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DS. Senado, Pleno, núm. 21, de 09/02/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 21
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 9 de febrero de 1994
ORDEN DEL DIA:
--Modificación del número de miembros de la Diputación Permanente del
Senado. (Número de expediente 560/000001.)
--Dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas en relación con la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1989, así como la resolución aprobada por dicha Comisión
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Cortes Generales, Serie A, número 9, de fecha 11 de diciembre de 1993).
(Número de expediente S. 770/000001.) (Número de expediente C. D.
250/000001.)
Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
--Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones
Sociológicas (autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A,
número 7, de fecha 18 de noviembre de 1993). (Número de expediente
622/000005.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
insta al Gobierno a que habilite un crédito extraordinario que se
corresponda con el montante habitual destinado a los buques pesqueros en
situación de parada biológica, para ser distribuido en ese concepto y de
forma inmediata entre el colectivo afectado, y a que elabore un estudio
sobre la actual situación de la flota andaluza afectada por el convenio
con Marruecos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 72, de fecha 7 de febrero de 1994). (Número de
expediente 662/000035.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
insta al Gobierno de la Nación a que disponga las medidas oportunas para
garantizar la aplicación de la normativa comunitaria, en orden a lograr
el adecuado nivel de abastecimiento y la seguridad de la calidad de
sangre y hemoderivados, a que realice campañas institucionales dirigidas
a motivar las donaciones altruistas de sangre y a que se fomente el
desarrollo tecnológico que permita
asegurar la conservación y la garantía de calidad de la sangre, a la vez
que la fabricación de los derivados plasmáticos (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 72, de fecha 7
de febrero de 1994). (Número de expediente 662/000036.)
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se propone a la Cámara
que la Comisión Especial de Juventud, recogiendo los trabajos de la IV
Legislatura y las conclusiones elaboradas por otras Comisiones de la
Cámara, como la de Seguridad Vial, estudie las formas y condiciones en
que se desarrollan las formas de esparcimiento y ocio en nuestra
sociedad, particularmente durante los fines de semana y en especial en el
ámbito de nuestros jóvenes, prorrogando para ello, si fuera necesario, su
duración hasta el final del primer período de sesiones del año 1994
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 48, de fecha 30 de noviembre de 1993). (Número de expediente
662/000022.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las diez horas y quince minutos.
MODIFICACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL
SENADO (Página 969).
La Cámara aprueba por asentimiento la ampliación a 31 del número de
miembros de la Diputación Permanente.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN RELACION CON LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1989, ASI COMO LA RESOLUCION APROBADA POR DICHA COMISION
(Página 969).
El señor Pleguezuelos Aguilar consume un turno a favor. El señor Utrera
Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de
Senadores Vascos, y Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Se aprueba el dictamen y la resolución de la Comisión por 127 votos a
favor, 101 en contra y 6 abstenciones.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 977).
Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones
Sociológicas (autor: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 977)
El señor Cervera Soto defiende la toma en consideración. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Codina i Castillo, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Cuevas González, por
el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Travieso
Darias, por el Grupo de Coalición Canaria, y Moreno Franco, por el Grupo
Socialista.
Se aprueba la toma en consideración por 234 votos a favor y una
abstención.
Mociones (Página 982).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta
al Gobierno a que habilite un crédito extraordinario que se corresponda
con el montante habitual destinado a los buques pesqueros en situación de
parada biológica, para ser distribuido en ese concepto y de forma
inmediata entre el colectivo afectado, y a que elabore un estudio sobre
la actual situación de la flota andaluza afectada por el convenio de
Marruecos (Página 982).
La señora Agüero Ruano defiende la moción. El señor Presidente anuncia la
presentación ante la Mesa de una enmienda de modificación a esta moción,
suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. El señor González Laxe
defiende la enmienda mencionada. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria, y Companys i Sanfelíu, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se aprueba el texto de la enmienda de modificación de la moción por 226
votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta
al Gobierno de la Nación a que disponga las medidas oportunas para
garantizar la aplicación de la normativa comunitaria, en orden a lograr
el adecuado nivel de abastecimiento y la seguridad de la calidad de
sangre y hemoderivados, a que realice campañas institucionales dirigidas
a motivar las donaciones altruistas de sangre y a que se fomente el
desarrollo tecnológico que permita asegurar la conservación y la garantía
de calidad de la sangre, a la vez que la fabricación de los derivados
plasmáticos (Página 991).
El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de
modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
El señor Sainz García defiende la moción originaria. El señor Borderas
Gaztambide defiende la propuesta de modificación. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió.
Se aprueba la moción alternativa por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se propone a la Cámara que
la Comisión Especial de Juventud, recogiendo los trabajos de la IV
Legislatura y las conclusiones elaboradas por otras Comisiones de la
Cámara, como la de Seguridad Vial, estudie las formas y condiciones en
que se desarrollan las formas de esparcimiento y ocio en nuestra
sociedad, particularmente durante los fines de semana y en especial en el
ámbito de nuestros jóvenes, prorrogando para ello, si fuera necesario, su
duración hasta el final del primer período de sesiones del año 1994
(Página 996).)
No se hace uso del turno de presentación de la moción, a la que existe
una enmienda suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias, por el Grupo
de Coalición Canaria; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Colsa Bueno, por el Grupo Popular, y Blanco
López, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción enmendada por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y quince minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
--MODIFICACION DEL NUMERO DE MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL
SENADO. (560/000001.)
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces celebrada en el día de ayer,
y la Mesa con posterioridad, acordó proponer al Pleno la fijación de un
número de miembros de la Diputación Permanente del Senado en consonancia
con la composición y número de miembros de las Comisiones Legislativas de
la Cámara. Por tanto, hemos acordado proponer al Pleno que la Diputación
Permanente del Senado esté integrada por un total de 31 miembros
titulares, debiendo elegirse otros tantos suplentes. Recuerdo a sus
señorías que, conforme a los artículos 78.2 de la Constitución y 45.1 del
Reglamento del Senado, la Diputación Permanente está, además, presidida
por el Presidente de la Cámara.
Solicito, en su caso, la aprobación por asentimiento del Pleno de la
Cámara a esta modificación, por la que la Diputación Permanente del
Senado pasa a estar compuesta por un total de 31 miembros sobre los 25
que actualmente la integran. ¿Está de acuerdo el Pleno del Senado con
esta modificación? (Pausa.) Así se declara y la Diputación Permanente del
Senado pasa a estar constituida por 31 miembros más el Presidente de la
Cámara y otros tantos suplentes.
Solicitaremos a los Grupos afectados por la modificación que nos
presenten los nuevos Senadores que, en condición de titulares y suplentes
de la Diputación Permanente, formarán parte de este órgano.
Muchas gracias.
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS EN RELACION CON LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 1989, ASI COMO LA RESOLUCION APROBADA POR DICHA COMISION. (S.
770/000001) (250/000001.)
El señor PRESIDENTE: El punto cuarto del Orden del día es el Dictamen de
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en
relación con la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de
1989, así como la resolución aprobada por dicha Comisión. Estos
documentos están publicados en los Boletines correspondientes con fecha
11 de diciembre de 1993.
De conformidad con las normas aprobadas por las Mesas del Congreso de los
Diputados y del Senado, específicamente la Norma 5.ª, vamos a someter al
Pleno de la Cámara como debate de totalidad, con turnos a favor y en
contra, así como intervención en nombre de los Grupos Parlamentarios,
este documento.
¿Alguna intervención a favor o en contra? (Pausa.)
Senadora Pleguezuelos, le corresponde el turno a favor. Su señoría tiene
la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, se ha presentado en esta Cámara y en la Cámara del Congreso de
los Diputados el informe en esta Cámara y en la Cámara del Congreso de
los Diputados el informe relativo a la Cuenta General del Estado
correspondiente
al ejercicio de 1989, conforme a la aprobación que se realizó en la
ponencia y en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas.
Asimismo, este dictamen incluye una serie de propuestas de resolución que
son fruto, en primer lugar, de las consideraciones, apreciaciones,
incluso indicaciones recogidas en el propio informe del Tribunal de
Cuentas y, como no podía ser de otra manera, de la reflexión que
aprobamos en dicha Comisión Mixta, con el acuerdo de casi todos los
grupos de la Cámara.
Este informe, que es muy detallado y extenso --casi contiene 2.000
páginas--, abarca aspectos tan amplios como es el análisis de la
ejecución presupuestaria de la Cuenta de la Administración del Estado y
de los organismos autónomos, incluyendo, por supuesto, desde aspectos
relativos a las ampliaciones de crédito y a las modificaciones de
crédito, hasta aspectos relativos a las relaciones financieras de España
con la Unión Europea; pasando por una serie de fiscalizaciones
especiales, que incluso han sido motivo de más extenso debate en la
Comisión, y entre las que podríamos destacar las relativas al
procedimiento seguido por la Administración de Aduanas en la gestión de
las exportaciones de productos agrícolas, sobre todo en los aspectos de
los beneficios de esas restituciones, la fiscalización de las actuaciones
en costas y señalizaciones marítimas, el análisis de la aportación de la
Comunidad para acciones estructurales en sectores como el agrícola y el
pesquero, análisis de los circuitos financieros del Feoga-garantía, de
las subvenciones concedidas al sector privado, fiscalizaciones de las
inversiones reales en los centros penitenciarios, fiscalizaciones de la
gestión de los fondos en el exterior para la adquisición de material
militar, que en su momento tuvo cierta importancia, análisis del grado de
cumplimiento de las resoluciones aprobadas por estas Cortes sobre la
gestión del Instituto Geográfico y Minero, y, como no podía ser de otra
forma, recoge la gestión económico-financiera de las sociedades estatales
financieras y no financieras y las entidades de derecho público.
Asimismo, todos los aspectos que se refieren a la contratación
administrativa y la calificación de las cuentas de la Seguridad Social y
de las cuentas del sector público territorial, comunidades autónomas y
corporaciones locales.
Todos estos aspectos, y algunos otros que no he detallado por su propia
extensión, suponen casi 2.000 páginas, que han sido examinadas
detenidamente por la ponencia y por la Comisión, y que se han aprobado en
su totalidad, salvo las relativas a las cuentas de la Seguridad Social,
ya que se solicita un aplazamiento hasta tanto el Tribunal de Cuentas
proceda al examen definitivo de dichas cuentas que están pendientes de un
informe final que ha de rendir la Comisión creada a instancias de la
Secretaría General de la Seguridad Social para conciliar y depurar los
asuntos pendientes desde 1980.
La Cuenta General del Estado comprende unos gastos globales en derechos
reconocidos al Estado de 13,182 billones de pesetas, y una cuantía de 1,7
billones de pesetas correspondientes a organismos autónomos de distinta
índole, administrativos, comerciales y financieros, y 5.443 millones que,
sumados con la totalidad de las cuentas de la Seguridad Social, suponen
un montante muy importante de 21,351 billones de pesetas.
Por último hay que destacar que este dictamen que hoy presentamos
incluye, como decía al principio de mi intervención, una serie de
propuestas de resolución que recogen las consideraciones que el Tribunal
de Cuentas ha ido relacionando en su informe, aspectos de tipo contable,
aspectos de desarrollo normativo que atañen a la legislación
presupuestaria, todos ellos encaminados, como no podía ser de otra forma
y como es preocupación de mi Grupo y de los restantes grupos de la
Cámara, a mejorar la gestión del gasto público y, por supuesto, a
conseguir que el control de dicho gasto se haga por parte del Tribunal de
Cuentas de manera más eficaz y mucho más viable.
Estas propuestas de resolución --que sus señorías conocen porque se han
publicado-- son también muy extensas. Yo quisiera destacar algunas porque
creo que son muy importantes, sobre todo, aquellas que van encaminadas a
que se presente a la mayor brevedad posible un proyecto de legislación
general presupuestaria que regule adecuadamente la actuación
administrativa en la elaboración del presupuesto y en la ejecución del
gasto.
Sus señorías recordarán que este proyecto ya fue anunciado en el debate
de investidura, también coincide con una propuesta de resolución del
Grupo Popular y coincidimos en estos términos en la Comisión Mixta,
consecuentemente, podemos decir que es una propuesta de resolución
compartida prácticamente por la totalidad de los grupos de la Cámara.
Asimismo, se requiere un desarrollo reglamentario de los artículos 66 y
71 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en lo que atañe a
los créditos ampliables y generación de créditos, adecuando, además,
dichas ampliaciones de créditos no sólo a las obligaciones reales, sino a
algo que hasta ahora no se había contemplado, que son las posibilidades
de ejecución para evitar de esta manera que tengan que anularse los
remanentes que se producen en algunos casos.
Respecto a los organismos autónomos se reclama una mejora del sistema de
presupuestación y, desde luego, una más exacta calificación de lo que es
la utilización de los fondos de maniobra de estos organismos.
En relación con los aspectos contables se requiere al Gobierno para
realizar una serie de correcciones contables, como son el balance, la
mejora de los saldos del inmovilizado, que el sistema de amortizaciones
se aplique según la regla 20 de la instrucción provisional de la
contabilidad para la calificación de dicho inmovilizado financiero, que
recordarán sus señorías que, como fue una resolución aprobada por la
Intervención General del Estado en 1989 y estamos presentando la Cuenta
General de ese ejercicio, no había tenido su aplicación en esos términos.
Asimismo, se requiere del Gobierno para determinar la situación real y
las posibilidades de reembolso de los préstamos concedidos al Consorcio
de Compensación de Seguros para su entrega a lo que es la Compañía
Española
de Créditos a la Exportación por un valor aproximado de 270 millones de
pesetas, así como la reclasificación contable dentro del ICO, Instituto
de Crédito Oficial, de la partida correspondiente a los créditos
Gobierno-Gobierno.
De igual manera se requiere una actuación de mayor información contable
relativa al FAD.
En lo que respecta al pasivo se pide aplicar adecuadamente diversas
partidas que para el Tribunal de Cuentas tienen el carácter de pérdidas.
Les pongo como ejemplo a sus señorías el préstamo concedido por el Banco
de Crédito a la Construcción a una serie de distintos patronatos de casas
ya extinguidas que no se consideraban como tales y que el Tribunal de
Cuentas cree en sus justos términos que pueden tener el carácter de
pérdidas.
Respecto a anticipos de Tesorería también se reitera al Gobierno el
cumplimiento de esta resolución por la Comisión para aplicar a
presupuestos la utilización de los préstamos del Federal Financing Bank
al Ministerio de Defensa para la adquisición de material militar.
Asimismo, se le insta para que actúe adecuadamente con la deuda de
Tabacalera asumida por el Estado de acuerdo con la Ley 38/85 que --sus
señorías recordarán-- supuso por parte del Estado la asunción de una
serie de bonificaciones a los cultivadores de tabaco por un montante
importante de 20.000 millones de pesetas.
Respecto a temas más concretos referidos a la Junta de Puertos, hoy
autoridad portuaria, se solicita que se establezcan unos criterios de
revalorización del inmovilizado de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad que efectivamente, no se estaba haciendo con los criterios
que dicho Plan requiere, sino de acuerdo con una orden de dicha autoridad
portuaria. Consecuentemente, es preceptivo, y así se insta al Gobierno,
para que se actúe de acuerdo con dicho Plan General de Contabilidad.
En lo que compete a las sociedades estatales, se solicita una exacta
calificación que evite polémicas que han surgido entre la Intervención
General del Estado y el Tribunal de Cuentas al mantener distintos
criterios respecto a la presentación o no de una serie de aspectos y
estados contables de empresas en las que el Estado no tiene
mayoritariamente capital. Consecuentemente, es importante establecer esta
calificación, para evitar los distintos criterios entre la Intervención
General del Estado y el Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, en relación a los recursos del FEOGA-Garantía se requiere
al Gobierno para que establezca una uniformidad de criterios en las
concesiones por las diferentes unidades administrativas para evitar
controversias entre las mismas.
Por lo que se refiere a las subvenciones del sector privado, señorías,
que en tantas ocasiones han sido objeto de fiscalizaciones del Tribunal
de Cuentas, es verdad que estamos ahora mismo debatiendo la Cuenta
General del Estado de 1989, y la mayoría de las leyes que establecen un
mejor control y seguimiento de las subvenciones al sector privado aparece
con posterioridad o a partir del año 1989. Esperamos la mejora por la
aplicación, a partir de ese ejercicio de 1989. No obstante, también se
reclama entre las resoluciones una mejora de este control y seguimiento
en lo que respecta a las subvenciones al sector privado.
Igualmente se solicitan normas en las disposiciones de fondos para la
adquisición de material militar en el exterior en lo que se refiere a las
agregadurías militares.
Respecto al Fondo de Garantías de Depósito de cooperativas de crédito, se
reitera la necesidad de incrementar las aportaciones de fondos para
mejorar la situación patrimonial de este fondo que, como sus señorías
saben, en los últimos años ha ido siendo progresivamente más negativo.
Por último, debo señalar que, en relación a la contratación
administrativa, en tanto no entre en vigor la nueva ley de contratos del
Estado tendremos que aplicar con el máximo rigor la normativa existente,
si bien se recogen también en dichas resoluciones indicaciones, sobre
todo dirigidas a que los contratos que sean de adjudicación directa se
reduzcan a sus justos límites de aplicación y no se cometa ningún tipo de
excesos al respecto.
Para terminar, quisiera señalar que la consideración global que ha
merecido para el Tribunal de Cuentas el Informe de la Cuenta General del
Estado para el ejercicio de 1989 es positiva, aunque ha puesto de relieve
bastantes fallos de tipo contable, algunos aspectos incluso de disparidad
de interpretación de criterios y, desde luego, algunas propuestas o
indicaciones en el sentido de mejorar el desarrollo normativo que atañe a
la legislación presupuestaria. Se recoge en este Dictamen que se presenta
en este momento y que mi Grupo defiende como tal y, además, quisiera
decir una última cosa: creo que las dieciocho resoluciones que
mayoritariamente casi todos los Grupos de la Cámara apoyamos, yo diría
que después de una reflexión conjunta y de consenso positiva en la
Comisión Mixta de las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, pone de
manifiesto la preocupación de todos nosotros porque el Alto Tribunal de
Cuentas, fiscalizador de lo que son las Cuentas Generales del Estado, nos
señale cuáles son los defectos, errores o actividades que tendremos que
corregir y, desde esa óptica y, desde luego, reflejando adecuadamente la
actividad económica financiera del Estado, creo que hay que votar, y pido
a sus señorías el voto favorable para este Dictamen que recoge la Cuenta
General del Estado y las resoluciones fruto del consenso y de la
iniciativa de todos los Grupos de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Antes de darle la palabra para turno en contra al Senador Utrera, quiero
corregir un error: la norma de aplicación es la que aprobaron las Mesas
del Congreso de los Diputados y del Senado, y se adapta al procedimiento
del Congreso de los Diputados en el sentido de que los Grupos
intervinientes en los turnos a favor y en contra no tienen turno de
portavoces. Lo digo a sus señorías, los más avezados los recordarán, no
así en el caso del Presidente.
Por tanto, el Senador Utrera Mora tiene la palabra para turno en contra.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Quiero, en primer lugar, agradecer la detallada explicación y el tono
sosegado que ha utilizado la Portavoz Socialista para detallar el informe
del Tribunal de Cuentas referido a la Cuenta General del Estado, aunque
no compartamos el fondo de su exposición.
Hemos de comenzar reflexionando, cuando de Cuenta General estamos
hablando, que el ciclo presupuestario se cierra en nuestro país, y en
todos los países democráticos, con el enjuiciamiento político de la
ejecución, por parte del Gobierno, del mandato que recibió del Parlamento
en los presupuestos de cada año y, en el caso que nos ocupa, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1989.
El largo período que media entre dicho ejercicio de 1989 y el momento
presente, más de cuatro años, podría hacer perder actualidad a las
reflexiones que aquí se hagan, pero no por ello dejan de tener un gran
interés. Y ello se debe a un triple motivo: en primer lugar, porque nos
permite valorar las previsiones y el marco de política económica en que
tales presupuestos se inscribían y sus consecuencias posteriores. En
segundo lugar, porque permite apreciar el grado de rigor o laxitud con
que el Gobierno se atiene en su actuación a los créditos presupuestarios
consignados en los presupuestos y el nivel de cumplimiento de los fines
perseguidos en esos mismos presupuestos. Y, en tercer lugar, porque se
puede enjuiciar la transparencia y la representatividad de la
contabilización de las operaciones realizadas y, en suma, el grado de
adecuación de la contabilidad pública a la realidad de la actividad
financiera del Estado y sus organismos.
Desde nuestro Grupo Parlamentario hubiéramos preferido encontrarnos con
una Cuenta General que reflejara una política presupuestaria incardinada
en una política económica coherente que hubiera permitido consolidar el
crecimiento de nuestra economía, aproximar nuestro nivel de vida y
bienestar al comunitario, mejorar las prestaciones sociales y reducir el
déficit público y la deuda del Estado a medio plazo, tal y como el
Gobierno proponía como objetivos prioritarios de aquellos Presupuestos
para 1989 que se presentaban al Parlamento para su aprobación.
En segundo lugar, también nos gustaría habernos encontrado con una Cuenta
General que demostrara que se habían cumplido estos Presupuestos en sus
estrictos términos, con las ineludibles modificaciones necesarias para
adaptarlos a las necesidades de cada momento.
Y, en tercer lugar, también hubiéramos deseado encontrarnos con una
Cuenta General en la que el informe sobre la gestión del sector público y
la declaración definitiva emitidos por el Tribunal de Cuentas, así como
el informe del fiscal del mismo Tribunal, hubieran reflejado una
contabilidad precisa, sin ambigüedades, de las operaciones de ingresos y
gastos del sector público, estatal, completa al introducir al Estado y a
la totalidad de sus organismos y respetuosa de la normativa
presupuestaria.
Ninguna de las tres circunstancias anteriores, ninguna de ellas, se ha
dado, a nuestro entender, en la ejecución de los Presupuestos Generales
del Estado para 1989. Y ésta es la razón por la que el Grupo
Parlamentario Popular se opone a la aprobación de esta Cuenta General e
invita a los demás Grupos de esta Cámara a que voten negativamente a la
misma. Porque, en caso contrario, quienes den su apoyo a esta Cuenta
General se están haciendo cómplices de una práctica que se viene
repitiendo sistemáticamente años tras año y que consiste, en primer
lugar, en mantener una política económica incoherente en la que el papel
atribuido a los Presupuestos es el de aumentar la presión fiscal,
aumentar el gasto público e incrementar también el déficit público,
convenga ello o no a la coyuntura de nuestra economía. En segundo lugar,
quien dé su voto afirmativo a esta Cuenta General aceptará que una vez
aprobados por el Parlamento, el Gobierno hace con estos Presupuestos lo
que quiere, ampliando créditos, incorporando créditos, transfiriendo
créditos de unas partidas a otras en claro incumplimiento del espíritu,
que no de la letra, del mandato del Poder Legislativo. Y, en tercer
lugar, porque, no satisfecho el Gobierno con la flexibilidad normativa de
la que dispone en materia presupuestaria, ha sometido a los Presupuestos,
en especial desde 1988, a un proceso de envilecimiento contable que se
concreta en la pérdida de credibilidad de los registros de la ejecución
presupuestaria y de sus saldos, que han dado lugar a un uso extenso en
ejercicios recientes de la práctica de endeudamiento extrapresupuestario
que, como un regalo poselectoral, este Gobierno ha tenido que aflorar en
el ejercicio 1993. Y también ha dado lugar a la acumulación de deudas con
proveedores, reconocida o no, que según información reciente va a aflorar
en el ejercicio 1994. Estamos aflorando lo que debió contabilizarse y
registrarse presupuestariamente a lo largo de los primeros años de este
decenio.
Se ha llegado al extremo de dejar de reconocer presupuestariamente por
períodos de hasta tres años, obligaciones que ya se han hecho efectivas,
como era el caso de las prestaciones por desempleo pagadas por el INEM,
así como de reconocer y no pagar, con demoras superiores a los dos años,
suministros y contratos del Estado y sus organismos.
Nuestro Grupo, como decía anteriormente, va a votar en contra de la
aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 1989 por
los motivos enunciados que paso a detallar: En primer lugar, porque los
Presupuestos Generales del Estado para 1989 se inscribían en un programa
a medio plazo que estamos convencidos que, tanto el Gobierno como el
Partido Socialista, prefieren no recordar. Pero ese programa a medio
plazo fue la coartada utilizada entonces para presentar los Presupuestos
Generales del Estado y para venderlos como si de una mala operación de
«marketing» se tratara. Como decía el señor Solchaga, entonces Ministro
de Economía y Hacienda, y cito textualmente: «Podemos asegurar un nivel
de gasto público que, como se muestra en los escenarios
presupuestarios y macroeconómicos para los próximos años, no ha de
aumentar en proporción del producto interior bruto, pero sí que estará
perfectamente financiado por los impuestos que existirán con un déficit
cero a partir de 1992.» A renglón seguido el Ministro de Economía y
Hacienda señalaba, y cito textualmente; ``Que lo que digo es verdad, que
lo que digo es relevante, lo prueba el hecho de que la Deuda Pública se
ha detenido en el 41 por ciento del producto interior bruto y que,
además, es propósito del Gobierno, como se puede también ver en los
escenarios macroeconómicos y presupuestarios, que vaya reduciendose a lo
largo del próximo cuatrienio.»
Es decir, se aprobaron unos Presupuestos que proponían un aumento
inconveniente del gasto público, dada la situación de lo que entonces se
denominó recalentamiento de la economía; recalentamiento al que estos
Presupuestos, los de 1989, contribuían con una progresión, con un
crecimiento del consumo público del 8,3 por ciento en términos reales. Y
se añadía que no nos preocupáramos por este gasto público, que ya se
financiaría con un aumento de la presión fiscal de un punto del producto
interior bruto por cada uno de los años que restaban hasta 1992. Y que,
además, debíamos crearnos un programa a medio plazo, es decir los famosos
escenarios macroeconómicos y presupuestarios desde 1989 a 1992, porque si
bien en 1989 no había restricción alguna al gasto público ya la habría en
ejercicios sucesivos. Esto es lo que se decía en aquel Presupuesto para
que el déficit al final del período fuera igual a cero. O si lo
prefieren, quizá sea más significativo decir que lo que preveían esos
escenarios es que en 1992 se registrara un superávit primario, es decir,
descontando intereses, superior a un billón 300.000 millones de pesetas.
De esta forma señalaba el Ministro de Economía y Hacienda, y cito de
nuevo textualmente, el Gobierno garantizaría a través de una serie de
medidas, algunas de política fiscal, otras de política monetaria; unas de
transformación estructural y otras de adaptación legislativa, que esta
oportunidad histórica --la que entonces teníamos y no ahora-- no se
convierta en una fustración general de nuestro país. Pues bien, parece
premonitoria esta afirmación del entonces Ministro de Economía y
Hacienda, porque la fustración la tenemos en nuestro país, los escenarios
macroeconómicos y presupuestarios se volatilizaron en el aire en el mismo
ejercicio 1989 en que presuntamente se iniciaba su vigencia y porque, al
final, ni se ha reconducido el déficit público, ni se han aplicado
reformas estructurales, ni ninguna de las mencionadas.
Qué tiempos aquellos, años 1989, en los que la economía española crecía a
tasas del cinco por ciento anual, enmascarando la radical incoherencia de
la política económica que se venía aplicando: asumiendo unos compromisos
de tipo de cambio --recuérdese que fue en 1989 cuando la peseta se
introdujo en el sistema monetario europeo-- mantenidos exclusivamente
mediante una persistente restricción monetaria que horadaba nuestra
capacidad inversora y competitiva, al tiempo que la alegría
presupuestaria de 1989, que se repetiría en 1990 y también en 1991,
impulsaba aún más la demanda interna y exigía dosis adicionales de
restricción monetaria. Los escenarios macroeconómicos y presupuestarios
saltaron por los aires al igual que la anterior legislatura en su
conjunto que fue un tiempo perdido para el ajuste, un tiempo perdido para
la preparación de la economía española necesaria para afrontar los retos
del mercado único de 1993.
Bien es verdad, y con ello entramos en el segundo apartado de crítica a
esta Cuenta General, que el déficit público se redujo en 1989, incluso
homogeneizando, y esto lo señala el Tribunal de Cuentas en su informe, el
calendario de devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que recuérdese que aquel ejercicio hubo que cambiar porque una
de las piezas fiscales esenciales del Gobierno como era aquel impuesto,
fue declarado inconstitucional por el gravamen que entonces se hacía
conjunto a la unidad familiar. Pero esta reducción del déficit público
era sólo aparente, lo mismo que ocurrió en 1988. Los estabilizadores
automáticos de los que tanto habla el Gobierno ahora, pero no entonces,
justificaban la reducción del déficit público como un proceso automático,
puesto que precisamente en épocas de fuerte crecimiento, y estamos
hablando de tasas del 4,7 y cinco por ciento en el ejercicio 1988-1989,
esta tasa de crecimiento provoca la reducción del gasto por las menores
prestaciones sociales a pagar, provoca un aumento de ingresos fiscales en
términos de producto interior bruto y conduce naturalmente hacia la
reducción del déficit público. Es decir, el deseado saneamiento
presupuestario que entonces era muy sencillo y ahora resulta mucho más
difícil.
Pero el Estado renunció entonces al saneamiento, incrementando el déficit
primario estructural, es decir, el déficit permanente, el que perdura
para años sucesivos, en 1,5 puntos del producto interior bruto, es decir,
gastando 530.000 millones de pesetas más de lo presupuestado --sólo el
Estado, aparte organismos autónomos administrativos-- y comprometiendo
mayor gasto público para ejercicios sucesivos mediante modificaciones
legislativas, algunas de las cuales particularmente desafortunadas.
Entre 1988 y 1989 se añadió al déficit público un saldo estructural
negativo de al menos 3,5 puntos del producto interior bruto, que desde
entonces gravitan como una losa sobre los presupuestos actuales,
justificando posiblemente más de la mitad del déficit público que las
administraciones centrales registran en estos momentos. Claro está que en
1989, al igual que en 1988, el flujo de ingresos impositivos que obtuvo
el Estado no dejó de aumentar, ocultando a la sociedad española la
verdadera situación y la gravedad de la ejecución presupuestaria que
estaba realizando el Gobierno. En efecto, en 1989 se recaudaron 800.000
millones de pesetas por encima de lo previsto en los Presupuestos, que ya
incluían una tasa de crecimiento del 17 por ciento sobre los Presupuestos
del año anterior, y esta recaudación excedentaria permitía mantener el
espejismo de que este país podía financiar un gasto público creciente,
sobre todo en lo que se refiere
al gasto corriente, porque, si bien es verdad que el incremento del gasto
público no financiero fue de 530.000 millones de pesetas, como antes
hemos dicho, se reparte de una forma muy peculiar. El incremento del
gasto corriente fue de más de 650.000 millones de pesetas y el recorte en
gasto de capital, por debajo de lo previsto presupuestariamente, superó
los 100.000 millones, transgrediendo --así lo entendemos nosotros-- la
voluntad manifestada en este Parlamento cuando se aprobaron los
Presupuestos y cuando se aprobó la estructura relativa de los mismos, es
decir, la distribución entre gasto corriente y gasto de capital.
En tercer lugar, nos preguntamos si la Cuenta General es representativa
de la actuación económica financiera del Estado y sus organismos. Un
simple repaso...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando, señoría.
El señor UTRERA MORA: Un simple repaso a la declaración definitiva y al
informe del Fiscal del Tribunal de Cuentas indica claramente que no es
así. La Cuenta General no lo es tanto, porque no se han incluido las
cuentas de varios organismos autónomos. En segundo lugar, no hay
concordancia entre ingresos y gastos registrados por el Estado y sus
organismos en las operaciones de transferencia interna. En tercer lugar,
se han utilizado en exceso y sin causa que lo justifique los créditos
ampliables y la generación de créditos, afectando las modificaciones
presupuestarias nada más y nada menos que al 60 por ciento de las
partidas incluidas en los Presupuestos, lo que demuestra la baja calidad
de la presupuestación y la pérdida de contenido del carácter vinculante
que los Presupuestos han de tener. En cuarto lugar, la información
contable remitida por el Estado y sus organismos no se desagrega,
siquiera al nivel de créditos vinculantes, por lo cual esta información
contable es insuficiente y así lo estima el Tribunal de Cuentas. En
quinto lugar, se vulnera el principio de temporalidad en la imputación de
ingresos y gastos entre ejercicios presupuestarios. En sexto lugar, no se
respeta el principio del devengo en la contabilización de los intereses
implícitos de las letras y pagarés del Tesoro. Y por último, por
mencionar sólo algunos de los principales aspectos que se incluyen en el
informe del Tribunal de Cuentas, que parece, atendiendo a lo que ahora
está diciendo este Senador y lo que antes ha señalado la portavoz
socialista, que estamos hablando de informes distintos, si bien afirmo
que el que he leído es el del año 1989 y no he visto la apreciación
positiva del Tribunal de Cuentas por ningún lado; como digo, en séptimo
lugar, se señala que el análisis del presupuesto funcional --y ello me
parece particularmente grave-- pone de manifiesto carencias en los
sistemas de presupuestación por objetivos, incluso en relación a los
programas que deberían haber servido de experiencia piloto en el año
1989. Recuérdese que desde este ejercicio en una disposición adicional de
los Presupuestos de cada año se nos dice que del total de programas sólo
unos pocos, diez, doce, quince, van a ser objeto de especial revisión
para analizar si los objetivos se han alcanzado. Pues bien, ni esos
siquiera el Tribunal de Cuentas considera que están suficientemente
documentados y por ello --se señala-- no se puede hacer un análisis de
eficacia y de eficiencia y hay que limitarse a un mero análisis
incrementalista de ver cómo varían las partidas presupuestarias de un año
a otro, sin relación alguna con los objetivos perseguidos por ese gasto
público.
Lo peor de todo es que estas críticas del Tribunal de Cuentas se repiten
todos los años, por lo que --y cito textualmente-- se pregunta el Fiscal
del Tribunal de Cuentas si no ha llegado el momento de plantear si las
cuentas pueden ser aprobadas manteniendo indefinidamente los elementos de
incorrección señalados tantas veces, o si, por el contrario, el control
externo tiene por finalidad lograr que dichos reparos se solventen para
que lleguen a las Cortes Generales unas cuentas plenas y perfectas.
Nosotros pensamos que han de llegar a las Cortes Generales unas cuentas
plenas y perfectas, que reflejen exactamente la actividad económica y
financiera del sector público, algo en lo que no cree ni el Fiscal del
Tribunal de Cuentas ni el Pleno del Tribunal de Cuentas en el informe que
nos ha remitido.
En nuestro Grupo pensamos que hay que optar por lo segundo y además
pensamos que, en conclusión, la Cuenta General de 1989 representa una
incorrecta política económica, una mala ejecución del Presupuesto y una
deficiente representación contable del mismo. Y habría que añadir también
una cuarta característica, un escaso respeto por el Parlamento y por sus
resoluciones, puesto que éstas se repiten de año en año. Así tenemos que
en la propuesta de resolución que se hace...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha excedido en mucho su
tiempo. Pido que termine inmediatamente. Gracias.
El señor UTRERA MORA: En la propuesta de resolución que formula la
Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas se repiten, cuando se enjuician
las cuentas de 1989, respecto del ejercicio de 1988, las propuestas 2, 3,
4 y 13, que, por falta de tiempo, no he de reiterar. Se repiten en un
ejercicio y en otro. Por tanto, las que se formularon el año pasado
correspondientes al ejercicio de 1988 el Gobierno las ha tomado muy poco
en consideración.
En definitiva, pensamos que es necesario, que es conveniente y que además
puede servirnos a todos, de cara al futuro, para exigir mayor rigor en la
presupuestación y en la contabilidad de las operaciones del Estado y sus
organismos, que se vote negativamente a la Cuenta General y la Resolución
que la acompaña correspondiente al ejercicio de 1989.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera
Mora.
En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador
Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que nos encontramos ante dos cuestiones, una es la aprobación de la
Cuenta del Estado, y, por otro lado, la aprobación o no del informe de la
Comisión Mixta.
Nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no tendríamos
ningún inconveniente en aprobar este informe, puesto que en él se recoge
bastante de lo que nosotros hemos manifestado y venimos manifestando
continuamente a la hora de elaborar los Presupuestos con nuestras
enmiendas técnicas. No tendríamos inconveniente, pero no lo vamos a
aprobar, y ello porque el primer punto del informe significa aprobar las
cuentas del Estado, con las que no estamos de acuerdo. Y no estamos de
acuerdo, en primer lugar, porque las cuentas no están claras en el
sentido de que el Gobierno presenta unos Presupuestos en esta Cámara y en
el Congreso de los Diputados, se aprueban por la mayoría legítima
existente y, al final, cuando se va a liquidar, el Presupuesto no se
parece absolutamente nada a lo aprobado. Por tanto, por respeto propio y
por respeto a las Cámaras, no puedo aprobar algo relativo a lo que no se
ha ejecutado.
Creo, señor Presidente, que cuando la Comisión dice que es necesario, y
con urgencia, hacer una nueva ley general de presupuestos no se trata de
algo nuevo, sino que se viene repitiendo un año tras otro. Quiero decir
además que el Gobierno no está muy por la labor porque creo, y los hechos
me vienen a dar la razón, que el objetivo principal del Gobierno es que
no se descontrolen las cuentas, quiere tener unos fondos para manejar
como quiera o pueda, pero no quieren que la oposición, ni ellos mismos
incluso, sepan cómo funcionan las Cuentas del Estado.
Nosotros en estos Presupuestos, como en los anteriores, habíamos
presentado una serie de enmiendas técnicas que, como decía anteriormente,
coinciden con bastantes de las que se han presentado en la Comisión, en
el ánimo de que las Cuentas del Estado tienen que ser transparentes no
por su debilidad sino por su comprensión, no solamente para los Diputados
y los Senadores, sino para el pueblo en general, y eso, con la actual
legislación, no se cumple.
En segundo lugar, señor Presidente, es hora de reformar el Tribunal de
Cuentas, que es un elemento de estructura. No es posible que cinco años
después estemos revisando las cuentas del año 1989. En un país
medianamente serio, moderno y europeo como queremos ser no se puede
colocar esa etiqueta si las cuentas de 1989 vienen a estudiarse cinco
años después. Me dirán que puede que tengamos razón pero que en este
momento el Tribunal de Cuentas no tiene medios, las Administraciones no
colaboran, o una serie de motivos que no vienen a justificar esta
tardanza. Lo decíamos también en los Presupuestos General del Estado y
aportábamos medidas para agilizar el proceso, de las cuales algunos se
reían, pero la realidad es que en este informe se vienen a reconocer.
Señor Presidente, no quiero calificar la Seguridad Social porque diría
una barbaridad en esta Cámara, por lo que prefiero, como es muy temprano,
no hacerlo. Pero el hecho es que las cuentas de la Seguridad Social no
están cerradas desde el año 1980, y que cada uno le ponga el calificativo
que quiera.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que estamos ante un acto
semejante a aquél en el que un enfermo va a un médico y éste le dictamina
una enfermedad, le pone un tratamiento y le dice que vuelva a los cinco
años. Al cabo de ese tiempo, como el tratamiento no ha dado resultado,
vuelve el enfermo al médico, y lo único que éste quiere es hacerle el
certificado de defunción. Como yo no quiero dar más vida a estos
Presupuestos, el voto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a
ser negativo al informe.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas
González.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
consecuente con la postura adoptada por su representante en la Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada el 2 de
diciembre de 1993 en el Palacio del Congreso de los Diputados, tiene a
bien dar su conformidad para la aprobación de dicho informe, matizando
simplemente aquellas salvedades ya clásicas por repetidas, a pesar de la
buena voluntad, como el necesario avance en la sencillez y transparencia
de las cuentas, así como la mayor agilidad en la exposición de los datos,
procurando presentar dichas cuentas con menos retraso, pues aunque
reconocemos que los cierres de las operaciones se alargan, también
existen nuevos métodos e instrumentos que agilizan tales labores y
mejoran la eficacia burocrática.
Esta información inmediata traería como consecuencia la aminoración de
las desviaciones que últimamente se nos presentan en las Cuentas
Generales del Estado y, sobre todo, serviría para poder realizar unos
buenos proyectos presupuestarios, pues en función de la calidad de las
cifras se pueden tomar con mayor ajuste las decisiones de prospectiva,
así como la aplicación de una política económica más real y coherente.
Señorías, a pesar de reconocer las grandes verdades y críticas, acertadas
en algunos casos, en cuanto a la política económica, analizada
exhaustivamente pero a posteriori por el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, vamos a reiterar nuestro voto afirmativo dado que nuestro
compañero en el Congreso dio por aprobado el informe anual de la Cuenta
General del Estado para el ejercicio 1989.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Grau.
El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en marzo de 1993 se debatieron en Comisión por vez primera las
Cuentas del Estado de 1989. En el citado debate fueron tratados varios
puntos generales o de principio y otros particulares o de detalle. Se
indicó la relevancia del gasto público en relación al Producto Interior
Bruto, la determinación de los ingresos públicos, el riesgo que pueden
acarrear las adjudicaciones directas y el establecimiento de subvenciones
para determinadas ayudas, de las cuales el criterio de aplicación era
demasiado genérico con la falta de precisión, permitiendo una
discrecionalidad aplicativa que distorsionaba de hecho la finalidad para
la cual las subvenciones habían sido establecidas.
Se manifestaron las graves deficiencias en el control de los fondos
depositados fuera de España, principalmente para la adquisición de
materiales en el extranjero, y finalmente la ya sistemática falta de
presentación de un balance de situación de la Seguridad Social que viene
repitiéndose, desgraciadamente, desde hace varios ejercicios y que aún
está a la espera de solución.
Este debate, iniciado en la legislatura anterior, se reemprendió para el
trámite de aprobación del informe en las Comisiones del 4 de noviembre y
2 de diciembre. La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió fue la de dar un voto positivo al mismo. Nuestra posición de
entonces, la del 16 de diciembre en el Congreso de los Diputados, y la de
hoy es la de retirar nuestro voto favorable al mismo, y va a ser
favorable por estar de acuerdo con el Ministerio Fiscal cuando manifiesta
que la estructura de las Cuentas es correcta y al mismo tiempo da su
conformidad con el contenido de la documentación en que se basa. Nuestro
posicionamiento de voto no incluía el referirse a las Cuentas que
presenta el Estado y de las cuales desearía entresacar algunas, aunque
sea repetitivo en mi intervención: El fuerte aumento del gasto
presupuestario del Estado; la aparición de desviaciones importantes sobre
las cantidades previstas en los créditos iniciales; el tener unos
sistemas de presupuestación que adolecen de la falta de criterio de
definición y al mismo tiempo de tener defectos en su aplicación práctica;
una política de subvenciones que basándose en un criterio de aplicación
ambiguo no controla de forma efectiva los resultados previstos; la
existencia de saldos de tesorería en divisas fuera del Banco de España
sin existir su justificación; la necesidad de reducir los contratos
adjudicados directamente y la clamorosa calificación negativa que se hizo
de las Cuentas de la Seguridad Social que en el informe que hoy se
presenta para su aprobación no incluye pues están a la espera del informe
definitivo a emitir por el Tribunal de Cuentas, referido no sólo a este
ejercicio de 1989 sino a otros ejercicios aún pendientes.
La única mejora que se aprecia en este informe es la de anticipar de
forma muy leve la demora en presentarlo. En la ya citada Comisión del 4
de noviembre en que se inició la aprobación propiamente dicha del
informe, se dio por sentado el debate mantenido el 29 de marzo de 1993.
Ese es el motivo por el que nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió entiende que la aprobación que estamos
tratando es la gestión del Tribunal de Cuentas plasmada en su informe, y
el voto que damos se refiere concretamente a su actuación, basada
esencialmente en la prosecución del sistema de gestión mantenido desde
1985 hasta 1988 que resalta en el mismo la imposibilidad de emitir un
dictamen más ajustado sobre la actividad del Gobierno por cuanto carece
de la posibilidad de control entre las entidades perceptoras de ingresos
y las que devengan gastos en lo referente a la aplicación del principio
de caja y devengo.
Aparece además la existencia de resultados negativos, es decir, el
déficit. No nos corresponde tomar aquí decisiones al respecto, y es por
ello que nos sumamos a la recomendación del Tribunal de Cuentas para que
se modifiquen los resultados, tanto de la Administración General del
Estado como de los organismos autónomos.
No quisiera extenderme en estas puntualizaciones que, repito, entendemos
que no son objeto de este debate y, por tanto, no se cuestiona, o así lo
entendíamos, la actividad del Gobierno. Sí quisiéramos dejar sentado que
el informe sí promueve un estado de opinión, y por ello son necesarias
varias cosas: la primera es que el informe se tenga con celeridad.
Tenemos la palabra del Presidente del Tribunal de Cuentas, señor
Carretero Pérez, de que este año quizá lleguemos a aprobar las Cuentas
hasta 1991.
En segundo lugar, que avancemos hacia una mayor transparencia de las
Cuentas Generales del Estado. Con ello se mejoran los instrumentos para
los presupuestos futuros.
En tercer lugar, se debe ser más exigente en el cumplimiento a la
normativa presupuestaria, es decir, que los supuestos que han inspirado
las partidas y consecuentemente la actividad del Gobierno sean
respetados.
En cuarto lugar, que la legislación presupuestaria tenga un nuevo
redactado a fin de permitir que el informe del Tribunal de Cuentas sea
como todos deseamos un verdadero informe de control y que no sea un
trabajo de copia con la triste conclusión de que no hay al menos ni la
esperanza de unas cuentas completas, correctas y exactas.
Deseamos, pues, que a partir de este informe se conduzcan a buen fin
mejoras que el mismo detecta. Por tanto, señorías, si entendiéramos que
lo que se vota aquí es exclusivamente la actividad del propio Estado y la
rectitud presupuestaria sobre el ejercicio de 1989, nuestra actitud sería
posible y eventualmente otra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Grau i
Buldú. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el dictamen de la
Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación
con la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 1989,
así como la resolución aprobada por dicha Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 127; en contra, 101; abstenciones, seis.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO.
--PROPOSICION DE LEY DE ORGANIZACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLOGICAS. (622/000005.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al quinto punto del orden del día:
Toma en consideración de la proposición de ley de organización del Centro
de Investigaciones Sociológicas, propuesta por el Grupo parlamentario
Popular del Senado, publicado en los boletines correspondientes con fecha
18 de noviembre de 1993.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición el Senador
Cervera va a hacer uso de la palabra.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, presento ante esta Cámara en este Pleno, y argumento en el
nombre del Grupo Popular del Senado, una proposición de ley de
organización del Centro de Investigaciones Sociológicas que establezca la
creación de un marco normativo con rango de ley para el comúnmente
denominado CIS.
El texto articulado que presentamos pretende ser un marco de referencia
estable que marque la posición del CIS dentro del conjunto de la
Administración Pública y establezca un mínimo de garantías sobre el
funcionamiento del citado Centro de cara, principalmente, al conocimiento
que en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados se tenga de las
acciones y actividades del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El texto articulado de nuestra proposición mantiene el régimen jurídico
actual del Centro de Investigaciones Sociológicas que, como es conocido
por sus señorías, es el de organismo autónomo con personalidad jurídica
propia, con capacidad de tener y gestionar su propio patrimonio, y cuyo
funcionamiento, según establece la normativa actualmente en vigor dentro
del marco constitucional, debe estar inspirado por su afán, por la
objetividad en sus trabajos y el estricto cumplimiento de un principio de
neutralidad en sus actuaciones.
El texto articulado que les presentamos describe en sus detalles las
funciones que le son propias al Centro de Investigaciones Sociológicas en
cuanto a la realización de los estudios que actualmente desarrolla y que
en el futuro puedan tener lugar. En este sentido, a través de este
organismo público se marca una línea clara de estímulo al conocimiento de
las ciencias sociales; se establece también la colaboración científica
nacional e internacional que debe tener este organismo y, además de ello,
se contempla el desarrollo de las labores de documentación dentro del
ámbito de sus actividades.
La primera de las novedades que pretendemos incorporar con esta
tramitación que solicitamos a la Cámara es justamente la de alcanzar un
rango normativo con carácter de ley que proponemos para la regulación de
las actividades del Centro de Investigaciones Sociológicas. Pensamos que
alcanzar este rango normativo de ley está mucho más acorde con la
importancia de las actividades que el CIS desarrolla y que hasta el
momento tenían el amparo exclusivamente de un Real Decreto. La regulación
por ley formal del Centro de Investigaciones Sociológicas, como digo,
permitiría el establecimiento de un marco organizativo y funcional de
superior categoría que el que existe ahora mismo y evitaría así su
modificación, al menos en sus líneas directrices generales, por una
simple decisión administrativa que se pudiera plasmar a través de una
resolución exclusivamente gubernamental como el real decreto o la orden
ministerial.
Con esta regulación pretendemos al mismo tiempo que los poderes públicos,
y en su representación esta Cámara y el Congreso de los Diputados, vengan
a reconocer el destacado papel que el Centro de Investigaciones
Sociológicas debe cumplir con vistas a su engarce institucional dentro de
la Administración del Estado y a la operativa del desarrollo de sus
trabajos a lo largo de los ejercicios.
Esto que entendemos como una ventaja esencial --el hecho de que podamos
alcanzar a través de la tramitación parlamentaria un referente legal
sencillo pero a la vez exacto y que marque un amparo general de lo que es
el Centro de Investigaciones Sociológicas-- no viene acompañado de ningún
perjuicio justamente por causar este rango normativo de ley. En efecto,
la ley cuya toma en consideración proponemos a la Cámara no cercena en
absoluto, por lo sencillo de su articulado, la capacidad organizativa y
administrativa que el Gobierno mantiene como potestativa a cargo de los
correspondientes reales decretos u órdenes ministeriales que pudiera
aprobar.
Por otro lado, el que se alcance rango normativo de ley para la
organización del CIS no altera en absoluto la actual adscripción
administrativa de este organismo al Ministerio de la Presidencia. Respeta
en todo caso las capacidades de gestión y de organización interna del
propio Centro de Investigaciones Sociológicas y, ocioso es decirlo,
señorías, no incrementa de ninguna manera los costes de funcionamiento
por la incorporación de este instrumento normativo con rango de ley.
Advertimos, por tanto, una serie de ventajas que creo que se basan
principalmente, por un lado, en el hecho de que las Cámaras puedan
consensuar y debatir un marco general de referencia legal del Centro de
Investigaciones Sociológicas y, por otro, en que no causa --entendemos
nosotros-- ninguna disfuncionalidad en el desarrollo de la labor
cotidiana del CIS e incluso en las posteriores modificaciones
administrativas u organizativas que susceptibles de aplicación sean para
el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Pero, señorías, decía anteriormente que la primera de las novedades del
texto que proponemos es justamente el rango que tiene, el rango de ley.
Quería manifestar, además, que lo que desde la óptica formal y legal
advertimos en el Grupo Popular como conveniente --lo antes expuesto
de elevar a carácter de ley la regulación del CIS--, desde una
consideración más puramente política lo advertimos, lo percibimos, lo
avisamos como absolutamente imprescindible. Digo esto porque no podemos
ocultar en este debate que uno de los motivos, o tal vez el principal de
ellos que mueven a adoptar esta iniciativa de proponer una organización
legal y consensuada por las Cámaras para el Centro de Investigaciones
Sociológicas, no es otro que el uso que hasta el momento se ha dado al
Centro de Investigaciones Sociológicas por los sucesivos gobiernos
socialistas en la etapa temprana de este momento.
Entendemos que no habría sido necesario regular de manera legal y por las
Cámaras los aspectos relativos a la estructura, las funciones, los
cometidos y el control que se establezca sobre el Centro de
Investigaciones Sociológicas si no hubiéramos asistido en los últimos
años a unos comportamientos del Gobierno Socialista respecto del Centro
que no respetaban lo que ya estaba regulado hasta el momento a través de
un real decreto ministerial, cual era el carácter que antes comentaba de
neutralidad en las actuaciones del Centro de Investigaciones
Sociológicas, a la par que el principio de objetividad en sus
actuaciones. Pensamos que no se ha cumplido aquello que marcaba el Real
Decreto 1.526, de 8 de noviembre, sobre las garantías en el
funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas con vistas a su
engarce en la labor de los poderes públicos y en la actividad de los
partidos políticos en nuestro régimen democrático.
Creo que todos los aquí presentes conocen cómo hasta el momento el CIS,
por lo menos en la vertiente que tiene de sondeos electorales, en la
vertiente de prospectiva sociológica electoral, ha sido utilizado más
como una oficina gubernamental, más como un instrumento exclusivamente al
servicio del interés de un determinado Gobierno que al servicio de la
sociedad, que se supone debe tener lo que en el fondo y en la forma es
--y siempre deberá ser así-- un instrumento de la Administración del
Estado.
El conocimiento anticipado de algunas encuestas del Centro de
Investigaciones Sociológicas a las que antes me refería, especialmente
aquellas que se refieren a sondeos electorales, alteran en nuestra
opinión la buena lid electoral y alteran la buena lid del entendimiento y
de la igualdad en el punto de partida que los partidos políticos deben
tener a la hora de enfrentarse no solamente a unos comicios sino también
a la acción política cotidiana, continuada y del día a día.
Creemos que, en cuanto a la utilización del CIS, la balanza ha estado
profundamente desequilibrada, y desequilibrada, como antes decía, con el
agravante de que no se han estado cumpliendo los principios y las líneas
generales de actuación que los propios reales decretos venían marcando
para este Centro de Investigaciones Sociológicas. Como antes explicaba,
el CIS se ha convertido más en un arcano gubernamental de consulta diaria
y permanente sobre las perspectivas electorales que podía tener un
determinado partido político que en un elemento de enriquecimiento del
conocimiento que toda la sociedad en general, así, como, por supuesto, el
Gobierno, las Cámaras y el resto de los partidos políticos, deben tener
sobre la realidad de España. Se me dirá tal vez que las encuestas que
realiza el CIS son conocidas tarde o temprano por el común de los
mortales, son conocidas por la opinión pública, pero no es menos cierto
que el valor de la anticipación, el tener unos determinados datos con
carácter previo a su disposición por el resto de los partidos políticos o
por el resto de la sociedad da una ventaja significativa al Gobierno
respecto del uso del Centro de Investigaciones Sociológicas para sus
propios fines y de acuerdo con sus propios intereses partidistas.
En definitiva, señorías, no podemos dejar de calificar esto como un
secuestro de la voluntad popular en el mismo momento en que reconocemos
la valía de la sociología para reflejar de alguna manera las opiniones,
las actitudes, la composición de nuestra sociedad, pero entendemos que
esa composición sincera y real, explicada a través de consideraciones
sociológicas, no puede ser secuestrada exclusivamente, como antes decía,
por una parte interesada, si es que realmente creemos que el CIS debe ser
un organismo público al servicio de la sociedad española.
Quiero recordar, además, que incluso dirigentes del Partido Socialista e
incluso miembros del Gobierno --bien es cierto que hace ya algún tiempo--
han llegado a alardear de disponer antes que el resto de la comunidad
social y política de España de determinadas encuestas, de determinados
sondeos que parece ser que daban una cierta vitola de garantía política a
esas personas, cuando lo que suponía en realidad era el propio
reconocimiento de una utilización aviesa, de unos elementos, de unos
medios públicos para unas intencionalidades concretas y partidarias.
Además, creemos que la imagen del Centro de Investigaciones Sociológicas
se ha visto mermada por este tipo de actuaciones. Debemos dejar de
aparentar, también desde la representación política de los españoles, que
la sociología es solamente un elemento de definición de tácticas
políticas, y debemos reconocer a esta disciplina la capacidad de
encontrar algunas de las claves, algunos de los elementos que componen la
sociedad a la que nosotros debemos servir. Por tanto, debe ser
responsabilidad de esta Cámara, en primera instancia a la hora de tomar
en consideración este proyecto que presentamos, y posteriormente en el
momento de tramitar legalmente las modificaciones que se crean
convenientes, hacer desaparecer esa impresión que creo que se ha
producido en la sociedad española de que los gobiernos pueden usar a su
antojo, para sus propios fines partidistas, lo que debiera ser, como
antes decía, una parte relevante y aceptada desde la comunidad política
de la Administración pública común.
La labor del CIS --ocioso es decirlo, señorías-- a la fuerza debe ser
algo más que el trabajo de sondeo electoral, algo más que tener
intenciones electorales exclusivamente, y debe ser capaz de desarrollar
nuevas y variadas maneras de conocer la sociedad y, por tanto, hacer que
ese conocimiento repercuta en la labor política que podamos desarrollar
desde las Cámaras.
¿Por qué planteamos también como segunda novedad en este articulado que
presentamos la vinculación del Centro de Investigaciones Sociológicas a
las Cámaras parlamentarias? En primer lugar, quisiera matizar este
aspecto para advertir a sus señorías que la vinculación que se pretende
que tenga el Parlamento con el Centro de Investigaciones Sociológicas no
supone en absoluto un control orgánico del Centro ni que las líneas de
trabajo del CIS tengan que estar inspiradas exclusivamente por las
opiniones de las Cámaras.
En realidad, lo que se pretende es que el Centro de Investigaciones
Sociológicas elabore y remita una memoria anual de actividades a las
Cámaras para que se conozca cuál ha sido su labor anual y, además, que se
establezca un cauce y un medio de información permanente para que desde
las Cámaras se sepa cuál es la actividad mensual, cuáles son los trabajos
en desarrollo y cuáles son las perspectivas de trabajos futuros que el
Centro de Investigaciones Sociológicas vaya a desarrollar, repito, en
plazos más cortos de control, como son los de los propios meses.
Por tanto, reitero que con nuestra proposición de ley no se pretende
vincular orgánicamente el CIS a las Cortes Generales. Eso no se pretende
en absoluto, como tampoco se pretende causar ningún tipo de
intervencionismo del Centro de Investigaciones Sociológicas respecto de
las Cámaras, Congreso y Senado. Pero sí quiero recordar que mínimamente
es exigible, desde una concepción democrática del funcionamiento
parlamentario, que estas Cámaras, el Congreso y el Senado, reciban la
información permanente de las actividades del CIS cuando, por ejemplo, y
casi como anécdota, cabría decir que otros organismos, otras fundaciones
de derecho privado particulares remiten sus encuestas y sus trabajos a
las Cámaras para enriquecer la labor parlamentaria con esa información.
Resulta ciertamente paradójico que lo que es un organismo público, como
es el Centro de Investigaciones Sociológicas, no mantenga en línea al
Parlamento de sus actividades
La última parte de esta intervención no puede ser otra, señorías, que la
llamada a la responsabilidad de esta Cámara a la hora de tomar en
consideración la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular en
el Senado presenta por tres motivos principales. El primero, es el hecho
formal de su propia toma en consideración. Conocen sus señorías que a
pesar de que nuestra proposición de ley marca unas líneas claras, como
antes decía, de información parlamentaria respecto de los trabajos del
CIS, en el fondo no es sino una toma en consideración que creemos que
puede derivar en un fructífero trabajo parlamentario en Comisión y en
Pleno que, a través de las Cámaras, el Congreso y el Senado, enriquezca
la propuesta que nosotros hacemos que estimamos de mínimos respecto de
las opiniones del resto de los grupos. Creo que ahí encontraremos una
ventaja, si es que somos capaces desde el ámbito parlamentario de
ponernos de acuerdo en el funcionamiento del CIS y en las líneas
directrices que tienen que marcar su trabajo a lo largo de los
ejercicios.
En segundo lugar, queremos que la Cámara reconozca, a través de la
votación, lo que solicitamos desde el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado como es la utilidad que puede tener para los trabajos
parlamentarios disponer de la información, disponer de los datos de las
encuestas del CIS, y poder estructurar de alguna manera el conocimiento
que los parlamentarios tenemos de la sociedad española, basándonos en una
serie de datos científicamente cotejados, sociológicos, y con un valor
añadido respecto de la labor cotidiana. Por tanto, encontremos también un
motivo de utilidad a la hora de aprobar la proposición de ley que el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado propone a esta Cámara en el día
de hoy.
Por último, reconozcamos también el valor que debe tener el amparo de las
Cámaras, el amparo de la dinámica parlamentaria, el amparo de los
trabajos que realicen los representantes soberanos del pueblo español
respecto de un Centro de Investigaciones Sociológicos que, como antes,
tal vez, ahora aparezca minusvalorado ante la opinión pública por las
funciones excesivamente electoralistas que se le han tratado de encontrar
por los sucesivos gobiernos socialistas que hemos tenido en España en los
últimos años.
Reconozcamos por tanto desde el Parlamento la responsabilidad de amparar
a un organismo importante y esencial dentro de la administración pública
y, en definitiva, señorías, que a través de su votación en la mañana de
hoy, este Parlamento, y en este caso la Cámara Alta, el Senado, reconozca
y responda de sus propias capacidades en el propio beneficio de las
instituciones, en el propio beneficio de la Administración del Estado y,
por tanto, en el propio beneficio del Estado de Derecho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cervera.
De acuerdo con las normas del debate cabría ahora abrir turnos a favor y
en contra de manera alternativa.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Hay dos turnos a favor? (Pausa.)
¿Turnos en contra? (Pausa.)
Vamos a dar, en primer lugar, la palabra, al Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le doy las
gracias por dejarme intervenir en primer término. Salgo a la tribuna un
poco abrumado después de escuchar la intervención del representante del
Grupo Parlamentario Popular porque de lo que se trata hoy, en realidad,
es de atender a una propuesta que nos hace dicho Grupo en el sentido de
admitir o no a trámite una proposición de ley que luego habrá que debatir
y que nace inspirada en un decreto que actualmente está en
vigor, pues la propuesta del Grupo Parlamentario Popular casi
miméticamente repite lo que hoy es el decreto.
El decreto se desarrolla a partir de la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado del año 1990. El artículo ochenta y tres, si no
recuerdo mal, convertía el CIS en un organismo autónomo administrativo y
le daba un carácter diferente de lo que había sido hasta aquel momento.
Después me he tomado la molestia de ir comparando artículo por artículo
lo que era el decreto que desenvolvía el artículo de la ley con lo que
ahora se nos propone como proposición de ley y he de decirles que es
prácticamente igual. Hay algún matiz que quiero destacar, por ejemplo, el
hecho de que en esta proposición es obligatorio dar conocimiento a las
Cámaras de los estudios que se realicen desde el CIS. Esto nos parece
importante. Vale la pena que sea así, aunque el decreto daba la
posibilidad de que los españoles en general, a través de un conducto
reglamentario, pudieran conocer parte de estas informaciones. Nos parece
obvio que la propia representación de la voluntad popular, el Congreso y
el Senado, puedan tener conocimiento de ello.
Hay otro tema, que es la adscripción del CIS al Departamento de la
Presidencia. Antes del decreto estaba recogido dentro del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y lo que se hace, sobre todo, es elevar el
rango, es decir, convertir lo que era un decreto en ley.
Nosotros vamos a dar el voto favorable a esta proposición de ley porque
nos va a permitir abrir un proceso en el cual los diferentes grupos
parlamentarios vamos a poder presentar enmiendas. Desde aquí anuncio que
el Grupo Catalán va a intentar introducir algunas enmiendas que vayan en
la línea de reforzar esa misma información a las Comunidades Autónomas y
algunas otras que en el conjunto del debate se irá viendo.
Confío en que esta proposición de ley que hoy se presenta sea votada
favorablemente por todos los grupos de esta Cámara porque va a
posibilitar, como decía, que se introduzcan modificaciones. Me queda la
esperanza de que en este trabajo parlamentario consigamos entre todos que
si en algún momento ha habido sombras en la actuación del actual CIS, o
lo que había antes de la creación del CIS, pues ha podido parecer, y en
esto estoy de acuerdo con el representante del Grupo Parlamentario
Popular, que ha servido más a los gobiernos que al Estado, que se
diluyan. Si en el trámite parlamentario conseguimos que esto se garantice
habremos hecho un favor importante a la democracia, habremos hecho una
labor importante para que se desvanezca cualquier tipo de duda que
pudiera ensombrecer intereses que algunas veces han podido parecernos que
no eran del todo intereses del pueblo, sino que eran exclusivos de
algunos de los gobiernos.
Votaremos, pues, señor Presidente, a favor de esta proposición y
esperamos que el resto de la Cámara así lo haga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
El portavoz socialista me comunica que va a renunciar al turno a favor
que había solicitado. Intervendrá, por tanto, en el turno de portavoces
que iniciamos ya.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a entrar a considerar el proyecto de ley presentado. Sólo quiero
anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto a la toma en
consideración porque en bastantes ocasiones hemos reiterado que debemos
llevar a la práctica eso del impulso democrático, para que, de verdad, en
ese impulso democrático participen las Cámaras con sus impulsos
legislativos que es nuestra obligación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias,
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, deseo manifestarme en el mismo sentido que el Portavoz del
Grupo Mixto mostrando nuestro apoyo a la toma en consideración de la
proposición de ley sin entrar en el fondo del texto.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso del turno de portavoces el Senador
Codina? (Pausa.) Gracias.
¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Popular? (Pausa.) Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Moreno
Franco.
El señor MORENO FRANCO: Señor Presidente, señorías, creo que es evidente
que la Cámara va a aprobar que volvamos sobre estas materias con mayor
detenimiento. De todos modos, me permitirán que les diga que no reconozco
al Centro de Investigaciones Sociológicas en algunas de las cosas que
hemos tenido que escuchar aquí. La verdad es que la accesibilidad a los
trabajos del CIS es pública y notoria, pero a veces da la sensación de
que lo que se desea es que le manden a uno las publicaciones a casa.
Dicho sea con todo afecto, resulta un poco jocoso que se nos diga que se
trata de reparar la imagen del Centro de Investigaciones Sociológicas
cuando la verdad es que previamente se ha hecho todo lo posible para que
esa imagen se perciba de modo distorsionado haciendo a dicho Centro
responsable de los resultados electorales que cosechan algunas fuerzas
políticas. Pero lo cierto es que, por otra parte, hay algunos problemas
que quisiera manifestar en relación con el espíritu y con la letra del
texto que se nos plantea.
La primera cuestión que nos preocupa es que en su pasión por entrar a
regular las actividades y la organización del Centro de Investigaciones
Sociológicas mediante ley formal, al descender a un nivel de descripción
muy
bajo --y es que lo que en realidad hacen ustedes es reproducir el Decreto
que desarrolla la disposición de la Ley de Presupuestos de 1990 tal cual,
con los dos añadidos a que luego me referiré--, nos llevan, por decirlo
coloquialmente, a una situación demasiado rígida y, fíjense ustedes que
si seguimos en esta línea de trabajo para algo tan sencillo como es
crear, suprimir o modificar una Subdirección General del CIS o una unidad
asimilable a ella, tendríamos que traer a la Cámara la correspondiente
modificación de la ley en cuestión, cosa que no parece demasiado
razonable.
Por tanto, lo que plantearíamos como anticipo de la que podría ser la
posición de nuestro Grupo cuando entremos ya en el contenido, sería que
debemos ser conscientes de que si acudimos a la regulación mediante ley
--y en ello estamos--, no deberíamos bajar a describir la estructura
orgánica del objeto de la regulación para que no nos encontremos
permanentemente maniatados incluso para pequeñas cosas.
Segunda cuestión. La verdad es que, probablemente por no tener excesivo
interés en conocer cómo funciona el propio Centro, las dos modificaciones
que se proponen, señorías, creo que van a dar lugar a un interesante
intercambio de opiniones entre nosotros, y verá por qué. Como ustedes
saben, el campo de trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas es
mucho más amplio que esas cuestiones que giran en torno a los sondeos en
tiempo preelectoral o electoral a que se refería el Senador Cervera. Es
decir, el CIS tiene una componente de trabajo científico en función de la
cual hay que respetar --lo contrario, a mi entender, sería una
barbaridad-- el derecho de los profesionales a no hacer públicos sus
trabajos hasta que los mismos estén concluidos. Esto es algo
absolutamente normal en el campo de la investigación científica. Lo
cierto es que eso puede entrar en colisión con el planteamiento concreto
que hacen ustedes en una de las modificaciones que proponen cuando hablan
de relación circunstanciada --nada más y nada menos que con periodicidad
mensual-- sobre los trabajos en proyecto, en curso y finalizados.
En cuanto a la segunda cuestión, en la que creo que, por el contrario,
será fácil que nos pongamos de acuerdo, debe servirnos para que todos
tengamos una idea más precisa sobre cómo va evolucionando la sociedad
española. Creo que en esa línea de que haya una memoria anual por la que
las Cámaras tengan conocimiento de los trabajos fundamentales o más
importantes realizados por el Centro es en la que hay que enmarcar la
propuesta que habremos de estudiar en su momento. De todos modos, quiero
recordar a la Cámara --ya que parece que es lo que más preocupa a sus
señorías-- que, como saben, ya en la actualidad está condicionada la
actuación del Centro durante los períodos preelectorales o electorales en
el sentido de que adecua su funcionamiento a lo que determina la
administración electoral conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.
Por tanto, aunque lo que a ustedes les preocupa es que lo que se refiere
al grado de conocimiento de personas ligadas a los partidos políticos, a
la apreciación de lo actuado por parte de los ciudadanos en relación a
los partidos, etcétera, tengo la impresión de que lo que ustedes quieren
en el fondo es ampliar el modo de trabajo sobre una de las parcelas de
las actividades del CIS --y no la más importante-- y ampliar a todo
tiempo lo que en la actualidad ya está contemplado para tiempo electoral.
Pues bien, creo que sobre esto podemos y debemos ponernos de acuerdo.
Para finalizar quiero hacer una referencia a lo que planteaba mi casi
paisano y por otra parte buen amigo el Senador señor Cuevas. Nosotros
hemos tratado de poner en marcha --y creo que ya vamos teniendo logros
importantes a este respecto en el Senado-- eso que entre todos hemos dado
en denominar el impulso democrático, esto es, profundizar en la
valoración por parte de los ciudadanos de cómo actúa en defensa de sus
intereses y en la persecución de la resolución de sus problemas el
conjunto de las instituciones. Creo que estamos haciendo bien ese doble
trabajo de encuentro entre los partidos --al fin y al cabo el sistema de
partidos es la columna vertebral del sistema democrático-- al tiempo que
pasa por las Cámaras y conecta, por tanto, con el fortalecimiento de las
instituciones --a veces con distinto grado de maduración-- lo que pudiera
ser la agenda de la profundización entre todos en ese impulso
democrático.
Uno a veces tiene la sensación de que en la percepción por parte de los
partidos hay zonas grises en relación con las cuestiones a tratar. Desde
nuestro punto de vista, señorías, no es esta cuestión del CIS, ni mucho
menos, una cuestión fundamental pero, obviamente, no cabe el diálogo si
de entrada uno no está dispuesto incluso a ver qué es lo que entre todos
podemos poner en esa agenda.
Pero hay algo que quisiera subrayar, la conexión de la determinación que
hoy vamos a tomar entre todos, junto con el feliz recuerdo de la reforma
del Reglamento de la Cámara, creo que apunta un dato esperanzador para el
Senado de España: por una vez ha sido la primera de las Cámaras españolas
en la que ha ido tomando cuerpo elementos de esa tarea común de todos
nosotros que es reforzar, más que el impulso, el apego de los ciudadanos
a las instituciones democráticas. Como me parece que eso es lo
importante, esperemos ponernos entre todos de acuerdo en lo concreto y
felicitémonos porque en lo fundamental vamos concordando a pesar de la
«polvorilla» que siempre suscitan las elecciones europeas y las
andaluzas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a efectuar la votación, después de conceder unos minutos a los
Senadores que están en sus despachos para que puedan incorporarse a sus
escaños. (Pausa.)
Se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a
favor, 234; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, y será remitida al Congreso de los
Diputados, para su tramitación.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO
INSTA AL GOBIERNO A QUE HABILITE UN CREDITO EXTRAORDINARIO QUE SE
CORRESPONDA CON EL MONTANTE HABITUAL DESTINADO A LOS BUQUES PESQUEROS EN
SITUACION DE PARADA BIOLOGICA, PARA SER DISTRIBUIDO EN ESE CONCEPTO Y DE
FORMA INMEDIATA ENTRE EL COLECTIVO AFECTADO, Y A QUE ELABORE UN ESTUDIO
SOBRE LA ACTUAL SITUACION DE LA FLOTA ANDALUZA AFECTADA POR EL CONVENIO
CON MARRUECOS. (662/000035.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Mociones.
En primer lugar, moción del Grupo Popular, por la que se insta al
Gobierno a que habilite un crédito extraordinario que se corresponda con
el montante habitual destinado a los buques pesqueros en situación de
parada biológica, para ser distribuido en ese concepto y de forma
inmediata entre el colectivo afectado, y a que elabore un estudio sobre
la actual situación de la flota andaluza afectada por el Convenio con
Marruecos.
Esta moción tiene fecha 7 de febrero del año en curso, y a la misma se ha
presentado una enmienda, suscrita por el Grupo Socialista, cuya
tramitación, de acuerdo con la norma de fecha 30 de noviembre, se
ajustará a las reglas ya conocidas.
En primer lugar, le corresponde al Grupo Parlamentario Popular efectuar
la defensa de esta moción, lo que correrá a cargo de la Senadora Agüero.
Su señoría tiene la palabra.
La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la actual situación de la flota pesquera andaluza, afectada
tanto por los factores generales de la crisis por la que atraviesa el
país, como por los derivados de su particular estructura, que arrastra
desde hace años sin que se le den soluciones viables a los mismos, se ve
agravada por la incidencia de las paradas biológicas establecidas en el
Convenio Pesquero con el Reino de Marruecos que, con independencia de su
oportunidad, se han visto afectadas por la decisión del Gobierno de
eliminar las compensaciones previstas para los productores pesqueros,
quienes venían recibiendo las mismas desde su implantación en el aludido
Convenio.
La incidencia provocada por esta decisión unilateral puede dar al traste
con una gran parte del colectivo pesquero, destrozando aún más el tejido
empresarial debilitado, que entendemos que necesita de toda la atención
del Gobierno de la nación.
Un breve resumen de los hechos pondrá en conocimiento de sus señorías la
razón que ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a presentar esta
moción. Como sus señorías sabrán, el primer tratado de pesca con
Marruecos fue suscrito por el Gobierno socialista en 1983 y en él no se
contemplaba el paro biológico. A su vencimiento, en 1987, se amarró la
flota y se concedieron con mucha rapidez ayudas económicas a los
armadores y pescadores. Es de reseñar, porque es de justicia, que éstos
cobraron dichas ayudas a los pocos días de estar parados.
El siguiente tratado de pesca lo firmó la Comunidad Económica Europea en
mayo de 1988, y en el mismo ya se contemplaba la parada biológica de un
mes para toda la flota; el mes designado fue febrero.
Durante los cuatro años de vigencia de este acuerdo bilateral se cobraron
unas ayudas según la Orden Ministerial de 7 de abril de 1987, por la que
se establecían normas sobre el procedimiento de tramitación de las ayudas
económicas por la paralización temporal o definitiva de la actividad de
los buques de pesca. En dicha Orden Ministerial se entendía que la
situación de los caladeros en los que faena tradicionalmente la flota
española...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría.
Ruego silencio, ya que la Presidencia no es capaz de entender lo que la
Senadora está defendiendo. Gracias.
La señora AGÜERO RUANO: Gracias, señor Presidente.
Decía que en la Orden Ministerial se entendía que la situación de los
caladeros en los que faena tradicionalmente la flota española hacía
aconsejable que para conseguir un equilibrio entre la capacidad de pesca
y los recursos marinos disponibles se arbitrara un régimen de ayuda en
favor de la paralización temporal o definitiva de la actividad de pesca.
Las ayudas por esta paralización consistían en una prima diaria por
inmovilización del buque, según el baremo indicado en el Anejo 1 de esta
Orden.
Estas ayudas, como ya denuncié en esta Cámara, fueron lentísimas en su
tramitación y se terminaron de cobrar a finales de 1993. Este retraso de
años en el cobro de las ayudas durante 1989, 1990 y 1991, hizo que muchos
buques tuvieran que pedir créditos e hipotecar sus barcos para poder
empezar a faenar, lo que fue agravando la situación económica de muchos
de ellos.
De todas maneras, más vale tarde que nunca, y por el Real Decreto
222/1991, de 22 de febrero se suben las cuantías de las prestaciones, y
en la Orden Ministerial del 19 de junio del año 1991 se establecían
nuevas normas para la tramitación de ayudas por paralización temporal de
la actividad de buques de pesca, y por la Resolución del 20 de junio del
año 1991, la Dirección General de Estructuras Pesqueras establece la zona
--o caladero-- pesquera, modalidades de pesca y períodos de inactividad,
a efectos de designar ayudas por paralización temporal durante 1991.
En 1992 se cumple el Tratado de Pesca y se consigue una tregua mientras
se está negociando para que los barcos puedan seguir faenando después del
paro biológico
del mes de febrero. Cuando el sector pesquero tiene conocimiento de las
peticiones marroquíes, pide al Gobierno español que no se firme con esas
condiciones, pero el 15 de mayo de ese mismo año se firma el actual
Tratado de Pesca entre la Comunidad Económica Europea y Marruecos, que
estará vigente hasta enero de 1996.
Así están las cosas, señoría. Como más vale prevenir que lamentar, esta
Senadora, recién firmado el acuerdo bilateral, preguntó en esta Cámara,
el 9 de junio de 1992, al entonces Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, señor Solbes, sobre las previsiones del Gobierno para
establecer algún tipo de ayuda en favor de los pescadores de arrastre que
se veían negativamente afectados por el acuerdo pesquero suscrito entre
la Comunidad Económica Europea y Marruecos. El Ministro dijo
textualmente: «Tradicionalmente, cuando hay paradas de tipo biológico, el
Gobierno viene adoptando medidas de ayuda, precisamente para apoyo y para
evitar que esa flota tenga la tentación de ejercer una actividad en otras
aguas, a veces ya sobrecargadas de pesca, y por tanto, se suelen adoptar
medidas de apoyo para que esas flotas permanezcan en puerto, además de
respetar la parada biológica. En este caso, como en casos anteriores,
estamos estudiando este tema y posiblemente, una vez tengamos una
valoración adecuada, adoptemos las medidas necesarias para apoyo a esta
estancia en puerto y evitar las posibles repercusiones negativas que
pudiera tener este hecho.»
Señorías, parece que el Gobierno socialista ya ha estudiado el tema,
aunque ahora habrá que hacer alguna modificación. Pero en este momento,
señorías, ya había adoptado unas medidas para ayudar al sector pesquero,
y en el mes de octubre de 1992 se publica una resolución donde no se
contempla la ayuda para los barcos que faenan en Marruecos. Ante esta
situación, el 30 de noviembre del año 1993 presenté en esta Cámara, y
ante el actual Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, una
interpelación para que expusiera su política respecto al actual convenio
con Marruecos y la urgencia de la reconversión del sector pesquero
español. En aquella ocasión, y con muchas vaguedades, el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Albero, sólo me dio una
afirmación con absoluta rotundidad: que el sector pesquero en este
momento no se encuentra en una situación desesperada. Esta afirmación
demuestra el preocupante desconocimiento que el Gobierno socialista tiene
de lo que le está ocurriendo realmente al sector pesquero. O no lo saben
o no lo quieren saber, porque eso sería reconocer la desastrosa
negociación que se hizo en el último acuerdo pesquero entre la Comunidad
Económica Europea y Marruecos. Para el Gobierno socialista no es una
situación desesperada el hecho de que desde el 1.º de enero del año 1994
la flota andaluza de arrastre esté mermada cumpliendo la preceptiva
parada biológica impuesta por dicho acuerdo pesquero hasta el día 28 de
febrero del año 1994, sin que en estos dos meses de inactividad este
sector perciba ni una sola peseta de ayuda; para el Gobierno socialista
no es una situación desesperada el hecho de que este sector vea con
impotencia la entrada masiva en nuestro país de pescado procedente de
terceros países, ocasionando el abaratamiento vertiginoso de nuestros
propios productos de la mar, lo que, a su vez, ocasiona que actualmente
el pescado alcance un precio en lonja igual al de hace 15 años, mientras
que los gastos de explotación de una embarcación, como son las
reparaciones, conservación, etcétera, han ido en una trayectoria
ascendente, igual al coste de la vida. Es decir, nos encontramos con
empresas cuyos gastos han ido aumentando progresivamente, mientras que
sus ingresos se han mantenido iguales a lo largo de todos estos años,
llegando a veces a disminuir en función del mercado.
Quizá todas estas circunstancias no sean desesperadas para el señor
Ministro, puesto que él no las tenía o no las tiene que sufrir, pero esta
afirmación demuestra su falta de sensibilidad y, sobre todo --y es lo que
más me preocupa--, su desconocimiento de lo que está sufriendo en estos
momentos el sector pesquero.
Señorías, me gustaría, sin tinte de dramatismo, aunque actualmente la
situación del sector es dramática, recordarles que el sector pesquero
depende de circunstancias externas, es decir, condiciones atmosféricas,
averías sobrevenidas de las embarcaciones, etcétera. Un barco no
desarrolla su actividad extractiva plenamente durante todo el año, ya que
durante el mismo se van acumulando muchos días de inactividad debido,
fundamentalmente, a las circunstancias apuntadas, que son inevitables e
imprescindibles. «Grosso modo», puede decirse que se aprovecha únicamente
el 50 por ciento de un año, durante el cual, en teoría, se puede llevar a
cabo el ejercicio normalizado de la pesca. Hay que puntualizar que las
condiciones atmosféricas durante el año 1993 han sido de especial
relevancia para el sector pesquero, ya que durante dicho año se han
desarrollado unas condiciones muy adversas, que han dado lugar a que los
días perdidos sean muy superiores en número a otros años. Esta especial
característica de estas empresas ya ha sido tenida en cuenta por la
propia Administración. Prueba de ello es que en el régimen especial de la
Seguridad Social de los trabajadores del mar se contempla la reducción de
la cuantía de las cotizaciones, considerando como días de embarque
efectivo de las tripulaciones un total de entre 15 y 19 días al mes, en
función de las toneladas del barco, siendo, por tanto, los restantes 11 ó
15 días del mes considerados como días en que los tribunales no se
encuentran a bordo. Es decir, que la embarcación se halla inactiva en
puerto. Conforme a estas cantidades se pagan las cuotas de la Seguridad
Social.
También me gustaría, señorías, volver a recordarles que hasta el año
1992, inclusive, aunque tarde, la Administración había venido
subvencionando el paro biológico en concepto de contribución al
mantenimiento y conservación de los medios de producción del sector
pesquero. A partir del año 1993, dicha subvención no está prevista por la
Administración socialista, con lo que durante los dos meses de parada
biológica el sector pesquero de arrastre queda desprovisto de toda ayuda
económica con la que poder hacer frente a todos los gastos que, al
término de esos dos meses de parada forzosa, va a tener un
barco al hacerse a la mar y continuar en su actividad pesquera. Les
enumeraré algunos de los gastos que la empresa tiene que sufragar al 1.º
de marzo de 1994. El cable de pesca es fundamental en toda embarcación de
arrastre y tiene una operatividad que oscila entre 7 y 8 meses, siempre
que esté desarrollando de forma normal su labor pesquera. En caso de una
parada, el cable que queda en el barco se oxida, impregnándose también la
maquinilla donde está enrollado. Como consecuencia, el cable queda
inservible, por lo que debe ser cambiado por uno nuevo. El gasto del
cambio del cable, de una longitud de 1.800 a 2.000 metros por cada banda
--un total de 3.600 a 4.000 metros de longitud--, asciende a la cantidad
de un millón 200.000 pesetas. Las malletas utilizadas como parte del arte
de arrastre llevan en su interior unos hilos gruesos de alambre o cable
que, tras el período de paro biológico, quedan igualmente oxidados, por
lo que tienen que ser inevitablemente sustituidos por el armador si
quiere hacerse a la mar. Las malletas tienen una longitud de 300 metros
por banda, es decir, un total de 600 metros de largo. El equivalente en
dinero es de 546.000 pesetas, aproximadamente. En cuanto a los gastos de
varadero, al estar el barco dos meses inactivo --atracado--, se le van
adhiriendo grandes cantidades de material orgánico e inorgánico
subsistente en las aguas del puerto, el cual necesita eliminar el barco
antes de salir a faenar, para lo cual debe contratar los servicios de
varadero, cuyo coste es de 300.000 pesetas, aproximadamente. El pago de
las licencias de pesca con Marruecos que deben realizarse con esta
frecuencia --las que habilitan para la pesca en dichos caladeros durante
el mes de marzo--, deben hacerse efectivas antes del 1.º de febrero. Las
correspondientes al segundo trimestre del año --abril, mayo y junio--
deben pagarse inexcusablemente durante los primeros días del mes de
marzo. Así, unos gastos que forman parte del normal ejercicio de la pesca
en Marruecos, como son las licencias y, por tanto, están perfectamente
previstos en la embarcación, se convierten durante el período de parada
en unos pagos de imposible satisfacción, máxime teniendo en cuenta las
enormes cantidades a que ascienden dichas licencias.
Por último, están los gastos normales de explotación del buque. Para que
éste pueda salir a faenar, debe estar provisto de combustible, víveres,
todo lo necesario para la manutención de los tripulantes. Estos gastos,
que normalmente son asumidos por el armador sin dificultad, se hacen de
muy difícil pago por parte de las empresas del sector tras un período de
paro biológico como el que nos ocupa, donde no se produce ningún tipo de
ingreso.
Para más inri, señorías, la faena termina con la Seguridad Social a pagar
por estos meses de parada biológica, último apunte de la Administración,
que supone nada más y nada menos que 600.000 pesetas por una tripulación
normal, sin exceso de personal, ya que mientras en años anteriores la
Administración exoneraba a los buques del pago de sus cuotas a la
Seguridad Social por los trabajadores afectados durante el período de
parada biológica, ahora nos encontramos con que la nueva redacción dada
por el artículo 34 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la
Protección por Desempleo, obliga a las empresas, en los supuestos de
reducción de jornada o suspensión del contrato, a ingresar las
aportaciones correspondientes.
Todo lo expuesto con anterioridad debe quedar unido inevitablemente a los
escasos ingresos obtenidos por los buques durante 1993 debido a la crisis
generalizada del sector pesquero. La unión de todo ello conlleva
necesariamente la idea de que sin la ayuda de la Administración los
buques andaluces que faenan en aguas marroquíes no van a poder, con toda
seguridad, hacer frente a todos los costes. Esta ayuda debe ser
facilitada por la Administración, como en años anteriores, pero esta vez
sin retrasos, sin tanto papeleo, sin tanto agobio, de una forma urgente e
inmediata.
Para acabar, señorías, sigo insistiendo en que la situación en la que se
encuentra el sector pesquero es desesperada. Desde la entrada de España
en la Comunidad nuestros mercados han sido invadidos por productos
pesqueros de todos los países del mundo, por pequeños que éstos sean, sin
ningún tipo de control ni de calidad, ni de cantidad. Esa desastrosa
política ha sido la puntilla moral para nuestra flota, que mantiene miles
de puestos de trabajo con la cobertura social que corresponde a un país
moderno, situando el coste social en el límite de lo que realmente pueden
sostener este tipo de embarcaciones.
Insisto en que las ayudas por medio de un crédito extraordinario es de
2.500 millones, igual al montante de otros años, según la información
recibida por la Dirección General de Estructuras Pesqueras, que fue lo
que costó la paralización temporal de toda la flota española que faenaba
en aguas marroquíes, y resalto aquí lo de toda la flota española, porque
por solidaridad solicitamos la ayuda para todo el sector y no sólo para
la flota andaluza.
Por las gravísimas consecuencias que para nuestra flota está teniendo la
actuación abusiva del Gobierno marroquí y por la mala negociación del
acuerdo, vamos a intentar evitar que se desborde la ira de los
pescadores, que podría dar lugar a actuaciones y a una toma de postura no
deseada por nadie, ya que las protestas pacíficas no están dando ningún
resultado y lo único y más importante es que nuestros trabajadores puedan
volver a sacar de la mar su sustento.
Esta situación insostenible está dando lugar a la presentación de
multitud de expedientes de paralización definitiva de buques andaluces.
Son miles los puestos de trabajo que se van a perder y creemos que entre
todos debemos buscar la forma de que esto no ocurra. Después de esta
ayuda económica, habrá llegado el momento de dar una nueva orientación a
nuestra política pesquera, debate en profundidad que se ha de llevar a
cabo en breve plazo en esta Cámara.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular propone a la
aprobación del Pleno de la Cámara la siguiente moción: el Senado insta al
Gobierno a que habilite un crédito extraordinario que se corresponda con
el montante habitual destinado a los buques pesqueros en
situación de parada biológica para ser distribuido en ese concepto y de
forma inmediata entre el colectivo afectado, a los efectos de hacer
posible la puesta en funcionamiento de la flota y su mantenimiento hasta
tanto se arbitren las medidas estructurales necesarias para que se evite
la generación de situaciones como la presente y que se elabore un estudio
sobre la situación actual de la flota andaluza, afectada por el Convenio
con Marruecos, en el que se contemplen las alternativas y propuestas
necesarias para facilitar el correcto desarrollo de la actividad y su
reforzamiento dentro del panorama económico de Andalucía.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña María del Mar Agüero Ruano.
Comunico a la Cámara que, como decía la antigua canción conocida en los
años 60 de que los tiempos están cambiando, después de que el Presidente
anunciara que había una enmienda a esta moción, se ha presentado una
enmienda de modificación, a su vez, en relación con los dos textos
anteriores. Por tanto, el procedimiento de debate sería el siguiente: se
entiende que la enmienda suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista
queda sustituida y, por consiguiente, retirada; estaría pendiente de
defensa el texto de modificación, al que voy a dar lectura a continuación
para informar a la Cámara, y después habría un turno de portavoces sólo,
y esto es importante que lo retengan sus señorías, para aquellos grupos
que no han intervenido con anterioridad.
La enmienda de modificación está suscrita por todos los grupos
parlamentarios y lo que desea saber el Presidente es si alguien va a
intervenir en su defensa. (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador González Laxe, y el Grupo Parlamentario
Socialista, por tanto, no intervendrá en turno de portavoces.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero compartir la sensibilidad de la Senadora doña
María del Mar Agüero por los problemas de la pesca y también alinearme
con los pescadores a la hora de llamar la atención y exigir soluciones a
todos los gobiernos, a todas las instituciones cuando tengan que abordar
la resolución de sus importantes problemas.
Es obvio que todos sabemos que la pesca está experimentando grandes
mutaciones. Preséntase un nuevo orden pesquero, con problemas de gestión
de recursos; un nuevo orden jurídico, procedido de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el derecho del mar; unas grandes alteraciones en la
matriz de los intercambios comerciales, aquellos países que antes
exportaban ahora importan y aquellos que antes importaban ahora están en
disposición de exportar; se producen grandes especializaciones
productivas y a veces nuestros pescadores tienen que mirar con asiduidad
cómo está el mercado de los túnidos, que se fija en San Diego, o el
precio de los cefalópodos y del pulpo, que se fija en Tokio, y todo el
mundo está pendiente de los nuevos acuerdos pesqueros que de forma
multilateral, bilateral o regional se están fraguando en el mundo.
Por tanto, realizar un buen diagnóstico es lo que nos permitirá encontrar
las buenas soluciones. Y el buen diagnóstico que se debe realizar en
estos momentos en la pesca, llena de grandes mutaciones --como decía el
Presidente, si se cambia el reglamento, también la pesca exige nuevos
tiempos--, es que hay una especie de esquema que podría ser aplicable a
lo que es la pesca en las aguas de Marruecos.
Todas sus señorías saben, y todos los grupos parlamentarios así lo
tendrán recogido en sus papeles, que existe un rendimiento decreciente de
las capturas; que eso conlleva que las mareas aumenten en sus días; eso
va a provocar una desaparición del pescado de calidad; eso va a arrastrar
una disminución de las tallas de las especies capturadas; eso conlleva
una reducción del esfuerzo pesquero y eso obliga, irremisiblemente, a que
haya una parada biológica y una pérdida económica. Es decir, que la pesca
está sometida a la confluencia, en principio, de tres grandes apartados:
el económico, el biológico y el social. Pero la gestión de los recursos
de forma ordenada y de manera sostenible en el tiempo obliga a la
utilización de paradas biológicas.
¿Qué es una parada biológica? Es el descanso del esfuerzo de pesca por
las embarcaciones que operan en el caladero. Va a permitir la
regeneración de los recursos renovables. Facilita la recuperación de los
«stocks» pesqueros e instrumentaliza una senda hacia el equilibrio
óptimo.
La pregunta sería si la parada biológica está contemplada en los
principios de ordenación pesquera. Yo diría que sí, que está contemplada
para aquellos casos de «stocks» decrecientes, de esfuerzo pesquero
estable en situaciones de sobrepesca o de sobrecarga en los caladeros. Y
esto es lo que en aguas de Marruecos, como puede haber también en otro
tipo de caladeros en los que frecuentemente y de forma histórica ha
faenado la flota pesquera española. Existen también vedas espaciales,
vedas específicas, vedas técnicas, vedas de pesquería; todo eso está
combinado en la gran acción de la parada biológica, que abarca todo este
tipo de medidas y que prohíbe taxativamente ejercitar el derecho de
pesca. Por tanto, cuando un país, como es el caso de España, integrado
dentro de la Unión Europea, tiene que negociar en zonas que poseen
recursos de otros países, es cuando se establece el gran problema, la
gran disyuntiva de todos los modelos de negociación.
Saben sus señorías que antes el mar no tenía dueño y había libertad de
los mares. Dicho de otra forma, en términos de política, estaba
facilitada la libre entrada en esos caladeros. Hoy existe otro modelo,
que es el de único dueño de los recursos existentes en ese caladero. La
posición de único dueño de los recursos obliga a hacer acuerdos de
reciprocidad recursos-recursos; acuerdos de reciprocidad por excedentes,
como es el caso de Estados Unidos; acuerdo de recursos-mercados, que es
el caso de Canadá; acuerdos recursos-compensación financiera, que son la
mayoría de los acuerdos con los países africanos,
y acuerdos de recursos con compensación financiera más compensación
comercial, que es el caso de Marruecos y el acuerdo con la Comunidad
Económica Europea.
Por tanto, la Comunidad Económica Europea firma un acuerdo pesquero con
Marruecos que permite que del 98 por ciento de los barcos que faenan con
bandera comunitaria, que supuestamente llevan una bandera de las doce
estrellas sobre el fondo azul, aunque son banderas nacionales, el 95 por
ciento corresponde a nuestro Estado. Y después de las múltiples
negociaciones y de los múltiples acuerdos que hubo desde años pasados
hasta el día de hoy, nos hemos encontrado con que este nuevo acuerdo que
entró en vigor el 1.º de mayo de 1992, y que tiene vigencia hasta el 30
de abril de 1996, introduce un nuevo concepto que la Senadora María del
Mar Agüero mencionaba: la parada biológica se amplía de un mes a dos
meses, porque, en definitiva, las otras modificaciones son menos
relevantes, ya que se mantiene el esfuerzo de pesca, el nivel de
utilización de los recursos por parte de la flota pesquera española sigue
siendo el mismo y, aunque la compensación financiera que la Comunidad ha
tenido que abonar a Marruecos se incrementa en un porcentaje muy
significativo, podemos decir que la carga relativa de los armadores se ha
reducido. Si antes la carga financiera de los armadores dentro del
acuerdo pesquero era aproximadamente de 2.050 millones de pesetas
anuales, pasa a 2.178, pero el acuerdo final pasa de 9.240 a 13.464
millones de pesetas, aproximadamente, en términos anuales, es decir, la
carga financiera relativa a los armadores se reduce de un 18 a un 13,5
por ciento, aunque aumenten los cánones.
Pero también hay que matizar una cosa; que ese acuerdo pesquero de la
Comunidad con Marruecos es más barato que el acuerdo pesquero que tiene
la Comunidad con Groenlandia, por el que se paga mucho más. Con lo cual
España, en ese momento, recoge los frutos de estar integrada dentro de la
Comunidad para defender sus propios intereses, para pescar en aguas del
caladero marroquí, aun cuando hay también otras flotas de la Comunidad
que han exigido a la Comisión de la Comunidad Europea que negocie con
Groenlandia.
Por tanto, tenemos el mismo tonelaje, un incremento de los cánones que
afecta menos a los armadores en comparación con la subida que hay que
pagar, y tenemos la parada biológica de un mes a dos meses. El Gobierno
español, y los armadores y pescadores de nuestro Estado son conscientes
de ello, y así lo han repetido de forma manifiesta en todas las grandes
revistas pesqueras españolas, «Industrias Pesqueras», «Mar», «Productos
del Mar» o «Europa Azul», las cuatro grandes revistas que hay en España,
saben perfectamente que en el acuerdo pesquero firmado entre la CEE y
Marruecos se decía que tenía que afectar a todas las flotas, que no podía
haber excepciones, que era difícilmente justificable una discriminación
de las flotas extranjeras, en suma, que era lógico que se mantuviera la
reciprocidad. Si la Comunidad paga un montante importante, la Comunidad
tiene que exigir también el derecho de que la flota que opere en esos
caladeros no sea discriminada con la propia flota nacional marroquí,
porque estamos en el supuesto de aquel modelo de único dueño, pero con un
acuerdo de acceso a recursos a través de compensación financiera y
comercial. Por eso, cuando después del primer año de la firma del
acuerdo, en enero y febrero de 1993, España, ante el Consejo de Ministros
de la Comunidad, manifiesta la inobservancia por parte marroquí de esa
parada biológica, la injustificada actuación de otras flotas que operan
en esas zonas y, sobre todo, la presión que ejercen los recursos, la
delegación comunitaria, por presión de la fuerza española, solicita a
Marruecos en la primera comisión mixta celebrada en Bruselas los días 28
y 29 de enero de 1993 que se reduzca la parada de dos meses a un mes,
habida cuenta de que si otras flotas extranjeras están operando en esos
barcos, de nada nos sirve la parada biológica, porque ello no supondría
la mejora del nivel de gestión de los recursos.
Y lo mismo se ha hecho en la segunda reunión de la segunda comisión mixta
celebrada en Bruselas a finales del mes de enero de este año, en la cual
de nuevo se exige a las autoridades marroquíes el cumplimiento de su
acuerdo de reciprocidad, tal como viene explicitado en el acuerdo
pesquero con Marruecos. Por tanto, tenemos esa parte bastante clara.
Vayamos ahora a la segunda parte: la parada biológica, necesaria para la
recuperación de los caladeros, debe ser subvencionada o no por la
Comunidad o por los Estados miembros. La Senadora del Partido Popular,
llevada un poco por su impulso, decía que el paro biológico no estaba
previsto por los socialistas. Yo creo que la Senadora del Partido Popular
sabe con toda claridad que existen nuevas normas también en la Comunidad
Económica Europea. Primero, las Cortes Españolas no pueden tramitar una
moción literal como la que se ha explicado para oponerse al Tratado de la
Unión Europea, pero lo importante es que, de acuerdo con el artículo
octavo del reglamento de la CEE 3699, de finales de 1993, las medidas de
intervención comunitaria sobre la paralización parcial o limitativa no
podrán beneficiarse de ayuda pública --así lo dice claramente--, y de
acuerdo con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de la CEE 2082, se
entiende como ayuda pública tanto la nacional como la comunitaria, por lo
cual la CEE no podrá subvencionar medidas de limitación temporal de la
pesca. No son, pues, los socialistas, sino también la Comunidad. También
hay que decir que España tiene mala suerte --digámoslo así-- porque
siempre queda en minoría en las reuniones de la Comisión de Ministros de
Pesca y mantiene una teoría que a veces no gana, y la razón por la que la
mantiene es esencialmente importante: que España defiende a los países
pescadores, y hay otros Estados comunitarios que quieren primar a los
países transformadores e importadores. Es la gran pelea histórica de la
política pesquera comunitaria desde que fue comisario el danés Gundelach.
Esa es la gran pelea entre países pescadores y países transformadores;
por eso España exige mucho a la hora de que la Comunidad tenga que
aportar dinero para firmar acuerdos con Marruecos, y, sin embargo,
Alemania, Irlanda, Inglaterra, Dinamarca son países que importan
y sus empresas están muy vinculadas con las grandes firmas
multinacionales. De ahí el gran déficit comercial de la Comunidad
Económica Europea.
Pero decía que esa parada biológica no puede ser subvencionada, y la
razón es muy sencilla y está en función de si es una cuestión coyuntural
o estructural. Si fuera coyuntural, no tendría que estar remitida a los
propios reglamentos, sino que la aplicaría un país cuando quisiera. Si es
estructural, es decir, la defensa de los propios recursos, entonces hay
que tomarla como una decisión firme y constante a lo largo del tiempo.
Por eso yo creo que la parada biológica debe ser estructural, en
beneficio de los propios pescadores. Y recuerdo en estos momentos que en
muchas ocasiones los propios pescadores andaluces, canarios y, en menor
medida gallegos, que faenaban en aguas de Marruecos, exigían a la
Administración --por lo menos en la etapa en la que yo desempeñé esas
funciones-- ciertas paradas biológicas para la recuperación de los
propios recursos, sobre todo en los meses de marzo y abril, cuando desova
la merluza y es muy importante que esos cuatro o cinco millones de huevos
que salen de cada merluza permitan la recuperación del caladero. A veces
es recomendable; es más, todos los pescadores del norte y del
Mediterráneo exigen paradas biológicas para la recuperación del propio
caladero. Esa es una medida estructural, y el mejor ejemplo lo tenemos
--y lo saben muy bien los catalanes y los valencianos-- en ese gran plan
de experimentación del Mediterráneo, del norte de Castellón y sur de
Tarragona de los años 1961 y 1964, dirigidos por el doctor Larrañetas, en
el gran éxito que tuvo esa medida que todavía hoy están reclamando como
suya y que se debe aplicar.
Por tanto, si hacemos un buen diagnóstico y encuadramos así las cosas, la
parada biológica es estructural, no coyuntural; lo que necesita el
marinero, el pescador, el armador, es que existan medidas estructurales
disponibles, tanto a nivel comunitario como nacional, que se apliquen de
forma inmediata; esas medidas no deben ser discriminatorias para ninguna
flota, y mucho menos en relación con flotas extranjeras, porque también
hay que decir --y lo saben sus señorías-- que tanto los países europeos
--España, Rusia, RDA, Polonia-- como los asiáticos --Japón y Corea--, han
ido a pescar a ese banco de Marruecos. Y Marruecos, según una estadística
que he leído este fin de semana, solamente tenía 69 barcos arrastreros en
1979, y hoy tiene 364; eso ha llevado a que, utilizando mal la política
de ordenación pesquera, concretamente en la zona de Marruecos, el
rendimiento de esos barcos haya pasado de 30 toneladas/día en 1975 a 2,5
toneladas/día en 1985 y a 1 tonelada/día en 1992.
Es decir, hay una gran presión de las flotas, tanto de las que están
acogidas al acuerdo, como de aquellas extranjeras que están trabajando de
forma impune; no existe la reciprocidad; el caladero se resiente, y,
consiguientemente, las paradas biológicas son necesarias.
En consecuencia, señor Presidente --ya termino, señorías--, lo que
plantea el texto alternativo es hacer un diagnóstico estructural, estar
pendientes y ser sensibles a las reclamaciones de estos días, pues lo
problemas vienen ahora, dentro de una semana con una parada biológica que
se ha ampliado. Evidentemente, si centramos bien el asunto, podemos y
debemos exigir --y ahí econtrarán a los socialistas exigiendo-- que las
medidas que adopte la Comunidad con respecto a la aplicación del acuerdo
pesquero con Marruecos se cumplan; y, evidentemente, si la política de
vigilancia y control aplicable a la flota pesquera española es rígida por
parte de las autoridades marroquíes y las autoridades comunitarias, habrá
que exigir que esa política de vigilancia y de inspección también sea
rígida --completamente rígida-- respecto de otras flotas que allí operan.
Creo que el texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista y que tengo el honor de defender en esta Cámara va a
contemplar no solamente el problema inmediato del día de hoy, o el de
dentro de una semana, sino que va a dar las líneas y las pautas por las
cuales se deben regir todas las políticas pesqueras dentro de este nuevo
marco. Sin duda alguna, ese texto, objeto de las discusiones que hemos
tenido, comprende todas nuestras iniciativas y todos nuestros deseos,
incluyendo que de forma rápida e inmediata se apliquen medidas de apoyo y
de ayuda --dicho sea en la terminología que se quiera--, tratando de que
sean compatibles con la Comunidad Económica Europea y no puedan ser
denunciadas por la misma, para que las flotas de Andalucía, de Canarias y
de Galicia puedan encontrar un futuro sostenible en los próximos años,
puedan desarrollar sus actividades dentro del marco de una buena
rentabilidad económica y, sobre todo, que los recursos sean explotados de
forma eficaz y equilibrada, so pena de que si así no se hiciera, llegará
el día en el que no tendremos pescado, y entonces será cuando aparecerán
las grandes multinacionales haciéndonos el juego de los productos
transformados, frente a lo cual España, un país fundamentalmente
pescador, de gran tradición pesquera y con una cultura del mar, tiene que
defender a sus pescadores.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador González Laxe.
Vamos a abrir el turno de Portavoces para aquellos Grupos Parlamentarios
que no han intervenido hasta este momento.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González, por el Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Coincido con los compañeros que me han
precedido en el uso de la palabra en la necesidad del paro biológico. Si
partimos del análisis de que el paro biológico es necesario, en primer
lugar, para la supervivencia y procreación de las especies y, en segundo
lugar y como consecuencia de ello, para seguir en el sector pesquero,
empezamos bien. Yo, que coincido con bastantes afirmaciones de las que ha
hecho el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto de que no
es una medida de coyuntura sino una medida estructural, también querría
hacer algunas anotaciones --por si
pueden contribuir algo en el debate-- sobre los problemas de la pesca en
Andalucía, en el banco saharauí-canario, y en Galicia, pero me voy a
ceñir al problema andaluz, por ser representante de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, del Parlamento Andaluz.
Aparte de los problemas que ha planteado el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
bastante acertados los dos, creo que existen otros elementos, como es la
firma del acuerdo de Marruecos con la Unión Europea en cuanto a caladeros
y las aguas jurisdiccionales.
Marruecos firma un acuerdo con la Comunidad Europea, mantiene unos
caladeros, pero se apropia de forma indebida, al menos teóricamente --hay
una proposición de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado que debatiremos próximamente en esta Cámara--, según las propias
autoridades españolas, de las aguas jurisdiccionales donde están situados
esos caladeros. Es decir, que aparte de la parada biológica, con la que,
como decíamos anteriormente, estamos de acuerdo, se continúa con el
apresamiento de buques en esas aguas jurisdiccionales. En mi tierra,
Andalucía, y sobre todo en el pueblo de Tarifa, en la provincia de Cádiz,
algunos pescadores comentan la prohibición de ir a pescar con caña, no
porque se lo prohíban, sino por prudencia, porque temen que un día
aparezca en el Estrecho una barca de nuestros amigos marroquíes y les
confisquen la caña y el pescado que puedan tener. Por tanto, nuestros
amigos marroquíes, a pesar de un convenio que firmaron con la Comunidad
Europea, se siguen apropiando de nuestras aguas jurisdiccionales.
El caso canario: como el compañero Barbuzano tiene mucha más información
que yo, lo voy a omitir.
También hay un problema estructural. Cuando el Estado español firmó el
acuerdo de pesca con la Comunidad Europea y dio por bueno este acuerdo
con Marruecos, en mi opinión --no por ser de la oposición-- no fue lo
bastante fuerte. Ya decían tanto los armadores como los pescadores
manuales que ese acuerdo, con las condiciones que se firmó, en el futuro
podría perjudicar a la flota pesquera española. ¿Por qué? Porque en ese
acuerdo, a pesar de que luego se han hecho todo tipo de declaraciones, no
se contemplaba, por ejemplo, cómo se regulaban las importaciones y
exportaciones de los países o de las flotas que tenían que someterse a
esa parada biológica. Como consecuencia de ello, estamos viendo, sobre
todo en Andalucía, cómo las lonjas de los puertos --especialmente las de
Algeciras y Málaga, que son las que mejor conozco-- se ven completamente
inundadas de pesca marroquí procedente de los bancos de las paradas
biológicas, hasta tal punto que tanto en Algeciras como en Málaga ha
habido bastantes altercados --en el buen sentido de la palabra-- con las
Fuerzas de Seguridad del Estado debido a las protestas de los pescadores
al ver cómo mientras ellos paraban biológicamente se autorizaba la
importación --unas veces legal y otras ilegal-- de pescado marroquí.
En segundo lugar, creo que el Gobierno español también contempló otra
medida a incluir en el acuerdo. Estoy conforme en que los armadores
sufren un enorme perjuicio a la hora de tener la flota amarrada, pero
creo que todos los compañeros y compañeras, Senadores y Senadoras de esta
Cámara, convendrán conmigo en que también sufren un grave perjuicio los
hombres del mar, los que tiran de las redes, los que tienen que echar el
ancla, los que tienen que salar el pescado. Y ahora aún más con los
recortes de la legislación laboral, que se ha aprobado ya en el Congreso
y que, posiblemente, se va a aprobar en el Senado. ¿Por qué? Porque los
trabajadores se ven forzados a través de las paradas biológicas a perder
uno, dos o tres meses de trabajo, con lo cual, a la hora de pasar al
desempleo, las prestaciones sociales que van a recibir cada vez son
menores.
Por tanto, cuando se habla en esta enmienda a la moción de créditos de
campaña sería conveniente que se tuvieran en cuenta medidas que
solucionaran no solamente los problemas que les causa a los armadores el
amarre de la flota, sino también a aquella otra gente del mar que se ve
perjudicada, como son los trabajadores. En ese sentido, yo creo que el
Gobierno y los Grupos Parlamentarios de esta Cámara que tienen
representación en el Parlamento Europeo deberían tomar alguna medida para
que esto se contemplara en próximas legislaciones europeas. No sería
justo pedir solamente para una parte, aunque está bien que se pida;
también se debería ver beneficiada la otra parte de una parada biológica.
Señor Presidente, también habría que poner otra cuestión sobre la mesa.
El portavoz del PSOE hablaba de los incumplimientos continuos de la
reciprocidad de Marruecos; yo creo --y permítame que sea mal pensado--
que Marruecos ya ha dado muestras de su comportamiento respecto a las
llamadas de atención de la Comunidad Europea, así como de las de otros
organismos, como la ONU en el referéndum del Sáhara, a las que hizo caso
omiso.
Yo creo que los representantes de la Comunidad Europea no deberían
dejarse tomar el pelo por un Rey que se salta los más elementales
derechos humanos y libertades, así como las resoluciones internacionales,
imagínese lo que hará con una cosa tan etérea como es la Unión Europea, y
digo etérea porque todavía no somos un Estado-Estado. Por tanto, me da la
sensación de que los pescadores españoles, los andaluces, los gallegos y
los canarios van a tener que aguantar durante mucho tiempo una palabra
que no voy a mencionar de Hassan.
Por tanto, de acuerdo con las medidas de coyuntura para salir del
problema, y de acuerdo también --y en ese camino nos encontrarán todos
los Grupos-- en solucionar los problemas de estructura. A mí me gustaría,
señor Presidente, señorías, que estos créditos de campaña no fueran unos
créditos de campañas electorales --legítimos, por otro lado--, sino que
fueran unos créditos de campaña que vinieran a solucionar no sólo el
problema de los armadores, sino el de todos los hombres y mujeres que se
dedican a la tarea del mar, que creo que en este Estado español son
bastantes.
Para terminar, quiero decir que cuando oigo hablar de que hay que
estructurar el sector de la pesca --el otro día oí hablar de ello a un
responsable del Gobierno del Estado--
empiezo a preocuparme, porque aquí cuando se empieza a hablar de
reestructuración lo primero que se hace es hablar de cerrar, y sería malo
que en las condiciones en las que está el sector de la pesca en este
momento empezáramos a amarrar barcos en los puertos no por paradas
biológicas, sino por malos acuerdos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra su portavoz, Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ocurrió ayer con los hospitales militares, cuando hay
algún tema que tiene una determinada sensibilidad todo el mundo quiere
hacer su aportación.
Nosotros quisiéramos decir, de entrada, que estamos de acuerdo con los
argumentos que expresa la Senadora Agüero Ruano en nombre de su Grupo en
esta moción, y estamos de acuerdo también con la moción consensuada por
todos, con las puntualizaciones que ha hecho el compañero, Senador Andrés
Cuevas, sobre la forma como se explicitan en esa moción consensuada los
créditos, porque si no son especiales al pobre armador o pescador lo coge
el banco y lo desintegra.
Ahora bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a
hacer una serie de reflexiones sobre la pesca. No entro en lo de la
necesidad del paro biológico, recuperación de las especies, etcétera,
porque me parece que no es el tema y creo que eso está asumido por todo
el mundo. Pero el paro biológico hay que asumirlo seriamente y no tratar
de que sea una cuestión filosófica, aunque hay países que lo absorben
filosóficamente. Infórmense, señorías, porque, según mis noticias, por el
Estrecho pasa pescado marroquí en paro biológico; infórmense si en paro
biológico en el banco canario-sahariano, por determinadas condiciones
suscitadas económicamente, no se pesca; infórmense. Luego vamos a
respetar el paro biológico todos, porque si no no sé qué pasa con la
validez de esos acuerdos que hace la Comunidad, en los que nosotros
estamos de observadores --observadores «sui generis»--, como la validez
que tuvieron en 1983, donde, «motu proprio», España, que está dentro,
hace un acuerdo de pesca con Marruecos y se introduce dentro de las aguas
jurisdiccionales, y en ese propio acuerdo de pesca le da unas aguas
jurisdiccionales a Marruecos sin pasar por las Naciones Unidas, sin tener
un convenio, sin depositar cartas cartográficas en las Naciones Unidas, y
le reconoce unas millas. ¡Chicos Ministerios y chicos técnicos teníamos
en ese tema! Para que no nos suceda lo mismo con el paro biológico,
seamos más serios en ese tema.
Yo agradezco profundamente a la Senadora Agüero y a mi amigo el Senador
González Laxe que hablen de la flota canaria, pero no existe, y yo lo he
dicho cuatro veces: no existe, se han cargado la flota canaria. ¿Y usted
sabe por qué se la cargaron? Hace aproximadamente diez años pedimos un
plan, una reconversión de la flota y tener una propia, porque estaba todo
el mundo yendo a pescar al banco canario-sahariano, chinos, japoneses,
cubanos, rusos, coreanos, etcétera, menos los canarios, que tenían unos
derechos históricos reconocidos por la ley; pedimos un crédito de 10.000
millones de pesetas y nos dijeron: no, porque ustedes no tienen cultura
pesquera. ¡Toma ya! O sea, el archipiélago no tenía cultura pesquera y
desapareció la flota. Nos quedaron unos lanchones de 16-18 metros, que
los llamamos coloquialmente flota artesanal, y vamos a coger un poquillo
de pescadilla y un cebo vivo a la costa de Marruecos, nos matan
pescadores, como los del «Cruz del Mar», no se averigua quién los mató,
da lo mismo que los mate el Polisario o Marruecos, no se ha aclarado:
bombardean el «Tagomago», una patrullera española, y no se ha aclarado,
aquí no se ha dicho nunca la responsabilidad tremenda de este país ante
hechos como éstos, que queda profundamente patente.
Por tanto, no hay flota canaria. Yo les agradezco profundamente que la
citen, que traten de darle créditos, pero allí no pesca sino ANACEF, que
es flota gallega, andaluza y no sé cuántas más. Ahora le han dado
concesión al banco canario-sahariano para 100 barcos chinos, y encima
nosotros le hemos regalado 200 barcos a Marruecos, que se porta con
nosotros de maravilla en las exportaciones de tomate, haciéndole
competencia a Canarias y mandándola al tacho, y encima, repito, nosotros
le regalamos 200 barcos y le damos concesiones en aguas que son nuestras,
y muchos de ustedes, previsiblemente, van a votar que no en el próximo
Pleno del día 22 a una proposición de ley mía; no importa, pero le damos
200 barcos.
ANACEF tiene el 3 por ciento de capital canario y Canarias no tiene sino
cuatro artesanales que van a la costa; artesanales, repito, de un día, no
de marea; en Canarias lo llamábamos el nevero.
Yo llevo aquí de Senador desde el año 1989 y no he visto un debate
responsable, serio y riguroso sobre la política pesquera en este país. Es
un tema que me preocupa porque pesco alguna sardina de vez en cuando; me
preocupa no poder pescar la sardina, aunque sea unitaria, y me lo
estudio. Desde el señor Moro --don Fernando se acordará-- hasta hoy, ¿qué
política pesquera ha habido? ¿La política de Pebsa, Pescanova, ANACEF, o
la política del Estado? ¿Qué es política pesquera en este país? Yo no he
visto desde 1989 un debate serio, riguroso, reflexivo sobre la política
pesquera.
¿Qué le pasa a nuestra flota? ¿A dónde va nuestra flota? ¿Qué flota
queremos? ¿Qué flota tenemos que tener como consecuencia de las tremendas
presiones? Lícitas, por otra parte, porque la Unión Europea, ¿Qué es?: Un
mercantilismo puro, ellos van a la defensa de sus intereses, nosotros
vamos a los nuestros, tenemos menos desarrollo, nos dan hasta en el
carnet de identidad. ¿Cómo nos defendemos de eso? ¿Qué flota tenemos que
tener adecuada a lo que la Comunidad nos está imponiendo? ¿Qué plan de
desarrollo existe para nuestra flota? ¿Qué tipo de
barcos? En Canarias hemos hecho cuatro prototipos y todavía no se ha
llegado a ver cuál es el barco adecuado, para ir al Golfo de Guinea, para
pescar enfrente a Mauritania, si hay que subir hasta el Cabo Num...
¿Creen ustedes que son lógicas las importaciones masivas de pescado que
existen? Decrecen capturas --el Senador González Laxe lo decía--,
aumentan los días de marea, decrece la flota y se importa más pescado en
este país. Algo sucede; esto tiene que significar que algo no camina. ¿O
nos vamos a quedar de importadores y camareros con el turismo en este
país? Habrá que plantearse qué es lo que sucede si decrece la flota, si
decrece el sector, si tiene problemas el sector y se importa más pescado.
Este país come pescado por un tubo. Algo habrá, alguien se lo tendrá que
preguntar, alguien tendrá que traer el asunto a esta Cámara y si se tiene
que estar un día debatiendo el tema pues se está un día, o dos, o cuatro,
pero alguien tendrá que ser riguroso con este tema.
Creo que he agotado todo el tiempo habido y por haber. Gracias, señor
Presidente, por su benevolencia. Qué remedio nos queda que apoyar eso que
hemos consensuado; esperemos, con una fe como la que tenemos en Cristo,
que se pueda llevar ese asunto adelante.
Gracias. (Aplausos en los bancos de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor Companys tiene la palabra.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, Andalucía es una Comunidad con un importante
litoral marino y que destaca por su tradición en lo que hace referencia
al sector de la pesca. Si bien todas sus provincias marítimas tienen una
importante flota, quizá podríamos destacar Huelva y Cádiz como las más
importantes, sobre todo si tenemos en cuenta el conjunto del peso del
sector extractivo pesquero, la acuicultura, el comercio, la
transformación de esos productos, así como todo lo que hace referencia a
la reparación y reconstrucción naval en relación con el producto interior
bruto de cada una de sus provincias.
El Acta Unica Europea de 1987 introdujo un nuevo capítulo en el tratado
de Roma sobre la cohesión económica y social a partir de la cual se
produjo la modificación en profundidad de los fondos estructurales de la
Comunidad Europea, el FEDER, el Fondo Social Europeo y el Feoga.
Esta reforma, que entró en vigor el día 1.º de enero de 1988, definió la
aportación comunitaria a favor de la cohesión económica y social sobre la
base de cinco objetivos centrales a los cuales se les asignaban
determinados fondos estructurales. Con la aplicación de los reglamentos
comunitarios y la participación de las diferentes instituciones se
realizó un importante esfuerzo por lo que se refiere a la modernización
de la flota pesquera en general en el Estado español y de forma especial
en Andalucía.
En el período 1986-1992 se realizaron importantes obras de reparación y
construcción de embarcaciones por un valor total que rozaba los 35.000
millones de pesetas, de los cuales más de 9.000 fueron a fondo perdido.
Durante el Consejo de Edimburgo se pidió que la Comisión presentase
nuevas propuestas de revisión de reglamentos relativos a la aplicación de
los fondos estructurales.
La Comisión Europea presentó en marzo de 1993 una propuesta de reglamento
que modificaba los anteriores fondos estructurales y la creación del
instrumento financiero de pesca, el IFO.
Finalmente, el 20 de julio, el Consejo de Ministros aprobó
definitivamente los seis reglamentos que regirán la política regional
comunitaria durante el período 1994-1999; destaca, entre otros, el
Reglamento 2080/1993 del Consejo de 20 de julio, que regula la aplicación
del Reglamento 2052/1988 por lo que hace referencia al IFO dejando
abiertas nuevas expectativas de inversiones en esa zona.
Pienso que se ha hecho en general un importante esfuerzo en lo que hace
referencia a la modernización de la flota, pero seguro que es
insuficiente y que se debe continuar en ese camino para que cada día sea
más moderna y más competitiva. Difícilmente lograremos que las
administraciones, cofradías y particulares implicados en el sector
apuesten para que éste no deje escapar de una forma clara el valor
añadido que su producción es capaz de generar.
Quizá sería una buena línea de actuación en el futuro hacer un análisis
en profundidad de los canales de comercialización fomentando una oferta
menos dispersa, potenciando la comercialización de los productos del mar
y de una forma especial aquellos productos que destacan por su elevada
calidad, estudiando si realmente se aprovecha al máximo el producto de la
pesca o se puede mejorar a través de una mejor manipulación,
transformación y comercialización de esos productos por el propio sector.
No obstante, tenemos que ser conscientes de que con el esfuerzo de
modernización de la flota, con la aplicación de una estrategia comercial
que permita que el valor añadido que la pesca pueda general quede al
máximo en manos del propio sector, no lograremos nuestros objetivos si
paralelamente, como se ha dicho por mis antecesores en el uso de la
palabra, el Gobierno no cumple con su máxima obligación, que es la
defensa de los intereses generales de nuestros pescadores.
Hay que hacer respetar el espíritu del Tratado de pesca con el Reino de
Marruecos haciendo extensivo a la flota marroquí el período de parada
biológica que nos obliga a nosotros. Hay que presionar a la Unión Europea
para que prohíba de una forma expresa la importación de pescado por parte
de Marruecos durante la parada biológica. Hay que controlar las
importaciones masivas de pescado de países no comunitarios que son los
responsables de las caídas de los precios que ponen al sector en una
situación insostenible, penalizando de una forma clara aquellas flotas
que con un uso inadecuado de sus artes de pesca están produciendo graves
daños en los ecosistemas marítimos.
Por todo lo anteriormente expuesto nuestro Grupo daría soporte a esa
moción, que no es del Grupo Socialista, como ha dicho su portavoz, sino
que es una moción consensuada por todos los grupos de la Cámara, pidiendo
al Gobierno que tome medidas rápidas porque el tema de la pesca, como los
temas que van ligados en general con los temas agrarios, no puede esperar
y necesita de una solución inmediata.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la moción suscrita por los Grupos
Parlamentarios, que literalmente dice lo siguiente: El Senado insta al
Gobierno: 1.--Asegurar que las medidas estructurales disponibles, a nivel
comunitario y nacional, así como la instrumentación inmediata de
«créditos de campaña», sean aplicables plenamente a la flota pesquera
española que faena al amparo del Acuerdo de Pesca CEE/Marruecos, con el
fin de facilitar el correcto desarrollo de la actividad y asegurar su
rentabilidad y sostenibilidad.
2.--Que se elabore un estudio sobre la actual situación de la Flota
Andaluza afectada por el Convenio con Marruecos, en el que se contemplen
las alternativas y propuestas necesarias para facilitar el correcto
desarrollo de la actividad y su reforzamiento dentro del panorama
económico de Andalucía así como el de Canarias y Galicia. Suscrita por
los Grupos Parlamentarios de la Cámara.
Vamos a someter a votación el texto que en relación con la moción número
35, del Grupo Parlamentario Popular, han suscrito los Grupos
Parlamentarios de la Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 226; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE EL SENADO INSTA
AL GOBIERNO DE LA NACION A QUE DISPONGA LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
GARANTIZAR LA APLICACION DE LA NORMATIVA COMUNITARIA, EN ORDEN A LOGRAR
EL ADECUADO NIVEL DE ABASTECIMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LA CALIDAD DE
SANGRE Y HEMODERIVADOS, A QUE REALICE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DIRIGIDAS
A MOTIVAR LAS DONACIONES ALTRUISTAS DE SANGRE Y A QUE SE FOMENTE EL
DESARROLLO TECNOLOGICO QUE PERMITA ASEGURAR LA CONSERVACION Y LA GARANTIA
DE CALIDAD DE LA SANGRE, A LA VEZ QUE LA FABRICACION DE LOS DERIVADOS
PLASMATICOS. (662/000036.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la moción del Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno de la Nación a que
disponga las medidas oportunas para garantizar la aplicación de la
normativa comunitaria, en orden a lograr el adecuado nivel de
abastecimiento y la seguridad de la calidad de sangre y hemoderivados, a
que realice campañas institucionales dirigidas a motivar las donaciones
altruistas de sangre y a que se fomente el desarrollo tecnológico que
permita asegurar la conservación y la garantía de calidad de la sangre, a
la vez que la fabricación de los derivados plasmáticos.
Ruego atención de la Cámara ya que a esta moción, en su momento, se
presentó una enmienda y, posteriormente a ella, se ha hecho llegar a la
Mesa una propuesta de modificación. Por tanto, entiende la Presidencia
que la propuesta de modificación sustituye a la enmienda, que se entiende
retirada, y entramos a continuación en el procedimiento de debate que
hemos utilizado en el turno anterior.
En primer lugar, le corresponde al Grupo Parlamentario Popular hacer la
defensa de la moción original; posteriormente, daré la palabra a quien en
nombre de los Grupos proponentes efectúen la defensa del texto modificado
y luego intervendrán los Portavoces de los Grupos que no hayan
intervenido en las dos ocasiones anteriores.
Tiene la palabra el Senador Sainz para la defensa de la moción original
suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
El señor SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna en defensa de un problema no del todo solucionado,
difícil y escabroso y que voy a intentar aclarar a sus señorías.
La sangre, señorías, es un bien muy escaso, de modo que tenemos la
obligación moral de lograr el uso más eficiente posible de todos sus
componentes. Hace sólo unos diez años las transfusiones se hacían con una
sangre entera, pero el progreso médico ha permitido ahora fraccionar sus
componentes y beneficiar a un gran número de pacientes, al tiempo que han
disminuido espectacularmente los riesgos y los efectos adversos que esto
tenía.
De una donación de sangre se separan ahora dos partes: por un lado está
lo que llamamos los médicos los elementos formes, que son las plaquetas,
los hematíes y el plasma, y del plasma se obtienen unos hemoderivados,
como son las proteínas, los factores de coagulación, las globulinas y las
inmunoglobulinas, sustancias indispensables unas para el tratamiento de
los hemofílicos, y otras para vacunas, etcétera.
El plasma fresco se obtiene por centrifugación de la sangre e
inmediatamente, bajo un proceso de congelación, se permite la actividad
del factor VIII, que no es ni más ni menos que la terapéutica esencial en
el tratamiento del hemofílico, al que antes me refería.
El Plan Nacional de los Hemoderivados se propuso en el año 1985 y su
objetivo era conseguir el autoabastecimiento en donantes de sangre. En el
año 1992 se alcanzó por primera vez la autosuficiencia pero de sangre
completa, lo que llamamos sangre roja. El progreso ha sido espectacular:
hace tan sólo cinco años había 17 donantes
por cada mil habitantes, ahora existen 33 donantes por mil habitantes.
Pero aunque somos autosuficientes en sangre roja, aún necesitamos el
doble de donantes para conseguir la suficiencia en derivados del plasma.
No olviden, señorías, que España está importando hemoderivados por un
importe aproximado de unos 15.000 millones de pesetas al año. El plasma
se usa de muchas formas y, en algunas ocasiones, de forma incorrecta
incluso en los hospitales españoles.
Un estudio reciente efectuado en 70 hospitales españoles ha revelado que
un treinta y tantos por ciento del plasma fresco congelado que se gasta
es utilizado de forma incorrecta. Y este uso inadecuado del plasma de las
donaciones de sangre impide la obtención de hemoderivados purificados y
somete a los pacientes a un riesgo innecesario. A pesar de los estrictos
controles a que es sometida la sangre, las técnicas disponibles no
permiten eliminar totalmente el peligro de contagio de enfermedades como
el sida o la hepatitis B y C. Para evitar esta prescripción incorrecta,
se reunieron en un congreso 36 especialistas muy cualificados y
elaboraron un protocolo de consenso que establece en qué patologías está
indicado el plasma y en cuáles no. A diferencia de lo que ocurre con los
medicamentos, el uso de la sangre como elemento terapéutico no ha contado
con estudios clínicos que establecieran qué procedimientos eran los más
adecuados para cada patología. Para corregir este uso indebido, incluso a
instancias del Ministerio de Sanidad, hubo una conferencia de consenso
presidida por eminentes especialistas, como el Jefe del Departamento de
Hematología del Hospital de San Pau de Barcelona, en la que participaron
250 médicos de distintas especialidades y se crearon distintos grupos de
trabajo, elaborando un protocolo final en el que se detallan los
criterios de aplicación de plasma.
En algunos hospitales aún es práctica rutinaria administrar plasma como
complemento tras una operación importante o para satisfacer necesidades
nutricionales puntuales que podrían ser fácilmente corregidas por otros
procedimientos. Con este uso indebido en indicaciones no establecidas e
incluso en algunas patologías en las que no es un tratamiento correcto se
pierde la oportunidad de fraccionarlo para obtener hemoderivados seguros
y se somete a los pacientes tratados a un riesgo innecesario. Aunque
todas las donaciones son sometidas a control mediante pruebas de
detección de los virus del sida y de hepatitis B y C, las técnicas
disponibles no consiguen eliminar totalmente este riesgo.
Unos estudios posteriores dirigidos por prestigiosos sanitarios revelan
que el control de las donaciones ha reducido espectacularmente la
incidencia de la hepatitis postranfusional, que si hasta hace poco tiempo
correspondía a un 10 por ciento, hoy ha bajado al 0,7 por ciento. Pero,
ojo, si añadimos el riesgo, aunque éste sea mínimo, de que el virus del
sida haya pasado desapercibido en las pruebas de control, cabe concluir
que aproximadamente una de cada cien personas sometidas a tratamiento con
plasma puede estar infectada de hepatitis o de sida.
Señorías, el fraccionamiento del plasma, en cambio, permite tratar este
plasma y obtener hemoderivados que son totalmente purificados y seguros
para el paciente. Esta es una de las iniciativas que ha tenido el Grupo
Parlamentario Popular desde hace tiempo y que hoy trae directamente a
esta Cámara.
Sin embargo, en España, que es uno de los países con una mayor
dependencia de plasma de donantes remunerados de procedencia extranjera,
según datos de la Cruz Roja, el grado de cobertura con plasma autóctono
altruista no alcanza más que al 30 por ciento de lo precisado para uso
propio. En España la donación de sangre de forma retribuida está
prohibida desde el año 1975, aunque se aceptó este tipo de donaciones en
casos muy especiales. Actualmente no existe ningún centro retribuido en
todo el territorio español. Nuestro país, como decía anteriormente, fue
por primera vez autosuficiente para su demanda interna de sangre en el
año 1992, con un índice de 33 donaciones por cada mil habitantes. Sin
embargo, España está todavía lejos del autoabastecimiento real ya que la
Organización Mundial de la Salud considera insuficiente para cubrir la
demanda real cualquier cantidad inferior a las 45 ó 50 donaciones por
cada mil habitantes. España es autosuficiente en sangre roja, cualquier
persona que necesite sangre en un hospital tengan ustedes la seguridad de
que la va a tener, pero sangre completa. España es deficitaria en plasma
y debe importarlo en una cifra que precisé antes de 15.000 millones de
pesetas por año. En la actualidad existen 2,3 millones de donantes que
aportan aproximadamente un 1,3 millones de bolsas de sangre. Y a lo largo
del año 1993 hemos incorporado 200.000 nuevos donantes, de los que el 80
por ciento son jóvenes entre los 18 y los 25 años y un 75 por ciento de
ellos son universitarios. Sin embargo, si ahora se incrementara el número
de donaciones no se sabría qué hacer con la sangre, porque no existe la
tecnología necesaria para separar la sangre del plasma. De aquí se
obtienen los factores de coagulación que utilizan los hemofílicos, la
albúmina de las inmunoglobulinas de las que se obtienen las vacunas, pero
para poder abastecerse de estos productos es imprescindible una planta de
fraccionamiento con la tecnología precisa que permita disponer de estos
derivados plasmáticos y que van a dar la seguridad absoluta a cualquier
paciente que los necesite. Tan sólo la Generalitat de Valencia ha
constituido una sociedad junto con la empresa multinacional Baster para
poner en marcha una entidad en España que se llama Biofraccionamiento.
No quiero ser alarmista, pero el tema es importante. Nada más quiero
decirles que en el informe de la Federación Española de Hemofilia del año
1993 ésta acepta plenamente a nivel internacional, así reconocido por la
OMS, que existe la evidencia epidemiológica de que la contaminación en
los enfermos hemofílicos ha sido consecuencia de la utilización con fines
terapéuticos de concentrados plasmáticos y de factores de la coagulación
contaminados por el VIH. Y en el sistema español dichos concentrados han
sido impartidos exclusivamente en los hospitales del sistema público
sanitario. El censo de los hemofílicos era de 2.730; infectados por VIH,
1.174; fallecidos
por el sida en los últimos diez años, 416. Señorías, el porcentaje de
infección en los hemofílicos A y B es del 47 por ciento.
Continúa diciendo que ya en el año 1983, con motivo del Congreso Mundial
de Hemofilia celebrado en Estocolmo, se alertó sobre la conveniencia de
calentar los factores de coagulación. A partir de este mismo año se
comienza a disponer en Estados Unidos de concentrados comerciales
tratados por calor para conseguir la minimización del riesgo de las
transmisiones por el sida. En estas fechas se solicitó la creación de
centros de plasmaféresis para disponer de plasma autóctono. Ya en el año
1984 el Partido Popular pidió la creación de dicho banco de plasma.
Quiero hacer unas consideraciones previas a la infección. Debido a la
continuada administración de determinados concentrados en algunos
enfermos se produce un contagio del virus del sida en los hemofílicos
receptores de estos concentrados. El contagio en hemofílicos se produce
básicamente entre los años 1983 y 1985, como consecuencia de la
negligencia por parte de la Administración a la hora de aplicar las
recomendaciones de carácter preventivo de origen internacional como las
de la FDA CDC de los Estados Unidos. A esto hay que añadir el contagio
por transfusiones de sangre realizadas entre los años 1983 y 1987.
La técnica que se podía aplicar en aquellos años consistía en el
calentamiento de la sangre, sistema aplicado en otros países,
fundamentalmente en Holanda, y la técnica realizada por un único
laboratorio en España.
Manifiesta el Gobierno que dichas recomendaciones formuladas por la DCE
de Atlanta son publicadas en el boletín epidemiológico semanal, pero
dicho boletín, señorías, es una mera publicación científica y no tiene
ningún rasgo administrativo. Por tanto, afecta al conocimiento de los
hechos, y no es hasta septiembre de 1985 cuando se publica por Orden
Ministerial la obligatoriedad de testar en el caso de los hemoderivados y
en el de las transfusiones hasta el día 20 de febrero de 1987.
Tenemos como ejemplo semejante lo ocurrido en Francia, donde las
sentencias judiciales son totalmente claras. Por un lado, la culpabilidad
del Gobierno francés desde el año 1985 en adelante por incumplimiento de
una norma y, por tanto, la distribución de sangre a sabiendas de que
estaba contaminada; y, por otro lado, la responsabilidad de la
administración entre los años 1983 y 1985. Según hace constar dicho
Tribunal, se conocían técnicas de calentamiento que podían haber aplicado
con carácter preventivo y haberse evitado los contagios masivos. En el
caso francés podemos añadir el informe de la Inspección General de
Asuntos Sociales, que concluye que los CTS hubieran debido usar la
técnica del calentamiento en el año 1984 porque ya se tenía la suficiente
información para prever riesgos, y se acusa al Ministerio de Sanidad
francés de haber cursado recomendaciones en vez de órdenes.
Les hago una cronología de los hechos. En 1983, el día 4 de marzo, la DCE
de Atlanta informa sobre colectivos de riesgos y criterios de
autoexclusión en donaciones, así como mecanismos de control y prevención
para la utilización de sangre por hemofílicos receptores de transfusiones
de sangre. Estas recomendaciones son las publicadas en el BES, semana 38
de 1983, pero hay que recordar que no surten efecto normativo en nuestro
país hasta el 1 de octubre de 1985. En dicho año la Resolución de 6 de
septiembre de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo
declara obligatoria la prueba de detección de anticuerpos por parte de
las industrias fraccionadoras de plasma y los fabricantes importantes de
hemoderivados. Tanto las unidades de plasma procedentes de extracciones
efectuadas en España como las que importen a partir del 1 de octubre de
1985, deberán disponer del correspondiente certificado que acredite la
realización de la prueba de detección de anticuerpos. Se hace constar que
hasta la fecha no se ha realizado ningún control de este tipo y, por otro
lado, que quedan sin control las donaciones destinadas a transfusiones.
En la Orden del día 18 de febrero de 1987 --no aparece hasta ese
momento-- el Ministerio de Sanidad y Consumo establece ya la obligación
de practicar pruebas de detección anti-VIH en las donaciones de sangre.
Les puedo citar unas sentencias judiciales para que se percaten más del
problema que nos ocupa. Se declara la responsabilidad objetiva que
consagra el artículo 106.2 de la Constitución como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos. Por ello se condena al Insalud
responsable de la lesión que por su funcionamiento normal o anormal sufre
todo particular y dice la sentencia que los daños producidos por mal
funcionamiento de los servicios públicos implica negligencia
administrativa y, por tanto, responsabilidad objetiva. El Instituto
Catalán de la Salud deberá indemnizar también a la familia de un
fallecido por recibir una transfusión. El juez estima que ha habido
negligencia grave por parte de la Administración, ya que en ese momento
la enfermedad era conocida, existiendo campañas internacionales de
sensibilización y prevención y se conocían los medios de detección. El
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también estima que ha
habido responsabilidad objetiva de la Administración, condenándola a
indemnizar a otro paciente con 20 millones de pesetas. (El señor Rigol i
Roig ocupa la Presidencia.)
Por tanto, queda demostrada la responsabilidad y la negligencia entre los
años 1983 y 1985 en cuanto a la no utilización de técnicas de
calentamiento que hubiesen evitado el contagio masivo del sida. El
Gobierno no se exime de responsabilidad por haberse publicado dichas
recomendaciones en el BES. Esto significa que conoce la existencia de
dichas recomendaciones pero ignora que la publicación del BES sólo tiene
valor informativo, no alcanzando rango de Orden en el año 1985. Asimismo
queda demostrada la negligencia entre los años 1985 y 1987 por la no
inclusión en el Decreto de 1 de octubre de 1985 de la obligatoriedad de
testar la sangre destinada a transfusiones, obligatoriedad que no se
reconoce hasta febrero de 1987. El entonces Secretario de Salud Pública,
Marcos Peña, ha reconocido públicamente que el Ministerio de Sanidad
tiene la responsabilidad objetiva de los
contagios de sida a hemofílicos. Reconoce también la solución de una
indemnización económica. Ambas responsabilidades habían sido negadas
reiteradamente antes por la Administración.
He hablado de los hemofílicos. ¿Y qué es lo que ocurre con el avance del
sida en España? Parece que cada vez es más imparable. Los nuevos casos
registrados en nuestro país en lo que va de año hasta junio de 1993,
según las estadísticas de las que puedo disponer ahora, superan a los que
se produjeron durante todo el año 1992. España sigue siendo el primer
país europeo respecto al número de nuevos enfermos y el segundo, después
de Francia, en cuando a casos acumulados. Los datos facilitados por los
técnicos del Servicio de Epidemiología de la Salud y por la Unidad de
Detección del sida son los siguientes: casos contabilizados durante todo
el año 1992, 2.710; casos contabilizados hasta el primer semestre
incluido de 1993, 2.786. En el conjunto de España se produce desde 1991
más de un caso por año y por cada diez mil habitantes. Por tasas por
Comunidades también puedo dar datos: Madrid tiene 971 casos por millón de
habitantes; Cataluña, 837; el País Vasco, 818; Baleares, 706; Galicia,
351; Valencia, 402; Aragón, 312; Andalucía, 314; Castilla y León, 186, y
Castilla-La Mancha, 142.
Entre los grupos de riesgo de los contagios del sida los casos entre
homosexuales han pasado del 14,9 por ciento en 1992 al 12,3 por ciento.
El uso de drogas por vía parenteral sigue siendo la forma más frecuente
de transmisión del sida, pasando del 62,8 por ciento en 1992 al 63,3 por
ciento en este año. Los datos oficiales reflejan que en el primer
semestre de 1993 se han diagnosticado seis casos de sida que fueron
contagiados previamente por transfusiones sanguíneas y doce casos por la
administración de hemoderivados.
Surgen de nuevo los otros problemas, problemas de sueros que en los
medios de información se han publicado. Es el 20 de noviembre de 1993
cuando el Parlamento Europeo, a propuesta de todos los Grupos, Partido
Socialista, Popular Europeo, los liberales, los verdes, el RDE y la
Coalición de izquierdas, solicita una mayor severidad para garantizar la
seguridad de las transfusiones y de la utilización de los productos
derivados de la sangre. La presentación de esta Resolución de urgencia se
debe al asunto en aquellos momentos de la sangre contaminada en Alemania
y en otros países. El Parlamento Europeo solicita, en particular, que la
autorización de la comercialización de los productos ya reiterados en la
venta de algunos Estados miembros, así como de todos los productos cuyos
controles previstos en la Directiva comunitaria no establecen la
seronegatividad, se suspenda de manera inmediata en toda la Comunidad
Europea.
Una inspección sanitaria urgente de todas las industrias y organizaciones
que se ocupan de las transfusiones demuestran que se realizan los
controles sobre la materia prima al principio y a lo largo de toda la
cadena de producción. En caso contrario, debe retirarse la autorización
de producir e importar plasma y sus derivados a cualquiera que no lo
cumpla. Se debe redactar un protocolo comunitario que permita la
utilización de todos los productos disponibles para evitar a la vez el
mercado negro y lamentar escasez de esos productos que en sus momentos
pueden salvar vidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando, señoría, se le
ha agotado el tiempo.
El señor SAINZ GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
En nombre de la Comisión Europea Flynn aseguró que evocaría esta cuestión
en el consejo de 13 de diciembre, como así se hizo. En la reunión de esa
Comisión del 13 de diciembre, y comento solamente lo que nos puede
afectar, las conclusiones sobre el autoabastecimiento de sangre y
productos derivados, aprobados el 13 de diciembre de 1993 por el Consejo
de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, se recogen en el documento
10.117/93, que tiene en cuenta la Resolución del Parlamento aprobada en
septiembre sobre el tema, los trabajos realizados por el Consejo de
Europa y acoge favorablemente las recomendaciones de la Comisión, y
establece que se podrían considerar los principios de autoabastecimiento
de sangre en toda la Comunidad.
Dicho esto, y en aras de la brevedad, se ha presentado una propuesta de
modificación, firmada por todos los portavoces de los Grupos
Parlamentarios, que recoge refundida en un solo texto nuestra petición,
que quedaría así: «El Senado insta al Gobierno para que en el plazo más
breve posible convoque al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de la Salud, con el fin de analizar la situación de los recursos
necesarios para conseguir el nivel adecuado de reservas en Hemoderivados,
Plasma y Sangre Total, con las garantías de calidad propuestas por el
Plan Nacional de Hemeoterapia.»
Celebro que se haya llegado a un acuerdo en una cuestión tan importante
como ésta, dado que soluciona este problema y que dicha solución refleja
ni más ni menos que el espíritu que había inspirado nuestra iniciativa
parlamentaria.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sainz
García.
Para la defensa de la propuesta de modificación, tiene la palabra el
Senador Borderas.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular presentó la moción número 36, sobre el tema de
niveles de abastecimiento de sangre y hemoderivados y su seguridad.
Después de distintas reuniones se ha llegado al consenso con el texto que
el Senador Sainz ha leído en su extensa y documentada participación hace
unos momentos, y que no voy a repetir.
Creo que es un texto muy corto pero que resume verdaderamente el espíritu
del problema en estos momentos, porque ¿cuál es el tema del que estamos
hablando exactamente? Estamos hablando del problema de la aportación de
la sangre como un elemento curativo. Hay que decir
inmediatamente que la sangre tiene siempre y ha tenido históricamente
unas connotaciones que no son propias de lo que ahora estamos hablando;
tiene unas connotaciones incluso míticas, incluso especiales, incluso
literarias que no viene al caso decir en estos momentos, pero lo que aquí
nos ocupa es el problema de la utilización de la sangre y sus derivados
en este momento en la solución de enfermedades.
¿Qué es lo que ocurría hasta hace relativamente pocos años? Que esa
sangre se extraía de donantes no voluntarios, de donantes pagados y
retribuidos que generalmente eran individuos colocados en los estratos
más bajos de la sociedad. Los que tenemos una cierta edad y hemos
desarrollado durante un número suficiente de años nuestra profesión como
médicos sabemos que esto era así; pero, ¿qué ocurrió hace relativamente
poco tiempo? Porque, por otro lado, el problema de las transfusiones de
sangre es relativamente reciente. El primer banco de sangre se crea en
Londres en el año 1921. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la sociedad ha
preferido la donación espontánea y altruista de la sangre, cambiando el
problema no por su parte técnica, sino precisamente por su parte
política, por su parte de filosofía de vida; es decir, entregando la
sangre, que es un bien personal, un bien íntimo y profundo que forma
parte de nuestro propio cuerpo, de una manera altruista y voluntaria, y
esto es lo que ha cambiado absolutamente las cosas. Pero esto es así al
100 por cien. ¿Podemos disponer, no solamente en nuestro país sino en
toda Europa, de este 100 por cien de posibilidades? No, todavía no
podemos, porque necesitamos que esta donación se haga de una manera
canalizada. ¿Quién canaliza estas cosas? En cada país, evidentemente, los
Ministerios de Salud o Sanidad, pero también hay organismos
internacionales, a algunos de los cuales nosotros pertenecemos, y yo me
honro en pertenecer, como el Senador Sainz. El propio Consejo de Europa,
a finales del año 1993 publica un libro blanco sobre el tema de la
hemodonación y el tema del abastecimiento de la sangre en Europa.
Pues bien, yo creo que éste es el nudo de la cuestión. Estamos llegando
en toda Europa, que es nuestro continente, que es donde están nuestras
instituciones, y en este momento nos regimos por muchas de las Directivas
de la propia Unión Europea, estamos llegando ya a la posibilidad de
abastecernos por la sangre de donación. Y ésta es la situación.
Promovamos esta situación, ayudemos a la estabilización de esta
situación.
Hay que decir también que la sangre es un elemento frágil y que no
podemos disponer de la sangre almacenada siempre, porque parte de la
sangre se pierde. Pero hay que llegar a un equilibrio entre la sangre que
se recibe y la sangre que se va a donar. Este equilibrio no es fácil de
mantener; es difícil. De ahí la importancia de las directrices, de las
orientaciones, de las normativas de nuestros organismos rectores de la
sanidad, de nuestros Ministerios y también de las Consejerías de Salud de
todas las Comunidades Autónomas que tienen responsabilidades por las
transferencias y que poco a poco se están integrando, que también hacen
sus propias campañas de captación de donantes y promueven las
asociaciones de donantes de sangre en toda España. Existe una asociación
interautonómica de donantes de sangre; existe una asociación europea de
donantes de sangre que promueve estas campañas. Yo mismo, y creo que
muchos de los Senadores de la Cámara, somos donantes de sangre, la hemos
donado en numerosas ocasiones y la queremos seguir donando. Por ello
debemos estar en una situación de equilibrio en cuanto a la donación, la
recepción y la entrega de la sangre y sus hemoderivados.
En este sentido yo creo que el texto de la moción se adecua
perfectamente. No quiero dar más datos, no quiero dar más cifras, no
quiero convertir esta tribuna en lo que no es, es decir, en una clase
sobre el problema de la sangre y sus hemoderivados que tengan un carácter
mucho más técnico, científico, académico o como lo quieran ustedes
llamar. Yo creo que en las palabras del profesor Jean D'Ose, premio Nobel
francés, que precisamente en este libro al que he aludido antes sobre la
transfusión sanguínea en Europa, un libro blanco, dice que es un acto que
hay que primar, que la donación de sangre, con su carácter voluntario,
gratuito y anónimo sea precisamente el eje de esta filosofía que nos
mueve, el eje de las posibilidades terapéuticas de otras personas que lo
necesitan.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Borderas.
En turno de portavoces, el Senador Torrontegui tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero decir que estamos muy de acuerdo con esta moción,
sobre todo con la última enmienda que se nos presenta después de dos
propuestas de modificación. Vamos a votar favorablemente la última
moción, que nos parece la más adecuada para que se siga adelante con este
tema tan interesante.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Por Coalición Canaria no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Bertrán i Soler.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, que supongo que será agradecida, sólo diré que
efectivamente el Senador Sainz ha hecho una magnífica exposición del
problema, el Senador Borderas ha defendido la propuesta de modificación a
la moción también con argumentos precisos, y sólo quisiera introducir
unos elementos que creo que podrán ser útiles para justificar cuál es la
actitud de nuestro Grupo, Convergència i Unió, diciendo que si bien la
intencionalidad de la iniciativa original tenía unos fines nobles
indiscutibles,
entiendo que la redacción definitiva está quizá apuntando a la diana de
una manera más precisa. Por tanto, nuestro Grupo parlamentario tiene
satisfacción de poder apoyar, como ha hecho, firmando esta propuesta de
modificación.
Sobre las cosas que se han comentado en su defensa, entendemos que tanto
el Consejo de Europa como la normativa comunitaria recomiendan a los
Estados miembros conseguir un autoabastecimiento tanto en sangre como en
hemoderivados. Pero, por ejemplo, respecto a los glóbulos rojos --que se
llaman rojos y no le podemos hacer nada más; yo entiendo que alguien
quisiera cambiarles el color, pero técnicamente ahora es imposible-- y a
las plaquetas, tanto en Cataluña como en el resto del Estado hemos
llegado a una autosuficiencia global, aunque sería recomendable aumentar
en dos o tres puntos el índice de donación para evitar algunas
situaciones puntuales críticas como las que suceden precisamente en
Castilla y León, que es la Comunidad que nos hace bajar este índice
global, y quizá sería necesario que iniciaran algunas acciones puntuales
en esta Comunidad para que pudiéramos todos subir el nivel.
Respecto al plasma somos deficitarios tanto en Cataluña como en el resto
del Estado, ya que para abastecer completamente las necesidades del
factor VIII deberíamos alcanzar un índice de donación del 45 ó 50 por mil
habitantes y año --el índice actual en España es de 33 donaciones por mil
habitantes y año y precisamente también porque en algunas Comunidades,
como las que he citado, el índice es muy bajo--, o bien iniciar campañas
de donación específica de plasma, de plasmaféresis, pero no de sangre
total que era lo que nuestro Grupo había interpretado que pretendía la
redacción original de la moción.
Debe dejarse claro que los bancos de sangre actualmente merecen garantía;
entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo de control de calidad que
permite decir a los ciudadanos que pueden tener tranquilidad cuando
acuden a los hospitales del sistema sanitario público, y no hay razones
para alarmar absolutamente a nadie porque se están cumpliendo
generalmente las normas recomendadas precisamente por el Plan Nacional de
Hemoterapia.
Para terminar, señor Presidente, quiero celebrar que hayamos podido
llegar a este consenso, y como decía una célebre frase de Adenauer, todos
vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte. Esta
vez yo creo que sí coincidimos también en el horizonte, esto es de
celebrar, y no nos debe preocupar que en la campaña de donación que se
realizó en el Senado sólo acudieran tres Senadores a que les fuera
extraída la sangre porque estoy convencido que el resto de los Senadores
la dan en sus lugares de origen porque el país lo necesita.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Quisiera preguntar a los portavoces de los diversos Grupos, dado que esta
enmienda ha sido presentada por todos ellos, si se puede entender que ha
sido votada y aprobada por asentimiento. (Pausa.) Así es y así constará.
Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE PROPONE A LA CAMARA
QUE LA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD, RECOGIENDO LOS TRABAJOS DE LA IV
LEGISLATURA Y LAS CONCLUSIONES ELABORADAS POR OTRAS COMISIONES DE LA
CAMARA, COMO LA DE SEGURIDAD VIAL, ESTUDIE LAS FORMAS Y CONDICIONES EN
QUE SE DESARROLLAN LAS FORMAS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO EN NUESTRA
SOCIEDAD, PARTICULARMENTE DURANTE LOS FINES DE SEMANA Y EN ESPECIAL EN EL
AMBITO DE NUESTROS JOVENES, PRORROGANDO PARA ELLO, SI FUERA NECESARIO, SU
DURACION HASTA EL FINAL DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL AÑO 1994.
(662/000022.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto 23 del orden del
día, que es la Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se
propone a la Cámara que la Comisión Especial de Juventud, recogiendo los
trabajos de la IV Legislatura y las conclusiones elaboradas por otras
Comisiones de la Cámara, como la de Seguridad Vial, estudie las formas y
condiciones en que se desarrollan las formas de esparcimiento y ocio en
nuestra sociedad, particularmente durante los fines de semana y en
especial en el ámbito de nuestros jóvenes, prorrogando para ello, si
fuera necesario, su duración hasta el final del primer período de
sesiones del año 1994.
Para la defensa de la Moción, modificada por la enmienda de un
representante del Grupo firmante, no se va a hacer uso de la palabra.
¿En turno de portavoces? (Pausa.)
El Senador Torrontegui tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una mención a esta Moción sobre la Comisión Especial de
Juventud.
Señoras y señores Senadores, la moción que el Grupo Parlamentario
Socialista propone al Pleno de esta Cámara creemos que no puede ser más
oportuna para dar continuidad a la Comisión Especial de Juventud creada
en la IV Legislatura, y que por una disolución anticipada no pudo ser
finiquitada en su labor teórica o de exposición de recomendaciones que se
pretendía. Esta Comisión Especial trabajó intensamente en el conocimiento
y búsqueda de la realidad social de la juventud de este fin de siglo XX,
y desgraciadamente coincide con una situación de penuria económica, de
falta de empleo fundamentalmente, que ha hecho que los jóvenes actuales
vivan de una forma de continua insatisfacción.
Señorías, podíamos hacer un maravilloso discurso sobre este tema tan
importante y de tanta transcendencia,
porque nuestra próxima generación se está haciendo vieja sin saber lo que
es el primer derecho y el primer deber del hombre, que es trabajar la
tierra con el sudor de su frente.
Este año en que se conmemora una institución tan importante como es la
familia, al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos le
gustaría que no sólo continuase la labor de esta Comisión, como ya se
expresó en otra ocasión, sino que se tomaran aquellas medidas reales que
de alguna forma paliaran el gran reto de ilusionar a la juventud, a fin
de que no tome otros derroteros difíciles de corregir cuando pasa esta
etapa de la vida.
Daremos un voto afirmativo, pero quisiéramos un compromiso fuerte por
parte de esta Cámara para que esta Comisión tuviera el máximo apoyo no
sólo para tratar de corregir los defectos o errores que a veces se
cometen por rutina, sino incluso conocer aquellas fases por las que otros
países más adelantados hayan pasado y aplicar la experiencia positiva que
haya podido adoptar. Además, creemos que se debe tener presente en cada
proyecto de ley que afecta directa o indirectamente a este sector de la
sociedad para que sea tenido en cuenta de forma explícita.
Es una pena que familias enteras estén absolutamente desoladas ante la
imposibilidad de ofrecer un trabajo a sus hijos o tengan en su seno algún
drogadicto o algún accidentado en carretera por culpa del alcohol o de
una mala utilización del coche en momentos de esparcimiento. Esta
Comisión debería dictar algún directorio antes de que finalizara este
período de sesiones previsto hasta junio para tener unas directrices
claras para este verano.
Sin más, vamos a dar el voto afirmativo a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso
Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario va a votar de forma favorable esta
moción presentada en primer lugar por el Partido Socialista y luego
consensuada con todos los Grupos, tal y como se quedó en la reunión de
Mesa y Portavoces de la Comisión de Juventud, porque entendemos que
aunque no hay que mirar únicamente a la juventud, que hay que dedicar una
especial atención a todas las etapas de la vida, como la infancia, la
propia juventud, la madurez o la tercera edad y por su debilidad a la
infancia y a la tercera edad, la juventud tiene un hecho diferencial en
el sentido de que es una etapa muy dinámica e imprevisible. Por un lado,
desde el Poder Legislativo, desde todos los estamentos de la sociedad
podemos buscar las soluciones necesarias para la juventud y, por otro,
ellos ir en otro sentido.
La juventud no deja de ser en todo momento una etapa importante para el
desarrollo de cualquier sociedad. Todos los problemas que le afecten
producen unas consecuencias que van a tener repercusión en el futuro de
la sociedad.
Hoy en día la juventud en España es del orden del 25 por ciento, y en
algunas Comunidades como la Canaria, que es la mayor, en torno a un 28
por ciento de la población. Se encuentra con una situación conflictiva,
con falta de trabajo, falta de vivienda, cambios en relación de pareja y
de familia; en resumen, faltan perspectivas de futuro a los jóvenes de
hoy. Por eso en este momento hay que dedicar la máxima atención a los
problemas de la juventud. La Comisión Especial de Juventud tiene el
mandato expreso de esta Cámara de concluir el informe que se desarrolló
en la anterior legislatura, un informe que está elaborado basándose en
los datos de comparecencias de hace uno o dos años, pero esos datos
provienen de situaciones que se produjeron uno o dos años antes, por
tanto, puede que exista un desfase real entre el informe que se vaya a
emitir y la situación en que nos encontramos actualmente, porque en un
momento determinado, las situaciones en las que se encuentra la juventud
son completamente cambiantes. No podemos plantear el informe de la
Comisión de Juventud como el de otras materias que se han abordado en
esta Cámara, como la de la seguridad vial; yo creo que no son en nada
comparables. Hay situaciones en las que se buscan unas soluciones, las
cuales tienen una duración, si no indefinidas, sí por lo menos a largo
plazo. Entiendo que la situación actual de la juventud no es ésa por la
propia dinámica de los jóvenes. Aunque en algunas etapas los problemas de
la juventud trascienden en el tiempo, y las situaciones se estancan
durante determinados años, en estos momentos eso no es así. En este
momento, con esa situación especial, hay que mantener el trabajo de esta
Comisión con la preocupación especial que se desarrolla en el texto de la
misma, incidiendo sobre todo en las actividades de ocio, en el
esparcimiento y tiempo libre, y particularmente los fines de semana. Por
eso entendemos la importancia de mantener de momento la Comisión de
Juventud en el Senado hasta el segundo período de sesiones, pero si fuera
posible y necesario, que siguiera también a lo largo de la legislatura.
Está demostrado que el Senado es la Cámara más reflexiva que tenemos;
todos sus informes gozan de bastante predicamento en la sociedad, y se ha
demostrado que todos sus informes están elaborados con paciencia, con
profesionalidad y con el buen entendimiento de los hechos que suceden en
el país. Por ese motivo, señorías, vamos a votar con entusiasmo a favor
de la moción presentada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el Senador Bertrán i Soler.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve.
En la legislatura anterior, en la que ya existió la Comisión
Especial de Juventud, y en la actual hemos tenido la oportunidad de
escuchar a tantos comparecientes que yo creo que todos los Senadores que
hemos intervenido en la Comisión tenemos sobrados argumentos para poder
disertar en plazo y en tiempo muy superior a los que están previstos en
esta iniciativa y, por lo tanto, me voy a limitar, señor Presidente,
señorías, a decir que nuestro Grupo apoya esta propuesta de modificación
porque entendemos que esta Comisión Especial de Juventud quizá no sólo
debe continuar hasta el final de 1994, sino que tratándose, como se
trata, de un grupo poblacional en el que coincide el presente y el futuro
de nuestra sociedad, es probable que a finales de este año tengamos que
replantearnos si es conveniente su duración en el tiempo, porque los
problemas juveniles van cambiando y se deben ir analizando para encontrar
las mejores soluciones.
Por lo tanto, señor Presidente, señorías, sólo me queda anunciar nuestro
voto favorable, porque por eso hemos suscrito la propuesta de
modificación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bertrán i
Soler.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Colsa
Bueno.
El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo manifestar nuestra postura favorable a la
prórroga que se solicita para la vida de esta Comisión Especial de
Juventud, así como que esta prórroga que se presenta hoy no debe
circunscribirse sólo al segundo plazo del período de sesiones, sino que,
por los motivos que también se han explicado aquí por los representantes
de los distintos grupos, es posible que dicha prórroga deba ampliarse a
toda la legislatura, y quizá deberíamos empezar a discutir sobre la
necesidad de convertir esta Comisión en una comisión permanente de
juventud dentro del Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Colsa.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Blanco
López.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista consumiendo el turno de portavoces y
el turno de defensa de la moción, para salir en defensa de una iniciativa
que, después de escuchar a los portavoces parlamentarios, ya no es
necesaria, porque hay un amplio consenso en la Cámara en que se prolongue
la Comisión Especial de Juventud hasta el segundo período de sesiones,
sin menoscabo de presentar en el mes de marzo, tal y como había aprobado
esta Cámara, unas primeras conclusiones sobre el trabajo que hemos venido
desarrollando en la legislatura pasada.
Señorías, con esta iniciativa queremos abrir una reflexión sobre las
formas en que muchos jóvenes desarrollan sus actividades de ocio y de
tiempo libre, especialmente los fines de semana. Y lo hacemos en un
momento de gran preocupación social, en un momento en el que la sociedad
está expectante ante una serie de problemas, ante una serie de
preocupaciones que acaban produciendo sucesos dramáticos que en muchas
ocasiones siegan la vida de muchos jóvenes o los marcan definitivamente
para su futuro.
La complejidad de esta cuestión requiere ir más allá de simples
enumeraciones, requiere ir más allá de simples visiones parciales del
tema, precisa de un estudio reflexivo que nos acerque al auténtico
problema para tratar de adoptar por esta Cámara y elevar al conjunto de
administraciones diferentes propuestas tendentes a conseguir soluciones
eficaces.
Aunque nos encontramos ante un problema de jóvenes, no es especialmente
un problema de los y las jóvenes; es un problema que afecta a toda la
sociedad: a los padres, a los educadores, a las administraciones. Y lo
queremos abordar en el marco de esta Comisión Especial. No tendría
sentido abordarlo en el marco de una comisión sectorial porque un
problema como éste necesita de políticas globales o de políticas y de
acciones integrales. Y esta Cámara, que es una Cámara de vocación
territorial, es el mejor foro para hacer esta reflexión, porque las
competencias sobre este problema que nos afecta están y se asientan en
corporaciones locales, en Comunidades Autónomas y también --cómo no-- en
el Gobierno de la nación.
En esta intervención no quisiera hacer una generalización; no se puede
meter a todos los jóvenes en el mismo saco de aquellos que buscan el
riesgo, que buscan el peligro para su salud, para su vida y para la salud
y la vida de los demás. Pero no podemos permanecer insensibles a los
datos que nos da la Dirección General de Tráfico, que nos indican que la
primera causa de muerte de jóvenes comprendidos entre dieciocho y
veinticinco años son los accidentes de circulación, que uno de cada tres
fallecidos en nuestras carreteras son jóvenes entre dieciocho y
veinticinco años, que representando el 33 por ciento de los accidentes
sólo son el 12 por ciento de la población. Y nos engañaríamos si
pensáramos que nos encontrábamos solamente ante un problema de seguridad
vial y que la solución tendría que venir dada por la vía sancionadora.
Estamos ante un problema profundo, y podemos asegurar que existe una
carencia de una cultura de ocio que se mezcla en muchos casos con el
alcohol, con las drogas, con las discotecas, y no en pocas ocasiones, con
los siniestros. Vivimos en una sociedad, señorías, que día a día nos está
ofreciendo consumo desorbitado y diversión fácil. Y no entiendo, no llego
a comprender cómo después de un anuncio de la Dirección General de
Tráfico para prevenir los accidentes aparezca otro de coches vendiendo
riesgo y velocidad incontrolada. No entiendo cómo de cada diez «spots» de
televisión seis sean de coches maravillosos, que vuelan, con jóvenes
perfectos bailando y divirtiéndose. Señorías, nos encontramos ante un
problema del que todos somos responsables. Los jóvenes no
viven en otra sociedad, forman parte de una sociedad, de esta sociedad, y
sus actitudes y sus comportamientos forman parte de los del resto de la
sociedad. Y la respuesta que debemos dar en esta Cámara debe ser una
respuesta integral en el campo de la prevención, pero ha de venir
fundamentalmente de manos de la educación. Esta debe proporcionar una
formación plena que incluya elementos de preparación para el ejercicio de
los deberes y de los derechos como ciudadanos, para la inserción en el
mundo del trabajo y para la organización del tiempo del ocio. Por eso, y
sin ánimo de ser exhaustivos seguramente deberemos profundizar en temas
como la educación para la salud, por lo que comporta el desarrollo de
hábitos saludables de vida, entre ellos, la prevención de las drogas,
incluyendo en éstas la prevención del consumo de alcohol. Una educación
para la salud bien orientada permitirá a los jóvenes la organización de
su tiempo de ocio, valorando aquellas actitudes que favorezcan la salud
propia y el rechazo de actitudes y actividades poco saludables.
La educación vial debe ser referida al desarrollo de hábitos de respeto a
otros y de respeto a las normas, y no solamente para salvaguardar la vida
de uno, sino también para salvaguardar la de los demás.
La educación en el consumo permitirá que se desarrollen actitudes
críticas, solidarias y responsables en situaciones relacionadas con el
consumo de bienes, con los productos y los servicios.
En definitiva, señorías, ha de ser una educación que favorezca un ocio
dedicado a enriquecer la formación, el desarrollo de hábitos de vida
saludable y, sobe todo, a ser personas críticas y responsables. Debemos
profundizar en el fomento y en cómo se deben articular las políticas de
ocio y de tiempo libre. Debemos profundizar en las relaciones
padre-hijos, en las tolerancias sociales o en temas más específicos sobre
conductas o sobre la permisividad en determinadas conductas. Debemos
también profundizar en otros temas específicos, como el incumplimiento de
las normas de circulación, el horario de establecimientos públicos, las
regulaciones administrativas o penales que forman todas ellas un bloque
de trabajo al que esta Comisión deberá consagrarse en los próximos días.
La sociedad en general y los poderes públicos no podemos permanecer
silenciosos en un momento en que la sociedad demanda respuestas y en la
que los medios de comunicación están haciendo un papel determinante
sobredimensionando situaciones como la de la mal llamada «ruta del
bacalao».
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado, con el apoyo de
todos los portavoces, que la Comisión Especial de la Juventud era el
mejor lugar, el foro de reflexión más idóneo para profundizar en estos
temas. De ahí que tratemos que se estudien estos fenómenos
específicamente en el marco de la Comisión y que se prolongue la Comisión
Especial de Juventud hasta el segundo período de sesiones del año 1994.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Blanco
López.
Dado que la enmienda presentada a esta moción también lo ha sido por
todos los grupos de la Cámara, propongo a los diversos portavoces que se
apruebe por asentimiento la propia moción. (Pausa.)
Al no haber inconveniente por parte de los grupos, queda aprobada por
asentimiento.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.