Año 1994 V Legislatura
Comisiones. Núm. 119



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DE DON FERNANDO IGNACIO GONZALEZ LAXE
Sesión Informativa
celebrada el lunes, 27 de junio de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia:
--Del Ministro de Economía y Hacienda, Excmo. Sr. don Pedro Solbes Mira,
a los efectos de explicar el Marco de Apoyo Comunitario para España.

(Número de expediente 711/000066.)
--Del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Excmo. Sr.

don Miguel Angel Fernández Ordóñez, a petición del G. P. Popular para que
informe de las actuaciones que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley
de Defensa de la Competencia de 17 de julio de 1989, ha realizado
respecto a examinar las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a
recursos públicos, en relación con sus efectos sobre las condiciones de
competencia. (Número de expediente 713/000175.)
--Dictaminar, con competencia legislativa plena, el Proyecto de Ley por
la que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido. (Número de expediente 621/000039.)

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Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA. (711/000066.)



El señor PRESIDENTE: Como saben sus señorías, la Comisión de Economía y
Hacienda tiene hoy dos partes, una por la mañana, que es la comparecencia
del Ministro de Economía y Hacienda, excelentísimo señor don Pedro Solbes
Mira, a los efectos de explicar el marco de apoyo comunitario para
España, y por la tarde, a las diecisiete horas, empezaremos con la
comparecencia del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,
excelentísimo señor don Miguel Angel Fernández Ordóñez, para continuar
dictaminando, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley por
el que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cumpliendo el punto previsto para hoy por la mañana con la comparecencia
del Ministro de Economía y Hacienda, doy la palabra al excelentísimo
señor don Pedro Solbes Mira.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señorías.

En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad que me dan en esta mi
primera comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Senado
para hablar de un tema de especial incidencia en términos territoriales,
como es el de la aprobación de los marcos comunitarios de apoyo y todo lo
que ello significa desde el punto de vista del planteamiento de la
financiación de Comunidades Autónomas y de incidencia en cuanto a la
estructura productiva de nuestro país.

Sin embargo, me gustaría encajar este problema dentro de otro más amplio,
que es la financiación que recibimos de la Comunidad, y por eso me van a
permitir sus señorías que mi exposición sea tal vez un poco detallada, de
manera que tengamos una visión global de lo que ha sucedido durante estos
últimos meses y conozcamos exactamente el panorama al que tenemos que
hacer frente también de forma inmediata.

El 1 de junio, el Colegio de Comisarios aprueba el denominado marco
comunitario de apoyo. Afecta al período de cinco años 1994-1995 y se
refiere a las regiones españolas incluidas en el objetivo uno de Fondos
Estructurales.

Sin embargo, este marco comunitario de apoyo todavía no está formalmente
pactado; se firmará el próximo día 30 de junio entre la Comisión de la
Unión y nuestro país. A partir de este momento, evidentemente, ya
podremos poner en marcha algunos de los elementos que se incluyen,
aunque, como explicaré posteriormente, se ha ido avanzando ya en el
proceso con objeto de no perder ningún tiempo.

El marco comunitario de apoyo encaja dentro de la política de cohesión
que pone en marcha la Unión Europea y que tiene como instrumentos
fundamentales, por una parte, los Fondos Estructurales y, por otra, el
Fondo de Cohesión.

Como sus señorías saben, los principios establecidos en el Acuerdo de
Maastricht en cuanto a reforzamiento de esta política de cohesión
implicaban también incrementar los recursos estructurales que estaban a
disposición de la Unión. Esos recursos estructurales se definen en las
denominadas Perspectivas Financieras que se acuerdan en Edimburgo y que
van a permitir en el período 1994-99 elevar sustancialmente la aportación
comunitaria con esta finalidad. Las Perspectivas Financieras de la Cumbre
de Edimburgo permitirán un gasto total para los fondos estructurales de
175.000 millones de ecus, de los cuales la parte del león se la van a
atribuir a los fondos estructurales, con 158.000 millones, y una parte
menos sustanciosa a los fondos de cohesión, con 16.500 millones. Sin
embargo, quiero recordar, aunque sus señorías lo conocen, que el fondo de
cohesión se aplica únicamente a los cuatro países con producto nacional
bruto por debajo del 90 por ciento de la media comunitaria y, por lo
tanto, no son cifras exactamente comparables.

Una vez que se establece la gran cuantía, la cuantía absoluta de esas
Perspectivas Financieras, para que se pueda empezar a funcionar es
imprescindible poner en marcha dos cosas: en primer lugar, los
reglamentos, que en términos jurídicos definen los procedimientos que van
a utilizarse para la aceptación de los fondos. El reglamento provisional
del fondo de cohesión se establece en el pasado mes de marzo de 1993 y en
julio de ese mismo año los nuevos reglamentos que regulan el
funcionamiento y aplicación de los fondos estructurales.

El segundo punto importante para poner en marcha esta financiación
comunitaria es la distribución indicativa de los recursos entre los
diferentes Estados miembros, y la verdad es que aunque éste es un tema
relativamente complejo, en función de cada uno de los fondos, querría
hacer alguna referencia a ellos. En todo caso, permítanme avanzar que los
resultados, en términos globales, aplicables para España son francamente
positivos. Los 16.650 millones de ecus del fondo de cohesión para el
período 1993-99 --es decir, hay una diferencia entre cohesión y el resto
del marco comunitario de apoyo, que es 1994-99-- se atribuirán con
horquillas entre los diferentes Estados miembros, es decir, no hay una
cifra fija, sino un máximo y un mínimo, y la horquilla correspondiente a
España se situará entre el 52 y el 58 por ciento del total. Somos el
mayor país perceptor, seguidos a mucha distancia, como es lógico, en
función de su tamaño, por Grecia y Portugal, que se sitúan por debajo del
20 por ciento.

Sin embargo, como decía antes, el gran bocado de la política de cohesión
comunitaria se realiza a través de los fondos estructurales, y
fundamentalmente a través de los denominados objetivos 1, 2 y 5-b. El
objetivo 1 --lo vuelvo a recordar, aunque sus señorías ya lo conocen-- se
refiere a regiones con problemas de desarrollo, a las regiones menos
desarrolladas de la Comunidad; el objetivo 2 a zonas en declive
industrial y el 5-b es para aquellas zonas agrícolas que, sin embargo, no
se encuentran en el objetivo



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1. Del total de los 158.000 millones de ecus, para estos tres objetivos
se van a utilizar aproximadamente 107.000 millones, en realidad, 106.900
millones de ecus, y esto supone en el caso de España una mejora clara de
nuestra participación en el total de estos objetivos; de hecho, vamos a
recibir 10,9 puntos por encima del segundo perceptor, vamos a ser el
primero, tenemos un cierto incremento en nuestra participación porcentual
y somos prácticamente el único país que ha mejorado su porcentaje en
participación porcentual respecto al programa anterior.

Como decía antes, el objetivo 1 es el fundamental, es el de las zonas
menos desarrolladas de la Comunidad y al mismo va destinado,
aproximadamente, el 60 por ciento de los fondos, que se dirige, por lo
tanto, a estas zonas cuya renta per cápita está por debajo del 75 por
ciento de la media comunitaria. De este objetivo 1 España podrá percibir
el 28 por ciento del total, en términos globales 26.300 millones de ecus,
y luego me referiré a cómo se distribuye esta cifra y cómo se va a
aplicar en nuestro país. En este objetivo 1, España es junto con Alemania
el único país que ha visto incrementada su participación relativa --no su
participación en términos absolutos, que se ve aumentada en todos dado
que se ha duplicado prácticamente la cifra global--, y la razón por la
que Alemania mejora su situación es, evidentemente, como consecuencia de
la incorporación de la Alemania del Este, dado que anteriormente Alemania
ni siquiera estaba entre las regiones objetivo 1.

En las regiones objetivo 2, lo que podemos llamar reconversión industrial
o zonas con problemas de declive industrial, España será, después del
Reino Unido y Francia, el tercer beneficiario de los fondos de este
objetivo específico y percibiremos el 16 por ciento total de los recursos
destinados al mismo. En términos de ecus por habitantes, en este objetivo
seremos el país más beneficiado de la Comunidad, y ello tiene una cierta
lógica porque también el nivel de riqueza juega en función de los ecus
per cápita y entre estos países somos, evidentemente, el país con menos
renta per cápita.

En el objetivo 5-b, objetivo de desarrollo de las zonas rurales, España,
con una participación del 10,8 por ciento del total de los recursos, es
también el Estado miembro más beneficiado en términos de recursos
estructurales por habitante, exactamente por la misma razón a la que
hacía referencia anteriormente.

Por lo tanto, podemos concluir que los resultados de la distribución por
Estados miembros de los fondos estructurales europeos asignados a los
objetivos vinculados a la política de cohesión han sido realmente
positivos para España, y ello es el resultado de aplicar los principios y
criterios de distribución de Maastricht, que quedan plasmados en las
Cumbres de Maastricht como principio y en Edimburgo como Perspectivas
Financieras.

¿Cuánto va a recibir España, en definitiva, en el período 1994-99? Un
total de 39.600 millones de ecus, es decir, aproximadamente 6,1 billones
de pesetas sobre la base de un cálculo del ecu a 155 pesetas/ecu, y de
los cuales para el objetivo 1, zonas de menor desarrollo, recibiremos
26.330, para el objetivo 2, zonas en declive industrial, para el primer
subperíodo en el que se divide este objetivo 1.130 millones y para el
segundo subperíodo, desde el año 1997 a 1999, no lo conocemos exactamente
pero podemos calcular que podría ser una cifra equivalente, y para el
objetivo 5, 664 millones de ecus.

Pero no se limita a ésta la cuantía de fondos totales que vamos a
recibir. También recibiremos por el fondo de cohesión entre los años
1994-99 aproximadamente unos 8.500 millones de ecus --he dicho antes que
había una horquilla del 52-58, pero si lo calculamos con la horquilla del
55 será más o menos una cifra parecida--, y, finalmente, todavía hay lo
que se denominan las iniciativas comunitarias, es decir, la Comisión se
reserva una parte del dinero para aprobar proyectos específicos de
interés comunitario, no de interés única y exclusivamente de un Estado
miembro; por esta cuantía nosotros calculamos que podríamos recibir
alrededor de 2.000 millones de ecus.

En definitiva, si sumamos todas estas cifras, los recursos que España va
a recibir durante el período 1994-99 se habrán incrementado en términos
reales y como media anual, dado el período temporal del que estamos
hablando, en aproximadamente un 118 por ciento, es decir, algo más que
duplicar el esfuerzo que se realizó en el período 1989-93.

Sin embargo, es cierto que el haber definido una cuantía global, el haber
definido una distribución por objetivos, el haber definido una
utilización de los fondos de acuerdo con esos objetivos por países, no
nos garantiza necesariamente que ese dinero venga a nuestro país. Para
que ese dinero venga a nuestro país han de cumplirse todos los requisitos
que el sistema comunitario pone en marcha que son relativamente
complejos.

En el caso del fondo de cohesión lo que se exige sobre todo es la
presentación de proyectos. Ya en 1993 España presentó proyectos en
materia de transporte y medio ambiente, y asimismo han sido aprobadas por
un importe de algo más de 90.000 millones de pesetas, con lo cual se
tiene ya una cartera de proyectos suficiente para los años 1993 y 1994.

El proceso más complicado es el de los fondos estructurales ya que para
que sean librados a nuestro país antes hay que llevar a cabo un proceso
enormemente complejo que voy a recordar aquí ya que es la única forma de
poder entender este complicado galimatías que supone la financiación
comunitaria. El proceso se inicia con los denominados planes de
desarrollo regional para las zonas Objetivo 1, planes de reconversión
regional para las zonas de Objetivo 2 y planes de desarrollo de las zonas
rurales para el Objetivo 5-b.

Esos planes tienen como finalidad describir los problemas de cada una de
las áreas de las que estamos hablando, y deben ser presentados por los
Estados miembros en la Comisión de la Unión Europea sin que tengan que
ser objeto de una aprobación formal por parte de ésta. Se trata
simplemente de un compromiso por parte del Estado miembro, de una
explicación sobre lo que podríamos hacer con un dinero procedente de
Bruselas y para qué objetivo lo íbamos a utilizar en cada una de las
zonas afectadas.

Una vez que se han definido estos planes regionales de reconversión o de
zonas rurales y se han presentado en la



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Comisión, se inicia la segunda fase, el establecimiento del marco de
apoyo comunitario, precisamente para estos fondos estructurales,
distintos del de cohesión, de acuerdo con un procedimiento también
preestablecido.

El marco comunitario ya tiene una naturaleza distinta de los planes. Como
decía antes, los planes son nacionales. El marco comunitario de apoyo es
elaborado por la Comisión a través de discusiones formales entre la
Comisión y los Estados miembros que al final se plasman en un acuerdo, al
que antes hacía referencia, que se firmaría el día 30 de junio.

El marco comunitario de apoyo es un documento de programación que incluye
muchas cosas. En primer lugar, incluye el montante total de recursos que
la Comunidad asigna a cada Estado miembro en virtud de cada objetivo
específico. En segundo lugar, incluye también cómo se van a repartir esos
recursos por fondos, es decir, está por una parte el objetivo y por otra
el fondo. En tercer lugar, también se incluye algo básico y fundamental,
el destino al que queremos dedicar esos fondos, lo que se denominan ejes
de actuación, las grandes líneas que vamos a financiar internamente con
esos fondos que recibimos. En cuarto lugar, incluye asimismo el montante
de recursos que se puede utilizar en cada línea de gasto por cada una de
las distintas Administraciones nacionales y agentes inversores. Por
ejemplo, en nuestro caso --luego haré una referencia más amplia a este
respecto-- hay una distribución clara entre Administración central,
Administración autonómica y local y empresas públicas y privadas. Otro
elemento que también incluye el marco comunitario de apoyo es la tasa de
cofinanciación. Dicho de otra forma, para cada tipo de actuaciones
específicas, cuánto va a financiar la Comunidad y cuánto va a financiar
cada Estado miembro, y dentro de esa financiación, en los casos en que
exista financiación privada, qué porcentaje de financiación privada es
imprescindible. Por último, también se incluyen otras condiciones que
puedan ser necesarias para la puesta en marcha de ese marco comunitario
de apoyo.

Con este marco aprobado, ya estamos hablando de un documento de
naturaleza contractual, por tanto, estamos hablando de un pacto entre la
Comunidad y cada uno de los Estados miembros afectados. Ese documento de
naturaleza contractual es el que nos va a permitir funcionar. Sin
embargo, todavía no termina ahí el complicado proceso burocrático
necesario para utilizar los fondos. Es imprescindible, además, proponer y
aprobar por parte de la Comisión de la Unión Europea las denominadas
formas de intervención. ¿Qué son las formas de intervención? No son, ni
más ni menos, que los reglamentos en los que se establecen los programas
operativos, las subvenciones globales y el sistema de actuación
específica en cada caso concreto.

Las formas de actuación ya son documentos muy concretos, incluso en
algunos casos lo son a nivel de proyecto, a través de los cuales lo que
se hace es que ese gran marco comunitario de apoyo se traduzca en una
aplicación práctica mediante una u otra forma de intervención.

¿En qué situación nos encontramos hasta este momento en lo que a esto se
refiere? Como decía antes, se presentaron los planes y se ha aprobado el
marco comunitario de apoyo por la Comisión que se firmará con nosotros el
día 30 de junio. Es decir, se han ido cumpliendo los distintos procesos
que estaban inicialmente definidos para llegar a la percepción de los
fondos. Sin embargo, sobre el cumplimiento de los objetivos, me gustaría
hacer algunos comentarios que pueden ser de interés para la Comisión.

Los planes de desarrollo regional 1994-99 para el Objetivo 1 se presentan
el día 20 de octubre de 1993, planes --me gustaría destacar esto-- que se
negocian y se discuten con las diferentes Comunidades Autónomas. Se
elevan a un dictamen del Consejo Económico y Social, lo que,
evidentemente, responde a una filosofía global de esa planificación por
Comunidades Autónomas.

El Plan de reconversión regional y social para el período 1994-99, que
afecta al Objetivo 2, también se consulta con las Comunidades Autónomas
interesadas. En el caso anterior se trata de la mayor parte de las
Comunidades Autónomas del país y en este caso estamos hablando de Aragón,
Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Este
documento se presenta el día 24 de abril y, como digo, también se realiza
en colaboración con las autoridades autonómicas.

En las zonas rurales se presenta el Plan de desarrollo acompañado ya de
las formas de intervención, es decir, acompañado de los programas
operativos. Aquí ya se puede presentar con la tercera fase del
procedimiento de aceptación de los fondos en un documento único de
programación que se envía a la Unión Europea el día 27 de abril. La razón
por la cual aquí se puede avanzar algo más se debe a que, en el caso de
las zonas rurales, corresponde a la Comisión definir estas formas de
intervención por una decisión propia de la Comisión, por lo que no tiene
que ser negociado.

Por tanto, ¿dónde estamos ahora en lo que se refiere a la situación
global partiendo de esa idea de planes-marco comunitarios de apoyo y
formas de intervención en todo el sistema de fondos estructurales? En
cuanto a los marcos comunitarios de apoyo, como he dicho, están aprobados
por los diferentes Comisarios y pendientes de firma.

En cuanto al Objetivo 2, el marco comunitario de apoyo aún no se ha
negociado porque la comisión no está todavía en condiciones de abrir
negociaciones para hablar de ese marco comunitario de apoyo en las zonas
o regiones de Objetivo 2.

En cuanto al documento único de programación del Objetivo 5-b, estamos a
la espera de que la Comisión nos convoque antes de que tome sus
decisiones. Como decía antes, en este caso no hay negociación con cada
Estado miembro. Lo que hay es una presentación de nuestra solicitud --por
llamarlo de algún modo--. como he dicho antes, esa solicitud ya se ha
presentado, y a partir de ahí será la Comisión la que tendrá que tomar su
decisión.

¿En qué situación se encuentra todo esto respecto del paso final? Las
formas de intervención correspondientes a los Objetivos 1 y 2 se
presentan con fecha 28 de abril, es decir, antes del marco comunitario de
apoyo. ¿Por qué? Ello parecería ilógico porque tendríamos que haber
seguido el procedimiento normal de definir el marco global



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para ir más tarde a las formas de intervención. Sin embargo, en el
reglamento de fondos estructurales se dice que toda solicitud de ayuda
asociada a una forma de intervención presentada antes del 30 de abril de
1994 podrá ser considerada para cofinanciar gastos realizados a partir
del 1.º de enero de 1994. Por tanto, aunque no estuviese claramente
definido el marco comunitario de apoyo, nos parecía interesante presentar
ya las solicitudes de forma de intervención, de tal forma que no
tuviésemos ningún desfase en cuanto a los fondos a recibir a partir de
este año de 1994 y también en 1995.

En cuanto al Objetivo 5-b, nuestra demanda se presentó el 27 de abril, y
lleva incluidas las formas de intervención porque, como he dicho, la
Comisión tendrá que aceptar unas y otras, sin decisión por nuestra parte.

Por tanto, diría que en estos momentos estamos casi en el límite del
cumplimiento de los requisitos para empezar a recibir los fondos, de
acuerdo con la nueva fórmula. En el Objetivo 1, estamos pendientes de que
la Comisión apruebe las formas de intervención. Con respecto al Objetivo
2, tenemos que esperar un poco más, porque hay que negociar el marco
comunitario de apoyo y, después, las formas de intervención, aunque ya
habíamos presentado nuestra solicitud antes de su aprobación. Y en cuanto
al Objetivo 5-b, falta la aprobación por parte de la Comisión del
documento único de programación presentado, así como de las formas de
intervención.

Este complicado procedimiento ¿a qué resultados nos va a llevar? A un
resultado que, sobre todo ahora, podemos valorar en el Objetivo 1, porque
ya sabemos el marco de apoyo comunitario al que estamos haciendo
referencia. De acuerdo con el Objetivo 1, el gasto contemplado en el
marco de apoyo comunitario se elevará casi a 50.000 millones de ecus;
exactamente, a 48.905 millones. En total --a 155 pesetas/ecu--, serán,
aproximadamente, unos 7,6 billones de pesetas de inversión.

Evidentemente, no todo esto corresponde a ayudas comunitarias. De esta
cantidad, la Administración pública española aportará del orden de 12.700
millones de ecus; las empresas privadas --a las que he hecho referencia
antes--, que también tendrán que aportan financiación, contribuirán con
9.800 millones y la Comunidad, en este marco comunitario de apoyo,
aportará 26.300 millones de ecus; se trata de los 4 billones de pesetas
de los que se viene hablando de aportación a las regiones del Objetivo 1
por parte de la Comunidad.

Sin embargo, como ya he dicho, también es interesante analizar, no sólo
cuánto dinero viene y hacia dónde va, sino a qué se va a destinar, es
decir, los llamados ejes de actuación, a prioridades funcionales,
expresado de otra forma. El gasto fundamental en el período 1989-93 iba
dirigido a la infraestructura de transporte; concretamente, el 33 por
ciento del total de fondos se dedicaba a la misma. Pero en el nuevo marco
de apoyo comunitario, de 1994 a 1999, la decisión comprende una reducción
sustancial de la participación porcentual de infraestructura de
transporte; pasaremos del 33 al 24,8 por ciento. Esto no significa una
disminución de los fondos globales totales destinados a infraestructura
de transporte, ya que al aumentar la base sobre la que se aplica este
porcentaje, es evidente que la resultante final será la de una amplia
financiación para aquélla.

Por otro lado, se ha puesto el dedo en la llaga, o se ha dado prioridad
este año, sobre todo, a la mejora del sistema productivo y a los recursos
humanos y la mejora de la calidad de vida; fundamentalmente, en materia
de educación, sanidad y medio ambiente. Con respecto a la mejora del
sistema productivo --que se dirige a la industria, el turismo, la
agricultura, la pesca, y la investigación y desarrollo--, pasamos del 26
al 33 por ciento de los fondos. Y en recursos humanos, del 32,9 al 34 por
ciento. Creemos que esta nueva distribución de prioridades responde
bastante bien a lo que el país está necesitando en este momento. Tras el
importante esfuerzo que se ha realizado en infraestructuras, aunque se
sigue manteniendo, no se incrementa y, sin embargo, se da una prioridad
importante a otro tipo de actividades que nos parecen fundamentales.

Desde el punto de vista de la distribución regional, también puede ser
interesente explicar cómo vamos a gastar este dinero. En primer lugar,
los fondos estructurales asignados a España de acuerdo con el marco
comunitario de apoyo están destinados a cofinanciar inversiones que se
realizan en regiones elegibles; por tanto, no afectan a todo el país,
sino a Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Valencia y, por supuesto,
Ceuta y Melilla.

Del total de los 26.300 millones de ecus, se regionalizan --es decir, se
sabe ya exactamente cuáles son las Comunidades Autónomas o los
territorios que van a recibirlos--, aproximadamente, 23.800 millones. El
no regionalizable «a priori» y, por tanto, esa especie de bolsa que
dejamos para poner en marcha proyectos que todavía no están definidos, o
que pueden afectar a más de una Comunidad Autónoma, queda por debajo de
los 2.500 millones de ecus.

Sin embargo, este concepto de territorialización no es el mismo que el de
quienes son los agentes que van a utilizar esos fondos. Estos 23.800
millones de ecus no son los fondos que van a cofinanciar actuaciones de
Comunidades Autónomas. En este caso, se produce una situación algo
distinta y la atribución a fondos en función de los agentes es diferente.

Hay una parte de fondos que maneja, fundamentalmente, el Estado, y otra
parte, que van a financiar, básicamente, actuaciones de la Administración
autonómica.

Para distinguirlos técnicamente, establecemos dos submarcos. Uno, que se
denomina marco plurirregional, y otro, llamado el submarco regional. El
plurirregional obedece, lógicamente, a las actuaciones fundamentalmente
del Estado, pero también éste cede una parte de su financiación a las
corporaciones locales que es, aproximadamente, el 10 por ciento del total
de los fondos estructurales establecidos en el marco comunitario de
apoyo. Para que tengan una idea, estamos hablando de un total de 2.600
millones de ecus, es decir, más de 400.000 millones de pesetas que irán a
financiar actuaciones de corporaciones locales. También en este caso hay
actuaciones de empresas públicas.




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¿Pero cómo se divide entre esos dos grandes submarcos, es decir entre el
que podemos llamar de la Administración central, empresas públicas y
corporaciones locales --el llamado plurirregional--, y el que se destina
a las Comunidades Autónomas? Aproximadamente, 17.400 millones están
destinados al primero, es decir, al marco plurirregional, y 8.800
millones a las Comunidades Autónomas. Para dar una cifra que seguramente
retendrán mejor sus señorías, aproximadamente el 33,75 por ciento del
total del marco comunitario de apoyo está destinado a la financiación de
las Comunidades Autónomas, y el resto, fundamentalmente, al Estado,
aunque con una participación de empresas públicas y corporaciones
locales, siendo la de éstas del 10 por ciento, como ya he dicho.

En definitiva, estamos hablando de una aportación por esta vía a la
financiación de las administraciones autonómicas de, aproximadamente,
1,37 billones de pesetas; una cifra que, sin duda alguna, es muy
significativa e importante para ajustar los presupuestos de las
Comunidades Autónomas. Evidentemente, también lo que se destina a éstas
se territorializa con los mismos criterios con los que se hace a nivel
comunitario. Por supuesto, se ha producido una gran discusión política
acerca de si deberíamos utilizar los criterios del fondo de compensación
interterritorial, o acudir a otro tipo de planteamientos. Sin embargo, la
lógica del sistema exigía, en nuestra opinión, que si se distribuyen
entre los Estados miembros de la Comunidad los fondos totales disponibles
con unos ciertos criterios, esos mismos criterios deberían trasladarse a
las Comunidades Autónomas.

El primer perceptor de fondos dada su superficie, su población y su nivel
de riqueza es Extremadura; el segundo es Galicia; el tercero, Castilla y
León; el cuarto, la Comunidad Valenciana; el quinto, Castilla-La Mancha,
y así sucesivamente. Aquí no hay ninguna prioridad por criterios de tipo
político, es simplemente una aplicación por criterios de territorio,
población y nivel de riqueza y con ellos se llega a una distribución
final.

Una de las grandes batallas que hemos tenidos que dar en estas últimas
negociaciones, y que puede ser interesante destacar, es la de las tasas
de cofinanciación, las cuales, una parte la paga Bruselas y otra,
nosotros: bien el Estado, bien las Comunidades Autónomas, bien las
empresas públicas. Cuanto más pague Bruselas menos tendremos que pagar
nosotros y, en consecuencia, es más fácil, sobre todo para las
Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas, llevar a la práctica
ciertos proyectos que en otro caso tendrían un coste excesivo.

La situación ha sido francamente satisfactoria. En primer lugar se ha
conseguido una modulación al alza para tener en cuenta la situación
específica de las regiones menos desarrolladas, especialmente las
periféricas, como Extremadura, Andalucía, Galicia, Ceuta y Melilla, y se
ha conseguido como media mejorar prácticamente en diez puntos
porcentuales la cofinanciación que teníamos en 1989-1993, que era
aproximadamente de 57 puntos. Ahora estamos hablando de una
cofinanciación comunitaria de 67 puntos, lo cual quiere decir que con 33
puntos adicionales de cofinanciación conseguimos una financiación final
del 100 por cien --estamos hablando de medias--. El tratamiento
específico en cada caso concreto puede ser claramente mejor.

Estos son, señorías, los grandes elementos, las grandes cifras, los
grandes aspectos de toda la política de cohesión de la Comunidad,
prestando una especial importancia a ese marco comunitario de apoyo al
que he hecho referencia, que es, sin duda alguna, la parte fundamental
pero que no es todo el paquete.

Esto les permitirá a sus señorías tener una idea global de qué fondos
vamos a recibir en los próximos años de Bruselas si somos capaces de
cumplir todas las condiciones, cómo se van a repartir esos fondos en
términos de destino último por objetivo, cómo se van a repartir por
territorios y cómo tendrán que cofinanciarse por parte de unos y otros.

Por mi parte, termino esta intervención inicial. Posteriormente,
responderé a las preguntas que sus señorías deseen plantear.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Iniciamos el turno de portavoces, en el que podrán intervenir por tiempo
de diez minutos cada uno.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.

No creo que mi intervención vaya a durar diez minutos. He llegado un poco
más tarde y no he oído la primera parte de la exposición del señor
Ministro pero, en principio, le agradezco su presencia en esta Comisión y
le agradezco también el que en su día nos facilitara el informe anual de
1992, que me parece sumamente interesante y que ahora ha presentado con
datos más actualizados. Considero que es una labor importante la que se
ha hecho con este informe, y creo que se tiene que seguir en esa misma
línea. No sé si tienen esta información en forma de disquete, pero creo
que convendría ponerla en forma de datos para poderlos utilizar
posteriormente en ordenador.

Mi pregunta está en relación con el objetivo 2, que es el que más
ampliamente repercute en el País Vasco. Para el 30 de abril se tenían que
haber presentado los proyectos, y yo creo que eso es interesante para así
poder cumplir el tema retroactivo con suficiente tiempo. ¿Cómo cree que
podrían estar presentes en Bruselas las Comunidades Autónomas que
colaboran en la ejecución de los proyectos a la hora de defenderlos? A
veces estos proyectos son tan específicos que las Comunidades Autónomas
los conocen mejor que el técnico que los tiene que presentar. Me gustaría
saber qué actuación próxima va a haber pues parece que todavía la
Comisión no está en condiciones de discutir el tema del objetivo 2, ya
que, por la cantidad de datos que ha presentado, este tema es bastante
técnico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.




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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero agradecer la presencia del señor Ministro para
informarnos de un tema que tiene un interés de dimensión territorial, lo
que en una Cámara como el Senado debe ser especialmente atendido.

Quiero hacer varios comentarios breves sobre algunas cifras que se han
dado referentes a la financiación comunitaria. Es evidente que ésta ha
crecido en el último ejercicio con respecto a los anteriores. También es
cierto que se han introducido nuevos alcances en la Unión Económica y
Monetaria que deben ir unidos a procesos de transferencias entre regiones
ricas y pobres que, en el caso actual de la Unión Europea, se han
circunscrito a la creación de unos fondos estructurales y unos fondos de
cohesión, sin entrar en una reconsideración de todos los mecanismos de
financiación de la Unión Europea que posiblemente fueran de más interés
para nuestro país.

Dejando al margen este amplio debate, y con respecto al tema concreto que
nos ocupa que es la aprobación del Marco de Apoyo Comunitario 1, que se
ha aprobado recientemente y que según nos ha dicho el señor Ministro está
a punto de aprobarse entre la Comunidad y nuestro país, quisiera hacer
algunas observaciones.

En primer lugar quiero decir que, en contra de lo que ha dicho el señor
Ministro, la impresión que tenemos es que la participación de España en
los fondos destinados al objetivo 1, el MAC-1, más bien ha decrecido.

Sobre este punto no tenemos datos y, como ha señalado el señor
Torrontegui, la información que tenemos se refiere al ejercicio de 1992,
no disponemos de información sobre el ejercicio de 1993.

Este Senador preguntó cuál había sido la realización de estos fondos en
el año 1993, pero con fecha de 22 de abril la contestación decía que
todavía no se disponía de datos. Es decir, no disponemos de datos
respecto a la ejecución del MAC-1 correspondiente al período anterior
1989-1993. En consecuencia, no sabemos cuál fue la participación de
España en este objetivo de los fondos estructurales europeos
correspondientes a este ejercicio. Puesto que no tenemos esta cifra, no
podemos decir si el 27,7 ó 28 por ciento que ha mencionado el señor
Ministro es menos o más que la que fue en el período anterior. Sí tenemos
como punto de referencia que en la disposición comunitaria en la cual se
acordaba la distribución de estos fondos entre los países, a España se le
otorgaba un 32,4 por ciento de los fondos correspondientes al objetivo 1.

Es una documentación que en este momento no tengo aquí, pero que consta
puesto que está oficialmente publicado. De este 32,4 por ciento que
figuraba en la reglamentación oportuna, pasar al 28 por ciento
significaría un decrecimiento. Si la realidad nos dijera que la ejecución
ha sido inferior al 32 por ciento habría un aumento, pero también
significaría que España en estos años no ha cubierto la participación que
tenía asignada reglamentariamente, por lo cual habría que hacer un
análisis de por qué no se ha alcanzado este 32 por ciento.

No estoy en condiciones de afirmar taxativamente sobre este nivel de
aumento o disminución en los fondos del objetivo 1, pero sí de señalar
estos datos y decir que no conocemos la ejecución de 1993. Sería
interesante que el señor Ministro compareciera y nos explicara cuál ha
sido la ejecución en conjunto, no sólo ya para estimar si ha sido peor o
mejor, sino como fuente de aprendizaje de cara a una posible mejor
utilización de los fondos europeos en el futuro para que todos sacáramos
consecuencias positivas que definitivamente aprovecharan a nuestro país.

En consecuencia, debo señalar que, dada la importancia que --como usted
mismo ha señalado-- tienen los fondos designados al objetivo 1, que es la
parte del león, si este decrecimiento en la proporción que le corresponde
a España se hubiera materializado, significaría que la proporción en
nuestro país no se alteraría, porque un 5 por ciento de los fondos MAC-1
viene a ser una cifra del orden de los 5.000 millones de ecus, que es
casi comparable al que España obtiene el 55 por ciento de los fondos
asignados en los fondos se cohesión. Es decir, que lo que estaríamos
ganando por un sitio en proporción lo perderíamos por otro. Pero, vuelvo
a insistir, éste es un tema que está abierto en cuanto que no disponemos
de las cifras definitivas que pudieran dar pie a unas conclusiones
tajantes.

Señor Ministro, sí debo decirle que la negociación del MAC-1, que se
produjo en julio del año pasado, no tenemos la impresión de que fuera
favorable para España. Quizá las circunstancias en que se encontraba
políticamente nuestro país a finales de junio o primeros de julio, puesto
que acababa de salir de un período electoral, hicieron que en la reunión
del 2 de julio, en la que realmente se decidió cuál era el montante y la
distribución de los fondos, la presencia política española fuera muy
pequeña. Sólo asistió el Secretario de Estado para las Comunidades
Europeas, como consta en el Acta de la reunión; sin embargo, Francia
envió a cuatro ministros, Alemania y Bélgica dos, e Italia tres.

Los alemanes ya tenían un compromiso previo en el objetivo 1 y trataban
de introducir las regiones de Alemania Oriental; los belgas una región
que estaba por encina de los mínimos; los franceses algunas partes de
regiones que estaban por encima de los mínimos en cuanto a renta per
cápita; los italianos trataban de mantener alguna región que estaba
claramente fuera del 75 por ciento en cuanto a renta per cápita; los
ingleses algunas regiones cuyo nivel de renta también está alto. Sin
embargo, la presencia de España en esa reunión no fue lo importante que
hubiera sido de desear.

Existen en nuestro país algunas regiones que están en el límite del 75
por ciento, concretamente Aragón y La Rioja. Fue una ocasión para que
España introdujera a estas regiones en el objetivo 1 y, por tanto,
pudiera pedir una mayor proporción de los fondos destinados a este
objetivo y compensar la entrada de regiones de otros países que sí los
introdujeron. Incluso si se utilizan los argumentos de las unidades
administrativas, el NUT-2, por ejemplo, que son los niveles de referencia
--en el caso de España se refiere a



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Comunidades Autónomas--, debe tenerse en cuenta que alguna de las
regiones introducidas en ese momento por otros países no corresponden ni
siquiera a este nivel, son partes o divisiones más pequeñas. Por ejemplo,
el caso de Francia ni siquiera son departamentos, son «arrondissements»
que están próximos a la frontera belga. Pues bien, España podría haber
introducido la provincia de Teruel, la de Huesca, la Comunidad Autónoma
de La Rioja, incluso algunas zonas de la provincia de Lérida que
posiblemente también encajaran dentro de esas limitaciones.

Tenemos la impresión de que en los fondos destinados al objetivo 1 hemos
descendido y que es consecuencia, en parte evidentemente, de una falta de
presencia política en unos momentos en los que estos temas se decidieron,
a principios de julio de 1993, porque en la reunión del 20 de julio, en
la cual se firmó, los Ministros se limitaron prácticamente a sellar lo
que se había acordado viente días antes. Debo señalar que la presencia
política de nuestro país no fue la que ese momento exigía; otros países
que tenían unas pretensiones y unas aspiraciones tuvieron una presencia
política mucho mayor que la nuestra. Este tema era muy importante porque
se decidía fondos para los próximos años de magnitud considerable.

Dicho esto, paso al tema de los fondos de cohesión, sobre el que el
Ministro no se ha extendido excesivamente, puesto que tampoco es el
objeto de la reunión. Pero quisiera preguntarle qué criterios se van a
seguir en el reparto de estos fondos de cohesión y, sobre todo, qué
acuerdo se ha tomado recientemente por parte del Gobierno, creo entender
por parte de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en cuanto a cómo
se decidirán y cómo se van a financiar los proyectos.

Cualquier solución es buena sobre este asunto, es decir, nosotros no
tenemos ninguna opinión «a priori» de que las Comunidades Autónomas
participen de una forma u otra, ero sí quisiéramos saber qué acuerdos se
han establecido. Me sorprende que el señor Ministro no haya hecho ninguna
referencia en esta ocasión a este tema que ha sido polémico en los
últimos meses.

Otro asunto que nos preocupa es el relacionado con la adicionalidad. Como
todos los señores Senadores conocen, los fondos estructurales europeos se
conceden con una serie de criterios, uno de ellos es el de la
adicionalidad. Es decir, estos fondos son para inversiones adicionales a
las que los Estados miembros deben hacer por sus propios méritos.

Se trata, y es una pretensión lógica por parte de la Unión Europea, de
que esta financiación europea no sustituya la financiación que los
Estados miembros deben hacer a sus propias inversiones en
infraestructuras, en la medida en que éstos han sido una parte importante
de las inversiones.

Debo decirle al señor Ministro que los datos de ejecución de los
presupuestos que tenemos más completos hasta el mes de abril por los
medios de comunicación, referentes al mes de mayo, la impresión es que
las inversiones del Estado están manteniéndose, incluso si se tomaran
cifras de obligaciones reconocidas habría un descenso con respecto a
ejercicios interiores, pero manteniéndose en sus niveles absolutos, lo
cual quiere decir que, en proporción a unos gastos no financieros
crecientes, la proporción de las inversiones, tanto capítulo 6, como
capítulo 7, como la suma de ambos, se mantendría decreciente.

Sin embargo, los ingresos por transferencias de capital, que son,
fundamentalmente, procedentes de la Unión Europea, este año tienen un
aumento importante. El mes de mayo pasan de 30.000 a 100.000 millones de
pesetas. Es decir, estamos recibiendo importantes transferencias de
capital, pero no se están materializando en nuevas inversiones o aumentos
de las inversiones. No sólo las inversiones no están manteniendo el ritmo
que debían tener en proporción a los gastos totales, sino que, en
proporción, están disminuyendo en cuanto que sus cifras absolutas
permanecen constantes.

Da la impresión de que los fondos que se reciben --en estos meses están
empezando a llegar los fondos del Fondo de cohesión de los proyectos que
se presentaron en el ejercicio pasado-- no se traducen en un aumento de
las inversiones. Vemos que la cuestión de la adicionalidad en este caso
no está muy clara, y no sólo eso, sino que, en cuanto que la cifra
absoluta de inversiones permanece constante, si no fuera por estas
inyecciones de capital, a través de transferencias de la Comunidad
Económica Europea, las inversiones que el propio Estado hace serían
francamente decrecientes.

En estas circunstancias no sólo cumplimos estas funciones, sino que,
además, ni siquiera llegan a compensar los decrecimientos propios.

Evidentemente la adicionalidad es un objetivo para la Unión Europea, pero
también debe ser un objetivo para todos nosotros. Es decir, que estas
transferencias de capital que vienen de la Comunidad Económica Europea
sirvan para que las inversiones en infraestructuras o los restantes
destinos, que también tienen su interés, a los cuales se van a dedicar
los nuevos fondos, aumenten y lo hagan en la proporción adecuada.

Señor Ministro, hechas estas consideraciones, únicamente me queda
solicitarle la información a la que me he referido de la ejecución de los
programas europeos de apoyo de fondos estructurales hasta 1993,
información que sería importante para poder hacer una evaluación de lo
realizado hasta este momento. También deseo reiterarle la petición de
información sobre los criterios de reparto del fondo de cohesión y las
decisiones que ha tomado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, así
como la preocupación por el hecho de que las inversiones en nuestro país
no sólo no mantengan sus niveles sino que incluso, en proporción,
disminuyan a pesar de estas transferencias importantes de la Unión
Europea.

Muchas gracias, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alierta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
José Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.




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Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Socialista le manifiesta su
reconocimiento por su comparecencia ante la Comisión de Economía y
Hacienda del Senado, que viene a constituir, por el contenido de lo que
se ha dicho y por la exposición que usted ha realizado ante ella, la
segunda parte de lo que fue una primera intervención ante la comisión de
Presupuestos de esta Cámara, en noviembre del año pasado.

Nos felicitamos por esta comparecencia porque estimamos que es básica en
una Cámara del Estado español, como es el Senado, en la que la voluntad
autonómica y la preocupación por los asuntos de las diferentes
Comunidades que integran el Estado español constituye la misión
fundamental --al margen de su labor colegisladora, junto con el Congreso
de los Diputados-- en el seguimiento de la evolución de las inversiones y
de las transformaciones experimentadas desde la perspectiva social,
tecnológica e inversora de las diferentes Comunidades del Estado español.

Por consiguiente, nosotros pensamos que su comparecencia es muy oportuna
por cuanto que pone de manifiesto la voluntad del Gobierno en el sentido
de potenciar la Cámara autonómica en su papel esencial.

Señor Ministro, señorías, nosotros hemos seguido esta cuestión con mucho
interés, y particularmente este interviniente del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que formo parte de una ponencia que está constituida con
carácter permanente en la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas de
las Cortes Generales que viene haciendo un seguimiento de los fondos
comunitarios. De ahí que el análisis de los diferentes fondos que a lo
largo de las últimas semanas ha llevado a cabo este parlamentario y el
análisis comparativo con lo que han sido las inversiones y los contenidos
a lo largo del cuatrienio que va de 1989 a 1993 sean coincidentes, como
no podía ser menos, con lo expuesto por el señor Ministro en su
intervención.

Señoría, nosotros creemos que precisamente un análisis de los contenidos,
de la cuantificación y de las aportaciones que han de corresponder tanto
a la Unión Europea como a la Administración General del Estado --en esta
Cámara, señor Ministro, nosotros preferimos llamarla Administración
General del Estado que decir la Administración central y las Comunidades
Autónomas-- nos lleva a tener un planteamiento bastante optimista. Nos
parece que por razones metodológicas y a pesar de que el tiempo es
relativamente escaso, como tiene que ser en esta intervención --y, como
es natural, me someto a lo que decida el Presidente sobre los diez
minutos concedidos a cada uno de los Grupos--, es muy conveniente
analizar lo que supusieron, por ejemplo, las realizaciones del marco de
apoyo comunitario para el período de 1989-1993. Nosotros pensamos que,
con la perspectiva que nos da, ya a mediados de 1994, el análisis de los
datos, el período anterior, que tenía como objetivos principales la
preparación de las regiones españolas más necesitadas de cara a poder
afrontar el Mercado Unico con mejores perspectivas y el establecimiento
de la reducción de las diferencias en términos de desarrollo económico y
social de las regiones, insisto, más necesitadas, que son Andalucía,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Comunidad valenciana, es
decir, las Comunidades a las que he hecho referencia más las dos ciudades
e Melilla y Ceuta, que representan el 77 por ciento del territorio
español y que acogen al 60 por ciento de la población, se han ido
alcanzando los objetivos que se persiguieron en el cuatrienio anterior y
han colocado a estas Comunidades en una plataforma en la que el
desarrollo de futuro se debe hacer desde el nuevo escalón en el que se
encuentran. Porque, señorías, según datos que tiene este portavoz
socialista, España, durante ese período de tiempo, recibió una cantidad
global próxima a los 10.000 millones de ecus del año 1989, lo que
representó el 27 por ciento del total de los recursos estructurales para
las regiones Objetivo 1 de toda la Unión Europea, y esa cantidad se vio
acompañada por un esfuerzo inversor nacional de 16.507 megaecus de 1989,
de forma tal que ambas magnitudes sumadas supusieron, como media, un 1,4
por ciento del valor añadido bruto de las regiones españolas Objetivo 1
o, lo que es lo mismo, un 0,7 por ciento del total nacional. Nosotros
creemos que del total del gasto público que se realizó en aquel período
de tiempo, cofinanciado por los fondos estructurales, el 67 por ciento
correspondió a inversiones cofinanciadas por el Feder, el 19 por ciento a
gastos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y el 14 por ciento por
el Feoga en sus diferentes modalidades.

Pensamos también que los grandes ejes de desarrollo para las grandes
inversiones se han ejecutado y han puesto de manifiesto que la
responsabilidad de la Administración General del Estado en la ejecución
de las grandes redes de infraestructura se han alcanzado y al menos
justifican, en lo que se refiere a inversiones en puertos, aeropuertos o
grandes vías, el nuevo modelo, la nueva distribución que se plantea
precisamente para el nuevo período de tiempo.

Nos ha parecido entender, de la intervención del señor Ministro, que de
las principales características recogidas sobre todo en el Plan de
desarrollo regional presentado por España ante la Unión Europea y hecho
suyo por la propia Unión Europea en lo que a las grandes líneas se
refiere, a nosotros nos preocupan notablemente las regiones españolas del
Objetivo 1, es decir, las calificadas como menos desarrolladas en
terminología de política estructural comunitaria, las que no alcanzan un
producto interior bruto por habitante inferior al 75 por ciento de la
media comunitaria.

Nosotros pensamos que el Gobierno español negoció con fortuna, con
valentía y con notable acierto actuaciones en regiones de estas
características. Basta recordar los artículos periodísticos de meses
atrás cuando, en determinadas Comunidades como la canaria o la valenciana
preocupaba el hecho de que parece ser, según datos del Instituto Nacional
de Estadística, que ya en algunas Comunidades se estaba a punto de
rebasar ese 75 por ciento y cómo, sin embargo, el Gobierno español logró
que el riesgo que se corría de que algunas Comunidades quedasen fuera de
esa calificación a la que estoy haciendo referencia no se produjera y,
consiguientemente, siguieron dentro de este paquete de Comunidades del
Estado español y convertidas, por tanto, en receptoras de importantes
flujos financieros a cargo de las diferentes líneas de actuación
comunitaria.




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Nosotros nos felicitamos por el hecho de que los recursos asignados a
España para las regiones de estas características asciendan a 26.300
millones de ecus, como ha dicho el señor Ministro, representando el 28
por ciento del total asignado a este objetivo en el conjunto de la Europa
comunitaria. Somos conscientes de que esta cantidad, frente a los 9.779
megaecus correspondientes al marco comunitario de apoyo del cuatrienio
anterior, supone, en términos reales, un incremento de cerca de un 120
por ciento de los recursos disponibles. Por consiguiente, los números
cantan, y no podemos estar de acuerdo con lo manifestado por el portavoz
el Grupo Parlamentario Popular. Y éstos son datos de los que disponemos
en el seno de la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas, es decir,
datos de los que disponen las Cortes Generales, y además publicados en la
prensa. Un 120 por ciento es un incremento notable, excepcional, el más
beneficioso de todos los países comunitarios que se acogen a estos
apoyos.

Consiguientemente, en el Objetivo 1 España se sitúa --y debe quedar muy
claro--, en el contexto europeo, como la mayor perceptora de fondos en
términos absolutos, con un incremento porcentual de 12,2 puntos con
respecto a lo que se recibió en los cuatro años anteriores.

A nosotros nos ha resultado muy interesante la intervención del señor
Ministro, y somos conscientes de que en una comparecencia como la de
estas características, el amplio conjunto bibliográfico y documental de
que dispone el Ministerio ha de dar una serie de brochazos con carácter
general, sin entrar en las características específicas de las actuaciones
al respecto.

Nosotros entendemos también, por cuanto lo hemos seguido con mucho
interés, que el diálogo entre la Administración General del Estado y los
representantes de las distintas Comunidades Autónomas a lo largo del
último año y medio ha sido fluido, intenso, muy comunicativo y con un
amplio grado de coparticipación. Los documentos que este Senador ha
tenido la oportunidad de consultar como consecuencia de las iniciativas
elevadas por las Comunidades Autónomas al Ministerio de Economía y
Hacienda, y aprobados en los órganos y en los foros correspondientes,
ponen de manifiesto que la Administración General del Estado, en el
desempeño de su papel, ha jugado también ese papel de receptor de
iniciativas y, estableciendo el correspondiente mecanismo de debate y de
solapamiento entre los propios estudios de la Administración General del
Estado, en lo que a las grandes infraestructuras y los datos estadísticos
se refiere, ha podido terminar de perfilar un conjunto de proyectos que,
con la sanción de todas las Comunidades Autónomas, se han presentado ante
los órganos comunitarios, han sido aprobados y las líneas maestras
asumidas como tales.

Señorías, la separación porcentual que el señor Ministro ha hecho en
cuatro grandes paquetes ha puesto de manifiesto que la distribución de
fondos para el próximo período de 1994 a 1999 tiene, en cada uno de
ellos, un incremento porcentual notable, tanto en lo que se refirió a un
incremento de casi 7 puntos en la mejora del sistema productivo para la
industria, turismo, agricultura, pesca e investigación y desarrollo, como
en un tema que a todos nos afecta y nos preocupa, que es la generación de
empleo, en la que el incremento de la distribución de los fondos es de
casi 3 puntos para la potenciación de los recursos humanos, mejora de la
calidad de vida, educación, sanidad y medio ambiente. En las mejoras de
la infraestructura del transporte, casi 11 puntos; en equipamientos
básicos, como es todo lo que se refiere al aprovechamiento, optimización
del ciclo del agua, reutilización de agua, depuración de las aguas de
medios urbanos, distribución, optimización de los recursos hídricos, hay
un incremento importante. Y la distribución porcentual, tal como
manifestó el señor Ministro, del presupuesto regionalizado abarcaba...




El señor PRESIDENTE: Senador Segura, vaya acabando.




El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente. Un minuto, si es tan
amable.

La distribución, como decía, ha abarcado desde Andalucía a la Comunidad
valenciana y ha sido pactada con las distintas Comunidades Autónomas.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista estima que con la
intervención del señor Ministro se pone en marcha todo un mecanismo que,
a buen seguro, tanto en la Comisión Mixta para las Comunidades Europeas,
como lo ha definido dicha Comisión en su programa de trabajo, como en la
Comisión General de las Autonomías de esta Cámara se abre un amplio
abanico de debate, debate que tiene que pasar desde el análisis del
programa operativo de dotación de infraestructura científica para las
regiones Objetivo 1 a otro sobre funcionamiento del programa operativo de
incentivos regionales para las regiones de tales objetivos, que deberá
ser analizado, insisto, por tales comisiones, al de las ayudas al Fondo
Social Europeo para el período de 1994 a 1999 para dichas regiones o, por
ejemplo, algo que es importante para Comunidades como la gallega, la
canaria, la vasca, como son los fondos estructurales para el instrumento
financiero de orientación de la pesca o las actuaciones de las
administraciones agrarias a cargo de los diferentes fondos estructurales,
etcétera.

Consiguientemente, en base a la valoración cuantitativa, en modo alguno
sectaria por ser este Senador portavoz en esta Comisión del Grupo
Parlamentario Socialista, que mantiene al Gobierno, sino en base a los
datos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer llegar la
felicitación al Gobierno, a través de la persona del Ministro, por el
éxito innegable que han constituido las aportaciones de los diferentes
fondos comunitarios para los años próximos y que abren unas perspectivas
y unos horizontes interesantísimos de desarrollo, y que serán analizados,
insisto, exhaustivamente, a petición del Grupo Parlamentario Socialista,
en las comisiones a las que he hecho referencia.

Nada más y mucha gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Senador Segura.

Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a las apreciaciones de
los distintos grupos parlamentarios.




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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente. Voy a intentar dar respuesta a los distintos puntos
planteados.

En primer lugar, tengo que decir al señor Torrontegui que no sé si existe
disponibilidad de esta información en «diskettes», pero vamos a analizar
esa posibilidad porque sin duda alguna puede ser útil para algunas
administraciones conocer en detalle estos temas.

En cuanto al tema de fondo que su señoría me planteaba respecto al
Objetivo 2 y al procedimiento, yo creo que el procedimiento que está
funcionando ahora es bastante eficiente. Es cierto que se dispone de dos
niveles, siendo uno de ellos la presentación de los problemas y de los
proyectos, que siempre se negocian previamente entre la Administración
central y la autonómica. Es cierto que la Administración Central, o
General, como prefiera el señor Segura, se presenta ante Bruselas, y es
verdad que a partir de ahí se inicia muchas veces un procedimiento de
consultas en el que, de facto, como su señoría conoce bien, se produce
esa necesaria información adicional que muchas veces se produce. De
hecho, yo diría incluso que la función fundamental que en estos momentos
tienen algunas representaciones de las Comunidades Autónomas en Bruselas
es el seguimiento de estos proyectos y actuar como un grupo de presión
perfectamente aceptable y lícito para que los proyectos salgan cuanto
antes y en las mejores condiciones posibles. Yo no creo que sea necesario
modificar ese procedimiento de forma sustancial. Creo que está
funcionando bastante bien, pero si hubiese alguna disfunción que fuese
necesario corregir, tampoco vería grandes problemas.

En cuanto a la intervención del Senador Alierta, me gustaría hacer
algunos comentarios de los distintos puntos que ha planteado. Estoy de
acuerdo con él en el punto de partida inicial: ¿qué es mejor para un país
como el nuestro: recibir más fondos estructurales o aportar menos? Desde
luego, si yo tuviese que tomar esa decisión sin otro tipo de
connotaciones, elegiría la segunda. La segunda nos daría un margen de
actuación mayor y nos permitiría definir de forma más clara algunas
prioridades políticas. Sin embargo, estamos en una Comunidad a «Doce», y
en el futuro en una Comunidad a «Dieciséis», y la verdad es que todos los
esfuerzos que se vienen haciendo desde hace ya bastantes cumbres europeas
--ya en la negociación de las anteriores perspectivas que me tocó vivir
personalmente se planteó este tema-- hacen enormemente difícil echar
marcha atrás respecto al sistema de aportación en términos de ingresos, y
al final el elemento compensador siempre se produce vía gastos. Y es
verdad que en el último pacto el elemento compensador vía gastos, a
través del fondo de cohesión, significa esa medida compensadora por
aportaciones adicionales de nuestro país.

No comparto, sin embargo, su segunda afirmación en cuanto a que la
participación de España en el Objetivo 1 ha decrecido. Ni ha decrecido en
términos absolutos, ni tampoco en términos porcentuales, por lo menos de
acuerdo con la cifras de que yo dispongo --y ahora le haré algún
comentario sobre cifras--. En ecus del año 1989, y para el programa
1989-1993, se habían previsto para nuestro país 9.779 millones de ecus.

En ecus, es verdad que del año 1994, España recibirá 26.300 millones de
ecus. La diferencia es notable, 118 por ciento del que hablábamos antes
en términos homogéneos. No obstante, si lo comparamos en términos
porcentuales puede ser más significativo. Respecto del Objetivo 1 hemos
pasado de recibir el 27 por ciento de los fondos, que era lo que
recibíamos el pasado año, a recibir en el programa 1994-1999 el 28 por
ciento.

Como he dicho anteriormente, somos el único país que incrementa nuestra
participación, junto con Alemania. Pero Alemania lo hace, sin duda
alguna, por la reunificación, que ha permitido que algunas zonas que
antes no tenían derecho a recibir fondos de este tipo pasen ahora a
recibirlos.

Si analizamos el total de fondos estructurales he de concluir que tampoco
mis cifras casan con las suyas. También aquí nuestra participación pasa
del 25,3 por ciento al 26,3 por ciento. En consecuencia, no veo ese
problema de la caída de fondos estructurales ni en términos absolutos ni
en términos relativos.

Su señoría ha dicho que la posición española fue débil en la negociación.

La negociación se produce el día dos de julio y, en consecuencia, en
aquel momento había problemas. Yo diría que el proceso de negociación de
este tipo de fondos es largo, complejo y no se sustancia en una sola
reunión. El Senador Segura ha hecho referencia a ello. Nosotros teníamos
otros problemas; teníamos el problema de la inclusión de Cantabria, que
finalmente se consigue; teníamos que discutir si la Comunidad valenciana
debería o no debería seguir, tema que también se consigue resolver al
final; y teníamos, incluso, un cierto compromiso para actuar en otras
zonas que evidentemente no llegan al nivel del NUT 2, a través de los
Objetivos 2 y 5.B.

Discrepo también en las fechas mencionadas. La reunión decisiva, si yo
recuerdo bien, fue la de mediados de julio, reunión en la que estuvo
presente el Ministro Solana y que es la que permite, evidentemente,
llegar a los resultados que todos conocemos. Después de cada negociación,
cuando uno no participa en ella, se tiene la tentación de decir que se
podría haber dicho mejor. Por supuesto, toda negociación, por definición,
implica cesiones a cambio de contrapartidas y toda negociación es
discutible, sobre todo, cuando la discusión se produce desde fuera. Sin
embargo, viendo los resultados globales a los que al final se llega, creo
que es bastante difícil negar que el resultado es claramente positivo
para nuestro país. Como decía antes, somos el único país que mejora su
participación en términos porcentuales. Y éste es un dato, sin duda
alguna, clave y crucial para saber cuál es nuestro sistema final de
participación en los fondos estructurales. ¿Que se podría ampliar el área
por parte de algunos países a otras zonas más o menos discutibles? Ese
tipo de negociación siempre se puede plantear, pero no nos equivoquemos,
el porcentaje final de fondos que va atribuido a cada país sigue siendo
el mismo.

Comprendo que su señoría pone el dedo en la llaga en una de nuestras
dificultades en todos los fondos estructurales, que es el problema de
Teruel, mucho más que en el de Huesca, que es de una naturaleza distinta.

Teruel es, sin



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duda alguna, una zona sacrificada como consecuencia del sistema de
cálculo del NUT 2, cosa que no sucedería si hubiésemos optado por el NUT
3. Pero no cabe la menor duda de que el NUT 2, en términos globales para
el país, es mucho más beneficioso que el NUT 3, que nos daría resultados
bastante peores.

Su señoría duda sobre los datos. Por supuesto, los datos de los que
disponemos están a su disposición, sin ninguna dificultad. Creo que es
bueno que se conozcan y que se puedan analizar con detalle. En todo caso,
sí puedo ya anunciarle que el nuevo informe sobre el año 1993, que deberá
recoger los resultados totales de la política o de las percepciones de
fondos comunitarios entre 1989 y 1993, estará posiblemente a disposición
del público la próxima semana o dentro de 15 días. Entonces podrán
analizar todos los datos con suficiente nivel de detalle para evitar
cualquier tipo de problema.

Hablemos, por otra parte, del problema de los fondos de cohesión. No he
hecho referencia a este problema porque estaba pensando más bien en el
marco comunitario de apoyo. Voy a comentar cuál es el fondo de la
decisión de la Comisión Delegada.

Con los fondos de cohesión se nos plantea una contradicción. Los fondos
de cohesión, dentro de esa filosofía de rebajar ingresos frente a
incrementar gastos, se ofrecen a nuestro país en la negociación de
Edimburgo como compensación por el incremento adicional de nuestras
aportaciones y la insuficiente compensación que a esa reducción de
ingresos, que nosotros creíamos que se debían originar, se produce con el
funcionamiento normal de los fondos estructurales. Por tanto, en cierta
medida se compensa al presupuesto del Estado a través del dos fondos de
cohesión.

El dinero que viene de Bruselas en gran medida antes lo hemos aportado
nosotros. De ahí que, a veces, sea tan importante para mantener un
equilibrio razonable de financiación del Estado y de las Comunidades
Autónomas que no se produzca, por la vía de retornos de Bruselas, una
financiación adicional no justificada a las Comunidades Autónomas.

Con objeto de intentar determinar los países con más necesidad, se define
en términos de cohesión que el destino final de dichos fondos debe ser la
mejora del medio ambiente y las infraestructuras de transporte,
infraestructura de transporte con finalidad transfronteriza, para
entendernos, aquellas que tiendan a mejorar la relación entre las
diferentes partes de la Unión Europea.

Algunas Comunidades Autónomas, en la medida en que la política
medioambiental es competencia de las mismas y teniendo en cuenta que
pueden tener algunas infraestructuras cuyo objetivo sea la mejora de la
interrelación entre los estados miembros de la Unión, han planteado con
cierta insistencia la necesidad de que los fondos de cohesión se repartan
entre las Comunidades Autónomas.

Si aceptásemos una tesis de este tipo sin más, produciríamos un
incremento de la financiación adicional de las Comunidades Autónomas por
la vía indirecta del envío a Bruselas y la recepción por las Comunidades
Autónomas de los fondos que previamente se habían enviado. De ahí que
hasta ahora hayamos mantenido la posición de centralizar este tipo de
gasto. Sin embargo, como entendemos que como mínimo la mejora
medioambiental, esto es bastante razonable, debe hacerse en colaboración
con las Comunidades Autónomas, la Comisión Delegada aprobó en su última
reunión relativa a los asuntos autonómicos la posibilidad de firmar
convenios entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente con las Comunidades Autónomas para financiar proyectos
específicos en temas de competencia de estas últimas. Sin embargo, lo que
no se ha aceptado aquí es, evidentemente, una territorialización de este
fondo de cohesión porque no tendría sentido. Vía convenios detectaremos
aquel tipo de proyectos o de inversiones que parezcan razonables. Por
supuesto, nuestra idea es que en el futuro las Comunidades Autónomas
puedan participar por esta vía en la utilización del fondo de cohesión.

No excluimos el tema de las infraestructuras, aunque bien es verdad que
este tema es bastante más complejo y puede dar lugar a problemas de otra
naturaleza. Digo esto, en primer lugar, porque no todas las Comunidades
Autónomas tienen una vocación tan clara de contacto con el exterior,
aunque es cierto que la mejora de los transportes puede afectar directa o
indirectamente a cualquier Comunidad Autónoma. No obstante, en algunos
casos habría una cierta preeminencia sobre otros. Este punto es más
difícil de resolver. Por tanto, hay que seguir estudiándolo y
profundizando algo más en él. Sin embargo, sí podemos empezar, como he
dicho antes, pues ya tiene autorización el Ministerio de Obras Públicas,
la negociación de los convenios con las Comunidades Autónomas para
utilizar fondos destinados a medio ambiente.

Respecto a la adicionalidad, es verdad que es un concepto deseable, pero
no es menos cierto que dicho concepto nos plantea el problema al que
hacía referencia anteriormente su señoría en la medida en que, para que
la adicionalidad no afecte al gasto público no debería ser el cien por
cien de los fondos recibidos, sino la cantidad neta que recibimos como
consecuencia de nuestras aportaciones. Y es verdad que es muy difícil
medir ese concepto de la adicionalidad con unos u otros criterios, con
independencia de que hay otro elemento que me parece fundamental y es que
la adicionalidad hay que analizarla en períodos temporales relativamente
largos. No podemos hablar de adicionalidad en un año concreto. Por
ejemplo, su señoría tiene razón en la referencia que hace a la
discrepancia que se produce en las estadísticas de este año entre los
fondos que estamos recibiendo de Bruselas y, sin embargo, la evolución de
la inversión en infraestructuras en nuestro país. Pero éste es un caso
claro de desfase de contabilización, como consecuencia de que el pasado
año Bruselas, por dificultades de tesorería, pospuso el pago de algunos
de los fondos del año 1993 al año 1994. Esa es la razón por la que en
estos momentos aparece una recepción de fondos adicionales procedentes de
la Comunidad que son, sin embargo, imputables al año 1993 y no a 1994. Si
su señoría se toma la preocupación de comparar lo que recibimos en 1993
con lo que inicialmente teníamos previsto, verá unas diferencias de
algunos miles de millones de pesetas, que son los que, al recibirlos
posteriormente, dan lugar a este



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desfase que preocupa a su señoría y que interpreta de una forma que, en
mi opinión, no es correcta. En todo caso, como decía antes, la
adicionalidad es algo que nos preocupa a todos, pero también debe
preocuparnos a todos el déficit y, en consecuencia, no siempre
adicionalidad y déficit pueden ser tratados de la misma forma. Creo que
ambos conceptos deberán tener una mayor o menor prioridad en función de
las circunstancias políticas de cada momento.

En definitiva, creo que queda claramente demostrado --se le pueden
facilitar las cifras, sin ninguna dificultad-- que no sólo no hemos
recibido menos, sino que vamos a recibir más, en términos absolutos y
porcentuales, de los fondos estructurales en el futuro. En segundo lugar,
esa mejora en la participación porcentual creo que es una muestra clara
de la buena negociación y del buen quehacer que se llevó a cabo por parte
de los negociadores españoles, entre los que no estuve y, por tanto,
puedo permitirme hacer esta afirmación. Creo que este resultado es
claramente positivo. La adicionalidad plantea los problemas a que he
hecho referencia y, en cuanto a los fondos de cohesión, espero haber dado
cumplida respuesta a su preocupación.

Al señor Segura, le agradezco sus palabras. Evidentemente, es del máximo
interés del Ministerio de Economía y Hacienda tener informada a esta
Cámara en sus distintas facetas de la financiación que, procedente de
Bruselas, puede afectar a Comunidades Autónomas o corporaciones locales
y, en ese sentido, daremos cumplida respuesta a cuanta información se nos
solicite o a cuantas participaciones se soliciten del Ministerio para ir
informando sobre los distintos puntos que, evidentemente, va a ser
necesario aplicar para una adecuada utilización de los fondos
estructurales.

En cuanto al diálogo con las Comunidades Autónomas, que es verdad que se
ha producido --y es verdad y confirmo esa tesis de que ha sido fluido e
intenso--, es cierto que, sin embargo, no está exento de tensiones, entre
otras razones porque estamos siempre hablando de distribución de fondos
y, lógicamente, cada una de las Comunidades Autónomas pretende conseguir
una mejora de su financiación por esta vía, lo cual es perfectamente
lícito y razonable. Por supuesto, el responsable de la negociación con
las Comunidades Autónomas ha tenido que hacer verdaderas piruetas para ir
encajando las demandas de unas y otras de acuerdo con unos criterios de
objetividad, que eran, por otra parte, los únicos posibles y los
derivados, evidentemente, de la aplicación a nivel nacional de los mismos
criterios de distribución que se establecieron a nivel comunitario. Es
verdad que los nuevos instrumentos, especialmente el instrumento
pesquero, van a dar posibilidades adicionales a ciertas zonas, pero no es
menos cierto que esto responde a un comienzo de actuaciones estructurales
en el sector de la pesca que ya se habían iniciado con los reglamentos de
estructuras pesqueras, que tan buen resultado dieron para nuestro país.

En definitiva, le diría que están puestos encima de la mesa todos los
elementos para que este país se beneficie de forma clara de toda la
política estructural comunitaria y ahora nos corresponde a nosotros
intentar que esa utilización sea la mejor posible.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Abrimos un pequeño turno de dos minutos para los portavoces de los grupos
y después abriremos otro para aquellos Senadores que no son portavoces y
que quieren también hacer alguna pregunta.

Tiene la palabra el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, aparte de la presentación de la negociación del proyecto
de Bruselas, me gustaría saber también, si fuera posible, algo más
concreto sobre las perspectivas, posibles fechas o discusiones previstas
con la Comisión en cuanto al programa referente al Objetivo 2, sobre todo
para aquellas zonas industriales en declive, como la nuestra que en este
momento, en que hay un cierto repunte económico, supondría un efecto
multiplicador que tuviésemos una perspectiva clara, ya que nosotros
estamos bastante alejados del desarrollo de aquellos ejes europeos más
dinámicos.

Nada más. Reiterando mi agradecimiento, muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Solicito una aclaración. El señor Ministro, al hablar del porcentaje del
MAC1 correspondiente a 1993, se ha referido a las cifras de 9.700
millones de ecus para el período 1989-1993 y 26.300 millones para el
período 1994-1995 y ha dicho que en 1993 el porcentaje fue del 27,77 por
ciento.

La pregunta es la siguiente: ¿Este 27,7 por ciento se refiere al
ejercicio de 1993, como textualmente ha dicho, o se refiere al conjunto
del período 1989-1993? Las interpretaciones de las cifras serían
diferentes si es para el conjunto del período o sólo para uno de los
ejercicios, que ha podido tener una ejecución más brillante.

En todo caso, señor Ministro, queda en el aire una cuestión. En la
reglamentación oportuna o en la decisión de la Comisión se consideró que
en la distribución del Objetivo 1 a España le correspondía el 32,4 por
ciento --en mi despacho tengo la disposición en que figura así--. Esto
plantearía la pregunta de si este 27,7 por ciento corresponde al conjunto
del ejercicio y por qué hemos tenido tal porcentaje cuando se había
establecido en su día que nos correspondería un 32 por ciento. Este es un
extremo a confirmar una vez que dispongamos de todos los datos y habrá
tiempo para debatirlo, si esto es así.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista renuncia al turno?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente.

Senador Torrontegui, desgraciadamente, no le puedo dar una fecha. Los
servicios de la Comisión, precisamente como consecuencia de la
negociación de los marcos de apoyo comunitarios del Objetivo 1, están
bastante retrasados en cuanto a su actividad administrativa normal. Esta
es la razón también por la que nosotros intentamos presentar algunos
proyectos antes de finales de abril, para que no tuviésemos desfases en
cuanto a la utilización de fondos. Sin embargo, lo que sí puedo
garantizarle es que haremos toda la presión necesaria, porque estoy de
acuerdo con usted en que cuanto antes dispongamos de la definición del
marco comunitario de apoyos en el Objetivo 2 antes definiremos cuáles son
las condiciones de inversión en los próximos años y podrán actuar con ese
efecto impulsor y acelerador de la situación económica actual. Pero,
desgraciadamente, insisto, no le puedo dar ninguna fecha concreta.

Señor Alierta, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo ahora
le he entendido un poco mejor en su afirmación. Yo he hablado siempre del
período 1994-1999 y del período 1989-1993 y cuando hablo no como usted
dice, del 27,3, sino del 26,3 estoy hablando de la distribución
porcentual en el período 1994-1999, pero no para el Objetivo 1, sino para
los tres objetivos, el 1, el 2 y el 5-b.

Ahora creo haberle entendido un poco mejor, porque si su señoría ha sido
preciso en su afirmación, lo que su señoría ha dicho es que en la
propuesta de la Comisión había el 32,4 por ciento para España. No lo sé,
es posible, puede ser que su señoría tenga razón. Me parece una cifra
excesiva con respecto a la cifra final total. En todo caso, las
propuestas de la Comisión no son más que propuestas; quiero decir que al
final ninguna norma de este tipo es aplicable hasta que no se aprueba
entre los doce Estados miembros. Si la propuesta de la Comisión tenía el
32,4 por ciento, de lo que no tengo la información ahora, seguramente
tendría elementos muy distintos de los que actualmente existen en la
definición de la nueva política de fondos estructurales, porque
técnicamente, y a primera vista es muy claro que no se puede producir, no
podemos bajar del 32,4 al 26,3 o al 28, me da igual, según lo miremos con
un criterio o con otro, no podemos bajar 4,3 puntos si no se han
modificado de forma sustancial los criterios de participación de algunos
Estados miembros que antes no podían participar. Es decir, una cifra del
32,4 sólo puede salir para nuestro país suponiendo que no se aplican a
Alemania Oriental los fondos estructurales del Objetivo 1. Si se aplica a
Alemania Oriental, nunca puede salir una cifra tan alta. En fin, ese es
un problema que podemos estudiar y ver dónde están las diferencias.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el Senador Olivencia.




El señor OLIVENCIA RUIZ: Muchísimas gracias.

Esta es la Cámara de representación territorial y, como es lógico, voy a
referirme a la circunscripción por la que fui elegido, que es Ceuta.

Ceuta está incluida entre las zonas consideradas como Objetivo 1, y no
podía ser menos, porque si hay una zona de España que ha sido víctima
neta del ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea, precisamente ha
sido Ceuta. Siempre se dijo que la economía de Ceuta tenía dos pilares
básicos, que eran el puerto y el comercio. Pues bien, hablando del
comercio, basaba su prosperidad en el atractivo que ejercía sobre el
turismo y sobre los visitantes peninsulares el diferencial de precio que
se derivaba de su cualidad de territorio franco. Este diferencial de
precio, por razones obvias, prácticamente ha desaparecido. En cuanto al
puerto, quiero decir que es un puerto dedicado al suministro de
avituallamiento de buques y que en 1984 mantenía una cuota del 65 por
ciento del avituallamiento que se hacía en la zona del estrecho de
Gibraltar.

El comercio ha decaído notablemente. Se cierran establecimientos, se
reducen plantillas, se pierden puestos de trabajo. En cuanto al puerto,
ha reducido esa cuota del 65 por ciento a menos del 25 por ciento en el
año en que estamos y, además, con tendencia hacia el descenso, lo que es
peor todavía. ¿Por qué? Porque se ha llevado esa cuota el puerto de
Gibraltar y parte el puerto de Algeciras. Hay unas políticas portuarias
de tarifas, etcétera, que han dado lugar a este sensible descenso y, por
ejemplo, al desmantelamiento de una factoría petrolífera que había en
Ceuta, que en su momento tuvo muchos cientos de puestos de trabajo y
ahora mismo está cerrada. Por eso, sin pensar ya en la industria que
existía, pero que prácticamente ya no existe, el índice de paro en Ceuta
ha subido desde principios de los años ochenta, que era de un 13 por
ciento, aproximadamente, a casi un 30 por ciento en la actualidad.

El señor Ministro nos ha dicho, a quien agradezco su presencia y sus
manifestaciones, que los planes de desarrollo regional se han negociado
con las Comunidades Autónomas. Yo le pregunto: el de Ceuta, ¿con quién?
Porque allí no hay Comunidad Autónoma. Se habla como si toda España
estuviera dividida en Comunidades Autónomas, pero, desgraciadamente,
todavía existen dos trozos de España que no son comunidad autónoma, ni
tienen representación a ese nivel.

Las cantidades que se han barajado en la prensa con respecto a Ceuta son
muy decepcionantes, me refiero a las cantidades previstas para el plan
1994-1999. Las cantidades del programa 1989-1993 fueron tan
decepcionantes que, por ejemplo, no resisten comparación ni siquiera con
las que se aportaron a Melilla, que tiene menos población y menos
territorio, son inferiores. Por eso, el criterio que se nos ha dicho de
territorio, población, nivel de riqueza es un criterio que no resulta
adecuado para Ceuta, ni siquiera incrementado con ese 10 por ciento a que
se ha referido el señor Ministro como zona periférica. Yo creo que Ceuta
necesita más. Necesita disponer de un «posei» como el Poseidón de los
territorios franceses de ultramar, como el Poseican que se ha aprobado
recientemente para Canarias.




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Necesita algo así y, además, una mayor aportación de los fondos
estructurales y del fondo de cohesión, en su caso. No es una pregunta que
le hago al señor Ministro, es un ruego, es una encarecida petición: por
favor, señor Ministro, que el Gobierno se preocupe de que estos fondos
vayan con mayor intensidad para Ceuta.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Utrera y, por favor, sea
un poco más breve,



El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.

Yo únicamente quiero hacer una pregunta y mostrar la extrañeza que me ha
causado la explicación o fundamentación de los fondos de cohesión como
una especie de sustituto de retorno financiero. Yo siempre pensé que los
fondos de cohesión cumplían una función específica de reequilibrio
territorial y de convergencia y no correspondían tanto a esa devolución
de ingresos excesivos o de ingresos que no pueden negociarse a la baja,
tal como ha señalado el señor Ministro. Me parece poco coherente esa
explicación con la naturaleza de los fondos de cohesión y poco coherente
también con las condiciones para su percepción, por cuanto, como ya
sabemos, la percepción de esos fondos de cohesión está condicionada por
una serie de circunstancias, básicamente que se cumplan los planes de
convergencia a nivel de cada país.

Y hablando de convergencia, formulo mi pregunta, que se refiere a las
informaciones que ayer mismo salían en algún medio de comunicación sobre
unas tasas de crecimiento, previstas para los próximos tres años, en
torno al 3,4 por ciento. Me gustaría que el señor Ministro nos confirme
para cuándo va a estar disponible ese plan de convergencia propuesto por
el Gobierno español, esa revisión del fallido programa de convergencia de
1992 y si estas tasas de crecimiento se corresponden con las previsiones
que en este momento tiene el Ministerio.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Alegre Escuder.




El señor ALEGRE ESCUDER: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, quiero agradecerle personalmente su amplísima exposición,
aunque ya lo han hecho en nombre de mi Grupo, y hacerle un comentario
rápido, un ruego y una pregunta, quizá excesivamente localistas, pero sé
que me lo va a perdonar, abundando un poco en el ligero comentario que ha
hecho el Senador Alierta y en su fugaz respuesta. Y digo que me lo va a
perdonar y me va a entender en cuanto le diga que soy Senador por Teruel.

Teruel, lo sabe usted, señor Ministro, es la provincia menos desarrollada
de España. Sin embargo, no estamos en el Objetivo 1 por aquello de que
los índices de la Comunidad Autónoma de Aragón sobrepasan el 75 por
ciento de la media europea. En Teruel somos tan pocos que nuestra
bajísima renta no repercute en esos índices. Tampoco pertenecemos al
Objetivo número 2, puesto que no somos zona industrial en declive, ya que
no ha habido nunca industria que pueda llegar a esa situación. El único
sector que ha permitido la subsistencia de Teruel, que es la minería,
está en estos momentos en plena crisis, e incluso estuvo a punto de darse
la paradoja en un plan concreto de la Comunidad, el Plan Rechard de
Reconversión de Cuencas Mineras, de quedarnos fuera, nos salvamos por la
campana, en el último minuto, y eso a pesar de haber estado participando
personalmente en su gestación, en su impulso. Bien es verdad que el
Gobierno en su deseo de compensar esa falta de fondos procedentes de la
Comunidad en los objetivos 1 y 2, creó el fondo especial para Teruel, en
colaboración con la Comunidad Autónoma, pero, señor Ministro, entendemos
que es un fondo escaso; en estos momentos son 1.950 millones de pesetas
al 50 por ciento entre el Gobierno central y la Comunidad Autónoma.

La pregunta sería --y no creo que sea un disparate hacerla aquí puesto
que hay administraciones locales, concretamente ayuntamientos de la
provincia e incluso la propia Diputación provincial-- qué posibilidades
hay de que Teruel pudiera incorporarse al Objetivo 1, si es que hay
alguna.

En cuanto al ruego que quería hacerle, señor Ministro, es que el Objetivo
5-b da unos fondos muy escasos, usted mismo ha dicho las cifras hace un
momento. De alguna forma querríamos intentar que el apoyo en ese
Objetivo, ya que en los otros no podemos estar por el momento, fuese el
mayor posible, e igualmente que ese fondo especial para Teruel que sale
de esa Dirección General de Planificación de su Ministerio, que por
cierto conocemos muy bien, pero al que no podemos arrancar ni un solo
duro más, constituyeran también cantidades que de verdad fuesen
compensatorias de lo que no se recibe por otra parte
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Alegre Escuder.

El Senador Cercós tiene la palabra.




El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el programa «Leader» había tenido ya un funcionamiento
--el «Leader» 1 que ha terminado su período de vigencia-- que realmente
ha suscitado un interés muy grande en las provincias españolas; se han
presentado numerosos proyectos que pueden mejorar mucho el desarrollo
rural, especialmente de ciertas comarcas de nuestro país. Se está ahora
programado el «Leader» 2. ¿Qué fechas, qué programación, cuándo espera
que esté aprobado, cuándo supone que va a estar en funcionamiento?
Segunda cuestión relativa al mismo programa «Leader». En este «Leader» 2
habrá proyectos nuevos, suponemos, que se presentarán de nuevo por las
distintas provincias que se puedan beneficiar, y habrá también
ampliaciones del «Leader» 1, de proyectos que aprobados están todavía en
desarrollo para ciertas comarcas; y ésta es la pregunta. ¿Es así la
interpretación, es decir, el «Leader» 2 solamente va a ser para proyectos
nuevos, o contemplará



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también la segunda parte de proyectos incluidos en el «Leader» 1?
Tercer tema; los fondos Feder, que inicialmente han ido a inversiones de
infraestructuras en el país, ha tenido una reorientación en el sentido de
que también estos fondos Feder pudieran ir a financiar planes de
desarrollo, de mejoras, de estructuras de ciertas comarcas; estos
proyectos están ahora negociándose con la Unión Europea. Pero se ha
fijado unos listones de número de habitantes en la comarcas, a la hora de
buscarles equipamientos, que probablemente el número de habitantes deje
fuera comarcas de gran subdesarrollo. El subdesarrrollo no viene
solamente porque hayan carecido de industrias o falten equipamientos de
unos servicios mínimos, sino porque tengan unas balanzas demográficas muy
negativas. En cuanto al subdesarrollo, antes hablaba el Senador Alegre
del de Teruel; Soria, provincia que represento como Senador, también lo
tiene, y su nota más característica es que la provincia se está vaciando,
señor Ministro. Aquí el tema es que habrá competencias, por supuesto, de
la Comunidad Autónoma, que tiene que poner en marcha sus planes de
desarrollo, de acuerdo con la Ley de Financiación de las Comunidades,
pero...




El señor PRESIDENTE: Formule la pregunta, Senador Cercós.




El señor CERCOS PEREZ: Termino con la pregunta.

El hecho real es que la provincia, en 10.000 kilómetros cuadrados no
vivirán en este momento 80.000 habitantes; en diez o doce años ha perdido
más del 50 por ciento de su población. Hay que intentar que la provincia
desaparezca. ¿En ese programa Feder existiría la posibilidad bien como un
plan global o con proyectos diferenciados de que pudieran beneficiarse
comarcas con un claro subdesarrollo, que se están vaciando, llevándose a
pueblos que están vacíos, y en ese sentido se pudieran beneficiar
provincias como la que represento?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercós.

El Senador Valle Garmendía tiene la palabra.




El señor VALLE GARMENDIA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, yo vengo de una comunidad que posiblemente no esté
abandonada de la mano de Dios, pero sí claramente está abandonada por el
partido político que últimamente quiere hacer la regeneración de este
país. Usted ha dicho que para el Objetivo 1 se está solamente pendiente
de la forma de intervención. En mi Comunidad hemos perdido el Objetivo 2,
es decir las inversiones que correspondían al Objetivo 2 no se han hecho
gracias a la eficacia de su Gobierno; hemos perdido las inversiones del
Objeto 5 B, gracias también a la eficacia del Gobierno; se nos ha metido
ahora en Objetivo 1, el plan de desarrollo regional ha sido rechazado en
la Asamblea, no obstante el Gobierno lo ha tramitado; no existe
presupuesto para el año 1994, ni sabemos cuándo se puede hacer puesto que
el Gobierno pasa más tiempo en el juzgado que en los despachos. A la
vista de esto, nos da la sensación de que vamos a perder también el
Objetivo 1.

Yo no pediré como el Senador de Ceuta o el de Teruel más inversiones para
mi Comunidad. Simplemente le pediría Gobierno que tutelara de alguna
forma a esa Comunidad de tal manera que las inversiones que le
corresponden por Objetivo 1 no se perdieran gracias a la eficacia de su
Gobierno. Por si alguien no se hubiera dado cuenta, diré que yo estoy
aquí como Senador de Cantabria. Y lo que sí le pediría, señor Ministro,
es la tutela.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Valle Garmendía.

El Senador José Segura, por último, tiene la palabra.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, habrá podido usted comprobar el acierto de su
comparecencia ante esta Comisión porque está siendo objeto de multitud de
preguntas que ponen de manifiesto la preocupación de todos y cada uno de
los miembros de esta Comisión por lo que se refiere a la política
competencial de su Ministerio en sus respectivas Comunidades Autónomas, y
quien le habla lo hace en este momento como Senador por la Comunidad
Autónoma de Isla de Tenerife.

Señor Ministro, entre las diferentes responsabilidades que su señoría ha
desempeñado en el Gobierno de la nación nos consta su alto grado de
preocupación por la Comunidad canaria. De sus actuaciones, tanto en la
Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas como en el Ministerio
de Agricultura, junto con la de otros miembros del Gobierno y
representantes de la Comunidad canaria y parlamentarios, se ha conseguido
que Canarias vaya dando pasos adelante en una equiparación, en una
homegeneización con respecto a las distintas Comunidades del Estado
español, en materia fiscal, en materia económica, y programas
específicos, como, por ejemplo, el Poseicán, lo han puesto de manifiesto.

No obstante, una vez más, yo quisiera dejar de manifiesto la preocupación
de toda la ciudadanía canaria en el sentido metafórico, dicho
entrecomilladamente, de aproximar Canarias a Cádiz; la aproximación tiene
que pasar, naturalmente, por la identificación en el conjunto de las
redes transeuropeas de transportes de los puertos fundamentalmente
canarios, como el de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife, de los
aeropuertos canarios, de la aproximación en lo que es el establecimiento
de los mecanismos de comunicación, de tal forma que las principales redes
de infraestructuras básicas diseñadas para todo el Estado español y para
la Unión Europea Canarias debe estar dentro de la red digital de
servicios integrados y, desde luego, la planificación en el aporte de los
mecanismos energéticos por cuanto, señorías, de cualquier provincia
peninsular se pueden recibir kilowatios/hora procedentes de cualquier
central de la Unión Europea; hay mecanismos de transporte de fluido
eléctrico que no es aplicable en la Comunidad canaria, de forma tal que
cada isla constituye un sistema por sí



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mismo generador de fluido eléctrico y consiguientemente aportador de
recursos energéticos. Ello requiere de una actuación monográfica y
específica. Dado que incluso Canarias no queda incluido dentro del Plan
nacional de gasificación, que estimamos puede estar amparado en los
fondos y en los mecanismos de financiación comunitarios. Esta
intervención, señor Ministro, no es a efectos de que la responda, sino
para que quede como una reflexión que es unánimemente compartida por las
Administraciones públicas canarias y por los representantes de la
población canaria en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador.

Antes de dar la palabra al Ministro y acabar ya la primera parte de la
reunión de hoy, quiero decirle, señor Ministro, que los que no han
intervenido también tienen su corazoncito y reclaman para su
circunscripción lo mismo que los que han utilizado la palabra para exigir
demandas.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señor Presidente.

Siempre que hablamos de reparto de dinero suelen surgir el mismo tipo de
dificultades, pero voy a intentar dar respuesta.

Primero, en cuanto al problema de Ceuta, según mi información el Programa
Operativo de Ceuta se ha negociado con las Administraciones responsables
que son, evidentemente, la Administración Local y la Administración
Central. Usted afirma que las cantidades son decepcionantes; volvemos al
tema de siempre, a todos nos gustaría disponer de cantidades adicionales.

¿Se puede ir a programas específicos de tipo Poseicán o Poseidón? Es
difícil, éstas son iniciativas comunitarias que, sin duda alguna,
responden a criterios relativamente rígidos. Es verdad que también
dependen un poco del momento en que se pueden plantear y no es un tema
fácil pero, en todo caso, tomo nota por si en algún momento se pudiera
plantear alguna iniciativa de ese tipo.

Senador Utrera, su señoría ha hecho una pregunta correspondiente a la
comparecencia del día de hoy y otra que no tiene nada que ver con la
misma, pero voy a intentar responder a las dos. Primero, respecto al
fondo de cohesión, no es discrepante mi tesis de la suya. Es decir,
cuando nosotros negociamos las perspectivas financieras y el nuevo modelo
de financiación comunitario, nuestra petición inicial es evidentemente:
rebájeme usted la aportación --es lo más lógico y lo más coherente--. Si
usted no me rebaja la aportación, los fondos que estoy recibiendo son
suficientes. A lo que te responden: No, no, usted tiene que aportar como
los demás porque no se puede modificar, pero estoy dispuesto a ir a una
aportación adicional, a un gasto adicional de España. Y es verdad que ese
gasto se define, como no podía ser menos, con criterios de convergencia,
porque para eso se ponen en marcha las nuevas actuaciones comunitarias
con un cierto criterio de solidaridad. Es verdad que se analizan cuáles
son los problemas más graves que tienen los países más discrepantes con
el resto de la Comunidad en términos de desarrollo. Se analiza el caso de
Irlanda, de Portugal, de España y de Grecia y se percibe que son los
problemas medioambientales y los de infraestructuras los que podrían
recibir una aportación comunitaria mayor. ¿Por qué está condicionado a la
aplicación del Plan de Convergencia? Porque, dentro del paquete global de
negociación, la contrapartida para la aportación de estos fondos por
parte de los países contribuyentes netos a esta operación final es que
los países que tienen discrepancias o divergencias con la Unión realicen
los esfuerzos necesarios para ir aproximándose a la media de la Unión.

Por tanto, yo no veo esa contradicción y creo que el tema es
perfectamente coherente y lógico. ¿Estamos trabajando ya en un Plan de
Convergencia? Sí. ¿Podemos ya anunciar cifras? Yo preferiría no
anunciarlas mientras no tengamos el tema lo suficientemente avanzado.

¿Cuándo podría estar avanzado? Yo calculo que a finales de este mes
deberíamos tener ya un primer borrador. Es evidente que el crecimiento de
este año va a ser del 1,3. En mi opinión ésa es una cifra que se puede
alcanzar sin grandes dificultades. Creo también que el año que viene, si
las cosas funcionan razonablemente bien, deberíamos superar el 2 y medio
y, dentro de tres años, es perfectamente posible que lleguemos a cifras
superiores al 3. Desde luego, hablar del 3,4 como tasa para todos estos
años, lo veo muy complicado, ni siquiera como media, depende de cómo se
realicen los cálculos y de qué estemos hablando.

Señor Alegre, el problema de Teruel es perfectamente conocido. Es verdad
que es una de las dificultades que tenemos desde el año 1986 y todos
hemos intentado poner nuestra imaginación al servicio de Teruel para ver
qué éramos capaces de encontrar. Sin duda alguna, Teruel tiene
dificultades importantes para recibir fondos regionales comunitarios y
ésa fue la razón por la cual se puso en marcha el tratamiento específico
del Fondo de Inversión de Teruel en base a la financiación del fondo de
Compensación Interterritorial.

¿Qué se puede hacer en estos momentos? Por supuesto, es un momento
difícil desde el punto de vista presupuestario, no podemos hablar de un
tratamiento específico para Teruel. En la implicación dentro del Fondo es
difícil ir mucho más lejos, posiblemente la vía pudiera ser la que usted
mismo ha sugerido, la de intentar hacer un esfuerzo adicional vía
Objetivo 5 B. Y en eso sí puedo decirle que intentaré hacer todo lo
posible para que el Ministerio de Agricultura valore de forma correcta el
problema de Teruel ya que abrir el Objetivo 1 ahora es prácticamente
posible. Si se ha cerrado el paquete hasta el año 1999, creo que hasta
ese momento no hay posibilidad de replantear este punto.

En cuanto a los programas «Leader» y en contestación al señor Cercós, le
diré, primero, que el plazo de presentación es octubre de 1994. Segundo,
para qué tipo de proyectos, para los proyectos antiguos en la medida en
que sean, no tanto ampliaciones como segundas partes de los anteriores
proyectos. Es decir, no es que vayamos a un proyecto que en base al
antiguo lo pintemos de nuevo, sino que había proyectos anteriores cuyo
período de aplicación era superior al inicialmente previsto y que, por
tanto, debería incluirse entre los proyectos «Leader» futuros y, por



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supuesto, proyectos «Leader» nuevos. Es verdad que el «Leader» ha tenido
un gran éxito y creo que está siendo enormemente positivo. Mi experiencia
anterior como Ministro de Agricultura me puso de relieve que el concepto
«Leader» en ciertas zonas, especialmente en las de más dificultad del
país, es donde podían encajar mejor este tipo de programas que, sin duda
alguna, están teniendo un efecto enormemente positivo. Esto también
encajaría con esa preocupación suya sobre actuaciones específicas en
zonas que quedan fuera por razones de despoblamiento o de otro tipo. Es
verdad que en muchos casos el «Leader» lo que aporta son ideas nuevas,
iniciativas distintas que permiten un mantenimiento de la población y del
empleo.

Al Senador Valle le diría que comparto sus preocupaciones y sus temores
pero que cada administración puede hacer lo que puede hacer. En
consecuencia, por parte de la Administración del Estado haremos todos los
esfuerzos posibles para que Cantabria utilice al máximo los fondos
estructurales, pero seguramente el solo efecto de la actuación de la
Administración Central del Estado no será suficiente si no hay una
cooperación y una aplicación correcta por parte de las autoridades
autonómicas de los fondos estructurales.

Finalmente, al señor Segura le diría que su preocupación es también
permanentemente la nuestra y aunque él no lo plantea como una pregunta yo
sí le comento que en todo el diseño de la política de reformas
estructurales, Canarias y sus especialidades han estado siempre
presentes. Como están presentes también muchas otras especialidades que
no son insulares; Teruel es una especialidad, como es otra especialidad
Soria o como lo es, sin duda alguna, Ceuta. Todas esas especialidades hay
que analizarlas porque es verdad que vivimos en un país enormemente
distinto y, en consecuencia, es absolutamente imprescindible aplicar
tratamientos diferenciados para cada provincia, cada región e, incluso, a
veces, para cada comarca a cada ciudad por sus características concretas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ministro, por la
comparecencia y, recogiendo el sentir de todos los Senadores de la Mesa,
debo agradecerle que haya respondido a todas las preguntas que han
formulado los señores Senadores.

Se suspende la sesión hasta las cinco de la tarde.




Eran las catorce horas y diez minutos.




Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA. (713/000175.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Comparece el señor Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,
don Miguel Angel Fernández Ordóñez, que, a petición del Grupo
Parlamentario Popular, va a informar sobre las situaciones que, de
acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Defensa de la Competencia de 17
de julio de 1989, ha realizado respecto a examinar las ayudas otorgadas a
las empresas con cargo a recursos públicos, en relación con sus efectos
sobre las condiciones de competencia.

Tiene la palabra el señor Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, don Miguel Angel Fernández Ordóñez.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular el
interés mostrado por las tareas del Tribunal.

Podría acabar en un segundo la intervención diciendo la palabra ninguna,
porque las actuaciones que ha seguido el Tribunal en relación al artículo
19, es decir el análisis de las ayudas públicas previsto en su artículo
19, ha sido ninguna. Me van a permitir, sin embargo, que explique el
porqué, ya que me parece razonable.

Las funciones otorgadas al Tribunal de Defensa de la Competencia, creado
hace cinco años en su nueva estructura por la Ley de 1989, son unas
facultades resolutivas en la persecución de prácticas restrictivas, en
abuso de posición dominante, en autorizaciones, etcétera, unas facultades
muy amplias en las cuales el Gobierno, como ustedes saben, después de
1989 no interviene; el Tribunal tiene la última palabra y son sólo los
jueces los que deciden. También tiene un conjunto de funciones asesoras,
de emisión de dictámenes, que el Tribunal ha desarrollado en dos ámbitos:
uno en el ámbito del artículo 2, en propuestas al Gobierno sobre
liberalización de algunos sectores. Se presentó un informe sobre
profesiones liberales en el año 1992, y el año pasado otro informe que
tuve la ocasión de comentar en la Comisión de Obras Públicas del Senado,
sobre liberalización de telecomunicaciones y otros sectores.

Tiene, además, otras dos funciones asesoras de dictamen, una en materia
de concentración y otra en materia de ayudas públicas, que es la que nos
trae hoy aquí.

En materia de concentraciones, el Gobierno ha solicitado al Tribunal en
torno a unos cinco dictámenes al año, y en materia de ayudas públicas no.

Esto tiene una cierta lógica. En materia de ayudas públicas, el control
en España, una vez que hemos entrado en la Comunidad, se ejerce
fundamentalmente por la Comisión de las Comunidades Europeas.

Curiosamente, dentro de los organismos de competencia del mundo, la
Comisión de las Comunidades Europeas es el único que sigue y vigila
ayudas públicas. Como ustedes saben, en toda la legislación europea,
quitando España con este artículo y Portugal, prácticamente ninguna
legislación de defensa de la competencia da competencia a los órganos
antitrust en este terreno, y no digamos en Estados Unidos donde, por
supuesto, no la tienen, aunque también es verdad que tienen muchas menos
ayudas públicas. Por tanto, la supervisión de las ayudas públicas la
lleva la Comunidad,



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y no tiene demasiado sentido en la división de trabajo que el Tribunal se
ocupe en principio de este asunto. ¿Por qué en principio? Sobre todo para
aquellas ayudas que de alguna forma está dando el Gobierno o la
Administración del Estado. Difícilmente, tal como está redactado el
artículo en la Ley, un Ministro de un Gobierno va a pedir un dictamen
sobre una ayuda que ha aprobado. Siempre tiene que ser, de alguna forma,
un nivel superior el que revise ese tipo de ayudas.

Este artículo podrá tener algún sentido en su día en la revisión o
análisis de ayudas de otros niveles de Gobierno.

Pero también es verdad que el Tribunal, que tiene cinco años de
existencia --saben ustedes que hay otros órganos de competencia, como los
americanos, que tienen cien años, o los europeos, que tienen 20--, está
empezando sus actividades y no tiene demasiado sentido que empiece por
aquello que es casi exótico dentro de la legislación comparada. Desde mi
punto de vista tiene mucho más sentido que nos concentremos en todo lo
que son prácticas restrictivas y abuso de posición dominante, así como
todo lo que son propuestas de liberalización, que la verdad es que han
tenido su efecto --lo digo modestamente-- en los terrenos,
telecomunicaciones, etcétera. Y, por supuesto, yo creo que tiene sentido
en materia de concentraciones donde hay una labor importante que hacer.

No hay que descartar que esto se use algún día en ayudas públicas.

Nosotros, cuando decidimos publicar la memoria este año, nunca hablábamos
de ayudas públicas y decidimos poner: «ayudas públicas, cero informes»,
para que se sepa que esa facultad existe, pero hay que verlo también
desde una perspectiva de dotación de medios del Tribunal. Este es un
momento en que el déficit público es muy fuerte, hay que mirar con mucho
cuidado incrementar el gasto público para incrementar más tareas. Como ya
les señalé el año pasado en esta Comisión, el «staff» de titulados
universitarios al servicio del Tribunal es de tres personas. No tiene
demasiado sentido pretender dedicarse prácticamente a todo tan sólo con
tres personas.

En conclusión, creo que es útil que esa función esté ahí. Por supuesto
que si el Gobierno o el Ministro de Economía en cualquier momento nos
pidiera un informe tendríamos que hacerlo porque es nuestra obligación.

No lo podemos hacer a instancia propia, tal como está redactado. Así como
podemos hacer propuestas de liberalización a instancia propia, no podemos
hacer este tipo de funciones, ni iniciar concentraciones; es a iniciativa
del Gobierno. Aunque ésta sería una pregunta que quizá le deberían haber
hecho al señor Solbes esta mañana y, por tanto, no tengo obligación de
contestar, sí entiendo que el Gobierno, dentro de sus prioridades y
sabiendo que la Comunidad Económica Europea controla las ayudas, como
ustedes saben y lo estamos leyendo todos los días en los periódicos, se
dedique en sus funciones de defensa de la competencia a otras tareas.

Esta es mi visión del tema. En todo caso, les agradezco la oportunidad de
haber podido venir aquí y compartirla con ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Alierta tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, gracias por
su comparecencia, porque siempre es muy interesante temer un contacto con
los órganos de la Administración, en este caso con el Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, un órgano que puede jugar un papel
importante en muchos sectores de la actividad económica.

Puesto que nosotros solicitamos la comparecencia del señor Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia, debo decir que, quizá por el hecho
de encontrarnos en el Senado, lo hacíamos con una cierta preocupación por
problemas territoriales que se manifiestan en este país.

A nadie se le escapa, porque es casi de dominio público, que en los
últimos años la existencia de Comunidades Autónomas ha planteado
circunstancias que han sido polémicas en numerosas ocasiones referentes a
si se tenían ventajas en unas Comunidades o en otras. Yo aquí no voy a
hacer ninguna afirmación en el sentido de si han existido o no, pero sí
que ha habido pronunciamientos. Puedo dar ejemplos concretos. Recuerdo
que el Gobierno de La Rioja se manifestó en alguna ocasión con respecto a
ventajas fiscales que se producían en Comunidades próximas. En Aragón, mi
Comunidad, también han existido. En algún caso, he tenido reuniones con
empresarios de mi Comunidad que me manifestaban su situación personal.

Creo que con esto no digo nada nuevo ni nada que no esté al alcance de
ninguna persona.

Hace un poco un Senador, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista,
hizo una pregunta en el Pleno al Ministro sobre algunas medidas concretas
en la que manifestaba circunstancias amplias y otras tan concretas como
subvenciones al espárrago por parte de unas Comunidades Autónomas que
suponía un detrimento para otras.

Se han producido una serie de circunstancias que posiblemente hayan dado
lugar a más malentendidos que a algo con fundamento. De ahí la
conveniencia de traer este tema, que preocupaba hace tiempo, al Senado.

Entendimos que quizá la mejor forma era solicitar la presencia del
Presidente del Tribunal para preguntarle qué se ha hecho, antes de
proceder a juicios de ningún tipo. En este sentido no nos queda más que
agradecer la información que nos ha dado el Presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia.

¿Se podría o no se podría haber hecho? ¿Quizá el Ministerio de Economía y
Hacienda debería haber solicitado alguna información en algún sentido?
Esto siempre es susceptible de evaluación en algún caso.

Hubiera sido conveniente, para eliminar malentendidos, que algunas de
estas circunstancias, que han sido polémicas y que han tenido una gran
repercusión en la opinión pública en general y a veces en Comunidades
Autónomas, se hubieran analizado; quizá con ello se hubiera demostrado
cuál es el auténtico alcance de estas posibles concesiones de ayudas
públicas que podían incidir en circunstancias



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en las cuales la competencia pudiera verse alterada. En estos últimos
años posiblemente haya habido circunstancias en las cuales hubiera sido
beneficioso para proteger un buen nivel de competencia y para ayudar a
una mejor convivencia entre las Comunidades Autónomas, porque entendemos
que en muchos casos estos conflictos producen más malentendidos que
realidad, como he especificado anteriormente.

Esta preocupación es la razón de la solicitud de la presencia en esta
Comisión del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia que,
evidentemente, las funciones que desarrolla en otros campos son muy
importantes e inciden más en el meollo de lo que entendemos en el mundo
económico por competencia. El hecho de plantearlo en el Senado no quita
que estos otros elementos, quizá más de interés general, no puedan ser
también planteados aquí, pero posiblemente sea más propio del Congreso de
los Diputados. Quizá aquí nosotros incidamos en el tema territorial por
la especialización que más o menos le intentamos dar a esta Cámara.

¿Qué haremos en el futuro? Solicitaremos al Ministerio de Economía y
Hacienda por qué sí o por qué no se han hecho, o estudiaremos más
detenidamente algunas circunstancias.

La génesis de la solicitud de esta comparecencia viene ya de hace tiempo,
de un problema que se arrastra ante una pregunta de este tenor, pero
tiene una cierta actualidad con el caso de SEAT, por ejemplo, porque el
hecho de que el Ministro de Economía y Hacienda haya solicitado al
Tribunal de Defensa de la Competencia un informe sobre si la ayuda
pública puede incidir en la competencia, hace que tenga una importancia
evidente. Es decir, se han oído muchas opiniones acerca del porqué o para
qué, de si esta posible ayuda era razonable o no, yo no voy a entrar a
juzgarla.

Nos parece muy bien que tratemos de salvar todo el sistema productivo,
pero se han oído opiniones de empresas pertenecientes al mismo sector o
de empresas situadas en otras Comunidades Autónomas. Entendemos que aquí
el Tribunal de Defensa de la Competencia puede, por una parte, mantener
una competencia leal y, por otra parte, despejar malentendidos. Este
caso, que ha venido en paralelo a la solicitud de la comparecencia, nos
ilustra sobre campos en los cuales se podría actuar.

Dicho esto, no nos queda sino agradecerle al señor Presidente su
comparecencia. Consideramos que ha habido ocasiones en las que la
intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia en la medida en
que hubiera podido hacer informes, porque sus recursos humanos son
limitados de forma excepcional en circunstancias que así lo requerían,
podría haber sido positiva para un mejor funcionamiento de la competencia
y, dicho en el Senado, una Cámara que pretende ser de representación
territorial, para una mejor comprensión y convivencia entre las
Comunidades Autónomas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra el señor Fernández Ordóñez.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Gracias.

Sólo deseo añadir, en primer lugar, que estoy absolutamente de acuerdo
con el papel que puede cumplir este artículo en algún momento en los
otros niveles de gobierno que tenemos en este país. A mí me parece que es
una vía clara.

En segundo lugar, deseo manifestar que yo comparto con usted una cierta
preocupación por el aumento de ayudas a corporaciones locales,
Comunidades Autónomas y Estado. Yo creo que esto es algo que cualquier
lector de periódico puede ver: Se crea una empresa de calzado y se mete
el 50 por ciento del capital. Todos los días cualquier lector de
periódico puede verlo. Por tanto, yo creo que esto es cierto, y me parece
positivo que se vaya diferenciando entre ayudas que no distorsionan la
competencia --aquellas que favorecen la formación, el equilibrio
regional, etcétera-- y aquellas que sí la distorsionan. Pienso que, de
alguna forma, es un instrumento útil para todos los niveles de gobierno.

Lo que sí está claro es que esto se hará siempre con asuntos
relativamente pequeños. Por ejemplo, la Comisión siempre va a estar
encima en casos como el de SEAT o el de Air France en Francia. No hace
falta nuestra labor, porque ahí vamos a tener trabajando sobre la
cuestión a la Comisión Permanente Europea. No hay por qué preocuparse.

Pero no despreciemos los casos pequeños. Muchísimos casos pequeños pueden
suponer mucho dinero, y la ayuda de órganos de este tipo a gobiernos que
están presionados por distintos conflictos puede ser muy importante.

Estoy hablando de gobiernos en el sentido lato: corporaciones locales,
Comunidades Autónomas, etcétera, porque muchas veces las presiones son
muy fuertes para tener que dar este tipo de ayudas que violentan la
competencia y, sin embargo, si se hace transparente y público el daño que
puede hacer, es una ayuda evidente para poder frenar este gasto público
que no sólo es gasto público, sino que es negativo: hace mala asignación
de recursos, disminuye el crecimiento, etcétera. Por tanto, yo creo que
hay que tener esa función en perspectiva. Además, creo, como usted, que
donde puede jugar fundamentalmente es en el papel de otros niveles de
gobierno, porque difícilmente se va a controlar a sí mismo el Gobierno
del Estado, y para eso está muy bien pensada la Comisión de las
Comunidades Europeas, que es la que controlará perfectamente y, sobre
todo, podrá hacerlo.

Yo propuse al anterior Ministro y al Secretario de Estado, y se ha
empezado a hacer ahora con el nuevo, empezar a hacer un inventario; que
antes de hacer un análisis, empezáramos a hacer un inventario de las
ayudas. Esto se está empezando a hacer en el seno del Ministerio. Antes
de empezar a analizar, ni siquiera sabemos cuántas ayudas hay en el país,
ni por parte del Estado ni por parte de las Comunidades Autónomas cuando
definimos la ayuda en un sentido lato, porque las ayudas tratan de
esconderse de las formas más diversas: avales, una restricción a la
competencia, en fin, miles de fórmulas a través de las cuales se trata de
ayudar a empresas y sectores. El Ministerio de Economía está empezando a
hacer este inventario, porque



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nos han pedido algunos papeles sobre definición de ayudas, etcétera. Creo
que quizá sea éste el primer paso: empezar a hacer un inventario de qué
está pasando con las ayudas en este país.

El segundo paso sería un poco éste: ir discriminando e ir viendo, dentro
de esas ayudas, cuáles distorsionan la competencia y cuáles no. Pero lo
veo en un sentido un poco más evolutivo. Veo que hay ahí una vía
interesante que no debemos despreciar; tiene un impacto enorme en el
déficit público, tiene o puede tener un impacto en la asignación de
recursos muy negativo y, por tanto, yo creo que no deberíamos perderlo de
vista --lo digo en sentido general-- y que, probablemente, el Ministerio
de Economía alguna vez, después de acabar su inventario, debería empezar
a usar esta función. Yo creo, además, que la redacción del artículo es
muy correcta respecto al nivel de competencias de los distintos niveles
de administración en el Estado. En definitiva, es una presión moral la
que se ejerce; no va más allá de eso, pero es importante; no hay por qué
despreciar la presión moral de un organismo que dice: Usted está
distorsionando la competencia por esto, por esto y por esto, sin que el
nivel de gobierno tenga por qué variar en principio. Esto es lo que se me
ocurre contestarle en respuesta a su pregunta.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

¿Portavoces de Grupos que quieran intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Ramiro
Cercós.

Gracias, señor Presidente.




El señor CERCOS PEREZ: Gracias también por los términos en que se ha
planteado la postura del Grupo Parlamentario Popular, porque a nosotros
también nos preocupa y lo compartimos, y vemos que también lo comparte el
señor Fernández Ordóñez.

El Grupo Parlamentario Socialista piensa que hay tres situaciones que han
creado problemas. Las empresas que están en crisis y que reciben ayudas.

Ahí hay grandes y pequeñas, y nos preocupan las pequeñas que, desde
Europa, quizá no se vean con los prismáticos que tiene Europa. Esa es una
de las situaciones que pueden crear problemas para la constitución de un
tejido industrial en regiones de España que todavía no tienen o que sólo
poseen un mínimo tejido industrial. Eso es lo más importante. Pediríamos
al señor Fernández Ordóñez que, si está haciendo un censo o un estudio
sobre ello, tratara de profundizar a la hora de incorporar una igualdad
en las posibilidades de desarrollo industrial a todos los territorios del
país. Es importante para ese problema y para los que voy a enumerar, pero
ése es uno de ellos.

El otro son ayudas para la instalación de empresas. Las Comunidades
Autónomas se pelean para llevarse una empresa que se instala, y a veces
se trata de empresas en territorios colindantes. Conozco casos --podría
dar datos-- en que por las diferencias en las ayudas se llevan las
empresas a otro emplazamiento. ¿Es eso defensa de la competencia? Sería
cuestionable. También tiene que haber una lucha legítima entre los
diferentes territorios del país, pero a la hora de armonizar ese tejido
industrial habría que armonizar el que no siempre se descompensara la
balanza a favor de los mismos territorios, porque entonces tendremos
siempre en nuestro país regiones más desarrolladas, regiones más ricas y
regiones más pobres.

Tercera situación: las ayudas pequeñas y las subvenciones. En la
comparecencia del Director General del IMPI en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo ya se puso de manifiesto que el programa de
subvenciones oficiales había dado lugar a ciertas situaciones de quejas
de otras industrias que no recibían subvenciones, porque la recepción de
la que tenía el problema y recibía la ayuda distorsionaba las
expectativas empresariales de esa zona industrial. Son tres situaciones
distintas, rampantes si se quiere, pero que a nosotros también nos
preocupan como Grupo Parlamentario. En el caso de las ayudas del IMPI,
cuyo Director General comparecía, se ha buscado una fórmula y el plan que
se ha aprobado hace cuatro semanas se hace ya de la mano con las
Comunidades Autónomas, y va a repartirse un fondo único con una comisión
de Gobierno central-Gobierno de Comunidades que se ha creado para
procurar que, en todo caso, no haya competencia entre ellas en cuanto a
las ayudas, que también era otra forma de distorsionar, porque había que
sumar las ayudas que se recibían desde el Gobierno central y del Gobierno
de las Comunidades, y a veces hasta de ayuntamientos o corporaciones
locales. Las pequeñas y medianas industrias a veces son las que más
sufren estos problemas de competencia de otras grandes industrias por su
escala o por sus productos tecnológicos, y creemos que ésa también puede
ser una vía de solución. Quisiera pedir al tribunal, en la misma línea de
valoración que tiene, que hiciera un estudio de estas situaciones
referidas a los tres supuestos que estamos planteando que valiera para
que las reglas del juego fueran más equitativas para todas las
Comunidades Autónomas y para la posibilidad de instalación de industrias.

En algunas provincias la lucha por la instalación de una industria, por
su supervivencia, es a la desesperada y para cambiar el signo
demográfico. Si el juego siempre se descompensa, por unas cosas o por
otras, a favor de otros territorios, lo que estamos alterando es la
equidad en la malla del tejido industrial de nuestro país. Cualquiera de
esas situaciones es muy importante. Hay grandes industrias o grandes
empresas que, evidentemente, tienen una repercusión laboral muy grande y
que también repercuten en lo que es ya, desde una óptica nacional, la
importancia de la industria y esto lo ve claramente la Unión Europea.

Pero hay industrias en las que, por tener otra escala, el impacto
regional o provincial no puede ser percibido tan fácilmente y se quedan
sin una ayuda en un momento de crisis, de reconversión o de
reindustrialización. Este es un problema que todos, como parlamentarios,
estamos viendo cada día en la realidad de nuestros territorios.

Hay un texto que ampara el funcionamiento del Tribunal de Defensa de la
Competencia y todo lo que se refiere a la competencia empresarial, pero
quisiera que las intervenciones que ha habido sirvieran también de
aliento al señor Fernández Ordóñez, a quien reiteramos, aunque sea en



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la presencia cogida tan por los pelos en este tema, que tome conciencia
de estos temas que le estamos planteando, y si hace falta puede contar
con la colaboración del Parlamento para desarrollar algún tipo de
actividad o trabajo con el propio Tribunal. El caso es que este país
constituya un tejido industrial en todos sus territorios y comunidades de
la forma más perfecta, por razones de equilibrio, por razones de equidad
y por razones de la propia economía e industria del país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para contestar el señor Fernández
Ordóñez.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Fernández
Ordóñez): Gracias.

Quiero señalar, recogiendo algunas de las cosas que ha dicho el Senador
Cercós, que los criterios a aplicar por el Tribunal no deberían ser muy
distintos de los que está aplicando la Comisión Europea. Es decir, aunque
fueran a un nivel inferior, ¿qué debería hacer? Analizar si se
distorsiona la competencia. Y en el artículo 92 del Tratado se dice que
considera compatibles las ayudas de carácter social, las destinadas a
reparar perjuicios causados por desastres, las de favorecer a
determinadas regiones, el desarrollo de no sé qué, el proyecto de interés
común. Es decir, creo que hay un cierto consenso en toda ayuda destinada
a temas de medio ambiente, energía, a corregir externalidades en el
sentido de aumentar formación, es buena y, sin embargo, las ayudas
puramente sectoriales, incluso las de sectores en crisis, si son
simplemente para mantener algo que no es viable, no tienen sentido.

Tienen sentido para suavizar --que es lo que yo entiendo que usted
decía-- y con una ayuda de carácter social permitir una transformación
para que el mercado no lo haga brutalmente, sino que las empresas estén
ayudadas, que es lo que hemos hecho en su día con la reconversión de
sectores en crisis, etcétera; pero con mucho cuidado de no dar ayudas y
encontrarnos luego otra vez con los sectores pidiéndonoslas.

Creo que en todo el análisis de ayudas públicas que se ha hecho por parte
de la Comisión hay un consenso, y creo que si este Tribunal empezara a
aplicarlas no debería separarse mucho de ella. Evidentemente, tendrán
otro nivel y otra dimensión, pero, más o menos, debería ser así:
favorecer todas las ayudas que potencien aquellas cosas que tienen
externalidades: formación, capital humano, investigación y desarrollo,
etcétera, y, sin embargo, ser enormemente cuidadosos con las
discriminatorias. Yo creo que ahí hay un buen activo; insisto, en la
Comunidad, no en otros países, porque este análisis de las ayudas, salvo
la Comunidad no lo ha hecho ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, ni lo
hace Estados Unidos. Es decir, hay muy poca experiencia en el mundo a
este respecto, entre otras cosas también porque es muy importante --y
perdone que aproveche la intervención-- la conciencia social acerca del
tema, que probablemente en este país todavía no está desarrollada, es
decir, que aquí todavía seguimos pensando que si se ayuda a alguien, se
le ayuda, y nos olvidamos que esos miles de millones de pesetas son una
carga en miles de empresas a las cuales estamos perjudicando
notablemente.

Sólo vemos el aspecto positivo de la ayuda, pero cuando se están dando
mil millones a alguien, se está poniendo una carga sobre otros, y éste es
el gran drama. Es decir, hay una asignación de recursos, pero esos mil
millones que estamos quitando nunca los ve nadie y, evidentemente, vienen
de alguien, porque una vez que tenemos el Banco de España independiente,
etcétera, eso va a venir de algún sitio. Y todo esto requiere una
conciencia social respecto al presupuesto que debe ir avanzando, que la
gente vaya viendo que el gasto público no es algo que viene del cielo,
sino que cada vez que se gasta una peseta y se ayuda a una empresa se
está perjudicando a otra. Esto es evidente, pero es muy difícil de ver,
no sólo aquí en España sino en todos los países. La visión del Estado
como algo que tiene una fuente propia es algo que existe en todos los
países del mundo, y hace muy difícil la gestión pública en general, pero
la de las ayudas, en particular, porque siempre da gusto ayudar a alguien
pero, en cambio, nadie dice: ¿A quién está usted perjudicando?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Algún Senador quiere hacer alguna pregunta? (Pausa.)
Vamos a suspender la sesión durante un minuto para despedir al Presidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia, don Miguel Angel Fernández
Ordóñez, agradeciéndole su presencia en esta Comisión para responder a
las preguntas e inquietudes de los portavoces de los Grupos
Parlamentarios.

Suspendemos la sesión por un minuto. (Pausa.)



--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/1992, DE 28 DE
DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (621/000039.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para examinar el punto que nos
resta: dictaminar, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley
por el que se modifica el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de los señores
Senadores.




Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y de los
señores Senadores presentes y representados.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de las enmiendas, empezando por
la número 25 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el Senador Cuevas.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve. El Grupo Parlamentario Mixto y el componente del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta esta enmienda
para favorecer el



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asociacionismo cooperativo, tal como indica la constitución y, sobre
todo, para que el IVA no perjudique a este tipo de sociedades agrarias y
cooperativas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha
formulado las enmiendas 26, 27 y 28.

Tiene la palabra el Senador Marca.




El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Con la enmienda número 26 pretendemos corregir la discriminación, si es
que así se puede llamar, que se hace con la ley a los minusválidos que
están en condiciones de adquirir un vehículo adaptado que no supere los
15 caballos de potencia fiscal. Tratamos de adecuar la fiscalidad
española que grava la adquisición de automóviles por los disminuidos
físicos a la vigente en la mayoría de los países comunitarios y a la que
se aplicaba en España hasta el año 1992, mucho más reducida, lo que
redundará de manera favorable en este colectivo que necesita en mayor
grado de la utilización de vehículos automóviles para aumentar sus
posibilidades de movilidad.

La enmienda número 27 hace referencia a vinos y alcoholes. Con la
normativa actual cualquier entrada de vino o alcohol en una bodega o
fábrica de bebidas alcohólicas, ya provenga de materia del pueblo vecino,
de la Comunidad Económica Europea o de importación, debe obligatoriamente
recibirse exenta de IVA. Ello nos parece correcto. Además, representa una
mejora importante que debemos mantener. Debemos recibir la citada primera
materia con exención de IVA. Pero lo que no es asumible es que en el
momento de la salida del producto final deba hacerse una declaración
especial ante la aduana según la normativa aduanera por cuanto se asimila
a una importación.

Nuestra enmienda considera que debe mantenerse la exención del IVA del
vino y el alcohol, de la misma manera que se recibe en régimen suspensivo
de impuestos especiales. Técnicamente es correcto que la suspensión de
impuestos especiales comporte la exención del IVA, pero en forma alguna
entendemos que ello implique necesariamente que se asimile a una
importación esta entrada de primera materia y servicios con las
consecuencias que hemos visto. Por ello, proponemos suprimir el artículo
19.5 de la ley del IVA actual. De esta forma, los bienes recibidos no se
asimilarían a la importación y si bien se recibirían igualmente exentos
de IVA, no deben liquidar en la aduana, sino en el AEAT, al igual que el
producto final.

La enmienda 28 recoge una parte de la que se presentó en el Congreso de
los Diputados con el número tres, referida al tráfico de mercancías y de
viajeros entre las islas y la península y viceversa.

La insularidad y su indiscutible peculiaridad viene recogida en el
Régimen Especial de Canarias, sin embargo, ha discriminado evidentemente
al otro archipiélago. El Diputado García Ronda decía lo siguiente en el
Congreso: «... en cuanto a la enmienda número tres, de Convergència i
Unió, éste es un asunto concreto. Le doy la seguridad al señor Homs de
que el Gobierno va a hacer consultas en cuanto al contenido e, incluso,
de los aspectos formales de la enmienda presentada por su Grupo, de
manera que mis palabras aquí comprometen al Gobierno en esta consulta.»
Por ello, reiteramos la conveniencia de adoptar la decisión de reducir el
IVA para el transporte de mercancías y viajeros en los trayectos
interinsulares y entre territorios insulares y la península.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que van de
la 1 a la 24, ambas inclusive, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular presenta 24 de las 28
enmiendas que tiene este proyecto de ley en el Senado porque entendemos
que la reforma que se va a producir de la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido para incorporar modificaciones de la normativa armonizadora
comunitaria debe de servir para introducir algunas modificaciones
importantes que afectan a determinados sectores o que, incluso, suponen
problemas técnicos de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido que
deben de ser corregidos a la mayor brevedad posible.

Esperamos que no sea una vez más la disculpa del déficit público y su
corrección la que anime al Grupo Socialista, y quizás también a algún
otro Grupo presente en esta Comisión, a rechazar algunas de nuestras
enmiendas, porque no tendría sentido, por un lado, proponer que se aplace
hasta el debate de Presupuestos unas enmiendas que, por su naturaleza,
deben, preferentemente --y así está previsto en nuestra legislación--,
debatirse en una reforma de la ley específica sustantiva del impuesto,
como es en este caso el Impuesto sobre el Valor Añadido, y, por otro
lado, porque la corrección del déficit público se ha de operar por la vía
del gasto público y no fundamentalmente a través de los ingresos.

Quisiera --y permítaseme por la Presidencia-- hacer una muy breve mención
a un comentario que esta mañana se hizo al Ministro de Economía y
Hacienda en esta misma Comisión pidiéndole tutela para alguna Comunidad
Autónoma. Tendríamos que decidir también en este caso a quién pedir
tutela para corregir determinados gastos públicos que, de forma legal en
unos casos y manifiestamente ilegal en otros, están ausentes de control
por parte de este Gobierno. Por tanto, es la ausencia de control en el
gasto, es la falta de previsión en el gasto público la que está
produciendo el déficit público y no, desde luego, la recaudación de unos
impuestos que, como el Impuesto sobre el Valor Añadido, como ya sabemos,
en los primeros meses del ejercicio de 1994 está creciendo a más del 15
por ciento, y pensamos que no es transitorio. El Impuesto sobre el Valor
Añadido está respondiendo favorablemente a un aumento de consumo y, sobre
todo, a un aumento de importaciones. Por tanto, no pueden ser motivos
recaudatorios los que frenen



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la aplicación de algunas reformas concretas que determinados sectores
productivos --estoy pensando en el sector del transporte y en el de la
agricultura-- necesitan, y necesitan, además, con carácter de urgencia.

En realidad, confiamos en que alguna de estas enmiendas se apruebe en
esta sesión de hoy, porque se refieren, como decía, a sectores muy
importantes y porque si alguno de los Grupos aquí presentes mantiene una
actitud de mínima coherencia con enmiendas que ya ha presentado en el
Congreso de los Diputados, con enmiendas como, por ejemplo, la referente
a la tributación al seis por ciento de la hostelería, o la referente a la
tributación al seis por ciento del transporte aéreo y marítimo de
viajeros y sus equipajes y con otras enmiendas referidas, por ejemplo, al
régimen especial de agencias de viajes, observará que hay coincidencia de
puntos de vista entre el Grupo que represento ahora, el Grupo
Parlamentario Popular, y algún otro de los Grupos aquí presentes, y no me
estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, confiamos
en que alguna de estas enmiendas pueda ser aprobada esta tarde.

Por hacer una rápida agrupación de las enmiendas que defendemos, voy a
referirme a las más importantes y luego haré una breve mención de las que
tienen un carácter más técnico y, por tanto, menos esencial.

En primer lugar, incluimos tres enmiendas muy importantes respecto a la
actividad del transporte, tanto marítimo y aéreo, como terrestre.

La primera, más general, tiene el fin de eliminar una disposición
transitoria que, como tal transitoria, lleva ya más de ocho años. Estamos
todos acostumbrados a la transitoriedad con que interpreta este Gobierno
algunas normas, y estoy pensando en algunas de naturaleza fiscal. Pero,
ya desde sus orígenes, el transporte aéreo y marítimo de pasajeros y sus
equipajes, que tiene prevista la tributación al seis por ciento --no lo
olvidemos--, por disposición transitoria y exclusivamente por ánimo
recaudatorio, viene tributando al 15 por ciento.

Pensamos que ha llegado el momento de que estos servicios de transportes,
al igual que el resto de servicios del mismo sector, tributen a su tipo
natural, al tipo previsto y homologable con el resto de los países de la
Comunidad Europea, y, por tanto, ha de ser el seis por ciento.

Nosotros no confiamos tanto en las manifestaciones que se han hecho en el
Congreso de los Diputados, donde se presentan unas enmiendas, quizás,
para agradar a un determinado sector, o, quizás, para completar un grupo
de enmiendas, para posteriormente retirarlas. Nosotros interpretamos que
esta enmienda ha de aprobarse ahora y así lo proponemos. Y no
consideraremos satisfactorio que se nos diga que se debatirá en la Ley de
Presupuestos para su aprobación, por cuanto algunas veces --y,
concretamente, estoy pensando en hostelería y otros sectores productivos
-- ya nos hemos encontrado con la sorpresa de que lo que se dijo que se
iba a discutir después se discutió pero rebajándose sustancialmente. Por
tanto, nosotros mantendremos esta enmienda: seis por ciento para el
transporte aéreo y marítimo de viajeros y sus equipajes.

Como especificidades, como apartados especiales dentro del sector del
transporte, proponemos que dos actividades concretas reciban el tipo
superreducido del tres por ciento. Nos referimos al mismo transporte
aéreo y marítimo de viajeros y sus equipajes cuando se realizan en
territorio insular, en cuyo caso su tributación sería del tres por
ciento, pensando en que ya tributan estos servicios de transportes al
seis por ciento. En el caso insular, el tipo especial sería del tres. Y
lo mismo ocurre cuando nos referimos al transporte urbano e interurbano
de cercanías, tanto por los costes que tiene para la actividad
empresarial, como por gravitar sobre presupuestos normalmente más bajos,
así como por la finalidad de incentivar el transporte público de
superficie urbano e interurbano de cercanías. Por esa razón también
pedimos el tipo superreducido del tres por ciento para esta actividad.

En segundo lugar y por lo que se refiere también a la actividad del
transporte, proponemos en dos de nuestras enmiendas que se defina de otra
forma el transporte marítimo internacional. Concretamente, proponemos un
concepto que es más adecuado a la normativa comunitaria y que se aplica
en los principales países de la Comunidad, que es el de navegación
marítima de alta mar. Con este concepto lo que se pretende es extender la
exención, tanto por la entrega, construcción, reparación y fletamiento,
como por el arrendamiento de buques, para la realización de esa actividad
de transporte.

En otra enmienda definimos la navegación aérea internacional, salvando, a
diferencia de lo que prevé la Ley actual del Impuesto sobre el Valor
Añadido, las escalas intermedias, de tal forma que un vuelo con origen en
un aeropuerto donde es aplicable el Impuesto y con destino a otro
aeropuerto fuera del territorio de aplicación del Impuesto español,
incluso con escalas intermedias, se consideraría navegación aérea
internacional a efecto de la exención de las aeronaves afectas a ese
servicio.

Por lo que se refiere a la actividad de la agricultura y del tratamiento
de aguas, proponemos una serie de enmiendas, concretamente tres, para
aplicar un tipo superreducido tanto a la potabilización, allí donde es
necesaria, como a la depuración de aguas residuales, en casi todo el
territorio nacional, así como el suministro de agua para consumo humano,
animal y para riego, con lo cual el abaratamiento de este «input»
agrícola es evidente.

En segundo lugar, proponemos un tipo reducido del seis por ciento para un
producto como el vino, que con la regulación comunitaria que se pretende
aplicar, lo mismo que al tratarse de un producto del cual depende la
actividad agrícola en amplias zonas de nuestro territorio, no puede
considerarse producto alcohólico en sentido estricto. Lógicamente, esta
enmienda, que reduce la fiscalidad sobre el producto, tendría que venir
acompañada de otras medidas positivas. Entiéndase bien, nosotros no
estamos fomentando el consumo irracional o estéril del vino, sino un
consumo ordenado del mismo, al ser parte esencial de nuestra actividad y
producción agraria.

En cuanto a la hostelería, volvemos otra vez a una propuesta que ha
recibido parabienes de casi todos los Grupos Parlamentarios presentes en
esta Comisión y en el Pleno de las Cámaras, del Congreso y del Senado,
pero que no termina de salir porque algunos Grupos se dedican a presentar



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enmiendas para retirarlas después. Nosotros proponemos, ya de una vez,
que se asocie el Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a estos
servicios a la regla general, que tributen al 6 por ciento, porque, en
caso contrario, lo único que estamos consiguiendo es la desclasificación.

Yo ahora no tengo el registro exacto, pero hoteles de cinco estrellas y
restaurantes de cuatro tenedores quedan menos, estoy convencido, aunque
no tengo la cifra exacta, de los que había la última vez que debatimos
esta misma enmienda, creo recordar que en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, y si lo dejamos para los próximos Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995, quedarán todavía menos y dentro de
dos o tres años, si seguimos así, no habrá ninguno y en ese momento, les
garantizo a todas sus señorías, que dejaremos de presentar esta enmienda
porque ya no habrá sujeto al cual se le pueda aplicar.

Por tanto, una vez más, repito, no hay pérdida recaudatoria reduciendo el
IVA, poniendo el tipo impositivo del IVA al 6 por por ciento en una
actividad donde libremente los gestores de la misma pueden desclasificar
las categorías, pueden reducir categorías y eludir el impuesto, de la
misma manera que nosotros con esta enmienda pretendemos eludirlo, es
decir, pretendemos que se reduzca del 15 por ciento al 6 por ciento.

También proponemos --concretamente en dos enmiendas, más una tercera,
donde se especifica un cuadro de exenciones-- que se mejore el régimen
especial de agencias de viaje, concreta y fundamentalmente para agencias
minoristas, cuando intermedian por cuenta de terceros, por cuenta de los
mayoristas, servicios que están exentos. En ese caso, como la exención
sigue al objeto, es decir, al servicio, la preste un minorista en nombre
de terceros o directamente el mayorista, ese servicio debe quedar exento
del Impuesto sobre el Valor Añadido. Eso es lo que propone nuestra
enmienda.

Otras dos enmiendas importantes para la actividad empresarial, que
reiteramos en el anterior debate de presupuestos del Estado, se refieren
a los impagados en el Impuesto sobre el Valor Añadido, mejor dicho, al
IVA repercutido que posteriormente es fallido porque resulta impagado por
la actividad empresarial, y así el empresario pierde de recibir el
importe del precio de los suministros que realizó en su momento y también
el IVA que tuvo que anticipar, que tuvo que repercutir y que, por
supuesto, declaró a la Administración e ingresó en la Administración.

Pedimos en nuestra enmienda, buscando el máximo consenso --recuerdo
también una enmienda presentada por uno de los grupos aquí presentes en
el Congreso de los Diputados, que proponía un plazo de sólo un año desde
que se producía el vencimiento de la operación para poder recuperar el
IVA repercutido--, que sean dos años, nada más y nada menos, completos el
tiempo que un empresario ha de esperar para, constatado el impago de una
factura, poder resarcirse del IVA que repercutió e ingresó en su momento
en la Administración tributaria.

En el mismo sentido, proponemos que se devenguen de forma automática los
intereses de demora cuando sea la Administración la que no devuelva el
IVA al que tengan derecho los sujetos pasivos en los plazos previstos, de
tal forma que así como los sujetos pasivos tienen un devengo automático
de intereses cuando normalizan su situación fiscal con Hacienda, de la
misma forma, la Administración tributaria, sin tener que solicitarlo
expresamente, pasará a ser deudora por intereses con esta calificación,
intereses de demora, toda vez que no haya cumplido los plazos de
devolución correspondientes.

También he de señalar, antes lo he olvidado, que en nuestra enmienda,
concretamente la referida al concepto de navegación marítima en alta mar,
si es que merece el aprecio de los otros grupos presentes, habría que
añadir, puesto que por un error técnico no se hizo, una apostilla,
señalando que se asimila, lo mismo que se hacía en la primitiva Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la vigente desde el año 1986 hasta el
ejercicio de 1992, a navegación en alta mar la que se realice en Ceuta y
Melilla, de tal forma que nuestra propuesta de navegación en alta mar no
perjudique a los territorios españoles en el norte de Africa; de tal
forma que el transporte iniciado, concluido o a término en alguna de
estas plazas sea considerado como navegación en alta mar.

Para concluir, tenemos otras enmiendas de carácter técnico, como la
número 3, que siguiendo los criterios de este proyecto de ley de reforma
del IVA modifica la localización de los servicios de difusión de imagen
vía satélite, de la misma forma que en este proyecto de ley se modifica
la localización de los servicios telefónicos y telegráficos. Dicho de
otra forma, la residencia del emisor va a ser el concepto de localización
en la prestación de estos servicios y no de quien los recibe servicio
telefónico o telegráfico y nosotros proponemos en esta enmienda la
difusión pública de imágenes vía satélite.

Esta enmienda es de carácter técnico y, entre otras cosas, su aprobación
nos ahorrará una sentencia negativa en los tribunales europeos, ya está
en marcha el procedimiento, y es evidente, de acuerdo con la normativa
comunitaria, que estos servicios tienen que localizarse en la fuente, es
decir, en el emisor de los mismos y no en el receptor.

La enmienda número 8 trata de evitar las distorsiones que la aplicación
extrema, es decir, la aplicación hasta sus últimas consecuencias de la
regla de inversión del sujeto pasivo, o sea, cuando uno no está
establecido y realiza operaciones en territorio español.

La enmienda número 19 se refiere a la consideración de las transmisiones
de bienes en virtud de resoluciones administrativas de expropiación
forzosa, tal como está previsto en la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido y también como consecuencia de la Ley Hipotecaria.

En definitiva y para concluir, creemos que ni el coste recaudatorio de
las propuestas y, sobre todo, su conveniencia sectorial --obsérvese que
estamos hablando del transporte y no de cualquier transporte, sino del
que afecta, principalmente, bien a transporte urbano, bien a transporte
insular y relacionado con actividades de turismo, bien a actividades
relativas a la distribución, potabilización y usos agrícolas del agua y
también a servicios como son los de hostelería e intermediación de
agencias de viaje--, justifican



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sobradamente la aprobación de alguna de estas enmiendas, al menos de las
principales.

En ese sentido, nosotros las mantendremos todas, cualquiera que sea el
compromiso que se nos ofrezca de discusión en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado, porque nunca aceptaremos el concepto
de que hay que reservar al debate de los Presupuestos Generales del
Estado modificaciones impositivas que tengan consecuencias recaudatorias.

Este es un extraño concepto que no entendemos de dónde se deriva.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para un turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quisiera indicar que el espíritu de esta Ley no es otro,
en efecto, que orientar nuestra legislación, como viene sucediendo, a lo
que es la normativa europea. En ese sentido, también aprovechamos con
este proyecto de ley para perfeccionar y simplificar, de cara a nuestras
empresas, todo lo que es el tratamiento del Impuesto que hoy estamos
debatiendo.

Sus señorías conocen perfectamente que tratar de trabajar hoy sobre estas
modificaciones ha supuesto, para algunos grupos, que algunas de las
enmiendas no reflejen sino lo que sería un tratamiento en la legislación
interna que no se adecua, en este sentido, al marco legislativo, desde la
óptica del Partido y del Grupo Parlamentario Socialista.

En este sentido quisiera hacer una reflexión de tipo general a aquellos
grupos que obviamente y con una filosofía, en algunos casos incluso
compartida, en lo que es la enmienda puntual y concreta, pero entendiendo
que en algunos casos no es éste el marco legislativo adecuado, y hacía
referencia a algunos de los intervinientes anteriores, sino la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Mi Grupo entiende que en este momento,
en esta Comisión lo que vamos a hacer es fundamentalmente armonizar
nuestra legislación a la normativa comunitaria, y especialmente en lo
derivado de la Directiva del último mes de febrero de 1994 de la
Comunidad y con la temporalidad que nos exige la misma.

Pasando ya puntualmente a lo que son las enmiendas de los respectivos
Grupos y siguiendo el orden de intervención, respecto a la enmienda
número 25, presentada por el Senador Cuevas, quiero reiterar el argumento
que como reflexión general acabo de plantear de que entendemos que no es
el marco legislativo adecuado tratar de reducir tipos impositivos, y no
por razones recaudatorias, insisto, sino por razones de tipo legislativo
de adecuar y no hacer un «totum revolutum» en este caso. Desde esa óptica
e indicando que lo que es el fondo de esta enmienda en la que trata,
decía, de reducir algunos tipos impositivos en determinadas actividades
agrícolas y compartiendo la filosofía final, aunque con matices, que
quisiera ahora señalarle a su señoría, habría que profundizar en qué
aspectos de los que señala esta enmienda, y desde luego, si es posible,
plantearla en los Presupuestos Generales del Estado con una visión mucho
más detallada. Yo le haría desde este momento esa oferta, porque
globalmente mi Grupo entiende que algunos de los aspectos que se recogen
son compartidos por nosotros, aunque, repito, no es el marco legislativo
adecuado ahora, sino dentro de muy pocos meses, transcurrido propiamente
el verano, cuando podremos trabajar en este aspecto.

En el mismo sentido, quisiera plantear algunas de las propuestas que el
Senador Marca ha puesto de manifiesto en sus enmiendas. Por seguir el
orden en que se ha producido en la intervención sobre las mismas, me
gustaría hacerle una indicación respecto a la enmienda número 26 que
plantea su señoría y que no comparto, en cuanto a que se discrimina
fiscalmente a los disminuidos físicos, psíquicos, sensoriales, etcétera,
aunque en este caso obviamente hay algunos de ellos que no pueden acceder
a los vehículos. Quiero decirle que la aplicación de este impuesto
reducido que usted plantea en su enmienda es contraria a la Sexta
Directiva y sobre todo a una directiva posterior que modifica y añade en
un anexo lo que son los bienes y servicios que pueden disfrutar de este
tipo de reducciones y en la que no se contempla los vehículos de
minusválidos. Sí quisiera decirle que entendemos que es la normativa
interna la que debe resolver esos problemas, y quiero recordarle toda la
legislación que se hizo al respecto en los impuestos especiales y, por
tanto, la sensibilidad del Grupo Socialista cuando vehiculó esta
discriminación positiva fiscalmente en lo que fue el Impuesto de
Matriculación, reducido al 3 por ciento, e incluso en la reparación de
los vehículos de estos minusválidos. Por tanto, no podemos aceptar esta
enmienda en tanto que es contraria a la Sexta Directiva, pero tenga su
señoría muy claro que en este sentido toda la discriminación positiva de
que podamos disponer vamos a hacerla respecto a los minusválidos, y
estamos haciéndola.

Respecto a la enmienda número 27 que propone modificar el número 5.º del
artículo 19 respecto a excluir el concepto de operaciones asimiladas a
las importaciones a la entrega de bienes destinadas a ser vinculadas a un
régimen de depósito fiscal y que están también las que no están
vinculadas a este régimen, señoría, abiertamente creo, y así se lo quiero
manifestar, que o su enmienda no ha sido muy correctamente redactada o he
de decirle que no la hemos interpretado correctamente. En la Ley no se
señala o no se definen como asimiladas a las importaciones las que usted
señala, y, sin embargo, éstas sí están exentas en el artículo 24.1. Pero
si a lo que se refiere es a simplificar la gestión del impuesto, que
obviamente compartimos, quiero decirle lo siguiente. En este momento está
en trámite muy avanzado lo que es el desarrollo reglamentario del
impuesto, tan avanzado que podremos disponer en muy breve tiempo del
mismo, sobre todo si esta Ley, como está sucediendo, se está tramitando
con la urgencia con la que lo estamos haciendo. Ahí le garantizo a su
señoría que el trámite se simplifica sustancialmente hasta el extremo de
que creo percibir en su enmienda que es no la doble tributación, puesto
que luego se deduce de nuevo, pero sí que esa doble



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tributación ni siquiera se produzca burocráticamente para dar lugar a la
deducción a la que hace referencia.

Por último, la enmienda número 28 que en algunos de los aspectos también
ha señalado el Senador Utrera, creo recordar, en la enmienda número 17
respecto a la modificación de la disposición transitoria undécima, que
dice que es transitoria y que tiene un carácter al que nos tiene muy
acostumbrados y que señalaré posteriormente. Quiero insistir en la
reflexión de carácter general que hice al principio y señalé puntualmente
también al Senador Cuevas respecto a lo que es toda la reducción de los
tipos impositivos. Entendemos, insisto, señoría, que éste no es el marco
legislativo adecuado, sino que es la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que además vamos a tener en estas Cámaras muy pronto, a la vuelta
de las vacaciones. Quiero hacerme no eco de las palabras de mi compañero
el Diputado García Ronda, que usted ha leído con mucha habilidad;
evidentemente no solamente la comparte el Grupo Socialista en el Senado,
sino el Gobierno, y de ello damos garantía en este trámite.

Pasando a lo que son las respuestas al Grupo Popular, en primer lugar
quisiera, Senador Utrera, indicarle que no va a ser el déficit público la
disculpa, no va a ser el argumento, porque nosotros no utilizamos el
doble lenguaje de que ahora hay que contener el déficit, ahora no hay que
contenerlo; ese doble lenguaje puede reservarse a otros Grupos, no le
acuso en este momento de que lo haga, pero no me parece que sea el
adecuado. En ese sentido quisiera responderle a algunas de sus enmiendas.

Todas las enmiendas que suponen y, por tanto, puntualmente no voy a
responderle porque son enmiendas que con carácter general en mi reflexión
he indicado tanto al Senador Cuevas como al Senador Marca, son enmiendas
que suponen reducción de tipos, unas al transporte, otras al agua,
etcétera, y que son las enmiendas, creo recordar, 9, 16, 18, 20, con
coherencia por tanto la 21, la 22, la 23 y 24, así como la 17 que
puntualmente le he señalado en la respuesta que le he dado al Senador
Marca. Todas ellas, repito, son relativas a la reducción de tipos, y
entendemos que el marco legislativo es la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, que usted no comparte y que respeto, pero que espero que su
coherencia le lleve a trasladarlas, porque en algunas de ellas quizá
podamos llegar a acuerdos en trámites posteriores. En este trámite, desde
luego, no puedo decirle lo mismo porque no es el adecuado, tratamos de
armonizar nuestra legislación a la Comunidad, pero le voy a responder
puntualmente a alguna de ellas.

La enmienda número 3, en la que usted dice que la localización del
visionado del programa de televisión debe hacerse en la sede del centro
emisor puesto que podríamos tener algún tropiezo judicial, quisiera
decirle que la vamos a rechazar porque entendemos que en el proyecto de
ley está muchísimo más claro. Señoría, no todas las legislaciones
internas de los Estados miembros localizan los servicios en la sede del
emisor, y no todas hacen lo que su señoría señala en su enmienda. Es
evidente que puede interpretarse como ambos, pero entendemos que es mucho
más claro que no sea ése el trámite, y sería, consecuentemente, más fácil
para el desarrollo tributario del mismo.

Respecto a la enmienda número 4, señoría, y consecuentemente la 5 y la 6,
la Sexta Directiva pretende aplicar la exención del Impuesto
exclusivamente a los buques afectos a navegaciones internacionales que
desarrollen su actividad fundamentalmente fuera del ámbito de aplicación
del impuesto. El extender este beneficio a los buques de navegación
interior significaría, entendemos, una clara vulneración de la norma
comunitaria. Por tanto, la legislación española es coherente con esta
Sexta Directiva, y desde esa óptica rechazaremos su enmienda número 4,
así como la 5 y 6 que son derivadas de ésta.

En relación con la enmienda número 7, su Grupo plantea una modificación,
que se refiere al precepto de ley de 29 de diciembre sobre Medidas
Fiscales, en cuanto a la subrogación del Estado en los créditos de los
sujetos pasivos en términos muy razonables, que permiten un control
mínimo de las situaciones de insolvencia del destinatario. Entendemos que
si se hiciera una mayor extensión de esta subrogación se crearían mayores
problemas de gestión, porque si un crédito resulta incobrable, debe
instarse a la declaración de la quiebra o a la suspensión de pagos. Las
dificultades de todo ese procedimiento no deben resolverse con medidas
fiscales. Creemos que eso originaría graves problemas.

La enmienda número 8 trata de declarar sujetos pasivos a los empresarios
que realicen entregas en nuestro territorio, aunque no estén localizados
en él. Es verdad que en otras legislaciones algunos empresarios lo hacen,
pero eso supone que tenga que designarse un representante fiscal y que
cumpla las obligaciones que corresponden a éste y, además, se establece
una responsabilidad solidaria que, en algunos casos, evidentemente,
genera más problemas en el desarrollo burocrático y de gestión que la
técnica de la legislación española al respecto, que entendemos es
bastante menos compleja.

No obstante, Senador Utrera, creemos que el fondo es sustancialmente
mejorable y, como no vemos claro lo que es el contenido literal, en ambos
casos podríamos tratar de dar en este momento, no una redacción, sino una
respuesta puntual con más detenimiento en otros aspectos para llegar a
una posición que elimine la complejidad que, en efecto, tiene este
trámite y que entiendo que resuelve mejor la Ley, pero que se puede
mejorar sustancialmente en el sentido que su señoría ha señalado.

En cuanto a las enmiendas números 11 y 12, respecto a los intereses de
demora, no creemos que éste sea el marco adecuado. Pero sí creo que su
señoría debería tener en cuenta que si aceptásemos esta enmienda
tendríamos que modificar la Ley General Presupuestaria, lo que supone que
en este trámite no pueda ni siquiera pensarse en el mismo.

Como ve su señoría, estamos tratando un trámite legislativo, acorde con
la armonización comunitaria, y, cuando se introducen elementos que la
distorsionan, se reflejan en otras leyes de procedimiento, que no sería
el adecuado.

La enmienda número 13 se refiere al régimen especial de las agencias de
viajes. Es curioso que su Grupo haya presentado esta enmienda, porque ni
siquiera el sector afectado lo ha planteado, al contrario, entendemos que
esto



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perjudicaría a los empresarios del sector, porque se verían obligados a
tributar en el régimen especial por cada uno de los servicios indicados.

Estamos hablando, no ya de agencias de viaje, sino de servicios sueltos
de hospedaje y transporte. Luego eso perjudicaría al sector y, de hecho,
el propio sector implicado no sólo no ha pedido, en los contactos que se
hacen con los sectores, que se tenga este tratamiento, sino que lo ha
obviado porque le perjudica. Consecuentemente, me ha parecido curioso que
su Grupo haya presentado esta enmienda.

La enmienda número 14, también relativa a las agencias de viaje, trata de
declarar exentos los servicios de mediación de las agencias minoristas
relativos a la prestación de servicios que hacen a las mayoristas.

Señoría, la Sexta Directiva no declara que los servicios de mediación
estén exentos. En consecuencia, tendremos que seguir ajustándonos a esta
normativa. Por tanto, no vamos a aceptar esta enmienda.

La enmienda número 19, que modifica el artículo 8, pretende que no tengan
consideración de entregas de bienes las efectuadas mediante autos
judiciales de adjudicación dictados en aplicación del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria. Señoría, ocurre exactamente igual que en la anterior,
hay que conocer la literalidad de la Sexta Directiva para saber que esta
enmienda se contrapone con ella. Por tanto, tampoco podemos aceptarla.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Turno de portavoces.

El Senador Cuevas tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto.




El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve porque tengo que ir a otra Comisión.

Quiero agradecer el torno y la reflexión con que se ha expresado la
compañera portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ¡ojalá! ambas
formaciones políticas hiciéramos estas reflexiones en otros sitios, pero,
el que manda, manda.

Me parece muy bien que nos remitamos siempre a los Presupuestos Generales
del Estado. Pero cuando se han discutido, Izquierda Unida siempre ha
mantenido la posición de que no se puede llevar todo a los Presupuestos
Generales del Estado como si fueran un cajón de sastre. Aunque
discrepemos, creo que es el momento oportuno de trazar el tema del IVA.

Nuestra propuesta, que podría ser asumida en los Presupuestos Generales
del Estado, también debe ser asumida aquí, porque ¿qué va a pasar en
diciembre después del nuevo mapa político que se ha presentado en
Andalucía? Puede pasar otra cosa y a lo mejor resulta que no nos
encontramos los mismos debatiendo los Presupuestos Generales del Estado,
aunque no soy adivino. Por tanto, creo que sería el momento oportuno no
sólo de mostrar simpatía y coincidencia hacia la enmienda de Izquierda
Unida, sino de votarla, o sea de poner lo blanco o lo negro sobre el
papel.

Izquierda Unida va a apoyar este proyecto de ley, pero con el matiz que
he manifestado. Como me tengo que ausentar y no voy a poder votar, quiero
plantear que, en principio, Izquierda Unida va a apoyar la enmienda
número 26 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, que es muy razonable. La portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista decía que se desgravan las matriculaciones y las reparaciones,
pero, claro, si no se puede comprar el coche, ni se puede matricular ni
se puede reparar. Es un tema de sensibilidad que los colectivos de
minusválidos han planteado bastantes veces.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, vamos a apoyar
las números 20, 21, 23 y 24, porque entendemos que, respecto a Baleares,
lo oportuno sería crear un régimen fiscal como el canario, pero eso le
compete tanto al Gobierno del Estado, como al Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Baleares. Por tanto, no nos vamos a meter en el asunto. Nos
parece que son peticiones justas, por ejemplo, que no se pague tanto IVA
en el tema del agua.

Y, respecto al transporte marítimo y al transporte aéreo, también nos
parece una petición interesante, que no es nueva, porque se está llevando
a cabo en muchas comunidades insulares en el resto de Europa. Por tanto,
con las diferencias que tengamos, hagamos una armonización con Europa
para evitar competencias desleales.

Dicho esto, me voy a ausentar de la Comisión. No quiero que se entienda
que es una falta de cortesía, sino una insolidaridad conmigo mismo porque
esta tarde tengo que hacer pluriempleo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Que le vaya bien.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no ha
presentado ninguna enmienda a este proyecto de ley. Presentó una enmienda
en el Congreso de los Diputados y, aunque no se aprobó en sus justos
términos, fue recogido prácticamente el interés que nosotros teníamos y
votamos a favor de este proyecto de ley. Por tanto, en principio, no
tenemos ninguna objeción a la ley porque creemos necesaria la
armonización de nuestra legislación con las directivas de la Unión
Europea y, por ello, daremos el sí a este proyecto de ley.

Siguiendo un poco en la misma línea de mi predecesor en el uso de la
palabra, el señor Cuevas, en cuanto a las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular sobre la insularidad o el hecho diferencial
balear, sería respetuoso que nosotros consideráramos estos problemas como
concretos de la insularidad balear y, en ese sentido, aunque nuestra
votación posiblemente sea de abstención, quisiéramos que se recogiera el
objetivo de estas enmiendas en los Presupuestos, ya que el tema de los
tipos compete



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realmente a los presupuestos. En consecuencia, nos gustaría que quedaran
clarísimamente recogidas en los mismos.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui.

El Senador Marca tiene la palabra.




El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación a la enmienda número 26 está claro que hay un problema de
interpretación de la Sexta Directiva. Nosotros lo interpretamos de forma
distinta; aun así, vamos a retirar dicha enmienda y tenga presente que en
los Presupuestos Generales del Estado nos veremos las caras, daremos una
mejor interpretación a la ley y veremos quién se lleva la enmienda al
agua.

Por otra parte, lamentamos la redacción de la enmienda número 27. Esté
segura de que creíamos que lo habíamos hecho bien. De todas maneras, veo
que su señoría lo ha entendido aunque la redacción fuera desgraciada.

Tratamos de simplificar, que es lo que no ocurre en este momento. Por
tanto, retiramos esta enmienda y, como en la anterior, espero que en los
Presupuestos Generales del Estado nos atenderán tal como merece este
grupo tan importante que son los mayoristas, distribuidores, fabricantes,
etcétera, de vinos y alcoholes.

Por último, respecto a la enmienda número 28, referida al transporte, nos
duele en lo más vivo porque entendemos que era algo muy importante para
las provincias insulares y, sobre todo, para Baleares que, con relación a
las Islas Canarias, está en franca diferencia. Insisto, apelo a su
palabra y a la del señor Diputado en el Congreso para que en los
Presupuestos Generales del Estado tenga espacio, tiempo y «oreja» para
aceptar esta enmienda que nosotros entendemos que es muy importante.

Señor Presidente, en este momento retiramos las enmiendas números 26, 27
y 28.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Marca.

Tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, he de manifestar mi sorpresa por la retirada de estas
tres enmiendas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.

Y, aun cuando se hayan retirado, sí voy a manifestar lo que hubiéramos
votado y, por tanto, lo que se ha perdido por haber retirado dichas
enmiendas.

Hubiésemos votado favorablemente a la enmienda número 26; nos hubiésemos
abstenido en la enmienda número 27, porque no la entendemos, y hubiésemos
votado favorablemente a la enmienda número 28. Por tanto, que se sepa,
por quien corresponda, que las enmiendas números 26 y 28, que
posiblemente hubieran obtenido la aprobación en este trámite
parlamentario, han sido retiradas por quien las presentó. Algo parecido,
y a lo que yo hacía referencia en mi anterior intervención, ocurrió en el
Congreso de los Diputados. Cada grupo parlamentario hace lo que considera
más apropiado, pero la verdad es que llega un momento en que ya no
entendemos nada. Este juego de presentar enmiendas para después
retirarlas, nosotros no sabemos a qué responde.

En cuanto a las formulaciones concretas que la portavoz socialista ha
hecho a nuestras enmiendas, en primer lugar, hay una reflexión que por lo
que veo se ha extendido --normalmente los virus y las cosas malas se
extienden con rapidez, y esta reflexión o concepto también--, y es la de
que hay que reservar a la ley de Presupuestos el debate y, por tanto,
también la modificación de los tipos impositivos en las leyes fiscales. Y
es justamente al revés; es decir, las leyes sustantivas de los impuestos
autorizan a que por ley de Presupuestos se actualicen, se modifiquen
determinadas partes de la misma, las partes que se consideran no
esenciales al tributo, porque las partes esenciales o estructurales
tienen que modificarse por ley específica. Pero, claro, ese argumento no
puede interpretarse en el sentido de que sólo en ley de Presupuestos
puede modificarse la ley sustantiva del impuesto. No hay nada mejor que
una propia ley de modificación de una ley sustantiva del impuesto para
modificar, tanto hechos o bases imponibles, cuestiones que no se pueden
modificar en ley de Presupuestos, como los tipos impositivos que pueden
modificarse en ambos trámites, tanto en proyecto de ley específico para
modificar esa ley, como en la ley de Presupuestos. Por tanto, no es
razonable. Sí sería razonable que el Gobierno nos hubiese traído aquí una
valoración de costes presupuestarios, que nos hubiese traído aquí unas
prioridades, en definitiva, que nos hubiese traído aquí lo que falta, lo
que nosotros echamos en tanta falta: una ordenación económica, una
valoración de la situación de los sectores productivos y no remitirse a
afirmaciones como la de que éste no es es trámite adecuado porque
entonces hemos de preguntarnos cuál es el trámite adecuado.

En definitiva, nosotros entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista,
representado tan dignamente por su portavoz hoy aquí, está diciendo que
no, pura y simplemente, a estas enmiendas, pero no nos indique que este
trámite no es el adecuado. Este es el más adecuado de todos los posibles
trámites porque estamos discutiendo esta ley y, por tanto, en este
proyecto de ley podemos modificar todos y cada uno de los aspectos de la
misma. Incluso me atrevería a decir que lo podemos modificar con mucho
más conocimiento de causa que en una ley de Presupuestos Generales del
Estado donde se está manejando tanta información, tantas variables y
tantas enmiendas, centenares, que no se valora adecuadamente una
modificación en un impuesto, que puede ser tan pequeña, tan
insignificante en términos presupuestarios, como la mayor parte de las
que estamos presentando aquí.

En cuanto a las observaciones concretas que ha realizado a algunas de
nuestras enmiendas, para todas y cada una tendríamos una respuesta
adecuada pero voy a centrarme en dos o tres de ellas. Cuando se habla del
término de navegación en alta mar y se dice que se extendería a la



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navegación interior, efectivamente, se extendería a la navegación
interior. Nosotros lo que pretendemos precisamente es que la navegación
interior en este que es un territorio que tiene islas y territorios fuera
del estricto contenido de la Península, el tráfico que se realice en ese
territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido deben
también beneficiarse de las exenciones que se prevén en nuestras
enmiendas porque esos buques están actuando en alta mar. Nosotros no
vemos una diferencia sustancial entre un tráfico de mercancías entre
Málaga y Melilla o entre Málaga y Nador. O sea, es un tráfico en alta mar
y, en el caso de Ceuta, por esta modificación «ad hoc» que habría que
añadir, es un tráfico que correspondería a territorios insulares para los
cuales, precisamente para corregir parte de esos costes de insularidad o
de lejanía, sería conveniente la aplicación de esta exención.

Lo mismo sucede con la enmienda número 28, que una vez que la ha retirado
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ya no
sabemos qué pasa con las garantías que ha ofrecido --que yo no le he
entendido exactamente cuáles han sido--, me dice que en relación con
nuestra enmienda número 8 hay que buscar posiciones comunes, cuando se
trata de la regla de inversión del sujeto pasivo.

Si se hace una lectura literal de la enmienda número 8, se observará que
nosotros decimos que cuando esas entregas se realicen por empresarios no
establecidos, pero que estén adecuadamente identificados a efectos de
este impuesto ante la Administración tributaria española, siempre que
concurran las condiciones que reglamentariamente se establezcan, no es
necesario recurrir a esa inversión extrema del sujeto pasivo cuando los
sujetos no localizados están identificados, y además con todos los
requisitos y circunstancias limitativas que se quieran, a nivel
reglamentario. Por tanto, busquemos todas las posiciones comunes que
queramos, pero también interpretamos que esta enmienda, que está
redactada con sumo cuidado y muy conscientes de lo que se hace,
sencillamente es rechazada.

En cuanto a las agencia de viaje, me sorprende lo que dice de que
perjudicaría al sector el hecho de no vincular los servicios de hospedaje
y transporte para su inclusión en el régimen especial. Tanto me
sorprende, que no tengo una respuesta segura en este momento; no es ésa
la información que nosotros tenemos. En todo caso, yo lo analizaré con
quien tengo que analizarlo, y posteriormente, ya en el debate de
Presupuestos, si es que no se aprueba aquí hoy, porque el Grupo
Parlamentario Popular no retira ninguna enmienda, ya tendremos ocasión de
debatir este punto concreto.

Quiero también decir que es una lástima que el Grupo Parlamentario
Socialista magnifique costes recaudatorios o el debate presupuestario
como la panacea para las modificaciones fiscales y que es lamentable que
se remitan al 1 de enero de 1995, como pronto, modificaciones fiscales
que en estos momentos tendrían un gran impacto para el sector turístico y
para la campaña agrícola.

Consecuentemente, estamos aplazando, una vez más, modificaciones que
consideramos urgentes.

Nada más por mi parte, señor Presidente, gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra en el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la Senadora Francisca Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Como no se encuentra en la sala el Senador Cuevas, no voy a referirme a
su intervención.

El Senador Torrontegui hablaba de la insularidad balear, que hemos
observado es un tema que preocupa a todos los grupos. En algunos casos,
como el de su Grupo, algún otro y el mío mismo, se ha planteado la
necesidad de tratarlo en los Presupuestos Generales del Estado para
resolver esa situación de diferencia, al menos, en el hecho insular
canario y el hecho insular balear. Por tanto, y recogiendo el objetivo
final que plantea la enmienda número 28 del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió y la enmienda número 17, el
compromiso, Senador Utrera, es que sean los Presupuestos Generales del
Estado los que recojan ese hecho concreto y específico que han planteado
las respectivas enmiendas, porque entendemos que es donde debe plasmarse
legislativamente, y no porque nuestras prioridades sean ahora
exclusivamente los Presupuestos, sino porque lo han sido siempre. Las
prioridades se marcan en los Presupuestos, pero también la legislación
debe, en cada momento, articular lo que realmente se está tratando de
articular, y en este momento son las modificaciones relativas a la Ley
del Impuesto sobre el IVA en los aspectos intracomunitarios. De ahí
algunas de las manifestaciones que posteriormente le haré al Senador
Utrera.

Respecto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, agradezco al Senador Marca la retirada de sus enmiendas y le pido
que entienda que el trámite es el que hemos planteado; espero que en
sucesivas ocasiones la redacción de esa enmienda haya reflejado bien lo
que ambos entendíamos, aunque no haya sido el resultado final.

Respecto al Grupo Parlamentario Popular, espero, Senador Utrera, que esa
sorpresa que ha manifestado esta tarde aquí no le impida mantener el
espíritu de que, con posterioridad, en los Presupuestos Generales del
Estado todos los grupos encontremos solución al hecho insular balear que
hemos planteado y que recogía en su enmienda, y que no sea simplemente
hoy un hecho aislado en el que usted se siente mal por haber sido
rechazada una enmienda que legítimamente entiende que encajaba aquí,
cuando varios de los grupos de esta Cámara entendemos que no es el sitio
adecuado.

Es verdad que a lo largo del debate de esta tarde se ha puesto de
manifiesto que hay distintas filosofías entre su grupo y el Grupo
Parlamentario Socialista en cuanto a cuál es el sitio adecuado para
reservarse las modificaciones oportunas de los tipos impositivos, si es
la Ley de Presupuestos Generales o no lo es. Evidentemente, se ha puesto
de manifiesto una discrepancia entre su Grupo y el mío. Entendemos --y no
somos el único Grupo-- que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado
la que debe recoger



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todas las modificaciones relativas a la reducción de tipos impositivos.

Consecuentemente, cuando ése sea el debate, no olvide su señoría que en
algunos puntos coincidiremos, en algunas reducciones que se han planteado
aquí. Posiblemente, en otras no, porque la filosofía es distinta, pero en
aquellas que coincidamos nos encontraremos, porque no se trata de
promesas vanas, sino de plantearnos un objetivo final que sea el adecuado
en su momento.

Entrando en las prioridades que también señalaba su señoría, en efecto,
en los Presupuestos Generales del Estado es donde se marcan las
prioridades, porque cuando se hace la relación de ingresos y de gastos,
se está priorizando de dónde se recaudan y adónde van el dinero y los
ingresos recaudados. Por tanto, son los Presupuestos Generales del Estado
los que marcan las prioridades de un grupo, y en este caso observará
usted, como lo ha hecho en otras ocasiones, que las prioridades de su
Grupo no son las nuestras, pero están claras en ambos casos.

En relación con los aspectos puntuales que ha señalado, señoría, y con la
enmienda que planteaba sobre transportes y alta mar, en un epígrafe del
artículo 15 de la Sexta Directiva está clarísimo que se trata de
navegaciones internacionales que desarrollan su actividad
fundamentalmente fuera del ámbito de aplicación del Impuesto.

Consecuentemente, entraríamos en contradicción con la Sexta Directiva, y
de verdad que toda la regulación que hay en este precepto va en esa
línea.

En cuanto a las condiciones reglamentarias que señalaba su señoría en la
enmienda número 8, las que tenía que definir de alguna manera el
representante fiscal y todos los aspectos de responsabilidad solidaria,
hay que regularlas. Usted señala en su enmienda que hay que regularlas;
pongámonos de acuerdo en otro momento para regularlas. Esa es mi
propuesta, porque no se han regulado ni por parte de su enmienda ni se
han recogido en la modificación que plantea el proyecto. Sin embargo,
entendemos que la modificación del proyecto de ley es mucho más clara y,
además, menos compleja en relación con el trámite de tributación y de
gestión. Consecuentemente, mientras no desarrollemos esa reglamentación
que usted mismo señalaba, no podremos aprobar esta enmienda.

Por último, quiero señalar que usted había hecho referencia también a la
enmienda número 13, relativa a la agencia de viajes. Dado el carácter
obligatorio que tiene el régimen especial, resulta que la ley ha previsto
que sólo se aplique cuando el servicio comprenda al menos un servicio de
hospedaje y otro de transporte. Imagínese lo que eso supone para aquellos
empresarios del sector que usted plantea que no cumplen esta situación;
les supone un trámite burocrático en cada uno de esos servicios, que al
final lo complica tanto como para que el propio sector no lo haya
planteado. Infórmese, que verá cómo el sector coincide con lo que acaba
de plantear el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Acabado el debate, vamos a pasar a la votación. Vamos a votar en primer
lugar las enmiendas que están planteadas, y después el texto del proyecto
de ley.

El señor Torrontegui tiene la palabra.




El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Pido votación separada de las enmiendas
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 25.




El señor PRESIDENTE: ¿Todas en un bloque?



El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Sí, señor Presidente. Gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿Senador Marca?



El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, pido votación separada de la
enmienda número 17.




El señor PRESIDENTE: ¿Senador Utrera?



El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, querríamos votación
individualizada de las siguientes enmiendas: 7, 9, 16, 17 y 18; 20 y 21
conjuntamente, y 22, 23 y 24 también conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, ¿las quiere de una en una?



El señor UTRERA MORA: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5 y
6, en un bloque, junto con las enmiendas números 8, 10, 13, 14 y 15.

(Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 7. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 9. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 11 y 12, junto con la 19. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la enmienda número 16. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 17. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 15; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 18. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 20 y 21. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 22, 23 y 24. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 18;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Una vez votadas todas las enmiendas, pasamos a votar el texto del
proyecto de ley. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Se levanta la sesión.




Eran las diecinueve horas.