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DS. Senado, Pleno, núm. 12, de 17/11/1993
Año 1993 V Legislatura
Núm. 12
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 17 de noviembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
Delegación de Competencia Legislativa:
--En la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el Proyecto de ley
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 4, de fecha 15 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
621/000004) (número de expediente C. D. 121/000001).
Lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el
Congreso de los Diputados:
--Proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y a
la Ley de Impuestos Especiales (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 1, de fecha 3 de noviembre de
1993) (número de expediente S. 621/000001) (número de expediente C. D.
121/000007).
--Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y
la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y a la Ley de Impuestos Especiales (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 2, de fecha 3
de noviembre de 1993) (número de expediente S. 621/000002) (número de
expediente C. D. 121/000008).
Conocimiento por el Pleno de tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho
en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 1, de fecha 29 de octubre de 1993) (número de
expediente S. 610/000001) (número de expediente C. D. 110/000003).
--Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y
tres Protocolos anejos. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 2, de fecha 4 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
610/000002) (número de expediente C. D. 110/000002).
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el
26 de octubre de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 3, de fecha 4 de noviembre de 1993) (número de expediente S.
610/000003) (número de expediente C. D. 110/000011).
--Dictamen de la Comisión de incompatibilidades (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de fecha 15
de noviembre de 1993) (número de expediente S. 542/000026).
Petición de creación de comisiones especiales:
--Comisión Especial de encuesta y estudio sobre la incidencia de los
contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española y
sobre las posibilidades de la televisión como refuerzo y desarrollo
educativo y cultural. (Primer firmante: don Alberto Ruiz-Gallardón
Jiménez) (número de expediente 650/000002).
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular por la que el Senado insta al Gobierno
de la Nación para que aumente el gasto de Investigación y Desarrollo
(I+D) hasta alcanzar el objetivo del 2 % del Producto Interior Bruto
(PIB) en el año 2000 y favorezca el desarrollo de la investigación en las
empresas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993) (número de
expediente 662/000006).
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno para que regule la publicidad con mensajes
sanitarios (número de expediente 662/000019).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos.
Delegación de Competencia Legislativa Plena (Página 412).
En la Comisión de Economía y Hacienda para tramitar el Proyecto de ley
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
(Página 412).
Se autoriza dicha delegación por asentimiento de la Cámara.
Lectura única de Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el
Congreso de los Diputados (Página 412).
Proyecto de ley de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a
la Ley de Impuestos Especiales (Página 412).
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de ley.
Proyecto de ley de adaptación del Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y
a la Ley de Impuestos Especiales (Página 412).
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de ley.
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados (Página 413).
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho
en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Se tramita por el procedimiento de
urgencia (Página 413).
El señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga) presenta el
Acuerdo a la Cámara. No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el
Grupo de Coalición Canaria; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Ramírez Pery, por el Grupo Popular, y
González Laxe, por el Grupo Socialista.
Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y
tres Protocolos anejos. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(Página 421).
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Polonia para la supresión de visados, realizado en Madrid el
26 de octubre de 1992. Se tramita por el procedimiento de urgencia
(Página 421).
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Dictamen de la Comisión de incompatibilidades (Página 421).
El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No habiendo hecho uso del turno de portavoces, se aprueba por
asentimiento.
Petición de creación de Comisiones Especiales (Página 423).
Comisión especial de encuesta y estudio sobre la incidencia de los
contenidos televisivos en las exigencias éticas de la sociedad española y
sobre las posibilidades de la televisión como refuerzo y desarrollo
educativo y cultural. (Primer firmante: don Alberto Ruiz-Gallardón
Jiménez) (Página 423).
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Agramunt Font de
Mora, por el Grupo Popular, y la señora Camps i Cervera, por el Grupo
Socialista.
Se aprueba la creación de la comisión especial por asentimiento de la
Cámara.
Mociones (Página 426).
Del Grupo Parlamentario Popular por la que el Senado insta al Gobierno de
la Nación para que aumente el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D)
hasta alcanzar el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en el
año 2000 y favorezca el desarrollo de la investigación en las empresas
(Página 426).
El señor Presidente comunica a la Cámara que ha sido presentada una
propuesta de modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios.
El señor Ripoll Serrano defiende la moción originaria.
No se hace uso del turno de defensa del texto que contiene la propuesta
de modificación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Grau i Buldú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
Cercós Pérez, por el Grupo Socialista.
Se aprueba el texto de la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por
la que se insta al Gobierno para que regule la publicidad con mensajes
sanitarios (Página 432).
El señor Presidente anuncia a la Cámara que ha sido presentada una
propuesta de modificación a esta moción suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios. El señor Bertrán i Soler defiende la moción originaria.
El señor Borderas Gaztambide defiende la propuesta de modificación. En
turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Martínez Soriano,
por el Grupo Popular.
Se aprueba el texto de la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.
Se levanta la sesión a las doce horas y cincuenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
--DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA EN LA COMISION DE ECONOMIA
Y HACIENDA PARA TRAMITAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE
PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES (S. 621/000004) (C. D. 121/000001).
El señor PRESIDENTE: Ruego una breve atención, porque quiero solicitar de
la Cámara, de conformidad con lo que ayer fue estudiado en la Junta de
Portavoces y, posteriormente, acordado en la Mesa para proponerlo al
Pleno, que éste autorice la delegación de competencia legislativa en la
Comisión de Economía y Hacienda, para tramitar el proyecto de ley sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Este
proyecto se ha publicado en los boletines correspondientes con fecha 15
de noviembre del año 1993.
Entiendo que la Cámara autoriza dicha delegación por asentimiento.
Muchas gracias.
Por tanto, queda delegada en la Comisión de Economía y Hacienda, la
competencia legislativa plena para tramitar el proyecto de ley sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
Muchas gracias, señorías.
--LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PAIS VASCO A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Y A
LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (S. 621/000001) (C. D. 121/000007).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: lectura
única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de
los Diputados.
En primer lugar, el proyecto de ley de adaptación del concierto económico
con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. Este proyecto se
publicó en los boletines correspondientes con fecha 3 de noviembre de
1993.
Informo a la Cámara que no se presentaron propuestas de veto. Por tanto,
de acuerdo con los artículos 120 y 129 del Reglamento, procede, en
principio, un debate de totalidad con turnos a favor y en contra. ¿Algún
Senador o Grupo Parlamentario va a hacer uso de los turnos? (Pausa.)
Pasamos, por tanto, al turno de portavoces. (Pausa.)
No hay intervenciones y, por tanto, vamos a someterlo a votación, que
puede entenderse por asentimiento de la Cámara. ¿Hay alguna objeción a
esta propuesta? (Pausa.)
No hay ninguna objeción, por lo que se aprueba por asentimiento y, por
tanto, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el
proyecto de ley de adaptación del concierto económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a
la Ley de Impuestos Especiales.
Muchas gracias.
--PROYECTO DE LEY DE ADAPTACION DEL CONVENIO ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO Y A LA LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES (S. 621/000002) (C. D:
121/000008).
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, pasamos al proyecto de ley de
adaptación del Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la Ley del Impuesto
sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos Especiales. También se
publicó con fecha 3 de noviembre de 1993 en los boletines
correspondientes. No hubo enmiendas de veto presentadas en el plazo que
al respecto se abrió. Procede iniciar el debate, de acuerdo con los
turnos anteriormente previstos. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turnos en
contra? (Pausa.)
No se solicita ningún turno a favor ni en contra, por lo que pasamos al
turno de portavoces. (Pausa.)
No hay intervención de ningún Grupo Parlamentario, por lo que solicito el
criterio de la Cámara acerca de si puede entenderse aprobado por
asentimiento dicho proyecto. (Pausa.)
Se declara aprobado por asentimiento, por tanto, queda aprobado
definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley de adaptación
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la Ley de Impuestos
Especiales.
Muchas gracias.
--CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO Y PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO
EN BRUSELAS EL 17 DE MARZO DE 1993. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (S. 610/000001) (C. D. 110/000003).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados.
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho
en Bruselas el 17 de marzo de 1993. Este Acuerdo se tramita por el
procedimiento de urgencia y se publicó en los boletines correspondientes,
con fecha 29 de octubre de 1993.
Comunico a la Cámara que no se presentaron propuestas en relación con
este Acuerdo dentro del plazo abierto al respecto. Por tanto, este
Acuerdo fue incluido directamente en el orden del día del Pleno de la
Cámara.
Tiene la palabra el Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas
gracias, señor Presidente.
Con la máxima brevedad, tomo la palabra para poner en el marco que
corresponde al Acuerdo que sus señorías van a votar esta mañana. Como sus
señorías saben es un convenio internacional que configura el espacio
económico, seguramente, más importante que en este momento existe.
Esperamos que durante el día de hoy se vote en el Parlamento de Estados
Unidos el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Méjico y Estados
Unidos, que quizá sea un espacio un poquito mayor que éste. En cualquier
caso, damos un salto de gran importancia en la construcción de un gran
espacio económico en el ámbito europeo.
La historia de este Acuerdo la conocen sus señorías. Fue un Acuerdo que
se alcanzó el 2 de mayo de 1992 entre la Comunidad Europea y los doce
países de la EFTA. Posteriormente, tras el referéndum de Suiza, hubo que
volverlo a renegociar al votar los ciudadanos suizos su no deseo de
participar en él y, finalmente, con ese Acuerdo Adicional o Protocolo de
Adaptación, vuelve hoy a esta Cámara para su ratificación.
El Acuerdo, señorías, es muy importante. Les decía que es el más amplio
suscrito por la Comunidad Europea con terceros países. Abarca casi dos
tercios del acervo comunitario, de todo el acervo comunitario que existe
en este momento, y prácticamente casi la totalidad del programa del
mercado interior. Por tanto, es la construcción de un espacio de libre
comercio, como les decía, el más alto que en este momento existe en el
mundo: 380 millones de ciudadanos, de consumidores van a beneficiarse de
él. Por consiguiente, también va a ser una instancia intermedia previa a
la plena integración de un buen número de los países de EFTA a la
Comunidad Europea de ayer, a la Unión Europea de hoy, tras la
ratificación del Tratado de Maastricht.
Sus señorías se pueden preguntar cuáles son las modificaciones que este
Acuerdo ha tenido tras su renegociación y tras el referéndum de Suiza. Se
han mantenido, fundamentalmente, los mismos extremos que contenía y se ha
conseguido que lo que para España era significativo, importante, es
decir, la presencia del Fondo de Cohesión asumido por los países de EFTA,
se mantenga, prácticamente, en su totalidad. Otro aspecto que tiene que
ver con la situación de Suiza es que en este momento se está negociando
bilateralmente con dicho país y creo poder anunciar a sus señorías que en
fechas muy próximas se dará satisfacción a los problemas que España había
planteado en esta renegociación.
¿Cuáles son, a nuestro juicio, señorías, las ventajas de este Acuerdo
para nuestro país? Sin duda alguna, va a ser un Acuerdo que estimule el
crecimiento económico general al abrir este espacio europeo, como les
decía, a 380 millones de ciudadanos. Prácticamente existe ya un libre
comercio industrial con estos países, pero las nuevas ventajas de tipo
arancelario se concentran, fundamentalmente, en el agrícola, que
representará, aproximadamente, el 25 por ciento de nuestras exportaciones
a la zona. Este Acuerdo también supone la suspensión de obstáculos
previos a alguna de nuestras exportaciones que tenían dificultades para
llegar a estos países. La libre circulación de capitales de esos países
con España, sin duda alguna, facilitará las inversiones
en nuestro país, y de esa manera también se generará un estímulo desde el
punto de vista económico.
Nos dará también, desde el punto de vista de la pesca, cuotas adicionales
en caladeros de Islandia y Noruega, que lo repartiremos,
fundamentalmente, con Portugal, en unas proporciones que estamos
negociando en este momento, una parte de ellas fueron tratadas cuando
hablamos de los fondos de cohesión, y crea un mecanismo financiero de
cinco años para la reducción de disparidades regionales, financiado por
los países EFTA, es decir, por los países que se incorporan y
administrado por el Banco Europeo de inversión.
Como saben sus señorías, España, que prácticamente tiene la totalidad de
su territorio en el objetivo 1 de La Comunidad Europea para las ayudas
estructurales, tendrá la posibilidad de acceso a estas cuestiones.
Yo creo, señorías, que este Tratado llega a la Cámara en un momento
oportuno, en el adecuado, en tanto en cuanto el Tratado de la Unión ya ha
sido ratificado por todos los países, ya está en vigor y, por tanto, este
Tratado de Espacio Económico Europeo llega en el momento que todos
deseábamos que llegara. Sé que algunos grupos parlamentarios tenían
dificultades para su ratificación en tanto en cuanto no estuviera
ratificado el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión. Este trámite
se ha terminado. La Unión Europea es una realidad desde el punto de vista
jurídico formal y, por consiguiente, no debe haber ningún problema,
ninguna preocupación para la ratificación por parte de España de este
Espacio Económico Europeo.
Con ello, señorías, y en nombre del Gobierno, solicito el voto afirmativo
de lo que creo que es una decisión buena para España, buena para su
economía y, por tanto, buena para sus ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Procede abrir el debate de totalidad, con los correspondientes turnos a
favor y en contra. (Pausa.)
Si no es así, pasamos directamente al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Senadores Nacionalistas Vascos?
Tiene la palabra el Senador Bolinaga, en representación de su grupo.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
partiendo de una valoración positiva, aunque no sin preocupaciones, con
la que el Grupo Nacionalista Vasco conceptúa el Acuerdo que hoy atrae la
atención de esta Cámara, debemos destacar que los elementos básicos y las
razones en que se sustenta el espacio Económico Europeo, perfectamente
expuestas hace un momento por el señor ministro, introducen, sin duda
alguna, la lógica del Acuerdo. Dicho de otro modo, han hecho que se
imponga la necesidad de crear entre la Unión Europa y los países de la
EFTA unas fórmulas idóneamente concertadas para aprovechar con la máxima
plenitud las ventajas y potencialidades de un mercado tan impresionante,
sustentándolo sobre las bases de un contrato equilibrado al mismo tiempo
que exigente.
Al extenderse el mercado interior comunitario en función de sus conocidos
componentes de libre circulación de bienes, personas, servicios y
capitales a los países de la ALC, que, dicho sea de paso, ostenta un
mayor equilibrio y cohesión entre ellos que los de la Comunidad, se
genera un nuevo marco esperanzador que pueda permitir estrechar entre
unos y otros no sólo lazos económicos, que ya de por sí son muy
importantes, sino también lazos políticos y sociales, generándose, por
consiguiente, una fructuosa dinámica de entendimiento mutuo y mejor
comprensión de los valores propios de cada país. Por lo menos, es ésta la
primera valoración que mi Grupo quiere dar al Acuerdo, dimensionándolo
más allá de su importante contenido económico.
Nos encontramos, por tanto, ante un Acuerdo de enorme trascendencia
política y económica, que supera el concepto tradicional de zona de libre
cambio, sin llegar a constituir una unión aduanera, y se nos muestra,
inclusive, como un elemento de racionalidad que ha de jugar un papel
sustancial en el impulso y desarrollo mismo del país, a condición de que
seamos capaces de aminorar nuestra secular distancia con respecto a otros
países situados en el grupo de cabeza y si sabemos activar los resortes
necesarios y medios de acción eficaces para alcanzar una presencia digna
en el Espacio Económico Europeo. En ese espacio donde unos y otros cada
vez podremos imponer menos nuestros criterios particulares y donde no
podemos pedir que los demás se adapten a nosotros o a nuestras inercias,
toda vez que estamos comprometidos en un campo de trabajo nada estático y
sí dinámico, en el que van a imperar los ratios de competitividad y donde
no es posible jugar al sálvese quien pueda.
Y es aquí donde surgen nuestras preocupaciones, sin menoscabo de la
confianza en nuestro propio futuro y en la bondad que puede generarnos el
Espacio Económico Europeo, que, como digo, se concrete en un acuerdo
bueno para el país, conveniente y necesario y que, además, es fruto, cómo
no, de la madurez y de la comprensión. Incluso nos atrevemos a decir que
este Acuerdo es calificable como un elemento de estabilidad para lo mucho
que aún nos resta hasta resolver con dignidad nuestra adaptación
definitiva a los países cimeros del espacio económico europeo, que sin
duda se nos han de mostrar cada vez más exigentes con respecto al nivel
competitivo de nuestra economía productiva y de la calidad/precio de
nuestros productos puestos en el mercado. Un mercado, por supuesto, en el
que no es posible especular con los fallos de los demás, dada la
exigencia acordada de unas reglas comunes de obligado cumplimiento y
concernientes al origen y calidad de los productos.
Siendo así, nuestro Grupo considera que se está, tal vez, a falta de
ofrecer las debidas expectativas por carecer de una dirección política
clave, que en las actuales circunstancias tan sólo podrá surgir de un
Gobierno fuerte sustentado en coalición o por acuerdos estables y serios
para una política de colaboración sincera que propicie la adopción de
compromisos mutuos entre todos los niveles institucionales y que defina
la política económica industrial y empresarial del sector público.
Por tanto, el gran reto de nuestra adaptación a los niveles exigibles de
competitividad se ha de constituir como la gran operación de Estado que a
todos, sin excepción, ha de interesar, puesto que a su través nos
dilucidamos prácticamente todo nuestro ser o no ser dentro del Espacio
Económico Europeo. Y no habiendo una receta válida, se impone un cambio
de actitudes, principalmente por parte del Gobierno, sobre el concepto
empresa y el comportamiento económico-social en referencia tanto a la
productividad del capital y del trabajo como a su justa distribución,
tanto en la prima por el riesgo a largo plazo asumido por el empresario
como a la participación de los trabajadores en las decisiones que afectan
al futuro de las empresas en pro del desarrollo sostenido a medio y largo
plazo.
En consecuencia, es preciso reorientar nuestra política económica y
soltar inercias del pasado haciendo uso de un sentido práctico y de un
consenso responsable que debieran encontrar un primer punto de contacto y
solución en los Presupuestos Generales del Estado para 1994,
dirimiéndolos con ideas claras y sin perjuicio preestablecidos.
La ocasión se nos presentará próximamente en este Senado, y a ella
emplazamos al Partido gobernante y a la responsabilidad compartida de
cuantos componemos el arco parlamentario, tras marginar nuestras
conveniencias partidistas y conscientes de que quien más puede ceder es
el que más tiene para ceder.
Señorías, necesitamos del diálogo económico. Para todo ello tendremos que
actuar con coraje y a partir de una primera exigencia fundamental, que no
es otra que la de nuestra propia concienciación en profundidad y la de
demostrar nuestra capacidad de crear entre nuestros conciudadanos una
conciencia colectiva de que todos, sin excepción, nos encontramos en la
hora de los grandes esfuerzos colectivos que siempre son previos a la
recompensa final. Esfuerzos colectivos de los que nosotros, Gobierno y
partidos políticos, debemos ser no sólo el elemento impulsor, sino el
ejemplo a seguir por los demás, ya que son tiempos de tenacidad en el
esfuerzo. No en vano nos encontramos en un campo de trabajo más amplio,
en un campo de más competencias y de más protagonistas, en un campo,
finalmente, de más exigencias para nosotros y en el que terminarán por
imponerse la seriedad y el trabajo dedicados a la mejora de la
competitividad y a la economía productiva, que siempre, no lo olvidemos,
habrán de tener como motivación y punto de mira el bienestar de todos
nuestros conciudadanos.
Es hora ya, señorías, de eliminar la división y la confrontación por el
mero hecho de mantenerlas. Incidamos sin complejos en lo que es capaz de
unirnos, y no en lo que nos separa, pues éstos son tiempos de emergencia
y el pueblo nos reclama respuestas claras y prácticas y una orientación
leal. Este es el reto sustancial para nuestra integración efectiva y
consecuente en el Espacio Económico Europeo, que por sí solo no puede
asegurarnos las tres funciones de la política a seguir: primera, la
búsqueda de una mayor estabilidad, lucha contra la inflación y contra los
desequilibrios exteriores; segunda, la asignación óptima de recursos que
se beneficie del efecto de la dimensión y el estímulo de la innovación y
la competitividad, investigación y avances técnicos; tercera, la
distribución equilibrada de la riqueza, que también es función de cada
partícipe en el Espacio Común Europeo. Sin estos pilares básicos no nos
será posible superar el reto de la adaptación. La cuota es cara, pero no
hay otra posibilidad.
La puesta en aplicación de estas medidas deberán ser preferentemente
fruto del acuerdo político y del diálogo social entre todos aquellos
elementos capaces de crear conducta social, política y económica,
teniendo como imperativo el desarrollo solidario. Las posiciones de
mejora tenemos que ganarlas nosotros mismos abordando de frente los
problemas de fondo de la economía y no sus efectos. Hay que implantar
innovaciones financieras indispensables para la investigación y el
desarrollo y no debemos parar hasta conseguir efectos de competencia para
productos menos caros y de mejor calidad, sin obviar medida alguna contra
el paro, para la inserción profesional de los jóvenes, la formación
profesional permanente y el desarrollo del mundo rural y pesquero como
elementos primordiales.
Y termino, señor Presidente. Este Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, y a tenor de cuanto en él es constatable, nos inspira la
confianza de que la integración económica creada para el gran mercado
puede procurar grandes beneficios al país. Pero al mismo tiempo, repito,
nos hace ser conscientes de que el progreso no puede venir regalado y nos
hace dudar sobre la capacidad orientadora del Gobierno en la actualidad.
Partiendo desde un punto de vista objetivo y constructivo, el Partido
Nacionalista Vasco, europeísta convencido desde siempre, da su más firme
apoyo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre el axioma de
que el mismo no podrá ser próspero si llega a realizarse carente de
armonización o incapaz de conciliar el ideal con la necesidad. Y
necesidades, tal como el alivio de nuestra ingente tasa de paro laboral,
hay muchas. Un paro horroroso que, si no hay capacidad para encararlo y
reducirlo de modo estable y notable,
quedará cantado el fracaso del Espacio Económico Europeo y de la propia
Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
viene de nuevo a esta Cámara y por primera vez a Pleno el Acuerdo
referente al Espacio Económico Europeo, tramitado por el procedimiento de
urgencia.
Quisiéramos brevemente dejar fijada nuestra posición ante este Acuerdo
que prácticamente significa, a nuestro juicio, una ampliación, digamos,
«sui generis» de la Comunidad Europea. Significa, igualmente, una
integración por pasos --importantes pasos, como veremos-- de países
europeos como Austria, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega,
Suecia y Suiza; países europeos que han comprendido que hay que avanzar
en la construcción de una Europa unida donde es posible superar viejos
recelos étnicos, rencillas territoriales, y no dirimir los conflictos
mediante el empleo de las armas y, como reza el primer convencimiento del
acuerdo, aportar esfuerzos en la construcción de una Europa basada en la
paz, la democracia y los derechos humanos.
Este acuerdo entre la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA) y las
Comunidades Europeas, comienza a eliminar las casi últimas barreras de
incomprensión que se generaron allá por los años de la década de los
cincuenta, cuando avanzaba a pasos agigantados la creación de las
Comunidades Europeas como consecuencia del Tratado de Roma. Algunos
países, cuando eso sucedía, tomaron la decisión de separarse de ese
proceso. Hoy día, aun cuando hayan pasado algunos años de la culminación
primaria de ese proceso iniciado con el Tratado de Roma de 1957, se
reconoce por casi todos la errónea valoración negativa que hicieron en su
día.
Gran Bretaña, cuyos fervores europeos, entre comillas, hay que poner
permanentemente en entredicho --opinamos-- abandera la creación de esta
Asociación de Libre Comercio, de la EFTA, que, como objetivo fundamental,
trataba de la creación de una zona de libre cambio industrial, es decir,
la supresión de derechos arancelarios, restricciones cuantitativas,
protección fiscal y la armonización de los obstáculos técnicos y
administrativos en esa zona, amén de otras políticas, digamos, que de
menor cuantía. Esta iniciativa del Reino Unido consiguió dividir a Europa
en tres zonas: la zona de Libre Cambio o EFTA, la Comunidad Europea y
otros países fuera de ellas. Esta Asociación Europea de Libre Cambio se
distinguió por su no pretensión de integración y por su pragmatismo, pero
la EFTA seguía sin satisfacer los deseos de sus países miembros. Sus
problemas para conciliar políticas económicas comunes, desarmes
arancelarios, desarrollo armónico de la agricultura y sus celosos
programas nacionales en la pesca, sólo hicieron posible una corriente
industrial en doble sentido: Gran Bretaña-Países Escandinavos y Países
Escandinavos-Gran Bretaña. A esta situación se le unió, en 1973, la
salida de Gran Bretaña y Dinamarca, que se integraron en las Comunidades
Europeas.
Los avances, evidentes, de esta zona de Libre Cambio hasta la mitad de la
década de los setenta, que incluso resistían hasta esa época los embates
de las Comunidades Europeas, comienzan a debilitarse paulatinamente ante
la pujanza de la Comunidad Europea de los Doce. No creemos necesario
recordar que el actual acuerdo que hoy repasamos es fruto de un lento
acercamiento, pero seguro, de las Comunidades Europeas hacia los países
de la EFTA que se nos alcanza, en lo que hemos podido estudiar, que
comienza allá por los años setenta, y porque estos países habían llegado
a la conclusión de que sus intereses nacionales estarían mejor defendidos
dentro de las Comunidades Europeas que en esa Asociación de Libre
Comercio.
Si estudiamos detenidamente la parte primera del acuerdo suscrito
observaremos que, prácticamente, este acuerdo es una semiintegración,
como la aceptación, por ejemplo, de la parte de las libertades básicas de
Roma: personas, mercancías, servicios, capitales, de la competencia, la
cooperación estrecha en Investigación y Desarrollo, en el Medio Ambiente,
en la Educación, la política social, etcétera, es decir, la
interaceptación de las partes de los acervos comunitarios, de las
disposiciones que ambos han hecho, de normas jurídicas derivadas del
Derecho derivado, etcétera.
Esto nos permite opinar, como deducción de nuestro estudio, que es una
especial, entre comillas, ampliación de la Comunidad Europea, insisto, al
menos en nuestra opinión. La política social, cuestión importante,
diríamos que decisiva, en este tipo de acuerdos, está reflejada para
tratar de armonizar la de los países que los firman, en un camino claro
hacia la mejora de las condiciones de vida y bienestar de los
trabajadores. Prácticamente será aunar esfuerzos en las directrices que
marca el Tratado de Maastricht.
Desde nuestra óptica política, este acuerdo facilitará, en mejor medida,
la consecución de los objetivos de la Unión Europea. Es un largo camino,
no siempre cómodo, el recorrido por la conciencia europea desde la II
Guerra Mundial que la asoló. Largo camino, y es bueno recordarlo, desde
aquel discurso --que los estudiosos recordarán-- de Winston Churchill en
la Universidad de Zurich, desde aquella Unión Europea de Pagos, del
Comité para la Cooperación Económica Europea, la Organización Europea de
la Cooperación Económica, la Agencia de Seguridad Mutua, el Comité de
Coordinación de los Movimientos a Favor de una Europa Unida, el
Movimiento Europeo, etcétera, hasta nuestros días.
Creemos, después de todo lo dicho, que no hará falta anunciar, aunque sí
lo hacemos, nuestro voto fuertemente favorable a este acuerdo. Estamos en
el buen camino de crear, por fin la Europa unida, y nos sentimos
orgullosos de participar en este proceso histórico como parte integrante
de nuestro país y en defensa de los valores máximos de la paz, la
democracia, la libertad, la solidaridad y un progresivo bienestar social.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el
Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, señorías, señor Ministro.
El primer artículo del texto del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo dice textualmente: La finalidad del presente acuerdo de
Asociación es la de promover un reforzamiento continuo y equilibrado de
las relaciones comerciales y económicas entre las partes contratantes, en
igualdad de condiciones de competencia y en observancia de unas normas
comunes con miras a crear un Espacio Económico Europeo homogéneo. Y sigue
el texto: A fin de alcanzar los objetivos enunciados, la Asociación
implicará, de acuerdo con lo dispuesto por el presente Acuerdo, la libre
circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la libre
circulación de servicios, la libre circulación de capitales, el
establecimiento de un sistema que garantice que no se distorsionará la
competencia y que sus normas serán respetadas por igual, y una estrecha
cooperación --termina-- en otros campos como la investigación y el
desarrollo, el medio ambiente, la educación y la política social.
Nos encontramos, pues, señorías, ante la ratificación de un acuerdo que
significa un gran paso adelante en la configuración de la Unión Europea
que, a su vez, deberá dar paso a la Unión Política Europea, preconizada
por el Tratado de Roma y posteriormente por el Tratado de Maastricht, en
la línea de este proceso de construcción europea.
Nuestro Grupo, Convergència i Unió, siempre ha defendido la conveniencia
de integración de España en lo político, lo económico y lo social al
proceso evolutivo de Europa.
No ha sido ni será fácil, señorías, la construcción de un gran espacio
económico en Europa. Los acontecimientos vividos los últimos años dan
buena fe de lo complejo que resulta avanzar en la integración de unas
economías con niveles de desarrollo bien distintos, con desigualdades
productivas, con niveles sociales con acusadas diferencias y con
caracteres demográficos sensiblemente distintos. Sólo el estímulo que
genera la competencia de Japón y Estados Unidos y de los países asiáticos
--nuevos, pero también, por diversas razones, competitivos-- llamados el
«grupo del dragón», hará que podamos ofrecer desde una Unión Europea
nuestra alternativa económica y social al importante ajuste estructural
que se está produciendo en el mundo. Conectando con los países de la EFTA
primero, e integrándolos después --algunos ya están en avanzadas
negociaciones con la Comunidad Europea--, podremos poner en marcha este
gran mercado, como citaba el señor Ministro, de 380 millones, que absorbe
hoy el 42 por ciento del comercio mundial y que en términos de PIB es el
más importante del mundo, aun por encima del mercado de Estados Unidos y
Japón, salvo, como decía el señor Ministro, que la firma del Tratado
entre Méjico, Canadá y Estados Unidos nos relegue a un triste pero
brillante segundo lugar. Este nuevo mercado se estima que podría generar
un crecimiento en torno al 1,5 por ciento a los países de la Comunidad
Europea, y un 2,5 por ciento para el PIB de los países de la EFTA. Y no
hay que cerrar las puertas pensando ya en la futuras aproximaciones de
países como Hungría y las Repúblicas checa y eslovaca.
El horizonte se dibuja un tanto optimista desde el punto de vista
europeísta; tiene una gran significación sociológica y, por tanto, nos
debe satisfacer. Sin embargo, desde el punto de vista meramente comercial
y económico, es cierto que para España el acuerdo va a generar un aumento
de la competencia en el nuevo y ampliado mercado. Una segura concurrencia
a los nuevos mercados marcará discriminaciones de precios y
disminuciones, contra las que sólo podremos luchar intensificando el
proceso de especialización con mayores economías de escala y con menores
costos de producción.
La desaparición de aranceles y el incremento de intercambios, factores
positivos por una parte, son mecanismos que ejercen, por otra, exigencias
de una política económica, comercial y laboral más ajustada al tiempo en
que vivimos y al espacio que pretende ocupar nuestro país. Si nuestro
país no se sacude la pseudo-modorra que ha acumulado, fruto del placer y
el gozo excesivo que nos han producido varias décadas de bienestar,
insuflando nueva confianza a los empresarios, construyendo, instalando,
creando, estudiando, investigando, produciendo y, sobre todo, laborando,
contemplaremos desde dentro lo que todavía será más triste: cómo Europea
recupera la pujanza sin que nuestro país pueda disfrutar de ella.
El tan esperado, y al fin, parece ser, iniciado, giro del Gobierno
socialista en la política generalizada que ha aplicado en su mandato,
plasmada sólo ligeramente en los Presupuestos Generales del Estado que
dentro de pocos días veremos en esta Cámara, deberá continuar sin pausas
con todas las modificaciones que hagan falta, dolorosas o no dolorosas,
para que rápidamente, y dentro del espíritu de Maastricht y de los planes
de convergencia, podamos integrarnos, y además de hacerlo de derecho
podamos hacerlo de hecho, a esta Unión Europea, preconizada y esperada y
que
ya está a las puertas de realizarse totalmente en los últimos años de
este fin de siglo.
Nuestro Grupo votará afirmativamente el Acuerdo, convencidos de que no es
posible ni conveniente frenar el impulso integrador de Europa. El señor
Ministro ha comentado las ventajas que el Acuerdo ha de representar para
nosotros, lo hemos oído con atención y esperamos que sus predicciones se
conviertan pronto en una auténtica realidad.
Muchas gracias, señor Ministro, señorías y señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para turno de portavoces, tiene la
palabra el Senador Ramírez Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Gracias, señor Presidente, señorías.
Gracias, señor Ministro, por su presencia y por sus amables palabras.
Creo que interpreto el sentir de esta Cámara si digo que todos nos
congratulamos hoy de la aprobación del Tratado del Espacio Económico
Europeo. Por nuestra parte, el Partido Popular tiene afirmada desde hace
tiempo su vocación europeísta --porque lo demás no pasa de ser taifas o
tribus y pequeños egoísmos políticos que van contra la historia-- y su
decidida simpatía por las soluciones de mercados amplios y libres que
oxigenen la economía.
Ahora se extiende el Mercado Unico a todos los países de la EFTA, salvo
alguna ratificación pendiente, como todos sabemos --no quiero cansar
tampoco a sus señorías repitiendo la historia del Tratado ni su
contenido--, pero se va a lograr que a través de los mecanismos
institucionales pertinentes estos países apliquen las normas de las
Comunidades Europeas, respetándose una zona de libre comercio industrial,
y ya veremos si logramos también la agrícola, según lo que serán
fundamentales principios de la libertad de mercancías, servicios,
personas y capitales, como ya se ha expresado en esta tribuna.
Para ello se han instituido el Consejo de Ministros, un Consejo
ejecutivo, un Comité mixto, y lo que es más complicado, un sistema
jurisdiccional, que habrá que terminar de encajar, pero en el cual ya se
ha logrado dar primacía a las resoluciones de la Unión Europea.
El ámbito europeo, pues, se amplía a diecinueve países cuando termine la
negociación, que desean establecer, según el Tratado, un principio básico
de cohesión económica y social, con fundamentales concesiones en materia
de agricultura y pesca a nuestro país, España. Se fijan como sectores
preferentes los de infraestructura, medio ambiente y educación, debiendo
ser consolidados los acuerdos sobre libre circulación de trabajadores.
Yo diría que, vista la posición relativa de España en el conjunto de los
diecinueve --y esto me permito subrayarlo, señor Ministro--, y si bién
creo que hemos estudiado en profundidad el trámite parlamentario, tanto a
niveles europeos como en nuestro propio país, hay una cosa que me atrevo
a sugerir y sobre lo que quiero hacer hincapié: que el Partido Popular
cree muy importante se preste por el Gobierno la máxima atención a la
competencia y competitividad de nuestras empresas, al estudio del impacto
que el Tratado va a causar en nuestro país en los sectores implicados. Yo
no quiero equivocarme ni quiero hacer falsas imputaciones --Dios me
libre--, pero me parece observar que en toda la tramitación del Tratado
no se ha llegado a estudiar en profundidad el impacto, y no digo por el
Gobierno, porque no es él el que sufre el impacto, ya que quien sufre el
impacto son las empresas, los trabajadores y, además, las personas
interesadas. He visto un estudio hecho por el Gobierno, que se somete al
Parlamento, pero no he visto ninguna Comisión en nuestras Cámaras, ni en
este Senado ni en el Congreso de los Diputados, en la que se estudió el
impacto.
Yo entiendo --y el Partido Popular así lo expresa a través de mí-- que
debería prestarse la máxima atención a este impacto, que produce nuevos
retos en un amplio y potente mercado interior, así como a políticas
comerciales independientes, y que se proporcione la debida información al
Parlamento --estoy seguro de que si la pedimos nos la van a dar, pero es
que, quizá, no se haya pedido, o si se ha pedido a lo mejor no se ha
trabajado lo suficiente sobre ella-- para que haya un amplio debate,
teniendo muy en cuenta la opinión, como dije antes, de los empresarios,
de los trabajadores y de todas las partes interesadas.
Estoy seguro de que con dichas informaciones y razonados debates, como
precauciones que aminoren el impacto, debemos felicitarnos por este
Tratado, ya que es evidente que la única solución moderna para Europa es
ser cada vez más Europa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, un día como el de hoy, en el
que se está votando en estos momentos el Tratado de libre cambio de la
NAFTA --en Estados Unidos en la Cámara de representantes americanos--,
donde dentro de unos días tiene lugar una reunión del Foro Asociación de
países del Pacífico, que a mediados del mes de diciembre está previsto
que pueda culminar, afortunadamente, la Ronda del GATT, es indudable que
el día de hoy también es importante en España, y sobre todo en el Senado,
cuando estamos
discutiendo --y posiblemente ratificando felizmente-- el Tratado del
Espacio Económico Europeo.
Menciono estos tres acontecimientos económicos porque, sin duda alguna,
estamos constituyendo un espacio económico europeo con unos 380 millones
de habitantes, entre la CEE, la Unión Europea y la EFTA, mientras que la
NAFTA tiene aproximadamente 360 millones de habitantes, aunque
representan mucho más en Producto Interior Bruto que nosotros. Y, en
segundo lugar, también porque este Acuerdo del Tratado Económico Europeo
se ha producido después de haber avanzado en la realización del Mercado
Unico, de haber extendido las ramas de este mercado único a los países de
la EFTA y haberlo completado con los acuerdos de asociación con países
como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, las Repúblicas checa y eslovaca
y, recientemente, la semana pasada, el viaje de Delors o de Willy de
Claes a ver a Yeltsin en la Federación rusa. Con lo cual, estamos
abriendo unas líneas de cooperación a corto plazo y con una perspectiva
sólida y consistente de fortalecer todo lo que significa el Viejo
Continente europeo. Por eso, los considerandos políticos a donde ha ido
caminando el Espacio Económico Europeo parten de una concepción de la
Europa dividida entre lo que era la Comunidad Económica Europea inicial,
lo que era la EFTA, y hemos visto cómo históricamente los países de la
EFTA como Reino Unido, Dinamarca y Portugal han ido dando pasos sucesivos
para formar parte de la Comunidad Económica Europea y, después, con la
adhesión de nuevos países, formar esta Unión Europea.
El Mercado Unico ha creado unas nuevas expectativas: un mercado interior,
ha suprimido las fronteras, y los cambios históricos en la Europa del
Este, con sus reformas constitucionales, económicas y sociales dan a este
contexto un cambio de actitudes que va a permitir a muchos Estados
inscribirse en esta Unión Europea.
Por tanto, el Espacio Económico Europeo va a suponer, en principio, la
extensión de los beneficios del Mercado Unico Europeo a los países de la
EFTA, a condición de que éstos acepten jugar con las reglas comunitarias,
lo que exige la aceptación del acervo comunitario. Y, además, la propia
teoría de la integración económica y política ha supuesto que este
acercamiento progresivo y prolongado de las relaciones entre la CEE y la
EFTA desde el año 1984, por medio de acercamientos que profundizaron en
convenciones aduaneras y en acuerdos multilaterales sobre el transporte y
otras materias, se vayan conformando hacia el texto que hoy en esta
Cámara tenemos que votar.
El acuerdo del Espacio Económico Europeo comprende cinco grandes grupos
de negociación: la libre circulación de mercancías --excluyendo ciertos
productos agrícolas, pero no los pesqueros--, la libre circulación de
capitales y de servicios, la libre circulación de personas, la
cooperación fuera de estas cuatro libertades, y las cuestiones
institucionales, además de los mecanismos de cohesión.
Del contenido de este Acuerdo, reflejado en 129 artículos, 49 Protocolos,
22 Anexos y declaraciones interpretativas del mismo, yo creo que podemos
sacar las siguientes conclusiones: Por el Tratado del Espacio Económico
Europeo, los países de la EFTA incorporan de forma unilateral a su propia
legislación el acervo comunitario en las materias objetivo del mismo; es
decir, es una miniadhesión de los países de la EFTA a los países de la
Unión Europea. Porque el espacio económico europeo no constituye en sí
mismo un mercado único, o sea, no constituye una única y exclusiva
extensión del Mercado Interior, y tampoco es una unión aduanera ni un
Mercado Común, sino que los propios países de la EFTA mantienen sus
propias políticas agrarias, sus propios aranceles frente a terceros
países, lo que todavía no nos permite hablar de eliminación de las
fronteras físicas. Pero el Tratado del Espacio Económico Europeo va mucho
más allá de ser una zona de libre comercio, ya que establece la libertad
de movimientos de capital, de servicios, de personas, pero sin crear esas
fronteras exteriores ni eliminar las fronteras interiores. El Espacio
Económico Europeo, en definitiva, no cubre ciertas materias, como las
políticas agrarias y pesqueras, ni las fiscales, ni de seguridad, ni
exterior, ni política regional, económica ni monetaria, pero sí da los
pasos para que esta miniadhesión permita progresivamente avanzar en esa
construcción europea.
En consecuencia, de aquellos antecedentes de los años 1972-73, en los que
entre la CEE y la EFTA se permitió una zona de libre cambio para
productos industriales, este Acuerdo del Espacio Económico Europeo va
mucho más allá, incorporando elementos jurisdiccionales, elementos de
libertad de circulación de servicios, personas y capitales y elementos de
cooperación en materias como el medio ambiente, defensa de los
consumidores, I+D, etcétera. Por eso este Tratado del Espacio Económico
Europeo es un tratado fundamentalmente económico y, por tanto la pregunta
que nos hacemos todos los españoles es qué consecuencias tiene para
nuestro país el haber firmado, el poder ratificar, el Tratado del Espacio
Económico Europeo.
Lo podemos analizar desde el ámbito o punto de vista económico: España va
a participar en un mercado interior europeo mucho más amplio, con países
mucho más ricos y competitivos y con una estructura económica, industrial
y tecnológica idéntica a aquellos países más avanzados de la CEE. Y,
además, los países de la EFTA tienen una población inferior al 10 por
ciento del total comunitario, pero poseen el 15 por ciento del Producto
Interior Bruto de la Comunidad Económica Europea. En conclusión, los
interrogantes para España, como pregunta quizá el Senador del Partido
Popular: cuál sería el impacto para la sociedad española, yo creo que
podemos resumirlo de la siguiente forma: En productos industriales,
España, que importa
de la EFTA el 8,3 por ciento del total de sus importaciones y que exporta
el 4,3 por ciento de nuestras exportaciones a dichos países --es decir,
tenemos una balanza negativa y creciente en los últimos años--, si se
liberalizan los mercados y existe una liberalización total entre los
acuerdos de la CEE y la EFTA, lo lógico es que se incremente el comercio,
las fronteras son libres, los aranceles se quedan desmantelados y
aquellas empresas competitivas españolas tienen mayores posibilidades de
poder exportar todos sus productos a estos nuevos países integrantes del
Espacio Económico Europeo. Radica, en definitiva, en la capacidad que
tengan los empresarios españoles en sus políticas de estrategia y de
ampliación de mercados de poder captar esa cuota en los nuevos mercados
que se están abriendo.
En los productos agrarios, el Espacio Económico Europeo ha negociado una
serie de concesiones agrarias de la EFTA a la CEE sobre el concepto de
cohesión de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea; la
existencia de acuerdos bilaterales en materias agrícolas, que ya se
aplican desde el 15 de abril de 1993, afectan a 71 productos agrícolas
mediterráneos fundamentalmente, y supone que España tenga que ganar
mercado, mejorar sus posiciones competitivas, incluso se reducen los
aranceles; en consecuencia, desde el punto de vista agrícola, las
ventajas que se avecinan también son mayores que las condiciones
anteriores.
En el aspecto pesquero, de gran importancia para aquellas Comunidades
Autónomas vinculadas a actividades históricas de la pesca, se está
buscando la fórmula de mejorar las condiciones. Saben sus señorías que
hay un viejo principio --viejo en el sentido de que procede de los años
70-- que se llama «de acceso a recursos, acceso a mercados»: si me dejan
pescar, le abrimos el mercado: en consecuencia, lo que queremos es poder
pescar en las zonas económicas exclusivas de los países de la EFTA para
mejorar nuestras posibilidades. Pero también hay otro principio aplicado
por la Comunidad Económica Europea, que es el de la estabilidad relativa,
en el sentido de que aquellos condicionamientos anteriores van a
significar una ecuación para los próximos años --es decir, si antes
pescábamos un porcentaje, ese porcentaje se mantiene para no romper la
estabilidad relativa--, España, en la negociación del Tratado del Espacio
Económico Europeo ha roto ese principio de estabilidad relativa, con lo
cual, la media anterior --nosotros pescábamos poco, por ejemplo, en las
aguas noruegas e islandesas-- se va a ver mejorada al romper ese
principio.
Nos queda todavía la posibilidad de romper otro condicionamiento que es
las inversiones de los países europeos en los países de la EFTA, ya que
las legislaciones noruega e islandesa son diferentes a la comunitaria. En
Europa se establece un sistema de cuotas por países, en Islandia un
sistema de cuotas de pesca individual transferible; en Europa unas cuotas
de pesca individual no transferibles.
En la libre circulación de capitales y de servicios también se produce
una amplia liberalización en la circulación de capitales que beneficia a
España, fundamentalmente, ya que es capaz de acceder a la inversión
extranjera. Por consiguiente, puede incrementar la inversión, al
incrementar la inversión incrementa el empleo, y al incrementar el empleo
incrementa lo que significa el beneficio global de una sociedad. Los
países de la EFTA han aceptado la legislación comunitaria actual y futura
de los movimientos de capital. En consecuencia, también es positivo para
España, al igual que en los servicios, donde el Tratado del Espacio
Económico europeo cubre el sistema financiero, los transportes y las
telecomunicaciones. En definitiva, lo que produce la libre circulación de
capitales y de servicios es un incremento de la transparencia, algo
importante en todo tipo de relación comercial.
En cuanto a la libre circulación de personas, se acepta el principio de
igualdad de trato en la legislación social comunitaria, así como la
preferencia y prioridad sobre trabajadores de países no miembros del
Espacio Económico Europeo. En consecuencia, también en este apartado de
libre circulación de personas se mejoran las posiciones que antiguamente
se tenían con los países de la EFTA.
Fuera del principio de las cuatro libertades, en el capítulo de
cooperación existen medidas complementarias que afectan a la
investigación y desarrollo, al servicio de la información, al medio
ambiente, a la educación, a la formación y la juventud, a la política
social, a la protección de los consumidores, a las PYMES, al turismo, al
sector audiovisual y a la protección civil. Se crean mecanismos y medidas
complementarias que varían en intensidad según sea la actividad en uno u
otro sector. Pero existen fórmulas y convenios comunitarios de control y
de gestión de dichos programas comunitarios.
En lo que se refiere a los aspectos institucionales, el Espacio Económico
Europeo prevé tres instituciones: el Consejo del Espacio Económico
Europeo que da las orientaciones a través del Consejo de Asuntos
Generales de la CEE, miembro de la Comisión del Espacio Económico
Europeo; el Comité Mixto del Espacio Económico Europeo, encargado de los
acuerdos; y el órgano jurisdiccional del Espacio Económico Europeo con
una primacía del Tribunal Europeo de Justicia sobre el Tribunal de la
EFTA. También se han creado dos órganos de menor importancia, como el
Comité Parlamentario Mixto del Espacio Económico Europeo y el Comité
Consultivo del Espacio Económico Europeo. En consecuencia, esto significa
que la Unión Europea consultará a los países de la EFTA sobre cualquier
decisión comunitaria relacionada con los aspectos cubiertos en el
Tratado, pero la EFTA no tiene derecho a voto. El procedimiento de
consulta previa a la EFTA puede ser criticado por algún país, pero
permite que
los países de la EFTA vayan aceptando todo el acervo comunitario. Por
tanto, estamos hablando de una miniadhesión con visos de que en esta
década de los noventa se siga avanzando en consolidar esa Unión Europea.
La referencia final es al tema de la cohesión porque es lo
suficientemente importante para aquellas Comunidades Autónomas y también
Estados miembros que tengan un nivel de desarrollo menor que la media
comunitaria. Existe un mecanismo financiero tan importante como es los
1.500 mecus en concepto de préstamo con bonificación del 2 por ciento
para toda la duración del Tratado del Espacio Económico Europeo y también
los 500 mecus en donaciones desembolsadas a cinco años. Los beneficiarios
van a ser los Estados de Grecia, Irlanda, Portugal y todas las regiones y
Comunidades Autónomas incluidas en el objetivo número uno del Feder, es
decir, gran parte del Estado español. Si el objetivo es tratar de mejorar
las relaciones del medio ambiente, invertir en infraestructuras y
fomentar e invertir en educación y en la formación de recursos humanos,
sin duda alguna, el Tratado del Espacio Económico Europeo ha mejorado la
situación actual; está creando las bases para que esta incorporación de
nuevos países, tanto los de la EFTA como los nuevos acuerdos de
cooperación con los países del Este europeo, se vaya produciendo. No hay
duda de que ya estamos cubriendo una de las tres patas de la gran triada
mundial; si la NAFTA se aprueba hoy, si el área del yen con los países
del Pacífico se consolida, también en Europa el Espacio Económico Europeo
es una realidad a partir de hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Vamos a someter a votación la concesión de autorización, que salvo alguna
advertencia en contrario, podremos someter al asentimiento de la Cámara.
(Pausa.)
Se aprueba por asentimiento. Por tanto, se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y Protocolo Adicional, hecho
en Bruselas el 17 de marzo de 1993.
Muchas gracias.
--CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS
ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE
EFECTOS INDISCRIMINADOS, HECHA EN GINEBRA EL 10 DE OCTUBRE DE 1980, Y
TRES PROTOCOLOS ANEJOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
610/000002) (C. D. 110/000002).
El señor PRESIDENTE: Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el
10 de octubre de 1980, y tres Protocolos anejos. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
En relación con esta convención no se presentaron propuestas. Abrimos los
correspondientes turnos. ¿A favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Turno
de portavoces? (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Se aprueba por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio de la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, hecha en Ginebra el 10 de octubre de 1980 y tres
protocolos anejos.
Muchas gracias.
--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPUBLICA DE POLONIA PARA SUPRESION DE VISADOS, REALIZADO EN MADRID EL 26
DE OCTUBRE DE 1992. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000003.) (C.D. 110/000011.)
El señor PRESIDENTE: Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Polonia para la supresión de visados,
realizado en Madrid el 26 de octubre de 1992. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. Se publicó en los boletines correspondientes
el 4 de noviembre de 1993. No se presentaron reservas. Abrimos los
correspondientes turnos. ¿A favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Turno
de portavoces? (Pausa.)
Puede aprobarse por asentimiento de la Cámara. Y se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Polonia, para la supresión de visados, realizado en Madrid
el 26 de octubre de 1992.
Muchas gracias.
--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictamen de la
Comisión de Incompatibilidades. Este dictamen ha sido publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de
fecha 15 de noviembre de 1993.
La Comisión emitió dictamen sobre la situación de 197 Senadores, con
arreglo a la legislación vigente. La Comisión no propone incompatibilidad
alguna en relación con los Senadores cuya situación ha examinado. Por
tanto, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento
del Senado, este dictamen de lista puede ser, en su caso, defendido por
algún miembro de la Comisión.
¿Desea intervenir algún Senador de la Comisión de Incompatibilidades?
(Pausa.)
Tiene la palabra, su Presidente, el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la Comisión de Incompatibilidades ha aprobado el dictamen que
se somete a la Cámara basado en unos criterios de interpretación de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Los criterios que ha seguido
la Comisión, expuestos de forma muy resumida, son los siguientes: Se ha
considerado compatible con el mandato de Senador la titularidad de cargos
en órganos de gobierno de organismos y empresas de gestión de servicios
municipales cuando dicha titularidad derive de la condición de miembro de
la respectiva corporación local y no pueda disociarse de ésta.
Se ha considerado igualmente compatible con el mandato de Senador la
titularidad de cargos en órganos de gobierno de entes públicos, siempre
que no se trate de los órganos de gobierno ordinario. Si se tratase de
órganos de gobierno ordinario existiría compatibilidad en el caso
previsto en el artículo 156.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, amén de tener en cuenta en dicho procedimiento lo referente a
cargos en órganos de gobierno de organismos y empresas que gestionen
servicios municipales.
Se ha considerado también compatible con el mandato de Senador los cargos
o actividades en organismos internacionales en representación o por
encargo del Estado español.
Es incompatible, en cambio, con el mandato de Senador la actividad de
profesor asociado de universidades públicas, mientras que se admite la
compatibilidad con la actividad de profesor tutor en los centros
asociados de la UNED y, en general, con todas aquellas colaboraciones
docentes o de investigación que tengan carácter extraordinario y no
afecten a la dirección y control de los servicios, de conformidad con los
apartados tercero y cuarto del artículo 157 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.
Respecto de las actividades públicas que sean incompatibles con el
mandato de Senador, se ha exigido acreditación mediante la oportuna
certificación del cese en dicha actividad, sin perjuicio del pase a la
situación jurídica que corresponda, por ejemplo, la de servicios
especiales en el caso de funcionarios públicos, así como la efectividad
económica de dicho cese desde el día 6 de junio de 1993, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 158.1 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General y por haberse fijado en dicho día la fecha inicial de
devengo de las retribuciones de los Senadores, en virtud del acuerdo de
la Mesa del Senado de 1.º de julio de 1993.
Respecto de las actividades públicas que se consideran compatibles con el
mandato de Senador, se ha exigido la acreditación mediante oportuna
certificación de la no percepción por el desempeño de aquéllas de ninguna
remuneración, sin perjuicio de las dietas e indemnizaciones que procedan,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.1 de la Ley. Esto es
aplicable a los siguientes casos: los Senadores electos que sean miembros
de asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y Senadores
designados por las Comunidades Autónomas, sean o no miembros de las
asambleas legislativas de las que corresponda percibir remuneración como
Senador, y los Senadores que sean miembros de corporaciones locales.
En los casos de percepción de pensiones por derechos pasivos o de
cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio se ha
exigido la acreditación mediante la oportuna certificación de la
suspensión de la percepción de las pensiones desde el día 6 de junio de
1993.
Respecto de las actividades privadas que sean incompatibles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la Ley, se ha
exigido acreditación del cese de dicha actividad, que deberá extenderse a
su efectividad económica desde el día 6 de junio de 1993 en el caso de
que por la actividad de que se trate se percibiese alguna remuneración
con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas.
Estos criterios no agotan la aplicación de la normativa de
incompatibilidades, sino que son los más significativos de los adoptados
por la ponencia y por la Comisión, a la vista de las declaraciones de
actividades formuladas por los Senadores al inicio de la Legislatura.
La Comisión ha examinado y ha considerado que no incurre en ninguna causa
de incompatibilidad 197 Senadores, cuyos nombres están publicados en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 40, de
15 de noviembre de 1993. No se hace ninguna declaración de
incompatibilidad y el resto de los Senadores no incluidos en esta
relación, serán motivo de examen por la ponencia y por la Comisión
próximamente y, por tanto, se traerá su dictamen al Pleno en la próxima
sesión, si ello es posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Intervención de los Grupos Parlamentarios al respecto.
¿Algún señor portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Muchas gracias.
Sometemos a votación el dictamen de la Comisión.
Solicito criterio de la Cámara acerca de si éste puede ser aprobado por
asentimiento. (Pausa.)
Muchas gracias. Así se declara.
Por tanto, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de
Incompatibilidades en los términos en
que aparece publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 40.
--PETICION DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES.
--COMISION ESPECIAL DE ENCUESTA Y ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LOS
CONTENIDOS TELEVISIVOS EN LAS EXIGENCIAS ETICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y
SOBRE LAS POSIBILIDADES DE LA TELEVISION COMO REFUERZO Y DESARROLLO
EDUCATIVO Y CULTURAL. (650/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del orden del día sexto bis,
petición de creación de comisiones especiales.
Petición de creación de una comisión especial de encuesta y estudio sobre
la incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de
la sociedad española y sobre las posibilidades de la televisión como
refuerzo y desarrollo educativo y cultural.
Su primer firmante es el Senador Ruiz-Gallardón.
¿Alguno de los Senadores representantes de esta iniciativa desea
intervenir? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Coalición Canaria? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, queremos manifestar nuestra
satisfacción y congratularnos por el hecho de que esta petición de
creación de una comisión especial de encuesta y de estudio sobre la
incidencia de los contenidos televisivos en las exigencias éticas de la
sociedad española haya sido firmada por la práctica totalidad de los
Grupos Parlamentario de esta Cámara. Es importante que, efectivamente,
estas cuestiones puedan abordarse desde esa sensación de consenso y,
sobre todo, demostrar que evidentemente existe y que estamos ante un
nuevo problema o preocupación de la sociedad española.
La televisión se ha convertido en un producto de consumo masivo, que
llega casi al cien por cien de la población española, con una profunda
capacidad de influir en los valores culturales y éticos de la sociedad, y
está planteando en todo el mundo occidental la necesidad de encontrar
medios que eviten que la programación televisiva fomente actuaciones
violentas, sobre todo, en la infancia y en la juventud.
Este problema, ya clásico y bien conocido en otros países, ha adquirido
en los últimos tiempos una gran relevancia en España, hasta el punto de
que se ha creado un verdadero ambiente --y creo que no es excesivo
decirlo así-- de alarma social ante la influencia negativa que,
especialmente, en niños y jóvenes, puede tener una programación
televisiva que con demasiada frecuencia expone actos violentos, sexistas
o de inducción al consumo de productos como el alcohol o la droga.
Datos estadísticos, algunos escalofriantes, pueden servirnos para
reafirmar lo que acabo de decir. Según un estudio de la Asociación
Española de Pediatría, los niños españoles pueden ver en una semana de
televisión 18 secuestros, más de 100 asesinatos, 878 peleas, mas de 400
tiroteos y más de 20 emisiones semanales de contenido explícitamente
erótico. Actualmente un niño medio español puede ver en televisión al año
más de 12.000 actos violentos, 14.000 referencias de contenido sexual y
más de 2.000 anuncios de alcohol.
Para abordar la incidencia de estos datos que, como digo, pueden parecer
excesivamente fuertes, debe tenerse en cuenta, según un reciente estudio
del Centro de Investigación sobre la realidad social, que el 98 por
ciento de los hogares españoles tienen al menos una televisión en color,
y en el 96 por ciento de estos hogares se ve la televisión casi cuatro
horas diarias, exactamente 3 horas y 3/4 diarios de televisión.
Solamente, fíjense señorías, un 1 por ciento de la población española
confiesa no ver nunca la televisión.
Son múltiples los estudios de psicólogos y pediatras que ratifican la
profunda incidencia que los mensajes televisivos tienen en la escala de
valores y en el comportamiento de los niños. Los niños españoles se están
acostumbrando a través de la televisión a la violencia, casi siempre
unida al sexto y al uso y abuso de las drogas, según palabras del
antedicho Informe de la Asociación Española de Pediatría.
Para hacer frente a esta situación, en abril de este año 1993, el
Gobierno, junto con los directivos de todas las televisiones españolas y
de las televisiones autonómicas, suscribió un código ético que intentaba
establecer criterios para la autolimitación de las propias televisiones
en cuanto a la emisión de programas cuyo contenido implicase violencia
gratuita ofensiva hacia las personas, mensajes atentatorios para la
dignidad de las personas, desprecio hacia ellas, consumo de productos
perniciosos para la salud y escenas de explícito contenido sexual y de
lenguaje innecesariamente indecente.
Sin embargo, transcurridos muy pocos meses, los que van de abril a acá,
de este acuerdo suscrito, la realidad es que este código ético no ha
tenido los efectos deseados. Desde su entrada en vigor han sido
constantes las denuncias de las Asociaciones de telespectadores, incluso
de Asociaciones como Unicef o S.O.S. familia denunciando e insistiendo en
que no se cumplía este código ético, como decía, suscrito por el Gobierno
y las diferentes televisiones que hoy en España existen. Más aún, en
estas últimas semanas ha habido programas que han determinado, por la
violación de los derechos de los niños, la expresa denuncia de la
Dirección General de Protección de Menores e incluso programas que han
supuesto la intervención de fiscales y jueces promoviendo diligencias
penales.
Evidentemente, señorías, nos encontramos ante una situación provocada por
esa lucha por la audiencia, con la invasión en toda la programación
televisiva de eso que hemos venido en llamar, siguiendo el ejemplo sajón,
los «reality shows» o la telebasura, que se están convirtiendo, como
consecuencia de esta lucha por la audiencia, en el objetivo y criterio
prioritario de la programación de las televisiones, lo que está llevando
a la ruptura de elementales límites éticos y a la violación de derechos
amparados en nuestra Constitución, y también por la convención de los
derechos del niño de las Naciones Unidas.
Quizás en esta cuestión hay también razones para un cierto optimismo,
puesto que otros países donde las cuestiones de la imagen, la publicidad
o el «marketing» están al menos tan desarrollados como en España, por
ejemplo en Italia, ya se está produciendo algo curioso y es que las
propias agencias de publicidad están recomendando que no se haga
publicidad en el contexto de estos programas puesto que al final tienen
una incidencia negativa sobre el consumidor, y digo que esto podría ser,
quizás, una nota que nos pudiera dar alguna razón para el optimismo en
este sentido.
Los principios que deben inspirar la actividad de los medios de
comunicación social públicos, y las televisiones en particular, están
expresamente recogidos, como sus señorías conocen perfectamente, en el
artículo 4 de la Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión y en el
artículo 3 de la Ley de Televisión Privada, en los cuales se dice, entre
otras cosas, que ha de asegurarse explícitamente la protección de la
juventud y de la infancia y el respeto al honor, la fama y la vida
privada de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la
Constitución. Asimismo, la Convención de los derechos del niño de las
Naciones Unidas, a la que ya he hecho referencia, impone expresamente a
los Estados firmantes de esta Convención el mandato de elaborar normas
que protejan al niño contra toda información y material perjudicial para
su bienestar y reconoce a los niños el derecho a la protección legal
frente a las injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia e
incluso su domicilio o su correspondencia y frente a ataques ilegales a
su honra y reputación.
Este tema también ha sido objeto de debate y especial consideración en el
ámbito de la Comunidad Europea a partir del denominado Libro Verde sobre
el establecimiento del Mercado Común de radiodifusión, especialmente por
satélite y por cable.
La directiva del Consejo de 3 de octubre de 1989 establece en su artículo
22 que los Estados miembros de la Comunidad Europea adoptarán las medidas
oportunas para garantizar que sus emisiones de televisión no incluyan
programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o
moral de los menores y, en particular, programas que incluyan escenas de
pornografía o violencia gratuitas. Los estados miembros velarán,
asimismo, para que las emisiones no contengan ninguna incitación al odio
por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, y en su artículo 16
se afirma expresamente con carácter taxativo que la publicidad televisada
no deberá perjudicar moral o físicamente a los menores.
Como es lógico, y esto es quizás lo más importante, todo lo dicho
anteriormente y todas las normas consideradas deben compaginarse
pacíficamente con el derecho a la libertad de expresión y a transmitir
libremente información, también garantizado constitucionalmente, y que
exige ser, por una parte, respetado, y, por otra, coordinado con los
derechos individuales expuestos en esta intervención.
La conveniencia de crear esta Comisión que hoy se propone dimana de la
alarma social existente en estos momentos al respecto de la ineficacia
del código ético suscrito en abril de 1993 entre el Estado y las
televisiones, de la necesidad de hacer efectiva en España la Convención
de los derechos de la infancia y el mandato constitucional de protección
a la infancia y, finalmente, de la conveniencia, muy importante, de que
los medios que se arbitren para dar una razonable solución a estos
problemas responda a un necesario consenso entre los empresarios de
televisión, los profesionales de la información, las asociaciones
representativas de los intereses familiares e infantiles y las
administraciones públicas.
Para lograr este objetivo consensuado en el que se tengan en cuenta todas
las dimensiones del problema resulta imprescindible, al entender del
Grupo Popular, una amplia encuesta social al respecto, que sólo a través
de una Comisión parlamentaria de estas características podría realizarse.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Agramunt.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Camps
i Cervera.
La señora CAMPS I CERVERA: Señor Presidente, señorías, quiero empezar
expresando mi satisfacción por el hecho de que esta mi primera
intervención en la Cámara para defender una moción, sea para presentar la
propuesta de crear una Comisión que estudie el pésimo estado de nuestra
televisión desde el punto de vista cultural, educativo y ético, una
cuestión que creo que una amplia franja de ciudadanos está esperando y
pidiendo que alguien se plantee seriamente.
Es grave el deterioro progresivo que ha ido sufriendo un medio tan masivo
y decisivo en las vidas de todos, niños, jóvenes y adultos, como es la
televisión.
La aprobación de las televisiones privadas, en lugar de propiciar una
lucha competitiva y más imaginativa por una mayor calidad de la oferta,
no ha hecho sino rebajar en categoría y en gusto los contenidos de la
televisión pública. Nada distingue ya a las distintas televisiones,
públicas o privadas; todas compiten únicamente por alcanzar el nivel más
alto de audiencia, sin otro propósito ni otro objetivo que responder a la
demanda de un mercado sometido a los imperativos de la publicidad y a los
imperativos de los beneficios materiales.
Los llamados «reality shows» constituyen la manifestación más deplorable
de un proceso que no parece tener límites de ningún tipo. Violaciones,
secuestros, crímenes sin resolver, desavenencias conyugales, adolescentes
desaparecidas, son, según nos quieren hacer creer los conductores o los
realizadores de estos programas, los temas preferidos por una audiencia
que se complace en el espectáculo morboso de la tragedia ajena. Lo cierto
es que las audiencias no tienen mucho más donde elegir. Difícilmente se
podrá elegir mejor o peor cuando la mayoría de las opciones que se
ofrecen pertenecen a la categoría de eso que muy adecuadamente hemos
venido en llamar «telebasura».
Si el Grupo Socialista trae el problema aquí no es sólo porque nos
preocupe la calidad de nuestra televisión, sino porque la televisión es
un medio influyente en las conductas, en las mentalidades y en las
actitudes de las personas. Tiene una función educativa que puede
aprovecharse bien o mal, positiva o negativamente. Preocuparse por la
incidencia de la televisión en la educación es cuestionarse su dimensión
ética y también su dimensión cultural o estética.
Por lo que se refiere a la ética, esos programas morbosos no son sino una
lamentable muestra de la falta de escrúpulos en exhibir los ejemplos más
extremos o absurdos de violencia, crispación, agresividad o impunidad; la
peor muestra de una serie de circunstancias que ni reflejan nuestra
realidad ni queremos que lleguen a reflejarla nunca. La complacencia en
tantas miserias no sólo no tiene nada de ejemplar o edificante, sino que
fácilmente llega a vulnerar derechos fundamentales, recogidos por nuestra
Constitución: vulnera el derecho a la intimidad; ignora el respeto que
merece la dignidad de las personas; desatiende el derecho de los niños a
ser protegidos de todo aquello que pueda perjudicar su bienestar material
o espiritual. Y más allá de esos programas que se llevan la palma de la
falta de decoro, no tenemos más que concursos insustanciales, películas
inaguantables o increíbles culebrones. No hay posibilidad alguna de pasar
un rato distendido o divertido.
Pero la cuestión, señorías, no tiene sólo esa dimensión ética o de
pérdida de los valores fundamentales que exige, sin duda, un control y un
límite, tiene también una dimensión cultural, pues la televisión es,
quizás, el medio de difusión cultural más decisivo de nuestro tiempo. La
televisión es un medio omnipresente, pero lo es, sobre todo, en la vidas
de los niños, los más necesitados de una buena televisión, Si, de un modo
u otro, nuestra sociedad quiere tomarse en serio la educación y la
formación cultural de los niños y jóvenes, ha de contar con televisión,
ha de contar con las capacidades poco explotadas en este país del mundo
de la imagen y del audiovisual como instrumento de la educación, y ha de
tomar conciencia de la posible incidencia negativa de la televisión en el
proceso educativo.
En este aspecto deberíamos poder y saber distinguir entre el papel de las
televisiones privadas y las públicas. Es esta última, la televisión
pública, una televisión que por definición debería ser para todos, la que
debería asumir la responsabilidad de ofrecer una programación más
escogida y de mayor calidad. Escogida no quiere decir sólo para élites;
la diversión no tiene por qué significar estulticia o deformación. El
gusto también se educa, y nada más idóneo que el mundo de la imagen para
lograrlo. No se entiende que el Estado, una de cuyas misiones es
gestionar la educación, no utilice más y mejor ese medio idóneo para tal
fin que es la televisión.
Creemos, señorías, que corresponde a los poderes políticos alertar de las
desviaciones éticas o culturales de un sistema que, si se rige sólo por
los intereses del mercado, no beneficiará a todos, ni, sobre todo,
protegerá a los que más protección necesitan. Tampoco beneficiará a la
cultura ni a la educación que no venden ni son convertibles en simples
mercancías.
Creemos que es obligación de la sociedad democrática exigir, por lo
menos, una televisión pública más digna. Es obligación de la política
cuidar de que la televisión respete los derechos básicos y atienda
mínimamente a la difusión de la cultura. Es obligación de los poderes
políticos velar por una televisión que no perjudique a los menores y
porque exista una televisión pública que cubra las necesidades que no
pueden cubrir las televisiones que sólo se rigen por criterios
comerciales.
Nos dicen las estadísticas que la franja de edad más adicta a la
televisión es la tercera edad. Pues bien, nada en televisión va dirigido
directamente a ellos, puesto que los jubilados son los que menos
consumen, los más impermeables a la publicidad, no existen ni interesan.
En estos momentos, no hay nada que vigile y controle exhaustivamente la
calidad de la televisión pública. La legislación existente va a la zaga
de los avances técnicos y atiende al ordenamiento más funcional. Las
autorregulaciones de carácter ético que ya existen son incipientes y
hasta ahora muy poco eficaces. Existen iniciativas en el terreno de la
televisión educativa, pero son escasas y necesitan más apoyo. Conviene
estudiar a fondo el estado de la cuestión, contrastar pareceres y
disponibilidades, y hacer propuestas tanto de carácter jurídico como de
carácter político.
El Grupo Socialista, señorías, comparte con agrado la propuesta de crear
una Comisión especial que estudie las influencias negativas de la
televisión en las audiencias, junto a las posibilidades de televisión de
favorecer el sistema educativo y el nivel cultural de país.
Es nuestra misión, como políticos representantes de la sociedad, impulsar
todo aquello que ayude a distribuir los bienes básicos, entre los cuales
están los valores éticos y los valores del conocimiento. No cometamos
señorías, la falacia de pensar que sólo vale lo que tiene una gran
demanda. La demanda está siempre en función de la oferta, de la calidad
de ésta depende la calidad de aquélla. No es lícito atribuir al público o
a las audiencias lo que no tiene otra explicación que la incompetencia e
irresponsabilidad de supuestos profesionales.
Permítanme que acabe con unos versos de Lope de Vega, quien dijo con
contundencia lo siguiente: «Sepa quien para el público trabaja, que tal
vez a la plebe juzga en vano, pues si dándole paja come paja, siempre que
le dan grano come grano.»
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación la propuesta de creación de esta Comisión
especial, que deduzco que puede ser aprobada por asentimiento de la
Cámara. (Pausa.)
En todo caso, solicito criterio a los Senadores firmantes de esta
propuesta, porque en el punto dos de la misma se señala que la Comisión
especial elaborará su propio plan de trabajo que incluirá la audiencia a
los sectores sociales afectados y elevará al Pleno de la Cámara sus
conclusiones en el plazo de doce meses. Entiende la Presidencia a partir
de su constitución. (Pausa.) Muy bien, en esos términos se declara
aprobada la propuesta.
Muchas gracias.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO DE LA
NACION PARA QUE AUMENTE EL GASTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)
HASTA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL 2 POR CIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
(PIB) EN EL AÑO 2000 Y FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION EN LAS
EMPRESAS. (662/000006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo: Mociones.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por
la que se insta al Gobierno de la nación para que aumente el gasto de
Investigación y Desarrollo (I+D) hasta alcanzar el objetivo del 2 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2000 y favorezca el
desarrollo de la investigación en las empresas. Esta moción se publicó en
los boletines correspondientes, con fecha 20 de septiembre de 1993.
A dicha moción se presentó una propuesta de modificación suscrita por
todos los grupos parlamentarios de la Cámara y, por lo tanto, vamos a
proceder a efectuar el debate correspondiente a este supuesto.
En el primer lugar, el Grupo Proponente tiene derecho a la defensa de la
moción originaria, por un tiempo de veinte minutos. Para su defensa,
tiene la palabra su señoría.
El señor RIPOLL SERRANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el asunto que traemos a la consideración de la Cámara tiene una
trascendencia que supera los posicionamientos políticos, ya que, como es
lógico, en el fondo de la investigación y el desarrollo existe una clara
coincidencia, aunque las divergencias se producen en las soluciones
aportadas por el Gobierno y, sobre todo en las soluciones planteadas en
los tres últimos años.
Quiero recalcar la coincidencia y la inflexión inversora realizada desde
el año 1991, así como que la moción no quiere censurar el trabajo
realizado hasta ahora sino, al contrario, dar un golpe de timón que nos
haga volver a la tendencia experimentada desde el año 1986 y mantenida
hasta el año 1991 y que, por desgracia, no vemos reflejada en los
Presupuestos Generales del Estado para 1994.
Los gastos del Estado I+D para 1994 ascienden a 185.843 millones de
pesetas. Presentan un aumento del 2 por ciento si los comparamos con el
año anterior, aunque esto significa una disminución real del 1,3 por
ciento, después de aplicar el deflactor del PIB. Este incremento sería
aún más reducido si lo comparásemos con el Presupuesto inicial de 1993,
que llegaría sólo a un 1,1 por ciento, lo que supone 2.059 millones de
pesetas.
Los últimos datos oficiales de los que disponemos sobre el gasto en
actividades de I+D, referidos al año 1990, son de tres tipos:
investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y
ascendieron a 425.829 millones, un 25,49 por ciento superior a la cifra
registrada el año precedente.
Conforme a la clasificación sectorial de estos gastos, el sector empresas
concentraba el 57,8 por ciento; las administraciones públicas, el 21,3
por ciento; el sector de la enseñanza superior, en el que quedarían
englobados la Universidad, los institutos tecnológicos y otros
establecimientos postsecundarios, un 20,4; las instituciones privadas sin
ánimo de lucro, un 0,5 por ciento.
En el último ejercicio considerado, el crecimiento experimentado por los
sectores antes citados fue respectivamente del 28,82, del 17,38, del
25,19 y del 31,92 por ciento. Por tanto, sólo las empresas y las
instituciones privadas sin fines lucrativos gastaron I+D por encima de la
tasa de crecimiento medio anual.
Asociando estos datos con el PIB al coste de los factores, es preciso
señalar que la relación entre ambas magnitudes ha pasado del 0,67 por
ciento en 1986 al 0,83 por ciento en 1990.
El horizonte presupuestario del 1 por ciento del PIB previsto para 1990,
hace cuatro años, se convierte en un exiguo 0,67 por ciento del PIB en el
año 1994, y esto contando con que las empresas no sigan la política de
reducción del gasto y mantengan sus inversiones en I+D, hipótesis en
exceso optimista vista la restricción de este tipo de actividades en los
dos últimos años.
Considerando un esfuerzo importante de las Comunidades Autónomas, el
porcentaje global de gastos de I+D podría subir hasta el 0,70, situación
análoga al año 1988. Los recortes afectan a todos los apartados
presupuestarios. Se continúa con la política de amortización de plazas
vacantes en numerosos organismos. Las inversiones se reducen en un 5 por
ciento, y todos los ministerios soportan recortes en este capítulo de
entre el 20 y el 45 por ciento, siendo especialmente importantes en
Industria, Educación, Agricultura y Sanidad, en los que se hipoteca la
ampliación o mejora de infraestructuras o, directamente, se paraliza la
construcción de nuevos centros. Defensa es el único Ministerio que
aumenta este capítulo.
Haciendo un repaso por los distintos ministerios, en el de Educación y
Ciencia continúa el camino reemprendido en los Presupuestos Generales de
1991, cuando se procedió a una profunda reestructuración del gasto.
Se congelan los gastos de la Universidad y se reducen los de I+D en un
3,5 por ciento. La inversión total es de 69.942 millones de pesetas, el
37,6 por ciento de los gastos de I+D, lo que lo convierte en el
Ministerio que más invierte.
Las inversiones se centralizan en los programas de Promoción General del
Conocimiento (PGC), Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico (PNI) y Plan de Formación de Personal Investigador
(FPI). El PNI presenta un leve incremento del 4,7 por ciento. El programa
PGC se congela en 8.889 millones de pesetas, y el Plan de Formación de
Personal Investigador es el único que mantiene un ritmo importante de
adjudicación de becas, afirmándose como una opción fundamental de la
política de I+D.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas registra un recorte
del 5 por ciento, con la congelación casi total de la plantilla
--amortización de plazas vacantes incluida-- en todas sus escalas:
científicas, técnicas, administrativas y laborales. Se produce además un
recorte del 20 por ciento de sus inversiones --casi 840 millones de
pesetas--, que afecta gravemente a los programas propios de investigación
de esta institución. La posibilidad de llevar a cabo políticas y
programas propios de este Consejo queda así librada al poder de
contratación del organismo, impidiendo el diseño y aplicación de un plan
sectorial creíble. En cuanto al personal investigador, la política de
personal, además de la del Consejo, se completa con un aumento marginal
del personal docente universitario.
Si a la congelación de las plantillas de investigación se agrega la
situación de crisis industrial y la falta de articulación con el sector
privado, se cierra el círculo. Nos encontramos con la realidad de cerca
de 2.000 doctores que salen cada año al mercado laboral, sin perspectivas
claras de encontrar un empleo relacionado con su nivel de formación.
Las disfunciones entre la política de formación y la planificación de
recursos humanos en el sector del I+D están dilapidando el esfuerzo
realizado y condenando a los jóvenes a la frustración o al exilio
profesional. La insuficiencia de personal de I+D, problema capital del
sistema científico-técnico español, lejos de solucionarse, tiene a
convertirse en un problema endémico que amenaza con malograr cualquier
desarrollo coherente del sistema.
En cuanto al Ministerio de Defensa, con 46.523 millones de pesetas de
presupuesto, representa el 25 por ciento del gasto total de I+D. Casi el
43 por ciento del mismo está destinado al Proyecto EFA. Las inversiones
de este Ministerio aumentan en 1.130 millones de pesetas, alcanzando el
74,6 por ciento de su presupuesto. En el próximo año, el Ministerio
invertirá el 80,2 por ciento del total de inversiones en I+D.
El Ministerio de Industria y Energía es el otro gran inversor, con 47.358
millones de pesetas y un 25,5 por ciento del gasto total. Experimenta un
aumento del 5,7 por ciento respecto de 1992, pero sus inversiones sufren
una drástica disminución de más del 43 por ciento. Crecen, sin embargo,
las transferencias de capital debido al aumento de la cuota de la ESA, y
el resto se concentra en el Plan de Acción Tecnológica Industrial, el
famoso PATI, que se mantiene en 8.494 millones. La congelación de fondos
de este Plan, base de la política tecnológica industrial del Gobierno,
lleva a analizar la base financiera de los otros planes del MINER, como
son las ayudas para la adaptación al Mercado Unico, el plan de apoyo a la
industria textil y el PITMA (Investigación y Tecnología de Medio
Ambiente).
Su comparación con los fondos destinados a ayudas y planes ligados a los
procesos de reconversión da una idea clara de las posibilidades reales de
las políticas industriales activas.
Como en los últimos años, los gastos del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, son marginales y alcanzan a 485 millones,
es decir, un 0,2 por ciento del total del gasto en dicho Ministerio;
mientras, el total de gasto de I+D se mantiene en el 6,2, sufriendo un
nuevo recorte de inversiones del 37 por ciento.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reduce
su participación al 4,1 por ciento, recortando todas las partidas en más
del 22 por ciento. Es difícil de explicar que el dictamen de la Comisión
Mixta Congreso-Senado inste a potenciar los temas específicos que
preocupan a nuestro país: medio ambiente,
salud, agricultura y áreas socioculturales, y que los recortes y el
abandono presupuestario afecten especialmente a dichas áreas.
En cuanto a las cuotas a organismos internacionales diré que el sector
exterior queda definido por las cuotas a organismos y programas de
investigación europeos. El total de cuotas para 1994 es de 16.322. La
parte más importante de ellas están en la Agencia Espacial Europea, que
consume 14.884.
Por segundo año consecutivo se elimina la cuota del CERN. La de 1991 no
se ha terminado de abonar. La de 1992 se recortó en un 65 por ciento.
Desde el año pasado no se realiza ningún pago. Igual tratamiento reciben
las cuotas de los organismos de la OCDE relacionados con ciencia y
tecnología. Como novedad, este año se reduce a la mitad la cuota del
Euratom.
La participación y compromisos, respecto de esas organizaciones
internacionales, han sido decididas por el Parlamento. Por tanto, el
Ministerio no puede arrogarse el derecho de suprimir o reducir las cuotas
de forma unilateral, intentando una política de regateo inviable por
ridícula en este tipo de organizaciones.
Queda claro que decisiones de este tipo pueden significar la marginación
de nuestro país en dichos organismos. De hecho, varios países han
propuesto ya quitar el voto a España en las decisiones del CERN. Este
tipo de actuaciones contrasta con las declaraciones oficiales de defensa
de la gran ciencia y la lucha por conseguir las sedes del Instituto
Europeo de Perspectiva Tecnológica en Sevilla.
Si el tamaño de nuestro sistema científico-técnico y el monto total de
las inversiones destinadas a su desarrollo no permitieran hacer una
política internacional coherente, sería hora de discutirlo; discutirlo y
decidirlo, pero en el órgano competente, en el Parlamento. Conocer los
cambios de la política tecnológica a través de los Presupuestos sólo
puede ser producto de la improvisación o la chapuza.
La investigación española en el programa marco de la Comunidad Europea
queda recogida a través de los acuerdos de Maastricht que significaron un
avance crucial en los fondos europeos destinados a I+D, al alcanzar el 4
por ciento del presupuesto total. La cumbre de Edimburgo lo redujo de
forma importante. La aprobación del cuarto programa marco en junio de
1993 lo vuelve a situar al nivel de Maastricht. La cuota española supone
el 8,5 por ciento y los efectos de la devaluaciones se hacen sentir con
crudeza. Según se aplique la hipótesis más amplia o la más restrictiva,
nuestro aporte en 1994 variará entre 32.650 y 55.144 millones.
La suma de los compromisos internacionales, incluyendo las cuotas y
aportes al programa marco, supondrán unos 49.000 millones de pesetas,
superando en cualquier caso la suma del Fondo Nacional de I+D, el
programa de becas y el resto de transferencias de capital al sector
público y privado. Este hecho constituye un límite fundamental para una
política de planificación de la investigación de acuerdo a criterios y
prioridades nacionales.
Para rentabilizar esta inversión resulta imprescindible una política que
active los retornos y potencie los sectores industriales
científico-técnicos capaces de absorberlo. La otra cara de esta política
implica que el desarrollo de sistemas de I+D y el modelo industrial
ligado al mismo resulten cada vez más determinados desde el exterior.
Los retornos obtenidos de proyectos del segundo programa marco de la
Comunidad Europea rondan el 5 por ciento, media considerada razonable,
teniendo en cuenta que contamos con un 4 por ciento de los investigadores
europeos. La ampliación del tercer programa ha multiplicado nuestros
aportes, a la vez que se congelan las plantillas del personal
investigador. Será, por tanto, difícil repetir las cifras de retornos.
Los resultados de 1993 revelan una caída importante de programas como el
«Esprit», que mantenían buenos niveles de retorno.
Aun cuando se lograra mantener el nivel del 5 por ciento esto
significaría, de hecho, perder un 3,5 por ciento, más de 13.500 millones
en el caso más favorable.
Gastamos el equivalente al 70 por ciento del PNI en financiar la I+D de
los países desarrollados. Achicar el sistema interior significa reducir
nuestra ya poca influencia en la elección de los temas y proyectos en los
que participamos, aumentando cada vez más el diferencial con Europa.
Las previsiones para el seguimiento del Fondo Nacional en 1996, junto con
la cuota española al programa marco de I+D comunitario limitan al máximo
el margen de maniobra de cualquier política nacional de I+D. La necesidad
de asegurar los retornos actuará orientando y ordenando los programas
nacionales a las prioridades de los grandes consorcios europeos que son
los que de verdad deciden la política científica en la Comunidad Europea.
No queda lugar para políticas alternativas, ni siquiera complementarias,
que se salgan de estos objetivos prioritarios.
Los problemas específicos relatados antes: medio ambiente, salud,
recursos naturales, desequilibrios tecnológicos, regionales y
sectoriales, tendrán que esperar.
Como conclusión, les diré que los Presupuestos confirman la pérdida de
protagonismo de la I+D en la estrategia del Gobierno. Primero, se lanzan
planes tan importantes como el Plan Director de Infraestructuras y, el
mismo tiempo, se mantienen los gastos de investigación del Ministerio de
Obras Públicas en menos de 500 millones de pesetas. Se lucha por
conseguir la localización en España de las Agencias Europeas de I+D y, a
la vez, no se pagan las cuotas a los organismos internacionales. Se
achica cada vez más el sistema científico-técnico sin contar con que esta
política afectará tanto al sector público como a las actividades de I+D
empresariales, concentradas en un número pequeño
de empresas y donde más de la mitad de su esfuerzo presupuestario está
ligado a ayudas públicas.
Es difícil imaginar qué otros resortes serán utilizados para mejorar el
nivel de las empresas españolas y de sus productos, si se desdeña la
poderosa herramienta que supone una política tecnológica coherente,
apoyada en un sistema científico y técnico fuerte.
A los ocho años de la aprobación de la Ley de la Ciencia y a seis de la
puesta en marcha del Plan Nacional, tras una movilización importante de
recursos presupuestarios y humanos, destinados a potenciar el sistema
científico-técnico y a aumentar su integración con el tejido productivo,
los Presupuestos Generales del Estado en I+D confirman las tendencias de
los últimos años y nos devuelven a la situación presupuestaria del
comienzo del ciclo.
Las raquíticas cifras de los Presupuestos Generales del Estado para I+D,
la congelación de plantillas de investigación, la ausencia de una
política tecnológica coherente en el conjunto del sector público y la
incapacidad para afrontar las nuevas orientaciones de la política
tecnológica industrial europea, ponen en evidencia las contradicciones
entre un discurso oficial que señala a la I+D como una prioridad
estratégica y la realidad de las cifras que nos devuelven al nivel de
1988, recién estrenada la política de promoción de I+D en España.
Nuestra moción, como decía al principio, va en el sentido de iniciar un
segundo ciclo, similar al del año 1986, y con su horizonte en el año 2000
que permita ver cómo se va dando el salto desde la primera meta del 1 por
ciento en relación al PIB, casi rozado en el año 1990, a una segunda meta
del 2 por ciento en relación al PIB que, aunque no pudiera ser alcanzada,
nos sirviera como referente de cómo va mejorando la situación año a año.
Por tanto, les pido a sus señorías que apoyen la moción del Grupo
Parlamentario Popular para que entre todos demos un nuevo impulso a la
investigación científica y al desarrollo tecnológico. Las generaciones
venideras nos lo agradecerán.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ripoll Serrano.
A continuación, pasamos a la defensa del texto con la propuesta de
modificación. Habría un turno para dicha defensa. (Pausa.) Se renuncia al
turno. Por tanto, abrimos el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para expresar la postura del Grupo Vasco de apoyo a
esta moción. La nuestra es una postura de apoyo en el sentido de que
todos estamos viendo en estos momentos, sobre todo en épocas de crisis
económicas, que las inversiones en I+D son un punto importante, no digo
el único, pero sí uno de los importantes, de cara a que las empresas
alcancen competitividad.
Desde 1986, prácticamente desde que nos adherimos a la Comunidad
Económica Europea, el sistema tradicional de defender a las empresas en
base a subvenciones directas o en base a actuaciones arancelarias ya no
sirve, mucho más con la entrada en vigor del Mercado Unico en 1993.
En este sentido, la inversión en I+D es garantizar futuro y es la forma
de ayudar a la innovación, a la calidad, al diseño, en definitiva, a no
perder mercados y tratar de recuperar otros.
La importancia que tienen en el mundo moderno las inversiones en I+D se
pone de manifiesto cuando vemos, en comparación con nosotros, el
porcentaje tan grande que dedican países como Japón, casi el 4 por ciento
de su PIB; los Estados Unidos, que dedican el 3 por ciento; la Europa de
los doce, que dedica el 2 por ciento, e incluso la propia Comunidad
Económica Europea, que dedica prácticamente un 3,5 o un 4 por ciento de
su presupuesto, cantidad en principio inferior a la que se fijaba en el
acuerdo a que se llegó en la Cumbre comunitaria de Milán en los años
ochenta, por la que se creaba el Acta Unica Europea, pero que es un
porcentaje muy superior a ese 1 por ciento escaso, al que no llegamos
nosotros en estos momentos.
Por tanto, nuestra postura va a ser de apoyo a esta moción. Incluso,
iríamos más lejos. Nosotros pensamos que el Estado español, que se
incorpora en 1986 con una tradición proteccionista a un mundo abierto,
como es el de la Comunidad Económica Europea, tiene un déficit en
capacidad de competitividad de las empresas desde un punto de vista
global. Por eso, nosotros pensamos que debemos hacer un esfuerzo mayor y
que incluso se debería destinar un presupuesto superior al que se destina
en estos momentos a actividades de I+D para tratar de ir reduciendo ese
«gap» tecnológico que tenemos respecto de los países más industrializados
y más avanzados de la CEE.
Y es que hay una realidad, hablando de la famosa convergencia con Europa:
están ahí los parámetros macroeconómicos que se han marcado para poder
entrar en el ecu, pero, al final, lo verdaderamente importante es la
convergencia real, una convergencia en PIB, en renta per cápita, en
empleo y, en definitiva, una convergencia en capacidad de competitividad
por parte de nuestras empresas. Como decía al principio, las inversiones
en I+D juegan un papel importante a este respecto.
Por tanto, nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos apoya esta
moción, e incluso creemos --vuelvo a repetirlo-- que las cantidades que
se destinan en estos momentos son realmente insuficientes para poder
hacer frente a un mundo más desarrollado, dentro de la Comunidad
Económica Europea, y con una
tradición más librecambista que la que tenemos nosotros. Invertir en I+D
es invertir en futuro y tratar de ganar el reto que tenemos planteado en
estos momentos tanto nosotros como nuestras industrias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el
Senador Grau.
El señor GRAU I BULDU: Señorías, es indudable que la modificación de la
moción que se ha presentado incluye los principios que, sin dudar,
suscribimos todos los grupos de esta Cámara.
Nuestro Grupo ya planteó en su programa electoral el objetivo de alcanzar
un nivel de gasto o inversión en investigación y desarrollo en las
empresas que estuviera en torno al 2 por ciento del PIB, en el más breve
plazo, y si era posible dentro de esta legislatura.
En los presupuestos de 1994, las medidas fiscales de incentivos a los
gastos en investigación y desarrollo e internacionalización de las
empresas alcanzan ya la deducción de un 35 por ciento de la cuota del
Impuesto sobre Sociedades, lo que sumado a la compensación en dos años
puede llegar hasta el 45 por ciento. Este porcentaje está, pues, en la
línea de los países más avanzados. Creemos importante, además, incentivar
fiscalmente la formación del personal de la empresa, y por ello también
apoyamos que se permita deducir hasta un 5 por ciento de la cuota del
citado Impuesto sobre Sociedades para esta aplicación. Creemos que con
ello se reutilizan los medios que se habían propuesto en el I Plan de
ayuda a la tecnología y a la investigación y desarrollo en un nivel medio
de efectividad del 2 por ciento del PIB para los países más avanzados en
la actualidad.
Además, es prudente considerar dentro de estos factores que se propicie
la desgravación fiscal de los convenios empresa-universidad, para la
formación de investigadores, por cuento ello representa de
institucionalización de la investigación y de dar una continuidad a
programas y procesos que requieren más de un ejercicio contable, y de una
dedicación eminentemente científica, separada de toda actividad
empresarial.
Finalmente, creemos que es objetivo de los organismos públicos
desarrollar, bien junto con la universidad, bien creando entidades
públicas con personalidad jurídica propia, laboratorios de análisis y
ensayo, con el objetivo de favorecer a las pequeñas y medianas empresas,
para que puedan disponer, a un coste razonable, de medios de verificación
y prueba de determinados procesos y elementos.
Por ello, nuestro grupo votará a favor de la modificación de la moción
que se ha presentado, consensuada con todos los grupos de esta Cámara, en
el bien entendido de que al sentir incluidas nuestras propuestas, en lo
que a este tema se refiere, dentro de la misma, nuestra actuación en el
futuro estará dirigida a alcanzar los objetivos fijados en nuestro
programa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene de nuevo la palabra el Senador
Ripoll.
El señor RIPOLL SERRANO: Gracias, señor Presidente.
Quiero aprovechar este turno de Portavoces, en primer lugar, para
comentar las intervenciones de sus señorías, tanto por la cortesía debida
como por el interés que han tenido las mismas. En segundo lugar, quiero
fijar nuestra posición respecto de la enmienda presentada por todos los
grupos, firmada por nosotros también, y de la que ha sida padre el
Senador Grau, del Grupo Parlamentario de Convergència y Unió, aunque no
es responsable del incoloro e insípido hijo que ha surgido de la misma.
Quiero agradecer al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos su apoyo, y
sobre todo su espíritu en ir un poco más allá. No ha sido decisión
nuestra limitar nuestra propia moción.
Quiero agradecerle al Senador Grau, del Grupo de Convergència i Unió, el
trabajo de acercamiento entre las distintas posturas, no divergentes,
pero sí distantes, así como su interés en recoger de alguna forma la
segunda parte de la moción que, al final, desestimamos, en aras de
conseguir el apoyo mayoritario de la misma. Le faltó un poco de valentía
para apoyar su propio programa en el tema del 2 por ciento.
En cuanto al Grupo Socialista, que todavía no ha tenido oportunidad de
intervenir, quiero agradecerle también su disposición para el diálogo,
pero censurándole esa nota predominante en todas sus intervenciones, ese
evitar compromisos, ese no comprometer al Gobierno ni la más mínimo,
aunque en casos como éste le sea difícil no propugnar una moción que es
un objetivo claro por parte de todos los sectores interesados en I+D.
Voy a explicar por qué nos sumamos a esta modificación. Básicamente,
porque nuestra moción pedía aumentar el gasto hasta alcanzar el objetivo
del 2 por ciento del PIB en el año 2000, y se ha quedado en continuar con
las medidas de apoyo que han proporcionado, quiero decir que se ha
quedado en continuar la política del Gobierno. Esta es la concesión a no
decir que lo que se ha hecho, no se ha hecho mal, efectivamente, pero
quizá se haya interrumpido la política que se venía haciendo desde 1986.
Con el objetivo de situar a España, hemos cambiado el horizonte del año
2000 por el «del más breve plazo posible». No obstante, si nuestra salud
y los votos populares
nos lo permiten, seguiremos insistiendo más veces aquí antes del año
2000.
En cuanto al tema del 2 por ciento, ha quedado en un volumen de gasto en
I+D, en relación al PIB, análogo a la media de los países de la Unión
Europea. Ahí creo que coincidimos, aunque quizá su señoría nos ha subido
un poco, ya que posiblemente esta media sea superior para el año 2000 al
2 por ciento.
Por tanto, y aunque no es exactamente la propuesta que nosotros
presentamos, estamos de acuerdo con la moción tal como queda y
solicitamos el apoyo de todas sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, un mal entendimiento desde la tribuna ha llevado a nuestro
Grupo a no intervenir en un posible turno de defensa de esa propuesta de
modificación, por la que hemos abogado todos los grupos parlamentarios.
Tendremos, pues, que hacer un resumen, lo que nos privará de comentar
algunas valoraciones --en las que podríamos discrepar-- que ha hecho el
representante del Grupo Popular, Senador Ripoll, cuyo tono y postura
agradecemos y reconocemos.
Pero al firmar ustedes íntegramente esta propuesta, quedan un poco fuera
de lugar las críticas y los comentarios que ha sugerido su señoría,
puesto que aquélla se refiere a continuar, lo cual quiere decir que la
propuesta que todos firmamos indica que la estrategia que se ha llevado a
cabo era correcta, aunque también sus palabras han tenido un tono
positivo sobre lo hecho hasta el momento.
Pero, a lo mejor, lo más prudente hubiera sido retirar esa moción,
presentada en el mes de julio. Su señoría tendrá que reconocer que ha
sido la actitud de diálogo, de comprensión, y la buena voluntad que ha
existido entre los grupos parlamentarios de esta Cámara, lo que ha hecho
que llegáramos a este punto de encuentro, que supone un rechazo a la
moción que presentaban sus señorías; rechazo, desde nuestro punto de
vista, porque, efectivamente, su señoría se ha referido al último dato de
1990: 425.000 millones, aproximadamente, de gasto de I+D, tanto del
sector público como del privado. Pero yo le puedo dar el de 1991: 470.000
millones, y el de 1992: 520.000 millones de gastos en I+D, entre el
sector público y el privado. Ha habido, pues, un aumento entre 1991 y
1992 de un 10 por ciento, por lo que tenemos que rechazar rotundamente la
afirmación de su señoría acerca de esa recesión, de esa crisis, de esa
disminución de las partidas, ya que los gastos de I+D de este país han
cambiado.
Nosotros respaldamos esta propuesta de modificación, porque creemos que
debemos continuar en esa línea. Por otro lado, su señoría no ha aludido a
algo muy importante: al Real Decreto 1622, de 29 de diciembre de 1991,
que ha sido la base para la inclusión en los presupuestos de 1992, en
primer lugar, de la definición de lo que se entiende por investigación,
y, en segundo lugar, por desarrollo, para evitar confusiones de los
contribuyentes que se beneficien de las ayudas fiscales para I+D. Pero,
además, dichas ayudas han aumentado, y en los presupuestos para este año
ya se recogen ventajas y ayudas fiscales, lo que constituiría el
argumento para que sus señorías hubieran retirado esa moción del pasado
mes de julio.
Como su señoría sabe, esas ayudas y mejoras han consistido, por una
parte, en que se mantenga lo que ya se hizo sobre la base de la Ley de
Reconversión y Reindustrialización: incluir un 15 y un 30 por ciento de
deducciones fiscales en intangibles y en activos físicos; y
recientemente, a través del citado Real Decreto, esos porcentajes se han
mejorado, pasando a ser del 30 y del 45 por ciento para intangibles y
activos físicos, sobre el excedente de incremento del gasto en I+D de un
año, reparto de la media de los dos anteriores. Esto, señoría, ya está
recogido en la Ley de Presupuestos que está en la Cámara; por tanto, ya
se había mejorado el respaldo fiscal.
Por lo demás, todos los indicadores que podamos manejar nos señalan que
la marcha del país, el esfuerzo realizado desde 1987 ha sido positivo.
Por una parte, ha aumentado el número de investigadores en el país, que
se aproxima a los 40.000, aunque haya problemas en su reparto entre el
sector público y privado. La tasa de personal de investigación en el
sector público ha disminuido del 74 al 70 por ciento, pero todavía es
mucho más alta que la europea, que se encuentra en el 40 por ciento en la
OCDE, o en el 47 por ciento de media, en los países de la Unión Europea.
Sin embargo, ahí están los resultados de la investigación científica. Por
ejemplo, si nos referimos a la participación de las producciones
científicas en I+D y a su divulgación en las publicaciones
internacionales de prestigio, como puede ser la Revista del Instituto de
Filadelfia, la participación de España en producción era del 1,2 por
ciento, y en este momento está, prácticamente, en el 2 por ciento. Eso ha
sido fruto de un incremento del gasto acumulado desde 1987, superior a
los 19 puntos, mientras que el de la Comunidad Europea ha sido de un 8,5
por ciento, lo que también ha favorecido que el personal investigador en
España haya aumentado un 9,5 por ciento, mientras que el de la Comunidad
Europea lo ha hecho en un 3,5 por ciento.
En cuanto a las becas, en este momento tenemos 8.000 becarios entre el
sector público y el privado. Con respecto a las tesis doctorales, en 1987
se leyeron aproximadamente 3.300, y, en 1991 se han leído 5.500 tesis. Es
decir, cualquiera de los indicadores que pueda ofrecer a su señoría pone
de manifiesto el avance importantísimo de nuestro país, en el que en 1987
era casi una entelequia hablar de investigación y desarrollo, y en donde
en este momento, señoría, estamos teniendo
un peso específico en la realidad de la Comunidad Europea.
A este respecto, ¿cuáles son los resultados en la Comunidad? En una serie
de proyectos, los datos de España son expresivos, ya que está
participando en este momento en el treinta y tantos por ciento de los
proyectos Eureka, entre los que colabora en el 18 por ciento y es el
grupo líder, que promueve esos proyectos en la Comunidad Europea. Eso
sirve para realizar un trasvase de nuestros investigadores, que tienen
una perfecta comunicación, se han abierto hacia Europa, participan en
equipos internacionales y están potenciando sus conocimientos en todo lo
relacionado con la investigación científica y el desarrollo.
Pero también esas medidas fiscales han sido complementadas en nuestro
país por una acción de la Administración, que alcanza unas cuotas
equivalentes a la media de la Comunidad Europea. En ese sentido, podría
facilitarle a su señoría los datos relativos a las ayudas fiscales que
existen en este momento en la Comunidad, en países cuyo nivel de
bienestar y riqueza son superiores a los nuestros y que, por tanto,
constituyen un desiderátum en nuestro progreso en investigación
científica y desarrollo, para lograr un crecimiento que sea real; de ahí
que hayamos puesto como ejemplo la media de los países de la Comunidad
Europea.
Alemania, que tiene en el Impuesto de Sociedades de un 36 a un 50 por
ciento, contempla una reducción de un 12 por ciento de los costes de
producción o adquisición en inversiones efectuadas hasta el 1 de julio de
1992 y una amortización de hasta un 50 por ciento del coste. Bélgica, con
un 39 por ciento en el Impuesto de Sociedades, únicamente prevé la
amortización acelerada en tres años. Francia, que tiene el 34 por ciento
de Impuesto de Sociedades, contempla una deducción de un 14,5 por ciento
de las inversiones, la deducción de los gastos incurridos en el ejercicio
y la amortización lineal en cinco años, en caso de activación de los
gastos. El Reino Unido, con una tasa del 33 por ciento, contempla una
deducción del cien por cien de los gastos del ejercicio y la amortización
del cien por cien en caso de activación de los gastos, pero no tiene
deducción en cuota.
Esta situación hace que podamos considerar nuestro tratamiento y nuestras
ayudas fiscales prácticamente análogas, ya que no hay discrepancias
fundamentales en los apoyos, a las de la Comunidad Europea. También hay
otros factores que aconsejan que unas ayudas o deducciones fiscales de
una cuantía del 30 y del 45 por ciento en fechas recientes, por
prudencia, para comprobar la recaudación tributaria y comprobar el
impacto que existe en el mundo de la investigación científica, no se
puedan modificar.
España, hasta 1992, ha tenido un crecimiento medio acumulativo en gasto
de I+D del 14,8 por ciento, superando al de Alemania, con el 6,9; a
Italia, con el 9,5; a Francia, con el 8,4; al Reino Unido, con el 5,6,
etcétera. En cambio, nos hemos aproximado a la estructura de la
financiación. Termino en este punto, porque veo que se me ha acabado el
tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia estaba escuchándole con atención,
pero agradece la disponibilidad del Senador Cercós.
Muchas gracias.
Vamos, pues, a someter a votación la propuesta de modificación, que leo
literalmente: «El Senado insta al Gobierno de la Nación a continuar con
las medidas de apoyo que han proporcionado los avances y progreso en I+D
del primer Plan, con el objetivo de situar a España, en el más breve
plazo posible, en un volumen de gasto en I+D, en relación al producto
interior bruto, análogo a la media de los países de la Unión Europea.»
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento de la Cámara? (Pausa.)
Así se declara.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE REGULE LA PUBLICIDAD CON
MENSAJES SANITARIOS (662/000019).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno para
que regule la publicidad con mensajes sanitarios.
A esta moción se ha presentado una propuesta de modificación, suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara y, por tanto, su
tramitación se ajustará a las reglas establecidas. En primer lugar, tiene
la palabra el Senador Bertrán i Soler, en nombre del Grupo proponente de
la moción originaria en defensa de su texto.
El señor BELTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió quiere agradecer el amplio consenso en la
justificación que inspira esta moción, y celebramos la nueva redacción
porque refleja con mayor exactitud que el texto de la moción original el
objetivo que pretendíamos. El problema que insta a resolver esta moción
se refiere a las consecuencias, lesivas para la salud de los ciudadanos,
que se derivan de la publicidad sobre artilugios, productos o prácticas
que se anuncian como curativos. La gravedad de esta cuestión no estriba
en los artilugios o prácticas en sí. Creo que estoy facultado para
decirles, por ejemplo, que dudo que un vaso imantado pueda ser nocivo
para la salud; incluso, pudiera ser que en determinadas personas pudiera
ejercer efectos neurovegetativos beneficiosos. Pero también estoy
facultado, señorías, para denunciar la falsedad, el engaño y el
fraude de publicidades como las que aparecen en un períodico de esta
mañana, que anuncia plantas para celulitis, proponiendo la venta de 45
cápsulas, a un precio determinado, y diciendo que si piden dos cajas se
sufragan los gastos de envío. Otro señor que se anuncia hoy --un
astrólogo internacional--, asegura la curación por «Reiki». Yo no sé si
sus señorías sabrán que es lo que es el «Reiki». Este Senador no lo sabe.
Otro señor anuncia también esta mañana que puede evitar un otoño en sus
cabellos. Este Senador, señorías, ve desde esta tribuna, no otoño, sino
muchos inviernos. Pero yo les aseguro que, hoy por hoy, no hay método
científico que pueda evitar esta circunstancia. Asimismo, se anuncian por
radio o televisión pinzas u otros artilugios, con un afán claro de lucro,
como, por ejemplo, los famosos brazaletes, que me imagino que sus
señorías habrán visto que se llevan. Cuando ya se había agotado la
comercialización de estos brazaletes, algún iluminado inventó las
recargas para ellos, lo que es fantástico en cuanto a la picaresca. Los
ciudadanos que acuden a la curación por este método «Reiki», que hoy se
anuncia en el periódico, o utilizan estos artilugios, esperan los efectos
beneficiosos que les han anunciado, porque confían en que la publicidad
es veraz en un Estado de derecho. Al cabo de un largo tiempo de espera,
al ver que es un engaño, acuden al sistema sanitario; y ahí está la
gravedad del problema, porque cuando lo hacen, ya no están a tiempo del
beneficio del diagnóstico y del tratamiento precoz, que son las dos
mejores armas de la medicina moderna contra la enfermedad. Por este
motivo, señorías, es necesario regular este tipo de publicidad, a fin de
evitar graves perjuicios para la salud de los ciudadanos.
Existe legislación que, directa o indirectamente, se refiere al control
de publicidad, como, por ejemplo, el Real Decreto de 6 de octubre de
1977, sobre visados de publicidad médico-sanitaria, que, por cierto,
contempla la formación de comisiones provinciales de visados de
publicidad --creo que debería adecuarse a la legislación actual, en
cuanto a la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas--,
y faculta a estas comisiones, entre otras cosas, a vigilar la publicidad
sobre empresas que proporcionan cualquier clase de tratamientos físicos o
psíquicos, e, incluso, a institutos de belleza, saunas y masajes. Hay
otra legislación sobre promoción e información de publicidad, de 1 de
diciembre de 1977; la Orden de mayo de 1980, sobre promoción, información
y publicidad; la Orden de 10 de diciembre de 1985, que regula los
mensajes publicitarios, referidos a medicamentos y determinados productos
sanitarios. Aquí quiero hacer un inciso, señorías, porque en esta Orden
se dice que estos mensajes «no contendrán afirmaciones o ilustraciones
que garanticen curación, despierten aprensión o temor a sufrir una
dolencia de mayor entidad de la que se padece, o a contraerla, por no
utilizar el preparado que se anuncia». Esta Orden, señorías, podría ser
contraria a algunas recientes campañas de la prevención contra el sida;
yo no dudo del beneficio de tales campañas, pero es contraria a la
legislación que continúa vigente.
También existe la Ley de 19 de julio, para la defensa de los
consumidores, que, en su artículo 4.1, dice que «los reglamentos
reguladores de los diferentes productos o actividades, determinarán, al
menos, las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal
cualificado que deba atenderlos». Este punto es muy importante, porque
suprimiríamos más del 50 por ciento del intrusismo, y los magistrados no
dictarían sentencias --como las hay-- que no consideran delito, ni tan
siquiera falta, la actividad de un curandero, porque no cobra la
consulta. Existe otra legislación de 8 de marzo de 1991, sobre catálogos
de productos; la Ley del Medicamento, de 20 de diciembre de 1990, la Ley
General de Publicidad, de 11 de noviembre de 1988, etcétera. No voy a
enunciar toda la legislación, señorías, en aras a la brevedad, pero sí
quiero decir que, aparte de la legislación española --que nos afecta
directamente--, existe la comunitaria, como la Directiva 84450 CEE, del
Consejo, de 10 de septiembre, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros, en materia de publicidad engañosa, que dice que «el anunciante
debe estar en condiciones de probar la exactitud material de los datos
contenidos en su publicidad, y puede ser obligado hacerlo». Hay otra
Directiva, es la 89552, del Consejo, de 3 de octubre, sobre coordinación
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros, relativa al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva. En su artículo 12, dice que «la publicidad
televisiva no deberá fomentar comportamientos perjudiciales para la
salud». Y, por último, una reciente carta de 9 de noviembre de 1993 de
Mr. Ken Collins, que es el Presidente del Comité de Medio Ambiente, Salud
Pública y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo, recomienda a
todos los Estados miembros que eviten, no sólo la automedicación de los
ciudadanos, sino la utilización de estos artilugios, precisamente para
evitar este grave problema para la salud.
Señorías, con todo lo que acabo de decir, creo que queda justificada esta
propuesta, suscrita por todos los grupos parlamentarios, en cuanto a que
el Senado inste a las administraciones públicas para que regulen la
publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o curativos
en relación con la salud y ofrecen artículos o servicios que se presentan
como productos parasanitarios, y no se hallan regulados por la normativa
vigente.
El estudio de esta moción ha procurado a este Senador unas informaciones
adicionales que, sin duda alguna, van a generar otras iniciativas
parlamentarias, porque es un campo que creo que puede beneficiar a todos
los ciudadanos en cuanto a la garantía para su salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Se abre turno para la defensa de la propuesta de modificación.
Tiene la palabra el Senador Borderas.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, la moción presentada por
el Grupo de Convergència i Unió, y especialmente por el Senador Bertrán,
querido y distinguido colega, insta al Gobierno a que se regule la
publicidad con mensajes sanitarios. Ante la lectura de esta moción, no
podíamos por menos que suscribirla, por su amplitud, por su
generalización en cuanto a la protección de la publicidad sanitaria y por
todo lo que ello entraña. Evidentemente, era imposible oponerse de una
manera radical, y ni siquiera de una manera matizada, a esta moción. De
su lectura en profundidad se desprende la preocupación por cómo se
encuentra en nuestro país la legislación sobre protección y orientación
de la publicidad sanitaria. Y no deja de constituir, como el mismo
Senador Bertrán ha puesto de manifiesto, una cierta sorpresa la
existencia de múltiples disposiciones, decretos y leyes, que protegen en
nuestro país la publicidad sanitaria.
Dentro de este cúmulo de disposiciones y leyes tal y como se ha citado
aquí, podemos hablar de la Ley General de Sanidad, de 1986; de la Ley
General de Publicidad, de 1988; de la Ley del Medicamento, de 1990, y de
múltiples disposiciones, todavía vigentes, de años anteriores, como --y
ya se ha especificado aquí-- los Reales Decretos 2.827, de 1977, y 3.151,
de 1977, en los que orienta y protege la publicidad médico-sanitaria, los
visados, la composición de las comisiones de visado para la contemplación
y reglamentación de la publicidad médico-sanitaria, pero también aquello
que corresponde a la publicidad de medicamentos, de cosméticos, de
productos alimenticios, dietéticos, etcétera. Es decir, está ampliamente
extendida en la legislación existente toda una serie de sistemas y modos
que protegen la publicidad sanitaria en casi todos los campos.
Por si esto fuera poco, prácticamente todas las Comunidades Autónomas que
accedieron por el artículo 151 y tienen transferidas las competencias de
la sanidad han incorporado también una nueva legislación sobre el
particular, y una muestra de ello es, por ejemplo, el Decreto sobre
publicidad sanitaria, de la Xunta de Galicia, de 1990, o el Decreto de la
Comunidad Autónoma Vasca, de 1991, o el Decreto de la Comunidad Navarra,
de 1993. Es decir, existe una amplísima existencia de leyes y de
normativa sobre este tema, pero la verdad es que no existe una normativa
concreta sobre el terreno que no es propiamente sanitario, sino que entra
dentro del campo, digamos, de lo parasanitario.
Esta fue la idea por la que añadiésemos este nuevo matiz en la propuesta
de modificación de la moción que en estos momentos estoy defendiendo, con
la que se insta a las administraciones públicas a que regulen la
publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o curativos,
porque es evidente que nadie anuncia un producto para producir daños.
Nadie dice: «tome usted estas pastillas, que le van a producir un
terrible dolor de cabeza». Esto no ocurre. Es todo lo contrario; es
aquello que se anuncia como curativo, como beneficioso, como posible, y,
naturalmente, eso puede encerrar un cierto engaño. Pero si se trata de
una publicidad engañosa, eso está absolutamente reglamentado por casi
todas las disposiciones que hemos dicho, y especialmente por la Ley
General de Publicidad. Por tanto, tampoco se trata de una publicidad que,
en principio, pueda ser engañosa; puede desvirtuar la realidad, pero no
ser realmente engañosa. Era, pues, difícil encontrar un término. Quizás
el término «parasanitario» posibilite la existencia de esta propuesta de
modificación de la moción, tal como estoy defendiendo.
Es cierto que la sanidad es un hecho que, en principio, produce una
preocupación habitual en cualquier ciudadano, pero, además, hay otro
hecho que quiero resaltar, y es que la sanidad mueve mucho dinero.
Concretamente, y dentro de pocos días debatiremos en esta Cámara los
Presupuestos Generales del Estado para 1994, que suponen una globalidad
de casi 3 billones de pesetas para la sanidad española. Pero éste no es
sólo el dinero de la sanidad, sino que hay otros dineros que están en
otras actividades, como pueden ser los balnearios, las curas de
adelgazamiento o una serie de elementos que no estarían incluidos dentro
de esta globalidad de dinero, que supone nada menos que 3 billones de
pesetas.
Es indudable que la publicidad sanitaria está en relación con toda una
serie de actividades, como puede ser las de los profesionales, los
centros, los comercios, las ópticas, las ortopedias, los medicamentos,
los transportes, las ambulancias, etcétera, que también están dentro del
campo de la sanidad, e incluso los propios centros docentes. Por ejemplo,
ahora mismo hay academias que se dedican a la enseñanza y preparación de
los exámenes MIR en toda España. Eso forma parte, indudablemente también,
de una acción paralela, fuera de los centros académicos habituales, pero
también supone un dinero, y mucho, para aquellas personas que están
formándose y preparan esta importante oposición.
No hay que olvidar tampoco que la sanidad es esperanza para muchas
personas que se encuentran afectadas por problemas serios de su propia
salud. En este sentido, siempre hay desaprensivos, propensos a manejar
este tipo de esperanza, y todos sabemos --y el Senador Beltrán ha citado
hoy mismo la prensa diaria-- de la existencia de sanadores, de
curanderos, de videntes, que se anuncian por la televisión y dicen:
«Llámennos a este teléfono, que le diremos su futuro, por 64 pesetas
únicamente por minuto.» La cosa parece, pues, que está muy barata; si un
señor puede decidir nuestro futuro por 64 pesetas por minuto, es que se
trata de una oferta absolutamente tentadora, y comprendo que haya muchas
personas que así lo hagan.
Existen también otros campos, como son los de la medicina natural, la
naturista, la homeopática, etcétera, que son igualmente atrayentes para
otros grupos. Recientemente, en una importante librería
científico-técnica de Madrid, revisando algunos libros sobre temas
sanitarios, contemplé cómo casi una tercera parte del volumen que
correspondería a la parte ortodoxa de la medicina estaba ocupada por toda
la serie de la parafernalia paramédica que suponen la medicina natural,
la curación por las plantas, la curación por el agua, etcétera. Suponía
esto casi la tercera parte global de dicha librería técnica.
Igualmente, hay otras actividades que están dentro de la sanidad y que
también se anuncian y tienen su publicidad correspondiente. Se trata de
otros campos paralelos que están apareciendo día a día, como puede ser la
ingeniería sanitaria, el derecho sanitario y la informática sanitaria.
Hoy día se venden ya «softwares» de mucha importancia económica en
relación con la enseñanza, con la sanidad, con la gestión, etcétera, y,
probablemente, con otras actividades paralelas dentro del campo de la
sanidad.
En resumen, el artículo 43.2 de la Constitución, dice claramente que
«compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios», y es sin duda una referencia básica para apoyarnos en
nuestra Ley de leyes y para que esta Cámara le otorgue una dedicación
especial.
Agradezco desde este mismo foro a todos los grupos políticos que han
apoyado la propuesta de esta modificación y solicito de las
Administraciones públicas que se regulen los mensajes publicitarios que
anuncian beneficios curativos en relación con artículos o servicios
presentados como productos parasanitarios que no se hallan regulados por
la normativa vigente.
Debo agradecer, igualmente, como he dicho, a todos los grupos políticos
el haber hecho posible que esta moción salga adelante con el consenso de
todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Borderas.
Realizada la defensa de la propuesta de modificación, abrimos el turno de
portavoces.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Martínez Soriano.
El señor MARTINEZ SORIANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir muy brevemente para Anunciar que el Grupo
Popular va a votar favorablemente esta moción, y lo va a hacer porque
entiende que la protección a la salud no sólo debe llevarse a cabo desde
el ofrecimiento de una mayor calidad asistencial o con una política
sanitaria de información veraz, sino que debe fundamentarse también en el
control de todos aquellos mecanismos que de alguna forma pueden
interferir en el estado de la salud o de la enfermedad del paciente, ya
sea desde el punto de vista físico como el psíquico.
No puede quedar duda alguna a sus señorías de que la oferta publicitaria
de ciertos productos o artilugios que podíamos denominar
parafarmacéuticos o parasanitarios ocasiona, cuando menos, una indudable
frustración a quienes hacen uso de ellos y comprueban más tarde que no
sirven para mejorar sus males, o cuando provocan daños fisiológicos o
impiden que otras actuaciones terapéuticas de base científica sean
aplicadas en tiempo y forma en beneficio de la salud.
Cápsulas de romero molido, señorías, con nombre chino, fabricadas en
Tarrasa y que se venden a 600.000 pesetas el kilo, cuya publicidad
consiste en decir que todo lo que baja puede subir, presentando a un
señor con un ramo de rosas marchitas y que me hizo pensar en un principio
que se trataba de un elixir o de una panacea traída de China por el
Presidente González para levantar y fomentar al Partido Socialista, pero
que al profundizar descubrí que se refería al alivio de otro órgano al
que a veces comúnmente se le aplica un nombre floral. (Protestas en los
escaños del Grupo Socialista.)
Podemos encontrar también publicidad sobre pastillas vitamínicas que
aumentan en poco tiempo tiempo el espesor de la piel; agua imantada capaz
de resolver todos los males de este mundo; polvo mineral de roca, pero
roca no española, sino austriaca, de múltiples aplicaciones; o pinzas
auriculares contra el dolor, junto a maravillosos crecepelos y milagrosos
adelgazantes son algunos de los productos, señorías, que en prensa, radio
y televisión se ofrecen como alternativas ilusionantes a la medicina
tradicional.
Es verdad que cierta patología psicosomática responde provisionalmente a
estos métodos, pero no lo es menos que sus efectos son volátiles y en muy
importante porcentaje la acción positiva que el ciudadano esperaba de
ellos no llega a producirse. Tal situación no lleva sino al fácil
enriquecimiento de unos en base al engaño a que se somete a quienes, de
una u otra forma, se encuentran necesitados de esperanza.
Ya la Directiva del Consejo de Europa 84/450, en su artículo 4, recoge
que los Estados miembros velarán porque existan los medios adecuados y
eficaces para controlar la publicidad engañosa en interés de los
consumidores. Igualmente, refiriéndose al medicamento, la Directiva 92/28
señala que en la publicidad no podrá incluirse ningún elemento que se
refiera de forma abusiva, alarmante o engañosa a testimonios de curación.
El mismo artículo, en su apartado c), habla de la no inclusión en
publicidad de elementos que sugieran al usuario mejorar su salud mediante
la utilización de
medicamentos. Pues bien, estamos siendo testigos diarios en los
diferentes medios de comunicación de programas publicitarios donde se
asegura que la salud mejora al utilizar esos productos, y además suelen
presentar multitud de testimonios de curación que conducen,
indudablemente, al uso de esos productos por parte del ciudadano, que,
llevado por la esperanza, la ilusión y la ingenuidad, es fácil víctima de
la manipulación interesada de la información. Esa manipulación se debe,
sola y exclusivamente, a unos señores especuladores de esos productos que
mueven muchos miles de millones de pesetas.
Señorías, existe multitud de legislación, como aquí se ha dicho antes por
los oradores precedentes, tanto a nivel europeo como a nivel del Estado y
de todas las Comunidades Autónomas, que se refiere al control de la
publicidad sanitaria. Pero este tipo de productos se han escapado hasta
ahora de este control al no ser considerados como medicamentos o como
productos sanitarios propiamente dichos.
Por ello, me parece muy oportuna esta moción y la forma en que ha quedado
finalmente redactada, y me felicito y felicito al resto de los partidos
políticos por suscribirla en esta Cámara.
Muchas gracias, y más vale tarde que nunca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Martínez Soriano.
¿Desea intervenir el Grupo Socialista en el turno de portavoces? (Pausa.)
Muchas gracias.
Vamos a someter a votación la propuesta de modificación en relación con
la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
que paso a leer: El Senado insta a las Administraciones públicas para que
regulen la publicidad de los mensajes que se anuncian como beneficiosos o
curativos en relación con la salud y ofrecen artículos o servicios que se
presentan como productos parasanitarios y no se hallan regulados por la
normativa vigente.
¿Se entiende que la Cámara pueda aprobarla por asentimiento? (Pausa.) Así
se declara. Muchas gracias.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cincuenta minutos.