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DS. Senado, Comisiones, núm. 228, de 11/10/1995
Año 1995 V Legislatura
Comisiones. Núm. 228
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION DE EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENCIA DE DON JOSE MIGUEL FERNANDEZ PELEGRINA
Sesión celebrada el miércoles, 11 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
--Contestación del Gobierno a la pregunta de don Tomás López San Miguel
sobre las previsiones del Ministerio de Educación y Ciencia respecto de
la ampliación de la subvención nominativa concedida a la Universidad de
La Rioja, a fin de minorar, fundamentalmente, sus deficiencias en gastos
corrientes. (Número de expediente 681/000086.)
--Dictaminar el Proyecto de ley orgánica de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes. (Número de expediente
621/000090.)
Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, ruego a la señora Letrada que compruebe la asistencia de
los señores Senadores.
Por la señora Letrada se procede a la comprobación de las señoras y de
los señores Senadores presentes y representados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tenemos pendiente de aprobación dos actas; una, de la reunión del día 7
de septiembre, y otra, del día 27 de septiembre. Si sus señorías dan su
visto bueno, podemos darlas por aprobadas. (Pausa.) Muchas gracias.
--CONTESTACION DEL GOBIERNO A LA PREGUNTA DE DON TOMAS LOPEZ SAN MIGUEL
SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA RESPECTO DE
LA AMPLIACION DE LA SUBVENCION NOMINATIVA CONCEDIDA A LA UNIVERSIDAD DE
LA RIOJA, A FIN DE MINORAR, FUNDAMENTALMENTE, SUS DEFICIENCIAS EN GASTOS
CORRIENTES. (681/000086.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día:
Contestación del Gobierno a la pregunta formulada por el Senador del
Grupo Parlamentario Popular, don Tomás López San Miguel.
Para formular la pregunta, su señoría tiene la palabra.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, sean mis primeras palabras de felicitación
por su reciente nombramiento y para desearle en mi nombre, y en el del
Grupo Popular, los mayores éxitos, lo que, sin duda, redundará en una
mejora de nuestras universidades.
Con fecha 1 de junio de 1995 formulé al Gobierno una pregunta para su
respuesta por escrito. Dicha pregunta fue anunciada en el Boletín del
Senado, con el número 8.576, del día 19 de junio de 1995. Habiendo
transcurrido con exceso el plazo en que debería haber sido contestada,
hecho que denota una grave desconsideración hacia esta Cámara, me he
visto obligado a requerir el amparo que el artículo 169.2 del Reglamento
del Senado contempla para estos casos. Una vez admitido por la Mesa,
reitero la siguiente pregunta: ¿Tiene intención el Ministerio de
Educación y Ciencia de ampliar la subvención nominativa ya concedida con
otra adicional, capaz de aminorar las deficiencias que la Universidad de
La Rioja tiene en su presupuesto, fundamentalmente, en gastos corrientes?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Gracias, señor Presidente.
Muchísimas gracias, Senador López San Miguel, por su felicitación. Espero
que se cumpla el deseo que usted ha formulado acerca de mis éxitos.
También quiero presentar excusas por parte de la Secretaría de Estado,
por no haber cumplido con el trámite de dar respuesta por escrito, que no
se debe a querer eludir responsabilidades, sino a que me he encontrado
este asunto sobre la mesa al tomar posesión. Por tanto, insisto, pido
excusas en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia.
Con respecto a su pregunta, efectivamente, el Ministerio de Educación y
Ciencia no tiene previsto ampliar la subvención nominativa recogida en
los presupuestos de 1995, ni para la Universidad de La Rioja, ni para
ninguna otra universidad. De hecho, las 17 universidades del llamado
territorio MEC, doce de las cuales ya han sido transferidas, tienen la
misma obligación de garantizar una docencia de calidad y mejorar sus
servicios universitarios, para lo cual tienen, además, la autonomía que
les confiere la Ley de Reforma Universitaria por la que disponen, como
digo, de suficiente autonomía para gestionar con rigor y eficacia su
presupuesto de ingresos y gastos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Para réplica, su señoría tiene la palabra.
El señor LOPEZ SAN MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Secretario de Estado, me sorprende su contestación pues, según me
consta, el anterior Secretario de Estado de Universidades, es decir, su
antecesor, había reconocido ya el déficit o la deuda histórica que tiene
la Universidad de La Rioja y se había comprometido --según mis noticias--
con los órganos de gobierno de la Universidad de La Rioja a incrementar
la subvención nominativa en 180 millones de pesetas.
Sepa que con su actitud pone en peligro la consolidación de la
Universidad de La Rioja, una Universidad de reciente creación y, por
supuesto, el desarrollo de la Ley de creación de dicha Universidad, que
las Cortes Generales aprobaron por unanimidad en 1992.
Durante el mes de mayo de 1995, el rector pidió públicamente
explicaciones sobre la financiación de la Universidad y solicitó una
adicional de 295 millones, a los 1.442 millones que habían sido
contemplados en el presupuesto de 1995.
Creo que esta negativa es un desprecio más que el Ministerio de Educación
y Ciencia hace a la sociedad riojana pues, en definitiva, los
destinatarios de esta subvención no son más que los riojanos, y los
riojanos queremos una universidad de calidad que incida directamente en
el desarrollo regional. Eso no es posible si no se incrementa la
subvención nominativa, que dé lugar a unos gastos corrientes adecuados.
Si a esto añadimos que en el proyecto de presupuesto de 1996 no se
contempla ninguna inversión para la Universidad de La Rioja, realmente,
señor Secretario de Estado, tendremos que hablar, no de la Universidad de
La Rioja, sino de lo que en su día dijimos, es decir, que era una
academia de profesores. Una Universidad, si no tiene instalaciones ni
infraestructura y no tiene un mínimo para poder garantizar su
funcionamiento, no puede impartir ningún tipo de docencia y, por tanto,
la calidad que puede aportar es cero.
Yo creo, señor Secretario de Estado, que usted tiene una oportunidad
histórica en este momento. Realmente, usted no es responsable de los
presupuestos de 1995 ni de los de 1996, aunque tenga que asumirlos. Yo
pienso que debería ser valiente y, sin ninguna duda, reconocer esta
deuda, que es histórica en la Universidad de La Rioja, y en el trámite
parlamentario que se inicia de la Ley de Presupuestos contemplar una
partida superior en esa subvención nominativa que, en definitiva, sirva
para paliar esta deuda. No dude de que, si lo hace así, la sociedad
riojana y los riojanos se lo agradeceremos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra para responder.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Gracias, señor Presidente.
Senador López San Miguel, yo creo que usted ha equivocado la pregunta. Yo
le he contestado explícitamente a lo que usted pregunta: no vamos a
aumentar la nominativa, pero esto no tiene nada que ver con las
negociaciones de la transferencia.
Por tanto, pienso que usted debería haber preguntado si en las
negociaciones de la transferencia habría una asunción de la deuda
histórica que tiene la Universidad de La Rioja, de la que soy consciente.
No puedo negar nada de lo que usted ha dicho, y por lo tanto nosotros
conocemos perfectamente cuál es la situación. Es más, en el mes de julio
hubo un primer contacto entre el Consejero de Educación de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y el Subsecretario de nuestro Ministerio, y se
decidió dejar las negociaciones en manos de los técnicos, ya que son
negociaciones complejas y nosotros no podemos hacer agravios comparativos
con otras universidades que han sido transferidas o que se van a
transferir, y reconocemos el problema que hay, pero que es un problema de
negociación de la transferencia, no de aumentar la nominativa en los
presupuestos porque, vuelvo a repetir, supondría un agravio comparativo
con las otras universidades.
Por tanto, yo he contestado explícitamente a su pregunta y la he
contestado honestamente, pero también le digo, por su réplica, que
tenemos en cuenta la deuda histórica que hay y estamos negociando con la
Comunidad Autónoma. Además, yo creo que usted comprenderá perfectamente
que nosotros esperamos que los rectores y las Comunidades Autónomas digan
que necesitan más fondos, puesto que hay que mejorar la calidad de la
enseñanza, y esto lo esperamos de todos los rectores de todas las
universidades, transferidas o no, y lo esperamos de todas las Comunidades
Autónomas, y nos sentiríamos frustrados con un rector que dijera que ya
tiene suficiente con lo que tiene. Por tanto, las reivindicaciones que
tiene el rector y la Comunidad Autónoma a mí me parecen espléndidas, y
estamos en negociación y a la espera de una llamada del Consejero de
Educación de La Rioja para tener el segundo contacto de altísimo nivel.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
Le agradecemos su comparecencia por primera vez, esperamos que no sea la
última y que la próxima tarde menos.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y EL
GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES. (621/000090.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. En
primer lugar, vamos a pasar a la votación del Informe de la Ponencia.
¿Alguno de los autores quiere hacer uso de la palabra?
El señor IGLESIAS MARCELO: El Informe de la Ponencia, en el sentido de
proponer a la Comisión que adopte la propuesta de elevar al Pleno un
dictamen de devolución al Gobierno del texto de este proyecto de ley,
coincide no solamente con una propuesta de devolución al Gobierno del
Grupo Parlamentario Popular, sino también con una propuesta de devolución
al Gobierno de Izquierda Unida que, naturalmente, no tuvo ocasión de
manifestar en la Ponencia, puesto que no está presente, las razones de su
enmienda de devolución. Por ello, creo que sería oportuno que
debatiéramos el contenido de esa enmienda, para pasar después a votar la
propuesta de la Ponencia, conforme es normal y reglamentario.
El señor PRESIDENTE: La Ponencia votó solamente el veto número 2. Por
tanto, pasaríamos a la votación de este veto, y después, en todo caso, si
se quiere, se defendería el otro veto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Buenos días.
Efectivamente, yo vengo hoy aquí a la Ponencia en representación del
Grupo Parlamentario Mixto y de Izquierda Unida. Lógicamente, nosotros
íbamos a defender la propuesta de veto que hacemos porque entendemos que
la ley está muy coja, y vamos a defender la propuesta de veto, que es, en
definitiva, una propuesta de devolución.
El señor PRESIDENTE: El Senador don Isidro Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Nosotros entendemos que el Informe de la
Ponencia es el que es, viene a esta Comisión y antes que cualquier
consideración de otro tipo creo que debemos entrar justamente a tratar el
asunto de fondo: el Informe de la propia Ponencia que pide que esta
Comisión haga un dictamen pidiendo la devolución de este proyecto de ley
al Gobierno.
Y en este sentido, justamente, acaba de pronunciarse el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto diciendo que, al tratarse de una mala ley,
también quieren pedir su devolución y tiene la ocasión, justamente,
porque no es otra la propuesta que hace la Ponencia, de pedir esa
devolución. Por tanto, antes de entrar en cualquier debate de otra
consideración, debemos entrar en el análisis, debate si se quiere, y
votación del informe que la Ponencia ha elevado a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que está suficientemente debatido el veto
número 2, y por tanto creo que es procedente pasar a su votación. Votamos
en primer lugar el Informe de la Ponencia. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2.
Pasamos al debate del Proyecto. En primer lugar, veto número 1... (El
señor Fernández Rozada pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, si efectivamente se produce
el rechazo de la propuesta que en trámite de Ponencia se elevaba a esta
Comisión, debemos partir del punto cero y que esta Comisión empiece a
debatir sobre algo que proponga la propia Ponencia, puesto que al haberse
rechazado la devolución al Gobierno, como proponía el veto aprobado en
Ponencia, elevado y defendido por el Grupo Parlamentario Popular, en
estos momentos la Comisión está huérfana y no tiene para su debate ningún
informe de la Ponencia que indique por dónde debe transcurrir el
dictamen. Por lo tanto, en estos momentos o hay reunión de la Ponencia o
hemos finalizado la sesión. (El señor Iglesias Marcelo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.
Yo discrepo de la interpretación del Senador Fernández Rozada sobre los
efectos de la votación que acabamos de realizar. Hemos rechazado el
informe de la Ponencia, que proponía la devolución al Gobierno del texto
remitido por el Congreso de los Diputados, y una vez rechazado este
informe, automáticamente el texto remitido por el Congreso de los
Diputados se convierte en la base del debate parlamentario. En
consecuencia, la Ponencia, por mayoría, que en este momento se hace
presente, propone que la Comisión debata y vote el número 2, de Izquierda
Unida --que, naturalmente, tendría el mismo efecto que el veto número 1,
del Grupo Parlamentario Popular--, y en la hipótesis de que fuera
rechazado, el efecto inmediato es la recuperación del texto. En todo
caso, ésta sería la propuesta que por mayoría haría la Ponencia en este
momento, mayoría constituida por el Senador de Convergència i Unió, señor
Vallvé, y los dos ponentes del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias. (El señor Fernández Rozada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Desde luego, no cabe duda de que, a nuestro
juicio, lleva razón el Senador Iglesias en lo que acaba de exponer, pero
consideramos que en este momento, reunido el Pleno de la Comisión y sin
que la Ponencia se haya reunido para debatir y emitir un informe, el
trámite correcto no es el de actuar sobre algo respecto a lo que la
Ponencia, repito, no se ha pronunciado, aunque él lo base en que son tres
y los demás son dos, aparte de que el señor Iglesias sabe que no hemos
entrado en ningún trámite en Ponencia para ordenar un poco las enmiendas
que se han presentado por diferentes grupos.
En todo caso, dada la mayoría en Ponencia del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y la petición, según manifiesta ahora el señor Iglesias --aunque
no hemos oído en Ponencia al portavoz de Convergència i Unió-- a la
Comisión de retrotraernos al texto que viene del Congreso, debatiendo
previamente los vetos y a continuación, si no prosperan, las enmiendas,
por nosotros tampoco habría ningún inconveniente en proceder así, pero
las formas, señorías, son las formas, y no son precisamente las que acaba
de exponer el señor Iglesias.
El señor PRESIDENTE: Oídas las partes, este Presidente suspende la sesión
por cinco minutos a fin de que se reúna la Ponencia. (Pausa.)
Se reanuda la sesión
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate del Informe de la Ponencia.
Tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Gracias, señor Presidente.
La propuesta de la Ponencia es la de entrar en el debate del texto
remitido por el Congreso de los Diputados y de todas las enmiendas
presentadas a ese texto, incluidas las dos propuestas de veto, una del
Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario
Mixto-Izquierda Unida. Seguidamente, votar las enmiendas de veto de
devolución al Gobierno; entrar inmediatamente en el debate del texto
articulado y de todas las enmiendas que cada Grupo Parlamentario haya
presentado en un solo turno, y proceder inmediatamente a su votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias.
Pasamos al debate de los vetos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, para la
defensa del veto número 1.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señorías, no me voy a extender mucho sobre el
veto que presentamos a este proyecto de ley, porque creo que está
suficientemente fundamentado en las razones que explicamos en el
documento. Además, entendemos que es un proyecto de ley que se ha hecho
con mucha precipitación, que no es riguroso, mezcla conceptos y contiene
elementos que no van a resolver ninguno de los problemas que tiene
planteada la enseñanza. Por otra parte, hay un cuestión que no entendemos
y es la iniciativa popular a través del mecanismo de las 500.000 firmas
establecido en la democracia, ya que el tema de la enseñanza está
presentado en el Congreso de los Diputados con esa propuesta de las
500.000 firmas, lo cual lógicamente condiciona o debería condicionar su
tramitación porque sería una cuestión a tener en cuenta para regular este
proyecto. O sea, la iniciativa popular se tiene que tener en cuenta,
repito, antes de la tramitación del proyecto que nos ocupa en estos
momentos.
En ese contexto mantenemos el veto. Si, posteriormente, esta Cámara
decide llevar adelante el proyecto, formularíamos la defensa global de
nuestras enmiendas que tienen por objeto, de alguna manera, dar el máximo
de coherencia posible, dentro de lo que nosotros entendemos que es un
destiempo de la situación de este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
No compartimos los criterios de los señores enmendantes en este veto de
propuesta de devolución al Gobierno, en primer lugar, porque no es
incompatible que haya en tramitación una iniciativa legislativa popular
sobre la promulgación de un proyecto de ley de financiación. Eso es un
aspecto parcial de las atenciones que requiere el sistema educativo y de
las necesidades que presenta; en absoluto es incompatible. El objetivo de
este proyecto de ley no tiene nada que ver con el tema de la financiación
y, por lo tanto, es perfectamente posible compatibilizar los dos
objetivos, los objetivos de la mejora del sistema educativo que esta ley
contempla y los objetivos de una financiación mejor a través de la
iniciativa popular que el representante de Izquierda Unida ha hecho
presente en este momento.
Las necesidades que el sistema educativo presenta en este momento son, en
primer lugar, la de completar el desarrollo normativo del sistema y de
las leyes fundamentales, las leyes básicas, y el poner a disposición de
todo el sistema educativo los instrumentos necesarios para la aplicación
de la reforma con los parámetros de calidad exigibles, y recuerdo que
entre esos instrumentos educativos y elementos de carácter formal,
pedagógico, didáctico y de organización de los centros, que son muy
importantes, hay elementos de carácter personal en los que los
profesores, los claustros, los directores, la función de la inspección
constituyen piezas muy relevantes del sistema educativo, y hay un medio
instrumental, al que se refiere concretamente la propuesta a la que
aludía el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, que son
los medios de carácter económico a los que se refiere la propuesta de
iniciativa popular.
Por tanto, siendo las necesidades del sistema educativo complejas, como
es el hecho mismo de la educación, que es un fenómeno complejo, no hay
por qué eliminar la posibilidad de que en una ley se regulen aspectos muy
variados y muy diferentes del sistema educativo en su conjunto. No está
subordinado a que esa iniciativa popular de promulgar una ley de
financiación pueda llegar a término.
Por esa razón y porque creemos que las críticas que se presentan ante
este proyecto de Ley no tienen fundamento suficiente, nos opondremos a
esa enmienda de veto y propondremos la continuación del trámite
parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, por parte de Coalición
Canaria consideramos que esta Ley no es muy afortunada y ello porque
afecta de una forma irregular a avances importantes que habían tenido la
LODE y la LOGSE y que, aunque son tímidos avances en el sentido de la
participación y de la evaluación, se observa un claro retroceso en los
conceptos de la dirección de los centros y, sobre todo, en la inspección
de los mismos.
Por estas razones, y no desde el punto de vista de la financiación de la
Ley, es por lo que no resulta muy afortunada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra para decir que vamos a apoyar con nuestro voto
favorable el veto presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto. Aunque las razones de fondo no son las mismas que las que nuestro
Grupo expone para su devolución, sin embargo, creemos que coincidimos en
la necesidad de devolver el proyecto al Gobierno y, de ahí, nuestra
votación favorable cuando se proceda a la misma en este trámite de
Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la discusión del segundo veto.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA; Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente porque está claro que el Grupo parlamentario
Popular entiende que existen múltiples y fundadas razones para no
suscribir una iniciativa de las características de la que ahora
debatimos.
La historia --y creo haber sido testigo de excepción de la misma durante
los últimos doce años-- pone de manifiesto que la promulgación de la
legislación escolar a lo largo de la etapa de los gobiernos socialistas
ha sido pródiga y que en esa labor el trabajo alcanzado tras las
pertinentes tramitaciones legislativas no ha sido nunca completo, ni
siquiera ha sido de la satisfacción de quienes suscribían la presentación
y aprobación de las leyes, que con el tiempo han dado muestras sobradas
de contradicción con sus propias ideas.
Remontándonos al año 1985, cuando se publica la Ley Orgánica del Derecho
a la Educación, observamos que la misma trataba de cumplir unos objetivos
con los que se pretendía resolver la participación y la democratización
escolar y, sin embargo, hoy día aún continúan pendientes. Siguió la
supresión del cuerpo de inspectores, del centro de directores y el de
catedráticos, se publicó una disposición de carácter general sobre
derechos y deberes de los alumnos y un sinfín, señorías, de regulaciones,
que lejos de generar la atención y la tranquilidad del profesorado, así
como de los propios alumnos, han sembrado, a nuestro juicio, el estupor y
el desasosiego.
Por eso, vemos que, no estando tan lejos todavía la promulgación de la
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOGSE, en
octubre de 1990, no parece
que con la promulgación de esta ley de la participación, evaluación y
gobierno de los centros sea el momento para resolver los problemas que
están aparcados, cuando el propio Ministerio viene a reconocer
tácitamente con la misma el grave fracaso de los aspectos comprendidos en
las Leyes Orgánicas que acabo de citar, fundamentalmente los relacionados
con la participación, la dirección y la inspección. Luego, es evidente
que durante los años de legislación escolar por parte de los gobiernos
socialistas no se han cubierto esos objetivos y ahora, con la
precipitación de la que hablaba el portavoz de Izquierda Unida,
pretenden, efectivamente, resolverlos en una Ley, a nuestro juicio,
inoportuna y, además, innecesaria.
Creo que hubiera sido mejor haber abierto un debate entre los sectores
implicados en la participación, la evaluación y gobierno de los centros.
Esto no se ha hecho así y no es para olvidar o para no tener en cuenta
algo tan importante como que este ante-proyecto de Ley, en su día
anteproyecto, fue rechazado por más del 83 por ciento del profesorado,
hecho además en referéndum expresamente para valorar dicho anteproyecto
sobre la participación, evaluación y gobierno de los centros. Por tanto,
creo que el fracaso de esta Ley desde el principio es evidente. ¿Cómo
puede sostenerse la aprobación de una Ley que el profesorado rechaza en
el ochenta y tantos por ciento y que en estos momentos tiene
prácticamente a todos los docentes españoles preocupados con su posible
aprobación? Indudablemente, el profesorado sigue sin vincularse al
proceso de reformas que han iniciado los gobiernos socialistas desde el
año 1982 y, desde luego, reformas que quieren imponerse sin vincular al
profesorado en el área educativa están, lógicamente, condenadas al
fracaso. Y éste va a ser uno más de los fracasos del Gobierno socialista.
Hay una ausencia de un debate social en el mundo educativo, hay una falta
de decisión para analizar los problemas reales que afectan a la
enseñanza, una indecisión política total ante una posibilidad de
consenso, que ni se ha buscado, y hay un afán de limitar tanto la
participación real en el gobierno de los centros, como en el desempeño de
la inspección. Por ello, nuestro Grupo considera que es una Ley
inoportuna en el tiempo, ya que con el desarrollo de la LOGSE resulta
improcedente que tanto esta norma como la propia LODE vengan ahora a
modificarse, y la Ley es innecesaria, ya que reproduce en la mayor parte
de su articulado, además de forma literal, el correspondiente a las Leyes
Orgánicas a las que me estoy refiriendo.
En cuanto a la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, si se
analiza se observa que se limita la libertad de acción del profesorado en
el aula; hay una distancia clara entre la retórica ministerial y la pura
realidad cotidiana en las aulas; se quiere tratar, a nuestro juicio y se
ve claramente en la propia Ley, al profesorado como un mero técnico que
aplica rutinas preestablecidas, al tiempo que se consolida la
burocratización de la escuela, signo de su dependencia y no de su
autonomía. El claustro de profesores prácticamente queda como figura
decorativa y no hay, por tanto, posibilidad de participación.
En cuanto a la dirección de los centros, hay un acuerdo unánime respecto
a que una dirección escolar eficaz constituye un factor de rendimiento
muy positivo, pero no está nada claro que el modo de organizar y ejercer
una dirección, sobre todo ante la eventualidad legal de tener que definir
el papel del director, vaya a poder conseguirse con esta Ley. Para el
Grupo Popular las medidas que propone el Ministerio para mejorar la
dirección son una apuesta por una dirección desequilibrada, eso sí, una
dirección fuerte, con amplios poderes pedagógicos y de gestión, pero sin
tener en cuenta que la responsabilidad en adoptar determinadas decisiones
importantes debe ser a su vez compartida por otros órganos colegiados.
A esta inestabilidad de la dirección se suma el hecho de que se pretende
trasladar a los directores unas responsabilidades que pueden hacer aún
más indeseable la ocupación de estos cargos, y no olvidemos que un 60 por
ciento de los actuales directores han tenido que ser nombrados
directamente por la Administración ante la negativa del profesorado a
presentarse para tal cargo.
Pero con ser preocupante lo que acabo de decir, yo creo que lo que más
sorprende es la perversión de la ley en materia retributiva, que pone en
duda la misma coherencia de esta propuesta que el marco de apoyo al
ejercicio de la función directiva. Creemos que más lógico y conveniente
sería catalogar los puestos directivos, asignarlos a los correspondientes
niveles y abonarlos, así como que la consolidación de retribuciones
prevista para todos los funcionarios se pueda producir de forma general.
Entendemos que la elección de los directores de los centros constituye un
motivo de inquietud. Representa, lógicamente, uno de los problemas más
graves de los centros de enseñanza. Los profesores rechazan someterse a
procesos de elección en una situación tan anómala como que, como antes
decía, casi el 60 por ciento de los directores hayan sido designados por
la Administración. Se responde a todo esto poniendo además trabas al
profesorado para alcanzar esta meta a través de una necesaria
participación en cursos de formación permanente, con lo que se pone en
tela de juicio la capacidad de miles y miles de profesores que sin esa
formación, señorías, han permitido que centros de enseñanza se abran
todos los días y funcionen a pesar de las carencias, tanto materiales
como de personal, a las que se ven sometidos, supliendo todas estas
carencias con una profesionalidad que ahora, a nuestro juicio, se
pretende cuestionar sin ningún fundamento.
A esta crisis de dirección de los centros se responde también con un
requisito de la acreditación, añadiendo una rémora más a la problemática
de los candidatos a los puestos directivos, que afecta a la mayoría de
los centros. En este sentido nosotros entendemos que si antes era ya
difícil conseguir que un buen profesor respondiese a los criterios de
conseguir unos objetivos de mejora de la calidad de la enseñanza y fuese
elegido el mejor profesor para el cumplimiento de esos objetivos, ante
las trabas administrativas que ahora argumenta, si antes ya no quería,
por las razones de todos conocidas, participar presentándose como
candidato, supongo que a partir de ahora la Administración se habrá
percatado de que lo pone más difícil todavía, y será más la obligación
por parte de la Administración en el nombramiento de los propios
directores.
En cuanto a la evaluación, y voy finalizando, el proyecto de ley no
garantiza que la evaluación y la valoración de la práctica docente sirva
para aportar al profesorado nuevos conocimientos para mejorar su
trayectoria profesional, ni se reconoce la necesidad de que esa
evaluación se efectúe por personas capacitadas que aseguren la
objetividad de los procesos. Las vías que establecen para la formación
profesional no tienen garantías de profesionalidad, por lo que no
llegamos a entender cómo el Consejo Escolar puede participar, por
ejemplo, en este proceso si no es exclusivamente emitiendo informes.
En cuanto a la inspección, las medidas referidas ponen de manifiesto el
fracaso del modelo de la inspección instaurado en la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, habiendo faltado valentía para crear el
Cuerpo Superior de Funcionarios Técnicos de Inspección, una inspección
profesional a la que se acceda por concurso-oposición, técnica
independiente que en modo alguno debe suponer una excepción con respecto
al sistema funcionarial del Estado, antes bien, tiene que sujetarse a
ello.
La creación del Cuerpo Superior de Inspectores de Educación daría a
nuestro juicio, una solución en condiciones de igualdad con el resto de
los funcionarios a muy diferentes situaciones administrativas,
garantizaría a los ciudadanos el rendimiento social de la educación y la
rentabilidad de los recursos públicos ejerciendo las funciones y
atribuciones que la LOGSE establece en su artículo 61, así como el
desarrollo del artículo 27 de la propia Constitución.
El proyecto de ley omite el desarrollo de la alta inspección, cuya única
mención continúa siendo la del artículo 61.4 de la LOGSE. No olvidemos
que, efectivamente, entre las grandes funciones que tiene que cumplir la
inspección no está en modo alguno el ser partícipe o cliente partidario
del Partido gobernante que le haya seleccionado, no por criterios de esa
profesionalidad sino de clientela política, y hoy día es comentario
general en las direcciones provinciales en torno a la configuración de
los inspectores de los últimos años, que se han seleccionado más bien por
razones partidistas y de clientelismo que no de mérito y de capacidad
--estoy hablando del ámbito general--, y ahora con este proyecto se
pretende, efectivamente, meterlos a todos en concurso-oposición dejando
una secuela difícil de poder subsanar en los próximos años.
En cuanto a la generalización de los centros de integración y la
escolarización de los alumnos con características especiales, la
regulación contenida en este proyecto no garantiza que se vaya a contar
con los medios necesarios para acercarnos a un modelo de integración
total. Cuantitativamente, nosotros siempre que hablamos de educación y de
conquista de calidad de enseñanza hablamos de uno de los graves,
diríamos, defectos de la administración socialista, sobre todo de la
legislación que ha propiciado en los últimos años el no apostar
decididamente por la educación a través de una ley de financiación que
permitiese, por lo menos, sentar las bases de la conquista de esos
objetivos con medios económicos suficientes para cubrir esos objetivos
que ellos mismos plasman en esas leyes que aprueban y que van desde la
LODE, la LOGSE, y ahora ésta de participación, regulación y gobierno de
los centros. No hay medios económicos, efectivamente es muy difícil
cubrir los objetivos que se dicen, y al final, sin embargo, las leyes
continúan, obtienen interés para los socialistas, en este caso, interés
no tanto basado en el realismo de que ven que pueden cumplir los
objetivos que se proponen en las mismas, sino porque consideran que es
bueno para el sistema educativo, sin hacer un análisis y una valoración
de los resultados que nos permita ver si efectivamente existe una calidad
de enseñanza suficiente, si nos estamos homologando con otros países
europeos donde sí obtienen unos resultados en calidad de enseñanza muy
superiores, pero que apuestan por la educación, cuantitativamente
hablando en cantidades económicas, que permita trabajar con dignidad a
todo el estamento educativo. Esta no es la cuestión, nosotros lo hemos
planteado en su día, lo seguimos planteando y creemos que uno de los
grandes y graves problemas que hoy tiene la educación en España es que no
hay financiación suficiente para poder lograr los objetivos de unas leyes
que nosotros hemos rechazado por los argumentos que siempre en los
últimos años hemos venido dando.
En definitiva, con un sistema educativo deteriorado por los desajustes
producidos con ocasión del desarrollo, como antes decía, de la LODE y de
la LOGSE, que alcanza a nuestro juicio un grado de formación
considerable, con este proyecto de ley se abordan de forma parcial los
problemas planteados. Por eso nosotros pedimos con este veto la
devolución al Gobierno de este proyecto en la confianza de que pueda
establecer medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza
mediante un nuevo proyecto que pueda garantizarla, ya que en éste no se
observa garantía alguna.
En definitiva, señorías, nosotros vamos a seguir luchando por un modelo
educativo que permita la participación, la evaluación y el gobierno de
los centros y no por un exceso de burocracia, sobre todo de leyes que no
están permitiendo conseguir los objetivos que según su propio enunciado
se pretende alcanzar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Trataré de intervenir con mayor brevedad de la utilizada por el Senador
Fernández Rozada. Retomamos un debate que dura ya años; estamos ante el
mismo debate de carácter político sobre la concepción de la educación y
los argumentos y muchas de las cuestiones concretas que salen en estas
discusiones son debates recurrentes. Llevamos años discutiendo el tema de
la Ley de Financiación. Y yo voy a explicar cuál es la filosofía de fondo
del Grupo Parlamentario Socialista sobre esta cuestión.
Nosotros creemos que el tema de la educación es un tema que está
permanentemente necesitado de reflexión sobre su marco legislativo y
sobre su desarrollo práctico y que esa permanente reflexión sobre el
contenido de la educación,
que es un fenómeno de una extraordinaria complejidad, hace que ante el
análisis de los que miran el hecho educativo desde fuera, la educación se
plantee siempre como algo que está en crisis. La crisis del sistema
educativo viene de atrás, de hace muchísimos años, décadas, siglos. El
sistema educativo siempre está en crisis. Al analizar su contenido, su
marco legislativo y su puesta en práctica, siempre encontramos
dificultades de eficiencia, cosas que hay que cumplir y que hay que
mejorar y eso de una manera permanente.
En la educación ocurre lo mismo que sucede en el trabajo científico, y es
que nunca se puede dar por definitivamente sentada ninguna conclusión
porque todas las conclusiones están sujetas a comprobación, a reexamen e,
incluso, a cambio radical de planteamientos y supuestos que eran
evidentes hace diez años, ahora ya no lo son tanto. La condición del
hecho educativo no es ajena a la condición de muchas otras actividades
humanas, como por ejemplo el conocimiento y progreso de la ciencia.
Por esa razón, sentadas las bases fundamentales del sistema educativo,
que en la concepción del Partido Socialista han constituido los hitos de
una reforma en profundidad del sistema, y hablo del derecho a la
educación como primer elemento de dicha reforma y, como segundo elemento,
de la Ley de Reforma Universitaria, aunque no tiene una referencia
expresa a lo que estamos aquí tratando y a los sucesivos desarrollos
legislativos, no podemos considerarlas como el establecimiento definitivo
de una norma que no pueda ser reexaminada, modificada y mejorada.
Cualquiera que diga que una ley es para siempre o para un siglo o para
medio siglo y que no hay capacidad de reexaminar los contenidos y de
modificar sobre la marcha aquello que sea necesario, mantendría una
postura absolutamente alejada de lo razonable en el tratamiento de un
problema tan importante.
Recordemos, a título de ejemplo, que una norma tan fundamental y tan
básica como es la Constitución española --que no tiene todavía 20 años de
vigencia y que es por su propia naturaleza una norma extraordinariamente
pesada, en el sentido de que su modificación requiere condiciones
absolutamente excepcionales y, por lo tanto, se tiende a no modificar
demasiado frecuentemente la norma fundamental--, ha sido objeto, en estos
momentos, de modificación. Además, están en estudio posibles y futuras
modificaciones de la norma fundamental. Si se puede modificar la
Constitución, ¿qué inconveniente hay en que retoquemos algunos aspectos
de la LODE o algunos aspectos de la LOGSE que, naturalmente, son normas
de rango menor que la Carta Magna?
Con esta ley retocamos algunos aspectos parciales de la LODE, de la LOGSE
y de la Ley de Reforma de la Función Pública. Evidentemente, las
retocamos y completamos su desarrollo normativo, pero no hay que rasgarse
las vestiduras porque procedamos a una operación de este tipo. Yo creo
que es una operación razonable, conveniente. La realidad del sistema
educativo va descubriendo cuáles son los aspectos en los que hay que
incidir en el futuro con mayor fuerza, con mayor seguridad, y a esto es
justamente a lo que nosotros dedicamos nuestro esfuerzo parlamentario.
No voy a detenerme en los detalles concretos de la crítica del Grupo
Parlamentario Popular, que sería más bien objeto de enmiendas parciales
respecto de sectores concretos de este proyecto de ley, como el tema de
la dirección, de la inspección, etcétera. Ya habrá ocasión de debatir con
mayor profundidad esos aspectos concretos de la propuesta del Partido
Popular. Me parece que es más un juicio de intenciones. La ausencia de un
análisis objetivo de la realidad hay que marcarla como algo realmente
relevante. Habla del 83 por ciento, pero no sé con qué medida y no sé
tampoco de qué tipo de encuesta general sobre la adhesión de los
profesores a la reforma educativa se trata. Los datos que nosotros
tenemos no son de esa naturaleza. Efectivamente, hay discrepancias de
posiciones, como es inevitable en un tema como éste.
Me quiero referir a algunas cuestiones concretas. Primero, a la
perversión de esta ley respecto de la consolidación de un complemento de
destino para los directores, de una parte de los complementos de destino,
que es lo que dice la ley. ¿Por qué resulta tan extraña que se haga con
los directores escolares, con los directores de los centros docentes, lo
que es norma general en los ámbitos de la Administración pública? ¿Por
qué? ¿Por qué los directores escolares no pueden disfrutar de esa
consolidación de complementos de destino que están vigentes para
muchísimos otros ámbitos de la Administración del Estado? ¿Por qué no
puede ser? ¿Hay alguna razón para excluir a los directores de esa
consolidación? No hay ninguna razón.
Si un funcionario que ha desempeñado un cargo con un complemento de
destino determinado se ve, por los avatares de su carrera profesional,
obligado a realizar tareas que tienen complemento de destino inferiores,
en determinadas condiciones podría consolidar sus complementos de destino
superiores. Sería un premio a la especial asunción de responsabilidades
por parte de los funcionarios del Estado.
¿Por qué vamos a hacer que los directores estén exentos de esa medida? No
encuentro ninguna razón para declarar a los directores exentos. Es más,
si fuera posible eso debería generalizarse a más cargos directivos de los
centros escolares. Pero es bueno empezar por el principio y reconocer
para los directores que no es una mala medida. Yo no creo que haya
ninguna perversión, porque si la hubiera, la Ley de la Función Pública,
que lo permite para los funcionarios, estaría contaminada de esa
perversión.
Hablaba usted de los objetivos clientelares de la política del Partido
Socialista respecto de los directores, de los inspectores, etcétera. Pues
bien, yo que he pasado toda mi vida en ese sector porque soy Inspector de
Educación desde el año 1959, que he vivido todos los avatares de todas
las transformaciones de los cuerpos de inspección y que me he llamado con
tantos nombres distintos a lo largo de estos casi 35 ó 36 años de
adscripción a la función inspectora y docente, le diré que no conoce en
absoluto la realidad cuando habla de espíritu de clientela, de
clientelismo político respecto de los nombramientos de los inspectores
como sistema que se impuso en el año 1984 y que ahora se modifica en
parte nada más.
Usted hace una crítica como si aquel sistema hubiera sido nefasto. Ahora,
efectivamente, se rectifica. A veces
hay que reconocer que hay que mejorar lo que se hace. No se modifica en
su totalidad el sistema de acceso a la función inspectora, sino que hay
un reconocimiento de una parte muy importante de la mejora que aquello
supuso. Pero hay una ignorancia completa de la realidad de lo que ocurre
entre los funcionarios y los directores cuando se habla de clientelismo
político.
Esa afirmación, que podría ser cierta en su caso, pero en ese caso no
habría clientelismo, es absolutamente inadecuada a la realidad respecto
del conjunto de los inspectores y directores que han accedido a sus
funciones respectivas durante estos años. Se lo aseguro con conocimientos
profundos de la realidad. No hay espíritu clientelar ni puede haberlo a
través de la norma. Es absolutamente imposible. Y como conozco a las
personas que han accedido, esa evidencia es aplastante. Por lo tanto, no
podemos admitir esa acusación de clientelismo. Su señoría podrá decir que
nos hemos equivocado en el sistema y tendrá todo el derecho del mundo
para decirlo, pero para decir que una intención perversa y malévola del
Gobierno socialista ha condicionado la adopción de determinadas medidas
es algo que va más allá de lo que es una legítima crítica política. Por
lo tanto, de ninguna manera podemos aceptar ese espíritu de clientelismo.
Por esas razones y porque no compartimos en general la crítica que el
Grupo Parlamentario Popular hace a planteamientos de esta ley que, a
nuestro juicio, supone una mejora en las condiciones de ejercicio de
calidad de la enseñanza en los distintos sectores que toca, vamos a
oponernos a la aprobación del veto del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Iglesias.
¿Algún portavoz quiere intervenir? (Pausa.)
Su señoría tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros vamos a apoyar el veto, aunque se verá en el transcurso del
debate, por motivos diferentes en algunos casos y en otros coincidentes.
Coincidentes en el sentido de que consideramos que esta ley no supone
ningún avance. Es decir, aquí se plantea un retroceso, a nuestro modo de
entender, de lo que fue la LOGSE. No mejora ninguna de las cosas
pendientes.
Por tanto, quiero decir que creemos que está hecha precipitadamente,
sobre todo en cosas muy importantes. Lo explicamos aquí: se ha roto
incluso la tradición en el sector de la enseñanza. En el mundo educativo
en este país ha habido serios avances. En eso discrepamos de la
valoración que hace el Grupo Parlamentario Popular. Consideramos que ha
habido serios avances en el mundo de la educación. Se trata de abordar
los elementos nuevos que están a la luz y, al mismo tiempo, de mantener y
desarrollar las conquistas que ha habido en el campo de la educación, que
los ha habido y han sido obra del desarrollo democrático de este país,
notándose más en educación que en otros sectores.
Esa es una realidad evidente. Pero esta ley rompe y empeora lo existente
desde nuestro punto de vista. No es que no haya avances en regulación,
sino que se empeora. Toda propuesta que vaya en el sentido de instar a
que se regule bien, que se discuta con todas las partes: con profesores,
estudiantes, alumnos, etcétera, es buena. Esta ley lo que hace es romper,
incluso, consensos difíciles que ha habido en procesos anteriores. Esa es
la percepción. No hay ningún sindicato representativo de la enseñanza,
por ejemplo, tengan una visión u otra, que no estén de acuerdo con estos
planteamientos, porque desde nuestro punto de vista no hay ningún avance.
El instrumento financiero es imprescindible. Podemos crear todos los
instrumentos que queramos, pero si no hay pesetas detrás, como decía mi
abuelo, son puñetas. Hay que legislar y hay que establecer instrumentos.
Por último, las leyes no son eternas, sino que se van perfeccionando. Yo
creo que nuestra obligación es legislar con un mínimo de perspectiva o al
menos intentarlo. A veces lo que hay que establecer son marcos de mínimos
que puedan desarrollarse y no encorsetar. Indudablemente, lo que no se
puede estar haciendo es una ley que no tenga vigencia, que no pueda ser
aplicada, porque no hay instrumentos suficientes, porque no hay
instrumentos financieros. En vez de llegar a un consenso para aplicarlo
en la sociedad, se encuentra con tales obstáculos que lo que legislamos
es inviable y hay que volver a hacerlo en el transcurso de seis o siete
meses. Es mejor pensarlo más detenidamente.
Ese es el razonamiento que nos lleva a nosotros a decir que vamos a
apoyar el veto que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto.
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve. Después de oír la intervención en contra de la
exposición que en defensa del veto he hecho, por parte, en este caso, del
portavoz Iglesias, quisiera comentar algunas cuestiones, aunque también
coincido en que habrá otra ocasión de poder hacerlo, sobre todo en el
debate en el Pleno.
Señor Iglesias, yo creo que hay un afán por justificarlo todo en el
ámbito de los Senadores socialistas miembros de esta Comisión más que de
hacer planteamientos objetivos. Perder la situación, no estar en estos
momentos cerca de lo que ocurre en el mundo educativo, como parece ser le
sucede al señor Iglesias, le puede llevar incluso al convencimiento de
que la información que le están dando es razonable, es la que él acaba de
explicar aquí y, por lo tanto, no llega ni a entender que haya una
oposición legítima que discrepe frontalmente de eso.
Con el mismo fundamento, éste es mi caso, le digo que están en un craso
error en lo relativo al concepto que en estos momentos tienen de la
educación en general los docentes, y en particular el pueblo liso y
llano, que es malo. Los socialistas no han acertado en la promulgación de
leyes
como para que en estos momentos pueda trascender ante la opinión pública
que tenemos un sistema educativo que proporciona calidad de enseñanza. Al
final ése es el objetivo, señor Iglesias. Y no hay calidad de enseñanza.
Nosotros desde esa óptica hemos planteado desde el principio un proyecto
educativo distinto, pero que en modo alguno tiene por qué ser confrontado
en cada una de las ocasiones que, con motivo de reuniones para analizar
diferentes leyes, podamos tener.
Ausencia de análisis objetivo. O no leemos los medios de comunicación en
general y no consultamos o no podemos decir con ligereza que no hay un
análisis por nuestra parte objetivo de lo que está ocurriendo, cuando en
estos momentos profesores que representan a su vez a otros están
encerrados en direcciones provinciales del Ministerio de Educación para
protestar contra la denominada Ley Pertierra --y esto es una realidad--;
cuando los profesores se han movilizado a lo largo de los meses de enero,
febrero y marzo de este año; cuando conocían el anteproyecto de la
conocida, insisto, Ley Pertierra, que es esta misma ley de la
participación, evaluación y gobierno de los centros, han analizado su
contenido y han hecho un referéndum para que libremente el profesorado
pueda decidir con su voto si está de acuerdo o no.
Ahí es, señor Iglesias, donde usted no puede dejar de reconocer la
realidad de que más del 80 por ciento del profesorado está en contra de
la Ley Pertierra. Pero esto es tan de dominio común y es un planteamiento
tan objetivo que podremos discutir sobre si ellos están o no acertados,
pero discutir sobre el resultado de unas votaciones en referéndum entre
los profesores para ver si están de acuerdo con el contenido de la Ley
Pertierra es tanto como querer negar la realidad o la evidencia.
Eso es así y en estos momentos el profesorado en general no se ha
vinculado a las reformas educativas, con lo cual hay una lucha, una
confrontación muy fuerte, determinante de la falta de calidad de
enseñanza, a nuestro juicio. Y eso es lo que está haciendo que sea cada
vez más necesario propiciar desde las diferentes fuerzas políticas más
que una confrontación un entendimiento, un consenso, un diálogo social
abierto, que era el que debía haberse establecido en el inicio del
estudio de esta ley, lo que tampoco se ha hecho, porque nos sigue
recordando la arrogancia y la prepotencia con la que desde los primeros
años de Gobierno socialista se ha actuado en esta materia.
Antes decía que yo fui testigo de excepción: primero con el señor
Maravall en la discusión de la LODE y posteriormente con los señores
Solana, Rubalcaba, Suárez Pertierra y tendremos ocasión de hacerlo con el
señor Saavedra, si es que tiene a bien venir a presenciar el debate de la
ley en el Pleno. En todo caso, nosotros seguimos diciendo lo mismo que
hemos dicho desde el principio porque los resultados, desgraciadamente,
nos están dando la razón.
En ese sentido, y quiero ir finalizando, hay una cuestión real y clara, y
es que el proceso de desarrollo de un sistema educativo conlleva el
compromiso ineludible de una financiación que permita en garantía actuar
a todo el sistema educativo en el ámbito de la conquista de esos
objetivos de calidad de enseñanza, y aquí no tenemos medios económicos.
Yo comprendo que éstos son escasos. ¡Claro que sí! Decía hace un momento
el Secretario de Estado que todos los rectores de universidad nunca van a
conformarse con lo que tienen y plantearán que para mejorar necesitan
más. Eso es, efectivamente, lo que nosotros entendemos como algo
racional. Pero lo que es evidente es que los socialistas llevan
demasiados años gobernando para no haberse percatado de que, al no haber
una ley de financiación que permita al Gobierno, cuando dice que hay que
amarrarse el cinturón, no recortar en la educación, porque si recorta de
la manera que lo ha hecho no va a cumplir los objetivos de calidad de
enseñanza previstos en las reformas, eso no pudiera suceder porque estaba
sujeto a unos compromisos de ley de financiación que en los presupuestos,
inevitablemente, tendrían que venir. Y eso no se ha hecho. Se hizo con
una Memoria, y lo mismo vale un roto que un descosido.
O sea, señorías, que vamos a cumplir con 20.000 millones los mismos
objetivos para el curso 1996-97, cuando teníamos presupuestados por los
mismos gestores socialistas unos mínimos de 30.000 ó 40.000 millones. Nos
dan el 50 por ciento de lo que debía darse de acuerdo con la Memoria
económica que se había establecido y resulta que con la mitad de ese
dinero vamos a cumplir los mismos objetivos. Eso sí, ningún socialista
reconoce que la falta de medios económicos puede contribuir a que haya
una dejación, a que no se puedan cumplir esos objetivos. Nada. Es lo
mejor que se ha hecho. Estamos en el futuro de lo que debe ser el
concepto de la educación. Estamos homologándonos con los países europeos
que han logrado todo esto. Entonces, ¿para qué decían que la financiación
que necesitaban era una y ahora con la mitad cumplen con esos objetivos?
¿Nos han engañado antes o ahora? Y la verdad es que nunca nos han
engañado. Siempre, efectivamente, tienen la razón.
En el análisis del tema de la dirección de los centros y del complemento,
si efectivamente se lee nuestra enmienda, donde pedimos la supresión, hay
una justificación que, por no alargarme ahora, creo que daría
satisfacción y gusto al Portavoz socialista.
Y en cuanto a la inspección, creo, señor Iglesias, que no hay ignorancia.
No la hay. Si ahora mismo hiciésemos una relación, y lo digo con la mayor
familiaridad con que puede decirlo un Senador que lleva en estos temas en
el Senado desde el año 1983, por lo tanto, que no haya intencionalidad en
alguno de querer situarme denunciando que sea malo que haya inspectores
socialistas o que haya inspectores de la UGT, si me dan las listas de los
inspectores de los últimos años --en los que usted y yo, señor Iglesias,
estábamos en el Senado y un poco alejados de lo que ocurría desde el año
ochentaytantos en los centros educativos-- y vemos cómo se han
seleccionado, qué casualidad: la pluralidad en la oferta política es tal
que hay votos para el PSOE, para Izquierda Unida, para el PP, para los
nacionalismos, y vamos a la inspección, y esa pluralidad no se da, es una
excepción. Todos tienen carné socialista, o casi todos, o son
provenientes de la UGT. Probablemente es una casualidad, pero esa
casualidad no se da en la realidad cotidiana y social, porque no se puede
dar en todo un estamento
de profesores, seleccionados por un director provincial nombrado por un
Ministro socialista, que al final tengamos la relación que tenemos. Y eso
se puede hacer objetivamente, que se traiga a esta Comisión la relación
de los que han accedido a la inspección. Como han accedido, a nuestro
juicio, más bien como clientes políticos para pagarles lo que
consideraban que debían por ayudarles a sacar adelante este sistema de
educación, no le extrañe, por lo tanto, que eso haya provocado
indignación dentro del sector y principalmente en la inspección. Porque
es lógico y es evidente que no debe hacerse así cuando, a nuestro
entender, sólo el mérito y la capacidad deben ser los principios básicos
que rijan la propuesta para ocupar estos cargos de responsabilidad.
En definitiva, a mí me gustaría mantener un debate sosegado y tranquilo
sobre lo que está ocurriendo dentro del sistema educativo. Pero lo que no
me gustaría es tener que oír denuncias sobre ausencia de análisis
objetivos cuando intervenimos los Senadores populares y, sin embargo,
dando como bueno y como válido el desarrollo de un sistema educativo
cuyos fracasos son evidentes y conocidos. Creo que todos tenemos mucha
razón y que todos tenemos algo de sinrazón, probablemente. Creo que estas
sinrazones son las que en estos momentos deberían ponerse sobre la mesa
para intentar unificar criterios de actuación independientemente de la
ideología política en un tema, como es el de la educación, que no debe
entender, a mi juicio, de planteamientos ideológicos en la contribución
al desarrollo de todo el sistema y al cumplimiento de los objetivos y sí
a un consenso y un diálogo que permitan un mayor acercamiento al tema del
que tenemos hasta ahora.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Iglesias. (Pausa.)
El señor IGLESIAS MARCELO: Señoría, no voy a hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias y perdonen, señorías, no estábamos
acostumbrados a cerrar los debates.
Pasamos a efectuar la votación del veto número uno.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Al haber empate, repetimos la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Se repite nuevamente la votación. (Algunas señorías
preguntan si efectivamente se puede repetir la votación una vez más.) Sí,
señorías, según el Reglamento se puede repetir dos veces la votación. Leo
a sus señorías el texto del Reglamento: Cuando ocurriera empate en alguna
votación se repetirá ésta hasta dos veces. Y caso de que el empate
continuase, se entenderá desechado el texto, dictamen o artículo o
proposición o cuestión de que se trate. (El señor Fernández Rozada pide
la palabra.) Sí, señor Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Señor Presidente, quisiera pedir a la
Presidencia un receso de dos minutos.
El señor PRESIDENTE: Lo tiene su señoría.
Se suspende la sesión por tiempo de dos minutos. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Por el artículo 100 del Reglamento, queda rechazada la propuesta de veto
número 1.
Pasamos a la votación del veto número 2 (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Como ha habido empate, se repite la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Aplicando también el artículo 100 del Reglamento,
queda rechazada la propuesta de veto número 2.
Pasamos al debate del articulado y de las enmiendas. (El señor Fernández
Rozada pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Gracias, señor Presidente.
La idea del Grupo Parlamentario Popular es que, como quiera que han sido
ampliamente debatidos los dos vetos y el fondo del Proyecto ha quedado de
alguna forma puesto ya de manifiesto --y, en consecuencia, el contenido
de las enmiendas también--, en este trámite los grupos podrían defender
en bloque la totalidad de las enmiendas presentadas posteriormente se
produciría el turno en contra y no más allá de la una y cuarto se podría
realizar la votación. Si los demás grupos respaldan esta propuesta,
nuestro Grupo la apoyaría también, a fin de que los miembros de esta
Comisión que también lo son de la Comisión de Justicia puedan asistir a
las votaciones en la sala donde se está celebrando el debate del Proyecto
de ley orgánica del Código Penal.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: No creo que haya ningún inconveniente porque creo
que el portavoz socialista también está de acuerdo. (El señor Iglesias
Marcelo: Efectivamente, señor Presidente, estamos de acuerdo.)
Pasamos a debatir las enmiendas del articulado.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Nieto para la defensa de las
enmiendas números 1 a 84.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, las enmiendas de nuestro
Grupo guardan una lógica, aunque pueda parecer contradictorio, con el
motivo de la propuesta de veto de devolución al Gobierno: precisamente,
las enmiendas están encaminadas a que, puesto que no se puede conseguir
una reforma total, sí se puedan introducir modificaciones a gran parte
del texto que nos viene del Congreso, a fin de intentar regular lo que
nosotros entendemos que está aquí totalmente en retroceso. Y me refiero a
la participación, que creemos que no queda bien recogida en el texto y
que incluso hay un retroceso respecto a la anterior regulación, o a temas
que ya hemos tratado al defender el veto: la financiación, la
constitución de los claustros, los regímenes de inspección, etcétera. Por
tanto, nuestras enmiendas tienen el objetivo de servir de base para hacer
en su momento una ley que responda a las necesidades que tiene ahora
mismo planteadas el mundo educativo, porque creemos que, tal como nos
viene --y como decimos en la propuesta de veto--, no solamente no va a
resolver ninguno de los problemas planteados, sino que, incluso,
entendemos que lo que hace es intentar retroceder creando --aunque, como
efectivamente ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario, Popular ya
existe-- un mayor malestar en la enseñanza a todos los niveles.
Asimismo, el aspecto de la regularización laboral queda mal contemplado,
con agravios comparativos, de forma que si se aprobara el texto actual
del Proyecto, en vez de solucionar problemas se crearían más agravios
comparativos y, en definitiva, más elementos de conflictividad en el
sector de la enseñanza.
Por todo ello, y como al final tendremos que debatir la ley en el Pleno,
nosotros intentamos que al menos puedan ser recogidas algunas de estas
enmiendas que van encaminadas a intentar paliar lo que el proyecto de ley
nos viene a plantear.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta para la defensa de las enmiendas
número 126 a 167.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser breve en la defensa de todas estas enmiendas, puesto
que pueden ser agrupadas en función de la filosofía que mantenemos desde
el punto de vista educativo, que no es otra sino reforzar aún más lo que
contempla el proyecto respecto a la autonomía de gestión de los centros,
fortalecer los órganos de gobierno, en especial el consejo escolar, y
también los órganos unipersonales a nivel de la dirección, a la que
pretendemos dar más facultades con respecto a su propio equipo directivo,
introducir la figura del administrador, optativa, por supuesto, pero no
como alternativa a la del secretario, sino que pueda coexistir con la
figura del secretario, y mejorar técnicamente algunos aspectos.
Además de estas cuestiones --me referiré muy someramente a las enmiendas
que hacen referencia a todas ellas siguiendo su numeración en relación
con el articulado de la ley--, entendemos que hay una serie de temas
prioritarios desde el punto de vista de la defensa de las competencias de
las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en la materia,
y en especial en defensa de las competencias ya asumidas por la Comunidad
Autónoma Vasca, por lo que me detendré un poco más en esas enmiendas, sin
perjuicio de que su debate --caso de no ser admitidas o transaccionadas--
pueda llevarse con más profundidad al Pleno. En aras todo ello de que en
este trámite pueda haber una agilidad de debate y concluyamos el dictamen
de la Comisión en el plazo establecido.
Dicho esto, debo insistir en la enmienda número 126, al artículo 6.1. Se
trata de una mejora técnica para reforzar la autonomía de gestión y el
proyecto educativo, considerando prioritarios los criterios del Consejo
Escolar. Por esa razón suprimimos desde: «tomando en consideración las
propuestas...» hasta el final.
La enmienda número 127, al artículo 6.2, también se refiere a la
relevancia del proyecto educativo y a la necesidad de extender el
conocimiento de este proyecto educativo del centro a todos aquellos de
los cuales depende su efectiva implantación y se facilite, de esa manera,
la elección de centro por parte de alumnos, padres y tutores e, incluso,
de los profesores que accedan al centro. El que todos caminen en una
misma dirección, incluidos los profesores, favorecerá el triunfo o el
mejor establecimiento de este proyecto educativo.
La enmienda número 128, al artículo 7.3, se refiere también al
fortalecimiento de la autonomía de gestión y a los recursos económicos
complementarios de que pueden dotarse los centros. En este sentido,
entendemos que los centros públicos deben poder obtener todo tipo de
ingresos, con las limitaciones que determinen las Administraciones
educativas, así como no limitar su aplicación solamente a los gastos de
funcionamiento, a fin de no reducir su autonomía económica.
Nos parece de cierta importancia la enmienda número 129, de adición, a un
nuevo artículo 7, que nosotros hemos llamado 7 bis. Creo que se entiende
por sí misma y la voy a leer a continuación: «7 bis: de la Autonomía en
la gestión del personal de los centros públicos.
1.El órgano máximo de representación del centro elaborará el diseño de la
plantilla del personal del centro de acuerdo con el proyecto educativo
del mismo, los elementos mínimos fijados por la Administración educativa
y las disponibilidades presupuestarias.
La Administración educativa llevará a cabo las dotaciones del personal
correspondiente al centro público teniendo en cuenta el diseño de la
plantilla elevado por los centros.
2.Los centros docentes, de acuerdo con sus proyectos educativos, podrán
formular requisitos de titulación y capacidad profesional respecto de
determinados puestos de trabajo del centro.
3.Reglamentariamente se arbitrarán las medidas necesarias para que los
órganos de gobierno de los centros públicos tomen parte en la provisión
de sus puestos de trabajo.
4.Las Administraciones educativas propiciarán que, mediante el ejercicio
de delegaciones, los centros docentes en los que se impartan enseñanzas
no regladas y que así lo
soliciten, justificando razonablemente su solicitud, puedan suscribir
convenios de colaboración con instituciones y empresas, así como
contratar los servicios de personal necesarios para el desarrollo de la
citada actividad no reglada.»
Creo que no se puede hablar de autonomía de los centros educativos si no
se contempla y profundiza en la autonomía de gestión del personal y
plantillas. En este sentido y en el sentido que a usted le interesa, esto
es, fortalecimiento de la autonomía de gestión de los centros, es por lo
que establecemos unos planteamientos que aumentan la autonomía de gestión
del personal de los centros.
La enmienda número 130 está en cierto modo casi textualmente incorporada
al texto que viene del Congreso, motivo por el cual, señor Presidente,
queda retirada.
La enmienda número 131, al artículo 8.2...
El señor PRESIDENTE: Señoría, hemos dicho que se iban a defender las
enmiendas en conjunto, no una a una.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, voy a pasar
rapidísimamente por todas ellas y, si a usted le parece, no tengo
inconveniente en detenerme únicamente en algunas concretas, puesto que he
planteado la filosofía que preside nuestro criterio al presentar las
enmiendas al articulado de esta ley que, por otra parte, nos parece buena
en su conjunto, sin perjuicio de que intentemos mejorarla a través de
estas enmiendas. En este sentido, tome nota la Presidencia de la retirada
de la enmienda número 130. Unicamente voy a detenerme en aquellas
enmiendas a las que ya he hecho referencia y que consideramos
determinantes, incluso con el voto favorable al proyecto que esta
Senadora de Eusko Alkartasuna vaya a dar.
En primer lugar, está la enmienda relativa a la supresión de todo lo que
se refiere a la función inspectora y la enmienda consecuente, número 160,
en la que establecemos que «las Comunidades Autónomas ordenarán su
función inspectora de conformidad con lo señalado en la disposición
adicional novena del punto 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo; y en el Título IV y
disposición final tercera de la presente ley».
Es obvio que esta enmienda es congruente con la supresión de los
artículos que proponemos y que, además, es fundamental para la autonomía
de las competencias en materia educativa de las Comunidades Autónomas que
así las tienen asumidas.
Con esta remisión que hacemos a la sujeción de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, quedan claramente establecidos los principios que deben
informar esa actividad de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, a la
vez que proponemos la supresión de los artículos que hacen referencia a
la función inspectora, pedimos la introducción de una disposición
adicional primera con el texto que acabo de defender.
Otra enmienda que consideramos fundamental, y que hace referencia a la
especificidad propia de algunas Comunidades Autónomas, es la número 150,
de adición, a la disposición final primera: «Se añade un nuevo punto 4 al
artículo 48 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación, con la siguiente redacción: En aquellas
Comunidades Autónomas que posean otra lengua oficial además del
castellano, se entenderán necesidades de escolarización las derivadas de
procesos de normalización lingüística y la demanda educativa en dicha
lengua en los términos que establezcan las Administraciones educativas.»
Tanto la educación primaria como la secundaria obligatoria y el
bachillerato, reciben el mandato de desarrollar en los alumnos
capacidades referidas a la lengua castellana y a la lengua oficial propia
de las Comunidades Autónomas. Por consiguiente, se hace preciso
establecer como necesidades de escolarización, a la hora de determinar
las preferencias de los centros para acogerse al régimen de conciertos,
los procesos de normalización lingüística en lengua distinta al
castellano.
Creo que está suficientemente explicada porque, en cierto modo, hacemos
cuestión de esta enmienda, que consideramos prioritaria.
Igualmente prioritaria para nosotros sería la enmienda de adición a la
disposición final tercera bis, una enmienda nueva, que lleva el número de
orden 166. Dicha enmienda --y quiero explicarlo con cierto detenimiento,
aunque no voy a emplear mucho tiempo-- resuelve un problema absolutamente
específico del sistema educativo de la Comunidad Autónoma Vasca.
En la Comunidad Autónoma Vasca se procedió a un proceso --valga la
redundancia-- único en el sistema educativo del Estado que fue a la
publificación de aquellos centros nominados Ikastolas que en su día
planteaban una cierta vocación de centros públicos y que, debido a las
condiciones de su nacimiento, no habían podido integrarse con normalidad
dentro de la red educativa pública en la que no se podían impartir
enseñanzas en la lengua propia de la Comunidad Autónoma Vasca o
enseñanzas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca:
el euskera y el castellano. En este sentido, cuando se procede a la
publificación, de acuerdo con la Ley 10/88 del Parlamento Vasco, el
problema que se plantea es la situación de ese personal docente fijo de
las ikastolas que, naturalmente, si se publifican deberían tener alguna
posibilidad de incorporarse a la red pública como profesores, en su caso,
de la red pública.
El problema que se plantea desde el punto de vista legal es simplemente
de temporización. Cuando por la Ley 2/93, de 19 de febrero, de los
Cuerpos docentes de enseñanza pública no universitaria de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, se procede a la asunción del personal a su
condición de laboral indefinido, no se prevé la situación de que los
profesores, los maestros que imparten la educación, de acuerdo con la
reforma educativa en la enseñanza primaria, puedan no tener una
titulación superior, esto es, puedan no ser licenciados. Como la mayoría
del personal docente de las ikastolas posee el título de licenciado,
desde ese punto de vista hay un problema grave para que en este momento
se produzca la incorporación de ese personal a la red pública, provocando
un problema grave a la comunidad educativa del País Vasco; problema que
cuando se promulga la Ley de Escuela Pública Vasca produce graves
distorsiones a todos los niveles de la comunidad, toda vez
que hay muchas presiones de los profesores y una ardua negociación con
los sindicatos para llegar a esta solución.
En todo caso, lo único que nosotros pretendemos con esta enmienda es que,
transitoriamente, durante un plazo determinado, aquel personal que se
contemplaba en el proceso de publicación es decir, en la Ley 10/88, de 29
de junio, en concordancia con la Ley 2/93, de 19 de febrero, pueda pasar
a celebrar las pruebas necesarias para incorporarse a la red pública, sin
perjuicio de la titulación superior que ostentan, para poder impartir la
docencia como maestros en la enseñanza primaria.
Señor Presidente, señorías, perdonen que me extienda en este tema, pero
es tan específico y tan problemático en este momento --ya digo,
simplemente se debe a un problema de temporización-- que rogaría,
señorías, que aceptasen esta posición y esta situación que, por otra
parte, en su momento fue negociada con el Departamento de Educación del
Gobierno del Estado y con la que todos estábamos de acuerdo. En este
momento, insisto, por un problema de temporización, nos encontramos con
que, si no se aprueba, los que no han culminado el proceso de paso
mediante una prueba, se verían en una grave dificultad.
Por último, las enmiendas números 167 y 162, ambas relativas a ámbitos
competenciales, que concuerdan con las enmiendas planteadas por algún
otro grupo político, como el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
pretenden --no voy a extenderme más-- preservar la competencia exclusiva
de la comunidad en la materia que estamos tratando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Zubía, para la defensa de las enmiendas
números 123 a 125.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.
Con la máxima brevedad, por cuanto que uno no tiene el don de la
ubicuidad y tiene que estar dentro de tres minutos en la Comisión de
Justicia, he de decir que el proyecto de ley que hoy dictaminamos, al
margen de la consideración global que nos merece --y que señalaremos
cumplidamente en la próxima sesión plenaria-- tiene un punto oscuro que
todavía no ha quedado resuelto del todo, y es el del ámbito competencial.
Quedaron pendientes algunas cuestiones al término de la tramitación del
proyecto en el Congreso de los Diputados, pero confiamos --y además lo
hacemos firmemente-- en las palabras del portavoz socialista en esa
Cámara cuando anunciaba que quedarían resueltos en el trámite del Senado.
En ese trámite estamos, señorías, y a tales efectos mi Grupo ha
presentado tres enmiendas que obedecen a un mismo común denominador, cual
es una mejor adecuación del proyecto a la distribución de competencias en
la materia. Me voy a referir muy someramente a todas ellas, porque todas
ellas son solamente tres.
La primera, la número 123, lo es al artículo 37, bajo el epígrafe
genérico de Ejercicio de la Inspección educativa, que señala en su punto
4 que «...Las Comunidades Autónomas ordenarán su función inspectora en el
marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas
contenidas en dicha Ley y en su desarrollo reglamentario...» Entendemos
que, claramente, esta expresión de «en su desarrollo reglamentario» debe
desaparecer del texto del proyecto.
De pura coherencia con esta enmienda es la siguiente, la número 124, que
pretende la supresión del punto 5 de la Disposición Adicional Primera,
también referida a la función inspectora.
La tercera y última, la número 125, lo es no a la Adicional Tercera, como
erróneamente se dice en la propia enmienda, sino a la Disposición Final
Tercera, y más concretamente a su apartado 6. Nos estamos refiriendo a la
Disposición Final que regula la financiación de los centros docentes
privados que imparten formación profesional específica, y en ese punto 6
concretamente se establece que «los actuales conciertos para el primero o
segundo grado de la actual formación profesional se transformarán en
convenios para el sostenimiento de los ciclos formativos de grado medio y
grado superior en función del calendario de implantación de las nuevas
enseñanzas». Y añade el precepto en su actual redacción: «Dichos
convenios se establecerán según las normas básicas, que el Gobierno dicte
de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en adaptación de lo establecido
en el Título IV de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación». Aquí es donde incide nuestra enmienda por cuanto que
entendemos que lo que debe decir es: «Dichos convenios se establecerán
por las correspondientes administraciones educativas de conformidad con
lo establecido» --eso sí-- «en el Título IV de la Ley Orgánica Reguladora
del Derecho a la Educación...»
Esto es todo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
A continuación, tiene la palabra el Senador Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, para la defensa de las enmiendas
números 96 a 121.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar, disciplinadamente, adaptarme a la fórmula que se ha
acordado aquí de una forma mayoritaria. En primer lugar, para ser
coherente con el planteamiento que hice al principio en relación con las
enmiendas de veto, quiero indicar que para nosotros este proyecto de ley
es insuficiente y poco satisfactorio. Hay cuatro bloques de enmiendas:
uno, referido al Título I, en relación con la participación en los
centros, en el que ha habido un adelanto que hay que reconocer. Con las
enmiendas números 96, 97, 98 y 99 intentamos que haya un aumento aún
mayor de la participación, y no que sea simplemente una posibilidad
teórica, por ejemplo, la intervención de los ayuntamientos en la
colaboración, sino que sea un compromiso mayor de los propios
ayuntamientos.
Hay otro grupo de enmiendas que están en relación con algo con lo que
estamos en contra, que es la forma de la dirección de centros en función
con su acreditación. Entendemos que ésta es una fórmula para que la
Administración
educativa intervenga de forma directa, lo que puede deformar en gran
medida el nombramiento de los directores, que todos sabemos que en estos
momentos están totalmente desmotivados. Creemos que poner una dificultad
más es desmotivarlos aún más e incluso, de alguna manera, hacerlos un
poco pensionistas de esta relación en la dirección. Por lo tanto, en un
paquete de enmiendas que van de la número 102 a 106 reiteramos la no
acreditación exigible para el nombramiento de director.
Entramos en el paquete de la evaluación, y en esta parte consideramos que
el proyecto de ley da un paso positivo, pero profundizamos un poco más en
el sentido de que no sean solamente las instituciones, desde el punto de
vista de los organismos que deben valorar de una forma directa a los
centros, sino que, además, deben intervenir todas las instituciones que
agrupan la vida escolar.
En el Título IV también tenemos un enfrentamiento importante y global con
el proyecto en lo referente a la inspección educativa. Pensamos que es un
retroceso en relación con la LOGSE y la LODE, así como para la dirección
de los centros, crear un cuerpo que pueda insertarse de una forma
importante dentro de la estructura, pero, sobre todo, formar un cuerpo
totalmente independiente de la docencia, lo que implica un alejamiento de
la vida docente, y burocratizar la situación de algunas personas que
deben dar un apoyo creativo al futuro y al valor de la educación.
Por último, en relación a las disposiciones adicionales, hay aspectos en
relación con las enseñanzas artísticas que hay que especificar.
En conjunto, nuestro Grupo apoya los planteamientos de la Ley, intentando
aumentar su valor positivo por lo que se refiere a los aspectos de la
participación y evaluación, pero manifestando al mismo tiempo una total
disconformidad en lo referente a la forma de acreditar la dirección de
los centros, que puede llevar a crear un nuevo cuerpo de directores de
centros al igual que estamos en contra de la creación del cuerpo de
inspección educativa, lo que crearía problemas a nuestra organización
canaria en relación a la forma en que actualmente llevamos a cabo la
organización de los mismos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y para la
defensa de sus enmiendas 85 a 95, el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta diez enmiendas a este proyecto de Ley. Todas ellas
intentan mejorar técnicamente el proyecto y corregir el estilo para
conseguir una redacción más adecuada. Son enmiendas que, en realidad, o
bien quitan preposiciones, o aportan otras preposiciones o conceptos que
dejan claro el texto, con lo que creemos que se consigue una mayor
aceptación por parte del resto de los Grupos, así como, insisto, una
mayor claridad.
Me referiré, en concreto, a dos enmiendas, porque todas las demás cumplen
con la misma idea.
La enmienda 89, al artículo 17.1, introduce como mejora técnica al final
del apartado la aclaración de la duración de cuatro años del mandato de
los directores, en concordancia con una enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, la número 195, que apoyaremos sólo con la salvedad
de que creemos que debe figurar en el primer apartado del artículo y no
como uno nuevo al final del mismo.
La enmienda 90 es de modificación del artículo 19.1, ya que habíamos
observado que manifestaba una redacción bastante confusa y que era
necesario mejorarla para conseguir una mayor adecuación del concepto que
se pretende definir en este artículo, logrando también así mayor
claridad.
Lo mismo ocurre con la enmienda 91, al artículo 21.a), que intercala el
término «atribuidas» entre «las competencias» y «al consejo escolar»,
quedando, pues, «las competencias atribuidas al consejo escolar», al
igual que en la letra e), donde se aclara que entre las competencias del
director está designar a los órganos unipersonales de gobierno, salvo al
administrador, que en todo caso corresponderá nombrarlo a las
administraciones educativas en aquellos centros que sea necesario y
reúnan unas peculiaridades especiales.
Esta enmienda es concordante con la número 92, a este mismo precepto, que
también pretende mejorar su redacción.
La enmienda 93, al artículo 25.5, introduce el plural «hayan» para que
con ello se corrija el error de concordancia que existe.
Finalmente, la enmienda 94 introduce una coma para mejorar la redacción.
Son, como he dicho, enmiendas de mejora técnica, de mejora de estilo y de
redacción, que conseguirán una mayor claridad del proyecto de Ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas números 168 a 243, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador González Caviedes.
El señor GONZALEZ CAVIEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que con la intervención del Senador Fernández Rozada se ha hecho una
exposición exhaustiva de lo que el Grupo Parlamentario Popular considera
con respecto a este proyecto de Ley, cuya tramitación hubiésemos deseado
que no hubiese seguido adelante. No obstante, presentamos una serie de
enmiendas, que tienen como finalidad, única y exclusivamente, intentar
mejorarlo, así como tratar de buscar una mayor calidad dentro de la
enseñanza.
Partimos de la libertad de enseñanza recogida en la Constitución y
proponemos, sin menoscabo de las competencias del consejo escolar, que se
prestigie y potencie el claustro de profesores. Quiero que quede bien
claro que en ningún momento nuestro Grupo está en contra de las
competencias del consejo escolar; todo lo contrario, estamos dispuestos a
que se potencien sus competencias, pero a la vez pedimos también que se
prestigie y potencie el claustro de profesores. Abogamos por la no
intervención de la administración en la acreditación de los directores y,
por último, abogamos también por un cuerpo de inspectores a la vez que
pedimos que, en virtud de la legislación vigente, de la LODE
fundamentalmente, se inicie la alta inspección.
Hemos dividido las enmiendas por títulos y al primero de ellos
presentamos siete enmiendas, de las que destacamos las números 177, 178 y
181. Defendemos que los proyectos educativos de los centros deben surgir
de la libertad que consagra la propia Constitución y manifestamos nuestra
disconformidad con que el director del centro dependa de la
administración educativa.
Retiramos en este momento la enmienda 180.
Al Título II hemos presentado una serie de enmiendas, de las que
destacaría todas aquellas que se refieren a la potenciación del claustro
de profesores, pero, fundamentalmente, a la dirección de los centros. No
estamos de acuerdo, en absoluto, como he dicho ya, con que se tenga que
acreditar por parte de nadie, sino que sea precisamente el consejo
escolar quien nombre a estos directores, y estamos en contra también de
que, si no se obtiene mayoría absoluta en la primera votación, sea la
administración la que tenga capacidad para nombrar a dicho director, que,
incluso, puede provenir de fuera del centro. Entendemos que ese director
no obtendría ningún voto y, por tanto, sería más conveniente que en una
segunda votación pudiera surgir como consecuencia de votar nada más que a
aquellos profesores que en la primera hubiesen tenido más votos.
Finalmente, tampoco estamos de acuerdo con que el director tenga que
representar oficialmente a la administración, porque a quien realmente
tiene que representar es a la comunidad educativa, y tendrá unas
competencias que surgirán precisamente del mero hecho de haber sido
elegido director.
En cuanto a la evaluación de la enseñanza, entendemos que para que exista
una evaluación seria y completa no deben excluirse ciertos aspectos
importantes, por lo que presentamos la enmienda 220.
En cuanto a la inspección educativa, a este Título hemos presentado
dieciséis enmiendas, las comprendidas entre las números 212 y 227, con
las que pretendemos marcar nuestras tesis con respecto a la inspección
educativa, así como una reordenación distinta de todo este Título.
Nosotros lo dividimos en tres capítulos, donde tratamos de las cuestiones
de la inspección educativa, del acceso al cuerpo superior de inspectores
de educación y de la alta inspección.
En cuanto a las disposiciones adicionales, hemos presentado ocho
enmiendas, las comprendidas entre la 228 y la 235. Todas ellas son
enmiendas de modificación con las que pretendemos manifestar nuestra
postura respecto a los actuales inspectores y a cómo deben irse
acomodando, a la vez que también mencionan la escolarización de alumnos
con necesidades educativas especiales siempre y cuando el centro tenga no
solamente la capacidad sino a la vez la estructura suficiente para poder
elegir a esos alumnos que tienen una cierta discapacidad.
A las disposiciones transitorias hemos presentado tres enmiendas en
coherencia con aquellas enmiendas en que rechazábamos la creación de un
cuerpo de candidatos a directores escolares. En este momento retiramos la
enmienda número 237 a la disposición transitoria tercera.
En nuestras otras enmiendas a las disposiciones transitorias también nos
referimos a la determinación del coste real del puesto escolar en los
diferentes niveles de enseñanza.
Por último, y en lo que a las disposiciones finales se refiere, hemos
presentado cinco enmiendas con las que pretendemos que el gasto por
alumno sea igual en los centros públicos y en los de iniciativa social,
con lo cual, a la hora de computar estos gastos también deben ser tenidas
en cuenta las amortizaciones e intereses del capital.
Las enmiendas números 241 y 242 se refieren al carácter de las
actividades extraescolares y complementarias, actividades que nunca deben
tener carácter lucrativo.
Si se aceptaran al menos estas enmiendas, creo que lograríamos que el
texto mejorara sustancialmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno en contra de portavoces tiene la palabra el Senador Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Simplemente quería aclarar algunos conceptos
que se han repetido aquí.
El Grupo Parlamentario Socialista va a aceptar las tres enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por
entender que, tal y conforme ya se reflejó en el debate del Congreso de
los Diputados, estas tres enmiendas completan y mejoran el texto remitido
por el Congreso.
Aceptamos también la enmienda número 170 del Grupo Popular a la
exposición de motivos, ya que mejora la redacción de la misma, al igual
que, como he dicho antes, la número 195 puesto que esto ya queda incluido
en la enmienda número 89 que presenta nuestro Grupo.
En cuanto al resto de enmiendas que han presentado los demás grupos,
vamos a oponernos a las mismas.
Yo quisiera aclarar dos términos que se han manejado aquí en algunas
intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos.
Por un lado se ha hablado de la acreditación. Nosotros entendemos que ésa
es la mejor fórmula para conseguir que un director tenga la formación
suficiente y asimismo el grado de profesionalidad que en estos momentos
requiere el funcionamiento de los centros docentes. Por ello, mantenemos
este elemento esencial en lo referido al tema de la dirección.
También se ha hablado sobre todo de las competencias del claustro y del
consejo escolar. Nosotros consideramos que el claustro de profesores
tiene una especial participación en el centro. Sería una insensatez del
equipo directivo y del director si al realizar sus tareas de dirección no
contaran con el apoyo, con el conocimiento y con las críticas --muchas
veces constructivas-- que el claustro de profesores realiza en los
centros educativos.
Nosotros hemos defendido en todo momento que éste es un proyecto de ley
de la participación. Por eso, tanto padres como profesores y alumnos
tienen que participar en igualdad de condiciones a la hora de elegir o de
cesar al director y a su equipo directivo. Este es el sistema
participativo que defendemos, con lo cual no nos interesan los candidatos
a directores cuya elección esté únicamente condicionada por el claustro.
A nuestro entender, eso supondría un error, así como un planteamiento
poco riguroso y arbitrario
que rompería la idea democrática de participación en los centros que
nosotros tenemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador González Caviedes.
El señor GONZALEZ CAVIEDES: Señor Presidente, aunque mi intención, desde
luego, no era intervenir en este turno, quisiera decir que parece como si
el Portavoz del Grupo Socialista pretendiera que volviéramos de nuevo a
la discusión del veto, discusión que creo se ha hecho en profundidad, al
menos por parte de nuestro Grupo, y en la que hemos dejado perfectamente
señalada cuál es nuestra filosofía.
En cualquier caso, sí quiero decirle a su señoría que, aunque comprendo
que el tendrá su planteamiento y su filosofía propios, nosotros estamos
totalmente en contra de esa acreditación. Por otra parte, parece
deducirse en el fondo de sus palabras una cierta contradicción.
En primer lugar, repito que estamos totalmente a favor de que cuantas más
competencias tenga el consejo escolar --puesto que, al fin y al cabo en
él está representada toda la comunidad educativa--, mejor todavía.
En segundo lugar, consideramos que el claustro debe tener mayores
competencias que las que tiene en este momento, y es precisamente de esas
competencias, y a través del Consejo Escolar del Estado, de donde
nosotros pretendemos que salgan los directores de los centros.
Sin embargo, su señoría nos decía: es que parece que si nos sometemos a
que el claustro proponga a tres profesores, etcétera, va a producirse una
nominación arbitraria. No, señoría, esa nominación no puede ser más
arbitraria que la que resultaría de quedar tal y como está el proyecto de
ley en este momento, puesto que, según ese texto, al final la
Administración va a ser prácticamente la que nombre al director. Y conste
que no es cuestión de examinar ahora cada una de las enmiendas --lo
haremos más tarde en el Pleno--, pero si usted analiza detenidamente el
proyecto de ley verá que se deduce perfectamente que, al final, y si lo
quiere la Administración educativa, ella es la que va a nombrar a los
directores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, habíamos quedado en que la votación iba a
tener lugar a la una y media.
Como aún no han vuelto los Senadores que están asistiendo a la Comisión
de Justicia, si le parece bien podemos suspender la sesión por un cuarto
de hora para reanudarla a la una y media. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
Comenzamos con la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, números 1 a 84.
Tiene la palabra el señor González Caviedes.
El señor GONZALEZ CAVIEDES: Señor Presidente, pedimos votación separada
en un bloque de las enmiendas números 22, 23, 25, 33, 65, 69 y 83 y en
otro bloque de las números 1, 35, 36, 68, 73, 74 y 84.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Tiene la palabra el Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Señor Presidente, yo propongo que la votación
se haga conforme a lo que establece el Reglamento, en el sentido de votar
la propuesta de la Ponencia que se hace en este momento, con lo cual
evitamos muchas votaciones y en un solo acto podemos terminar la votación
de todo el proyecto.
La Ponencia hace la propuesta de convertir en dictamen el texto remitido
por el Congreso de los Diputados con la adición de las enmiendas 85 a 95,
del Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas 123 a 125, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la enmienda 170, del
Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda 195, del mismo Grupo, y que
está incluida en la enmienda 89, del Grupo Parlamentario Socialista, y
que coinciden en su contenido, por tanto, no es necesario incorporarla
estrictamente. Yo propondría, para abreviar el trámite, que sometiéramos
esta propuesta a una votación única.
El señor PRESIDENTE: Se acepta la propuesta.
Tiene la palabra el señor Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo comprendo y apoyo la brevedad, pero parece algo irregular que ahora,
en estos momentos, nos estemos enterando de cuál ha sido el dictamen de
la Ponencia. De todas formas renuncio a esa posibilidad de protesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Según el artículo 116, la Ponencia puede proponer un
acuerdo al final del debate y su señoría estaba tan enterado como yo de
este tema.
El señor RIOS PEREZ: Yo he dicho que renuncio a la protesta, pero en
estos momentos querría saber exactamente todas las cuestiones para saber
qué voy a votar o no voy a votar, porque me crea un compromiso serio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la votación del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a una segunda votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen. Se levanta la
sesión.
Eran las catorce horas y cinco minutos.