Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 26, de 10/03/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 26
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 10 de marzo de 1944
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados. (Continuación.):
--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie III B, número 11, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de
expediente S. 605/000011) (número de expediente C. D. 127/000014.)
Toma en consideración de proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley
Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
(Autor: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.) (Publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A,
número 9, de fecha 15 de febrero de 1994) (número de expediente
622/000007).
--Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 86, de
fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente 542/000026).
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que
sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el
Reglamento de la propia Comisión número 1442/1993, y a que plantee a la
misma la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la
organización común de mercados (OCM) de frutas y hortalizas, Reglamento
del Consejo de las Comunidades Europeas número 1035/1972. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 48,
de fecha 30 de noviembre de 1993) (número de expediente 662/000026).
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar
el problema social de las familias monoparentales en España, así como su
cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en
orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la
información y el derecho a una política educativa de becas, vivienda,
formación para el empleo, fiscales y de protección social. (Publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 86,
de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente 662/000044).
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el
Senado insta al Gobierno para que por parte de la sociedad estatal
Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A. (Aldeasa) no se
instalen en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las
tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free». (Publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 53, de
fecha 9 de diciembre de 1993) (número de expediente 662/000028).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la
Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón (Página 1246).
El señor Calvo Lou, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista,
defiende una propuesta de veto a la Proposición de ley. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Calvo Lou, por el Grupo
Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Garzarán García, por el Grupo Popular, y Sáenz
Lorenzo, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los señores Calvo
Lou y Garzarán García.
Se rechaza la propuesta de veto del señor Calvo Lou por 9 votos a favor y
204 en contra.
El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 14, suscritas
asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Garzarán García, por el Grupo Popular; Ferrer i
Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Sáenz Lorenzo, por el Grupo Socialista.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 14, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 3 votos a favor y 206 en contra.
Se aprueban el artículo único y la Exposición de Motivos de la
Proposición de Ley Orgánica de reforma del estatuto de Autonomía de
Aragón, según el texto del dictamen, por 207 votos a favor, 2 en contra y
1 abstención.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO
Proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley
Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
(Autor: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado) (Página 1256)
El señor Travieso Darias anuncia la retirada de la Proposición de ley del
Grupo de Coalición Canaria.
Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades (Página 1257).
El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen. Al no proponerse ninguna incompatibilidad, se aprueba por
asentimiento de la Cámara.
MOCIONES
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
se eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que
sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el
Reglamente de la propia Comisión número 1442/1993, y a que plantee a la
misma la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la
organización común de mercados (OCM) de frutas y hortalizas, Reglamento
del Consejo de las Comunidades Europeas número 1035/1972 (Página 1257).
El señor Segura Clavell defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Sepúlveda Recio, por el Grupo Popular, y Segura
Clavell, por el Grupo Socialista. El señor Barbuzano González interviene
de nuevo por alusiones. Asimismo lo hace el señor Segura Clavell.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que
constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el
problema social de las familias monoparentales en España, así como su
cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en
orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la
información y el derecho a una política educativa de becas, vivienda,
formación para el empleo, fiscales y de protección social (Página 1266).
La señora Zabaleta Areta defiende la moción. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Torrontegui Gangoiti, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Codina i Castillo, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora
Urzay Urquiza, por el Grupo Popular, y la señora Zabaleta Areta, por el
Grupo Socialista. La señora Urzay Urquiza interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por 215 votos a favor de los
215 emitidos.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el
Senado insta al Gobierno para que por parte de la sociedad estatal
Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A. (ALDEASA) no se
instalen en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las
tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free» (Página 1273).
El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de
modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
El señor Travieso Darias defiende la moción originaria. El señor Gilbert
i Bosch defiende la moción alternativa. En turno de portavoces, hacen uso
de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Sala i Canadell, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, así como la señora Luzardo Romano, por el
Grupo Popular El señor Travieso Darias vuelve a intervenir por alusiones.
El señor Bayona Aznar propone mejorar la redacción de la propuesta de
modificación, y da lectura al texto definitivo.
Se aprueba la moción alternativa, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, por 206 votos a favor de los 206 emitidos.
Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación).
--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE
ARAGON (S. 605/000011) (C. D. 127/000014).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto número 31 del orden del
día: Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en
relación con la Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón
Hay una propuesta de veto que va a ser defendida por el Senador Calvo
Lou, que tiene la palabra.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no sé si ser los últimos tendrá algo que ver con el axioma
evangélico «Los últimos serán los primeros.» ¡Ojalá!
Intervengo en nombre del Partido Aragonés para defender el veto a la
Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón. La posición del Partido Aragonés es bien conocida, puesto que la
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ha dado lugar a un amplio
debate en la sociedad aragonesa a través de los medios de comunicación,
de manifestaciones masivas en pro de su autonomía, de debates en las
Cortes de Aragón, como respuesta del pueblo aragonés por conseguir la
plena autonomía.
Debo confesar que se siente una cierta desazón cuando, aun sabiendo que
tenemos el respaldo de la mayoría de los aragoneses --y trataré de
demostrarlo--, se sabe de antemano que se va a tropezar con un muro
infranqueable --como se puso ayer en evidencia con las enmiendas que
presentó Izquierda Unida, que eran muy asumibles pero que fueron votadas
todas en contra--, ese muro impuesto desde fuera y donde la voluntad
ocasional de los Partidos subordina la voluntad permanente de la
Constitución. No obstante, esperamos contar con los votos de aquellos que
creen en el Estado de las Autonomías, que defienden la igualdad y que
trabajan porque se cumpla el mandato constitucional.
En la justificación del veto se dan las razones que lo promueven, que son
muy simples pero también muy profundas. Primera, el texto de la
Proposición no recoge la aspiración de Aragón a la plena autonomía.
Segunda, se perpetúa la desigualdad por razón de la Comunidad en la que
se reside. Y, tercera no se promueve la reforma resultante del texto
elevado a las Cortes de Aragón, sino los acuerdos del Pacto Autonómico.
Creo que debemos aclarar qué entendemos por plena autonomía para evitar
equivocaciones: simplemente es aquella que incluye todas las competencias
que la Constitución contempla, sin excepción, y no quedan coartadas por
pactos entre Partidos que impongan limitaciones a la capacidad de gestión
que Aragón reclama. En definitiva, son las razones que nos movieron a
oponernos a la Ley 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de
competencias y antes al Pacto Autonómico entre el Partido Popular y el
Partido Socialista Obrero Español. Entonces dijimos --y hoy lo
repetimos-- que no se resuelve el problema, que solamente se aplaza y que
el tiempo siempre tiende a agravar los problemas.
Se ha querido hacer ver a la opinión pública que esta reforma del
Estatuto, que incorpora las competencias de la Ley de transferencias a
las Comunidades del artículo 143, era un avance importante en la
igualación de competencias entre las distintas Comunidades, e incluso así
se decía explícitamente en el preámbulo de la mencionada Ley y así
también lo dejaron entrever algunos portavoces de los que actuaron ayer.
Pero nada más lejos de la realidad. Las competencias que se incorporan no
son las mismas, ni mucho menos, que las que llevan ejerciendo las
Comunidades del artículo 151 desde hace ya muchos años, y que no se
interpreten mis palabras como una crítica a esas Comunidades, sino como
el sano deseo de que Aragón tenga las mismas posibilidades.
Sin ser exhaustivo, y a modo de ejemplo, citaré algunas. Por ejemplo,
Régimen Local, competencia exclusiva de todas las Comunidades del
artículo 151 en distintos artículos de sus Estatutos; Enseñanza es
también competencia plena de esas Comunidades.
En la proposición de reforma, aunque se menciona esta competencia, se
reduce al desarrollo legislativo, no se equipara en absoluto a la de
aquellas otras formaciones de otras fórmulas estatutarias.
Más ejemplos: Policía propia. Todas las Comunidades del artículo 151
pueden disponer de Policía propia. Hasta los pequeños ayuntamientos
tienen policía municipal. Pues bien, la proposición de reforma que
enmendamos no permite que Aragón tenga autonomía plena.
Otro ejemplo: el del SEPES. Aragón tiene reconocida competencia plena en
su actual Estatuto sobre ordenación del territorio. Este título tendría
que ser suficiente para ostentar la titularidad del patrimonio del SEPES.
Pues no, tampoco: ni siquiera se prevé en la reforma del Estatuto que hoy
estamos vetando.
Hay multitud más de ejemplos, pero no voy a cansar a sus señorías.
De otra parte, la proposición que debatimos sólo se refiere a algunos
artículos relativos a competencias y, por lo tanto, rechaza que se
modifique el resto de los títulos y artículos del Estatuto vigente. ¿Qué
significa entonces este rechazo?
Significa que Aragón no puede llamarse nacionalidad histórica; significa
que el Presidente de la Diputación General, a diferencia de lo que sucede
en aquellas otras
Comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la
Constitución, no puede disolver las Cortes, y ello cualesquiera que sean
las circunstancias políticas que existan. Significa igualmente que no
pueden suprimirse limitaciones tan absurdas como las que restringen el
número de departamentos de los que puede componerse la Diputación General
de Aragón, algo que ofende al sentido de la responsabilidad de quien
gobierna. Significa, en fin, que no se puede tocar ni una coma de otros
preceptos del actual Estatuto, como las que regulan las relaciones de la
Comunidad Autónoma con las corporaciones locales y el régimen de Economía
y Hacienda.
Creo que lo expuesto es más que suficiente para demostrar que esta
proposición de reforma del Estatuto no permite a Aragón alcanzar la plena
autonomía que hemos definido anteriormente, y aún más: en cierto modo
contribuye a restringirla, pues reduce las competencias exclusivas que ya
tiene reconocidas en su actual Estatuto en materia de ordenación
hidráulica, asunto de vital importancia para Aragón.
Señorías --insisto--, creo que existen razones suficientes para que se
rechace este proyecto de reforma que, a nuestro modo de ver, a nada
conduce y que sólo sirve para frenar la reforma auténtica del Estatuto
para conseguir la autonomía plena que Aragón ha reclamado en todos los
foros y principalmente en la calle.
Al principio de mi intervención he dicho que tenía el respaldo de la
mayoría de los aragoneses, lo que puede sorprender a sus señorías puesto
que soy el único Senador por el Partido Aragonés; pero, paradójicamente,
así es, puesto que los partidos firmantes del pacto autonómico han
iniciado con el resto de partidos en las Cortes de Aragón las gestiones
para consensuar un Estatuto de autonomía plena.
En el debate de las Cortes de Aragón celebrado hace ya un año con ocasión
de esta misma proposición de ley, el Partido Popular decía textualmente:
El Partido Popular no renuncia a la plena autonomía; puede ser el mes de
junio, como muy largo, y verán ustedes cómo el Partido Popular no se
achanta, al contrario, va a reclamar lo que hoy piden los aragoneses. Y
todavía más: El Partido Popular no va regatear esfuerzos para ponerse a
la cabeza y buscar el apoyo de todas las fuerzas de esta Cámara y los del
Partido Popular en aquellas instituciones que haga falta, para conseguir
la plena autonomía.
Es decir, que el portavoz del Partido Popular reconocía explícitamente
que la reforma que se estaba debatiendo --esta misma reforma-- no era de
plena autonomía, y también se reconoce explícitamente que es la plena
autonomía la que reclaman los aragoneses, y que es la que yo hoy
defiendo.
A esta postura dubitativa del Partido Popular apoyando lo que luego sería
reformar, respondía el Grupo Parlamentario Socialista en aquellas fechas
con un no rotundo. No obstante, a esta postura intransigente del Partido
Socialista ha seguido un cambio radical desde que detenta la Presidencia
de la Diputación General de Aragón, con el voto de un tránsfuga. El PSOE
hoy, en Aragón, no sé si con el permiso de sus superiores en Madrid, está
inmerso en una operación de maquillaje autonomista, y como resultado de
ella podemos leer lo que decía la prensa el 15 de diciembre de 1993:
«Marco adelanta el proceso por la plena autonomía». Ese mismo día,
también se podía leer en este medio: «Me dejaré la piel por la autonomía.
No existe ninguna razón para que ninguna Comunidad Autónoma se sitúe un
centímetro por encima de nosotros». El día 19 de ese mismo mes, el
Secretario de Organización del PSOE en Aragón, decía: «Con la autonomía
no hemos estado atinados. El 23 de abril puede haber ya reforma amplia.
El PSOE acepta el reto para obtener la autonomía plena antes del 23 de
abril.» El 13 de enero de 1994, el Presidente de las Cortes de Aragón
reunía a los grupos para consensuar la reforma plena. El 26 de enero de
1994, en grandes titulares de prensa podíamos leer que el PSOE aceptaba
el término de nacionalidad aragonesa en la reforma del Estatuto,
etcétera.
Creo que no hace falta más para convencer a sus señorías de cómo en
Aragón se está por la plena autonomía. Pero, ¿son verdaderamente sinceras
estas manifestaciones del Partido Popular y del Partido Socialista o son
solamente una estrategia electoral? Si son sinceras --y yo no tengo por
qué dudarlo en estos momentos--, si están de acuerdo sus ejecutivas
nacionales, no tiene sentido esta reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón que hoy debatimos; no tiene sentido aprobar hoy esta raquítica
reforma para que, dentro de dos o tres meses, haya que iniciar un nuevo
debate para una reforma en profundidad. Sería mucho más operativo
rechazar esta proposición e iniciar el proceso de la reforma amplia,
porque ahorraría tiempo a sus señorías e incertidumbre a los aragoneses.
Si la política responde verdaderamente a los postulados de la lógica,
como debiera ser, y las palabras a la verdad, ésta sería la única salida
razonable. Pero también puede suceder que las palabras sólo respondan a
una operación de maquillaje y que sea en el pozo de la verdad donde
quieran enterrar el derecho de Aragón a la plena autonomía. Yo creo que
sería un grave error.
El lenguaje de los grupos parlamentarios del Partido Popular y del PSOE
en Aragón es una clara demostración de que Aragón está por esta plena
autonomía. Demuestren, pues, con los hechos, lo que en Aragón pregonan
con palabras, sean congruentes, no tengan dudas. Aragón no es un peligro
para nada. En Aragón, además, somos tenaces y conseguiremos la plena
autonomía. No mantengan la incertidumbre y maten la ilusión de los
aragoneses.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo
Lou.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Calvo Lou, en una clara
duplicidad de funciones.
El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Podía empezar diciendo, no habiendo turno en contra, que el que calla
otorga. No obstante, es evidente que en este caso no va a ser así, y para
justificarlo seguramente me dirán que esta reforma, como se dijo también
ayer muchas veces, viene avalada por la mayoría de las Cortes de Aragón,
como el resto de los Estatutos que se vieron ayer.
Yo creo que ése es el resultado de la obediencia debida, que pone en duda
la autonomía de esos parlamentos que, de autónomos, se quedan solamente
en nomos. Ya saben que el nomo era una división administrativa del
antiguo Imperio egipcio dirigida por los más fieles servidores del
faraón. Pero a mí me gustaría que me explicaran, en el turno que sea, por
qué un ciudadano español, nacido en la margen izquierda del río Algás, un
pequeño río que está en el límite de las provincias de Teruel y
Tarragona, no puede tener los mismos derechos políticos que un ciudadano
nacido en la margen derecha. Yo creo que ésa es la cuestión.
A lo largo de las intervenciones de los portavoces hemos podido constatar
ayer, cómo celebrando todos esta reforma y felicitándose por ella,
quedaba en sus palabras un deje de amargura expresado con fe en el futuro
para que esta reforma tan excelente dejase paso a una verdadera reforma.
Nosotros también nos apuntamos a eso, pero nos apuntamos ya.
Para finalizar, quisiera dar una explicación a los representantes de
otras Comunidades Autónomas puesto que, en Comisión, yo me abstuve en
todos los Estatutos porque creía que aquello que yo quería para Aragón
eran extensibles a todas. No obstante, ayer mi voto fue favorable, aunque
apoyé las enmiendas de Izquierda Unida, porque así me lo pidieron y
porque me lo solicitaba no sólo una parte de los parlamentarios de esas
Comunidades Autónomas, sino prácticamente todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente. Buenos días,
señoras y señores Senadores. Utilizo este turno de portavoces que nos
concede el Reglamento de esta Cámara para exponer nuestra postura y
algunos puntos de reflexión acerca del único veto que se ha interpuesto a
esta retahíla de ratificaciones de leyes orgánicas para las distintas
Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143,
conocida vulgarmente como las de vía lenta.
Expongo estas reflexiones en nombre propio y como vocal representante del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la Comisión
General de las Autonomías, en lugar de nuestro portavoz, que tuvo que
ausentarse a última hora de ayer a nuestro País Vasco, donde le esperaban
otras citas.
Señorías, hoy continuamos con el orden del día establecido por la Mesa y
por los portavoces, que, como es habitual, habían hecho grandes cálculos.
Se difundió que lo más probable, visto los pasos que se habían dado ya en
Comisión y anteriormente en otros debates, era que el Pleno acabaría ayer
por la noche, pero no fue así. No se cumplió la previsión y, por tanto,
hoy estamos descansados y creo que más sosegados, aunque he visto que en
esta Cámara todavía hay voces que no sé si se toman muy en serio la
cuestión de las Autonomías. Sí quisiera dejar claro que, al menos sí
estamos más descansados.
Como todos ustedes, señoras y señores Senadores, hemos sido testigos de
excepción en cuanto que hemos tenido que ratificar una serie de leyes
orgánicas para la construcción del nuevo Estado de las Autonomías. Sin
embargo, aparte de algunas intervenciones muy interesantes y sinceras por
parte, normalmente, de Senadores procedentes de cada territorio
autonómico, quienes expusieron con pasión su agradecimiento a los nuevos
poderes de descentralización --sobre todo administrativa-- y
concentración en su propio territorio, no tuvo demasiada trascendencia,
al menos en la prensa que hemos podido leer en el día de hoy. En alguna
dedican como seis escasas líneas a esta aprobación de la ratificación a
la que ayer dedicamos casi todo el día, que es la construcción del futuro
del Estado de las Autonomías.
Voy a exponer nuestra posición como Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos sobre la trayectoria que se ha desarrollado en esta
Cámara, que sigue pretendiendo representar a la realidad plurirregional,
plurinacional o, en definitiva, plural, pero con claras singularidades y
especificidades que quizá hayamos denunciado hasta la saciedad. Por
tanto, no vamos a entrar de nuevo en ello ni a repetirnos, porque, en
aras de la brevedad, creo que nosotros tenemos que seguir aplicando el
criterio y el buen hacer de esta Cámara.
Nuestro Grupo Parlamentario votó a favor de todas las leyes orgánicas que
expusieron ayer, pero también quisiéramos romper una lanza a favor de
alguna especificidad, y en ese caso quisiéramos mostrar al menos la
existencia de otras concepciones distintas a los acuerdos de los grandes
partidos, que tienen valores muy positivos, pero que también banalizan
otras concepciones
que muchos de los integrantes de estos grandes grupos expondrían con
mayor ahínco, y por este hecho se repliegan a la concepción mayoritaria
que, al final, resulta generalista o banalizadora. Quizá esto vaya en
perjuicio de los pequeños grupos y de las minorías, que seguro que tienen
su riqueza y aportan ideas válidas, como la que ha expresado en este
momento el Partido Aragonés y su representante. En ese caso, y aunque
fuese sólo de forma testimonial, nosotros vamos a apoyar esta enmienda y
este veto a esta ratificación aunque en el fondo estemos de acuerdo en
que tengamos que ratificar las modificaciones que se hacen porque creemos
que, solidariamente, es una aportación válida y positiva.
Nosotros, señor Calvo Lou, también estamos detrás de muchas
transferencias y nos está costando mucho tiempo. Por esa razón vamos a
apoyar testimonialmente este veto pero, al final, cuando llegue el
momento de la ratificación, también vamos a decir que sí.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió?
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
Nosotros no utilizaremos este turno de toma de posición en el veto porque
consideramos que opinar sobre estas cuestiones sería en cierta manera
entrometernos en la voluntad del pueblo aragonés, que está en sus Cortes.
Utilizaremos el turno de portavoces cuando se debata el dictamen del
texto del proyecto de ley orgánica.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Casi ha usado un turno de
portavoces. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, señorías, hace algunos siglos
Aragón, en el uso de su libertad y de su generosidad, puso en común un
reino que, con Castilla, hoy se llama España. En 1707, por voluntad de
Felipe V, todos sus fueros, privilegios, excenciones y libertades fueron
abolidas como consecuencia del Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de
ese año. En 1880, un aragonés, Joaquín Costa, se dirigía a Zaragoza con
un pensamiento harto elocuente: «Vas al país más libre que ha existido
sobre la tierra; vas a un país donde la libertad no es idea, sino hecho;
donde la libertad no es partido, sino nación.» Posteriormente, fueron
distintos proyectos los que vivió Aragón: el federalista de 1883, el
nacionalista de 1919, el regionalista de 1923 y el anteproyecto de
Estatuto de Caspe de 1936. Ninguno vio la luz. Esto, que aparentemente es
historia, o sea, pasado, muestra la otra cara de una moneda; que la
libertad y los fueros en Aragón tienen vigencia en el sentido que decía
Ortega, y cuando una cosa tiene vigencia, está presente. No me querría
extender más allá sino para que esta Cámara tuviese conciencia de la
realidad y del sentir de Aragón.
Como decíamos el otro día, la ley de Transferencias a las Comunidades
Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 marca
un estrecho camino. Y ahora se trata precisamente de modificar los
Estatutos de Autonomía para que estas competencias se incorporen a los
mismos. Recuerdo muy bien, señoría, que ustedes nunca han sido
partidarios precisamente de la asunción de las competencias por vía de
esta ley de delegación o transferencias del artículo 150.2 y que ponían
graves inconvenientes al uso de esta vía de acceso competencial. Hoy se
trata, pues, de transformar y de complementar ésta con la reforma
estatutaria prevista en el artículo 148.2.
Por tanto, parece que su veto sea contradictorio con lo expresado
anteriormente por ustedes. Aunque tengo que decirles que es incierto que
las competencias que se adquieren por vía del artículo 150.2 sean
libremente revocables, si se quiere respetar, por supuesto, el principio
de interdicción de la arbitrariedad que proclama el artículo 9 de la
Constitución española, a menos que exista, eso sí, una causa razonable y
suficientemente fundada.
En este momento, la única consecuencia que tendría su veto principalmente
sería ésta: el no incorporar al Estatuto de Autonomía de Aragón lo que
está establecido ya por ley en la Ley de Transferencias de las
Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143. ¿Verdaderamente
es lo que quieren ustedes? Me pregunto.
Por ello, su postura nos parece inoportuna, además de que esta Ley ya ha
sido aprobada y, por tanto, ratificada por el propio Congreso que es la
soberanía popular y por las Cortes de Aragón.
Esta propuesta de veto tampoco nos parece justificada porque viene
deslegitimada políticamente por la votación afirmativa que se ha
producido en las Cortes de Aragón: deslegitimada, que no ilegítima, como
usted entendió en la Comisión, y por supuesto que tienen ustedes toda la
legitimidad, porque esto es democracia y porque el respeto a las minorías
existe en esta Cámara.
Si lo que pretende el representante del Partido Aragonés es poner en
evidencia que las competencias que hoy se incorporan al Estatuto de
Autonomía de Aragón no son las que, en virtud del derecho constitucional,
están reconocidas a las Comunidades Autónomas que actualmente cedieron
por la vía del artículo 151, tengo que darle la razón. Pero también tengo
que decirle que este derecho no decae, sino que el derecho a la
ampliación del contenido consiste, al menos, en recibir las competencias
que ostenten las comunidades autónomas que accedieron por la vía del
artículo 151.
Por otra parte, el nivel competencial distinto para las diversas
comunidades autónomas ha de interpretarse como una situación
absolutamente transitoria, ya que el proceso de ampliación competencial
habrá de concluir con la virtual homogeneización de todos los ámbitos
competenciales.
Por tanto, tampoco puede ser motivo ni causa del agravio comparativo que
ustedes nos proponen.
La Constitución no impone dos clases de Comunidades Autónomas diferentes,
sino distintos o diferentes niveles con velocidades distintas para
alcanzarlos, y admite contenidos varios, cuando dice: «podrán ampliar» y
apostilla: «sucesivamente», y de ello puede deducirse que no es necesario
llegar a un nivel determinado, ni tampoco que ello tenga que producirse
de golpe. Pero si se admiten las reformas unilaterales de los estatutos
de las Comunidades Autónomas, tendría como consecuencia resultados
heterogéneos en cuanto al tipo o clase de materias o funciones asumidas,
produciendo un desajuste tanto en la gestión de los servicios públicos,
como para el necesario ajuste de las administraciones.
Por ello, es imprescindible el consenso y la necesaria homogeneización de
las competencias transferidas.
En este punto también me gustaría decirle que tiene que haber un consenso
social y político, pero no sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón,
porque como esto es la Constitución propia, tiene que existir a lo largo
de todo el Estado español esa conciencia y ese consenso social y
político. Por tanto, es imposible que un estatuto pueda ser reformado
unilateralmente.
La propuesta de veto en este sentido puede ser, en primer lugar,
cuestionable, ya que, indudablemente, la incorporación de las
competencias a los estatutos de autonomía, al formar parte del bloque
constitucional, los hacen prácticamente inmunes al poder legislativo del
Estado, ya que una ley orgánica estatal que pretendiese cambiar el
contenido estatutario sería nula de pleno derecho. Pero, además, y como
hemos reiterado, no se produce ni disminución ni aumento del nivel
competencial, sino que éste es un proceso dinámico y transitoriamente
distinto, evitándose simultáneamente el inconveniente que resultaría de
la deshomogeneización de las transferencias, y de esta forma no se podría
garantizar un desarrollo armónico, equilibrado y eficaz del Estado.
Señor Calvo, usted habla muchas veces del artículo 138 de la
Constitución. Quiero decirle que no es cierto lo que usted dice, porque
estas cosas deben interpretarse no sólo literalmente, sino a la luz de
las sentencias del Tribunal Constitucional.
Las Comunidades Autónomas, en el uso de sus competencias, se abstendrán
de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben al
interés general que las vincula entre sí, evitando cualquier gestión
insolidaria de sus propios intereses. (Sentencia del Tribunal
Constitucional 66/1990, de 5 de abril.) La consagración de la solidaridad
del artículo 138, por otra parte, no supone atribución de competencias
ninguna, pero sí que obliga por mandato constitucional en el uso de las
competencias propias. (Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de
4 de octubre.) O que en el ejercicio de las mismas sea preciso que las
competencias de desarrollo o ejecución sólo puedan actualizarse en tanto
en cuanto no se ponga en riesgo la orientación unitaria. (Sentencia del
Tribunal Constitucional 146/1992, de 16 de octubre.) También el artículo
138.2 consagra el principio de igualdad de las Comunidades Autónomas, en
el sentido de que no pueden existir privilegios económicos o sociales.
Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ser desiguales los
procedimientos de acceso a la autonomía y la determinación concreta del
contenido autonómico. (Sentencia 76/1983, de 5 de agosto.) Respecto a lo
expresado por usted en lo referente al artículo 138, este precepto, que
es el encargado de regular jurídicamente la igualdad jurídica sustancial
de los españoles en todo el territorio nacional, así como la libre
circulación de personas y bienes, no se puede entender en modo alguno
como una monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que,
en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio
nacional, se tienen los mismos derechos y obligaciones. (Sentencia
37/1981, de 16 de noviembre, y 17/1990, de 7 de febrero, y 150/1990, de 4
de octubre.)
Este precepto, que es una consecuencia inmediata del derecho de igualdad,
reconocido y proclamado por el artículo 14 de la Constitución española,
determina, en primer lugar, que este artículo se refiere a los individuos
y no a las Comunidades Autónomas. Efectivamente, la sentencia del
Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo, afirma esta resolución:
que el principio constitucional de igualdad no impone que todas las
Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que
tenga que ejercerlas de la misma manera o con un contenido y resultados
idénticos o semejantes.
Pero, además, la autonomía significa la capacidad de cada nacionalidad o
región para decidir cuándo y cómo ejercen sus propias competencias en el
marco de la Constitución y de los Estatutos. Pero, como es lógico, de
dicho ejercicio derivan desigualdades, sin que ello suponga infracción de
los artículos 1, 14 y 139.1 de la Constitución.
En lo que se refiere al artículo 147, las competencias
autonómicas deben situarse en este caso dentro del marco constitucional y
ello implica que los Estatutos de Autonomía deben ser interpretados
dentro de los términos de la propia Constitución. (Sentencia del Tribunal
Constitucional 62/1982, de 23 de noviembre, y 85/1984, de 26 de julio.)
Lo que, indudablemente, implica que los marcos competenciales deben estar
sometidos a ésta, a la Constitución. (Sentencia del Tribunal
Constitucional 18/1982, de 4 de marzo.)
Lo más importante es que la remisión estatutaria del artículo 147.2 deja
abierta la posibilidad de que los traspasos de servicios a las
Comunidades Autónomas se realicen en momentos distintos, bajo técnicas
diferentes y que desemboquen en diversos resultados materiales.
(Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto.)
Por supuesto, no tengo la menor duda de que la ampliación competencial
que ahora se pretende incorporar a los Estatutos tiene virtualidades
importantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se está excediendo en
mucho en su tiempo.
El señor GARZARAN GARCIA: Termino, señor Presidente.
Es el fruto de un pacto entre las fuerzas mayoritarias, que ha estado
abierto a todos los partidos, que ha desbloqueado las transferencias de
las competencias de las Comunidades Autónomas y que todo ha sido posible
por cumplir lo anteriormente dicho, que era necesario un acuerdo
mayoritario, porque esta reforma está inmersa en el bloque
constitucional, ha permitido cerrar la brecha que supone la distinta
forma de acceso constitucional al hecho autonómico.
Este pacto, este compromiso --que es un pacto bueno--, por supuesto que
no es el que hubiésemos deseado, pero va a permitir mayores cotas de
autogobierno a nuestro pueblo y ampliar las competencias a asumir tanto
en calidad como en cantidad; descentraliza el Estado y acerca a los
ciudadanos las Administraciones públicas.
El Partido Popular ha hecho a la sociedad unas propuestas muy concretas
de actuación para establecer el perfil definitivo que debe adquirir el
desarrollo del Título VIII de la Constitución y culminar, en un plazo
razonable, el proceso autonómico, estableciendo el tiempo de dos
legislaturas para equiparar competencialmente las distintas Comunidades
Autónomas.
No es a nosotros a quienes se nos debe achacar la dilación en la
ampliación competencial. La parálisis duró hasta el año pasado, en el que
el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno se propusieron
desbloquear el proceso autonómico. Hay quien nos acusa de ello, pero
quien ha usado de la descalificación no ha sido capaz de dialogar,
negociar y consensuar. Hemos conseguido el objetivo y, en este sentido,
estamos satisfechos de ello. Por supuesto, no hemos conseguido lo que
deseábamos, pero somos coherentes con lo que decimos y, sobre todo, lo
demostramos con los hechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que termine.
El señor GARZARAN GARCIA: Este pacto autonómico, señorías, no es un
modelo suficiente, pero en una negociación hay propuesta y cesiones.
Lamentamos que las fuerzas políticas que han contribuido a ello no lo
hayan hecho para que este pacto fuese más beneficioso acorde con nuestros
planteamientos.
Termino, señor Presidente, haciendo un llamamiento al diálogo y al
consenso, a la evaluación racional de lo que es posible y positivo,
porque sólo con el diálogo, la negociación y el consenso será posible
avanzar en lo que creo que es su objetivo común: posibilitar mayores
cotas de autogobierno a Aragón. Si esto es así, no les quepa la menor
duda de que en este camino nos encontraremos.
Hoy nos tenemos que oponer a su propuesta de veto, porque lo que nos
proponen no es positivo para Aragón, ya que creemos que la modificación
del Estatuto y la inclusión de las competencias transferidas es buena y
viene refrendada por las Cortes de Aragón, porque no es coherente con
nuestra propuesta de ampliación competencial y de mayores cotas de
autogobierno para nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán
García.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de empezar a intervernir, quiero saludar la presencia de
un miembro del Gobierno aragonés, representado por la señora Consejera
doña Pilar de la Vega, quien ha tenido la amabilidad de asistir en estos
momentos al debate de la reforma de nuestro Estatuto. (Aplausos.)
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, mi intervención,
para justificar nuestro voto en contra del veto, va a estar centrada
fundamentalmente en los argumentos que han sido expuestos en la defensa
del mismo. Argumentos que, quiero adelantar, son los de siempre, las
viejas razones de siempre que tuvimos ocasión de escuchar en la Comisión
General de Autonomías, que hemos tenido ocasión de escuchar tantas veces
en Aragón; tanto en las Cortes, como en los medios de comunicación, como
en el debate social que ha suscitado el tema, en lo que no hemos
encontrado nada nuevo, como siempre, ni fundamento alguno.
Me van a permitir, pues, que en forma muy breve entre en las razones que
pretenden descalificar la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.
Se dice, en primer lugar, que la reforma, por insuficiente, corta,
escasa, no recoge la aspiración de Aragón, del pueblo aragonés, a la
propia autonomía, a la Autonomía plena. Y yo vuelvo a decir lo que dije
con absoluta claridad en Comisión: la recoge perfectamente. Hay que decir
que sí la recoge y responde a las aspiraciones de los aragoneses a esa
plena autonomía, porque amplía y profundiza notablemente esa capacidad de
autogobierno y de gestión.
Y ese reconocimiento de ampliación de capacidad no lo estamos diciendo
sólo los Socialistas en Aragón, no lo estamos diciendo los Socialistas en
todo el país, sino que lo está diciendo el Partido Popular y lo está
diciendo la mayoría de sus señorías a lo largo de las jornadas de ayer y
de hoy; aumenta notablemente la capacidad de autogobierno, luego sí
recoge las aspiraciones de los aragoneses a la plena autonomía. De hecho
y, en concreto, se multiplican exactamente por tres el volumen de
competencias de nuestra Comunidad Autónoma, y se introducen temas como el
de Educación, que se podrá gestionar en plenitud a todos los niveles, lo
que supone, de hecho, un cambio cualitativo en el autogobierno de nuestra
Comunidad Autónoma.
Se dice en la argumentación a favor del voto que la reforma perpetúa la
desigualdad --así, con estas palabras-- entre las distintas Comunidades
Autónomas, y no hay nada menos cierto.
En primer lugar, no perpetúa nada, pues se trata --y lo hemos dicho hasta
la saciedad a lo largo de la sesión de ayer-- de un proceso de
profundización y de ampliación dentro del marco constitucional, y todo
proceso es dinámico, en contra de cualquier tipo de estabilidad o de
estabilización. Mucho menos perpetúa la desigualdad: la aprobación de
estas reformas al mismo tiempo y en esta Cámara expresa inequívocamente
la voluntad de las Fuerzas políticas que lo respaldan, en el sentido de
que no haya desigualdades en los derechos ni discriminación entre
Comunidades, así como que el derecho a la diferencia no suponga, en
ningún caso, privilegio para nadie.
También se ha expuesto otra razón: el cambio de actitud. De nuevo, nada
más lejos de la realidad, señorías. Porque esta reforma se aprobó en
junio del año pasado en las Cortes de Aragón, cuando la composición del
Gobierno era diferente a la que es ahora, y estamos aprobando en esta
Cámara, en este mismo momento lo mismo que aprobamos en las Cortes de
Aragón entonces y, si se me habla de la Comisión actual que está
funcionando en las Cortes, ésta es una Comisión que no representa más que
la continuidad de un proceso, de un debate iniciado exactamente en Aragón
hace mucho tiempo, exactamente cinco años después de la aprobación de
nuestro Estatuto, cuando por Ley se podía empezar ya a retomar los
Estatutos. Este debate se inicia en las Cortes de Aragón, en la segunda
legislatura; o sea, se trata de un proceso iniciado hace ya mucho tiempo,
en la disquisición del cual, los socialistas no nos hemos negado ni
antes, ni después, ni nos negaremos más tarde a discutir qué aspectos de
la reforma hay que abordar, si sólo es el tema competencial, si es el
competencial e institucional a la vez. Ese es el debate, ese es el
proceso, esa es la situación.
Señorías, antes y ahora seguimos dispuestos a discutir en Aragón, con
todas las Fuerzas políticas, sobre lo mejor para nuestra Comunidad
Autónoma, sobre el mejor Estatuto posible, como hasta ahora, dando este
paso tan importante para nuestra Comunidad.
También se dice que es una reforma venida de fuera, que es una reforma
forzada por los Partidos que firmaron el pacto; es una reforma, por
tanto, ajena al sentir del pueblo aragonés. Y, señorías, desde Aragón y
desde aquí no hemos forzado absolutamente nada. La posición de fuerza,
terquedad, obcecación e intransigencia es por parte de los que se han
empeñado en decir que no es bueno multiplicar por tres las competencias
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que se han empeñado en decir que no es bueno profundizar en nuestro
autogobierno y que la voluntad mayoritaria expresada por nuestras Cortes
de Aragón es una imposición venida de fuera, olvidándose, como ya he
dicho, de que la ampliación competencial es un tema recurrente en
nuestras Cortes de Aragón en los últimos años y de que, en todo caso,
como todos sabemos, la voluntad del pueblo aragonés se expresa a través
del respaldo y lo aprobado por sus Cortes.
Señorías, en definitiva, los Socialistas en el Senado, como hicimos los
aragoneses en nuestras Cortes, vamos a rechazar con nuestro voto el veto
del Partido Aragonés.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz
Lorenzo. (El señor Calvo Lou pide la palabra.)
Por un minuto, tiene su señoría la palabra.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería preguntarle al portavoz del Grupo Popular, después de la
lección constitucional que nos ha dado, si todo ese contenido
constitucional impedirá definitivamente a Aragón que tenga autonomía
plena. Porque se ha dado la impresión de que con todas esas sentencias lo
hecho ya estaba hecho y no había posibilidades para más. Espero hablar
luego personalmente con él para que me explique quién le ha escrito
semejante discurso.
En relación a la posición del señor Sáenz Lorenzo, sí quiero decirle que
ha habido un cambio de actitud. Muchas
veces en esta Cámara se ha puesto en discusión el tema de qué idiomas hay
que emplear. A veces es difícil entendernos, incluso, en aquel que todos
hablamos. Yo creo que habría que poner unas condiciones semánticas para
que pudiéramos entendernos porque, en definitiva, el discurso del señor
Sáenz Lorenzo no ha hecho más que confundir a su propio Partido puesto
que hay pruebas fehacientes de su cambio de actitud.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Calvo Lou, administrar un
minuto de tiempo forma parte de la pericia parlamentaria.
El señor CALVO LOU: Termino ya. Muchas gracias, señor Presidente. (El
señor Garzarán García pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por el mismo período de tiempo,
tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería decir a mi amigo, el señor Calvo Lou, que el discurso me lo he
escrito yo. Y que, además de eso, en Aragón estamos por la reforma amplia
del Estatuto, pero esto es un proceso dinámico y tenemos un problema:
también tenemos un Estado que se llama España que hay que ir haciéndolo y
descentralizándolo poco a poco y adaptando las Administraciones. No es
que nosotros no queramos la autonomía, sino que en este momento nos
parece oportuno este tipo de autonomía, y dentro de diez, de doce, de
tres, de cuatro o de seis meses, es posible que haya necesidad de ampliar
el Estatuto de Autonomía de Aragón.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el voto particular número
1, enmienda de veto, del Senador Calvo Lou.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, nueve; en contra, 204.
El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría requerida, queda
rechazado
Seguidamente, para la defensa de las enmiendas números 1 a 14 a esta
proposición, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que a estas alturas del debate y teniendo en cuenta que todos los
Estatutos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Cuevas González. Ruego
un pequeño esfuerzo de silencio. Muchas gracias.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que a estas alturas del debate, con todas las discrepancias que
hayamos podido tener, yo creo que hemos asistido a un acto político
importante. Y esto es así, desde todas las discrepancias que hemos tenido
y, sobre todo, desde las que ha mostrado Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a lo largo de toda la tarde de ayer y la discrepancia que vamos
a tener hoy, en consonancia con el discurso político que hemos hecho, a
la hora de aprobar o denegar la reforma del Estatuto de Aragón.
Yo quería apuntar algunas cosas muy brevemente, para no cansar a sus
señorías. Yo pediría a los compañeros y a las compañeras del Senado que
no tachen de intransigentes a aquellos que discrepan de sus opiniones. Yo
creo que en el debate parlamentario, como en la vida, no hay
intransigencia, sino que solamente es intransigente quien quiere serlo,
aunque no quiera reconocerlo, y lo que tenemos solamente son unos cambios
de opinión y proyectos políticos diferentes que se trasladan y se hacen
patentes a través de los discursos. Por tanto, creo que precisamente en
esta Cámara en ningún momento se han dado muestras de intolerancia ni de
intransigencia, se ha dado siempre muestras de cambio de impresiones, de
posiciones políticas diferentes, etcétera.
Señor Presidente, señorías, no se puede descalificar a las fuerzas
políticas que no piensan igual. Y, además, hay que ser valiente; no se
puede venir a decir aquí que los miembros de los diferentes Grupos que
hemos apostado por una mayor autonomía para las Comunidades Autónomas,
estamos negándoles la autonomía. Yo no quiero caer en la contradicción
que comenté ayer de que cuando uno tiene que explicar mucho las cosas es
muy difícil creérselas, eso sí que es intolerancia. Pero, desde luego,
intentar justificar un poco de cobardía, un poco no de querer dar un paso
más adelante en la consecución de autogobierno de las Comunidades
Autónomas, será responsabilidad del que no quiera avanzar más, pero en
ningún caso del que quiere avanzar más. Por tanto, señorías, yo creo que
eso debe quedar claro porque así hay que explicárselo al ciudadano. Yo me
sentiría satisfecho, como decía ayer, de que los miembros de los Grupos
que han derrotado las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya fueran también a decirles a los ciudadanos que había otra cota
de poder más alta, pero que ellos, por ahora, no han optado
por la misma porque entienden que el pueblo no está preparado. Por
consiguiente, creo que eso habría que decírselo a los ciudadanos; que
sepan que hay más cotas de poder, que sepan que hay otras formas de
gestionar el Estado.
Señor Presidente, dicho esto, voy a dar por defendidas las enmiendas en
la línea de todos los argumentos expuestos a través de nuestros
discursos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para anunciar nuestro voto favorable a la
ratificación. Ya lo hemos hecho previamente en el veto.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero señalar que el hecho de que votemos en contra de
estas enmiendas no supone que estemos en desacuerdo con su contenido,
pero en la actualidad este tema está prefijado --como he dicho-- por lo
refrendado por las Cámaras legislativas nacionales y por la propia
voluntad expresada por las Cortes de Aragón.
El Grupo Popular no sólo no se opone a la reforma constitucional de
nuestro Estatuto, sino que ha pedido --como es manifiesto-- un pacto de
Estado para que todas las Comunidades Autónomas puedan desarrollar las
mismas competencias. Por tanto, como ya se han expuesto nuestros
argumentos, creo que no es necesario que amplíe mi intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por error de la Presidencia, no se ha concedido la palabra al Grupo de
Convergència i Unió.
Por tanto, aunque se haya alterado el orden de intervención, tiene la
palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER Y PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora representante del Gobierno aragonés, subo a esta tribuna
para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió respecto de la proposición de ley orgánica de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Comunidad vecina de la
nuestra, Cataluña, muy entrañable para este Senador, por haber pasado su
vida prácticamente a las puertas de Aragón, tierra de unas peculiaridades
culturales específicas, profunda, noble, dura y, sobre todo, leal; tierra
que ha sido granero del Estado durante mucho tiempo. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
La Comunidad Autónoma de Aragón, cuya reforma de Estatuto estamos
debatiendo en este trámite, tiene historia y conciencia de autogobierno;
y dicha historia --que, al parecer, ayer se puso en duda-- no puede ni
debe borrarse. Por otro lado, este Senador cree que la historia no tiene
que ser un motivo de confrontación con los derechos de libertad de los
ciudadanos.
Ya en los siglos XII y XIII se hablaba de las Cortes de Aragón y de otras
aspiraciones de soberanía de esta tierra. El pueblo aragonés ha
reivindicado periódicamente --como también se ha dicho aquí por
representantes de Aragón-- el derecho de autogobierno. Este Senador
recuerda con emoción y, por qué no, con cierta nostalgia, la aprobación
de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón --que votó
afirmativamente--, que se debatió en esta misma Cámara durante los días
26 y 27 de julio de 1982. El debate comenzó un lunes; durante la tarde se
procedió al debate de totalidad y, como el señor Presidente del Senado
recordará, al día siguiente pasamos a debatir el articulado.
A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de
Aragón se establecía la posibilidad de iniciar este siempre difícil
proceso de recuperación de las instituciones, en este caso aragonesas,
que habían existido hasta principios del siglo VXIII. Antes de terminar
mi intervención, y basándome en un «Diario de Sesiones» que tengo en mi
poder, explicaré por qué me he referido al difícil y siempre complicado
proceso de la construcción del Estado autonómico.
La construcción del Estado de las Autonomías supone para muchos la
modernización del Estado, hacerlo más funcional y eficaz y prestar un
mejor servicio al ciudadano que, a fin de cuentas, es lo que todos
pretendemos; por supuesto, desde la libertad y la expresión democrática.
A partir de ahí, se puede profundizar en sus derechos y personalidad en
todas las Comunidades Autónomas. Se está comprobando, señorías, que ésta
es la solución de un problema político que ha tenido el Estado español
desde principios del siglo XVIII hasta la aprobación de la actual
Constitución y su posterior aplicación.
En este momento procesal, damos legítimo cumplimiento al apartado 2 del
artículo 148 de nuestra Carta Magna y ponemos en marcha las previsiones
en él contenidas sobre la ampliación de competencias. El consenso
autonómico de 1992 --creo que de fecha 28 de
febrero-- de las fuerzas políticas mayoritarias facilitó la firma de los
acuerdos autonómicos que se plasmaron en la Ley Orgánica de 9/1992, de 23
de diciembre, que posibilitaba la transferencia de competencias a las
Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de
la Constitución. Con ello se daba cumplimiento al primero de los
compromisos contenidos en dichos acuerdos y era título jurídico
suficiente para dicha transferencia, a tenor del artículo 150.2 --como
también se ha dicho aquí-- del propio texto constitucional.
Procede, pues, ahora incorporarla al contenido mismo de los Estatutos de
autonomía, al objeto de brindarle el máximo rango jurídico-político --por
si alguien se arrepintiera-- y dar cumplimiento al segundo de los
compromisos previstos para culminar el proceso. Esta ampliación de
competencias supone, pues, un buen paso adelante, señorías.
El proceso siempre es dinámico, y creemos que este avance es importante.
Pero, sobre todo, lo es porque lo deja abierto para el futuro para que,
como decía antes, desde la libertad y la expresión democrática se pueda
ir avanzando.
Como he señalado al principio, voy a referirme a un hecho que se produjo
--y es bueno recordar la historia-- el día 27 de julio de 1982. La ley
que pasamos a debatir después de aprobar la Ley Orgánica del Estatuto de
Aragón era, nada menos, el dictamen, que emitió la entonces denominada
Comisión de Constitución, sobre la Ley Orgánica de armonización del
proceso autonómico, la mal llamada y famosa LOAPA que, como todos ustedes
saben, el Tribunal Constitucional dejó reducida a la Ley del Proceso
Autonómico. He afirmado lo importante que es avanzar y no cerrar este
proceso, porque antes de llegar a la aprobación de todas las leyes
orgánicas de los diferentes Estatutos del Estado español, durante el
proceso de armonización se pretendió, no aprobar una ley orgánica como la
de 1992 para aumentar las transferencias --lo que creo que a estas
alturas ya no es discutible y también los grupos mayoritarios estaban de
acuerdo con dicha ley orgánica--, sino para disminuirlas y laminar las
competencias de las Comunidades Autónomas.
Por eso es importante que el proceso siga abierto para todos y que, desde
la expresión de la libertad y la democracia, se pueda llegar adonde todos
deseamos algún día para los respectivos pueblos del Estado.
Para terminar, señor Presidente, con sumo placer anuncio, en nombre de mi
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nuestro
voto afirmativo a la reforma del Estatuto de Aragón, dando nuestra más
afectuosa felicitación al pueblo aragonés y a los representantes
políticos de este mismo pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador
Ferrer i Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la Tribuna para anunciar con orgullo y satisfacción el
voto favorable del Grupo Socialista a la reforma del Estatuto de Aragón.
Y digo orgullo y satisfacción porque se trata de un apoyo fruto de una
actitud de responsabilidad y coherencia por parte de los socialistas a lo
largo de todo el proceso político y parlamentario seguido hasta aquí.
Responsabilidad y coherencia que requería la idea que animó en su día a
la firma de los pactos autonómicos, que no fue otra que la de desarrollar
de la manera más ordenada y coordinada posible el Título VIII de la
Constitución para las autonomías del artículo 143.
Sin duda, la reforma que vamos a aprobar supone, como tantas veces se ha
dicho a lo largo de las dos jornadas, la profundización del modelo
autonómico de la Constitución dentro de los plazos previstos en la misma,
aumentando notablemente la capacidad de autogobierno --en este caso de
Aragón-- que está, como en todas las Comunidades Autónomas, básica y
fundamentalmente ligada a su nivel competencial, aunque no sea éste el
único índice de su autogobierno. Nivel competencial que conseguimos
ampliar notablemente en nuestro Estatuto, pues se incluyen en él 32
nuevas o mejor asumidas competencias, tanto en las de carácter exclusivo,
como en las de desarrollo legislativo y ejecución o sólo de ejecución. En
todo caso --como ya he dicho--, es importante resaltar que con estas
modificaciones se multiplica por tres exactamente nuestro nivel
competencial.
Por otra parte, la presente reforma no cierra ningún camino. Consolida y
mejora los niveles de autogobierno y no prejuzga más que una sola
cuestión: que el procedimiento para cualquier tipo de reforma estatutaria
debe ir --como se ha dado en todos los casos-- por la línea del diálogo,
la negociación y el acuerdo del mayor número de fuerzas políticas
representativas en cada Comunidad Autónoma, que entiendo que en el caso
de Aragón no ha sido posible por una actitud de intransigencia, al no
querer comprender lo que significa la reforma de avance y progreso
autonómico, manteniendo así posiciones maximalistas que han impelido en
este caso un más amplio acuerdo, como creo que todos hubiéramos deseado.
Por ello, en el caso de Aragón el tema tiene, si cabe, mayor importancia
desde el punto de vista político, dado que la presente reforma ha estado
marcada y orientada desde las instituciones políticas aragonesas,
exactamente como lo fue en su día la aprobación de nuestro Estatuto. De
tal manera que hoy podemos afirmar con solemnidad que con el respaldo de
la mayoría de sus señorías no estamos haciendo otra cosa que ratificar
en el Senado lo que ha sido voluntad expresada, libre y democráticamente,
por todos los aragoneses a través del único cauce legítimo en que pueden
expresarse, es decir, a través de su Asamblea Parlamentaria, de sus
Cortes de Aragón; las cuales, después de las intervenciones de muchos
portavoces de ayer, es preciso recordar que tienen muchos años de
historia; tanta, al menos, como la que puedan tener las 17 Comunidades
Autónomas de España. Y si por algo se ha caracterizado la historia de las
instituciones propias aragonesas, ha sido, precisamente, por su capacidad
de autonormarse, autorregularse y crear en su seno sus propias reglas de
conducta y funcionamiento. Ya en la Edad Media --siglo XIII-- puede
hablarse de la existencia de unas Cortes de Aragón como organismo
institucional parlamentario de pleno derecho, vivo, dinámico, delimitado
territorialmente, con nombre propio, creador de normas jurídicas y con
una manera propia de entender la actividad política, fundamentalmente,
como negociación y pacto. De tal manera que si se nos exigiera una
definición estricta de lo que es Aragón, quizá tendríamos que afirmar que
es ante todo y sobre todo historia, historia viva, de la que, sin duda,
en el acto de hoy estamos escribiendo una importante página.
Para finalizar, señorías, y frente a muchas opiniones vertidas en el día
de ayer y de hoy negativas a los pactos autonómicos, quiero resaltar la
responsabilidad, ante lo que significa el desarrollo del Título VIII de
la Constitución, demostrada por los partidos mayoritarios del país, que
han sabido ponerse de acuerdo por encima de sus diferencias --que son muy
notables-- en un tema de tanta trascendencia e importancia para todos.
Pero es de justicia también, después de ver el apoyo y la atención
mostrada en las sesiones en las que hemos discutido la reforma de
nuestros Estatutos por los partidos nacionalistas, extender --y quiero
hacerlo-- esa felicitación de responsabilidad política a ellos, porque
han sabido sumarse con generosidad al debate y a la ampliación de las
competencias de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hemos
reformado.
Señorías, estos acuerdos políticos y estos respaldos parlamentarios
obtenidos en esta Cámara a lo largo de las dos jornadas abren, sin duda,
la esperanza de que los asuntos del mismo calado e importancia, que los
hay y muchos en la vida política española, sean resueltos con parecidos
acuerdos y respaldos políticos a los obtenidos en estas jornadas en esta
Cámara del Senado.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz
Lorenzo.
En primer lugar, vamos a someter a votación el voto particular de la
señora Vilallonga Elviro y del señor Cuevas González, correspondiente a
las enmiendas números 1 a 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, tres; en contra, 206.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas las enmiendas
números 1 a 14.
Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y
exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a
favor, 207; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes
Generales la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985,
DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL, MODIFICADA POR LA LEY
ORGANICA 1/1987, POR LA LEY ORGANICA 8/1991 Y POR LA LEY ORGANICA 6/1992.
(622/000007.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): El punto sexto del orden del día
es la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley
Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
Tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos retirado esta proposición de ley porque entre todos los
Grupos hemos hecho una enmienda transaccional a la anterior reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Agradecemos el apoyo explícito de todos los Grupos a esta ley, pero ya ha
sido incorporada a la Ley Orgánica a través de la enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Travieso.
Por tanto, damos por retirada esta proposición.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto séptimo del
orden del día, que es el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.
La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación
de ocho Senadores con arreglo a la legislación vigente. Toda vez que la
Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación con los Senadores
cuya situación ha examinado, ha emitido, de conformidad con el artículo
16 del Reglamento del Senado, dictamen de lista, publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 86, de fecha 7
de marzo de 1994.
Siguiendo los precedentes parlamentarios, ruego al Presidente de la
Comisión que me comunique si algún miembro de la misma ha sido designado
para defender este dictamen ante el Pleno. (Pausa.)
Tiene la palabra en Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, recibidas las
informaciones y documentos que habían sido solicitados, la Comisión de
Incompatibilidades del Senado ha examinado las correspondientes a ocho
señores Senadores. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado,
del día 7 de marzo de 1994, ha sido publicado el dictamen y la relación
de los señores Senadores que quedaban por examinar, completándose de esta
manera la totalidad de las informaciones que sobre esta materia exige el
Reglamento de la Cámara.
Por tanto, ha concluido el primer examen de la materia de compatibilidad
de todos los señores Senadores que en este momento componen la Cámara del
Senado. El acuerdo de la Comisión ha sido por unanimidad y es el que en
este momento se ofrece al Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente
de la Comisión.
¿Desea algún portavoz intervenir sobre esta materia? (Pausa.) No hay
ninguna petición en este sentido.
Al no existir ningún voto particular y al no proponerse ninguna
incompatibilidad, solicito a la Cámara que lo apruebe por asentimiento,
si no hubiere ningún inconveniente. (Pausa.) Así se aprueba y así se hace
constar.
Por tanto, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de
Incompatibilidades en los términos que aparecen publicados en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 86, de fecha 7
de marzo de 1994.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE ELEVE A LA COMISION EUROPEA LA SOLICITUD DE MODULAR EL PERIODO QUE
SIRVE PARA CALCULAR LAS REFERENCIAS CUANTITATIVAS DE QUE HABLA EL
REGLAMENTO DE LA PROPIA COMISION NUMERO 1.442/1993 Y A QUE PLANTEE A LA
MISMA LA EXIGENCIA DE UN COMPROMISO FIRME PARA LA REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS Y HORTALIZAS, REGLAMENTO
DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS NUMERO 1.035/1972. (662/000026.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto octavo del orden
del día: mociones.
En primer lugar, la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, por la cual se insta al Gobierno a que eleve a la Comisión
Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las
referencias cuantitativas de que habla el Reglamento de la propia
Comisión número 1.442/1993 y a que plantee a la misma la exigencia de un
compromiso firme para la reforma de la Organización Común de Mercados
(OCM), de frutas y hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades
Europeas número 1.035/1972.
Para ello, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, con la aprobación del Reglamento Comunitario
número 404/1993 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se
estableció la Organización Común de Mercados en el sector del plátano, es
cierto que la inmensa mayoría de las incertidumbres por las que venían
atravesando los agricultores plataneros de las Islas Canarias han
desaparecido. La mayor parte de las incertidumbres.
No obstante, y como es lógico, con la puesta en funcionamiento de un
original sistema se están produciendo algunas distorsiones en su
aplicación, que han sido puestas de manifiesto a lo largo de este último
año y que han ocasionado ciertos problemas. Esto no sería achacable a la
mayor o menor bondad de la Organización Común de Mercados ni a los
mecanismos diseñados para su ejecución, que, en principio, resultan
plenamente válidos, sino que el reajuste que ha originado entre los
operadores económicos la nueva situación, como consecuencia de pasar de
la reserva del mercado nacional tradicional para la comunidad canaria, a
la liberalización parcial del mercado europeo del plátano que representa
la OCM en su significación más íntima, hace que una de las distorsiones
fácilmente subsanables sea la que tiene su origen en el período de
referencia
establecido para que los agentes económicos puedan ser titulares de
certificados de importación de plátanos en la Comunidad.
En efecto, señorías, el reglamento Comunitario número 1.442/1993 de la
Comisión, de 10 de junio de 1993, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del régimen de importación de plátanos, especifica en su
artículo 5 que las autoridades competentes determinarán para cada
operador la media de las cantidades comercializadas durante los tres años
previos al año anterior para aquél para el cual se abre el contingente
arancelario, en el año 1993, de acuerdo con el artículo 2 de la OCM, del
Reglamento Comunitario al que estamos haciendo referencia.
En función del volumen del contingente arancelario y de las referencias
cuantitativas de todos y cada uno de los operadores, se determinará la
cantidad atribuible a cada cual de plátanos a importar.
En definitiva, señorías, el período de referencia para establecer tales
medidas para el segundo semestre de 1993 fue el trienio 1989 a 1991. Toda
vez que la situación actual difiere hoy en día, en mayor o menor grado de
la que existía en aquellos años, ello ha traído como consecuencia que se
hayan otorgado certificados de importación a determinados operadores en
base a unas cantidades superiores a las realmente comercializadas en 1993
y, en paralelo, que otros agentes económicos se hayan visto mermados en
sus expectativas de obtener certificados al ser menores las cantidades
atribuidas que las realmente comercializadas en el año en el que se
trata.
Por otro lado, hay otro producto de gran significación económica y social
en Canarias, como es el tomate fresco de invierno, que, obviamente, no
sólo es importante en Canarias, pero este es un Senador socialista
canario cuyas reflexiones creo que tienen notables contenidos en común
con respecto a las que haría cualquier otro Senador de alguna comunidad,
concretamente del Levante peninsular. El tomate fresco de invierno
constituye en la Comunidad Canaria el segundo rubro en importancia
económica de nuestra agricultura tras el plátano, al que acabo de hacer
referencia.
Teniendo en cuenta que el grueso de los envíos de plátanos se efectúa al
resto del territorio nacional, se puede afirmar que el sector de
exportación de tomates representa el primer renglón de las exportaciones
agropecuarias de la Comunidad Canaria.
Con anterioridad a la plena aplicación en Canarias de la política
agrícola común, el volumen de tomates exportado se situaba en un entorno
de unas 180.000 a unas 200.000 toneladas por campaña, de octubre a abril
fundamentalmente. Como consecuencia de la modificación del «status»
comunitario de Canarias, y no siendo ya de aplicación los mecanismos de
contingentes y precios de referencia a la producción isleña, la campaña
de exportación se ha podido ampliar en dos meses más, los meses de mayo y
junio, con volúmenes que se situaron para la zafra del bienio 1991-1992
en unas 242.000 toneladas y en la zafra 1992-1993 en las 282.000
toneladas.
No obstante lo anterior, comienza a resultar problemático --lo ha sido a
lo largo de este último año y lo es en la actual zafra-- el incremento de
las exportaciones de tomate fresco de invierno desde Marruecos en estos
últimos años, habida cuenta de que, en efecto, en las tres últimas
campañas el volumen de envíos por dicho origen ha sido de 128.000
toneladas en el bienio 1990-1991, 153.000 en el bienio 1991-1992 y
173.000 en el bienio 1992-1993. Y si bien es cierto que el Ministro de
Agricultura, en la sesión celebrada en la Comisión de Agricultura de este
Senado el miércoles de la semana pasada, día 2 de marzo, aportó datos
recientes cuantificados hasta la tercera semana del mes de febrero de
este año, la realidad constatable es que la entrada de tomates en los
países comunitarios procedentes de terceros países, fundamentalmente de
Marruecos, ha ido alcanzando cotas muy preocupantes para este producto
español, ya sea del Levante, del Mediterráneo español como de la
Comunidad Canaria.
Y lo preocupante no es sólo que Marruecos goce de un contingente
arancelario comunitario que va creciendo prácticamente sin derechos de
aduana, sino que, además, fuera del mismo y para el período en que se
concentra el grueso de la producción canaria, que es desde mediados de
noviembre hasta finales de abril, el tomate marroquí tiene un arancel de
sólo un 4,4 por ciento, perfectamente absorbible por unos costes de
producción sensible y notablemente inferiores a los de Canarias o a los
de otra comunidad, insisto, del Estado español.
Es cierto, por otro lado, que las importaciones de tomate marroquí están
sometidas a la aplicación de precios de referencia, pero también lo es
que dicho sistema opera solamente, como es sabido, en el período del 1.º
de abril al 20 de diciembre, es decir, que comienza casi al final de la
zafra canaria, con lo que el mecanismo es escasamente protector para la
producción isleña.
Señorías, una vez finalizado el período transitorio de adhesión española,
la protección exterior de la Comunidad para el tomate de Marruecos queda
reducida únicamente a la aplicación del límite cuantitativo al que he
hecho referencia. Todo ello ha traído como consecuencia la aparición de
unas sensibles pérdidas para el sector exportador de Canarias, y más
concretamente en la campaña 1991-1992, que se evaluaron por el propio
sector en más de 5.000 millones de pesetas, aunque con posterioridad
otros cálculos han hablado de pérdidas en torno a los 1.500 millones de
pesetas para dicha zafra.
Obviamente, la evaluación de las pérdidas puede ser susceptibles de
enfoques diferenciados. Con absoluta independencia de sus
cuantificaciones respectivas, la realidad es que está planteando un
problema muy serio, del
cual el Gobierno de la nación es consciente, tal como se ha manifestado,
insistimos, en declaraciones públicas del Ministro de Agricultura en su
intervención ante las comisiones de Agricultura del Congreso y del Senado
--y quiero reiterar específicamente la del pasado 2 de marzo--; y es
cierto también que desde el momento en el que se produjo la presentación
de esta moción en el registro de esta Cámara, que fue a finales del
pasado mes de noviembre, hasta esta fecha, se han producido
acontecimientos políticos singulares: ha culminado, prácticamente, la
Ronda del GATT; se han adoptado decisiones importantes a las que haremos
referencia con posterioridad en el turno de portavoces, y el hecho
objetivo que aún hoy mantiene esta moción, insisto, presentada meses
atrás en el registro de la Cámara y cuyo debate se inicia en estos
momentos, en plena vigencia es por lo que significa de un alerta, por un
lado, y, por otro, de un apoyo a la acción gubernamental en la defensa de
estos productos básicos para el Estado español.
En consecuencia, hemos propuesto que el Senado, en primer lugar, inste al
Gobierno para que, continuando con su demostrada preocupación por
resolver los problemas del sector platanero del archipiélago canario y
mejorar su situación atendiendo a lo que entendemos como justas
reivindicaciones e intereses, eleve a la Comisión Europea la solicitud de
modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas
de que hablaba el Reglamento comunitario 1.442/93, de la propia Comisión,
de forma de aproximarnos lo más posible a la realidad actual, con lo que
los certificados otorgados estarían más en consonancia con las cantidades
realmente comercializadas.
En segundo lugar, instamos asimismo al Gobierno a que plantee a la
Comisión Europea la exigencia de un compromiso firme para la reforma de
la organización común de mercados de frutas y hortalizas, Reglamento
comunitario 1.035/72 del Consejo, en modo a garantizar la preferencia
comunitaria frente a las importantes producciones del tomate fresco de
invierno procedentes de Marruecos, solicitando para ello --e insisto a
sus señorías en que lo tengan presente-- un cambio en los calendarios
establecidos para la importación procedente de terceros países a fin de
proteger las producciones españolas en su conjunto de frutas y
hortalizas, y más en particular la que estamos haciendo referencia, la
del tomate fresco de invierno obtenido en las Islas Canarias y,
naturalmente, en otras comunidades que producen este fruto fundamental.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para explicar la postura del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que es de apoyo a esta
moción.
Nosotros somos conscientes, de hecho, de la importancia que tienen en la
agricultura y en la economía canaria tanto el plátano como el tomate.
Todos recordamos que hubo un paso muy importante en 1993 cuando, primero
el Parlamento Europeo y luego el Consejo de Ministros de la Comunidad
Económica Europea, aprobaron el reglamento sobre la Organización Común de
Mercados del plátano.
En ese punto estamos de acuerdo con la moción que se presenta. Desde
nuestro punto de vista, es necesario que esta Cámara respalde al Gobierno
para que, de una forma definitiva, sea capaz de conseguir en Bruselas
modular el período que sirven para calcular las referencias cuantitativas
y aproximarlo lo máximo posible a la situación actual.
Por otro lado, somos conscientes de la importancia que tiene el tomate en
las islas de cara a las exportaciones. Todos sabemos los problemas que en
estos momentos, y dada la situación actual, representa Marruecos al
respecto. Por tanto, somos partidarios de una reforma de la Organización
Común del Mercado de frutas y hortalizas que garantice la preferencia
comunitaria para dicho producto canario.
Por tanto --vuelvo a insistir-- votaremos favorablemente esta moción.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la
palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías.
Me resulta algo difícil fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria
ante esta moción del Grupo Parlamentario Socialista; difícil porque
solicita al Gobierno del Estado cuestiones que en una primera lectura son
positivas para Canarias, se mencionan problemas graves de la agricultura
canaria, y detecto en su espíritu la mano de un Senador canario del Grupo
de la minoría mayoritaria.
Pero, estudiándola con ojos muy benignos, de entrada, debemos decir que
no aporta nada nuevo en la defensa de los intereses canarios respecto al
plátano y al tomate. No aporta nada nuevo a lo que ya está haciendo el
Gobierno del Estado --que se lo hemos reconocido y alabado--.
Por otra parte, de una lectura sosegada de la exposición de motivos de la
moción, difícilmente, señorías, van a tener una noción clara de los
graves problemas que
sufren estas vitales producciones de exportación en Canarias respecto a
la Unión Europea. Está demasiado técnicamente redactada, y las posibles
soluciones de estas producciones son eminentemente políticas.
Primero, no es cierto que hayan desaparecido --y así lo afirma en su
exposición de motivos-- las incertidumbres que atravesaban los
agricultores canarios en cuanto a las exportaciones de plátano al mercado
nacional --por la reserva-- y al mercado europeo --después de la OCM-- y
si lo desean en algún momento, les podemos ampliar por qué afirmamos
esto.
Segundo, su problema fundamental no es hoy día --como se afirma en la
exposición de motivos-- el de un reajuste entre operadores económicos
después de la creación de la OCM, ni mucho menos, ni las distorsiones que
han creado las licencias de importación de países ACP y de países
terceros son fácilmente subsanables.
Tercero, lo que dice la exposición de motivos de la moción respecto al
tomate y el problema de las exportaciones marroquíes es como introducir
el jabón en un baño, es de una suavidad extraordinaria.
Fuera de todo manto arropador de tecnicismos, les voy a hablar del
plátano. El plátano tenía una reserva del mercado nacional a la que,
cuando se hace la adhesión de España con su protocolo adicional para
Canarias, se le pone una fecha; a tal fecha la reserva del mercado
nacional dejará de existir. Comienza una lucha de Canarias y del Gobierno
del Estado por conseguir una OCM --Organización Común del Mercado-- que
garantizase las exportaciones. Nosotros exportábamos 500 millones de
kilos a la península porque teníamos reserva nacional, y cuando se dicta
la OCM nos quedamos en trescientos y pico millones de kilos.
Existen deficiencias con la OCM y, cuando teníamos la reserva del mercado
nacional existían deficiencias en la comercialización, por problemas del
Gobierno del Estado y por problemas nuestros de Canarias. Viene el GATT,
ataca en cierta medida esa reserva, esa Organización Común del Mercado, y
comienza una lucha con los países ACP, fundamentalmente países de
Centroamérica, que quieren que se aumenten las importaciones de plátanos
de esa zona en Europa. Si fuera para corregir las deficiencias de
bienestar que tienen esos países, de acuerdo; pero es para aumentar las
exportaciones de «la Conchita», es decir, de Estados Unidos, que es quien
controla toda la producción centroamericana.
¿Cuál es el problema? El problema fundamental que tenemos con Marruecos y
otros muchos países que exportan una serie de productos hortofrutícolas a
la Comunidad que no están controlados. El mercado peninsular está cuasi
invadido de plátano de países ACP porque hay problemas en la concesión de
las licencias de importación a toda aquella cantidad que sobrepase la que
exporta Canarias. Y todo porque las licencias de importación las da la
Dirección General de Comercio Exterior, que no es quien las tiene que
dar, las debe dar el Ministerio de Agricultura. Esos son los problemas
del plátano. No es sólo la reserva, no se trata sólo de variar las
cantidades, o las diferencias cuantitativas.
Lo que hay que pedir al Gobierno del Estado es que defienda esa
producción vital para Canarias --ya lo hace-- con más intensidad, que
ponga el mismo ardor que están poniendo para defender las pesquerías del
bacalao en Noruega, y no sólo con el plátano, sino también con el tomate.
Marruecos invade los mercados europeos --hablando claro-- antes de que se
ponga en funcionamiento el calendario en abril. ¿Por qué? Porque no hay
control. No se le están pidiendo a Marruecos los certificados de
exportación, y pasan por el estrecho tomates igual que pasan personas en
los transbordadores. ¿Por qué? Téngase la misma firmeza con Marruecos que
se tiene con Noruega. Nosotros, que no tenemos flota pesquera, no
pescamos bacalo en Noruega. Se están defendiendo duramente --y estamos de
acuerdo-- unos intereses nacionales de una zona del Estado que pesca
bacalao allí. Defiéndase igual, con el mismo ardor, el tomate con
respecto a las exportaciones de Marruecos. Eso es lo que hay que
solicitar, porque lo que pide la moción, insisto, ya lo está haciendo
permanentemente el Gobierno en Bruselas.
Yo no quito responsabilidad a las autoridades y a los exportadores
canarios; la tienen también. Pero la moción me parece de una suavidad y
de un contenido eminentemente --y que no se enfade nadie--
«político-aprovechador», por lo que no nos queda más remedio que votar
que sí. ¡Estaría bueno que se nos ocurriera votar que no! Nos cogen en
Canarias y nos dan hasta en el carnet de identidad.
Pero no es a esto a lo que hay que instar al Gobierno. Hay que decirle:
Defienda usted esas dos producciones de Canarias, zona del Estado
español, con el mismo ardor que está usted defendiendo en Bruselas las
pesquerías del bacalao, que además en Canarias nosotros lo comemos
congelado. Defiéndalo usted con el mismo ardor. Son producciones vitales.
Hoy la supervivencia en producto interior bruto del Arhipiélago Canario
está en el turismo, y nada más; no hay ningún sector más; no hay sino
agresiones por el miedo, el pánico cerval que le tienen los europeos --y
España particularmente-- a las pateras, es decir, a que vengan muchos
fundamentalistas del Magreb a distorsionarnos nuestra vida. A eso es a lo
que hay que instar al Gobierno. Pero de todas formas --¡qué remedio nos
queda!-- votaremos afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos frente a una moción que reconoce algunas de las
deficiencias y errores que en el proceso de integración a la Unión
Europea se realizaron y que tantas veces nosotros hemos criticado, y que
en el caso de la producción del tomate y del plátano, por su
especificidad, adquieren un efecto especial.
Sería bueno que esta voluntad de corregir en lo que sea posible la mala
situación del plátano y del tomate se ampliase a aquellas especies y
variedades precoces que van a la exportación, que son las más afectadas.
Si analizamos la situación de las frutas y hortalizas del Estado español
--que es lo que pide la Moción, es decir la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas en su conjunto-- así como su evolución por lo que hace
referencia a las importaciones y exportaciones en los últimos años, vemos
con una cierta tristeza y preocupación no sólo el crecimiento negativo
por lo que se refiere a las exportaciones, sino que la entrada de sus
productos en el mercado del Estado crece a una velocidad de vértigo.
Por lo que se refiere a las importaciones de fruta, señorías, hemos
pasado de importar 78.000 toneladas en 1986 a más de 300.000 en 1990,
casi cuatro veces más. Si analizamos el origen, en las importaciones de
frutas que provienen de la Unión Europea en el mismo período de tiempo,
se ha pasado de importar 21.000 toneladas a 177.000, casi se ha
multiplicado por nueve --son cantidades verdaderamente espeluznantes--,
mientras que el conjunto de exportaciones españolas se han mantenido
congeladas con una ligera tendencia a la baja.
Si nos centramos en las hortalizas --que también las nombra la
modificación de la OCM--, por lo que respecta a la Comunidad, las
importaciones han pasado de 174.000 toneladas en 1986 a 600.000 en el año
1990, tres veces y media más; mientras que nuestras exportaciones de
hortalizas han pasado de 1.517.000 toneladas a 1.400.000.
Por tanto, estamos frente a un panorama del que en ningún caso nos
podemos sentir orgullosos y nos hace aumentar nuestra preocupación. La
situación actual no es el fruto del azar, sino que es el resultado de una
serie de decisiones equivocadas que se tomaron y que han situado a
nuestro sector de frutas y hortalizas, sobre todo precoces, en una
situación muy difícil.
Me pregunto si una respuesta fácil es porque Francia se opuso de una
forma sistemática al ingreso del Estado español a la Comunidad,
imponiendo restricciones importantes a nuestros productos agrícolas y
ganaderos, con períodos de integración, que en algunos casos eran de diez
años y que luego se corrigieron, y ahora son avaladores entusiastas,
conjuntamente con el Gobierno español, de la potenciación de la
agricultura magrebí dándole todo tipo de facilidades. ¿No será que las
mejores fincas de regadío de Marruecos --y no quiero ser mal pensado--
están en manos del capital francés? ¿O quizá sea una cosa tan simple,
como que le toque una vez más a la agricultura mediterránea, sobre todo
la española, hacer una serie de concesiones para compensar las ventajas
que se dan desde Marruecos a los países de la Unión Europea, sobre todo
en el sector industrial y de servicios?
El socialista francés Jacques Delors, Presidente de la Unión Europea, en
un viaje que realizó el pasado año a Marruecos dijo: Este país será en un
futuro próximo un socio privilegiado de la Comunidad. La Comunidad
--dijo-- abrirá unas vías de diálogo que definirán unas nuevas relaciones
que se basarán sobre cuatro ejes fundamentales, el diálogo político, la
colaboración en todos los aspectos de interés común, la creación de una
zona de libre cambio y la asistencia financiera.
De hecho, estas declaraciones no son más que la consolidación de una
política que hace tiempo que se está realizando por parte de la Comunidad
y cuyos resultados negativos, por cierto, para nuestra economía ya
comienzan a dejarse notar. Los acuerdos firmados por la Unión Europea con
los países del Magreb ofrecen a ésos unas relaciones muy favorables en el
sector agrario, que han representado un incremento de sus exportaciones
en 1993 de un 6 por ciento del total importado de la Comunidad,
concentrado, sobre todo, en frutas, verduras y hortalizas. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Si analizamos la producción de tomate --que es una de las dos analizadas
por el Senador que ha presentado la Moción, y que es uno de los casos más
claros-- comprobaremos la imposibilidad de competir que tienen nuestros
productores, sobre todo, si tenemos en cuenta los costes sociales y de
producción, que son mucho más bajos allí que en el Estado español. Según
datos de la Confederación de Cooperativas, la importación de tomate
marroquí por parte de la Unión Europea aumentó en un 40 por ciento
durante el período de enero-febrero de 1993 en comparación con las mismas
fechas del año anterior, haciendo que el precio bajase de ocho francos a
tres, hecho que supuso el hundimiento de todo el sector productor
exportador español.
Las exportaciones de tomate durante la campaña 1992/1993 supusieron
--como ya dijo también el Senador que ha presentado la Moción-- 173.000
toneladas, el 35 por ciento más que la campaña 1990/1991; aumento
preocupante, si tenemos en cuenta que el 93 por ciento de la totalidad de
la producción va dirigida preferentemente a la Unión Europea.
Esta voluntad de potenciación de la agricultura mediterránea en países
terceros perjudica claramente a la nuestra, y por cierto este tipo de
agricultura es la más dinámica, la más competitiva, la que más puestos de
trabajo da, la que menos ayuda recibe y la que mejora de una forma clara
la balanza de pagos del sector agrícola. A lo mejor un día, y no quisiera
acertar, nos
enteramos de que esos comportamientos no son fruto de la casualidad y de
que detrás de todo esto está la potente industria agroalimentaria
francesa que, a través de las importantes inversiones que está realizando
en su antigua colonia, pretende seguir controlando la parte del mercado
que se le había escapado, que es la producción sobre todo de las
variedades precoces, y mientras tanto prepara el camino para que la
producción agrícola en antiguas colonias pueda pasearse por Europa sin
ningún tipo de problema.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para darnos cuenta de que el principio
básico en que se inspira la política comunitaria, que es la preferencia
comunitaria, debe aplicarse en todos los productos, en el más amplio
sentido de su palabra? Porque la Comunidad, que es tan rígida en la
aplicación de su normativa, deja, con la connivencia del Ejecutivo
español, que Marruecos exporte tal cantidad de tomate que provoque una
caída en el precio en el mercado francés, haciendo no competitivo el
procedente del Estado español y hundiendo a los productores y
exportadores.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nuestro Grupo está de
acuerdo con el contenido de la Moción que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista y, por supuesto, le vamos a dar soporte. Pero pensamos que es
una lástima que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se hayan dado
cuenta del perjuicio que se está produciendo en la agricultura
competitiva del Estado español. Y en este momento tengo que recordar las
reiteradas denuncias que ha hecho mi compañero de Grupo, el Senador
Companys. Si se le hubiera hecho caso, quizá no estaríamos en esta
situación de tener que modificar a toda prisa las OCM para salvar estas
producciones tan importantes, no solamente para Canarias, sino para todo
el Mediterráneo y parte del interior del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer i Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en turno de
portavoces, el Senador Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA RECIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. El Grupo Popular va a apoyar esta moción,
aunque consideramos, como ya ha indicado el propio portavoz del Partido
Socialista, que se debería haber presentado con anterioridad, puesto que
algunos acontecimientos han superado en el tiempo a la propia moción.
Al apoyar esta moción no hacemos sino continuar con la política que
venimos desarrollando en defensa de la agricultura española en general y,
más concretamente, frente a la apertura del mercado comunitario a
terceros países no miembros de la Unión Europea. Sirva como ejemplo la
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso de los Diputados. Esta postura no siempre ha sido tan clara
por parte del Gobierno español a la hora de defender los intereses de los
agricultores españoles tanto ante la Unión Europea como ante esos
terceros países. Lamentamos la falta de transparencia y las vacilaciones
con que el Gobierno de Felipe González ha ido fijando la posición de
España en las distintas negociaciones, lo que podría perjudicar la mejor
defensa de los intereses nacionales.
El 1.º de julio de 1993 entró en vigor la Organización mundial del
mercado del plátano, cuyos objetivos, en síntesis, consisten en una
preferencia comunitaria para garantizar que los países productores de
plátanos puedan comercializarlos en el mercado europeo en condiciones que
resulten rentables para el agricultor y en el respeto a las obligaciones
internacionales de la Unión Europea, manteniendo las corrientes
tradicionales con terceros países.
En la Exposición de Motivos de esta moción, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, se dice que la mayoría de las incertidumbres
por las que venían atravesando los agricultores plataneros de las Islas
Canarias han desaparecido. Pero la realidad es que en estos momentos aún
hay preocupación entre estos agricultores, pues no saben si el plátano se
va a poder seguir manteniendo como cultivo rentable o si, por el
contrario, habría que ir pensando en arrancar la platanera.
La producción platanera en Canarias está disminuyendo de forma alarmante.
El plátano canario representa el 50 por ciento de la producción
comunitaria y el 12 por ciento del total del consumo de plátanos en la
Unión Europea. Como he indicado anteriormente, a partir del 1.º de julio
de 1993 se crea una nueva situación con la entrada en vigor de la
Organización Común de Mercados, que si bien restringe en un 20 por ciento
la entrada del plátano/dólar latinoamericano en la Unión Europea vía
contingentación, al mismo tiempo, libera el mercado peninsular, cautivo
hasta entonces, para el plátano canario.
El subsector platanero ocupa en las Islas Canarias unas 9.000 hectáreas
de superficie, con una producción en la actualidad alrededor de las
365.000 toneladas anuales --cuando se discutió la Organización Común de
Mercados se situaba en las 400.000 toneladas-- y una facturación del
orden de 40.000 millones de pesetas.
La reestructuración del sector pasa, sin duda alguna, por la calidad de
la fruta enviada y por la mejora de las estructuras comerciales, de tal
forma que sólo las calidades extra y los cultivos de invernadero podrían
ser rentables en lo sucesivo.
El problema fundamental se presenta a la hora de obtener
en el mercado unos ingresos suficientes, de tal forma que no se coloque a
los agricultores canarios en peor situación de la que tenían en los
organismos nacionales de mercado, donde se establece una ayuda
compensatoria para ellos que cubre las pérdidas de ingresos que puedan
derivarse de la aplicación de la Organización Común de Mercados.
Dado que la producción canaria tiene unos costes no competitivos y con el
fin de mantener para el productor unos ingresos adecuados, el artículo 12
del Reglamento 404/93 de la OCM establece la ayuda compensatoria por la
pérdida de ingresos. Además, estima que debe mantenerse durante el tiempo
que las medidas de ayudas estructurales no lleguen a ajustar la situación
actual de costes con un aumento de la productividad y mejora de las
calidades.
Insistiendo de nuevo en que la forma en que se han llevado a cabo las
negociaciones ha sido inadecuada, vemos que el sector más dinámico y
competitivo de nuestra agricultura, el único que ofrecía hasta ahora un
saldo positivo en el comercio exterior que es el productor de frutas y
hortalizas obtenidas especialmente en invernaderos bajo plásticos o en
cultivos intensivos, en los que Murcia, por cierto es pionera en Europa,
tiene que sufrir el contenido de los acuerdos del GATT sin haber
conseguido previamente la satisfacción de sus más urgentes e inmediatas
demandas, tales como la de integrarse definitivamente en la Unión
Europea, puesto que, como se recordará, ocho años más tarde de nuestra
integración en Europa todavía los tomates, fresas, alcachofas, melones,
albaricoques y melocotones están sometidos a restricciones comerciales a
través del sistema de los mecanismos complementarios, a los intercambios
MCI, hasta el día 1 de enero de 1996.
También hay que señalar que se modifican sustancialmente las reglas del
juego respecto a las exportaciones subvencionadas y al acceso a los
mercados exteriores, sin haber logrado la más mínima garantía de cuánto
dinero y de qué fondos se va a disponer para financiar las profundas
reformas estructurales que habrá que abordar de inmediato. Y todo ello
sin perder la perspectiva de que, en paralelo, la Comisión está
negociando con los países del Magreb un tratado de libre cambio que
contiene un amplio capítulo agrícola que, indudablemente, tendrá una
importante repercusión negativa en nuestra agricultura exportadora,
especialmente en el tomate, puesto que la competencia del tomate español
con el marroquí en los mercados de la Unión Europea se dan en los meses
de enero a marzo, en los que no están protegidos por un precio de
referencia al no comenzar éste hasta el 1 de abril y durar hasta el 20 de
diciembre, como ustedes saben.
El Comisario europeo de agricultura, señor Steichen, llevó el pasado mes
de diciembre a la reunión plenaria de la Comisión una propuesta que
contempla la reforma de la OCM del sector hortofrutícola, en la que está
incluida la ampliación de calendarios del precio de referencia del tomate
para incluir en él el período de exportación del tomate canario. Todo
parece indicar que el calendario de preferencia formará parte del ajuste
en la política agrícola comunitaria en el GATT. Por esto, nuestro
Gobierno debe mantener en las negociaciones una postura firme, sabiendo
que tendrá todo nuestro apoyo para defender los intereses españoles.
Señorías, podríamos seguir hablando durante mucho tiempo de lo necesitada
que está nuestra agricultura. Nosotros apoyamos esta moción, como ya he
indicado anteriormente, confiando en que haciéndolo estamos apoyando el
futuro de la agricultura española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sepúlveda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, sirva esta intervención en el turno de
portavoces, en mi condición de interviniente por el Grupo Parlamentario
Socialista, para agradecer a los restantes intervinientes el apoyo a la
resolución. Quiero agradecer también el planteamiento crítico, pues
significa que hay viveza en cada uno de los grupos parlamentarios.
Naturalmente, no puedo dejar de defender la posición en la que creo
profundamente.
Señorías, es cierto, ya lo dije en mi intervención anterior, que desde el
momento en el que se produjo la entrada en el Registro de la Cámara de
esta moción, que fue a mediados del mes de noviembre de 1993, hasta la
fecha actual, afortunadamente, y como consecuencia de una dinámica
intensa de la Unión Europea, se han producido novedades que es menester
tener presentes, a algunas de las cuales ya hizo referencia el señor
Ministro de Agricultura, como dije también con anterioridad, en la sesión
de la Comisión de Agricultura del pasado día 2 de marzo.
El señor Ministro hizo referencia en la Comisión a los resultados
concretos de la Ronda del GATT, a los acuerdos de «Blair House», que se
perfeccionaron en diciembre pasado --es decir, con posterioridad al
momento de la entrada de esta moción--, como ha sido la modificación de
los calendarios de aplicación de los precios de referencia. En el sector
de frutas y hortalizas específicamente se ha conseguido el objetivo
fundamental al día de hoy consistente en la ampliación de los calendarios
de los precios de entrada de tomates, pepinos y calabacines aplicables a
las importaciones de países terceros.
En efecto, señorías, según la oferta comunitaria de acceso al mercado
para productos agrarios presentada en Ginebra el día 22 de febrero de
este año, es decir, hace unos quince días, los actuales precios de
referencia se transformarán en precios de entrada, y los calendarios de
aplicación --algo muy importante en relación con lo que se pide en la
moción-- se ampliarán a los meses de enero, febrero y marzo, meses en los
que actualmente no existe protección exterior alguna.
Ello asegura, por tanto, que, tras la Ronda Uruguay, los productos
españoles a los que acabo de hacer referencia, tomate, pepino y
calabacín, se van a beneficiar del principio de la preferencia
comunitaria --hasta ahora inexistente-- durante los citados meses en los
que se concentra una parte importante de las exportaciones españolas.
Pero la realidad es que, a día de hoy, aún no es de aplicación ese cambio
acordado hace unos quince días en los calendarios de precios de
referencia al período de enero a marzo de cada año, con lo que para este
año de 1994, tanto los resultados que se han producido hasta ahora como
los previsibles en la zafra actual, hacen presagiar unas pérdidas que el
sector exportador tomatero canario específicamente ha cuantificado del
orden de 5.000 a 6.000 millones de pesetas.
Esto justifica, señorías, que el Pleno de esta Cámara adopte una
resolución en la línea propuesta en la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, donde se contempla que es absolutamente inaplazable la
modificación o reforma de la Organización Común de Mercados de frutas y
hortalizas, es decir, el Reglamento comunitario 1.035/72, en el sentido
que hemos expuesto en nuestras dos intervenciones, de tal modo que, dado
que ya no es posible que lo acordado surta efecto en la campaña
actualmente vigente, sí lo tenga en la próxima campaña 1994-95.
En consecuencia, señorías, ya no cabe seguir hablando de precios de
referencia sino que hay que hablar de «precios de entrada», según la
nomenclatura comunitaria --lo digo entre comillas--, así como de
equivalentes arancelarios, nomenclatura nueva, en vez de tasas o
gravámenes compensatorios.
Señorías, en las negociaciones del GATT se acordó aplicar este nuevo
sistema con una protección significativa, de la que el Gobierno español
ha hecho bandera irrenunciable, y sobre la que ya estamos en condiciones
de afirmar que prácticamente es una meta conseguida.
Señoras y señores Senadores, en intervenciones anteriores se han oído en
esta Cámara manifestaciones --obviamente, en el libre ejercicio de la
responsabilidad parlamentaria de cada uno-- que yo no puedo compartir en
absoluto. El Senador Barbuzano ha utilizado una terminología, un énfasis
que le es propio, pero es obvio que su terminología, su metodología, su
rigor y su enfoque nos diferencian, y no entendemos por qué pretender
homogeneizarnos. Me ha dado la impresión de que el Senador Barbuzano en
su intervención ha querido transmitir a la Cámara que al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria no le queda otro remedio que votar
esta moción que, lamentablemente, procede del Grupo mayoritario de esta
Cámara, del Grupo Socialista, y en la que, lamentablemente, se nota el
espíritu inspirador de un socialista canario; socialista que, obviamente,
no puede defender con la misma talla, con el mismo ardor, con el mismo
nivel, con el mismo rigor con que el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria defiende los intereses de la colectividad canaria.
Señorías, ya está bien de hacer planteamientos de esta naturaleza. Si no
lo quieren votar, no lo voten, y si lo votan, háganlo con la limpieza que
entraña reconocer que la defensa de los intereses populares de Canarias
no es monopolio de nadie sino algo que nos corresponde a todos y cada uno
de los miembros de esta Cámara, hayamos salido elegidos, en
representación de los diferentes grupos, en la circunscripción canaria o
en otra circunscripción. Probablemente un Senador por la Comunidad de
Madrid, con independencia de su ideología, puede defender los intereses
de Canarias con la misma dignidad --y esto lo dice un Senador canario--
con que lo hace este Senador canario que les habla.
Señorías, sería una injusticia no reconocer que el Gobierno de la nación
ha defendido al sector platanero con toda intensidad. Me parece que el
Senador Barbuzano ha confundido este Senado con el Parlamento regional.
Su intervención ha sido propia del Parlamento de Canarias. Hágala allí,
si así lo estima oportuno, pero no reconocer que el Presidente del
Gobierno don Felipe González tuvo enfrentamientos notables, según consta
documentalmente, con los Presidentes de los países centroamericanos en
defensa de la producción platanera canaria sería algo rotundamente
injusto, y a esa injusticia no se suman ni este Senador ni el Grupo
Parlamentario Socialista.
Sería también injusto no reconocer que hasta hace muy poco tiempo la
producción platanera canaria se encontraba en una grave situación de
encrucijada. Hoy se han despejado los horizontes, ha desaparecido la
mayor parte de las incertidumbres, pero, eso sí, hay problemas de ajuste
en la aplicación de la OCM para cuya resolución todos tenemos que poner
la carne en el asador en nuestros diferentes ámbitos competenciales. Yo
voy a decir aquí algo que sería propio del Parlamento regional: que el
actual Gobierno de Canarias no ejerce el liderazgo en los sectores
productivos en que tendría que ejercerlo a efectos de adaptarlos a la
realidad actual.
Señorías, quiero recordarles que ha sido precisamente el Comisario
Matutes --permita que se lo recuerde, Senador Sepúlveda-- quien en el mes
de mayo de 1992 elevó a la Comisión un informe, que este Senador ha leído
con mucho interés y que comparte en plenitud, encaminado a alertar acerca
de la necesidad de propiciar
acuerdos de los países comunitarios como unidad con Marruecos. Justamente
mañana a las diez, a petición del Grupo Parlamentario Socialista de ambas
Cámaras, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas
va a analizar el proyectado convenio euro-magrebí como consecuencia de la
comparecencia del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas para
tratar de ese tema concreto.
Senador Ferrer i Profitós, le agradezco su intervención, al igual que le
agradezco la suya al Senador Sepúlveda. Y aunque haya discrepado
notablemente con el contenido de la intervención del Senador Barbuzano,
también le agradezco su sentido positivo en lo que al voto se refiere.
Señorías, sería de una irresponsabilidad colosal por parte del Estado
español no propiciar encuentros y concertaciones en los diferentes
ámbitos de la productividad, del comercio y de la vida industrial con ese
país vecino, país para el que dos Comunidades españolas, la Comunidad
Canaria y la Andaluza, son netamente fronterizas; un país con el que
tenemos que dialogar y comerciar permanentemente y en el que hay un
importante capital español invertido. Les invito a que mañana acudan a
esa Comisión Mixta que va a tratar de este tema específico. Debemos
seguir propiciando esos entendimientos, pero eso no significa en modo
alguno que el Gobierno español haya hecho dejación de la defensa de los
intereses productivos. Dispongo de un listado a este respecto, pero,
habida cuenta de que ya he consumido mi tiempo, no me detendré en ello.
Sería conveniente que analizásemos, a efectos de rigor --y termino, señor
Presidente--, el crecimiento importante en la exportación de tomate
canario que zafra tras zafra se ha ido produciendo desde nuestra entrada
en la Comunidad Europea. En un período de cuatro años Canarias ha
incrementado en 100.000 toneladas la producción tomatera comercializada
en la Comunidad Europea. Y, señorías, les adelanto en estos instantes
--habida cuenta el interés que el tema tiene-- que el Grupo Parlamentario
Socialista, dado el debate que aquí se ha producido, considera oportuno
continuarlo en Comisión, por lo que solicitaremos la comparecencia del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Comisión de
Agricultura con el fin de producir un debate intenso sobre estos dos
productos específicamente, y lo hará el Grupo Parlamentario Socialista a
propuesta del Senador que les habla.
A todos los intervinientes, muchas gracias por el apoyo a la moción. Nada
más, señor Presidente. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
¿Por qué artículo pide la palabra, Senador Barbuzano?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Por alusiones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Nada más quería decirle a mi querido amigo, Senador por Tenerife, José
Segura, una frase, y aprovecho la ocasión para decirla en guanche: «Ajul
sadami tiniguade».
Nada más, señor Presidente. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con el profundo respeto que le tengo al Euskera y,
naturalmente, al catalán, y una vez más recuerdo mi origen, yo ni conozco
la existencia del guanche ni me interesa, ni le he entendido, señoría.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Antes de someter a votación la moción número 35, voy a suspender la
sesión por un minuto, pero les ruego que no se ausenten de sus escaños.
(Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a que eleve a la Comisión Europea la solicitud
de modular el período que sirve para calcular las referencias
cuantitativas de que habla el reglamento de la propia Comisión número
1442/1993, y a que plantee a la misma exigencia de un compromiso firme
para la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y
hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas número
1035/1972, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales con fecha 30 de noviembre de 1993.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: La moción ha quedado aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE CONSTITUYA UNA COMISION TECNICA INTERMINISTERIAL QUE , TRAS ESTUDIAR
EL PROBLEMA SOCIAL DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN ESPAÑA, ASI COMO SU
CUANTIFICACION Y TERRITORIALIZACION, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN
ORDEN A ARTICULAR UN PLAN DE MEDIDAS CONCRETAS QUE MEJOREN SU ACCESO A LA
INFORMACION Y EL DERECHO A UNA POLITICA EDUCATIVA DE BECAS, VIVIENDA,
FORMACION PARA EL EMPLEO, FISCALES Y DE PROTECCION SOCIAL. (662/000044.)
El señor PRESIDENTE: Moción número 36, del Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a que constituya una Comisión
Técnica Interministerial que, tras estudiar el problema social de las
familias monoparentales en España, así como su cuantificación y
territorialización, adopte las medidas necesarias en orden a articular un
plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la información y el
derecho a una política educativa de becas, vivienda, formación para el
empleo, fiscales y de protección social.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la Senadora Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se
podría haber presentado en cualquier momento de esta legislatura, pero no
cabe duda de que cobra una especial virtualidad si la enmarcamos dentro
del año 1994, Año Internacional de la Familia, y cobra también un
especial interés por cuanto recientemente acabamos de conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Digo esto porque el porcentaje mayoritario de
familias monoparentales en España están constituidas por una mujer.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senadora Zabaleta, perdóneme un instante.
Señorías, les ruego un poco de silencio porque hay dificultades para
escuchar a la oradora.
Su señoría tiene la palabra.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Los datos de diciembre de 1993 arrojan un número de 298.000, casi 300.000
familias monoparentales en España, y el grupo protagonizado por mujeres
como cabeza de familia es de 259.000, siendo 39.000 aquellas encabezadas
por un hombre.
La familia es una unidad básica de la sociedad, y la proclamación de este
Año Internacional de la Familia tiene como objetivo destacar su
importancia desde un punto de vista personal, social y estructural en la
sociedad en la que vivimos.
A pesar de todos los cambios que se están produciendo en dicha sociedad,
la familia sigue ofreciéndose como marco natural de solidaridad y de
apoyo en el desarrollo y atención de sus miembros. De ahí la importancia
de estudiar y apoyar los diferentes estados de necesidad de las familias
españolas.
Por todo ello, y en las diferentes transformaciones que ha ido sufriendo
la familia, cobra especial importancia la familia monoparental, aquella
en la que, constituida por un solo miembro, el peso de las obligaciones y
de los deberes recae en una sola persona.
Si hay 11.800.000 familias en España, una sexta parte de ese número son
familias en las que el o la cabeza de familia es una sola persona. Si
seguimos investigando más en esos datos, nos damos cuenta de que el 90
por ciento son mujeres y el 10 por ciento son hombres. Y si todavía
analizamos más cuáles son las condiciones de esas familias
monoparentales, nos encontramos con que, del 90 por ciento de familias
monoparentales encabezadas por una mujer, el 55 por ciento de ellas
trabaja, mientras que están paradas o inactivas el 45 por ciento.
Por contra, si analizamos ese 10 por ciento de cabezas de familia
masculinos en familia monoparental, también observamos que casi el 70 por
ciento de ellos trabajan, mientras que el 30 por ciento estarían parados
o inactivos.
Quiere esto decir que si la problemática de la familia monoparental en
España, y en Europa en general, tiene el rostro de una mujer, los
problemas de paro o inactividad también se agravan más en el caso de
mujeres que en el de los hombres.
Por tanto, la mayoría de los cabezas de familia monoparental que no
tienen un empleo remunerado dependen de las llamadas prestaciones de
carácter social, dependen de los salarios mínimos de inserción, de los
salarios sociales; incluso, cuando la familia monoparental tiene un
empleo remunerado también las dificultades son mayores.
De ahí que surja la necesidad de instar al Gobierno para que se cree una
Comisión Técnica Interministerial que aborde de una manera global la
problemática; que, tras estudiar los estados de necesidad de las familias
monoparentales en España, sobre todo las más necesitadas, y su
territorialización, elabore un plan de acción integral sobre estas
familias monoparentales, ya que éstas se han convertido en uno de los
colectivos de mayor atención por parte de los servicios sociales, puesto
que la pobreza y la precariedad vulneran e inciden de manera diferencial
en este colectivo. Se constata, pues, la existencia de una problemática
específica que necesita también de un abordaje específico.
De un estudio que se llevó a cabo en el territorio de
Guipúzcoa de 300 familias monoparentales, todas ellas dependientes del
salario social, se obtenía más o menos el perfil de lo que es una familia
monoparental en España de las que podemos incluir en un estado de más
necesidad. Nos encontramos con que era el perfil de una familia joven,
porque en casi el 60 por ciento su cabeza de familia tenía menos de 45
años. Aproximadamente el 50 por ciento lo eran como consecuencia de la
separación y del divorcio, de las que un porcentaje tan importante como
el 40 por ciento no había trabajado nunca y tenía muchas dificultades de
encontrar un empleo por la baja formación, por la escasa cualificación y
formación para acceder al empleo, con importantes cotas de fracaso
escolar de los hijos. Ellas mismas manifestaban que tenían tres problemas
fundamentales: el trabajo, los ingresos económicos y la vivienda. Había,
además, un número de 500 hijos que dependían de esas familias, y algo que
es tremendamente importante también, 118 personas emparentadas con ellas
dependían también de sus prestaciones. Una vez más se demostraba la
solidaridad existente de quienes están más necesitados. Su formación era
baja, incluso consideraban que su salud era regular. En el tiempo libre
un 60 por ciento veían exclusivamente la televisión, y algo que me parece
tremendo y que hay que destacar: ellas mismas se sentían profundamente
solas.
Por todo ello, parece necesario actuar sobre las capas más desfavorecidas
de la sociedad y las capas más desfavorecidas de la familia, para mejorar
las relaciones adecuadas de estas familias con su entorno, para
garantizar el acceso a la educación de esos niños y niñas e intentar
evitar el fracaso escolar el descuelgue del sistema escolar, para
posibilitar itinerarios de inserción laboral y de formación para el
empleo desarrollando las capacidades que les hagan falta, en muchos casos
la capacidad de la disponibilidad al mundo laboral, y promover la
posibilidad de acceso a una vivienda.
Por todo ello --y de ahí se desprende el segundo punto de esta moción--,
instamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a
articular un plan de medidas concretas que mejoren el acceso de estas
familias, en primer lugar, a la información como llave de acceso a sus
derechos reconocidos a una política educativa de becas, de vivienda, de
formación para el empleo, fiscal y de protección social que mejoren
sustancialmente las condiciones de vida de este colectivo, sobre todo, y
prioritariamente, de los más desfavorecidos.
El Año Internacional de la Familia tiene como lema erigir la democracia
más pequeña en el corazón de la familia. Pues bien, no habrá una
democracia plena mientras haya desigualdad. Esta iniciativa surge para
ayudar a paliarla. Espero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
que esta moción tenga el respaldo de sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Abrimos el turno de portavoces.
El Senador Cuevas González tiene la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el apoyo a la moción
presentada.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Torrontegui tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, nuestro Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos no tiene ningún inconveniente en dar el voto
favorable a la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado
a fin de instar a su propio Gobierno Socialista para la constitución de
una Comisión técnica interministerial, como propone el texto de la
moción, con el objetivo de resolver un problema social que aqueja a un
colectivo, denominado de familias monoparentales, en la sociedad
española.
Sin embargo, queremos puntualizar algunos conceptos. Este hecho es, sin
duda, importante, y la moción presentada oportuna, ya que, como ha
señalado la Portavoz socialista, rememoramos tanto la
internacionalización de la familia durante este año como el tema de la
mujer que, como ha sido corroborado, es una de las más afectadas, además
de los hijos.
Permítasenos algunas consideraciones que, en alguna medida, son
reflexiones hacia un comportamiento efectivo y resolutivo de un problema
latente en la sociedad y que todos, sin excepción, pretendemos resolver.
Pero indiquemos algunas vías, pues para eso estamos en una Cámara desde
donde se deberían dar algunas orientaciones o propuestas, sean
legislativas o simplemente con carácter de recomendación, pero cuyo fruto
debería quedar reflejado en la sociedad, que es la que, en definitiva,
nos ha otorgado esa responsabilidad.
Señorías, hemos oído repetidas veces en esta Cámara referencias a la
creación de nuevas Comisiones, y se ha afirmado algo así como que
constituir una Comisión «ad hoc» suele ser la pretensión de aparcar un
problema. Esperemos que en este caso no resulte así, pues su resolución
deberá compaginar mucha voluntariedad y llegar con acierto a la sociedad
que representamos.
Por otro lado, entendemos que la pretensión de esta moción es la de
reforzar al Ministerio de Asuntos Sociales, que observa la denuncia en la
sociedad y requiere del apoyo de la Cámara pues, según parece, no tiene
la suficiente fuerza como para incidir directamente en otros Ministerios
que, sin duda, deberán tomar parte activa, Ministerios como el de
Economía y Hacienda, Justicia, Sanidad, Educación, Vivienda, Trabajo,
etcétera.
Vamos a hablar del Ministerio de Asuntos Sociales, ya que la Asociación
Española de Mujeres Separadas y Divorciadas acudió recientemente, en los
mismos términos en los que se presenta la moción, a dicho Ministerio para
proponer una Comisión Interdisciplinar de expertos de todos los
Ministerios y así subsanar la penuria material en la que viven muchas de
estas familias incompletas. Sin duda, también otras asociaciones sociales
y políticas han expuesto repetidamente este asunto. Nuestro Grupo se
opondría de alguna forma a la creación de esta Comisión si tuviera que
entrañar una dilapidación del gasto público en forma de una simple
burocratización, pues entendemos que tanto en esta disciplina como en
otras hoy debería haber la suficiente cobertura de medios públicos por
parte de la Administración Central.
Por otro lado, este tema ya está traspasando a diversas Comunidades y se
ha traspasado a diversas Comunidades Autónomas con competencia plena en
la materia y, por tanto, ellas son los brazos ejecutores y desde donde
mejor se resolverán los problemas más cercanos a su propio entorno.
Aunque tampoco negamos que, a veces, la implicación traspasa no sólo los
límites autonómicos o nacionales, sino también los internacionales.
En particular, sabemos que en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco
existen infinidad tanto de propuestas como de denuncias en relación a
este problema concreto. Sería interminable la serie de trabajos y
dosieres en torno a este tema y otros similares. Sin embargo, las
resoluciones son más difíciles. Se ha pretendido, por ejemplo, crear un
fondo de garantía para matrimonios separados o para cubrir el denominado
pago de alimentos para suplir los mínimos vitales. El Ayuntamiento de
Vitoria, siempre tan avanzado en temas sociales, ha abierto estos días
--como saben todos ustedes-- el Registro de estas familias o parejas
incompletas. Sin embargo, y como simple anécdota, también hay que señalar
que este Ayuntamiento tiene otras oficinas abiertas para acoger a
objetores de conciencia, por ejemplo, e incluso en esta misma Cámara
hemos hablado de un Registro de familias gitanas y demás discriminaciones
sociales.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos distingue
muy claramente que el tipo de medidas políticas que hubiera que adoptar
con todo rigor van más en el sentido de la prevención como terapia,
tomado como tratamiento de excepción dentro de la regla general.
Todo el mundo entiende de una institución tan antigua, tan rica, tan
cercana y tan propia como es la familia, pero siempre existen jueces
como, por ejemplo, el señor Barbero, que opina de política y de los
políticos, o lectores del «Marca» que saben todo sobre el fútbol. Sin
embargo, los políticos estamos obligados a prevenir y tratar de acertar
eliminando, en lo posible, casos como el de las familias monoparentales
y, claro, las resoluciones no son tan fáciles, ni las opiniones y
estrategias para su resolución son las mismas.
Hay muchas dificultades para hacer una buena definición de los
monoparentales, o para su acotamiento en relación al término del Estado
del bienestar, o bien en el grado de participación o colaboración del
papá Estado, o bien en el de otros agentes internos o externos de la
sociedad como son las emisiones de programas en Televisión denominados
telebasura. Tenemos una concepción de la sociedad cada vez más
individualista e insolidaria que, por otro lado, con absoluta libertad
para que cada uno pueda tomar sus propias resoluciones, se toman sin duda
con un menor grado de sacrificios, sin cesiones a sus semejantes o con
una clara dependencia del victimismo del consumo, con escapismo,
etcétera.
Señorías, en este valle de lágrimas todo no es liso y llano; las
familias, en general, tienen grandes dificultades, y quizá tengamos que
reivindicar con mayor intensidad la defensa de la propia institución
familiar contra una serie de tópicos.
¿Qué disposiciones, qué facilidades qué apoyo tienen las familias
numerosas, los ancianos, los jóvenes, para su emancipación, etcétera?
Quizá deberíamos poner el acento en la prevención, como paliativo de una
solución, para que no se den tantos casos como éste.
Recientemente, nuestro Consejero de Hacienda en el País Vasco recordaba
la labor distributiva de amparo, de equilibrio que realiza la familia
como unidad socioeconómica estable y segura para un montón de jóvenes sin
trabajo, de padres jubilados o entre hermanos. Y realmente hay que
preguntarse: ¿cómo se valora públicamente este hecho?
Seguro que también se requeriría una valoración de esta cohesión familiar
como elemento de solidaridad para ponerlo en su justa medida, en el nivel
que desarrolla y compensa dentro del equilibrio social.
Señoras y señores Senadores, en lo referente a nuestra Comunidad
Autónoma, que conocemos un poco mejor, vamos a dar algunas cifras para
saber el terreno que pisamos. Un 83 por ciento de la población vasca
considera a la familia como una institución vital y viven en una unión
matrimonial heterosexual, y del orden del 72 por ciento tienen algún
hijo, aunque también es cierto que existen grandes transformaciones y
grandes cambios en los modelos familiares. Sin embargo,
otros modelos de familia como parejas homosexuales, en segundas nupcias,
con hijos adoptados y núcleos monoparentales alcanzan la proporción del
8,37 por ciento, con una tendencia al alza, que es lo que nos importa y
nos preocupa especialmente.
Un dato reciente indica que la mayoría de los hijos son legítimos, o sea,
concebidos dentro del matrimonio, aunque se haya reducido el núcleo
familiar. La edad de los contrayentes va incrementándose, situándose la
media en los varones en 29 años y en 27 años en las mujeres, y hay un
aumento de matrimonios eclesiásticos, pues de los 11.287 celebrados en
1992, sólo 2.736 lo hicieron por la vía civil.
Podríamos alargarnos excesivamente en esta materia como consecuencia de
tantas opiniones, estudios, encuestas, etcétera, pero nos gustaría citar
alguna estadística europea que señala que uno de los placer con el que
más disfruta el hombre de hoy es estar en familia.
También quisiéramos hacer mención a algunas noticias que aparecieron en
la prensa estatal del pasado domingo, donde los titulares de los
Ministerios de Justicia y Asuntos Sociales sugerían ya posibles reformas
para dar más derechos a las parejas no casadas, puesto que reconocen la
discriminación que sufren las uniones no formalizadas. Según datos del
CIS de 1992, aproximadamente un 2 por ciento de la población mayor de 18
años que vive en pareja en España no están casados, es decir, unas
150.000 parejas de hecho.
También debemos indicar en esta Cámara que en el mismo periódico se
aludía a la visita que la Senadora socialista doña Gemma Zabaleta,
defensora de la moción, junto con los Diputados de Bienestar Social de
Vizcaya y Guipúzcoa, hicieron a las mujeres de la Asociación de familias
monoparentales de Vizcaya. Al mismo tiempo, se anunciaba esta moción y la
acogida en el País Vasco del Primer Congreso Estatal de familias
monoparentales, que cuenta con el apoyo de la señora Ministra de Asuntos
Sociales.
Resumiendo, señorías, damos la aprobación a esta moción para que se pueda
resolver un problema real existente en nuestra sociedad, pero incidiendo
seriamente en que el tratamiento fundamental debe ir dirigido a la
defensa y mantenimiento de la familia con letras mayúsculas y procurando
que la regla general tenga el menor número de excepciones, que, sin duda,
deberán ser minimizadas y resueltas.
Quizá, como dicen los sociólogos, la sociedad tenga un exceso de
información que no sabe digerir y una carencia de patrones de conducta en
términos de valoración de lo que está bien y de lo que no lo está ante la
confusión de referentes cada vez más dinámicos y etéreos. No cometamos el
error de privilegiar o favocer situaciones que se deberían considerar
como lo que son: problemas puntuales para los que habrá que adoptar las
medidas necesarias, de modo que su situación o posición de irregularidad
pueda ser corregida siempre que se sienta discriminada, y no sea
observada como una lacra, dentro de la libertad sana que como miembro de
la sociedad debe tener.
Señorías, acabo con las palabras que el Lenhendakari Ardanza pronunció
anteayer en un discurso ante el Senado francés, donde citó a la Unión
Europea como más Europa, menos Estado y mucha más sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, quisiera empezar esta intervención, que ya
anuncio que va a ser a favor de la propuesta del Grupo Socialista en esta
moción, felicitando a la Senadora Zabaleta por esa iniciativa. Nuestro
Grupo cree que es importante y, si se me permite, con todo el cariño le
diré que nos alegra que sea una Senadora socialista quien traiga a debate
un tema relacionado con la familia en su conjunto.
Hoy el planteamiento que se hace es de una parte importante del problema
de la familia, las familias monoparentales. Pero sus señorías no
desconocen que el problema no es sólo del conjunto de la familia, sino
que es un problema de la sociedad. En la configuración de esta sociedad
todos tenemos una responsabilidad. Frente a esa familia que recordamos la
gente de mi generación y de generaciones anteriores a la mía, con el
esquema típico que hemos vivido en el que la familia pasaba básicamente
por la figura de la abuela, de la madre y de los hijos, configurándose
alrededor de este eje un modelo determinado, nuestra sociedad ha querido
--los tiempos nos han llevado hacia ello-- que este esquema forzosamente
sea hoy otro. La libertad y el deseo de libertad e igualdad de la mujer
en el mundo del trabajo ha hecho que este esquema sea diferente.
Seguramente es mucho mejor el actual, pero cuesta romper con aquellos
esquemas porque aquél nos conduce a un modelo diferente. Un modelo que
nos debe hacer pensar no sólo, como decía, en las familias
monoparentales, sino en el conjunto de los problemas que tienen hoy las
familias dentro de nuestra sociedad.
En este sentido, Senadora Zabaleta, podría hacer un discurso en la
siguiente línea: la moción queda coja, tendría que ser más amplia... No
lo voy a hacer, porque pienso que todo lo que sea ir adelantando, ir
dando pasos y solucionando problemas, aunque sea por etapas, es
importante. Pero tampoco quisiera dejar pasar de largo la oportunidad de
señalar que en este recorrido el camino que hoy se hace se aborda sólo
una parte de los problemas que tenemos planteados. Empecemos por éste. De
acuerdo, no es todo ni es mucho, pero es bueno; empecemos pues con él.
Como complemento de este esquema que yo dibujaba, que seguramente es muy
básico y primario, pero pienso que muy real, sobre la forma en que estaba
constituida la familia hasta hoy, debemos ir aplicando nuevos modelos y
corregir aquellas deficiencias que la sociedad y la estructura actual de
la familia nos puedan ir dando, ya sea monoparental maternal o parternal.
Es cierto, señora Zabaleta, que en la mayoría de las familias
monoparentales la responsabilidad recae sobre la mujer. Son muchas más
las familias monoparentales basadas en la figura de la madre que en la
del padre.
De todas maneras, déjeme que le diga que, al margen de esta iniciativa
que hoy usted y su Grupo han tomado --y que nosotros, como ya he
anunciado, vamos a votar favorablemente--, en el contenido de esta
propuesta se pretende la constitución de una comisión interdepartamental
que estudie el problema de las familias monoparentales, es decir,
trasladamos esta responsabilidad al Gobierno para que sea el Gobierno
quien lo estudie, pero yo pienso que éste es un tema importante y que una
Cámara como el Senado no debería dejar pasar la oportunidad de que
también desde aquí demos nuestra opinión. ¿De qué forma? De una forma que
pueda ser ágil, que no entorpezca, sino al revés, que ayude a encontrar
la última finalidad perseguida. Y propongo, si se acepta --y es una
iniciativa parlamentaria que en el Grupo Catalán vamos a promover--, que
sea el Senado el que a través de una Ponencia, dentro de la Comisión que
corresponda, pueda analizarlo con la precisión, con la independencia y
con la soberanía con que se puede hacer desde una Cámara legislativa como
el Senado.
Por tanto, déjeme también que aporte un conocimiento que me imagino que
ya deben tener. Pongo en su conocimiento que la Generalitat de Cataluña,
en abril de 1993, creó ya una Comisión interdepartamental para estudiar
los problemas no de las familias monoparentales, sino del conjunto de las
familias necesitadas: familias monoparentales, familias desestructuradas
y familias que tienen problemas de otra índole sin haber roto la unidad
familiar. Senadora Zabaleta, en esta línea, nuestro Grupo ofrece la
posibilidad de que, al margen de este acuerdo, tomemos iniciativas para
que la Cámara del Senado pueda aportar su opinión, su conocimiento, sus
ganas y su interés en resolver, insisto, no sólo esta parte del problema,
sino todo su conjunto.
Termino como empezaba, Senadora Zabaleta, la felicito por su iniciativa,
va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència
i Unió y reflexione usted también ante la posibilidad de que podamos
obsevar esta problemática desde ópticas mucho más amplias.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Urzay.
La señora URZAY URQUIZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, en primer lugar, como no podía ser de otra
manera, para votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo
Socialista. Y no podíamos votar más que sí a esta moción porque el Grupo
Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, siempre ha
situado entre sus principales preocupaciones la defensa de la familia.
Por encima de los enfoques partidistas, es incuestionable que la familia
constituye la piedra angular de la estructura social y que por ello,
precisa de toda la protección posible desde los poderes públicos. Este
planteamiento de principio se ve reforzado aún más, si cabe, en estos
tiempos en los que la familia constituye, y eso es una realidad
sociológica evidente en muchos aspectos, el principal escudo frente a las
dificultades económicas que atraviesan tantos ciudadanos españoles. Por
otra parte, señorías, la familia es un instrumento clave para la
formación de la persona como individuo y como miembro de una
colectividad, así como para la transmisión de los valores socialmente
compartidos. En una época en la que la aceleración del tiempo histórico
tiende a desenfocar tantas de estas referencias fundamentales, el papel
de la familia cobra todavía más relevancia para la sociedad. La dimensión
de esta problemática actual no es exclusivamente española, aunque en
nuestro país pueda tener unas características específicas, sino global,
como lo demuestra la declaración de 1994 como Año Internacional de la
Familia. También es conveniente resaltar, aquí y ahora, el espíritu de la
Resolución del Parlamento Europeo de 7 de julio de 1986, refrendada en la
Resolución de 31 de marzo de 1993, cuyas recomendaciones ha desoído el
Gobierno español, sobre todo, hacia las familias monoparentales.
En este contexto general existen situaciones familiares concretas que por
su posición de desventaja precisan de una atención especial.
Tal sucede, por ejemplo, con las familias de padres separados o
divorciados, que no reciben las pensiones establecidas por decisión
judicial o, como en el supuesto de la moción socialista que nos ocupa,
con las familias monoparentales, cuyo número ha crecido
significativamente de la mano de los cambios que vienen produciéndose en
la sociedad española durante los últimos años.
He escuchado con atención la encuesta a la que se ha referido la portavoz
del Grupo Socialista, Senadora Zabaleta, a quien le quiero preguntar cómo
es posible que, ante semejante encuesta, el Grupo Socialista no haya sido
sensible hasta hoy a los problemas que tienen
estas familias, ya que tanto estos problemas, como dichas familias, no
han surgido de la noche a la mañana, sino que existen desde hace mucho
tiempo.
Decía que la protección de la familia, en general, y de las
monoparentales, en particular, ha estado recientemente presente en dos
proposiciones no de ley que nuestro Grupo presentó en el Congreso, y me
ciño exclusivamente a las más recientes, es decir, a las que hemos
presentado en esta legislatura. Una de ellas, se refería a la creación de
un fondo de garantía de pensiones alimenticias destinado a cubrir las
necesidades más perentorias de las familias monoparentales con menores,
entre otros supuestos. Dicha proposición fue debatida en Comisión el
pasado 1.º de diciembre de 1993, y rechazada por los votos en contra del
Grupo Socialista, Convergència i Unió e Izquierda Unida.
Ante esta realidad, nos preguntamos cómo es posible que la ex Ministra
Fernández viera necesario en ese momento la consignación de un importante
crédito de 18.000 millones de pesetas para Radiotelevisión Española, al
señalar --son palabras textuales-- que los medios de comunicación en todo
lo que se refiere a la atención de las políticas sociales tienen un papel
importante que desarrollar.
Señorías, ésta es una prueba más de la preocupación que el Gobierno ha
tenido, y sigue teniendo, por utilizar los medios de comunicación en su
favor, dando una política de imagen que, en realidad, oculta una
insuficiente política social que las familias --en este caso, las
monoparentales-- llevan demandando desde hace tiempo.
Los hombres y mujeres del Partido Popular entendemos que es más
importante conocer la realidad, para anticipar las soluciones, que no ir
detrás de ellas.
Otra iniciativa de nuestro Grupo ha sido debatida en el Pleno de 1.º de
marzo de 1994, por la que se instaba al Gobierno a la modificación del
ordenamiento jurídico español, con la finalidad de lograr una mayor
protección social y económica de la familia. Esta proposición fue
aprobada después de que nuestro Grupo aceptara una enmienda de
socialistas y catalanes que proponía la creación de una Ponencia para el
estudio de este tema en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo.
Por tanto, señor Presidente, señorías, en congruencia con esta línea de
actuación, el Grupo Popular tiene que dar su voto favorable a esta
moción. No obstante, es muy de lamentar que, al igual que el Gobierno al
que respalda, el Grupo Socialista tenga siempre que esperar a las
conmemoraciones o iniciativas de organismos internacionales para
descubrir los problemas existentes en la sociedad española. Es, pues, una
lástima que las Naciones Unidas no hubieran decidido celebrar el Año
Internacional de la Familia en 1983. De ese modo, quizá nos hubiéramos
ahorrado diez años sin política alguna en relación con la familia, tal es
el balance que sobre este importante particular puede presentar el Grupo
Socialista.
También sería de desear que la presente iniciativa no fuera vaciada de
contenido por el Gobierno, limitándose a la mera política de imagen que
tiene por costumbre, sino que se implicara en adopción de medidas
concretas. Baste en este sentido recordar que las ayudas económicas a las
familias españolas son de las más bajas de Europa, que no existe un
régimen tributario justo con las familias --no es, por ejemplo, protector
en lo referido a la relación directa entre número de hijos y presión
fiscal--, o que el Gobierno aún tiene pendiente su promesa de crear un
fondo de garantía de pensiones para las familias más desfavorecidas,
objetivo que se contemplaba en el I Plan de Igualdad de Oportunidades
para la Mujer, pero decayó en el segundo. Este era, además, el sentido de
nuestra citada proposición no de ley, que fue rechazada en el Congreso el
pasado mes de diciembre.
En el transcurso de dicho debate en el Congreso, la Diputada Fernández
manifestó que el Gobierno no puede dedicar en 1994 los recursos
económicos necesarios para poner en marcha este fondo. Pero nosotros
decimos que lo que hace falta es racionalizar el gasto y atender a
cuestiones prioritarias, como la que nos ocupa.
Por cuanto hemos dejado expuesto, es nuestro deseo que todos los Grupos
voten favorablemente esta moción --como he comprobado en el transcurso
del debate--, y nos tenemos que felicitar por ello, porque los hombres y
mujeres que hemos sido votados por millones de ciudadanos vamos a ser
capaces de ponernos de acuerdo para solucionar un problema importante,
como es el de las familias monoparentales, las cuales siempre han tenido,
y lo seguirán teniendo, el apoyo de los hombres y mujeres del Partido
Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senadora Zabaleta, en turno de portavoces.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar contestar muy brevemente a todos los
intervinientes.
En primer lugar, me voy a referir al Senador Torrontegui, sobre todo para
tranquilizarle, ya que ha expresado su miedo a que se aparque este
problema. En este sentido, estamos instando al Gobierno a que haga algo
tan importante como crear una Comisión Interministerial que trate de
abordar de manera global la problemática de la familia monoparental, y no
se quede sólo en una Comisión que estudie esta cuestión. Para eso se le
insta, para que elabore un plan de acción global, porque nos parece que
ésa es la forma mediante la cual
se puede mejorar sustancialmente las condiciones de vida de estas
familias y abordar su problemática de una manera interdisciplinar, a
través de un abanico de soluciones.
La Senadora del Grupo Popular ha dicho que no hemos hecho nada durante
todos estos años, por lo que después pasaré a explicarle la gran cantidad
de cosas que ha hecho el Gobierno socialista en pro de los más
desfavorecidos, y también con respecto a las familias monoparentales.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.) Señoría, ésta es una medida
más, que estudiaré atentamente si ustedes también lo hacen en la Xunta de
Galicia, donde han creado una Consejería de familia. Usted ha dicho que
nosotros simplemente tenemos una política de imagen pero, insisto,
seguiré atentamente los planes de la Consejería de familia, porque hasta
ahora sólo se ha tratado de una cuestión de imagen. (Protestas en los
escaños de la derecha.)
Con respecto a la creación de esa Comisión, ciertamente, pensamos que no
hay que aparcar el problema. Además, los Senadores del Grupo Socialista
nos vamos a preocupar, no sólo de que eso no ocurra, sino de que se
resuelvan los problemas que siguen pendientes. No se trata de reforzar al
Ministerio de Asuntos Sociales, que está muy reforzado, y actúa en
colaboración con las Comunidades Autónomas. Por eso, éste es un problema
de todos, y cuando criticamos al Gobierno tenemos que criticarnos a
nosotros mismos, a los que tenemos competencias en esta materia en las
Comunidades Autónomas, porque los planes en materia de asuntos sociales
y, en concreto, los que afectan a las familias monoparentales, se están
llevando a cabo desde el Ministerio de Asuntos Sociales en colaboración
con las Comunidades Autónomas y las Diputaciones con competencias
transferidas en esta materia. Pero existen planes de formación para el
empleo y los salarios sociales están instaurados en la generalidad de las
Comunidades Autónomas. Ese es un logro de todos. Esos salarios sociales
están afectando, por desgracia, a muchísimas mujeres. Casi un 52 por
ciento de las personas que cobran el salario social en familias
monoparentales son mujeres que están dependiendo y subsistiendo de él.
Pero se trata de que no solamente tengan eso, sino que realmente se
realicen planes globales y no acciones aisladas e individuales. ¿Es
correcto que una familia monoparental cuando esté en una situación de
emergencia en su vida cotidiana tenga que salir adelante dependiendo de
las ayudas de emergencia social, en muchísimos casos para pagar
alquileres de su vivienda? ¿O hay que hacer un plan de vivienda si cabe
más social? Ahí estamos nosotros para instar al Gobierno a que realmente
se haga.
Nosotros seremos los mayores defensores de esta moción y los mayores
seguidores de que realmente se cumpla.
Senador Torrontegui, usted sabe que al Partido Socialista que Gobierna en
coalición en la Comunidad Autónoma con su Partido, no se le podrá achacar
que no haya llevado a cabo cosas serias en torno a esta problemática y
para abordar los problemas sociales de muchos colectivos.
Quiero agradecer, por supuesto, a todos los grupos políticos la
sensibilidad con respecto a esta moción y su apoyo favorable.
Senador de Convergència i Unió, estamos totalmente de acuerdo con usted.
Desde el Senado podemos abordar también la problemática de la familia. En
este sentido, esta moción no ha querido quedarse coja, sino complementar
iniciativas que en este momento se están llevando a cabo en el Congreso
de los Diputados y, además, a propuesta --por lo menos en algunas de las
cuestiones de las que tengo conocimiento-- de su propio Grupo para que se
estudie la problemática de la familia. Esta Comisión Interministerial
puede estudiar los problemas de las familias monoparentales e, incluso,
abordar los estados de necesidad de la familia en su conjunto. Pero es
verdad --como decía la Senadora del Partido Popular-- que la familia nos
preocupa a todos. Es cierto que la problemática de las familias --en su
conjunto o monoparentales-- más desfavorecidas nos preocupa a todos los
grupos políticos que estamos aquí, pero no creo que a todos por igual.
Esta moción trata de paliar los estados de más necesidad de la familia,
porque creemos que no se puede abordar de manera igual los recursos y el
papel social que ocupa una familia u otra. Por desgracia, hay familias de
segunda y de tercera categoría; precisamente a ésas, de las últimas de la
fila, es a las que queremos ayudar con esta moción.
En cuanto a las peticiones del Grupo Parlamentario Popular con respecto
al fondo de pensiones, le diré que aquí tengo el «Diario de Sesiones», de
fecha 1 de diciembre de 1993, en el que se alude a esa petición al
Gobierno de creación de un fondo de pensiones. Y ustedes hablan de su
creación aludiendo a varios supuestos en los cuales se refieren a los
adultos y a los menores. Y en aquel momento, la portavoz del Partido
Socialista, Matilde Fernández, explicó cuáles eran las razones --y no las
de carácter económico que yo creo que no son las prioritarias--. Pienso
que hay una cuestión de fondo en la que deberíamos profundizar. ¿Es que
debemos pedir al Ministerio de Asuntos Sociales que presente un proyecto
de ley de creación de un fondo de pensiones para cuando no se cumplen las
sentencias judiciales? ¿O, por contra, tenemos que instar al Ministerio
de Justicia a que acelere los trámites para que se cumplan las
sentencias? (Aplausos.) Ahí hay que ir; al fondo de esa cuestión. En su
proposición no establecían absolutamente ningún criterio. Creo que no se
puede tratar por igual, por ejemplo, a una mujer con un sueldo de 300 ó
400.000 pesetas --como puede ser mi situación, y no cobro la pensión de
mi ex marido-- que
a la pobre mujer que está cobrando un salario social, por ejemplo. Y
ustedes ni siquiera han especificado criterios. Por tanto, en algo tan
serio, y mientras no se especifiquen criterios, a nuestro Grupo, en
principio, no le vale esa generalidad que solamente sirve, entre otras
cosas, para hacer demagogia. (Aplausos.)
Muchas gracias. (La señora Urzay Urquiza pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senadora Urzay, ¿me pide la palabra?
La señora URZAY URQUIZA: Por el artículo 87, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
La señora URZAY URQUIZA: Solamente quiero decir a la Senadora Zabaleta
--por supuesto, señor Presidente, no pretendo abrir ningún debate-- que
analice nuestras iniciativas y mi intervención y que reflexione, porque
me da la impresión de que los árboles no le dejan ver el bosque.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción número 36 del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se
constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el
problema social de las familias monoparentales en España, así como su
cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en
orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la
información y el derecho a la política de becas, vivienda, formación para
el empleo, fiscales y de protección social.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 215.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE EL
SENADO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE POR PARTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL
ALMACENES, DEPOSITOS Y ESTACIONES ADUANERAS, S. A. (ALDEASA), NO SE
INSTALEN EN LOS AEROPUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS LAS
TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS CONOCIDAS COMO «DUTY FREE». (662/000028.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno para que por parte
de la sociedad estatal Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S.
A., no exista en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las
tiendas libres de impuestos conocidas como «duty free».
A esta moción se ha presentado otra de modificación, suscrita por los
grupos parlamentarios que componen la Cámara. Su tenor literal es el
siguiente: El Senado insta al Gobierno para que elabore, con la
colaboración del Gobierno de Canarias y lo presente ante la Comisión de
Economía de esta Cámara, un estudio sobre el impacto que la instalación
de las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free», tendrían
sobre la economía del archipiélago, suspendiéndose hasta ese momento la
autorización para la instalación y apertura de dichas tiendas en los
aeropuertos canarios.
Para la defensa de la moción original, tiene la palabra el portavoz
designado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Senador
Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la moción que habíamos presentado pretendíamos evitar otro
duro golpe a la débil y frágil economía canaria y a su tejido empresarial
de pequeños y medianos comerciantes. De todos es sabido que Canarias ha
contado con un régimen fiscal peculiar, los puertos francos, y al socaire
de esta legislación un sector importante de la población se dedicó al
pequeño comercio, que a su vez atrajo a muchos visitantes con el objeto
de comprar más baratos los productos que vendíamos. Se pueden acordar
perfectamente de los transitores, relojes, calculadoras, cartones de
tabaco, etcétera, como productos más significativos.
En los últimos tiempos la Comunidad canaria ha padecido una crisis en
todos los sectores de su economía, motivo por el que actualmente se están
revisando las bases económicas del REF. El índice de paro ha llegado a un
30 por ciento y prácticamente todos los sectores económicos han caído en
picado, principalmente el comercio, sector de gran peso antes de la
integración en la Comunidad Económica Europea. No obstante, hoy en
Canarias hay más de 10.000 comerciantes censados en actividades de venta
de perfume, licores, tabaco, regalos, etcétera.
Nuestro tejido empresarial está compuesto, especialmente, por pequeños y
medianos comerciantes. Ahora una empresa estatal, ALDEASA, creada en 1974
por el Patrimonio Nacional y participada posteriormente por AENA en un 20
por ciento, pretende abrir tiendas libres de impuestos en los aeropuertos
canarios: primero en Gran Canaria, luego en Tenerife sur, Lanzarote y
Fuerteventura.
Dicha empresa está en una situación de monopolio de hecho y de derecho
con respecto a las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos
españoles y las previsiones
de su facturación anual en el aeropuerto de Gran Canaria es de 3.000 a
4.000 millones de pesetas y en el total de los aeropuertos canarios la
facturación puede estar entre los 10.000 ó 15.000.
Hasta la aprobación del Reglamento de la CEE 1911/1991 del Consejo de 26
de junio, relativo a la aplicación de las disposiciones del derecho
comunitario en las Islas Canarias, los decretos que creaban y regulaban
esta actividad comercial libre de impuestos eran inaplicables en
Canarias. En efecto, Canarias eran dentro del Estado español una zona
franca donde no se justificaba la apertura de tales tiendas libres de
impuestos.
Hasta ese momento ALDEASA no se preocupó de los aeropuertos canarios, no
tuvo el detalle de instalar tiendas en ellos en igualdad de condiciones
que los demás, generando puestos de trabajo y flujo comercial. Pero la
Comunidad Económica Europea intenta eliminar las tiendas libres de
impuestos para el tráfico intercomunitario y para ello dicta una
directiva, estableciendo un régimen transitorio en los territorios de
aplicación del IVA, limitando la existencia de tales tiendas hasta junio
de 1999.
Ante esa situación, ALDEASA decide instalar dichas tiendas en aeropuertos
canarios y si esto sucede, no termina en 1999, sino que se puede
prorrogar eternamente, hasta que Canarias decida pasar a ser territorio
común del IVA. Por la directiva que establece la limitación de las
tiendas libres de impuestos, la CEE 1991/680 sólo va referida a completar
el sistema común del IVA con vistas a la abolición de fronteras.
Hay que recordar aquí que el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a
las Comunidades Europeas prevé que Canarias está fuera del territorio de
aplicación del IVA, por lo que no le sería aplicable la limitación de
1999, que sólo afectaría a la Península y a Baleares. Nos encontraríamos
ante una gran paradoja: la de que Canarias, que nunca ha tenido tiendas
libres de impuestos, a partir de 1999 puede ser la única que las tenga en
España para operar en el comercio intracomunitario.
Nuestro régimen especial dentro de la CEE fue creado con vistas a
mantener las anteriores condiciones económicas del archipiélago y con
esta iniciativa de ALDEASA se verían burladas, precisamente en unos
momentos en que nuestras islas necesitan más que nunca proyectar al mundo
su régimen particular dentro de la Comunidad Económica Europea, para que
se beneficie la economía canaria y, en general, todos los canarios.
Hay razones legales de peso para oponerse a la implantación de ALDEASA
con tiendas libres de impuestos en nuestros aeropuertos. La primera es
que la actual existencia de las tiendas libres de impuestos en
aeropuertos es ilegal, de acuerdo con nuestra legislación vigente. Así,
el artículo 133 de nuestra Constitución recoge el principio de reserva de
ley para cualquier beneficio fiscal. El principio de igualdad esencial en
un Estado de Derecho sólo se puede quebrar por un texto aprobado en las
Cortes.
El funcionamiento de las tiendas libres de impuestos en España viene
regulado por diversos decretos preconstitucionales, dictados entre los
años 1968 a 1974, sin que exista norma con rango de ley al respecto. Las
tiendas libres de impuestos, y ALDEASA en concreto, disfrutan de
beneficios fiscales, exención de toda clase de impuestos, sin estar
amparados por una norma con rango de ley, por lo que se vulnera dicho
principio de reserva de ley. Se trata de una situación de
inconstitucionalidad sobrevenida. Si el Gobierno desea que en España
operen las tiendas libres de impuestos, debe remitir a las Cortes un
proyecto de ley que regule en todos sus aspectos las actividades de tales
tiendas.
La segunda razón es que la actual situación de monopolio de ALDEASA
también es ilegal, de acuerdo con la legislación española y europea
vigente. Así, el artículo 128 de nuestra Constitución establece un
principio de reserva de ley, esta vez para los monopolios. ALDEASA tiene
la concesión de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos de la
Península y Baleares desde 1974, concesión que le ha sido prorrogada por
siete años, hasta 1999. ALDEASA ejerce una situación de monopolio, de
hecho y de derecho, sobre las tiendas libres de impuestos en los
aeropuertos españoles. Es la única entidad autorizada para ello, al
amparo del Decreto 2.517, de 9 de agosto de 1974 y otros decretos
preconstitucionales desde 1968.
En la legislación española no existe una normativa con rango de ley que
ampare este monopolio, por lo que se contraviene dicho principio de
reserva de ley. También se infringe el Derecho comunitario que dado el
importe, más de 400 millones de pesetas, obligaría, en cualquier caso, al
concurso público de esta concesión, tal como exige la Directiva de la CEE
1992/50.
La tercera razón es que infringe de plano lo dispuesto en la Ley que
regula el Régimen Económico Fiscal de Canarias, Ley 30/1972. ALDEASA ha
solicitado de AENA la ampliación del convenio para la concesión de las
tiendas libres de impuestos en aeropuertos canarios. La citada ley
30/1970 prohíbe terminantemente el funcionamiento de monopolios
comerciales en las Islas. Creemos que las tiendas libres de impuestos son
ilegales en toda España, pero más en Canarias.
Pero aparte de estas razones legales, existen otras razones de fondo para
rechazar tal instalación en nuestro archipiélago. La instalación de
tiendas libres de impuestos crea distorsiones en el comercio, porque
discriminan y colocan en situación más ventajosa a unos comerciantes
frente a otros. Creemos que refutar esto es absurdo.
La propia Comunidad Económica reconoce tales efectos y distorsiones de
cara a la creación del mercado interior y, como ya hemos visto, ha
previsto la abolición de este tipo de comercio para junio de 1999, aunque
la
propuesta inicial de la Comisión era la de abolir este tipo de comercio
intracomunitario desde principios de 1993, pero se modificó la fecha por
la presión de los Estados miembros, muchos de los cuales son accionistas
de estas empresas.
La Directiva de la CEE 1991/680 lo deja claro. La Comunidad Económica
Europea dice que a partir del 1 de julio de 1999 no pueden existir
tiendas libres de impuestos para el tráfico intercomunitario. Permitir
estas tiendas en nuestros aeropuertos va a suponer un duro golpe para
nuestros comerciantes y para todos los sectores económicos de Canarias,
fundamentalmente el de la alimentación.
En Canarias, pese a la presión fiscal, se ofrecen servicios a precios
altamente competitivos. Por razones de las peculiaridades del REF, los
comerciantes canarios se siguen esforzando día a día por mantener viva la
imagen de la zona franca que siempre ha caracterizado a nuestro
archipiélago.
Los precios de las tiendas libres de impuestos en la Península no
difieren mucho de los que se aplican por los comerciantes canarios, pero
el pequeño comerciante canario no puede competir con ALDEASA, una empresa
estatal que puede rebajar los costos entre un 30 y un 40 por ciento, que
no paga impuestos, se mueve en una economía de escala, se encuentra en la
puerta de entrada y salida de los clientes y realiza una política
agresiva de «marketing».
Sus actitudes comerciales son desleales para con nuestros comerciantes, y
es cruel que sea el propio Estado el que nos intente quitar el pan de la
boca. También va a suponer una merma en la recaudación de nuestras
instituciones, los cabildos y el Gobierno de Canarias, que, si quieren
compensar estas sensibles pérdidas en el IGIC y en el APIC, habrán de
incrementar las bases y las cuotas de dichos impuestos, que nos
corresponderá pagar, sin duda, a los residentes canarios.
Muchos pensamos que los únicos beneficiados van a ser ALDEASA y AENA y
los perdedores todos los canarios. Que no se nos diga que esto no debe
suponer perjuicio alguno para los intereses globales de las Islas
Canarias y que, incluso, tienen un efecto claramente positivo. Aquí está
en juego nuestro tejido empresarial: más de 10.000 comercios de
estructura muy débil en uno de nuestros sectores económicos
tradicionales. No vamos a poder competir con reducciones de precios del
30 ó 40 por ciento. Lo único positivo lo sacan AENA y ALDEASA, que
quieren llegar a ocho millones de turistas.
Que tampoco se nos diga que las tiendas libres de impuestos no compiten
con el comercio local porque el pasajero tiene acceso a ellas al final de
su estancia cuando abandona las islas tras el control de pasaportes y de
seguridad, cuando el pasajero ha salido del mercado local y como última
alternativa de compra.
Varios dirigentes de ALDEASA han reconocido en revistas como «Dinero» y
«Actualidad Económica» las prácticas que realizan al respecto. Al turista
se le obsequia a su llegada con un folleto en el que se le aconseja, a la
vista de los precios allí expuestos, que se reserve a hacer sus compras
hasta la salida. Los turistas recorren las tiendas locales, comprobarán
dicha diferencia de precios y atenderán el consejo, y además se
abstendrán de adquirir cualquier otro objeto por temor a ser estafados e,
incluso, dada la estructura de nuestro turismo, con muchos que repiten,
no hace ni falta que se les entregue dicho folleto.
Que no se nos diga tampoco que no compiten con otras tiendas del
aeropuerto en régimen normal porque centran sus ventas en tabaco, licores
y perfumes, productos que de otra forma no se venderían. Esto no es así;
estos productos se venden normalmente en los aeropuertos. Y tampoco es
así que ALDEASA limite sus ventas a dichos productos, pues en la revista
«Aldeasa por dentro» queda claro que venden juguetes, pieles, bisutería,
electrónica, productos gastronómicos, en fin, todo lo que sea objeto de
negocio.
Tampoco es de recibo que se diga que si no existen tiendas libres de
impuestos, los viajeros desplazan sus compras a la venta a bordo de los
aviones o simplemente no las realizan. Los aviones no tienen los 400
metros cuadrados que pretende ALDEASA en el aeropuerto de Gran Canaria.
Llevamos mucho tiempo vendiendo a los turistas que se desplazan
normalmente en aviones europeos con ventas a bordo, y hasta ahora hemos
subsistido.
Tampoco nos vale que se nos diga que las tiendas libres de impuestos
venden en gran medida productos del país y, en el caso de Canarias,
cigarros de nuestra tierra. Nuestros comerciantes también saben hacerlo
y, es más, llevan muchos años haciéndolo. Lo que es dudoso es que ALDEASA
lo haga, pues al estar exenta de los tributos de importación, se puede
permitir traer productos más baratos del exterior.
Que tampoco se nos diga que con dichas tiendas se generan 200 puestos de
trabajo y se van a invertir 220 millones. ¿Y cuántos de los 10.000
comercios tendrán que cerrar? ¿Y cuántos trabajadores tendrán que
despedir? Se nos ponen los pelos de punta sólo de pensarlo.
Tampoco nos vale que se diga que AENA tiene que tener recursos de este
modo para las inversiones que está haciendo en los aeropuertos canarios.
Nuestros aeropuertos son muy rentables, están dejando dinero para
amortizar de sobra las inversiones y para invertir en otro lado, y encima
en las islas periféricas nos están poniendo peores líneas de
comunicación.
Que tampoco se nos diga que los pasajeros de las compañías aéreas
extranjeras se extrañan de que no existan tiendas libres de impuestos en
los aeropuertos canarios. Llevan muchos años viniendo y muchos, este año
más de ocho millones, y nunca han dejado de venir por eso. Saben que en
toda Canarias se compra barato,
y de lo que se extrañan es de que en los aeropuertos existan pocas
tiendas.
Que tampoco se nos diga que el impacto de la desaparición de las tiendas
libres de impuestos en el turismo puede ser de un 1,5 a un 7 por ciento.
De lo que se trata es de no implantarlas; no existe impacto negativo.
Nosotros hemos dejado clara nuestra posición en base a la moción que
hemos presentado, y hemos aceptado una modificación a esta moción,
firmada por todos los grupos políticos, en base a que el Gobierno de la
nación se ha comprometido a estudiar mejor la incidencia de estas tiendas
libres de impuestos en la economía canaria, y para eso solicita un plazo
para estudiarlo junto al Gobierno de Canarias, volver a remitir a la
Comisión de Comercio de esta Cámara y, mientras tanto, queden suspendidas
las autorizaciones para dicha instalación.
Aceptamos esta moción porque estamos seguros de que el Gobierno se lo
tiene que pensar mejor, porque en Canarias estamos todos de acuerdo en
que estas tiendas distorsionan el comercio local. Están de acuerdo las
Cámaras de Comercio, corporaciones de derecho público que defienden a los
comerciantes, todas las asociaciones de empresarios, todos los comercios
individualmente, todos los grupos políticos, incluidos los mayoritarios,
el Popular y el Socialista, como lo han reconocido en una votación del
Parlamento Canario en la Comisión de Comercio e Industria, donde han
apoyado una moción de las mismas características de ésta. Estamos seguros
de que el Gobierno va a entender que toda la sociedad canaria está muy
preocupada por este tema. Vamos a dar ese margen de estudio junto al
Gobierno de Canarias para que luego venga aquí.
Seguro que nuestra postura no va a cambiar; va a ser la misma porque
estamos convencidos de que eso choca frontalmente contra nuestra
posición.
Si me da tiempo en el turno de portavoces, daré las gracias a los grupos
parlamentarios que intervengan antes que nosotros en ese sentido.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de la moción suscrita por todos los portavoces de
modificación de la anterior tiene su señoría la palabra.
El señor GIBERT Y BOSCH: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este turno de defensa de la moción de alternativa de
modificación del texto inicial presentado por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado voy a usarlo para decir en primer lugar, que
tenemos una buena razón para haber aceptado esta fórmula transaccional o
de acuerdo entre todos los grupos, que es el deseo de que en un futuro
próximo sea posible configurar escenarios de mayor acuerdo, tanto en la
Cámara como en las Islas Canarias, sobre esta implantación o no de
tiendas libres de impuestos en los aeropuertos internacionales del
archipiélago.
No tenemos ninguna razón para dudar de la buena intención de los
proponentes de la moción, que no compartimos, y de la propia intervención
se desprenden por lo menos dos buenas intenciones: la de velar por la
estricta aplicación de la legalidad española y comunitaria y la de
favorecer la buena salud de la economía canaria, preocupaciones que,
lógicamente, compartimos.
Comprendemos que puede haber influido tal vez no solamente el problema
que se plantea, sino la tinta que se ha vertido alrededor de este tema en
las islas, que debe de haber ejercido cierta presión que probablemente no
es ajena del todo a la unanimidad a la que se refería al representante
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
En cualquier caso, desde las responsabilidades de rigor, proponemos, con
todos los demás grupos, esta moción alternativa, y queremos manifestar
nuestra opinión y esperamos que del estudio que se va a hacer por encargo
de esta moción, que con toda probabilidad se va a aprobar, el Gobierno
español y el Gobierno canario van a presentar un texto que será debatido
en la Comisión de Economía y del cual esperamos que salga la máxima luz
posible.
No ocultamos nuestra posición a priori en relación a este tema, que vamos
a explicar, y rogamos a todos los Senadores y Senadoras que entiendan
esta intervención como una aportación a la reflexión que sin duda se
producirá en la Comisión de Economía a partir del momento en que entre
este texto.
Tal como decía al hablar de las preocupaciones del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, voy a dividir esta intervención en dos
aspectos: los jurídicos y los económicos. En relación a los aspectos
jurídicos, se afirma que el Decreto 2517/74 otorga a ALDEASA la
explotación de estas tiendas en régimen de monopolio, que la existencia
de esas tiendas en España se basa en los Decretos 3277/68 y 1141/73,
preconstitucionales, y que la Unión Europea desautoriza este tipo de
tiendas.
Desde nuestro punto de vista, ninguna de estas afirmaciones es exacta. No
existe monopolio alguno. Invocar el Decreto 2517/74 nos parece un
lamentable error porque lo único que hacía este Decreto era autorizar la
creación de una empresa estatal, tal como prevé la legislación sobre
Patrimonio del Estado. Dicho Decreto se limitaba a incluir en el objeto
social de esta Sociedad la explotación de este tipo de tiendas libres de
impuestos, inclusión que han hecho muchas sociedades anónimas antes y
después de esta constitución, y algunas han llegado a explotar esas
tiendas libres de impuestos. Es decir, nada impide a la iniciativa
privada estar en este sector.
ALDEASA es uno de los operadores que funciona
en este campo, y el hecho de que sea el concesionario es simple
consecuencia de reunir los requisitos adecuados como empresa y haber
hecho la mejor oferta al ente concedente que es AENA, no hay ningún
privilegio, y entendemos que es el resultado claro de la eficiencia de la
empresa estatal, como lo prueba el hecho de que esté explotando tiendas
libres de impuestos por concesiones administrativas en diversos países
como la República Dominicana, Chile, Méjico o Perú.
Tampoco nos parece afortunada la cita a los Decretos 32 y 37 de 1968 y
1141 de 1973, tachados de preconstitucionales con toda la razón; son tan
preconstitucionales que cuando entró en vigor la Constitución ya estaban
derogados. Se ha ido modificando la legislación de acuerdo con la
evolución de la normativa europea sobre este tema, y lo que ha ocurrido
es que ha habido diversas modificaciones.
Nos parece rotundamente falso --quiero expresarlo con claridad-- que la
Unión Europea desautorice este tipo de tiendas, la prueba es que las hay
en todos los aeropuertos internacionales de la comunidad. Al contrario,
expresamente las considera instrumentos de promoción de productos en los
mercados internacionales. Lo que sí limita es la cantidad importe de
compra por viajero, por una parte, y se plantea si a partir del 1999
subsistirán para pasajeros intracomunitarios, cosa que deberá decidirse,
lógicamente, antes de esa fecha, pero en ningún caso se plantea esta duda
para viajeros en aeropuertos internacionales extracomunitarios.
Otro tema es la especificidad que existe en el régimen fiscal de Canarias
que, evidentemente, no formaba parte de la Unión aduanera hasta 1991, y
hasta entonces no fueron de aplicación en las islas muchos aspectos del
derecho comunitario. Subsisten especificidades que se recogen en la Ley
30/1991 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que
introdujo figuras fiscales propias, como el IGIC y el APIC, y que se
recogerán en la Ley que está ahora en trámite en el Congreso y que
entrará próximamente en esta Cámara, pero ninguna de estas
especificidades afectan ni poco ni mucho a esta cuestión que estamos
tratando hoy.
Por lo que se refiere a los aspectos económicos, las argumentaciones de
la moción y de la campaña en la prensa que he podido leer con atención,
en algunos casos nos parecen sorprendentes. Aun en el supuesto --y lo
admitimos por un momento-- de que el impacto de la implantación de las
tiendas libres de impuestos fuera negativo sobre la economía canaria,
sería tan minúsculo que la magnificación que se ha hecho de él nos parece
comparable a matar moscas a cañonazos. Creemos, no sólo que no es
negativo, sino, al contrario, que es positivo. Por descontado que la
implantación no resolverá la crisis económica en que estamos inmersos, no
sólo en Canarias sino en todas partes, pero, insisto, en que tiene sólo
aspectos positivos.
El representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado
me ha dicho con todo detalle las cosas que no debía decir, y, sin
embargo, con brevedad, sí voy a repetir algunos aspectos porque estamos
convencidos de que son argumentos sólidos y correctos.
En primer lugar, es bastante cierto que las tiendas «duty free»
prácticamente no compiten en ningún lugar del mundo con el comercio local
de manera significativa. Es cierto que es la última oportunidad de compra
cuando ya se han pasado los controles, y que, generalmente, en estos
lugares los turistas se suelen gastar el dinero que les queda estimulados
por el tiempo de espera. Puede haber algún caso esporádico en el que
algún viajero se reserve el dinero para hacer estas compras de última
hora, pero, insisto, son casos esporádicos. En estas tiendas se venden
principalmente productos muy determinados, como perfumes, tabaco, bebidas
alcohólicas, y es evidente que, de no existir estas tiendas, se
produciría una venta muy inferior de estos productos si no se ofrecieran
en este régimen libre de impuestos.
Por otro lado, si estas tiendas no existieran, una parte importantísima
de estas compras se realizaría --como efectivamente así ocurre-- en los
propios aviones. Y por tanto, sería una pérdida de ingresos para el
aeropuerto y adicionalmente una pérdida de imagen en el servicio que éste
presta a los viajeros. Hay que tener presente que los 15 o 17 millones de
turistas que hoy visitan Canarias están extrañados de que en aeropuertos
internacionales no exista este tipo de servicio, y el turismo, como muy
bien saben ustedes, no es una fuente de riqueza de la que se pueda
prescindir en Canarias.
Por otra parte, las tiendas libres de impuestos venden de forma habitual
bastantes productos autóctonos de la región, y en el caso de Canarias
venderán tabaco producido en las islas en un 40 por ciento del tabaco que
se consuma, según las previsiones. No hay que olvidar que se prevé que
para 1994, todas las tiendas de impuestos que ALDEASA explota en la
península, en las Baleares y en el resto del mundo venderán 3.000
millones de pesetas de tabaco fabricado en Canarias --éste es un dato
importante-- con un plus intangible, seguramente, de promoción del mismo,
que también nos parece significativo. Por otra parte, los cánones que
obtiene AENA contribuyen a las inversiones que el Ente Público tiene
proyectado hacer en los aeropuertos canarios, que ascienden --como saben
ustedes-- a 34.000 millones de pesetas.
Finalmente, como impacto positivo, supone una inversión importante, algo
parecido a 220 millones de pesetas; supone la creación de algunos puestos
de trabajo, aunque, evidentemente --como he dicho antes--, no va a
resolver la crisis de Canarias, y, además supone servicios permanentes
que en alguna medida, contribuyen a la actividad económica sin
contrapartidas importantes
y significativas para el conjunto de la economía canaria, sino, más bien
--como digo--, positivas.
Nos ha parecido perfecta esta fórmula que se ha encontrado para disponer
de más datos, para intentar encontrar puntos de acuerdo sobre este tema
--que no dudo que se pueden producir--, pero también, con toda
sinceridad, nos parece imprescindible expresar claramente nuestra opinión
como aportación --insisto-- a una reflexión inicial sobre estas
cuestiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert.
A continuación, de acuerdo con la norma aprobada recientemente, abrimos
el Turno de portavoces para los Grupos que no han hecho uso de la palabra
anteriormente.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador
Gangoiti tiene la palabra.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muy brevemente, señor presidente, dado lo
avanzado de la hora, para mostrar nuestro apoyo, tanto a la moción como a
la transaccional que se ha presentado.
Tal como se decía en la moción, creemos que el comercio, junto con el
turismo, son dos factores importantes de la economía de las islas
Canarias. En ese sentido, y teniendo en cuenta en estos momentos los
índices de paro que hay, pensábamos que la instalación allí de ALDEASA
podría ser perjudicial para el pequeño comercio.
En segundo lugar, todos sabemos cuál fue la votación en el seno del
Parlamento canario a este respecto en la Comisión de Industria. Y, en
tercer lugar, tenemos que tener en cuenta también que la propia Comunidad
Económica Europea, en principio, a través de una directiva del Consejo de
Ministros ha expresado su voluntad para que las «duty free» desaparezcan
para este fin de siglo.
Por tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la moción y con la
transacción que hemos firmado entre todos los grupos parlamentarios al
respecto porque pensamos que es una buena solución que el Gobierno
central, junto con el Gobierno de Canarias, estudien el tema de las «duty
free» y vean qué impacto pueden tener sobre la economía, y, en concreto,
sobre los pequeños comercios de las islas Canarias.
Por tanto, votaremos a favor.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Sala i Canadell.
El señor SALA I CANADELL: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, pues sólo deseo manifestar nuestra satisfacción al
comprobar que todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo
para buscar una solución que profundice más en la cuestión y que ésta sea
la idónea para las inquietudes que yo mismo he tenido.
Nosotros creemos que la solución de que el Senado inste al Gobierno para
que elabore, con la colaboración del Gobierno de Canarias, un estudio
sobre el impacto que la instalación de las tiendas libres de impuestos,
conocidas como «duty free», tendría sobre la economía del archipliélago,
y lo presente ante la Comisión de Economía de esta Cámara, suspendiéndose
hasta ese momento la autorización para la instalación y apertura de
dichas tiendas en los aeropuertos canarios, es una idea que creo que está
muy bien y que vamos a votar afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Después de haber escuchado los argumentos que ha expuesto el Senador
Socialista cuando ha defendido a las tiendas libres de impuestos, no sé
para qué hemos firmado una enmienda transaccional. Hago la pregunta a los
Senadores de Coalición Canaria.
El pasado día 17 de enero, el Parlamentario canario tomó la resolución de
instar al Gobierno de Canarias para que éste a su vez, se dirigiese al
Gobierno del Estado, y en particular a los responsables tanto del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes como del Ente Público AENA,
para que por éste se prohíba la instalación por la empresa concesionaria
ALDEASA de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos canarios.
Este ha sido el contenido de la moción que se ha presentado.
Esta acuerdo, como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la
palabra, fue aprobado por unanimidad y, por lo tanto, el Partido Popular
mantiene la misma postura. Además, creemos que perjudica a los
comerciantes locales porque hay que tener en cuenta que la mayoría del
turismo accede por los aeropuertos canarios y si como primera noticia
reciben la de que tenemos este tipo de tiendas y que van a encontrar que
en ellas los productos son entre un 40 y un 50 por ciento más baratos,
ustedes me dirán quiénes son los que van a comprar en las zonas
turísticas.
Senador Travieso, lo que no deja de ser sorprendente es la contradicción
de su Grupo político que, al igual que nosotros, está en contra de estas
zonas libres de impuestos pero, como usted bien sabe, mantiene como
propuesta en su régimen económico-fiscal la zona «off
shore», que es precisamente una zona estanca y probablemente el ejemplo
más típico y característico de una zona libre de impuestos. Sin embargo,
el Partido Popular ha sido el único partido que ha planteado un enfoque
diferente sobre el futuro económico de Canarias, en el que el conjunto de
la Comunidad sería una zona económica especial, con un planteamiento
fiscal singular, sin que hubiese diferenciación. Yo creo que Canarias no
debe defender esta tendencia monopolista y debe estar abierta a cualquier
inversión --la que sea--, pero que esté en las mismas condiciones que, en
este caso, los comerciantes canarios. La Ley 30/1972, que todavía está en
vigor, prohíbe cualquier tipo de monopolio y, por lo tanto, este tipo de
tiendas.
Yo creo que es evidente que AENA tiene reservados 400 metros cuadrados en
el aeropuerto de Gran Canaria para poner una tienda libre de impuestos, y
es cierto --y se lo reitero al portavoz socialista-- que existe una
directiva de la Comunidad que garantiza que estas tiendas sólo puedan
perdurar hasta 1999, y el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea
recomienda la no autorización de nuevas tiendas. Aunque es cierto que
Canarias es el único territorio del Estado donde, por su tratamiento
diferencial, podría seguir operando este tipo de tiendas, y por eso da la
impresión de que estamos hablando de un volumen de entre 3.000 a 10.000
millones de pesetas, razón por la cual ALDEASA quiere establecer este
tipo de tiendas en el archipiélago.
Como ya se ha dicho anteriormente, el estar exentas del pago de impuestos
da lugar a una evidente competencia desleal con respecto a los
comerciantes canarios. Lo que creo que ha pasado aquí hoy --porque
llevamos tres días de Pleno-- es que al final y a última hora se ha
propuesto por el Partido Socialista una enmienda transaccional porque
ellos no querían figurar como los únicos que no apoyaban esta moción.
Creo que lo deseable habría sido que en ese panel hubiese aparecido el
color verde de lo que es la primera moción originaria. Lo que han hecho
ustedes ha sido trasladar un acuerdo que fue unánime en el Parlamento de
Canarias y que, por lo tanto, el Partido Popular estaba dispuesto a
mantener. Sin embargo, parece que, al final, hemos escogido una salida
airosa para evitar que el Partido Socialista apareciese como el único no
firmante de esta moción. De todas formas, les garantizo que hemos apoyado
la enmienda transaccional. Sé que es una suspensión temporal, y espero
que en este tiempo acabe por no ser una defensa para la instalación de
este tipo de tiendas, sino todo lo contrario.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Senador Travieso, ¿me pide la palabra?
El señor TRAVIESO DARIAS: Sí, señor Presidente, por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Sí, ha sido aludido en una ocasión.
Tiene la palabra su señoría.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Por desgracia, el Reglamento no me permite intervenir para contestar a
las palabras vertidas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el
Grupo Parlamentario Popular, pero sí he sido aludido por la Senadora
Luzardo en relación a una pregunta concreta.
Quería decirle, Senadora Luzardo, que se ha equivocado de debate. Este no
es el debate del REF. Cuando quiera debatir el REF, ya lo haremos en otro
momento. Lo que pretenden las zonas «of shore» es que muchas empresas
canarias se aprovechen de todos esos beneficios fiscales, que no sea
ALDEASA. Eso está completamente explicado. Esta moción de modificación es
un paso adelante que usted y todos hemos firmado. De lo que se trata es
de que entre todos, con nuestras posturas, consigamos el resultado final.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
No solicito la palabra para intervenir sobre los argumentos ni sobre el
pequeño debate que se ha producido entre el Grupo de Coalición Canaria y
el Grupo Popular, sino para sugerir una mejor redacción de la propuesta
de modificación que ya conocen los grupos parlamentarios y que,
especialmente, tiene el visto bueno del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, proponente de la moción.
He hecho llegar a la Mesa la redacción del texto, pero como está escrito
manualmente, prefiero que conste en el «Diario de Sesiones» y, si el
señor Presidente me lo permite, leería la redacción definitiva.
El Senado insta al Gobierno para que elabore, con la colaboración del
Gobierno de Canarias, un estudio sobre el impacto que la instalación de
las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free», tendría
sobre la economía del archipiélago. Dicho estudio lo presentará ante la
Comisión de Economía de esta Cámara. Insta también al Gobierno a dejar
mientras tanto en suspenso la autorización para la instalación y apertura
de dichas tiendas en los aeropuertos canarios.
Creemos que esta redacción mejora la lectura de lo que es la intención
del texto de la moción.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bayona, en nombre de
Nebrija.
En efecto, tenemos el texto escrito de su puño y letra, y tiene el
respaldo de los restantes portavoces, por tanto, es el texto que vamos a
someter a votación.
Sometemos a votación el texto de la moción transaccional que acabamos de
conocer en su redacción.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a
favor, 206.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado (Aplausos.)
Antes de levantar la sesión, quiero anunciarles que el Presidente de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas me ha comunicado que ha
sido cursada una orden de desconvocatoria de la reunión prevista para
esta tarde. Lo digo a los efectos oportunos por si alguien no lo conocía.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.