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DS. Senado, Comisiones, núm. 154, de 12/12/1994
Año 1994 V Legislatura
Comisiones. Núm. 154
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION DE PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DE DON CLEMENTE SANZ BLANCO
Sesión celebrada el lunes, 12 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
-- Dictaminar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1995. (Número de expediente 621/000051.)
Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, se somete a la consideración de sus señorías la
aprobación del acta de la Comisión anterior, que previamente se ha
repartido. ¿Puede aprobarse? (Asentimiento.) Así se hace.
A continuación pasamos al debate de la Ley de Presupuestos en el trámite
parlamentario de Comisión, aunque la Presidencia quiere indicar
previamente a sus señorías algunas consideraciones para que sepan todos
ustedes cómo va a ser la ordenación del debate.
Hoy lunes se debatirán las propuestas de veto y todo el articulado hasta
la Sección 08 inclusive, correspondiente al Consejo General del Poder
Judicial. Mañana martes se debatirá desde la Sección 12, correspondiente
a Asuntos Exteriores, a la 18, Educación y Ciencia, inclusive. Serán
debatidas mañana, independientemente de la hora en que terminemos. El
miércoles se debatirá el resto de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, desde la Sección 19, Trabajo y Seguridad Social, hasta el propio
preámbulo inclusive.
En relación con las votaciones, hoy se realizarán al finalizar los vetos,
como es lógico, y a las ocho de la tarde. Mañana no habrá votaciones, por
coincidir con la celebración de la Comisión de Economía, que debate la
Ley de Acompañamiento. El miércoles se realizarán votaciones a las dos de
la tarde y si no se terminara, el resto sería al final.
En relación con el tiempo de los vetos, habrá cinco minutos para la
defensa de cada uno de ellos. El turno en contra será de cinco minutos
para cada veto o de veinte si se
contestara conjuntamente a todos los vetos. El turno de portavoces será
de tres minutos. En relación con las enmiendas estamos siguiendo los
criterios que se siguieron el año pasado. Aquellas que hayan sido
presentadas por los grupos parlamentarios, podrán ser defendidas durante
un mínimo de cinco minutos, a razón de un minuto por enmienda, hasta un
máximo de diez minutos. Las enmiendas presentadas a título personal por
los Senadores de forma individual podrán ser defendidas durante un mínimo
de tres minutos, a razón de un minuto por enmienda, hasta un máximo de
cinco minutos. El turno en contra será de cinco minutos o de veinte si se
contesta de forma conjunta.
La Presidencia no tiene nada más que advertir. Si sus señorías quieren
alguna aclaración, la Presidencia está a su disposición. (El señor
Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, simplemente quisiera
aclarar algo que ya se acordó en una reunión previa. Como tengo que estar
presente en los debates de la Ley de Acompañamiento y en la de
Presupuestos mañana por la tarde, quisiera que se tuviera en cuenta. Al
no poder estar en los dos sitios a la vez posiblemente me sustituirá
alguien, pero, de lo contrario, tal como acordamos, yo estaré en la Ley
de Acompañamiento y vendré a última hora a la Comisión de Presupuestos
para hacer la defensa de mis enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Senador Torrontegui, en la reunión que tuvimos la
Mesa y los portavoces se accedió por parte de los grupos mayoritarios y
del conjunto de la Mesa a que, dado que los grupos minoritarios tienen
que compaginar los debates de la Ley de Acompañamiento con la de
Presupuestos, su intervención se pospusiera a un tiempo posterior o, si
fuera necesario, a un tiempo anterior. En cualquier caso, la Presidencia
buscará la solución para que los grupos minoritarios --el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado y el Grupo Parlamentario Mixto-- puedan
intervenir en esta Comisión de Presupuestos durante el tiempo que les
corresponda.
Muchas gracias.
Pasamos al debate iniciándolo por el veto del Grupo Parlamentario Popular
a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Tiene la palabra el señor Utrera Mora.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de defender el veto presentado por mi Grupo Parlamentario,
queríamos felicitar a los servicios de esta Comisión--concretamente a su
Letrado-- por la eficacia y rapidez con que se ha gestionado toda la
tramitación de enmiendas y el conocimiento y la información que ha puesto
a nuestra disposición, para poder, precisamente, realizar el debate que
hoy se inicia.
En cuanto a la enmienda de veto, los argumentos principales están
incluidos de forma muy sucinta en la justificación de la enmienda, por lo
que no voy a proceder a la reproducción de los mismos. Sí quiero señalar
que, desde el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que estos
presupuestos incumplen las tres condiciones básicas que hubiesen
permitido su coherencia o concordancia con la revisión del Programa de
Convergencia en que el Gobierno y el país en su totalidad está
comprometido de cara a la Unión Económica y Monetaria Europea.
Estas tres insuficiencias de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 1995 son los siguientes. En primer lugar, que una vez más se
traslada al bolsillo de los contribuyentes, a través de los impuestos, el
peso del ajuste en las cuentas públicas. Por una o por otra vía este
presupuesto confirma el aumento de la presión fiscal que desde hace años
se está produciendo en nuestro país, sin tener en consideración que la
presión fiscal en España es elevada --ya está por encima de la media de
la OCDE--, está próxima a los principales países de la Unión Europea y,
atendiendo a su rápida progresión en el tiempo, actualmente promueve
desincentivos importantes a la actividad económica. Recientemente --hace
unos días-- hemos podido saber por medio de estadísticas de la OCDE que
las empresas españolas soportan una mayor presión fiscal que las europeas
y las de la OCDE. Concretamente en el Impuesto sobre Sociedades y
contribuciones a la Seguridad Social, en España se recauda más de dos
puntos del PIB por encima de la media de la Comunidad, impuestos que
gravitan sobre las empresas. Este dato se podría complementar con el
hecho de saber que precisamente las tarifas del Impuesto sobre la Renta
de los españoles son de la más altas del mundo en este momento, y también
se complementa con la argumentación de que el Impuesto sobre el Valor
Añadido y la elevación de un punto que se propone en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995 no guardan correspondencia con la
reducción de cotizaciones a la Seguridad Social. Estos hechos demuestran
que este Gobierno está insistiendo sobre una política fiscal errónea. Sin
promover reformas fiscales eficaces está forzando un sistema fiscal como
el actual, para que genere una mayor recaudación. Eso se consagra una vez
más en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995.
La segunda cuestión es el gasto público. El gasto público no se contiene
en el año 1995. Es decir, los presupuestos para dicho año tienen una
pretendida y formal austeridad que no se corresponde con los hechos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos denunciado reiteradamente,
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que los
presupuestos para el año 1995 en el capítulo de intereses, cargas
financieras de la deuda, se benefician simplemente de un calendario
favorable, en cuanto a amortizaciones y tipos de interés, y es
precisamente este capítulo el que permite una austeridad que no es tal en
el resto de las partidas presupuestarias. Ya estamos sencillamente
prevenidos sobre estos ajustes que se realizan sobre el papel desde la
Administración General del Estado. Estamos pensando, por ejemplo, en el
Capítulo II, de gastos corrientes por adquisición de bienes y servicios.
Esta restricción también se proponía para el año 1994 (creo recordar que
del orden de un 6 o un 7 por ciento de reducción en pesetas
corrientes de este Capítulo) y se va a concretar en un aumento superior
al 10 por ciento. Lo mismo ocurrirá en el año 1995. Por tanto, esa
austeridad formal y sobre el papel no se corresponde con los hechos,
porque no se han puesto en marcha los mecanismos que permitan garantizar
el cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado. Por
consiguiente, no hay austeridad; es aparente y debida en parte a un
calendario favorable de carga de intereses de deuda pública y no se
instrumentan los mecanismos de control que hagan que se cumplan
eficazmente los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995.
Los anuncios que el Gobierno, una vez presentado el proyecto de ley de
Presupuestos, ha realizado respecto de la necesidad de controlar mes a
mes el gasto de las Administraciones públicas, de cada una de las
secciones presupuestarias o incluso, como hemos sabido recientemente, de
promover una gran cantidad de reformas estructurales, que en muchos casos
guardan muy poca relación con las importantes que necesita nuestra
economía, no hacen sino reforzar nuestra idea de que tanto para el
Gobierno como para la política económica que necesita nuestro país estos
Presupuestos Generales del Estado son un instrumento que ya está
devaluado antes de su aprobación.
Y en tercer y último lugar, para no extenderme en los argumentos que nos
llevan a vetar los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995,
tendríamos una muy escasa corrección del déficit público, dificultades
para conseguir una aproximación hacia Europa y que en materia de déficit
público estos presupuestos demoran el ajuste al año 1996-1997, que son
los otros dos años contemplados en el Programa de Convergencia. Y como
han reiterado autoridades en la materia --y una de ellas es, y supongo
que se aceptará por el resto de los grupos parlamentarios, el propio
Gobernador del Banco de España--, éste va a ser un año de vacaciones, un
año perdido en el ajuste de los saldos deficitarios en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995.
En definitiva, por estas tres razones y algunas otras, cuya consideración
no requiere ahora mayor atención, proponemos que se veten los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1995.
Para terminar me gustaría hacer una observación adicional referida a la
propia credibilidad de los presupuestos y es que en las comparecencias de
personalidades de altos cargos de la Administración que tuvimos hace dos
semanas en esta misma Comisión se nos garantizó que recibiríamos
información. Hemos recibido buena parte de la información solicitada,
pero en lo que se refiere a esta enmienda de veto, que es lo que me
interesa destacar en este momento, se nos aseguró una información
relativa al seguimiento de objetivos de los programas de gasto público.
Quiero recordar a todas sus señorías que el presupuesto por programas que
desde hace años se viene aplicando en nuestro país tiene su piedra
angular, su centro de garantía en que se consigan los objetivos, y eso se
valora a través de los indicadores que cada uno de los programas de gasto
público, integrados en los presupuestos, dicen tratar de conseguir. De
los más de 200 programas sólo unos cuantos, un puñado --unos años fueron
ocho, luego subieron a doce, catorce, ahora estamos en diecisiete-- de
programas son objeto de lo que se denomina por la Administración objeto
de vigilancia especial en cuanto a su cumplimiento en sentido económico,
no en sentido formal contable. Pues bien, solicitada esa información, no
se nos ha remitido ni una sola línea, lo cual, y reforzando nuestra
argumentación de veto, nos da a entender que los presupuestos no
solamente se incumplen en cuanto a sus cuantías financieras, sino que
tampoco guardan coherencia alguna con los objetivos económicos,
asistenciales, de dotación de infraestructuras, etcétera, es decir, los
objetivos físicos que se pretenden con los presupuestos. Esa información
se nos ha negado una vez más. Como ya dijimos, nosotros solicitaremos una
comparecencia del Secretario General o del Secretario de Estado del
Ministerio de Economía y Hacienda (lo haremos con posterioridad), pero en
lo que se refiere a este debate sobre presupuestos nosotros hemos de
entender que esa información no existe y que, por tanto, el seguimiento
de objetivos ha sido tan débil como la propia ejecución de los
presupuestos.
En definitiva, proponemos, respaldamos, defendemos y pedimos a los demás
grupos que se unan a nuestra propuesta de veto de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Quiero recordar a los grupos que antes de las votaciones hagan llegar a
la Mesa de la Presidencia las sustituciones que haya a la hora de las
votaciones.
Señor Granado, ¿desea intervenir veto por veto o al final?
El señor GRANADO MARTINEZ: Al final, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para defender el veto que en nombre de Esquerra
Nacionalista Valenciana presento de forma personal.
El veto que hemos presentado está basado fundamentalmente en que la
actual política económica que el Gobierno nos está dispensando no nos
parece la más adecuada para las necesidades del Estado. La liberalización
económica que se está haciendo, fundamentada en la reforma laboral que
tuvimos no hace mucho, no nos parece que haya sido la más adecuada y lo
único que hacen estos presupuestos es continuar con esa política.
Como un primer aspecto que cabría destacar de esta política que
entendemos errónea es su escasa credibilidad. Todo esto está avalado por
la ejecución de los presupuestos anteriores, que cuando se han ejecutado
no se han parecido en nada a aquellos que se presentaban. Entre otros
aspectos, el crecimiento real previsto del PIB, que se espera
obtener básicamente a través de la recuperación del consumo, no nos
parece que se vaya a cumplir. Sin embargo, este componente de la demanda
agregada se verá influenciado negativamente por el incremento de la
imposición indirecta y la de impuestos especiales y por la previsible
alza de los tipos de interés derivada del gigantesco volumen de deuda
pública previsto para el próximo ejercicio. Además, la deseada
recuperación de consumo se deberá enfrentar a la política monetaria
restrictiva, previsiblemente aplicada por parte del Banco de España como
consecuencia del repunte de la inflación derivada de las anteriores
medidas.
Respecto a la tasa de crecimiento de la inversión, prevista en un 5 por
ciento, es, a nuestro juicio, escasamente realista, ya que está basada en
premisas que se van a dejar de cumplir a medio plazo, como la tendencia
bajista de los tipos de interés o los efectos beneficiosos derivados que
haya podido tener la devaluación de la moneda.
Por otra parte y en cuanto a las medidas de reactivación económica y de
empleo previstas hasta ahora, pensamos que han sido más bien negativas.
Sólo podemos considerar simbólicas y muy poco eficaces las relativas a la
bajada de cotizaciones sociales por parte de los empresarios y
trabajadores, pero su mínima cuantía parece que no será suficiente. Se
vuelve a trasladar en el tiempo la necesaria reforma en profundidad del
sistema fiscal que fomente de una vez por todas la inversión, el ahorro y
la creación de empleo.
Respecto a la incidencia autonómica (no hay que olvidar que yo
represento, fundamentalmente, a la Comunidad valenciana), en estos
Presupuestos Generales del Estado para 1995 he de señalar que se ha
consagrado y agudizado el olvido que la nación valenciana ha sufrido
durante estos últimos años. Las inversiones reales previstas en la nación
valenciana para el ejercicio de 1995 han disminuido respecto a las
previstas en 1993, en un 13,1 por ciento. Por otra parte, asistimos una
vez más a la marginación sangrande del Consell Metropolità dÕHorta, de
Valencia, mientras reciben otras dotaciones compensatorias las áreas
metropolitanas de Madrid y la extinta de Barcelona.
Por tanto, nos encontramos ante unos presupuestos poco realistas y
creíbles, contradictorios en algunas de sus medidas presupuestarias,
inflacionistas, insolidarios, que no parece que vayan a generar empleo
--desde luego no el empleo esperado-- y que provocarán tensiones en los
tipos de interés y en el tipo de cambio de nuestra moneda, alejándonos
aún más, si cabe, de los criterios de convergencia expresados en el
Tratado de la Unión Europea.
Finalmente, Esquerra Nacionalista Valenciana considera que el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 no mejorará el empleo, la
competitividad empresarial y la calidad de vida valenciana; de ahí
nuestro empeño en presentar el veto. Lamentablemente, tampoco permitirá a
la nación valenciana afrontar con demasiadas posibilidades de éxito los
nuevos retos derivados del proceso de globalización de nuestra economía,
como la ampliación de la Unión Europea, la firma de tratados
preferenciales con terceros países o la conclusión de la Ronda del GATT.
Es, por tanto, una situación ficticia, como ha sido ficticia esa
recuperación económica, que no se ha visto plasmada en ningún momento en
la nación valenciana, la única Comunidad Autónoma que, en ese aparente
aumento de empleo, ha registrado una baja flagrante.
Por todo ello es por lo que presentamos este veto a los Presupuestos
Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para defender el tercer veto, tiene la palabra el Senador Petrizán
Iriarte.
El señor RAMON I QUILES: Si me permite, señor Presidente, en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto asumo el veto presentado originariamente por
don Estebe Petrizán, dándolo por defendido en los justos términos en que
ha sido presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno en contra. Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presiente.
Con idéntica brevedad que las exposiciones realizadas en los vetos que,
lógicamente, tendrán un discurso mucho más amplio ante el Pleno de la
Cámara, quiero señalar que estos Presupuestos de 1995 nacen con un buen
precedente, el precedente de que el ejercicio de 1994 en la historia de
la democracia española ha sido el que mayor identidad ha tenido entre la
ejecución presupuestaria y los créditos aprobados por las Cámaras. En
este sentido, todas las previsiones, entre comillas, agoreras, que se
hicieron por parte de los diferentes grupos parlamentarios de la
oposición a la hora de pronosticar que esos presupuestos no iban a ser
cumplidos y ejecutados, se han visto desmentidas por los hechos, y con
este buen precedente los presupuestos para el año 1995 continúan por una
senda de acercamiento de España a Europa, de contención del gasto público
y de fomento de la economía productiva en nuestro país.
Estos presupuestos cuentan con un consenso muy importante. Su naturaleza
consensuada ha sido garantizada por el acuerdo con los sindicatos, que ha
permitido la revalorización de pensiones o la revalorización de los
salarios de los empleados públicos. Parte también de un consenso
alcanzado para la financiación del quinquenio 1994-1998 con las
corporaciones locales; parte de un acuerdo al que se ha llegado con las
Comunidades Autónomas, que les permitirá participar en los Fondos de
Cohesión, crecer en los Fondos Estructurales y así ser receptor de los
beneficios que obtiene en su conjunto el Estado español en su relación
con la Unión Europea, y parte también de un consenso político importante.
Me gustaría señalar, yo diría que por primera vez en los últimos años,
que solamente el Grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular,
mantiene su veto a los presupuestos en esta Cámara, con otros dos vetos
de dos señores Senadores, dignísimos representantes del Grupo
Parlamentario Mixto, pero cuya trascendencia política se pone de
manifiesto si tenemos en cuenta que ni siquiera cuenta con representación
en el
Congreso de los Diputados. Es decir, existe un acuerdo entre todos los
grupos políticos, un acuerdo general en que estos presupuestos no deben
ser objeto de veto, acuerdo al que sólo se sustrae, por la dinámica
política, el Grupo Parlamentario Popular.
Son también los presupuestos que van a contar con mayores controles por
parte del Parlamento. Los controles que en estos momentos están fijados
en la Ley de Presupuestos garantizan el escrupuloso seguimiento que va a
hacerse desde las dos Cámaras, desde el Congreso de los Diputados y del
Senado, en la contención del gasto público, controles que se trasladan en
el propio articulado de la ley a lo que es el esfuerzo en el que todos
los grupos políticos coincidimos y que, de alguna manera, es uno de los
pilares del Plan de Convergencia, y es que los mayores ingresos del
Estado vayan a la reducción del déficit público, esfuerzo que se plasma
en un nuevo apartado del artículo 12 de estos Presupuestos después del
texto que la Ponencia designada por esta Comisión propone a la misma.
Asimismo, son presupuestos compatibles con las medidas estructurales que
el Gobierno de la nación está ya poniendo en marcha y va a continuar
poniendo en el primer trimestre de 1995 para la contención del déficit
público y las reformas estructurales necesarias para la disminución de la
inflación, eliminando aquellos cuellos de botella que de alguna manera
son el elemento más resistente en la baja de inflación que se está
produciendo en nuestro país. No obstante, hay que señalar como buen
precedente que estos presupuestos se generan en un momento en el que la
inflación existente en España es, con mucho, la menor en los últimos
años, y yo diría que casi en una larga serie histórica que ha vivido
España en estos momentos.
Son presupuestos que controlan los ingresos públicos, la presión fiscal,
hasta el punto de que su ejecución, sin duda, va a hacer que por primera
vez en mucho tiempo el gasto público en 1995 sea inferior o similar al
gasto público en pesetas corrientes de 1994, con lo cual hay una
disminución en pesetas constantes y una disminución muy importante en el
peso del sector público dentro del producto interior bruto, disminución
que se conseguirá --digámoslo así-- hacer más relevante todavía en la
disminución del déficit público en su peso en el producto interior bruto.
Todo esto se ha conseguido sin merma para los derechos sociales de los
españoles, para el Estado del Bienestar. La protección social no
solamente va a continuar, sino que va a incrementarse en nuestro país. Va
a haber un incremento importante del gasto educativo y del gasto
sanitario. Las partidas que más crecen en materia de gasto sanitario, por
ejemplo, garantizan que las desviaciones que siguen existiendo en el
ejercicio de 1994 van a ser todavía mucho menores en el ejercicio de
1995, y solamente el esfuerzo importantísimo de austeridad en materia de
gastos corrientes en la Administración del Estado, que hace que los
gastos corrientes se presupuesten por debajo de lo efectivamente
liquidado el año 1994, o que incluso la Administración del Estado esté
previendo ya a través de medidas importantes la relación de puestos de
trabajo en el sector público de aproximadamente 10.000 empleos
presupuestados pero no cubiertos, es lo que permite, de alguna manera,
garantizar el contenido social de los presupuestos para que realmente la
austeridad de las Administraciones públicas no se traslade a los sectores
y grupos sociales más necesitados.
Por todas estas razones, es evidente que la Ley de Presupuestos del año
1995, dentro de sus imperfecciones, cuenta con ese amplio consenso, tanto
social como político, al que me he referido con anterioridad, que es la
mejor garantía de que son los presupuestos que necesita en estos momentos
España para seguir profundizando en una reactivación económica que todos
los grupos políticos presentes en esta Comisión han reconocido y en la
que todos los grupos políticos esperamos que se profundice durante el
ejercicio de 1995. Estas son las razones del apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista a los presupuestos y son las razones por las que
pedimos el rechazo a los dos vetos.
Simplemente por hacer alguna referencia territorial al segundo veto, al
defendido por el Senador Ramón i Quiles, debo comentarle que alguna de
sus preocupaciones son también las preocupaciones del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que
presentaron conjuntamente y aprobaron en la reunión de Ponencia celebrada
el miércoles de la semana pasada una enmienda incrementando notablemente,
en 400 millones de pesetas, la dotación para el Consell dÔHorta, que a él
tanto le preocupa.
Por lo tanto, vamos a rechazar estos vetos, y vamos a pasar a la
discusión de las enmiendas puntuales de los diferentes grupos
parlamentarios a la Ley de Presupuestos y vamos a impulsar a través de la
aprobación de estos presupuestos la reactivación económica que necesita
España en estos momentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación al turno de portavoces. Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Senador Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Para mí ha sido una grata noticia la dotación para el Consell Metropolità
dÔHorta. Tengo que reconocer que no conocía los trabajos de la Ponencia,
habida cuenta de la celeridad del trámite, y es una noticia largamente
esperada que se agradece profundamente. Eso no quita para que, a pesar de
que haya sido un ejemplo que yo haya esgrimido en el planteamiento del
veto, siga creyendo que la nación valenciana continúa siendo la gran
marginada en estos presupuestos. A pesar de lo que dice el señor Senador
portavoz del Grupo Socialista, le tengo que recordar que de los cuatro
representantes que estamos aquí en nombre de las Cortes valencianas, tres
de ellos hemos presentado veto --el otro no; es socialista.
Es bien cierto que no estamos de acuerdo en la Comunidad valenciana --y
lo puedo decir abiertamente-- con el reparto que se ha hecho de los
Fondos Estructurales. No estamos tampoco de acuerdo con el sistema de
financiación
y así lo ha dicho desde el Presidente hasta el último de los consellers
del Gobierno valenciano. Por tanto, tengo que mantener el veto, que creo
que no es bueno para el Estado pero que, desde luego, es altamente
negativo para la nación valenciana.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
En realidad, si analizáramos lo que desde el Grupo Socialista se decía
hace algunos años, podría comprobarse que las cosas están dando la vuelta
con una rapidez mayor de la que algunos preveíamos. Obsérvese cómo el
portavoz socialista ha esgrimido como un argumento a considerar favorable
en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995 el
que por fin se disminuye el peso del sector público en el producto
interior bruto. Y esto se argumenta ahora como parte, supongo, de la
nueva ortodoxia socialista en materia de gestión y administración del
sector público. Bienvenida sea esta noticia. El Grupo Socialista ha
tardado muchos años en darse cuenta de que la expansión reiterada,
continua, gradual, pero sin límite, del sector público lo único que ha
ocasionado ha sido fuertes ineficiencias, tanto en la prestación del
servicio público como en su financiación. Por un lado, ha gravitado sobre
los contribuyentes, que han visto aumentada su presión fiscal y, por otro
lado, y como decía ayer en prensa un destacado dirigente del Partido
Popular, se ha quemado el ahorro de dos generaciones de españoles
mediante la generación de una deuda pública que en los próximos años
aumentará y que se va a tardar muchísimo tiempo en poder situar en
magnitudes razonables.
Visto este cambio ideológico, solamente falta que sigan cambiando y
piensen, por ejemplo, que la presión fiscal no debe subir. Eso no está
garantizado en estos presupuestos, donde aumentan los impuestos
indirectos, concretamente, el Impuesto sobre el Valor Añadido o la
tributación sobre combustibles y demás consumos indirectos. No se altera
sustancialmente un sistema tributario que se ha demostrado fuertemente
ineficiente desde el punto de vista de las necesidades de nuestro país.
Eso sí, se habla de fomento de economía productiva, pero nosotros, por
más que hemos buscado en estos presupuestos, no hemos encontrado tal
fomento de economía productiva. Esto se ha convertido en una especie de
latiguillo, que inicialmente empezaron a utilizar los portavoces de
Convergència i Unió y que posteriormente también lo han hecho suyo los
socialistas. Nos alegramos de que una vez más hayan cambiado de parecer y
que se empiece a considerar la producción y, por tanto, el mundo de la
empresa como algo importante en la evolución de la economía de este país,
pero lo cierto es que no hay medida alguna concreta que pueda
considerarse de fomento de la economía productiva. De hecho, lo único que
nosotros percibimos es una continuidad en la tributación de la gran
empresa. Antes señalabamos que la tributación societaria, en general, era
mayor que en los países de nuestro entorno competitivo. También la
tributación de la pequeña y mediana empresa no consigue mejora alguna
significativa. En fin, no encontramos esa mejora de la economía
productiva, teniendo en cuenta, además, las declaraciones del propio
Secretario de Estado de Hacienda, quien señalaba que los gastos fiscales
dirigidos a las empresas estaban ciertamente sobreevaluados, hasta tal
punto de que era un auténtico error el considerar que la libertad de
amortizaciones, de la que actualmente se pueden beneficiar las empresas,
puede ser un incentivo que genere, por ejemplo, unos gastos de 200.000
millones de pesetas, cuando posiblemente no lleguen ni a los 40.000
millones.
Por tanto, no hay fomento de la economía productiva. Además, ésta se
fomenta de otra manera. Aparte de que se dé un tratamiento fiscal
adecuado, lo que implica tratar con generalidad los problemas de la
empresa española, es decir, reducir sus costes no sólo fiscales, sino de
otro tipo, como los energéticos --eso sí que fomenta realmente la
economía productiva-- y también los costes financieros, lo cierto es que
estos presupuestos ponen en riesgo los tipos de interés; pueden dar lugar
a elevaciones mayores de las que se darían sin unos presupuestos que han
sido ya considerados casi unánimemente por los agentes económicos como un
retroceso o, al menos, como un parón en el camino del ajuste del déficit
público.
A partir de ahí, se habla de mayores controles en la ejecución del gasto
público. Tampoco lo hemos encontrado en estos presupuestos y nos gustaría
que el portavoz socialista señalase alguno, aparte del nivel de
vinculación de algunos créditos presupuestarios que ya conocíamos.
Efectivamente, algunas facturas se van a vincular a nivel de subconcepto
presupuestario, pero esto tampoco tiene mayor interés. Esas reformas
estructurales para sujetar la inflación, entre otras cosas, demuestran
que, efectivamente, el Ministerio de Economía y Hacienda está preocupado,
lo cual es el primer paso para resolver este grave problema que presenta
la economía española, pero, ciertamente, demuestra que estos presupuestos
promueven procesos inflacionistas. Consecuentemente, ahora hay que hacer
reformas estructurales necesarias, lo que tampoco conocemos en su
detalle. Se anuncia que se harán reformas estructurales. También se
anunciaron en el año 1991, en el famoso Programa de Consolidación que
presentó entonces el Ministro Solchaga, y también se anunciaron en 1922,
en el famoso Programa de Convergencia, donde, de cumplirse las
previsiones allí incluidas, en estos momentos tendríamos un déficit
público próximo al cero por ciento del producto interior bruto y una
inflación a un nivel del 2 por ciento. En definitiva, aquello sí era un
escenario ciertamente favorable, que no se ha cumplido. Y a propósito del
Programa de Convergencia, le recordaría al portavoz socialista que a
nosotros, como Grupo Parlamentario, no nos preocupa estar solos. De
hecho, a veces es un honor. Por ejemplo,
ahora en el caso de la propuesta de veto. Recuerdo que cuando el Gobierno
presentó al Parlamento el Programa de Convergencia, también estábamos
solos; es decir, sólo el Partido Popular denunció aquel Programa de
Convergencia como irrealizable, como utópico y basado en unas previsiones
erróneas. Recuerdo el entusiasmo con que el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, el propio Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y, por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
recogieron un Programa de Convergencia que quedó enterrado a los tres
meses de su aprobación por el Congreso de los Diputados.
Por tanto, no nos preocupa estar solos, no nos preocupa hacer previsiones
que sean agoreras. De hecho, no es cierto que en el ejercicio de 1994 se
hayan ejecutado los presupuestos con la calidad o con la proximidad que
ha señalado el portavoz socialista. Es verdad que ha habido una
desviación de gasto público en torno al medio billón de pesetas, lo que
hubiese sido precisamente muy conveniente no realizar, es decir, ejecutar
bien el presupuesto en materia de gasto público porque entonces el
déficit público hubiese bajado un punto del PIB, el punto que falta
precisamente en los Presupuestos del año 1995; como tampoco es cierto que
el objetivo de déficit público alcanzado en el año 1994, es decir, que se
cumplan las previsiones, se haya basado en las previsiones inicialmente
formuladas por el Gobierno. Ha sido el dinamismo de la economía española,
pero fundamentado en razones distintas de las que preveía el proyecto de
presupuestos para 1994, es decir, las exportaciones y no el consumo o la
inversión interiores, las que han permitido a la economía española crecer
satisfactoriamente a tasas próximas al 2 por ciento en el año 1994. Esto
se ha materializado en un aumento de ingresos fiscales por encima de las
previsiones. Por tanto, ha habido un incumplimiento de presupuestos
--aunque bienvenido sea-- por el lado de previsiones fiscales, y
ciertamente ese margen de medio billón de pesetas, en lugar de aplicarlo
a reducción de déficit público, se ha aplicado a aumento de gasto
público. Con lo cual, si alguien está satisfecho --y parece ser que el
portavoz socialista lo está-- con el logro del objetivo del déficit
público, en nombre de mi Grupo y del mío propio tengo que decir que es
muy fácil de contentar este portavoz, así como el Grupo Socialista,
porque es lo cierto que se podrían haber alcanzado cotas muchos mayores
de reducción de déficit público.
Por último, y dentro de este tema del déficit público, respecto de la
enmienda aprobada en la Ponencia de Presupuestos a la que se refería el
portavoz socialista, relativa a que el exceso de ingresos fiscales se
aplicará a la reducción del déficit público, nos gustaría que nos
explicara cómo se va a instrumentar al incluir en la Ley esa propuesta
sin establecer, al mismo tiempo, mecanismos de control, por ejemplo,
limitando los créditos ampliables o ejecutando los presupuestos
permitiendo sólo en casos muy reducidos las transferencias de crédito, o
limitando las generaciones de crédito; y cómo en la ejecución mes a mes
de los presupuestos sabremos qué parte de los ingresos fiscales se han
obtenido en exceso sobre las previsiones de recaudación y, por tanto, qué
parte hay que aplicar a reducción de déficit público. O,
alternativamente, hemos de pensar que el Grupo Parlamentario Socialista
se está apuntando a un mero enunciado vacío de contenido por cuanto sólo
al final del Ejercicio sabríamos si ha habido excesos de recaudación;
sólo al final del Ejercicio, es decir, una vez ejecutado el gasto
público, sabríamos si esos excesos de recaudación se han aplicado o no a
presupuestos. Por lo tanto, sin establecer controles al gasto público, a
esa propuesta socialista, que nos parece favorable y que aceptaremos tal
y como está redactada, es decir, como un mero y vago enunciado de
intenciones, no le damos mayor virtualidad por cuanto será de imposible
control.
Señalo, por último, que estos Presupuestos Generales del Estado del año
1995 son dignos continuadores de una política económica aplicada por el
Gobierno cuyos frutos estamos contemplando en estos momentos. Si, de
acuerdo con las manifestaciones vertidas hace unos minutos por el
portavoz socialista, los presupuestos de 1994 se aplicaron tan
eficazmente, si la política económica del Gobierno, como se decía hasta
hace muy poco, ha sido la única posible, tendríamos entonces que derivar
una situación económica razonablemente similar a la de los países de
nuestro entorno. Sin embargo, nos encontramos con una tasa de desempleo
que más que duplica la media de todos países de la Comunidad y que está
bastante por encima del doble de la media de los países de la OCDE; nos
encontramos con una tasa de inflación --de nuevo el portavoz socialista
se satisface con muy poco-- que, aunque ciertamente es menor que la
trayectoria histórica de esta variable, está muy alejada de los criterios
de convergencia, y nos encontramos con un déficit público que está
también holgadamente por encima de la media de los países europeos.
Consecuentemente, si hemos de tener en cuenta que los resultados son los
que denotan la calidad de las políticas aplicadas, en este caso
presupuestarias, supongo que se aceptará por el resto de los grupos
parlamentarios que esas políticas tienen que haber sido muy
insatisfactorias, tienen que haber cometido errores de bulto importantes
cuando nos encontramos en una situación peor, bastante peor, en materia
de empleo, en inflación, en tipos de interés, donde nuestro diferencial
con los países comunitarios amenaza la recuperación de la inversión, y
nos encontramos bastante peor en crecimiento económico. Porque si antes
hemos dicho que el 2 por ciento puede ser un crecimiento satisfactorio a
la vista de la caída de la producción el año pasado en nuestro país,
sigue siendo cierto que los países europeos y los países de la OCDE en
general crecen por encima de España al menos medio punto en el año 1994;
que las previsiones para 1995 --y no somos agoreros, son las previsiones
que hay-- apuntan que también crecerán por encima de la economía
española, a pesar de que ésta se va a mostrar a unas tasas de crecimiento
satisfactorias, según la previsión de este proyecto de presupuestos y que
nosotros consideramos que pueden cumplirse; pero siguen estando por
encima los países europeos y los países de la OCDE. Con lo cual, el
objetivo que hasta hace pocos años tanto el Gobierno socialista como,
según recuerdo, el propio Presidente, Felipe González, convertían en
objetivo básico y en nuestra razón de ser durante la década de los
noventa, la
aproximación con los países europeos, está más lejos que nunca, porque no
solamente no nos aproximamos en materia social, de precios o de empleo,
sino que también divergemos cada vez más en materia de crecimiento
económico. Ellos cada vez son más ricos, incluso en términos «per
cápita»; nosotros también lo somos, porque ciertamente las economías y
las sociedades progresan en el tiempo, pero lo hacemos a una tasa menor
y, por tanto, nos alejamos de Europa. Estos presupuestos son, por lo
tanto, la confirmación de errores de política económica del pasado, e
incorporan, además, errores propios. Lo que no se ajuste en el año 1995
tendrá que ajustarse en los años 1996 y 1997 si queremos estar en la
Unión Europea. Y los vagos enunciados europeístas a los que el Gobierno
nos tiene acostumbrados no se corresponden con la política económica que
se está aplicando: en déficit público no nos aproximamos; tampoco nos
aproximamos en empleo ni en ninguna otra de las variables económicas
relevantes. Y estos presupuestos, desde luego, no lo van a garantizar.
Dicho esto, si la economía española, vía exportaciones o por algún otro
factor todavía no contemplado --aunque la demanda interna parece haber
entrado en una fase de recuperación--, creciera a tasas superiores al 3
por ciento en el año 1995, nosotros seríamos los primeros en
felicitarnos, igual que en el año 1994 nos parece muy satisfactorio que
la economía española, aunque sea sobre la base del sector exterior, pueda
crecer a tasas incluso superiores a las previstas por el Ministerio de
Economía y Hacienda. Pero que eso no nos sirva para complacernos en una
política económica que no está consiguiendo los objetivos que tiene
España como país; objetivos, además, comprometidos en un seno mucho más
amplio como es la Unión Europea. Y estos presupuestos, aparte de ese
beneficio coyuntural que se deriva de la caída de tipos de interés del
año pasado, que ha sujetado la carga de intereses, no demuestran, en
absoluto, medida significativa alguna de austeridad.
Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestro veto y encontramos muy
insatisfactorias las explicaciones que se han señalado para oponerse al
mismo tanto desde el grupo mayoritario como desde los otros grupos
minoritarios que le apoyan y cuyas explicaciones, en este caso, no han
existido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que es bastante normal que las explicaciones de los
portavoces socialistas no satisfagan las inquietudes de los portavoces
del Grupo Parlamentario Popular, como también es bastante normal que el
grado de contento con los presupuestos del grupo que apoya al Gobierno
sea mayor que el grado de contento con los mismos del principal partido
de la oposición. Todo entra dentro de la normalidad parlamentaria y
democrática. Pero yo creo que al socaire de estas manifestaciones, que
son lógicas, se han dejado también caer otras que ya son un poco más
ilógicas. Por ejemplo, en cuanto a la valoración del sector público.
Venir aquí a estas alturas, en diciembre de 1994, a plantear que la
expansión del sector público en España sólo ha traído consecuencias
negativas para la economía española, cuando es evidente que en los
últimos doce años España ha tenido que crear, prácticamente de la nada,
un Estado del bienestar que se ha traducido en una serie de mayores
prestaciones sanitarias, educativas o de mayores pensiones, etcétera, me
parece una valoración que pertenece también a la década anterior. Creo
que el Partido Popular sigue estando anclado en un neoliberalismo que
tiene poco de nuevo y poco de liberal y que, en cualquier caso, de alguna
manera denota el carácter marcadamente conservador de sus propuestas en
el área económica con esa valoración maniquea de pensar que el sector
público, por sí, es malo.
Lo que sucede es que el sector público debe ser compatible con la
recuperación económica, con el desarrollo económico. Y en estos momentos
nuestro objetivo, que no es de ahora sino de hace muchos años, es
mantener este Estado del bienestar haciendo que el peso del sector
público no suponga estrangulamientos en la economía. Y a eso se dedican
los presupuestos del año 1995, que compatibilizan el mantenimiento del
Estado del bienestar y su desarrollo con el hecho, precisamente, de que
el sector público no crezca, a través de un esfuerzo importante de
austeridad del sector público no productivo y del sector público no
dedicado a labores de financiación del citado Estado del bienestar.
En cuanto a déficit público, éste también es un discurso bastante viejo.
El Partido Socialista en el Gobierno, a lo largo de sus doce años, se ha
dedicado a financiar el déficit público con una ortodoxia de la que
carecieron los gobiernos de la derecha que gobernaron en España hasta el
año 1982, y yo creo que sea bueno recuperar aquel criterio heterodoxo que
permitía una financiación teóricamente menor del déficit público que se
trasladaba en tasas de inflación que multiplicaban por cinco la que en
estos momentos tiene nuestro país. Yo creo que eso era absolutamente
negativo, y era algo que se estaba haciendo con los votos, entre otros,
del mismo grupo que ahora considera excesiva una tasa de inflación del 4
por ciento. Y nosotros también debemos señalar que, desde luego, los
presupuestos pueden mantener algún riesgo de relanzamiento de la
inflación, riesgo que se va a combatir a través de una serie de medidas
estructurales que los propios presupuestos contienen.
No es justo decir que los presupuestos suponen un incremento de
tributación. En los impuestos que suben en los Presupuestos Generales del
Estado para 1995, como los combustibles o el Impuesto sobre el Valor
Añadido, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Muy
por debajo. Y, por contra, bajan impuestos como las cotizaciones a la
Seguridad Social o como el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuya tarifa se deflacta para el año 1995. Y he ahí, entre otras
medidas, el esfuerzo que se hace por fomentar la economía productiva:
disminuir
uno de los costos principales de nuestras empresas como son las
cotizaciones a la Seguridad Social o, en el caso de los autónomos, la
propia cotización de los empresarios autónomos.
En cuanto a los mayores controles, realmente es difícil seguir
manteniendo que los presupuestos para el año 1995 no incorporan mayores
controles para el gasto público. Simplemente viendo el tratamiento dado a
un gasto que ha sido uno de aquellos en los que con más frecuencia se han
producido las desviaciones, como es el gasto sanitario, con la reducción
de créditos ampliables --no hay más que ver la lista de créditos
ampliables del presupuesto de 1994 y la del año 1995--, o con los mayores
requisitos que se exigen o las mayores limitaciones que se establecen
para las transferencias de crédito, en particular, las que afectan a los
capítulos de operaciones de capital, capítulos VI y VII, simplemente con
esto se detectan esos mayores controles en la ejecución del gasto
público, que parece que no existen según la lectura un poco apresurada
que ha hecho de los presupuestos el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
Respecto a la ejecución del presupuesto del año 1994, nosotros seguimos
manteniendo --y me parece que es difícil negarlo-- que el presupuesto del
año 1994 ha sido el que ha tenido mayor grado de ejecución y mayor
identidad con los créditos aprobados por esta Cámara de todos los
presupuestos aprobados en la democracia española, y en ese sentido no es
que seamos fáciles de contentar, sino que reflejamos un hecho fácilmente
constatable.
Nuestra media en previsiones de crecimiento o en déficit público tampoco
está tan alejada de la media de los países europeos. Aquí tenemos que
seguir recordando que en déficit público estamos por debajo de la media
de los países que forman parte de la Unión Europea, o que nuestras
previsiones de crecimiento son básicamente similares a las de la media de
los países europeos. En donde sí hemos progresado más que la media de los
países europeos en el año 1994 ha sido, por ejemplo, en la evolución del
empleo o, por ejemplo, en la caída de los tipos de interés, y creo que
éstos son hechos que también convendría reconocer.
En resumen, una valoración más ponderada de los presupuestos nos permite
detectar una austeridad en la contención del gasto público, un
mantenimiento del estado del bienestar y un fomento de la economía
productiva a través de la disminución de costes que puede producirse en
las empresas españolas y que, desde luego, va a tener efectos
beneficiosos en materia de empleo. Si a todo eso añadimos que el Gobierno
ya ha puesto en marcha, y va a poner más a partir de 1.º de enero de
1995, una serie de medidas que permitan el control mensual de los pagos
del Estado y que permitan hacer realidad esa previsión que al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular le parece simplemente enunciativa y que
nosotros nos hemos comprometido a cumplir desde hace mucho tiempo de que
los mayores ingresos del Estado vayan a la reducción del déficit público,
entenderemos fácilmente que los presupuestos del año 1995 satisfacen las
necesidades de la economía española.
De cualquier manera, a mí me gustaría terminar esta intervención con una
reflexión. Yo comentaba el año pasado en los debates de la Ley de
Presupuestos del año 1994 que las situaciones de crisis económica
disminuyen el margen de maniobra de los grupos que están gobernando en
cada país y el margen de maniobra de actuación del sector público. En
este sentido, es evidente que al disminuir el margen de maniobra el grado
de coincidencia debería ser mayor; así lo han entendido la mayoría de los
grupos parlamentarios, no así el Partido Popular, que no tiene ningún
miedo a quedarse solo. Yo lo que diría es que ésa no es una cuestión,
evidentemente, que uno decide por sí mismo: el Grupo Parlamentario
Popular no es que se haya quedado solo, sino que lo han dejado solo.
Luego también sería razonable que esta mayor coincidencia que debería
existir entre todos los grupos políticos tuviera una traslación en un
apoyo casi unánime a algunas grandes determinaciones del presupuesto,
como por ejemplo la determinación de no seguir incrementando el déficit
público. Pero si concluimos en la necesidad de que no siga
incrementándose el déficit público, nos encontraremos con que de las
1.500 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular a estos
presupuestos, aproximadamente 1.450 deberíamos rechazarlas sólo por esta
razón. En este sentido, yo invitaría al Grupo Parlamentario Popular a
predicar con el ejemplo, a retirar su propuesta de veto y a retirar
también sus 1.450 enmiendas que suponen incremento del gasto público para
permitir que eso en lo que todos estamos de acuerdo, que es la
disminución del déficit público, sea una realidad todavía más clara a los
ojos de los ciudadanos españoles, que tienen muchas demandas que formular
al sector público pero que también tienen que formular alguna demanda de
coherencia a los grupos parlamentarios que los representan en las
Cámaras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Alguna intervención por parte de los portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera
por un tiempo muy breve.
El señor UTRERA MORA: Seré muy breve, señor Presidente.
Por un lado, se nos ha pedido una unanimidad, un consenso en torno a
estos presupuestos del Estado y, por otro, que retiremos enmiendas, y la
verdad es que me sorprende esa petición por un doble motivo: primero,
porque encontramos que los Presupuestos Generales del Estado del año 1995
no forman parte de la política económica que necesitaría nuestro país, en
consecuencia, que no se nos pida consenso sobre un instrumento que
consideramos negativo; y, segundo, respecto de la reducción del déficit
público, yo apuntaría dos argumentos. En primer lugar, todas nuestras
enmiendas que suponen aumento de gasto llevan su correspondiente baja y,
consecuentemente, no son aumento de gasto neto, son enmiendas en las que
se trata de particularizar, de territorializar los gastos de inversión y
todas ellas están dotadas con créditos incluidos en los presupuestos, que
se reducirían, de inversiones no territorializadas o de otros gastos
corrientes; creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo, y se manifiesta,
de contención del déficit
público basándolo fundamentalmente en el gasto corriente.
En segundo lugar, mantenemos también nuestra opinión de que los ingresos
públicos en estos presupuestos están subvalorados, y eso además guarda
relación con esa propuesta, que ahora se incluye deprisa y corriendo en
el Senado, de que los ingresos públicos recaudados en exceso se apliquen
a reducción de déficit. El Senador socialista sigue sin explicarme cómo
se va a garantizar el cumplimiento de ese enunciado; enunciado que, por
otro lado, como antes señalábamos, y dentro de su vaguedad, nos parece
que se puede incorporar, es inocuo, y consecuentemente nosotros lo
apoyamos puesto que también teníamos una enmienda similar, pero es lo
cierto que nosotros la respaldábamos con medidas concretas de control del
gasto público. Y hablando de esas medidas de control respecto de los
créditos ampliables, no importa tanto que se haya reducido en algo la
lista de créditos ampliables --ésta sigue abarcando muchas páginas de la
Ley de Presupuestos--, sino que nosotros entendemos que los créditos
ampliables tienen que pasar por el tamiz de una aprobación parlamentaria
y, fundamentalmente, desviarlos hacia créditos extraordinarios o créditos
suplementarios o, en todo caso, que se dé una información fehaciente de
la necesidad de aplicación de esos créditos presupuestarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Senador
Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Solamente necesito 30 segundos, señor
Presidente, para decir que esa enmienda que le parece tan vaga al Senador
Utrera es bastante más concreta que la enmienda que proponía el propio
Grupo Parlamentario Popular. En este sentido, parece que no debe
reprochársele su vaguedad, sino, en todo caso, agradecer que haya ido
incluso más allá de la propuesta de enmienda que formula el Grupo
Parlamentario Popular.
Y en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, es tan
evidente que supondrían un incremento de gasto como el hecho de que ni
siquiera todas podrían ser aprobadas porque sacan más dinero del que hay
en determinadas partidas presupuestarias, lo que supondría directamente
el incremento del déficit público. Por otro lado, sacar dinero de
créditos que son ampliables es muy fácil, pero al final se traduce,
lógicamente, en que si ese crédito es minorado en la tramitación
parlamentaria, luego será incrementado por la vía de ampliación del
crédito.
Vuelvo a señalar que hay controles importantes en los propios
presupuestos en materia de transferencias de crédito, que hay créditos
que antes eran ampliables y ahora no lo son en función de que eran
créditos que tenían muchas desviaciones y para los cuales se ha buscado
una financiación específica, como ocurría con la financiación de los
gastos sanitarios, y, desde luego, debo explicar que yo no pedía al Grupo
Parlamentario Popular que retirara sus enmiendas porque sí --me parece
que ése es un derecho legítimo que tiene el Grupo Parlamentario Popular o
sus Senadores--, sino porque fueran coherentes con sus propios
postulados. Yo creo que, una vez más, sus enmiendas son incoherentes con
sus postulados y que en realidad ustedes defienden el veto con un
argumentación y luego, con una argumentación simétricamente
contradictoria, defienden sus enmiendas que proponen exactamente lo
contrario de lo que ustedes dicen defender en el veto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos a las votaciones de los diferentes vetos
propuestos por los respectivos grupos.
En primer lugar, votamos el veto del Grupo Parlamentario Popular.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, pasamos a votar el veto del Senador Ramón i Quiles, del
Grupo Mixto. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en
contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
A continuación, votamos el veto del Senador Petrizán Iriarte, del Grupo
Mixto. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en
contra, 17; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
En consecuencia, pasamos al debate del articulado y del resto de las
secciones.
Les rogaría a sus señorías que no siguieran al detalle el ejemplo de los
portavoces en lo que a la utilización del tiempo se refiere y que se
ciñan al tiempo reglamentario.
También les quiero hacer otro ruego. Hay una norma de la Presidencia que
vincula a los Senadores en cuanto al uso del tabaco. Es decir, se trata
de una norma que va directamente del Presidente a los Senadores, no pasa
a través de la Presidencia. Por tanto, este Presidente les ruega que sean
lo más remisos posible en la utilización del tabaco y, en todo caso, les
pide que los Senadores que están sentados en las filas más cercanas a la
Presidencia, y más concretamente los que están junto a las taquígrafas,
se abstengan de fumar.
Muchas gracias.
Pasamos a debatir el Título I, artículos 1 a 12 y Anexos I, II y IX.
Para la defensa de la enmienda número 665, correspondiente al señor Armas
Rodríguez, del Grupo Mixto, tiene la palabra su señoría por un tiempo
máximo de tres minutos.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Este Senador presenta una enmienda de adición al artículo 1 por la que se
pretende añadir un nuevo apartado que diga lo siguiente: Las inversiones
de los entes públicos Puertos del Estado y AENA se recogerán en tomos
específicos en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
del año 1996.
Con la edición de tomos específicos de dichos entes públicos, además de
otros entes dependientes del Gobierno, se conseguirá aportar una mayor
información acerca de las inversiones que tiene previsto realizarse en
cada una de las Comunidades Autónomas, así como las partidas que se
prevén para cada uno de los proyectos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 216 a 237, ambas
inclusive, y número 344, todas ellas suscritas por la Senadora Vilallonga
Elviro y por el Senador Martínez Sevilla del Grupo Mixto, tiene la
palabra el Senador Ramón i Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Mixto, quiero decir que asumimos estas enmiendas
presentadas originariamente por la señora Vilallonga y por el señor
Martínez Sevilla y las damos por defendidas en sus justos términos.
Si me lo permite el señor Presidente, me gustaría dar por defendidas
asimismo las enmiendas presentadas por este Senador hasta la Sección 08.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación para la defensa de la enmienda número 682, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador
Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Antes de nada quisiera mostrar mi agradecimiento a los Servicios de esta
Comisión por su premura para la presentación de los documentos, como
también a los Servicios generales de la Cámara, que han tenido que
clasificarlos, y asimismo a la Mesa y a la Junta de Portavoces por los
trabajos que han tenido que realizar para la ordenación de este debate.
Dicho esto, y para contrarrestar las evasiones lingüísticas de quienes
han intervenido antes, quiero decir que doy por defendida la enmienda en
sus propios términos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Pasamos a la enmienda número 2.352, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta mi primera intervención me sumo también al agradecimiento
mostrado por el señor Barbuzano y por otros Senadores.
Mi grupo ha presentado varias enmiendas al artículo 13, que supongo podré
defender conjuntamente. Se trata de las enmiendas números 2.308, 2.309,
2.310, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315 y 2.316. Son nueve enmiendas
que, de aprobarse, modificarían tanto el texto en sí como el contenido
del artículo 13.
No es la primera vez que se presentan enmiendas como éstas. Creo que
algunas de ellas ya las presentamos el año pasado. El desarrollo de la
Logse requiere que se vaya reflexionando sobre aspectos en los que
existen aún debilidades o en los que se han realizado mejoras para que
vayan constatándose a través de modificaciones dentro de los presupuestos
correspondientes.
Paso, pues, a defender estas enmiendas, aunque sin entrar en ellas de
modo exhaustivo, ya que aparte de las mismas las hemos defendido en el
Congreso. Además, las justificaciones que acompañan a estas enmiendas
están absolutamente claras. No obstante, voy a hacer alguna pequeña
concreción por si sus señorías no han tenido el tiempo suficiente para
estudiarlas.
En la enmienda 2.308 abordamos una cuestión de plazos. Proponemos que los
ejercicios se cierren no al finalizar el curso, sino cuando termine el
ejercicio económico. Consideramos que normalmente los centros escolares,
en definitiva, son empresas, por lo que el cierre suele hacerse en
diciembre del mismo modo que es también en diciembre cuando hacemos los
presupuestos.
La número 2.309 trata de controlar la aplicación de la partida de gastos
variables y de verificar su subsistencia.
La enmienda número 2.310 es de adición. Proponemos añadir al segundo
párrafo del apartado uno del artículo 13 el siguiente texto: «Para la
implantación anticipada del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria en el curso 95/96, los Centros concertados deberán estar
autorizados definitivamente para impartir estas enseñanzas...»
La enmienda número 2.311 pretende sustituir el término «módulos» por el
de «partidas». Debe decir: «Las Comunidades Autónomas, en pleno ejercicio
de competencias educativas, podrán adecuar los módulos establecidos para
la Educación Secundaria Obligatoria a las exigencias derivadas del
currículum establecido» --habría que corregir esta palabra porque
normalmente se utiliza el término «currícula»-- «para cada una de ellas,
siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de las
partidas de dichos módulos, fijadas en la presente Ley.» Creo que con
esta modificación mejoramos este aspecto de los centros públicos. (El
señor Vicepresidente, Garcías Coll, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la enmienda número 2.312, trata de enmendar el módulo
económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de
centros concertados. Creemos que es necesaria una ampliación de la ratio
profesor-unidad. Asimismo, pensamos que esto supone un replanteamiento
sustancial de la figura del profesor de apoyo; figura que, realmente, se
ha sacado de la manga porque no se contempla en la ley como tal. Por otro
lado, la Tabla número 1 se refiere a los centros y profesores, pero no a
los profesores de apoyo.
La enmienda número 2.313...
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Perdón, Senador Torrontegui. No
sé si se ha dado cuenta de que se está refiriendo a las enmiendas
relativas al Título II, y ya ha defendido desde la número 2.308 a la
2.312.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Sí, señor Presidente. Pero, que yo
recuerde, no he presentado ninguna enmienda a Título I.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Tiene presentada una enmienda al
Título I, la número 2.352.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Pero la enmienda número 2.352 se refiere
al Anexo II.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Sí, pero los Anexos I, II y IX se
discuten conjuntamente con el Título I. Por tanto, tiene presentada la
enmienda 2.352.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Perdón, señor Presidente. Pido excusas al
resto de la Comisión.
Doy, pues, por defendida en sus propios términos esa enmienda de
modificación al Anexo II, cuarto, relativo a créditos ampliables.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Torrontegui.
Le quedan por defender las enmiendas números 2.313, 2.314, 2.315 y 2.316
a Título II. Si su señoría quiere, puede hacerlo en este momento, aunque
su contestación tenga lugar cuando lleguemos a debate del Título II.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 2.313 pretende la modificación de varios párrafos al
artículo 13. Creo que con mi referencia a la LOGSE ha quedado bastante
claro que, en primer lugar, no existe en la ley un margen para la
discrecionalidad, por lo que es necesario --tal y como nosotros
proponemos-- el término «autorizará», en lugar del de «podrá autorizar».
Por otra parte, también he comentado que desaparece la figura del
profesor de apoyo y creemos que en estos casos no habría por qué
sustituirla ya que no existe como tal.
Por último, la expresión «hasta el máximo indicado en la tabla»
permitiría la contratación de equipos docentes incompletos con un número
de componentes inferior al señalado por la ley. En consecuencia, creemos
que es necesario manejar el término «según lo indicado en la tabla», que
alude a equipos docentes completos, de conformidad con lo permitido por
la propia ley de presupuestos.
Siguiendo con el artículo 13, la enmienda número 2.314 propone una
adición al cuarto párrafo del apartado cuatro, del siguiente tenor: «Las
contrataciones de profesores de apoyo se realizarán en las condiciones
que se detallan a continuación»: Y exponemos dichas condiciones. Su
justificación se basa en que la experiencia habida hasta la fecha en la
aplicación del III Acuerdo de Centros Afectados acredita la necesidad de
encontrar otras fórmulas de cobertura de vacantes en los equipos
docentes, distintas a la de la exclusiva incorporación de profesores
procedentes de los programas de recolocación. Proponemos esta medida en
aras de la calidad de la enseñanza.
La enmienda número 2.315, también al artículo 13, relativo a módulo
económico de distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de
centros concertados, se refiere en particular a los centros ubicados en
Baleares Ceuta y Melilla.
La enmienda 2.316, igualmente al artículo 13, propone la modificación del
último párrafo, en el siguiente sentido: «El Ministerio de Educación y
Ciencia reconocerá dichos incrementos de equipo docente, e incluirá a
estos profesores en la nómina de pago delegado...» Hay que tener en
cuenta que las tablas números 1 y 2 encabezarán las columnas con el
término profesores, en lugar del de profesores de apoyo.
Con esto finalizo mi intervención respecto del artículo número 13.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Para la defensa de las enmiendas correspondientes al Título I del Grupo
Popular, y por tiempo de diez minutos, tiene la palabra el Senador
Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos presentadas varias enmiendas al Título I, que se refiere a la
aprobación de los presupuestos y sus modificaciones. En el Capítulo I,
relativo a los créditos iniciales y su financiación, y al artículo 2,
sobre la aprobación de los estados de gastos e ingresos, hemos presentado
una enmienda en línea con las propuestas del Grupo Popular sobre
reducción del gasto público.
También hay enmiendas a este mismo Capítulo en relación con los
presupuestos tanto de los organismos autónomos comerciales como de la
financiación de los créditos que se aprueban en el artículo 2, del
presupuesto de Radiotelevisión, o las inversiones públicas de Aeropuertos
Españoles y autoridades portuarias.
El conjunto de estas enmiendas a las cifras globales de los presupuestos
y a la aprobación de estos organismos y entes públicos justifica la
enmienda a la totalidad de Capítulo I, por la que se solicita su
supresión por las razones ya aludidas de disminución del gasto público, y
las enmiendas que a lo largo del proyecto de ley ha presentado el Grupo
Popular solicitando una nueva distribución de los gastos por programas,
diferente a la que figura en el proyecto de ley.
Como digo, estas razones justifican tanto esta enmienda al Capítulo I,
como las que hemos presentado al Anexo I, que hace una distribución de
los gastos establecidos en los presupuestos por diferentes programas;
Anexo I que también hemos enmendado solicitando su supresión y
justificando la enmienda en una nueva distribución de programas no tanto
específicamente recogida en la enmienda, cuanto recogiendo las
modificaciones que se han solicitado a lo largo de las secciones de gasto
que componen estos presupuestos.
Hay también enmiendas al Capítulo I que se refieren a aspectos más
concretos, como una reducción de la estimación de los beneficios
fiscales; asimismo, se hace la solicitud, a través de una enmienda, de la
inclusión de la aprobación de los presupuestos del Banco de España en un
capítulo diferenciado.
En cuanto al Capítulo II de este Título, que se refiere a la aprobación
de los presupuestos y de sus modificaciones, en la línea tradicional que
sigue el Grupo Parlamentario Popular, se presentan enmiendas en las que
se establece mayor rigor en las modificaciones que se autorizan en los
presupuestos. Una de ellas, concretamente, solicita que una autorización
que la presente Ley concede al Ministerio de Economía y Hacienda se
remita, sin embargo, al Consejo de Ministros para que sea éste el que
pueda autorizar estas modificaciones del gasto, ya que, en general, se
refieren a gastos que afectan a varios departamentos.
Otra enmienda establece la necesidad de ampliar la lista de créditos
vinculantes; de cuatro que aparecen en el proyecto de ley se solicita que
estos créditos vinculantes alcancen un total de 22.
Existe una enmienda de supresión de estas posibilidades de modificación
en el sentido de que las normas presupuestarias de modificación y
ejecución, que vienen recogidas en la Ley General Presupuestaria, tengan
estabilidad y continuidad en el tiempo. Las diferentes leyes de
presupuestos han ido estableciendo variaciones, en mayor o menor medida,
de la posibilidad de modificaciones y de los organismos que pueden
autorizarlas.
Entendemos que es bueno para la ejecución presupuestaria que las normas
de ejecución y, consecuentemente, de modificación, tengan una estabilidad
y una permanencia a lo largo del tiempo y, en consecuencia, que estas
normas, por las cuales se alteran estas disposiciones que vienen
recogidas en la ley general presupuestaria, no figuren en la ley de
presupuestos.
Por otra parte, en este mismo Capítulo, en el artículo 11, que se refiere
a las limitaciones presupuestarias, pretendemos que estas limitaciones de
gasto en términos de obligaciones reconocidas, que en el proyecto de ley
se dice que no serán superiores a los créditos iniciales y que vimos
durante el ejercicio de 1993 cómo hubo necesidad de derogarlas
explícitamente en un real decreto-ley, se extiendan no sólo al conjunto
de los gastos, sino a los gastos por operaciones corrientes y por
operaciones de capital. Asimismo, pretendemos que en la enmienda se
declaren nulas de pleno derecho todas las obligaciones reconocidas que se
hagan por encima de estas cuantías.
Es evidente que no sólo se trata de limitar la cuantía de las
obligaciones reconocidas, sino que también es importante que las
cuantías, tanto de operaciones corrientes como de capital, se mantengan,
sobre todo si se tiene en cuenta que durante los últimos ejercicios las
operaciones de capital, y concretamente las inversiones, están muy por
debajo en su ejecución de las previsiones iniciales y que, de alguna
forma, sirven para financiar los excesos de gasto en operaciones
corrientes, política de gasto que consideramos contraproducente por
razones obvias. Asimismo, se solicita mayor información sobre la
ejecución de los presupuestos en las operaciones por capital y
corrientes, y no exclusivamente sobre la cuantía de las operaciones.
Respecto al Capítulo III, de la Seguridad Social, solicitamos una fórmula
de financiación que modifique la que aparece en el proyecto de ley.
Entendemos que debe financiarse en mayor medida mediante transferencias
del Estado que compensen una disminución de los ingresos por cotizaciones
sociales de la Seguridad Social, como consecuencia de la disminución en
las cotizaciones a la Seguridad Social que se plantean.
Asimismo, solicitamos la supresión de aquella autorización por la que se
concede un préstamo a la Seguridad Social para mantener su equilibrio
financiero. Entendemos que esta fórmula de financiación no hace sino
diferir el déficit o tratar de soslayarlo en cuanto que estos préstamos
no aparecen en los conceptos de déficit que se utilizan normalmente. En
la medida en que estos fondos van destinados a financiar actividades
corrientes del ejercicio de la Seguridad Social, su financiación debería
hacerse mediante transferencias, que sí aparecerían en las fórmulas de
déficit de caja que normalmente se utilizan, y no a través de préstamos
entre entidades dentro del sector público, cuya naturaleza es más bien
ambigua.
En relación con el Título I, todo el conjunto de enmiendas que se
presentan tanto al Capítulo I, créditos iniciales y financiación, al
Capítulo II, normas de modificación y ejecución de créditos
presupuestarios, y al Capítulo III, de la Seguridad Social, solicitando
diferentes fórmulas de financiación, son las que justifican, en su
conjunto, que hayamos presentado una enmienda de totalidad al Título I
sobre la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones,
independientemente de los argumentos de que las cifras que se recogen y
las fórmulas de financiación que se reflejan en este Título no son los
adecuados a los objetivos de política económica, ni a la reducción de
déficit, ni son suficientes para el control de gasto en la medida en que
sería deseable. En consecuencia, podrían hacerse todas las
consideraciones oportunas sobre sus repercusiones en el nivel de empleo
en el ejercicio futuro, que es lo que justifica la presentación de estas
enmiendas que se han presentado a los diferentes artículos que integran
los capítulos que componen el Título I.
En relación con este Título, también se debate el Anexo I, al que ya he
hecho referencia, sobre distribución de créditos por programas, y hemos
presentado una enmienda, en coherencia con las enmiendas que solicitan
una nueva distribución a lo largo de las secciones de los presupuestos.
Asimismo, se debate el Anexo II, que hace referencia a los créditos
ampliables. Esta es una vieja cuestión tratada muchas veces aquí sobre la
multiplicidad de créditos ampliables que han venido apareciendo y que
siguen apareciendo en los proyectos de ley de presupuestos. Estos
créditos ampliables han sido, en gran medida, los causantes de las
desviaciones de gasto que se han producido en los últimos ejercicios.
Nosotros solicitamos, a través de una enmienda, la supresión de este
Anexo II simplemente para dar testimonio de nuestra voluntad de que estos
créditos ampliables se limiten. Luego hay una serie de enmiendas a
partidas concretas que consideramos que deben desaparecer
de la lista muy importante que existe todavía en los presupuestos del
Estado.
Al Anexo IX, sobre compromisos de gastos de ejercicios futuros, hemos
presentado una enmienda mediante la que solicitamos información sobre el
cumplimiento del contenido de estos anexos, al mismo tiempo que se rindan
cuentas sobre la ejecución de los presupuestos de los ejercicios 1996,
1997 y 1998.
Estas son las enmiendas que hemos presentado al Título I y los anexos que
se debaten conjuntamente con él.
Señor Presidente, para terminar y para no hacer la exposición tan árida
con una mera enumeración de las enmiendas presentadas, quiero señalar que
muchas de estas enmiendas, por lo menos la filosofía que las inspira, las
hemos presentado en los últimos ejercicios y en cada uno de ellos se nos
ha calificado de forma negativa. Hemos solicitado reducción de gastos y
después de muchos años vemos cómo en este momento todo el mundo asume la
necesidad de un control del gasto público. En este sentido positivo es en
el que deben interpretarse nuestras enmiendas.
No entendemos que se asocie la idea de solicitar una reducción o un
control en el gasto público con negar el papel que el gasto público tiene
en la economía. Lo que siempre hemos puesto de manifiesto son los
problemas que causa el exceso del gasto público, los déficit, y sobre
todo en nuestro país el crecimiento desmesurado del gasto público durante
los últimos doce años. No hemos cuestionado nunca ni el papel del Estado
ni la necesidad de entender situaciones sociales y colectivas. Sí hemos
señalado los efectos negativos que tiene en la economía un excesivo gasto
público y en estos momentos, señor Presidente, generalmente esto es
asumido.
Por tanto, nuestras enmiendas en los debates de presupuestos de
ejercicios anteriores, vistos desde esta perspectiva, han tenido un
carácter eminentemente positivo, como aquellas que hemos hecho sobre la
modificación y ejecución de presupuestos. Hemos señalado las dificultades
que ha tenido la ejecución de los presupuestos y sus desviaciones y hoy
eso se ha asumido también. Hemos insistido en la necesidad de tener un
mayor control en la ejecución de estos presupuestos. Nuestras enmiendas
presentadas en esta materia han tenido este sentido positivo de solicitar
un mayor acercamiento de lo que se ejecuta con lo que se presupuesta. Las
desviaciones que hemos visto en los últimos ejercicios de los
Presupuestos en nuestro país han sido de tal magnitud que hoy, que esto
es asumido, reflejan que nuestras peticiones tenían una fundamentación
positiva y beneficiosa para el país, que la no ejecución era perjudicial,
y la laxitud en las normas de modificaciones que se han introducido han
acabado siendo perjudiciales a través de una serie de mecanismos para la
buena marcha de nuestra economía. Cuando hemos solicitado mayor rigor en
los criterios de modificación de los presupuestos no hacíamos sino
solicitar algo que a la larga iba a ser beneficioso para el país; de la
misma forma en el Capítulo de la Seguridad Social hemos llegado a
momentos en los que la financiación de la Seguridad Social, y
concretamente del Instituto Nacional de la Salud, ha significado que las
cuentas del sector público sufran unas desviaciones muy importantes.
Cuando nosotros hemos pedido más rigor en estas cuentas, no estábamos
atentando al Estado del bienestar ni a la necesidad de que se atienda a
las necesidades legítimas de los ciudadanos españoles, estábamos
atentando a una ortodoxia económica que hoy hubiera permitido atender en
mayor medida las necesidades de sanidad y otro tipo de atenciones
sociales de los españoles, si en los ejercicios pasados se hubiera
llevado una actuación económica más ortodoxa. Para los presupuestos de
este ejercicio y del siguiente las cargas financieras son las que
desequilibran los presupuestos totales y los que ponen, si acaso, en
entredicho la atención de estas necesidades. Si esa ortodoxia económica y
de ejecución presupuestaria se hubiera realizado en ejercicios pasados,
hoy tendríamos menos necesidad de atender demandas financieras y más
posibilidad de atender a necesidades sociales.
En consecuencia, señor Presidente, quiero decir que estas enmiendas
parciales, que, a veces, son técnicas, sin embargo, si se hubieran
atendido en su momento y si se siguieran atendiendo, hoy nos hubieran
permitido tener una mejor posibilidad de atender a las necesidades de los
ciudadanos y no hubieran afectado a la creación de empleo y posiblemente,
si se atendieran las que hoy presentamos en mayor medida tendrían unas
repercusiones positivas y beneficiosas para el futuro de nuestro país.
Por tanto, señor Presidente, quiero dejar constancia de ello y decir que
estas enmiendas no tienen un carácter negativo, sino que se trata de
aportaciones positivas, como la experiencia --y ya lo he dicho varias
veces-- ha demostrado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Alierta.
¿Turno en contra? (Pausa.)
El Senador Granado tiene la palabra.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré compensar con la brevedad mi anterior locuacidad en el debate
de los vetos.
Al Senador Armas, tengo que comentarle que la única enmienda que mantiene
a este Título no nos parece asumible, puesto que los Presupuestos de los
Aeropuertos y de los Puertos españoles ya están contemplados
suficientemente en el Presupuesto de Entes Públicos, y realmente lo que
él nos pide es más bien una consideración de tipo casi editorial, es
decir que se edite por separado. La información que, a nuestro juicio,
existe, es suficiente y hay otras vías de información parlamentaria que
hacen más adecuado el seguimiento de estos presupuestos, que no la
inclusión en el articulado de la Ley en el artículo 1 ó 2.
Las enmiendas del Senador Torrontegui serán objeto de consideración
cuando intervenga mi compañero, el Senador Serrano, para consumir el
turno en contra de las enmiendas al Título II.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, defendidas por el Senador
Alierta, como él mismo ha reconocido, se repiten a lo largo de la
discusión de los Presupuestos y
son prácticamente similares a las de ejercicios anteriores. Unas son
enmiendas de supresión, derivadas del propio veto y en la práctica, su
consideración supondría votar a favor del veto del Partido Popular que
acaba de ser rechazado. En este sentido, no podemos aceptarlas, y me
imagino que ellos son conscientes de lo mismo.
Hay una enmienda, la 787, que ya está introducida en Ponencia
conjuntamente por el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista,
y en este sentido pensamos que esta enmienda debería ser retirada, puesto
que, incluso con mayor profundidad que lo que plantea el Grupo Popular ya
ha sido incorporado al texto del dictamen.
Otras enmiendas hacen referencia a los procedimientos de modificación de
créditos, unas a través de declarar vinculantes más conceptos del
Capítulo II. A nuestro juicio, los conceptos que están declarados
vinculantes ya dentro del proyecto de Ley de Presupuestos son conceptos
en donde se habían apreciado desviaciones; no así en los que nos propone
el Grupo Popular, y en este sentido no podemos aceptar su enmienda. Otras
complican innecesariamente la gestión de los fondos públicos, atribuyendo
funciones que el proyecto asigna al Ministerio de Economía al propio
Consejo de Ministros, o dificulta las transferencias de crédito. A
nuestro juicio, en la redacción de la Ley de Presupuestos, ya remitida
por el Congreso de los Diputados y que ha sido enmendada por el Senado,
hemos marcado una serie de requisitos que son innovadores para dificultar
que estas transferencias de crédito puedan generar mayor déficit público,
como son las limitaciones que afecten a Capítulos como el VI y el VII.
Sería, a nuestro juicio, difícil aceptar las enmiendas del Grupo Popular,
porque en la práctica contribuirían a complicar gravemente la gestión de
los fondos públicos, sobre todo si tenemos en cuenta que en el conjunto
de Administraciones públicas que se rigen por la Ley General
Presupuestaria en España, realmente donde gobierna el Partido Popular
tampoco --digámoslo así-- aplica las enmiendas que quiere aplicar a la
gestión de los Presupuestos del Estado. En este sentido nos parecen
innecesarias.
En cuanto a la filosofía de financiación de la Seguridad Social, el Grupo
Popular y nosotros mantenemos una discrepancia de fondo sobre la
cuestión. Al Grupo Popular no le gusta la figura del préstamo del Estado
a la Seguridad Social. Este préstamo, a nuestro juicio, no debe ser
financiación pura y simple, puesto que si las cuentas de la Seguridad
Social mejoran, en el ejercicio de 1995 pudiera no ser consumido en su
totalidad. De hacer caso a la enmienda que plantea el Grupo Popular, lo
que estaríamos produciendo sería un incremento de déficit público, al
considerar como financiación incondicionada lo que, a nuestro juicio, es
un préstamo del que se tiene que hacer uso en la medida en que la
Seguridad Social lo necesite, y que tenemos alguna confianza en que no
deba ser consumido en su totalidad. La disminución de cotizaciones
sociales, también a nuestro juicio, tendría como consecuencia un
incremento del déficit público.
Y en cuanto a las enmiendas de los anexos, la de supresión del Anexo I es
congruente con el veto y, por lo tanto, incongruente con el rechazo del
mismo que acabamos de efectuar. Las enmiendas al Anexo II, encabezadas
por una enmienda global de supresión, pretenden que no tengan la
consideración de ampliables créditos que necesariamente deben de serlo. A
mí, algunas me han parecido realmente hasta curiosas, Senador Alierta,
por ejemplo, no considerar ampliables los créditos con los que se
financian las operaciones de ayuda a la pacificación que desarrollan las
Fuerzas Armadas españolas en el exterior. ¿Cómo es posible que la Ley de
Presupuestos prevea si va a haber o no conflictos en cuya resolución
intervengan las Fuerzas Armadas españolas en misiones de pacificación?
Esto ustedes lo consideran no ampliable. Tampoco consideran ampliables
créditos que tienen que serlo en función de que la liquidación del
Presupuesto del año 1994 se va a producir en marzo del año 1995, y hasta
ese momento no vamos a conocer algunas consecuencias de esta liquidación,
y por eso algunos créditos son ampliables.
Hay algunas otras enmiendas que ni siquiera entiendo; concretamente una
enmienda a la Sección 32 que declara no ampliable un crédito del
Ayuntamiento de Barcelona. Yo no sé por qué ese crédito concreto no debe
ser ampliable, y sí los de otros Ayuntamientos o los de otros Consejos
Metropolitanos. Alguna razón habrá, y me gustaría conocerla.
En su conjunto, nosotros pensamos que con el esfuerzo de reducción de los
créditos ampliables operados ya en el proyecto de Presupuestos, que han
disminuido bastantes renglones de este Anexo II, es suficiente.
En cuanto a la enmienda al Anexo IX, de operaciones presupuestarias con
cargo a ejercicios subsiguientes, es un poco difícil que la Ley de
Presupuestos del año 1995 obligue al Gobierno a realizar una información
parlamentaria, por el principio de vigencia, de los años 1996, 1997 y
1998. La Ley de Presupuestos del año 1995 concluye su vigencia con
carácter general, a no ser que expresamente diga lo contrario, y de
acuerdo con la muy reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
debe decirlo lo menos posible, el 31 de diciembre de 1995. Por lo tanto,
yo invitaría al Grupo Popular a reflexionar sobre el contenido de esta
enmienda, que me parece técnicamente incorrecta y que creo que sería
mucho más razonable plantear en los ejercicios 1996, 1997 y 1998, cuando
el Grupo Popular siga presentando enmiendas a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
Por lo tanto, no vamos a aceptar que se incorporen al informe de la
Ponencia ninguna de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Popular, aun reconociendo que algunos de sus postulados son compartidos,
es decir, nosotros también estamos absolutamente de acuerdo en que deben
controlarse con escrupuloso rigor las cuentas generales del Estado. Por
eso ya en el trámite del Congreso de los Diputados introdujimos enmiendas
transaccionales que hacían referencia a la información parlamentaria y,
desde luego, reconociendo que también compartimos con el Grupo Popular la
preocupación de que el exceso posible de ingresos vaya a la reducción de
déficit, lo que ya hemos incorporado con una enmienda en el trámite de
Ponencia en el propio Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Muchas gracias, Senador Granado.
El Senador Alierta tiene la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con la financiación mediante préstamos a la Seguridad Social,
quiero decir que nos sigue pareciendo un procedimiento no excesivamente
ortodoxo; siendo la Seguridad Social parte entre la Administración
Central, como lo es, préstamos internos entre ellas no tienen ningún
sentido. Realmente, en la medida en que los préstamos no entran en el
déficit de caja por no ser operación no financiera, es sustituir esta
financiación por una transferencia que sí aparecería y que se reflejaría
en el déficit mayor; es una fórmula que trata de soslayar este mayor
déficit.
En cuanto a su ejecución en 1995, en contestación a una pregunta escrita
que formuló este Senador hace unos días sobre el grado de ejecución en
1994 de los Presupuestos de la Seguridad Social, en el capítulo de
pasivos financieros, que desde el punto de vista de la Seguridad son
préstamos pasivos, anticipaban que, al final del ejercicio, sería del 140
por ciento, es decir, que si había 345.000 millones de pesetas previstos
en estos Presupuestos, estimaban que, a finales de 1994 --y consta en mi
pregunta escrita-- la ejecución alcanzaría un 140 por ciento sobre estos
345.000 millones de pesetas. Esperemos que tengan razón en 1995.
Por lo que se refiere a los créditos ampliables, deseo señalar que el que
un crédito no sea ampliable no quiere decir que no se pueda ampliar. Hay
una profusión de mecanismos presupuestarios para hacerlo. ¿Que en muchos
casos estamos en una circunstancia en la que podría ser o no ampliable?
¿Que es cómodo que sea ampliable ya que, de la otra forma, habría que
hacer un suplemento de crédito extraordinario que tiene una tramitación
evidentemente compleja? Esta es una materia discutible y sobre la que
siempre se puede pensar. Pero solicitar que no haya créditos ampliables
no quiere decir que los créditos no se puedan ampliar ante situaciones
nuevas. La profusión de créditos extraordinarios que tenemos demuestra
que esto se puede hacer. Y es más, muchos de estos créditos
extraordinarios viene porque las partidas están infraestimadas en los
presupuestos correspondientes como, por ejemplo, en las dotaciones a la
Compañía Transmediterránea. Durante los últimos años, sistemáticamente,
la partida prevista en los Presupuestos es inferior a la que va a
resultar, y por eso tenemos siempre, ejercicio tras ejercicio, un crédito
extraordinario sobre la Transmediterránea. En cambio, no tenemos créditos
extraordinarios por cuestiones que son aleatorias, como la que ha
señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Si ha habido que
hacer una intervención en el exterior que no estaba prevista, y ha habido
que hacer un crédito extraordinario, tendría lógica. En cambio, nos
vienen créditos extraordinarios de partidas que sí deberían estar
previstas, porque se puede saber bastante bien, en función de los
resultados del ejercicio 1994, cuáles van a ser las transferencias que va
a haber que hacen por determinado concepto, a esta compañía o a la otra,
o cuáles van a ser sus pérdidas. Sin embargo, eso está infraestimado, y
para eso se utiliza el crédito extraordinario. Es decir, que hay
mecanismos suficientes para reducir mucho más los créditos ampliables.
En lo referente al crédito que le extrañaba, deseo manifestar que está en
coherencia con una enmienda que se presenta en la sección 32 a esa
partida.
Con estoy doy respuesta a las preguntas que ha solicitado el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Alierta.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias.
Simplemente deseo comentar al Senador Alierta que el problema que tiene
los suplementos de créditos es que, como tales suplementos, no autorizan
el compromiso del gasto hasta su aprobación. Le pongo el ejemplo sugerido
por sus propias enmiendas, Senador Alierta. En el supuesto de que las
Fuerzas Armadas españolas tengan que participar en una misión de
pacificación, ¿hasta que las Cortes no aprueben el suplemento de crédito
no van a poder hacerlo? Porque hasta que no se autorice el crédito
extraordinario o el suplemento de crédito debido, no es posible, si el
crédito no es ampliable, que haya un incremento. ¿O debería producirse
una minoración de créditos y una transferencia de crédito interna dentro
del propio presupuesto del Ministerio de Defensa? Podríamos poner más de
un ejemplo en esa materia que --digamos-- justificaría una cierta
arbitrariedad en los criterios que ustedes han seguido para determinar
qué tipos son o no son ampliables.
El crédito al Ayuntamiento de Barcelona, al que me había referido, es
bastante paradigmático, porque en la sección 32 hay bastantes créditos
dedicados a la financiación del transporte colectivo en múltiples
ayuntamientos y consejos metropolitanos de toda España, y ustedes han
respetado todos menos el del Ayuntamiento de Barcelona. Yo me imagino que
ustedes tendrán alguna enmienda a la sección 32 incrementando ese
crédito, etcétera, pero lo que no se justifica, tenga la cuantía que
tenga, es que consideren que debe ser ampliable el crédito de la
Generalitat Valenciana o el Crédito del Consejo Metropolitano de Madrid y
que no sea ampliable el crédito del Ayuntamiento de Barcelona para el
mismo concepto. De verdad que yo sigo sin entenderlo, y espero que me den
ustedes una explicación en el debate del Pleno porque, de lo contrario,
sí que les anuncio que haré alguna referencia a esa enmienda en las
intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista porque, francamente,
como me sucede, en general, con sus enmiendas a los anexos, me parece
arbitraria.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Granado.
Pasamos a debatir el Título II, que comprende los artículos 13 a 17, y
los anexos VII y VIII.
Las enmiendas números 238, 239, 240 y 241, presentadas por la señora
Vilallonga Elviro y el señor Martínez,
han sido dadas por defendidas por el señor Ramón i Quiles.
Las enmiendas del Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
han sido defendidas en otro Título.
Por lo tanto, damos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular para defender las enmiendas presentadas a este Título.
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias.
Las enmiendas presentadas al Título II y al Anexo VII están generalmente
dirigidas al artículo 13, que trata de la distribución de los fondos
públicos para centros concertados, y las del Anexo VII, que desarrolla
las características de este artículo y que pretende los objetivos
siguientes.
Plantear, tras la extinción del III Acuerdo del 19 de mayo de 1993 sobre
profesorado de centros afectados por la no renovación total o parcial de
los conciertos educativos, que desaparezca la figura del profesor de
apoyo para, de esta manera, conseguir un ratio de 1,2 profesores por
unidad escolar en Educación Primaria.
Redistribuir el importe asignado a la partida de «Salarios de personal
docente, incluidas cargas sociales» y otros cargos de los módulos
económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de
centros concertados. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para el año 1995, y teniendo en cuenta las tres variables --ratio
profesor/unidad, salario y cuota patronal a la Seguridad Social-- que
definen la cuantía de la partida de «Salarios de personal docente,
incluidas cargas sociales» de los módulos de conciertos, se observa una
desviación por exceso de las cuantías previstas necesarias para financiar
el coste de este personal en los diferentes niveles educativos.
Por otra parte, establecer una comisión de seguimiento de la utilización
de la partida de gastos variables para controlar la aplicación de la
partida y verificar su suficiencia, así como el abono mensual a los
centros concertados de la partida de otros gastos, que se traduce en una
liquidez elemental que permita afrontar con un mínimo de agilidad las
diferentes obligaciones económicas experimentadas por los mismos.
A la vez, facilitar el trabajo administrativo de los centros educativos
que tienen ejercicios económicos que no coinciden con los cursos
escolares.
En consecuencia, lo que pretendemos con estas enmiendas es conseguir lo
que creemos que es lo más conveniente, que es adeudar dicha justificación
al ejercicio económico real del centro y no al curso escolar. Lo
contrario supone una complicación innecesaria para estos centros.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll:) Gracias, Senador Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
El Título II de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, que
estamos viendo en estos momentos, comprende la gestión de los
presupuestos docentes, la gestión presupuestaria de la Seguridad Social y
otras normas sobre gestión presupuestaria.
Sin embargo, señor Presidente, como han puesto de manifiesto los
anteriores intervinientes sobre este Título, las enmiendas que han
presentado van dirigidas fundamentalmente al artículo 13 de la ley, es
decir, a corregir, yo diría que reiterativamente en algunos casos, vistos
los debates de años anteriores, la distribución de los fondos públicos
que se hace desde el Ministerio de Educación para el sostenimiento de los
centros concertados. Baste decir que de las 19 enmiendas presentadas a
este Título, 18 lo han sido al artículo 13 y sólo una al 17.
Convendría, antes de tratar en detalle de cada una de las enmiendas, las
del articulado y las de los anexos VII y VIII que se debaten
conjuntamente, hacer una valoración global de las mismas en este sentido
creo que sería el momento de resaltar que un buen número de enmiendas
pretenden, acogiéndose a la vía presupuestaria, realizar cambios
terminológicos que afectan a los convenios que el Ministerio de Educación
ha suscrito con las organizaciones del sector de la enseñanza privada y
que han sido unánimemente aprobados en cada ocasión. Así ocurre con el
tercer acuerdo del 19 de mayo de 1993 sobre profesorado de centros
concertados afectados por la no renovación total o parcial de conciertos
educativos, caballo de batalla de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de
ahí que no parece congruente tratar de introducir modificaciones o
matices a unos acuerdos y convenios que en estos momentos se están
desarrollando a entera satisfacción de las partes y que de aceptarse
obligarían, con toda seguridad, a buscar interpretaciones nuevas que
probablemente después no fuesen a satisfacer las demandas reales que en
estos momentos necesita la enseñanza privada concertada.
Quería dejar constancia también de la similitud casi milimétrica que
existe en varias enmiendas de los dos grupos anteriormente aludidos, pues
parece que la inspiración les haya venido a la vez por la misma vía y con
la misma orientación dado el parecido que hay entre las mismas.
Probablemente obedecen a un mismo ideario y su procedencia quizás también
sea idéntica; la de las organizaciones patronales de la enseñanza
privada.
Hecha esta consideración global permítame que pase a analizar cada una de
las enmiendas presentadas. Ahora bien, dada la coincidencia de algunas de
ellas, la contestación será conjunta en algún caso y, obviamente, daré
por rechazada en sus propios términos aquellas que han sido defendidas de
igual modo o simplemente no lo han sido.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta nueve
enmiendas que van a ser rechazadas por mi Grupo, pero trataré de exponer
las razones que nos conducen a esta postura. Cinco de estas enmiendas
coinciden con otras tantas del Grupo Parlamentario Popular, por ello
considero que la contestación puede servir para ambos grupos.
La enmienda 2.310 solicita la implantación anticipada del primer ciclo de
enseñanza secundaria obligatoria en el curso 1995/1996, sin percatarse
que el párrafo segundo del artículo 13.1 del proyecto de Ley de
Presupuestos al que hace mención se refiere concretamente al
establecimiento de los módulos económicos necesarios para la financiación
de los ciclos primero y segundo de la enseñanza secundaria obligatoria
concertada con el Ministerio. Y ello con independencia del régimen de
autorización de los centros para impartir la ESO, así como del acceso a
régimen de conciertos, ambos con su propia y específica normativa.
No procede, por tanto, mezclar aspectos de autorización y de concertación
con los de financiación, pues sólo estos últimos son propios de esta ley.
Aun así, el párrafo nuevo que se pretende introducir sería redundante
puesto que para implantar la enseñanza secundaria obligatoria los centros
tienen que haber sido autorizados previamente.
La enmienda número 2.311 pretende sustituir el término «módulos» por el
de «partidas». Esta enmienda es igualmente rechazable por cuanto se
entiende que la redacción propuesta por el Gobierno, «disminución de las
cuantías de dichos módulos fijados por la presente ley», resulta del todo
suficiente, no introduciendo ningún cambio en su sentido la redacción
propuesta por los senadores vascos. Además, la sustitución que se propone
podría suponer también una mayor limitación a las competencias de las
Comunidades Autónomas.
Con la enmienda 2.312 se aspira a que se aplique a partir del curso
1995-1996 una ratio de 1,2 profesores por unidad escolar de enseñanza
primaria. Visto así con decimales puede parecer una pretensión fácil y
sin repercusión presupuestaria, pero llevado al terreno de la realidad
esto supondría incrementar las plantillas docentes en un profesor por
cada cinco unidades escolares. Si esto lo multiplicamos por el número de
centros concertados la cantidad sería más que considerable. No obstante,
las actuales ratios de profesor/unidad, concertadas en el nivel de EGB
primaria 1-1, son suficientes para garantizar la impartición del
currículum establecido. Además, la existencia de un profesor de apoyo
sobre las anteriores ratios de profesores está ligada indisolublemente al
programa de recolocación plasmado en el apartado cuarto del artículo 13
de la Ley General Presupuestaria, así como en los sucesivos acuerdos de
medidas a favor de los profesores afectados por la no renovación total o
parcial de los conciertos educativos.
Por otra parte, incrementar las partidas de los módulos correspondientes
al salario del personal docente y a gastos variables, aplicando un ratio
de 1,2 profesor por unidad, según parece desprenderse del texto de la
enmienda, supone anticiparse a la aplicación efectiva de esta ratio para
los centros de ocho o menos unidades, que se hará paulatinamente en los
cursos 1995/1996 y 1997/1998, todo ello para que desaparezca la figura
del profesor de apoyo cuando finalice la vigencia del tercer acuerdo y se
incorporen a las plantillas de personal docente.
Mediante la enmienda 2.308 se quiere sustituir el término «curso escolar»
por el de «ejercicio económico» para que los centros concertados pudieran
justificar la aplicación de los otros datos al finalizar cada ejercicio
económico. Nosotros tenemos que rechazar esta enmienda apoyándonos en el
artículo 40 del Real Decreto 2.377/85 por el que se aprueba el Reglamento
de normas básicas sobre conciertos escolares, que establece que las
cantidades abonadas por la Administración para otros gastos del centro
concertado se justificarán al finalizar cada curso escolar mediante
aportación de cada titular de la certificación del acuerdo del consejo
escolar aprobatorio de las cuentas que, además, es desarrollo del
artículo 47 y de la disposición adicional primera, punto uno, de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación. Nos parece una medida más racional
que la justificación se haga por cursos escolares y no por ejercicios
económicos, aunque comprendemos que con una mentalidad exclusivamente
empresarial de negocios se entienda de otra manera.
La enmienda 2.309 pretende que se constituya una Comisión de seguimiento
de la partida de gastos variables. Rechazamos esta enmienda porque
creemos que las cautelas que existen en la actualidad son más que
suficientes. La naturaleza misma de los gastos variables, establecida en
el artículo 13.1 c) del Real Decreto 2.377/85 atañe a la antigüedad del
personal docente, a las sustituciones, los complementos de desviación,
las obligaciones derivadas del artículo 68 e) del Estatuto de los
Trabajadores y otros complementos personales transitorios, y no permite
en absoluto ningún criterio de discrecionalidad en su aplicación, siendo
ésta análoga a la correspondiente a la del personal funcionario de la
enseñanza pública.
Por otra parte, los instrumentos de control establecidos a nivel interno
y externo parecen más que suficientes para los fines que se persiguen.
Además, estando los centros concertados sujetos al control de la
Intervención General de la Administración del Estado o al órgano
equivalente de las Comunidades Autónomas su necesidad la vemos, cuando
menos, redundante.
La enmienda 2.313, a la que se ha referido también el Senador
Torrontegui, es rechazable en sus tres propuestas por los siguientes
motivos. Aceptar el párrafo primero supondría incluir los niveles de
enseñanza no obligatoria contrariamente al régimen de conciertos cuyo
espíritu está orientado fundamentalmente a los niveles obligatorios de la
enseñanza. Los párrafos segundo y cuarto del mismo artículo y del mismo
apartado, el 13.4, son rechazables porque supondría introducir un
elemento de confusión por cuanto la terminología de «profesor de apoyo»
se corresponde de forma inequívoca con los fines propios del programa de
recolocación contemplado en las sucesivas leyes presupuestarias desde
1988.
Tampoco puede aceptarse la sustitución de «plan de estudios» por
«currículo», pues al no haberse adoptado la reforma de la enseñanza en su
totalidad continúan impartiéndose enseñanzas de la Ley General de
Educación que obligan a mantener esta denominación. Las expresiones
«hasta el máximo indicado» y «podrá autorizar» figuran en el tercer
acuerdo firmado por el MEC y las organizaciones de la enseñanza privada.
Por tanto, deben mantenerse en su literalidad, no pudiendo aceptar su
cambio por «según lo indicado» y «autorizará» que proponen el PNV y el
Grupo Parlamentario Popular.
Con la enmienda 2.314 se quieren modificar las condiciones de
contratación de profesores de apoyo en aquellas ocasiones en que no se
haya podido hacer en un primer intento acudiendo al mercado libre, por
darle un tono coloquial a la pretensión de ambos grupos. Con ello se
desvirtuaría e invalidaría el programa de recolocación que debe atender
sólo y exclusivamente a los profesores afectados por la no renovación de
concierto. Por tanto, todos los puestos de apoyo deben ser necesariamente
cubiertos por profesores afectados basándonos en el tan traído acuerdo
entre el MEC y las organizaciones del sector de la enseñanza privada.
De muy similar calado es la enmienda 2.315, pero referida a Baleares,
Ceuta y Melilla. A este respecto conviene señalar que existe una Comisión
de seguimiento del acuerdo que es quien debe arbitrar las fórmulas
jurídicas para cubrir estas plazas y no acudir a la Ley de Presupuestos
para ello.
La enmienda 2.316 solicita sustituir la denominación «dotaciones de
apoyo» por «equipos docentes», volviendo al tan traído recurso de
aprovechar los Presupuestos Generales del Estado para introducir
modificaciones a los convenios y acuerdos firmados con anterioridad,
recogidas ya, incluso, en anteriores leyes presupuestarias, por lo que
nosotros nos vemos en la obligación de rechazarla.
Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, quiero advertir a sus señorías que doy por rechazadas las
números 804, 805, 806, 807 y 808, por ser de idéntico tenor que las
enmiendas de los Senadores Nacionalistas Vascos presentadas con los
números 2.312, 2.309, 2.308, 2.313 y 2.316 respectivamente.
Voy a referirme a la enmienda 803 y a las presentadas al anexo VII con
los números 974 y 975. La primera de las enmiendas referida al articulado
de la ley propone la supresión de todo el Título II en coherencia
--dice-- con las enmiendas parciales presentadas. Más bien esta enmienda
parece un complemento de la de veto que acabamos de rechazar, pues en la
práctica si prosperase y no se aprobase el Título II de los Presupuestos
difícilmente podría continuarse adelante con el proyecto que debería ser
devuelto al Gobierno para su modificación correspondiente.
Señor Presidente, no habiendo prosperado el veto de esta mañana, sería un
contrasentido admitir ahora la supresión del Capítulo que propone el
Grupo Parlamentario Popular. Por eso, vamos a rechazarla.
La enmienda 974 es para modificar la fijación del importe de las partidas
de salarios de personal docente, incluidas cargas sociales y datos
variables del nivel de EGB/primario. Pues bien, nosotros consideramos que
procede rechazarla por cuando las relaciones profesor-unidad concertada
con las que han sido elaborados los módulos económicos de este Anexo VII
son suficientes para garantizar que se imparta el currículo establecido
en cada nivel del concierto, y todo incremento de profesorado por encima
de los mismos debe ser relacionado con el programa de recolocación
contemplado en el artículo 13 de la Ley que estamos debatiendo, así como
en los sucesivos acuerdos que desde 1986 se han venido firmando en favor
de la recolocación de profesores afectados por la no renovación de los
conciertos educativos.
Por otra parte, la aplicación de una ratio 1,2 profesor/unidad, como
decía antes al referirme a la enmienda del PNV, para los centros de ocho
o menos unidades se hará paulatinamente entre los cursos 1995-1996 y
1997-1998. Y como las contrataciones de profesores de apoyo están basadas
en el cumplimiento del acuerdo citado, que tiene validez hasta el final
del curso 1994-1995, y allí se contempla la posibilidad de iniciar
negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo si no se prorroga el
anterior, sería entonces el momento de introducir la corrección que ahora
se trae como enmienda a estos Presupuestos.
Por fin, también al Anexo VII se quiere introducir una modificación,
mediante la enmienda número 975, para redistribuir los importes asignados
a las partidas de salarios de personal docente, incluidas cargas
sociales, y otros gastos en los niveles de Educación Infantil,
EGB-Primaria, Educación Especial Básica-Primaria, Formación Profesional
de Primer Grado: ramas Industrial y Agraria y rama de Servicios,
Formación Profesional de Segundo Grado: ramas Administrativa y
Delineación y también a las restantes ramas de la Formación Profesional
de Segundo Grado, Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de
Orientación Universitaria, en las antiguas secciones filiales, Educación
Secundaria Obligatoria de Primer Ciclo y de Segundo Ciclo.
Si consideramos que el importe de los créditos consignados en las
distintas aplicaciones presupuestarias de la sección 18 para satisfacer
el importe de los conciertos educativos en los niveles correspondientes
ha sido calculado teniendo en cuenta los siguientes factores: número de
unidades concertadas; salarios del personal docente, más la subida del
3,5 por ciento; ratio profesor-unidad; tipos de cotización a la Seguridad
Social, incluida la reducción del 0,8 por ciento, parece, en
consecuencia, que, aunque pudiera considerarse que del módulo a la
Seguridad Social se pudiera introducir algún ajuste, no puede inferirse
que por ello pueda compensarse del módulo «Otros Gastos», ya que ello
supondría un aumento de las dotaciones presupuestarias para conciertos
educativos. Es más, la partida «Otros Gastos», que se pretende
incrementar, crece un 3 por ciento, igual al aumento que experimentan los
centros públicos dependientes del Ministerio de Educación.
Por otra parte --y ello es paradójico--, los salarios que se proponen en
la enmienda son menores de los que el propio Grupo Parlamentario Popular
planteaba en la enmienda anterior para el nivel de EGB-Primaria.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Serrano.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, tengo que agradecer al portavoz socialista la
contestación tan exhaustiva que ha dado. Sin embargo, tengo que discrepar
de él, puesto que está claro que
hay posibilidad de que los pactos no sean totalmente unánimes, aparte de
que también sería bueno que fuéramos corrigiendo el pacto para 1992-1993,
puesto que la introducción gradual de la LOGSE exige que se vayan
revisando las cosas, lo cual quiere decir que no es conveniente rechazar
de plano todas las enmiendas porque seguramente habrá posibilidad de
aprovechar alguna de ellas.
No voy a discutir todos los temas uno a uno, pero tengo que decir que
puede incluso haber errores en la ley, como en lo que se refiere a la
palabra curriculum, que es anodina, como hemos discutido en la Comisión
de Educación, por lo que nosotros creemos que debería sustituirse por la
palabra currícula, que puede ser más correcta.
En líneas generales, creo que se podían haber aprovechado algunas
enmiendas para mejorar la LOGSE.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Torrontegui.
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.
Nosotros creemos que estas enmiendas son adecuadas a las necesidades que
plantean los niveles educativos en este momento. Por otra parte, la
Administración está obligada a autorizar la contratación de profesores de
apoyo siempre que converjan en los Presupuestos establecidos tanto por la
Ley como por el acuerdo que regula esta materia. Por tanto, nosotros
vamos a mantener estas enmiendas en los mismos términos en que las hemos
defendido y que están redactadas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Fernández.
Tiene la palabra el Senador Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo con el Senador Torrontegui cuando me dice que la
unanimidad no debe ser total en los pactos y que convendría aplicar
alguna de las correcciones que han propuesto a esta Ley de Presupuestos,
y tengo que decirle que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han presentado
correcciones al Anexo VII de esta Ley, precisamente a instancias de
algunos de los afectados por esos anexos, y cuestiones que parecen de
mero trámite en cuanto a la Ley de Presupuestos y los acuerdos entre el
Ministerio de Educación y las organizaciones patronales de la enseñanza
privada no son tales cuando se analizan con profundidad.
La figura del profesor de apoyo, cuya supresión piden ustedes en sus
enmiendas, es mucho más importante de lo que parece. El profesor de apoyo
es una figura que se contempla en los acuerdos, y como tal debe
mantenerse, pero es que además la supresión del término «profesor de
apoyo» por el de «profesor» podría ocasionar que apareciese después como
un profesor fijo en la plantilla de los centros concertados, y ese mayor
calado de las enmiendas es lo que queremos evitar al no aceptarlas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Serrano.
Damos por debatido el Título II y entramos en el III, artículos 18 a 32,
empezando por la enmienda número 629, del Senador Petrizán.
Tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, asumo
las enmiendas presentadas por el Senador Petrizán Iriarte, dándolas por
defendidas en los términos en que han sido presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias.
También se han presentado a este título enmiendas por la Senadora
Vilallonga Elviro y por el Senador Martínez.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Las doy igualmente por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Armas.
Pasamos, por tanto, a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y para su defensa tiene
la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros presentamos seis enmiendas al artículo 18. En primer lugar, la
enmienda número 2.317 propone suprimir las letras b) y c) del apartado
uno, así como todo el apartado cinco.
La justificación está suficientemente explicada. Sin embargo, quiero
incidir en que el tema de la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas, así como su capacidad de gestión y negociación con los agentes
sociales, debe ser total.
Por otro lado, también quisiera hacer mención de que si bien es cierto
que la autonomía financiera ha de sujetarse a los principios de
coordinación con la Hacienda estatal, no puede ser adecuada para ello la
vía de los Presupuestos, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera
y el Consejo Superior de la Función Pública.
La enmienda número 2.318 trata de modificar el nombre del título, «Bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica en
materia de gastos de personal al servicio del sector público». Vemos que
el capítulo I tiene un único artículo, el 18, y creemos que sería mucho
más coherente que el título lleve el nombre de ese artículo, es decir:
«Del incremento de los gastos del personal al servicio del sector
público.» Creemos que técnicamente mejoraría el texto de la ley.
La enmienda número 2.319 es de modificación del artículo 18. Dos, en el
que se propone un texto que dice: «Con efectos de 1 de enero de 1995 las
retribuciones íntegras
del personal al servicio del sector público estatal no podrán
experimentar un incremento global superior al 3,5 por ciento con respecto
a las de 1994 en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.»
La justificación de esta enmienda dice que «la referencia del artículo 18
a eliminar las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en relación
a lo previsto en el apartado 1 del mismo artículo debe ser eliminada por
cuanto dicho precepto afecta a la autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas, así como a su capacidad de gestión y negociación con los
agentes sociales. Si bien es cierto que la autonomía financiera ha de
ajustarse a los principios de coordinación con la Hacienda estatal, no
puede ser adecuada para ello la vía de los Presupuestos sino el Consejo
de Política Fiscal y Financiera y el Consejo Superior de la Función
Pública».
La enmienda número 2.320 relativa al artículo 18 trata de suprimir todo
el apartado tres, puesto que «las previsiones del artículo 18.3 establece
un régimen general de incrementos en relación a las cuantías del año
1994. Sin embargo, lo establecido en el artículo 18.4 incorpora un
régimen de excepciones al general que vacían de contenido lo previsto en
el mismo».
Le enmienda número 2.321 intenta suprimir el apartado cuatro.
La enmienda número 2.322 trata de suprimir el apartado cinco del artículo
18, con las mismas justificaciones que previamente he explicado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a procurar ser breve en la defensa de las enmiendas números 809 a
835.
La enmienda número 809 pide la devolución al Gobierno de este Título,
porque a través del mismo, así como de la ley de acompañamiento que se ha
presentado el presente año, se parchea un vacío provocado por un grave
incumplimiento de todos los gobiernos socialistas, que es la publicación
del Estatuto de la Función Pública prevista en el artículo 103 de la
Constitución y repetidas veces prometido, así como la culminación
definitiva de las relaciones de puestos de trabajo y su adecuada
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Todo nos hace sospechar,
vista la actuación del Gobierno socialista a través de las sucesivas
leyes de presupuestos, que este incumplimiento es intencionado, porque
deja un amplio margen a la discrecionalidad, cuando no a la arbitrariedad
y, en definitiva, supone, a través de estas leyes presupuestarias, un
conjunto de medidas descoordinadas e ineficaces, porque no se encuadran
dentro del marco que debía definirse del concepto de la función pública
que queremos y deseamos regular.
Previamente quisiera hacer una advertencia. Se trata de la corrección de
una palabra que viene en el artículo 32, número dos, del proyecto enviado
por el Gobierno y que no ha sido corregido en ningún trámite. Se utiliza
la palabra «respecto» y nosotros creemos que debe decir «respeto». Es con
respeto a lo dispuesto en la Ley de Incompatibilidades. No es una
enmienda, sino una corrección que propongo, ya que es una palabra
equivocada.
Por lo que se refiere a la enmienda número 810, coincide con una de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos en cuanto a modificar ese título tan ampuloso de
«Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica en materia de gastos del personal al servicio del sector
público». Tradicionalmente, en otras leyes de presupuestos se le ha dado
el enunciado de «Ambito de aplicación», que es, en definitiva, lo que
regula. Aparte de ese ámbito de aplicación quizá también regula la
cuantía del incremento salarial.
Siguen una serie de enmiendas, las cuales afectan a la política
retributiva que se contienen en los presupuestos que estamos debatiendo.
Indudablemente, después de la congelación salarial que han sufrido los
funcionarios y empleados al servicio del sector público en dos
ejercicios, nos parece correcto que se haga un incremento salarial, que
se ha señalado, incluso pactado, del 3,5 por ciento, pero lo que no
encontramos lógico es que la Ley de Presupuestos establezca vías de
escape a esta limitación salarial o del incremento salarial,
especialmente cuando afecta a altos cargos.
Las enmiendas planteadas al artículo 18, números 811, 812, 813 y 814,
proponen suprimir los apartados dos, tres, cuatro y cinco. El dos y el
cuatro, porque tienen su ubicación adecuada en otros apartados de la Ley
de Presupuestos. La tres, porque es uno de esos supuestos en que se
buscan pretextos para incrementar el gasto, y la cinco, porque es
superfluo. Si en el apartado uno del artículo 18 ya hemos dicho qué es lo
que constituye el sector público, resulta reiterativo o superfluo decir
en el apartado cinco que en las leyes de presupuestos de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales se tendrán en cuenta los
criterios de dicho artículo. Es totalmente superfluo y reiterativo,
repito.
Dentro de ese grupo de enmiendas que pretenden evitar las vías de escape
a esa limitación al incremento salarial del 3,5 por ciento, están las
enmiendas números 815, 816, 817, 819, 824, 826, 827, 828, 829 y 830. En
todas ellas se establecen excepciones a ese incremento del 3,5 por
ciento, pero con criterios tan poco definidos o tan subjetivamente
definibles como la especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad, grado de consecución de los
objetivos, actividades o dedicación extraordinaria, especial rendimiento,
interés o iniciativa con que se desempeñan los puestos de trabajo,
etcétera. Estos criterios siempre son subjetivos de quién los ha de
valorar y por ello siempre buscamos la eliminación de todas estas
excepciones, especialmente por lo que se refiere al complemento de
productividad de los altos cargos, cuyas retribuciones totales deben
estar fijadas en las leyes de
presupuestos, tal como lo están las retribuciones del Presidente del
Gobierno y de los Ministros.
Y dentro de nuestro deseo de objetivar al máximo los criterios que han de
regir la política retributiva, la enmienda número 820 propone una
adición, en relación con la valoración del complemento de productividad.
Si ha de realizarse esa valoración en función de la consecución de
resultados, es lógico prever qué ocurre cuando haya dificultad para
determinar cuál es el grado de participación de cada uno de los puestos
de trabajo dentro de un programa para conseguir los resultados y por ello
proponemos que participen todos en esa distribución del complemento de
productividad.
Las enmiendas números 821 y 818 siguen el mismo criterio de evitar
válvulas de escape que puedan disparar el gasto público o el uso y abuso
de la discrecionalidad. En ambas se concede autorización al Ministerio de
Economía y Hacienda para modificar la cuantía de los créditos globales
destinados a atender el complemento de productividad, las gratificaciones
por servicios extraordinarios y otros incentivos al rendimiento.
La enmienda número 822 al artículo 22.Cuatro, relativa a las
retribuciones básicas del personal eventual, donde se dice que las
retribuciones básicas han de fijarse en relación con el grupo de
asimilación en que el Ministerio de Administraciones Públicas clasifique
sus funciones, nosotros entendemos que hay que acudir a un criterio más
objetivo, como es el que determine la titulación académica que se exija
para el desempeño del cargo.
Dentro de esta política retributiva --y confiamos en que esta enmienda
sea aceptada, ya que en su debate en el Congreso de los Diputados el
Grupo Socialista dijo que se estudiaría-- hemos exceptuado de la
limitación del incremento salarial lo relativo a los trienios, a través
de la enmienda número 318, y que el porcentaje del valor del trienio en
relación con el sueldo base sea igual para los distintos grupos, lo cual
supone un incremento para los Grupos B, C, D y E, pero muy superior
precisamente en los grupos menos favorecidos, el D y el E. Creemos que es
de elemental justicia compensar la pérdida de poder adquisitivo de los
grupos menos favorecidos retributivamente.
Doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas números 823 y
831.
Finalmente, me referiré a las enmiendas al artículo 32. En la enmienda
número 832 pedimos la supresión de dicho artículo, pues el Grupo Popular
entiende que todos los gastos de personal deben estar en el Capítulo I, y
que la contratación a través del Capítulo de inversiones, aparte de
producir poca claridad, indudablemente se presta a excesos y a carencia
de controles, tanto en cuanto al gasto en sí como en cuanto a los
criterios para accesos o selección del personal que se va a contratar.
Subsidiariamente se presentan las otras enmiendas, las números 833, 834 y
835, en las que pretendemos, si no es aceptada la enmienda de supresión,
que se aumenten los controles de esta forma de contratación, bien
buscando la total excepcionalidad de esta contratación con cargo a los
presupuestos de inversiones, bien exigiendo una fiscalización o, en su
caso, informe previo sobre la concurrencia de los requisitos que el
propio Artículo 32.Uno, en los apartados a), b) y c) establece para
justificar que se trata de una contratación de carácter excepcional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Espert.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a contestar al Senador Torrontegui. Con mucha
cordialidad, tengo que decir que una vez más nos encontramos con un tema
de carácter competencial. Las enmiendas que el Senador ha defendido ponen
de manifiesto que la visión competencial de su Grupo y la del Grupo que
sustenta al Gobierno es distinta.
Los Presupuestos Generales del Estado, señoría, son un proyecto de ley
que establece, como bien decía usted, los criterios de coordinación para
todas las Administraciones, y con ello no se pone en duda ni la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas ni se está cuestionando el
funcionamiento autónomo de éstas en lo que respecta a la fijación de las
retribuciones de sus empleados. Y, señoría, el límite del proyecto de
esta Ley de Presupuestos Generales del Estado, que un año más debatimos,
sólo obedece a la competencia que tiene la Administración Central para
poder establecer esas bases que, además, como a su señoría reiteradamente
le hemos puesto de manifiesto, viene recogiendo en la Constitución,
concretamente en el artículo 149.
Creemos que esto justifica que el Estado establezca la cuantía global de
las retribuciones del personal a servicio de todas las Administraciones
públicas y las reglas a que debe someterse el acceso a la Función
Pública, fundamentalmente desde el punto de vista cuantitativo. Estos,
señorías, son extremos que competen también a la política económica del
personal. Lo que ocurre es que dentro de ese 3,5 por ciento global, que
como retribución marcan los Presupuestos Generales del Estado, cada
Administración puede establecer, evitando en lo posible discriminaciones,
distintas posibilidades para sus funcionarios. Por lo tanto, eso nos
permite rechazar las seis enmiendas que su señoría ha defendido respecto
al tema competencial.
Pasando a contestar al Senador Espert quien, curiosamente, en la primera
parte de su intervención no ha puesto de manifiesto la bondad del
acuerdo, de la Administración con los sindicatos en todo lo que respecta
a las condiciones de trabajo y de la función pública sino que, por el
contrario, ha comenzado poniendo de manifiesto un aspecto negativo: la
falta de acuerdo en el Estatuto de la Función Pública, la
discrecionalidad, la capacidad de modificar, la arbitrariedad, etcétera,
después de las acusaciones que en el ejercicio anterior hizo su Grupo
respecto a que el peso de la crisis recaía en los funcionarios, a que no
había acuerdo con los agentes sociales, a que faltaba imaginación para
encontrar soluciones, creo, señoría, que hubiera sido por lo menos más
coherente para su Grupo iniciar su intervención
con ese reconocimiento al acuerdo alcanzado. Señoría, yo creo que este
acuerdo es básico, porque no sólo recoge aspectos retributivos, no sólo
recoge ese incremento salarial del 3,5 por ciento, sino que --y su
señoría lo sabe también-- recoge también aspectos de política de empleo,
de formación, de promoción, de carrera profesional; en definitiva, una
serie de iniciativas que en la segunda fase de este acuerdo con los
sindicatos recogerá la propuesta de Estatuto de la Función Pública que
preocupa a su Grupo, y no tengo la menor duda de que también al nuestro.
Pasando puntualmente a contestar a sus enmiendas, en primer lugar, debo
manifestarle que, globalmente, la nominación de este título creemos que
es correcta. Y lo es no tanto porque recoja aspectos relativos a los
incrementos de gastos de personal al servicio del sector público, o sea,
lo que sería el Capítulo I, sino que también trata de otros regímenes
retributivos y establece la vinculación que debe existir entre los
Presupuestos Generales del Estado y la coordinación con el resto de las
Administraciones públicas a la hora de elaborar sus presupuestos.
Por lo tanto, entendemos que esa enmienda a la totalidad que su Grupo
plantea no es aceptable, así como la enmienda número 810, que pretende
cambiar el título del artículo, puesto que, como acabo de poner de
manifiesto, el ámbito de aplicación es mucho más amplio, al recoger
también en los regímenes retributivos no sólo los gastos de personal
propiamente dichos.
Contestando a algunas de las enmiendas, que su señoría de alguna manera
también ha titulado de cómo evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad
en la Función Pública, la capacidad de modificar, etcétera, yo como
reflexión general diría que creo que el Grupo Parlamentario Popular no sé
si confunde, de forma intencionada o no pero sí sistemáticamente, el
término excepcional con el de discrecionalidad y arbitrariedad.
Señoría, nuestra Administración es muy compleja y existen mecanismos
suficientes de fiscalización y de control. Existen reuniones de las
partes, seguimiento de expedientes, controles económicos; controles que,
en definitiva, determinan que un carácter excepcional es muy distinto al
de arbitrario. La excepcionalidad se plantea siempre en situaciones
especiales y en modo alguno son generalizables ni tienen por qué
constituir situaciones de arbitrariedad ni tienen que evitar los
controles que los gastos de estas excepcionalidades pueden plantear.
De todas formas, señoría, todas esas enmiendas que hacían mención a la
posible capacidad de que se modifiquen aspectos en la asignación de los
complementos a determinadas características del puesto de trabajo,
quisiera poner de manifiesto algo que el Grupo Parlamentario Socialista
cree importante. Desde la Ley 30 hemos establecido que era importante
ligar las retribuciones al desempeño del puesto de trabajo, en aras a la
efectividad y en aras a incentivar el rendimiento del trabajador, en este
caso del empleado público. Por tanto, si sus señorías lo que pretenden es
volver al régimen de remuneraciones por el simple y exclusivo hecho de
pertenecer a lo que son los cuerpos y categorías funcionariales, tendrían
que plantearlo como tal. La opción del Grupo Parlamentario Socialista y
del Gobierno es ligar estas remuneraciones al desempeño de ese puesto de
trabajo y, por tanto, cumplir la Ley 30. Consecuentemente, esas enmiendas
van a ser rechazadas en su totalidad.
Entrando puntualmente en algunas de las enmiendas que ha señalado,
respecto a la número 813, que pretende suprimir el apartado cuatro del
artículo 18 por entender que se regulaba ya en la disposición adicional
quinta, quiero decirle que los ámbitos de aplicación, tanto del artículo
18 como de la disposición adicional quinta, son distintos. El artículo 18
afecta a todo el personal del sector público, mientras que la disposición
adicional contiene sólo la regulación específica que el Gobierno de la
nación puede aplicar y que no puede trasvasarse como obligado
cumplimiento al resto de las Administraciones.
Respecto a la enmienda número 814, que trata de suprimir el apartado
cinco del artículo 8, argumentando que ya se deduce del apartado uno,
tengo que indicarle que no es cierto. En dicho apartado se regula el
ámbito de aplicación de los criterios de referencia, por lo que,
posiblemente, su Grupo propone cambiar el título; pero el apartado cinco
sí que establece la obligación de recoger esos criterios en todas las
normas presupuestarias de las Administraciones públicas.
La enmienda número 817 trata de suprimir el complemento de productividad
de los directores generales y subsecretarios, y pone de manifiesto, una
vez más, la preocupación que tienen sus señorías por los altos cargos.
Esta preocupación es compartida por nuestro Grupo, aunque entendemos que
tanto los altos cargos como el resto de los funcionarios del Estado
tienen que regirse por normas de efectividad que sean comunes a todos y
que, desde luego, van a redundar en una buena Administración pública. El
complemento de productividad que reciben estos altos cargos está recogido
--como en el caso de los funcionarios públicos-- en la Ley 30.
Consecuentemente, entendemos que actuar de otra manera, aparte de generar
discriminación supondría una falta de operatividad para la Administración
pública y para el Grupo Parlamentario Socialista el funcionamiento de la
Administración pública debe ser tan eficaz como el que su señoría
desearía también para el resto de la Administración.
La enmienda número 818 se refiere a los trienios. En efecto, señoría, el
Grupo Parlamentario Socialista en el debate celebrado en el Congreso de
los Diputados planteó la posibilidad de hacer un estudio más detallado
para ver cuál era la incidencia económica que tenía esta enmienda.
También se expuso en el debate en pleno la dificultad para aceptarla,
porque si bien el artículo 24.1 de esta Ley 30 --a la que su señoría
hacía antes referencia y que entendemos que ha debido interpretarla mal,
porque no exige la igualdad de porcentaje en el valor de los trienios
respecto al sueldo-- dice que el grupo A no debe exceder en tres veces al
grupo E --y esta Ley de Presupuestos cumple, evidentemente, con ese
artículo--, también conoce su señoría --lo pusimos de manifiesto en el
debate en Pleno-- que la incidencia presupuestaria supondría un
incremento del gasto público de, aproximadamente, 21.000 millones de
pesetas anuales, afectando
sólo en el sector público aproximadamente a medio millón de funcionarios.
Como puede entender su señoría, en lo que respecta a la defensa de esta
enmienda, creemos que es importante ligarla al desempeño del puesto de
trabajo y no a la antigüedad, como es el caso de los trienios.
La enmienda número 822 pretende sustituir la inclusión del personal
eventual no funcionario a efectos retributivos. Su señoría entiende que
se han de separar las funciones desempeñadas y sustituirlo por
«titulación académica». Señoría, ¿eso significa que si el personal
eventual desempeña funciones administrativas y es licenciado se adscribe
al grupo A en lugar de adscribirse al grupo C? ¿Eso no es discriminatorio
para el que está realizando igual trabajo por no tener una titulación
académica superior? Creemos que es inaceptable la enmienda como tal,
aparte de no verse sometido, como el resto de los funcionarios, a superar
unas pruebas selectivas.
La última de las enmiendas que su señoría ha defendido es la número 832.
Trata de suprimir el artículo 32 y, en su defecto, proponía otra serie de
enmiendas para evitar excesos, carencias de controles,
incompatibilidades. Quiero decirle, en primer lugar, que la utilización
de estos créditos de inversiones para contratar personal laboral es una
mínima parte de lo que se contrata por parte de la Administración del
Estado. No obstante, no debe evitarse que se pongan todos los controles y
cautelas que tanto su Grupo como el Grupo Parlamentario Socialista y el
Gobierno entienden. Pero, señoría, le voy a indicar algunos de esos
controles para que sepa que, aparte de que este tipo de contratación sólo
se hace cuando no hay personal especializado disponible, además se
necesita un informe previo a la formalización del servicio jurídico del
departamento u organismo sobre modalidad de la contratación, la
fiscalización previa sobre adecuación del crédito a la contratación
cuando lo establezca la Ley General Presupuestaria y, además, señoría, si
las contrataciones las realizan los organismos autónomos es preceptivo el
informe favorable del interventor delegado. Señoría, existen controles
rigurosos. Esta contratación agiliza aquellas prestaciones de servicio o
aquellas inversiones que hace el Estado directamente y sólo se utiliza
cuando no existe el personal adecuado. Para tranquilidad de su Grupo y de
sus señorías, todos los controles a los que está sometido este tipo de
contratación --como no podía ser de otra manera--, como cualquier otra,
son rigurosos y exentos de cualquier arbitrariedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senadora Plequezuelos.
Para turno de portavoces tiene la palabra el Senador Torrontegui. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería decir que daba por supuesto que solamente iba a
defender, en principio, las enmiendas referentes al artículo 18, pero el
resto las daba por defendidas en sus propios términos. Quizá no lo haya
dicho.
En segundo lugar, me parece que este debate se desarrolló el año pasado
en los mismos términos y volvemos a las andadas. Parece que no hemos
mejorado nada en el tema competencial de las Comunidades Autónomas.
Parece que estamos en el mismo sitio, aunque hayamos creado varias
comisiones para ponernos un poco más de acuerdo. Es decir, el interés
uniformista del Grupo Parlamentario Socialista es tan elevado que parece
que no va a poder entender nada sobre el tema, incluso de eficiencia, que
yo entiendo que está bastante claro. De una región a otra pueden existir
diferencias clarísimas del tratamiento y de las necesidades que tengan,
tanto temporales como de, incluso, la utilización del idioma, al menos en
nuestro caso concreto. El Parlamento vasco tiene cantidad de leyes
aprobadas previamente para que algunos funcionarios estén en un
determinado momento apartados de la actividad corriente, simplemente para
que se pongan al día o aprendan el idioma. En este caso vemos que no sólo
no se tiene en cuenta un órgano --y no es que sea excesivamente
interesante-- como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuyo
Presidente es el Ministro de Hacienda, sino que ni se escucha a las
Comunidades Autónomas. En este sentido, consideramos que con ocasión de
los presupuestos se meten donde no les llaman. No es este el lugar donde
realmente se deberían aglutinar todos estos problemas. Al menos por lo
que respecta a nuestro Grupo, esto lo creemos a pies juntillas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador
Espert.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente para mantener todas nuestras enmiendas en sus
propios términos y los que he defendido en esta ocasión en Comisión, así
como para manifestar que se me ha imputado, al parecer, no entender o
malinterpretar la Ley 30 y no saber distinguir entre discrecionalidad y
arbitrariedad, cuando son temas que tengo muy claros.
La actividad discrecional de la Administración se opone a la actividad
reglada, pero esto no quiere decir que la actividad discrecional no esté
sujeta a una normativa, mientras que la arbitrariedad precisamente es el
abuso o el pecado en que se puede incurrir al utilizar la
discrecionalidad. Nuestras enmiendas van encaminadas a reducir al máximo
posible esa actividad discrecional y establecer reglas adecuadas para que
ese sacrificio retributivo que se ha pedido a los funcionarios durante
dos ejercicios y que aún se mantiene en el actual, porque no cabe duda de
que existe una pérdida de poder adquisitivo del funcionario de base,
venga compensado en unos niveles globales con unos incrementos de
productividades, de obtención de resultados, de consecución de objetivos,
respecto de los cuales esa actividad discrecional de la Administración
corre el riesgo de convertirse en actividad arbitraria.
Por tanto, mantenemos todas las enmiendas y consideramos que nunca por
excesivos son malos los controles a la actividad de la Administración
pública.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Espert.
Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Torrontegui, en efecto, al menos por lo que respecta a las seis
enmiendas que su señoría ha defendido --he entendido que el resto las
daba por mantenidas y en los mismos términos serán respondidas en el
debate en Pleno--, el debate sobre el aspecto competencial es el mismo;
no podía ser de otra forma. Pero eso no significa que no hayamos avanzado
nada en el debate autonómico. Lo que ocurre es que las enmiendas que su
señoría ha defendido pretenden diferenciar, según la posición de su
Grupo, que la Administración central no pueda planificar el orden global,
que debe ser común en los mínimos al resto de las Administraciones,
mientras que el Grupo Socialista, el Gobierno y, desde luego, la
Constitución entienden que esos son los términos en que debe producirse
la Ley General Presupuestaria, que debe, como mínimo, tener unos
argumentos comunes a todas las Administraciones, señoría. Pero eso no
quiere decir que el Partido Nacionalista Vasco allí donde gobierna,
además de los aspectos retributivos, no contemple otras medidas relativas
a los empleados públicos, como la Administración central las contempla,
aspectos formativos, como su señoría ha puesto de manifiesto y como se
recoge a lo largo de todas las secciones de estos Presupuestos Generales
del Estado.
Eso no quiere decir que se esté entrando en fricciones competenciales de
unas Administraciones con otras. Su señoría sabe perfectamente que las
Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas determinan en ese
margen cuáles son los aspectos retributivos y no retributivos de sus
empleados públicos. Además, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y,
desde luego, el Consejo Superior de la Función Pública están trabajando,
y están trabajando no sólo en orden a aspectos competenciales y que
corresponden también a sus funcionarios, pero éstos son órganos
consultivos, no lo olvidemos, y los Presupuestos Generales del Estado, lo
mismo que el resto de las leyes presupuestarias de las Comunidades
Autónomas, tiene rango de Ley. Creo que es importante señalar este punto.
Senador Espert, no creo que haya interpretado usted mal la Ley 30, y si
lo dedujo de mis palabras, en absoluto era esa la intención. Lo que
quería decirle es que el Grupo Socialista entiende que ligar lo que son
los aspectos retributivos, la remuneración de los empleados públicos, a
la eficacia o las dificultades de cada puesto de trabajo es importante y
constituye un aspecto que recoge la Ley 30, por la que apostamos en su
momento y seguimos apostando en la actualidad. Le decía, señorías, que si
usted o su Grupo no están de acuerdo, planteen una modificación en esos
términos a la Ley 30, o digan aquí que lo que desean es que la
remuneración de cada empleado público esté en orden, exclusivamente, a
ser funcionario y a su categoría. Eso es lo que trataba de decirle. Desde
luego, creo que los controles, como su señoría ha puesto de manifiesto,
son importantísimos, y, cuantos más, mejor. Pero poner controles sobre
controles al final lo único que haría sería volver ineficaz a la
Administración pública. A ver si es que no queremos que funcione la
Administración pública.
Hablaba usted de pérdida de poder adquisitivo. Sin duda, el que haya
habido durante los dos últimos ejercicios, como opción para los
funcionarios, una congelación salarial, cuando durante un período de años
de bonanza económica han visto subir sus retribuciones, ha supuesto un
freno, y así lo reconocimos en el ejercicio anterior. Pero, hablando de
medidas retributivas, le quiero decir que desde 1990 a 1994, cuando ya se
ha producido alguna congelación salarial, la retribución media de los
empleados públicos, según los informes que se le han facilitado a la mesa
general de negociación de los empleados públicos, es de un 6,56 por
ciento mayor, señoría. Por tanto, no parece que la pérdida de poder
adquisitivo haya sido mayor en los empleados públicos que en otros
empleados sometidos a otros tipos de problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pasamos a continuación a debatir el Título IV, artículos 33 a 42, y
Sección 07, Clases Pasivas.
En primer lugar, enmienda número 22, correspondiente al veto del Senador
Ramón i Quiles, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: En nombre del Grupo Mixto asumo las enmiendas
presentadas por el Senador Ramón i Quiles, así como las presentadas por
la Senadora Vilallonga y el Senador Martínez, dándolas por defendidas en
los términos en que han sido presentadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda 2.327, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda se refiere a un tema que también tratamos en los últimos
presupuestos, pues existe una discriminación económica entre los
excombatientes de uno y otro bando de la guerra civil. Todavía hay
determinados casos que están considerados de forma distinta en grado
importante, como el caso de las viudas de los mutilados y aquellos otros
que no alcancen un 45 por ciento de la mutilación. Estos dos casos tienen
una pensión distinta, diferente para los que estuvieron en un bando o en
otro. Creo que es un momento de tratarlo con cierta seriedad y resolver
el tema, puesto que cada vez son más mayores estos señores y van a acabar
muriendo sin haber obtenido una pensión idéntica a la del resto.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Enmiendas números 683 y 684, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estas dos enmiendas, señorías, están concatenadas, porque la enmienda
número 684 tendrá efecto en el caso de que se aprobase la número 683 que,
obviamente, va a morir en la batalla. (Risas.)
Este tema lo venimos debatiendo desde el año 1989, en que tuvimos a bien
llegar a esta Cámara, y creo que tanto el Grupo Parlamentario Socialista
como el Ministerio de Economía y Hacienda lo tienen tremendamente
estudiado. Me parece que en el año 1990, creo que en una pregunta oral,
el ex Ministro don Carlos Solchaga se comprometió o me prometió, no sé
cómo decirlo, a buscar alguna otra vía que no fuese la de las pensiones
extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado para ver si este
asunto podría tener solución. El señor Solchaga también murió en la
batalla. (Risas.) Y este asunto se quedó en agua de borrajas. (Risas.)
Creo que la justificación está bastante clara; se trata en esencia, o
filosóficamente, de que las pensiones extraordinarias del Régimen de
Clases Pasivas del Estado originadas por incapacidad o inutilidad física
en acto de servicio, o como consecuencia del mismo, sean equiparadas a
las posibilidades que contienen, por ejemplo, las de terrorismo, que
siguen con una percepción del 50 por ciento para la familia, el 25 por
ciento para los hijos, etcétera. En este caso no es así, porque el
tratamiento compensatorio que existe en unas no existen en las otras, no
recibiendo las percepciones tanto en vida como después de fallecida la
persona objeto de este trauma.
Creo que la mejor defensa que se puede hacer de este tema es que llevamos
cuatro o cinco años con él, quizás más, desde el Decreto 670/1987, y no
se le da solución. Su cuantificación económica --también la hicimos el
año pasado-- no sobrepasa los dos mil y pico millones de pesetas.
Cuestión que podría ser detraída, por ejemplo, del 0,7, o de tantas otras
enmiendas demagógicamente introducidas en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 978 y 836 a 840, ambas
inclusive.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la enmienda 836 a
la totalidad al Título IV. A su vez, ha presentado varias enmiendas al
articulado, las números 837, 838, 839 y 840, así como una enmienda de
totalidad a la Sección 07, la número 978.
Todas las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular
están atemperadas --no podía ser de otra manera-- a las actuales
circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Como recordará el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista --estoy convencido de ello
porque sé que tiene una gran memoria--, tanto el año pasado como en años
anteriores nosotros decíamos que las pensiones iban a perder poder
adquisitivo. Ha pasado el tiempo y, efectivamente, se ha podido comprobar
que las pensiones han perdido poder adquisitivo, lo cual ha dado lugar a
que un grupo parlamentario presentara no hace mucho en el Congreso de los
Diputados una pregunta parlamentaria al objeto de recuperar ese poder
adquisitivo que, como decía, han perdido las pensiones. También recordará
su señoría cómo nuestro Partido, el Partido Popular, pedía una cláusula
de revisión para ese supuesto al que nos estamos refiriendo.
Creo que esta enmienda de totalidad obedece a una serie de circunstancias
que obligan a que se haya tenido que presentar. Citaré algunas. Siguen
congeladas, por tercer año consecutivo, las pensiones asistenciales, los
subsidios de ingresos mínimos y los subsidios por ayudas a terceras
personas. También recordará su señoría que el año anterior se sujetaron
al IRPF pensiones con incapacidad permanente, lo que produjo, como era
lógico, un recorte en las pensiones. Sin embargo, en los presupuestos que
estamos debatiendo se desaprovecha, una vez más, esta oportunidad para
restablecer un trato equitativo en relación con las pensiones públicas.
Quienes causaron baja en Clases Pasivas con arreglo a la legislación
anterior, a la Ley 50/1984, siguen padeciendo un trato discriminatorio
respecto de quienes la causaron con base a dicha Ley. Y esto, señor
Cercós, lo decimos todos los años. Y lo seguiremos diciendo hasta que, de
una vez por todas, se resuelva este problema.
Otro dato para nuestras enmiendas es que se siguen congelando las
pensiones asistenciales y las prestaciones de la Lismi. Y le recuerdo a
su señoría que estas pensiones siguen estando, desde hace tres años, en
25.000 pesetas.
La supresión llevada a cabo por el artículo setenta y dos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de 1994 es otro motivo para la enmienda
de totalidad. Suprimió las exenciones que sobre el IRPF venían
disfrutando, por incapacidad permanente, determinadas prestaciones de la
Seguridad Social y de Clases Pasivas, a tenor de lo que disponía la Ley
18/1991. Y nosotros seguimos opinando que hay que derogar estas normas
porque producen una situación de inseguridad jurídica por lo insólito del
procedimiento y, además, porque entendemos que se trata de algo
discriminatorio.
Por otra parte, entendemos que las pensiones de viudedad deben amparar la
situación familiar derivada de la muerte del causante. No parece lógico
mantener las diferencias actuales simplemente por la edad del viudo o de
la viuda. Es cierto que hemos avanzado, no lo podemos negar; pero 33.000
pesetas para la viudas menores de 60 años nos parece a todos --y creo que
a usted también-- una cifra poco congruente con el sistema actual de
prestación social. Nosotros creemos que como primer paso --al menos
hasta llegar a la plena equiparación, para todas las edades, de las
pensiones mínimas de viudedad-- habría que señalar dos únicos tramos:
para los mayores de 65 años y para los menores de esta edad, dejándolas
para este último tramo en 619.000 pesetas anuales.
Finalmente creemos que ha llegado el momento de tomar medidas concretas
en relación con la jubilación forzosa, y me estoy refiriendo a la
jubilación forzosa de los funcionarios, porque, como usted muy bien sabe,
tanto para el personal docente como para el de la carrera judicial ya se
ha llegado a una situación de entendimiento. Nos parece que si esos
señores pueden elegir voluntariamente la edad de jubilación hasta el tope
de los 70 años, ¿por qué no va a suceder lo mismo para aquellos
funcionarios que libremente quieran jubilarse, siempre y cuando reúnan
las condiciones físicas, a la edad que ellos elijan voluntariamente? Creo
que esto está conculcando el principio de igualdad y entendemos que, si
se atienden estas necesidades, de una u otra manera estaremos evitando
que se recurra a un amparo ante el Tribunal Constitucional.
No parece lógico, por otra parte, que el carácter extraordinario de la
pensión como consecuencia de la inutilidad e incapacidad física en actos
de servicio no tenga consecuencia alguna en relación con los límites de
las pensiones, porque esto supone desconocer la razón de ser de su
carácter extraordinario y supone, a nuestro modo de ver, una injusticia.
Como están las cosas, por poner un ejemplo, un pensionista de clases
pasivas jubilado puede percibir 263.035 pesetas y, sin embargo, un
pensionista por incapacidad e inutilidad en acto de servicio que acredite
una pensión de la misma cifra de 263.035 pesetas cobrará idéntica
cantidad. ¿Dónde está, pues, el carácter extraordinario de esta pensión?
¿En qué se traduce el derecho a percibir el 200 por cien?
La enmienda número 840 se refiere, como he dicho anteriormente, al tema
de las pensiones y creo que puede suponer un montante en torno a los
35.000 millones de pesetas, cantidad que puede ser compensada con la
rebaja de los gastos corrientes en el presupuesto consolidado del Estado.
Hemos presentado esta serie de enmiendas y otras adicionales relativas a
pensiones y clases pasivas que en su conjunto mejoran de forma ostensible
las pensiones públicas, de la misma manera que entendemos que con
nuestras enmiendas mejoramos de forma manifiesta el Título IV, de las
pensiones públicas, y todo ello sin olvidarnos de que nuestras enmiendas
tienen que ajustarse a la situación crítica por la que estamos
atravesando, de ahí la modestia de nuestras reivindicaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martín.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre de mi Grupo Parlamentario, no tengo más remedio que oponerme a
las enmiendas defendidas, pero muy argumentadamente, con razones muy
poderosas que espero que realmente puedan llevar al ánimo de los
distinguidos colegas que han intervenido a retirarlas de cara al debate
en el Pleno.
Las enmiendas que se presentan al sistema de pensiones tienen que
articularse con la filosofía de los presupuestos y con la filosofía del
tratamiento que se da al sistema de la Seguridad Social. Si una Comisión
Especial en el Congreso de los Diputados está haciendo estudios sobre la
viabilidad del sistema de pensiones tal y como está funcionando en
España; si se hacen equilibrios en la elaboración de los presupuestos, y
a pesar de eso el presupuesto de la Seguridad Social tiene que acudir a
importantes créditos del Estado; si planteamos los presupuestos del
Estado en general todavía con restricciones y limitaciones para ir
amoldándonos en los aspectos de deuda y de déficit a las exigencias de
los acuerdos de Maastricht, pregunto a los distinguidos colegas: ¿cómo es
que proponen enmiendas que aumentan sensiblemente los gastos en estos
presupuestos? Es decir, la primera cuestión es, y me dirijo especialmente
al portavoz del Grupo Parlamentario Popular por una petición de su Grupo
que se refiere a la restricción de los gastos: ¿cómo es posible que ahora
presenten un paquete de enmiendas que suponen un aumento de los gastos? Y
que conste que no discrepo de algunas de las cifras que ha dado, pero lo
cierto es que habría que valorar todas las enmiendas en conjunto, y a
este Senador no le importa que sean 75.000, 100.000 ó 150.000 millones,
el hecho es que se incrementan los gastos en estos Presupuestos, de forma
que el déficit se incrementa, porque díganme sus señorías dónde es
posible reducir los gastos dentro de la Seguridad Social para poder
atender las demandas de sus enmiendas, algunas de las cuales podrían
presentar aspectos de interés también compartidos por el Grupo
Parlamentario Socialista pero que es difícil poder atenderlos en las
actuales circunstancias. Yo remito esta valoración a sus señorías; es
decir, que todas las enmiendas llevan a un importante incremento de
gastos que es imposible encajar en un presupuesto del Estado de límites
estrictos y en un presupuesto de la Seguridad Social de igual naturaleza.
Pero hay un segundo punto que quiero plantear también a sus señorías: la
incongruencia de las enmiendas que quebrantan un principio de equidad de
una forma clara y rotunda. ¿Cómo se puede pedir --y me dirijo al Senador
Barbuzano, que lo ha propuesto, y también se lo planteo al Senador Lobo,
del Grupo Parlamentario Popular-- el aumento del 200 por cien para unas
situaciones de acto de servicio --el Senador Barbuzano hablaba también de
caídos en acto de servicio--? Esos caídos no podrían nunca aceptar
introducir una discriminación en el sistema de pensiones español, puesto
que, ¿cómo es posible que se establezca solamente para las clases pasivas
la petición de sus señorías y no se haga para los accidentados por
trabajo en el Régimen General de la Seguridad Social? ¿Por qué no se hace
esa petición? Sus señorías están planteando que, si la pensión máxima
está en 263.000 pesetas y se le debe aplicar un 200 por cien, unos
señores pasen a cobrar en clases pasivas más de 500.000 pesetas, y dicen
que el agravio comparativo es entre aquellos que se jubilan sin fallecer
en acto de servicio, pero también en clases pasivas. Y yo pregunto
a sus señorías, aunque ya tendremos oportunidad de debatirlo en el Pleno:
¿qué pasa con los trabajadores del Régimen General de la Seguridad
Social? ¿Es distinto el trabajador que tiene un accidente guiando un
«dumper» y pierde la vida que un funcionario que muere recorriendo una
presa? ¿Es distinto? (El señor BARBUZANO GONZALEZ: Yo se lo contesto
ahora.) Muy bien, gracias, Senador Barbuzano, espero cordialmente su
respuesta, pero, claro, no me vaya a decir: es que lo pedimos para unos,
pero hágase para todos. ¡Hombre! No, no, por ese lado no me va a coger,
señoría (Risas.) Si ustedes en su enmienda lo plantean sólo para un
colectivo, yo tengo que poner de manifiesto la discriminación que hacen
con otros colectivos, y nuestro criterio es que todos los ciudadanos son
iguales ante la ley, esta es una declaración constitucional que nosotros
no podemos quebrantar. Cuando se pueda abordar ese tema porque lo
permitan los presupuestos del Estado, y concretamente el de la Seguridad
Social, trataremos de buscar una respuesta lógica que no quebrante el
principio de equidad. Estas son las razones fundamentales que puedo dar
respecto de las intervenciones de sus señorías.
En cuanto a la intervención del representante del Grupo Popular, tengo
que decirle a su señoría que no ha dado ni un solo argumento referido a
la presentación de su enmienda a la totalidad. Sé que sus señorías tienen
que presentarla porque para eso son la oposición política, pero, ¿qué
razón ha dado su señoría? ¿Decir que las pensiones han perdido poder
adquisitivo? En los debates de presupuestos de la pasada legislatura ya
dijimos que, por técnica legislativa, nos negábamos a introducir en unos
presupuestos del Estado una enmienda que dejara abierto el tema de la
corrección de las desviaciones. Pero su señoría sabe --y tiene la
documentación-- que este año se incluye en los presupuestos del Estado un
crédito de 53.000 millones de pesetas para corregir las desviaciones en
las pensiones entre el IPC aprobado para 1994 y la desviación comprobada
con el IPC entre noviembre de 1993 y noviembre de 1994. Si hay una
desviación --que la hay--, hay un crédito que incluye el Grupo
Parlamentario Socialista, el Gobierno socialista, para corregir esas
desviaciones. Por tanto, le digo a mi distinguido colega que no puede
esgrimir como único argumento para presentar la enmienda a la totalidad
que las pensiones han perdido poder adquisitivo, porque su señoría sabe,
como lo sabe este Senador, que todo lo relativo a ese tema se ha hecho
técnicamente, desde el punto de vista presupuestario, de la forma más
correcta posible. Es decir, no se incluyó en la anterior ley por la
propia naturaleza de todo texto legislativo presupuestario, pero se ha
corregido este año al haber sido incluida una partida para subsanar esas
situaciones.
Refiriéndose a enmiendas puntuales, me habla también de la congelación de
las pensiones asistenciales, de la Lismi. Pero, señoría, ¡si tenemos ya
aprobadas y en funcionamiento con gran eficacia las pensiones no
contributivas! ¡Pero si la Ley por la que se aprobaron las pensiones no
contributivas dejaba en vía muerta el régimen de las pensiones
asistenciales! ¡Si la cuantía de las pensiones no contributivas es mucho
más alta, si se están actualizando y no han perdido poder adquisitivo en
cada una de las leyes de presupuestos! Pero, ¿qué es lo que puede
suceder?
Me gustaría que mi distinguido colega, el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, pensara lo siguiente: ¿Por qué razones los
pensionistas que tienen pensiones asistenciales, con una pensión de
25.000 pesetas que está congelada, no se acogen a la Ley de Pensiones no
Contributivas en la que la pensión es mucho más alta para este año? Me
gustaría que el distinguido colega del Grupo Popular me explicara esas
razones. Si hay una ley que coloca en la vía muerta un sistema de
pensiones; si hay una ley que afianza y potencia las situaciones
desfavorecidas en la sociedad española, una ley alentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, la Ley de Pensiones no Contributivas para
quienes no cotizaron; si esas pensiones no contributivas se actualizan
año tras año y las pensiones se actualizan también este año (artículo 35)
en una cuantía de 33.780 pesetas, ¿me quieren decir sus señorías, y en
particular el distinguido Senador que ha atacado esa congelación, qué
razones amparan o protegen para que unas personas se queden con una
pensión congelada de 25.000 pesetas? Yo estoy convencido de que mi
distinguido colega conoce esas razones. Quiero que me las diga para que
figuren en el «Diario de Sesiones». Pero si no las conoce, le ruego que
no vuelva a repetir este argumento que verdaderamente se queda en el
«Cromagnon» de los argumentos. (Risas.)
Seamos realistas. Hay planteado un tema en relación con las pensiones que
favorece a esas situaciones de marginación y pobreza. Señoría, si esa
pensión es más alta y se actualiza, yo le invito a que me diga, si es que
lo sabe, por qué se quedan los pensionistas en la vía muerta de unas
pensiones asistenciales que ya fueron superadas por la Ley de Pensiones
no Contributivas.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quería decirle a mi amigo, el Senador Cercós, que no me ha tenido en
cuenta en relación con lo que plantea mi única enmienda. Llevamos
muchísimo tiempo debatiendo esta enmienda. Aunque supongo que se lo sabrá
de memoria, la enmienda se refiere a las pensiones que en distintas
cantidades y formas están cobrando los mutilados de guerra de uno y otro
bando.
Desearía saber si de una vez estas pensiones pueden ser equiparadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Acepto muy gustosamente la invitación del Senador Cercós, mi buen amigo y
compañero desde hace ya años. Voy a tratar de contestarle lo mejor que
pueda y sepa.
Se ha dicho que se están haciendo equilibrios en el Congreso de los
Diputados a propósito de la reforma de la Seguridad Social. Pues bien, yo
formo parte de una Cámara que pertenece a las Cortes Generales del Estado
que se llama Senado, con lo cual, cuando aquí se discuta este tema, yo
hablaré de él en su momento, si es que me corresponde hacerlo. Y aunque
no quiero calificar las continuas referencias a lo que se hace en el
Congreso de los Diputados, sí quiero manifestar que en el Senado, que tan
Cámara es como la otra dentro de las Cortes Generales del Estado según la
Constitución, diré lo que tenga que decir.
Senador, nosotros no somos el Gobierno del Estado ni somos tampoco el
Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno del Estado. Por tanto, nuestro
papel --siendo un Grupo minoritario-- es tratar de enmendar puntualmente
lo que dentro de los Presupuestos Generales del Estado pueden ser
aportaciones correctivas y puntuales. Pero nosotros no hemos puesto
ningún veto a los presupuestos, y no lo ponemos porque desde que tenemos
representación en esta Cámara seguimos una línea de actuación por la
cual, para que pusiéramos un veto general a los presupuestos del Estado,
tendríamos que confeccionar uno alternativo, cuestión para la que no nos
encontramos capacitados ni es tampoco nuestro interés en una Cámara
territorial. Así de claro.
Nuestro interés en una Cámara territorial es tratar en general de los
presupuestos, intentando corregir puntualmente las cuestiones de carácter
general --repito-- que nosotros consideramos se deben corregir. Por otra
parte, desde un punto de vista territorial, deben corregirse todas las
cuestiones pertinentes que estén relacionadas con el territorio que aquí
representamos. En ese sentido van nuestras enmiendas, que son enmiendas
puntuales. Usted habrá visto que nuestras dos enmiendas no pretenden en
absoluto corregir el sistema de pensiones. Se trata de un dato puntual
del que vengo hablando desde 1989, año en que entré a formar parte de
esta Cámara. Es una discriminación. ¿Que pueden existir cincuenta más? Es
posible. ¿Que a lo mejor hay que corregir debido a esa discriminación
todo el sistema de pensiones? A lo mejor sí, pero lo que no me puede
negar es que eso es una discriminación. Y no me eche encima a los
trabajadores del «dumper»; no me lo tire encima que soy viejito y sé por
dónde va usted. Llevo ya muchos años en este juego. No me los tire
encima. (Risas.)
Yo presento una enmienda y usted me puede decir: eso no es posible, dada
la situación económica del país y la estructura que el Gobierno y el
Grupo Parlamentario que lo sustenta han dado a los presupuestos. No es
posible atender su reivindicación, pero no porque no sea lógica ni porque
no sea discriminatoria en una parcela de las pensiones. ¿Que ésa puede
producir otras nuevas? Me parece muy bien, pero ésta es discriminatoria y
puntual y no trata de todas las pensiones. Insisto, pues, en que no me
eche encima a los trabajadores del «dumper», que bastante los conozco,
porque pertenecen a mi profesión. He conocido muchos, accidentados y
graves.
En cuanto a la parcela en que se puede mejorar la Seguridad Social, se lo
digo claramente: en la gestión. Por otra parte, reconozco --porque he
tenido responsabilidades en la materia-- que una mejor sanidad siempre
supone mayor costo, y lo único que atempera el mayor costo es la mejor
gestión. Y no creo que usted --que es un hombre serio y consciente y
sabedor de estos temas-- sea capaz de decirme que hoy la Seguridad Social
en España está gestionada como Dios manda. No creo que vaya a afirmar
eso; que usted está trabajando en el camino de que así sea, lo reconozco,
pero insisto en que no creo que afirme eso. (Risas.)
Por otro lado, la enmienda procede de peticiones de la sociedad civil, y
usted sabe lo que es eso. A todos se nos llena la boca diciendo que la
sociedad civil debe participar en la política, en la formación de la
voluntad de los políticos y en las Cámaras, pero cuando la sociedad civil
se acerca con un problema puntual y un político legislador presenta una
enmienda, se le dice: ¡Pero hombre, qué barbaridad está usted
presentando! Entonces, ¿Qué hacemos con la sociedad civil? ¿La paramos en
la puerta de la plaza de la Marina, 8, y no la dejamos pasar? ¿No
recogemos sus peticiones?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Senador Martín.
El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero contestar aquí al colega, y digo colega porque
parece ser que es un tema que le cae muy bien aquí al colega. Yo,
normalmente, la palabra colega la suelo dejar para las cafeterías o para
cuando estoy tratando con mozalbetes de 15 a 22 años. (Risas.) A mis
años, nadie me trata de colega en la vida normal y mucho menos en la vida
parlamentaria.
Dicho esto, en primer lugar, dice usted que lo que nosotros pretendemos
incrementa el gasto, con lo cual estamos pidiendo algo que atenta contra
la viabilidad del sistema de la Seguridad Social. Ciertamente, creo que
eso es una forma de lanzar balones fuera. Digo esto porque para indicar
de dónde detraer estas cantidades económicas no voy a hablar --como decía
muy bien el Senador Barbuzano-- de una serie de problemas, como el de la
gestión --por cierto, ayer me hablaron de las gestiones de algunos
departamentos sanitarios y me quedé asustado; si eso se hace general en
el sistema de pensiones, supongo que pasará tres cuartos de lo mismo--,
pero esas cantidades se pueden detraer del presupuesto consolidado de
gastos corrientes para 1994, simplemente, reduciéndolo un 20 por ciento.
De ahí se obtiene una cantidad de dinero más que suficiente para pagar
ese exceso. Por otra parte, pedimos una cantidad muy pequeña; por tanto,
no tenga usted miedo, porque no se va a producir ningún descalabro en la
Seguridad Social como consecuencia de la cantidad que solicitamos.
Asimismo, pedimos cosas como las que ustedes han introducido este año en
estos presupuestos. No me hable de que se ha habilitado un crédito para
pagar el exceso que se ha producido como consecuencia de la desviación
debida al incremento del IPC. Pretendemos que ese crédito quede
contemplado, que era lo que pedíamos el año pasado, y que no sirva para
hacer propaganda política. Por tanto, despoliticemos de una vez el
sistema de las pensiones públicas; que no se diga --a través de los
medios de comunicación, unas veces, o de cartas, otras-- a los señores
pensionistas que en el mes de enero, o a comienzos de febrero, les vamos
a regalar algo. Que el crédito quede, pues, debidamente contemplado,
porque aquí nadie regala absolutamente nada. Eso es algo a lo que tienen
derecho, por lo que debe quedar perfectamente reflejado en los
presupuestos, y dejémonos ya de cartas, de hacer manifestaciones con las
que parece ser que les estamos dando o regalando algo.
Le decía concretamente al Senador Cercós --y yo sí le voy a llamar
Senador, no se me caen los anillos por eso; entre otras cosas, porque he
comenzado diciendo que a cada cual le suelo dar el tratamiento que
tiene-- que se dejen de congelar esas pensiones mínimas. No me refiero a
otra cosa. Cuando hablamos de esas pensiones asistenciales estamos
refiriéndonos a que se incrementen las prestaciones asistenciales, pero
me da la impresión de que a ustedes lo que les preocupa no es el
«cuantum», sino el porqué. Estábamos hablando de las pensiones de
viudedad y le decía que queremos que el último tramo sea el mismo para
todas las viudas, pero no me ha contestado absolutamente nada al
respecto. ¿Sabe usted cuánto viene a significar eso? La cantidad de
35.000 millones de pesetas. ¿Sabe de dónde --se lo vuelvo a repetir--
pretendemos que se detraiga? De los gastos corrientes, que queremos que
se reduzcan un 20 por ciento.
Pretendemos acercar a los pensionistas a Clases Pasivas al 31 de enero de
1985 con los posteriores, pero tampoco ha dicho absolutamente nada al
respecto. Y esto no es que lo digamos nosotros, sino que es un consejo
que el Defensor del Pueblo nos ha dado a todos nosotros, y digo a todos,
porque se lo ha dado al Estado. Con ello pretendemos evitar ese trato
discriminatorio que a todas luces es insolidario para con los jubilados.
Vuelvo a insistir en el IRPF, que parece ser que es un tema baladí para
ustedes, porque se produce una clara discriminación entre los
pensionistas por incapacidad permanente de la Seguridad Social y los
pensionistas por incapacidad permanente de Clases Pasivas. Insisto en que
es una clara discriminación, pero no voy a explicar las razones, porque
usted conoce este tema tan bien como yo.
En cuanto al resto, lo reservo para el Pleno. (Risas.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martín.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Martín Iglesias ha empezado quejándose porque le he llamado
colega, pero tengo que decirle que jamás en la Cámara he llamado a nadie
colega, sino que siempre he dicho: distinguido colega. Y utilizo esa
expresión afectuosa y cordialmente, pero si al Senador Martín Iglesias no
le gusta, le llamaré excelentísimo señor Senador Martín Iglesias, si le
parece oportuno. Pero insisto en que le he llamado afectuosamente
distinguido colega porque, al fin y al cabo, somos eso, colegas, y
distinguidos, no por nosotros, sino por la institución que nos acoge y el
pueblo que nos ha elegido.
Las intervenciones que he escuchado no modifican el criterio de este
Senador para rechazar las enmiendas presentadas.
Evidentemente, uno tiene que atender a la sociedad civil, y estoy seguro
de que su señoría la entiende con una filosofía correcta y sincera, pero
también es cierto que los parlamentarios tenemos que hacer una depuración
de lo que nos presenta la sociedad civil. Puede haber cosas que nos
presenta la sociedad civil que, analizadas desde nuestro punto de vista
ideológico, no sean asumibles y se le dice que no. El tema aquí es decir
que no. Yo sé que su señoría tiene esa posibilidad de decir que no. No es
el caso de atender a la sociedad civil tal como lo plantea el
representante del Grupo Parlamentario Popular, Senador Martín Iglesias;
porque realmente lo que les gusta a sus señorías es, por un lado,
decirnos que contengamos el gasto y, por el otro, incluir enmiendas que
aumentan los gastos. Les gusta repicar y estar en la procesión, como se
dice en mi tierra.
Este es el tema. A ustedes les gusta jugar a ganador siempre, por tanto,
por una parte, en sus discursos políticos tienen que tratar de rechazar
unos presupuestos porque incrementan gastos y pedir la consolidación y la
reducción de los mismos y, por otra, tienen que presentarnos un juego de
enmiendas que, si se vieran título por título, quizá aumentarían este
presupuesto en tres billones de pesetas. No sé lo que aumentaría, pero
ahí hay una incoherencia que es la que yo quiero señalar.
Dice su señoría que si se rebajan los gastos corrientes sería un 20 por
ciento. Sí, con sus enmiendas, como la que presentan a industria para
cargarse la Escuela de Organización Industrial, o para reducir las
publicaciones del Ministerio de Industria. Si a eso lo llaman reducir
gastos corrientes, así cualquiera.
Senador Martín Iglesias, la Seguridad Social ha reducido sus gastos
corrientes desde el año 1982 a la mitad. Su señoría puede comprobar las
cifras en relación con los presupuestos totales del Organismo. Los gastos
se han reducido sensiblemente a la mitad desde el año 1982 a 1994 y, sin
embargo, el número de pensionistas ha aumentado casi el doble. La
Seguridad Social ha acogido la gestión de procesos tremendamente
complicados y complejos que por su propia naturaleza han tenido que
encarecer esos gastos corrientes. De ahí que a este Senador le parezca
ilógico seguir utilizando este latiguillo y, además, quebranta la equidad
el que su señoría siga planteando para las clases pasivas, que se rigen
por la normativa anterior al 1.º de enero de 1995, una actualización de
sus pensiones.
Yo le preguntaría al Senador Martín Iglesias por qué eso mismo no lo pide
para otras pensiones que están congeladas. ¿Por qué no revisamos la
legislación del SOVI? ¿Por qué no revisamos aquellas otras que por el
tipo de sus contrataciones privadas están también congeladas? ¿Por qué
sólo la de las clases pasivas?
Su señoría habla de discriminación entre los pensionistas de la Seguridad
Social y los de las clases pasivas, pero ¿qué discriminación? Si los
regímenes son completamente distintos, si los de la Seguridad Social se
nutren de unas cotizaciones que no existen en el régimen de las clases
pasivas. Si quiere hablamos de todas las diferencias que hay en la
estructura de los sistemas de pensiones de una y otra naturaleza.
En resumen, no me ha dado ninguna razón adicional, no me ha contestado a
esa pregunta de por qué esos señores que están en el Lismi no utilizan el
cauce de la Ley de Pensiones no Contributivas. Yo tengo interés en
conocer qué argumentos se manejan.
Señor Presidente, no tenemos más remedio que seguir rechazando estas
enmiendas que suponen aumento de gastos; tanto la de doblar al 200 por
cien, como la de las viudas, como la de las clases pasivas incrementan en
cifras que no están estimadas ni evaluadas y, por tanto, van en contra de
la coherencia con que se ha elaborado un presupuesto todavía restringido
en gastos tanto del Estado como de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Señorías, se reanuda la sesión.
Entramos en el Título VIII, artículos 105 y 106, ya que se acordó que por
la conexión del tema se vería después de lo relativo a clases pasivas.
Comenzamos el debate con las enmiendas presentadas por la señora
Vilallonga Elviro del Grupo Mixto.
El Senador Armas tiene la palabra.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Igual que anteriormente, en nombre del Grupo Mixto asumo las enmiendas
presentadas por la Senadora Vilallonga Elviro y por el señor Martínez, y
las doy por defendidas en los términos en que se han presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Armas.
Vamos a continuar con la enmienda 2.532, presentada por Convergència i
Unió, a la espera de que se incorpore el Senador Torrontegui.
El Senador Cambra tiene la palabra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda de modificación del primer párrafo del apartado 2 del
artículo 105.seis, tiene por objeto adecuar la cotización a la Seguridad
Social del colectivo de pescadores de bajura a sus ingresos reales. Por
lo demás, nos remitimos a su propio texto en su defensa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros presentamos dos enmiendas al artículo 105, una de ellas al
número dos, apartados 2 y 3, que se refiere a cotizaciones sociales.
Pedimos en la misma que se rebaje 5 décimas en las cotizaciones sociales,
prorrateando en la parte proporcional que ahora mismo está cotizando la
empresa y el trabajador, y lo hacemos en base a las posibilidades de
incrementar el crecimiento del empleo. Lo decimos prácticamente en los
mismos términos que lo anunció en su momento el Gobierno cuando bajó un
punto en el Régimen General de la Seguridad Social de cara a facilitar el
crecimiento del empleo. Nosotros creemos que aparte de eso, los datos que
se han barajado después en las distintas comparecencias, y muy
concretamente en la del Secretario General de la Seguridad Social, donde
hablaba de un crecimiento neto superior al previsto y de una recaudación
por vía ejecutiva superior al 42 por ciento también de lo previsto para
el mes de septiembre del año en curso, hay medios suficientes económicos
para corregir paulatinamente a la baja los índices de cotización al
sistema de la Seguridad Social.
La enmienda siguiente, también al mismo artículo, apartado cuatro.3, se
refiere a la cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores autónomos o por cuenta propia. Este colectivo, que en estos
momentos según fue enmendado en el Congreso queda equiparado en el
porcentaje de contingencias comunes al Régimen Especial de la Seguridad
Social, experimenta un crecimiento comparativo respecto a años anteriores
por dos cuestiones distintas: por el crecimiento de las bases mínimas de
cotización superior a un 15 por ciento, y por figurar con el mismo
porcentaje del 28,3 por ciento sobre la base reguladora, igual que en el
Régimen Especial de la Seguridad Social. Hay que recordar aquí que
llevábamos desde el año 1991 donde se aplicaba a este Régimen Especial un
coeficiente reductor de 5 décimas en virtud de que no disfrutaba de todos
los contingentes comunes, de todas las prestaciones, igual que en el
Régimen Especial de la
Seguridad Social. Creemos que también esta reducción al 27,8 es
perfectamente justificable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Fernández.
La enmienda número 2.346 del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos se
da por decaída si no hay algún Grupo que la quiera mantener. (El Senador
Barbuzano González pide la palabra.)
El Senador Barbuzano tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, si es factible, nosotros
la asumimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Sí. Por tanto, queda asumida por
el Grupo de Coalición Canaria.
¿Senador Barbuzano, la da por defendida en sus propios términos?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Sí, señor Presidente, la doy por defendida
en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Socialista, para contestar a las enmiendas, tiene la palabra
el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me voy a manifestar con la misma brevedad que ha utilizado el conjunto de
los intervinientes.
En primer lugar, deseo expresar al representante del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió que, en principio --y he
dicho en principio--, no apoyaríamos la enmienda, porque en los últimos
años, y sobre todo después de duras y arduas negociaciones con los
sindicatos, se llegó a la conclusión de que era necesario ir equiparando,
homologando el Régimen de los trabajadores del mar al de los trabajadores
del Régimen General. Por consiguiente, en principio, esta enmienda va un
poco en contra de esa dirección. No obstante, intentaríamos estudiarla
con más profundidad, en el tiempo que queda hasta la celebración del
Pleno, para ver si pudiésemos encontrar algún tipo de solución.
En lo que se refiere a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, he de manifestar nuestra oposición a ellas. En el
Grupo Parlamentario Popular saben perfectamente que este año se ha bajado
un punto de las cotizaciones de la Seguridad Social en contingentes
comunes, y que tienen como objetivo facilitar, si cabe, desde este
ángulo, desde los costes laborales, un mayor volumen de empleo.
Saben también que esto significa unos 200.000 millones de pesetas, que va
a tratar de ser corregido por otra vía impositiva de forma que, al final,
no se aumente algo tan elemental y que todos compartimos por los efectos
perniciosos que generaría en el sistema, fundamentalmente en el
crecimiento económico, que es el déficit público. Por consiguiente,
habría un nuevo aumento de impuestos para compensar este déficit, o
habría un endeudamiento más amplio, o habría una reducción de
prestaciones. Díganos el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar,
por cuál de las vías transitaría de reducir este medio punto más que
supone unos 100.000 millones de pesetas. ¿Reducimos prestaciones? No
estamos por esa labor; de ninguna manera. ¿Aumentamos el déficit público?
Tampoco estamos dispuestos a ello y, por consiguiente, parece que en
estos momentos, tal y como está planteada la estrategia de apoyo al
empleo y la defensa del equilibrio del Sistema de la Seguridad Social,
crearía serios inconvenientes, por no decir desequilibrios no deseables.
En consecuencia, vamos a rechazar la enmienda porque, aun compartiendo
que va en la dirección en la que va el punto de reducción, sin embargo,
también son conscientes de que cualquier modificación significa el
análisis de otro conjunto de variables del sistema en general, que ni nos
las aportan ni nos las indican. Por lo tanto, creemos que el esfuerzo que
se va a hacer durante este año es extraordinariamente importante, y
tratándose de un sistema como es el de la Seguridad Social, hay que ir
con la prudencia suficiente como para no deshacer lo que para todos sigue
siendo un objetivo central, que es el mantenimiento del sistema, buscando
su equilibrio y buscando su garantía de futuro.
La segunda enmienda es en los mismos términos. También se ha planteado
una rebaja de un punto para los del Régimen Especial, y si bajásemos
medio punto significaría una discriminación en relación con el resto de
los regímenes y, en consecuencia, también generaría un aumento del
déficit público, que tendría cualquiera de los tres caminos que
inicialmente he planteado y, por lo tanto, no las vamos a admitir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: (Garcías Coll): Gracias, Senador Franco.
¿Turno de portavoces?
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias.
Quiero decirle, Senador, que no planteamos esta enmienda en los términos
de aumentar el déficit público. Yo le exponía las razones por las cuales
no es necesario aumentar el déficit público, porque estamos hablando de
una mayor recaudación por la vía ejecutiva de grandes atrasos, de grandes
cantidades, de enormes cantidades de déficit que está acumulando la
Seguridad Social.
Por otra parte, según palabras pronunciadas en esta Cámara por el
Secretario General de la Seguridad Social, la gestión se estaba
perfeccionando y funcionando de tal forma que cada día había una fuerte
tendencia a la baja de los costos, hasta el extremo de que no se habló de
cantidades muy importantes. Yo creo, francamente, que si de lo que
estamos hablando es de creación de empleo y dando facilidad, porque si
ese era el espíritu del principio de haber bajado un punto en el Sistema
del Régimen General, me parece que ustedes saben más que de sobra que
nuestra
tendencia es ir, no sólo a bajar ahora medio punto más, sino que
progresivamente lo dijimos en ejercicios anteriores, y, en efecto, ir por
esa vía y ahorrar ese dinero en la gestión de los capítulos I y II.
Con respecto a la segunda enmienda en la que hablamos del Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos, quiero recordarle, Senador
Franco, que en esta enmienda no se baja un punto la cotización al
sistema, porque en el año 1994 está cotizando por el 28,8 de la bolsa
reguladora, y en este momento quedó establecida en el 28,3. De lo que
estamos hablando es de medio punto o de cinco décimas, como usted lo
quiera interpretar.
Aparte de eso, sabe que en esta Cámara hemos deliberado muchas veces
sobre que es un colectivo que está cotizando sobre una base reguladora
porcentualmente muy aproximada al Régimen General, que en este año que
viene, según las previsiones que ustedes han hecho, va a quedar
equiparado al propio Régimen General del sistema y que, sin embargo, no
perciben las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social que percibe
el Régimen General. Por lo tanto, a mí me parece que hay muy poca fuerza
moral para rechazar esta enmienda.
Voy a repetirle de nuevo que la consideren muy bien, porque me parece de
justicia que si --creo además que injustamente--, en años anteriores,
todavía se reconocía ese coeficiente reductor dentro del propio Régimen
Especial por la falta de prestaciones dentro de los contingentes comunes,
en este momento está mucho peor justificado todavía si usted no termina
diciéndome que van a tener todas las prestaciones de las que disfruta el
Régimen General de la Seguridad Social.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Fernández.
Tiene la palabra el Senador Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Gracias.
Hemos de valorar las afirmaciones que hacía el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el sentido de que la gestión de la Seguridad
Social es una gestión ejemplar y, al mismo tiempo, reconocer también que
ha habido un importante volumen de recursos en la lucha contra la
morosidad y contra el fraude. Esto no va sino en beneficio de la garantía
de la estabilidad del sistema y de su fortaleza. Pero el problema que
ustedes plantean es que el medio punto viniese a costa de esta lucha
contra el fraude. Yo creo que, en términos presupuestarios, no es lógico
ni normal que una partida de gastos se haga a expensas de una posible
acción eficaz contra el fraude, que va a hacerse de todas las maneras,
sino que la partida tiene que ir equilibrada para no generar ni déficit,
ni expectativas de déficit, ni expectativas de impago. Por consiguiente,
desde el punto de vista técnico, no tiene ninguna capacidad operativa,
pero desde el punto de vista político da la sensación de que piensan: si
ustedes consiguen, vía lucha contra el fraude, este monto que se
diferencia, pues bien, y si no ¿qué pasaría? Repito que volvemos a una
situación de inestabilidad del sistema, porque no garantizamos las
salidas y las entradas de forma racional y jurídicamente estable. Por
consiguiente, muy bien por estas afirmaciones sobre la gestión y sobre la
lucha contra el fraude, pero indíqueme cómo podríamos nosotros dar
respuesta a esta eliminación de ingresos al sistema.
Si nosotros dejamos de incorporar al sistema 100.000 millones de pesetas,
¿cómo incorporamos ese déficit? Esto es lo que usted tiene que
contestarme. Si usted me contesta que es por la vía del déficit público,
le diré que yo no estoy de acuerdo. Si me contesta que es por la vía de
la restricción de prestaciones, estoy muchísimo menos de acuerdo. Y si es
por la vía que usted me plantea tampoco porque me parece que es una vía
incorrecta. En consecuencia, no vamos a aceptar esta enmienda porque, al
final, pone en riesgo algo que para la inmensa mayoría de la población y,
desde luego, para la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara es algo
fundamental: que es la estabilidad del Sistema de la Seguridad Social y
la garantía de su funcionamiento a corto, medio y largo plazo con un
saneamiento financiero equilibrado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Franco.
Terminado el Título VIII volvemos al Título V, artículos 43 a 57 y anexos
III, IV, VI y Sección 06, Deuda Pública. Vamos a entrar en las enmiendas
en concreto. Veremos primero la enmienda 260 presentada por la señora
Vilallonga Elviro y por el señor Martínez Sevilla.
Tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto asumo las enmiendas presentadas
por la Senadora Vilallonga y las doy por defendidas en los términos en
que se han presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Armas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, que son las 685 y 686.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No tengo más remedio que hablar un poquillo de estas dos enmiendas porque
hay que señalar dos cosas ligeramente diferentes. La primera es que
nuestro Grupo, como no podía ser menos, se ha subido al carro del 0,7 del
PIB, porcentaje requerido para los fondos de cooperación al desarrollo
con los países deprimidos de cara a poner en marcha una serie de
proyectos prioritarios que están en el propio texto de la enmienda y para
la creación del Consejo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.
Queremos dejar constancia en el «Diario de Sesiones», por si hay algún
despistado que el día de mañana lo lea, que nosotros concatenamos estas
enmiendas con la 773 y
la 764 que presentamos como un plan de lucha contra la pobreza. No las
estoy defendiendo, estoy haciendo simplemente referencia a ellas.
Nosotros no creemos que sólo haya que acudir, por solidaridad, a aquellos
sitios donde existen verdaderas situaciones de pobreza y miseria en
países del Tercer y Cuarto Mundo, como creo que los denominan, sino que
según estadísticas serias en nuestro país existen cerca de tres millones
de personas que pasan hambre física, y en la Comunidad de la que procedo
exactamente 175.000. Por tanto, nos parece muy bien tener esa extrema
solidaridad, cuando nuestras posibilidades económicas den para ello, con
los países donde esa pobreza y esa miseria esté instaurada, pero también
la tenemos que tener con aquellos que están dentro de nuestro propio
país. Son zonas, por citar alguna, como Soria, Extremadura, Canarias,
etcétera.
Aunque en esta enmienda solicitamos el 0,7 nos parecería muy bien que se
llegara al 0,5, que al parecer se está hablando de ello, pero también
queremos que se contemple esa enmienda nuestra u otras similares u otras
que se quieran hacer u otros planes que el Gobierno del Estado quiera
instaurar para corregir la pobreza extrema y el hambre física de esos
tres millones de personas que hay en el territorio del Estado.
La otra enmienda venía concatenada con una que presentamos antes sobre la
incapacidad permanente, sobre la inutilidad de los funcionarios de las
Administraciones públicas. Pero ya el señor Cercós nos dio cumplida
respuesta de las posibilidades de aceptación que tendría, por lo que
pasamos por ella como por Valdepeñas: de noche, o sea, que las defendemos
en sus propios términos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Barbuzano.
Entramos en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el
Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a defender, en primer lugar, la enmienda número 2.328 que modifica el
artículo 59. Creo que la enmienda no se refiere al Título V, debe haber
un pequeño error aquí. Señor Presidente, creo que esto debemos dejarlo
para luego. La enmienda 2.328 se refiere, posiblemente, al Capítulo VI.
Nuestra enmienda alude al artículo 59, que no contempla este Título. El
resto de las enmiendas, la 2.414, 2.415, 2.416 y 2.417, son un
complemento de lo que estábamos discutiendo en el artículo 13. Según
parece hay alguna posibilidad de acercamiento, por lo menos así se nos
indicó en aquella ocasión.
La enmienda 2.414 pretende incrementar el crédito en las partidas de
«otros gastos». Para ello, hacemos un cuadro de modificación con los
niveles que parecen que son más adecuados, puesto que no cubren los
gastos reales de funcionamiento de los centros concertados, ya que está
sufriendo un déficit endémico.
La enmienda 2.415 también pide un incremento del crédito para el
sostenimiento de estos centros concertados. Y se justifica porque los
módulos previstos por el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 no contempla la dotación de una ratio profesor/unidad
suficiente para impartir el currículo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria en las condiciones determinadas por la Logse. Por tanto,
convendría incrementar ese crédito. Y para ello marcamos un cuadro donde
aparecen los salarios del personal y los gastos variables del primer y
del segundo ciclo.
La justificamos, asimismo, porque la Ley de Presupuestos debe contener un
módulo específico para las partidas de «Salarios de personal docente,
incluidas cargas sociales» y «Gastos variables» que contemple el
incremento en 2,5 y 3 horas semanales del horario lectivo para que haya
una enseñanza de calidad.
La justificación de la enmienda 2.416 es idéntica a la que acabo de
hacer. La enmienda 2.417 es de modificación del Anexo VI. Módulos
económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de
centros concertados. Y en ella se pide un incremento del crédito.
Con esto, queda el Título V completo, aunque no sé si la 2.418 entra.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Senador Torrontegui, no entra. La
2.328 se ha formulado al artículo 57, de modo que si tiene que defenderla
ha de hacerlo en ese Título, porque hace referencia a temas de ayuda al
desarrollo y, por tanto, alude a este Título y no al Título VI.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias.
La enmienda 2.328 hace referencia al artículo 57, Fondo de Ayuda al
Desarrollo, y en ella pedimos que los 80.000 millones de pesetas que se
citan pasen a ser 120.000 millones de pesetas, que es la cifra
actualizada que resulta de todas las peticiones que se han estado
haciendo, incluso a nivel de calle.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Gracias, Senador Torrontegui. Le
recuerdo que la enmienda que usted ha defendido es la número 2.328, que
es la que consta aquí, en la Mesa, que tiene el mismo texto que la que
usted ha defendido como número 2.326.
Para defender el veto y las enmiendas a la sección 06 del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Debatimos conjuntamente con el Título V, de las operaciones financieras,
la sección 06, sobre deuda pública, a la que nuestro grupo tiene
presentado un veto.
La deuda pública en nuestro país, señor Presidente, como es de dominio de
la opinión pública, ha crecido aceleradamente en los últimos años, como
consta en el informe económico-financiero que acompaña a los
presupuestos. En 1989, la deuda de las Administraciones públicas
alcanzaba el 43 por ciento del producto interior bruto,
y a finales de 1993 la deuda pública alcanza el 59 por ciento del PIB,
crecimiento muy rápido que nos pone, justamente, en el límite de una de
las condiciones que fija el Tratado de Maastricht, cuando era
precisamente la deuda pública la única condición que cumplíamos en los
momentos en los que se iniciaban las conversaciones que condujeron a este
Tratado.
En 1994, por estimaciones que tenemos, también aumentará el
endeudamiento, concretamente el subsector Estado, en una cifra superior a
los cuatro billones de pesetas, y de acuerdo con el proyecto de ley que
estamos debatiendo, en los presupuestos para 1995 también habrá un
endeudamiento del subsector Estado de cuatro billones de pesetas. Es
decir, estamos en un proceso acelerado de crecimiento de la deuda
pública, incluso teniendo en cuenta los niveles de intereses reales que
hay que pagar por la deuda viva, que son muy superiores a las tasas de
crecimiento, con lo cual sólo el pago de intereses conduce a un
crecimiento autónomo de la deuda pública. Y debo señalar que no he
incluido lo que luego debatiremos sobre el endeudamiento previsto para
organismos autónomos y entes públicos, que alcanza este año un billón de
pesetas, según consta en el anexo del que posteriormente hablaremos y que
también en 1994 alcanzaba la cifra de un billón de pesetas, por lo que
vemos que este tema de la deuda pública, señor Presidente, alcanza unas
dimensiones y, sobre todo, un ritmo con el cual no se puede estar de
acuerdo. De ahí que hayamos presentado un veto a la totalidad de la
Sección 06, así como al conjunto del Título V, que habla de las
operaciones financieras, porque, en última instancia, la magnitud de la
deuda pública no es sino reflejo del conjunto de operaciones financieras
que lleva a cabo el Estado.
Respecto a la deuda pública, debo incidir no sólo en su magnitud, sino
también en el Capítulo III, gastos financieros que lleva aparejado, que
para el presente ejercicio 1994 había previstos 2,8 billones de pesetas
de pagos por gastos financieros, y la cifra en los presupuestos para 1995
es de 2,9 billones de pesetas, cifras muy importantes y cuya atención
significa que todas las restantes partidas de los Presupuestos Generales
del Estado hay que comprimirlas para que de alguna forma cuadren.
La mayor parte de las peticiones, por no decir todas, que se plantean en
esta Cámara y en el Congreso de los Diputados para la atención de mayores
necesidades podrían atenderse sobradamente si no hubiera necesidad de
atender a los gastos financieros derivados de una deuda pública que se ha
acumulado fundamentalmente en los últimos años. Es más, la atención de
estos gastos financieros comprime a todo el conjunto de los gastos de los
presupuestos.
En consecuencia, señor Presidente, nosotros no estamos de acuerdo con las
políticas financieras que han llevado a esta situación y que se perpetúan
para el ejercicio del año que viene. Porque aunque la cifra de previsión
sea de 2,9 billones, prácticamente como la de este año, teniendo en
cuenta que las previsiones de los tipos de interés serán superiores a las
que había en el momento de confeccionar los presupuestos y que la deuda
pública alcanzará una cantidad superior como consecuencia del
endeudamiento habido en el ejercicio 1994, es muy previsible que esta
cantidad se vea desbordada. De ahí, señor Presidente, el veto a la
totalidad de esta sección 06, así como a la totalidad del Título V.
En el artículo 43 de este título hay una autorización genérica para
incrementar el límite de aumento de la deuda pública. Nosotros
solicitamos en una enmienda que esta autorización se reduzca en 500.000
millones, que no es una cifra muy importante comparada con la que figura
en el proyecto de ley, pero significa dejar constancia, sobre todo, de la
voluntad de ir reduciendo estos incrementos en los saldos de deuda
pública, porque la ejecución de los presupuestos de los últimos años, e
incluso en el presente, demuestra que estas cifras de endeudamiento del
Estado han sobrepasado siempre los límites que se habían establecido. Hay
una serie de cláusulas que permiten que estas cifras se modifiquen si
varían por los gastos habidos, tal como aparece en el propio artículo 43.
De ahí que nosotros presentemos una enmienda que pretende suprimir esta
posibilidad de superar el límite, por razones de disciplina
presupuestaria. Es evidente que si hay necesidad de mayor endeudamiento,
hay posibilidades de recurrir mediante proyecto de ley a las Cortes
Generales para que éstas lo aprueben. Entendemos que esto aumentaría la
disciplina presupuestaria y evitaría que los límites se sobrepasaran con
la frecuencia y la magnitud con que se han sobrepasado en los últimos
ejercicios, incluido el presente. Para 1994 había una autorización
genérica de cuatro billones treinta y un millones de pesetas, y es
posible que esta cifra alcance los 4,3 billones de pesetas, en
endeudamiento del subsector Estado exclusivamente.
En relación con las operaciones financieras, nosotros hemos presentado
una enmienda al artículo 43 que autoriza operaciones de crédito a
organismos autónomos y entes públicos, por la que entendemos que las
autorizaciones de endeudamiento a estos organismos incluidas en el Anexo
III, al cual hemos presentado una enmienda solicitando su supresión,
estén incluidas, en todo caso, en el límite anterior, porque a esas
cifras que hemos dado en su momento de autorización de aumento del límite
de endeudamiento del Estado hay que añadir la que se incluye en el Anexo
III y que se autoriza en el artículo 44, autorizaciones que, sumadas para
el ejercicio de 1995, alcanzan el importe de un billón de pesetas, cifra
verdaderamente importante y de la misma magnitud que en 1994, pero
superior a la de otros ejercicios. Es decir, además del endeudamiento del
subsector Estado, hay que tener también en cuenta que los organismos
autónomos y entes públicos se endeudan asimismo.
Existen numerosos mecanismos de financiación, aparte del subsector
Estado, que tienen importancia en los Presupuestos Generales del Estado.
En las enmiendas que siguen a continuación hacemos referencia a un
aspecto que también se está poniendo de manifiesto y que aumenta
progresivamente, como es el de la financiación de una serie de
organismos, y concretamente el INI, la Corporación Siderúrgica Integral y
Radiotelevisión Española, mediante la asunción de deudas. Entendemos que
este procedimiento
de financiación de los entes mencionados no es el adecuado. Si necesitan
recursos financieros, concédanse mediante las oportunas transferencias,
que aparecerán reflejadas en los presupuestos y afectarán o no, en su
caso, al déficit de caja correspondiente. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Asumir deudas es una financiación colateral que no aparece ni en el
déficit del Estado ni en la necesidad de financiación, sino que
únicamente aparece «a posteriori» en el incremento de la deuda. De ahí
que las cifras de incremento de deuda de las que ya hemos hablado tengan
que recoger esta asunción de deudas, que van siendo progresivamente
importantes, porque si en el ejercicio de 1993 alcanzaban 190.000
millones de pesetas, en 1994 ya fueron 242.000 millones, y en 1995,
362.000 millones de pesetas.
Nosotros hemos presentado enmiendas tanto al articulado como a los Anexos
correspondientes, IV y V, que se debatirán, en su caso, conjuntamente con
el presupuesto de Radiotelevisión Española, y el Anexo VI, sobre la deuda
de la Corporación Siderúrgica Integral. También vemos que este
procedimiento no sólo viene aumentando en los proyectos de ley que
presenta el Estado, sino que la tramitación va aumentando, en cuanto se
ha incluido una enmienda presentada en el Senado, la asunción de deudas
de la sociedad Sidenor.
El Capítulo II del Título V se refiere a Avales Públicos y Otras
Garantías, y en la enmienda respectiva solicitamos la reducción de los
límites permitidos al Estado en los avales, tanto en su totalidad como de
aquellos que pueden asignar organismos como INI o Renfe, para los que
solicitamos en las enmiendas respectivas la disminución de las cuantías e
información adicional, información que se solicita al Instituto Nacional
de Industria, al Instituto Nacional de Hidrocarburos, y pide que se la
envíe al Tesoro, pero no hay ninguna referencia a que esta información
que va a recibir el Gobierno o la Administración sea remitida a las
Cortes. Nosotros solicitamos tener, al menos, la misma información que
pueda tener la Administración sobre estos aspectos.
En el Capítulo III, Relaciones del Estado con el Instituto de Crédito
Oficial, quiero señalar únicamente un aspecto que quizá debiera figurar
en un capítulo aparte cual es el que figura en el artículo 57, Fondo de
Ayuda al Desarrollo, en el que solicitamos que la dotación al Fondo de
Ayuda al Desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 16/1976, pase de
80.000 millones, que figuran en el proyecto de ley que estamos
debatiendo, a 98.000 millones. También se solicita que para subsanar las
deficiencias, desgraciadamente puestas de manifiesto en numerosas
ocasiones, ya debatidas en otras circunstancias e, incluso, en estos
propios presupuestos, se remita a estas Cámaras durante el ejercicio 1995
una ley de cooperación internacional que subsane estas deficiencias, que
han posibilitado el que estos Fondos de Ayuda al Desarrollo no se hayan
utilizado con la eficacia deseada, en muchos casos sin la transparencia
necesaria y en algunos casos con algo que podría calificarse de otra
forma; pero ésta no es ocasión para tratar sobre ello.
Para terminar, señor Presidente, únicamente quiero señalar la importancia
que tiene en el tema que nos ocupa contener, de alguna forma, este
endeudamiento. El ejercicio de 1995 en este aspecto se puede
caracterizar, quizá, como un presupuesto perdido en ese proceso de
saneamiento. Una vez más el Estado se sigue endeudando en esta forma y
algo que debería haberse tomado con la seriedad que exige la actual
situación de las finanzas públicas no se ha realizado con la decisión
deseada, por razones que en este momento no voy a considerar. Tengo que
señalar que el proceso de crecimiento de la deuda pública española, no
sólo ha alcanzado altos niveles, sino que el ritmo al que sigue creciendo
va a ser demasiado importante para poder afrontar con la necesaria
solvencia todos los aspectos que la economía española tiene planteados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Sota Verdión.
El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, y antes de entrar a contestar y a utilizar el turno en
contra de la impugnación que presenta el Grupo Parlamentario Popular, voy
a contestar a la enmienda número 260, defendida en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por otro Senador.
La enmienda se refiere a la imposibilidad, que debería determinarse
dentro del presupuesto, a que quedaran excluidas de las operaciones con
cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo aquellas que tengan por objeto la
adquisición de material bélico y susceptible de uso militar, en forma
directa o indirecta. En este caso, debo decir que desde el año 1991 el
Gobierno prohibió la financiación de material de defensa con cargo a los
créditos FAD, como consecuencia de la moción aprobada en el Congreso de
los Diputados el día 18 de junio de ese año. Por tanto, es algo que está
obligado a cumplir el Gobierno por imperativo parlamentario y así lo
hace.
En cuanto a la enmienda que ha defendido el señor Barbuzano, debo decirle
que, a pesar de ser una enmienda trabajada y que incluye algunas
determinaciones muy concretas respecto al destino de los FAD, no tiene
sentido reflejar aquí y en este apartado del presupuesto. Los créditos
que aparecen en el Título V son específicamente para Fondos de Ayuda al
Desarrollo con una mezcla, en este caso, si se aceptara su enmienda, de
carácter general, que es lo que propone su señoría. Por tanto, yo creo
que la enmienda confunde el objetivo esencial dado por la Ley, que es
para un fondo de ayuda al desarrollo y que derivada de ese mandato del
presupuesto es para fomentar las exportaciones, con el objetivo de ayudar
al desarrollo de esos países, pero no a ayudas concretas, que es lo que
su señoría propone en esta enmienda y que está recogida con créditos en
otras secciones del presupuesto. Por tanto, por el hecho de no poder
figurar como créditos FAD, no podemos aceptarle a su señoría esta
enmienda.
En cuanto a las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Popular,
debo decir que la intervención de su portavoz me ha parecido la de
siempre. Yo me he leído atentamente los diarios de sesiones de otras
comparecencias y de otro debate en Comisión y el Grupo Parlamentario
Popular siempre dice lo mismo respecto a esta Sección: que hay que
reducir el déficit, pero, a continuación, nunca nos dice de dónde hay que
reducirlo. Es decir, una de las enmiendas que plantea y que creo que es
la más evidente, hace referencia a que hay que reducir el déficit en
medio billón de pesetas --una media muy concreta--, y forma parte de este
conjunto de enmiendas que ha defendido. En todo caso, nos parecería
coherente que después de plantear esta reducción nos dijera de dónde y en
qué sentido habría que reducir otro tipo de gastos, porque, desde luego,
nos parece que las intervenciones que hace el Grupo Parlamentario Popular
respecto a esta Sección son reiteradas y demuestran, a mi juicio, un
sectarismo político. Siempre van en la misma dirección pero sin dar
ninguna solución.
Por tanto, yo creo que la solución que ustedes deberían dar no solamente
es decir que se reduzca el déficit público, sino decir de dónde y cómo y
situarse en un planteamiento real, que vivimos en este país, que tiene un
nivel de riqueza determinado y que está en una situación económica
determinada; que está saliendo este año de una crisis que ha sido
bastante profunda en los ejercicios anteriores y, además, con una
política y una situación presupuestaria que es muy concreta y, por tanto,
ahí es donde ustedes deberían de plantear sus alternativas y no
simplemente decirnos que no a esto o a lo otro. Porque si, además, lo que
ustedes plantean como una política de reducción del déficit, luego lo
acompañamos con las enmiendas que presentan, resulta que de reducción de
déficit nada, ya que ustedes, no solamente plantean dicha reducción, sino
que, a la vez, plantean enmiendas de reducción de los ingresos por
importe aproximado de un billón de pesetas y aumentos de gastos muy
considerables --lo hemos visto a lo largo de la mañana--, no solamente en
política retributiva de funcionarios, sino en política de pensiones y de
inversiones de todas las secciones, como luego veremos. Es algo bastante
difícil de cuadrar a nivel económico y en política económica. Los números
no cuadran con lo que ustedes nos plantean.
Yo creo que deberían plantear como enmienda a la totalidad de esta
Sección algo mucho más creíble y no simplemente política de intenciones.
Una de las enmiendas que ustedes plantean --en ese sentido es la primera
que usted ha defendido-- simplemente hace desaparecer la Sección 06, que
es el pago de los intereses y la amortización de la deuda. ¿Qué vamos a
decir a los ciudadanos que tienen deuda pública en el año 1995? Ni les
vamos a devolver los títulos que les correspondieran ni les vamos a poder
pagar los intereses de la deuda pública que tienen del Estado. Por tanto,
me parece que estas propuestas quedan muy bien de cara a la galería,
pero, en definitiva y posteriormente cuando se analizan con profundidad,
no nos llevan a ningún sitio.
Debo decir algunas cosas respecto a lo que usted ha planteado en su
intervención. El déficit del presupuesto para 1995, a pesar de lo que
ustedes digan, forma parte de la política económica del Gobierno, que
está sustentado por el Grupo Parlamentario Socialista y, en este caso,
por quien les habla en representación de este Grupo, y forma parte en su
conjunto de una serie de medidas, no solamente económicas, sino de
política fiscal que tratan, sin incrementar la presión fiscal --lo quiero
resaltar y quedó muy bien explicado y aclarado por parte de los
comparecientes de la Secretaría de Estado de Economía en la comparecencia
que tuvo lugar en esta Comisión--, que sería la medida fácil de tomar
para rebajar el déficit público, de posibilitar que en 1995 no solamente
se confirme la recuperación de la economía española, sino que ayudemos
con este presupuesto --y se ayudará-- a la reducción de los equilibrios
que tiene la economía española y que, desde luego, sea una salida
solidaria a la crisis que hemos venido padeciendo en estos últimos años.
Solidaria quiere decir el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno en este
presupuesto para mantener la política social. Es decir, para nosotros,
para el Grupo Parlamentario Socialista, es muy importante que la salida a
la crisis sea solidaria. Ustedes conocen y saben --lo que pasa es que no
se atreven a decirlo-- que la única fórmula que existiría para hacer una
reducción importante del déficit público no es acudir a lo que ustedes
dicen en público, sino a otras medidas que no se atreven a decir en
público y que es donde está el grueso de los gastos que figuran en el
presupuesto. Ustedes conocen que dicho grueso se refiere a políticas
sociales y que éstas forman parte fundamental del Estado de Bienestar que
tenemos en este país, que son la política de pensiones, el pago de
pensiones; la política sanitaria, el pago de la asistencia sanitaria, y
la política educativa. Ahí es donde se encuentra el grueso del gasto del
presupuesto, no en lo que ustedes dicen de reducir los gastos corrientes,
que yo creo que están ya a unos niveles en los que sería bastante difícil
reducirlos aunque en algunos casos puede haber algo adicional. Está ahí y
lo que no se atreven a decir es que para que a ustedes les cuadraran las
cuentas se tenía que acudir o meter mano --entre comillas y por decirlo
en términos vulgares-- a ese núcleo que forma el grueso de los gastos del
presupuesto. Por tanto, mientras eso no sea así, ustedes lo que nos dicen
es simplemente que hay que reducir el déficit, pero no nos dicen de
dónde.
Debo decir algo a continuación que matiza, quizá, alguna de las
cuestiones que usted ha planteado y que se han venido diciendo a lo largo
de la mañana. Lo que tiene establecido como compromiso el Gobierno en el
Programa de Convergencia es que en el año 1997 el déficit público se
situará en el 3 por ciento del PIB. Debemos hacer hincapié en esto,
porque yo creo, y muchos ciudadanos están desinformados al respecto, que
ese Programa de Convergencia se va a conseguir --nosotros vamos a exigir
que se cumpla en toda su integridad-- y se va a hacer sin tener que
acudir a medidas adicionales de aumento de presión fiscal. Eso es muy
importante, porque parece que lo que se está diciendo es todo lo
contrario. Así, por ejemplo, mientras el Programa de Convergencia español
sitúa el déficit público en el 3 por ciento en 1977 sin acudir a ninguna
medida extraordinaria de aumento de impuestos, en Alemania habrá un
recargo del 7,5 por ciento en 1995 en el Impuesto sobre la Renta de los
ciudadanos alemanes y sobre sus sociedades para financiar lo que ellos
llaman un impuesto de solidaridad respecto a la ampliación de la antigua
Alemania del Este.
Por tanto, nosotros hemos apostado por un Programa de Convergencia que
vamos a encargarnos de que se cumpla. Es un programa realista, en el que
en este año se reduce el déficit respecto al año 1994 y en el año 1994 se
reduce respecto al año 1993. En definitiva, señorías, es una posición y
una política que hace el Gobierno que tiene todo el apoyo del Grupo
Socialista.
Entrando en alguna consideración más concreta, respecto a algunas
enmiendas que ustedes plantean, tengo que decir lo mismo que le he dicho
respecto al déficit. Es decir, simplemente suprimen los Anexos III, IV y
VI, que son la asunción de deudas por parte del Estado de algunas
empresas, INI, Radiotelevisión Española y Siderúrgica Integral. O sea,
ustedes lo que hacen es suprimir esos apartados diciendo que ese límite
se incluya en el del déficit total que figura en el artículo 43 sin dar
ninguna otra solución o justificación.
Hacen lo mismo en el caso de los avales. Simplemente cogen la relación de
avales que se autorizan y los reducen en una cantidad sustancial, sin
tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades que tienen en estos
casos y acudir al mercado interbancario de estas sociedades. Lo que
hacen, simplemente, es reducirlo, con lo que se pondría en una situación
bastante difícil la continuidad de algunas de estas sociedades. En
definitiva, yo creo que eso es un artificio, una posición absolutamente
irreal de intentar hacer reducciones que no tienen ninguna posibilidad
real de hacerse. Se queda bien y se dice que se ha reducido en tantos
cientos de miles de millones el presupuesto. Se queda bien, pero nada más
y no va a ningún sitio esa reducción.
En cuanto a la información adicional, he de decirle que las informaciones
que se contienen en cada uno de los artículos son, a nuestro juicio,
suficientes y algunas de las que solicitan darían lugar a la emisión de
miles y miles de folios que prácticamente serían imposibles de analizar
por parte de ningún señor Senador. Yo pienso que no solamente está la
información que figura en el presupuesto, sino la posibilidad que tienen
sus señorías de pedir las comparecencias de cualquier alto cargo, tanto
Secretario de Estado como Director General de cualquier Administración,
para que les informe con detalle de lo que ustedes consideran
conveniente. Pero eso de decir en un término general que se va a dar una
información que va a suponer miles de folios cada vez que se tenga que
enviar a la Cámara, nos parece, primero, que no es operativo y, segundo,
que no tiene ningún sentido.
En relación al Fondo de Ayuda al Desarrollo, que es una indicación, lo
que hacen es aumentar en 18.000 millones de pesetas esa propuesta. Lo que
decimos es que en el Congreso de los Diputados se admitió una enmienda
que ha solucionado el problema que se había planteado respecto al famoso
0,7 por ciento, que las asociaciones que estaban implicadas en este
asunto han quedado satisfechas, que el Gobierno tiene el compromiso de
poner en el presupuesto una cantidad que supone el 0,35 por ciento,
ampliable al 0,5. En definitiva, con las cantidades presupuestarias que
figuran, creemos que se cumplen los objetivos y los compromisos del
Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos?
(Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
No sé si me he enterado o no, pero no me ha contestado nada respecto del
Anexo VI. Tiene interés y lo digo por si me puede contestar en el
siguiente turno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado?
(Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Desgraciadamente nuestras intervenciones en este título, en esta sección
son repetitivas. Evidentemente, han sido repetitivas. Pero cuando
empezamos a debatir el presupuesto en 1986, en esta Cámara la deuda
pública estaba en el orden del 30 por ciento y en este momento está en el
60 por ciento. Mejor dicho, señor Presidente, estaba al 60 por ciento
cuando terminó el año 1993 y posiblemente en estos momentos esté en el 65
ó 66 por ciento. Si no hubiera que pagar intereses sobre esta deuda, no
tendría mayor importancia. Los pagos por intereses que se pagaban
entonces eran de 500.000 millones de pesetas; en estos momentos estamos
pagando 3 billones de pesetas. Es decir, si no fuera por esta pequeña
minucia, no habría ocasión de dar importancia al Título que nos ocupa.
Pero estos 3 billones de pesetas, señor Presidente, es lo que impide que
todas las necesidades que se tienen se atiendan adecuadamente.
Desgraciadamente, hemos sido repetitivos. Siempre se nos ha dicho que
éramos repetitivos y negativos, señor Presidente. ¡Ojalá! se nos hubiera
hecho caso y la situación de las finanzas públicas sería mucho mejor.
Suponiendo que en vez del 66 por ciento estuviéramos en el 46 por ciento
como estábamos hace unos años, nos ahorraríamos un billón de pesetas.
¿Cuánto hay destinado a pensiones públicas en el ejercicio de 1995? Unos
6 billones de pesetas. Con ese billón que nos ahorraríamos en intereses
podríamos aumentar un 10 por ciento las pensiones para el ejercicio que
viene y todavía nos sobraría dinero.
¿Qué pasa con las peticiones que hacen los Senadores? ¿Dónde está ese
ajuste que los presupuestos están obligados
a realizar como consecuencia de estos pagos crecientes de intereses? En
las inversiones, señor Presidente. Las dotaciones para inversiones para
el Capítulo VI permanecen prácticamente constantes en términos nominales.
Aumentan cantidades pequeñísimas y su ejecución es muy pequeña. Estamos
en una Cámara territorial y cuando uno va por las Comunidades, por las
provincias, ve que los presupuestos del Estado son las inversiones en
carreteras, en infraestructuras, en universidades, en hospitales, en
escuelas. ¿Cuáles son las inversiones en los últimos años? Prácticamente
son decrecientes. En términos relativos y con respecto a la economía
nacional, son decrecientes.
Los Senadores traemos las preocupaciones de estas comarcas, de las
personas que habitan esas tierras, que quieren más y por eso solicitamos
más gastos. Si no hubiera habido que pagar intereses, que es el tema que
estamos debatiendo en esta Sección, podríamos haber dedicado más cantidad
a estas inversiones, señor Presidente. Desgraciadamente, nuestra posición
en esta Sección ha sido repetitiva, porque estamos en la misma dinámica
desde hace diez años y porque seguimos en la misma dinámica, porque este
Gobierno sigue gastando un 10 por ciento por encima de lo que este país
puede gastar y nos vamos progresivamente endeudando y arruinando y en vez
de tomarse las cosas en serio, por razones que no viene a cuento
mencionar en este momento, el año que viene vamos a tomarnos un respiro
--por razones electorales, de presencia, por las que sean--, pero no nos
lo tomamos con la intensidad que hace falta. Porque, lo que hace años
podíamos hacer, quizá, sin tanta preocupación, ya que en el año 1982,
cuando el Partido Socialista llegó al poder, este país prácticamente no
tenía deuda pública y no era grave, en estos momentos empieza ya a tener
una gravedad muy importante. Porque si entonces los intereses de 1982 a
1983 pasaron de 100.000 millones a 160.000 millones y no parecía una
cuestión especialmente decisiva, ahora nos estamos moviendo ya en
billones en los pagos de intereses. En consecuencia, señor Presidente,
este tema, que se viene repitiendo fundamentalmente en los últimos años,
aunque es una constante, hace que sigamos teniendo unas intervenciones
que prácticamente son las mismas, y no son negativas.
Vuelvo a repetir cómo enfocaba el Título I. Lo hemos enfocado para decir:
esto es así y se debería hacer de otra forma. Pero si hubieran visto el
aspecto positivo de cómo se debe hacer de otra forma y haberlo hecho de
alguna forma y no haber descartado, con esa prepotencia que hubo en
tiempos y con estos comentarios que a veces no sabe uno exactamente por
qué se dicen, que son las aportaciones que nosotros hacemos en estas
Comisiones, posiblemente la situación de este país sería mejor y la del
Gobierno socialista que está en estos momentos también estaría mejor
desde un punto de vista financiero y político. Pero no se nos ha hecho
caso, señor Presidente, a pesar de que hemos venido diciendo y
manifestando, en la técnica y con la traducción de enmiendas, que siempre
es una forma insuficiente, lo que nosotros opinábamos sobre el devenir
financiero de este país, y estamos en la situación que estamos, señor
Presidente.
En consecuencia, lamentamos que todavía sigan diciendo que somos
repetitivos y, desgraciadamente, para el año 1995 también lo tenemos que
seguir siendo; esperemos que en el año 1996 las cosas puedan ser
diferentes. Lo que sí le puedo decir es que, cuando nos toque gobernar,
sabrá más o menos cómo se enfoca financieramente un país. En otros temas
no voy a entrar, porque no vienen a cuento, señor Presidente.
Para terminar, únicamente decirle que no se preocupe, que si la Sección
06 es rechazada, no habrá ningún problema en decirles a las personas que
tienen que cobrar los intereses que se ha rechazado; simplemente, los
presupuestos tendrían que devolverse al Gobierno para que los vuelva a
confeccionar, y esperaríamos que vinieran de una forma más ortodoxa y los
pudiéramos aprobar. Desgraciadamente, tal como están presentados para el
ejercicio 1995 es una ocasión perdida. Y no lo decimos sólo nosotros, en
todos los medios de comunicación, en artículos, en el orden económico, en
prensa y en articulistas de todo tipo verá usted que el 97 por ciento de
los comentarios que ha habido sobre los presupuestos para 1995 han sido
negativos. Ya nos enteraremos por qué estos presupuestos para 1995 son
negativos. Yo en este momento sí que tengo una idea bastante clara,
aunque no la voy a anticipar; presentaré las razones por las cuales 1995,
financieramente, es un año perdido, y no es por razones de interés
general, es por razones de interés personal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sota.
El señor SOTA VERDION: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para decir que el señor Alierta no me ha resuelto la
incógnita de cómo cuadra todo esto que plantean; es decir, me hace otra
vez un discurso respecto a algunas cosas sueltas, pero no me da la
solución a la cuadratura del círculo, cosa que yo estaría deseando
conocer por parte de su señoría; o sea, qué varita mágica tienen ustedes
para, reduciendo un billón los ingresos, aumentando las inversiones,
pagando más a los funcionarios, pagando más en pensiones, además reducen
ustedes el déficit en medio billón de pesetas, que es lo que plantean en
este presupuesto. Por lo tanto, cuando ustedes me digan cómo se hace
esto, igual yo empiezo a tener dudas sobre en qué proyecto estoy y lo que
defiendo pero, mientras tanto, usted comprenderá que no me puede
convencer con lo que dice, porque la racionalidad del análisis de lo que
ustedes plantean no me convence en absoluto, y yo creo que no convence a
nadie, salvo si se dice aisladamente, que es lo que ustedes hacen. Porque
ustedes van a cada provincia y a cada circunscripción y dicen: aquí se
necesita esto, aquí se necesita lo otro, hay que subir las pensiones, hay
que pagar más a los funcionarios, pero los ciudadanos no tienen la visión
global de que todo eso luego tiene que encajarse en un presupuesto y en
una situación dada de ese presupuesto,
con un país con la riqueza que tiene. Es evidente que eso es lo
complicado y lo difícil; ésa es la responsabilidad del Gobierno y, desde
luego, el Gobierno lo está haciendo, y lo está haciendo manteniendo un
Estado de Bienestar que es algo que defendemos con orgullo y del que
estamos absolutamente satisfechos.
Le digo más. Usted anuncia otra vez que la situación de déficit es muy
negra, que vamos a llegar a una situación insostenible. Yo le digo,
simplemente, que si hubiéramos atendido todas las peticiones adicionales
que ustedes han hecho a lo largo de estos años, desde luego la situación
actual no sería del 60 por ciento, o superando por poco el 60 por ciento,
sino que estaríamos en una situación como la que se encuentran otros
países que ustedes no citan, como Bélgica, Italia, Holanda, es decir, con
un nivel de deuda respecto a su producto interior bruto no como el de
España, sino incluso más del doble que el de España en algunos casos. Por
lo tanto, ésa no es la situación de España, y tampoco hay que añadir leña
al fuego; estamos en una situación en la que se va reduciendo el déficit
del año 1993 a 1994, y para 1995 hay una propuesta del Gobierno, que se
incluye en este presupuesto, de una nueva reducción y vamos en la buena
línea. Habrá que hacer esfuerzos adicionales; no se va a poder reducir
simplemente aunque la situación económica sea más boyante, hay que tomar
medidas adicionales y, desde luego, el Gobierno ya las ha tomado. Una de
ellas es que, si hay exceso de ingresos, los va a destinar a la reducción
del déficit público, y hay un compromiso del Gobierno de que mensualmente
habrá un control de las partidas del presupuesto y aquellas que
experimenten desviaciones al alza serán automáticamente corregidas y
compensadas con otras de otras partidas que no hayan tenido esas
desviaciones.
Respecto a lo que usted dice de las inversiones y de que si no se hubiera
producido una situación de endeudamiento ahora tendríamos un billón más
de pesetas, tengo que decirle que tenemos un país que desde el año 1982,
a pesar de que ustedes se empeñan en lo contrario, ha experimentado en
todos los órdenes de las inversiones públicas físicas, de las inversiones
sociales, de las inversiones en educación y de las inversiones en sanidad
un crecimiento tan espectacular que, desde luego, España no es lo que
era, eso es evidente y lo ve cualquiera. Por lo tanto, en eso es en lo
que ha aumentado la deuda de este país. Es decir, ¿tenemos una serie de
infraestructuras de las que estamos disponiendo y que sirven además para
que este país pueda competir mejor? Sí. Si hiciéramos lo que ustedes
dicen, hasta que no tuviéramos ahorrada cada una de las pesetas que
cuesta una autovía pues no podríamos hacerla y, quizá, cuando la
llegáramos a hacer sería tarde, porque ya se nos habría escapado incluso
esa oportunidad que se presenta en un determinado momento. España lo que
ha hecho ha sido un gran esfuerzo para hacer un país más moderno de lo
que era en el año 1982 (usted ha citado esa fecha). Le quiero decir que
desde hace unos cuantos años España sigue manteniendo un nivel de
inversiones respecto a su producto interior bruto que ronda el 5 por
ciento, mientras que la media de países de la Unión Europea no llega ni
al 3. Y una parte de ese esfuerzo que estamos haciendo también es
evidente que está en la deuda. En consecuencia, la situación de la
oportunidad es la que en su momento se determinó.
Para terminar, le quiero decir algo: si, como ha anunciado, cuando
ustedes gobiernen van a practicar una nueva política, yo también les
daría un consejo, como ustedes nos dan a nosotros: que no tengan esas
desviaciones presupuestarias, porque siempre nos acusan a nosotros de que
el presupuesto es irreal, que no se cumple. Yo solamente quiero decirle
que en el año 1978 la desviación del presupuesto --y no gobernábamos
nosotros-- fue del 20 por ciento; en el año 1979 del 20,5 por ciento; en
el año 1980 del 16,2 y en 1981 del 15 por ciento. En este año, la mayor
desviación posible que pueda haber el mes de septiembre es del 4 por
ciento. Por lo tanto, el presupuesto se cumple, el Gobierno está firme y
decidido a cumplir sus compromisos de déficit para que en el año 1997,
como país, podamos tener la opción de entrar o no en la siguiente fase de
la Unión Monetaria, y en ese esfuerzo creo que deberíamos contribuir
todos en cada uno de los ámbitos de la Administración donde nos
corresponda estar, porque ustedes no solamente están aquí en la
oposición, sino que gobiernan en otros sitios y, desde luego, lo que aquí
se plantea como solución y como política antidéficit yo creo que también
se debería plantear en otras Administraciones territoriales, porque, al
final, el Estado es todo, la suma del Estado central, de las Comunidades
Autónomas y de los ayuntamientos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Me comunica el señor Torrontegui que, al parecer,
tiene alguna insatisfacción intelectual porque no le ha contestado a su
pregunta.
El señor SOTA VERDION: Al señor Torrontegui le quiero decir que,
analizadas las enmiendas que están incluidas en este Título, creo que las
enmiendas números 2.414, 2.415, 2.416 y 2.417 no corresponden, a mi
juicio, al Anexo VI, sino que corresponderían al Anexo VII y deberían
haber formado parte del Título II que antes ha defendido. Por tanto, la
misma posición que ha mantenido mi compañero, el Senador Serrano, creo
que le sirve como respuesta, porque las enmiendas son exactamente las
mismas. Y perdone por haber olvidado responder a lo que usted me había
planteado, Senador Torrontegui.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Cumplida y satisfecha esa insatisfacción, pasamos a continuación a
debatir el Título VI, artículos 58 a 85.
Para la defensa de las enmiendas 261 a 285, ambas inclusive, de la
Senadora Vilallonga Elviro y el Senador Martínez Sevilla, tiene la
palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Mixto, intervengo para asumir las enmiendas
presentadas por la Senadora Vilallonga y el Senador Martínez y darlas por
defendidas en los términos en que se han presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Armas.
Para la defensa de las enmiendas 687, 688, 689, 690, 709 y 710, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador
Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 687 intenta corregir una deficiencia que no fue resuelta,
pese a la buena disposición de muchísima gente, en la ley 20/1991, de 7
de junio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y
se refiere a los arrendamientos financieros, o sea, a lo que al parecer
técnicamente se conoce como «leasing». Esta actividad económica
financiera, que tiene un gran arraigo en Canarias y que, sobre todo, es
de una gran utilidad para la pequeña y mediana empresa, debido a las
modificaciones que se introdujeron en esta Ley, y no a las correcciones
que se pretendieron incluso por enmiendas, ha bajado de unos 80.000 a
cerca de 5.000 millones de pesetas. Se trata, pues, de corregir el
apartado nueve del artículo 26 de la Ley 61/1978 y darle una nueva
redacción, adecuada a la contemplación de los arrendamientos financieros,
lo que en la ley fiscal no quedó contemplado correctamente. Y ruego a los
grupos mayoritarios y semimayoritarios que vean esta enmienda con ojos
agrandados. (Risas.)
La número 688 es de adición de un nuevo párrafo y pretende que se aplique
este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizados por las
cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad.
Esto figura en el artículo 78 y tiene una justificación suficientemente
amplia, que calculo que habrán estudiado, y podrán darnos una respuesta
sobre el tema.
La enmienda 689 es de adición al artículo 78, segundo 2. Por lo que he
oído por los pasillos, porque no he tenido tiempo de estudiar
exhaustivamente las enmiendas del resto de los grupos, creo que hay otros
que están en la misma línea. Es relativa a exenciones a las plantas
vivas, productos de floricultura y árboles, que en determinadas
Comunidades Autónomas, como puedan ser Andalucía, Murcia, Galicia y
Baleares, ha llegado a ser una cuestión verdaderamente importante, y
comienza a serlo también en otras, como, por ejemplo, en las Comunidades
de Valencia, Canarias, Cataluña, etcétera. Creo que la justificación lo
dice todo, y si además hay otros grupos que están en esa misma línea,
parece tener más posibilidades de que sea aceptada.
La enmienda 690 es importante para nosotros, los canarios. Al modificar
el artículo 84, punto 3 del desarrollo del artículo 70 de la Ley 38/1992,
se dice que el impuesto se exigirá en el momento del devengo a los tipos
del cero por ciento en Ceuta y Melilla y del 11 por ciento en Canarias.
El diferencial de dos puntos de nuestra especificidad fiscal no es el 11
por ciento, sería del 10, y en ese sentido introducimos esta enmienda,
para que se contemple, obviamente, el cero para Ceuta y Melilla, pero el
10 por ciento para Canarias en el Impuesto de matriculación. Si ya en el
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, vulgarmente
conocido como impuesto de matriculación, se contemplaba ese diferencial,
para nosotros fundamental, o es un error, o no entendemos las causas de
por qué se va a reducir el diferencial con Canarias, cuando esta
Comunidad tiene un régimen económico y fiscal especial.
La número 709 es una enmienda municipalista, que los municipios
entenderán, referente a la retención de rendimientos del capital
mobiliario de las Administraciones públicas: «No será de aplicación la
práctica de retención en la fuente, cuando se trate de rendimientos del
capital mobiliario cuya titularidad corresponda al Estado, las
Comunidades Autónomas o a las Corporaciones Locales.» Esto aliviaría en
alguna medida, no creo que demasiado, la depauperada financiación de las
corporaciones locales.
La enmienda 710 va en el mismo sentido respecto al Impuesto sobre el
Valor Añadido y las entregas de terrenos rústicos y además que no tengan
la condición de edificables pero que vayan a ser destinados a un uso
público altamente rentable, como jardines, superficies viales,
equipamientos de otro tipo, etcétera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Pasamos a la defensa de las enmiendas 2.329 a 2.344, ambas inclusive, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra
el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 2.329 es una modificación al artículo 59, donde pretendemos
volver a la escala individual que se propuso inicialmente en la Ley
18/1991, deflactada en el 3,5 por ciento, que es lo que piden estos
presupuestos. Creemos que es prioritaria una reducción de escalas de
gravamen en el IRPF, en coherencia con lo dispuesto en la propia Ley, y,
por tanto, ahí dejamos nuestra tabla al respecto.
En la enmienda número 2.330 se modifica el artículo 62, también con una
justificación muy similar a la que estábamos comentando, no debiéndose
separar dicha medida del conjunto de la reforma del Impuesto sobre
Sociedades e incluirlo en la Ley de Presupuestos.
La enmienda 2.331 trata de modificar el artículo 63, sustituyendo la
escala conjunta que contiene por otra escala que también procuramos que
tenga un tipo aplicable más en consonancia a lo que en su día proponía la
Ley 18/1991, de 6 de junio. Se propone volver a esa escala conjunta con
la deflación del 3,5 por ciento. Creemos que esta reducción debe ser
prioritaria a la integración de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la
Renta de las Personas Físicas contemplada en el artículo 4 del proyecto
de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en
coherencia con la enmienda al artículo 4 de la citada Ley, también
conocida como Ley de Acompañamiento.
En la enmienda número 2.332 proponemos hacer un diferimiento del pago, de
forma que las empresas obtengan cierta mejora en la liquidez y en la
tesorería retrasando y reduciendo el pago a cuenta porque, a veces, los
altos tipos
de interés que existen por motivos ajenos a los empresariales hacen que
diversas empresas no puedan cumplir los pagos con regularidad.
En la enmienda número 2.333, de modificación al artículo 73, proponemos
que se diga en su apartado tres: «El porcentaje aplicable a las Entidades
sin fines lucrativos definidas en la Ley .../1994, de Fundaciones y de
incentivos a la participación privada en actividades de interés general,
será del 8 por ciento.» En la citada Ley, que se aprobó recientemente, se
proponía el 10 por ciento, y creemos que en presupuestos tendría que ser
algo inferior.
En la enmienda número 2.334, también al artículo 73, Pago a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades, tratamos de adicionar un apartado cuarto con
la redacción actual del número tres. Esta enmienda es consecuencia de la
anterior.
La enmienda número 2.335 es también de modificación al artículo 74,
apartado cuatro, primer párrafo, «Deducción por gastos de Formación
Profesional». Esta es una cuestión de primer orden de cara a la
competitividad de las empresas, constituyendo una carencia estructural de
nuestro sistema productivo. Debe reforzarse el apoyo fiscal a la
consecución de este objetivo, para lo cual proponemos una modificación en
el sentido apuntado.
En la enmienda 2.336 al artículo 74.seis, «Deducción por creación de
empleo», proponemos adaptar la actual legislación a los presupuestos de
forma que tanto las empresas como la actividad empresarial total tengan
cierta efectividad y cierto aliciente para poder aumentar el número de
empleos, que es lo que en definitiva nos falta; es decir, establecer una
deducción por cada empleo indefinido creado.
En la enmienda número 2.337 al artículo 76, «Impuesto sobre actividades
económicas», pretendemos adicionar un nuevo apartado, el número Uno,11.ª,
que contemple la reestructuración de los epígrafes del Impuesto sobre
Actividades Económicas. Se relacionan en la citada enmienda una larga
serie de epígrafes referentes a la Educación General Básica, Educación
Secundaria, Bachillerato, etcétera, justificándose por la entrada en
vigor de la Logse y la implantación progresiva del nivel educativo de
Educación Primaria en sustitución de la EGB, que hace necesaria la
adaptación de estos epígrafes en los términos propuestos.
En la enmienda número 2.338, de modificación al artículo 76, «Impuesto
sobre actividades económicas», se propone que el actual apartado tres
pase a ser el cuarto y que como apartado tres figure la incorporación de
la siguiente redacción: «Se modifica el número 4.º de la letra b) de la
regla 14.ª,1,F) de la Instrucción, que queda redactado en los términos
siguientes: 4.º El 50 por ciento de la superficie de los locales
destinados a enseñanza reglada en todos sus grados, preste o no servicios
o actividades complementarias o extraescolares y a los que se refieren
las Notas comunes al Grupo 931 de las Tarifas, cuando la actividad no
esté exenta.» Se justifica porque algunos ayuntamientos tienen superficie
destinada a estas actividades, comedores escolares, etcétera.
La enmienda número 2.339, de adición al artículo 78.Uno, se refiere a una
modificación en la redacción del artículo 22, que quedaría redactado de
la forma que figura en la citada enmienda y se justifica porque la
legislación interna española (Ley 37/1992, de 28 de diciembre y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 1624/1992) respecto de la entrega,
construcción, reparación, mantenimiento, fletamento total y arrendamiento
de buques contempla un tratamiento diferenciado a efectos del IVA, en
función de la afección del buque a una determinada navegación.
En la enmienda número 2.340, al artículo 78.Dos, pretendemos la adición
de un número nuevo porque, en coherencia con la enmienda anterior,
también es necesario corregir el artículo 19.1 del texto actual de la Ley
37/1992.
La enmienda número 2.341, de modificación al artículo 78.Segundo.
Uno.1.1.º, se refiere a un texto que ya vimos el año pasado sobre las
bebidas refrescantes, justificándola en sus propios términos.
La enmienda número 2.342, al artículo 78, se refiere también a los tipos
impositivos del IVA. Y la enmienda número 2.343 la justificamos también
en sus propios términos.
Por último, la enmienda número 2.344 se refiere a un tema que tiene
cierto interés para quienes utilicen el material queroseno para usos de
calefacción. Estimamos que es una manifiesta competencia desleal para
aquellos productores de estufas de queroseno por cuanto los impuestos al
queroseno son muy elevados respecto del butano o del gasóleo, motivo por
el cual pretendemos su modificación, bien en los presupuestos o bien en
la ley referente a los impuestos de hidrocarburos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Pasamos a continuación a debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 2.517, 2.518, 2.519,
2.520, 2.524, 2.525, 2.527 y 2.528.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Las cuatro primeras enmiendas que voy a defender se refieren al artículo
62, modificando algunas de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
La enmienda número 2.517 pretende una deducción por alquiler del 15 por
ciento, con un máximo de 100.000 pesetas anuales, siempre que la base
imponible del sujeto no sea superior a los tres millones, más 500.000
pesetas por cada miembro de la unidad familiar.
La enmienda número 2.518 se refiere a una deducción por gastos de
custodia de niños, proponiéndose un 15 por ciento con un máximo de 30.000
pesetas, siempre que el sujeto pasivo no tenga rendimientos superiores a
dos millones de pesetas, incrementando, como en la enmienda anterior, con
500.000 pesetas por cada miembro de la unidad familiar.
La enmienda número 2.519 trata también de mejorar la deducción por
alquiler, teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar
en la declaración de renta conjunta.
Y de este apartado, finalmente, la enmienda número 2.520, que pretende
incrementar la deducción por gastos de custodia de los hijos menores de
edad.
Al artículo 76 hemos presentado la enmienda número 2.524, que es de
adición, con el fin de aplicar a los comercios de servicios personales la
misma reducción en el IAE en función de la superficie del local tal como
se aplica en los comercios al por menor.
La enmienda número 2.525, también al mismo artículo 76, pretende
adicionar una nota final a varios epígrafes reduciendo el impacto
impositivo que tiene el elemento superficie en las actividades de
talleres de reparación de automóviles y similares, con necesidades, como
es sabido, de espacios muy amplios.
Al artículo 78 tenemos dos enmiendas: la número 2.527, que más que
pretender, clama para aplicar el tipo reducido del IVA a los vehículos
utilizados por los minusválidos --atenderemos con ello el mandato
constitucional y nos adaptaremos, además, a la 6.ª Directiva de las
Comunidades Europeas 77/328, de 17 de mayo--, y, finalmente, la número
2.528, referida también al Impuesto sobre el Valor Añadido, que pretende
adecuar la tributación de las flores, plantas y cultivo de árboles
ornamentales destinados a la venta; la interpretación que se ha hecho de
la Directiva comunitaria es discutible y por ello tratamos de ayudar a un
importante sector extendido en todo al territorio peninsular,
preferentemente en el Levante y el sur del país.
Y esto es todo, señor Presidente, en lo referente a las enmiendas de
Convergència i Unió. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marca.
Pasamos a continuación a debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular números 852 a 889, ambas inclusive. Tiene la palabra el Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy a proceder a defender con algunas argumentaciones
muy genéricas la enmienda de devolución del Título, y voy a aprovechar
para ello la intervención del anterior portavoz socialista, que indicaba
que seguía teniendo la incógnita de cómo cuadrar la cuadratura del
círculo (Risas.), es decir, cómo encajar una reducción de déficit público
mediante... ¿Lo he dicho mal? (Risas.) Efectivamente, sería como cuadrar
el círculo, o cómo conseguir la cuadratura del círculo, toda vez que,
según argumentaba, proponíamos una reducción de un billón de pesetas en
ingresos, nada más y nada menos, y aumentábamos el gasto público.
Yo quisiera tranquilizar a este Senador y a todos los presentes en el
sentido de que no es un billón de pesetas la reducción fiscal que se
operaría a través de nuestras enmiendas, sino que, por el contrario, el
saldo final recaudatorio resultaría neutro o ligeramente positivo a final
de ejercicio. Es decir, no se pondrían en peligro las previsiones
recaudatorias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, por un
lado, porque la mayor parte de las enmiendas propuestas están
relacionadas con incentivos a la inversión, y esos incentivos --como
sabrá el señor Senador socialista, y si no ahora se lo decimos-- están
asociados a la presentación de declaraciones fiscales, por lo que,
consecuentemente, hasta el año 1996 no ejercerían ninguna pérdida de
ingreso público. Pero incluso si creemos que el año 1995 es un año de
recuperación incipiente, en el que la inversión productiva puede tomar el
relevo del excesivo peso que ha tenido el sector exterior en la
dinamización de la economía española durante el año 1994 y que por tanto
es un año en el que resulta absolutamente desaconsejable subir un
impuesto sobre consumo como el IVA o los carburantes, sí que resulta
absolutamente aconsejable promover la inversión porque estamos en el
inicio de un ciclo positivo inversor. Si esto es así, si realmente nos
creemos que estos incentivos tienen eficacia inversora, la generación de
beneficios en el año 1996 que se derivaría de inversiones operadas en el
año 1995 a través de estos incentivos producirían una compensación de los
ingresos también en aquel ejercicio. Por tanto, tranquilícese.
La única de las enmiendas importantes que tendría eficacia recaudatoria
en el año 1995 sería la reducción de tipos impositivos en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, pero en ese caso no se preocupe tampoco porque el
Ministerio de Economía y Hacienda, en un intento de recuperar la
credibilidad perdida durante muchos años en la ejecución de presupuestos,
ha subestimado en al menos 300.000 millones de pesetas la recaudación
potencialmente alcanzable por el IVA, si nos hemos de creer sus
previsiones de consumo privado para el año 1995. Por tanto, si eso es
así, tendríamos un saldo final financiero, o sea, un saldo recaudatorio
positivo, debido a la recuperación económica en el año 1995, que tiene
que devengar alguna mayor recaudación fiscal.
Asimismo, no ha mencionado el señor Senador --y quizá convendría
recordarlo aquí ahora-- que nosotros lo que hemos propuesto es que se
avance algo el proceso de privatización de empresa pública, concretamente
esperamos unos ingresos adicionales de 300.000 a 400.000 millones durante
el año 1995. Claro está que eso queda condicionado a qué es lo que pase
con la crisis de Iberia, porque a lo mejor necesita que se vendan trozos
de Repsol o de Endesa para poder tapar el agujero que los gestores de
Iberia han generado en esta Compañía durante los últimos tres años. Es
decir, que, efectivamente, este proceso de privatización a lo mejor no se
puede aplicar a la reducción de déficit público, mejor dicho, de deuda
pública, tal y como nosotros proponemos en las enmiendas a los
presupuestos, porque tendríamos necesidades perentorias de aplicación de
esos fondos al salvamento de la Compañía Iberia.
Por otro lado, la reducción de gasto corriente sí es posible --nosotros
proponemos algo más de 200.000 millones-- por cuanto el propio Ministerio
de Economía y Hacienda en los presupuestos de 1994 proponía una reducción
similar, que luego no se consiguió, sino que, por el contrario, se
produjo una desviación de más de 100.000 millones en el año 1994 sobre
las previsiones que originalmente había respecto de los mismos. Por
tanto, el propio Ministerio de Economía y Hacienda se daba cuenta el año
pasado --y se da cuenta este año, porque también propone una evolución
negativa para los gastos corrientes-- de que
esta partida se puede reducir, y nosotros creemos que sí hay margen. Y,
además, tenemos la previsión de los 200.000 millones --pueden ser algunos
más, pero 200.000 como mínimo-- de gastos fiscales en exceso, y si nos
hemos de creer que el presupuesto de gastos fiscales sirve para algo tal
y como se hace --cosa que personalmente dudo--, como la pérdida
recaudatoria como consecuencia de incentivos en las sociedades no va a
ascender a esa previsión de 200.000 millones ni mucho menos --y esto ha
sido reconocido ya por altos cargos de Hacienda--, ahí tendríamos otros
200.000 millones más de margen. Por tanto, tranquilícese, señor Senador,
que sí que se puede conseguir esa reducción.
Lo que no ha explicado él es que este año nos estamos beneficiando de un
calendario muy especial en la reducción de la carga de intereses. No nos
ha explicado que el año que viene --a no ser que se diera una
circunstancia extraordinaria, como que los tipos de interés en Alemania y
en Estados Unidos se redujesen de forma significativa, que no parece que
vaya a ser así-- en España no podrán reducirse tipos de interés, y como
le estamos echando 4 billones más de déficit, y, por tanto, de deuda, a
los presupuestos de 1996, sabrá el señor Senador que en el año 1996 habrá
que presupuestar del orden de medio billón de pesetas más de intereses.
Este año no ha sido necesario por la reducción del calendario de
intereses que hubo en el pasado debido a que se corrigió un error de
política económica que se venía cometiendo desde hacía bastantes años,
como era mantener el tipo de cambio de la peseta muy alto, por lo que
cuando en Europa nos devaluaron la peseta --ni siquiera fue una decisión
consciente de política económica, sino que sencillamente nos
devaluaron--, en ese momento es cuando los tipos de interés pudieron
empezar a bajar por una política monetaria más relajada.
Consecuentemente, y voy al asunto que nos interesa, si se hicieran
previsiones plurianuales de gastos presupuestarios tendríamos que el año
1995 es excepcional, porque la carga de intereses no refleja lo que va a
ser la carga de intereses en el año 1996, ¿y sabe usted a cuánto
ascienden esos 300.000 ó 400.000 millones de intereses que nos hemos
ahorrado este año? Pues precisamente a la reducción de déficit público
incluida en los presupuestos. Es decir, toda la contención de déficit
público se opera vía aumento de presión fiscal --y no me gustaría tener
que repetirle, como ya le dije al Secretario de Estado de Hacienda, que,
por lo que se ve, ustedes no saben leer el libro amarillo, el libro que
acompaña a los Presupuestos, porque ahí bien claro está que aumenta la
presión fiscal para el conjunto de Administraciones públicas en 0,7
puntos de PIB, bien claro viene-- y, por otro lado, en un calendario
beneficioso de tipos de interés.
Dado que ambas circunstancias, es decir, los aumentos adicionales de
presión fiscal en 1996 serán muy difíciles y por otro lado también el
calendario de intereses de deuda no va a ser tan favorable, tendríamos
que el esfuerzo a realizar en 1996 --y este era el argumento que yo
señalaba esta mañana cuando abordábamos la enmienda de totalidad,
argumento que se reproduce también cuando hablamos de ingresos públicos--
sería un esfuerzo extraordinario como consecuencia de que en 1995 no se
ha producido esfuerzo alguno de contención del déficit público si
descontamos el efecto de carga de intereses.
Por tanto, no es verdad que los costes recaudatorios para 1995 que
solicitamos en nuestras propuestas sean de un billón de pesetas. Por otra
parte, si quien ha hecho las cuentas es la misma persona que ha estimado
en 200.000 millones de pesetas el gasto fiscal consecuencia de
amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades, sería conveniente que el
Ministerio de Economía y Hacienda prescindiese de los servicios de esta
persona o de este equipo.
Así pues, no se incurre en esta reducción de recaudación y, desde luego,
la reducción del déficit público es posible, a resultas de lo que ocurra
en el sector de empresa pública y del dinero que haya que inyectar este
año, con lo que la reducción en gasto corriente puede seguir progresando
ya que las Administraciones públicas requieren todavía reformas
importantes que mejoren su eficiencia.
Por tanto, nuestra enmienda de totalidad, nuestro veto a este Título VI
se referiría precisamente a que consideramos que el aumento de tipos
impositivos en el Impuesto sobre el Valor Añadido es especialmente
desafortunado en un ejercicio como el de 1995, que va a presentar
tensiones inflacionistas significativas que no van a poder ser corregidas
y, además, por inacción en una serie de impuestos como el IRPF, el
Impuesto sobre Sociedades, el relanzamiento de la economía productiva,
etcétera, donde echamos en falta medidas algo más enérgicas, algo más
completas para promover la recuperación de la economía española, medidas
que no van a ser aprovechadas en estos presupuestos para 1995.
Y paso a describir muy sucintamente las principales enmiendas de mi Grupo
a este Título. Voy a referirme tan sólo a las que en este momento nos
parecen más importantes.
En primer lugar, en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, consideramos que las tarifas de este impuesto tienen que
retornar a lo que fueron en 1991. Recuerden sus señorías que en aquel
momento se elaboró un Libro Blanco sobre la reforma del Impuesto sobre la
Renta, que se escribió mucho sobre la necesidad de no crear desincentivos
y también a propósito de que los tipos impositivos marginales del IRPF
tenían un límite que no debía ser rebasado, etcétera. Pues bien, dentro
de todo ese debate que tuvo lugar y que se olvidó inmediatamente porque
hubo que atender necesidades recaudatorias para cubrir desviaciones de
gasto público concretamente en 1992, creemos que se puede retornar a esa
tarifa sin coste fiscal significativo ajustándola --me refiero a la
tarifa de ese año 1992-- a la evolución de la inflación prevista para
1994. Nos encontraríamos en una situación peor de la prevista en 1991,
pero significativamente mejor que la prevista en las tarifas en el
proyecto de ley de presupuestos para 1995.
En segundo lugar, en cuanto a la fiscalidad de inmuebles, se trata de un
punto especialmente espinoso ya que estamos asistiendo a lo que puede ser
un nuevo «catastrazo». Se están aumentando los valores catastrales.
Además, en esta ocasión se ha recurrido a separar, es decir, a no unir;
esto se está haciendo parcialmente en ciertas localidades para evitar el
impacto que supondría una revisión
catastral completa. Según los datos que nos van llegando, esa revisión
catastral empieza a ser alarmante por cuanto puede suponer un promedio en
aumentos de valor de hasta el 70 por ciento. Esto va a suponer aumentos
importantes en la fiscalidad municipal, en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles así como también en los impuestos que gravan la transmisión de
estos inmuebles vía incremento valor de terrenos, pero en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas se pretende corregir mediante un
instrumento bastante burdo: a los inmuebles que hayan sido objeto de
valoración catastral en 1994 se les reduce su imputación en renta del 2
por ciento al 1,3 por ciento del valor catastral. Se ignora que el valor
a efectos de renta no es precisamente el catastral --puede ser cualquier
otro--, y es que a partir de 1988 el valor de los inmuebles a efectos de
renta y de patrimonio es el precio de compra, precio de transmisión o el
valor catastral del más alto de ellos. Por tanto, podría darse el caso de
que inmuebles no revisados catastralmente pero que una vez que han sido
valorados en renta y patrimonio por precios de adquisición pueden ser
tres o cuatro veces superiores al valor catastral, inmuebles que, por
tanto, hay que declarar por valores muy superiores al valor catastral
--incluso al valor catastral revisado--, decía que a estos inmuebles se
les aplicaría el 2 por ciento de imputación en renta mientras que a los
que hayan sido objeto de revisión catastral, que queda muy por debajo del
valor de adquisición de esos inmuebles en los últimos años, se les
aplicaría un coeficiente del 1,3 que, aunque no es satisfactorio, al
menos es algo más reducido.
Por ello, quisiera llamar la atención de todos los grupos para que se
introdujera una corrección a este respecto. Nosotros la proponemos
concretamente en nuestra enmienda número 854, en la que se dice que ese
1,3 se aplicará no sólo a los inmuebles que hayan sido objeto de revisión
catastral, sino también a aquellos otros inmuebles cuyo valor declarado a
efectos del Impuesto sobre el Patrimonio --por tanto, también imputable a
renta-- exceda del doble del valor catastral. Es decir, que a ésos
también habrá que aplicarles ese coeficiente reducido, bien es verdad que
nosotros pensamos que la tributación por inmuebles debería de ir
desapareciendo progresivamente, es decir, la imputación en el Impuesto
sobre la Renta de inmuebles que no generan renta, que no son objeto de
alquiler o de cualquier otro tipo de tráfico mercantil. Por ello, nuestra
enmienda principal se referiría a que la reducción de la imputación
supusiera sólo el 1 por ciento.
Dentro también del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
creemos que habría que evitar la doble imposición de forma total y no
parcial, como se hace en las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista y por Convergència i Unió. Esto ya ha sido incorporado al
informe de la Ponencia. Para evitar la doble imposición en su totalidad
habría que considerar un porcentaje de deducción en cuota de los
dividendos brutos percibidos del 53 por ciento y no del 40 por ciento. Si
hacen las cuentas podrán ver que es el 53 por ciento y no el 40 por
ciento el que permite la eliminación de la doble imposición, lo cual, por
otro lado, redundará en beneficio de la capitalización de las propias
empresas, ya que no tendrán problema en distribución de beneficios.
Además, posteriormente, esos beneficios y otros ingresos de los
particulares revertirían al mercado de capitales para capitalizar las
empresas.
En tercer lugar, tenemos presentada una enmienda importante, que ya hemos
reproducido otros años, relativa a las pequeñas y medianas empresas,
concretamente a las que tributan por estimación objetiva, por entender
que a estas pequeñas y medianas empresas no se les debe negar la
aplicación de los incentivos que tienen las que llevan contabilidad, que
son precisamente los incentivos de inversión empresarial previstos en el
Impuesto sobre Sociedades.
Tal y como está previsto en este proyecto de ley, y dado lo que se está
aplicando actualmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, resulta que por tratarse de una empresa pequeña, por estar en
estimación objetiva --en la mayoría de los casos, de forma obligatoria--,
además de eso, no se pueden beneficiar estas pequeñas explotaciones de
los incentivos a la inversión. Nosotros entendemos que el que no exista
contabilidad no tiene que constituir un impedimento para que se apliquen
estos incentivos. Creemos que se deberían establecer reglamentariamente
los mecanismos para controlar la veracidad de las deducciones
practicadas.
Otras dos cuestiones importantes referidas al Impuesto sobre la Renta son
las siguientes. Primera, las deducciones familiares aplicables, bien en
base, bien en cuota, en el IRPF, dependiendo de que la renta de los
sujetos supere o no los cuatro millones de pesetas. Nosotros entendemos
que con esto mejoramos la fiscalidad de la familia y asimismo la técnica
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si
contemplamos lo que se hace en otros países veremos que en casi ninguno
existen deducciones en cuota por hijos ya que eso conlleva además muchos
problemas para la determinación de los mínimos exentos reales del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las circunstancias
familiares se aplican, pues, mediante reducciones en base imponible. Como
eso tendría un coste recaudatorio, hemos preferido limitarlo a los
estratos de renta más bajos, hasta cuatro millones, eso sí, manifestando
nuestra intención de ir avanzando en dos o tres años más hasta que todas
las deducciones de naturaleza familiar se apliquen en la base imponible
del Impuesto sobre la Renta, que es donde tienen que ir en términos
comparativos u homogéneos respecto de lo que se hace en el resto del
mundo.
En cuanto a las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta --sobre
todo las retenciones al trabajo, a las rentas salariales--, en nuestra
enmienda proponemos que se determinen reglamentariamente teniendo en
cuenta las tarifas del Impuesto y otras circunstancias, de tal forma que
no nos encontremos con que a casi el 70 por ciento de los contribuyentes
de renta les toca la lotería cada año, es decir, que se les tiene que
devolver en el Impuesto sobre la Renta o, lo que es lo mismo, se les han
retenido ingresos fiscales en exceso. Con esto, se le da la vuelta a la
naturaleza de este Impuesto, ya que se paga lo que no se debe pagar,
posteriormente la Hacienda pública tiene que devolver los excesos, y eso
no ocurre con una minoría de contribuyentes,
sino que resulta para todos. En consecuencia, nos encontramos en una
ficción permanente que tendría que corregirse mediante unas tablas de
retenciones más reducidas que, a su vez, en 1995 permitirían impulsar
algo más el consumo privado de las familias --esto sí que es un verdadero
incentivo a la demanda interna-- y nos alejaríamos de la ficción de pagos
en excesos, que hay que devolver posteriormente.
Con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, incluimos tres enmiendas que podrían ser
polémicas, pero que consideramos importantes. Las dos primeras, al
Impuesto sobre el Patrimonio, se refieren a la elevación del mínimo
exento de la obligación de declarar a 25 millones de pesetas de
patrimonio neto. Si observamos la tarifa del Impuesto sobre el
Patrimonio, esto supondría que en la mayor parte de los casos no se
perdería prácticamente ninguna recaudación fiscal, puesto que a estos
niveles los tipos impositivos son mínimos. En segundo lugar, se
conseguiría que la mayor parte de los declarantes actuales de este
Impuesto no incurriesen en los costes formales de presentación de
declaración para pagar cuotas nulas o muy reducidas. Y en tercer lugar,
se conseguiría fomentar la posesión de inmuebles, puesto que hasta esos
niveles de patrimonio --25 millones-- en realidad los únicos
contribuyentes que encontramos son los propietarios de su vivienda
familiar. En consecuencia, no tiene sentido hacer tributar a los sujetos
pasivos a partir de tan solo 17 millones. Además, en ese tramo, con una
diferencia de pocos millones de pesetas, se concentran más del 40 por
ciento de los contribuyentes, que no pagan nada. Por tanto, habría que
dejar fuera a estos contribuyentes, declarando la exención hasta la
cantidad de 25 millones de pesetas.
La segunda enmienda al Impuesto sobre el Patrimonio trata de establecer
un límite máximo a la fiscalidad conjunta renta-patrimonio que
consistiría en el 60 por ciento de la base imponible del IRPF. Bien
sabemos que desde una perspectiva que podríamos llamar --entre comillas--
justiciera, justiciable, o como se quiera denominar, establecer el 70 por
ciento, o incluso el 80, el 90, o el 95 por ciento es más progresivo que
fijar sólo el 60 por ciento. Podríamos discutir largo y tendido sobre
cuestiones morales o de justicia, pero es cierto que muy pocos
contribuyentes se encuentran en el 60 por ciento --y, por supuesto, menos
aún en el 70 por ciento--, que no se consigue prácticamente ninguna
recaudación al establecer este límite y seguramente evitaríamos el
trasvase de patrimonios y, sobre todo, las residencias fuera de nuestro
territorio, como está ocurriendo en el mundo artístico, cultural,
deportivo y empresarial, con graves consecuencias sobre la actividad
económica en el interior del país y, sobre todo, con graves consecuencias
sobre la imagen que estos exiliados por motivos fiscales pueden crear
fuera de nuestro país.
Por tanto, aplicando el sentido común, bajemos el límite al 60 por ciento
--y ya es bastante someter a gravamen el 60 por ciento de las bases
imponibles en renta--, porque ni la recaudación que se dejaría de
obtener, ni desde luego los objetivos de equidad que se podrían alcanzar
justifican la deslocalización a que da lugar una regla que permite tipos
confiscatorios de tributación conjunta renta-patrimonio.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones proponemos la supresión del
patrimonio preexistente, invento de la época del anterior Ministro de
Economía y Hacienda, inédito en el mundo occidental, que no tiene más
sentido que penalizar o exaltar algunos de los vicios hispanos más
importantes, como podría ser la envidia, o algún otro. Por tanto, dejemos
el patrimonio preexistente y que cada uno tribute por la operación
correspondiente; quien obtenga 100 millones que tribute por esa cantidad
y quien obtenga 500, que lo haga por esa cifra, con independencia del
patrimonio que previamente haya acumulado.
En el Impuesto sobre Sociedades proponemos mejorar algunos incentivos a
la inversión empresarial precisamente por lo que señalábamos con
anterioridad. Si creemos que 1995 es el año de la consolidación de la
recuperación, es precisamente la inversión privada, la inversión interna,
la que debe ser fomentada y, en consecuencia, ése es el año en que deben
aplicarse estos incentivos. Incluso podríamos llegar a un acuerdo en el
sentido de establecer un calendario a dos años de incentivos fiscales a
la inversión en el Impuesto sobre Sociedades y después hacerlos
desaparecer, pero realmente su aplicación en 1995 y posiblemente en 1996
tiene un sentido macroeconómico.
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se propone --ya lo hemos
comentado-- volver a la situación que actualmente tenemos en los tipos
impositivos del IVA y, por tanto, reducir en un punto los que se proponen
en el proyecto de ley de presupuestos. Creo que no merece la pena
insistir sobre los potenciales efectos inflacionistas de aumentar ahora
un 1 por ciento la carga fiscal sobre todos los bienes de consumo,
atendiendo a los efectos que eso tendría sobre la demanda interna y la
traslación a precios --casi automática-- de este incremento fiscal. En
consecuencia, no es éste el momento y debería abandonarse la ampliación
de los tipos impositivos.
Por otro lado, tenemos enmiendas más parciales, en sectores concretos
como la fiscalidad del vino, la fiscalidad del transporte aéreo, que un
año más sigue sometido a una excepcionalidad en su tributación, los
servicios públicos de transporte terrestre, la tributación del agua y sus
distintas operaciones de potabilización, distribución, etcétera. En todos
estos casos proponemos que se pase al tipo del IVA reducido, y cuando
además concurren circunstancias de insularidad, concretamente, en el
transporte aéreo y marítimo de pasajeros, sus equipajes y mercancías, que
se reduzca al 3 por ciento, es decir, al tipo superreducido.
Por último, en cuanto a los impuestos especiales, por las mismas razones
que hemos dado en el caso del IVA no creemos que este año deba aumentarse
la fiscalidad de carburantes. Bien es verdad que todavía estamos algo por
debajo de la Unión Europea, pero también es cierto que no tenemos un
calendario ni ningún compromiso acerca de que tenga que aumentar en 1995
la fiscalidad sobre carburantes. Ya que la tarifa eléctrica en España es
sustancialmente más cara que la del promedio comunitario, dejemos al
menos que los carburantes sean algo más baratos, precisamente para
contrarrestar costes fundamentalmente empresariales.
Por tanto, proponemos que no se amplíe la fiscalidad sobre carburantes en
los impuestos especiales.
En cuanto a los impuestos de matriculación, en este caso tenemos la
experiencia muy concreta de que aplicando un incentivo se matriculan más
automóviles y al final se recauda más de lo que se preveía. Proponemos,
pues, que se empiecen a reducir los tipos sobre el impuesto de
matriculación --que no existe en ningún otro país europeo y, en
consecuencia, hay que ir abandonando-- en un 30 por ciento,
aproximadamente.
Por último, permítanme que haga una breve referencia a cinco enmiendas a
disposiciones adicionales, que tienen una naturaleza estrictamente
fiscal. Con las enmiendas 909 y la 910 proponemos que la recaudación
asignada a otros fines de interés social se atribuya en unos determinados
porcentajes a dos funciones que entendemos que deberían promoverse desde
los presupuestos generales del Estado. A este respecto, quisiera recordar
a sus señorías que el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió
han coincidido --qué casualidad-- y nos han presentado una relación de
varios centenares de monumentos, de inmuebles de todo tipo del patrimonio
histórico-artístico, que han de ser protegidos fiscalmente. Creemos que
tienen la misma urgencia para el año 1995, pero también habría que abrir
un capítulo para las pensiones alimenticias, es decir, para pagar
pensiones que no son abonadas por los cónyuges obligados a ello, en el
caso de padres separados, y para el fondo de ayudas a víctimas de delitos
violentos. En ambos casos proponemos una asignación específica, un
porcentaje específico de ese fondo de otros fines de interés social, sin
aumento de la carga fiscal, que resulta del porcentaje que está previsto
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, bien para ayudas a
la iglesia católica, bien para este tipo de fines de interés social.
Por otro lado, hay dos cuestiones importantes que nos gustaría que fuesen
aceptadas porque creemos que mejorarían el sistema fiscal y que no se
deben demorar para el próximo ejercicio: que el Ministerio de Economía y
Hacienda realizase dos informes razonados y detallados sobre la
valoración que se hace de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre el
Patrimonio. Bien sabemos nosotros que el presupuesto de gastos fiscales
viene exigido por la Constitución y, además, se ha incluido una enmienda
en ese sentido que se ha incorporado en ponencia, pero no es eso lo que
nosotros pedimos. Lo que pedimos es que se haga una valoración de los
beneficios fiscales existentes, que se aplique un análisis
coste-beneficio o coste-eficacia o cualquier medida objetiva de
valoración de esos beneficios fiscales para suprimir aquellos que no sean
necesarios.
Consecuentemente, este informe podría ahorrar gastos fiscales, por tanto,
podría aumentar recaudación para el próximo ejercicio. Esto tendría que
hacerse ya y no esperar a un presupuesto formal de gastos fiscales en el
año 1996, como han interpretado tanto el Grupo Parlamentario Socialista
como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
que debería tratarse en ese proyecto de ley.
Por último, también pedimos un informe sobre el sistema tributario local,
especialmente referido al Impuesto sobre Actividades Económicas. Nosotros
estamos muy insatisfechos con ese impuesto, yo creo que nadie puede estar
satisfecho con un impuesto que es decimonónico en su concepción, que está
totalmente alejado de los beneficios reales que puedan obtener las
empresas y los empresarios particulares. Habría que dar una vuelta a esta
figura impositiva y tratar de vincularla a beneficios reales, y si está
vinculada a beneficios reales tendría que ser deducible de los impuestos
que gravan los beneficios reales, los impuestos personales: el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades. En
definitiva, creemos que ha llegado el momento de revisar el sistema
tributario local y eso tendría que exigirse al Gobierno a través de una
disposición adicional en este proyecto de ley de presupuestos.
Por lo demás, estamos básicamente de acuerdo con las enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
estamos bastante de acuerdo con las que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, algunas de ellas las
consideramos muy poco significativas, y las apoyaremos. Esperemos que no
nos retiren ninguna a última hora, como ya ocurrió en la reforma del
Impuesto sobre el Valor Añadido, concretamente con una que ahora vamos a
tratar, y supongo que a votar, y esperemos que resulte votada por mayoría
e incorporada al dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
A continuación, pasamos al turno en contra.
¿Qué portavoz va a hacer uso de la palabra?
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, si me permite, consumo un
turno a favor de la única enmienda que queda viva de nuestro Grupo a este
Título y trataría de compartir el turno en contra con el Senador Garcías.
El señor PRESIDENTE: Lo único que desearía es que el uso del tiempo no
fuera en función del patrimonio temporal consumido por el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, sino en función del tiempo que tiene
asignado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, tenga usted esa seguridad.
Para ganar tiempo voy a dar por defendida en sus justos términos la
enmienda número 2.435, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Paso a dar una contestación a las enmiendas que tiene vivas a este Título
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para
que mi compañero conteste a las de los otros grupos parlamentarios.
Respecto a las enmiendas números 2.518, 2.519 y 2.520, tengo que decir
que en el trámite de elaboración de estos presupuestos ya se han
realizado notables mejoras en la situación tanto de los padres que tienen
que dejar en custodia a sus hijos menores por la extensión de los
beneficios
de las familias numerosas, en este caso, como en el caso de las viviendas
por alquiler, significando que la deducción por alquileres pasa a ser una
deducción aplicable a personas que hagan la declaración de la renta
individual y que tengan rentas inferiores a 3.500.000, antes eran
3.000.000, y en el caso de declaraciones conjuntas a 5.000.000, antes
eran 4.500.000, habiéndose incrementado, incluso, la capacidad de la
deducción de 75.000 a 100.000 pesetas.
Teniendo en cuenta, además, que estas mejoras se añaden a la importante
mejora efectuada en las familias numerosas, que se superponen a las
mejoras operadas a las familias con mayor número de hijos en la Ley de
Arrendamientos Urbanos y que la mayor parte de las personas que viven en
pisos de alquiler suelen ser matrimonios jóvenes con pocos hijos a cargo,
nos parece que algunas de estas enmiendas, cuya finalidad social
evidentemente compartimos, podría tener, incluso, efectos perversos, en
el sentido de perjudicar a las familias con menores hijos a cargo.
Por lo tanto, compartiendo el fondo de la cuestión y estando dispuestos a
considerar este tipo de cuestiones en otro momento, pensamos que sería
mejor no aprobar estas enmiendas.
En cuanto a las enmiendas que hacen referencia a la rúbrica del Impuesto
sobre Actividades Económicas, nuestro criterio es desfavorable --a no ser
que se nos aporten algunos argumentos que, sin duda, existen en el fondo
de la cuestión sobre su terno literal-- por entender que podrían
introducir situaciones de agravio comparativo sobre la situación
actualmente existente y las actividades económicas reguladas por el
Impuesto. (El señor Vicepresidente, Cambra i Sánchez, ocupa la
Presidencia.)
En cuanto a la enmienda número 2.527, que hace referencia a los vehículos
adquiridos por minusválidos titulares, a nuestro juicio es una enmienda
que tiene todo el sentido del mundo, el único problema es que la
Directiva comunitaria, la tan traída y llevada 6.ª Directiva comunitaria
77/388, permite que existan tipos reducidos del Impuesto sobre el Valor
Añadido para los vehículos que transporten minusválidos si son servicios
públicos, pero no hace esta consideración para los vehículos propiedad de
particulares y que tengan ese uso particular, por lo cual mucho nos
tememos que, de ser aceptada la enmienda, pudiéramos incurrir en una
infracción de la Directiva comunitaria que ocasionara perjuicios al
Estado español que tuviera que soportar, además de la pérdida de ingresos
por la deducción, un importe similar por el acta de infracción y por el
recargo que, lógicamente, se impondría al Estado español por haber
aprobado una figura fiscal no contemplada en la Directiva.
Tal es el problema que también nos sucede con las flores y plantas vivas.
Nosotros hemos manifestado --lo han hecho portavoces socialistas en las
Comisiones de Agricultura tanto del Congreso de los Diputados como del
Senado-- nuestro criterio favorable a que las plantas ornamentales y las
flores tengan un tipo de IVA reducido. El problema es que la Directiva
comunitaria sólo considera este tipo de IVA reducido para aquellos
productos agropecuarios destinados al consumo de las personas o al
consumo de los animales. Evidentemente, las plantas ornamentales no
podrían entrar en ninguna de estas dos categorías, y mucho nos tememos
que, de realizar esta modificación normativa, volveríamos a incurrir en
una infracción de las directivas comunitarias actualmente en vigor,
además, con el problema añadido de que los países que de manera
transitoria mantienen tipos de IVA reducidos durante un período
transitorio de tiempo para este tipo de productos, van a ver culminado
este período transitorio precisamente el 31 de diciembre de 1994; es
decir, a partir del 1.º de enero de 1995 van a tributar al tipo de IVA
normal en cada país.
Esto nos hace pensar que, a no ser que de aquí al Pleno se nos aporte
algún argumento más de peso, sería francamente difícil para nosotros
poder apoyar esta enmienda, aunque en el fondo no dejamos de estar de
acuerdo con esta cuestión, hasta tal punto que nuestro Grupo está
dispuesto a firmar con los portavoces de los grupos parlamentarios que
así lo soliciten una iniciativa parlamentaria tendente a pedir al
Gobierno español que solicite la modificación de la Directiva comunitaria
que en estos momentos, a nuestro juicio, nos impide atender a esta
propuesta que nos plantea el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
Por último, señor Presidente., voy a hacer una simple reflexión general
al portavoz del Grupo Popular, señor Utrera, cuando se ha referido con
una cierta ironía a que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y
el Grupo Parlamentario Socialista han coincidido, por casualidad, en
algunas enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado. La
coincidencia ha sido por todo, menos por casualidad. Ha sido una
coincidencia absolutamente buscada, pensada, fruto de reflexiones comunes
de ambos Grupos que en este sentido han presentado las enmiendas que han
considerado convenientes para mejorar estos Presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Gracias, señoría. (El señor
Garcías Coll pide la palabra.)
El Senador Garcías Coll tiene la palabra.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Suponía que tenía la palabra para consumir un turno en contra de las
enmiendas, ya que el interviniente anterior sólo se ha referido a una
parte de las enmiendas de Convergència i Unió.
Hay que ser breve, y yo voy a intentarlo, aunque me será muy difícil, no
por patrimonializar el tiempo, sino por intentar dar una contestación a
las interpelaciones tan amplias que ha planteado el Grupo Popular.
En primer lugar, quiero decir que si antes estaba de acuerdo en respaldar
en nuestro proyecto las normas tributarias, después de haber oído al
Senador Utrera me reafirmo más en mi intención inicial. Yo creo que si un
presupuesto tiene que ser objetivo en normas tributarias, como puede ser
cumplir el déficit público propuesto por el propio Gobierno, o el
relanzamiento de la actividad económica, o la actividad productiva, las
enmiendas presentadas por el Grupo Popular a lo que nos llevarían sería a
un marasmo
de normas tributarias que crearían un déficit público mucho mayor. Aunque
el Senador Utrera diga que no hay un aumento fiscal, yo le diría que
todas las enmiendas que el Grupo Popular tiene planteadas, ya sea en
concepto de deducciones en el IRPF, IAE o IVA, van a la disminución de
ingresos. Yo no sé si la cantidad de un billón es la real o no, pero le
voy a dar dos datos: con respecto al IVA la disminución de tipos que
ustedes plantean significa 230.000 millones de pesetas; la recaudación de
tipos en el IRPF significa 162.000 millones de pesetas. Sólo esas dos
cantidades significan 393.000 millones de pesetas, es decir, una
reducción de ingresos de 400.000 millones de pesetas. Si aquí no hay
reducción fiscal, que venga Dios y lo vea, porque yo verdaderamente no
entiendo cómo pueden cuadrar sus números y decir que no hay reducción
fiscal.
Por otra parte, si usted prevé que habrá unos 300.000 millones de pesetas
más de ingresos por IVA, creo que tendría que congratularse ya que
serviría para minorar el déficit, que es la política que ustedes tanto
defienden. Les preocupa mucho el déficit pero cuando lo plantean
seriamente en enmiendas no se ve reflejada: existe una disminución de
ingresos, por tanto un aumento de déficit. No voy a hablar respecto a la
política de gastos que ya ha sido tratada por otros portavoces del Grupo
Socialista.
Creo que su propuesta de normas tributarias significa un aumento de
déficit y no significa un relanzamiento de la actividad productiva. Sin
poder dar en estos momentos reducción por reducción o incentivo por
incentivo, creo que se acerca bastante al billón de pesetas, que es su
cifra de disminución de ingresos a través de estas políticas en las
normas tributarias.
Ahora, muy rápida y someramente, voy a dar contestación a las enmiendas
artículo por artículo. Si me olvido de alguna, lo haré en una
intervención posterior porque no es ésa mi intención.
Respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario Popular, que
pretenden volver al tipo de gravamen del año 1991, creo que ya he
contestado en la enmienda a la totalidad, y he dicho que significarían
una reducción de ingresos de unos 162.000 millones de pesetas por lo que
sería difícil que pudiera ser soportado por estos Presupuestos. Por otra
parte, creemos que con la deflactación del 3,5 por ciento no hay ningún
aumento de presión fiscal ni de presión tributaria.
En el artículo 60 el Grupo Popular plantea una enmienda que significa una
reducción de ingresos y, al mismo tiempo, genera un problema a la hora de
calcular los rendimientos de determinados bienes inmuebles, porque
plantea que tanto los que hayan sufrido la revisión catastral como los
que no, graven al 1 por ciento; esto significa, como antes he dicho, una
reducción de ingresos.
Al artículo 61 el Partido Popular presenta una enmienda que pretende un
gasto deducible para la capacitación profesional. Nosotros creemos que la
capacitación profesional, a la que hacemos referencia a través de las
sociedades anónimas, sale beneficiada, y en cuanto a lo que plantea el
Grupo Popular en lo referente a libros, supondría una cantidad tan
importante que difícilmente los presupuestos la podrían sufragar.
En cuanto a las demás deducciones que plantea a nivel del IRPF, yo haría
dos referencias importantes. Por una parte, sustituir el sistema de
deducción en la base imponible en vez de en la cuota. El Grupo Socialista
considera que este sistema es mucho más regresivo y además supondría una
minoración de ingresos por parte de la Hacienda Pública. Por otra parte,
la doble imposición que plantean a este mismo artículo el Grupo Popular y
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Nosotros creemos que este
problema se ha resuelto en el proyecto de ley a través de enmiendas del
Grupo Socialista y de Convergència i Unió, evitando que se pueda dar esta
doble imposición a través del Impuesto de Sociedades y no en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el artículo 63, tanto la enmienda planteada por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos como por el Grupo Popular pretenden variar la escala
conjunta de tipos, es decir, otra vez disminución de ingresos. Por tanto,
no podemos aceptar esta enmienda.
El artículo 66 creo que va en línea de lo que plantea el Grupo Popular,
aunque él quiera hacer creer a la ciudadanía que su política fiscal no es
una política que pueda beneficiar a unos determinados niveles de renta.
La verdad es que disminuir el mínimo exento en la renta del Patrimonio de
17 a 25 millones supondría un desconocimiento de la situación patrimonial
de los ciudadanos por parte de la Hacienda Pública. Por tanto, creemos
que es mucho mejor que se dé más claridad fiscal de cara a la Hacienda
Pública y de cara a todos los ciudadanos.
Otra enmienda que mantienen en el artículo 66 va en la misma línea.
Nosotros creemos que el máximo del 70 por ciento es mucho más progresivo,
como decía el Senador Utrera, y no creemos que el 60 por ciento evitara
los cambios de residencia por motivos fiscales. Creemos que el 70 por
ciento refleja mucho mejor el carácter progresivo que tiene que tener
todo un sistema fiscal.
En cuanto al artículo 71, que hace referencia a los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, las enmiendas van en la misma línea que he
expresado anteriormente. El Grupo Popular cree que nosotros pretendemos
exaltar los vicios hispanos. Yo creo que no. Nosotros lo que pretendemos
es que lo que un ciudadano tenga que pagar a la Hacienda Pública vaya en
relación con sus ingresos, con su patrimonio, con su montante. A nosotros
nos parece conveniente que si un señor, por sucesiones, ve incrementado
de una manera muy considerable su patrimonio, también se tenga en cuenta
el patrimonio preexistente. Esta es una enmienda que ya se discutió en la
Ley sobre Sucesiones y Donaciones y en la cual el Grupo Popular reincide
en cada Presupuesto. Tenemos filosofías totalmente diferentes sobre éste
en este impuesto.
En relación con las enmiendas al artículo 73, que presenta el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, nosotros creemos que el pago a cuenta
planteado al final de cada ejercicio con una subida de un 30 por ciento
del pago de esta cuota perjudicaría a la Hacienda Pública y que el
sistema actual no perjudica ni genera ningún perjuicio a las
empresas privadas, sino que ellas pueden establecer ya correctamente el
sistema de pagos.
La enmienda número 2.333, también del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, pretende modificar el porcentaje, estableciendo el
8 por ciento para las entidades que colaboren en el caso de la Ley de
Fundaciones. Nosotros consideramos que la Ley de Fundaciones se ha
aprobado hace dos días y que el 10 por ciento establecido es el adecuado.
La enmienda número 2.334, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, es consecuencia de la 2.332 y, por lo tanto, se
contesta con la misma respuesta dada a esta última.
En el artículo 74, que hace referencia a deducciones por inversión,
creación de empleo y gastos de formación en todo lo que son impuestos
sobre sociedades, consideramos que las enmiendas planteadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos son también de mayor
deducción para gastos de formación. Por ejemplo, aumentar del 5 al 10 por
ciento, es un acto de buena voluntad, pero nos parece que el 5 por ciento
es una partida adecuada para estos casos.
La enmienda número 2.336, propone una deducción por creación de empleo.
El Grupo Parlamentario Socialista, ya desde los pasados Presupuestos,
comprobó que el mejor sistema para incentivar la creación de empleo no
viene dado por deducciones en la declaración del Impuesto sobre
Sociedades, sino que viene dado por subvenciones, que son mucho más
rápidas y pueden beneficiar mucho más a la actividad de esta empresa. Por
lo tanto, en este caso, la política adecuada para incentivar la creación
de empleo sería la de subvencionar los puestos de trabajo, y no a través
de deducciones sino a través de primas que se dan a las empresas.
Todo el conjunto de enmiendas que ha presentado a este artículo el Grupo
Parlamentario Popular significa lo mismo: aumento de deducción y otra vez
más gasto fiscal; y aunque éste no he podido cuantificarlo, no podemos
aceptar dichas enmiendas.
Sobre las enmiendas planteadas al artículo 76, referente al Impuesto
sobre Actividades Económicas, debo decir que las del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos no pueden ser aceptadas ya que se
plantea reestructurar todo tipo impositivo. Nosotros creemos que el
actual es el adecuado y, por lo tanto, no se aceptaría.
Tampoco admitiríamos la enmienda número 2.338, que es la de las
superficies de locales destinados a centros de enseñanza, nosotros
pensamos que deben estar incluidos y no debe ser el 50 por ciento.
Sobre el conjunto de enmiendas presentadas al artículo 78, relativo al
Impuesto sobre el Valor Añadido, diré, en primer lugar, que no estamos de
acuerdo, como ya se ha expresado en la enmienda de totalidad, en mantener
el tipo impositivo. Mantener los tipos impositivos actuales significaría
una reducción de ingresos de 230.000 millones de pesetas, que irían a
incrementar el déficit. Por lo tanto, nos parece que los tipos 4, 7 y 16
por ciento son los correctos.
Hay unas enmiendas presentadas a este artículo por el Grupo Parlamentario
Popular que, además, son curiosas, porque después de haberse planteado en
los Presupuestos Generales del Estado enmiendas como la del IVA reducido
para el transporte marítimo de pasajeros, ahora cuando se ha conseguido
el 7 por ciento, resulta que el Grupo Parlamentario Popular plantea el
superreducido, es decir, el del 4 por ciento. Yo creo que si se
consiguiese el del 4 por ciento, en los próximos Presupuestos propondrían
el del 1 por ciento, con lo cual estaríamos planteando una escala sin
ninguna razón.
Hay otras enmiendas que tratan cuestiones de aguas o de potabilización.
Quiero recordarles que me parece que esto puede seguir estudiándose si
quieren, pero también les propondría que, en los gobiernos en los cuales
el Grupo Parlamentario Popular tiene autoridad, porque gobierna,
predicase con el ejemplo, redujera sus cánones, y no aplicara un canon de
agua excesivo, y así podríamos intentar estar de acuerdo y llegar a
políticas que fuesen comunes tanto donde uno gobierna como donde uno está
en la oposición. Mientras no suceda eso, lo único que puedo entender es
que son cantos de sirena, o cantos que se hacen para intentar vender
estos asuntos en cada una de las Comunidades Autónomas, pero nada más.
Siguiendo con lo relativo al IVA, diré que el Grupo Parlamentario de
Senadores nacionalistas Vascos presenta la enmienda número 2.342 de IVA
superreducido para las viviendas. Nosotros consideramos que el 7 por
ciento del IVA superreducido, tal y como está en la ley, es correcto.
La enmienda número 2.343, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, se refiere a los centros de enseñanza, y va en la
misma línea. No es posible aceptar esta enmienda dado que va en contra de
la 6.ª Directiva.
El Grupo Parlamentario Popular sigue planteando aquí todo un conjunto de
enmiendas sobre el vino que suponen una disminución de ingresos, pero que
no van compensados, donde gobiernan, con una disminución en sus propios
tributos.
En cuanto al artículo 82, referente al impuesto sobre hidrocarburos, el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos plantea la cuestión
del queroseno. Creemos que son adecuados los términos en los que se
expresa y el impuesto que existe en la ley.
El Grupo Parlamentario Popular pide una disminución que, de nuevo, va en
la misma línea, es decir, en la de reducir siempre los ingresos pero no
acumular déficit.
Al artículo 84, referente al Impuesto Especial sobre matriculaciones, hay
presentadas varias enmiendas. La del Grupo Parlamentario Popular pretende
reducir, yo diría que de una manera importante, el Impuesto de
matriculación. Hay que decir que ya se ha reducido en el proyecto, ya que
el año pasado estaba en un 13 por ciento y ha bajado a un 12.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, yo diría que estudiaremos con mucho gusto,
como ha dicho el portavoz --con ojos agrandados-- la propuesta que hace
de los dos puntos y pasar del 12 al 10 por ciento.
Puede que quede alguna enmienda que no haya sido contestada, pero creo
que he intentado dar contestación a todas de la forma más rápida posible.
Deseo añadir que nosotros consideramos que con estas normas tributarias,
con estos impuestos, conseguiremos los objetivos propuestos, es decir,
cumplir con un déficit global planteado en estos Presupuestos y relanzar
la actividad económica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Gracias, Senador Garcías
Coll.
Damos inicio al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
En principio, debemos agradecer el tono que ha utilizado el portavoz
socialista. Sin embargo, no coincidimos en absoluto con las opiniones que
ha vertido sobre la cuestión, puesto que quizá sean distintas las
filosofías que tenemos, pero nosotros pensamos que esta coyuntura
económica favorable debía aprovecharse más, arriesgarse de forma que se
tuviese una mayor incidencia en las empresas, que son las que realmente
crean y fomentan empleo. No hay ninguna otra idea. Nos gustaría que esto
no se hiciese a costa de aumentar el déficit, pero sí convendría hacer un
esfuerzo mayor que el que realmente ejerce la política fiscal socialista.
En este sentido, estamos de acuerdo con aquellas enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular con las que coincidimos, enmiendas que votaremos
favorablemente sin ninguna duda.
Por otra parte, tenemos clarísimo el tema del queroseno. El Secretario
General de Hacienda dijo en su día que lo iba a estudiar puesto que es
algo que aunque no afecta a mucha gente es bastante extraño que un
material pase de tener cero impuestos en algún momento determinado y que
ahora esté en 22 y pico pesetas, cuando en el butano existe solamente un
uno y pico y ambos se utilizan para los mismos fines.
Le agradezco la contestación que ha dado a las enmiendas, pero es una
pena que no nos admitan alguna más. En nuestra Comunidad hemos tenido
nuestras propias experiencias y hemos visto que nos cuenta que funcione
la productividad empresarial, incluso dando ayudas a las empresas, sobre
todo porque hay una especie de incertidumbre y de falta de decisión para
invertir. Creemos que no solamente se debe fomentar la parte del consumo,
sino que a medio y largo plazo es mejor fomentar la inversión o el ahorro
y no el consumo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de nada quiero agradecer el esfuerzo tremendo de síntesis que ha
intentado hacer el Senador Garcías Coll. Me doy por contestado con la
respuesta que ha dado el Senador Granado a las dos enmiendas que se han
formulado sobre cuestiones agrarias, la de plantas y flores y la de la
prestación de servicios de las cooperativas agrarias a sus socios, y que
ha sido la de que todos vayamos a las instancias pertinentes del Gobierno
del Estado para que ante quien corresponda se pida que se modifique esa
traba europea, porque son sectores bastante importantes de determinadas
zonas del Estado español. Me doy por contestado y le digo que tiene usted
el apoyo y la firma de mi Grupo sin lugar a dudas.
En cuanto al impuesto de matriculación, el Senador Garcías Coll sabe que
existe con Canarias un diferencial de dos puntos, pero, en fin, como esto
queda para el Pleno, perfecto.
Hay otro tema bastante sustancial en nuestra tierra como es el de los
arrendamientos financieros, lo que se denomina «leasing». Ya estuvimos
negociando esto con el Ministerio de Economía en la Ley de Modificación
de los Aspectos Económicos del REF. Casi casi se llegó a introducir
porque es un sistema de financiación de inversiones importantes en
Canarias donde no existe una pequeña o mediana empresa, pues es pequeña
toda, aunque se las llame PYME. Quisiera escucharle algún tipo de
razonamiento sobre ello.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra y Sánchez): Gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
El Portavoz socialista, señor Granado, con la mejor intención
naturalmente, me ha chafado la réplica que había preparado para el
Senador Utrera. Así y todo quiero ratificarme en lo mismo. No es que sea
fruto de la casualidad la lista de monumentos, tal como irónicamente ha
apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senador Utrera,
sino que nos hemos puesto, evidentemente, de acuerdo.
Para que vea que esto es así en esta y en algunas otras cosas y en mor de
la convivencia y de la buena vecindad, por ahora, con gesto parecido
retiramos las enmiendas 2.517, 2.518, 2.519 y 2.520 y dejamos vivas las
enmiendas 2.524, 2.525, 2.527 y 2.528, aunque pueda ser que las
interpretaciones de las directivas comunitarias sean buenas en nuestras
leyes, entonces las directivas son las inadecuadas tanto las referidas a
los vehículos de los minusválidos, como a las de las flores y plantas
ornamentales.
Nada más y muchas gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Tiene la palabra, Senador
Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias.
¿Podía repetirme cuáles han retirado?
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Senador Marca, ¿puede repetir
las enmiendas que se retiran?
El señor MARCA I CAÑELLAS: Sí, la 2.517, 2.518, 2.519 y 2.520. Quedan la
2.524, 2.525, 2.527 y 2.528.
El señor VICEPRESIDENTE (Cambra i Sánchez): Gracias, Senador Marca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
A título de anécdota vamos a empezar por lo último, por responder al
señor Marca. Ya sabía yo que no era casualidad, pero sí me sorprende que
ustedes retiren la enmienda de base que sustenta el Anexo donde se
incluye toda la propuesta de monumentos que van a ser objeto de
incentivos fiscales especiales. Observen en el informe de la Ponencia que
retiran la enmienda que en el articulado del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas remite al Anexo XI, que es precisamente en el que se
regulan los monumentos. Por tanto, si ha habido coordinación, al final,
esa coordinación se ha deslavazado un poco. Pero esto es un simple
comentario.
Cada grupo parlamentario pacta y redacta las enmiendas como desea hacerlo
y a mí me parece bien que lo hayan hecho de mutuo acuerdo, siempre que
sean enmiendas, claro está, en las cuales estemos de acuerdo. Una de
ellas es esta de los monumentos. Pero bien es verdad que esta enmienda
desaira parcialmente al que entonces fue portavoz en la Ley de
Fundaciones, cuando ésta se aprobó, que precisamente es también portavoz
de esta misma Comisión, señor Granado, cuando decía que serían
circunstancias excepcionales de gravedad, cuestiones que no pudieran
esperar o que requirieran intervenciones inmediatas, aquellas que se
beneficiarían de los beneficios fiscales especiales previstos en la Ley
de Fundaciones.
Nos encontramos con que en este Anexo se ha incluido todo lo incluible y,
posiblemente, si sugiriéramos algo más podríamos llegar al acuerdo de que
se incluyeran cuestiones protegibles, especialmente la Ley de
Fundaciones. Por tanto, volvemos a nuestra argumentación original de que
tendría que haberse puesto una relación tasada del tipo de intervenciones
que deberían ser objeto de estos incentivos específicos más elevados. En
caso contrario, pasa lo que va a pasar este año, que todos estamos de
acuerdo en que se protejan determinados bienes del patrimonio, pero a ver
si para el año que viene, y dejamos sobre la mesa la propuesta para que
tomen buena nota el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de
Convergència i Unió, retiran ustedes alguno más, porque se entiende que
esto es coyuntural dado que va en la Ley de Presupuestos, retiran parte
de lo que se apruebe este año y entonces ya hablaríamos de cómo se pueden
confeccionar estas relaciones que suponen excepciones a la aplicación de
leyes, en este caso la Ley de Fundaciones.
Voy a referirme ahora a la réplica que de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular ha hecho hace unos minutos el portavoz
socialista. La verdad es que su intervención nos ha sorprendido, por las
razones que ahora apuntaremos, negativamente, primero, por
desconocimiento de la materia, segundo, por aplicar un razonamiento
tautológico de una simplicidad tal que ciertamente no se corresponde con
los elementos económicos y, tercero, por hacer una demagogia fácil,
simple y peligrosa respecto de las propuestas que realizan los otros
grupos parlamentarios. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Voy a tratar de justificar cada una de estas tres afirmaciones. A
diferencia de lo que ha hecho el portavoz socialista, que ha hablado de
que estamos organizando un marasmo fiscal o de que el Grupo Parlamentario
Popular con sus enmiendas puede organizar un marasmo fiscal sin
justificarlo más, nosotros sí vamos a dar una explicación cumplida de
donde entendemos que se encuentran las debilidades del razonamiento que
se nos ha hecho aquí esta tarde.
En primer lugar, se habla de que la pérdida recaudatoria del IVA puede
llegar a 230.000 millones y la del IRPF a 162.000 millones.Yo preguntaría
al Senador socialista sobre qué se calculan esas pérdidas: ¿sobre
recaudaciones del año 1994?; ¿sobre recaudaciones potencialmente
alcanzables en el año 1995, pensando que la economía va a crecer casi el
3 por ciento, que el empleo va a crecer en 200.000 nuevos efectivos y
que, consecuentemente, habrá más cotizantes y, posiblemente, por bases
imponibles más altas, toda vez que se produzcan revisiones en las rentas
que perciben esos contribuyentes? ¿O se calcula sobre una base estática
del año 1994? Porque dependiendo de la explicación, nos daríamos cuenta
de la calidad de esa estimación. Y lo mismo ocurre con el Impuesto sobre
el Valor Añadido. ¿Sobre qué estamos estimando? ¿Sobre una estructura de
consumo del año 1994, o incluso de años anteriores?
Es lo cierto --y nosotros así pensamos y así lo hemos documentado y
justificado-- que, de acuerdo con el cuadro macroeconómico del Gobierno,
que espero que el Senador socialista conozca, se incluyen determinadas
previsiones de crecimiento de importaciones; de consumo interno, que se
suministra con producción interna y con importaciones; de creación de
empleos; de evolución de rentas, etcétera, y de todas esas estimaciones
resultan incoherentes las previsiones recaudatorias, porque parece como
si la economía creciera pero esas rentas no van a ningún sitio, ni
siquiera a consumo. Eso es lo que resulta de las previsiones
recaudatorias que incluyen los Presupuestos Generales del Estado.
Si se aprueba, como yo creo y como ya está incorporado al Informe de la
Ponencia, si no me equivoco, la enmienda al artículo 11 según la cual
todas las desviaciones y todos los excesos de recaudación --aunque no sé
cómo se va a instrumentar esta medida y tampoco esta mañana se me ha
explicado por el portavoz socialista-- se van a aplicar a reducción de
déficit público, entonces sí que nos congratularemos, a diferencia de lo
que ha señalado antes el portavoz socialista en materias fiscales de que
se pueda reducir el déficit público. Pero desde luego estamos seguros
de que ése va a ser el efecto, por el lado de los ingresos, porque
aumenta la presión fiscal. Ahora bien, de lo que no estamos seguros es de
que los gastos públicos se contengan al nivel previsto en los
Presupuestos, y en esa medida el esfuerzo de reducción del déficit
público, que es bajo sobre el papel de los Presupuestos, posiblemente sea
menor sobre la realidad de su ejecución. Pero también nos congratularemos
si esa reducción es mayor de la que prevé el proyecto de Presupuestos.
En segundo lugar, le he dicho que razona tautológicamente. Mire usted, es
que esto ni son peras ni son manzanas, es decir, no estamos hablando de
un porcentaje fijo sobre un cesto de unidades físicas del tipo que sea;
nosotros estamos hablando de una economía en la que existen incentivos y
desincentivos, en la que existen reacciones y expectativas de los agentes
económicos. Fíjese hasta qué punto las expectativas son importantes que
hace poco el Presidente del Gobierno, el señor Felipe González, nos
recordaba que las expectativas lo eran todo en materia económica. Y a
esas expectativas no les favorece en absoluto que el tipo impositivo
marginal en España sea el más alto de la OCDE en estos momento, que no se
corresponde ni con la calidad de nuestra Administración tributaria ni,
desde luego, con las rentas que se obtienen en nuestra economía en
general.
Este es un país en el que muy pocos individuos declaran rentas muy altas,
por lo menos muy pocos identificados por la Administración tributaria --y
quiero recordarles que llevan ustedes doce años controlando y dirigiendo
la Administración tributaria--, que hay muy pocos ricos, en el sentido de
renta y en el sentido de patrimonio, y que, por tanto, una reforma de la
tarifa del Impuesto sobre la Renta en el sentido que nosotros hemos
propuesto no implica costes fiscales significativos.
Me habla de 162.000 millones, y yo doy por buena esa estimación, pero
seguramente no está teniendo en cuenta la recuperación que del Impuesto
sobre la Renta se va a producir como consecuencia del aumento de salarios
y del número de asalariados. ¿O es que tampoco se creen sus estimaciones
de aumento de empleo o las propuestas de que los salarios van a crecer al
3 por ciento? ¿En qué estamos? Aquí hay incoherencias.
En tercer lugar, hablaba usted de que hacíamos el canto del cisne con
algunas enmiendas, y yo pienso que usted sí ha cantado, no sé si para
hacer gracia o por desconocimiento de la materia. Por ejemplo, me ha
preocupado mucho cuando ha señalado que para evitar la doble imposición
de beneficios han decidido actuar en el Impuesto sobre Sociedades, y no
en el Impuesto sobre la Renta, como proponemos nosotros en nuestra
enmienda. Me preocupa mucho y me pregunto si eso invalida su enmienda de
que la deducción por doble imposición en el IRPF es sólo del 40 por
ciento, en lugar del 53 por ciento, o si sencillamente en ese momento no
sabía de lo que hablaba. Por tanto, le pido que nos aclare dónde se
aplica la deducción por doble imposición, si en el Impuesto sobre la
Renta o en el Impuesto sobre Sociedades. Ya hemos señalado cada uno el
porcentaje que pensamos que debería aplicarse para evitar la doble
imposición, pero me ha dejado sorprendido y, sobre todo, preocupado.
Habla también de progresividad y la considera como un valor absoluto, es
decir que un 70 por ciento de tributación conjunta renta-patrimonio
siempre es mejor que el 60 por ciento, teniendo en cuenta la
progresividad, y yo le diría que no, y no porque nosotros seamos
contrarios a la progresividad, sino porque depende del mundo en que
vivamos. En determinadas estructuras sociales, ciertos tipos impositivos
pueden aplicarse y otros no, por progresivos que sean. Le recuerdo que en
los años cincuenta o sesenta, más bien en los sesenta, la tarifa española
del Impuesto sobre la Renta era también de las más altas del mundo. Se
produjo una auténtica inflación de tipos impositivos, que llegaban al 80
por ciento, y eso no se lo creía nadie porque nadie declaraba y nadie
tributaba, es decir, lo que había era una inflación de tipos impositivos,
una progresividad formal y aparente, pero no real. Y permítame que no le
cuente casos concretos, pero está ocurriendo exactamente lo mismo con el
70 por ciento de tributación conjunta en renta y patrimonio. No tiene
usted nada más que ver cómo las residencias de determinadas personas,
conocidas por todos, se están distanciando de la residencia española, y
este porcentaje tiene mucho que ver con ello. Y no hablo sólo de
residencia de personas, que al fin y al cabo cada uno es muy libre de
elegir dónde reside, sino también de sociedades, de «holdings» y de
personas vinculadas a sociedades «holding», que se llevan tras de sí
actividades productivas importantes. Por tanto, no consideremos la
progresividad o los valores de justicia o de equidad, etcétera, como un
valor absoluto, sobre todo cuando estamos hablando de economía.
Por último, haga el favor de documentarse cuando hable de cosas tan
concretas como, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido al
transporte aéreo y marítimo. Que al transporte aéreo y marítimo se le
aplique el tipo reducido del 6 por ciento y, según ustedes, para el año
próximo del 7 por ciento va de suyo, es decir, es precisamente una
disposición transitoria en el Impuesto sobre el Valor Añadido la que está
impidiendo que se aplique el tipo que en toda Europa se está aplicando al
transporte aéreo y marítimo de viajeros y su mercancía, porque el tipo
natural de esas operaciones es precisamente el reducido.
Lo que nosotros hemos señalado, pero venimos diciéndolo desde hace más de
un año, es que en los territorios insulares ese tipo reducido no es
suficiente, dados los costes de insularidad, y que, consecuentemente,
sólo en esos casos habría que aplicar el tipo superreducido. Eso
mantuvimos el año pasado en el proyecto de Presupuestos, eso mantuvimos
hace unos meses en las enmiendas al proyecto de ley de reforma del
Impuesto sobre el Valor Añadido y eso mantenemos ahora, y no venga usted
diciendo que nosotros lo decimos ahora, una vez que se ha conseguido, no
sé por quién, el tipo reducido para transporte marítimo y aéreo para las
islas Baleares, que es el que la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
prevé para todas las operaciones de transporte nacional marítimo y aéreo,
porque ese no es nuestro estilo ni nuestra forma de negociar. Nosotros
propusimos esto hace ya más de un año, propusimos también
el tipo reducido, que se rechazó por el Grupo Parlamentario Socialista,
y, una vez que ese tipo reducido se aplica en Baleares, no es que
nosotros propongamos el superreducido, sino que ya lo veníamos
proponiendo porque creemos realmente que allí tiene que aplicarse
precisamente el tipo superreducido para corregir o para minorar de alguna
manera los costes de insularidad. En definitiva, quedamos muy
insatisfechos con su intervención --eso es lo de menos-- pero más
insatisfacción nos produce el hecho de que hayan decidido no incorporar
ninguna de nuestras enmiendas. Piense que hay algunas --por lo menos
algunas-- que creemos que son bastante razonables y que evitarían
problemas importantes el año próximo de inflación, de desincentivos,
etcétera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero aclarar al Senador Utrera algo que él no ha entendido
y me temo que adolece de alguna falta de documentación cuando hace
ciertas valoraciones de algunos temas.
Se trata de la Disposición Adicional introducida por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergência i Unió y el nuevo anexo --el XI-- a la Ley de Presupuestos
sobre beneficios fiscales del artículo 67 de la Ley de Fundaciones.
Los monumentos que vienen reflejados en dicho anexo son fruto de un
acuerdo entre el Ministerio de Cultura y todas las Comunidades Autónomas.
Pertenecen a tres categorías perfectamente concretas. La primera la
constituyen los bienes singulares declarados Patrimonio de la Humanidad.
No sé si el Senador Utrera piensa que se pueda suprimir alguno, como por
ejemplo el Acueducto de Segovia --estoy pensando en el Presidente-- o, en
mi caso, la Catedral de Burgos. En cualquier caso son declaraciones de la
Unesco; están todos los bienes singulares declarados por la Unesco; ni
uno más ni uno menos. En la segunda parte del anexo están todas las
catedrales españolas; no falta ninguna. A lo mejor el Senador Utrera
puede excluir o incluir alguna nueva. En la tercera parte del anexo está
propuesto un monumento --para esta desgravación fiscal especial-- por
cada una de las Comunidades Autónomas. En ese sentido al Senador Utrera
le puede parecer muy larga esta enumeración, pero es el acuerdo al que
han llegado todas las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Cultura
y yo estoy seguro de que él también se siente representado por la
Comunidad de Castilla-La Mancha, como yo por la de Castilla y León y no
tenemos nada que objetar a los acuerdos de nuestras Comunidades Autónomas
con el Ministerio de Cultura.
En todo caso, transmitiré sus palabras a mis convecinos burgaleses para
que sepan el aprecio que tiene usted --por lo menos, eso reflejan sus
palabras-- a algunos monumentos históricos.
Le cedo la palabra al Senador Garcías Coll.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garcías Coll.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero iniciar mi intervención contestando al señor
Barbuzano. Con las prisas me había quedado pendiente la enmienda número
709, que establecía unas diferencias para los rendimientos de capital
inmobiliario que quedasen exentos, cuando su titular fuera una Comunidad
Autónoma, el Estado o la corporación local. Nosotros creemos que no es
posible en ese caso establecer diferencias en el régimen de retenciones.
Por tanto, esta enmienda no será aceptada.
La enmienda número 687 la miraremos con ojos agrandados.
Paso ya directamente a contestar al portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Quiero agradecerle su intervención y
decirle que no es posible introducir ninguna de sus enmiendas, ya que
muchas de ellas van dirigidas a reducir ingresos públicos y otras, que
pueden ser novedosas para su Comunidad, como el pago a cuenta en el caso
del Impuesto de Sociedades, creemos que el sistema establecido da muchas
más garantías y es mejor el sistema de recaudación para el propio Estado.
Al Senador Utrera tengo que decirle que si su intervención, a raíz de mi
contestación, ha sido de insatisfacción o negativa, la mía tiene los
mismos calificativos. Además creo que utiliza su conocimiento --pongo en
duda que tenga conocimiento sobre la materia-- desde una posición muy
heterodoxa, no en el sentido de que su compañero el señor Alierta sea un
ortodoxo en la materia, sino heterodoxa en sentido más demagógico; es
decir, en los términos en los cuales le conviene utilizar cada una de las
expresiones. Creo que ése no es el camino por el cual podamos plantearnos
discutir sobre las enmiendas. Yo creo que en sus enmiendas, aparte de sus
evaluaciones económicas, aparte de las que se hacen --y que son
correctas-- en el libro amarillo de los Presupuestos Generales del
Estado, que se tienen en cuenta y se han considerado a la hora de evaluar
su reducción de ingresos, usted no puede estar en todo momento poniendo
en duda los datos que usted mismo aporta. Ha planteado en un momento
determinado que el IVA tendría un incremento de 300.000 millones de
pesetas y no ha pensado que si existiesen tendrían que dirigirse --según
su teoría, que la compartimos-- a reducir déficit, sino que creo que
también lo planteaba de forma demagógica para utilizarla en contra del
portavoz socialista que había intervenido al hablar del anterior Título.
Por tanto, usted hace uso de las palabras donde y como le conviene. Una
autoridad como es el Secretario de Estado de Hacienda manifestó aquí en
el Senado que su reducción de ingresos significaba un billón de pesetas.
Esa autoridad que tiene el Secretario de Estado viene refrendada por los
datos económicos que ustedes plantean. Es decir, ustedes plantean
una disminución de ingresos en el IRPF de 162.000 millones de pesetas y
en el IVA de 320.000 millones de pesetas, teniendo en cuenta la evolución
económica y que la economía mejore.
Lo que le puedo decir es que en tema del IVA, en el tema de la
insularidad no sé si usted cree que está actuando correctamente. Pero lo
que sí le puedo asegurar es que los sectores económicos de las islas
Baleares han planteado en todo momento un IVA reducido al 7 por ciento;
en ningún momento un IVA superreducido como ustedes pretenden. En los
Presupuestos Generales del Estado del año pasado ustedes planteaban
--puedo estar equivocado-- un IVA reducido al 7 por ciento.
Para terminar, quiero decirle que yo creo que su señoría tiene difícil
defender el que pueda existir un presupuesto alternativo que signifique
en normas tributarias el que haya unos ingresos que puedan sufragar unos
gastos que plantea el propio Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, el
único argumento que le queda y que esgrime es descalificar los datos que
ha aportado este portavoz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Utrera Mora pide
la palabra.)
Senador Utrera, tiene la palabra durante un minuto.
El señor UTRERA MORA: Sólo quiero contestar a dos cuestiones.
En primer lugar, quiero decir al portavoz señor Granado que cuando
señalaba que esto estaba pactado con Comunidades Autónomas, eso no me
extraña y que además ése es el procedimiento correcto de hacerlo.
Nosotros ya anticipábamos que desde Cultura se estaba vendiendo la piel
del oso antes de cazarlo. Es decir, no estaba aprobada todavía la Ley de
Incentivos Fiscales para estas actividades cuando un alto cargo ya estaba
ofreciendo bonificaciones en el IRPF superiores a las previstas en esta
ley, es decir, acogerse a esa excepcionalidad.
Estamos de acuerdo con que se incluyan los tres grupos de monumentos que
figuran en ese anexo, lo que ocurre es que no deja de ser una torpeza
presupuestaria y una torpeza en el trámite del proyecto de ley de
fundaciones. Nosotros decíamos que entonces se realizara un exhaustivo
análisis de cuáles serían aquellas actividades que deberían de recibir
esos incentivos mayores y que, además, también se estableciera un
mecanismo para que presupuestariamente se pudiera modificar la Ley.
Entonces, hubiéramos tenido mayor certeza de lo que estamos hablando y
vuelvo a plantear la misma cuestión: ¿qué pasará el año que viene? ¿Se
negociará de otra manera, se retirará el apoyo? Yo pienso que debe ser
permanente a muchas de las obras incluidas en el Anexo XI. Pero por su
propia naturaleza, la Ley de Presupuestos es temporal, es coyuntural.
Todos los años habrá que repetir la misma relación de incentivos. Será
difícil sacar alguno. Será difícil incluir otros. En definitiva, nos
hemos metido en un forcejeo coyuntural, en un debate coyuntural, lo que
debería haber tenido una naturaleza de mayor permanencia. Ese es el
sentido de nuestra crítica.
En segundo lugar, replicando al portavoz socialista que ha actuado en
materias fiscales, no he entendido la mayor parte de su intervención y no
ha contestado a las dos cuestiones que le planteaba. Además, ha hablado
de un presupuesto alternativo. Nosotros nunca hemos aspirado a presentar
un presupuesto alternativo. Nosotros tenemos enmiendas, por un lado, de
veto, de devolución del presupuesto existente y, por otro, presentamos
nuestras enmiendas para tratar de configurar algunos aspectos del
proyecto que nos ha remitido el Gobierno tal y como ha salido del
Congreso de los Diputados. Eso no es un presupuesto alternativo. Nosotros
haríamos el presupuesto de otra manera y vendría acompañado de otro tipo
de reformas previas o complementarias a la propia Ley de Presupuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
A continuación, pasamos a debatir el Título VII, artículos 86 a 104 y
secciones 32, Entes territoriales, y 33, Fondo de Compensación
Interterritorial.
Quiero advertir a sus señorías que la Presidencia va a colaborar a partir
de estos momentos en lo que es la utilización de los tiempos
recordándoselo a sus señorías.
En primer lugar, enmienda número 1.875, del Senador Alierta Izuel.
Para su defensa, tiene la palabra por un tiempo de un minuto.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Es ésta una vieja enmienda que vengo presentando tradicionalmente a los
presupuestos. Hace referencia a la normalización lingüística en Aragón.
Como sus señorías saben, en mi región hay bastantes municipios, la franja
oriental para nosotros, que hablan catalán. Lo llaman fregatí, literano,
chapurreado, tiene muchos apelativos, pero pertenece a la familia
lingüística del catalán.
En la parte norte de Aragón, en las viejas montañas, quedan residuos del
viejo hablar, la fabla que llamamos nosotros.
Pues bien, este Senador viene pidiendo desde hace bastantes presupuestos
la cantidad de 300 millones de apoyo para la normalización lingüística en
Aragón. Debo decir, señor Presidente, que esta enmienda trae causa de
otras, concretamente para la Comunidad Autónoma de Cataluña que apareció
durante varios presupuestos y que luego desapareció porque esta partida
ha sido incluida en el porcentaje de participación. Y si bien es evidente
que la población lingüística que tiene un hablar propio en Cataluña
alcanza una cifra muy superior a la que alcanza en mi región, que
desgraciadamente está despoblada, no es menos cierto que esta población
aragonesa que tiene a bien hablar catalán o fabla también necesita
protección y que se la ayude en su desarrollo cultural. En consecuencia,
por las mismas razones que se apoya a otras personas, a otras
circunstancias,
a otras Comunidades en sus aspiraciones legítimas, también lo tienen lo
aragoneses.
Pongo esta enmienda encima de la mesa. Muchas veces se critica al Partido
Popular de actuaciones con respecto a la lengua. Yo debo decir
personalmente, señor Presidente, que este Senador ha presentado durante
muchos ejercicios esta enmienda y que la ha visto rechazada. Vengo aquí a
tratar de potenciar el hablar propio de comunidades aragonesas que hablan
catalán o fabla, para que se les ayude en su normalización. A veces no
entiendo cómo se nos critica en estos temas, cuando nosotros no somos los
que rechazamos esta enmienda y esta propuesta.
Señor Presidente, yo pediría que se hicieran menos consideraciones
negativas respecto a nuestra actitud y que se apoyara de una forma más
fehaciente, con hechos, con palabras y con pesetas estas aspiraciones
para la normalización lingüística en Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.
Enmiendas números 669 y 670, del Senador Armas Rodríguez, que tiene la
palabra por un tiempo de dos minutos.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos presentado una enmienda de modificación al artículo 93.2). El texto
que se propone es el siguiente: «Para el apoyo y fomento del servicio del
transporte público regular de viajeros integrado de carácter insular, en
los términos del artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, se fija
inicialmente en 2.500 millones de pesetas el crédito destinado a
subvencionar a las instituciones o entidades y empresas públicas canarias
que, de acuerdo con la ley, gestionen o planifiquen en cada una de las
islas del archipiélago canario aquel servicio. Las subvenciones están
condicionadas a financiar la prestación de este servicio, en los términos
que se fijen por la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Comunidad Autónoma de Canarias propondrá al Ministerio de Economía y
Hacienda, que decidirá definitivamente la distribución entre islas del
referido crédito, así como los criterios para dentro de cada isla
proceder al reparto entre los diferentes operadores del servicio.»
Este texto es «para dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que reconoce al
transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público
esencial, teniendo en cuenta que en Canarias no existen otros sistemas
alternativos de transporte de este tipo».
La siguiente enmienda al artículo 88.4 es también de modificación y el
texto que se propone es el siguiente: «Los municipios de las islas
Canarias participarán en los tributos del Estado en los mismos
porcentajes y condiciones que los municipios peninsulares de régimen
común.
La propuesta de equiparar los municipios canarios con los peninsulares en
la participación en los tributos del Estado no sólo ha partido de las
islas, sino que la propia Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) también ha considerado oportuno que la misma se lleve a efecto.
Sobre todo teniendo en cuenta, además, que se ha llevado a cabo una
reducción progresiva de los impuestos canarios tras las obligaciones
impuestas desde la Unión Europea.»
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 2.091, de los Senadores Colsa Bueno, Hernández Calvo y
Lanzarote Sastre.
Tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor LANZAROTE SASTRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Se trata de una enmienda de modificación a la Sección 32, Programa 912 C,
concepto 464, compensación a municipios con centrales hidroeléctricas
porque, en efecto, con cargo a los créditos de la sección y programa
antedicho se dota una partida de 1.500 millones de pesetas con el objeto
de atender las reivindicaciones de los municipios afectados por las
reducciones en las cuotas de tarifa de las licencias fiscales y del
Impuesto de Actividades Económicas, correspondientes a las centrales
hidroeléctricas y centrales térmicas relativas al período 1989-1994,
ambos inclusive.
Nuestra enmienda pretende aumentar dicha dotación de la cantidad
predeterminada, 1.500 millones, a 3.500 millones, al objeto,
precisamente, de aumentar la compensación para dar una compensación real
y efectiva a los municipios afectados que tienen en su seno centrales
hidroeléctricas o térmicas como consecuencia de paradas tecnológicas en
el período de años al que me acabo de referir. Paradas tecnológicas que
casi nunca se justifican por las empresas recurrentes y mucho menos se
controlan por parte de nadie y que suponen un evidente perjuicio en la
exacción de este tributo tan importante para algunos municipios de
nuestro entorno comunitario.
En definitiva, se trata, como digo, de aumentar esta dotación para
hacerla más real y efectiva a la necesidad que tienen nuestros municipios
de compensar estas pérdidas por el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 1.946, de la Senadora Luzardo Romano, que tiene la
palabra por un minuto.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda está relacionada con la que ha presentado el Senador don
Cándido Armas y es referente, en este caso, a la Empresa Municipal de
Guaguas. También se fundamenta en el artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6
de julio, de Modificación del Régimen Económico Fiscal, que postula una
clara diferenciación de Canarias dentro del apoyo general del Estado al
transporte público en razón de sus peculiaridades geográficas. Estamos
pidiendo una cantidad de 923 millones, que es exactamente la misma
cantidad que recibe, afortunadamente, otra empresa de Canarias, Ticsa, a
través del contrato que tiene con Renfe. En estos
momentos esta empresa está en situación de crisis y como sé que el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado ha presentado otra enmienda
por la que pide 2.500 millones de pesetas, yo retiraría ésta y quedaría
asumida en la que han presentado.
El señor PRESIDENTE: Senadora Luzardo, ¿la retira?
La señora LUZARDO ROMANO: Sí.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 2.286 y 2.287, del Senador Ortí Bordás y otros.
Tiene la palabra el Senador Tomey.
El señor TOMEY GOMEZ: Se defienden en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Las enmiendas 21 y 65, de veto a la Sección 33, del Senador Ramón i
Quiles, están dadas por defendidas.
Enmienda número 2.241, del Senador Ruiz-Gallardón Jiménez y otros.
El Senador TOMEY GOMEZ: Queda defendida en sus justos términos para que
pase a la votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 570, veto a la Sección 32, de la Senadora Vilallonga
Elviro y Senador Martínez Sevilla.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, asumo las enmiendas presentadas
por estos Senadores y las doy por defendidas en los términos en que se
han presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 575, 286 a 292 ambas inclusive, 571, 572, 573, 574 y
576, correspondientes igualmente a los mismos Senadores antes citados.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Igualmente las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Enmiendas números 691 a 708 ambas inclusive, 711 y 799 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano, por el tiempo de diez minutos.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Ya me he quitado
el reloj de la muñeca y lo he puesto aquí al lado para controlar el
tiempo, ya que usted me había hecho una advertencia muy oportuna.
(Risas.)
Señor Presidente, llegamos al meollo de la cuestión. Son veinte
enmiendas, y llegamos a uno de los tres meollos que tiene mi Grupo
Parlamentario con respecto a los Presupuestos Generales del Estado. Uno
es la participación de los ayuntamientos, fundamentalmente de los
ayuntamientos canarios, en los tributos del Estado, que es histórico,
incluso hay una Sentencia del Tribunal Supremo diciendo que deben ser
considerados igual que los municipios peninsulares. El otro meollo lo
veremos en el plan de empleo contemplado en la disposición adicional del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el tercero es una posición
personal que tiene este Senador que está en esta Cámara con la sectaria
Dirección General de Costas respecto a sus inversiones en Canarias, que
se verá posiblemente mañana en el debate de la Sección 17.
Estas veinte enmiendas, señor Presidente, se podrían subdividir en tres
grupos. Un grupo de ellas prácticamente las doy por defendidas y no les
voy a cansar con sus justificaciones, correspondiente a las enmiendas
números 691, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706 y
711, encaminadas fundamentalmente a una reclamación permanente de los
municipios rurales, de los municipios de pequeña población, con respecto
a su participación en los tributos del Estado. Todas estas enmiendas lo
único que hacen es variar en determinada forma los coeficientes que los
diferentes artículos del proyecto de ley contemplan, de tal forma que se
mejora la participación de estos municipios rurales y de pequeña
población en los tributos del Estado. Por ejemplo, donde dice el 5 por
ciento, rebajarlo al 4,5; se adicionan dos nuevos repartos, el 2,80
debido a su población, directamente proporcional, no inversamente
proporcional; se contempla la rebaja de los coeficientes en función de la
población, y esto en las dos partes del articulado de la ley, es decir,
en la liquidación de los tributos del pasado año y en la formación de su
nueva participación en los tributos para el próximo año. Este es un grupo
de enmiendas que, dada su filosofía, yo calculo que en el grupo
mayoritario y en el submayoritario, que son los que tienen que mirar con
especial interés este tema, lo habrán estudiado. Si no, tienen tiempo
hasta el día 19.
Otro grupo de enmiendas es fundamental, diría yo, y constituye uno de los
meollos. La enmienda número 697, al artículo 87, punto 4.º, donde dice
«los ayuntamientos canarios participan en el 36 por ciento», debe decir
«se establece en el 100 por ciento».
En la enmienda número 704 al artículo 88, punto 4, solicitamos que «Los
municipios de las Islas Canarias participarán en los Tributos del Estado
en los mismos porcentajes y condiciones que los municipios peninsulares
de régimen común.»
No existe, señor Presidente, fundamento jurídico de ningún tipo para
mantener desde el año 1982 una menor participación de los ayuntamientos
canarios en los tributos del Estado. Se nos ha venido permanentemente
contestando a esta reivindicación, por los sucesivos Gobiernos del
Estado, que debido a que teníamos un régimen económico y fiscal, nosotros
ya participábamos a través de los arbitrios y que, por lo tanto, el
coeficiente poblacional de la fórmula polinómica de reparto de los
tributos lo rebajaban al 36 por ciento. Esto es una falacia; falacia que,
por sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en su resolución número 2.736/91 así lo
reconoce.
La Constitución consagra que las inversiones tienen que ser solidarias en
todo el territorio nacional, porque entonces se plantea la disyuntiva de
¿para qué sirve el régimen económico especial? Es especial porque así lo
mandata el artículo 138.1 de la Constitución, pero si usted reparte una
tarta de capital formada con los impuestos de todos los españoles,
resulta que los municipios canarios tienen que recibir pesetas/persona
exactamente igual. Si tiene un régimen especial, como si tiene un IVA
diferenciado, etcétera, es debido a su insularidad, a su territorio
fraccionado, no tiene recursos naturales, es un territorio alejado a
1.800 kilómetros del territorio peninsular, etcétera. No existe razón
jurídica, y hay una apoyatura de una alta magistratura judicial del
Estado, como es la Audiencia Nacional, que lo reconoce. Estamos cansados
de decirlo, y una vez más lo repetimos: solicitamos seriamente, muy
seriamente, que los ayuntamientos canarios participen exactamente igual
que los municipios peninsulares en los tributos del Estado.
Me comprometería incluso en este trámite en Comisión, a retirar
absolutamente todas las enmiendas que este Grupo Parlamentario ha
presentado si esta enmienda o la que a continuación voy a comentar sobre
el transporte --otra piedra de toque fundamental del desarrollo de
Canarias-- fuese admitida; me comprometería a retirar absolutamente todas
las demás, con la importancia que las demás tienen, como veremos en el
trámite de Comisión.
Del mismo tenor es la enmienda número 705, de ayuda a diputaciones de
régimen común, cabildos y consejos que tienen aún a su cargo --a sus
costillas-- la asistencia sanitaria psiquiátrica. Se reflejan 54.000
millones, 56.000 millones, se van incrementando y les dicen a los
cabildos canarios que sólo participan en el 31 por ciento. Es una
discriminación seria. En Canarias, los hospitales psiquiátricos de
referencia están en las dos islas mayores y prestan todos los servicios
del resto de las islas. Díganme por qué un cabildo, que es una entidad
similar a una diputación provincial de régimen común, tiene que
participar en el 31 por ciento porque alguna orden de algún ministro por
ahí, sabio él, en 1981 dictó esa orden --que ahora la Audiencia Nacional
dice que ha cometido un error-- y que la cuantía de la reclamación desde
1981, cifrada y calculada por este Senador --puede que exista algún
error-- no va más allá de 8.500 millones de pesetas. Los ayuntamientos
canarios dicen que se los den de cualquier forma, tipo y lugar; si le
produce determinadas ronchas al Gobierno del Estado reconocer esa
sentencia, puede hacerlo a través de cualquier otra vía de inversión.
Por último, en cuanto a la subvención al transporte colectivo urbano,
tengo que agradecer a la Senadora Luzardo su confianza puesta en la
enmienda número 707, pues creo que nos va algo a todos en ello. Esta
enmienda es al artículo 93, de sustitución por un nuevo texto completo,
porque marca otra filosofía. El artículo 93 actual dice que los
municipios de más de 50.000 habitantes tienen 5.835 millones para
repartir.
¿Cómo? No hay fórmula. Existen aproximaciones en la Ley de Presupuestos
del pasado año, pero no existen fórmulas. No es lo mismo el transporte
urbano o interurbano en una isla de Canarias que en la provincia de
Valencia. Y que no se moleste Valencia; en la provincia de Murcia, o en
la de Soria, de mi amigo Cercós --Senador Cercós, perdón; no colega, sino
Senador-- (Risas.) No es lo mismo el transporte interurbano. ¿Cómo se
calcula allí? Se tiene que calcular peseta/kilómetro. ¿Y el urbano? El
urbano no. ¿Por la red, como dicen los Presupuestos Generales del Estado
del pasado año? No. ¿Es otra cosa? Estamos cansados de decirlo desde hace
400 años. Es otra cosa. Cuando se hable de ese Archipiélago respecto a la
sectorialización por islas de cualquier sistema, o condición, o situación
productiva es totalmente diferente. Y eso es de lo que va la enmienda. No
queremos quitar ni un duro, ni tampoco cambiar la filosofía del reparto a
los municipios de más de 50.000 habitantes, ni a los de más de 20.000 que
cumplan las condiciones específicas a) y b), pero sí queremos que se
singularice ese transporte con respecto a Canarias, porque el Gobierno en
Canarias está tratando de sectorizarlo a su vez por islas que es lo
correcto. Y no tiene los 2.500 millones de pesetas de déficit que decimos
en la enmienda. Ciframos esa cantidad, pero como si el Gobierno del
Estado o los grupos mayoritario y submayoritario quieren aprobar 500
millones de pesetas. Da lo mismo. Lo que nos es verdaderamente
fundamental es la subdivisión de ese artículo 93 y contemplar
insularizadamente una especificidad del Archipiélago. Eso es lo que nos
interesa, porque el déficit son 3.800 millones de pesetas para todo el
Archipiélago por transporte público, cuando no tenemos tren, ni AVE, ni
«AVO», ni «AVU», ni historias de ésas. Todos nuestros movimientos ni tan
quisiera son a golpe de calcetín, sino a golpe de kilolitro de gasoil. Y
no tenemos materias primas, tenemos que importar el crudo y destilarlo
allí para obtener el gasoil. (Un señor Senador: Igual que aquí.)
No sé qué más puedo decir al respecto. Creo que habrán estudiado la
enmienda, que conoce tan bien como yo hasta el Ministro para las
Administraciones Públicas, quizá mejor.
Respecto a las últimas enmiendas, insisto en mi compromiso como portavoz
de Coalición Canaria: retiraría absolutamente todas las enmiendas si se
aprobasen las de los municipios y el transporte en Canarias. Pero por si
esto no es posible, al menos pretendemos corregir una inconcreción que
tiene el actual artículo 93. 2), porque donde dice instituciones o
entidades públicas canarias, en Canarias no es así. Son instituciones o
entidades y empresas públicas canarias. Pero lo comprendo perfectamente,
quien redacta estas cosas, que tiene un despacho que mira al Paseo de la
Castellana, es difícil que entienda estos temas. Pero, en fin, ya
llevamos cinco años explicando esto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano. Esperemos que sus
deseos se vean cumplidos.
Enmienda 2.345, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Torrontegui, por
tiempo de un minuto.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una enmienda de modificación al artículo 103, de valoración de las
transferencias que se hacen a las Comunidades Autónomas. En concreto, por
lo que respecta al País Vasco, existen el Real Decreto 2339/1980, de 21
de septiembre, y un Decreto del Gobierno Vasco de 11 de noviembre de
1980. Se trata de que no se valoren en pesetas de 1990, sino que las
transferencias que se hagan el año que viene sean con pesetas del año
1995.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.
Enmiendas 2.579 y 2.580, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, dado que las números 2.577 y 2.578 ya han sido
incluidas en el informe de la Ponencia. Tiene la palabra el Senador
Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente, para defender esas dos enmiendas, ambas a la
Sección 32.
La primera de ellas, la número 2.579, pretende aumentar la dotación al
Ayuntamiento de Barcelona para el apoyo y fomento del transporte
colectivo según contrato-programa a suscribir con el Estado. El importe
solicitado es de 1.739 millones de pesetas.
La segunda enmienda, la número 2.580, tiene por objeto también aumentar
la dotación, en este caso a la Generalitat de Cataluña, para obras e
infraestructura del transporte metropolitano, por una cifra muy parecida,
ya que en este caso es de 1.800 millones de pesetas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 890 a
905, ambas inclusive, y las números 1.701, 1.702 y 1.703. Tiene la
palabra el Senador Tomey.
El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, voy a defender de manera conjunta las enmiendas de mi
Grupo al Título VII y a la Sección 32, donde plasma el Gobierno la
financiación para los entes territoriales. Estas enmiendas son de
supresión, de modificación o adición a los artículos del Título VII.
Asimismo, si lo tiene a bien su señoría, defendería también las enmiendas
a las disposiciones adicionales.
Hay tres enmiendas, las números 894, 895 y 1.703, que, con la venia de su
señoría, mi compañera, Senadora por Canarias, Josefa Luzardo, como son
relativas a dicha Comunidad, las defenderá.
Nos hubiera gustado no presentar enmienda a la totalidad de este Título
VII, tanto a su Capítulo I, referido a corporaciones locales, como al
Capítulo II, referido a Comunidades Autónomas, pero hemos visto que
después de toda la tramitación del Congreso de los Diputados, aunque el
Grupo Socialista estaba de acuerdo en muchos casos y le parecía que los
criterios del Grupo Popular en ciertas enmiendas eran adecuados, al
final, no se han visto reflejados en el texto que nos ha llegado al
Senado.
Comenzando por el Capítulo I, la financiación de las corporaciones
locales, tenemos que presentar una enmienda a la totalidad, ya que
estimamos que no se garantiza la autonomía ni la suficiencia financiera
de las mismas, que, como todos sabemos, es un principio constitucional. Y
no se soluciona este problema, año tras año, debido a que no se afronta
el tema principal, el de delimitar de forma precisa las competencias de
las Administraciones locales. El propio Senador por Coalición Canaria
hacía antes mención a la sanidad. Podemos hacer mención a muchísimas
competencias que tienen las corporaciones locales y que, al no estar
delimitadas las mismas ni por la Ley de Bases de régimen local, ni por
las Comunidades Autónomas al ser receptoras de ciertas competencias del
Estado Central, es verdad que obligan a las corporaciones locales a
realizar una serie de competencias que, lógicamente, les produce una
carga o un coste financiero enorme, sin tener la contraprestación
adecuada en los presupuestos, al tiempo que, además, faltan garantías en
los mismos para su autonomía financiera.
Es verdad que este año se ha llegado a un acuerdo, aunque sea con
retraso, con la Federación Española de Municipios y Provincias, el 1.º de
agosto de 1994, para el procedimiento de participación en los tributos
del Estado para el quinquenio 1994-99. Esperemos que en este quinquenio
que comenzamos el Gobierno cumpla el compromiso asumido, ya que en la
experiencia anterior, con el señor Solchaga al frente del Ministerio de
Economía y Hacienda, no se cumplió porque año tras año, vía ley
presupuestaria, se iba vulnerando, cambiando, modificando, la Ley de
Haciendas Locales, por lo que esa financiación no fue respetada. De ahí
que aún existan recursos pendientes en el Tribunal Constitucional por
distintos asuntos referidos a liquidaciones a las corporaciones locales
en años anteriores.
Urge, como piden mi Grupo y la Federación Española de Municipios y
Provincias, ese pacto local que venga a delimitar, como decía, las
competencias que deben tener las corporaciones locales, y también
determinar claramente los criterios de financiación para posibilitar el
ejercicio de esas competencias. Pero, además, existe un incumplimiento
claro del artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales de 1988, en cuanto
a que exenciones o beneficios fiscales que reconoce el Gobierno sobre
tributos locales sean compensados a las corporaciones locales. De 17
exenciones que ha practicado, sólo les han reconocido y compensado cuatro
a las corporaciones locales. Esto vulnera el principio de autonomía
financiera y, además, disminuye enormemente los ingresos de las
corporaciones locales. De ahí que tengamos que pedir la devolución de
este Capítulo I.
Y además, coincidiendo totalmente con las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, que en este acto
tengo que reconocer que por un error involuntario no han sido reflejadas
las mismas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el «Diario
de Sesiones» pero que las asumimos en su totalidad, creemos que los
coeficientes de reparto que figuran en los artículos 87.2 y 88.2 no son
buenos para infinidad de municipios, y digo infinidad porque de ocho mil
y pico municipios que hay en España, la mayoría son pequeños municipios,
municipios rurales. Estas enmiendas intentan igualar esos coeficientes de
reparto en un espacio de cinco años, empezando en éste por primera vez,
intentando que en las poblaciones menores, ayuntamientos de hasta 100.000
habitantes, el coeficiente por el esfuerzo fiscal no prime tanto como lo
hace actualmente debido a que los que tienen menos rentas se ven más
debilitados en sus ingresos y, asimismo, que haya también una disminución
del coeficiente por el número de unidades escolares, aumentándose nuevos
coeficientes por territorio --que ya existe para las Comunidades
Autónomas y para las provincias--, así como que se apoye más a aquellos
ayuntamientos que tienen entidades locales menores y municipios con
varios núcleos de población que dependen de ellos.
Esperamos que estas enmiendas, que, además, son defendidas por los
alcaldes de pequeños municipios, de municipios rurales, tengan el apoyo
no sólo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, a cuyas
enmiendas no nos sumamos por error, sino que, al provenir de alcaldes del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de
muchos alcaldes socialistas, el Grupo Parlamentario Socialista recapacite
y apruebe estas enmiendas.
En cuanto al Capítulo II, referido a la financiación de las Comunidades
Autónomas, estimamos que, pasados 14 años de la Lofca, ésta no se cumple.
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas exige la
necesidad de corresponsabilidad fiscal entre las Comunidades Autónomas y
el Estado, y exige un fondo de nivelación de servicios fundamentales en
todo el territorio nacional. Todo esto ha sido debatido muchas veces en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en su reunión del 20 de
enero de 1992 llegó a un acuerdo de financiación hasta el año 1996. Pero
se incumple por el Gobierno. Curiosamente, el Gobierno aprueba después la
cesión del 15 por ciento del IRPF, que es manifiestamente inconveniente y
que no responde a ningún criterio científico, cosa que exponen, tanto
como la deficiencia financiera, los expertos independientes a los que el
propio Gobierno ha encargado la elaboración de un Libro Blanco sobre la
financiación. Por ello, desde el Partido Popular, desde el Grupo
Parlamentario Popular, pedimos que se resuelva el tema de
corresponsabilidad fiscal; que se cumpla la Lofca; que se nivelen los
servicios mínimos en todo el territorio y que se fije el sistema
definitivo de financiación.
Y respecto a las enmiendas a las disposiciones adicionales, las referidas
al reparto del Fondo de Cohesión de la Unión Europea destinadas a
Comunidades Autónomas y corporaciones locales, queremos que este reparto
se haga definitivamente, con transparencia, con claridad, con equidad y
con justicia. Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente del
Gobierno en el Congreso de los Diputados; sin embargo, al estudiar los
Presupuestos Generales del Estado nos encontramos con que en las
disposiciones adicionales se deja al Gobierno que decida como estime
oportuno y conveniente este reparto del Fondo de Cohesión. Creemos que
esto no debe ser así, motivo por el que pedimos que se incluya, antes del
31 de marzo de 1995, que el Gobierno remita a la Comisión General de
Comunidades Autónomas del Senado y a la Comisión correspondiente en el
Congreso de los Diputados una comunicación para ser debatida y aprobada,
en la que se fijen claramente los criterios del reparto del Fondo de
Cohesión.
En estas líneas generales va todo el índice de enmiendas que hemos
presentado y que vienen a mejorar, si la enmienda de devolución no
prospera, a enmendar, a paliar esta situación financiera de las
Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales.
Señor Presidente, si no me equivoco, le resta a mi compañera, para la
defensa de esas tres enmiendas, un minuto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Senadora Luzardo, ¿va a proceder a la defensa de las enmiendas
correspondientes a las disposiciones adicionales?
La señora LUZARDO ROMANO: No, señor Presidente. Voy a defender las
enmiendas números 894, 895 y la 1.703, si su señoría me lo permite.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar me referiré a las enmiendas números 894 y 895, relativas
al apartado cuatro de los artículos 87 y 88, que pretenden equiparar a
los municipios canarios al resto de los municipios españoles en cuanto a
la participación en los tributos del Estado.
Nosotros estimamos que los ayuntamientos canarios deben participar en
condiciones de igualdad con el resto de los municipios españoles. Ahora
se prevé que la participación esté sólo en un 36 por ciento. Es verdad
--supongo que será la contestación que dará el Grupo Parlamentario
Socialista-- que Canarias, por su especialidad, contribuye al Estado en
menor proporción. Pero también es verdad que el propio Régimen Económico
y Fiscal lo que establece precisamente es la necesidad de compensar las
desventajas económicas que tiene el Archipiélago. Y el propio artículo
3.2 de la Ley a la que hago referencia establece que la existencia de un
régimen especial no dará lugar a disminución del volumen del gasto
público estatal corriente en la inversión destinada a las islas. Pues
bien, yo creo que año tras año --ya lo decía el Senador Barbuzano, con el
cual coincidimos en los argumentos-- los municipios canarios han visto
cómo su participación ha quedado reducida, y lo único que queda es un
compromiso por el que, a lo mejor, de aquí al año 1998 podría aumentar
esa participación hasta el 40 por ciento. Pero nosotros estimamos que la
equiparación tiene que ser al cien por cien y, efectivamente, hay una
sentencia de la Sección 1.ª de la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional que les da
la razón a los ayuntamientos canarios.
Señoría, yo solicito el voto favorable para estas dos enmiendas y espero
que el Grupo Parlamentario Socialista --y creo que ya se lo he dicho en
más de una ocasión--, por aquello de que en el ayuntamiento aprueba una
moción en estos términos, apoye ahora aquí, que es precisamente donde se
tiene que modificar, estas enmiendas o las de Coalición Canaria, que son
exactamente iguales.
La enmienda número 1.703 se refiere al Fondo de Compensación
Interterritorial, cuyo objetivo, como su señoría sabe, es precisamente
impulsar el reequilibrio económico interterritorial del Estado español.
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 20 de enero de
1992 estableció que el importe mínimo de la dotación sería el 35 por
ciento y que la cantidad no podría ser inferior a los 128.000 millones de
pesetas que se registraron en el año 1991. A la vista de lo que ha
sucedido en los últimos años, esta cantidad de 128.000 millones de
pesetas está congelada, ha sido inamovible, y nosotros estimamos que esto
ha supuesto una importante merma de la capacidad efectiva del Fondo de
Compensación para atender a ese reequilibrio económico del Estado, por lo
que proponemos que se aumente el Fondo hasta un 40 por ciento de la
inversión nueva del Estado, lo que supondría alrededor de 17.000 millones
de pesetas, y que la distribución sea exactamente igual a la que
establece la Ley del Fondo, con lo cual de lo único de lo que estamos
hablando es de un incremento de la dotación pero con un reparto
exactamente igual a como establece la Ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno en contra del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que defenderá también sus enmiendas. Tiene la
palabra el Senador Hurtado.
El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a tratar por todos los medios de ser lo más breve posible, aunque en
lo referente a las Secciones 32 y 33, si no hay ningún inconveniente, voy
a compartir el tiempo con la Senadora Pleguezuelos.
En cualquier caso, me gustaría que en este Título VII hiciéramos una
reflexión, puesto que nos encontramos en una situación totalmente
distinta a la de los presupuestos de 1994. Cuando se llegó a este trámite
parlamentario en los presupuestos de 1994 el soporte que tenían en este
Título VII era sólo a nivel autonómico, con el Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992, y es bueno
reflexionar respecto a que a estos presupuestos de 1995 hemos llegado con
dos soportes: por un lado, sigue manteniéndose --posiblemente, como un
acuerdo de mínimos-- el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y permanentemente se van alcanzando acuerdos para solventar
los temas que confluirán en el libro blanco al que algunos Senadores han
hecho referencia, y, por otro, un Acuerdo muy importante al que llegan la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de
Economía y Hacienda el pasado 1.º de agosto de 1994 para el quinquenio
1994-1998. Y esto es importante porque como decía antes un Senador, yo
creo que la política debe desarrollarse siempre escuchando precisamente a
la sociedad civil y, en este caso, escuchando a los ayuntamientos,
escuchando a los que a fin de cuentas van a recibir la participación de
esos tributos.
Señorías, es muy importante que se haya llegado a ese Acuerdo, que yo
creo que estaban deseando todas las partes: por un lado, los que estamos
aquí en la obligación de legislar, por otro, desde luego, los
ayuntamientos y, asimismo, pienso que también el Gobierno estaba de
acuerdo en posibilitar un entendimiento entre las partes. Yo estoy
convencido de que algunas veces se puede considerar bueno un acuerdo que
produce insatisfacción a todas las partes, y con este Acuerdo ha sucedido
eso: que se puede considerar bueno porque ha producido esa
insatisfacción, por un lado, a los ayuntamientos, que, como no podía ser
de otra forma, no han quedado totalmente satisfechos, y, por otro, el
propio Gobierno ha tenido que hacer unas concesiones importantes sobre
sus puntos de partida. Incluso dejando a un lado todas las diferencias
que en un momento determinado parecían insalvables, se ha llegado a un
acuerdo en la liquidación de 1993, a pesar de lo que decía el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular de que siguen estando vigentes ciertos
recursos, recursos que fueron presentados en un momento determinado por
un determinado partido político y que no los ha retirado, sin perjuicio
de haber estado conforme en el seno de la Federación Española de
Municipios y Provincias con el Acuerdo al que se ha llegado al final. Por
lo tanto, lo que estamos haciendo en este trámite es darles el soporte
parlamentario a esos acuerdos que se han adoptado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera entre el Ministerio de Economía y Hacienda y
la FEMP, y eso es lo que nos corresponde hacer aquí esta tarde y que
confluirá la próxima semana en el Pleno.
Con esto, en principio, contesto a las enmiendas números 891 y 892, del
Grupo Parlamentario Popular, de supresión del Título VII. Nos gusten más
o nos gusten menos hay que respetar y tener en cuenta los acuerdos a los
que se llegue entre las Administraciones implicadas, cosa que al final y
a la postre es lo importante, y muchas veces nosotros tenemos la
obligación de refrendar esos acuerdos en lugar de mantener ciertas
posiciones que he podido contemplar, aunque podría entender que hubiera
esa discriminación en los presupuestos del año 1994 porque no existían
los acuerdos a que he hecho referencia.
Dando por defendidas en sus propios términos las enmiendas números 2.436,
2.437 y 2.438, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la número
2.439, las tres primeras referentes al mantenimiento del índice de
precios al consumo globalmente considerado para la participación de las
Diputaciones en los tributos del Estado en los próximos ejercicios
económicos, voy a seguir...
El señor PRESIDENTE: Le advierto a sus señoría que la enmienda número
2.439 ya está incorporada.
El señor HURTADO GARCIA: Efectivamente, señor Presidente, está admitida
en Ponencia, muchas gracias.
Voy a seguir, como decía, con las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular. La enmienda número 893, al artículo 87.Uno, me
parece que es la única enmienda de todos los Presupuestos Generales del
Estado en la que el Grupo Parlamentario Popular pide que rebajemos la
participación a los municipios, si bien puede que se trate de algún
error, puesto que en el Informe de la Ponencia figuran 656.400,9 millones
de pesetas y el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda
diciendo que lo rebajemos a 655.888,7. Luego en esto tengo que discrepar
con mis compañeros, que están diciendo que el Partido Popular
permanentemente está subiendo el gasto; en este caso lo está disminuyendo
y pretende que haya una menor participación de los presupuestos para los
entes locales, concretamente para los ayuntamientos. Ahora bien, si se
tratase de un error, no habría ningún problema en aclararlo.
Por otro lado, tienen presentadas las enmiendas números 894 y 895, que
son coincidentes --como han dicho algunos Senadores que me han precedido
en el uso de la palabra-- con algunas enmiendas de Coalición Canaria y
con algunas del Senador Armas Rodríguez. Ambas enmiendas plantean que
deben existir las mismas condiciones de igualdad que en el resto de los
municipios españoles, y así se manifiesta literalmente. Quiero decirle al
portavoz del Grupo Popular --y sirva de argumentación lo que he dicho en
la introducción-- que en el protocolo de intenciones de la Federación
Española de Municipios y Provincias también se recogió todo lo referente
a los municipios canarios, además de haberse recogido una participación
no ya para 1994, sino también para los años 1995 a 1998 y ejercicios
sucesivos.
Creo que eso es algo muy a tener en cuenta. Pienso que sería conveniente
que ése fuera el verdadero camino en el que se resolviera esta
participación de los municipios canarios --participación sobre la que
cada uno podemos tener nuestro particular punto de vista--; es decir, es
en el seno de la Federación de Municipios y Provincias donde deberían
irse solucionando todas esas cuestiones. Nos supondría un alivio el que
los ayuntamientos, por un lado, y el Ministerio de Economía y Hacienda,
por otro, llegaran a los acuerdos que estimen pertinentes.
Por cierto, no creo haber oído decir a la Senadora Luzardo que vaya a
retirar todas sus enmiendas aunque aprobemos esta enmienda; no creo que
esto pueda ser así, pero si se diera el caso, es decir, de ser retiradas
todas las enmiendas de los demás grupos parlamentarios por esta enmienda,
no creo que se nos pudiera acusar de que no la hubiéramos estudiado. De
todas formas, quiero manifestar, en lo que a la imposición directa del
Estado se refiere, que estos municipios participan en idénticas
condiciones que el resto de los municipios municipales peninsulares. Creo
que es esto es así, pero si estoy equivocado, pueden corregirme. Es
verdad que habría que primar el hecho de la insularidad, pero también lo
es que disponen de unos medios por habitante superiores aproximadamente
en un 75 por ciento a los que se establecen en la imposición indirecta a
los municipios peninsulares. Por las notas que he tomado, creo que más o
menos la cifra es esa.
En cualquier caso, repito que sería importante que en el seno de la
Federación Española de Municipios y Provincias, al igual que ya se ha
tratado este asunto referente a la participación en los tributos del
Estado de los municipios canarios, se siguiera incidiendo en el mismo
para que se llegara a acuerdos que supusieran, como he dicho antes, si no
la satisfacción total para todos, sí una situación que nos dejara
continuar caminando hacia adelante. Les invito a que en ese foro se
llegue a esos acuerdos.
Continuando con las enmiendas del Grupo Popular, la número 896, al
artículo 91, solicita sustituir una cantidad destinada a las Diputaciones
por otra de 71 millones de pesetas más. Antes he hecho referencia a la
enmienda del Grupo Socialista que supone el mantenimiento del índice de
precios al consumo para los próximos años, pero, además, haría una
salvedad y una reflexión. Creo que en todo el territorio español sólo hay
dos Diputaciones que pueden percibir menos de esa cantidad, pero si se
hiciera un reparto totalmente objetivo y no se estuviera apoyando --como
suele hacerse-- que en cualquier caso la participación que tienen apoye a
los municipios menores, seguramente la cifra no llegaría al 50 por ciento
de la cantidad que realmente perciben.
Por otro lado, en cuanto a las enmiendas números 897 y 898 al artículo
94, sólo quiero decir que el propio artículo en su párrafo final recoge
la posibilidad de la compensación cuando por normas legales --como no
podía ser de otro modo-- exista la condonación y la exención. Por tanto,
creo que es conveniente mantener esta redacción y, en última instancia,
debe mantenerse el párrafo referido a la condonación y a la exención. En
cualquier caso, creo que hay una enmienda de similares características
presentada por Coalición Canaria. En lo que a esa enmienda se refiere, me
remito a lo que acabo de decir respecto de las dos anteriores.
La enmienda número 899 al artículo 94 se refiere también a la supresión
de parte del artículo cuando hace referencia a inundaciones y otras
catástrofes. Creo que se trata simplemente de sustituir un crédito
ampliable por un crédito extraordinario. Pienso que eso es lo que está
tratando de sustituir la enmienda. Nuestro Grupo considera que lo que se
propone en la enmienda supondría una dificultad para agilizar toda la
tramitación necesaria en casos de inundación o de cualquier otra
catástrofe. Creo que no debería insistir en esta enmienda el Grupo
Popular ya que la posibilidad que ofrece el crédito ampliable en
cualquier caso es más ágil que la que ofrece un crédito extraordinario.
El señor PRESIDENTE: Le comunico a su señoría que tiene el tiempo
compartido. Le quedan breves minutos.
El señor HURTADO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Responder a todas las enmiendas supone que tenga que extenderme, pero
intentaré sintetizar lo más posible.
La enmienda número 900 al artículo 97, del Grupo Popular, se refiere
fundamentalmente a que no se haga el ingreso por transporte a los
ayuntamientos hasta que éstos no aporten la documentación exigida. Creo
que la Ley de Procedimiento Administrativo establece, tanto en su nueva
redacción como en la antigua, que el incumplimiento del requisito
exigible o de los plazos puede hacer decaer en su derecho a los
particulares o a las instituciones. Pero también hay que tener en cuenta
que no se puede perjudicar a unos ayuntamientos determinados por no haber
presentado esa documentación ni incluso cuando haya otros que sí la hayan
presentado.
Otra cuestión distinta es la planteada por la Senadora Luzardo, por el
Grupo de Coalición Canaria y por el Senador Armas, referente a la
subvención del transporte. Quisiera decirles que están fundamentando su
tesis en la Ley 19/1994, de 6 de julio, pero lo que se establece
básicamente en ella es la participación de los municipios canarios en la
Ley del Transporte, aunque no referida exclusivamente a ellos, sino con
carácter general, incluso cuando no tenga, como dice la Ley General, los
50.000 habitantes. Creo que la tesis que ustedes mantienen no es
concordante con la Ley 19/1994, de 6 de julio, ya que no establece un
sistema específico para el transporte insular.
Por otro lado, también se plantea el que las retenciones a los
ayuntamientos a causa de sus deudas no sean superiores al 25 por ciento.
Podría decirles que existe una posibilidad...
El señor PRESIDENTE: Le ruego al Senador Hurtado que vaya terminando.
El señor HURTADO GARCIA: Termino, señor Presidente, sin haber podido
manifestar mi punto de vista en contra de las enmiendas, pero quiero
decirle al Senador del Grupo Popular que ha intervenido que muchas de las
cuestiones que ha planteado con respecto a los ayuntamientos menores ni
siquiera están reflejadas como enmiendas y, por tanto, difícilmente
podrán tener o no soporte parlamentario para su aprobación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hurtado.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos, que va a compartir el tiempo
destinado a su Grupo --que ya ha finalizado--, con el ruego de que sea lo
más breve posible.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Procuraré ser lo más breve posible, pero le pido un poco de benevolencia.
En primer lugar, doy por defendidas en sus justos términos las enmiendas
presentadas a la Sección 32 por el Grupo Socialista.
Voy a contestar siguiendo el orden de las intervenciones. Senador
Alierta, decía usted que su enmienda es tradicional, y tradicional va a
ser mi respuesta. Tradicional y no sectaria, en el sentido de que lo
mismo que le decíamos cuando gobernaba la derecha en Aragón le decimos
ahora --cuando eso no ocurre--, y es que entendemos que el ámbito en el
que debe presentarse y debatirse esta enmienda es el de la Comunidad
Autónoma.
Con respecto al Senador Lanzarote, la enmienda 2.091 propone incrementar
el concepto relativo a la compensación a municipios con centrales
hidroeléctricas. Pero entendemos que existe una compensación adecuada,
por lo que vamos a rechazar su enmienda.
En cuanto al Grupo de Coalición Canaria, Senador Barbuzano, creo que voy
a darle una buena noticia; de todas formas, de su buen hacer depende el
entenderla como tal. En este sentido, como la preocupación que ha
planteado su Grupo coincide con la de la Senadora Luzardo, con la del
Grupo Socialista y con la de un Senador que ustedes saben que también
lleva años luchando por estos menesteres, como es el Senador Segura, se
ha presentado por el Grupo Socialista una enmienda a una disposición
transitoria de la Ley de Acompañamiento, relativa al transporte público
regular de viajeros en cada una de las islas de la Comunidad.
Entendemos que la especificidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
artículo 8 de la Ley del Régimen Fiscal insta a que elaboremos un
contrato-programa con cada una de las islas, que es una garantía para la
insularización del transporte público en las islas. Si me permite una
licencia, no sé si el hecho de admitir nada más que una de sus enmiendas
--aunque sea en otra ley-- le facilitará el que usted retire todas, pero
al menos le pediría que retire algunas.
Con respecto a la Senadora Luzardo, quisiera decirle que, en efecto, el
Fondo de Compensación Interterritorial, que se regula tanto por la Ley 29
como por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, está
destinado al reequilibrio económico, a la solidaridad. Es verdad que
lleva congelado algún tiempo pero, a pesar de esa congelación, como su
señoría ha puesto de manifiesto, el porcentaje es superior al 35 por
ciento que reclaman el citado acuerdo y la Ley. Por otro lado --y esto es
importante--, en el acuerdo al que se ha llegado entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias
se recogen nuevos instrumentos que sirven para el reequilibrio económico
y solidario. La participación de los ingresos del Estado se complementa
con dos Fondos de infraestructura: el Fondo destinado a la mejora del
medio ambiente, dotado con 30.000 millones, y el Fondo para estructuras
locales, con 20.000 millones. Por tanto, entendemos que el reequilibrio
económico entre los territorios se contempla sobradamente en el objetivo
de la solidaridad interterritorial, por lo que no vamos a aceptar su
enmienda.
En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i
Unió, en el trámite de Ponencia los créditos se han declarado ampliables.
En consecuencia, en función de los contratos-programa podrían resolverse
las enmiendas que su Grupo plantea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la buena disposición del portavoz socialista, pero con
buena disposición no se arregla este tipo de cuestiones. Su señoría ha
hecho mención a la FEMP para solucionar el desequilibrio que existe entre
los ayuntamientos peninsulares y canarios, pero quiero recordarle que la
FEMP ya se ha pronunciado en este sentido y es partidaria de que se
realice esa equiparación. Asimismo, quiero recordarle que estamos en
situación de desigualdad desde 1982.
Con respecto a la enmienda relativa al transporte, no existen en Canarias
otros sistemas alternativos de transporte de este tipo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, Senador
Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, está claro que no le
ha conmovido mi ofrecimiento de retirar todas mis enmiendas si se
aprobaran esas dos. Dado que no le ha conmovido, no voy a entrar en una
disquisición económica sobre si los ayuntamientos peninsulares reciben el
75 por ciento menos que los municipios canarios, etcétera. En ese camino
no me va a encontrar en su vida, como tampoco me encontraron, cuando fui
miembro de la FEMP, compañeros suyos y míos que la dirigieron en otras
épocas.
El artículo 3, apartado 2 de la Ley 19/1994, que usted cree que no
interpreto bien, dice: La existencia de un régimen económico y fiscal
específico en el archipiélago no dará lugar en ningún supuesto a la
disminución del volumen de gasto público estatal y corriente y de
inversión. Asimismo, dice: La participación en el Capítulo II --que es
gasto corriente, si no me equivoco y mis neuronas no funcionan
incorrectamente a estas alturas-- de los tributos no susceptibles de
cesión a las Comunidades Autónomas para 1995 se establece en el 37 por
ciento.
Está claro, pues, lo que dice la Ley 19/1994.
Por otra parte, tampoco me voy a referir a los Senadores que han
trabajado en esta materia en otras legislaturas, porque sería largo de
hablar, habría que ver qué votó cada uno, etcétera. En ese terreno
tampoco voy a entrar, porque no me gusta. Me gustan otros caminos.
En cuanto a que los ayuntamientos canarios acudan a la FEMP, ésta ya ha
dicho --y usted, que es municipalista, porque creo que es alcalde, lo
sabe-- en una resolución que los ayuntamientos canarios participen en el
cien por cien. En este sentido, antes me referí a los municipios
peninsulares de régimen común, pero no cité la palabra españoles. Si
alguna vez digo «españoles», lo hago con total conocimiento intrínseco de
lo que eso significa. Creo que me ha entendido.
Respecto a la imposición indirecta, se dice: No se encuentra cobertura
legal para la limitación respecto a la participación correspondiente en
el IRPF, ni en lo concerniente al rendimiento de la tasa sobre juegos de
azar. Ya tiene, pues, dos cosas que diferencian, para que se las estudie.
En cuanto a los impuestos indirectos, la sentencia dice: «Las
restricciones deben ser convenientemente justificadas en cada momento y
no reflejar un comportamiento inercial.»
Estas son circunstancias que a un Gobierno de sabios le dio por producir
con la Orden de 1981, pero no tienen por qué ser las mismas hoy.
Con respecto al transporte, la Ley 19/1994, de 6 de julio, dice: «el
apoyo y fomento del servicio de transporte público regular de viajeros
integrado con carácter insular». Si usted cree que la enmienda no se
adecua a eso, como decía alguien,que baje Dios, o quien sea, y lo vea.
Termino, señor Presidente, si usted quiere no hablo más. (Risas.)
Dice que van a introducir una disposición en la Ley de Acompañamiento Los
contratos-programa están funcionando con Ticsa desde hace años y ha
habido que suplementarlos todos los años. El contrato-programa no
garantiza en absoluto la financiación del transporte insular, es un
engañabobos, al igual que es otro engañabobos la enmienda número 2.523,
que han introducido en ponencia, sobre el segundo registro de buques; o
sea, si por sustituir el 15 por el 25 se va a arreglar el segundo
registro de buques en Canarias, que baje Dios o una manada de dioses y lo
vean.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero puntualizar que la enmienda número 823, que voy a retirar en este
acto, curiosamente la presentamos porque recogía la cantidad de 655.400,9
millones de pesetas. El acuerdo que figura con la FEMP es 655.887
millones de pesetas. Resulta que en la ponencia donde se ponía 655
aparece un 6; como están mal las arcas locales, bienvenidos sean estos
millones, pero no es ninguna otra razón. El acuerdo con la FEMP es lo que
figura, y lo escrito y firmado el 1.º de agosto es lo que figuraba en
nuestra enmienda.
Respecto a que había acuerdos en liquidaciones de años anteriores en el
seno de la FEMP, le digo al señor Senador que no; no hubo acuerdo en el
seno de la FEMP de aceptar la liquidación. Pero ¿qué es lo que iba
ocurriendo? Que, lógicamente, se iban retrasando tanto las liquidaciones
a las corporaciones locales que ya no quedaba otra premisa que aceptar lo
que se ponía en la mesa y, lógicamente, esos acuerdos no pasaban nada más
que a posteriori por la Ejecutiva de la FEMP.
Estoy de acuerdo con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
referidas a las diputaciones provinciales
respecto a la liquidación del año anterior y para las sucesivas, que es
mantener, por lo menos, el IPC. Pero esto también es una petición hecha
en la reunión de la FEMP, en concreto por dos Diputaciones: una de
Convergència i Unió (Tarragona) y otra del Partido Popular (Guadalajara),
en el seno de las diputaciones provinciales. Ustedes ahora lo han
recogido y nosotros les reconocemos que eso figure en los presupuestos.
Por eso vienen también las enmiendas de los coeficientes de distribución,
y es un asunto pendiente. A esas dos Diputaciones, a las que usted hacía
referencia, Segovia y Soria, como los criterios de distribución son por
habitantes, se les tuvo que fijar un mínimo para poder subsistir.
La enmienda sobre crédito ampliable y crédito extraordinario está
vulnerando la Ley de Haciendas Locales en su artículo 9.2. Ya le he
explicado que de 17 exenciones o bonificaciones que ha hecho el Gobierno,
sólo ha compensado a los ayuntamientos cuatro; además, no queremos que se
circunscriba solamente a inundaciones y otras catástrofes, sino que se
produzcan las excenciones para cualquier caso, porque si no, lo que se
está produciendo es un detraimiento de los fondos a las corporaciones
locales.
Respecto a lo que usted decía de percibir la ayuda por el servicio
público, si ha leído bien la enmienda, no decimos que se les dé, sino que
si no se ha agotado el crédito y se presentan fuera de plazo, se les
pueda considerar una vez cumplido el requisito de todos los demás.
Oídos los ayuntamientos, nosotros tenemos soporte parlamentario para
apoyar la distribución de los coeficientes, porque supongo que el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene suficiente soporte
parlamentario para que nosotros le demos el voto a esas enmiendas que,
como le he dicho, no han figurado en el texto por un error involuntario.
Señor Presidente, doy por defendidas el resto de las enmiendas, así como
las tres a las disposiciones adicionales que, en concreto, son...
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo a su señoría que estamos en turno de
portavoces, no en turno de defensa de las enmiendas.
El señor TOMEY GOMEZ: Digo que están defendidas todas las demás porque
antes ha habido escasez de tiempo, o sea, desde la número 1.701 a la
1.703, más las tres enmiendas a las disposiciones adicionales, las
números 930, 931 y 932, que mencioné anteriormente. Señor Presidente,
ahora sólo se las enumero con los dígitos que les corresponden.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (La señora Luzardo Romano
pide la palabra.)
¿Sí, Senadora Luzardo?
La señora LUZARDO ROMANO: Pido la palabra por alusiones.
El señor PRESIDENTE: Podrá intervenir con posterioridad, cuando finalice
el turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Si van a
compartir el turno, les corresponden tres minutos, por tanto, cada uno
tiene 90 segundos.
El señor HURTADO GARCIA: Señor Presidente, gracias por la benevolencia
que ha tenido anteriormente con este portavoz.
Voy a contestar muy rápidamente al señor Barbuzano. Cuando me he referido
a la Ley 19/1994 ha sido exclusivamente respecto al tema de transporte
urbano, no sobre la participación de los municipios canarios. Si lo ha
entendido así, mi voluntad no estaba en que se entendiera de esa forma ni
mucho menos.
En cualquier caso, sobre la sentencia podría decir en el tiempo que fue,
podríamos decir lo que entendía la sentencia y, posiblemente, no nos
pondríamos de acuerdo, pero mi intención era que se siguiera avanzando y
creo que se puede seguir avanzando en el marco de la FEMP, marco en el
que tengo que decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que sí
se han llegado a acuerdos de la liquidación de 1993 y vienen reflejados
en el protocolo de intenciones y en los 93.000.035 millones.
Respecto al tema de los coeficientes, sobre los que el Grupo
Parlamentario Popular, como su portavoz ha manifestado, no ha presentado
absolutamente ninguna enmienda, pero sí el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, con toda franqueza creo que en ese marco
también se podría llegar a acuerdos de cualquier tipo. Pero pasar el 23
al 25 por ciento, o del 25 al 23 por ciento en una discusión
parlamentaria, creo que tendría que ser fruto de la discusión dentro del
marco de los propios municipios, al menos yo lo entiendo así y así lo
estoy manifestando. Creo que no habría grandes problemas para poder
llegar a ese tipo de acuerdos, que posiblemente incluso fueran positivos,
y que fueran teniendo en cuenta más los núcleos de población que
exclusivamente la responsabilidad fiscal que, por otro lado, hay que
tenerla muy en cuenta, porque los ayuntamientos también tienen que tener
responsabilidad fiscal, y que no desesperen que todo va a llegar por la
vía de las transferencias. Deben ser responsables fiscalmente y eso les
tiene que suponer unos mayores ingresos.
No quiero alargarme, pero respecto a las enmiendas del Grupo Popular
quiero manifestar que podemos llegar a entendernos en los temas de
transporte, como la portavoz del Grupo Socialista ya ha manifestado, y en
cuanto al resto de las enmiendas no se pueden aceptar.
Sí les pediría un nuevo esfuerzo, y es que las enmiendas 902 y 903 las
han presentado dos veces y posiblemente a efectos de la propia Cámara sea
conveniente que la retiren. Si estoy equivocado, sin más problemas me
corrigen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Hurtado.
La Senadora Pleguezuelos tiene la palabra por el mismo tiempo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo siento mucho, Senador Barbuzano, que la Disposición Transitoria no le
haya satisfecho y, sobre todo --y creo que es bastante más importante--,
que el instrumento que contempla esta Disposición Transitoria, que es el
contrato-programa, le guste mucho menos y le llame engañabobos.
Para mi Grupo el contrato-programa es algo muy serio y está resolviendo
grandes problemas de financiación para determinadas inversiones en
transportes y servicios en los municipios, incluso en las Comunidades.
Creo que sí funciona, señoría, y además han venido funcionando, por
ejemplo en Tenerife; la Senadora Luzardo antes ha hecho referencia a
ello. No me parece razonable que su señoría llame a estos
contratos-programa engañabobos porque son un instrumento no sólo político
y de financiación muy loable, sino que están dando respuesta, y prueba de
ello son las múltiples enmiendas que presentan normalmente los Grupos
para incrementar las dotaciones o para reclamar la ampliación de los
créditos de esos contratos-programa.
Para finalizar, también quiero decirle que para poder dar cumplimiento a
uno de los artículos que modificaron el Régimen Fiscal y Económico de
Canarias, es necesario que se realice alguna auditoría a las empresas de
transporte colectivo, porque debiéramos conocer el déficit real para
poder determinar en qué parte la Administración del Estado puede
colaborar a enjugar dicho déficit. Consecuentemente, esas dos premisas,
señorías, podrían ser la base de un futuro acuerdo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por alusiones, la Senadora Luzardo tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: En un minuto, señor Presidente, pretendería
contestar a las respuestas que me dieron los portavoces socialistas.
El señor PRESIDENTE: Le concedo un minuto, con tal de que sea de 60
segundos.
La señora LUZARDO ROMANO: Sí, un minuto.
Yo tenía la esperanza de que la enmienda de equiparación de las
corporaciones locales no se convirtiera en tradicional, pero me temo que
va a ser así.
Quiero decirle al portavoz Socialista que la FEMP lo ha aprobado. Y es
más, si en el año 1998 se supone que la equiparación va a estar en el 48
por ciento, yo me imagino que al cien por cien se llegará allá por el año
2050 aproximadamente. Yo creo que esto no es de recibo, y solicitaría que
por lo menos se mantuviese la posibilidad de intentar aprobarla de aquí
al Pleno.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial quiero decirle a la
Senadora Pleguezuelos que aunque se cumpla el porcentaje, yo lo
consideraba insuficiente, y por eso pedíamos un incremento de la
dotación. También quiero recordarle que en la última reunión de la
Comisión General de Autonomías fue precisamente el Gobierno Andaluz, que
creo que es el suyo, el que lo propuso.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Senador Barbuzano tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora Pleguezuelos, con todo mi cariño y mi respeto le diré que lo de
engañabobos solamente se refería al transporte y solamente donde se
utilizaba que es precisamente en Tenerife. Lo he enmendado todos los años
para subir la dotación porque no se acogía al verdadero déficit, ni se
acogía a parámetros de similitud o analogía con Renfe, etcétera, que
nosotros no poseemos.
Por otra parte, las auditorías, al menos de lo que son empresas públicas
de transporte, las tiene el Ministerio. Me consta que el Consejero ha
enviado al Ministerio las auditorías. Por tanto, no hay peticiones
extrañas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Por alusiones igualmente, tiene la palabra el Senador Tomey Gómez.
El señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad. No me refería, Senador portavoz del Grupo Socialista,
a la liquidación de 1993, porque esa no está recurrida; está pactada en
la ejecutiva de la FEMP. Me refería a las que estaban recurridas ante el
Tribunal Constitucional de años anteriores.
Respecto a las enmiendas 902 y 903, el Grupo Socialista presta tan poca
atención a nuestras enmiendas que si las hubiera estudiado se hubiera
dado cuenta de que son iguales pero se refieren a dos artículos
diferentes, al artículo 100.4 y al artículo 102; las dos enmiendas son de
adición, referidas a la participación de las Comunidades Autónomas en los
ingresos del Estado y a las transferencias a las Comunidades Autónomas
correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados. No hay
errores y se mantienen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El portavoz del Grupo Socialista, señor Hurtado, tiene la palabra.
El señor HURTADO GARCIA: Simplemente intervengo para manifestar al
portavoz del Grupo Popular que posiblemente esa enmienda esté bien. La
otra no estaba así y la verdad es que pensaba que era un nuevo error.
En cualquier caso, los acuerdos referentes a la liquidación de 1993 los
había entendido así y por otra parte, los recursos sólo fueron
presentados por un determinado Partido político, no por la totalidad de
los municipios españoles, sino exclusivamente por un determinado Grupo
político dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias, que
en aras a su libertad total y absoluta hizo lo que estimó conveniente.
Pero después ha habido acuerdos sobre todos esos temas que no han
supuesto en ningún caso retirar absolutamente ningún recurso. Eso está
dentro de la
libertad que cada cual tiene, tanto individual como colectiva, y no hay
ningún problema. Pero repito que el soporte que están teniendo estos
presupuestos es por un lado, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que va a conducir a ese Libro Blanco y, por otro lado, el
acuerdo de 1.º de agosto de la FEMP, y ambos han sido importantes para
tratar de que los Presupuestos del Título VII tuvieran un acuerdo mayor
por parte de todos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (La señora Pleguezuelos
Aguilar pide la palabra.)
Senadora Pleguezuelos no ha sido aludida.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, señoría, justamente por la Senadora
Luzardo y por el Senador Barbuzano.
El señor PRESIDENTE: Pero ha contestado su compañero el señor Hurtado.
Esto son ya dobletes.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Son tripletes, señoría.
Senador Barbuzano, con el mismo respeto y con el mismo afecto le diré que
lo que pasa es que a usted no le gusta cómo se ejecuta y cómo se
desarrolla el contrato-programa en Tenerife. Pero usted mismo en su
intervención ha puesto de manifiesto que le gustan otro tipo de
contratos-programa. Hagámoslo bien, entonces. Hagamos que esos
contratos-programa sean los adecuados. Y en ese camino, seguro que nos
encontraremos.
Senadora Luzardo, el Gobierno de Andalucía no es mío. El Gobierno de
Andalucía es un gobierno de socialistas. Pero, legítimamente, cualquier
Grupo político reclama a la Administración competente, en este caso la
Administración Central, que incremente las transferencias que luego va a
recibir. Y quiero decirle que cualquier modificación que introduzcamos en
los acuerdos entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el
Ministerio de Economía y Hacienda debe ser muy meditada, señoría, porque
no se puede estar optando continuamente por decir que esos son los foros
adecuados y cuando los acuerdos a los que llegan esos foros no nos
satisfacen plenamente queramos otro instrumento. Seamos coherentes y que
los instrumentos se coordinen de manera que respetemos siempre los
acuerdos y los defendamos, porque de lo contrario caeremos en la
incoherencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a continuación a las Disposiciones Adicionales primera a vigésima
quinta y nuevas.
En primer lugar, enmienda número 1.840 de la Senadora Agüero Ruano,
Fernández Pelegrina, Molina Fernández de Miranda y Esteban Albert.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, Presidente.
Se dan por defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 1.851, del Senador Alierta Izuel.
Tiene su señoría la palabra.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Se solicita una disposición adicional nueva. Sorteo Especial «Universiada
95». Dice textualmente: «El Organismo Nacional de loterías y Apuestas del
Estado destinará, durante 1995, los beneficios de un sorteo Especial de
Lotería Nacional, a favor de la Comisión Organizadora de la ÒUniversiada
95Ó, organizadora de la Universiada de acuerdo con las normas que dicte
al efecto el Ministerio de Economía y Hacienda.» El texto de la
disposición adicional da cuenta clara de su contenido y de las razones
por las cuales se solicita el apoyo de la Comisión para que esta
Universiada tenga los fondos suficientes para poder llevar a cabo la
organización que se merece.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 661, 662 y 667, del Senador Armas Rodríguez, del Grupo
Mixto.
Tiene la palabra su señoría, por un tiempo de tres minutos.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 661 pretende la adición de la disposición adicional
decimonovena. Dice lo siguiente: «Con el objetivo de financiar los
proyectos incluidos en el programa de Ayuda al Desarrollo en países al
tercer mundo, se concederá un crédito en la sección 12 por una cuantía
similar al 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)
correspondiente al ejercicio económico del año 1994. Por su parte, a
partir del año 1995, la ayuda oficial para cumplir con este cometido se
fijará de acuerdo con los criterios que emita un consejo especializado en
esta materia.» Esto se justifica para acatar el acuerdo alcanzado por
unanimidad en la sesión del Congreso de los Diputados celebrada el 15 de
febrero de 1994 y, asimismo, apoyar la continuidad en la concesión de
ayudas a los países del tercer mundo.
La enmienda número 662 también es de adición, y hace referencia a las
deudas contraídas con los abogados del turno de oficio. Dice lo
siguiente: «El Ministerio de Justicia e Interior abonará en el plazo de
un mes las cantidades adeudadas a los profesionales del Derecho que han
prestado sus servicios en el turno de oficio en el ámbito de la Comunidad
autónoma de Canarias.» La reducción del plazo de pago de las cantidades
adeudadas es imprescindible para los profesionales del Derecho que
prestan sus servicios en el turno de oficio.
La enmienda número 667 pretende la adición de una nueva disposición
adicional. Se otorga una transferencia de capital de 100 millones de
pesetas destinada a la mejora del puerto de Arrecife. La inversión se
efectuará a través del ente público de Puertos de Estado.
La dotación presupuestaria se realizará con la disminución de la partida
presupuestaria 86.17.04.1345 de la sección
17, servicio 38, artículo 61, programa 513 E (Conservación y explotación
de carreteras).» La justificación es la siguiente: Considerar
insuficiente la partida que pretende destinar la Autoridad Portuaria de
la provincia de Las Palmas para la ejecución de determinadas obras en el
recinto portuario de Arrecife.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 1.929, de los Senadores Cañellas Fons, Escudero Sirerol,
Font Barceló, Juan Cardona y Vidal Bibiloni.
Tiene la palabra su señoría.
El señor JUAN CARDONA: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta enmienda que proponemos trata de solucionar la marginación que sufre
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las inversiones que el
Gobierno central realiza en materia de carreteras.
Cuando en agosto de 1984 fueron transferidas a Baleares las competencias
en materia de carreteras, de hecho, se transfirió a esta Comunidad la
totalidad de las carreteras, dada su especial característica de
territorio insular. A partir de entonces y por no declararse obras de
interés general, las islas Baleares han quedado sin posibilidad de
acogerse a las inversiones que, en materia de carreteras, viene
desarrollando el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente, y ello ha supuesto un grave perjuicio para la red de carreteras
de Baleares, que se aleja de forma progresiva de los niveles de calidad
que van alcanzando las del resto de España, a pesar de la evidente
importancia que para el interés general tiene que una zona turísticia de
primer orden, como son las islas Baleares, cuente con una buena red de
carreteras.
Bien es cierto que se reciben importes para inversión en carreteras, pero
para darnos una idea de ellas basta comprobar que las inversiones totales
en carreteras en Baleares para el período de 1989 a 1993 asciende a unos
6.000 millones de pesetas, mientras que esas mismas inversiones estatales
en carreteras, en las Comunidades de Asturias, Cantabria y Murcia --y
cito estas Comunidades como ejemplo dada su parecida superficie a la de
la Comunidad Autónoma de Baleares--, para ese mismo período, oscilan
entre los 75.000 y los 85.000 millones de pesetas. Como se ve, la
diferencia es brutal, sin tener en cuenta el hecho insular que, en todo
caso, incrementa la necesidad de inversión. Por ello, se propone que, por
el Ministerio de Obras Públicas se desarrolle y financie un programa
plurianual de obras de interés general en materia de carreteras en las
Islas Baleares, que se iniciará en el año 1995, autorizando a este
Ministerio para declarar y establecer, mediante convenio con la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, la relación de dichas obras de interés
general, sus períodos de ejecución y su financiación.
Nótese que no se solicita consignación presupuestaria, sino
reconocimiento de las necesidades que en materia de carreteras padecen
las Islas Baleares y abrir la posibilidad para que, de un modo
consensuado entre el Gobierno central y el Gobierno balear, pueda
establecer un plan de inversiones en carreteras para estas islas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmienda número 2.095, de los Senadores Colsa Bueno, Hernández Calvo y
Lanzarote Sastre.
Tiene la palabra el Senador Lanzarote.
El señor LANZAROTE SASTRE: Gracias, señor Presidente.
La damos por defendida en los mismos términos en que está redactada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmienda número 2.307, de los Senadores Espert Pérez-Caballero, Alierta
Izuel, Urzay Urquiza, Liso Marín y Bueno Fernández.
Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Se trata de la adición a la disposición adicional (nueva). «Durante el
ejercicio de 1995, todas las secciones que gestionen programas de apoyo
al fomento de la actividad empresarial arbitrarán medidas y partidas
específicas para la que se desarrolle en las Comunidades Autónomas vecina
de las de Régimen Especial, a distancia inferior a quince kilómetros de
éstas, a fin de evitar distorsiones de la libre competencia consecuencia
de sus especialidades fiscales y financieras.» Dadas las circunstancias
especiales en las cuales desarrollan sus actividades las Comunidades
forales, las zonas limítrofes se encuentran en una situación de
desventaja. La compensación de estas posibles desventajas es lo que se
solicita mediante actuaciones especiales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 2.285 y 2.301, del Senador Ortí Bordás y otros.
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 12, 33, 62, 63, 64, 85, 87 y 153, del Senador Ramón i
Quiles.
Tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Las asumo en nombre del Grupo mixto y las doy por defendidas en sus
propios términos, junto con las de la Senadora Vilallonga y el Senador
Martínez, que son las números 296 hasta la 327.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 712, 713 y 714, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria en el Senado.
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Si usted me lo permite, también voy a defender la enmienda número 715,
que es una transitoria, y así acaba este Senador de darle la lata a toda
la Comisión.
La enmienda número 712 lo es a la disposición adicional decimocuarta.
Pretende la supresión de un párrafo, ya que calculo que, desde que se
construyó materialmente el anteproyecto de Presupuestos hasta hoy, ha
habido una variación. Es respecto a la subvención al transporte aéreo
para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El párrafo dice:
«En todo caso, se estará a la regulación de la aprobación de las bases
económicas del REF en materia de subvenciones al transporte aéreo para
residentes en Canarias.» Hay una ley que ya está aprobada, a la que ya
hemos hecho referencia aquí varias veces, que es la Ley 19/1994, en la
que ya se establece el sistema. Por lo tanto, se pide la supresión del
segundo párrafo. Es una enmienda técnica. No vayamos a dejar eso, estando
ya aprobada la Ley.
La siguiente enmienda va en la línea de todas las que presentamos. Quiero
aclarar que nos la mandó la Federación de Municipios Rurales y que la
encontramos correcta. No son municipios de determinado color político ni
nada de eso. En ella se pide la modificación de los tendidos de líneas de
Servicio Público en cuanto a la expropiación y la cuestión de licencias,
etcétera. Se trata de desgravar de esas cuestiones a los municipios
rurales y a los pequeños que tengan posibilidades de ejecutar esas obras
de servicio público.
La enmienda número 714 va en la misma línea. Se refiere a los gastos
fiscales en relación con los tributos locales, y que los ayuntamientos
pequeños conozcan esa información de forma tal que puedan hacer sus
cálculos de gasto con las previsiones de lo que, en teoría, a ellos les
va a llegar de su participación fiscal en la tarta del Estado.
La Disposición Transitoria se ha formulado a consecuencia de la enmienda
al artículo 94 sobre el transporte terrestre, pero como el artículo 94 ha
muerto en el tumulto la doy por defendida en sus propios términos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Pasamos a las enmiendas 2.347 y 2.348 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
En vista del éxito que estamos obteniendo hasta ahora damos por
defendidas todas las enmiendas que restan para el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas 2.533 y 2.535 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dado que las
2.523, 2.534, 2.536, 2.537 y 2.539 ya han sido incluidas en el informe de
la Ponencia.
Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, diré que la enmienda 2.533 tiene por objetivo modificar la
Disposición Adicional Sexta. Dos, del texto de presupuestos con el objeto
de actualizar las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo
a cargo a los que se refiere el artículo 185 del texto refundido de la
Seguridad Social. Además de los casos generales se prevén unas cantidades
actualizadas cuando se trata de hijos con algún grado de minusvalía,
etcétera.
La enmienda 2.535, que estaba vinculada a una enmienda que nuestro Grupo
también ha presentado a la Ley de Medidas Fiscales, tiene por objeto
suprimir la Disposición Adicional Vigésimo Tercera para trasladar su
texto debidamente enmendado a la Ley de Acompañamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cambra.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que van de la 908 a la 952,
ambas inclusive.
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Paso a defender las enmiendas de mi Grupo a las disposiciones adicionales
a este texto, entre las cuales hay enmiendas de adición o modificación a
las 25 disposiciones adicionales que contiene el proyecto que debatimos.
El resto serían enmiendas para incluir como nuevas disposiciones
adicionales. Como quiera que algunas de estas enmiendas han tenido
correlación con los títulos que anteriormente se han debatido vamos a
darlas por defendidas todas ellas en sus propios términos, pero
permítame, señor Presidente, que me detenga en la defensa de algún grupo
de enmiendas que, a juicio de mi Grupo, es fundamental.
En primer lugar, mencionaré el control al Gobierno en la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado, pues pretendemos un seguimiento
exhaustivo no sólo de las grandes cifras del Presupuesto, sino en el
detalle de cada Departamento y de cada Ministerio. De hecho, en los
Presupuestos para 1994 se contemplaba la posibilidad de que las Cortes
Generales fuesen informadas por el Gobierno sobre los resultados del
seguimiento a los objetivos de programas y actuaciones de los distintos
Ministerios, información que debía recibirse en el segundo trimestre de
este año de 1994. Pues bien, señorías, el proyecto que ahora estamos
debatiendo no recoge esta oportunidad de conocimiento de la ejecución del
Presupuesto.
En esta misma línea, proponemos una nueva disposición adicional con la
numeración que correspondiera para que el Gobierno presentara en 1995 al
Parlamento una auditoría que refleje e identifique el déficit real de las
Administraciones públicas, que recoja la deuda contraída por las mismas
con contratistas y proveedores y, a su vez, que se
establezca un plan especial para proceder a la cancelación de esta deuda.
Esta enmienda debería prosperar en cumplimiento de los criterios de
convergencia con Europa, los cuales exigen unas cuentas públicas
saneadas.
Mi Grupo no entiende por qué no se ha puesto en funcionamiento la oficina
presupuestaria que se creó en el año 1990. A juicio de mi Grupo, la
oficina presupuestaria constituye un instrumento valioso de información y
asesoramiento para el desempeño de las funciones de control encomendadas
a los parlamentarios, en concreto, el seguimiento puntual y detallado del
desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad
Social. Mi Grupo entiende que debe de constituirse de una vez por todas
esta oficina parlamentaria, por eso hemos presentado una enmienda en este
sentido, mediante la puesta a disposición del Parlamento de los medios
técnicos y humanos imprescindibles para su funcionamiento. Esta oficina
tiene que servir para asesorar técnicamente a los órganos parlamentarios
en materia presupuestaria, tiene que servir de soporte al control
continuado del presupuesto, tiene que servir para informar a los
diputados y senadores de toda la documentación relativa a tramitación,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y de las actividades
parlamentarias que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos.
Y por último, tiene que servir para elaborar la documentación e informes
necesarios para los parlamentarios que tengan que participar en alguna
comparecencia de esta Comisión de Presupuestos.
En coherencia con esta propuesta, solicitamos también que el Gobierno
informe, a través de los responsables de cada sección, al Congreso y al
Senado en los meses de mayo y septiembre de 1995. Con ello tendremos un
instrumento de control parlamentario con mayor transparencia y rigor.
Para complementar estas medidas se debería presentar a las Cámaras un
nuevo proyecto de legislación general presupuestaria que regule
adecuadamente la actuación administrativa en la elaboración del
presupuesto y en la ejecución del gasto. Con ello el Grupo Parlamentario
Socialista daría cumplimiento a una reciente promesa del Ministro de
Economía, señor Solbes, y esta nueva ley, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, debe de inspirarse en principios de rigurosidad de
los gastos e ingresos, donde las modificaciones presupuestarias deben
limitarse a reflejar los gastos derivados de necesidades nuevas o
imprevistas. Ha de ser una nueva Ley General Presupuestaria que de una
vez por todas adecue la estructura de las cuentas de liquidación del
presupuesto de los organismos autónomos, que dote al Tribunal de Cuentas
de las necesarias cotas de agilidad y eficacia y, en definitiva, que
potencie la función fiscalizadora de este Tribunal, tanto en lo que se
refiere a su valoración de la gestión pública, como a la propuesta de
medidas para la mejora de la misma y a su función jurisdiccional en
exigencia de las correspondientes responsabilidades ante el menoscabo de
los caudales públicos.
En otro grupo de enmiendas que presenta mi Grupo a estas disposiciones
adicionales está la referencia a la efectiva reducción del gasto público.
La finalidad del Grupo Parlamentario Popular es proponer un ahorro de
222.282 millones de pesetas, desde el billón 111.410 millones de pesetas
que figura como presupuesto inicial de gasto corriente en los
Presupuestos Generales del Estado para 1995. Para ello, será preciso que
durante el ejercicio presupuestario de 1995 no se autoricen gastos con
cargo al Capítulo II, Gastos corrientes en bienes y servicios, que en el
conjunto del presupuesto del Estado, organismos autónomos, Seguridad
Social, y entes públicos, superen los 889.127 millones de pesetas. Para
ello deberá autorizarse al Consejo de Ministros para que lleve a cabo el
reajuste de las diferentes partidas de gastos del Capítulo II en cada uno
de los servicios y organismos autónomos, en la Seguridad Social, y en
cada uno de los entes públicos, sin que en ningún supuesto se rebase el
límite del 80 por ciento del total consignado en cada uno de ellos.
Si esta limitación impide hacer frente a necesidades de gasto
inaplazables con cargo a ese Capítulo II, el Gobierno recabará la
autorización de las Cortes para rebasar el límite del 80 por ciento sin
sobrepasar la dotación inicialmente consignada y siempre que ello se
lleve a cabo con la correspondiente minoración de otras dotaciones del
Capítulo II no utilizadas y sin que en ningún caso, como señalaba
anteriormente, se sobrepase la cantidad de 889.127 millones de pesetas.
El ahorro que mi Grupo propone de 222.282 millones de pesetas se
destinaría entre otras cosas a subir las pensiones asistenciales, a
superar discriminaciones entre pensionistas y a reducir el déficit
presupuestario.
Señorías, es conveniente recordar que el Gobierno en los últimos años
siempre ha gastado mucho más de lo que figuraba inicialmente en el
Presupuesto dentro del Capítulo II. En 1993 la dotación inicial fue de un
billón 7.202 millones de pesetas. La liquidación fue de un billón 141.854
millones de pesetas. En 1994 la dotación inicial fue de un billón 113.567
millones de pesetas y la previsión de liquidación es de un billón 274.623
millones de pesetas. La dotación inicial prevista para 1995 es de un
billón 111.410 millones de pesetas, y la liquidación final, mucho nos
tememos y sospechamos, será como siempre muy superior.
En esta misma línea, y con el objetivo señalado de ahorro del gasto
público, proponemos que las secciones que gestionan programas y medidas
relacionadas con el fondo o desarrollo de la economía productiva y el
desarrollo de la modernización de las Administraciones públicas,
destinaran una parte de sus dotaciones al análisis y elaboración de
propuestas de mejora y simplificación de los procedimientos y métodos de
relación con la Administración, así como de las restricciones a la
competencia sobre los principales sectores económicos. Con esto
eliminaríamos barreras innecesarias para el desarrollo de la economía
productiva y en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones
públicas. En igual medida, para contribuir al control del gasto, y sin
merma de la eficacia, deberán autorizarse, previa justificación, las
consignaciones para atenciones protocolarias y representativas, teniendo
éstas carácter global en cada ministerio, organismos autónomos y entes
públicos.
Por último, señor Presidente, me referiré a las enmiendas que mi grupo
presenta relativas a las dotaciones para la ayuda oficial al desarrollo o
las que podríamos llamar relativas al conocido 0,7 por ciento. Con el
objetivo de alcanzar el compromiso parlamentario de dotar a los
Presupuestos con créditos destinados a la cooperación internacional y la
ayuda al desarrollo por importe de 240.000 millones de pesetas, se
debería incorporar al programa de cooperación para el desarrollo, el 134A
de la Sección 12, una dotación adicional de 37.000 millones de pesetas, a
lo que tendríamos que sumar el incremento solicitado por mi grupo de
18.000 millones de pesetas de créditos FAD. Los créditos que contiene el
proyecto de Presupuestos para 1995 para ayudas a países en desarrollo y
colaboración en programas de ayudas internacionales ascienden a 185.000
millones de pesetas. Con el incremento que nosotros proponemos se
cumpliría el objetivo y el compromiso parlamentario de contribuir con el
0,35 por ciento del Producto Interior Bruto, señalando que este
incremento se realiza con cargo a la reducción de gastos en el capítulo
II.
Por último, señorías, al objeto de atender proyectos de ayudas al
desarrollo en países del Tercer Mundo, debe establecerse, mediante el
envío del Gobierno al Parlamento, créditos extraordinarios hasta un
importe de 100.000 millones de pesetas, siempre y cuando el objetivo de
la reducción del déficit público de España sea revisado oficialmente al
alza hasta que se sitúe en el 5 por ciento del Producto Interior Bruto.
Para ello, y en estos términos, solicitamos la modificación de la
disposición adicional decimonovena.
Si se produce el incremento al que me he referido anteriormente, con esta
enmienda podemos conseguir que en el ejercicio de 1995 la dotación total
para la solidaridad y cooperación internacional llegue a los 340.000
millones de pesetas, que sería un 0,5 por ciento del Producto Interior
Bruto, entendiendo que este mayor esfuerzo estaría condicionado a la
evolución favorable de la corrección del déficit público español y a las
posibilidades de recuperación de nuestra economía.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números
2.447, 2.442, 2.453 y también la 2.435, que ha sido incluida en el
Informe de la Ponencia por error, y me imagino que también para el turno
en contra, tiene la palabra el Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: ¿En este momento el turno en contra, señor
Presidente?
El señor PRESIDENTE: No, digo que para defender estas enmiendas y, a
continuación, el turno en contra.
El señor CERCOS PEREZ: Muy bien, gracias, señor Presidente.
Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista son la
2.446, que suprime la disposición adicional vigésima, y la 2.447, a la
disposición adicional vigésima tercera. Por estar incluidas en la Ley de
Acompañamiento, las dejaremos en suspenso hasta ver qué pasa mañana por
la tarde en el debate en Comisión de dicha Ley.
La enmienda número 2.443 propone una disposición adicional...
El señor PRESIDENTE: Senador Cercós, ésa está ya incorporada al Informe
de la Ponencia.
El señor CERCOS PEREZ: ¿Me repite, entonces, cuáles están incorporadas?
El señor PRESIDENTE: Las que no están incorporadas son las números 2.442,
2.447 y 2.535.
El señor CERCOS PEREZ: La número 2.442 la doy por defendida en sus
propios términos. La 2.447 es la primera a la que me he referido; ya está
incluida por nosotros mismos en el trámite de Ponencia para su debate en
la Ley de Acompañamiento. Por tanto, posponemos la enmienda número 2.447
hasta mañana por la tarde, en el momento en que se debata la Ley de
Acompañamiento, lo que queremos que quede claro a los efectos del Acta.
¿Cuál más ha dicho, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Todas las demás, a excepción de esas dos, están
incorporadas en el Informe de la Ponencia, porque la número 2.535 era una
enmienda incorporada al Informe de la Ponencia, pero que correspondía al
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor CERCOS PEREZ: En lo que se refiere al turno en contra, hay
ciento y pico enmiendas presentadas como adicionales, y este Senador no
se propone dar contestación en este momento a todas ellas. Voy a comentar
algunas brevemente, pero bien entendido que la disposición de este
Senador, en nombre de su grupo, es que todas tengan la respuesta
correspondiente en el trámite del Pleno. Pero sus señorías saben que en
el Pleno se dispone de un tiempo limitado, por lo que este Senador
rogaría a los grupos parlamentarios una ordenación de prioridades de sus
disposiciones adicionales nuevas para que tuviera tiempo de centrar el
debate en el Pleno de la Cámara sobre las propuestas de los distinguidos
colegas. Esta es una propuesta que se sale del procedimiento
tradicional...
El señor PRESIDENTE: Señor Cercós, una advertencia: En el trámite de
Comisión también el tiempo está limitado.
El señor CERCOS PEREZ: Por eso digo, señor Presidente, que voy a comentar
algunas de las enmiendas, pero no quiero que nadie se dé por
discriminado, por lo que pido algo que no es tradicional, pero lo hago
con el mejor espíritu de colaboración, y es que cada grupo que lo tenga a
bien me dé una lista con sus enmiendas, ordenadas por
prioridades, para que nosotros las podamos contestar, porque la realidad
de los debates de enmiendas a disposiciones adicionales es que jamás ha
habido tiempo en las leyes de Presupuestos de contestar al elevado número
de enmiendas presentadas.
He dicho que voy a contestar cuando menos a las enmiendas relativas a
disposiciones adicionales que ya figuran en el proyecto de ley, y en este
sentido la enmienda número 909 del Grupo Parlamentario Popular a la
disposición adicional tercera propone que el 25 por ciento del porcentaje
0,5239 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se destinase
para la dotación inicial de un fondo de garantía de pensiones
alimenticias para menores, hijos de padres separados.
Lo que tengo que indicar es que la distribución de la asignación
tributaria ya está fijada mediante dos reales decretos: el 825 del año
1988 y el 223 de 1991, y en ellos están fijados los fines a los que se
destina la cuantía total de ese porcentaje. Entiende este Senador que
cualquier otra modificación que se propusiera tendría que ser emanada
precisamente del ministerio que tiene a su cargo la distribución de estos
fondos, que es el de Asuntos Sociales.
Hay otra enmienda a la Disposición Adicional Tercera que va en los mismos
términos. También dice que se detraiga otro porcentaje --otro 25 por
ciento-- para fondo de ayudas a las víctimas de delitos violentos y
también con cargo al mismo porcentaje del 0,5239 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Vale la argumentación que he expresado
anteriormente, con independencia de que la distribución actual del 0,52
por ciento es muy comprometida, que alcanza a todo tipo de organizaciones
sociales de este país, con un seguimiento específico del Ministerio, y
concretamente de la Dirección General correspondiente del Inserso,
respecto a la asignación que se está haciendo de estos fondos. Los
miembros del Grupo Parlamentario Socialista siempre estamos empeñados en
que haya un gran seguimiento en el destino de dichos fondos para que no
se pierda ni una peseta de ellos. (El señor Vicepresidente, Garcías Coll,
ocupa la Presidencia.)
A la Disposición Adicional Cuarta el Grupo Parlamentario Popular presenta
una enmienda de supresión. Dicho Grupo entiende que lo relativo a los
complementos de destino debe quedar reservado a una ley sustantiva en el
ámbito del Estatuto de la Función Pública y nosotros entendemos que no es
correcta esta interpretación, puesto que la Ley para la Reforma de la
Función Pública, la Ley 30 del año 1984, ya dejó claro que para cada
ejercicio, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado, se recogería todo lo relativo a la cuantía de los complementos de
destino. Parece lógico que cuando ahora se pretende proceder a su
adecuación en lo que se refiere a los términos de esos complementos de
destino, se le privara al Gobierno de la inclusión de esa Disposición
Adicional Cuarta.
La Disposición Adicional Séptima tiene también una enmienda en la que el
Grupo Parlamentario Popular presenta un incremento de las cuantías en el
3,5 de los ingresos mínimos para el subsidio por ayuda a tercera persona
y la garantía de ingresos mínimos. Nosotros creemos que ya en el Título
IV de la Ley, donde se regula todo el tema de pensiones, se hace una
inclusión del aumento correspondiente para las dotaciones para jubilación
e invalidez. Creemos que éste es el esfuerzo que procede hacer en este
momento, de acuerdo con los principios de control del gasto.
En cuanto a la Disposición Adicional Séptima.Dos, ya hemos tenido esta
mañana un debate. El Grupo Parlamentario Popular propone un aumento del
3,5 para las pensiones asistenciales --las de la antigua Lismi--, pasando
de 24.935 pesetas a 25.808. Nosotros ya hemos hecho una indicación y
estamos pendientes de una contestación de un Senador miembro del Grupo
Parlamentario Popular para que nos explique por qué razón, estando en
marcha las pensiones no contributivas que permiten una pensión de 33.000
pesetas --no de 25.000 como se propone aquí--, por qué ese empeño de que
se modifiquen las pensiones asistenciales que ya fueron puestas en vía
muerta, precisamente por la Ley de Pensiones no Contributivas.
A esta misma Disposición Adicional tenemos otra enmienda del Grupo
Parlamentario Popular que ya está incluida y nos gustaría que la vieran,
puesto que toca lo que sus señorías plantean a la Disposición Adicional
Decimosexta. Se refiere a la relación que tiene el Ministerio de Economía
y Hacienda con el Insalud. A partir del año 1989 en que se produjo el
cambio de financiación en el presupuesto del Insalud, dicho Ministerio
interviene para fijar las normas procedimentales y es lo que nosotros
tenemos recogido en la enmienda que hemos presentado y que ya está
incluida en el trámite de Ponencia.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene
presentada la enmienda 2533 a la Disposición Adicional Sexta. Propone que
según el artículo 185 del texto refundido de la Seguridad Social la
prestación económica por hijo a cargo sea elevada a 40.000 pesetas, con
una serie de excepciones. Realmente lo que modifica son las cuantías que
se aprobaron en la Ley de Pensiones no Contributivas, que luego fue
incorporada al texto refundido. Como ya he indicado antes, Senador
Cambra, se ha hecho el esfuerzo importante en el propio Título IV de la
Ley para mejorar con acuerdo la variación del índice de precios previsto
para el año que viene. Creemos que es el esfuerzo que se puede hacer
dentro de los temas abordados por la Ley de Pensiones no Contributivas.
En el caso del tema de las familias y de los hijos, creemos que la
inclusión en la propia Ley del carácter de familia numerosa a partir de
los tres hijos también está suponiendo una mejora sensible de la
situación familiar y que con estos argumentos se podría contestar a esta
enmienda, que ha sido defendida por el Senador Cambra.
En cuanto a la enmienda que proponen a la Disposición Adicional Vigésima
Tercera, tengo que recordar lo que acabo de decir al referirme a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Esta enmienda queda viva
como tal --no fue incluida en Ponencia-- para, mañana en el trámite del
debate en Comisión de la Ley de Acompañamiento, ver qué pasa con este
mismo texto.
Hay otras enmiendas que pueden ser interesantes.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda que no sabemos cómo
se compadece. También quisiéramos que nos los explicara después en el
debate en el Pleno. En dicha enmienda propone que las cotizaciones
sociales se reduzcan de modo progresivo en cinco puntos. Si cada punto
supone 204.000 millones de pesetas, nos está proponiendo que bajemos un
billón de pesetas las cotizaciones. Esto es lo sorprendente de las
posturas que sostiene el Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría que
nos diera a todos los miembros del Grupo Parlamentario Socialista de esta
Comisión un cuadro en que quede compensada esta disminución en los
ingresos por las cotizaciones; que quedara claramente demostrado que
podría quedar también compensado con las disminuciones de gastos que
proponen sus señorías. Pero eso sí, también incluyendo todos los aumentos
de gasto que nos están sus señorías proponiendo en cada una de las
secciones que veremos en el día de mañana y que nos han ido proponiendo
en los títulos que estamos debatiendo en el día de hoy. Si ese ajuste lo
tienen sus señorías preparado, este Senador se lo agradecerá, porque le
parece que esto no tiene una cuadratura matemática o aritméticamente tan
fácil como sus señorías pretenden.
Hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la número 920, en la
que se proponen las medidas oportunas para la creación, en un plazo de
dos meses, de un Fondo de Garantía para el fomento de la construcción
naval. Yo le puedo decir a sus señorías que el sistema de garantías que
se contempla realmente ya está en este momento en preparación por el
Gobierno; no significa la creación de un nuevo organismo, ni mucho menos,
pero sí figura el establecimiento de un posible sistema de garantías para
la construcción naval, el cual debería estar abierto a la participación
de los astilleros y de aquellas Comunidades Autónomas que tienen una gran
concentración de astilleros que podrían pensar en hacer una aportación y
esas garantías podrían dedicarse para todos los contratos que los
operadores especializados participantes considerasen aceptables en cuanto
al posible riesgo. Este tema ya está en marcha.
Sus señorías proponen en la enmienda número 927 --también la debatiremos
en el Pleno; será una gran satisfacción-- que, en un plazo de tres meses
desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno aprobará un plan especial
para Pymes. Verdaderamente esto es increíble, porque, señorías, en el
Consejo de Ministros del 6 de mayo --publicación que si los distinguidos
colegas no conocen se la presentaré en el debate-- se aprobó un plan
denominado «Iniciativa PYME de desarrollo industrial 1994-1999», que ha
tenido el beneplácito de la Comisión de Industria de esta Cámara y que
está respaldado por las Comunidades Autónomas. No entendemos esta
enmienda adicional que propone y este Senador presupone que no hay una
coordinación interna en su propio Grupo, puesto que esa iniciativa
estratégica fue bien recogida por miembros de su propio Grupo
Parlamentrio.
El señor VICEPRESIDENTE (Garcías Coll): Senador Cercós, su tiempo ya ha
transcurrido de una manera amplia, suficiente, por lo que le ruego que
termine.
El señor CERCOS PEREZ: Señor Presidente, yo dejo el tiempo a la
Presidencia. Ante la imposibilidad de contestar a todas las enmiendas, ya
he dicho que contestaría a las que pudiera y que dejaría el resto para el
debate ante el Pleno de la Cámara. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La Presidencia queda muy agradecida, al igual que los Senadores de esta
Comisión.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Portavoz del Grupo Mixto? (Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado?
(Pausa.)
¿Portavoz del Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Con mucha brevedad voy a defender de nuevo tres de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y posteriormente pasaré la
palabra al portavoz de esta parte del articulado, don Alfredo Prada, que
defenderá el resto.
Las afirmaciones del señor Cercós, en lo que yo he podido entender, han
resultado ser un capotazo de antología o un patadón al balón que lo ha
echado fuera del estadio, por lo que se refiere al fondo de pensiones por
alimentos y al fondo para indemnizar a víctimas de delitos violentos.
Alega que hay unos reales decretos. Yo siempre he pensado que una ley
estaba por encima de un real decreto y que si por ley los representantes
populares deciden que de un fondo resultante de aplicar unos coeficientes
determinados a la recaudación del Impuesto sobre la Renta se determina
que estas dos finalidades son importantes en sí mismas, esto prevalece
sobre cualquier real decreto previo.
Lo cierto es que el Senador Cercós no ha entrado en la cuestión
principal. O sea, se ha limitado a decir que hay reales decretos y no ha
señalado si es necesario. Nosotros pensamos que sí. Actualmente, es una
de las necesidades sociales más importantes, sentida por un número
considerable y cualitativamente importante de ciudadanos, porque además
se relaciona con el nuevo fenómeno de la pobreza. Es una pobreza que está
apareciendo en los países más desarrollados, que se vincula a matrimonios
separados, a familias separadas, en las cuales en el momento en que hay
desavenencias, o por cualquier otra circunstancia económica, quien tiene
a su cargo los hijos no recibe las pensiones por alimentos que
judicialmente se determinaron, y entonces aparecen problemas de
marginación y de pobreza que podrían resolverse instando a los poderes
públicos a que tomen una posición más definida en la garantía de esos
pagos, no solamente por vía judicial, sino anticipando las pensiones en
casos de necesidad.
Ese es el objeto de la enmienda y el Senador Cercós lo que nos dice es
que hay un real decreto. Sigo pensando que la enmienda es necesaria y que
su real decreto es antiguo y que tendría que ser revisado.
Lo mismo ocurre con las indemnizaciones a víctimas por delitos violentos.
Exactamente es lo mismo, una nueva
pobreza, una marginación que puede resultar por el hecho de que el cabeza
de familia o algún otro miembro de la unidad familiar sea objeto de un
delito violento. Consecuentemente, así como desde los poderes públicos
hay que organizar menos festejos, menos ferias, en eso prácticamente
estamos todos de acuerdo, sin embargo, este tipo de atenciones sociales
sí que tienen que estar garantizadas, y ese es el objetivo de las
enmiendas. Y de nuevo le vuelvo a repetir que la existencia de un real
decreto poco aporta al razonamiento sobre la conveniencia o no de aprobar
mecanismos del tipo que se proponen en nuestras enmiendas a la
disposición adicional.
Por último, respecto a los cinco puntos de cotización a la Seguridad
Social, de nuevo vuelve a resultar ese debate de aritmética sencilla.
Usted, Senador Cercós, al menos ha cometido dos errores importantes: el
primero es muy común en la dialéctica que mantiene desde hace años el
Partido Socialista en el Gobierno y también es una dialéctica errónea que
se aplica en Europa, y es sumar cantidades heterogéneas, o sea, dicen
cinco puntos en tres años, actualmente están en 200.000 millones cada
punto, sale un billón. Pues no, señor Cercós, sale más de un billón,
porque el punto del año que viene y el punto del siguiente, o sea, de
1996 y 1997, será más, esperamos, en pérdida recaudatoria que el punto
del año 1995, porque según su Programa de Convergencia, según las
previsiones de recuperación económica también esperamos que haya más
empleo y, consecuentemente, se dejaría de recaudar algo más.
¿Es eso imposible de financiar? No, señor. Lo mismo que el punto y medio
que nosotros proponemos de reducción en el año 1995, debido a la
recuperación económica que ya se hará sentir plenamente en el año 1995,
con un 3 por ciento más o menos de crecimiento del producto interior
bruto, permite absorber esa reducción, pensamos que la continuidad de la
recuperación y en parte esa continuidad de recuperación, por lo menos en
cuanto a empleo se refiere, podría venir dada en parte por la reducción
de cotizaciones a la Seguridad Social, posiblemente permitirían recaudar
más cotizaciones, a pesar de reducir parcialmente los tipos de
cotización.
Por tanto, de acuerdo con las previsiones de creación de empleo que
incluye el Programa de Convergencia, de acuerdo con las previsiones
razonables de evolución salarial, podríamos decir que una reducción de
punto y medio anual hasta llegar a los cinco puntos en tres años, que ese
es el calendario que proponemos, podríamos decir que se puede absorber si
la economía española crece al 3 ó 3,5 por ciento, como se prevé en el
Programa de Convergencia, y si cada año se crea un mínimo de un 2 por
ciento de empleo.
En esas condiciones, se puede reducir y se puede absorber
presupuestariamente. Si la recuperación económica se mata en el año 1995,
mediante un conjunto de desaciertos en materia fiscal o en materia de
gasto, entonces habría que abandonar inmediatamente esta propuesta de
calendario de reducción de cotizaciones a la Seguridad Social.
Por tanto, señor Cercós, la aritmética que usted aprendió en su momento,
y me consta que sabe usted muchas matemáticas, dado que aquí no se puede
aplicar cálculo diferencial ni integral, tampoco se puede sumar y restar.
Es decir, las cosas son algo más complejas en las perspectivas a medio
plazo de una economía. Por consiguiente, sí es compatible, sí es posible
en la medida en que la economía mantenga una tasa de recuperación, de
crecimiento, haya una recuperación efectiva durante tres ejercicios
económicos --1995, 1996 y 1997--, y eso es factible de acuerdo con todas
las previsiones internacionales.
Cedo la palabra al Senador don Alfredo Prada Presa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
A continuación, tiene la palabra el Senador Prada, diciéndole que
prácticamente ya se ha consumido el tiempo.
El señor PRADA PRESA: Simplemente quiero señalar en este turno de
portavoces que inicié mi intervención señalando que la mayoría de las
enmiendas a las disposiciones adicionales están correlacionadas con la
defensa que se habían hecho al articulado. Parece ser que el Senador
Cercós no escuchó mis palabras, porque yo centré mi intervención en tres
temas exclusivamente, tres temas que no han sido tocados por el Grupo
Parlamentario Socialista y que, a mi juicio, son importantes, amén de
todas las enmiendas que mi Grupo presenta a estas disposiciones
adicionales. Estos tres temas, en conjunto importantes, son el control de
la ejecución del presupuesto, la reducción del gasto público y el 0,7 por
ciento del producto interior bruto para ayudas internacionales y a países
del Tercer Mundo.
En ese sentido, la conclusión que sacamos --porque ha hablado, como ha
apuntado mi compañero, el Senador Utrera, echando balones fuera y en este
caso ni siquiera ha tocado el balón, diríamos en términos futbolísticos--
es que no ha tocado el asunto del control de la ejecución del
presupuesto. Parece ser que al Gobierno socialista, en este caso al Grupo
Parlamentario Socialista, no le interesa que se hable del control en la
ejecución del presupuesto y no da ningún tipo de explicación a esa
omisión, a la que me he referido en mi primera intervención, en cuanto
que en el presupuesto de 1994 se recogía esa posibilidad de control en
los seguimientos de los objetivos que el Gobierno había señalado y en las
disposiciones adicionales de este año se suprime, se omite esta
circunstancia.
Tampoco se nos dice absolutamente nada en cuanto a la Oficina
presupuestaria, con el interés, sobre todo para los parlamentarios, que
debe tener esta Oficina presupuestaria, con las funciones que señalé en
mi intervención. Parece ser, insisto, que al Grupo Parlamentario
Socialista, o por lo menos al señor Cercós, no le interesa que exista por
parte del Parlamento control en la ejecución del presupuesto. Tampoco le
debe interesar que se reduzca el gasto público, y poco caso debe hacer a
los problemas del 0,7.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prada.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, Senador Cercós.
El señor CERCOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Parece ser que los distinguidos colegas quieren que empecemos el debate
ahora, y este Senador, por más asuntos que le planteen, no lo va a
empezar en este momento y se hará en el Pleno de la Cámara.
Senador Utrera, la larga cambiada la ha dado su señoría, porque decir que
los cinco puntos --sus palabras-- van a ser absorbidos por el crecimiento
económico es no decir nada. Señoría, en unos presupuestos yo le he pedido
que me haga su proyección presupuestaria alternativa a la nuestra y me
diga dónde está compensada la reducción que su señoría propone porque,
evidentemente, va a ser más de un billón de pesetas, ¡claro que va a ser
más de un billón de pesetas!
Su señoría dice que hay un 2 por ciento de crecimiento de empleo. Pero,
señoría, es que ese empleo que crea da más cotizaciones, y el 5 por
ciento actúa proporcionalmente sobre esa base. Por lo tanto, esa razón no
me vale, me sirve para aceptar que va a haber más ingresos, que el
descenso de la cotización de cinco puntos va a ser mucho más alta que el
billón de pesetas; eso sí que me vale como argumento. Si se crea más
empleo en el país habrá más cotizaciones y, por lo tanto, habrá mucha más
pérdida de ingresos en la aplicación del 5 por ciento. Pero esto no
elude, Senador Utrera, que no me puede contestar a lo que yo he planteado
--desde su Grupo, un Grupo de oposición que aspira a gobernar--: dénnos
ustedes, señorías, la compensación del presupuesto en base a bajar unas
cotizaciones cinco puntos, que será más del billón --y yo recojo lo que
su señoría ha marcado--, para ver cómo se compensa ese descenso con los
aumentos que proponen en las diferentes secciones y en diferentes
títulos; dígannos ustedes, con sus enmiendas de reducir gastos, cuál es
la compensación que existe para que no aumente el déficit.
Segunda cuestión. Propone su señoría que el 0,52 por ciento vaya a
atender dos objetivos, que este Senador no duda que son importantes,
tanto el de las familias con problemas derivados de la separación de los
padres, pensiones alimentarias para los hijos, etcétera, y el tema de las
consecuencias dramáticas de la violencia. Nosotros estamos de acuerdo,
Senador Utrera, pero su señoría debería decirme dentro del 0,52 a qué
partida quita esa cantidad, que son 6.000 millones de pesetas, porque su
señoría tendrá el listado, como oposición, de a qué se está destinado el
0,52 por ciento. Y si su señoría ve que va para cooperación, que va para
organizaciones no gubernamentales, que va para asociaciones sin interés
lucrativo, asociaciones benéficas, su señoría me tendrá que decir a cuál
de estas asociaciones o a qué grupo le disminuimos los 6.000 millones
para darlos a estos otros. Pero, además, ese 0,52 por ciento va para
fines sociales y, evidentemente, si en el reparto del 0,52 por ciento el
Grupo que dirige y asesora la supervisión de ese reparto entiende que
habría que destinar partidas para las familias en esa situación de
separación o como resultado de la violencia, puede hacerlo perfectamente
a partir del 0,52 por ciento; en cada año se hace el reparto y
distribución de estos fondos.
El Senador Prada dice que no he aludido a los tres temas que ha
planteado, y es verdad. Dice: el 0,7 por ciento no le importará. Pues ha
pinchado su señoría en hueso, porque en el tema del 0,7 mi Grupo
Parlamentario sabe que en esta legislatura y en la anterior este Senador
está directamente en contacto con la Plataforma del 0,7, trabajando con
ellos para lograr los aumentos correspondientes. Pero lo que sus señorías
proponen ya está recogido en los Presupuestos Generales del Estado;
nosotros hemos partido del acuerdo que hubo en el mes de febrero en donde
se dijo que la distribución de las aportaciones fuera un 0,7 entre el
Gobierno central y un 0,3 los municipios y las corporaciones locales, y
siendo el 70 por ciento del 0,5, este año tenemos recogidos créditos
correspondientes hasta el 0,35 por ciento del producto interior bruto.
Esto está recogido ya en la Ley de Presupuestos. Pero hemos recogido algo
más, de acuerdo con la propia Plataforma: hemos recogido un crédito
ampliable que puede llegar hasta el 0,5. Señoría, lo más difícil viene
ahora y es que haya proyectos concretos, cuya viabilidad quede
garantizada para la sociedad española, en los que ese dinero pueda ser
gastado. Pero nosotros ya hemos aprobado en esta Ley de Presupuestos que
esa cuantía pueda llegar hasta el 0,5 por ciento en este próximo año
1995.
La reducción del gasto público se compadece mal con las peticiones de sus
señorías en el debate, una tras otra, pretendiendo aumentar el gasto
público. Nosotros creemos que estos presupuestos que estamos debatiendo
--y ya lo discutiremos en el Pleno de la Cámara-- son compatibles con la
reducción del gasto público. Lo mismo le digo en cuanto al control de la
ejecución presupuestaria. Su señoría propone que el Parlamento tenga la
información. Por una parte, el Parlamento sí tiene las memorias e
informaciones; aquí comparecen en las comisiones todos los cargos; en
ninguna comisión se pone freno a comparecencias de ningún cargo de la
Administración española, y esos cargos vienen con datos e informaciones
exhaustivas. Y si su señoría quiere que haya una Oficina de Ejecución
Presupuestaria, este Senador le dice que esta Oficina ya está creada en
la Cámara. (El Senador Prada Presa hace signos negativos.) Sí, está
creada, yo le invito a que su señoría verifique que esa Oficina de
Presupuestos está creada en la Cámara, y dotarla con un presupuesto para
que realice actividades es algo, Senador Prada, que derivará de la
autonomía financiera que tienen las Cortes. Las Cortes tienen autonomía
financiera y, por lo tanto, la dotación de esa Oficina de Presupuestos
dependerá de que la Cámara en su propia autonomía así lo establezca.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós. (El señor Utrera
Mora pide la palabra.) ¿En base a qué pide la palabra?
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, para aclarar algunos términos.
Un minuto escaso señor Presidente. Unicamente deseo aclararle algo
--porque a mí me parece que el señor Cercós no ha trabajado bien este año
los presupuestos-- (Risas.), y es que si hubiera leído el preámbulo de la
Ley de
Presupuestos y si hubiera seguido de cerca las declaraciones del Ministro
de Trabajo, señor Griñán, de las últimas semanas o últimos meses, sabría
que es objetivo del Gobierno también reducir las cotizaciones a la
Seguridad Social, lo único que ocurre es que no se compromete a un
calendario. Y es un objetivo porque se enuncia que las prestaciones
universales que actualmente corren a cargo de la Seguridad Social sean
financiadas mediante transferencias del Estado, y no mediante
cotizaciones a la Seguridad Social. Eso equivale aproximadamente a cinco,
seis puntos de cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto,
coincidimos en el objetivo, no sé por qué hace una defensa tan airada y
tan extraña en contra de esta enmienda si estamos coincidiendo en el
objetivo. Lo único que aporta nuestra enmienda es un compromiso concreto
para que en tres años se consiga precisamente que esas prestaciones
universales sean financiadas mediante impuestos generales recaudados por
el Estado y no mediante cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto,
no generemos una tormenta en un vaso de agua; las cosas son así y ese
objetivo tiene que realizarse, si no es en tres años, en cuatro, y el
lenguaje aquí no puede ser tan dispar como las expresiones que está
utilizando en relación a esta reducción de cotizaciones.
Por último, respecto a la Oficina Presupuestaria, bien cierto es que está
creada, pero no está activa. La autonomía financiera de las Cortes se
materializa en unos presupuestos que se aprueban aquí y en esa
disposición adicional lo que nosotros pretendemos es que el Gobierno
suministre los medios, porque en muchos casos será una pura conexión con
los ordenadores del Ministerio de Economía y Hacienda o de la
Intervención General de la Administración del Estado. Tampoco pensemos
que la Oficina presupuestaria tiene que tener un despliegue de medios muy
importante, porque tampoco queremos eso, para no ampliar el gasto
público. Consecuentemente, es el Gobierno el que debe tomar la iniciativa
para organizar esa Oficina presupuestaria, que, efectivamente, ya está
aprobada desde el año 1990.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.
Me imagino que el Senador Cercós querrá hacer uso de la palabra.
El señor CERCOS PEREZ: Respecto a la Oficina presupuestaria, está
mezclando temas su señoría. Por una parte reconoce la autonomía de la
Cámara, pero dice, por otra parte, que el Gobierno..., es decir, ahí hay
un doble juego. Su señoría sabe que hay una separación de poderes, que es
clarísima. La Mesa de la Cámara es soberana para fijar la actividad de
esa Oficina presupuestaria y dotarla de medios. En la Mesa de la Cámara
hay representación de su Grupo Parlamentario. Por tanto, allí es donde
hay que debatir el tema, dentro de la autonomía parlamentaria.
Y respecto al tema de los cinco puntos, a lo mejor tendrá su señoría que
agradecer que no me haya estudiado los presupuestos. (Risas.) Su señoría
no me da la nota, ni se compromete a ello, que demuestre el equilibrio de
lo que ustedes como alternativa proponen. Ahora me dice que se financie
con impuestos. Les remitiría a todas sus declaraciones, señorías, siempre
referentes a impuestos. ¡Si quieren bajar casi todos!
El señor PRESIDENTE: Ruego a su señoría que sea conciso y finalice.
El señor CERCOS PEREZ: ...y, sobre todo, el Impuesto sobre la Renta. ¿O
quiere que le recuerde palabras de su propio Presidente sobre el
particular? Lo dejaremos para el Pleno si me lo vuelve a repetir
entonces.
Insisto, señoría, que los cinco puntos pueden ser un objetivo --y más
puntos si cabe-- dentro de la política socialista, pero la prudencia y
responsabilidad de quien tiene el Gobierno y tiene que presentar un
presupuesto que contribuya a lograr los objetivos de Maastricht es del
Gobierno socialista. Y lo que ustedes proponen en este momento es
inaceptable porque distorsionaría y llevaría a un déficit mayor a los
propios Presupuestos Generales del Estado a corto plazo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cercós.
Pasamos a continuación a las disposiciones transitorias primera a séptima
y nuevas.
Enmiendas 328 a 341, ambas inclusive, de la Senadora Vilallonga Elviro y
del Senador Martínez Sevilla, para cuya defensa tiene la palabra el
Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para asumir, en nombre del Grupo Mixto, las enmiendas
presentadas por la Senadora Vilallonga Elviro y el Senador Martínez, de
la 328 a la 341, y darlas por defendidas en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
La enmienda 715, del Grupo de Coalición Canaria, ya ha sido defendida
anteriormente por el Senador Barbuzano.
Las enmiendas 2.349 y 2.350, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, también han sido ya dadas por defendidas.
Enmiendas 953 a 956, del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa
tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la brevedad que sus señorías seguro me agradecerán y fundamentalmente
también porque no hacen falta excesivas explicaciones, bastará la
contundencia de los argumentos para convencer a sus señorías de que han
de apoyarlas, el Grupo Parlamentario Popular presenta cuatro enmiendas a
las disposiciones transitorias.
La número 953 pretende que se suprima la disposición transitoria tercera,
y ello, señorías, porque estamos convencidos
de que las leyes se hacen para cumplirlas, también para que las cumpla el
Gobierno, y en la disposición transitoria tercera se propone quedar en
suspenso --así lo dice textualmente-- una parte del artículo 37 de la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. Como esta Ley es de 1991, podría
entenderse que en los Presupuestos Generales del año 1992 se adoptaría
alguna disposición transitoria que evitase su cumplimiento, pero como
estamos estudiando el borrador de los presupuestos para el año 1995, es
decir, tres años después de aprobada la Ley por las Cortes, parece
necesario que esta Ley se cumpla. Por eso pretendemos que se suprima esa
disposición transitoria tercera y creemos que debe tener plena vigencia
la Ley, que en su artículo 37.1 dice que los militares de reemplazo
percibirán una cantidad mensual para atender sus gastos personales
durante el servicio militar y que esa cantidad será anualmente fijada por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuestión que con la
disposición adicional ustedes pretenden, un año más, dejar en suspenso el
que se lleve adelante.
A estos efectos y sobre todo porque el Senador Cercós antes, así como
portavoces socialistas con anterioridad, nos insisten reiteradamente en
que se haga el ajuste económico, debo decir que nuestro Grupo ya ha
previsto en la enmienda correspondiente el incremento de crédito que esta
enmienda conlleva.
La enmienda número 956 pretende la adición de una disposición transitoria
nueva, que estoy seguro de que, si los componentes de la Comisión,
especialmente los pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista,
prestan atención, seguro que la van a apoyar, porque, ciertamente, esta
enmienda lo que hace es recoger algunos de los criterios que el Grupo
Socialista ha expresado en el proyecto de la nueva ley de contratación
para las Administraciones públicas que sustituya a la vigente todavía Ley
de Contratos del Estado.
Señorías, uno de los criterios en que se apoya esa nueva ley es el de
ordenar y regular, permitir la regulación a las Administraciones de las
denominadas bajas temerarias. La actual normativa y su aplicación ha dado
como consecuencia el que se produzcan bajas, no ya desproporcionadas ni
temerarias, sino bajas de imposible cumplimiento. Y esto ha ocurrido en
todas las Administraciones, desde las locales hasta la del Estado. Baste,
por ejemplo, recordar que en las contrataciones de los nueve últimos
tramos de las autovías gallegas la baja media rondaba el 50 por ciento
--incluso, en algunos casos superaba el 52 por ciento-- y convendrá con
nosotros su señoría que cuando se producen esas bajas, si los proyectos
están bien hechos, la consecuencia inmediata es que las obras sean de
difícil ejecución, o, en muchos casos, como ha ocurrido y está ocurriendo
con Administraciones regionales y locales, las obras queden sin ejecutar
porque las bajas no son asumibles por las empresas que en su momento las
llevaron a cabo.
En ese sentido y para que entre en vigor de inmediato ese espíritu,
planteamos esta enmienda de adición, por la cual, mientras no sea
modificada la actual Ley de Contratos, se faculta a que sean las
Administraciones implicadas en la contratación las que establezcan sus
propios criterios objetivos --lógicamente, establecidos con
anterioridad-- para regular el tema de las bajas temerarias.
Concluyo, señor Presidente, diciéndole que las dos últimas enmiendas, la
954 y la 955, son también de supresión, relativas a la disposición
transitoria quinta.
La primera es al apartado uno y pretende suprimir el párrafo final, que
dice «con el límite a que se refiere el artículo 18». El motivo es que
nosotros hemos enmendado el artículo 18 y parece razonable enmendar todos
los aspectos colaterales que tenga.
Con la última enmienda pretendemos suprimir la disposición transitoria
quinta, dos, porque, ciertamente, se produce una incongruencia al
incluir, mediante esta disposición transitoria, en la oferta de empleo
público, plazas que están ocupadas con carácter interino o transitorio,
lo que choca frontalmente con el apartado tercero de esta misma
disposición, en la que el Gobierno trata de reducir a los casos
imprescindibles aquellas contrataciones con carácter eventual.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra, Senador Selas.
El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, desearía formular una consulta respecto de nuestra
enmienda número 2.254, para saber si está incorporada en el Informe de la
Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Senador Selas, me comunican que ya está incorporada,
por lo que no necesita su defensa.
El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señor Presidente. Paso
directamente a consumir el turno en contra.
En primer lugar, haré referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, que han sido dadas por defendidas. Nos extenderemos
en sesión plenaria, pero quiero hacer referencia a que un paquete de
enmiendas en las que se proponen disposiciones transitorias (nuevas),
once en total, llevan implícitas unas consignaciones presupuestarias que
entendemos importantes y que deberían ser ubicadas en sus Capítulos y en
sus Títulos correspondientes más que como disposiciones transitorias
nuevas.
Hay una enmienda que consideramos importante, cual es la número 335,
relativa al Estatuto de la Mujer, que propone elevar a rango de
Secretaría de Estado la Dirección General de la Mujer. Nosotros hemos de
manifestar la importancia que damos a la misma, pero por razón análoga
tendría que ser igualmente considerado todo lo referente al conjunto de
la infancia o la juventud. En resumen, no aceptamos que se saque de su
contexto del Ministerio de Asuntos Sociales porque entendemos que es ahí
donde existe una coordinación conjunta.
Respecto a otras enmiendas relativas a los Fondos de Cohesión o al Plan
de dinamización y territorialización de Asturias, nos extenderemos en el
debate del Pleno.
La enmienda número 2.349, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, a la disposición transitoria primera, hace
referencia al sector público estatal. Aunque también la ha dado por
defendida, debemos manifestar que hasta la Ley de Presupuestos Generales
del Estado de 1984 esto se hacía dentro del ámbito del sector público, y
precisamente en la Disposición que se propone se hace una referencia
expresa al sector público estatal, puesto que entendemos que también
tienen competencias las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 2.350, del mismo Grupo, a la disposición transitoria
quinta, tiene una relación directa con las presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular y, por supuesto, también con la número 340, del
Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere la enmienda 2.350 a las vacantes de
la oferta pública de empleo. Nosotros entendemos que la Administración
del Estado ha dado prioridad absoluta a la modernización y
racionalización de todo el conjunto del personal y, por lo tanto,
entendemos que la consolidación de las Administraciones territoriales,
tanto en las Comunidades Autónomas como en los ayuntamientos, hace que
poco a poco la Administración del Estado vaya descargando, a su vez,
dentro del conjunto de las Administraciones territoriales. En este
sentido, se han mantenido negociaciones importantes con los sindicatos
mayoritarios, por lo que damos cumplimiento al acuerdo de fecha 15 de
septiembre en el sentido de mantener la oferta pública de empleo tal y
como viene contemplada en la disposición transitoria quinta.
El Senador Barbuzano, en el tumulto de la discusión, ha dado por muerto
el artículo 94. Nada más lejos que las Islas estén muertas. Están vivas y
muy vivas, y no digamos nada de la vitalidad del señor Barbuzano, que nos
contagia a todos. Por lo tanto, es verdad --lo digo con toda cordialidad
y, además, para mí es un honor contestarle a esta enmienda, Senador
Barbuzano, como al resto de los compañeros-- que hemos hecho un esfuerzo
importante para la presentación de un contrato-programa, que entendíamos
que era una forma singular del transporte dedicado a las Islas, que usted
ha defendido perfectamente.
Respecto a la enmienda número 953, del Grupo Parlamentario Popular, que
se refiere al artículo 37 de la Ley Orgánica 13/1991, entendemos que con
esta disposición transitoria tercera no dejamos en suspenso la puesta en
marcha de dicho artículo, puesto que damos cumplimiento a lo que
determina esta Ley Orgánica precisamente en lo referente a la movilidad y
responsabilidad de los gastos de viaje de los militares, y, por supuesto,
consignamos la voluntad que ha tenido el Ministerio de Defensa y el Grupo
Parlamentario Socialista para incorporar un aumento importante de 7.037
millones de pesetas para los gastos destinados al haber en mano de los
militares. En consecuencia, entendemos que queda perfectamente reflejada
la disposición tal y como la proponemos.
Por lo que hace a las enmiendas números 954 y 955, ya dijimos antes que
tenían relación directa con la presentada por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos. Por lo tanto, no argumentamos nada nuevo,
ya que veo que el señor Presidente me está haciendo señas para que
concluya, cosa que hago inmediatamente.
En relación a la enmienda número 956 --y termino, señor Presidente--,
nosotros somos más partidarios de esperar a que finalicen los trabajos
del proyecto de ley de contratación del Estado. No entendemos que sea
bueno ir por el camino de la provisionalidad y, por lo tanto, vamos a
trabajar y a urgir para que esta ley vea rápidamente la luz, porque
entendemos que hay razones, como ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, para acelerar y poner en orden las dificultades
que se le presenten a las distintas Administraciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Selas.
Pasamos a continuación al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para dar nuestro punto de vista respecto de los
concisos comentarios que ha hecho el portavoz socialista a nuestras
cuatro enmiendas.
Señoría, ha dicho usted textualmente: «no es que dejemos en suspenso.» Y
yo le digo: pues sí dejan en suspenso, porque si usted lee la disposición
transitoria tercera, dice textualmente: «... quedando en suspenso lo
previsto en el artículo 37...». Por lo tanto, busque su señoría otra
argumentación, porque sí dejan en suspenso, y lo que nosotros
pretendíamos era que no quedara en suspenso. Desde luego, no me siento
igual de agradecido al Ministerio que usted porque incluya 7.037 millones
para haberes. Lo que nosotros pedimos es que se cumpla la Ley; 7.037,
5.000, 2.000 millones o los que sean. Que se cumpla la Ley.
Respecto de las enmiendas números 954 y 955, nos ha dicho su señoría que,
como están relacionadas con la que ha presentado el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, no tiene nada más que argumentar.
¿Debemos entender que, por estar relacionadas con la presentada por el
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, van a gozar de su
apoyo?
Respecto de la enmienda número 956, sobre la temeridad en las
contrataciones, ustedes argumentan que prefieren esperar a que se apruebe
la ley. Como acabamos de ver que aprobada una ley, como la Ley Orgánica
de diciembre de 1991, tres años después no se deciden a aplicarla, habrá
que pensar que, una vez aprobada esta ley, pasarán años hasta que se
decidan a aplicarla. Estos son justamente ejemplos de sus actuaciones y
de sus palabras.
Concluyo, señor Presidente, diciéndole: arguméntese otras cosas que no
sean consignaciones presupuestarias porque nuestras enmiendas números
954, 955 y 956 cuestan cero pesetas, son sólo cuestión de voluntad
política, y
como no se han expresado a ninguna de las tres argumentos en contra,
debemos confiar en que, o bien ahora en Comisión, o en todo caso en el
tiempo que resta hasta la celebración del Pleno, la reflexión de sus
señorías hará que puedan contar con su apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Carnero.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador
Selas.
El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
La intención de este portavoz no ha sido la de la descortesía al
contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino todo lo
contrario, la de la cortesía al tiempo y al resto de los compañeros. Por
supuesto que nos vamos a oponer, y así lo he dado a entender, a las
cuatro enmiendas, y si he hecho referencia brevemente a que algunas de
ellas tenían alguna relación con las presentadas por otros grupos ha sido
por no repetirme. Esta es la razón por la que no he dado cumplida
respuesta a sus enmiendas, como tampoco lo he hecho a las presentadas,
por ejemplo, por el Grupo Parlamentario Mixto, que son aproximadamente 23
--calcule su señoría la proporción--, pero quiero reiterar que nos vamos
a oponer a ellas. En relación con la enmienda número 956, insistimos en
que somos más partidarios de esperar a que se promulgue la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a la disposición derogatoria.
La enmienda número 2.351, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, ya fue defendida con anterioridad.
Disposiciones finales primera y nuevas, enmiendas números 339, 342 y 343,
de la Senadora Vilallonga Elviro y Senador Martínez Sevilla. Para su
defensa, tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Al igual que con las anteriores, las asumo y las doy por defendidas en
sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Anexos X y XI y nuevos. La enmienda número 2.546, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha sido ya incluida en el
Informe de la Ponencia, al igual que las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
A la sección 01, Casa de Su Majestad el Rey, no se han presentado
enmiendas. A la Sección 02, Cortes Generales, tampoco. A la sección 03,
Tribunal de Cuentas, no se han presentado enmiendas. Lo mismo ocurre con
la Sección 04, Tribunal Constitucional, y con la Sección 05, Consejo de
Estado.
A la Sección 08, Consejo General del Poder Judicial, se ha presentado la
enmienda número 2.353, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, que ya fue defendida anteriormente. La enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió número 2.547 y
la enmienda número 2.466, del Grupo Parlamentario Socialista, han sido ya
incluidas en el Informe de la Ponencia. Queda por defender la enmienda
número 979, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Senador
Bernáldez.
El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Paso a
defender la enmienda número 979.
Se trata de una enmienda de adición que pretende incluir una partida de
100 millones de pesetas en la Sección 08, Consejo General del Poder
Judicial, Programa 141C, Selección y formación de jueces, y la
justificación es la siguiente. La recientemente aprobada reforma de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial, por la que se
atribuye a dicho órgano de gobierno de los jueces la selección y
formación de los miembros de la carrera judicial, crear el Centro de
Selección y Formación de Jueces y Magistrados, dependiente del Consejo
General del Poder Judicial. Es necesario, pues --y de ahí nace la
justificación de esta enmienda--, dotar presupuestariamente dicho nuevo
Centro, para lo que pedimos una partida de 100 millones de pesetas,
partida que se nutriría de los ingresos correspondientes al programa
142A, capítulo 4, artículo 1, concepto 1 y al capítulo 1, artículo 5,
concepto 1. Esta es la justificación, por lo tanto, de esta solicitud de
100 millones de pesetas para dotar presupuestariamente al nuevo Centro de
Selección y Formación de Jueces y Magistrados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Senador Iglesias.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Votaremos en contra de la enmienda número 979, del Grupo Parlamentario
Popular, puesto que es una enmienda que llega a este debate con una
anticipación de un año, llega un año antes del momento en el que es
procesalmente oportuna su inclusión en el proyecto de presupuestos, y le
diré la razón. Efectivamente, se ha transferido al Consejo General del
Poder Judicial la tarea de la selección y formación de jueces y
magistrados; el reflejo de esa competencia está en el presupuesto del
Consejo en un nuevo programa, el 141C, cuyo título estricto es: Selección
y Formación de Jueces y Magistrados, que tiene en el año 1995 una
dotación presupuestaria de 742 millones de pesetas, dotación nueva que no
aparece en años anteriores, si bien sigue existiendo una dotación del
Ministerio de Justicia, en el programa dedicado también a Formación del
personal de la Administración de Justicia, de 826 millones, tendente a
nutrir las actividades que el Ministerio realiza en esa misma tarea de
formación.
Durante el año 1995 el Consejo General del Poder Judicial realizará la
selección de la primera promoción de aspirantes a jueces y magistrados
que van a recibir formación a través de las tareas del Consejo, y durante
ese mismo año, aparte de la selección, el Consejo realizará la
estructuración del nuevo Centro y el nombramiento de su personal
directivo, comenzando las tareas de formación, para las que sí hará falta
una dotación de apoyo presupuestario, en el año 1996, como ha dicho en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados el Presidente del Consejo,
que claramente ha expresado la voluntad del Consejo General respecto de
la temporalización de la asunción de esas competencias. Si le hemos
transferido al Consejo la competencia de la selección y formación de
jueces y magistrados, yo creo que no es mucho pedir que le transfiramos
también la capacidad de organizar la puesta en marcha del Centro de
Selección. Han decidido que en los primeros meses del año 1996 empiece el
primer curso de formación, lo que no significa que empiece el ejercicio
de sus competencias, que lo ha hecho antes, en el año 1995, por lo que yo
creo que es oportuno que dejemos tal como el Consejo desea la dotación
presupuestaria que en estos momentos tiene. Esos 100 millones de pesetas
seguramente serán necesarios, quizás insuficientes, para la dotación del
año 1996.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Iglesias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Ningún portavoz desea intervenir.
Terminado el debate de la primera parte de los presupuestos, vamos a
pasar a continuación a las votaciones de los correspondientes Títulos y
Secciones.
Vamos a proceder a la votación del Título I, artículos 1 al 12, excluidos
el 2, el 4, el 6 y el 12, así como el Anexo I, y, por lo tanto, votaremos
el Anexo II y el Anexo IX, advirtiendo que se ha presentado una enmienda
por todos los grupos que es corrección de errores al artículo 11.Uno,
segundo párrafo: donde dice: «El Gobierno rendirá cuentas al Congreso de
los Diputados» debe decir: «El Gobierno rendirá cuentas al Congreso de
los Diputados y al Senado.» Por lo tanto, esta enmienda queda incorporada
al Informe de la Ponencia.
Pasamos, por tanto, a votar el Título I, tal y como he indicado
anteriormente, con las excepciones mencionadas y con la incorporación de
esta enmienda firmada por todos los grupos.
Se vota, por tanto, el informe de la Ponencia con las correspondientes
incorporaciones. ¿Están de acuerdo los portavoces? (Pausa.)
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, habrá que hablar primero de las
incorporaciones.
El señor PRESIDENTE: Las incorporaciones son aquellas que en su día
aprobó la Ponencia y, asimismo, las que en estos momentos se quieran
someter a votación para ver si se van a incorporar o no al informe de la
Ponencia.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, creo que deberíamos proceder a la
votación agrupada de todas las enmiendas, excepto aquellas que se quieran
individualizar, que por nuestra parte serán muy pocas, para ver si se
incorporan o no al informe de la Ponencia. Es decir, la Ponencia debe
manifestarse sobre las enmiendas que se han debatido ahora en la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, estaríamos en el mismo
supuesto que el año pasado, sólo que algunas horas más tarde y con más
cansancio todavía que el que teníamos entonces.
Creo que en este momento puedo representar a la mayoría de la Ponencia
para decir que solicitamos se vote su informe tal y como fue aprobado por
la misma, es decir, sin ninguna otra incorporación, salvo la que el señor
Presidente ha tenido a bien leer, firmada por los portavoces de todos los
grupos, con lo cual se sobreentiende que todas las enmiendas no
incorporadas al informe de la Ponencia se podrán defender en el Pleno
para que en el mismo sean tomadas en consideración.
En este sentido, señor Presidente, solicitaría que, en todo caso, se
consultara a los tres ponentes, aunque mi posición sería la de votar el
informe de la Ponencia tal y como fue aprobado por la misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, no quisiera repetirme. Yo
iba a decir lo mismo que ha manifestado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Presidente, le rogaría que nos dijese de nuevo qué es lo que vamos
a votar, porque no lo he entendido muy bien.
El señor PRESIDENTE: Esta cuestión queda para después de efectuar la
consulta a los diferentes portavoces, señoría.
Tiene la palabra el portavoz de Convergència y Unió.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Señor Presidente, como miembro de la Ponencia
me manifiesto en los mismos términos que el Senador Granado, es decir,
que se vote el informe de la Ponencia con la única y exclusiva
incorporación de la enmienda de corrección de errores que su señoría ha
citado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor UTRERA MORA: Nosotros proponemos la votación individualizada
para que la Ponencia se manifieste sobre la inclusión de algunas
enmiendas. Queremos que los miembros que formaron parte de la Ponencia
en este proyecto de ley den su voto, positivo o negativo, y
posteriormente, una vez cerrado el informe de la Ponencia con las
modificaciones que, en su caso, cupiera introducir, se proceda a la
votación por parte de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece, vamos a seguir el mismo
trámite del año pasado, que consiste en que si algún grupo solicita que
alguna enmienda se incorpore al informe de la Ponencia, esa enmienda sea
votada. A continuación, votaríamos el informe de la Ponencia con la
incorporación que se pueda haber producido también en este trámite.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, yo pediría que siguiésemos
el Reglamento de la Cámara que para eso está. El Reglamento dice que se
vota el informe de la Ponencia. La mayoría de los ponentes nos hemos
manifestado en el sentido de considerar que todas y cada una de las
enmiendas que no han sido aceptadas en el trámite de Ponencia pasen a
Pleno.
Señor Presidente, a las diez de la noche no me veo en condiciones de
repetir esta misma cuestión en todas y cada una de las enmiendas. Creo
que está suficientemente explicado en castellano que el informe de la
Ponencia va a ser votado. Por tanto, se entiende que las enmiendas no
incorporadas pasan a Pleno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Barbuzano. (Rumores.)
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, si tiene la bondad, yo
necesitaría que nos auxiliasen jurídicamente, ya que no soy ningún
experto en Reglamento.
En otras Comisiones en que se han debatido otros proyectos de ley yo he
solicitado lo mismo que acaba de pedir el portavoz del Grupo Popular, y
se me ha contestado que en el Reglamento se contempla que se vota el
informe de la Ponencia. Quisiera que, dado que usted tiene un auxilio
jurídico magnífico sentado a su izquierda, se nos aclarase esto. Si ello
es posible, solicito que, al igual que se me ha contestado en otras
Comisiones, se me conteste también aquí. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: El problema está en que en la votación de
presupuestos tradicionalmente se ha admitido, no solamente el trámite que
en estos momentos solicita el Grupo Popular, es decir, que se voten las
enmiendas para su incorporación o no al informe de la Ponencia, sino que
--repito-- por tradición, e independientemente del mandato del
Reglamento, se votaban todas las enmiendas. Esta era la situación en que
se desarrollaba la votación en trámite parlamentario en Comisión.
Ahora bien, el año pasado llegamos a un acuerdo por el cual se votaba el
informe de la Ponencia, pero previamente en la misma Comisión se votaron
algunas enmiendas para ver si se incluían o no en el informe de la
Ponencia. Ese fue el compromiso al que llegamos el año pasado también en
el trámite de Comisión, no en el de Ponencia.
Por tanto, desearía solicitar de todos los grupos que se diera esta
posibilidad --porque si no, nos alargaríamos demasiado--, para que por
parte de la Mesa, oídos los portavoces y los ponentes, sigamos el trámite
parlamentario utilizado el año pasado. Es decir, los representantes de
los grupos pueden manifestar si desean incorporar alguna enmienda al
informe de la Ponencia. Lo que les ruego es que no nos pidan que se voten
enmiendas individualizadas porque entonces resultaría interminable.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular. (Rumores.)
El señor UTRERA MORA: Tal y como ha señalado el Presidente, voy a
proponer para su votación por la Ponencia la enmienda de Convergència i
Unió número 2.524.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, le pido formalmente que la
Mesa tome una decisión sobre si se aplica el Reglamento o se aplican
otras cosas.
El Reglamento dice que se vota el informe de la Ponencia, y la mayoría de
los ponentes nos hemos pronunciado en el sentido de que se vote el
informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: La única salida que tiene la Presidencia es
suspender la sesión para que se celebre una reunión de la Mesa y de la
Junta de Portavoces.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, creo que este tema ya se debatió
el año pasado alegándose entonces varios argumentos.
En primer lugar, nosotros entendemos que, tal y como está redactado el
Reglamento --por cierto, me gustaría que se leyera en este momento-- en
él se dice que la Ponencia ha de expresarse de forma concreta respecto de
las enmiendas. Pienso, por tanto, que cualquier portavoz tiene derecho a
que la Ponencia se manifieste respecto de algunas enmiendas en concreto o
respecto de todas ellas (Rumores.), con lo cual no me sirve una
valoración global. Yo quiero una manifestación expresa sobre determinadas
enmiendas por parte de la Ponencia, lo que no es incompatible con el
Reglamento. (Rumores.)
Segunda cuestión. Todo el trámite de Comisión resultaría una burla,
resultaría vacío de contenido si esta Comisión, bien a través de la
Ponencia, bien por sí misma, no pudiese individualizar las votaciones
porque, por esa misma razón, cuando se presente el informe de la
Ponencia, como no se podrán segregar partes del mismo, habría que votarlo
en conjunto, y nosotros pensamos que esto tiene que permitírsele también
a la Comisión.
Consecuentemente, y sin meternos en unas interpretaciones complejas que
podrían llevarnos mucho tiempo, yo insisto en que, lógicamente, sin
abusar, las enmiendas que vamos a proponer no van a ocupar a esta
Comisión más de cinco o siete minutos. Es decir, no vamos a votar una por
una las enmiendas presentadas a este proyecto de ley de presupuestos;
estamos hablando de votar unas pocas.
Deseo, por tanto, que se manifiesten individualizadamente sobre estas
enmiendas los miembros de la Ponencia. Con ello se cumple el Reglamento
en sus estrictos términos, pero la Ponencia se manifiesta sobre esas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, los ponentes ya nos hemos
manifestado. En todo el debate nos hemos estado manifestando sobre las
enmiendas.
Señor Presidente, este mismo debate ya lo tuvimos el año pasado. Cuando
decimos que una enmienda no se incorpora al informe de la Ponencia ya nos
hemos manifestado. Lo que dice el Reglamento es que sólo se votan las
enmiendas si es rechazado el informe de la Ponencia. Pues bien, que se
vote entonces el informe de la Ponencia. Eso es lo que dice literalmente
el Reglamento, que las enmiendas sólo se votan si es rechazado el informe
de la Ponencia, y nosotros pedimos que se vote el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Letrado que dé lectura al artículo
que contempla este tema.
El señor LETRADO: Artículo 116.2: «Acordado el cierre, el Presidente
someterá a votación la propuesta que en ese momento formule la Ponencia.
Si se aprobase el texto de la misma, quedará incorporado al dictamen; si
se rechazase, se someterán a votación las enmiendas mantenidas por su
orden de discusión, y en el supuesto de que ninguna obtuviera la
aprobación, el Presidente podrá suspender la sesión para que la Ponencia,
junto con los enmendantes, proceda a la redacción de un nuevo texto, que
se someterá a votación.»
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, si me lo permite, de acuerdo con
esa redacción literal, el año pasado --y creo que no hay motivos para que
se deje de hacer este año-- entendimos que ese mismo momento era ahora.
Por tanto, ahora la Ponencia tiene que manifestarse. La única duda es si
ha de hacerlo de forma global o individualizada. Esto no lo dice el
Reglamento, pero el año pasado se interpretó de forma individualizada en
algunas enmiendas y el Grupo Parlamentario Popular pide que así se haga
este año.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, el ponente señor Cambra y yo
mismo ya hemos manifestado que deseamos que se vote el informe de la
Ponencia sin ninguna otra incorporación que la enmienda técnica que ha
tenido a bien leer el señor Presidente de la Comisión. Si esto no está lo
suficientemente claro, no sé dónde está la oscuridad.
El señor PRESIDENTE: Uno de los artículos del Reglamento atribuye al
Presidente la capacidad de interpretación del Reglamento. (Risas.)
Acordado el cierre, el Presidente someterá a votación la propuesta que en
ese momento formule la Ponencia --y, lógicamente, ésta tendrá que
manifestarse--, vamos a proceder a que la Ponencia se manifieste sobre
alguna de las enmiendas que los diferentes grupos quieran someter a
votación. (Rumores.) Por tanto, se procederá a la votación en los
términos que ha indicado la Presidencia. (Protestas y rumores.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, para que indique las
enmiendas que presenta para que la Ponencia se pronuncie al respecto.
El señor UTRERA MORA: Pedimos que la Ponencia se pronuncie sobre las
enmiendas 2.524, 2.525, 2.527 y 2.528, del Grupo de Convergència y Unió.
(Rumores y protestas.--El señor Alierta Izuel pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.
Quiero poner en conocimiento de la Comisión que soy uno de los tres
ponentes. El pasado miércoles asistí a la Ponencia del proyecto de ley de
los presupuestos generales del Estado. La Ponencia duró aproximadamente
una hora y media, en el entendimiento de que se abreviaba el trámite para
debatir los distintos temas en Comisión según el procedimiento
tradicionalmente seguido. Evidentemente, se puede aplicar el Reglamento
en sus propios términos, pero debo decir que entonces el trámite de
Ponencia soslayaría de alguna forma lo que debería haber sido y
deberíamos haber examinado en Ponencia las 2.500 enmiendas, una a una,
para que todos los ponentes nos hubiéramos pronunciado sobre ellas.
Porque, señor Presidente, señores de la Comisión, en Ponencia nos
definimos sobre una mínima parte de las enmiendas y sobre el resto no nos
pronunciamos, porque ni siquiera las conocíamos, ya que materialmente no
teníamos tiempo para ello.
En consecuencia, si se aplica el procedimiento que se exige se va a
hurtar de alguna forma a esta Cámara un auténtico debate. Podrá ser
reglamentario, señor Presidente, pero desde luego este Senador entenderá
que ha hecho un flaco servicio a esta Cámara asistiendo a una Ponencia,
haciendo de ella una cuestión de trámite, en la esperanza de que en
Comisión se iba a debatir con la mínima seriedad de tramitación.
Evidentemente, es algo reglamentario, no pongo en duda ese aspecto, pero
vuelvo a insistir en que entiendo que una Ponencia que fue un auténtico
trámite y una Comisión que pasa a ser un auténtico trámite no es como
normalmente --y menos los ciudadanos de este país-- se entiende que se
debe tramitar una ley de la importancia de los presupuestos. Hágase lo
que decida la mayoría, pero bajo su responsabilidad. Este ponente, desde
luego, no suscribe esa interpretación.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, la mayoría de los ponentes
hemos formulado una propuesta y pedimos que se vote el informe de la
Ponencia tal como fue aprobado. Es una propuesta de la mayoría de la
Ponencia o, lo que es lo mismo, de la Ponencia en sí. Por tanto, esa
propuesta debe ser reglamentariamente sometida a votación.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, reglamentariamente, es en este
momento cuando tiene que manifestarse la Ponencia. (Protestas.) Estamos
en un foro de debate y queremos que la Ponencia se manifieste sobre
cuatro enmiendas concretas, porque no queremos asistir a un nuevo juego
del escondite. Se trata de cuatro enmiendas con las que nosotros estamos
de acuerdo y que vamos a votar a favor. Son cuatro enmiendas que se
acaban de defender en esta Comisión por el Grupo de Convergència i Unió.
Por tanto, queremos ver cómo se incorporan al informe de la Ponencia,
porque si no es así se estará hurtando al trámite de Comisión su
verdadero contenido. Exigimos, pues, porque así está previsto en el
Reglamento, que en este momento los tres miembros de la Ponencia --o los
cinco, si los hubiera--, digan si se incorporan al informe de la
Ponencia, o no. Por tanto, me gustaría que preguntara a cada uno de los
tres ponentes si se van a incorporar o no al informe de la Ponencia estas
cuatro enmiendas.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, Senador Utrera, las enmiendas no
corresponden al Título que íbamos a votar, sino al Título VI.
Por tanto, vamos a ir por orden y vamos a proceder a votar el Título I,
artículos 1 al 12, excluidos los artículos 2, 3, 4, 6 y 12 y el Anexo I,
y con la incorporación de la enmienda transaccional que, firmada por
todos los Grupos, se elevó a esta Presidencia, y que indica que en lugar
de decir: El Gobierno rendirá cuentas al Congreso de los Diputados, debe
decir: El Gobierno rendirá cuentas al Congreso de los Diputados y al
Senado.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, si me lo permite, creo que va a
ser mucho más rápido que ahora votemos las enmiendas que cada portavoz
considere oportuno, que serán unas pocas, para incorporarlas previamente
al informe de Ponencia y posteriormente actuar en el informe de la forma
que ha señalado. Como digo, son unas pocas las enmiendas sobre las que
pedimos manifestación expresa en cada Título.
El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, la ordenación del debate le
corresponde al Presidente. Por tanto, se indicarán las enmiendas que se
quieran incorporar en cada Título y se votará para que la Ponencia
manifieste si se incorporan o no.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, usted ya tiene una propuesta
de la Ponencia y no puede obviar eso. A lo mejor me habría dado igual que
se votara como ha indicado el Senador Utrera, pero no tengo ninguna
seguridad de que, pasado por el arco de triunfo el artículo 116 del
Reglamento de esta Cámara, no sean luego el 117, el 118, o en 124, los
que se pasen por el mismo sitio.
Por tanto, el Reglamento de la Cámara regula cómo se vota en Comisiones y
no el Senador Utrera o el Senador Alierta, ni los Senadores del Grupo
Popular, ni los del Grupo Socialista. Lo regula el Reglamento. Usted
tiene una propuesta de la Ponencia y tiene que someterla a votación en
aplicación del Reglamento, porque lo contrario es violentarlo. Y el
Presidente de la Comisión no puede violentar el Reglamento, como no lo
puede hacer ningún Senador.
El señor PRESIDENTE: Senador Granado, el Presidente de la Comisión de
Presupuestos no intenta, ni intentará nunca, violentar el Reglamento del
Senado, sino interpretarlo. (Rumores.) Y el Reglamento del Senado, en el
artículo 116, párrafo 2, dice: Acordado el cierre, el Presidente someterá
a votación la propuesta que en ese momento formule la Ponencia. Esta
interpretación el año pasado se hizo en las mismas condiciones que en
estos momentos está formulando la Presidencia, y fue aceptada por sus
señorías. El Reglamento no ha variado en absoluto. Por tanto, como el año
pasado se interpretó así y fue aprobado por sus señorías, que son los
mismos ponentes de la Comisión, creo que hay una jurisprudencia para
interpretar el Reglamento de acuerdo con lo que decían sus señorías el
año pasado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, yo no puedo votar enmiendas
porque el Reglamento de la Cámara dice que las enmiendas sólo se votan si
es rechazado el informe de la Ponencia, y lo que le pido es que tenga en
cuenta cuál es el informe de la Ponencia.
El señor PRESIDENTE: No se votan las enmiendas en la Comisión, se votan
si se incorporan al informe de la Ponencia por los ponentes. (Rumores.)
Llegaríamos al contrasentido de que en estos momentos tendría que
reunirse la Ponencia después del debate para ver si realmente incorporan
nuevas enmiendas al informe de la Ponencia. Para evitar eso se hace la
interpretación que hicimos el año pasado, de que en estos momentos la
Ponencia se pronuncia si se incorporan algunas enmiendas al informe de la
Ponencia. (Rumores.)
El señor ALIERTA IZUEL: Señor Presidente, como miembro de la Ponencia me
gustaría saber qué es lo que proponemos a la Comisión, tener información
y pronunciarme sobre ello. En consecuencia, propongo que se reúna la
Ponencia para ver qué proponemos con respecto al Título I. (Rumores.)
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, intervengo para una
cuestión de orden.
¿Le parecería a usted que sería bueno que hubiese un pequeño receso y se
reuniese la Mesa y portavoces, como suele hacerse históricamente, para
solventar este problema?
El señor PRESIDENTE: Este receso a estas alturas podría ser...
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, nos pagan para estar aquí
hasta la hora que sea necesaria.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante diez minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Reunida la Ponencia ha acordado por mayoría que se someta a votación el
informe emitido por la Ponencia en su día, con la única incorporación de
la corrección de errores.
Por lo tanto, según el acuerdo de la Ponencia, sometemos a votación el
informe de la Ponencia del Título I, artículos 1 al 12, excluidos el 2,
el 3, el 4, el 6 y el 12, y los Anexos II y IX, excluido el I. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
En este informe de la Ponencia se entiende incluida la enmienda que han
firmado todos los portavoces.
Votamos, a continuación, al Título II, artículos 13 al 17 y Anexos VII y
VIII. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 12; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título III, artículos 18 al 32. Se vota el informe de la
Ponencia con sus correspondientes incorporaciones. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título IV, artículos 32 a 42 y Sección 0,7, Clases Pasivas.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título VIII, artículos 105 y 106. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 12; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título V, artículos 43 a 57, excepto el artículo 43, Anexos
III, IV y VI y Sección 06, Deuda Pública. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título VI, artículos 58 al 85. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el Título VII, artículos 86 a 104 y Secciones XXXII, Entes
Territoriales, y XXXIII, Fondo de Compensación Interterritorial. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar las Disposiciones Adicionales Primera a Vigésima quinta y
Nuevas. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposiciones transitorias primera a séptima y nuevas. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en
contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición derogatoria. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición final primera. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 12; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Anexos X y XI. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en
contra, 12; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Sección 01, Casa de Su Majestad el Rey. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 02, Cortes Generales. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 03, Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 04, Tribunal Constitucional. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 05, Consejo de Estado. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 08, Consejo General del Poder Judicial. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16;
abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalizadas las votaciones, se suspende la sesión hasta mañana a las
nueve de la mañana.
Eran las veintidós horas y cincuenta minutos.
(El debate del proyecto de ley continúa en el Diario de Sesiones número
155, del martes 13 de diciembre de 1994.)