmulas
jurídico-civiles que ya forman parte del acervo del archipiélago canario
en esta materia-- que han gestionado con extraordinaria eficiencia la
canalización del ahorro privado, para sacar adelante en términos
satisfactorios un sector, el de la producción de agua, de trascendencia,
no sólo económica sino social, vital en nuestro archipiélago, que a sus
señorías no les puede pasar inadvertido.
Con respecto a las enmiendas que permanecen aún vivas y que han sido
defendidas por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado a las disposiciones
adicionales y transitorias de esta ley, así como a la Exposición de
Motivos, me gustaría centrarme muy brevemente y hacer algunas
consideraciones sobre lo siguiente: se ha postulado una equiparación de
las entidades locales canarias a las corporaciones locales peninsulares
en su participación en los tributos indirectos del Estado. Estamos
hablando esencialmente de esto.
Nosotros compartimos la aspiración de las entidades locales canarias a
contar con unos recursos financieros suficientes para desempeñar
adecuadamente las responsabilidades que la sociedad les exige y les
encomienda. Seguramente, el camino que se ha buscado no ha sido el más
afortunado. Si bien las corporaciones locales canarias padecieron una
etapa de una ostensible reducción de sus ingresos financieros,
tributarios, coincidente con el período de descreste arancelario que
siguió a nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea, yo creo
que esa etapa está superada.
La entrada en vigor de las figuras tributarias correspondientes al nuevo
régimen económico y fiscal, tal y como fueron aprobadas por la Ley
20/1991, han significado un incremento muy sustancial de los ingresos de
las corporaciones locales canarias. Incremento sustancial a partir de una
tributación indirecta, cuyo producto, prácticamente en su totalidad, está
destinado a financiar las necesidades de las administraciones públicas
canarias, autonómicas y locales. Por eso decía inicialmente que quizás el
camino emprendido no ha sido el más afortunado. En todo caso, compartimos
la aspiración de nuestras corporaciones locales de contar con recursos
suficientes para atender sus propias competencias y responsabilidades.
En materia de enmiendas que tienen una orientación fiscal, tengo que
decir lo siguiente: el texto del dictamen, que es el fruto de una larga
tramitación parlamentaria que se inició en el propio Parlamento de
nuestra Comunidad Autónoma, incorpora un cuadro de incentivos fiscales
extraordinariamente importantes. Sobre la base de esos incentivos
fiscales ya incorporados, podríamos continuar con una larga serie de
peticiones de nuevos incentivos adicionales. Nos parece que el cuadro de
incentivos que incorpora el texto es extraordinariamente atractivo, que
puede ayudar a superar las limitaciones estructurales de nuestra
economía.
Yo he puesto de manifiesto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que la economía
canaria disfruta en algunos sectores, que son claves para nosotros, de
una posición competitiva. Sin embargo, para que la economía
canaria tenga una estructura equilibrada, en cuanto a la participación y
a la importancia de los diversos sectores productivos en la producción y
en el empleo, debe superar una serie de obstáculos. Es verdad que nuestra
economía adolece de algunos obstáculos estructurales, muy difíciles de
superar, relacionados con su lejanía, con la pequeña dimensión y la
fragmentariedad de nuestro mercado, con el déficit de recursos humanos,
tanto desde el punto de vista de la existencia de una clase empresarial
emprendedora y cualificada como desde el punto de vista de una población
cualificada en cuanto a su preparación profesional. Son una serie de
obstáculos estructurales importantes que dificultan que la economía
canaria emprenda una senda de crecimiento equilibrado desde el punto de
vista intersectorial.
Nos parece que el cuadro de incentivos que hoy se va a aprobar, y que
figura contenido en el dictamen de la Comisión, es extraordinariamente
atractivo. Sin embargo, no podemos establecer una relación mecánica de
causa-efecto entre estos incentivos y un fenómeno de crecimiento de la
inversión, de la economía y del empleo. Nosotros hemos visto cómo la
economía canaria, sin la presencia de estos incentivos y en presencia de
factores que pudieran resultar desalentadores de la inversión, como es,
por ejemplo, la existencia de altos tipos de interés, fenómeno que
ocurrió a finales de la década de los ochenta, inició y sostuvo un
proceso de crecimiento extraordinariamente importante.
Quiero decir, por tanto, que aprobamos con esta ley un cuadro de
incentivos fiscales muy importante y que el desarrollo de la inversión en
nuestro archipiélago no va a estar mecánicamente ligado a este cuadro de
incentivos, porque el crecimiento de la inversión depende de otro
conjunto de factores adicionales. En todo caso, manifestamos nuestra
esperanza de que este conjunto de incentivos produzca un efecto
catalizador y estimulador de los procesos de inversión en nuestro
archipiélago.
Hay enmiendas, como, por ejemplo, la número 167, defendida por el Senador
Oswaldo Brito, de Coalición Canaria, que pretenden acelerar el proceso de
liberalización de nuestro sistema de telecomunicaciones. Nosotros
compartimos esa aspiración. Nos parece que éste es uno de los factores
estructurales que puede contribuir a acercar el archipiélago canario y su
tejido empresarial a los centros de decisión, que puede posibilitar la
toma de decisiones económicas en tiempo real y, por consiguiente, ser un
factor que contribuya a superar el estrangulamiento derivado de la
distancia y del alejamiento de los grandes centros económicos y de
información.
Compartimos esa aspiración y, sin embargo y para terminar, me gustaría, a
propósito de esta enmienda, hacer una consideración final. El Grupo
Socialista del Parlamento de Canarias expresó ante la Cámara que los
socialistas considerábamos el proceso de mejora de nuestro régimen
económico y fiscal como un proceso de mejora permanente. Nosotros
concebimos las relaciones entre las diversas instituciones públicas, en
un esquema tan descentralizado como el del Estado de las Autonomías, como
un sistema que debe estar basado en la negociación permanente. Dijimos
entonces, y hemos cumplido hasta el momento, que los socialistas
continuaríamos negociando, pujando por el perfeccionamiento del texto
definitivo del régimen económico y fiscal del archipiélago, y lo reitero
ahora. Los socialistas queremos reivindicar los importantes aspectos
positivos que contiene ya este dictamen, pero queremos reiterar nuestro
compromiso de continuar, en términos políticos, negociando para una
mejora permanente de ese cuadro, de ese acervo, de ese repertorio de
disposiciones en materia económica y fiscal que han ido cristalizando a
lo largo del tiempo como un instrumento efectivo para superar los
inconvenientes de los que en todo tiempo ha adolecido la economía
canaria, para asegurar su expansión, su crecimiento, su modernización y
su desarrollo.
Nada más, señor Presidente y señoras y señores Senadores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se abre el turno de portavoces, con el que, en principio, cerraríamos
completamente el debate.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para expresar la posición del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que va a votar
favorablemente este proyecto. Nuestro voto va a ser favorable porque,
desde nuestra perspectiva, teniendo, como tenemos, un concierto económico
y un convenio, creemos que desde luego es justo y necesario aprobar este
proyecto sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias ya que es una
garantía para el desarrollo de la economía de las islas.
Por otro lado, hay un hecho para nosotros importante: el Parlamento
canario, por mayoría, se ha pronunciado al respecto, y ahí está la
representación de la soberanía del pueblo de Canarias.
De todas formas, hay un punto en la tramitación de este proyecto con el
que nosotros estamos en completo desacuerdo, y es que no haya la
intención de apoyar la enmienda número 160, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, relativa al segundo registro de buques. Yo
creo que éste es un lunar muy grave de este proyecto, porque con la
enmienda número 160, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, se conseguiría hacer realmente atractivo y competitivo ese
segundo registro de buques. En la actualidad, empresas españolas,
empresas públicas, como puede ser Repsol, como puede ser El Cano, por no
citar más, están domiciliadas en Madeira. Nosotros consideramos que con
la enmienda número 160, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, se conseguiría que Canarias fuese competitiva frente a Madeira y
frente a Bahamas. La no aceptación de esta enmienda deja este lunar tan
grave en este proyecto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En ocasiones anteriores hemos realizado intervenciones realmente suaves y
en una línea constructiva que la intervención de algunos portavoces del
PSOE creo que han roto con algunas manifestaciones que no venían al caso
del estilo y la altura del debate que estamos desarrollando.
Quiero decir a los portavoces del PSOE que nosotros no nos hemos
inventado el conjunto de enmiendas a este documento. Este documento fue
presentado y votado por el Grupo Parlamentario Socialista en el
Parlamento de Canarias, y cuestiones que están incluidas en nuestra
propuesta fueron incluidas y respaldadas aquí. Elementos importantes en
la modificación o mejora de la zona económica canaria, aspectos como el
de la ultraperificidad se han incluido en esa propuesta y, sin embargo,
las propuestas que se han presentado hoy en esta Cámara representan un
planteamiento limitativo y restrictivo respecto a aquéllas. Un 10 por
ciento de las propuestas que el PSOE presentó en el Parlamento de
Canarias no han sido ahora defendidas y planteadas aquí: corporaciones
locales, mejora de la zona económica canaria, la inclusión de la
ultraperificidad; es decir, multitud de enmiendas que están aquí
planteadas.
Lo lamento y comprendo la situación que se pueda reflejar en algunos
miembros del PSOE porque la sombra alargada de alguien que en su tiempo
ya bloqueó el procedimiento del trámite de esta iniciativa siga actuando.
Y me explico por qué hoy, lamentablemente, no está presente aquí un
canario ilustre, como es el señor Ministro para las Administraciones
Públicas, sin duda preocupado de su doble condición de miembro del
Ejecutivo central y de Secretario General del PSOE de Canarias, que no
puede respaldar hoy aquí, por una visión limitada y mezquina, el
planteamiento de lo que se presentó y defendió por su propio partido en
el Parlamento de Canarias.
No voy a insistir en lo que ya ha expresado el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero el problema del
segundo registro de buques es muy sencillo: ningún buque se va a
trasladar de Madeira, donde tiene el cien por cien de beneficios y
exenciones fiscales, a Canarias porque se les aumenten las bonificaciones
o reducciones en las cuotas patronales de la Seguridad Social o en
algunos otros aspectos. No se van a trasladar. En marzo eran 9 los buques
en el registro de Madeira; hoy son 40, y el número seguirá aumentando.
Si lo que se quiere plantear, en cualquier caso, es una mejora de los
aspectos de las condiciones de funcionamiento de las empresas navieras,
hágase por la vía natural, que es la Ley de Puertos y Marina Mercante.
Aquí estamos defendiendo un instrumento en proyección de futuro, y es que
seamos competitivos. ¿Para qué un segundo registro de buques en Canarias,
si no van a venir buques? Pues pintaremos unos dibujos de buques en la
zona especial canaria para atractivo turístico, pero no para atractivo
económico ni para que los buques se residencien en las islas.
La obsesión de la estanqueidad es un problema que hemos venido detectando
en representantes del Ministerio de Economía y Hacienda porque no quieren
la estanqueidad, sino la situación de absoluto aislamiento de una zona
económica especial. La estanqueidad es otra cosa. Por ejemplo, se permite
operar en la zona económica canaria a los no residentes, entre los cuales
se incluye a personas físicas y jurídicas de los países de la Unión
Europea, y resulta que los ciudadanos de la Unión Europea, como son los
españoles, no pueden, ni siquiera en determinadas condiciones, operar con
la zona especial canaria. Es decir, se nos excluye, y es hasta dudoso que
esto sea válido y aceptable desde el punto de vista de los principios del
Tratado de Maastricht, porque, ¿cómo se puede excluir a unos ciudadanos
miembros de un Estado de la Unión de las posibilidades de operar con los
beneficios establecidos en una ley interna del Estado? Ese es otro
aspecto que entendemos que entra fundamentalmente en contradicción. (Un
señor Senador de los escaños de la izquierda hace gestos negativos.) Sí,
yo sé que mueven la cabeza, y me parece muy bien, es una actitud normal
en quien tiene que defender lo contrario por imperativo legal de la
situación y de lo que marcan las instancias superiores del Gobierno.
En cuanto al planteamiento de las entidades locales, digan las cosas
claras: no han aceptado ninguna solución; incluso, en el Parlamento de
Canarias, su partido había planteado un sistema proyectado y gradual en
el tiempo hasta el año 2000, coincidente con el descreste.
Aquí, ni se le menciona. Se habla de comprensión del problema, y esto, en
un trámite parlamentario, se llama propuestas concretas que aparezcan en
el texto legal. Lo demás son cantos al sol, que pueden ser muy bonitos,
muy atractivos, pero no son prácticos ni operativos. Aquí había una
propuesta, y no se ha incluido en el trámite. ¿Por qué razón? No se ha
explicado. Que se explique a las corporaciones locales y a los ciudadanos
de Canarias por qué esa propuesta que se hace en el Parlamento canario
por el Partido Socialista Obrero Español aquí no se ha defendido. Que se
les explique por qué se utiliza un lenguaje allá y otro aquí; por qué una
posición allí y otra diferente a la hora de tramitar las cosas aquí.
En cuanto al tema de las telecomunicaciones, dicen que nos comprenden y
que entienden perfectamente. Apóyenlo. Si no estamos poniendo en duda en
absoluto la estrategia del señor Borrell, en absoluto. Le mantenemos
intacto el proceso de mantenimiento del régimen de monopolio del
Hispasat, que es su perla dorada y su preocupación, hasta el momento en
que se produzca la liberalización en el conjunto de la Unión Europea.
Pero permítannos, si son tan comprensivos con nuestra situación y
nuestras necesidades, acceder al mercado internacional de comunicaciones
avanzadas y a las tecnologías que puedan evitar los cuellos de botella
estructurales de la economía canaria. Háganlo. De comprensiones no vive
la economía canaria; de comprensiones no puede funcionar un sistema
económico con los bloqueos y dificultades que tiene. Háganlo. No nos den
más comprensión. Apoyen la propuesta, que es poner en marcha una
experiencia piloto que además va a ser liderada por la Compañía
Telefónica. No estamos
excluyendo, en absoluto, los intereses globales del Estado. Estamos
diciendo: estamos a la distancia que estamos, la geografía es tozuda, no
hay continuidad territorial, no hay posibilidad de distorsionar la
estrategia propia de la política global del Estado; dennos alternativas,
dennos instrumentos, dennos posibilidades que no entran en contradicción
ni con la filosofía ni con la estrategia global de política de Estado.
Aquí no hay voluntad de crear una estrategia de Estado, sino de
compatibilizar el interés canario con el interés general del Estado, y ni
tan siquiera eso se posibilita.
En este sentido, nosotros vamos a mantener nuestra propuesta. Hemos
aceptado una de las transaccionales que se habían propuesto para el tema
del Registro de Buques, que era el del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; se nos ha dicho --en una actitud que, por supuesto,
respetamos y que es legítima-- que «o el todo, o la nada», es decir, o se
acepta todo o poco menos que tendremos una responsabilidad histórica. La
responsabilidad histórica la tendrá quien, cuando se produzca, no apoye
el planteamiento que hemos formulado: la no incidencia positiva y la
negativa al traslado y ubicación o reubicación en Canarias de empresas
públicas y navieras. Ese será el momento concreto en que entraremos en
valoraciones. De momento, nosotros vamos a defender nuestras enmiendas,
porque son vitales y fundamentales para lo que es el futuro de la
economía canaria.
Ese es el sentido de nuestro planteamiento. Respetamos, por supuesto, el
resto de las posiciones y pedimos a sus señorías, y a todos los Grupos
Parlamentarios, que apoyen aquellas enmiendas, aquellas posiciones que
van a ser vitales para Canarias. Posiblemente, señorías, sea ésta una de
las últimas ocasiones, no en que hablemos de problemas de la Comunidad
Canaria, pero ésta es la última pieza que nos falta para poder construir
una estructura, tener instrumentos disponibles para poder ejercer una
función de palanca en el futuro de la economía canaria, fuera del marco
de apoyo y subvenciones como sistema estructural que no deseamos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña
Josefa Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo confiaba en que el trámite en el Senado serviría para
mejorar la Ley, para aceptar enmiendas, para incorporarlas y perfeccionar
el texto. Pero sinceramente les digo que empiezo a creer que el trámite
del Senado, por lo menos en lo que me afecta como representante del Grupo
Parlamentario Popular, no ha servido absolutamente para nada dado que no
se ha incorporado, que yo sepa, ni una sola enmienda, con lo cual empiezo
a sentirme algo frustrada por cómo empieza a funcionar esta Cámara. Creo
que el rodillo, por poco tiempo, sigue funcionando. (Rumores en los
escaños de la izquierda.)
Coincido con los demás Grupos en que hoy Canarias está pendiente de este
acto tan importante. El Parlamento de Canarias presentó a las Cortes
Generales esta proposición de ley de modificación de los aspectos
económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de
los puertos francos; toma en consideración que, como ustedes recordarán,
el Grupo Parlamentario Popular votó a favor. En esta iniciativa
legislativa --que, presumiblemente, dada la posición que han manifestado
los portavoces, va a ser aprobada hoy aquí en el Senado-- se han
introducido alrededor de 126 enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, y en el trámite del Senado se han sumado 49 enmiendas más,
con lo cual se ha modificado, creo que sustancialmente, el texto remitido
por el Parlamento de Canarias.
El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido discrepancias básicas tanto
en conceptos como en el enfoque general de esta ley, motivo por el cual
hemos presentado varias enmiendas, todas ellas de contenido y ninguna de
modificación o mejora técnica.
Creo que es preciso recordar en sus justos términos que el Informe que
emite el Parlamento de Canarias el día 10 de mayo no es un Informe
favorable. No obtuvo los dos tercios con los que tenía que haberse
aprobado, es decir, 40 Diputados, sino que fue aprobado con los 31 votos
que creo que tenía hasta el 10 de mayo el Grupo que sustenta al Gobierno,
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Quiero decir que lamento --lo digo sinceramente-- que una ley tan
importante para Canarias no haya sido consensuada. Me he cansado de
repetirlo en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la Comisión
de Economía e incluso antes, en el Pleno. Nos ha faltado sensibilidad
para haber intentado consensuar esta ley entre todos los Grupos de esta
Cámara. Creo que hemos perdido la oportunidad histórica de dotar a
Canarias de un REF moderno y más ambicioso, inspirado en nuestro acervo
histórico, porque a lo largo de la historia el resto de España --y creo
que esto es de agradecer-- ha venido reconociendo las peculiares
condiciones del archipiélago, motivadas por la lejanía y la insularidad.
Las islas han disfrutado siempre de un estatus económico y fiscal desde
el siglo XV que está recogido en nuestra Constitución de 1978. El Partido
Popular ha apostado por un Régimen Económico y Fiscal cuya especialidad
sirva para superar los obstáculos geográficos que se oponen a nuestra
mayor incardinación en las economías española y europea, y planteamos una
fórmula, a nuestro entender mucho más acorde, tanto en subvenciones al
transporte de pasajeros y de mercancías, como una rebaja para conseguir
que los puertos y aeropuertos sean ágiles, más eficaces y, por supuesto,
más económicos.
Han calificado de «inédita», en este caso el Senador del Grupo
Parlamentario Socialista, nuestra propuesta de bonificación del 20 por
ciento en la cuota íntegra de impuestos directos, tanto en renta como en
sociedades. Yo le diría al señor Rodríguez que no por ser «inédita»
significa que
no sea mejor. Estimo que es mejor, a pesar de ser inédita desde su punto
de vista.
Nosotros planteamos una filosofía completamente diferente en la Zona
Especial Canaria, y fíjense que han tenido que encargar un informe a una
importante consultora, Ernst & Young, para intentar modificar las
deficiencias que tiene la Zona Especial Canaria y han planteado
innumerables enmiendas para intentar subsanar estas deficiencias.
Creemos que el nuevo modelo económico que consagra esta proposición de
ley no vislumbra soluciones a los gravísimos problemas sociales y
económicos que tiene Canarias. Estamos ahora mismo en el umbral del 30
por ciento en cuanto a tasa de paro, y en materia fiscal, que me digan
cómo es posible que las vacaciones fiscales solamente beneficien a las
empresas nuevas, a las que se van a constituir y, sin embargo, las que
llevan diez, quince o veinte años no van a tener posibilidades de tener
algún tipo de bonificación. Señorías, yo creo que con esta medida de
vacaciones fiscales lo que van a lograr --y si no, ya lo veremos con el
tiempo-- es fomentar el fraude, porque indudablemente dará lugar a
liquidación de empresas o a constitución de empresas nuevas.
Me alegro de que, al final, el Grupo Parlamentario Socialista haya
incluido en la Ponencia el tema de la pesca de altura y las actividades
de prospección y captación. En cuanto al empleo, han ampliado un poco el
texto de la proposición. Pero estimamos que no se establecen medidas de
choque para combatir los niveles de paro que ahora mismo tiene la
Comunidad Autónoma Canaria.
En cuanto al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado,
efectivamente, algunas enmiendas que han presentado coinciden
literalmente con las nuestras. Por tanto, imagino que nos apoyarán y les
apoyaremos tanto en el tema de la reserva a inversiones anticipadas como
en el tema de vivienda, y han presentado una enmienda a las vacaciones
fiscales donde incluyen las ya constituidas, y dado que lo estoy
reivindicando, la vamos a apoyar.
Creo que es necesaria la equiparación de las corporaciones locales, y no
entiendo cómo el Grupo Parlamentario Socialista lo comparte pero no
considera éste el momento adecuado para apoyarlo. Evidentemente, yo soy
sensible a este tema, dado que soy Concejal del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. Creo que era el momento oportuno --los miembros
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado saben que en el
Congreso de los Diputados apoyamos esta enmienda-- y no entiendo por qué
el Grupo Parlamentario Socialista no considera que éste es el camino más
afortunado, según palabras textuales del Senador Pérez.
Lamento que después de nueve años esta ley no haya sido aprobada por
unanimidad. Nosotros consideramos que este Régimen Económico y Fiscal es
insuficiente para nuestras islas, y hemos perdido la oportunidad
histórica de consensuarlo y de intentar negociarlo entre todas las
fuerzas políticas. Incluso hicimos un último llamamiento, hace muy pocos
días, a los líderes de los dos Grupos más representativos, señores
Hermoso y Saavedra, para realizar un último intento de consenso. Pero la
respuesta fue que creían que este tema estaba ultimado, y que ya veríamos
cuando se discutiera el Estatuto de Canarias si nos poníamos de acuerdo.
Señoría, creo --y lo digo sinceramente-- que no ha existido nunca
voluntad real de lograr un consenso entre las distintas fuerzas políticas
y, como ya he dicho en otra ocasión, me temo que Coalición Canaria se ha
plegado a los dictámenes del Ministerio de Economía y Hacienda que, al
final, es lo que ha prevalecido. Incluso hubo alguna que otra moción de
censura, porque parece que al señor Solchaga no le hacía mucha gracia
cómo venía este tema cuando todavía era portavoz del Grupo Socialista.
Creo que es absolutamente satisfactorio para el futuro de Canarias.
Nosotros hemos defendido una propuesta de contenido completamente
diferente. Pienso que, en conciencia y por la responsabilidad que
tenemos, va a quedar claro, al menos en el «Diario de Sesiones», cuál es
nuestro Régimen Económico y Fiscal, y espero, si Dios quiere, que en poco
tiempo este Régimen Económico y Fiscal sea modificado por una fuerza
política mayoritaria que, en este caso, imagino que va a ser la del
Partido Popular. Esa es la responsabilidad que nosotros hemos asumido al
defender nuestro texto hasta el final. Así queda reflejado en el «Diario
de Sesiones». Este es el compromiso que hemos asumido con la sociedad
canaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Santiago
Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, la Senadora Luzardo, a juzgar por lo que nos ha dicho en el
último tramo de su intervención, tiene imaginación.
Si las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular no han sido aceptadas
prácticamente en su totalidad creo que su señoría sabe, como lo sé yo,
que eso ha sido el fruto de una estrategia política legítima, desde
luego, pero que es la que ha adoptado el Partido Popular en toda esta
cuestión, y que es una estrategia estrictamente propagandística, la misma
estrategia que ya le recordé a su señoría en el debate en Comisión: la
estrategia de proponer para todos los españoles un programa electoral y
un anexo para Canarias, y del que no se enteran la mayoría de los
electores de otras regiones. Esa es la continuidad de la estrategia, y no
debe extrañar a su señoría que tenga frutos más bien parcos durante la
tramitación parlamentaria, aquí y en el Parlamento de Canarias. En ambas
instancias legislativas han hecho ustedes el papel de propagandistas, que
es un papel legítimo en una democracia, pero ése es el papel que ustedes
mismos han asumido.
Don Oswaldo Brito ha subido a la tribuna diciendo que, por parte de
algunos de los portavoces del Grupo Socialista, se había entrado en otros
derroteros en cuanto al tono del debate. Don Oswaldo, quien ha entrado en
esos derroteros ha sido usted en esa intervención, no sé si inspirado por
el asesor que ha venido utilizando en este debate, porque es muy de su
estilo el hacer aquí una mención injusta,
oportunista, demagógica a no sé qué sombra alargada, de no sé qué
Ministro, que ha impedido la tramitación de esta proposición de ley. Eso,
don Oswaldo, es vulgar demagogia, muy del estilo de quien ha venido a
asesorarle a este debate pero que, al menos, está presente y al que puedo
mencionar, porque el Ministro al que usted se ha referido no está en esta
Cámara.
Hay que recordarle algo. Cuando su señoría dice que las corporaciones
locales canarias están aspirando a una equiparación con las corporaciones
locales peninsulares en la participación en los tributos indirectos del
Estado, hay que decirle, señor Brito, que las corporaciones locales
canarias, durante el último ejercicio, han experimentado un incremento
muy importante en sus ingresos. ¿Y sabe su señoría por qué? Pues porque
el Grupo Parlamentario Socialista aquí y allá, en el archipiélago, apostó
por la efectiva entrada en vigor de las figuras tributarias reguladas en
la Ley 20/1991, en contra de la posición demagógica e irresponsable de
otros grupos políticos que apostaron entonces por que Canarias
careceriera de figuras tributarias vigentes y siguiera embarcada en una
situación de subsidio permanente, desde el esfuerzo fiscal de otras
regiones. Eso hay que decirlo cuando ahora se viene a echarnos en cara
que no defendemos la suficiencia financiera, la suficiencia de recursos
de las corporaciones locales canarias.
Señor Brito, a finales del año 1992 hubo una importante polémica política
en Canarias en la que los socialistas, llevados exclusivamente por
nuestro sentido de la responsabilidad, dijimos: Las figuras tributarias
de la vertiente fiscal del nuevo Régimen Económico y Fiscal del
archipiélago tienen que entrar ya en vigor tras sucesivos aplazamientos.
Le voy a decir algo más. Esta ley, que en el Parlamento de Canarias
empezó siendo una proposición de ley para regular los aspectos económicos
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se ha acabado convirtiendo en
un reexamen de la Ley 20/1991, porque está llena de disposiciones de
carácter fiscal. ¿Y sabe usted por qué? Porque cuando se negoció entre el
Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación lo que luego fue el texto
legal 20/1991, regulador de los aspectos fiscales del REFC, quien
presidía el Gobierno de Canarias era precisamente el asesor que usted se
ha buscado para este debate en la sesión de hoy, pero tanto él como usted
funcionan permanentemente con la lógica del borrón y cuenta nueva, del
que no existe memoria. Don Oswaldo: ni usted ni su Grupo Parlamentario ni
los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias nos dan a
los socialistas lecciones de coherencia. Se lo dije el otro día en la
Comisión y como, por lo que veo, ha hecho usted oídos de mercader, se lo
reitero hoy: ni usted ni su Grupo ni el Gobierno de Canarias ni los
grupos o los Diputados que le apoyan, porque yo no sé muy bien si le
apoyan grupos o Diputados independientes, si son 31 o menos de 31, como
decía la Senadora Luzardo. No lo sé. Pero no nos den ustedes lecciones de
coherencia en la defensa de los intereses de nuestro archipiélago.
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, don
Augusto Brito, dijo que los socialistas considerábamos este proceso como
un proceso de negociación permanente. Hemos continuado negociando,
apostando por mejorar el texto legal, y continuaremos haciéndolo a partir
de hoy. Y le digo: el cuadro de incentivos fiscales que ya recoge este
texto legal es un cuadro extraordinariamente atractivo. Y añado más: la
competitividad de nuestra economía no sólo depende de estos incentivos
fiscales, también depende de otras vertientes como, por ejemplo, la
cualificación de nuestros recursos humanos, tema en el que el Gobierno de
Canarias, del que usted es uno de los apoyos parlamentarios, tiene
importantes responsabilidades y cuyo ejercicio efectivo retrasa
permanentemente. La competitividad de la economía canaria no depende en
exclusiva de los incentivos fiscales, y en este texto legal ya se
contiene un repertorio extraordinariamente positivo de ellos.
Hay enmiendas que son difíciles de aceptar por un Grupo como el nuestro,
porque esas enmiendas marcan la línea de separación entre dos formas de
entender las cosas. Por parte de su Grupo, señorías, y por parte de
algunos grupos empresariales que deben de tener un ascendiente
extraordinario sobre él, desde el inicio de las negociaciones relativas
al Régimen Económico y Fiscal se ha intentado quebrar la estanqueidad de
la ZEC de tal manera que, al final, la economía común del archipiélago
estuviera teñida por aspectos fiscales y jurídicos típicos de una ZEC.
Los socialistas consideramos que la ZEC debe ser un instrumento que ayude
a instalar en el archipiélago y a animar determinado tipo de actividades
que pueden tener una repercusión interesante desde el punto de vista del
empleo, pero que la ZEC debe ser una zona estanca, que la economía
canaria debe regirse por otra serie de principios no excepcionales, como
los que rigen una zona económica especial, por una serie de principios
entre los que se incorpore este acervo de medidas económicas y fiscales.
La aseveración que usted ha hecho de que en la ZEC podrán instalarse
ciudadanos pertenecientes a países comunitarios distintos del nuestro y
no ciudadanos de empresas españolas es, sencillamente, incierto. La ZEC
está concebida para que se instalen, para que se realicen operaciones
industriales y comerciales con no residentes comunitarios, y su señoría
lo sabe --insisto, con no residentes comunitarios--, con lo cual esa
discriminación que usted trata de ver entre los ciudadanos españoles y
los ciudadanos de otros países comunitarios es sencillamente inexistente.
Está falta de contenido.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista ha
realizado un esfuerzo a lo largo de la tramitación de una iniciativa
legislativa que se inició con muy malos augurios. ¿Por qué con malos
augurios? Porque en Canarias existe una tradición ya consolidada de que
en las cuestiones económicas y fiscales las decisiones que involucran a
las instituciones canarias se toman en medio de amplios consensos, y la
prueba del nueve de lo que estoy diciendo es que en nuestro Estatuto de
Autonomía, en el artículo 45.2, se dice que los informes del Parlamento
de Canarias relativos a iniciativas legislativas sobre el Régimen
Económico y Fiscal, para ser considerados positivos, deben contar con los
dos tercios de los votos de los Diputados regionales.
Esta ley se inició con muy malos augurios porque fue una iniciativa
legislativa introducida en el Parlamento de Canarias en pleno período
electoral por los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno de
Canarias y sacada adelante con la mayoría absoluta, desnuda, de los
votos; con 31 de los 60 escaños que componen el Parlamento de Canarias. Y
es una mayoría absoluta, efectivamente, pero rompía una tradición. Y
cuando esa ley viene a las Cortes Generales los socialistas adoptamos una
postura de mano tendida y ofrecemos suscribir 180 enmiendas conjuntamente
con el Grupo de Coalición Canaria, el mismo que había aprobado
unilateralmente y con sus votos en exclusiva esta iniciativa legislativa
en pleno período electoral en las pasadas Elecciones Generales. Y después
de ese notable enriquecimiento en el Congreso de los Diputados, cuando
esta iniciativa vuelve al Parlamento de Canarias, otra vez los 31 votos;
que no sé si hoy son 30 o son 29, pero otra vez la ruptura del consenso
como método, como método establecido por nuestras tradiciones políticas,
las recientes y las no tan recientes, para acordar y decidir los temas
relativos a nuestro régimen económico y fiscal. Y ésta es la historia de
esta ley, una historia en la que los socialistas hemos mantenido un
esfuerzo de negociación, un esfuerzo de perfeccionamiento y de cuyo
resultado, del resultado que sus señorías decidan hoy, nos sentimos
globalmente satisfechos.
Si otros Grupos Parlamentarios, como el Grupo Popular o el Grupo de
Coalición Canaria, se empeñan en resaltar los aspectos negativos de la
misma, permítannos, por lo menos, que seamos los socialistas los que
reivindiquemos su positividad, porque este cuadro de incentivos, este
repertorio de medidas legislativas que se van a integrar en nuestro
acervo económico y fiscal van a ser, efectivamente, un instrumento
claramente estimulante de los procesos de inversión y de crecimiento
económico en nuestro archipiélago. No sólo dependerá de ello, porque,
insisto, no sólo depende de ello el lanzamiento de un proceso de nueva
inversión y de crecimiento, pero será un cuadro fiscal de incentivos
extraordinariamente positivo. Permítannos, pues, a los socialistas
reivindicar aquí y reivindicar ante la sociedad canaria el carácter
positivo y estimulante del conjunto de normas que hoy vamos a aprobar.
Muchas gracias y nada más, señorías. (Aplausos en los escaños de la
izquierda. El señor Brito González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Brito, ¿por qué artículo solicita la
palabra?
El señor BRITO GONZALEZ: Por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones, la tiene su señoría.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Pienso que a veces hay problemas de incomprensión de lo que significan
los conceptos. No me preocupa en absoluto --lo digo con auténtica
sinceridad-- que se utilice muy mal el término demagogia. Este es un
concepto positivo, que fue planteado desde la filosofía griega y del
debate y la dialéctica en el mundo griego. Por tanto, no sé por qué esa
manía de darle al tema del debate en el concepto histórico de lo que era
la demagogia un sentido peyorativo; en absoluto, y menos un planteamiento
de irresponsabilidad.
Mire usted, don Santiago, a nosotros no nos preocupa otra cosa que la
voluntad de las urnas. Nos preocupa seriamente que lo que ustedes hoy
desean sea no una verdad desnuda de votos, sino tenerla vestida con 31 o
con la mitad más uno simplemente en esta Cámara. Hoy no lo tienen y
siguen actuando frecuentemente con actitudes y comportamientos
preocupantes y de prepotencia.
Nosotros no hemos intentado dar ninguna lección a nadie. Hemos intentado
desde esa tribuna, en virtud de nuestro derecho parlamentario, el
defender nuestras posiciones, en función también de las consideraciones
que con igual libertad y legitimidad ha expresado su Grupo. En ese
sentido, aparte de los juegos florales, lo importante y fundamental --y
lo vuelvo a repetir-- es que hay un núcleo fundamental del REF que
valoramos positivamente y hay cuestiones con las que no estamos de
acuerdo, y por eso en esta Cámara mantenemos la presentación de nuestras
enmiendas, que es nuestro derecho y nuestra posición política.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Luzardo Romano y el señor
Pérez García piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría a sus señorías que me solicitaran el turno
en el momento correspondiente y, además, intentaran hacer un esfuerzo por
someterse al artículo por el que se solicita la palabra, porque hemos
escuchado una docta intervención sobre la demagogia pero el Senador Brito
creo que aún no vivía en aquella época en Grecia.
Senadora Luzardo, ¿por qué artículo solicita la palabra?
La señora LUZARDO ROMANO: Por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si ha sido aludida.
Tiene su señoría la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Ha sido aludido mi Partido, del que en este
caso soy yo la portavoz. Por tanto, pido un minuto, simplemente.
Senador Pérez, me imagino que, como estamos en elecciones europeas y
después de haber llenado un estadio, deben estar los socialistas tan
preocupados que nos acusan de ser electoralistas. Nosotros, en las
anteriores Elecciones Generales, incluimos nuestro régimen económico y
fiscal en el programa del Partido y, como somos serios, mantenemos los
compromisos adquiridos. Por tanto, no nos trate a nosotros como si
fuéramos ustedes.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha. El señor Pérez García
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Pérez García, ¿por qué artículo pide la
palabra?
El señor PEREZ GARCIA: Por alusiones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a verlo.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, a don Oswaldo Brito le pido que
cuando tenga algún rato libre le eche una ojeada a «La Política», de
Aristóteles, y allí verá en la calificación de los regímenes políticos
cómo Aristóteles dice (Protestas en los escaños de la derecha.) que la
demagogia es el sistema político que consiste en la degeneración de la
democracia. Cuando tenga un rato, le echa una ojeada, don Oswaldo.
Y a la Senadora Luzardo le dejo, como otras tantas veces, decir la última
palabra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Aristóteles no se encuentra en el salón de
sesiones para pedirme la palabra por alusiones. (Risas.)
Vamos a iniciar las votaciones.
Las enmiendas de los Senadores Cuevas y Vilallonga han decaído porque no
fueron defendidas en su momento.
De las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se han
solicitado votaciones agrupadas por parte del Grupo Parlamentario
Popular, aunque, sin embargo, supongo que este orden de agrupación tendrá
que ser también modificado, porque, si no recuerdo mal, creo que el
Senador Segura Clavell sostuvo que las enmiendas números 123 y 125, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, iban a ser votadas
favorablemente por parte de su Grupo.
Por otra parte, hay alguna duda sobre si es la 125 o la 126. No necesito
que me responda ahora el Senador Segura, sino que verifique si es una u
otra. (El señor Travieso Darias pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada en tres bloques de las enmiendas del Grupo
Popular.
En un primer bloque, las números 29, 30, 33, de la 62 a la 94, ambas
inclusive; 99, 101 y de la 103 a la 106, ambas inclusive.
En un segundo bloque, las números 27, 34, 35, 37, de la 43 a la 46, ambas
inclusive; de la 51 a la 56, ambas inclusive, y de la 59 a la 61, ambas
inclusive.
Y en un tercer bloque, las restantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Segura Clavell tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado números 109, 110, 111, 123, 125, 126, 144 y
162.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura. Pregunto: ¿Todas estas
enmiendas podrían agruparse en un único acto? (Pausa.) De acuerdo.
¿Alguna indicación más? (Pausa.)
La Senadora Luzardo tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros solicitamos votación separada de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado números 119 y 120.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas números 119 y 120 del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 99; en contra, 114; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, vamos a someter a votación, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, las enmiendas números 109, 110, 111, 123,
125, 126, 144 y 162. ¿Es correcto? (Pausa.)
La senadora Luzardo tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Que no se incluyan las enmiendas números 162 y 144.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas anteriormente leídas, excepto
estas dos últimas, la 144 y 162, que las votaremos conjuntamente pero en
una segunda votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 127; abstenciones, 89.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas números 144 y 162 conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 215; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación el conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado que no han sido anteriormente sometidas a
votación. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El Senador Utrera Mora tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: Queremos votación separada de las enmiendas números
127, 129 a 134, 160 y 161, 164, 165, 166 y 168. Todas estas enmiendas en
un mismo bloque. Señor Presidente, creo que tiene nota de ello, es
decir, queremos distinguir dos bloques diferentes de las enmiendas que
quedan.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Utrera.
El Senador Travieso tiene la palabra.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos votación separada de la enmienda número 160.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señoría. Solicito la atención de sus
señorías.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 122, 124, 128, 163 y 169, que podrían ser objeto de votación en
un único acto. ¿Es así? (Pausa.)
El Senador Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor Presidente.
Las enmiendas números 112, 114, 116 y 118 están integradas en unas
enmiendas transaccionales que hemos entregado a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: No es necesario que se mantengan vivas porque todas
las enmiendas transaccionales están suscritas por seis portavoces; por
tanto, pueden someterse a votación. Yo puedo acceder a lo que su señoría
me plantea, pero creo que es menos confuso someterlas a votación de
acuerdo con lo que me acaba de proponer el Senador Utrera Mora.
No repito de nuevo el listado de las enmiendas porque considero que sus
señorías han tenido tiempo de leerlas después de que yo las haya
enunciado y, por tanto, están suficientemente impuestos.
Vamos a someterlas a votación. (Rumores.) ¿Alguna confusión merodea aún
sobre el salón de sesiones? (Risas.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 11; en contra, 117; abstenciones, 88.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A la propuesta que me acaba de hacer el Senador Utrera creo que habría
que añadir, y hago la pregunta, las enmiendas 119 y 120. (Pausa.)
Efectivamente, han sido ya votadas, a petición de la Senadora Luzardo, al
principio.
Sometemos a votación las enmiendas 127, 129 a 134, 161, 164 a 166 y 168.
Votaremos después la número 160, tal y como lo ha solicitado el Senador
Travieso. (La señora Luzardo Romano pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos incluir en la votación la 167.
El señor PRESIDENTE: La 167 ha sido ya votada.
Votamos, por tanto, las citadas anteriormente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 99; en contra, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación la enmienda número 160.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 100; en contra, 117.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar aquellas enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria que todavía no han sido objeto de votación. Concluiríamos así la
votación correspondiente a este voto particular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 10; en contra, 207.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación la enmienda número 212 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 205; en contra, nueve; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos las enmiendas 211, 213 y 214 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 117; en contra, ocho; abstenciones, 92.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
de acuerdo con los criterios que se nos han trasladado.
En primer lugar, votaremos conjuntamente las enmiendas números 29, 30,
33, 62 a 94, 99, 101, y 103 a 106.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 100; en contra, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 27, 34, 35, 37, 43 a 46, 51
a 56, y 59 a 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 89; en contra, 127; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación, finalmente, las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a
favor, 90; en contra, 117; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Segura Clavell pide la
palabra.)
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera saber si la enmienda 214 se ha votado.
El señor PRESIDENTE: Hemos votado separadamente la 212 a solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. Hemos votado en un mismo acto las 211, 213 y
214 que han resultado aprobadas.
El señor SEGURA CLAVELL: Discúlpeme, señor Presidente, pero es que no lo
había oído en el momento oportuno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Al Título Séptimo se ha formulado una enmienda
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios que plantea una
rúbrica diferente con la siguiente denominación: «registro especial de
buques y empresas navieras». ¿Puede entenderse aprobada por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobada.
Con las mismas características, en el quinto párrafo de la Exposición de
Motivos se propone la modificación de la frase «de calidad de vida en el
contexto social» por «de calidad de vida y cohesión en lo social». ¿Puede
entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
En el octavo párrafo de la Exposición de Motivos se propone la
modificación de la frase «por reducir al mínimo la operatividad de un
REF/72» por «por reducir al mínimo la operatividad de la Ley de 30/1972».
Yo creo que habría que quitar el «de». Quedaría, entonces, «la Ley
30/1972».
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento? (Pausa.) Así se proclama.
En la Exposición de Motivos, párrafo once, se pretende modificar la frase
«distintos espacios insulares y la oferta de un foco de atracción» por
«distintos espacios insulares, la oferta y regulación de un foco de
atracción».
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Finalmente, en la Exposición de Motivos, se propone la adición de un
punto 4 en el apartado I que diga: «4. Propiciar un rol eficaz y
creciente de la economía canaria en el Atlántico mejorando la renta de
posición estratégica e incorporando el carácter de frontera sur de la
Unión Europea».
¿Se entiende aprobado por asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.)
Tiene la palabra el senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
En la lectura de la enmienda aprobada en último lugar he observado que la
propia Presidencia, así como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
hacían gestos relativos al término «rol». Ese término quizá no es
castellano correcto, pero figuraba en el dictamen de la Comisión. Quizá
pudiéramos modificarlo, si así lo entienden, por la palabra «papel».
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a consultar el diccionario y si hay alguna
duda lo comentaremos.
Continuamos.
A la Disposición Transitoria Sexta nueva, que resultó incorporada al
Dictamen como efecto de la aprobación de la enmienda número 217, se
propone un rótulo que diga: «fomento del empleo».
¿Están sus señorías de acuerdo? (Pausa.)
Se entiende aprobada por asentimiento.
A la Disposición Adicional Décima, como resultado de la aprobación de la
enmienda número 216, se propone un rótulo que diga lo siguiente:
«Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea». ¿Están
felices con esta denominación? (Pausa.)
Se entiende aprobada por asentimiento.
Hemos consultado con nuestros mayores y «rol» es el libro en el que los
marinos y marineros se incorporan con todas sus obligaciones a una
embarcación, cosa que parece que no se compagina con la economía canaria,
aunque esté en el Atlántico (Risas.). Quizá sería más correcto que fuera
«función».
Quedaría de la siguiente forma: «Propiciar una función eficaz y creciente
de la economía canaria en el Atlántico mejorando la renta de posición
estratégica e incorporando el carácter de frontera sur de la Unión
Europea».
¿Están sus señorías de acuerdo? (Pausa.)
Muchas gracias, señorías.
Vamos a someter a votación el texto del Dictamen, y si no hay objeción lo
haríamos en un único acto. Por tanto, Títulos Preliminar, Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, Disposiciones
Adicionales Primera a Décima, Disposiciones Transitorias Primera a Sexta,
Disposición Derogatoria, Disposición Final y Exposición de Motivos con
todas las modificaciones anteriormente aprobadas. ¿Es posible hacerlo en
un único acto? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 129; en contra, 87.
El señor PRESIDENTE: Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución,
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa
a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA E IRLANDA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA
RENTA Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL, HECHO EN MADRID EL 10 DE FEBRERO DE
1994. (S. 610/000069.) (C. D. 110/000081.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día:
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de
1994.
Se tramita por el procedimiento de urgencia y se publicó en los boletines
correspondientes con fecha 16 de mayo de 1994.
Sin más preámbulos solicito de la Cámara si puede ser aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así se declara.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento.
--CANJE DE NOTAS POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA EN
MATERIA DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA, Y DE
VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE
ENERO DE 1964. (S. 610/000070.) (C. D. 110/000082.)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas por el que se prorroga el Acuerdo
entre España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica
y técnica en materia de apoyo a los programas de exploración lunar y
planetaria, y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en
Madrid el 29 de enero de 1964.
Se tramita también por el procedimiento de urgencia y se publicó en las
mismas fechas.
Solicito criterio sobre si puede ser aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse.
--CANJE DE NOTAS DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1993 CONSTITUTIVO DE ACUERDO, ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL, SOBRE SUPRESION DE VISADOS. (S.
610/000071.) (C. D. 110/000084.)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas de 9 de noviembre de 1993
constitutivo de acuerdo, entre el Reino de España y el Estado de Israel,
sobre supresión de visados. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Barreiro tiene la palabra.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo sólo a los efectos de que me parecería una escasa cortesía que
pasase por la Cámara un documento de ratificación de relaciones entre el
Estado de España y el de Israel, y precisamente porque en el momento que
vivimos de brote de la paz en Israel no tuviésemos algunas palabras para
recordar ante todas sus señorías la voluntad firme del Grupo
Parlamentario Socialista de apoyar todas cuantas iniciativas amplíen y
mejoren las relaciones entre España e Israel, aunque sólo sea porque hay
mucha gente en Israel para los que la palabra España significa el lugar
de la añoranza, y somos muchos en España para los que la palabra Israel
significa el lugar de la esperanza. No es muy grande la pieza que hoy
vamos a ratificar en esta Cámara, pero es una más en la que esperanza y
añoranza nos permiten encontrarnos a los hombres de los dos extremos del
Mediterráneo que en uno y otro lado tenemos, incluso, hermanos de sangre.
Perdóneme su señoría que, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, yo pretenda tomar las almenas de Astorga, pero creo que es
deber de reconocimiento al pueblo de Israel los esfuerzos que hace por la
construcción de la paz y seguir ofreciéndonos, como en el primer momento,
como uno de los copartícipes y aliados en ese esfuerzo. Sé que en su
magnanimidad de este momento hay también algo de complicidad en la
coincidencia, que le agradezco humildemente.
Debo decir también, y no sería justo si no lo dijese ahora, que yo soy de
los españoles que espera algún día poder pronunciar palabras semejantes
sobre un instrumento de trabajo cotidiano entre el Estado de Palestina y
el Estado de España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Ruiz-Gallardón Jiménez
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la misma brevedad, nuestro Grupo Parlamentario quiere dejar también
clara significación de la importancia política que tiene este Canje de
Notas, no solamente por
los aspectos técnicos --que creo que no es necesario recordárselos a sus
señorías--, pero el hecho mismo de que ya el Estado de Israel no exigiese
visado a los nacionales españoles para estancias turísticas no superiores
a 90 días de alguna forma nos obligaba a adoptar esta resolución. También
el hecho de que ninguno de los Estados del «Grupo de Schengen» exija
visado a estos nacionales, salvo Francia y Portugal --y este último,
según nuestras noticias, en proceso de supresión--, nos anima a conformar
un paso adelante en las relaciones favorables entre el Reino de España e
Israel.
Pero creemos, señor Presidente, que, como bien decía el portavoz
socialista, muy por encima de los aspectos técnicos habría que ir a las
intenciones últimas en este tipo de avances. Creo que en el Canje de
Notas, en ese escrito dirigido al Gobierno de España por el Ministro de
Asuntos Exteriores del Estado de Israel, con un nombre tan significativo
como Simon Peres, queda absolutamente plasmada la necesidad de estos
acuerdos con el propósito de facilitar los viajes de los ciudadanos en
nuestros Estados y fomentar las relaciones en nuestros países. Esta es,
señor Presidente, la razón y el motivo que a nosotros nos anima: fomentar
las relaciones entre los países.
Fomentar las relaciones entre el Reino de España y el Estado de Israel es
mirar hacia atrás y es mirar hacia adelante: es mirar hacia atrás para
rectificar los errores históricos que nuestra nación ha cometido en
relación con la comunidad judía, y es, desde luego, mirar hacia adelante
porque significa una voluntad clara de avanzar en común; de avanzar en
común animando al Estado de Israel a que siga en ese proceso de paz, pero
animándonos a nosotros mismos también a que cada vez que tengamos
cualquier relación con el Estado de Israel sepamos que no solamente
estamos hablando de otro Estado distinto, sino que estamos mirando a
nuestros mayores, porque todos descendemos del mismo tronco común y,
además de eso, nuestro Grupo Parlamentario, y creo que todos, nos
sentimos especialmente orgullosos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara y se
autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Canje de Notas de 9 de noviembre de 1993,
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel
sobre supresión de visados.
Muchas gracias, señorías.
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 1993, HECHO EN GINEBRA EL 16 DE JULIO
DE 1993. (S. 610/000072) (C. D. 110/000086.)
El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en
Ginebra el 16 de julio de 1993. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.
¿Alguna intervención? (Pausa.)
Tiene la palabra, Senador Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, perdonen que les entretenga unos momentos para explicarles de
qué trata el Convenio Internacional del Cacao, porque a veces este tipo
de tratados, convenios o acuerdos internacionales pasan de puntillas, y
creo que éste en concreto tiene una importancia vital para España.
Este Convenio es el quinto de estas características, el primero tuvo
lugar en 1972 y los siguientes se celebraron en los años 1975, 1981 y
1986. Este último, el de 1986, ha experimentado sucesivas prórrogas como
consecuencia del desacuerdo existente entre los países productores y los
países importadores, desacuerdo que se fundamentaba en que los países
importadores soportaban una situación relativamente costosa, pues además
de estar sujetos a la contribución a que obliga el Convenio --España
contribuyó en 1992-1993 con 21.219 libras esterlinas--, se veían
obligados a disponer de una reserva de hasta 250.000 toneladas de cacao,
que era almacenado por los países importadores y que tenía por objeto la
estabilización del precio del producto. Esta peculiar forma de comercio
internacional, que pretende un control férreo de la oferta y la demanda,
estableció la mencionada reserva para que, según la misma, el Consejo
Internacional del Cacao fijaba un precio de referencia, con máximos y
mínimos de fluctuación, de manera que cuando el precio del cacao subía
más allá del máximo el gerente de la reserva ordenaba vender, y al
contrario, comprar cacao cuando el precio se situaba por debajo de los
mínimos. Pero esta medida, que únicamente favorecía a los países
productores, fue lo que produjo el desacuerdo que ha imposibilitado
renovar el acuerdo desde 1986 y que, además, puso en riesgo la
continuidad del convenio.
Afortunadamente, los países productores acabaron cediendo y en el texto
del convenio que someterá el señor Presidente a la consideración de todos
nosotros dentro de un momento la polémica reserva de estabilización se ve
sustituida simplemente por la obligación del director ejecutivo de la
OICC de calcular y publicar un precio diario del cacao en grano expresado
en derechos especiales de giro por tonelada y de llevar un registro de
las exportaciones e importaciones de los países miembros. Paralelamente,
cada país miembro notificará al director ejecutivo las cantidades de sus
exportaciones de cacao por país de destino y las cantidades de sus
importaciones por país de origen.
Como consecuencia de lo anterior, señorías, desaparecen la mayoría de las
disposiciones económicas que contemplaba el convenio de 1986, y de esta
manera se superan los desacuerdos que dificultaban la ratificación del
convenio por parte de los países importadores. Evidentemente, hay otras
modificaciones de menor calado que no es interesante reseñar, pero antes
de finalizar esta intervención, señorías, sí me interesa constatar la
importancia que tiene para nuestro país la firma de este convenio.
España es el noveno país importador de cacao del mundo. Entre 1990 y 1992
ha importado 66.500 toneladas
de este producto, considerado básico para la alimentación, lo cual supone
el 2,77 por ciento de las importaciones mundiales de cacao. Por este
hecho, España va a realizar la firma de este convenio como país miembro
importador, que se declara así en el momento en que se produzca el
depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del
convenio, condición de mayor privilegio que la que España ostentaba
cuando se llevó a cabo la firma del convenio en 1986, pues en aquella
ocasión España tenía la consideración del país simplemente contratante.
Las ventajas que supone el adquirir cacao a un mejor precio al
considerarnos miembro importador perteneciente a la OICC, y beneficiarnos
como país de la supresión de la reserva de estabilización, resaltan la
importancia para nuestro país desde el punto de vista económico. Pero, si
me lo permiten sus señorías, tiene aún más relevancia que un país como el
nuestro, con una industria de transformación mucho más importante que la
de varios países de la Unión Europea y con un alto consumo de cacao,
suponga una garantía para los países productores, que, como bien saben
sus señorías, son en su mayoría Estados africanos y Estados
iberoamericanos. Por otra parte, nuestra incorporación como país miembro
importador a la Organización Internacional del Cacao significa una forma
sólida y estable de cooperación al desarrollo.
Son las razones que justifican mi intervención y el voto favorable de mi
Grupo para la ratificación del Convenio Internacional del Cacao en el
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo, así como la expresión de mi satisfacción y la del Grupo
Parlamentario Socialista por ser España a partir de este Convenio miembro
de la Organización Internacional del Cacao y suponer este hecho un
beneficio económico para nuestro país y un elemento de seguridad para la
cooperación al desarrollo con países necesitados de ayuda próximos a
España por su relación cultural, y en otros casos próximos a España por
su proximidad geográfica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arguilé.
El Senador Ramírez Pery tiene la palabra.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Después de la exposición del Senador Socialista poca poesía se puede
hacer con un Convenio del Cacao. En todo caso, el Grupo Parlamentario
Popular sí desea ratificar y, sobre todo, subrayar que si este Convenio
es importante económicamente es por el espacio de libertad que deja en el
mercado del cacao, gracias al cual se ha liberalizado en gran parte y, a
pesar de los controles existentes, ha permitido que se pueda firmar por
fin el Convenio, como bien ha expuesto mi compañero en la narración de
los hechos.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular le da mucha importancia a
este tema por lo que significa de ayuda a terceros países, que, al ser
países como Ghana, Brasil, etcétera, productores de cacao, viene a
corresponder a la línea de cooperación y desarrollo que el Grupo
Parlamentario Popular cree que es fundamental en nuestras relaciones
exteriores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa,)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio
de 1993.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE
ARGENTINA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO
EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(S. 610/000061) (C. D. 110/000057.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
de la República de Argentina al Convenio relativo a la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Argentina al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPUBLICA DE
SINGAPUR AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO
EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(S. 610/000062) (C. D. 110/000058.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
de la República de Singapur al Convenio relativo a la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de la República de
Singapur al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DEL PRINCIPADO DE
MONACO AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO
EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(S. 610/000063) (C. D. 110/000059.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
del Principado de Mónaco al Convenio relativo a la obtención de pruebas
en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión del Principado de
Mónaco al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL
EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO
DE 1970. (S. 610/000064) (C. D. 110/000060.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
de los Estados Unidos Mexicanos al Convenio relativo a la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya
el 18 de marzo de 1970.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de los Estados Unidos
Mexicanos al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero
en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE AUSTRALIA AL
CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA
CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (S.
610/000065) (C. D. 110/000061.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
de Australia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Australia al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DECLARACION DE ACEPTACION DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE BARBADOS AL
CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA
CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (S.
610/000066) (C. D. 110/000062.)
El señor PRESIDENTE: Declaración de Aceptación de España de la Adhesión
de Barbados al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Barbados al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
--DENUNCIA PARA NACIONALES DE SERBIA Y MONTENEGRO DEL ACUERDO SOBRE
SUPRESION DE VISADOS, CONSTITUIDO POR CANJE DE NOTAS DE 3 DE MARZO DE
1978 ENTRE LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA. (S. 610/000067) (C. D. 110/000065.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro del
Acuerdo sobre supresión de Visados, constituido por Canje de Notas de 3
de marzo de 1978 entre los Gobiernos de España y de la República
Socialista Federativa de Yugoslavia.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de
Denuncia para nacionales de Serbia y Montenegro del Acuerdo sobre
supresión de Visados, constituido por Canje de Notas de 3 de marzo de
1978 entre los Gobiernos de España y de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia.
--DENUNCIA DE LOS CANJES DE NOTAS DE 15 DE FEBRERO DE 1961 Y 3 DE JUNIO
DE 1961 CONSTITUTIVOS DE ACUERDO EN TRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE EL
PASAPORTE DE VISITANTE BRITANICO. (S. 610/000068) (C. D. 110/000066.)
El señor PRESIDENTE: Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero de
1961 y 3 de junio de 1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran
Bretaña sobre el pasaporte de visitante británico.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para
obligarse por medio de Denuncia de los Canjes de Notas de 15 de febrero
de 1961 y 3 de junio de 1961 constitutivos de Acuerdo entre España y Gran
Bretaña sobre el pasaporte de visitante británico.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, DE UNA FORMA INMEDIATA, EXIJA ANTE LAS INSTANCIAS
COMUNITARIAS LA ASIGNACION A ESPAÑA DE UNA CANTIDAD MAXIMA GARANTIZADA DE
ALGODON SIN DESMOTAR DEL ORDEN DE LAS 325.000 TONELADAS ANUALES.
(662/000058.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, Mociones.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por
la que se insta al Gobierno a que, de una forma inmediata, exija ante las
instancias comunitarias la asignación a España de una cantidad máxima
garantizada de algodón sin desmotar del orden de las 325.000 toneladas
anuales.
El Senador Romero Girón tiene la palabra para defender la moción.
El señor ROMERO GIRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para
defender esta moción en la que solicitamos que el Gobierno exija ante las
autoridades comunitarias la asignación individualizada para España de una
cantidad máxima garantizada de algodón sin desmotar del orden de las
325.000 toneladas anuales. (El señor Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa
la Presidencia.)
Esta medida sería beneficiosa para los cultivadores españoles y,
principalmente, para los andaluces, dado que el 95 por ciento de este
producto se cultiva en Andalucía, al no verse penalizado por sobrepasar o
superar las cantidades máximas garantizadas.
Aunque en la exposición de motivos viene perfectamente explicada cuál es
la situación de este cultivo, permítanme que haga una breve explicación.
En efecto, la legislación comunitaria estableció para el cultivo del
algodón una cantidad máxima garantizada con derecho a subvención de
752.000 toneladas, reducidas posteriormente a 701.000 por ajustes de
calidades tipo referidos a la totalidad del territorio de la Unión
Europea.
Los dos países principales productores de algodón son España y Grecia.
¿Cuál es la situación actual? En los últimos años se viene superando la
cantidad máxima garantizada, provocada principalmente por los aumentos de
producción de algodón que se vienen dando en Grecia y no en España. Ello
lleva consigo penalizaciones en las subvenciones que tienen que recibir
los agricultores, de tal forma que el aumento en las penalizaciones va
unido directamente al incremento o superación de la citada cantidad
máxima garantizada.
La producción española, por las causas que analizaré a continuación, ha
seguido una línea estable, incluso decreciente, no siendo, por tanto, los
agricultores andaluces ni españoles responsables en absoluto de los
excesos de producción que se vienen dando en este cultivo, pese a lo cual
se ven penalizados año tras año a la hora de recibir sus subvenciones.
La causa principal por la que la producción española ha ido decreciendo
es doble: En primer lugar, la sequía que venimos padeciendo,
principalmente en Andalucía, y la falta de agua en el valle del
Guadalquivir para poder regar, producto indudable de la nefasta política
hidráulica seguida en los últimos años. En segundo lugar, por la
fluctuación en el cambio del ecu y la moneda nacional de cada uno de los
países, dado que el precio del algodón comunitario en ecus ha sido
congelado. En efecto, la relación entre el ecu y la peseta ha permanecido
estable y, sin embargo, la relación entre el ecu y la moneda nacional
griega, el dracma, dadas las fluctuaciones que han existido y las
devaluaciones de esta moneda, produce que al final el precio que llega al
agricultor griego no merme en relación con el precio del agricultor
español.
Todo ello provoca la perplejidad entre los cultivadores, que se ven
obligados a sembrar menos, a producir menos y, sin embargo, el precio que
reciben está al final penalizado.
No creo que sea necesario tampoco entrar a analizar la situación que se
está dando en Grecia, donde últimamente y desde el año 1982 se vienen
produciendo aumentos en el número de hectáreas cultivadas de algodón.
Pero no sólo eso, sino que, además, se están utilizando técnicas poco
ortodoxas, que todo el mundo conocemos, comercializan productos que no se
han cultivado en Grecia y no les importa la penalización puesto que, al
final, debido a las devaluaciones y a las fluctuaciones que antes he
comentado, el precio que llega al agricultor es un precio alto.
Por tanto, esto está provocando efectos o consecuencias distintas para
España y para Grecia. En España, por los efectos de la sequía y por el
cambio estable del ecu se produce menos y, en Grecia, por el contrario,
las continuas depreciaciones de su moneda no afectan al precio y no les
preocupan las penalizaciones por lo que cada año producen más. Las
consecuencias para el agricultor español son distintas que para el griego
pues, año tras año, vienen sufriendo penalizaciones en su precio que
llegan al absurdo de que, incluso, en el año 1993, en el que se han
producido en España aproximadamente unas 90.000 toneladas, sin embargo,
han visto mermados sus precios o su subvención en más de un 20 por
ciento.
Si repasamos las superficies cultivadas en los últimos años en España y
en Grecia podemos llegar a la conclusión de lo que perseguimos con esta
moción. En efecto, en España, excepto en los años 1982 y 1985 en los que
sufrimos la sequía, se venían sembrando aproximadamente unas 60.000
hectáreas, llegando al máximo en el año 1988-1989 en el que superamos las
135.000 hectáreas, decreciendo desde entonces hasta el pasado año en el
que sembramos 31.768 y la presente campaña en la que nos acercamos a
las 40.000. Sin embargo, en Grecia desde el año 1982 en el que se
sembraron 137.000 hectáreas, han ido subiendo el número hasta alcanzar la
cifra de 351.570. Ello, como he manifestado anteriormente, está
provocando en los agricultores españoles y en los agricultores andaluces
la necesidad de no sembrar, porque al sembrar más ven penalizados sus
productos, y al sembrar menos y ven penalizado el precio de los mismos.
Por eso, instamos a los miembros de esta Cámara a que den su voto
favorable a esta moción mediante la cual instamos al Gobierno de la
nación a que exija ante las autoridades comunitarias una cuota
individualizada para España y Grecia y que para España se fije en el
orden de las 325.000 toneladas anuales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Romero.
Ahora procede un turno a favor y otro en contra de la moción.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Casas.
El señor CASAS CASAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra como portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista para consumir este turno en contra y justificar y fundamentar
el voto negativo de nuestro grupo a la presente moción del Grupo
Parlamentario Popular.
No apoyaremos la moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular por
los distintos motivos y razones que a continuación voy a poner de
manifiesto ante esta Cámara. En primer lugar, para mantener una relación
de coherencia y de consecuencia de nuestro grupo parlamentario en el
Senado con la posición mantenida por nuestro grupo parlamentario en el
Congreso al tratarse en la Cámara baja, en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Esta moción viene a reproducir literal e
íntegramente el tenor de la proposición no de ley referida, recientemente
debatida y rechazada, como hemos dicho, en la Comisión de Agricultura y
Pesca del Congreso. A tal proposición no de ley del Grupo Popular se
presentó por parte del Grupo Socialista una enmienda. Esta enmienda
atemperaba y suavizaba el contenido estricto y contundente en el que
venía redactada dicha proposición. Tal enmienda no gustó al Grupo
Parlamentario Popular, y fue rechazada.
La misma pretensión se reproduce hoy aquí en forma de moción y tenemos
que poner de manifiesto que la consideramos oportunista y extemporánea.
La consideramos oportunista por se interesada desde un punto de vista
partidario. Andalucía es la región productora de algodón de España,
estamos en campaña electoral, hay elecciones andaluzas; el día 1.º de
marzo de 1994, ya en precampaña electoral, se trató en el Congreso de los
Diputados la proposición no de ley y al no prosperar en aquella Cámara,
inmediatamente después, el día 8 de abril de 1994, se presenta en esta
Cámara la misma pretensión, con idéntico contenido, pero hoy en forma de
moción. Dada la concurrencia de circunstancias, al menos las temporales,
que no nos permiten concluir otra cosa, pensamos que existe un claro
interés electoral. Decíamos también que, aparte de oportunista, es
extemporánea habida cuenta de que el Gobierno de España, velando por los
intereses de los algodoneros españoles, manifestó formalmente en el
Consejo de Ministros de Agricultura, celebrado los días 13 a 17 de
diciembre de 1993, antes de la precampaña y de la campaña electoral
andaluza, su interés por este asunto instando a que la Comisión
reflexionara sobre el funcionamiento del régimen actual del algodón y
pidiendo una distribución de las cuotas de una forma más justa y más
equitativa entre los países de Grecia y España.
Además, aparte de toda la reproducción que se hace y que corresponde a la
literalidad de lo que ya se manifestó en la Comisión de Agricultura del
Congreso, en la exposición de motivos se invoca por el grupo proponente
de la moción el desequilibrio de los precios del algodón por aplicación
de las penalizaciones y este argumento, en honor a la objetividad y a la
verdad, tenemos que poner de manifiesto que no es cierto y que es
rigurosamente inexacto por cuanto se constata que en las cuatro últimas
campañas algodoneras en España el precio medio ha ido incrementándose y
ha sido más rentable para el sector algodonero. En la campaña 1990-1991
el kilo salía a 103 pesetas, en la de 1991-1992 estaba fijado en 112, en
la de 1992-1993 en 130 pesetas kilo y en la de 1993-1994 en 145 pesetas.
Esto referido a los precios mínimos y hay un incremento en los cuatro
años del 40 por ciento. En relación con el mercado internacional, que
está ahora a 80 ó 90 pesetas kilo, alrededor de un 80 por ciento de
incremento.
El tratamiento y la negociación sobre la fijación de cuotas no es fácil
por la situación actual de la política agraria común, quedando
condicionados los resultados de la negociación a dos aspectos
fundamentales. En primer lugar, a las disponibilidades financieras de las
nuevas orientaciones de la reforma de las OCM y, en segundo lugar, por la
repercusión de los acuerdos alcanzados recientemente con la finalización
de la Ronda Uruguay del Gatt que conducen a una limitación de los apoyos
internos a las producciones comunitarias, así como, la limitación de
éstas. En este sentido, habrá que tener muy en cuenta la dificultad que
entraña obtener un incremento de la vigente cantidad máxima garantizada,
CMG.
Los términos de la moción propuesta, a nuestro juicio, son excesivamente
estrictos y contundentes. Aceptándose en los términos en que viene
propuesta estaríamos constriñendo la negociación a los mismos y, como
consecuencia, también estaríamos restringiendo la propia negociación. En
definitiva, estaríamos vinculando excesivamente la capacidad de maniobra
negociadora, a priori, con la fijación que se propone de unas 325.000
toneladas, sin tomar en consideración otras dificultades añadidas tal
como hemos puesto de manifiesto.
El Grupo Parlamentario Socialista ha ofrecido a cambio de esta moción una
redacción alternativa que entendemos más flexible y más operativa que
paso a leer. «El Senado insta al Gobierno a que apremie a las
instituciones comunitarias para que en el menor tiempo posible
materialice y
resuelva la petición que formuló España al Consejo de Ministros,
celebrado el 13 y 17 de diciembre de 1993, que propugnaba una
distribución equitativa de cuotas para el cultivo de algodón entre los
países productores, teniendo en cuenta la producción española de los
últimos años anteriores a la sequía del sur.» Esta redacción que propone
nuestro Grupo al Grupo Popular no ha gustado, no ha recibido acogida por
parte de ese Grupo y, por tanto, no ha sido apoyada.
Esta propuesta nos llevaría indiscutiblemente a conseguir una cantidad
máxima garantizada e independiente para Grecia y para España con la que
se conseguirían los mismos efectos, cantidad que estaría también en
consonancia con la fijación de una asignación proporcional para estos dos
países a tenor de la producción de los mismos y tomando como referencia
los años anteriores a los de la sequía, lo que la haría más beneficiosa y
más justa.
Por estas razones nuestro Grupo va a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Casas.
Abrimos un turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, señorías, este Senador que
les habla en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió va a exponer
con la brevedad exigida la posición de su Grupo en relación con la moción
que estamos debatiendo en estos momentos.
De no haber existido por parte del Grupo Socialista un intento de
aproximación al haber presentado dicho Grupo una moción alternativa, a
nuestro Grupo Parlamentario le hubiera resultado más difícil no apoyar
esta moción.
Tengo que decir que nosotros nos separamos, nos desligamos de las
valoraciones de todo orden expuestas por el Senador que ha presentado la
moción y también de las que ha expuesto en el turno en contra el
representante del Grupo Socialista.
Pero ciñéndome ya a la propia moción y también a la moción alternativa en
su aspecto técnico, debo manifestar, a la vista de la situación en que se
encuentra la producción de algodón tanto en Grecia como en España --en
Grecia tiene un crecimiento sostenido y en España está disminuyendo la
producción casi cada año, incluso el Senador que presenta la moción ha
dicho que la producción de algodón en nuestro país se encuentra en franca
regresión--, que incluso estando de acuerdo en lo que es el fondo de la
moción, muy bien expresado en la exposición de motivos, nosotros
entendemos que la cuota que se destina a los dos países por parte de la
Comunidad Europea tiene que estar individualizada, es decir, que la
cantidad máxima garantizada no tiene que ser asignada en su conjunto ya
que esto haría que pagaran justos por pecadores en el sentido de que
podría darse que los productores de algodón del Estado español no
sobrepasaran la cantidad proporcional que tienen asignada y que, en
cambio, esa cantidad fuera sobrepasada por los productores griegos o
incluso muchas veces, como ha dicho el Senador que presenta la moción,
fuera sobrepasada con productos no cultivados por ellos sino cultivados
en otros países. Por tanto, desde nuestro punto de vista, consideramos
lógica la petición de que estas cantidades sean asignadas de modo
individual.
Por otra parte, también reconocemos que la moción alternativa, que
utiliza un lenguaje más suave al menos en su forma --esto no quiere decir
que lo sea en su fondo-- a la hora de tratar con la Comisión en la
Comunidad Económica Europea, en realidad pide lo mismo y deja al Gobierno
un margen de maniobra para que la negociación pueda resultar más eficaz,
teniendo también en cuenta por nuestra parte que ya en el año 1993 el
Gobierno gestionó este reparto equitativo de la cuota del algodón entre
Grecia y España.
Hablando de los cinco años anteriores a la sequía, hay que decir que en
la campaña 1988-89 la producción fue incluso superior a las 325.000
toneladas que se solicitan en la moción. En aquella ocasión la producción
fue concretamente de 347.974 toneladas.
Señor Presidente, sin extenderme en más consideraciones, y visto que no
se ha podido llegar a un acuerdo entre el Grupo proponente de la moción y
el Grupo mayoritario de esta Cámara --que a fin de cuentas tiene mucho
que decir a propósito de esta cuestión dada su representación
democrática-- sintiéndolo mucho hemos de decir que no podemos apoyar la
moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Ferrer. (El señor
Romero Girón pide la palabra.)
¿En función de qué solicita su señoría la palabra?
El señor ROMERO GIRON: Señor Presidente, pido la palabra como portavoz de
mi Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Su señoría tiene la palabra en
función del artículo 87 del Reglamento por un tiempo de cuatro minutos.
El señor ROMERO GIRON: Gracias, señor Presidente.
Siento que la falta de sensibilidad del Grupo Socialista le haya impedido
aprobar esta moción.
El Portavoz de dicho Grupo justifica su posición basándola en tres
cuestiones. En primer lugar, ha manifestado que deben mantener una
coherencia entre su Grupo y el Grupo Socialista del Congreso, pero quiero
decirle al señor Portavoz que, según eso, van a tener que seguir
manteniendo esa coherencia también en otras instancias ya que vamos a
seguir insistiendo en lo que a este tema se refiere. Hemos insistido en
el Senado y vamos a seguir insistiendo también en ayuntamientos que se
ven afectados por este problema, en ayuntamientos con una base social de
agricultores de algodón --principalmente algunos del valle del
Guadalquivir--, y también insistiremos en diputaciones hasta que se
convenzan de que ésta es una moción buena, de que perseguimos con ella un
fin bueno para los agricultores andaluces y para los agricultores
españoles en general.
En segundo lugar, su señoría ha manifestado que se trata de una moción
oportunista basándose en que ya ha sido tratada en el Congreso de los
Diputados. Señoría, si esta moción fuera oportunista, lo más fácil para
nosotros hubiera sido aprobarles la enmienda que me han propuesto ustedes
en los pasillos. ¿Por qué digo esto? Porque mañana yo me podría presentar
en Andalucía diciendo lo siguiente: he conseguido para los cultivadores
de algodón andaluces una cuota individualizada. Ya no van a sufrir más
penalizaciones en su precio. Es decir, señoría, que de oportunismo,
absolutamente nada.
En tercer lugar, su señoría ha manifestado que nuestra moción es
extemporánea puesto que esta cuestión ya fue planteada por el Gobierno en
Consejo de Ministros en diciembre de 1993. Señoría, ¿quiere decirme cuál
ha sido el resultado de esta gestión desde que se planteó esta cuestión
en el año 1993? Estamos a mitad de la campaña 1994-95 y aún no tenemos
respuesta.
Yo comprendo que la negociación no es fácil, e igualmente comprendería
que me tildara de oportunista o de electoralista si yo le hubiese pedido
alguna cantidad que mermara los presupuestos generales del Estado en
beneficio de los agricultores, pero no ha sido así. Lo único que pedimos
desde el Grupo Popular es que se mantenga una postura fuerte, una postura
incluso beligerante ante las autoridades comunitarias. Repito que esto no
es fácil. Sé que es más cómodo presentarse en Bruselas de tal modo que se
nos trate entre algodones --creo que en este momento viene a colación
esta expresión--, pero con eso no vamos a conseguir nada. Yo preferiría
que nuestro Gobierno diera la cara en Bruselas y que incluso le
recibieran mal antes que dejar de defender los productos de Andalucía.
Eso es lo único que ocurre, señor Portavoz del Grupo Socialista.
Reitero, pues, que esta moción es buena, que no es electoralista ni
oportunista, y que lo único que pretende es mantener una posición de
fuerza ante las instancias comunitarias. No pedimos más, no solicitamos
un esfuerzo económico, sino --insisto-- que se mantenga una postura
fuerte y beligerante en defensa de los productos nacionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Romero. (El señor
Arguilé Laguarta pide la palabra.)
¿En virtud de qué artículo solicita su señoría la palabra?
El señor ARGUILE LAGUARTA: Por el artículo 87, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): La tiene su señoría por tiempo de
cuatro minutos.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Gracias, señor Presidente.
El proponente de la moción juzga que hubiera sido más positivo para él
haber aceptado la enmienda que hemos presentado. Y no entiendo cómo
siendo así, no lo ha hecho, porque no sólo hubiera sido más positivo para
usted y nosotros, sino para todos los agricultores algodoneros de este
país, centrados especialmente en Andalucía.
Pero, además, han sido ustedes víctimas de su propio lenguaje. Por
ejemplo, voy a citarle un párrafo --y usted ha ratificado que ése es el
lenguaje que se debería emplear en las instancias comunitarias-- de la
intervención de su homólogo en el Congreso de los Diputados, que dice:
Realmente, tenemos que comprender y enterarnos de una vez de que el
lenguaje europeo --al menos, en la agricultura-- es duro y amenazante y
que, por tanto, no tiene sentido pedir, sino exigir, como se hace en
nuestra proposición. Por tanto, hubiera sido mucho más positivo que no
hubiera tenido usted esta predisposición.
La moción que usted ha presentado, señala lo siguiente: instar al
Gobierno a que, de una forma inmediata, exija ante las instancias
comunitarias la asignación a España de una cantidad máxima garantizada de
algodón sin desmotar del orden de las 325.000 toneladas anuales. Y la
nuestra, decía lo siguiente: El Senado insta al Gobierno a que apremie a
las instituciones comunitarias para que, en el menor tiempo posible,
materialice y resuelva la petición que formuló España al Consejo de
Ministros, celebrado entre el 13 y el 17 de diciembre de 1993, que
propugnaba una distribución equitativa de cuotas para el cultivo de
algodón entre los países productores, teniendo en cuenta la producción
española de los últimos años anteriores a la sequía. Pero, como bien ha
dicho el representante del Grupo de Convergència i Unió, en un año
anterior a la sequía se produjeron 347.000 toneladas de algodón. Por
tanto, dígame usted qué propuesta es positiva: la suya, o la nuestra.
Si ustedes mantienen una actitud no negociadora --que no beneficiaría a
los productores de algodón-- y la quieren trasladar a través de nosotros
a las instancias comunitarias, España se quedará anclada y sin progresar.
Esa es la diferencia.
Como ya le he dicho en los pasillos, siento que no hayan admitido nuestra
enmienda, que les hubiera beneficiado más que a nadie, porque lo que en
ella se dice lo va a seguir haciendo nuestro Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Vamos a pasar a la votación de la moción. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Tal como acaba de anunciar el Vicepresidente, vamos
a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a que, de una forma inmediata,
exija ante las instancias comunitarias la asignación a España de una
cantidad máxima garantizada de algodón sin desmotar del orden de las
325.000 toneladas anuales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 86; en contra, 114; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL
GOBIERNO A QUE PROPONGA Y DEFIENDA, DENTRO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE
AGRICULTURA DE LA UNION EUROPEA, EL RECHAZO A LA REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO DEL VINO PROPUESTA POR LA COMISION EUROPEA
Y A QUE ASUMA Y DEFIENDA COMO PROPIO EL INFORME ELABORADO POR LA COMISION
DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA
EVOLUCION Y FUTURO DE LA POLITICA VITIVINICOLA EN LA UNION EUROPEA,
DOCUMENTO CONSENSUADO POR TODAS LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS Y
POR TODOS LOS GRUPOS POLITICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO. (662/000073.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que el Senado insta al Gobierno a que
proponga y defienda, dentro del Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea, el rechazo a la reforma de la Organización Común de
Mercado del Vino propuesta por la Comisión Europea y a que asuma y
defienda como propio el informe elaborado por la Comisión de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo sobre la evolución y
futuro de la política vitivinícola en la Unión Europea, documento
consensuado por todas las organizaciones agrarias españolas y por todos
los grupos políticos del Parlamento Europeo.
Señorías, permítanme un momento, para orientarles sobre el sistema de
debate.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción.
A la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular se ha
presentado, a su vez, una enmienda de modificación, suscrita por cuatro
grupos parlamentarios, por lo que es tramitable. Asimismo, existe una
propuesta de modificación suscrita por todos los portavoces de los grupos
parlamentarios.
En primer lugar, voy a dar la palabra al representante del Grupo
Parlamentario Socialista, para que defienda la moción original.
Tiene la palabra el Senador Galán Cano.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta moción teniendo en cuenta que en estos momentos estamos viviendo una
incertidumbre en el sector agrario, sobre todo entre los viticultores. La
incertidumbre la produjo el borrador de la Comisión Europea sobre la
organización común del mercado del vino. En él se planteaban cuestiones
que inquietaban a los viticultores españoles, al Gobierno de España y a
los diferentes sectores implicados en el sector vitivinícola.
Las reacciones no faltaron desde el primer momento y las primeras
vinieron del propio Ministro de Agricultura, que manifestaba públicamente
que el estudio de la Comisión era un documento para no sentarse siquiera
a negociar. Con posterioridad, en este mismo salón de plenos, el Ministro
de Agricultura manifestó su absoluta disconformidad con este documento. A
partir de ese momento, las manifestaciones no fueron sólo del Gobierno,
sino que numerosas administraciones autonómicas y ayuntamientos
presentaron mociones en el mismo sentido: el rechazo de la propuesta que
hacía la Comisión del Parlamento Europeo.
Con posterioridad, estas reacciones se vieron respondidas de alguna
manera y muy parcialmente contestadas en un documento, que ya sí es
propuesta oficial de la Comisión, que se presenta el 11 de mayo. En él se
recogen algunas de las argumentaciones que se habían hecho desde España,
desde los diferentes sectores agrarios o desde la propia Administración;
algunos elementos nuevos, como es la denominada vendimia en verde o el
arranque de viñedo voluntario y no obligatorio, como se contemplaba en el
primer borrador, y algunas otras medidas medioambientales que se estaban
demandando desde España.
Sin embargo, hay que reconocer que este primer documento oficial de la
Comisión es absolutamente rechazable, así lo calificamos nosotros, para
los intereses de la viticultura española y quizá no sólo para la
española, sino para toda la del sur de Europa. Así lo manifiesta también
el Gobierno de la nación. En estas circunstancias, el Grupo Parlamentario
Socialista se decide a presentar una moción en la que especifica
claramente que está de acuerdo, en un principio, con lo que quizás están
de acuerdo todos los países, con la necesidad de reducir las producciones
de vino y con que todos deben hacer un esfuerzo por reducir esas
producciones.
No obstante, esa disconformidad nos permite hacer un análisis de otro
documento importante, que la Comisión de Agricultura sometió al
Parlamento Europeo y que se aprobó. El Grupo Parlamentario Socialista
comparte casi en su totalidad ese documento y yo creo que el resto de los
grupos también, ya que así lo manifestaron en el debate que se celebró en
el Parlamento Europeo.
¿Qué proponemos en la moción? Que el Gobierno de España adopte, en esa
larga y dura negociación que va a tener que seguir en estos meses para la
organización común del mercado del vino, como documento base de discusión
el que aprobó el Parlamento Europeo. Creo que esta es una forma de
reforzar la posición española. El Gobierno español no se va a encontrar
solo como base de partida de esa negociación, ya que cuenta con un
documento aprobado por el Parlamento Europeo y con el apoyo de este
Parlamento, del Senado, en este caso.
Y decía como base de partida, porque sí admitimos que es necesario
reducir las producciones de vino, ya que es cierto que de continuar de
esta manera llegaríamos al año 2000 con unos excesos de producción de 39
millones de hectolitros de
vino. De ahí que la Comisión se plantee y reparta las cargas entre los
diferentes países para realizar una reducción en la producción, lo que es
un hecho incuestionable.
Pero ¿dónde está la divergencia del informe del Parlamento con el de la
Comisión y dónde está la divergencia de las posturas españolas con las de
otros países del sur de Europa con respecto a las posiciones de la
Comisión? Esas divergencias están, fundamentalmente, en que el informe de
la Comisión plantea que estas reducciones deberán hacerse de acuerdo con
las cantidades de referencia que hoy tienen los países. Y el informe del
Parlamento Europeo dice que no sólo debería tenerse en cuenta la
producción histórica de estos países, sino la extensión de la superficie
que sirve de base a esta producción; de lo contrario, saldrían
perjudicadas injustamente aquellas regiones de más bajos rendimientos. Me
explico. En España, la producción media por hectárea es de 22
hectolitros, frente a los 97 hectolitros de producción media por hectárea
que tiene Alemania, los 63 de Italia o los 60 de Francia. ¿Qué quiere
esto decir? Que si se hace una reducción exclusivamente desde el punto de
vista de hectolitros, estaríamos penalizando, en el caso de Italia, por
ejemplo, para comparar con otro país latino, por cada hectárea italiana a
3 hectáreas españolas. Y en el caso de Alemania, estaríamos penalizando
por cada hectárea alemana a 5 hectáreas españolas. Luego, lógicamente,
este es un elemento que habrá que tener en cuenta en el planteamiento de
cantidades de referencia de producción a los diferentes países, y será,
por supuesto, un elemento negociador.
Pero defendemos también el informe del Parlamento Europeo porque
establece que, si es necesario arrancar viñas, será voluntario --dice-- y
necesariamente lo seguirá siendo en el futuro. Por tanto, aunque el
arranque voluntario esté compensado por cantidades en dinero, habrá que
tener en cuenta que no hay una única medida para reducir cantidades, sino
que hay otros procedimientos de cultivo que evitarían tener una
superproducción que obligara a reducir la producción del vino. Además,
como dice el informe del Parlamento, las decisiones de arranque jamás
deben ser individuales, sino que deben estar sometidas a unos programas
regionales. Y es ahí donde debe incidir la nueva organización del mercado
del vino, que debe tratarse con programas regionales cuyos planes de
reducción no deben tener como método sólo el arranque, sino también un
método que la Comisión de Agricultura del Senado comprobó en una visita
que hizo para entrevistarse con los productores de vino de Castilla-La
Mancha. Efectivamente, en una de las principales cooperativas de
Castilla-La Mancha, sin duda la de más producción de España, nos decían
que la sugerencia que hace España de la vendimia en verde podría ser un
elemento equilibrador no sólo de la reducción de producción, sino también
de carácter ecológico. Es decir, mantendríamos esas cepas en los terrenos
que hoy son de viña, y no adoptaríamos, como dice la Comisión, otro tipo
de solución como repoblaciones quizá inviables en estos terrenos áridos,
con pocos recursos no sólo de agua, sino también de terreno, y en cambio
podríamos hacer una vendimia anticipada, verde, perfectamente regulada y
que produciría la reducción de rendimientos que se requieren en cada
caso. Es una innovación que aporta España, que ya empieza a ser
considerada por el resto de los países y por la Comisión, que debe ser un
elemento alternativo, por lo que la vendimia en verde debe estar
compensada con ayudas económicas.
Pero aquí también encontramos un problema de divergencias entre lo que
aprueba el Parlamento Europeo, lo que defiende el Gobierno español y este
grupo parlamentario y lo que plantea el informe de la Comisión. Y es que
estas ayudas compensatorias a la vendimia en verde o a otras medidas que
pudieran adoptarse, como es, por ejemplo, la no utilización de abonos o
la de podas que conducen a un menor rendimiento y a una mayor calidad,
deben ser financiadas totalmente por el Feoga-Garantía, por la Comunidad.
Porque el informe de la Comisión rompe ya un esquema seguido en otras
reformas de la organización del mercado común, como pueden ser las de los
cereales o de la leche, y es que se rompe el principio de solidaridad
financiera de que el Feoga asuma los fondos necesarios para compensar
esas ayudas, y plantea la Comisión que las ayudas para estas prácticas de
cultivo que reducirían el rendimiento y aumentarían la calidad deben ser
cofinanciadas en un 50 por ciento por los diferentes Estados, es decir,
en este caso, serían cofinanciadas en un 50 por ciento por el Estado
español. Es cierto que admite que en las regiones del objetivo 1
solamente habría que aportar el 25 por ciento, pero se sigue rompiendo el
principio de solidaridad financiera que se ha seguido en otras
organizaciones de mercado común. Luego también debemos oponernos a ello
frontalmente, y debe estar recogida nuestra oposición en el informe de la
Comisión que, repito, está recogido en el informe del Parlamento Europeo.
También plantea este informe un tratamiento enormemente riguroso, con
unos precios muy bajos, disuasorios para la destilación obligatoria o
voluntaria. Sin embargo, lo que dice el informe del Parlamento Europeo es
que es preciso que las otras medidas disuasorias tengan éxito antes de
tocar el tema de la destilación. La destilación debe reformarse en un
proceso posterior a la puesta en marcha de las otras medidas más
estructurales. El Parlamento Europeo dice textualmente en el informe: Es
difícil socialmente obligar a destilar a precios confiscatorios un
producto legalmente producido. Empujaría al productor a circuitos no
transparentes. Creo que es suficientemente claro este informe para estar
de acuerdo con él y entender que los retoques o las reducciones que se
pudieran producir en las ayudas a la destilación deben estar integradas
en los programas regionales y contempladas conforme se van viendo los
efectos positivos de las otras actuaciones.
Y llegamos a un punto en el que la posición de los países del Sur y,
desde luego, la posición española debe ser rotundamente contraria y yo
creo que tremendamente beligerante, y es el tema de las adiciones de
sacarosa para enriquecimiento de los vinos del Norte. Tenemos que
reconocer que es una práctica también cultural, como es un elemento
cultural la viña en nuestro territorio, y que en determinadas regiones
compone no sólo un elemento económico, sino también cultural, en el que
las costumbres también tienen su peso. Hay que reconocer que se ha
convertido
en un elemento cultural la adición para el enriquecimiento de los vinos
del Norte, alemanes o del norte de Francia y de otros países de la
Comunidad. Sin embargo, debemos ser también tajantes y muy precisos, y
entendemos que no se puede tratar de enriquecer vinos de 5 ó 6 grados con
azúcar, con sacarosa. El informe que presenta el Parlamento Europeo dice
que puede admitirse ese enriquecimiento, pero partiendo de elevar el
mínimo del 6 por ciento al 7 o al 8 por ciento, y además plantea que
paulatinamente ese enriquecimiento no se haga con azúcar, con sacarosa,
sino con mostos concentrados que los países del Sur pueden aportar, que
sería una salida que podría darse desde España, Italia, Grecia o Portugal
a algunas de esas producciones que sabemos que son de grado alcohólico
elevado, de algunas denominaciones de origen, incluso, que tenemos en
España, que tienen un vino con un alto grado de alcohol y que podían ser
utilizados como mostos para recuperar esos vinos. No cabe duda de que el
resultado, además, sería una mejora de la calidad.
Este informe plantea algo contrario al Informe de la Comisión, y dice
--leo textualmente--: Es inaceptable la desaparición de la ayuda a la
utilización de los mostos concentrados. Efectivamente, la Comisión
plantea que ya no son necesarias las ayudas a la comercialización de esos
mostos concentrados, pero todos estos procedimientos para ir reduciendo
las producciones de vino yo creo que quedarían en un marco de duda,
porque algunos de los países de la Unión siempre podrían decir que si no
se controlan perfectamente todas estas medidas podrían canalizarse, a
veces, procedimientos de fraude que vendrían a redundar en que no se
consiguiera el objetivo fundamental de la reducción de las producciones
de vino y, por otra parte, la mejora de la calidad.
El Informe que nosotros defendemos --el Informe del Parlamento Europeo
debe ser uno de los principales argumentos en esta negociación por parte
del Gobierno de España-- lo plantea también muy claramente cuando dice
que es necesaria la creación de un laboratorio de control, de la
Comunidad Europea, para que todas estas prácticas de cultivo y de
reducción sean perfectamente controladas. Creo que esto trae un elemento
nuevo de coordinación en el control, que no debe sólo estar sujeto a los
países miembros, ni siquiera en combinación con las regiones --con los
programas regionales y los responsables de esos programas de esas
regiones--, sino que traería la coordinación, a nivel europeo, de unos
elementos de control que consideramos necesarios y que este año los
viticultores están observando de una manera satisfactoria, cuando se está
llevando un control bastante estricto sobre las derivaciones que otras
veces se han contemplado para las destilaciones de vino y, en cambio, ven
cómo estas medidas de estricto control han colaborado notablemente en la
mejora del mercado del vino y en su mantenimiento, experiencia de los
años 1993 y 1994.
Por último, señor Presidente, señorías, este Grupo Parlamentario desea
que esta moción sea aprobada, si es posible, por unanimidad, y teniendo
en cuenta las modificaciones que se han hecho a las enmiendas que se
proponían, creo que esto será posible --lo comprobaremos posteriormente--
porque puede ser, en definitiva, no sólo un arma importante de refuerzo
al Gobierno de España en esas duras, difíciles y, posiblemente, largas
negociaciones que se producirán durante este año y quizás el próximo, que
redundarán en beneficio para todo el sector y para España, sino que
además creo que producirán un efecto notable en ese debate europeo que
mantenemos en este momento y en el que la posición de España siempre ha
sido de un mayor protagonismo del Parlamento Europeo, no frente a nadie
pero sí en colaboración con la Comisión y en colaboración con los Estados
miembros. Y, en este caso, el Senado puede dar una muestra de ello
aprobando hoy una moción que se apoya en un Informe del Parlamento
Europeo, un Informe que precisamente fue elaborado por un ponente
español, Mateo Sierra Bardají --que se encuentra presente en la sala--, y
que fue enormemente alabado por el resto de los parlamentarios cuando fue
aprobado.
Creo que son posiciones parlamentarias que debemos tener en cuenta, y son
ratificaciones, afirmaciones también del Parlamento Europeo frente a las
posiciones de la Comisión, y no digo «frente» a un acto de oposición
política, sino, sobre todo, de colaboración y de demanda de protagonismo
de ese Parlamento Europeo que siempre hemos mantenido desde las
posiciones españolas.
Por tanto, consideramos la necesidad de reforzar la postura que deba
tener España en esas negociaciones, y consideramos que con esta
negociación vamos a conseguir estos efectos beneficiosos, no sólo
políticamente a nivel europeo, sino que daremos también una imagen que
será fácilmente asumida por otros países que, lógicamente, deben
colaborar y deben estar al lado nuestro en esta fase de negociación de la
Organización Común del Mercado del Vino. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Hay una propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos, y para
seguir el orden lógico, daremos posteriormente la palabra al señor
Molina, del Grupo Parlamentario Popular, para que intervenga en defensa
de su enmienda y de la modificación de la misma.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti, en representación del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para la defensa de la
propuesta de modificación que está suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios y que propone añadir un nuevo apartado en el texto.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera saludar la presencia de don Mateo Sierra y
felicitarle por el documento del que ha sido ponente en el Parlamento
Europeo y que, de alguna forma, significa empezar a darle la vuelta, a
través de un texto legal y refrendado por los representantes de la
soberanía popular, a ese documento injusto que ha presentado la Comisión
de la Unión Europea.
Vamos a votar afirmativamente la moción presentada al respecto por el
Grupo Parlamentario Socialista, así como,
lógicamente, la enmienda presentada por nosotros, y que han suscrito
todos los Grupos, y la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque
creemos que con el documento de la Comisión estamos ante un documento
impresentable y contrario a la filosofía tradicional de la PAC, y al
respecto se han dado aquí explicaciones por parte del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Es un documento, además, que, contrariamente a
lo que es la filosofía no sólo en agricultura, sino en industria, en todo
en Europa, en la que se está tratando de primar la calidad para poder ser
competitivos en una economía más abierta, lejos de primar la calidad del
vino trata de reducir, de bajar, esa calidad de los vinos europeos.
Se ha hablado aquí, por ejemplo, de la relación hectolitros por hectárea
en el Norte y Sur de Europa, que se acerca aproximadamente al cien por
cien, y en nuestra tierra, en nuestros viñedos, es alrededor del 25 por
ciento. Una de las soluciones que tendría la Comisión de la Unión
Europea, de cara a resolver este problema de excedentes de vino sin
tratar de reducir la calidad, sería que de alguna forma se redujese el
rendimiento por hectárea; con eso reduciríamos la producción y
aumentaríamos la calidad. El problema está, todos lo sabemos, en que en
muchas zonas de Europa, y sobre todo en el Norte, la calidad de muchos de
los viñedos y de muchos de los productos del vino es baja. Hay viñedos de
baja calidad; ha habido plantaciones muy recientes en base a los buenos
precios de destilación voluntaria, y en estos momentos nos encontramos
ante esta problemática de un excedente de vino en Europa. Pero parece una
paradoja que cuando hay un problema de excedente de vino en Europa la
Comisión proponga el procedimiento --del que también se ha hablado aquí--
de enriquecimiento de sacarosa, más conocido como chaptalización.
Nosotros, en primer lugar, creemos que este procedimiento incide, una vez
más, en el punto al que anteriormente he hecho mención: reduce la calidad
del producto. Y, en segundo lugar, si en vez de utilizarse la sacarosa
como elemento de enriquecimiento del vino se utilizase el mosto, se
conseguirían dos objetivos: por un lado, se reducirían en gran parte los
actuales excedentes de vino que existen a nivel de la Unión Europea, y,
en segundo lugar, estaríamos ante un enriquecimiento a través de métodos
naturales y no de métodos artificiales como es el de la sacarosa.
Por lo tanto, tal y como decía, este documento de la Comisión no es
aceptable porque va incluso contra la propia calidad del producto, contra
la propia calidad del vino, y estamos hartos de oír --y es cierto-- que
hoy en día, en un mundo cada vez más abierto, con los acuerdos del GATT,
con los costes laborales que tenemos en Europa, o hacemos productos de
calidad o si no no vamos a poder competir con países del tercer mundo,
con países en vías de desarrollo.
Pero es que, además, tal y como decía, el documento de la Comisión es
claramente discriminatorio hacia los países del Sur de Europa y, en
concreto, hacia nosotros. Nuestros viticultores se juegan mucho en este
envite, porque no hay que olvidar que somos la primera superficie
cultivable de toda la Unión Europea, que producimos el 20 por ciento del
vino de la Unión Europea, que las exportaciones de vino significan el 12
por ciento de las exportaciones agrarias de todo el Estado y que, para
algunas regiones o incluso para algunas provincias, esta actividad juega
un papel muy importante con vistas a su economía, con vistas, en
definitiva, al empleo y a crear puestos de trabajo. Voy a citar, por
ejemplo, un caso que conozco, porque se trata de mi tierra. En Alava, el
30 por ciento de la tierra está dedicado al cultivo de viñedos;
representa el 25 por ciento del producto interior bruto agrario de la
provincia de Alava, y es un producto de calidad, ya que se dedica a la
exportación el 30 por ciento, y el 90 por ciento tiene denominación de
origen.
Por lo tanto, señorías, tal y como decía, estamos ante una moción que yo
espero que vamos a aprobar con todas las enmiendas adicionales todos los
grupos de esta Cámara, y que significa dar un mandato al Gobierno para
que lidere, en el Consejo de la Unión Europea, una reforma de este
documento de la Comisión, una reforma en defensa de la calidad, en
defensa de continuar la política de la PAC, en defensa de nuestros
propios intereses. Y, desde luego, por encima del hecho concreto del tema
del vino, habría que lanzar un mensaje a la Comisión Europea: Señores de
la Comisión, Europa no se puede construir sobre la injusticia; Europea no
se puede construir sobre la prepotencia del más fuerte sobre el más
débil. O jugamos siempre claramente y con las mismas reglas de juego, y
en este sentido aplicamos a la política del vino la misma política que se
ha aplicado en el caso de la leche, en el caso de la carne, en el caso de
los cereales, que ha beneficiado a otros y nos ha perjudicado a nosotros
o, si no, desgraciadamente, no se construirá Europa y crecerá el
euroescepticismo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Damos la palabra al Senador Molina para que, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, consuma el turno a favor de los textos suscritos
por su Grupo.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Popular, como la del resto
de los grupos parlamentarios, quedó expresada en la pasada interpelación
celebrada en esta Cámara el 10 de mayo y que coincidía plenamente con la
posición del Ministro de Agricultura para el que, por cierto, suponía su
primera intervención en una Cámara parlamentaria tras tomar posesión. Yo
creo que, más que nunca, es en estos momentos cuando hay que fortalecer
esa posición en defensa de los intereses de nuestros agricultores, con
vistas a una negociación que se ha planteado como eminentemente compleja
y difícil.
El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la moción presentada y,
por supuesto, la enmienda que se presentaba con el fin, además, de
conseguir la unanimidad que en estos momentos creo que requiere y nos
piden todos
nuestros agricultores, también se incluirá en dicho documento.
Señorías, yo sí quisiera recordar en estos momentos un hecho fundamental
que se produjo justo al día siguiente del debate en esta Cámara del
Senado. Yo recuerdo que en aquellas fechas el propio Ministro hablaba de
la posibilidad de modificación de ese documento con vistas a la
aprobación en la Comisión y, posteriormente, su presentación al Consejo
de Ministros de la Comunidad. La verdad es que, señorías, hubo unas
mínimas modificaciones que, por supuesto, mejoraron la situación, pero
que, en cualquier caso, no cambió la situación de gravedad que nos
afecta. Quiero recordar que en aquella ocasión se expresaban tres puntos
concretos del documento presentado por la OCM que afectaban gravemente a
los intereses de España y que, por supuesto, no recogía en ningún caso ni
los acuerdos adoptados ni el anteriormente citado, y cuyo digno
proponente está hoy aquí con nosotros. En cualquier caso, fue omitido por
el Comisario Steichen en el documento aprobado por la Comisión. Había
tres cuestiones fundamentales. Dentro de los planes regionales se
recogían el que llaman el boleto obligatorio o el arranque y dos boletos
voluntarios. Allí existía la famosa trampa, la medida diabólica en la
cual se establecía, por un lado, la financiación al cien por cien por
parte de los fondos del FEOGA-Garantía, a los efectos de financiar el
arranque de los viñedos. Además, esa cantidad de 7.000 ecus que
establecían se hacía en función de la rentabilidad o producción media de
las hectáreas de la Comunidad, es decir, que establecía los 7.000 ecus
para los 50 hectolitros de media por hectárea en la Comunidad. Se
producía una doble discriminación para España. En primer lugar, porque ya
a la hora de indemnizar y financiar esos arranques, España se quedaría en
manos del 50 por ciento de las cantidades que se establecían de
financiación para otros países al tener, como se ha dicho aquí, una
rentabilidad, una producción media que va, aproximadamente, desde los 18
o los 19 hectolitros a los 25, en función de los años y la temporada,
como es lógico, pero sí una media de unos 20 ó 22 hectolitros por
hectárea.
Pero la segunda era aún más grave, ya que al establecer la cantidad de
reducción de 7,4 millones de hectolitros para nuestro país, al tener,
efectivamente, una producción o una productividad inferior, saldría para
España un número de hectáreas para arrancar muy superior al del resto de
los países del área Norte y, además, en unas zonas que pasarían
prácticamente a la desecación, como se ha dicho aquí.
La segunda medida en estos planes regionales era también una trampa ya
que se establecía las medidas voluntarias, tanto lo que se ha denominado
vendimia en verde o vendimia anterior a la fecha o abandono temporal de
los viñedos, que no supone el arranque y el abandono definitivos, como
otras medidas complementarias técnicas. Establece la financiación al 50
por ciento aunque, como luego veremos en el documento, se hace una ligera
modificación. Pero la trampa no está ahí sólo --aunque ya rompe el
equilibrio financiero entre los países del Norte y del Sur gravando
precisamente los presupuestos de los países del Sur con una financiación
que en otras reformas de la OCM no se han contenido-- sino que, además,
determinaba unos límites, ya que en las medidas de vendimia en verde
marcaba como límite de financiación el 20 por ciento de las cantidades
que recibiera el país en función de lo que obtuviera para el arranque
obligatorio. Es decir, que establecía como condición «sine qua non» para
recibir una sola peseta el hecho de que se tuviera que arrancar algo de
nuestros viñedos.
El segundo problema: la chaptalización. Independientemente de que sea
cierto que, de alguna forma, en algunos países ha sido durante cientos de
años algo intrínseco a su cultura, no es menos cierto que la cultura de
los viñedos en España se remonta mucho más en la historia de lo que lo
puede hacer la chaptalización, y sin embargo, se la está sometiendo a un
arranque de viñas.
Pero es que, además, por mucho que se explique, el vino se deriva de la
vid y, en cualquier caso, el producto que se está defendiendo por los
países del Norte no es ni más ni menos que un engendro entre la uva y la
remolacha, lo que no tiene nada que ver, en absoluto, con el vino. Y es
más, menos mal que se corrigió, porque pretendían, incluso, poner como
nota de anuncio a los vinos que no estaban sometidos al proceso de
chaptalización una etiqueta, como diciendo: ¡cuidado con éste, que está
sólo hecho de vino, que no está chaptalizado! Hasta esos límites se
llegaba.
Se alcanzó un compromiso intermedio, según el cual no se va a poner nada,
aunque lo lógico sería que en esos vinos se pusiera una etiqueta que
dijera: producto elaborado de la viña y de la remolacha, de la vid, de la
uva y de la remolacha, para que el consumidor se entere de que lo que
está bebiendo no es exclusivamente vino. Sin embargo, eso no se ha
conseguido.
Pero lo más grave es que, sin considerar el sistema de reducción de las
subvenciones para el mosto concentrado --la utilización lógica y
natural--, aquellos países que no tienen la posibilidad de tener unos
determinados grados alcohólicos en sus vinos, que tendrían que lograr
obligatoriamente el enriquecimiento a través, insisto, del derivado
lógico y natural, que es el mosto concentrado. Sin embargo, como su
proceso de elaboración --porque no nos olvidemos que, al final, estamos
en una lucha de intereses económicos exclusivamente-- es mucho más caro
que la sacarosa derivada de la remolacha, resulta que prácticamente a
partir del año 1998 queda prohibido el enriquecimiento por mosto
concentrado y se legaliza la chaptalización en toda la Comunidad Europea,
cuando en países como en España dicha actividad estaba prohibida.
Y, por último, las cantidades de referencia, que son, desde mi punto de
vista también, otra quiebra de los sistemas de equilibrios financieros de
la Comunidad Europea. Si la organización común de mercado de la leche
establecía para España, a pesar de ser mayor consumidor que productor, la
obligación de reducir su propia producción para que otros países que
tenían reconocida la producción histórica la redujeran también pero en
una cuota proporcional, es decir, los excedentes en la OCM de la leche
eran totalmente comunitarios, se mantenía esa producción histórica
de los países y se obligaba a Estados como España, consumidores más que
productores, a bebernos la leche excedentaria de otros países, lo que no
puede ser ahora es que se aplique una medida distinta cuando llegamos al
tema de la OCM del vino y llegamos a aplicar y a entender que los
excedentes debían ser comunitarios.
Si se prohibiera la chaptalización desaparecerían entre 20 y 22 millones
de hectolitros de excedentes en la Comunidad Europea, prácticamente el
problema que se está planteando para la temporada 1995-1996. Sin embargo,
ahora, con esta fórmula híbrida, mixta, en la que se ha mezclado la
producción histórica y otras cantidades, estamos sometidos a una
reducción que, en función de la productividad, en España va a suponer el
arranque entre 250.000 y 450.000 hectáreas y una pérdida de puestos de
trabajo directos de 30.000 a 35.000, afectando principalmente a regiones
en las cuales el viñedo ha sido y es un cultivo fundamental desde el
punto de vista social y en manos de economías modestas y humildes.
Por otra parte, la modificación que ustedes conocen es exclusivamente
parcial. En el tema de los programas regionales lo único que hemos
conseguido ha sido el pasar del 50 al 75 por ciento en la financiación de
las medidas voluntarias por ser un país incluido en el objetivo 1, ya que
regiones que no estén incluidas en éste no van a recibir el 75 por ciento
de esa financiación, sino que se van a quedar en el 50 por ciento. Pero,
a pesar de que esto haya cambiado --y el portavoz socialista tenía razón
cuando decía que el arranque se considera como segunda medida, que es la
B, y la A pasa a la vendimia en verde--, la trampa la hacen después,
porque entre las medidas aprobadas se establece, como decíamos antes, que
la financiación del Feoga será hasta del 75 por ciento para las
complementarias en el caso de objetivo 1, pero, sin embargo, para la
vendimia en verde se establece que la financiación de dicha medida se
adaptará en función de la reducción de producción a la aplicación de la
medida de abandono prevista en el capítulo B. Ahí está la trampa.
Desaparece el 10 o el 20 por ciento que decía el documento, pero vincula
las medidas que salgan del Feoga al arranque obligatorio, es decir, que
indirectamente vuelve otra vez a establecer un arranque obligatorio, o
vuelve a establecer que los programas regionales sean financiados
íntegramente por el Estado miembro, salvo en el caso de que asuma el
arranque obligatorio, y en ese caso recibirá dichos fondos.
Entiendo, señorías, que las modificaciones que se han producido en el
documento aprobado, a pesar de suponer un cierto camino la apertura de
determinadas medidas de protección ecológica, en ningún caso cambian el
problema fundamental. El Senador del Grupo Socialista conoce bien nuestra
región, Castilla-La Mancha, en la que muchos pequeños agricultores han
hecho sus primeros ahorros, su primera fuente de riqueza con unas
hectáreas de viñas y de ahí ha salido su pequeño patrimonio. La viña
forma parte no sólo de la cultura y de la historia, sino también de la
economía única que han tenido muchos agricultores en nuestra tierra. La
mayoría de las explotaciones que están dedicadas a la viña están en manos
de personas y de familias con una economía pequeña y humilde. Por tanto,
esta medida va a afectar fundamentalmente a economías modestas, que no
van a encontrar otro medio de subsistencia. Y esto aparte del problema
ecológico, porque la viña necesita y requiere para su mantenimiento poca
agua en proporción a otros cultivos. Será, pues, muy difícil el cultivar
otro producto, y la determinación del abandono obligatorio durante 25
años sin derecho a replantación supone y va a suponer un grave riesgo de
desertización.
Es por ello que resulta necesario que el Gobierno tome medidas. La
preocupación de los ciudadanos es constante. Los compañeros Senadores del
Partido Popular en La Rioja, que iban a presentar una moción también
similar a la del Grupo Socialista, y tantos y tantos representantes de
las asociaciones agrarias manifiestan que es necesario adoptar medidas.
Nosotros creemos que este acuerdo es un auténtico ejemplo de lo que puede
necesitar un Gobierno a la hora de establecer una negociación. Es lo que
nos han pedido las asociaciones agrarias y lo que nos piden todos los
ciudadanos que están preocupados por esta situación. Pero es necesario
también exigir, con todas las consecuencias y en todos los aspectos, el
que esta medida no se apruebe en los términos actuales. Y es por ello por
lo que inicialmente presentábamos en la enmienda la inclusión de que no
se excluyera ninguna medida. En el debate de la Interpelación le
preguntaba al señor Ministro si estaban preparados para exigir y realizar
el derecho a veto como última solución antes de aprobar esta medida tan
perjudicial para los intereses de España. Yo creo que por eso y por el
esfuerzo de conseguir la unión no ha tenido inconveniente el Grupo
Popular en modificar la enmienda inicial, en no citar una medida
concreta, pero no excluir ninguna, y darle los medios al Gobierno para
que negocie. Porque la cuestión, al final, va a estar en estos momentos
en manos del Gobierno.
Nosotros prestamos nuestro apoyo parlamentario en defensa del sector
agrario, en defensa de nuestras viñas. Estoy convencido de que el
Gobierno valorará este apoyo, estas medidas, pero al final estará en sus
manos, porque son los que se sentarán en esa Comisión.
Yo espero que este apoyo que se le da desde este Parlamento sea utilizado
oportuna y eficazmente para que de alguna forma salvemos una situación
grave y, por supuesto, en esta situación el Gobierno tiene que saber que
debe luchar por todos los medios para exigir que este acuerdo no se
cumpla. Si esta medida se aplica, el daño será irreparable; muchas
regiones se empobrecerán y nos encontraremos con que uno de los puntos
fundamentales del principio de equilibrio financiero entre la Comunidad
Europea no se cumple y que los países del sur, y en este caso España,
retrocederán en gran parte en esa ilusión y esperanza sobre la Unión
Europea que todos tenemos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno de portavoces, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el Senador Virosta tiene la palabra.
El señor VIROSTA GAROZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir desde el escaño puesto que todos los argumentos que este
portavoz pensaba esgrimir han sido ya expuestos, y me parecería ocioso su
repetición. Pero sí quiero manifestar el apoyo a la Moción del Grupo
Socialista, así como a la propuesta de modificación del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Con esta breve intervención también quiero desearle al Gobierno fortuna y
acierto en esta negociación, recordándole que del resultado de estos
acuerdos depende en gran medida la economía y el futuro económico de
algunas regiones como, por ejemplo, la que yo represento, La Rioja.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Virosta.
El Senador Companys tiene la palabra.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, nos encontramos frente a una moción del
Grupo Socialista en la que proponen que el Senado inste al Gobierno para
que proponga en el Consejo de Ministros de la Unión Europea el rechazo de
la reforma de la Organización Común de Mercados del Vino, alegando que en
la propuesta formulada en la Comisión se perjudican los intereses de
España y de los países mediterráneos integrados en la Unión Europea,
consolidándose las prerrogativas de aquellos países que precisan del
enriquecimiento artificial del mosto para aumentar el grado alcohólico
por el sistema de chaptalización.
Señoras y señores Senadores, la propuesta que se ha presentado en la
Comisión es realmente escandalosa, pero a mí personalmente no me
sorprende; de hecho demuestra una vez más que la Comisión en realidad es
un foro donde se discuten y se defienden los intereses de cada país y en
los que la opinión de nuestros representantes, si la valoramos por los
resultados que obtienen, en muchos casos deja bastante que desear.
El Estado español es el tercer país del mundo en producción de vino y el
primero en superficie de viñedo, y hubiese sido natural, a nuestro
entender, que el Presidente de la Comisión antes de hacer la propuesta
nos hubiese consultado y hubiese tenido en cuenta nuestras opiniones,
pero parece ser que eso no ha sido así.
Ahora, el Gobierno parece que se ha posicionado con más dureza en contra
de la aprobación de la reforma de la OCM en el sector vitivinícola, de lo
que todos nos felicitamos, pero habría sido bueno que lo hubiera hecho
también en el momento de la aprobación por parte de la Comunidad del
Reglamento 1.576/1989 del Consejo de 29 de marzo, que permite, entre
otras prácticas, la utilización de aditivos para mejorar la calidad de
los mostos de baja graduación y que obligó en el Estado español a
modificar los artículos 75 y 76 de la Ley 25/1970 del Estatuto de la
Viña, del Vino y de los Alcoholes y que permite la sustitución del
alcohol vinícola por alcohol etílico.
La obligación del Gobierno español era defender los intereses de nuestros
viticultores, evitando que se aprobasen esos reglamentos comunitarios en
los términos que se aprobaron, e intentando en aquel momento que se
hubiese extendido a los países de la Comunidad la prohibición del uso de
aditivos, básicamente azúcares, para mejorar el grado alcohólico de los
vinos. En el caso de que la Comunidad no hubiese aceptado, habría que
haber presionado para obligar la sustitución del uso de azúcares,
normalmente remolacha, por mosto concentrado y rectificado, normativa que
también tenía que haberse hecho extensiva en la producción de cavas y
«champagnes». Si eso no hubiese sido posible en defensa de los intereses
del sector, el Estado tendría que haber hecho una lectura pormenorizada
del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes así como de toda la
legislación concurrente para situar a los productores españoles e
industriales en una posición de máxima competitividad, planteándonos, en
aquel momento, si realmente tenía razón de ser que no se pudiesen
utilizar en el Estado español mostos concentrados y rectificados para la
mejora de los caldos, como ocurre en Italia, aprovechando las líneas de
ayuda que en aquel momento había para ese fin y que llegaban de la
Comunidad, hecho que tenía un doble efecto en los países productores: la
utilización de los excedentes a través del mosto concentrado y la
posibilidad de ofrecer un producto de mayor calidad. Además, en casos
perfectamente delimitados por qué no se podía estudiar también la
posibilidad de poder regar la viña, por ejemplo, el riego de soporte en
años extremadamente secos, como se hace en este momento en Francia; pero
eso desgraciadamente en aquel momento no se hizo y ahora nos encontramos
donde estamos.
La Comisión, en contra de sus propias tesis, vuelve una vez más a
proponer la puesta en práctica de una normativa de obligado cumplimiento
y que va en contra de los intereses de las agriculturas del sur. El
Estado español, con la aprobación de la Ley 25/1970 del Estatuto de la
Viña, el Vino y los Alcoholes, ya se adelantó al tiempo, y realmente esa
Ley ordenó el sector, circunscribiendo su producción a las zonas aptas
para la obtención de buenos caldos, se prohibió el uso de aditivos, y
España apostó por la calidad. Por tanto, con la aprobación del Estatuto
de la Viña, el sector vinícola ya hizo su reajuste.
La propuesta de la Comisión pretende que de las 780.000 hectáreas que
aproximadamente se tendrán que arrancar en el conjunto de la Comunidad,
si prospera la propuesta, casi el 48 por ciento sean en territorio
español. La aplicación de esa normativa comunitaria representaría someter
a nuestro sector a otra reforma a la baja, sobre todo si lo comparamos
con sectores productivos de otros países que no han reajustado
previamente su producción, y cuyas producciones por hectárea son tres,
cuatro y cinco veces superiores a la española, perjudicando otra vez a
aquellos países como el nuestro que en su momento han actuado con
profesionalidad.
La aplicación de esa propuesta comunitaria supondría el arranque de entre
300 y 400.000 hectáreas de viñedo en zonas donde no es posible hacer
cultivos alternativos, como es en la mayoría de las plantaciones del
Estado español, hecho que va totalmente en contra de la filosofía de las
medidas de acompañamiento de la propia PAC, como lo ha demostrado la
voluntad de la Unión Europea, que hace referencia a la potenciación de
los valores medioambientales.
De hecho, el arranque produciría la erosión de esos terrenos y su
posterior desertización.
La pérdida de más de 100.000 explotaciones agrarias afectaría a más de
30.000 empleos directos, la potenciación del desequilibrio de los
territorios que ya tendrían un efecto claramente negativo, y favorecería
la concentración en zonas industriales, dejando amplias zonas del
territorio totalmente abandonadas. ¿Cómo es posible que la Comisión en la
OCM de vacuno de carne, en el momento de su aprobación en la reforma de
la PAC, apoyase su filosofía de ayuda a la producción de canales a las
ganaderías del norte de Europa, fundamentando las ayudas a la obligación
de la producción por el sistema extensivo, o sea pastando, alegando la
importancia del equilibrio medioambiental, y ahora defienda la producción
de unos caldos de baja calidad a los que para ser consumidos se les tiene
que añadir azúcar de remolacha, se producen en tierras que son aptas para
otros cultivos, y condena a una parte del sector vitivinícola del Estado
español a arrancar el único cultivo que puede hacer y que es de excelente
calidad?
Señoras y señores Senadores, uno no acaba entendiendo, y tiene la
impresión de que en materia agraria no lo debemos hacer lo
suficientemente bien en Europa.
Ya hemos dicho en algunas ocasiones que quizá en el momento de la
negociación no acertamos, pero para mí es muy preocupante que en algunos
casos no seamos capaces de hacer cumplir por parte del Estado español los
acuerdos que se han tomado en la Comunidad y que nos son favorables;
porque, de lo contrario ¿cómo podemos explicarnos --y eso no son temas
ligados exactamente a la moción-- que los marroquíes continúen trayendo
más del doble de los tomates autorizados, haciendo caer las producciones
españolas? ¿Por qué los pescadores del norte se han visto obligados a
actuar frente al incumplimiento de los cupos de captura en el caso, por
ejemplo, que vimos en el último pleno? ¿Por qué los sindicatos franceses
año tras año están atacando nuestras mercancías a su paso por la
Comunidad sin que los gendarmes hagan nada, y sin que el Gobierno francés
actúe con la contundencia con que tendría que hacerlo?
Nuestro Grupo, señoras y señores Senadores, va a dar soporte a la moción,
pero sería bueno que el Gobierno no sólo la cumpliera por lo que hace
referencia a la OCM en vinos, sino que actuara con firmeza e hiciera
cumplir el conjunto de normativas comunitarias que se van aprobando y que
en algunos casos son favorables a la agricultura española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Quizá pudiéramos aprobar por asentimiento esta moción. (Pausa.)
Someto a la consideración de la Cámara para, en su caso, aprobarla por
asentimiento, la propuesta de modificación que está suscrita por los seis
Grupos parlamentarios. La Presidencia propone una pequeña modificación en
la redacción. Comienza el nuevo apartado diciendo: «instar al
Gobierno...», y creemos que es más lógico decir: «El Senado insta al
Gobierno...»
Con esa modificación ¿se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Se aprobaría también por asentimiento la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en relación con la anterior sostenida por dicho Grupo, que
modifica, por tanto, a ésta, cuyo tenor literal es el siguiente: «El
Senado insta al Gobierno a que en la defensa en el sector vitivinícola
español utilice todos los procedimientos de negociación que ofrece el
marco de las instituciones europeas sin renunciar a ninguna de las
posibilidades establecidas para la defensa de los intereses nacionales en
los tratados y compromisos de la Unión.»
¿Se entiende aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Finalmente, en relación con la moción original, su tenor literal es el
siguiente: «El Senado insta al Gobierno a que proponga y defienda dentro
del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea el rechazo a
la reforma de la organización común del mercado del vino, propuesta por
la Comisión Europea; que asuma y defienda como propio el Informe
elaborado por la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural del
Parlamento europeo sobre la evolución y futuro de la política
vitivinícola de la Unión Europea, documento consensuado por todas las
organizaciones agrarias españolas y por todos los Grupos políticos del
Parlamento Europeo.»
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Así se declara.
Muchas gracias, señorías.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE PROPONE QUE
EN EL SENO DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y CON
CARACTER PERMANENTE, SE CONSTITUYA UNA SUBCOMISION DE LOS ENTES LOCALES
CON LA ESPECIFICA FUNCION DE PROMOVER LA PARTICIPACION OPERATIVA DE
ESTOS, COORDINADA CON LA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN ORDEN A
CULMINAR EL DESARROLLO OPTIMO DE LA ORGANIZACION AUTONOMICA TERRITORIAL
DEL ESTADO QUE DISPONE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA. (662/000051.)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, por la que se propone que en el seno de la Comisión General
de las Comunidades Autónomas, y con carácter permanente, se constituya
una Subcomisión de los Entes Locales con la específica función de
promover la participación operativa de éstos, coordinada con la de las
Comunidades Autónomas, en orden a culminar el desarrollo óptimo de la
organización autonómica territorial del Estado que dispone la
Constitución española.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que trato de defender, y que prometo que será con la
mayor brevedad posible, pretender un doble objetivo: Primero, dar la
relevancia y trascendencia que en la configuración de nuestro Estado
deben tener las corporaciones locales de acuerdo al papel asignado por la
propia Constitución y en sintonía con las cada vez más relevantes e
importantes funciones que llevan desempeñando los ayuntamientos
democráticos. En segundo lugar, que sea esta Cámara de representación
territorial quien se ocupe y trate directamente aquellos temas sobre la
Administración territorial más próxima, más cercana al ciudadano, que,
sin duda, son las corporaciones locales.
Efectivamente, como todas sus señorías conocen, el Senado ha venido
ocupándose cada vez con más intensidad de los temas que afectan a las
Comunidades Autónomas durante un largo proceso y que ha tenido un
exponente muy importante con la creación de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas. Pero es lo cierto, sin embargo, que ni el
Legislativo ni el Ejecutivo se han ocupado, como hubiese sido deseable,
de la problemática de las corporaciones locales, salvo, bien es cierto,
iniciativas aisladas y dignas de todo elogio, o sobre cuestiones
puntuales que muchas veces se han visto abocadas al fracaso.
En consecuencia, desde mi Grupo parlamentario estamos convencidos de que
ha llegado la hora de ocuparse de un tema trascendental, que es
absolutamente imprescindible para la organización territorial del Estado
y que en todos los países de nuestro entorno tiene un grado de definición
y relevancia muy superior al nuestro. Del acierto en su desarrollo
dependen, sin duda, intereses directos que afectan a la vida de los
hombres y mujeres, de las familias que habitan en los pueblos y ciudades
de cada una de nuestras regiones, y este esfuerzo no admite más dilación.
Ya hace meses, la práctica unanimidad de los alcaldes españoles dieron la
voz de alarma sobre la situación de las corporaciones locales.
Denunciaron ser las grandes olvidadas en nuestro proceso de definición y
configuración territorial, hasta llegar a la actual situación que, sin
pecar ni de alarmismo ni partidismo, porque allí estaban alcaldes de
todos los Grupos con representación parlamentaria, todos los
representantes municipales calificaron en su última asamblea de
insostenible. Se pidió un gran pacto local que abordara los problemas de
las corporaciones locales de todo tipo: insuficiencias financieras para
cumplir adecuadamente por las competencias atribuidas legalmente, así
como las demandadas directa e inmediatamente por los ciudadanos; falta de
la adecuada definición, concreción y ajuste a la realidad de las
competencias de las corporaciones locales; un deficiente desarrollo
legislativo en materias tan importantes como procedimiento administrativo
o sancionador y que --como sus señorías sin duda conocen-- están causando
innumerables problemas a la Administración local; conflictos
competenciales con otras administraciones en determinadas materias que
son ejercidas en concurrencia, en muchos casos descoordinada, con la
Administración Central o Autonómica; injerencias en la autonomía local
con absurdas tutelas que intentan limitar la mayoría de edad de
diputaciones, ayuntamientos, cabildos o consells.
En consecuencia, se hace necesaria una atención directa e inmediata a
esta problemática. Es urgente, señorías, poner manos a la obra, porque
los problemas de los municipios, de los ayuntamientos, son los problemas
más próximos al ciudadano, aquellos que más directa e inmediatamente le
afectan en el desarrollo diario de su vida, pero también es la
Administración más cercana a la que el vecino accede en la esperanza de
resolver su problema, de encontrar cauce a sus inquietudes. Sólo con un
adecuado tratamiento de los problemas de las corporaciones locales éstas
podrán dar cumplida respuesta y satisfacción a estas legítimas demandas
de esos ciudadanos.
Creemos, no sólo por definición de las competencias constitucionales,
sino por convencimiento, que debe ser el Senado, la Cámara de
representación territorial quien se ocupe de esta tarea que por su
importancia debe realizarse en un marco estable, con una atención y
dedicación ordenada y con un programa y esfuerzo continuado. De ahí que
propongamos, a través de esta moción, que en el seno de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas y con carácter permanente se
constituya una subcomisión de los entes locales cuya regulación y
definición se realizará en el propio marco de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas y donde los representantes de las ciudades, de los
municipios o de las provincias puedan hacer llegar su voz, su opinión,
sus preocupaciones. Estaríamos creando un foro adecuado y estable donde
poder canalizar iniciativas y resolver problemas concretos.
Su programa de trabajo sería amplio: financiación, competencias,
autonomía local, modificaciones legislativas, leyes básicas, reglamentos,
coordinación con Comunidades Autónomas, delegación de competencias,
capacidad normativa y sancionadora, etcétera; un montón de trabajo
intenso, pero a su vez apasionante para el que desde mi Grupo les pido su
apoyo.
Son muchas las veces que las corporaciones locales se han sentido solas,
con cierto grado de abandono y frustración por carecer de toda atención a
diferencia de otros órganos, administraciones e instituciones, cuando
realmente los representantes de las administraciones locales saben,
sabemos, como antes decía, que el ciudadano a la administración que
primero llama y espera que su puerta se abra es la de su ayuntamiento.
Por eso, la creación de un marco permanente donde se debatan sus
problemas y se acometan las soluciones sería una gran noticia para los
alcaldes, para los presidentes, pero también para todos los españoles que
creemos que la administración más próxima es la que mejor puede conocer y
resolver los problemas haciendo realidad el tantas veces proclamado
principio de subsidiariedad, para todos los españoles que creemos que la
Constitución definió una organización territorial del Estado que
asegurase la mayor eficacia posible en beneficio de los ciudadanos.
Conseguir llevarla a su fin es una tarea, una responsabilidad, que hoy,
en esta mañana, nos corresponde a nosotros asumir. Si esto es así
habremos dado un gran paso en la configuración del Senado como esa gran
Cámara de representación territorial donde municipios, provincias y
Comunidades Autónomas puedan encontrar un cauce adecuado
para sus iniciativas y para la defensa de sus intereses, un marco para la
necesaria e imprescindible coordinación, de tal forma que, al final, se
pueda cumplir el gran objetivo sin el cual no se justificaría la gran
organización territorial del Estado y, que no es otro que profundizar
para dar un mejor servicio y atender a los intereses de todos los
ciudadanos españoles.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, Senador Acebes, tengo que empezar mi
intervención expresándole que compartimos, en términos globales, el
diagnóstico que su señoría ha hecho de la situación de las corporaciones
locales. No sólo es un diagnóstico compartido por el Grupo Parlamentario
Socialista, sino que lo es por el conjunto de los grupos parlamentarios
de esta Cámara y por el amplio mundo de las corporaciones locales de
nuestro país.
He querido intervenir en un turno en contra porque la posición del Grupo
Parlamentario Socialista va a ser la de votar negativamente a su moción.
Voy a tratar de explicarle por qué a lo largo de estos minutos. Se puede
coincidir en el diagnóstico, pero se puede tener una divergencia en un
cauce instrumental, en una propuesta organizativa en definitiva, en un
tema adjetivo, en principio no sustancial, no sobre el fondo del asunto,
que es la fórmula idónea de tratar esa temática en el Senado.
Su señoría sabe que cuando se produjo la reforma del Reglamento de la
Cámara, después de arduas tareas en Comisión, para crear la Comisión
General de las Comunidades Autónomas se tomó una decisión, a mi juicio
acertada, que fue la de hacer confluir en esta Comisión, en la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, toda la problemática relativa a la
organización territorial del Estado; una organización territorial que no
tiene, evidentemente, sólo dos escalones, el escalón del Gobierno y de la
Administración general y el escalón de las instancias y Comunidades
Autónomas, sino que dispone de un escalón político de participación, de
gestión de servicios, que es el mundo de las corporaciones locales de un
gran arraigo en nuestras tradiciones administrativas y políticas y con el
que nosotros, los socialistas, nos consideramos intensamente
comprometidos.
Me parece, señoría, que si el objetivo de su propuesta es el de
establecer un cauce que permita, en el seno de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, canalizar iniciativas y problemas concretos, como
su señoría ha dicho, la fórmula que han propuesto sus señorías no es la
más acertada. Ese es el fundamento de nuestra oposición a la moción que
ustedes han presentado y defendido.
A nosotros nos parece que habría que canalizar iniciativas y problemas
concretos que se refieran a la dificilísima situación financiera de las
corporaciones locales, a la clarificación de su esfera competencial, a la
mejora de su normativa fundamental, plasmada en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local del año 1985, y quizás ha llegado el momento de ir
reflexionando sobre la misma y de perfeccionarle. Esta ley supuso un
impulso muy importante para la modernización de la gestión de las
corporaciones locales, pero seguramente, como todo en la viña del Señor,
ha producido también algunos efectos no deseables y en algunos aspectos
se ha quedado un tanto obsoleta o anticuada. En concreto, habría que
examinar el dispositivo legislativo que se refiere a las corporaciones
locales.
El cauce más adecuado sería que en el seno de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas se crearan, como en su día ofreció el Grupo
Parlamentario Socialista a través de mi compañera, la Senadora Gemma
Zabaleta, ponencias formadas por todos los grupos políticos que abordaran
esas iniciativas o problemáticas concretas. No debemos crear una especie
de subforo porque hacerlo podría entrañar, en términos políticos, una
cierta devaluación política. Debe ser la propia Comisión General de las
Comunidades Autónomas en pleno la que aborde con el mismo rango de
importancia política los temas autonómicos y los temas locales.
Su señoría sabe que hay iniciativas gubernamentales que se refieren tanto
a la temática competencial en el ámbito del pacto local, como a la
temática y la problemática financiera de las corporaciones locales en el
marco de las conversaciones que se están celebrando para despejar un
sistema de financiación para el próximo quinquenio. Temas que su señoría
ha señalado y que están necesitando de urgentes soluciones en las
corporaciones locales están tramitándose, están en marcha. Traigámoslos a
esta Comisión. Constituyamos para tratar esos aspectos o problemas, para
tratar las diversas vertientes de la problemática local, ponencias
específicas. Consideramos que estas ponencias son un cauce más adecuado
que el que sus señorías proponen.
Finalmente, querría hacer un breve comentario. Todos lo portavoces de los
diferentes grupos políticos hemos estado desarrollando, en el seno de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, un trabajo serio en un
clima de máxima colaboración. A mí me parece, y ésta es la sugerencia que
quería hacerle a su señoría y al resto de las señoras y señores
Senadores, que sería bueno que este tipo de iniciativas fuesen formuladas
ante la propia Comisión. Una moción como la que hoy defiende su señoría,
quizás hubiera permitido un tratamiento más detenido, un margen mayor
para llegar a acuerdos totales o parciales, si se hubiese discutido en el
seno de la propia Comisión donde, le reitero, los portavoces de todos los
grupos políticos y la propia Mesa estamos trabajando, pues todos sabemos
que hemos constituido un órgano un tanto especial en la estructura de la
Cámara, en un clima constructivo y de máxima colaboración. Por lo tanto,
no entienda su señoría nuestro voto en contra como la expresión de una
posición cerrada, ni dogmática, ni tampoco como un juicio de desvalor
para la moción que su señoría ha presentado. Nos parece que, frente al
instrumento de crear una subcomisión permanente en el seno de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, es más adecuado, a nuestro juicio,
crear ponencias específicas para cada una de las vertientes de la
problemática de las corporaciones locales --que yo también conozco porque
me siento vocacionalmente, desde el punto de vista político, unido a
ellas--, y tratar los grandes temas en la Comisión en pleno para darles a
los mismos el mismo rango que a los temas autonómicos.
Nada más, señorías, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos el turno de portavoces para los Grupos parlamentarios que no han
hecho uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar debo felicitar al Senador señor Acebes por su
entusiasmo municipalista, el cual, dicho sea de paso, también
compartimos.
Comienzo esta intervención señalando que es necesario aludir a dos
cuestiones de carácter formal que nos ha suscitado esta moción. En primer
lugar, se propone la constitución de una subcomisión de los entes
locales, y precisamente el empleo del término subcomisión es el que nos
plantea la duda de si no precisa una mayor clarificación, dado que no
viene recogido como tal término en el vigente Reglamento de la Cámara;
concretamente, el Reglamento contempla la existencia de ponencias, pero,
insisto, no figura el concepto subcomisión, el cual, a nuestro entender,
quizá debiera omitirse por mayor rigor y claridad terminológica y
sustituirse por otros ya previstos reglamentariamente.
Hecha esta precisión, otra cuestión de orden formal --y, a mi juicio, más
importante que la que hemos enunciado-- es la ausencia efectiva de la
participación de los entes locales antes de la presentación de esta
moción. Es decir, pensamos que en la fase ascendente de la toma de las
decisiones podrían haber sido consultados los entes locales, por lo menos
a nivel de sus asociaciones más representativas. Consideramos que esta
omisión puede suponer una vulneración del artículo 137 de la
Constitución, en el que se establece precisamente el principio de la
autonomía de los entes locales, por cuanto que entendemos la autonomía
como el derecho a participar de una forma efectiva en los asuntos que
afectan a las entidades locales. Si prosperase la moción que ahora
debatimos nos encontraríamos, desde nuestro punto de vista, con un hecho
insólito: los entes locales, singularmente las provincias y los
municipios, no tomarían parte en la adopción de una decisión que les va a
afectar directamente y con dos efectos adicionales negativos.
En primer lugar, se pierde la perspectiva enriquecedora que los entes
locales, por su experiencia, pueden aportar a esta Cámara a la hora de
tomar una decisión que afecta, precisamente a la vida local. Por otro
lado, estos entes locales accederían tardíamente al conocimiento de una
decisión adoptada por otra institución con nula participación, como
señalábamos anteriormente, en el proceso de la formación de la voluntad
de esta Cámara.
De otra parte, señorías, nos resistimos a pensar que esta moción pueda
tener la finalidad de resucitar algún tipo de control propio del régimen
de tutelares sobre las corporaciones locales, sólo que esta vez
trasplantado al Senado vía de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas. No ocultamos nuestro recelo, aunque también hay que decir que
ha sido disipado en cierta medida por su acertada intervención en este
sentido, con el ardor municipalista que ha empleado usted, señor Acebes.
Pero de ahí nuestro interés en recordar con insistencia que es la propia
Constitución la que hace de la autonomía el principio por excelencia del
ordenamiento local.
Engarzado este razonamiento con el que exponíamos al comienzo de nuestra
intervención, relativo al empleo, a nuestro juicio no adecuado, del
término subcomisión y a su naturaleza jurídica, nos encontraríamos con
que la moción en debate propone constituir una subcomisión de los entes
locales con la función de propiciar la participación operativa de éstos
sin que, precisamente, puedan participar en la subcomisión, puesto que no
existe cauce reglamentario para esta participación de los entes locales.
A nuestro entender, el único resquicio practicable que ofrece el
Reglamento de esta Cámara es el último párrafo del artículo 67, que se
refiere a la facultad que asiste a las Comisiones para solicitar la
presencia de otras personas --estoy pensando en los alcaldes, en los
presidentes de las respectivas diputaciones-- que no sean las enunciadas
en el párrafo primero de este artículo, para ser informadas sobre
cuestiones de la competencia de la subcomisión que se trata de crear. Y,
señorías, convendrán conmigo que no es lo mismo participar de forma
operativa, tal y como pretende esta moción, que informar a una comisión,
que es lo único que podrían hacer los presidentes de las respectivas
diputaciones provinciales, los alcaldes en su caso, presidentes de
mancomunidades o consorcios; es decir, serían meros agentes informativos,
nunca serían parte ejecutiva.
Y también debemos señalar que desde una perspectiva competencial y en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entendemos --creo que con
adecuado criterio-- que una vez promulgada la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución, la
competencia del Estado cede ante la competencia de aquellas Comunidades
Autónomas que por su propio Estatuto han asumido con carácter exclusivo
la competencia en materia de régimen local, como es el caso de la
Comunidad Autónoma vasca a través del artículo 10.4 del Estatuto de
Guernica. Esta conclusión viene respaldada por la Disposición Adicional
Primera de la Constitución, por la Disposición Adicional Segunda de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y por la Disposición
Adicional Primera del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, además de por la propia Ley del
Concierto Económico de 13 de mayo de 1981.
Por si esto fuera poco, en el País Vasco tenemos un peculiar sistema
interno de distribución competencial, que se verifica a través de la
conocida popularmente como Ley de Territorios Históricos, LTH, que
atribuye singulares competencias en materia de régimen local a las
Diputaciones
como ejecutivo y a las Juntas Generales como poder parlamentario dentro
de cada territorio histórico. Por esto nosotros llegamos a la conclusión
--creemos que sin ningún esfuerzo distorsionador de la hermenéutica
jurídica-- de la que la competencia para propiciar una participación
operativa y efectiva de los entes locales en la vida parlamentaria
tendría que canalizarse a través de las respectivas Juntas Generales y a
través de nuestro Parlamento autonómico, que es el Parlamento Vasco, una
vez oído el criterio de las asociaciones municipales más representativas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Roig.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió para fijar nuestra posición en relación con
la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, y que pretende que
se constituya una subcomisión de los entes locales en el seno de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas.
No voy a abundar en ciertos puntos que ha resaltado el Senador Ricardo
Sanz sobre el aspecto reglamentario, pues nosotros entendemos también que
en estos momentos, y vista la estructura del Reglamento de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas, éste no permitiría, al menos con
facilidad, que aquello fuera un foro donde los ayuntamientos, los entes
locales, las diputaciones, etcétera, pudiesen ir a plantear sus
problemáticas, sus reivindicaciones. A nosotros nos parece que esto es
muy importante desde un punto de vista reglamentario y que quizá se
hubiese tenido que prever con anterioridad, si bien, lógicamente, y esto
ya lo adelanto, con nuestra posición en contra porque no entendemos que
la Comisión General de las Comunidades Autónomas sea el cauce.
Vaya, pues, por delante nuestro voto en contra a esta emoción y, por
consiguiente, nuestra negativa clara, concisa y sin matices a la creación
de esta subcomisión.
La creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas puede
suponer un paso importante en la estructuración del Senado como verdadera
Cámara territorial, pero esto no depende sólo de una cuestión
reglamentaria, sino de la voluntad política de la Cámara.
La creación de esta subcomisión representa o no entender lo que suponen
las Autonomías, que son Estado y tienen responsabilidades de Estado, o
intentar mantener un discurso que ignora la realidad plurinacional y
plurirregional del Estado español.
En mi intervención en el Pleno del día 9 de marzo, cuando se debatía la
reforma del Estatuto de Cantabria, pregunté a la Cámara qué sentido había
tenido la creación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y
lo hice precisamente en relación con ciertas propuestas que pretendían
cerrar procesos autonómicos.
Hoy puedo volver a hacer la misma pregunta y reiterar nuestra demanda de
enterrar viejos recelos, superar miedos atávicos y caminar sin complejos
hacia la plena construcción del Estado de las Autonomías.
Entendemos que la introducción de los entes locales en la Comisión es
hacer un flaco favor a este proceso y es, además, un menosprecio a los
mismos entes locales, porque creo, con la responsabilidad que implica mi
condición de Alcalde, que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular
minimiza y pone en entredicho el verdadero valor de las administraciones
locales, que tienen suficiente entidad para plantear sus propuestas en
otros foros que no sea el de la Comisión General.
Es cierto que hay aspectos que afectan a los ayuntamientos, a las
diputaciones, a los cabildos, etcétera, que deberán ser planteados en
esta Cámara, pero hay que tener en cuenta que una gran parte de aquellos
aspectos que el señor Senador ha citado, como son los competenciales o de
subsidiariedad, deberán ser discutidos en las respectivas Cámaras
Autonómicas.
Señor Presidente, señorías, por todo esto reiteramos nuestro voto
desfavorable a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Roig i Grau.
Señor Acebes, ¿en virtud de qué artículo solicita la palabra?
El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, por el artículo 87.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero despejar algunas de las dudas, porque son importantes para las
corporaciones locales, como la que ha planteado el portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que decía que se ha
hecho sin contar con los ayuntamientos. Creo que en el texto de la misma
se recogía cuál iba a ser la formulación posterior, es decir, que la
moción, una vez aprobada, pasase al seno de la Comisión y de ahí se
iniciase el procedimiento de consultas. Iniciar una consulta con el éxito
obtenido era abrir una esperanza más a las corporaciones locales, porque
luego se les cierra el camino en este largo y difícil proceso que han
iniciado hace tiempo.
Quiero decirle al Senador, portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, algo que, como alcalde, se le ha escapado.
Decir que las corporaciones locales no forman parte del Estado ha sido
una desviación que, sin duda alguna, no ha querido llegar a expresar,
pero eso le he creído entender. En cualquier caso, las corporaciones
locales, los ayuntamientos y las diputaciones son, forman y serán parte
integrante del Estado español.
El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me daba la razón en todo
para decir al final que iba a votar que
no, por otra parte con una excusa bastante hábil. Mi Grupo no pretendía
en ningún caso minusvalorar a las corporaciones locales con la
subcomisión, ni crear una ponencia o entrar en conjunción y en revolución
cuando esta Comisión está pensada para las Comunidades Autónomas, pero
creo que las corporaciones locales precisan y necesitan un ámbito
estable, permanente y seguro donde poder discutir sus propios temas. Es
decir, que el Senado sea para las corporaciones locales esa Cámara que
tiene algo suyo y no crear una ponencia para un tema concreto --eso lo
podremos hacer en esa Comisión y se podrá discutir en Pleno--, sino que
las Corporaciones Locales sepan que en esta Cámara, en la Cámara de
representación territorial tienen un marco previamente establecido,
ordenado y programado que pueda defender y representar sus intereses, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Pero no
olvidará el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió que los máximos problemas competenciales de
financiación y de ordenación legal no se están produciendo con las
Comunidades Autónomas, sino con la Administración del Estado. Si
resolviésemos todos esos problemas daríamos un paso adelante muy
importante.
Creo que los ayuntamientos y las diputaciones hoy han perdido una gran
oportunidad, pero también esta Cámara en ser no sólo la representante de
las Comunidades Autónomas, sino de tantos ayuntamientos que no encuentran
ese cauce adecuado de expresión y representación.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Pérez García tiene la palabra en virtud
del artículo 87.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, sólo intervengo para expresar al
Senador Acebes que tenemos que seguir trabajando sobre su propuesta. Es
obligación de todos dar a las corporaciones locales el cauce
parlamentario más adecuado, por tanto, trabajemos sobre ello. Quizá no
sea la forma más adecuada plantearlo de sopetón, pero le aseguro que
tenemos el pleno compromiso de seguir trabajando en que esta Cámara sea
la Cámara territorial, y ser la Cámara territorial es ser la Cámara que
represente la compleja estructura de nuestro Estado descentralizado, toda
ella. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Roig tiene la palabra.
El señor ROIG I GRAU: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Acebes, yo en ningún momento he dicho que las corporaciones
locales no sean Estado, sino que las Autonomías son Estado, pero no he
dicho lo contrario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se propone que en el seno de la Comisión General de
las Comunidades Autónomas, y con carácter permanente, se constituya una
subcomisión de los Entes Locales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 82; en contra, 116; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pido un minuto de atención, especialmente para los miembros de la
Comisión de Sanidad, que había sido convocada para esta tarde, pero
parece que existe un acuerdo general para que, a continuación, en la Sala
20.002, de evocación julioverniana, se reúnan con el fin de proceder a la
consecución del acuerdo pretendido.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cincuenta minutos.