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DS. Senado, Pleno, núm. 4, de 22/09/1993
Año 1993 V Legislatura
Núm. 4
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de septiembre de 1993
ORDEN DEL DIA:
--Toma en consideración de la propuesta de reforma del Artículo 51 del
Reglamento del Senado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Sección Senado, Serie III A, número 2, de fecha 15 de
septiembre de 1993). (Número de expediente 626/000001.)
Peticiones de creación de Comisiones Especiales:
--Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el Estudio del
Problema de la droga (firmante: Grupo Parlamentario Popular en el Senado)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección
Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993). (Número
de expediente 652/000001.)
--Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de los Derechos de la
Mujer (firmante: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Sección Senado, Serie I,
número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993). (Número de expediente
652/000002.)
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
insta al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible,
elabore y remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de la sequía
que contemple, fundamentalmente, las medidas y actuaciones básicas a
seguir en este tipo de situaciones, las prioridades y criterios que
regirán la concesión de líneas de ayudas, una programación básica de
obras de infraestructuras para casos de emergencia, garantice un servicio
de asistencia y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo a los
particulares afectados y establezca los adecuados mecanismos de
coordinación entre las distintas administraciones públicas y organismos
competentes (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Sección Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993).
(Número de expediente 662/000005.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado
insta al Gobierno de la Nación a que, en el plazo de tres meses, proceda
a desarrollar los artículos 93 y concordantes del Real Decreto 176/1992,
de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
taurinos, en orden a garantizar, fundamentalmente, la seguridad tanto de
los participantes como de los no participantes en los festejos taurinos
populares, mejorar las medidas de atención sanitaria previstas al efecto
y establecer un sistema de indemnizaciones por daños personales y
materiales en el que se determine la cuantía de las mismas y los riesgos
a cubrir (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Sección Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993).
(Número de expediente 662/000003.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
Toma en consideración de la propuesta de reforma del Artículo 51 del
Reglamento del Senado (Página 71).
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento la toma en consideración.
Peticiones de creación de Comisiones Especiales (Página 71).
Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el estudio del
problema de la droga. (Firmante: Grupo Parlamentario Popular en el
Senado) (Página 71).
Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de los Derechos de la
Mujer. (Firmante: Grupo Parlamentario Popular en el Senado) (Página 71).
Se aprueba la creación de ambas Comisiones por asentimiento de la Cámara.
Mociones
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta
al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible, elabore y
remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de la sequía que
contemple, fundamentalmente, las medidas y actuaciones básicas a seguir
en este tipo de situaciones, las prioridades y criterios que regirán la
concesión de líneas de ayudas, una programación básica de obras de
infraestructuras para casos de emergencia, garantice un servicio de
asistencia y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo a los
particulares afectados y establezca los adecuados mecanismos de
coordinación entre las distintas administraciones públicas y organismos
competentes (Página 71).
El señor Bellido Muñoz defiende la moción. El señor Aleu i Jornet consume
un turno en contra. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los
señores Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición
Canaria; Bellido Muñoz, por el Grupo Popular, y Aleu i Jornet, por el
Grupo Socialista.
Se rechaza la moción del Grupo Popular, por 88 votos a favor, 103 en
contra y 41 abstenciones.
Interviene de nuevo el señor Ruiz-Gallardón Jiménez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta
al Gobierno de la Nación a que, en el plazo de tres meses, proceda a
desarrollar los artículos 93 y concordantes del Real Decreto 176/1992, de
28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos
taurinos, en orden a garantizar, fundamentalmente, la seguridad tanto de
los participantes como de los no participantes en los festejos taurinos
populares, mejorar las medidas de atención sanitaria previstas al efecto
y establecer un sistema de indemnizaciones por daños personales y
materiales en el que se determine la cuantía de las mismas y los riesgos
a cubrir (Página 81).
El señor Escuin Monfort defiende la moción. El señor Arévalo Santiago
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió; Escuin Monfort, por el Grupo Popular, y Arévalo
Santiago, por el Grupo Socialista.
Se rechaza la moción del Grupo Popular, por 91 votos a favor, 128 en
contra y 10 abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce horas y cuarenta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
--TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 51 DEL
REGLAMENTO DEL SENADO (626/000001).
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Toma en
consideración de la propuesta de reforma del artículo 51 de Reglamento
del Senado. Son autores de esta iniciativa todos los Grupos
parlamentarios de la Cámara, y, la misma, figura en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, Senado, Serie III A, número 2, de fecha 15 de
septiembre del año en curso.
No hubo presentación de ninguna propuesta alternativa, por lo cual cabe
someter a debate y votación la que acabo de dar lectura.
El procedimiento de debate es el que conocen sus señorías: en primer
lugar, una defensa de la toma en consideración; los turnos
correspondientes a favor y en contra, alternativamente, y, finalmente,
turno de portavoces.
Para la defensa de la toma en consideración, no hay intervención.
(Pausa.)
Turnos a favor y en contra, tampoco. (Pausa.)
Abrimos, por tanto, el turno de portavoces, comenzando por el Grupo
parlamentario Mixto, que no hace uso del turno. Ningún Grupo va a hacer
uso del turno. (Pausa.)
Pasamos, por tanto, a someterla a votación, y entiendo que se aprueba por
asentimiento de la Cámara. (Pausa.)
Queda aprobada por asentimiento la toma en consideración de la propuesta
de reforma del Reglamento y ésta será remitida a la Comisión de
Reglamento para su estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 196.2 del Reglamento del Senado.
Muchas gracias, señorías.
PETICIONES DE CREACION DE COMISIONES ESPECIALES
--COMISION MIXTA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-SENADO PARA EL ESTUDIO DEL
PROBLEMA DE LA DROGA (FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO)
(652/000001).
--COMISION MIXTA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-SENADO DE LOS DERECHOS DE LA
MUJER (FIRMANTE: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO) (652/000002).
El señor PRESIDENTE: el punto quinto del orden del día consta de dos
peticiones de creación de comisiones especiales.
En primer lugar, petición de creación de una Comisión Mixta Congreso de
los Diputados-Senado para el estudio del problema de la droga, cuyo
primer firmante es el Grupo Parlamentario Popular.
La segunda es una Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de los
derechos de la mujer, cuyo primer firmante es el mismo Grupo
Parlamentario.
La Junta de Portavoces debatió esta materia y, posteriormente, la Mesa
acordó solicitar directamente a la Cámara que se aprobaran sin debate
estas dos peticiones de creación de comisiones especiales. Por tanto,
solicito el consentimiento de la Cámara para que se aprueben las dos
comisiones. Si no hay inconveniente, lo hacemos en un mismo acto.
(Pausa.) Se entienden aprobadas por asentimiento de la Cámara.
Muchas gracias, señorías.
MOCIONES
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO
INSTA AL GOBIERNO DE LA NACION A QUE, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE,
ELABORE Y REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE LA SEQUIA
QUE CONTEMPLE, FUNDAMENTALMENTE, LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES BASICAS A
SEGUIR EN ESTE TIPO DE SITUACIONES, LAS PRIORIDADES Y CRITERIOS QUE
REGIRAN LA CONCESION DE LINEAS DE AYUDAS, UNA PROGRAMACION BASICA DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA CASOS DE EMERGENCIA, GARANTICE UN SERVICIO
DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TECNICO, JURIDICO Y ADMINISTRATIVO A LOS
PARTICULARES AFECTADOS Y ESTABLEZCA LOS ADECUADOS MECANISMOS DE
COORDINACION ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ORGANISMOS
COMPETENTES (662/000005).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto del orden del día:
Mociones.
En primer lugar, moción número cinco, del Grupo Popular, por la que el
Senado insta al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible,
elabore y remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de la sequía,
que contemple, fundamentalmente, las medidas y actuaciones básicas a
seguir en este tipo de situaciones, las prioridades y criterios que
regirán la concesión de líneas de ayudas, una programación básica de
obras de infraestructuras para casos de emergencia, garantice un servicio
de asistencia y asesoramiento técnico, jurídico y administrativo a los
participantes afectados y establezca los adecuados mecanismos de
coordinación entre las distintas administraciones públicas y organismos
competentes. Publicada en los boletines correspondientes, con fecha 20 de
septiembre de 1993.
¿Turno a favor?
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, supone un compromiso
personal el subir por primera vez a esta tribuna y hacerlo, además,
defendiendo una moción que afecta muy directamente a una tierra sedienta
como es Andalucía y, dentro de ella, a Córdoba, la provincia por la que
he sido designado Senador. Pero entiendo que el compromiso se eleva aún
más cuando, año tras año, observamos el mapa hidrológico de nuestro país
y descubrimos las graves carencias de agua que se dan en muchas
comunidades, como puedan ser Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha o
nuestras islas, por citar algunas de ellas. No defiendo, por tanto, una
actuación localista o regionalista sino, por el contrario, la regulación
de una serie de normativas y ayudas que afectarán muy positivamente a la
gran mayoría de los agricultores y ganaderos españoles. Es por ello por
lo que confío en que sus señorías no asistan a este Pleno y a este punto
del orden del día con un criterio prefijado y un voto decidido sino que,
por el contrario, descubran, a lo largo del debate, los argumentos
suficientes para apoyar la iniciativa de mi Grupo, que no pretende sino
ser la iniciativa de todos los grupos políticos una vez que, si sus
señorías lo consideran procedente, el Gobierno remita a las Cortes el
proyecto de ley de sequía que solicitamos. Así lo espero basándome en el
peso específico de la moción y porque estoy convencido de la sensibilidad
de sus señorías ante un problema que afecta muy directamente a esa
solidaridad interregional que tanto nos hemos ocupado y preocupado por
pregonar en los últimos días y que afecta, como es lógico, a todos
aquellos que sus señorías representan en esta Cámara.
Quisiera hacer uso, si me lo permiten y si me lo permite su autor, de una
expresión utilizada por el ahora Senador de Convergència i Unió, señor
Ferrer y Profitós, al final de la pasada legislatura, en una
comparecencia del anterior Ministro de Agricultura, señor Solbes, en el
Congreso. Decía textualmente el señor Ferrer: creo que entre todos
estamos logrando que cada día sepamos debatir más, pero que los
agricultores nos entienden menos. Acogiéndome precisamente a esta
denuncia y asumiendo la intención que encerraba, voy a procurar que en
este caso, y a través de todos nosotros, los agricultores entiendan el
fin de la moción sin elevar el debate por encima de lo estrictamente
necesario para que, entre todos, lleguemos a un acuerdo.
Hablar de sequía en España representa un tópico pero un tópico que
entiendo que está fundamentado sobre una base real que podemos cifrar en
litros por metro cuadrado de agua o de lluvia recogida en metros cúbicos
de agua embalsada en las cuencas de nuestros ríos. Quedan lejos los años
en los que el agua discurría por los aliviaderos de nuestros pantanos de
la zona sur o en los que la cifra por metro cuadrado y año de agua se
escribía con tres ceros.
La equivocada política de años atrás nos ha llevado a una situación en la
que más de media España se encuentra deforestada, con lo que ello
representa de disminución del aporte pluviómetro, de erosión del terreno
y, lógicamente, de desertización. Unido a ello tenemos la crítica
situación que sufren nuestros bosques por efecto de las llamas -- este
verano hemos sido tristes espectadores de importantes incendios en el
Levante español, en dos parques naturales de Andalucía, en nuestras islas
y en el resto de la España insular y peninsular--, así como la falta de
ayudas comunitarias y las pequeñas reservas de nuestros viveros para
hacer efectivas unas medidas de reforestación aprobadas por el Gobierno
el pasado 12 de marzo, junto a imprevisibles comportamientos
climatológicos que, evidentemente, no vamos a silenciar, han desembocado
en ese mar sediento de agua que representa el campo español.
Es cierto que la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional habría
reportado al menos una distribución más equitativa de los recursos
hidráulicos, así como una mayor racionalización en el momento de utilizar
y reutilizar éstos. Sin embargo, desde que el Grupo Popular, allá por
octubre de 1986, obtuviera de esta Cámara la aprobación de la moción que
presentó en el sentido de que el Gobierno elaborara un proyecto de ley de
medidas y de obras de interés general que adjuntar al Plan Hidrológico
Nacional, hasta nuestros días, poco se ha avanzado en este terreno, y el
agricultor debe seguir mirando al cielo al no encontrar en la tierra ni
la estructura necesaria ni las condiciones adecuadas para regar sus
campos o dar de beber al ganado en situaciones de adversidad como ésta.
Pero si algo pretendo en mi intervención, aparte de exponerles los
fundamentos de la moción, es no ser especialmente crítico hacia grupo
político alguno sino, por el contrario, buscar en la conciliación los
argumentos necesarios para que el agricultor descubra en todos sin
excepción, tanto Gobierno como oposición, que hemos hablado un mismo
lenguaje a fin de que nos entiendan.
Por esto no dudo en que estarán de acuerdo en aceptar que ante una
situación de sequía el agricultor necesita una serie de ayudas y medidas
que deberán ser evacuadas con inmediatez para ser efectivas y a través de
mecanismos perfectamente regulados de antemano mediante los elementos que
nos brinda la Constitución.
Ello debe ser así porque nos encontramos ante un sector profundamente
debilitado, gravemente afectado por la política agraria común y que, por
tanto, responde con una especial sensibilidad a todos aquellos factores
negativos que inciden sobre él; un sector que ha sufrido en los últimos
tiempos una disminución de la renta cifrada en más del 8,5 por ciento.
Ocurre, además, que es en las zonas y regiones más deprimidas, aquellas a
las que el desarrollo industrial ha dado la espalda, en las que los
efectos de la sequía se hacen notar más, incrementando la negatividad de
una economía ya de por sí maltrecha.
No creo, por tanto, necesario incidir más en un sentir que está recogido
por todos los grupos políticos representados en esta Cámara y que ya se
manifestó el pasado 23 de junio en la Diputación Permanente del Congreso
al convalidar sin ningún voto en contra el Real Decreto Ley 8/1993 por el
que se adoptaron medidas urgentes para reparar los efectos producidos por
la sequía.
Voy a detenerme algo más en detallar las medidas a tomar y,
fundamentalmente, en justificar la idoneidad del fondo de esta moción que
no pretende ser otro que transformar en ley aquello que hasta ahora se ha
venido regulando a través de decretos leyes.
Tengo recogidas del «Diario de Sesiones» del Senado las palabras del
Ministro de Obras Públicas, señor Borrell, en las que venía a decir que
mal andaríamos para resolver la sequía si esperáramos a tomar medidas
cuanto ésta se manifiesta. Y eso es un poco lo que ha venido ocurriendo
en los últimos años, pues si bien es cierto que las ayudas económicas,
fiscales o laborales no pueden materializarse hasta haber sido confirmada
la situación de sequía, existen otro tipo de medidas que afectan a obras
de infraestucturas, también recogidas en el citado Decreto Ley, que por
su marcado carácter preventivo carece de sentido encuadrarlas dentro de
unas actuaciones de urgencia o de choque. Es más, las propias medidas
económicas y otras de carácter hidráulico capaces de paliar o minimizar
los efectos de la sequía antes de que sean irreparables, están sometidas
a la demora que impone la decisión política de elaborar el Decreto Ley,
el propio diseño del mismo, su publicación y posterior puesta en marcha,
incluyendo también aquellas ocasiones en las que las medidas adoptadas no
recogen todas la zonas y cultivos dañados.
De ahí, y de la inquietud que genera en la población y en sus
representantes políticos el alcance de las medidas que en cada momento
pueda adoptar el Ejecutivo, la multiplicidad de preguntas que se cursan
en cada uno de los parlamentos autonómicos de las Comunidades afectadas,
lo que puede de algún modo orientarnos aún más en el camino de legislar a
fin de llevar la tranquilidad a nuestros campos en medio del desasosiego
y de la pobreza que en sí una situación de sequía genera. De ahí que sea
necesaria la existencia de esta ley para que defina el marco en el que se
moverán nuestros agricultores y ganaderos ante una previsible sequía y
que recoja todos aquellos aspectos que puedan escapar a las buenas
intenciones del Gobierno a la hora de elaborar un decreto de medidas
urgentes, amén de cualesquiera otras que puedan nacer del criterio
cualificado de las fuerzas sociales comprometidas en el tema o, cómo no,
las que hagan referencia a mecanismos de prevención de efectos que mal
haríamos en adoptar cuando la falta de agua fuese un hecho, como decía el
señor Borrell.
Por tanto, no es una ley de sequía con todo su articulado lo que propone
el Grupo Popular con esta moción, sino que se abran los cauces necesarios
para su elaboración dentro del marco de participación democrática que
recoge la Constitución.
No por ello voy a eludir posicionarnos como grupo político ante
diferentes contenidos que pueden ser objeto de inclusión en el proyecto
de ley que, de ser aprobada esta moción, el Gobierno deberá remitir a las
Cortes.
Para nuestro Grupo es importante, y así lo recoge el texto de la moción,
que la citada ley contemple fundamentalmente las medidas y actuaciones
básicas a seguir en este tipo de situaciones, las prioridades y criterios
que regirán en la concesión de ayudas, subvenciones, régimen de
moratoria, plazos de amortización de créditos, condonaciones, etcétera,
así como una programación básica de obras de infraestructura para casos
de emergencia; una ley que, por otra parte, garantice un servicio de
asistencia jurídica, técnica y administrativa a los particulares
afectados y que cree los mecanismos necesarios para que se dé una buena
coordinación entre las distintas administraciones y los organismos
competentes.
Por supuesto, compartimos lo que han sido los objetivos del Gobierno en
el sentido de mantener la capacidad productiva futura y, por tanto, la
estructura de aquellas explotaciones que por motivo de la sequía se
encuentren en peligro de desaparecer, de reducir los gravámenes de todo
tipo que en tales situaciones pesan sobre los agricultores y de crear
mecanismos alternativos a la negativa influencia que la sequía tiene en
el empleo rural.
Además, entendemos que deben articularse mecanismos fiables a fin de
valorar en cada caso los efectos reales de la sequía sin que existan
discordancias extremas entre lo apreciado por la Administración central,
lo valorado por la provincial y aquello que denuncia el propio
agricultor.
Es necesario establecer también un orden de prioridades a la hora de
normalizar el uso de los recursos hídricos en tales situaciones, tanto a
nivel agrario, como ganadero e industrial, diferenciando claramente
aquellos cultivos de temporada de otros permanentes que de alguna forma
se han visto discriminados en anteriores actuaciones.
Sería importante valorar también lo que hoy es un clamor de diferentes
asociaciones agrarias y de particulares que tienen sus tierras en
regadío. Me refiero, lógicamente, al pago del canon o tarifa por
utilización de agua cuando, por motivos obvios, no se puede proceder al
abastecimiento de ésta.
Las últimas medidas urgentes regulaban el aplazamiento de este pago y el
agricultor solicita la condonación del mismo. Sé que el Gobierno
argumentará que el pago corresponde a la infraestructura y no al agua en
sí. Pero no es menos cierto que una vez amortizada aquélla, y la prueba
más fehaciente de ello es el mal estado en el que se encuentran
canalizaciones y acequias, no parece procedente pasar factura por un uso
que no se realiza.
Por supuesto que, a nuestro juicio, moratorias de préstamos o créditos
deben ser contempladas en la ley que solicitamos, al igual que han sido
recogidas en otras disposiciones, así como la condonación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles o el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
Consideramos igualmente importante la presencia de ayudas comunitarias,
que ya han llegado a otros países, por ejemplo Portugal, ayudas que deben
regularse tanto en la forma y condiciones de recepción como en su forma
de distribución en las distintas zonas afectadas. Todas estas medidas,
así como otras, están en la mente de personas pertenecientes a
formaciones políticas con representatividad parlamentaria, aunque no
concretamente en esta Cámara, y también en la mente de quienes deben ser
en último término sus perceptores, es decir, los agricultores españoles.
Quisiera poner fin a mi intervención utilizando de nuevo la frase del
señor Ferrer --espero que en el turno del Grupo de Convergència i Unió no
me cobren los derechos de autor-- que dice lo siguiente: Que los
agricultores nos entiendan menos o comiencen a reconocer y respetar
nuestras intenciones depende exclusivamente de que todos los que ocupamos
un escaño en este salón de Plenos seamos capaces o no de desligarnos de
ciertas ataduras partidistas que nos mediatizan a la hora de conectar con
lo que es la inquietud de la calle.
Es cierto que sobre nosotros pesa la responsabilidad de gestionar --y
como es lógico, de hacerlo bien-- los recursos que el pueblo pone en
nuestras manos, y en ocasiones ello está reñido con posturas
paternalistas de efectos negativos. Por eso cada día debemos ser más
rigurosos en nuestra toma de posiciones, pero la rigurosidad no puede
nacer sino del carácter de justicia que marque nuestras decisiones, de la
oportunidad con que éstas se adopten, de la amplitud de matices que las
adornen y del marco de participación en que se hayan elaborado. Todo ello
son factores que, pudiendo estar incluidos en una ley, en ocasiones
escapan al diseño de un decreto-ley por mucho que reconozcamos la
importancia de esta norma en determinadas ocasiones.
De ahí nuestra propuesta y el deseo de contar con un instrumento válido y
estable de aportaciones, configurado desde la mayor universalidad
posible, en el que se minimicen los olvidos, se enriquezca el carácter
social de las medidas y mediante el cual el ciudadano se sienta protegido
y seguro por su inmediata eficacia y también por la calidad de la norma
que se establezca.
Con este espíritu y no con otro es con el que este proponente ha subido a
la tribuna y con el que el Grupo Popular solicita el voto afirmativo a la
moción que somete a la consideración de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido Muñoz.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado una moción pidiendo que el
Gobierno elabore y remita urgentemente a las Cortes Generales un proyecto
de ley de la sequía que contemple una serie de temas que ha explicitado
con bastante detalle el proponente de dicho Grupo.
Manifiestan, tanto en el escrito de proposición de la moción, sobre todo
en su parte expositiva, como en la intervención del proponente, que las
consecuencias derivadas de una situación de sequía pueden ser paliadas
por una adecuada política agraria, y hacen, además, dos consideraciones
importantes e incuestionables desde nuestro punto de vista. La primera es
la constatación de que la disponibilidad del agua es una condición
indispensable para garantizar cualquier desarrollo, ya sea industrial ya
sea para la modernización del sector agrario. La segunda consideración de
la parte expositiva en que podemos coincidir dice lo siguiente, y cito
textualmente: El problema del agua en España no es debido tanto a su
escasez como a su irregular distribución y a la provisionalidad de la
política del Gobierno. Yo me centraré en lo referente a su distribución.
Nosotros pensamos que podemos añadir que esta irregular distribución se
produce tanto en el tiempo como en el espacio geográfico. La costa
mediterránea y buena parte de la zona centro de la península combinan
grandes períodos de sequía con lluvias torrenciales. Además también se
produce esta irregular distribución en el espacio geográfico. Cita el
escrito presentado por el Grupo Popular los 7.000 metros cúbicos por
habitante y año de que disponen las cuencas del Ebro y del Duero,
cantidad que no llega a los 900 metros cúbicos por habitante y año en las
cuencas del Pirineo oriental y del Júcar.
El Grupo Popular explica las medidas necesarias para resolver esta
situación, entre las que cita el uso racional del agua, la corrección de
las desigualdades en la disponibilidad de ésta, medidas y actuaciones
básicas a seguir en situaciones de sequía y programación de obras de
infraestructura, que ha explicado detalladamente el proponente de dicho
Grupo.
A este respecto debemos manifestar que estas consideraciones constituyen
los criterios básicos de política agraria cuyo apoyo normativo se
encuentra plasmado en la vigente Ley de Aguas y en sus reglamentos, cuya
plasmación y desarrollo concretos han de ser objeto del Plan Hidrológico
Nacional y de los planes hidrológicos de cuenca, artículos 40 y 43 de la
Ley de Aguas y artículo 72 y siguientes del Reglamento de la
administración pública del agua y de la planificación hidrológica. (El
señor Vicepresidente, Rigol y Roig, ocupa la Presidencia.)
Sabido es que es intención del Gobierno llevar a las Cortes Generales
para su aprobación en la presente legislatura el Plan Hidrológico
Nacional, que con toda seguridad va a plantear la solución de los
problemas de escasez y de distribución solidaria del agua que plantea el
Grupo Popular.
Evidentemente, este Plan Hidrológico ha sido ya objeto de una serie de
observaciones y alegaciones por parte de grupos políticos, de gobiernos
de Comunidades Autónomas y de comunidades de regantes. Es voluntad del
Gobierno estudiarlas metódicamente y atender las que sean posibles, pero
también reconoce como una de sus obligaciones llevar adelante la
aprobación de este Plan Hidrológico o de cualquier otro. Supongo que sus
señorías coincidirán conmigo en que es absolutamente necesaria la
aprobación de un plan hidrológico que regule estas situaciones.
En referencia más concreta a los temas de regadío, el Plan Hidrológico
contempla toda una distribución de sistemas de regadío haciendo una
distinción clara entre la zona costera del Mediterráneo o del Atlántico,
donde se pretende la implantación y la continuidad de cultivos hortícolas
y frutícolas muchas veces en condiciones forzadas, y la zona centro, en
la que se pretenden cultivos extensivos con riegos a presión. También
contempla el
Plan Hidrológico todo el sistema de ahorro de agua y de mejora de los
actuales regadíos.
Los criterios que se siguen en este aspecto son los siguientes: la
conservación, reposición y mejora de la infraestructura hidráulica y de
utilización de los regadíos; el ahorro de agua por aumento de la
eficiencia de los sistemas de transporte, distribución y aplicación del
riego reduciendo las pérdidas mediante actuaciones directas e indirectas;
la tecnificación de los sistemas de regadío e introducción de nuevas
tecnologías con menor consumo de agua; la posible entrega del uso de las
redes a los usuarios y la protección ambiental. Todo esto tiene una
valoración dentro del Plan Hidrológico de unos 220.000 millones de
pesetas y es una proposición abierta de la que el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes asumiría 175.000 millones de pesetas, quedando los
45.000 millones restantes para las aportaciones de los organismos de
agua, las de las administraciones agrarias y las de los propios regantes.
Pero, volviendo al Plan Hidrológico, y partiendo de la base de que es
opinión de este Senador que todas sus señorías compartirán la necesidad
de su aprobación, del escrito presentado por el Grupo Popular y de la
intervención del proponente se desprende un espíritu que podemos
compartir. Dicho espíritu es la consideración del agua como un bien
público, como un bien escaso, y que la utilización que de ella se haga
esté regida por un principio de solidaridad; solidaridad entre distintos
sectores y entre diferentes territorios. Y repito que esto abre la
esperanza de conseguir acuerdos importantes, si ése es el espíritu que
rige las discusiones del futuro Plan Hidrológico.
Ahora bien, para la discusión de dicho Plan también será necesario
mantener las mismas posiciones en toda España, porque coincidirán conmigo
en que la gran dificultad que va a tener el Plan Hidrológico para su
aprobación será, sin duda alguna, la diferencia entre los intereses
locales diversos y las contradicciones territoriales. Hablando en
concreto, hay que decir lo mismo en Zaragoza que en Valencia, y, en este
aspecto, en la última campaña electoral hemos constatado que el Partido
Popular no decía lo mismo en Zaragoza que en Valencia.
Eso nos llena de inquietud, y nos hemos llegado a preguntar si la moción
relativa a un proyecto de ley de la sequía no sería una excusa, una
lanzadera, para no discutir aquello que puede llegar a solucionar los
problemas hidráulicos y de sequía de España, como es la discusión y la
aprobación del Plan Hidrológico, porque nosotros consideramos que una de
las características que debe tener dicho Plan debe ser un importante
apoyo parlamentario, pero también una anuencia importante en la calle,
donde no debe provocar su repulsa. Dicho esto, nosotros entendemos que la
discusión se debe producir en el debate parlamentario de la ley del Plan
Hidrológico y, por tanto, no procede hacerlo en una ley de la sequía.
Por lo que se refiere a los aspectos más concretos de las situaciones que
la sequía puede provocar, entre los que la moción cita la asistencia a
los afectados, las subvenciones --y no me voy a referir a todos, porque
el proponente ha hecho una detallada, extensa y completa exposición--,
entendemos que es correcta la utilización de instrumentos jurídicos que
permitan la adecuación de la regulación a la situación concreta que en
cada momento se plantee.
En este sentido --y ya lo ha citado el ponente del Grupo Popular--, se
aprobó el Real Decreto-ley 8/1993, de 21 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para la reparación de los efectos producidos por la
sequía. Entre sus finalidades está la de mantener la estructura
productiva de las explotaciones que puedan tener riesgo, reducir los
flujos de gasto de carácter financiero, fiscal y laboral de las
explotaciones de las áreas afectadas y crear opciones de empleo
alternativo a los trabajadores agrarios eventuales en los que pueda
incidir la disminución de la actividad productiva. Para ello, se hacen
propuestas concretas de suministro de agua a la ganadería extensiva y de
moratorias de préstamos, créditos y tarifas por utilización de agua;
también se refiere el Decreto a condonaciones; propone una modificación
del Plan de Empleo Rural; habilita créditos extraordinarios para la
realización de una serie de obras urgentes, y declara de interés general
la realización de otras obras en el conjunto de las cuencas. Creo que no
hay ninguna de ellas que se quede sin la declaración de alguna obra de
interés preferente.
Como desarrollo del Real Decreto-ley que hemos citado, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación dispuso la Orden Ministerial de 28 de
mayo, y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la resolución del
12 de julio; ambas disposiciones concretan los sistemas de actuación, así
como los ámbitos territoriales. Además, y con anterioridad, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación promulgó el Real Decreto 678/1993,
de 7 de mayo, en el que se articula un procedimiento que permite una
eficaz conjunción de los esfuerzos de todas las partes que puedan verse
implicadas en la mejora, modernización y reestructuración de los regadíos
tradicionales: Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de Reforma y
Desarrollo Agrario, organismos de cuenca, comunidades de usuarios,
etcétera.
Por tanto, el Grupo Socialista entiende que la situación de sequía no se
ha desatendido, como tampoco se hizo durante las sequías declaradas a
finales de la década de los 80 y en el año 1992. Desde nuestro punto de
vista, la existencia de una ley de la sequía que contemplase los aspectos
concretos y coyunturales a que se refieren los Reales Decretos citados,
debería regularlos, bien desde una perspectiva generalista y amplia --lo
que haría imprescindible, con posterioridad, la utilización de decretos o
de formas jurídicas por parte del Gobierno para atender las situaciones
concretas que se pudiesen plantear--, o bien de una manera casuística y
detallada, lo que obligaría a su modificación continuada, ya que no
podría atender las diversas situaciones que se plantearían por la sequía.
Por todo lo expuesto, y también desde un punto de vista puramente
jurídico, no nos parece necesario en el momento presente la petición
urgente de un proyecto de ley de la sequía, y anunciamos nuestro voto
contrario a la moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aleu i
Jornet.
Tiene lugar ahora el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador
Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a pedirle licencia, ya que es mi primera
intervención desde esta tribuna, para manifestar a todas sus señorías lo
agradable que es para este Senador incorporarse de nuevo a esta Cámara,
en la que hizo su estreno como parlamentario en los albores del sistema
democrático, cuando tan agradable fue trabajar con todas sus señorías.
Ni que decir tiene que me ofrezco en mi condición de Senador, como
también desde el punto de vista personal, a todas sus señorías y a todas
las personas que contribuyen al funcionamiento de esta Cámara, en la que
siempre he recibido el mejor trato y las mayores deferencias.
Después de esta breve introducción, señor Presidente, paso a la cuestión
que nos trae aquí esta mañana: la moción presentada por el Grupo Popular,
relativa al proyecto de ley de la sequía.
En primer lugar, tengo que decirle al señor ponente del Grupo Popular que
nuestro Grupo ha estudiado con detalle, con sumo interés, todos los
puntos de la moción presentada por su Grupo y defendida por su señoría.
Ni que decir tiene que este Senador no le va a cobrar ningún derecho de
autor. Los catalanes somos diferentes; no tenemos nada que ver con la
fama que a veces nos cargan; al contrario, se lo agradezco y, además,
aprovecho para decirle que estoy de acuerdo en que, con la crisis que en
este momento tiene la agricultura del Estado español, aparte de
disciplinas lógicas de nuestros Grupos Parlamentarios, en la mayor parte
de los casos tenemos que hacer causa común.
Quiero también manifestar en nombre de mi Grupo, de Convergència i Unió,
que, en espíritu, estamos de acuerdo con la moción, desde el punto de
vista de criterios generales, y que, por supuesto, en este caso concreto
de la sequía que, año tras año, cíclicamente, tienen algunas de las
partes del mapa agrario del Estado español, tenemos el mejor espíritu de
solidaridad para tratar de resolver el problema. También le voy a decir,
señoría, Ponente del Grupo Popular, que tanto en la exposición de motivos
de la moción como a lo largo de su extensa exposición, vemos que se
entremezclan conceptos, que, por un lado, se refieren a lo que podríamos
considerar cómo se pueden reparar los efectos de la sequía, y, por otro,
los que podríamos decir que, en cierta manera, no son de carácter
coyuntural, sino que ya van más lejos, es decir, a hacer una verdadera
política hidráulica para tratar de resolverlos definitivamente. Porque,
señoría, la sequía sólo se resuelve con agua --sea de lluvia o sea de
riego--, por lo que yo también opino --y nuestro Grupo opina-- que tal
como está en estos momentos la situación agraria, con una competencia muy
fuerte, no solamente por parte de los países comunitarios, sino de otras
partes del hemisferio, es muy difícil que la agricultura de secano pueda
continuar subsistiendo, a no ser que esté fuertemente subvencionada, con
lo que ya sería otro tipo de agricultura que no tiene nada que ver con lo
que entendemos por nuestra agricultura tradicional.
Habiendo hecho estas dos clasificaciones, ¿qué es lo que pretende, por
una parte, la moción? Tratar de reparar los daños de la sequía, como ha
dicho el ponente del Grupo Socialista, Senador señor Aleu. También estoy
totalmente de acuerdo con muchas de las citas que ha hecho el mismo
Senador. Es decir, una cosa son condonaciones, moratorias y créditos
extraordinarios para resolver los problemas, y, además, estoy también de
acuerdo en que son muy concretos y pueden ser muy diferentes en cada
sequía, por lo que es muy difícil englobarlos o enmarcarlos en una ley,
ya que, desde el punto de vista jurídico, seguramente se tendría que ir
modificándola porque los efectos, como he dicho anteriormente, son o
pueden ser diferentes. Nosotros creemos, pues, que donde se tienen que
incidir, desde el punto de vista estructural, es en hacer cada día más
regadíos o también en mejorar los ya existentes. Cómo se hace, es otra
disquisición o disyuntiva. Es decir, ¿el agua que queda para regular se
dedica a hacer nuevos regadíos o primero se tiene que empezar por mejorar
o reestructurar los existentes, puesto que la mayoría no tienen en este
momento las dotaciones necesarias para que cumplan con las exigencias de
los cultivos extensivos que se tienen que hacer hoy para poder entrar en
el circuito competitivo que nos exige la entrada en la Comunidad
Económica Europea?
Los riegos de Urgel, que son de los más antiguos del Estado, tienen una
concesión de 0,33 hectáreas por segundo. En este momento la Comunidad de
Regantes ha pedido que la concesión, con el nuevo Plan Hidrológico, fuese
de 0,48. Las expectativas es que, posiblemente, sea muy difícil dicha
concesión. Este verano --ha habido en Cataluña, como en otras partes del
Estado español, una sequía pertinaz-- se ha tenido que regar con una
dotación entre 0,20 y 0,25. Esto quiere decir que todo lo que baja de
0,80 por hectárea y segundo, se puede considerar un semisecano más que un
regadío. Los efectos de la sequía que en el secano son graves, en el
regadío son gravísimos y muchas veces son totalmente irreparables, desde
el punto de vista económico. Por ejemplo, un cereal que esté dentro de la
protección del seguro integral tiene mucha más cobertura económica que
cualquier cultivo intensivo --sea frutícola, sea forrajero o sea de
cereal de verano--, que no tiene ningún tipo de protección para la
sequía, y, en cambio, la inversión para realizar este cultivo es mucho
más elevada que la dirigida a hacer un cultivo de secano. Nosotros
estamos sensibilizados con los problemas agrarios de ámbito general.
Agradezco al ponente del Grupo Popular que me haya citado lo que se había
hecho en el Congreso de los Diputados, pero no en
función de mi persona, sino que esto indica que Convergència i Unió se
preocupa constantemente de los problemas gravísimos que tenemos durante
estos últimos años en el sector agrario, agravados, sobre todo, por la
entrada en la Comunidad Económica Europea --ahora no es momento de
analizar su acierto o desacierto--, pero entendemos --centrándonos en la
moción-- que es, con todos los respetos, un «totum revolutum». Un tema
tan serio como es el de tratar de hacer un plan de regadíos moderno y que
sirviera para hacer la agricultura que este Senador siempre ha dicho que
tendría que ser la agricultura puntera de la Comunidad, por las
características mediterráneas y por la menos industrialización que tiene
el Estado español --creo que no habría ningún país europeo que se
opusiera a ello--, considero que tenemos que tratarlo, incluso si hiciera
falta, con previas consultas a una Comisión, que podría ser la de
Agricultura junto con la de Obras Públicas, para hacer este Plan
Hidrológico Nacional, y que los regadíos que se acometan sean como tienen
que ser en la actualidad, es decir, que las dotaciones no solamente
lleven también como exigencia el ahorro con nuevas tecnologías, haciendo
regadíos localizados donde se pueda, sino que se haga toda actuación para
rentabilizar al máximo los recursos hídricos de que en estos momentos
disponemos en las diferentes cuencas del Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que vaya
terminando.
El señor FERRER I PROFITOS: Termino enseguida, señor Presidente. Gracias.
Por supuesto que con nuestro voto no queremos bloquear que siga adelante
esta moción que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley, pero
también consideramos que no refleja lo que nosotros entendemos que tiene
que ser un verdadero proyecto de ley que resuelva de una manera
permanente todos estos problemas que el Senador por Córdoba ha
presentado, desde mi punto de vista, tan detalladamente y muy bien.
Repito, no estamos en desacuerdo con el fondo de lo que se pretende
resolver, pero sí lo estamos con la forma, que creemos que tendría que
ser tratada de otra manera. Por este motivo, nuestro voto será de
abstención.
No obstante, si este proyecto de ley --nosotros lo basamos más en
políticas de obras hidráulicas y, sobre todo, en el Plan Hidrológico
Nacional, donde se repartirán las dotaciones, que, verdaderamente, son lo
que garantizan los riegos-- se presenta, por supuesto que lo apoyaremos,
pero reservándonos el derecho de mejorarlo a través de nuestras
enmiendas.
Señoría, nuestro voto será de abstención, a pesar de que hemos estudiado
y estamos de acuerdo con el fondo de lo que esta moción pretende.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ferrer i
Profitós.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, antes de nada
quiero decir que estamos de acuerdo con el fondo de la moción, es decir,
con el sentido de preocupación, con el sentido de instar al Gobierno a
que confeccione un proyecto de ley sobre la sequía, lo que manifiesta una
preocupación por ésta y por sus efectos, con la que muy en el fondo
estamos de acuerdo.
No obstante, igualmente debemos decir que consideramos bastante difícil
la realización práctica de un proyecto de ley que acoja la sequía y sus
efectos. Verdaderamente es difícil aunar en un texto articulado de ley
toda la variabilidad que entra dentro de las posibilidades de efectos que
pueden suceder sobre una región, sobre una parte del territorio del
Estado. Es verdaderamente difícil. Vaya eso por delante, antes de nada.
Creemos, como aquí ya se ha dicho, que corregir, paliar, arreglar, en
definitiva, el tema de la sequía se hace con agua --eso está claro--, y
haciéndolo con agua parece que la sequía tiene dos formas --pensamos
nosotros-- de corregirse: una buena política hidráulica, una buena
actuación hidráulica en todo el territorio del Estado y unas buenas
actuaciones diversas sobre los efectos de la sequía, en orden a los
seguros, a la agricultura, a la variabilidad de las plantaciones,
etcétera, ya que no quiero extenderme más.
Entrando en el primer tema, una buena política hidráulica, se nos anuncia
por el portavoz del Grupo Socialista en esta moción, como forma casi
exclusiva de oposición a la moción que presenta el Grupo Popular, el Plan
Hidrológico. Nosotros opinamos que no se trata sólo del Plan Hidrológico;
éste todavía está, digamos, muy en el pensamiento de quienes lo
confeccionan, y los borradores, incluso, no recogen totalmente las
especificidades que hay en los temas de sequía e hidrológicos en todo el
Estado español. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de la que yo
procedo, Canarias, el tema hidrológico es completamente diferente al
desarrollo de la política hidrológica en el territorio peninsular del
Estado, y esto no sólo en Canarias, sino también, obviamente, igual en
Baleares.
En la Comunidad Autónoma Canaria el tema hidrológico va por otras
coordenadas. Allí nosotros decimos que tenemos cinco tipos de actuación
hidrológica. La primera actuación tiene que ser sobre la captación, el
abastecimiento y la distribución del agua. Esta primera actuación ha de
ser verdaderamente exhaustiva, en orden al interés general del Estado,
dado que nuestros precios de agua no son los que operan en otros sitios
del Estado, donde existen Confederaciones Hidrográficas, ríos, etcétera.
Nosotros, por ponerles un ejemplo, pagamos el metro cúbico de agua a casi
200 pesetas, mientras que creo que ustedes en el territorio peninsular la
pagan a 10, 12 ó 15 pesetas. Por tanto, valga esto simplemente a título
de ejemplo. Por consiguiente, es otra cosa.
Otra actuación hidrológica es el almacenamiento. Cualquier gota de agua
que nos caiga a nosotros --captada,
llovida o producida desde otro sitio-- tiene que ser almacenada y
racionalizada tremendamente en su uso. Eso necesita una política de
almacenamiento, pero no en embalses como en la península, sino en otro
tipo de embalses, debido a la constitución geomorfológica del terreno. Y
está también la depuración de aguas residuales, su aprovechamiento y la
potabilización.
Ese es el patrón de actuación en mi Comunidad Autónoma. Evidentemente,
algunas cosas pueden ser similares en la utilización a las del territorio
peninsular, pero en Canarias es diferente. Nosotros queremos que eso esté
considerado en el Plan Hidrológico Nacional, no sólo porque en el decreto
de transferencias de esta materia a la Comunidad Autónoma se contemplan
las obras de interés general del Estado, sino porque es un derecho a la
solidaridad que reclamamos los canarios. Así de claro.
Aparte de eso, Canarias ha estado sometida a una reconversión dura,
bastante dura, de su agricultura tradicional, debido a su específica
adhesión a las Comunidades Europeas, dentro del contexto de adhesión del
Estado, con su protocolo especial, lo que hace que el asunto del agua sea
especialmente sensible en Canarias, donde no es que tengamos
eventualmente sequía, sino que es permanente. Por consiguiente, sería un
proyecto de ley de sequía permanente para Canarias. Así se podría
titular, en todo caso. Es decir, necesitamos actuaciones específicas
dentro de ese Plan Hidrológico, del que ya hablaremos y debatiremos en su
momento.
Por tanto, no me voy a extender en la consideración de nuestro
entendimiento sobre el fondo de la moción, lo que tendría repercusión
sobre la Península húmeda, la seca, los trasvases, etcétera, porque,
entre otras cosas, tendríamos que ser muy solidarios con varias regiones
del territorio peninsular del Estado. Eso lo dejamos para cuando
debatamos en su totalidad el Plan Hidrológico. Simplemente, quiero hacer
estas consideraciones.
Por ello, estando totalmente de acuerdo en el fondo con la preocupación,
la ilusión y la necesidad de acciones que corrijan los efectos de la
sequía en el territorio peninsular y la permanente en los archipiélagos,
sobre todo en el canario, tengo que decir que, en una posición seria,
deducida mentalmente, no tendremos más remedio, y lo sentimos, que
abstenernos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, lamento sinceramente que dos grupos políticos, aun estando de
acuerdo en el fondo de la moción que hemos sometido a la consideración de
esta Cámara, no hayan optado por el voto afirmativo y, sin embargo, lo
hayan hecho por la abstención.
Yo quisiera contestar al representante del Grupo Canario diciéndole que
pensamos que no es difícil, al menos así lo entiendo yo personalmente,
elaborar una efectiva ley de sequía como creo que no ha sido difícil
elaborar muchas leyes en este país, que recogiera las demandas de la
sociedad en tiempo y forma. En muchos casos esas leyes han olvidado,
evidentemente, algunas demandas, producidas en ese momento o con
posterioridad, y, lógicamente, el Gobierno siempre ha tenido el vehículo
del Decreto-ley para corregir esos olvidos.
Evidentemente, ni con esta moción ni con la ley que solicitamos
pretendemos sacar agua de donde no la hay, porque entendemos que el
problema de la sequía como tal se resuelve con agua, sino que, por el
contrario, lo único que pretendemos con esta ley es hallar las ayudas
allí donde se encuentran. Y ésa era la única pretensión de la ley de la
sequía.
El representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió ha hablado de
que entremezclábamos en la exposición de la moción obras de
infraestructuras con otras de ayuda. Yo quisiera decir, como creo que he
hecho ya en el planteamiento de la moción, que nosotros no presentábamos
aquí una ley con todo su articulado, sino que lo que pretendíamos
exclusivamente era abrir los cauces necesarios para que esa ley se
elaborara entre todos, dentro de un marco de participación democrática.
Si a la hora de debatir esa ley había grupos políticos que entendían,
como ahora entienden, que no deberían figurar en ella obras
estructurales, creo que todos, absolutamente todos, hubiéramos estado de
acuerdo en ello.
Yo lamentaría, de verdad, que la cesión de un 15 por ciento del IRPF, o
cualquier otra causa que desconozca, haya valido en este caso para
cambiar una postura que me parece muy recta, por lo que le he escuchado
en las intervenciones del Grupo de Convergència i Unió y, en concreto,
del señor Ferrer.
No sé si los agricultores nos han entendido; yo espero que al menos
algunos sí lo hayan hecho, pero lo que es cierto es que otra vez,
desgraciadamente, no nos hemos entendido o no hemos hablado el mismo
idioma.
Al representante del Grupo Socialista quisiera decirle que, en principio,
nuestro Grupo nunca ha entrado en diferencias de criterio a la hora del
reparto del agua, y hay una Comunidad muy significativa, como es Aragón,
en la que se ha firmado un documento por todas las fuerzas
parlamentarias, PAR, PSOE, Izquierda Unida y PP, en el que se estipula
una reserva de agua para el futuro plan hidrológico nacional, por lo que
nuestro partido se ratifica en el ya firmado Pacto del Agua.
En esta mi primera intervención en la Cámara, mi primera presencia en las
Cortes, tengo que decir muy sinceramente que lamento que muchas veces no
se entiendan, o no se quieran entender, las ideas que un grupo político
expone, y que incluso se intente tergiversar de alguna manera la defensa
de una postura como la del Partido Socialista, porque realmente no
entiendo qué tiene que ver el Plan Hidrológico Nacional con una ley de
sequía, cuando, a pesar del Plan Hidrológico Nacional, la sequía se va a
producir en distintas fases de la historia de nuestro país.
Lamento, ya digo, que el representante socialista no
haya sabido o querido --no sé qué verbo es mejor escoger, aunque los dos
tienen connotaciones negativas-- entender el sentido y el fin de esta
moción. Yo espero que no ocurra así con el resto de integrantes del Grupo
Socialista, y sobre todo con aquellos en cuyas comunidades se padecen
efectivamente los efectos de la sequía. Ciertamente, se presentaba una
oportunidad más para que, de alguna forma, el Partido Socialista
deshiciese parte del entuerto en el que ha metido a nuestros agricultores
y ganaderos con los acuerdos de integración en la Comunidad Europea,
concertando con ellos las medidas a adoptar ante situaciones de sequía.
Pero queda claro que la labor de gestión socialista no pasa por el
diálogo de igual a igual, que era lo único que pretendíamos, sino sólo
por la imposición de medidas a través de decreto, con el coste que sea.
Dije en mi primera intervención que no pretendía en modo alguno ser
especialmente crítico con grupos políticos, pero una vez conocido el
planteamiento del Grupo Socialista, sí quisiera puntualizar algunos
detalles. En primer lugar, es preciso dejar muy clara la grave
responsabilidad y directa implicación que el Gobierno socialista tiene en
los efectos negativos de la sequía, en el coste social de la misma y en
las repercusiones económicas que representa, tanto para agricultores y
operarios agrícolas como para el resto de los españoles, a través de las
ayudas que el Estado deba evacuar. Y recalco otra vez: grave
responsabilidad y directa implicación; todo ello en base a la clara
dejación de funciones que ha venido haciendo a lo largo de los años, al
no elaborar un plan hidrológico nacional que hubiese puesto fin a una
parte muy importante de la problemática actual.
Se desatendió el mandato de esta Cámara en octubre de 1986, al que hice
alusión en mi anterior intervención. Posteriormente, a pregunta del señor
Ortí Bordás en enero de 1987, el Gobierno responde que los primeros
planes de cuenca estarían disponibles en la primavera de 1988. Pasó 1988,
y en respuesta a otra pregunta de un Senador de nuestro Grupo, en marzo
de 1989, el señor Sáenz Cosculluela, entonces Ministro de Obras Públicas,
afirmó textualmente que antes de final de ese año habría Plan Hidrológico
Nacional. Pasó 1988, y en marzo de 1989 el Ministro señor Zapatero dejó
en incógnita la fecha de terminación del plan. Pasó también 1989, y en
enero de 1990 otra pregunta del señor Ortí Bordás tiene como respuesta
que en el segundo semestre de ese año se esperaba tener ultimado el
documento de objetivos, recomendaciones y normas de coordinación para la
planificación hidrológica y el informe preceptivo del Consejo Nacional de
Agua. Pasó ese año, y en abril de 1991 dicho Consejo no se había
constituido y nuestro Grupo presenta y defiende una moción instando al
Gobierno a la urgente culminación del plan, moción apoyada por los grupos
minoritarios de esta Cámara, pero rechazada por el voto mayoritario del
Grupo Socialista.
En noviembre de 1991, a una nueva pregunta de nuestro Grupo, el Gobierno
afirma haberse comprometido a tener ultimado el borrador del plan en la
primavera de 1992. Ha pasado 1992, y después de siete años de dilaciones
y requiebros a esta Cámara, así como de dos campañas de sequía, seguimos
sin tener aprobado un plan hidrológico nacional, que agricultores y
población en general demandan, por la clara inhibición y, si me lo
permiten, la escasa valentía del Gobierno a la hora de afrontar las
decisiones políticas necesarias para tal fin.
No entendemos, por tanto, que sea ético votar en contra de consensuar
entre todas las fuerzas políticas y sociales una ley de sequía cuando se
le ha robado al pueblo, en los últimos años, la posibilidad de paliar
sustancialmente sus efectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
tiempo.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Termino enseguida.
En segundo lugar, entendemos que se ha actuado arbitrariamente a la hora
de la toma de medidas que escapaban a las adoptadas en el Decreto Ley
8/1993, discriminando a los agricultores tanto en cuanto a las acciones
sobre sus cultivos como sobre la superficie a regar en cada caso.
Cultivos leñosos del Levante, de Murcia, y los cítricos de la Vega del
Guadalquivir, por ejemplo, han sufrido los efectos y han carecido de las
ayudas necesarias que la situación imponía. Por otra parte, y de forma
electoralista, se han permitido riegos a unas explotaciones sí y a otras
no, cuando los criterios deberían haber sido mucho más serios y, por
supuesto, predefinidos, como pretende este Grupo al solicitar la
elaboración de la ley.
En tercer lugar, se han adoptado medidas urgentes o de emergencia en la
inversión de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso
general que, lógicamente, suponían adjudicaciones directas, escapando a
la Ley de Contratos del Estado por valor de 11.000 millones de pesetas,
cuando tales medidas en modo alguno deberían tener ese carácter sin haber
sido enmarcadas en otras actuaciones a falta del citado Plan Hidrológico
Nacional.
Termino ya recordando al Grupo Socialista que no está, por tanto, en la
mejor situación para negar a nuestros agricultores esta ley y, con su
actitud, si bien no se convierten en el espantapájaros que ahuyente las
nubes, aunque haya quien así lo crea, sí que lo hacen en la paleta que
cierra la acequia a una más justa, equitativa, racional y participativa
distribución de las ayudas y del agua existente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bellido
Muñoz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, compartimos básicamente las intervenciones del Grupo
Parlamentario Canario y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
fundamentalmente porque hacen una distinción clara entre lo que es Plan
Hidrológico y lo que son medidas necesarias para paliar la sequía. Eso
parece que lo hemos entendido otros Grupos y, por tanto, creo que es una
distinción lógica, entre otras cosas porque dentro de las consideraciones
que hace el Grupo Popular dice, textualmente, que una correcta
planificación resolvería los problemas de sequía. Por tanto, tenemos que
hacer, necesariamente, referencia al Plan Hidrológico; Plan Hidrológico
que tendrá distintas posiciones y que tendrá discusiones necesariamente,
estoy convencido de eso, pero también estoy convencido de que la
planificación hidrológica es necesaria, que España la necesita, que sería
deseable que saliese de esta Cámara con un buen respaldo parlamentario y
que, además, en la calle no tuviese contestación.
El ponente del Grupo Popular ha explicado que el Gobierno es el causante
de casi todo. Al final, un poco en broma ha reconocido que no es el
responsable de que no llueva, entre otras cosas porque, estadísticamente,
se puede demostrar que los períodos de sequía han sido muy distintos. En
mi zona, la de la desembocadura del Ebro en Tarragona, la mayor sequía
coincidió con la dictadura de Primo de Rivera; no tiene nada que ver con
el Gobierno Socialista. Después ha hecho una serie de afirmaciones, así
de pasada, como que los agricultores tienen que soportar que el Gobierno
haya metido a la agricultura española dentro de la Comunidad Económica
Europea.
Señorías, tengamos seriedad, ¿hay alguien en esta Cámara que considere
que es posible una situación distinta? ¿Hay alguien que entienda que la
internacionalización del comercio agrario no se produciría de igual
manera estando en la Comunidad o estando fuera? ¿Alguien cree que
podríamos mantener barreras arancelarias para los productos agrarios? ¿Lo
cree alguien con seriedad? Señores, esto no es serio; y si hay alguien
que lo cree, que mire a su alrededor porque empieza a ser preocupante.
Este es un mundo abierto, un mundo que tiende a tener pocas fronteras o
ninguna, que tiene que abordar un desarrollo del tercer mundo, que tiene
que asumirlo y, por tanto, tiene que asumir su parte de responsabilidad.
Lo que hay que hacer es conseguir que la incidencia sobre la agricultura
sea la menor, pero la situación de fronteras abiertas no cambiará.
En cuanto a todas las afirmaciones que una tras otra ha ido explicando el
ponente del Grupo Popular, yo creo que se deja la mitad de la verdad. Es
decir, empieza el Credo por Poncio Pilatos, como decía ayer el señor
Ruiz-Gallardón --y si me quiere cobrar canon, se lo pagaré--. (El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez: ¡Es gratis!) ¿Pero sabe el ponente, que es nuevo
en esta Cámara, como yo, cuál fue la posición del Grupo Popular en la
discusión de la Ley de Aguas? En la Ley de Aguas votaron en contra y
pidieron la privatización del agua. Y en una de las intervenciones que
consta en el «Diario de Sesiones» los próceres del siglo XIX que
aprobaron la Ley de Aguas anterior fueron más progresistas que ustedes.
(Risas en los escaños de la izquierda.) Si a partir de ahí miramos todas
las dificultades que tendrá cualquier aprobación del Plan Hidrológico,
comprenderán que se retrase.
De todas maneras, ha ido ya a aprobación del Consejo de Aguas, y esta
legislatura volverá a la Cámara. Volveremos a hablar del agua, y será
conveniente que todos dejemos una parte de nuestras convicciones, pero
que los números nos obliguen a conseguir que el Plan Hidrológico consiga
el máximo apoyo posible por los Senadores de esta Cámara.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Aleu i
Jornet. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a someter a votación la moción
número 5, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que hemos estado
debatiendo.
Voy a darles una información a efectos de que no haya errores --que, en
todo caso, se subsanarían-- respecto del sistema de votación. En el
momento en que la Presidencia anuncie que se inicia la votación, sus
señorías tendrán que presionar la tecla que aparece denominada PRS,
presencia; una vez que sus señorías presionen esa tecla, se enciende
automáticamente la luz de la tecla rotulada como abstención, ABST. En ese
momento, si no se vuelve a presionar ninguna otra tecla, el resultado de
la votación de cada uno sería abstención; para que el voto sea diferente,
cuando se enciende la tecla de color naranja, si no recuerdo mal, situada
en el punto abstención, se presiona la tecla positiva, que es sí, o la
tecla que aparece rotulada como NEG, negativa, que es no. De manera que
en el momento en que cada cual presiona la tecla abstención, el resultado
de su voto es abstención; si se quiere votar positivo hay que apretar la
tecla positivo, y si no negativo.
Espero que en este caso el docente haya sido suficientemente oscuro como
para que sus señorías acierten a la hora de emitir su voto correctamente.
De cualquier forma, si hay alguna irregularidad o algún defecto no tienen
más que advertírmelo. Vamos a ensayar. (Risas.)
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación a que a la
mayor brevedad posible elabore y remita a las Cortes Generales un
Proyecto de ley de la sequía.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 88; en contra, 103; abstenciones, 41.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (El señor
Ruiz-Gallardón Jiménez y otros señores Senadores piden la palabra.)
Tiene la palabra, señor Ruiz-Gallardón.
El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Tenemos la impresión de que la novedad en la utilización
del sistema por algunos miembros de la Cámara, quizás, haya provocado un
resultado discordante en algunas de las votaciones. Como quiera que el
resultado final de la misma no se iba a variar por la repetición, salvo
que la Presidencia opine otra cosa, nosotros damos por buena la
celebración de la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.
Seamos todos benevolentes con la tecnología. La votación es válida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO
INSTA AL GOBIERNO DE LA NACION A QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, PROCEDA
A DESARROLLAR LOS ARTICULOS 93 Y CONCORDANTES DEL REAL DECRETO 176/1992,
DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ESPECTACULOS
TAURINOS, EN ORDEN A GARANTIZAR, FUNDAMENTALMENTE, LA SEGURIDAD TANTO DE
LOS PARTICIPANTES COMO DE LOS NO PARTICIPANTES EN LOS FESTEJOS TAURINOS
POPULARES, MEJORAR LAS MEDIDAS DE ATENCION SANITARIA PREVISTAS AL EFECTO
Y ESTABLECER UN SISTEMA DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS PERSONALES Y
MATERIALES EN EL QUE SE DETERMINE LA CUANTIA DE LAS MISMAS Y LOS RIESGOS
A CUBRIR (662/000003).
El señor PRESIDENTE: Moción número 3, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que el Senado insta la Gobierno de la Nación a que, en
el plazo de tres meses, remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley
de modifación del Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de espectáculos taurinos.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Escuin Monfort.
El señor ESCUIN MONFORT: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que, en nombre del Grupo Popular, voy a defender,
hecha una corrección que ha tenido su entrada en la Cámara a su primera
redacción, pretende que este Senado inste al Gobierno de la Nación a que,
en el plazo de tres meses, proceda a desarrollar los artículos 93 y
concordantes del Real Decreto 176/1992, por el que se aprueba el
Reglamento de espectáculos taurinos.
Una breve reseña de antecedentes inmediatos señala que la Ley 10/1991,
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos,
clasifica como uno de éstos los celebrados en lugares de tránsito
público, citando expresamente los tradicionales encierros, la suelta de
reses bravas y el toreo de vaquillas. El texto legal remite a un
posterior reglamento el desarrollo de los requisitos y condiciones que
estos festejos deben cumplir para garantizar la seguridad de las personas
y bienes, así como evitar perturbaciones innecesarias del uso común de
los lugares públicos y el mal trato de las reses por los participantes en
dichos festejos.
Coincidirán todas sus señorías en admitir la importancia de estos
festejos taurinos, tan arraigados en las tradiciones de innumerables
municipios de todo el territorio español, que han superado siempre
reiteradas prohibiciones, algunas bajo el pretexto --yo diría, tan
infantil-- de «exhibición pacífica de reses de ganado vacuno», y que
están alcanzando precisamente en estos últimos años un considerable auge,
no sólo por el mayor número de festejos, sino por la masiva concurrencia
de público y también por la cada vez mayor edad, peso y raza de las reses
que se corren o encierran.
Consecuencia de este auge, y porque también, como así reconoce la
expresada Ley, son estos festejos uno de los campos más sensibles a la
seguridad ciudadana, que afecta como actores o espectadores, voluntarios
o involuntarios, a todos los ciudadanos sin excepción, eran poderosas
razones para que, con un mínimo sentido de buen gobierno, el nuevo
reglamento reuniera las disposiciones más necesarias y eficaces, ya con
una experiencia de años, para regular los requisitos, condiciones y demás
circunstancias propias de estos festejos, con el objetivo prioritario y,
sobre todo, de garantizar la seguridad de los participantes y de todos
los ciudadanos.
Lamentablemente, para muchos de ellos, para algunos puede resultar
incluso trágico, el vigente Reglamento taurino resulta peligrosamente
insuficiente y apenas mejora otras disposiciones administrativas, como la
Orden del Ministerio del Interior de 10 de marzo de 1982 que, incluso, en
algunos aspectos lo empeora. Por esa razón, la moción pretende un
desarrollo más completo y eficaz del artículo 93, casi el único que
regula estos festejos en el Reglamento taurino, y es una aspiración de mi
Grupo Parlamentario que espero tenga el apoyo de los demás Grupos y de la
Cámara, porque avanzar tratando de conseguir una mayor seguridad y cubrir
mejor los posibles riesgos es, sin duda alguna, una adecuada y necesaria
aspiración.
Sin pretender en este momento hacer una exégesis completa y detallada de
todos y cada uno de los preceptos reglamentarios que consideramos deben
figurar en el Reglamento Taurino, nos referiremos, aunque sea
someramente, a algunos de ellos, no sin antes anunciar y ofrecer la
colaboración de mi Grupo al Ministerio del Interior para mejorar el
Reglamento que perseguimos, si así lo considera oportuno.
El Reglamento exige para la concesión de la autorización un certificado
expedido por facultativos en el que se hace constar que las instalaciones
a utilizar en los festejos reúnen las debidas condiciones de seguridad y
solidez, pero nada dispone sobre que esas instalaciones sirvan, además,
de refugio idóneo para los participantes. Nada de esto dice, ni tampoco
habla de la exigencia de ubicar adecuados refugios, barreras o burladeros
a una determinada distancia unos entre otros, para que los lugares donde
se celebren estos festejos estén debidamente protegidos
para todos los participantes. Si en las plazas de toros permanentes las
disposiciones oportunas llegan hasta el mínimo detalle de altura, número
de barreras, no entendemos por qué en estos espectáculos taurinos, en
estos festejos populares, no se deben regular también los oportunos
refugios. Si esto hubiera estado en el Reglamento, algunos accidentes que
lamentablemente han ocurrido --y tengo experiencia de ello-- no hubieran
sucedido.
El Reglamento debiera exigir, además, que ningún recorrido por donde se
celebre el festejo tenga una anchura inferior a cuatro metros, para
evitar angosturas que, evidentemente, pueden provocar, y de hecho han
provocado --aquí en la Comunidad de Madrid creo que se ha dado un caso
especial--, accidentes también lamentables, salvo que su carácter
tradicional convenga mantenerlos, en cuyo caso se exigiría un certificado
del Ayuntamiento explicando y detallando, y así ha sido siempre.
Está legislado que para conceder la autorización se requiere, en todo
caso, la existencia de instalaciones y servicios sanitarios adecuados
para atender cualquier clase de emergencia, remitiéndose a la legislación
general de Sanidad la reglamentación de estos servicios e instalaciones.
El Reglamento, en cambio, no concreta mucho más; solamente exige un
certificado en el que se haga constar que las instalaciones y servicios
se ajustan a lo dispuesto en las normas aplicables, y que una hora antes
del festejo se encuentren dispuestos los servicios médicos sanitarios y
una ambulancia. El problema surge con la remisión a la legislación
general de Sanidad, porque no contiene ninguna norma específica --al
menos nosotros no la conocemos-- que desarrolle de forma completa cómo
deben ser estas instalaciones y estos servicios. En la práctica son los
que decide a su buen criterio el médico encargado de este servicio y que
relaciona en el certificado requerido en la solicitud. El especial
énfasis del texto legal a la debida atención sanitaria que, como es
deber, queda sujeto a la libre deliberación del correspondiente
facultativo --que no dudamos puede ser eficaz--, siempre será libre y
discrecional, lo que sin duda alguna puede provocar en alguna ocasión
graves inconvenientes y, además, es ilegal. Algunas Comunidades Autónomas
que tienen transferidas competencias en estos festejos regulan mejor
estas condiciones sanitarias y el Ministerio del Interior, si quiere un
desarrollo mejor del Reglamento, creemos que sería conveniente que lo
tuviera en cuenta a los efectos oportunos.
El asegurar cualquier clase de riesgo o accidente, mediante una póliza de
seguros colectivos por una cuantía suficiente, como así exige el
Reglamento, puede provocar en ocasiones auténticos conflictos y
desprotección para las víctimas. Porque exigir una póliza por cuantía
suficiente antes de comenzar los espectáculos y antes de conocer las
responsabilidades reales, que solamente puede hacerse al final de los
espectáculos, es un inoperante atrevimiento. Las pólizas exigidas deben
regularse de forma más concreta en el Reglamento, y no de una forma
subjetiva y discrecional como así se hace o se puede hacer. Deberían
cubrir la asistencia sanitaria ilimitada o suficiente para satisfacer
todos los gastos sanitarios; un seguro colectivo de accidentes corporales
para los participantes que incluyera el riesgo de muerte o invalidez con
un mínimo, al menos ahora, de cinco millones de pesetas, y un seguro de
responsabilidad por cuantía ilimitada para cubrir todos los daños
producidos a terceros no participantes. Debe exigir también que se
acompañe, en todo caso, los recibos acreditativos del pago de las primas
correspondientes. La Generalitat de Cataluña, el Gobierno catalán, que
regula estos espectáculos taurinos, conoce las triquiñuelas y las trampas
que se han producido en estas pólizas de seguro, de ahí que exija no
solamente las pólizas, sino también los recibos justificantes de haber
sido pagadas las primas.
El Reglamento vigente omite algunos requisitos para conceder la
autorización que debieran ser, para nosotros, debidamente incluidos. Así,
por ejemplo, si la empresa es un ayuntamiento, el certificado de acuerdo
municipal que acepte celebrar este espectáculo; un certificado también
expedido por personal facultativo que acredite que el sistema de
iluminación es suficiente para el desarrollo del espectáculo, en el caso
de que éste se celebre durante la noche, y contrato con la empresa, o
compromiso con el organismo que proceda, propietaria de ambulancias de
que ésta se hallará disponible y en exclusiva y con todos los útiles
exigidos una hora antes de comenzar el espectáculo y durante toda la
duración del mismo.
En otro sentido, debemos destacar que prácticamente nada se dispone en el
Reglamento sobre el procedimiento a seguir para la autorización exigida.
Se limita a una solicitud de la empresa, dirigida al gobernador civil,
con cinco días de antelación, en el modelo que en su caso se establece,
acompañada de una serie de justificantes. Eso es todo; no pide nada más.
Nos resultaría prolijo mencionar, a nuestro parecer, cuáles serían las
normas necesarias para regular mejor el procedimiento. Por eso ahora nos
vamos a limitar a indicar que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Navarra, en su Reglamento Taurino, aprobado por Decreto foral de 29 de
junio de 1992, y concretamente en su artículo 38, contiene una regulación
que consideramos completa y que también el Ministerio del Interior, si
quiere mejorar su Reglamento, debería conocer e introducir en el mismo.
En esta norma de procedimiento se considera la falta de algún requisito
exigido en la solicitud y la posibilidad de su modificación. También que
las resoluciones denegatorias o negativas a la autorización sean
motivadas, y otra serie de requisitos que en el Reglamento Taurino
vigente se omiten total y absolutamente.
Añadiremos también que el trámite de concesión de autorización en modo
alguno debe ser puramente formalista. El Gobierno Civil no debe ser un
mero receptor de documentos; debe comprobar y vigilar a través de los
servicios correspondientes, como pudieran ser los de protección civil,
que, efectivamente, se cumplen los requisitos y condiciones para poder
celebrar estos festejos y actuar en consecuencia.
En otro sentido, la participación activa en estos festejos también se
escapa de la atención reglamentaria, pero debieran incluirse, a nuestro
entender, las siguientes disposiciones:
La imposibilidad de participar a menores de dieciocho años y a personas
con evidente incapacidad física o mental, cualquiera que fuese su edad,
en esta clase de festejos, y también a personas que, por su aspecto
externo, denoten un posible estado de embriaguez o de intoxicación por
drogas. El potencial riesgo seguro que comportan estas personas, no sólo
para sí mismas, sino para todos los particulares, hace absolutamente
imprescindible esta disposición.
Por último, y por lo que se refiere al control de estos festejos, la
ausencia de disposiciones reglamentarias es total, aunque parezca
increíble. Para algunas Comunidades Autónomas, pero especialmente la de
Navarra, cuyo reglamento taurino ya hemos nombrado, parece más adecuado
determinar que la policía foral controlará la celebración de estos
festejos, pudiendo suspenderlos cuando no se cumplan las condiciones y
requisitos exigidos o cuando las reses empleadas entren en un grado de
peligrosidad. De la misma manera, en el Reglamento estatal el control
debía de ser encomendado a los policías locales y, en su caso, a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ejercer las funciones que
son de su exclusiva competencia.
Señorías, la enumeración de estas disposiciones reglamentarias cuya
ausencia notamos en el Reglamento vigente no son las únicas, existen más,
como por ejemplo, el horario de estos festejos que consideramos que debía
ser señalado de antemano, la fijación de los itinerarios por donde deben
discurrir las reses que no pueden ser modificados a última hora,
etcétera.
En definitiva, el Grupo Popular a través de esta moción pretende hacer
una llamada de atención al Gobierno para que con las potestades
exclusivas que tiene en su Reglamento, trate de mejorar las disposiciones
vigentes. Creo que para la seguridad de los ciudadanos, la garantía de
que estos festejos adquieran un nivel, quizá más elevado, con la mayor
seguridad que se pretende, haríamos un buen servicio a la sociedad y a la
popularidad de estos festejos. Y aunque no es la hora taurina más
apropiada espero que la moción del Grupo Popular reciba el apoyo que
solicito de todos los Grupos Parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Escuin Monfort.
Como su señoría ha indicado, y corrobora la Presidencia, la moción
original fue modificada sin oposición alguna por parte de los Grupos
Parlamentarios representados en la Junta de Portavoces, entendiendo que
se producía una corrección de errores. La primitiva moción proponía la
presentación por parte del Gobierno de una ley de modificación del Real
Decreto y, tal y como el señor portavoz del Grupo Popular ha expresado en
la tribuna, la moción ha quedado redactada en el sentido de que el
Gobierno proceda a desarrollar los artículos 93 y concordantes del Real
Decreto antes citado.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular formula una moción sobre los espectáculos que
tienen como protagonista al toro, pero que suponen la popularidad y el
arraigo de unas fiestas tradicionales que, en cada caso, tienen sus
peculiaridades, y que en todos ellos atienden a unos principios generales
de seguridad y de adecuación a lo que supone su misma tradición.
La Ley de Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos
de 4 de abril de 1991, en su preámbulo ya advierte que uno de los campos
más sensibles a la seguridad ciudadana es el que hace referencia a los
encierros y otras fiestas taurinas tradicionales que se celebren en las
vías públicas afectando como actores o espectadores, voluntarios o
involuntarios, a todos los ciudadanos sin excepción. Por lo que, si bien
el Estado carece, evidentemente, de vocación para la regulación de sus
peculiaridades, ya que su carácter regional o local es indiscutible, no
puede dejar de estar presente en su organización y celebración.
Como ha mencionado el Senador Escuin, las Comunidades Autónomas que
tienen competencias en esta materia, en general en espectáculos,
concretamente en los taurinos y más específicamente en los populares, han
establecido normas --algunas Comunidades con mucho acierto y con mucha
precisión-- llevando a la tradición y a la voluntariedad de estos
espectáculos y de sus intervinientes lo que deben ser los correctos
comportamientos tanto de las Administraciones Públicas como de quienes
participan en ellos. Son fiestas populares que tienen que ser
justificadas como tradicionales para que puedan ser autorizadas.
Obsérvese que tanto en la Ley como en el Reglamento de Espectáculos
Taurinos determinadas actividades necesitan ser autorizadas y otras no.
Las corridas de toros, las novilladas y otros festejos que se celebren en
plazas permanentes no necesitan ser autorizadas, en cambio, estas otras
sí. Estos festejos populares siempre necesitan ser autorizados por la
Administración, lo que significa que se está atendiendo a una
peculiaridad que no tienen los festejos que se celebran en las otras
plazas. De todas maneras, encerrar en términos tan generales como hace la
moción las corridas, encierros o sueltas de vaquillas, no hace más que
llevarnos a la conclusión de que hay que atender a la seguridad de todos
ellos.
Resulta también curioso que la moción diga que estos festejos atractivos
para jóvenes y mayores comportan importantes riesgos para todos los
intervinientes, espectadores y reses y yo creo que los riesgos no son los
mismos. Las reses tienen, sin duda, un riesgo evidente, o mueren en el
torneo o mueren después, puesto que el propio Reglamento de Espectáculos
Taurinos prevé que se les dé muerte una vez que haya terminado ese
festejo popular.
Por tanto, nos referimos a la seguridad de los intervinientes y de los
espectadores. Pudiera ser que en algún momento se discutiera sobre el
trato que se da a las reses en este tipo de espectáculos, y yo respeto
muchísimo a
todas aquellas personas que no siendo favorables a que se celebren estos
espectáculos defiendan que no se les dé mal trato a los animales y que no
se hagan actividades distintas de las que requiere el torneo. Por otra
parte, son torneos en los que no están en igualdad de condiciones las
reses y los aficionados, ya que en todo caso, las reses se defienden con
los cuernos. Por ello, es necesaria una regulación para muchos de estos
espectáculos. Por ejemplo, torneos como el «toro vega» de Tordesillas en
que se termina, como ha sucedido este año, indultando al toro, no sé si
por excesivamente bravo o por excesivamente manso. En todo caso, los
riesgos se producen siempre en todos estos espectáculos.
Siguiendo la intervención del Senador Escuin, no sé si se dan ahora reses
con más edad, peso y raza que las antiguas, lo dudo. Hace no mucho
tiempo, una señora de un pueblo castellano decía: Los toros de ahora no
valen nada; Los buenos eran los de antes, como el que mató a mi marido, y
lo decía con cierto orgullo. Lo cierto es que yo no comparto esta idea de
que los toros sean ahora diferentes. Los toros, en algunos sitios menos y
en otros igual, son ahora como antes, no se está produciendo una
exageración en este tema de la presentación de las reses, en la edad y en
el peso, aunque pueda haber excepciones. En todo caso, nada tendría que
ver la raza, sino la conformación de los cuernos en cuanto a la
peligrosidad, en este tipo de festejos al menos.
Regular los requisitos de estos festejos es lo que se hace en el
Reglamento y hasta donde se puede hacer, porque a partir de ahí dichos
requisitos no pueden homologarse de una manera total, sino que hay que
respetar su personalidad y su identificación, que es precisamente lo que
caracteriza a estos festejos populares. Por tanto, la peligrosidad que
ello supone debe ser tratada de una manera general y en ningún caso se
puede bajar al detalle hasta descender al tema de la autorización y la
organización del festejo, en lo que generalmente participan los
ayuntamientos que lo regulan de forma precisa, ya que de otra manera es
imposible hacerlo.
Disponer reglamentariamente cuáles son los refugios y ubicar barreras y
burladeros en este tipo de festejos es, sencillamente, imposible, porque
eso no puede tener regla general. Es completamente distinto el que se
celebre en un lugar o en otro, el que la plaza sea tradicionalmente
montada con talanqueras o que sea una plaza portátil, de las que hoy día
se emplean mucho, como es distinto si sencillamente se producen los
encierros por la vía pública o si están limitados de otra manera, así
como la posible angostura de esas vías. Eso no es motivo de una mayor o
menor peligrosidad, no es eso. Es en sí lo que sea el recorrido, que es
previamente establecido. No se puede opinar que pueden ser peligrosas
unas vías como las de los lugares más conocidos de los encierros
clásicos, el de Pamplona, por ejemplo. Puede considerarse que resultan
peligrosas; desde luego, allí es donde se produce, generalmente, el mayor
número de accidentes, y no por eso tiene que ser modificado ni el
trayecto que siguen las reses y los corredores ni ninguna otra cosa, sino
que sencillamente cada uno tiene su peculiaridad.
Por tanto, si los recorridos son establecidos y si deben ser aprobados
por los ayuntamientos correspondientes, ya que no sólo es precisa la
autorización de la autoridad gubernativa, sino también la de los
ayuntamientos cuando se utilizan las vías públicas; y si es cierto que en
todos estos festejos se pueden producir accidentes tanto de los
participantes como de los no participantes y en el Reglamento de
espectáculos taurinos está establecido en el artículo 93 y por primera
vez la póliza de seguro colectivo por la cuantía suficiente para cubrir
cualquier riesgo o accidente que con motivo del festejo pueda producirse,
esto no tenía precedente, no se había hecho antes, aunque algunos
ayuntamientos sí que lo cumplían, sin estar obligados a ello. Ahora todos
lo tienen que hacer. Por tanto, parece que es una medida suficiente el
que se haga por medio de una póliza de seguros, cuya regulación en
particular en cada caso será establecida por quien corresponda, pero no
por un Reglamento de espectáculos taurinos.
Los certificados técnicos que deben aportarse son todos aquellos que
tienen algo que ver con la propia celebración del festejo. Por tanto,
será el de iluminación si es de noche, será el de las condiciones de
seguridad de los lugares que ocupen los espectadores, serán los de
seguridad de los lugares en que estén las reses hasta que se suelten a la
vía pública o a la plaza, etcétera. Todas esas cosas necesitan, según el
Reglamento, la certificación de los técnicos correspondientes. Y sobre la
participación activa que corresponde voluntariamente a aquellos que en
algún tipo de estos festejos pueden participar, que no en todos, puesto
que en otros está impedida la participación de cualquiera, estando
regulado quiénes son los que pueden intervenir, me parece que es
exagerado el advertir sobre algunas condiciones.
Si decimos que tienen que participar, por ejemplo, en un encierro los
mayores de dieciocho años o los que no estén incapacitados, no sé si eso
va a poder ser cumplido en algún momento. En todo caso, no me parece que
una medida de este tipo pudiera llegar a ser suficiente como para
garantizar la seguridad, puesto que el menor de 18 años puede tener mayor
seguridad que --no dice usted nada al respecto-- el mayor de 70 años, y
hay veces en que personas muy mayores aparecen en lugares en que se están
corriendo reses. Y no digo hasta dónde puede llegar la inseguridad en
todos estos casos. Siempre será imposible llegar hasta las últimas
consecuencias y siempre se producirán accidentes. Se han producido a lo
largo de la historia y se seguirán produciendo, porque es imposible
llegar a un punto determinado donde tengamos la seguridad de que hasta
ahí hemos conseguido la regulación de todos los espectáculos, que son muy
variados y en algunos casos muy discutibles, pero, naturalmente, difícil
de proponer que desapareciera alguno de ellos, como ustedes, sin duda,
saben.
El artículo 93 del Reglamento de espectáculos taurinos establece, a mi
modo de ver, todos los principios necesarios para que se pueda dar a este
tipo de festejos las seguridades suficientes; todos ellos, pero hay que
llamar la atención sobre los aspectos sanitarios, puesto que esos que
están mencionados en el artículo 92, en el punto 1,
letra c) y en el punto 2, cuando se dice que es necesario el certificado
emitido por el órgano administrativo competente en el que se haga constar
que los servicios médicos o instalaciones para los mismos se ajustan a lo
dispuesto en las normativas aplicables, coincidiendo con lo que el señor
Escuin ha dicho ya --punto 2--, que una hora antes de comenzar cualquier
festejo taurino de esta modalidad deberá comprobarse por el jefe del
equipo médico que se encuentran dispuestos los servicios médicos
sanitarios y una ambulancia equipada con los elementos precisos para
ejecutar el traslado de heridos o accidentados.
Coincide con lo que su señoría acaba de proponer. Pero fíjese que donde
está el punto de desarrollo futuro que en este momento se está llevando a
cabo no tiene nada que ver con el artículo 93, que no exige más
desarrollo, sino con el artículo 25 del Reglamento, que sí necesita el
que se está llevando a cabo en este momento, puesto que la comisión
consultiva taurina está estudiando las condiciones de las enfermerías de
todas las plazas de toros de España, de todos los lugares en que se
celebren espectáculos taurinos y, por tanto, se llegará a una conclusión
sobre la situación general de todos estos lugares, y se establecerán
todos los detalles en cuanto a los medios médicos que son necesarios para
atender cualquier accidente que se produzca.
Ello está en un avanzado estudio y se va a desarrollar, por tanto, la
norma correspondiente que complete el artículo 25, no en el artículo 93.
Aquél dice que los organizadores de los espectáculos taurinos deberán
garantizar en todo caso a los profesionales participantes en dichos
espectáculos la asistencia sanitaria que fuere precisa frente a los
accidentes que puedan sufrir con ocasión de la celebración de los mismos.
Además, este mismo principio está recogido en los artículos 3 y 4 de la
Ley, puesto que desde el primer momento se puso un especial interés en
todos los aspectos sanitarios que rodean al espectáculo taurino. El
riesgo existe y, por tanto, hay que atender todas las posibilidades de
accidente que puedan suceder en plazas de toros permanentes o no
permanentes. Se prestará especial atención a la dotación de las
instalaciones y servicios sanitarios, se decía en la Ley, y eso es lo que
después recogió el Reglamento en el artículo 25. El detalle de cómo deben
estar las enfermerías de las plazas de toros permanentes y las
instalaciones de las no permanentes a estos efectos es lo que se está
revisando en estos días. Por tanto, eso ya se está haciendo.
La moción que ha presentado el Grupo Popular, en un principio, contenía
lo que ha sido considerado como errores, posteriormente, modificados,
naturalmente, puesto que antes lo que se decía era que un proyecto de ley
modifique un decreto; después, al cabo de los meses, se han dado cuenta
de que esto era una barbaridad, y han podido reparalo para, también,
aprovechar la circunstancia y decir que ya no se modifique todo el
Reglamento de espectáculos taurinos, sino que sólo se desarrolle el
artículo 93 y concordantes del Real Decreto de 28 de febrero de 1992.
Pero, naturalmente, no han podido ya, no ha habido oportunidad de
completar la moción para hacerla de otra manera completamente distinta.
Esta moción, por tanto, es inadecuada, no pretende ningún objeto distinto
de los ya conseguidos en el Reglamento vigente y, en el caso de que
llegara a prosperar, sucedería una cosa pintoresca y es que no se sabría
qué es lo que habría que hacer porque aquí lo que dice es, en especial en
el artículo 93, garantizar la seguridad de los participantes, de los no
participantes, la atención sanitaria, las indemnizaciones. Eso es lo que
está en el Reglamento.
Por otra parte, con las competencias que tienen las Comunidades Autónomas
en toda esta materia se consigue también tener en condiciones suficientes
las garantías de seguridad de todo este tipo de festejos, que, ya le
digo, nunca, nunca, serán totales; pero sí que, en este momento, están
regulados de una manera suficiente, completándose, por tanto, con lo que
ya se está llevando a cabo en la Comisión Consultiva Nacional y que,
dentro de muy poco, será la norma sobre los aspectos sanitarios, no sobre
el resto de los aspectos a los que se refiere su moción. Por ello
consideramos que esta moción debe de ser votada en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señoría.
Abrimos el correspondiente turno de portavoces. (Pausa.) Solicito me
indiquen los Senadores que quieren intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Convergència i Unió, el Senador Codina, tiene la palabra.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador Escuin, en nombre de Convergència i Unió, al analizar
la propuesta que nos hace desde su Grupo, deberíamos de tomar una
decisión muy clara en el sentido positivo, puesto que, como sabe su
señoría y usted lo ha citado de alguna manera, en el Parlament de
Cataluña legislamos sobre la materia en una ley de protección de los
animales y, concretamente, lo que hace referencia al mal trato, a las
formas en que se producen algunos de estos festejos; sin embargo nos
resulta difícil y me gustaría poder encontrar yo la suficiente claridad
de expresión para que usted, señor Escuin, pudiera reflexionar su propia
propuesta.
Usted nos hace, en primer término, una propuesta de moción, que intenta
la modificación por medio de una proposición de ley que debería ser ley,
modificando, concretamente, el artículo 93 de un reglamento. Nos
hubiéramos podido encontrar en la situación de que un reglamento y dentro
del reglamento un artículo estén regulados en forma de ley. Después, hace
unos días, entra un segundo documento en el que lo que se hace es pedir
que se desarrolle el artículo 93 y los otros artículos concordantes, pero
siempre el núcleo de la cuestión se desenvuelve en el entorno del
artículo 93.
Nosotros pensamos que, en su conjunto, el Reglamento taurino es un
reglamento que está muy detallado, muy detallado. No es menos cierto que
la preocupación que
tiene su señoría por lo que hace referencia a la seguridad, a aspectos
sanitarios de la seguridad de los participantes y del público es evidente
que debemos sentirla todos, no sólo su Grupo ni, incluso, el Grupo
Socialista que lo ha explicado y que ha anunciado que se opondría, pero,
en realidad, se nos hace muy difícil intuir hasta qué punto podríamos ser
capaces de encontrar un superior detalle en lo que hace referencia al
artículo 93.
En el artículo 93, como usted sabe perfectamente y también lo ha
comentado, hay aspectos que señalan desde el informe técnico, si el lugar
donde se va a celebrar la fiesta tiene o no suficientes requisitos,
medidas de seguridad, permisos de Gobierno Civil, permisos municipales.
Esto, en genérico, nos parece suficiente. Entrar en un superior detalle a
nosotros nos parece casi imposible, puesto que festejos tipo como son los
sanfermines nada tienen que ver con lo que puedan ser las fiestas de Xert
o de San Mateo es otra historia. Es muy difícil que se pueda por
reglamento matizar en cada caso cuándo y en qué medida se tendrán que
aplicar. Yo creo que nos encontraríamos ante una situación como las
Glosas de Bartolo --no me refiero a Bartolo de la flauta, sino al
glosador-- que podía ser tan y tan voluminoso que haría imposible su
realización. A pesar de ello, si usted Senador, su Grupo, hubiera
ofrecido a la Cámara un texto escrito de aquellas cosas que usted cree
que pueden ser mejorables, nuestro Grupo hubiera estado absolutamente
dispuesto a discutirlo, pero usted deberá convenir conmigo que quizá por
las prisas, quizá por la forma en que se ha presentado el último
documento los argumentos que usted ha dado «in voce», pero que no ha
podido expresar por escrito, le hacen a usted mismo casi no diría
imposible, pero muy difícil poder precisar cuánto más detalle tiene que
haber en el artículo 93.
Por esa razón y con la idea de que cuando se hacen turnos de portavoces,
lógicamente, el protagonismo tiene que ser de quien la presenta y del
grupo de la mayoría, me voy a quedar aquí en mi intervención, Senador
Escuin, pero quiero ofrecerle en nombre de mi grupo la posibilidad de que
si usted más allá de lo que se ha comprometido pudiera concretar, y
viéramos la posibilidad de mejorar el artículo 93, nos tendrá a su lado
para poder introducir en otro tipo de texto una mayor concreción.
Entre tanto su propuesta sincera, no lo dudo, pero etérea, nos hace votar
en contra.
Señor Presidente, señorías, muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, Senador proponente, el señor Escuin,
tiene la palabra.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno de portavoces, me gustaría referirme, claro está, a las
afirmaciones que ha hecho el Senador Arévalo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, y tengo que decirle que me agrada que haya sido
él el que haya practicado este turno en contra, porque creo que es un
buen aficionado a los toros. Yo le conocí en la segunda Legislatura
cuando era Presidente de la Comisión de Presidencia e Interior, de la que
yo formaba parte también por parte del Grupo Popular, y en donde se
celebraron unas jornadas de carácter taurino preparatorias, quizá, de lo
que después iba a ser la Ley de 1991 y el Reglamento, y que a mí, que no
soy un experto en toros, que me ha tocado estudiar y empollarme mucho
este tema, la verdad es que me gustó. Allí tuvimos ocasión de conocer a
toreros, a ganaderos, a médicos famosos --recuerdo al doctor Vila que, a
preguntas mías, me aclaró temas en que yo tenía dudas-- y, en definitiva,
señor Arévalo, sí que me ha gustado volverle a encontrar aquí en esta
Cámara y precisamente en las primeras intervenciones sobre temas
taurinos.
Dicho esto, quiero añadir que nos habría gustado que las propuestas del
Grupo Popular hubieran estado redactadas perfectamente explicadas y que,
en la tranquilidad de los despachos, tanto el portavoz del Grupo
Socialista como el de Convergència i Unió --a quien agradezco de verdad
sus palabras y a quien después contestaré, y quien, además, ha hecho
patentes los conocimientos que tiene sobre mi querida provincia de
Castellón-- piensen sobre esto. Voy a ser muy breve por una sencilla
razón: aquí no se trata de debatir lo que puede hacer esta Cámara, sino
que se trata de aconsejar al Ministerio del Interior para que reflexione
--el que tiene que reflexionar es el Ministerio del Interior-- y
comprobar si el Reglamento Taurino vigente sirve para esa finalidad
principal y prioritaria.
Creo que en la exposición de motivos de la Ley sí se reconoce que
precisamente en estos espectáculos taurinos es en los que la seguridad
ciudadana se puede ver afectada más seriamente, más incluso que en las
plazas de toros permanentes. Yo entiendo que el Reglamento Taurino, lo he
dicho en mi intervención, hace una exposición detallada de todo lo que se
refiere a las corridas de toros o novillos en plazas permanentes. Pero
con respecto a los festejos taurinos, tan abundantes, debo decirle que
sueltan reses que tienen cada vez mayor peso, trapío o raza. Le puedo
decir que en mi provincia hasta sueltan miuras en un pueblo. Y hay otras
ganaderías famosas, y no uno sino varios toros. Es, de verdad, un
espectáculo muy fuerte. Por eso le digo que el Ministerio del Interior
tiene que reflexionar muy seriamente, porque se están produciendo
accidentes trágicos, y lo cierto es que no se pueden evitar.
Reconozco, señor Arévalo, que una de las dificultades --lo dice también
la Ley-- es la gran diversidad de espectáculos de diferente índole: el
«corredous», el toro ensogado de Losada, la entrada de caballos de
Segorbe, fiesta de interés nacional, los encierros de Pamplona, cuántas y
cuántas especialidades de toros. Pero las propuestas que yo he hecho en
nombre del Grupo Popular sirven para todos. Me refiero tanto al Grupo
Socialista, como al digno representante de Convergència i Unió.
Respecto a Convergència i Unió, le diré que la Generalitat de Catalunya
exige el recibo justificante de la póliza, no lo exige el Reglamento
Taurino. Quizá por eso ya
bastaría una reflexión del Ministerio del Interior para modificar o
desarrollar el Reglamento en el artículo 93 y en los concordantes. Y en
la Generalitat de Catalunya, también en cuanto al riesgo --se ve que el
asunto económico es importante para todos--, exige cantidades exactas y
fijas de antemano: un millón para caso de muerte, dos millones para caso
de invalidez --según creo y según están las disposiciones, no existe eso
en el Reglamento Taurino--, y sirve para todo, para las fiestas que se
celebran, no en Cataluña, donde está regulado, pero sí en Aragón, en
Castilla-La Mancha y en tantas y tantas Comunidades que tienen que
regirse por el Reglamento Taurino estatal vigente. He dicho y mantengo
que es un tema importante, tanto éste como el de los burladeros y
refugios.
En Villarreal, pueblo de mi provincia, hubo hace poco un accidente mortal
que fue motivo de varias alteraciones en cadena. Una de ellas fue que el
toro empitonó a un joven de 18 años en un callejón largo y estrecho donde
no había ni un solo refugio, donde no pudo impedir que el toro lo
acosara. Insisto y repito: ¿por qué los técnicos municipales, las
organizaciones de fiestas, no exigen que haya refugios a menos de cien,
cincuenta, o treinta metros?, cuando son plazas permanentes deben guardar
una distancia. Creo que sí se puede y sería adelantar en la cultura de
nuestra fiesta. Cuanto mayor número de garantías se incluyan en el
Reglamento, más cultura tendrán estas fiestas y menos espectáculo de
masas.
Señor Arévalo, usted ha hecho un canto de todo el artículo 93 que, tanto
para mi Grupo Parlamentario como para mí, es escaso. Hay cosas que están
bien puestas. No he nombrado las que están bien, ya que no hay que
modificarlas, ahí están, pero sí que he hecho una exégesis, con el tiempo
limitado que he tenido, en aquellos temas --en algunos de ellos he
insistido-- que, repito, caben en toda clase de festejos, no sólo en los
que se producen en Xert, en Villarreal, en Reus o en Amposta. No; en
todos los municipios de España. Esto queda escrito, esto queda plasmado
en el Diario de esta Cámara. Ahí están las propuestas del Grupo
Parlamentario Popular, que creo que son muy claras. No entro en
discusiones sobre sí o si no; lo dejo para que puedan ser leídas y
estudiadas. Insisto en que supondría un gran gozo para este Senador que
en su primera intervención y en la primera moción que defiende en nombre
del Grupo Popular fuera aprobada, y si contara con la aprobación de
Convergència i Unió, sería ya un gozo supremo. Ahí están las propuestas
del Grupo Popular, que van a quedar plasmadas en el «Diario de Sesiones».
Insisto en que esa Comisión consultiva de espectáculos taurinos avance
rápidamente en el aspecto sanitario, que es importante, pero que también
tenga en cuenta todas las propuestas que he hecho en nombre de mi Grupo.
No me gustaría que, por no adoptar rápidamente alguna de estas medidas,
tuviéramos algún accidente o algún trágico suceso. Yo me eximiría de toda
responsabilidad, porque creo que el Grupo Popular ha hecho todo lo
posible para que aquí, en el Senado, se tomen medidas, se eviten trágicos
accidentes y se mejore la seguridad de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con mucho gusto consumo este turno de portavoces para anunciar,
como ya he hecho antes, que el Grupo Socialista votará negativamente a la
moción presentada por el Grupo Popular. Y lo hago además desde el respeto
que me merece el Senador Escuin, con el que coincidí, como él ha
recordado, en aquella Comisión, en los años 1983 y sucesivos, en la que
estudiamos la situación actual de la fiesta de los toros. Es cierto que
nos dedicamos más a los festejos mayores, a las corridas de toros y en
plazas permanentes que no a estos otros festejos llamados menores y que,
en todo caso, se siguen manteniendo gracias a la tradición y a la
renovación de las necesidades festeras de los lugares españoles, ya que
de algunos de ellos, como he dicho antes, podría discutirse incluso hasta
su propia existencia. No obstante, respeto todas estas tradiciones, y
precisamente por eso es por lo que hay que arbitrar todos los
procedimientos de protección y seguridad.
No echo en saco roto ninguna de las cosas que ha dicho el Senador Escuín,
porque están dichas, sin duda, con buena voluntad y, además, con el ánimo
de proteger a los participantes y a los no participantes en este tipo de
festejos. Por tanto, como está dicho con esa intención permítame que le
muestre mi respeto pero, al mismo tiempo, mi oposición a la moción tal y
como está hecha --no digo nada acerca de cómo estaba redactada anteayer--
y a lo que en ella se pide.
El Senador Codina, de Convergència i Unió, también ha dicho que el
Reglamento es detallado y que el artículo 93 es suficiente, así como que
también es necesario desarrollar el artículo 25. Por tanto, lo que se
pide en la moción no puede prosperar, puesto que no es el artículo 93 el
que hay que desarrollar, y tal y como está expresado eso no es posible.
No se puede pensar en casos concretos porque, en una reglamentación para
toda España, descender al detalle de cada sitio podría cuestionar lo que
se hace en otro y, por consiguiente, eso debe ser regulado por las
Comunidades Autónomas, o incluso ser establecido por los ayuntamientos
cuando organizan sus propios festejos, siempre que tengan lugar en vías
públicas.
Por tanto, ahí es donde está el lugar y el procedimiento para que se
apunten más tantos a favor de la seguridad de los participantes y de los
no participantes.
Con este Reglamento, con el Reglamento de Espectáculos Taurinos vigente,
que es de desarrollo de la ley, creo que se ha dado un gran paso, y así
se ha mostrado este último verano --que ya está terminando en cuanto a
espectáculos taurinos se refiere--, se ha demostrado que sí que ha
respondido a las necesidades. Ha respondido y se han establecido los
elementos sanitarios necesarios. Ha habido ambulancias y UVI en todos los
lugares en que era necesario que las hubiera, se han exigido por las
administraciones públicas, la que correspondiera en competencia, las
autonómicas o las del Estado, y se han podido
arbitrar todos los procedimientos para dar la mayor seguridad.
Por tanto, creo que se han cumplido las pretensiones que tenía el
Reglamento con el artículo 93 e, incluso, con el artículo 25. Es
necesario, en consecuencia, que sigamos desarrollando el artículo 25 en
lo que se refiere a las enfermerías y que aumentemos en todo lo que sea
preciso y en todo lo que vaya surgiendo la seguridad de los
intervinientes y de los no intervinientes, pero sin poder detallar más,
puesto que en cada sitio se desarrollan las cosas de una manera distinta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Arévalo.
Concluido el debate vamos a pasar a votar la moción número 24.
Se somete a votación la moción número 24 del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado por la que se insta al Gobierno de la Nación a que proceda a
desarrollar los artículos 93 y concordantes del Real Decreto 176/1992 de
28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 91; en contra, 128; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce horas y cuarenta minutos.