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DS. Senado, Comisiones, núm. 150, de 28/11/1994
Año 1994 V Legislatura
Comisiones. Núm. 150
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS
PRESIDENCIA DE DON JOAN REVENTOS I CARNER
Sesión celebrada el lunes, 28 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Elección de cargo de Secretario 2.º de la Mesa. (Número de expediente
541/000023.)
Constitución de Ponencias en el seno de la Comisión:
--Ponencia sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el
futuro de la Unión Europea. (Número de expediente 543/000010.)
--Ponencia sobre aplicación y evaluación de los fondos europeos y
evaluación del Fondo de Compensación Interterritorial en el sistema de
financiación autonómico. (Número de expediente 543/000011.)
--Ponencia para la evaluación del sistema de financiación autonómica.
(Número de expediente 543/000012.)
Dictamen de la Comisión sobre la Proposición de ley que modifica el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985. (Número de expediente 624/000006.)
Debate sobre las secciones del Proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1995. (Números de expediente 621/000051 y 544/000010.)
Debate sobre materias de naturaleza autonómica relacionadas con la
Comunidad Autonómica Canaria. (Número de expediente 544/000011.)
Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los Consejeros de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, La Rioja, Galicia y Canarias, que nos
acompañan en la sesión de esta tarde.
Formalmente, corresponde, en primer lugar, aprobar el acta de la sesión
anterior, celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 1994. Y, a toro
pasado, pero es competencia del pleno de la Comisión, ratificar el
presentador del dictamen del Acuerdo de Cooperación del Arco
Mediterráneo, que, como recordarán sus señorías, fue el Presidente de la
Comisión, quien en este momento les habla. Los servicios de la Cámara me
han indicado que hay que proceder a ratificar esa designación.
En consecuencia, pregunto, en primer lugar, si alguno de los señores
portavoces tiene alguna observación que formular al acta. (Pausa.)
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento.
La misma pregunta formulo respecto al nombramiento del presentador del
dictamen del Acuerdo de Cooperación del Arco Mediterráneo español.
¿Hay acuerdo, por asentimiento, en ratificar aquella designación
realizada en su momento? (Pausa.)
Queda aprobada la ratificación.
--ELECCION DEL CARGO DE SECRETARIO SEGUNDO DE LA MESA. (541/000023.)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, elección del cargo
de Secretario Segundo de la Mesa.
Que yo sepa, existe una sola candidatura, la del Senador Espert, que, por
motivos obvios de falta de agilidad en las comunicaciones en todo el
territorio de la península y de las islas, no ha podido llegar a tiempo
al pleno de esta Comisión.
Como se trata de un solo candidato, y, aunque reglamentariamente
podríamos hacer, si algún portavoz lo pidiese, la votación por papeleta,
está previsto en el Reglamento de la Cámara que si hubiera conformidad y
ningún grupo parlamentario solicitara la votación por papeleta se podría
votar por asentimiento.
Por tanto, pregunto a los miembros de la Comisión portavoces de los
distintos grupos si puede ser elegido por asentimiento de toda la
Comisión como Secretario Segundo el Senador Espert. (Pausa.)
Queda elegido por asentimiento de la Comisión, Secretario Segundo de la
Mesa de la Comisión el Senador Espert.
CONSTITUCION DE PONENCIAS EN EL SENO DE LA COMISION:
--PONENCIA SOBRE EL PAPEL Y FUNCIONES DE LOS ENTES TERRITORIALES EN EL
FUTURO DE LA UNION EUROPEA. (543/000010.)
--PONENCIA SOBRE APLICACION Y EVALUACION DE LOS FONDOS EUROPEOS Y
EVALUACION DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL EN EL SISTEMA DE
FINANCIACION AUTONOMICO. (543/000011.)
--PONENCIA PARA LA EVALUACION DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA.
(543/000012.)
El señor PRESIDENTE: Estoy muy contento porque vamos muy deprisa, y sobre
la previsión de tiempo que tenía hemos ganado muchos minutos.
El tercer punto del orden del día es consecuencia de los acuerdos del
Pleno del Senado respecto a la constitución de tres ponencias: ponencia
sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el futuro de la
Unión Europea, ponencia sobre aplicación y evaluación de los
fondos europeos y evaluación del Fondo de Compensación Interterritorial
en el sistema de financiación autonómico y ponencia para la evaluación
del sistema de financiación autonómica.
Creo que ha habido acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios
sobre estas tres ponencias, pero pediría a todos los portavoces que,
aunque creo que la letrada ya ha recibido por escrito las distintas
propuestas, procedan a cantarlas en voz alta, en orden de menor a mayor.
Por tanto, pediría, en primer lugar, al Senador Calvo Lou, que me
facilitara los nombres de los Senadores del Grupo Mixto que van a
incorporarse a cada una de las Ponencias.
El señor CALVO LOU: Señor Presidente, en nombre del Grupo Mixto, quiero
empezar felicitando al Senador Espert.
Los nombres de los ponentes son los siguientes. Para la primera,
ponencia, sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el
futuro de la Unión Europea, está designado don Miquel Ramón i Quiles.
Para la segunda, Ponencia sobre Aplicación y Evaluación de los fondos
europeos y Evaluación del Fondo de Compensación Interterritorial en el
sistema de financiación autonómica, queda designado el Portavoz que les
habla, Valentín Calvo Lou. Y para la tercera, Ponencia para Evaluación
del sistema de financiación autonómica, también designamos a don Miquel
Ramón i Quiles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador don Ricardo Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Por nuestra parte, también nos unimos a la felicitación al Senador Espert
por su reciente nombramiento.
Respecto a los integrantes de las respectivas ponencias, para la primera,
Ponencia sobre el papel y funciones de los entes territoriales en el
futuro de la Unión Europea, designamos a Ricardo Sanz Cebrián, un
servidor. Respecto de la segunda, Ponencia sobre Aplicación y Evaluación
de los fondos europeos y Evaluación del Fondo de Compensación
Interterritorial en el sistema de financiación autonómica, designamos a
don José Antonio Torróntegui Gangoiti. Y en relación a la tercera,
Ponencia para Evaluación del sistema de financiación autonómica, queda
nombrado asimismo don José Antonio Torróntegui Gangoiti.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, tiene la palabra su Portavoz, Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No sólo me sumo a la felicitación al Senador Espert, sino también a la
alegría que nos produce el hecho de que haya llegado sano y salvo, aunque
tardíamente, a la Comisión.
En cuanto a la integración de las tres Ponencias, el Senador que les
habla va a integrar las tres, aunque posteriormente comunicaremos
posibles variaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su Portavoz, el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Naturalmente, también felicitamos al Senador Espert.
Para la Ponencia sobre el papel y funciones de los entes territoriales en
el futuro de la Unión Europea, proponemos al Senador don Manuel Ibarz i
Casadevall. Para la segunda, Ponencia sobre Aplicación y Evaluación de
los fondos europeos y Evaluación del Fondo de Compensación
Interterritorial en el sistema de financiación autonómica, designamos al
Senador Joan María Roig i Grau. Y para la tercera, Ponencia para
Evaluación del sistema de financiación autonómica, queda nombrado el
Senador don Ramón Companys i Sanfeliú.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz, el
señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Comisión el
traslado de la propuesta del señor Espert para la Secretaría de esta
Comisión. Como miembro de nuestro Grupo nos felicitamos de que la misma
haya sido aprobada por asentimiento y, en el caso particular del Senador
Espert, me cabe el honor y, a la vez, la tremenda dificultad de asumir
las funciones que anteriormente él venía desarrollando. Por lo tanto,
muchas gracias a la Presidencia y al conjunto de la Comisión.
Con respecto a las Ponencias, para la primera, Ponencia sobre el papel y
funciones de los entes territoriales en el futuro de la Unión Europea,
designamos a los Senadores don José Luis Sainz García y doña Marta
Alvarez Montes. Para la segunda, Ponencia sobre Aplicación y Evaluación
de los fondos europeos y Evaluación del Fondo de Compensación
Interterritorial en el sistema de financiación autonómica, designamos a
don Angel Carlos Bernáldez Rodríguez y don Javier Arenas Bocanegra. Y
para la tercera, Ponencia para Evaluación del sistema de financiación
autonómica, designamos a don José Manuel Molina García y a don Gregorio
Garzarán García.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su Portavoz,
Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos sumamos a las felicitaciones al nuevo miembro de la Mesa, Senador
Espert, con quien hemos compartido casi un año de trabajo cordial en esta
Comisión, a la que ha aportado su colaboración y sus iniciativas.
La formulación de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de
representantes para las Ponencias que se van a elegir se la hemos hecho
llegar al señor Presidente mediante un escrito, por lo cual rogamos la
tengan por formulada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para conocimiento de todos los miembros de la
Comisión, el Secretario Segundo, que por primera vez ejerce estas
funciones (Risas.) va a proceder a su lectura.
El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto de la primera, Ponencia sobre el papel y funciones de los entes
territoriales en el futuro de la Unión Europea, los Senadores don Mario
Onaindía Nachiondo, don José Antonio Marín Rite y don Narciso Serrano
Alvarez-Giraldo. Para la segunda, Ponencia sobre Aplicación y Evaluación
de los fondos europeos y Evaluación del Fondo de Compensación
Interterritorial en el sistema de financiación autonómica, don Fernando
González Laxe, don José Segura Clavell y doña Francisca Pleguezuelos
Aguilar. Y para la tercera, Ponencia para Evaluación del sistema de
financiación autonómica, don Jaime Barreiro Gil, don Antonio Garcías Coll
y don Federico Suárez Hurtado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Creo que la señora Letrada habrá tomado nota exacta de todas las
propuestas de los Grupos Parlamentarios y la adscripción de cada uno de
los Senadores que han leído los Portavoces a las tres Ponencias que en
este momento estamos constituyendo, por lo que pregunto a los Portavoces
de todos los Grupos de la Comisión si podemos considerar aprobadas por
asentimiento las propuestas que acaban de formular. (Pausa.) Queda
aprobada la constitución de las tres Ponencias y la adscripción, como
ponentes de las mismas,
de cada uno de los Senadores que en voz alta han sido nombrados por los
Portavoces de los respectivos Grupos parlamentarios.
--DICTAMEN DE LA COMISION SOBRE LA PROPOSICION DE LEY QUE MODIFICA EL
ARTICULO 70.2 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE
REGIMEN LOCAL. (624/000006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, Dictamen
de la Comisión sobre la proposición de ley que modifica el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de régimen
local.
Se ha presentado un conjunto de enmiendas al mismo, por lo que voy a ir
preguntando a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios respecto de la
defensa de estas enmiendas y turnos en contra de las mismas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, como veo que están ausentes los
firmantes de las dos enmiendas presentadas por dicho Grupo, números 1 y
2, tiene la palabra su Portavoz, Senador Calvo Lou.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para darlas por defendidas en sus propios
términos y que pasen a votación tal y como están presentadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda número 6, que ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra el Senador don Ricardo Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad vamos a señalar que la enmienda que hemos presentado no
es una repetición de la que presentó el Grupo Parlamentario Vasco en el
Congreso de los Diputados. Es una enmienda novedosa, y llamo la atención
sobre este aspecto para que no tenga una consideración similar a la que
se le dio en la otra Cámara.
Muy sucintamente explicaré que las novedades de esta enmienda radican en
que para nosotros es fundamental no sólo la publicación del texto
articulado de los planes de urbanismo sino el texto íntegro e, incluso,
la representación gráfica, porque no hay que olvidar que los planos, los
mapas, tienen eficacia vinculante, son auténticas normas y a estos
efectos así lo ha definido el Tribunal Supremo. El dictamen de la
doctrina sobre este particular es claro y, por lo tanto, abogamos por la
extensión de la publicación también a la representación gráfica, ya que
sabemos que hoy existen medios de reproducción que no implican ningún
tipo de problema a la hora de reflejar los mapas, si bien con una escala
distinta a la de los planes originales.
En segundo lugar --ésta es una cuestión meramente técnica-- queremos
señalar expresamente que el plazo a partir del cual entran en vigor este
tipo de normas será el de 15 días hábiles, sin hacer ninguna remisión
expresa a otro artículo. Y lo hacemos al objeto de facilitar su
comprensión por el ciudadano, en general, y la facilidad en el trabajo
por el operador jurídico, en particular.
Respecto a la tercera novedad, debo señalar que en nuestra enmienda
indicamos que la Administración competente a efectos de ordenar la
publicación y, por lo tanto, sobre la que recaerán las consecuencias
económicas de la misma, será aquélla a la que corresponda la aprobación
definitiva, con lo cual se descarga de este gravamen económico a los
ayuntamientos más débiles, a los ayuntamientos de menor número de
habitantes.
Y, por último, respecto a que las Administraciones Públicas competentes
tengan a disposición del público en general no solamente las normas
urbanísticas, queremos decir que conviene ampliar esta puesta a
disposición mediante fotocopias a las normas medioambientales y a las
normas de ordenación del territorio, dado que limitan fuertemente la
actividad de los particulares, suponen un gravamen muy notable sobre un
derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad, y creemos que
esto milita en pro de la aplicación del principio no ya de publicidad
exclusivamente, sino también del de seguridad jurídica.
El resto de las enmiendas las damos por defendidas en los términos que
alegábamos en su justificación y anunciamos, en su caso, la presentación
del correspondiente voto particular.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don
Ricardo Bueno.
El señor BUENO FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentadas tres enmiendas a esta
proposición de ley y quiero manifestar que, con el ánimo de que el
trámite de esta proposición en el Senado sea más breve, las damos por
defendidas puesto que ya se defendieron en el Congreso y en la votación
marcaremos nuestra postura.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la Senadora Zabaleta Areta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que el texto que hoy tenemos
para dictaminar es el mejor texto posible y que va a responder a los dos
objetivos con los cuales se presentó esta proposición de ley, uno de los
cuales era buscar la eficacia y la agilidad administrativa, sin menoscabo
de la transparencia, en cuanto a la publicación de todas las normas,
incluidas las urbanísticas. Por lo tanto, repito, pensamos que este texto
es el mejor, fruto, además, de dos enmiendas que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó en el Congreso de los Diputados y que han dado lugar
a la exposición de motivos y al articulado de esta proposición de ley que
vemos en el Senado.
El debate de las enmiendas que los restantes grupos han presentado a esta
proposición de ley lo llevaremos a cabo en el Pleno en el que se vea la
misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora.
Procede pasar a la votación de las enmiendas, y en el caso de que alguna
de ellas fuera aprobada no habría votación del texto del Dictamen. (El
señor Pérez García pide la palabra.)
Tiene la palabra, don Santiago Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, nos parece que
reglamentariamente procede la votación del Informe.
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo sus señorías en que se vote en
primer lugar el Dictamen? (Pausa.)
Vamos a proceder a votar el Dictamen del proyecto de ley, que en el caso
de ser aprobado se asumiría como Dictamen para su remisión al Pleno.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 27; en
contra, 23; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el texto del
Dictamen para su remisión al Pleno de la Cámara. En este momento las
enmiendas se entienden por decaídas, sin perjuicio del voto particular
que los señores Senadores intervinientes puedan formular para su
presentación en el Pleno de la Cámara.
-- DEBATE SOBRE LAS SECCIONES DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1995. (621/000051 y 544/000010.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día: Debate
sobre las secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 que afectan al sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas.
De acuerdo con el orden del día establecido, en primer lugar procede la
intervención de los Consejeros de las Comunidades Autónomas presentes que
se hayan inscrito en el registro de oradores por un tiempo de 10 minutos.
Doña Magdalena Alvarez Arza es el único miembro de un Consejo de
Comunidad Autónoma que se ha inscrito para este debate. Tiene su señoría
la palabra.
La señora CONSEJERA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
ANDALUCIA (Alvarez Arza): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, quisiera mostrar la
satisfacción de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el buen
funcionamiento de los mecanismos institucionales que han posibilitado
esta intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas
para exponer las líneas fundamentales de la posición de la Comunidad
Autónoma andaluza sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 1995 en aquellos aspectos relativos al sistema de financiación
autonómico.
Como ya se puso de manifiesto en el debate sobre el Estado de las
Autonomías celebrado el pasado mes de septiembre, los actuales niveles de
descentralización territorial alcanzados demandan el desarrollo y la
configuración de instrumentos o canales que permitan a las Comunidades
Autónomas participar en la formación de la voluntad del Estado. Así, se
consideró que la vía fundamental para dar respuesta a estas demandas que
reclaman la estructura territorial del Estado diseñada en el Título VIII
de la Constitución es la transformación y la nueva configuración de esta
Cámara, el Senado, como una auténtica Cámara territorial. Por estas
razones nos parece doblemente importante esta participación que ha
habilitado la última reforma del Reglamento del Senado: por un lado,
porque es una vía muy adecuada para ir progresivamente acercándonos a ese
objetivo unánimemente aceptado de la nueva configuración del Senado y
esta vía posibilita en cierta medida la participación que las Comunidades
Autónomas reclamamos; en segundo lugar, porque este ejercicio, todavía
incipiente y que debe consolidarse, permite ya de algún modo la
participación directa de las Comunidades Autónomas a través de una
representación institucional en los procesos de formación de la voluntad
del Estado, y en el caso concreto que nos ocupa porque va a permitir
exponer nuestras opiniones en un proceso de la importancia e incidencia
que en las Comunidades Autónomas tiene el de la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, nuestra presencia en
esta Comisión no sólo está motivada por el deseo y el deber de estar
presentes, sino que queremos participar responsablemente mediante las
fórmulas existentes en todos los procesos de formación de la voluntad del
Estado. Queremos participar en los Presupuestos Generales del Estado, en
la financiación de la Comunidad Autónoma, que es muy significativa y, en
consecuencia, nos gustaría exponer nuestras consideraciones sobre
aspectos que tienen tanta importancia, repito, para Andalucía.
Aunque no sea el objeto de la presente comparecencia, quisiera aprovechar
la ocasión para expresar que, si bien existen mecanismos institucionales
que permiten la participación de las Comunidades Autónomas en el examen
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado --y creo que mi
presencia aquí es buena muestra de ello--, consideramos que resulta
completamente necesario proceder a potenciar la participación de las
mismas en la elaboración del referido proyecto de ley haciéndola más
extensa y coordinada y haciendo que esta participación se extienda tanto
a aquellos temas que condicionan las actuaciones a desarrollar por las
Comunidades Autónomas como los que afectan a su financiación.
Respecto a la concreción de la financiación de las Comunidades Autónomas
en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995,
quisiera señalar, aunque
sea brevemente, el marco general de referencia en el que se inscriben. El
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1995 se inscribe en un
contexto general marcado básicamente por dos notas dominantes: una
primera, relativa al hecho de que la economía española apunta indicios
suficientes de haber dejado atrás la fase descendente del ciclo
económico; una segunda nota, relativa a la plena asunción en los mismos
del reto de encauzar la actuación de las Administraciones Públicas
españolas hacia la consecución de los objetivos de convergencia nominal
con los países integrantes de la Unión Europea, aspirando, por tanto, a
fortalecer la posición del Estado español ante la futura Unión Económica
y Monetaria. En este contexto general, la orientación del proyecto de
presupuestos generales del Estado para 1995 está marcada por una obligada
contención del gasto público compatible con la necesidad de preservar la
calidad y la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios
públicos y, además, de garantizar los niveles actuales de protección
social.
Esta orientación presupuestaria incidirá, lógicamente, en los recursos de
que dispondrán las Comunidades Autónomas para el próximo año de acuerdo
con el marco competencial asumido por cada una de ellas en la medida en
que su provisión se instrumente a través de los presupuestos generales
del Estado.
Este hecho no supone más que un reflejo de las necesarias dosis de
corresponsabilidad y de coordinación que el sistema de financiación
autonómico transmite a las actuaciones de las diferentes Comunidades
Autónomas, adecuando la evolución de sus recursos financieros a las
posibilidades de evolución global de la financiación pública.
A este respecto hay que señalar que los principales mecanismos de
financiación autonómica vigente: la participación en los ingresos del
Estado, la participación en los presupuestos del Insalud y el Fondo de
Compensación Interterritorial, revisten un carácter notablemente reglado
que los dota de una significativa automaticidad en los procesos de
presupuestación y distribución por Comunidades, estando basados en
criterios objetivos previamente consensuados normalmente en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así pues, las dotaciones que el proyecto de presupuestos del Estado para
1995 contempla en unos de los principales mecanismos de financiación de
las competencias comunes y de educación, recogida en la sección 32 de los
mismos, responden a la estricta observancia de los acuerdos alcanzados en
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, acuerdos del 20 de
enero de 1992. En estos acuerdos se concreta el método para la aplicación
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para el período
1992-96.
En aras de mantener la suficiencia financiera de las Comunidades
Autónomas en el referido período, en el citado método se han determinado
los criterios por los que se regiría la evolución de la financiación a
percibir por este mecanismo, criterios que son de aplicación automática y
cuyo resultado para 1995 es un incremento nominal de la financiación
sobre el año base de 1990 del 35,86 por ciento para las Comunidades que
accedieron a la Autonomía por la vía del artículo 143, y del 39,56 para
las que lo hicieron por la vía del artículo 151. Este mayor incremento
refleja la priorización de la política educativa.
Lógicamente, el proyecto de presupuestos para 1995 contempla también la
revisión de los porcentajes de participación derivados del traspaso de
los nuevos servicios a determinadas Comunidades Autónomas realizados
durante 1994, e igualmente el proyecto de presupuestos recoge la
aplicación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 7
de octubre de 1993, relativo al procedimiento para la aplicación de la
corresponsabilidad fiscal que, como sus señorías saben, agota su vigencia
en 1995, debiendo, por tanto, pronunciarse el Consejo antes de 1996 sobre
la conveniencia de posibles reformas en su aplicación.
En nuestra opinión, el sistema de financiación autonómica debe avanzar
por el camino de la descentralización fiscal, posibilitando que el modelo
de corresponsabilidad fiscal se diseñe sobre la potenciación del
principio de autonomía financiera, avance este cuyo desarrollo debe
acometerse desde la garantía, la preservación y el más absoluto respeto a
los principios de equidad y de solidaridad.
Por lo que respecta a la financiación de las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud, tanto en vertiente de gestión directa
como de gestión transferida, el proyecto de presupuestos generales del
Estado para 1995 incorpora, como sus señorías conocerán, un nuevo sistema
de financiación sanitaria y un cambio en el procedimiento presupuestario.
Este nuevo modelo de financiación de la sanidad presenta como principales
características, a nuestro juicio, las siguientes: procura un marco
estable, que deberá guiar la financiación de asistencia sanitaria,
concretado en la explicitación de un escenario presupuestario cuatrienal
de 1994 a 1997, que recoge una evolución racional de los recursos
aplicables al sistema adecuándolos a la evolución del PIB nominal.
Asimismo, este nuevo modelo define los principios de equidad aplicables
en el reparto de los recursos disponibles, reparto que se realiza sobre
la base de la distribución territorial de la población protegida de forma
que se garantice un cumplimiento adecuado del objetivo prioritario
establecido en la Ley General de Sanidad que, como saben, persigue una
igualdad efectiva en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos
sanitarios.
Este nuevo sistema puede garantizar, además, la suficiencia financiera de
las Comunidades Autónomas en la prestación de estos servicios en la
medida en que se parte del gasto en que, efectivamente, se ha incurrido,
adecuándolo a las necesidades reales.
La posición de la Comunidad Autónoma andaluza se resume diciendo que
compartimos la filosofía del nuevo sistema en cuanto que supone un avance
en la presupuestación más realista y más racional del gasto sanitario en
cuanto que dota a las Comunidades Autónomas con gestión transferida de un
referente de financiación a medio plazo, ganando, por tanto, en
estabilidad y automatismo el nuevo sistema y, consecuentemente, palia la
incertidumbre que el anterior sistema introducía en la financiación de la
gestión transferida, al hacerla depender del referente de actuación del
Insalud-gestión directa.
No obstante, tenemos que manifestar que, aun valorando muy positivamente
los avances hasta ahora logrados, desde el punto de vista de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aún quedan algunos aspectos sobre los que es
preciso seguir avanzando y mejorando y sobre los que es preciso alcanzar
un acuerdo próximamente.
Por otra parte, como sus señorías conocen, el Fondo de Compensación
Interterritorial desempeña una función fundamental dentro del conjunto de
mecanismos del sistema de financiación autonómica. Es un instrumento, es
un elemento fundamental en la articulación del mismo con los principios
de solidaridad y redistribución de las rentas y de la riqueza. Constituye
un instrumento financiero interno primordial en el objetivo de impulsar
el reequilibrio económico interterritorial del Estado español. Y aun
cuando durante 1990 el FCI fue objeto de una profunda reforma reflejada
en la vigente Ley 29/1990, Reguladora del mismo, que le asigna como única
misión la atención al reequilibrio económico, desligándolo
definitivamente de la financiación de la inversión nueva y, por tanto,
lógicamente, limitando el número de Comunidades Autónomas beneficiarias a
aquellas de menor renta, o sea, las del Objetivo 1 de acuerdo con la
calificación de los fondos estructurales comunitarios, y aun cuando se
estableció que su dotación financiera no podría ser inferior al 30 por
ciento de la inversión nueva de carácter civil del Estado y de sus
organismos autónomos, y aun cuando posteriormente, en el acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, fue
objeto de algunos retoques, elevándose el importe de su dotación mínima
al 35 por ciento de la citada inversión al tiempo que se estableció otra
garantía de mínimos por la cual su dotación no podrá resultar inferior a
la registrada en 1991 en prevención de posibles caídas de la inversión
nueva del Estado, pues bien, a la vista de lo acontecido en estos últimos
años, queda demostrado que tales garantías han resultado insuficientes,
por lo que no podemos por menos de expresar una necesidad de modificación
del Fondo de Compensación Interterritorial, una modificación que se
refleja en el aumento de su dotación financiera, dotación financiera que
prácticamente ha permanecido inamovible desde 1991.
Esta congelación de la cuantía ha supuesto, en definitiva, una importante
merma de la capacidad efectiva del Fondo para atender al reequilibrio
económico interterritorial evaluable en un descenso en términos reales
cercano al 17 por ciento.
Por tanto, consideramos que el importe de los créditos contemplados en la
sección 33 del proyecto de presupuestos resulta insuficiente para seguir
impulsando adecuadamente el reequilibrio económico. Consideramos que una
adecuada dotación del mismo para 1995 exigiría situar su importe en el 40
por ciento de la inversión nueva del Estado, lo que supondría un
incremento global de unos 17.000 millones de pesetas sobre el importe de
los créditos contemplados actualmente en el proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado para 1995.
Por otra parte, en el conjunto de los actuales mecanismos de financiación
autonómica existe un grupo de ellos que hasta la fecha revisten el
carácter de no reglados, carácter que imposibilita una presupuestación y
distribución basadas en criterios objetivos y previamente consensuados
entre las distintas partes implicadas. Es deseable el avance en la
regularización de tales mecanismos, entre los que se encuentran las
asignaciones de nivelación, los fondos de cohesión y las subvenciones del
Estado gestionadas por las Comunidades Autónomas.
En lo concerniente a las asignaciones de nivelación recogidas en el
artículo 15 de la Lofca, y específicamente para Andalucía, en la
Disposición Adicional Segunda de su Estatuto de Autonomía, no tienen
reflejo, como sus señorías saben, en el proyecto de ley para 1995. Llama
precisamente la atención el hecho de que, desde el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de noviembre de 1986, en que se dio el
primer impulso para su pronta resolución, aún hoy no hayan sido objeto de
una adecuada instrumentalización, demora que en nada contribuye a la
proposición del necesario clima de estabilidad y cooperación en el que se
debe enmarcar el futuro desarrollo del sistema de financiación
autonómica. No obstante, después del tiempo transcurrido hay que apreciar
el avance que sobre este tema --al menos, en lo que respecta a la
clarificación del mismo-- se ha realizado en el reciente informe del
grupo de expertos sobre financiación autonómica, constituido a instancias
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esperamos que estas
actuaciones supongan un impulso definitivo que permita una pronta
instrumentalización de la misma.
En lo relativo al fondo de cohesión, hay que hacer mención a que el
proyecto de ley no recoge ninguna consideración acerca de la parte del
mismo destinada a las Comunidades Autónomas. Sobre este mecanismo
financiero el Ministerio de Economía y Hacienda presentó en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera una propuesta de distribución del fondo
entre las distintas Administraciones públicas. Como ya manifesté en el
citado Consejo, se puede considerar como un avance si lo comparamos con
la posición precedente, caracterizada por su orientación totalmente
centralizada, pero no es suficiente desde la perspectiva de las
competencias y responsabilidades asumidas por las Comunidades Autónomas.
Es evidente que la estructura territorial del Estado y la distribución
competencial existente demandan la participación de las Comunidades
Autónomas en el fondo de cohesión, estando éstas plenamente legitimadas
para este posicionamiento en relación con los recursos canalizados por el
mismo. Sin embargo, como ya expuse en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, creo que esta participación de las Comunidades Autónomas debe
establecerse en una doble vía. En primer lugar, respecto a la parte del
fondo destinada a ser gestionada por las Comunidades Autónomas, el
llamado fondo de cohesión territorializado, la participación de éstas no
se debe limitar a realizar una simple presentación de proyectos ante los
Ministerios correspondientes, sino que, de acuerdo con los principios
recogidos en el reglamento del fondo, deben establecerse unos criterios
que delimiten el alcance de la participación de cada una de las
Comunidades Autónomas en dichos recursos. Además, dichos criterios deben
estar inspirados en el principio de solidaridad.
En este sentido, es interesante como ejemplo el compromiso que recoge la
disposición adicional vigésima del proyecto de ley de presupuestos
generales del Estado para 1995, que establece que se fijarán
reglamentariamente los criterios de reparto del fondo de infraestructuras
de las corporaciones locales, que es financiado a partes iguales por el
fondo de cohesión y el Feder. Sin embargo, no se menciona en ningún
momento a las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, y con respecto al tramo del fondo que va a ser
gestionado por la Administración central --es decir, la parte del fondo
que no va a ser territorializado--, consideramos que deben establecerse
los mecanismos que permitan la participación de las Comunidades Autónomas
en su programación junto al Gobierno de la nación, al tiempo que dicha
programación debe tener presente el peso específico de cada una de las
Autonomías así como sus características socioeconómicas. Sólo así se
propiciará el empleo y distribución del fondo con arreglo a los
principios generales reguladores del mismo.
Esta opinión, plenamente respetuosa con la actual normativa comunitaria,
tiene un amplio refrendo, tanto en las recomendaciones que en su día
aprobó el Consejo Europeo de Edimburgo, como en las que aprobaron
unánimemente el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social en
sus respectivos dictámenes sobre el reglamento de los fondos de cohesión.
Asimismo, consideramos que la solidaridad con las regiones menos
desarrolladas, que es uno de los principios que inspiran la creación del
fondo de cohesión, como recuerda el Considerando Segundo de su
Reglamento, debe estar presente tanto en la distribución regional del
tramo del fondo asignado a las Comunidades Autónomas, como en la gestión
del tramo asignado a la Administración central, compensando así a las
Comunidades Autónomas que por su nivel de desarrollo requieren de un
mayor esfuerzo para lograr avanzar en los niveles de cohesión económica y
social pretendidos.
En este sentido, también es preciso hacer mención de la necesidad de
realizar una acción concertada entre el fondo de cohesión y el resto de
los instrumentos comunitarios y, en particular, con el Feder, a fin de
garantizar un mayor aprovechamiento entre todos los instrumentos de
desarrollo, evitando asimismo que los efectos pretendidos puedan anularse
por una acción divergente entre ellos. Entre otras razones, y sin
profundizar en más consideraciones, también hay que tener en cuenta que
los efectos derivados del escenario de consolidación presupuestaria del
programa de convergencia implicarán una limitación de la deuda pública y,
por tanto, de los niveles de inversión del Estado y, por ello, una
incidencia negativa sobre el instrumento de solidaridad interterritorial
interno, el fondo de compensación interterritorial. Si del esfuerzo
estatal deviene una limitación del FCI, para evitar esta incidencia
negativa en buena lógica habría que convenir que la asignación
territorializada del fondo de cohesión, establecido precisamente para
compensar esa incidencia del programa de convergencia, tuviese presente
criterios de solidaridad para soslayar estos efectos distorsionantes que,
por otro lado, y como es obvio, no son los pretendidos ni los queridos
por la Unión Europea.
En definitiva, consideramos que la participación de las Comunidades
Autónomas en el fondo de cohesión deberá articularse de acuerdo a las
siguientes reglas. En primer lugar, y respecto al tramo del fondo
destinado a las Comunidades Autónomas, es preciso establecer criterios
que determinen la cuantía de la participación de cada una de las
Autonomías en el mismo, de modo que exista una territorialización de los
recursos del fondo con arreglo a criterios explícitos y objetivos, que
además deben atender al cumplimiento del principio de solidaridad. En
segundo lugar, y respecto al tramo del fondo gestionado por la
Administración central, por una parte, es necesario que las Comunidades
Autónomas participen conjuntamente con aquélla en su programación,
estableciéndose los cauces y criterios concretos que posibiliten dicha
participación. Por otro lado, este tramo del fondo debe responder a
criterios de participación similares a los expuestos en el supuesto
anterior.
Por último, respecto a las subvenciones del Estado gestionadas por las
Comunidades Autónomas, quisiéramos indicar que, si bien cabe valorar
positivamente la disposición recogida en el artículo 16 del proyecto de
ley de presupuestos para 1995 --disposición que obliga a la inmediata
territorialización de las mismas-- consideramos que tal medida resulta
insuficiente, debiéndose avanzar en la línea de que tal
territorialización quede reflejada en el propio proyecto de presupuestos,
permitiendo así una mayor coordinación de la presupuestación autonómica.
Permítanme concluir recordando los puntos centrales de mi intervención.
El primero es la consideración positiva sobre la fórmula habilitada por
el Senado, que permite ya una participación directa de las Comunidades
Autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado, aun
cuando éste debe ser, a nuestro entender, el primer paso para lograr una
participación acorde con el nivel de descentralización alcanzado. En
segundo lugar, la consideración sobre la necesidad de extender la
participación de las Comunidades Autónomas a la fase de elaboración de
los presupuestos generales del Estado en el sentido expuesto con
anterioridad.
En relación con los mecanismos de financiación que revisten un carácter
reglado, entendemos que en su presupuestación se observan los acuerdos
alcanzados sobre la participación en los ingresos del Estado y la
financiación de la sanidad, si bien, en cuando a la financiación de la
sanidad, aún quedan aspectos pendientes sobre los que será necesario
avanzar al objeto de alcanzar un acuerdo global lo más pronto posible. No
obstante, estimamos que el Fondo de Compensación Interterritorial, que
juega un papel crucial en la articulación del sistema de financiación
autonómico, ha sufrido una merma en su capacidad efectiva de reequilibrio
económico, merma que consideramos inaceptable en uno de los pilares
básicos sobre el que se diseña y se asienta el sistema autonómico.
Por último, en lo relativo a los mecanismos no reglados, se han realizado
las siguientes consideraciones. Sobre la asignación de nivelación,
manifestamos una vez más la necesidad de su inclusión en el proyecto de
presupuestos para 1995 y, por lo tanto, urgimos en la definitiva
instrumentación de este aspecto de la financiación autonómica.
En relación con el Fondo de Cohesión, el actual proyecto de ley debería
clarificar la participación de las Comunidades Autónomas en el mismo.
Sobre las subvenciones del Estado gestionadas por las Comunidades
Autónomas, consideramos necesario que el proyecto de ley refleje su
territorialización sin dejarlo en un momento posterior.
Sólo me resta manifestar nuevamente satisfacción por el buen
funcionamiento de los mecanismos institucionales que nos han permitido
intervenir en esta Comisión y, además, agradecer la atención dispensada
por sus señorías, reiterando nuestra voluntad de colaboración cuantas
veces esta Comisión lo estime conveniente. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Consejera.
No hay inscrito en el registro de oradores ninguno de los Consejeros de
otras Comunidades Autónomas que nos están acompañando, pero con un
criterio de interpretación flexible anuncio a los señores Consejeros que,
si alguno de ellos desea intervenir, es el momento procedimental
oportuno. (Pausa.) Veo que ninguno de los señores Consejeros desea
intervenir en este punto.
Recuerdo que el Gobierno puede intervenir en cualquier momento de la
sesión. No hay manifestación por parte del Gobierno en este momento.
Vamos a pasar a turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Calvo Lou, por el Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto quiero dar la
bienvenida a la Consejera de Economía de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y celebrar la oportunidad que nos ha dado de conocer la opinión
de su Comunidad sobre los Presupuestos Generales del Estado, lo que viene
a demostrar la operatividad de esta Comisión, como ella misma ha puesto
de manifiesto, aunque tenemos que señalar que echamos de menos la postura
del Gobierno con respecto a la intervención de la señora Consejera. No sé
si intervendrá a lo largo de la Comisión, pero sí que nos gustaría
conocer su opinión sobre los puntos que ha manifestado la señora
Consejera. Esperamos que en el futuro estas anomalías, si lo son, porque
no quiero entrar en si verdaderamente lo son, se vayan corrigiendo con la
práctica de esta Comisión.
Por mi parte sólo quiero manifestar la bienvenida a la señora Consejera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
El Senador don Ricardo Sanz tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Al igual que ha hecho el Senador que me ha precedido en el uso de la
palabra, deseo dar la bienvenida a todos los representantes de las
Comunidades Autónomas que nos honran con su presencia y, asimismo, hacer
mías las palabras del Senador Calvo Lou respecto a la conveniencia de
conocer el criterio del Gobierno acerca de las manifestaciones que se han
hecho por la Consejera de la Junta de Andalucía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
El Senador Brito tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero hacer extensivo también el agradecimiento de nuestro Grupo por la
presencia de todos los representantes de las Comunidades Autónomas que
deseamos que, además, lo sean en mayor número y con mayor continuidad
para dar vida a este debate. Y, por supuesto, coincidiendo con gran parte
de las manifestaciones expresadas por la señora Consejera del Gobierno de
Andalucía, esperamos, lógicamente, que se facilite la opinión del
Gobierno que, en nuestra opinión, hubiera sido oportuna, si se va a
producir, antes de la intervención de los portavoces para suscitar el
debate que, en definitiva, es el motivo de facilitar o de posibilitar la
comparecencia de las Comunidades Autónomas en este Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
El Senador Ferrer tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovechando este turno de portavoces, y aunque sea de una forma
telegráfica, cuando se habla del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año hay que reconocer que existen
muchísimos aspectos que influyen sobre las Comunidades Autónomas. Sería
muy difícil destacar cuáles son los que influyen más, pero sí sería muy
fácil hacer una relación larguísima de aspectos que tienen, naturalmente,
influencia en las Comunidades Autónomas. Para señalar solamente algunos,
debo recordar que en el proyecto de ley de presupuestos del próximo año
está, por una parte, la prioridad del relanzamiento de la economía y la
reducción del paro y, por otra, la racionalización del gasto y la
reducción del déficit. Y, como novedad muy positiva, está el nuevo
tratamiento presupuestario que experimenta la sanidad.
Pero hay un aspecto sobre el que sí quiero detenerme, aunque sea
telegráficamente, que es el de la corresponsabilidad
fiscal. En este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es
el segundo año en el que se cristaliza este proceso que iniciamos el año
pasado: el de la corresponsabilidad fiscal. Nosotros, que deseamos una
autonomía política completa, creemos muy positivo este proceso iniciado;
creemos muy positivo que ya contabilicemos un segundo año de esta
corresponsabilidad fiscal y creemos que, como se va demostrando, muchas
Comunidades Autónomas pueden considerar útil también este proceso. No es
un proceso, no es una técnica, no es una dimensión autonómica
obligatoria, pero es muy recomendable a todas las Comunidades Autónomas
la corresponsabilidad fiscal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular van a intervenir dos Senadores, tal
como me acaba de indicar su portavoz, que dividirán su tiempo.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Con la venia de la Presidencia, se va a
dividir el tiempo de nuestro Grupo entre el Senador Tomey y la Senadora
Luzardo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Tomey tiene la palabra.
EL señor TOMEY GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Consejeros, señoras y señores Senadores, mi Grupo
Parlamentario en el Congreso, ya en el trámite de la discusión de los
Presupuestos Generales del Estado ha mantenido una enmienda a la
totalidad del Título VII y a las secciones. Yo voy a ocupar este primer
tiempo y mi compañera, Josefa Luzardo, hablará de las Corporaciones
canarias y de la Sección 33.
En el Título VII el Gobierno defiende su criterio sobre la financiación
de los entes territoriales. Mi Grupo Parlamentario no puede estar de
acuerdo por una serie de causas que voy a explicitar a continuación.
En cuanto a la financiación de las corporaciones locales, estimamos que
no se garantiza la autonomía ni la suficiencia financiera de las mismas,
que están declaradas como principios constitucionales. Sí es verdad que
se han avanzado algunos pasos: el 1 de agosto de este año se firmó un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para este
quinquenio, con unos meses de retraso porque ya estaba vencido el
quinquenio anterior. Pero también tenemos que alertar que esperamos que
esta firma, igual que la Ley de Financiación de las Haciendas Locales
posteriormente fue modificada año tras año con la Ley General
Presupuestaria, y de ahí que aún queden recursos pendientes en el
Tribunal Constitucional, sea respetada y no dé lugar a tener que hacer
recursos que nunca son convenientes y que perjudican la buena marcha de
las corporaciones locales.
En la financiación de las corporaciones locales hay dos temas
prioritarios pendientes: uno, delimitar claramente las competencias de
las Administraciones locales. De ahí que urge un pacto local, del que se
ha hablado mucho en esta Cámara, que mi Grupo ha solicitado, que también
es demandado por la Federación Española de Municipios y Provincias, para
que se delimite con exactitud qué competencias deben de tener las
corporaciones locales y para determinar los criterios de financiación.
Asimismo, en estos presupuestos se incumple la Ley de Haciendas Locales
de 1988 en el artículo 9.º.2, que también está reconocido y solicitado
por la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que de las
exenciones en tributos locales que hace el Gobierno, de 17 normas sólo 4
han sido compensadas y no se recoge el resto, con lo cual se debilita la
autonomía financiera y se disminuye.
También creemos que sería conveniente que se revisaran los coeficientes
de reparto para las corporaciones locales. Saben ustedes, señorías, que
el 70 por ciento va según habitantes, y que hay ahí unos coeficientes por
tramos de población. De los ocho mil y pico ayuntamientos que hay en
España, salen muy perjudicados todos los ayuntamientos pequeños, todos
los ayuntamientos del mundo rural, y hay que modificarlo para que en el
plazo de unos cinco años se llegue a equiparar a esos ayuntamientos
pequeños, a esos ayuntamientos rurales para que puedan tener una
financiación y puedan prestar las mínimas atenciones que les son
requeridas por sus ciudadanos. También sería conveniente, en ese aspecto,
tener en cuenta el territorio municipal, como se tiene en cuenta para las
Comunidades Autónomas y para las provincias.
Respecto al Capítulo II que determina la financiación de las Comunidades
Autónomas, estimamos que, después de más de diez años de la Constitución
y de la Lofca, todavía no se cumple. Ya se ha dicho desde esta tribuna
que la Lofca exige la necesidad de corresponsabilidad fiscal entre las
Comunidades Autónomas y el Estado, y exige un fondo de nivelación de
servicios fundamentales en todo el territorio nacional. Todo esto ha sido
muchas veces debatido. Hasta 1996 está la fórmula actual, pero no se
cumple lo acordado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y
Financiera del 20 de enero de 1992. Es curioso que, además, luego se
aprueben ciertas cesiones del IRPF que, como ustedes saben, es
manifiestamente inconveniente y no responde a ningún criterio científico,
sino que estimamos que corresponde a la presión de un grupo político
sobre Gobierno. Y todo esto lo recogen y lo expresan los expertos a los
que el propio Gobierno ha encargado la elaboración de un Libro Blanco.
Por eso, queremos que eso se cumpla.
Tampoco, desde mi Grupo, estamos satisfechos con el reparto del Fondo de
Cohesión de la Unión Europea entre Comunidades Autónomas y corporaciones
locales. El señor Presidente del Gobierno se comprometió en el mes de
septiembre a hacer este reparto con transparencia, claridad, equidad y
justicia; sin embargo, y no es desconfianza, observamos en las
disposiciones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado, que
el Gobierno decidirá el reparto de los Fondos de Cohesión. Creemos que
sería bueno, en esta Comisión o en la Comisión respectiva del Congreso de
los Diputados, que por el Gobierno se remitieran las fórmulas de reparto
de estos Fondos de Cohesión
para que fueran discutidas, debatidas y, en su caso, aprobadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
La Senadora Luzardo tiene la palabra.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores representantes de los Consejos de Gobierno, señorías.
Subo a la tribuna para defender la situación en que se encuentran las
corporaciones locales canarias y para anunciar que, al igual que hemos
hecho en el Congreso de los Diputados, vamos a volver a presentar dos
enmiendas, una al artículo ochenta y siete, cuatro, y otra al artículo
ochenta y ocho, cuatro. A través de estas enmiendas, que fueron
rechazadas en el Congreso de los Diputados, lo que se persigue es
equiparar, y creo que esto es lo relevante, a los municipios canarios al
resto de los municipios españoles en cuanto a su participación en los
ingresos del Estado en condiciones de igualdad con el resto de los
municipios españoles, ya que actualmente, a tenor del proyecto de ley de
presupuestos generales del Estado, se ve recortada la participación, y
está fijada en un 37 por ciento. Si bien es cierto que las Islas Canarias
contribuyen a los ingresos del Estado en menor proporción que el resto de
las regiones españolas, también es verdad que el Régimen Económico y
Fiscal intenta compensar las desventajas económicas de su situación de
aislamiento y lejanía del resto de España.
Señorías, año tras año los municipios canarios han visto cómo los
Presupuestos Generales del Estado los discriminan respecto del resto de
municipios españoles, al recortar el coeficiente por población a un
porcentaje que es inferior al que realmente nos corresponde. Gracias al
generoso apoyo que ha tenido la Federación Española de Municipios y
Provincias se ha conseguido ir elevando este porcentaje, pero en el año
1998 se cree que podrá estar fijado en un 40 por ciento. Nosotros
estimamos que ésta no es la solución, y por eso el Grupo Popular aboga
por esa equiparación al cien por cien de las corporaciones locales, de la
misma manera que el artículo 3.2 del Régimen Económico Fiscal establece
que la existencia de un Régimen Económico y Fiscal en el Archipiélago no
dará lugar a la disminución del volumen del gasto público estatal
corriente de inversión destinada a las Islas en ausencia del mismo.
Por último, señoría, en este apartado me dirijo al Grupo Socialista para
recordarles que el Alcalde de la ciudad de Las Palmas nos ha enviado a
todos los parlamentarios canarios una moción, que fue aprobada en el
ayuntamiento por unanimidad, defendiendo la equiparación. Yo espero que
lo que se defiende en Canarias, también se defienda en esta Comisión.
En relación a la Sección 33, en primer lugar quiero decir que coincido
plenamente con lo expuesto por la señora Consejera del Gobierno de
Andalucía; coincidimos en los argumentos. Nosotros también vamos a
presentar una enmienda pidiendo ese 40 por ciento para que se incremente
el Fondo de Compensación, porque estimamos que está congelado; lleva
desde el año 1992 en 128.000 millones de pesetas, y lo único que se ha
hecho es respetar el mínimo, pero ese mínimo no satisface a nadie, y en
este caso me congratulo de que ya algunas Comunidades Autónomas estén
apoyando este incremento al Fondo de Compensación Interterritorial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Calvo
Lou pide la palabra.)
¿En virtud de qué artículo pide la palabra?
El señor CALVO LOU: Por una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros, desde el Grupo Mixto, no tenemos absolutamente ningún
inconveniente --y lo hemos dicho siempre-- en que los turnos se partan,
pero quiero recordar a esta Comisión que en el debate general sobre las
Comunidades Autónomas eso no se pudo hacer con el Grupo Mixto. Por lo
tanto, me gustaría que constara en el «Diario de Sesiones», aunque sea ya
muy tarde --y ya lo hice constar en aquella ocasión--, nuestro malestar
por ello, lo cual no implica en absoluto en que estemos del todo
satisfechos de que se haya vuelto a la costumbre de siempre.
Nada más y muchas gracias. (El señor Pérez García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué me pide palabra su señoría?
El señor PEREZ GARCIA: Pido la palabra para manifestar, en nombre de mi
Grupo, que si la benevolencia del señor Presidente permite que los
portavoces de los grupos parlamentarios se desenvuelvan, en este debate,
sobre asuntos que no se ciñen al tema que nos ocupa que es el de las
secciones relativas a la financiación autonómica, la magnanimidad del
Presidente no llegue hasta el punto de permitirles emplazamientos
públicos al Grupo Socialista en un tema que no estamos debatiendo.
Digamos que la legítima ansia de hacer propaganda es comprensible, pero
todo tiene sus límites, y el límite que nosotros creemos que no se debe
franquear es el de la congruencia entre lo que estamos debatiendo y las
posiciones de los grupos. (El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Arenas, ¿para qué me pide la palabra?
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, con brevedad para lo mismo
que lo han hecho los anteriores portavoces, para decir que el portavoz de
este Grupo, aunque novel todavía, tiene bien oída la benevolencia y la
magnanimidad de esta Presidencia en general, y que le invita
a que siga siendo con todos los grupos igual de benevolente y magnánimo
que hasta la fecha.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Ferrer i Roca pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Ferrer, vamos a transformar la cuestión de
orden en lo más importante de esta Comisión.
Senador Ferrer, tiene la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Gracias.
Yo sólo quería, si es posible, hacer una aclaración al señor Senador que
ha intervenido con anterioridad en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, porque me ha parecido que el criterio de corresponsabilidad
fiscal que está incorporado al proyecto de ley de Presupuestos, por
segunda vez, no creía que se deducía de criterios técnicos, y seguramente
él ha olvidado que fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera con la participación, como es natural, de todas las
Comunidades Autónomas, y hemos de creer que con argumentos y técnicas
absolutamente escrupulosas. (Rumores.)
Gracias. (El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Arenas, no concedo más la palabra. Estamos
en un turno de intervención de portavoces sobre la base de la
intervención de la Consejera de la Junta de Andalucía, y vamos a seguir
en ello. Lamento no haber cortado la palabra al Senador que le ha
precedido, pero aquí acaban las cosas.
Senadora Pleguezuelos, tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Lo que sí es verdad es que la generosidad del Presidente me daba la
impresión de que no llegaba nunca a mi turno. (Risas.)
Señorías, muchas gracias a los Consejeros y Consejeras que hoy nos
acompañan y que dan, como no podía ser de otra forma, ese carácter que
hemos iniciado de Cámara territorial a este Senado y a esta Comisión
General de las Comunidades Autónomas.
Senador Tomey y Senadora Luzardo, en efecto, quizá habría sido oportuno
que sus señorías hubiesen leído el orden del día: habrían tenido
constancia de que hoy se trataba de un debate presupuestario que tenía su
margen de maniobra en la financiación de las Comunidades Autónomas.
No obstante, quiero indicar a sus señorías, para que se queden
tranquilos, que cuando analizamos y debatimos los Presupuestos Generales
del Estado para cualquier ejercicio pero, como no podía ser de otra
forma, para el de 1995, tenemos que tener en cuenta, señorías, que se
apoya en dos grandes acuerdos, son dos los ejes de estos Presupuestos. De
una parte, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20
de enero de 1992, en lo que compete a la financiación autonómica, y
también, señorías, el acuerdo recientemente alcanzado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y
Provincias respecto a la financiación de las comunidades locales. Por lo
tanto, señorías, tranquilidad, que habrá otros debates, otros momentos en
los que sus señorías podrán hacer e incluso hablar de enmiendas de
campanario para que tengan toda la redundancia que, simbólicamente,
ustedes necesiten en sus territorios. Ese es otro debate. Este es el
debate de la financiación autonómica. Y puesto que, además, tenemos
invitados e invitadas de honor, quizá debiéramos centrarnos, básicamente,
en ella.
La intervención de la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía me permite destacar que, como saben sus señorías, no sólo los
créditos que se recogen en las secciones 32 y 33 respecto a las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a su participación en los
ingresos del Estado son los únicos créditos, los únicos recursos que los
Presupuestos Generales del Estado recogen para las Comunidades Autónomas,
y que, si bien es verdad que en el Fondo de Compensación Interterritorial
no han crecido en los últimos años --su señoría decía que casi no había
crecido en términos absolutos en ningún aspecto--, el presupuesto de la
sección 32 sí se ha incrementado y ha crecido en un 3,2 por ciento,
superando los tres billones de pesetas en términos absolutos.
Pero también, desde los distintos ministerios de la Administración del
Estado, existen transferencias al sector público territorial, en este
caso a las Comunidades Autónomas, que es lo que nos ocupa y en el que yo
quisiera destacar acuerdos como el que se ha alcanzado en materia de
sanidad que, desde luego, creo que ha sido muy importante, y así ha sido
valorado por sus señorías, aunque también ponía de manifiesto que quedan
cuestiones pendientes. Supongo que su señoría se refería a aspectos como
el de las compensaciones que se tienen que recibir por parte del Estado
cuando las Comunidades Autónomas prestan atención sanitaria, por ejemplo,
a ciudadanos de otras Comunidades, transeúntes, etcétera. Pero tenga
siempre su señoría la constancia de que la Administración del Estado está
por llegar a ese acuerdo, y que en ese acuerdo concreto, que en el tiempo
es alcanzable, sí que se han sentado las bases para las mismas. Pero,
señoría, hay otros recursos que también hemos trasladado, que son muy
importantes para las Comunidades Autónomas, que han salido a lo largo del
debate y que son los Fondos de Cohesión.
Quisiera poner de manifiesto, porque el Senador Tomey también ha
expresado aquí una preocupación que era la transparencia y la objetividad
en el reparto de esos Fondos, lo siguiente. En primer lugar, el Consejo
de Política Fiscal y Financiera acordó que la participación de las
Comunidades Autónomas en estos Fondos de Cohesión no se realizase en
función de coeficientes fijos de participación sino que, por el
contrario, esa participación fuese revisable en los distintos ejercicios.
No obstante, respecto a estos fondos, es importante trasladar a su
señoría la tranquilidad de que la transparencia y objetividad la
garantiza el Gobierno, la garantizan los instrumentos como son el Consejo
de Política Fiscal y Financiera y la garantiza, señoría, esta Comisión,
por las innovaciones que recogen los Presupuestos Generales del Estado
para este ejercicio, tanto en materia
sanitaria como en lo relativo a estos fondos. Creo que este debate está
poniendo de manifiesto una cosa importante, y es que el Estado de las
Autonomías no se puede cerrar arbitrariamente.
Fíjense, señorías, cómo un recurso europeo, que no existía hace unos
años, ha vuelto a reabrir otro debate. Ponemos de manifiesto una vez más
que el debate autonómico es un debate abierto, continuado, y que
tendremos que seguir construyendo día a día, y buena prueba de ello es
esta Comisión y son las tres ponencias que hace unos momentos hemos
aprobado.
Senador Tomey, el pasado día 22 de noviembre, en el debate presupuestario
en el Congreso de los Diputados, el Diputado del Grupo Popular, don
Mariano Rajoy, pedía al Gobierno que propiciase un pacto por el cual se
invitase a los partidos políticos a resolver la cuestión de la
corresponsabilidad fiscal, el asunto de la nivelación de servicios
mínimos del artículo 15 de la Lofca y la fijación, en definitiva, del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Pues bien, para el
Grupo Socialista es esta Comisión, y en el seno de esta Comisión esa
ponencia de financiación de las Comunidades Autónomas, la que tiene que
llegar a ese pacto que ustedes mismos proponían y al que les invitamos en
este momento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
¿Hay alguien que quiera intervenir en representación del Gobierno?
Tiene la palabra el representante del Gobierno. (El señor Arenas
Bocanegra pide la palabra.)
Dejemos hablar primero al representante del Gobierno.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, es simplemente para una
cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Gracias.
Señor Presidente, el artículo 56 bis 2 plantea que el Gobierno podrá
intervenir en las sesiones de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas. Solicito de la Presidencia que, al amparo del Reglamento e,
incluso, si necesita oír la opinión de los servicios jurídicos de la
Cámara, se nos diga si cuando se habla del Gobierno se está refiriendo a
un miembro del Gobierno, que es lo que entiende mi Grupo Parlamentario y
lo que en mi opinión, con todos los respetos, exige la dignidad de la
Cámara, o si más bien estamos hablando de la posibilidad de que
intervenga un representante de la Administración central del Estado. La
opinión de este Grupo Parlamentario es que, cuando se refiere al
Gobierno, se refiere a un miembro del Gobierno, a un miembro del Consejo
de Ministros. En este sentido, solicitamos la interpretación de la
Presidencia, con todos los respetos para los representantes de la
Administración central del Estado que pueda haber en la Comisión, que es
cosa distinta de lo que significa el Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (Pausa.)
Me plantea una cuestión que hace reflexionar y que no es fácil de
resolver. (Risas.) El Senador Arenas ha sido absolutamente correcto en su
planteamiento, pero yo quisiera oír alguna voz más, aparte de mi
interpretación. En último término, la responsabilidad será mía. (El señor
Pérez García pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador don Santiago Pérez.
El señor PEREZ GARCIA: Con su venia, señor Presidente.
Con respecto a la cuestión suscitada por el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, mi Grupo quiere decir lo siguiente. Nuestro
criterio es que si nos ceñimos a una interpretación estrictamente
conceptual del término gobierno, efectivamente, dicho término se refiere
al Presidente y a los miembros del Consejo de Ministros, de tal manera
que si la Presidencia, una vez que recabe los asesoramientos oportunos de
los servicios de la Cámara, considera que ésa debe ser la interpretación,
el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ninguna objeción en que la
Presidencia actúe en consecuencia. No obstante, ésta es una Comisión que
ha desarrollado una andadura relativamente breve, en la que se han
planteado permanentemente situaciones novedosas en lo que al
funcionamiento parlamentario se refiere. Yo creo que no sería bueno
aceptar el criterio de «por la dignidad de la Cámara» porque, sobre todo,
en aquellas Comisiones de esta Cámara que tiene un objeto material
específico es frecuente la participación en nombre del Gobierno de altos
cargos de la Administración del Estado. En todo caso, si la Presidencia
optara por la interpretación inicial --a la que yo me referí y a la que
el Grupo Parlamentario Socialista nada tendría que objetar--, quedará
claro que si en este debate no hay ninguna voz autorizada en
representación del Gobierno --entendido en términos políticos y no
estrictamente jurídicos--, como han demandado algunos portavoces de
grupos parlamentarios, será por la interpretación que sugiere el Grupo
Parlamentario Popular y que la Presidencia, eventualmente, tendría en
cuenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz quiere aportar algo a la
Presidencia sobre esta cuestión? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador don Ricardo Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde mi modestísimo punto de vista, resulta impecable la interpretación
que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular con arreglo al
Reglamento y yo creo que esta cuestión que ahora se somete a la
consideración de la Presidencia tiene la trascendencia suficiente como
para sugerir --si me lo permite, señor Presidente-- un breve receso, al
objeto de tratar entre los portavoces, la Presidencia y la Mesa este
asunto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria del Senado. Sea lo más breve posible.
El señor BRITO GONZALEZ: Con la misma brevedad que los demás, intervengo
para indicar que me sumo a la propuesta que ha señalado el Senador Sanz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero reiterar los argumentos que se han dado por anteriores
intervinientes, porque, efectivamente, nosotros también creemos que el
perfil político de esta Comisión obliga a traducir cuando se dice «del
Gobierno» la primera interpretación que a todos nos sugiere.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Voy a tomar la decisión siguiente. En este momento no voy a dar la
palabra a ningún representante del Gobierno y voy a pedir a los servicios
de la Cámara y, en concreto, a la Letrada de la Comisión que emita --no
para hoy, sino para las próximas sesiones-- un dictamen sobre esta
cuestión.
Ahora sí que vamos a suspender la sesión, pero no para este tema ya
dilucidado, sino porque, conforme al procedimiento previsto, Mesa y
portavoces nos hemos de reunir para emitir un informe sobre las
intervenciones que se han producido sobre este punto. Por tanto, se
suspende la sesión y convoco a Mesa y portavoces en el lugar habitual de
reunión para que el relator pueda emitir su informe, discutirlo Mesa y
portavoces y reunirnos de nuevo. (El Senador don Santiago Pérez García
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Si la Presidencia así lo estima como más conveniente, propongo que, una
vez terminado el debate sobre este asunto del orden del día,
continuáramos con el desarrollo del orden del día y que, al final, se
pusiera en práctica la suspensión y la elaboración de la propuesta de
informe que se presentará ante la Comisión.
El señor PRESIDENTE: La sugerencia me parece absolutamente razonable,
sobre todo en atención a los señores Consejeros que están aquí presentes.
En consecuencia, si los demás portavoces están de acuerdo, no vamos a
proceder a la suspensión de la sesión y vamos a entrar en el siguiente
punto del orden del día. Que quede bien entendido que, una vez acabado
dicho punto, se suspenderá la sesión y se reunirá la Mesa y los
portavoces para elaborar el informe que después será sometido al pleno de
la Comisión.
¿Están de acuerdo los señores portavoces? (Pausa.)
Ya que están de acuerdo, vamos a pasar al último punto del orden del día.
--DEBATE SOBRE MATERIAS DE NATURALEZA AUTONOMICA RELACIONADAS CON LA
COMUNIDAD AUTONOMA CANARIA. (544/000011.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre materias de naturaleza
autonómica relacionadas con la Comunidad Autónoma de Canarias,
concretamente del artículo sesenta y dos, dos, del Estatuto de autonomía
de dicha Comunidad y Ley 19/1994 de Modificación del Régimen Económico
Fiscal Canario y sobre la participación de las Comunidades Autónomas en
la formación de la voluntad del Estado ante los órganos de la Unión
Europea.
Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre esta cuestión. El Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Canarias solicitó la convocatoria de la Comisión
General y propuso como puntos del orden del día la comparecencia del
Gobierno para tratar sobre el cumplimiento de la previsión contenida en
el artículo sesenta y dos, dos, del Estatuto de Autonomía de Canarias,
sobre el cumplimiento de la Ley 19/1994 de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal y plazos del compromiso del pasado debate sobre el
Estado de las Autonomías, en lo referente a la formación de la voluntad
estatal en los órganos de la Unión Europea.
La Presidencia de esta Comisión, de conformidad con el artículo 56 bis 4,
apartado 1 del Reglamento, ha considerado la oportunidad de incluir en el
orden del día un debate informativo sobre el contenido de las materias
propuestas por el Gobierno canario, al amparo del artículo 56, letra a)
del Reglamento, que atribuye a la Comisión iniciar trámites informativos
sobre materias de naturaleza autonómica.
Procede, pues, comenzar este debate informativo sobre el contenido
propuesto por el Consejo de Gobierno de Canarias, en el que intervendrán
quienes se hayan inscrito en el registro de oradores para este punto del
orden del día.
Como ustedes saben --es mi deber recordarlo--, el Gobierno, conforme al
artículo 84.4 del Reglamento, podrá intervenir siempre que lo solicite.
La Presidencia quiere hacer constar que es un debate informativo y que,
en modo alguno, es de control político, reservado por la Constitución a
las Cortes Generales y al Gobierno y por ésta y los Estatutos a los
Parlamentos de las Comunidades Autónomas, en relación con sus respectivos
Consejos de Gobierno. En consecuencia, esta Presidencia recalca el
carácter informativo de este punto del orden del día y la correspondiente
exclusión de cualquier aspecto de control en relación con estas materias.
Dicho esto, concedo la palabra, con mucho gusto, al representante del
Gobierno canario, el Consejero de Economía y Hacienda.
El señor CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (González Hernández): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer lugar le tengo que manifestar que estoy ligeramente
confuso en cuanto a cuál es el sentido de mi intervención, porque la
petición del Gobierno de Canarias era, evidentemente, la comparecencia
del Gobierno para que informe sobre el cumplimiento de ciertas y
determinadas normas legales, que son mandatos al Gobierno. El Gobierno no
ha comparecido. Parece que en el punto anterior se ha llegado a la
conclusión de que el Gobierno --me parece lógica la interpretación
inicial de toda norma, que
es la letra-- son los miembros del Consejo de Ministros y al no estar
presente ninguno de ellos, difícilmente se podrá decir cuál es la
posición del Gobierno respecto a las peticiones del Gobierno de Canarias.
Por tanto, yo entiendo que esta sesión informativa será adecuada para que
sus señorías conozcan cuáles son los puntos de vista de la Comunidad
Autónoma, pero, evidentemente, no va a ser solución para que ésta conozca
cuáles son los del Gobierno, puesto que éste no está presente.
Como ustedes saben, señorías, son tres los puntos que plantea la
Comunidad Autónoma de Canarias para saber cuál era la posición del
Gobierno. Por un lado, el artículo sesenta y dos, dos, de la Ley Orgánica
10/1982, del Estatuto de Autonomía de Canarias; por otro, los
cumplimientos de las previsiones de la Ley 19/1994, de Modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias; y, por último, lo que se refiere
a cómo se va a establecer la participación de las Comunidades Autónomas
en la decisión comunitaria, tanto en la fase ascendente como en la
descendente.
El Estatuto de Autonomía canario, en su artículo sesenta y dos dice
taxativamente: «Dos. En los términos y números que establezca la
legislación general del Estado, la Comunidad Autónoma propondrá las
personas que hayan de formar parte de los órganos de administración de
aquellas empresas públicas de titularidad estatal, implantadas en
Canarias que la dicha legislación determine. La Comunidad Autónoma podrá
elaborar y remitir al Gobierno cualesquiera informe...» etcétera, que
pueda desarrollarse.
Realmente, la Comunidad Autónoma mira con cierto desconsuelo que la Ley
Orgánica del Estatuto de Autonomía fue promulgada el 10 de agosto de 1982
y que en esta fecha todavía no exista norma alguna que establezca cuál es
la participación de la Comunidad Autónoma en los consejos de órganos de
administración de aquellas empresas públicas.
Quiero decir que éste es un problema que trasciende claramente a la
Comunidad Autónoma, pero que en el caso de la de Canarias --quizá por ese
hecho de la insularidad alejada-- tiene ciertas peculiaridades. Piensen
ustedes que estamos planteando la necesidad de que el Gobierno de
Canarias participe en este tipo de empresas. Hoy en día estamos viviendo
lo que es la insularidad y podrán suponer que si ustedes han tenido
dificultades para llegar a esta reunión del Senado, los canarios hemos
tenido más, con una huelga generalizada de las líneas de bandera de
Iberia y de Aviaco.
Es precisamente en las compañías de comunicación y energía en las que la
Comunidad Autónoma desea que con agilidad suficiente --y pedir agilidad
después de doce años de inacción es hacer una declaración suave-- se
establezca la participación de la Comunidad Autónoma en decisiones tan
importantes como pueden ser las que determinan los transportes, llámese
Transmediterránea, Iberia, Aviaco o Binter regional, en las compañías
generadoras de la energía.
Piensen ustedes que Canarias depende de una sola entidad pública, de una
sociedad pública, que es la Unión Eléctrica Canaria, participada por el
INI, y difícilmente puede desarrollar la Comunidad Autónoma sus
competencias sobre planificación y desarrollo económico dentro del marco
general de la economía reservada al Estado si no hay una participación en
la política energética que se define dentro del territorio canario.
Piensen ustedes que Canarias está caracterizada por una gran sensibilidad
ecológica y decisiones tales como la elección del tipo de combustible; la
alternativa de la central a construir puede condicionar fuertemente todo
lo que es la ordenación territorial de Canarias y las posibilidades
económicas de su desarollo.
Por otro lado, la propia Ley de Régimen Económico y Fiscal, a la que me
referiré después, establece unos criterios de cómo se ha de desarrollar
la política energética a base de potenciar la producción dual de agua y
energía o la utilización de energías alternativas y, por supuesto, ir a
lo que se llama central de ciclo combinado, con la posibilidad de la
utilización de gas.
Evidentemente, esta política se decide en este momento por unas
sociedades públicas en las que Canarias no tiene participación y algunas
de ellas tienen exclusivamente como área territorial de acción las
propias Islas Canarias. Por ello, demandar que se regule con agilidad
este procedimiento, después de doce años de una previsión estatutaria que
forma parte del bloque de constitucionalidad, era uno de los puntos en
los que queríamos conocer cuál era la posición del Gobierno. Por eso, lo
transformo en un conocimiento a ustedes de cuál es el punto de vista de
la Comunidad al respecto.
Si me lo permiten sus señorías, voy a pasar al tercero de los puntos,
para luego pasar al segundo por su mayor amplitud, que es el relativo a
la presencia de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad
estatal en los órganos de la Unión Europea. Esto está en cierto modo
relacionado con algún punto del orden del día de esta sesión de la
Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero yo tengo que decir
que en el caso de Canarias planteamos el problema desde un punto de vista
que yo creo que es importante.
Como ustedes saben, el Ministerio para las Administraciones Públicas está
tutelando la Comisión General de las Comunidades Autónomas, precisamente
el día 30 va a haber una reunión, donde se intenta fijar cuáles son las
normas o procedimientos para la participación de las Comunidades
Autónomas en la toma de decisiones europeas, ya sea en la fase
ascendente, en la fase de formación de voluntad, como en la fase de
ejecución.
En primer lugar, yo tengo que decir que Canarias, y ustedes lo saben,
señorías, está integrada en la Unión Europea en condiciones diferentes de
las del resto del territorio nacional. Nosotros pasamos por un
procedimiento de adhesión, el denominado Protocolo-2, que fue derogado
por el Reglamento 1.911 comunitario, y Canarias está en la Unión Europea
con unas condiciones singulares. Participa en las políticas generales,
pero, por ejemplo, no tiene IVA, no tiene «acquis communnautaire», tiene
un régimen especial y singular de acceso a productos alimenticios para su
consumo e industria. Tiene también una normativa que deroga temporalmente
la tarifa exterior común, los derechos
anti «dumping». Tiene singularidades en su economía, como es la
producción platanera, que está recogido dentro de un programa especial,
el denominado Poseican. Todos estos puntos afectan casi exclusivamente a
Canarias y a la Administración general del Estado.
Uno de los principios sobre los que nosotros queríamos conocer la
posición del Gobierno era, por un lado, la necesidad de que no puede
instaurarse la decisión de voluntades mediante comisiones multilaterales,
sino que para una serie de temas específicos es necesario establecer
comisiones bilaterales que definan claramente las singularidades que no
pueden ser tratadas en un contexto genérico, ya que son temas, con
absoluto respeto al resto de las Comunidades, que no les afectan y son
temas sobre los que su formación de opinión sería un puro consejo, ya que
no les afecta directamente y, como es lógico, posiblemente su juicio se
tendría menos en cuenta que el de los canarios, a los que sí les afecta.
Por tanto, en primer lugar, la definición de la posibilidad, yo diría
necesidad absoluta, de que se establezcan no solamente comisiones de
carácter multilateral, sino foros bilaterales que atiendan
específicamente a asuntos concretos. Esta cuestión, que afecta a muchas
Comunidades, no solamente a Canarias, en otras peculiaridades a otras, no
está recogida en el sentido genérico de la norma que está proyectando el
Ministerio para las Administraciones Públicas y que yo creo que es
necesario que se haga.
Piensen ustedes que se dan situaciones paradójicas en la formación de
voluntad ascendente. En temas tan singulares como los comités de gestión
que regulan la organización común de mercados, OCM del plátano, Canarias
no tiene un representante entre sus miembros. El Gobierno de Canarias no
está pidiendo participar solo y aislado en las relaciones con la
Comunidad, pero sí cree que dentro del conjunto de la representación
española deben ser oídos específicamente sus puntos de vista.
Por otro lado, en esto, que forma parte de la formación de voluntad
ascendente, tampoco el texto que se está manejando hasta el momento por
el Estado es suficientemente generoso con la posición de las Comunidades
Autónomas, aunque hay que decir sinceramente que el texto que vamos a
discutir dentro de unos días ha sido mejorado, al menos de modo
provisional, porque llegaba a decir cosas tan paradójicas como que en
materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas la opinión
se tendría en cuenta y se intentaría defender. Se decía algo así como que
si no se defiende y alguna Comunidad pregunta por qué, se les explicará,
cosa que rebasa cualquier imaginación.
Es decir, nosotros entendemos que es necesario, en primer lugar, que no
todos los foros sean multilaterales, sino que ha de haber foros
bilaterales para temas específicos de algunas Comunidades y, por otro
lado, en aquellos temas de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
tiene que ser la posición dominante, decisoria, que defiende el Estado la
que las Comunidades en su conjunto compartan.
Por otro lado, en la fase descendente, yo creo que es obvio que hay
asuntos en los que las Comunidades Autónomas tienen competencia
exclusiva. Es verdaderamente paradójico, por ejemplo, que en los Fondos
de Cohesión --yo he oído hablar mucho de los Fondos de Cohesión y no
estoy tan seguro de que se acordara en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, del que yo soy miembro, lo que aquí se ha dicho pues así no
se acordó-- siendo los temas medioambientales competencia exclusiva de
las Comunidades Autónomas, se pueda decidir la voluntad desde fuera o no
en colaboración con ellas. No quiero ocuparme más de este punto.
Paso al tercer punto, que era el segundo, relativo al cumplimiento de las
previsiones contenidas en la Ley 19 de 1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Señor
Presidente, no quise participar en el momento en que se debatía el tema
presupuestario porque entendía, en primer lugar, que la Consejera de
Economía y Hacienda de Andalucía había expuesto un sistema de tipo
general que afectaba a todas las Comunidades y que todos, más o menos,
estábamos en la misma línea y también pone un poco en cuestión no el
sentido de la corresponsabilidad fiscal, sino lo que se debe entender por
corresponsabilidad fiscal en sí misma y cómo se entenderá en el futuro,
puesto que, como ustedes saben, la solución adoptada es provisional, de
dos años, y en este momento está en revisión y tendremos que ver hacia
dónde vamos. Pero es la Ley de Modificación del Régimen Económico Fiscal
de Canarias lo que más nos preocupa. Nos preocupa porque, como ustedes
saben, yo tuve el honor de comparecer en esta Comisión General de las
Comunidades Autónomas defendiendo y solicitando el apoyo de esta Comisión
para el texto de la Ley, que por fin fue promulgada el 6 de julio del
presente año, y estamos en el proceso de desarrollo reglamentario. Nos
preocupa mucho el espíritu que en tal desarrollo reglamentario se tenga
por la Administración general del Estado.
A título anecdótico, y como tal anécdota no tiene más valor que lo que
ello significa, la única norma que a corto plazo había que desarrollar, y
que era en el plazo de tres meses desde la promulgación, era la
definición del reglamento del órgano provisional de funcionamiento de la
ZEC, que es el consorcio de la zona especial canaria. Hemos entrado en
una discusión que yo tacharía de bizantina, intentando señalar por parte
de ciertos intérpretes jurídicos de la Administración general del Estado
que el nombre de consorcio no quiere decir consorcio, sino que es un
nombre sin valor jurídico, un indefinido jurídico, que no corresponde a
los consorcios interadministrativos establecidos claramente en la Ley
30/1992, cosa verdaderamente sorprendente cuando la propia Ley concibe
que son dos Administraciones las que se reúnen, cuando hay aportaciones
del 75 por ciento de la Administración general del Estado y del 25 por
ciento la Comunidad Autónoma; cuando los órganos directivos son altos
cargos del Estado y resulta que la Comunidad Autónoma designa
directamente dos puestos. O sea, parece que se quiere sostener que la
Comunidad Autónoma nombra directamente dos altos cargos en un órgano del
Estado. Por otro lado, llegando a culminar la operación, dice la propia
norma que en el caso de que haya beneficio del órgano, se distribuirán
entre la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma en
proporción a su participación. Todo ello confirma, por el sistema de un
desarrollo
pormenorizado, lo que es un consorcio interadministrativo de los
previstos en la Ley 20 de 1992.
Insisto en que ése es el primer punto que hemos discutido en la
reglamentación. Se ha entrado a discutir el consorcio de la ZEC y se está
discutiendo si el consorcio es un consorcio. Eso no nos anima a pensar
que el espíritu de necesaria colaboración y trabajo abierto se esté
desarrollando en este proceso. Sé que vamos a iniciar, por una especie de
acuerdo a través de las comisiones bilaterales, entre el Estado y la
Comunidad Autónoma, la discusión pormenorizada de tales reglamentos, pero
yo quería conocer cuál era la posición del Gobierno del Estado, cuál era
el espíritu que iba a dirigir la discusión de los procesos
reglamentarios, porque, lamentablemente, la primera impresión es
claramente restrictiva. Piensen ustedes que hay planteado un problema de
acomodación del propio texto de la ley a la normativa comunitaria; hay
reparos de la Unión Europea sobre ciertos preceptos que se puede entender
que están en contradicción con la normativa comunitaria --habría que
empezar por ahí--, y luego habría que desarrollar una serie de
reglamentos.
Decía antes que no había intervenido en el tema de la exposición
presupuestaria porque, indudablemente, lo que voy a decir ahora sí tiene
repercusiones presupuestarias. La ley establece una serie de medidas,
algunas de carácter fiscal que, como tales leyes fiscales, entran
inmediatamente en funcionamiento pero, evidentemente, es necesario
reglamentarlo y planificar ciertos aspectos --pues no todas las leyes
llegan a definirlos en sus últimos detalles--, porque se aplica al año
económico que está finalizando, que acaba el 31 de diciembre.
Por otro lado, hay una serie de programas de acción inmediata, programas
de corrección de ciertas actividades. En primer lugar, hay un programa
que, por ejemplo, ordena la obligación de establecer un programa especial
de lucha contra el paro, o sea, de fomento del empleo y, evidentemente,
eso se quedará en pura declaración si no tiene una consignación
presupuestaria. Hay una serie de medidas que potencian el transporte
entre la Península y Canarias, de manera que se establece la necesidad de
que haya subvenciones suficientes para poder garantizar el principio de
continuidad territorial entre la Península y Canarias y, evidentemente,
eso exige recursos presupuestarios. Hay una consideración que le da a los
transportes por tierra en las islas el carácter de un transporte
insularizado y, lógicamente, para poder establecer esa insularización del
transporte hacen falta recursos presupuestarios. Establece un programa
específico para diez años, a comenzar, evidentemente, el primer año
--porque si se espera al décimo año mal podrá ser un programa de diez
años--, que afecta a los sectores desfavorecidos, concretamente ayudas
para el sector tomatero y platanero.
Ustedes saben, señorías, que el sector tomatero tiene que hacer frente a
las dificultades derivadas de la negociación europea con los países del
Magreb, y la posibilidad de apertura a mayores contingentes o nueva
limitación de calendario. La competencia entre los tomates del Magreb y
los tomates canarios en cierta manera tiene que ser considerado en los
Presupuestos del Estado.
Por otro lado, tenemos el problema de la producción platanera. Canarias,
como ustedes saben, a través de la Organización Común de Mercado está
inmersa en un proceso de transformación de las estructuras comerciales.
El actual Ministro de Hacienda, cuando era Ministro de Agricultura, hizo
una pública declaración de cara al sector diciendo que los Presupuestos
Generales del Estado establecerían recursos para colaborar en este
trabajo que tenía que ser financiado a tres bandas: con fondos europeos,
con fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias y con fondos del Estado.
Fue una declaración política que quedó consagrada en la Ley 19, que dice
taxativamente que se establecerán programas con financiación estatal para
este tema.
Por último, los programas de rehabilitación, de renovación o
reestructuración del sector turístico. Piensen que, en Canarias,
desgraciadamente, la única industria que yo diría que nos queda --aunque
lo importante es que no tenemos otra alternativa-- es la industria
turística, y al igual que se han utilizado fondos cuantiosos para
reestructurar el sector, el sector turístico canario necesita de medidas
de reestructuración que garanticen la calidad y protejan el medio
ambiente.
Con ello, señorías, señor Presidente, termino mi intervención, aunque
sigo manteniendo la duda que tenía al principio de cuál es el sentido de
la misma, y si esto vale para algo, porque en el fondo lo que queríamos
era conocer la posición del Gobierno. (Aplausos en los escaños de la
derecha.) Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Después de la suspensión como consecuencia de una
cuestión de orden, vamos a continuar el debate informativo con un turno
de portavoces, con el que acabaría este punto del orden del día.
Tiene, en primer lugar, la palabra, por si desea intervenir, el portavoz
del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RAMON I QUILES: Gracias, señor Presidente.
Agradezco al Consejero de Economía de Canarias su exposición y su
inquietud, porque aquellos que creemos necesario este Estado de las
Autonomías no como un mero capricho, sino como reflejo de la pluralidad
de personalidades y de diferentes necesidades que constituyen las
nacionalidades y regiones de España, entendemos muy justificado este
reclamo que hace al Gobierno; reclamo que, por circunstancias, no ha sido
suficientemente atendido, o entendido, y posiblemente se vuelva a
Canarias sin una solución concreta.
De todas formas, desde el Grupo Parlamentario Mixto tengo que decirle que
recogemos con mucho cariño todas sus inquietudes, que creemos que están
absolutamente fundamentadas y que, en aquello que sea posible, va a
conseguir nuestro apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Ricardo Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debemos decir que coincidimos básicamente con el
contenido sustancial de la intervención del representante de la Comunidad
Autónoma Canaria, al que agradecemos, como no puede ser menos, su
presencia.
Pero junto a este agradecimiento, tenemos que hacer constar nuestra
extrañeza respecto al Gobierno, por cuanto al día de hoy no tenemos
conocimiento de la propuesta del Gobierno respecto a la participación de
las Comunidades Autónomas que se había anunciado para el día 30 de
noviembre, es decir, pasado mañana. Hubiese sido deseable de todo punto
que se hubiese dado cumplimiento a las palabras del Ministro para las
Administraciones Públicas en su comparecencia en esta Comisión General de
las Comunidades Autónomas el pasado 24 de marzo de este año, e incluso
que se hubiesen cumplido las expectativas que reglamentariamente se
contemplan en el artículo 56, singularmente en su letra q) y en su letra
g), me parece recordar.
Dicho esto, quisiera explicar brevemente cuáles son las bases o puntos de
partida del Partido Nacionalista Vasco respecto al tema de la
participación de las Comunidades Autónomas. Ya se ha expuesto en
anteriores ocasiones, y aquí se ha dicho, que la cuestión del modelo de
participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones en
asuntos atenientes a la Unión Europea no está resuelta en absoluto en el
Estado español. Así se puso de manifiesto en el informe que el Gobierno
vasco elaboró sobre la participación institucional de Euskadi en la
construcción europea, que es aplicable a todas las Comunidades Autónomas.
Este informe fue descalificado inicialmente desde determinados medios,
Gobierno y Administraciones, a nuestro entender, de manera injustificada,
pero con el paso del tiempo se ha demostrado como un instrumento eficaz
para alzar el velo a un problema al que ha de dársele pronta solución.
Nosotros, mientras tanto, como grupo de Senadores, nos hemos opuesto
hasta ahora a las propuestas que se han hecho por el Gobierno. ¿Y cuáles
son las razones de nuestra oposición? Las explicaré brevemente.
En primer lugar, porque las propuestas del Gobierno se han centrado en la
no presencia física de los representantes autonómicos en los órganos de
la Unión Europea. En segundo lugar, en la no vinculación de la
Administración del Estado a lo acordado por las Comunidades Autónomas
cuando se esté afectando a competencias autonómicas. Y en tercer lugar,
en la negativa fáctica a establecer cauces bilaterales de relación entre
una Comunidad Autónoma y la Administración del Estado cuando las
cuestiones a tratar afecten de manera singular a dicha Comunidad.
Adelanto ya, desde ahora --y lo repetiré cuantas veces sea necesario--
que la existencia que nosotros propugnamos de cauces bilaterales no
excluye la participación en foros multilaterales de relación.
Sobre estos tres dogmas ha construido el Gobierno del Estado «su» modelo
de participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos de la Unión
Europea. Y los llamamos dogmas porque son propuestos por sus mentores
como afirmaciones ciertas e irrefutables y como principios innegables
para una correcta articulación, tanto política como técnica, de lo que se
ha dado en llamar el Estado de las Autonomías.
Desde el nacionalismo vasco, expresamos la oposición a tales dogmas a
sabiendas de la existencia de otros modelos comparados en Estados tales
como la República Federal Alemana, Bélgica, Austria e, incluso, Portugal,
para sus territorios insulares de Madeira y Azores, como se ha dicho en
tantas ocasiones en esta Cámara, en los que la participación de sus
«länder» y/o comunidades en las instituciones de la Unión Europea se ha
articulado desde principios absolutamente opuestos a los que desde el
Estado español se están auspiciando y que, básicamente, se resumen en
presencia física de los entes subestatales en las instituciones europeas
y vinculación de los poderes centrales a lo decidido por los entes
subestatales cuando éstos se pronuncien en uso de su competencia.
En consecuencia con lo expuesto, la posición de rechazo del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se producirá,
prácticamente con total seguridad, respecto de la propuesta de acuerdo
hasta ahora elaborada por el Ministerio para las Administraciones
Públicas sobre el sistema de participación de las Comunidades Autónomas
en los asuntos europeos al inspirarse, al parecer --y decimos «al
parecer» porque no tenemos todavía conocimiento de la última propuesta--,
en principios con los que discrepamos de raíz. Ojalá no tuviéramos que
discrepar y la última propuesta fuese tan novedosa que tuviéramos la
obligación de aceptarla.
Hemos de constatar, a renglón seguido, que esta actitud del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos de rechazo casi continuo
hacia las propuestas del Gobierno del Estado no es bocado de buen gusto,
porque ha sido entendida por gran parte del resto del Estado como una
actitud exageradamente reivindicativa en la que subyace una falta de
voluntad del Partido Nacionalista Vasco de contribuir a una solución de
conjunto para estas cuestiones. Nada más lejos de la realidad, puesto que
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene el firme
propósito de colaborar con las propuestas constructivas concretas que se
hagan desde el Gobierno en la creación de un sistema de participación del
conjunto de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea. Lo anterior ha
de ser compatible, sin embargo, con cauces bilaterales de relación
adecuados a las singularidades jurídicas, políticas, culturales, sociales
y de cualquier otra índole que hagan aconsejable dicho procedimiento
relacional singular.
No podemos ahora congratularnos tampoco con la actitud del Gobierno del
Estado hacia estos modelos bilaterales de relación, por lo menos, en lo
que al País Vasco se refiere. Pues, atención, la Comisión Bilateral de
Cooperación Administrativa del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para Asuntos relacionados con las Instituciones
Europeas fue constituida hace nada más y nada menos que cinco años. Y aún
no ha tenido
su primera sesión constitutiva, nunca ha sido convocada esta sesión
constitutiva...
Este afán colaborador, del que hablo continuamente, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene como referente las
diversas respuestas que, insisto, países de la Unión Europea de
estructura compleja y descentralizada han alcanzado, y que describen un
marco jurídico y constitucional adaptado a las exigencias de una sociedad
europea sin fronteras. En resumen, podríamos decir: aprovechemos los
frutos que otros sistemas de participación de países de estructura
compleja y descentralizada han adoptado, y adaptémoslos a nuestra
peculiaridad, a nuestra singularidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sean mis primeras palabras para expresar la inquietud sobre el presente y
el futuro de esta Comisión General de las Comunidades Autónomas si se
sigue funcionando con actitudes prácticamente de olvido y marginación de
la misma por parte del Gobierno del Estado, en un sentido que ya es
preocupante en el trato general con esta Cámara, con el Senado, pero que
en el caso concreto de las Comunidades Autónomas encuentra un problema
añadido, porque la pretensión de la reforma del Senado y la creación de
esta Comisión General de las Comunidades Autónomas tenía como un objetivo
prioritario hacer confluir en esta Comisión la realidad del Gobierno del
Estado y de las Comunidades Autónomas con la representación de las
fuerzas parlamentarias.
Eso no se está dando en este momento, y nuestro Grupo se va a plantear
muy seriamente, si no se da un avance sustantivo en esta materia, el
sentido y el alcance de su participación en esta Comisión General de las
Comunidades Autónomas. Y lo digo plenamente consciente de que ha sido
nuestro interés y hemos apoyado decididamente la continuidad y el
desarrollo del trabajo de esta Comisión. Y lo digo, además, porque se
está denotando en los comportamientos de algunas fuerzas parlamentarias
en el seno de esta Comisión una especie de temor a lo que pueda ser el
nivel de relación y de debate recíproco entre el Gobierno del Estado y
las Comunidades Autónomas.
Y ha tenido un antecedente, relacionado, lógicamente, con el motivo
actual de esta sesión, cuando al Gobierno de Canarias, haciendo uso
estricto y reglamentario de su capacidad de convocatoria de esta Comisión
General de las Comunidades Autónomas, se le abre todo un debate lleno de
temores ante la petición de que comparezca también el Gobierno del
Estado. Y hay suficientes títulos reglamentarios para darle encaje a esa
comparecencia; para tratar, en sede parlamentaria y en esta Comisión
General de las Comunidades Autónomas, de un asunto que interesa a ambas
Administraciones. Evidentemente, se abre todo un debate temeroso acerca
de si esa solicitud de comparecencia puede suponer una acción de control,
cuando la acción de control en ambas Cámaras, en el Parlamento, se está
realizando por otros instrumentos directos que no son las comparecencias,
que, además, ni siquiera se convierten en un acto directo, sino en un
acto que debe ser asumido por la Presidencia y por la Mesa de la Comisión
correspondiente.
En este sentido, nos parece bastante grave que lo que era una petición
que conllevaba la presencia del Gobierno para que, en todo caso, se diera
una interlocución y un análisis de los problemas, se haya convertido en
una ausencia muda del Gobierno porque han existido poblemas evidentes en
cuanto a la interpretación del carácter de la condición de representante
del Gobierno; y, por otra parte, se haya convertido simplemente en una
mera exposición por parte del Consejero, al cual agradezco también el
detalle que ha tenido de comparecer y exponer sus planteamientos sabiendo
de antemano que, evidentemente, no había interlocución por parte del
Gobierno.
Yo pediría a sus señorías que la propia Comisión General de las
Comunidades Autónomas, la Mesa y la Junta de Portavoces --que ha tenido
un trabajo importante en esta materia--, se replanteen, seriamente y en
profundidad, los vacíos permanentes que están surgiendo en la
interpretación del nuevo Reglamento del Senado y de esta Comisión General
de las Comunidades Autónomas; que se realice con un sentido de confianza
en que jamás el debate en sede parlamentaria puede ser un debate negativo
que limite competencias ni capacidades, sino que, en todo caso, permita
contrastar opiniones y generar coincidencia de voluntades. Y que se tenga
menos temor a algo que tenemos recogido en la Constitución y que
pretendemos que sea la experiencia preliminar que conduzca a una reforma
del Senado como Cámara territorial.
Mal llegaremos a una reforma del Senado como Cámara territorial si el
ensayo que es esta Comisión General de las Comunidades Autónomas se
plantea con tantos temores, con tantos miedos y con tantas cautelas. A mí
me parece que, en este sentido, tenemos que hacer todos una reflexión en
conjunto sobre el particular. Y si, efectivamente, entendemos que la
Comisión General de las Comunidades Autónomas no juega o desempeña el
papel para el cual fue creada, replanteémonos si tiene sentido la
continuidad de esa Comisión o debemos convertirla en una Comisión más del
Senado y, por tanto, plantearnos también que no comparezcan las
Comunidades Autónomas para dar un cierto espectáculo político que me
parece, en gran medida, poco edificante.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Pérez García pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿En concepto de qué pide la palabra, Senador Pérez
García?
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, la intervención que corresponde
al Grupo Parlamentario Socialista la va a hacer el Senador don José
Segura Clavell. Sin embargo, el Senador Brito ha hecho una exposición de
su criterio sobre una decisión que han tomado la Mesa y Junta
de Portavoces, de manera tal que sus argumentos van a figurar en el
«Diario de Sesiones» de esta sesión.
Como quiera que el asunto en concreto va un poco más allá de lo que
estamos debatiendo, yo, como cuestión de orden, quiero explicar también
los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista para desactivar las
acusaciones de temor y de vaciamiento (Rumores.), ya que fue nuestro
Grupo el que sostuvo la posición que finalmente se adoptó por la
Presidencia de la Comisión.
De lo contrario, constará en el «Diario de Sesiones» la argumentación de
uno de los Grupos Parlamentarios respecto de una decisión tomada por la
Mesa sobre el alcance que iba a tener una petición del Gobierno de
Canarias, y no constará la posición contraria, que fue la que defendió
nuestro Grupo Parlamentario. (El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador don Santiago Pérez, en el turno de
Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista pueden ustedes dividir la
intervención, como han hecho otros Grupos con anterioridad, sin ningún
problema ni ninguna dificultad.
¿En concepto de qué pide la palabra, Senador Arenas?
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señor Presidente, para una cuestión de orden
en el sentido que el portavoz socialista interpreta las cuestiones de
orden.
En esa dirección, quiero decirle que me ha parecido lamentable la argucia
de acudir al Reglamento para mantener un debate político con el portavoz
canario después de su intervención. No ha sido una intervención
reglamentaria, sino una intervención política abusando y consumiendo un
turno más en nombre del Grupo... (Protestas en los escaños de la
izquierda.) Voy a terminar, señor Presidente, y lo haré de forma mucho
más breve que el señor Pérez: abuso de turno utilizando el Reglamento (El
señor Pérez García pide la palabra.). Y sí quiero recordar que este
portavoz no conoce ninguna decisión de la Mesa en el día de hoy; conoce
solamente una interpretación de la Presidencia que ha remitido el asunto
a un futuro informe jurídico de los Servicios de la Cámara. Por lo tanto,
ni falacias ni decisión de Mesa ni de Junta de Portavoces. Ha consumido
un turno político frente a esa intervención, que no reglamentario.
El señor PRESIDENTE: La cuestión de orden que me ha sido planteada está
resuelta y la intervención del Grupo Parlamentario Socialista se la
repartirán dos Senadores.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al Consejero de Economía del Gobierno
de Canarias su presencia, a pesar de las dificultades que hoy hemos
tenido para viajar en avión.
Aunque luego haré la exposición sobre el contenido de la comparecencia
que ha solicitado el Gobierno de Canarias, yo también voy a manifestar
nuestra más enérgica queja por la ausencia del Gobierno. Cuando se
convocó esta Comisión en el orden del día aparecía un punto, el número 6,
con dos comparecencias muy concretas de dos Ministros que han quedado
aplazadas --esperemos que «sine die»-- para otro momento, y me parece que
no exagero si digo que, puesto que los bancos que deberían estar ocupados
por los miembros del Gobierno están vacíos, el Gobierno del Estado ha
pasado hoy de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho esto, voy a
comenzar con la exposición sobre el contenido de la comparecencia que ha
solicitado el Gobierno de Canarias, a pesar de que reconozco que también
hubo que hacer un encaje para ver cómo conseguíamos que, de acuerdo con
el Reglamento, pudiese comparecer hoy el Gobierno de Canarias.
En relación con el artículo 62.2, efectivamente, hace ya doce años que se
aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias; sin embargo, todavía no
ocupan sus puestos en los órganos de administración esas personas que
podían formar parte de los consejos, y creo que hay muchas empresas --se
ha hablado de Unelco, Trasmediterránea, empresa que tiene una vinculación
muy especial con Canarias, o Binter-- en las que la Comunidad Autónoma
tiene algo que decir. Por lo tanto, nosotros queremos que se tenga en
cuenta la implantación en Canarias de estas empresas para poder formar
parte de sus órganos de administración.
En cuanto a la Unión Europea, en el reciente debate del Estado de las
autonomías el Presidente del Gobierno, don Felipe González, afirmó que la
formación de la voluntad del Estado en la construcción europea no sería
difícil siempre que se estableciera una diferenciación clara entre la
conformación de la voluntad y la representación; por lo tanto, las
Comunidades Autónomas podrían estar presentes. Y recuerdo que no hace
mucho hubo una interpelación de Coalición Canaria solicitando presencia
técnica en los órganos europeos que nosotros apoyamos, al igual que otra
moción que ha presentado recientemente el Partido Nacionalista Vasco.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha articulado formalmente esta
participación, y hoy tampoco conocemos qué es lo que piensa hacer el
Gobierno para articular la participación en los órganos europeos, pero el
Partido Popular siempre ha manifestado la necesidad de reglamentar la
participación de las Autonomías, con el límite que establece el propio
Tribunal Constitucional en relación con aquellas actividades que no
originen obligaciones inmediatas y actuales frente a los poderes
públicos, que no incidan en la política exterior o que no generen
responsabilidad de ésta frente a otros Estados. Coincidimos, por lo
tanto, con el Gobierno de Canarias en la importancia de regular los
instrumentos de participación de las Comunidades Autónomas en la
formación de la política comunitaria.
Y en relación con el Régimen Económico Fiscal, el Presidente de Canarias,
el señor Hermoso --y voy a referirme también al debate sobre el Estado de
las Autonomías-- solicitó un rápido, eficaz y generoso desarrollo y
ejecución de esta Ley de modificación de los aspectos del Régimen
Económico Fiscal. Como ustedes recordarán, nosotros votamos en contra de
esta proposición de ley, pero sí votamos a favor dos mociones que se
presentaron en este debate:
una de ellas sobre el desarrollo del REF y la otra instando al Gobierno
de la nación a la aprobación de un plan de empleo en Canarias, del que,
por cierto, ahora mismo sólo hay rumores o informaciones de los Ministros
de que es posible que, aunque no esté recogido en los Presupuestos
Generales del Estado, sí se pueda financiar.
En cuanto al artículo 8 de la Ley de Régimen Económico Fiscal, que trata
de la financiación del transporte regular de viajeros, el propio
Consejero del Gobierno de Canarias ha remitido un informe a los
parlamentarios en el que se dice que este artículo 8 carece prácticamente
de cobertura presupuestaria y que tiene que estar desarrollado en los
Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros votamos en contra de la proposición de ley porque discrepamos de
su contenido, y por eso presentamos un texto alternativo. Seguimos
pensando que el REF que se aprobó no es el mejor, que no es bueno, a
pesar de que algunas propuestas del Grupo Parlamentario Popular, como fue
la reserva de inversiones, sí se recogiesen, y nuestro compromiso es
modificarlo para conseguir que el desarrollo de esta Ley contribuya a
mejorar la economía canaria.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar,
el Senador Santiago Pérez; posteriormente, se la concederé al Senador
Segura.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, voy a utilizar la magnanimidad
que la Presidencia de esta Comisión ha tenido habitualmente en la
dirección de los debates para hacer unas consideraciones argumentales que
no hice en mi intervención anterior sobre una cuestión de orden, en la
que me limité formalmente a decir que uno de los Senadores intervinientes
había hecho consideraciones sobre una decisión que se había tomado en la
Mesa y Junta de Portavoces en una sesión reciente, no en la de hoy, a
propósito del alcance que habría que darle reglamentariamente a una
petición del Gobierno de Canarias solicitando la comparecencia del
Gobierno de la nación en esta Comisión para informar sobre determinados
asuntos que figuraban en el escrito del Gobierno de Canarias. Y lo hice
porque me parece que el debate democrático y parlamentario debe basarse,
como todo debate en un Estado de Derecho, en el principio de la
contradictoriedad y porque iban a quedar consignadas en el «Diario de
Sesiones» ciertas consideraciones sobre el fondo del asunto, expuestas
por el Senador portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, que iban a hacer parecer que la decisión que tomó en su día la
Presidencia --no en el día de hoy, en su día--, avalada por la Junta de
Portavoces, había sido una decisión tomada sin ningún soporte argumental.
De manera tal, señor Arenas, que no me refería yo a ninguna decisión
tomada hoy, y le aludo expresamente porque yo no recurro a argucias
parlamentarias para privar a ningún grupo parlamentario de la capacidad
de contradicción, que es esencial en todo debate democrático. Seguramente
el Senador Arenas --que aún no se había incorporado ni había sido
designado al efecto por el Grupo Popular como nuevo portavoz-- no tenía
los suficientes antecedentes para opinar como ha opinado. En todo caso,
Senador Arenas, ni el Grupo Socialista ni el portavoz de este Grupo en la
Comisión tienen la costumbre de utilizar argucias parlamentarias.
(Rumores en los escaños de la izquierda.--El señor ARENAS BOCANEGRA: ¡Me
están insultando! ¡Un poco de educación, hombre!--El señor FONT BARCELO:
¡Educación!)
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio para que pueda seguir en
el uso de la palabra el Senador Santiago Pérez. (Rumores en los escaños
de la izquierda.-- Protestas en los escaños de la derecha.) ¡Guarden
silencio!
El señor PEREZ GARCIA: Le decía, Senador Arenas, que ni este Senador ni
el Grupo Parlamentario al que represento tienen la costumbre de utilizar
ningún tipo de argucias políticas ni para hurtar ni para cercenar el
debate parlamentario. La cuestión a la que me refería era sencillamente
la siguiente: el Gobierno de Canarias formuló una petición en el sentido
de que compareciera aquí el Gobierno de la nación para informar sobre
determinados compromisos, en un caso, sobre el cumplimiento de
determinada disposición del Estatuto de Autonomía de Canarias, y en la
reunión de Mesa y Junta de Portavoces tuvimos un debate en el que este
Senador mantuvo un criterio distinto al de su señoría en el siguiente
sentido. Las relaciones entre el Gobierno de la nación y los Ejecutivos
de las Comunidades Autónomas deben estar presididas por un principio
básico en nuestro modelo de organización territorial como es el de
separación horizontal de poderes. De manera que con el establecimiento de
un precedente tal --y, a nuestro juicio, aquél sí era un importante
precedente-- como el de que el Gobierno de la nación compareciera aquí,
ejerciendo un Gobierno autonómico funciones de control --y, en nuestra
opinión, la interpretación de aquel escrito daba argumentos suficientes
para considerar que se trataba de un principio de ejercicio de funciones
de control desde una Comunidad Autónoma al Gobierno de la nación--, con
un precepto reglamentario idéntico contenido en el artículo 53, bis, 3.
del actual Reglamento, que reconoce una facultad idéntica para solicitar
la inclusión en el orden del día de esta Comisión de determinados asuntos
tanto a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas como al
Gobierno de la nación, se establecía que en el futuro pudiera ser
utilizado en idéntico sentido por el Gobierno de la nación.
A nuestro juicio, la interpretación que había que darle --que luego fue
confirmada por los Servicios de la Cámara-- debía ser exquisitamente
escrupulosa con el principio de recíproca lealtad constitucional y de
respeto exquisito a las respectivas esferas de actuación del Gobierno de
la nación, por un lado, y del autogobierno de las Comunidades Autónomas,
por otro. Esta fue la posición del Grupo Socialista.
Por tanto, quiero reiterar que la decisión que se ha adoptado hoy sobre
no conceder el turno en representación
del Gobierno a determinados altos cargos de la Administración es una
interpretación que el Grupo Socialista acata y puede ser una de las
posibles interpretaciones estrictas --ni siquiera digo restrictivas-- del
Reglamento de la Cámara. Creo, pues, que algunas menciones al temor están
injustificadas y para que estuvieran justificadas habría que tener en
cuenta la trayectoria del Gobierno de la nación ante esta Comisión, que
ha sido de estímulo de la misma, de presencia permanente. Y eso no ha
ocurrido siempre con los máximos representantes de todos los grupos
parlamentarios porque, recientemente, el más eximio representante de los
grupos de la oposición no tuvo a bien --y podía hacerlo-- asistir al
seguramente más importante debate político que ha celebrado esta Cámara
en los últimos años, y no sé si del actual período democrático.
Por tanto, no sustentemos juicios globales sobre situaciones puntuales.
Creo que hoy se ha producido, fundamentalmente, una incomprensión, de
forma que seguramente el Gobierno de la nación entendió que su presencia
más adecuada en esta Comisión era a través de interlocutores que, por la
especificidad de los asuntos que había que tratar, pudieran sobre la
marcha expresar la posición del Gobierno. Porque los asuntos, tal y como
estaban, por ejemplo, formulados por el Gobierno de Canarias, eran de una
generalidad tal: cumplimiento del artículo --además, mal escrito--
dieciséis, dos del Estatuto de Autonomía, o cumplimiento por el Gobierno
de determinados compromisos, que seguramente hubiera sido mucho más
operativo la presencia aquí de altos cargos de la Administración con
conocimiento especializado en los asuntos, que improvisar una
intervención política por parte de algún representante del Consejo de
Ministros. Seguramente esto explica la cuestión, y no la insensibilidad
del Gobierno, que ha sido claramente desmentida por su comportamiento
hasta la fecha y durante casi el año de funcionamiento de la Comisión de
Autonomías.
Esta es la posición del Grupo Socialista, que acata el criterio del
Presidente de la Comisión, y contraargumenta por qué nuestro Grupo se
opuso a que una petición del Gobierno de Canarias --al que, por lo demás,
felicitamos por el comportamiento permanente activo que ha tenido en esta
Comisión a lo largo de su trayectoria-- pudiera ser considerada como el
precedente del ejercicio de la función de control, que no le corresponde
a un Gobierno autonómico sobre el Gobierno de la nación, ni viceversa,
sino a los grupos parlamentarios y a los señores Diputados y Senadores
sobre la actividad y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del
Gobierno de la nación.
Insisto en que esta era nuestra posición, y me parece justo que quede
consignada en el «Diario de Sesiones», para no producir una quiebra del
principio de contradictoriedad.
Muchas gracias. (El señor Arenas Bocanegra pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Segura, para así finalizar
con las intervenciones de los portavoces socialistas. Posteriormente, se
la concederé al señor Arenas.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, sirvan mis palabras como salutación al señor Consejero
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, cuyas intervenciones
--bien lo sabe él-- siempre siguen, tanto el Grupo Parlamentario
Socialista como este interviniente, con el interés que suscita el rigor
al que el señor Consejero nos tiene acostumbrados.
Por consiguiente, señor Consejero, con toda franqueza, nos ha agradado
notablemente el contenido mayoritario de su intervención, pero nos ha
preocupado otro porcentaje de la misma. Nos han preocupado algunos datos
que nos ha aportado, con los que ha pretendido poner de manifiesto que en
los últimos meses el diálogo con el Gobierno de la nación, en lo que se
refiere al desarrollo reglamentario de la Ley 19, del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, no ha sido lo suficientemente fluido ni ha conseguido
las aportaciones adecuadas para los avances que deseamos que se produzcan
en la elaboración de todos y cada uno de los reglamentos, de las
normativas que han de desarrollar una Ley que las Cortes Generales han
dado a la Comunidad Canaria. Una Ley que, sin duda, ha marcado un hito en
la historia del Estado español y en la historia específica de la
Comunidad Canaria, y que ha de ser desarrollada a lo largo de todo un
año, tal como señala su disposición final única 1, que dice: Se autoriza
al Gobierno de la Nación para refundir en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de la presente Ley, y en un solo texto, las
disposiciones legales vigentes, etcétera. Asimismo, indica que el
Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, dictará en
el mismo plazo de un año las disposiciones reglamentarias necesarias.
El Grupo Parlamentario Socialista desea precisamente que no se consuma
ese año. Esta es una Ley que, publicada el 6 de julio pasado, juega un
papel fundamental en el desarrollo global de la economía, la fiscalidad y
la vida en conjunto de la Comunidad Canaria. Por tanto, nosotros deseamos
que su desarrollo reglamentario se produzca a la mayor brevedad posible,
pero también queremos que la elaboración de los reglamentos pase por el
diálogo flexible, razonable, alejado en lo posible de la innecesaria
confrontación, y se lleve a cabo en un «vis a vis», en cooperación
permanente, para que aporte una normativa que aclare muchas
incertidumbres y una situación que todos los sectores productivos
canarios están deseando que se resuelva.
Señor González, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias, usted ha hecho una serie de reflexiones con ese verbo rápido
con el que le ha dotado la naturaleza y yo he anotado lo que he podido;
por tanto, no todas sus consideraciones, pero sí algunas de ellas, en las
que me gustaría centrarme.
En cuanto al fomento del empleo, para el Grupo Parlamentario Socialista
--específicamente, en el Senado-- la disposición transitoria sexta de la
Ley del Régimen Económico y Fiscal, Fomento del empleo, nos es
especialmente grata por una razón elemental: porque se incorporó gracias
a la enmienda número 16, de nuestro Grupo. Dicha disposición dice: «A los
efectos señalados en el artículo 21 de la presente Ley y teniendo en
cuenta lo elevado de la tasa de desempleo en el Archipiélago, el Gobierno
de la Nación y el Gobierno de Canarias coordinarán sus esfuerzos y
recursos, al objeto de promocionar al máximo el empleo. Para dicha
promoción tendrán la consideración de recursos básicos los siguientes:» Y
pasa a enumerarlos.
Por consiguiente, si fue el Grupo Parlamentario Socialista el que
introdujo en la tramitación de la Ley esta enmienda, ¿cómo no vamos a
desear la cooperación, la coordinación de ambas Administraciones en la
elaboración de planes específicos de empleo? No dude, pues, de que
apoyaremos los acuerdos y las negociaciones pertinentes a efectos de
producir la necesaria convergencia para luchar contra el desempleo que
azota a la Comunidad Canaria en un porcentaje nada deseable. En esa línea
lo ha manifestado el Ministro para las Administraciones Públicas
recientemente, pero este portavoz también le asegura que precisamente
hacemos de ello una norma de preocupación política permanente.
También nos preocupa, por haber sido precisamente este Grupo el que
introdujo la correspondiente Disposición en la Ley del Régimen Económico
y Fiscal, vinculada al compromiso que las Cortes Generales asumen y, por
consiguiente, el Gobierno, para defender ante la Comunidad Europea un
estatus especial reconocido de región ultraperiférica. De ello derivarán
numerosos beneficios y numerosos aportes que clarificarán, en su
conjunto, la situación económica y la situación de vinculación de
nuestros sectores productivos a las normativas, a las iniciativas
comunitarias y a toda la reglamentación comunitaria.
Ha citado usted la preocupación que hoy existe en Canarias con respecto
al sector productivo tomatero, que también existe en otras Comunidades
del Estado español, específicamente en Andalucía y en algunas provincias
en concreto, como pueda ser la de Almería, dado que en la negociación que
se está produciendo entre la Comunidad Europea y el propio Estado
marroquí un incremento excesivo de la cuota correspondiente a Marruecos
podría perjudicar a nuestros sectores productivos. Nos sumamos a esa
preocupación, y nos sumamos también al desarrollo en plenitud de una
reglamentación comunitaria como es el Poseicán y, específicamente --a lo
cual no se ha referido su señoría, pero intuyo que estará entre sus
preocupaciones--, al control del régimen especial de abastecimientos que
tal desazón social ha generado en Canarias y que es una normativa
comunitaria que compete en diferentes situaciones de responsabilidad a
ambas Administraciones, tanto a la autonómica canaria como a la
Administración General del Estado. Le puedo indicar que a través de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas el Grupo
Parlamentario Socialista ha estado incidiendo en este tipo de
responsabilidades, haciendo un seguimiento de estos temas. Nos preocupa
la liberalización del tráfico aéreo en su conjunto, los sucesivos
paquetes de medidas que han venido poniéndose en marcha por el Gobierno
español a efectos de esa liberalización, que ha combatido el monopolio de
la compañía de bandera en Canarias que en ocasiones podría habernos
producido problemas. Hoy con la huelga hemos podido comprobar cómo otras
compañías han prestado servicios con la Comunidad Canaria o con las
restantes Comunidades del Estado español. Nos preocupa también la
liberalización del tráfico marítimo y el próximo paquete de medidas que
puede surgir a partir de 1997 vinculado a la liberalización del tráfico
de combustible y de aguas. Nos preocupa, asimismo, dada la importancia y
el peso específico que tiene en el producto interior bruto de la
Comunidad Canaria el sector turístico, la necesidad de elaborar un plan
especial de infraestructura turística, cuya elaboración es imprescindible
acometer conjuntamente entre las dos Administraciones. Y nos preocupan,
sin duda alguna, todos los mecanismos de liberalización de los servicios
de telecomunicaciones.
En cuanto a las diferentes manifestaciones que su señoría ha llevado a
cabo en lo que se refiere al transporte, créame que el Grupo
Parlamentario Socialista está analizando el contenido del articulado de
la Ley y los contratos programa, precisamente en la línea de la
insularización del transporte terrestre dentro de cada una de nuestras
líneas, contrato-programa como el que por ejemplo en la isla de Tenerife
se mantiene con Ticsa, y se está analizando la situación del transporte
en la Isla de Gran Canaria con la diversificación en las diferentes
empresas que lo prestan.
En suma, señor Presidente, y con ello termino exclusivamente en medio
minuto de tiempo, diré que el Grupo Parlamentario Socialista ha seguido
con interés la intervención del señor Consejero. Desde luego, nos han
preocupado algunas de las consideraciones que ha llevado a cabo, y
nosotros vamos a realizar las actuaciones oportunas en el diálogo
correspondiente con nuestro Gobierno, con el Gobierno que mantiene el
Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales. Coincidimos con
algunas de las reflexiones que ha realizado el Consejero y a las que yo
he hecho referencia, y esperamos que a lo largo de los meses próximos se
pueda ir dando solución y se pueda ir rellenando el edificio que tiene
por estructura la Ley 19, del Régimen Económico y Fiscal canario, del año
1994, que se pueda ir compartimentando y equipando adecuadamente con toda
una amplia normativa que requiere diálogo y sosiego. Y a pesar de que nos
vayamos adentrando en etapas electorales, el Grupo Parlamentario
Socialista tiene en consideración la necesidad de buscar puntos de
encuentro para que ese edificio, al que he hecho referencia, sea un
edificio sólido, bien equipado y del que nos podamos sentir orgullosos
los servidores del pueblo canario que somos quienes pertenecemos a las
Cortes Generales y quienes desde el Parlamento de Canarias controlan al
Gobierno de la Comunidad Canaria.
Nada más y muchas gracias. (Los señores Arenas Bocanegra y Brito González
piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
Ahora procedería dar por acabado este punto del orden del día, pero los
Senadores Arenas Bocanegra y Brito González me han pedido la palabra por
alusiones o por el artículo
86. En todo caso, les concedo la palabra por espacio de un minuto a cada
uno de ustedes dos.
El Senador Arenas tiene la palabra.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré
que mi intervención ocupe menos de un minuto.
En primer lugar, quiero decir que ya ha habido un cambio de tercio en el
debate parlamentario, y que la última intervención del portavoz
Socialista me ha parecido impecable. En cualquier caso, tengo que
agradecer a don Santiago Pérez que haya dicho que intervenía con ánimo de
contradicción, y, efectivamente, me ha aludido con ánimo de
contradicción. A mí me parece que eso responde al espíritu democrático, y
que, en consecuencia, es de agradecer por parte de nuestro Grupo con toda
sinceridad.
Señorías, hoy se ha producido un hecho muy claro y muy concreto. Los
Senadores veníamos a esta sesión, en principio, porque estábamos
convocados a una serie de puntos en el orden del día, veníamos a asistir
a la comparecencia del señor Borrell, a la comparecencia del señor
Solbes, y también veníamos a un debate en el que se presumía que hablaría
el Gobierno. El Gobierno no ha hablado hoy en el Senado porque no ha
venido el Gobierno al Senado, y por eso no ha hablado el Gobierno en el
Senado. A mí me parece que el Gobierno de Canarias y que todos los Grupos
Parlamentarios merecían la presencia del Gobierno. En cualquier caso,
quiero decirles que todos hemos estado en nuestro sitio, el Gobierno de
Canarias, los portavoces de los Grupos, y quien no ha estado en su sitio
ha sido el Gobierno. Gravísimo sería que mañana --termino, señor
Presidente, porque la intervención era sobre ese asunto-- viéramos que
hay otras obligaciones de carácter partidista que han impedido a miembros
del Gobierno de este ramo estar en la sesión del Senado.
De todas maneras, le agradezco la cortesía al señor Pérez, la cortesía y
también la forma en la intervención del portavoz Socialista, y no
agradezco otras conductas de ese Grupo que en la lejanía han producido
insultos a Senadores del mío.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: La intervención del Senador Arenas no ha sido
totalmente por alusiones, pero, en fin, las palabras están dichas.
El Senador Brito tiene la palabra.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo hago una intervención por «ilusiones» de que dentro de todo el campo
de las grandes preocupaciones pasemos del verbo preocupar al verbo
ocupar, y que nos ocupemos de las tareas que tenemos.
En cualquier caso, y en torno a algo que se ha apuntado antes, yo quiero
decir que tenemos equivocado, en mi opinión, el concepto reglamentario de
lo que es el control del Gobierno. El artículo 66.1 dice: «Las Comisiones
podrán reclamar, por mediación del Presidente de la Cámara, la presencia
de miembros del Gobierno para ser informados sobre algún problema de su
competencia.»
En consecuencia, no estamos aquí en una pregunta, en una interpelación,
en una acción directa de control al Gobierno. Estamos planteando, y es lo
que ha hecho correctamente el Gobierno de Canarias, pedirle a la Mesa de
esta Comisión General de Autonomías y a sus portavoces, por tanto, en
cuanto Mesa y Junta de Portavoces, el que comparezca el Gobierno del
Estado no para ser controlado, sino para que escuche y opine en los
términos establecidos en el artículo 66.1, que no es una técnica de
control, sino una técnica pura y simple de comparecencia para ser
informado. Otro problema es que no quiera ser informado, pero ese es otro
problema que yo espero que no sea así y que evidentemente podamos
resolverlo dentro de las muchas lagunas que van surgiendo en esta
andadura, a veces en aguas procelosas, de la Comisión General de
Autonomías. (El señor Pérez García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El Senador don Santiago Pérez me pide la palabra.
Tiene su señoría la palabra por un tiempo máximo de un minuto.
El señor PEREZ GARCIA: Pido la palabra por una cuestión de orden, señor
Presidente, y es la siguiente: El Grupo Socialista, que nunca utiliza
triquiñuelas parlamentarias para impedir la expresión de otros Grupos,
ahora mismo no ha querido invocar el artículo 91 del Reglamento que
impide a cualquier miembro de la Mesa que ha participado en el asunto que
se está debatiendo ocupar su lugar en la Mesa, incluso presidir la
Comisión, como ha ocurrido en este debate. Sépase, porque lo digo con
claridad: lecciones de democratismo, de aplicación democrática del
Reglamento, no las aceptamos de nadie, porque nuestra trayectoria
democrática es bien larga.
En segundo lugar, con respecto a la aseveración de don Oswaldo Brito, que
ha vuelto a incidir sobre el asunto, me remito al informe que han
elaborado los Servicios de la Cámara y a un solo argumento que es el
siguiente.
Dice nuestro Derecho común --que, si no recuerdo mal, está recogido en el
Código Civil-- que las cuestiones deben ser interpretadas, sobre todo
cuando hay un acto jurídico, no sólo de acuerdo con lo que el autor de
este acto dice que hace, sino con arreglo a la naturaleza objetiva del
acto que emprende. Y la iniciativa pidiendo la comparecencia del Gobierno
de la nación por un gobierno autonómico, desde nuestro modesto saber y
entender y, al parecer, también a la vista del criterio de los Servicios
jurídicos de la Cámara, puede ser considerada como una iniciativa de
control. Y, por un escrupuloso respeto a la lógica del Estado de las
Autonomías, nos opusimos a aquella iniciativa, no a que se debatiera aquí
el asunto a iniciativa del Gobierno de Canarias, al que expresamos
nuestra felicitación por el comportamiento tan activo que está teniendo
en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas desde su
constitución.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Si el Consejero de Economía y Hacienda de Canarias quiere intervenir en
este momento, le concedo la palabra por un corto espacio de tiempo,
aunque tampoco quiero medírselo.
Tiene su señoría la palabra.
El señor CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
CANARIAS (González Hernández): Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy
breve.
En principio, deseo agradecer a todos los portavoces su intervención.
Creo que todas han sido constructivas. Pienso que la posición expuesta
por el Grupo Mixto o por los Senadores del PNV coincide más o menos con
el sentir genérico que nosotros habíamos planteado. Como es evidente, no
me voy a referir al Grupo de Coalición Canaria, que es de mi propio
partido. También deseo agradecer la intervención de la Senadora
representante del Grupo Parlamentario Popular, así como la del Senador
Arenas.
Ciñéndome a la intervención final, no sólo a la de don Santiago Pérez,
que trata de cuestiones reglamentarias que están totalmente fuera de
aquello sobre lo que tengo que dar mi opinión, deseo centrarme en lo que
ha dicho el Senador Segura. Quiero que quede patente el tono siempre
negociador que tiene la Comunidad Autónoma. Nunca vamos a un proceso
negociador ni con criterio de ruptura ni de enfrentamiento ni, por
supuesto, de campaña electoral. Entendemos que es muy conveniente que
exista un diálogo pero, a veces, los diálogos se convierten en monólogos,
y hay que ver quién es el que realmente los lleva a ese terreno.
Por supuesto que en mi intervención no pretendía en absoluto referirme a
todos y a cada uno de los puntos del Régimen Económico y Fiscal, aunque
sí los toqué de pasada. Creo que es muy importante un asunto que ha
abordado el Senador Segura sobre la posición del estatus canario. A ello
me referí al hablar de la necesidad de armonización.
Cuando la Ley plantea el plazo de doce meses para el proceso de dos cosas
fundamentales: una, el texto refundido y, otra, el texto de la
reglamentación, está claro que todos sabemos que doce meses finalizan el
mes de julio, y eso no está tan lejos, y que, evidentemente, mal se podrá
hacer el texto reglamentario si no avanzamos a un ritmo mucho mayor, no
sólo en lo que se refiere al texto refundido, sino en el de la
homologación y armonización. Piénsese, ya lo he dicho de pasada, que hay
ciertas referencias comunitarias y es posible que haya que armonizar
algunos de los preceptos con la legislación comunitaria, y creo que en
eso hace falta una acción rápida, porque si no difícilmente puede
cumplirse el calendario para el desarrollo de los reglamentos que, como
es evidente, tendrá que adecuarse al texto refundido.
Una vez más, manifiesto, en nombre del Gobierno de Canarias, nuestra
decidida voluntad de diálogo y de negociación. Y lo que solicito del
Partido Socialista es que también lo pidan los representantes del
Gobierno de la nación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Acabado este punto del orden del día, recuerdo a los señores Senadores
miembros de la Comisión que volvemos al punto anterior. Vamos a suspender
la sesión por espacio de unos veinticinco minutos para que la Mesa y los
portavoces puedan preparar el informe del relator. (El señor Pérez García
pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador don Santiago Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Gracias.
Sobre esta moción me gustaría hacer una propuesta que yo mantendría si
concitara la unanimidad de los portavoces de los diferentes grupos.
Como relator en funciones de la Comisión, me corresponde formular la
propuesta a la Comisión del informe que debe aprobarse sobre las
secciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se
refieren a la financiación autonómica. Como quiera que esta Comisión, en
una de sus primera sesiones, delegó la posibilidad de elaborar e incluso
de aprobar esos informes en la Mesa y Junta de Portavoces, y como quiera
que el asunto tiene cierta densidad y que, en todo caso, habría que tomar
en consideración y valorar algunos argumentos que se han utilizado en el
debate de hoy, yo me permitiría sugerir, puesto que aún disponemos de
plazo para la emisión de ese informe, que éste fuera emitido, ejercitando
aquella delegación conferida, por la Mesa y la Junta de Portavoces, si
los portavoces y los representantes de los demás grupos y el
representante de Canarias, aquí presente, lo tiene a bien. Si no,
suspenderíamos la sesión y prepararíamos el informe para presentarlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señores portavoces, pasaré a preguntar su opinión por orden, como
siempre, de menor a mayor.
¿Senador Calvo Lou?
El señor CALVO LOU: Por nuestra parte, la propuesta nos parece oportuna.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sobre todo, nos convendría descansar un poco a todos. (Risas.)
¿Senador Ricardo Sanz?
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
No tengo nada que oponer a la propuesta que ha hecho el Senador don
Santiago Pérez.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Senador Ferrer?
El señor FERRER I ROCA: Estamos de acuerdo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Senador Arenas?
El señor ARENAS BOCANEGRA: No tenemos ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En ese caso ... (El señor Brito González pide la palabra.)
Perdón, tiene la palabra el Senador Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias.
Desde la ultraperiferia --digamos-- física y natural y, en todo caso, se
ve que también parlamentaria (Risas.), no tengo ningún inconveniente en
aceptar la propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias
tiene inconveniente en que el informe sea aprobado por la Mesa y la Junta
de Portavoces de la Comisión, como consecuencia de la delegación expresa
que hace en este momento el Pleno de la Comisión?
El CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
(González Hernández): No, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En este caso, señorías, con una cierta alegría, voy a pronunciar las
palabras de ritual: Se levanta la sesión.
Eran las diecinueve horas y treinta minutos.