Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 97, de 05/12/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 97
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 31
celebrada el martes, 5 de diciembre de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que solicite y defienda ante la Unión
Europea (UE) la armonización de la legislación pesquera sancionadora de
los países miembros de la Unión. Presentada por el Grupo Vasco-PNV.
(Número de expediente 161/000404) (Página 1938)
--En defensa del sector citrícola nacional. Presentada por el Grupo
Popular. (Número de expediente 161/000527) (Página 1943)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señoras y señores Diputados y
Senadores.
Iniciamos esta reunión del pleno de la Comisión con el siguiente orden
del día. En primer lugar, vamos a debatir una proposición no de ley del
Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno a que solicite y
defienda ante la Unión Europea la armonización de la legislación pesquera
sancionadora de los países miembros de la Unión. El segundo punto del
orden del día es una proposición no de ley, presentada por el Grupo
Popular, solicitando la defensa del sector citrícola nacional. Los puntos
3 y 4 del orden del día no se van a debatir hoy puesto que los
solicitantes de estas preguntas, que son los representantes del Grupo de
Izquierda Unida, han presentado ante el registro la solicitud de su
aplazamiento, lo cual les ha sido concedido, por lo que estas preguntas
quedan propuestas para una siguiente reunión de la Comisión, cuya fecha
no puedo darles en este momento.
Antes de dar la palabra al representante del Grupo Vasco (PNV) para la
defensa de su proposición no de ley, quería advertir a SS. SS. que, por
acuerdo de Mesa y Portavoces, el lunes 11 de diciembre, a las cinco de
la tarde, a solicitud del todavía Ministro de Asuntos Exteriores, ya
Secretario General de la OTAN, comparecerá el señor Solana para
presentarnos el balance del semestre de presidencia. Como saben SS. SS.,
es costumbre de esta Comisión, en cada semestre, tener un informe del
Gobierno de cómo, a su juicio, se ha desarrollado el semestre de
presidencia, con mayor motivo si en esta ocasión la ha ostentado España.
Por tanto, el señor Solana, en su función de Ministro de Asuntos
Exteriores, comparecerá a petición propia el día 11 a las cinco de la
tarde. Igualmente comunico a SS. SS. que tendremos otra reunión de la
Comisión el martes 19 de diciembre, probablemente en el Senado, a las 10
de la mañana, con un punto del orden del día: debate y aprobación, en su
caso, del dictamen que la Ponencia sobre consecuencias de la ampliación
habrá aprobado previamente el día 13 de diciembre.
Estas son las previsiones que tenemos de próximas reuniones. Pero como
quedan algunos temas pendientes antes de que finalice este período de
sesiones, estamos tratando de que se celebre otra reunión si los
representantes del Gobierno, cuyas comparecencias están solicitadas,
pudieran venir a esta Comisión, lo cual avisaríamos en tiempo y forma.
No podemos asegurar que se vaya a despejar completamente el orden del día
previsto, puesto que, como saben SS. SS., los días 15 y 16 se celebra la
Cumbre de Madrid y lógicamente todos los representantes del Gobierno, en
las fechas anteriores, estarán sumamente ocupados ultimando sus agendas,
elaborando los últimos documentos para su presentación en la cumbre, y
es muy probable que no podamos compaginar la agenda de los ministros con
el calendario de las reuniones de plenos del Senado y del Congreso, razón
por la que, si bien estamos ya en trámites para tratar de limpiar
nuestros temas pendientes de la Comisión, no podemos garantizar que todos
puedan ser despejados antes de finalizar las sesiones de trabajo en este
mes de diciembre. Estas son las previsiones al día de hoy. A través de
los telegramas oportunos recibirán la confirmación de cuanto acabo de
decirles.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SOLICITE Y DEFIENDA ANTE LA UNION
EUROPEA (UE) LA ARMONIZACION DE LA LEGISLACION PESQUERA SANCIONADORA DE
LOS PAISES MIEMBROS DE LA UNION. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV).
(Número de expediente 161/000404.)
La señora PRESIDENTA: Estamos en el punto 1 del orden del día. Para la
defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro grupo parlamentario ha
presentado esta proposición no de ley dirigida a buscar una armonización
en la legislación pesquera sancionadora europea dimanante de los
diferentes Estados miembros integrantes de la Unión Europea.
Como saben SS. SS., la política pesquera comunitaria es una de las
materias más intrincadas y más comunitarizadas en el ámbito competencial
de la Unión Europea. Desde el Tratado de Roma la pesca, de manera
complementaria, ha formado parte siempre del haz competencial
correspondiente a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. En
definitiva, esa política pesquera común supone la existencia de un mínimo
común denominador pesquero, tanto en el aspecto jurídico como en el
aspecto de desarrollo en cuanto a mercados, a estructuras y a recursos.
Por eso existe una base uniforme, una base sustentada en un soporte
jurídico común, como son las diferentes reglamentaciones comunes que se
efectúan en cada una de las tres áreas principales o columnas vertebrales
en las que se distribuye la política pesquera común: los recursos, los
mercados y las estructuras pesqueras. Sin perjuicio de ello, la política
pesquera común, a su vez, otorga un margen de actuación política que se
plasma en normas jurídicas a cada uno de los Estados miembros. Así, estos
Estados miembros disponen de una potestad, disponen de una competencia
que plasman, a través del ejercicio del poder político, en normas
jurídicas, en leyes de cada uno de los Estados, en reglamentos o en
reales decretos. Por tanto, la regulación que, por ejemplo, España
realiza desarrollando este ámbito de mercados, recursos y estructura
común se produce en aspectos puntuales, como pueden ser las artes de
pesca, los días de mar, la organización de los planes de pesca para la
flota de los trescientos, el acceso a los caladeros. En definitiva, un
montón de materias que aun cuando están reguladas de manera muy genérica,
y en algunos casos pendientes de regulación, son disciplinadas por parte
de los Estados miembros de la Unión Europea en
base al principio que inspira el ejercicio del poder político por parte
de las instituciones europeas, que es el de la subsidiariedad.
Sin embargo, ocurre que en estos temas puntuales de la política pesquera
común, disciplinados u ordenados por los Estados miembros, se producen
también regulaciones de naturaleza distinta. Por ejemplo, la regulación
que en España se realiza sobre las artes de pesca, sobre los días de mar,
sobre el acceso a los caladeros, sobre los planes de pesca, es una
regulación efectuada en una legislación que tiene naturaleza de Derecho
administrativo, es decir, constitutivo del ordenamiento jurídico como
«ius cogens», pero no tiene, a diferencia de otros países (Irlanda,
Francia o el Reino Unido), una regulación penal en todas estas
cuestiones. O sea, la misma regulación en un país, señorías, tiene en el
caso español regulación administrativa y en los casos de los tres
mencionados países una regulación penal, lo cual supone que en España la
infracción de tales cuestiones constituye un ilícito administrativo, lo
que hace que la Administración pública actúe, ejercite sus potestades e
imponga sanciones. En cambio, en Irlanda, Francia y el Reino Unido, estas
mismas conductas son constitutivas de delito, con una gran trascendencia
penal, incluso en mucho de los casos implica la detención, el
apresamiento o el encarcelamiento, cuando se impone la sanción, del
titular de la embarcación o, en su caso, del capitán o patrón de la
misma, en función de la gravedad de la infracción. Por tanto, vemos una
diferente regulación. En definitiva, se trata de una cuestión de política
legislativa, cómo cada país lo regula internamente, si a nivel
administrativo o penal. La disfunción que se está dando en el ámbito
europeo está originando a la flota pesquera española enormes perjuicios,
porque algunas irregularidades cometidas por buques pesqueros españoles
que faenan en aguas de los trescientos, constatadas por estos países, han
supuesto que se judicialice esta cuestión, mientras que en España eso no
ocurre. Es curioso, por ejemplo, el incidente ocurrido en la primavera
del año 1994, en que un buque pesquero español de la flota de los
trescientos fue detenido por las autoridades francesas y llevado al
puerto de Lorient y, en las mismas fechas, con una diferencia de una
semana o 10 días, un buque pesquero de arrastre pelágico francés fue
detenido por las autoridades españolas y conducido a un puerto pesquero
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Mientras que el
buque pesquero español permaneció prácticamente un mes bajo la tutela de
las autoridades francesas, incluso el capitán del buque tuvo que estar
retenido durante diez días, no ocurrió otro tanto con el buque pesquero
español apresado por las patrulleras de la Secretaría General de Pesca,
por la inspección marítima pesquera, y fue puesto en libertad, con
prestación de una fianza, al día siguiente. Evidentemente, nos
encontramos con una disfunción, con una infracción administrativa de la
misma naturaleza en un caso y en otro y, mientras en España la cuestión
corresponde al ámbito administrativo sancionador, en Francia corresponde
a la jurisdicción penal ordinaria, con todo lo que supone de
trascendencia de las sanciones, incomodidades y molestias que se pueden
originar a la flota pesquera española.
Es curioso además --y para refrescar la memoria conviene recordarlo--,
lo que está ocurriendo desde junio de 1994 hasta el presente, por
ejemplo, con la actuación de las autoridades irlandesas. La flota
pesquera española está sufriendo una constante persecución por parte de
las autoridades de dicho país, aspecto que se manifiesta en el elevado
número de apresamientos que está padeciendo fundamentalmente la flota
gallega que opera en el caladero de la Unión Europea. Así, el número de
barcos españoles apresados y posteriormente sancionados ha ido
incrementándose en los últimos dos años. Durante los meses de marzo,
abril y mayo de 1995, podemos observar una impresionante escalada de
apresamientos como nunca se había conocido: en el período de tres meses
ha habido 21 detenciones. La legislación pesquera irlandesa ha sido
modificada, pero para agravar las infracciones o ilícitos pesqueros por
los que se apresaba a los barcos españoles. Igualmente se ha caminado en
la línea de incrementar mucho los controles pesqueros, con el pretexto
de poder actuar en apresamientos sobre la flota pesquera española. Así,
en el período comprendido entre 1986 y 1994, Irlanda ha apresado y ha
sancionado a un total de 223 buques pesqueros, de los que 190, es decir
un 85 por ciento, eran de pabellón español o de empresas mixtas con
mayoría de capital español, implicando todo ello un acoso por parte de
las autoridades irlandesas y un desembolso para la flota pesquera
española, para los titulares de las embarcaciones, al día 30 de junio de
1995, de 860 millones de pesetas en el pago de las multas.
También en el marco de la política pesquera comunitaria la competencia
sancionadora, basándose en el principio de subsidiariedad, corresponde
a los Estados miembros. Pero estos Estados miembros han de ejercitar esta
potestad sancionadora, reflejo del principio de subsidiariedad,
respetando siempre el artículo 5 del tratado constitutivo y que hoy es
el Tratado de la Unión Europea. El artículo 6 del Tratado de la Unión
Europea consagra el derecho a la no discriminación por razón de la
nacionalidad. Conforme a este principio comunitario es obligatorio para
los Estados miembros, para todas las autoridades de los Estados miembros,
es decir, las administrativas, las parlamentarias y las judiciales, no
poder otorgar un trato más favorable a sus nacionales que el que se da
a los nacionales de los restantes Estados miembros de la Unión Europea,
aspecto que en el caso irlandés, en aplicación de su legislación interna,
es claro que no se cumple. Asimismo, vemos que la dinámica de las
autoridades judiciales irlandesas sujetas al Tratado de la Unión Europea
y, por tanto, a su artículo 6, refleja indicios racionales y fundados de
una discriminación para la flota pesquera española en cuanto a que en los
supuestos de apresamiento de buques españoles, además de la sanción, se
está produciendo un decomiso de la pesca y de las artes de pesca. En
cambio, se ha podido comprobar, y está constatado por la Secretaría
General de Pesca, que cuando por los mismos hechos las autoridades
irlandesas han apresado a pesqueros irlandeses, la sanción ha sido
notablemente inferior, pero nunca se ha impuesto la sanción
complementaria del decomiso de las artes de pesca y de la captura; nunca
se ha producido esa sanción complementaria.
En el caso irlandés, se está aplicando su legislación pesquera interna
de manera más favorable para sus nacionales, suponiendo, en consecuencia,
una conculcación por parte de las autoridades irlandesas, bien sea de las
administrativas, parlamentarias o judiciales, del principio de no
discriminación del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, por lo
que, en definitiva, eso es lo que pretendemos corregir en el día de hoy,
señora Presidenta: que se vaya hacia un modelo de legislación pesquera
sancionadora de carácter homogéneo, armonizado entre los diferentes
Estados miembros, de forma que no se produzcan esas diferencias, esas
disfunciones, esas discriminaciones que se están produciendo en la
práctica y en la actualidad, que en unos países sea una cuestión de
Derecho penal y en otros países sea una cuestión de Derecho
administrativo.
Señora Presidenta, paso a defender una enmienda que ha presentado nuestro
grupo a la proposición no de ley, enmienda de adición que pretende
complementar la cuestión relativa a la armonización pesquera. La
actividad reguladora de los diferentes ámbitos pesqueros de la Unión
Europea va creciendo enormemente. Poniendo un ejemplo gráfico, el
Reglamento 3094/1986 ha tenido hasta el presente 16 modificaciones, y
así, en análogas circunstancias se encuentran las regulaciones relativas
a las redes de arrastre y a la documentación de navegación. Vemos que hay
una enorme dispersión de la normativa pesquera europea que, además de
entrañar dificultades en el estudio, en la comprensión y en el manejo de
la misma, ha suscitado enormes problemas de interpretación. Es decir, los
operadores de la legislación pesquera, incluso la misma administración
pesquera española, las comunidades autónomas, todo el sector pesquero se
encuentra con modificaciones en diferentes reglamentos y al final se hace
inmanejable. A veces se desconoce cuál es el último reglamento vigente
y si ese reglamento tiene su correspondiente coherencia con un artículo
del reglamento anterior modificado. En definitiva, se acude a unas
modificaciones reglamentarias constantes y continuas en el tiempo, lo que
origina que el manejo sea muy difícil y lo que en el ámbito
jurídico-administrativo se conoce como tener entre manos un pastiche de
reglamentos de difícil manejo. Por tanto, es importante que la Unión
Europea elabore un texto refundido, un texto armónico de cuáles son las
normas reglamentarias, de ella emanadas, que están en vigor. Con ello se
facilitaría toda la labor de los Estados miembros y de todo el sector
pesquero para conocer cuál es la última normativa vigente.
Finalmente solicitamos, señora Presidenta, que en tanto eso no se
produzca la Administración pesquera española elaborará una publicación
sencilla, de fácil manejo, que de manera simplificada agrupase y
sistematizase la normativa actualmente vigente. Ella misma lo echa en
falta, porque cuando diferentes operadores --y cuento una experiencia--
hemos tenido que acudir a conocer el último reglamento vigente, la
Administración pesquera central nos ha comunicado que no existe una
publicación al respecto y que lo que hacen los funcionarios de la
Secretaría General de Pesca es un refundido en base a fotocopias y
recortes. Por ello, lo que solicitamos es que se elabore una publicación
que, repito, de manera sistemática y sencilla agrupe el Derecho
administrativo pesquero vigente hasta el momento.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por
el Grupo Popular tiene la palabra el señor Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señora Presidenta, después de escuchar
las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y de leer
el texto tanto de la proposición no de ley como de la enmienda de adición
presentada, hemos de decir que la encontramos muy puesta en razón y que,
por consiguiente, vamos a votar favorablemente esta proposición no de
ley. El objetivo de armonizar y de recopilar una legislación compleja y
de no fácil entendimiento por quienes no sean juristas especializados
constituye un objetivo loable que nosotros incondicionalmente apoyamos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señora Presidenta, a mi grupo también le parece
absolutamente lógica la proposición no de ley que debatimos a instancias
del Partido Nacionalista Vasco, tanto la inicial como las dos
autoenmiendas que acaba de explicitar el señor Gatzaetxebarría. Y nos
parecen lógicas en función de que, como bien se dice en el texto de la
propia proposición, siendo la política de pesca una de las más
comunitarizadas de la Unión, parece conveniente que exista una
legislación homogénea para todos los países miembros, a fin de evitar
situaciones que pueden ser consideradas discriminatorias en función de
cuál sea el país que se vea en la necesidad o en la obligación de apresar
a uno u otro buque y sobre el que se aplican diferentes legislaciones,
dependiendo de cuál sea la circunstancia legislativa de cada uno. Por
consiguiente, armonizar legislativamente toda la política pesquera nos
parece estrictamente necesario, de la misma manera que nos parece muy
positiva la posibilidad de editar una información para personas no
expertas en Derecho sobre los reglamentos y las leyes en vigor que
permita un mejor conocimiento de los mismos, al igual que ese refundido
de legislación pesquera vigente en el propio seno de la Unión Europea.
Por tanto, señora Presidenta, vamos a votar favorablemente esta
proposición no de ley, incluidas las autoenmiendas que se han relatado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Después de escuchar la intervención del
representante del PNV, estamos de acuerdo con él --y acierta-- en el
análisis del comportamiento del sector pesquero comunitario cuando dice
que la política pesquera común está comunitarizada en varios apartados;
en lo referente a recursos, a estructuras y a mercados. También es cierto
que la política pesquera común
tiene determinadas normas que afectan a todos los Estados en lo que hace
referencia al acceso a recursos y a las disciplinas y las normas, tanto
en cuanto a artes de pesca, planes de pesca, tallas de especies,
etcétera. Sin embargo, también debemos matizar que ciertas aplicaciones
y normas son diferentes de país a país. Existe una especie de aplicación
diferenciada por países y por pesquerías, dado que es muy complejo tratar
de armonizar y de poner en marcha mecanismos de gestión pesquera. Eso
también conlleva a que el Partido Nacionalista Vasco enfatice en su
proposición que las infracciones no son idénticas y que existen sanciones
diferentes, por lo que es necesario y obligatorio que si está
comunitarizado lo que es materia de gestión y conservación de los
recursos en cuanto a estructuras y adaptación de las capacidades de la
flota y en el tema de los mercados, también tiene que haber una norma que
armonice todas las sanciones que se puedan aplicar en la gestión de la
misma. De ahí que solicita la armonización de la inspección pesquera
sancionadora para todos los Estados miembros.
Como bien sabe el señor Diputado, eso viene recogido por un interés
manifiesto de la propia Comisión Europea --no de los Estados miembros
sino de la Comisión Europea-- que, en un documento de marzo de 1992, al
informar al Consejo y al Parlamento sobre el control de la aplicación de
la política pesquera común, dice en su página 27: Por último, las
sanciones administrativas y penales de los Estados miembros deberían
modernizarse y, en la medida de lo posible, armonizarse. Es una
pretensión de la propia Comisión que plantea a los Estados miembros esa
necesidad. Y lo hace en la medida en que los medios que tiene de control,
efectuado por los inspectores comunitarios, son bastante reducidos. Por
ejemplo, el número de inspectores en servicios de la Comisión Europea,
en el año 1991, era sólo de 19; el número de días prestados de inspección
1.555, y el número de misiones efectuadas era de 42, en la zona económica
exclusiva de la Unión Europea, más 10 en la zona de NAFO. Por tanto, si
esta vigilancia es escasa y si, en segundo lugar, puede ocurrir que sea
discriminatoria, nos lleva a la conclusión de que hay que hacer un
balance de la observación de las medidas de conservación y, por tanto,
una referencia a las necesidades de implicar una política de sanciones,
de vigilancia, de control, a toda la heterogeneidad del sector, a todas
las zonas que deben vigilarse, teniendo en cuenta la movilidad de los
pescadores, el carácter mixto de las pesquerías y la inevitable
complejidad de la legislación.
También hay que tener en cuenta cuál es el papel de las organizaciones
de productores, que son autónomas y por tanto corresponsables de la
gestión, y todo eso debe estar sometido a una armonización de las
sanciones. Sin embargo, también sabemos que la Comisión Europea trata de
buscar ese mecanismo de control de sanción, y, por tanto, de mejora de
la conservación de los recursos. El Reglamento 2847/93 especifica una
serie de características que valdría la pena subrayar. En el artículo
1.º.2 de ese reglamento de control, que trata de mejorar la actuación y
el comportamiento de nuestros pescadores, se dice que cada Estado miembro
adoptará, de acuerdo con la normativa comunitaria, las medidas apropiadas
para asignar la máxima eficiencia del régimen de conservación. Asimismo
el artículo 2.º.1 dice: Con objeto de garantizar el cumplimiento de toda
la normativa vigente sobre las medidas de conservación y control, cada
Estado miembro controlará, dentro de su territorio y de las aguas
sometidas a su soberanía o jurisdicción, la práctica de la pesca y las
actividades conexas. El artículo 2.º.4 dice: Los Estados miembros se
deben de coordinar entre sí. El artículo 3.º.1 dice: El Consejo ha de
decidir antes del 1 de enero de 1996 si se instala un sistema de
localización vía satélite o continua. El artículo 4.º.1 dice: Cada Estado
miembro se encargará, por sus propios medios, de llevar a cabo la
inspección y control. Y lo mismo los artículos 29.2.a) y 31.2.
Quiero decir con esto que el Reglamento 2847/93 ha establecido un régimen
de control aplicable a la política pesquera común basado en los
siguientes principios: que el control es responsabilidad, en primer lugar
y fundamentalmente, de los Estados miembros; que cada Estado llevará a
cabo las inspecciones, controles y exigencia de responsabilidad en caso
de incumplimiento; que se definan las líneas que han de seguir las
legislaciones nacionales en materia sancionadora y mecanismos de control
para conseguir cierta uniformidad entre los Estados y prevenir
situaciones de tratado desigual; y que corresponde a la Comisión velar
por el cumplimiento de las obligaciones atribuidas a los Estados miembros
y tomar las medidas procedentes en el supuesto de que no lo hagan así.
He hecho esta enumeración de los puntos más importantes de este
reglamento porque, si lo comparamos con el que dentro de unos días se
aprobará por parte de Naciones Unidas (el proyecto de acuerdo sobre la
aplicación de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la
conservación y ordenación de las poblaciones de peces traszonales y las
poblaciones de peces altamente migratorias a tener que suscribir por
todos los Estados de la ONU en Nueva York en este mes de diciembre),
vemos que también allí le corresponde a los Estados ribereños la
vigilancia, el control y la capacidad sancionadora.
Por tanto, no oponiéndonos al texto de la proposición que plantea el
Grupo Vasco (PNV), sí convendría añadir --y ahora hago una enmienda in
voce, si me lo permite la Presidencia-- al texto que presenta el Grupo
Vasco (PNV) lo siguiente: «precedida de un estudio de la legislación
comparada entre los Estados miembros». ¿Por qué proponemos añadir
«precedida de un estudio de la legislación comparada entre los Estados
miembros»? Porque son distintos los contenidos sancionadores que tenga
cada legislación nacional. En algunas de ellas puede estar colocada en
la Constitución, y en otras en unas normas de Derecho penal, procesal o
administrativo. Hay una gran heterogeneidad de disposiciones y,
consiguientemente, teniendo en cuenta esa necesidad de una labor
sancionadora común, ya que están comunitarizadas todas las actividades
de la política pesquera comunitaria, se trata de no meter la pata, no ir
mucho más allá, habida cuenta de que muchos países tendrán que modificar
sus legislaciones si quieren ceder esa soberanía y esa capacidad de
sanción a
la Unión Europea. De esta forma ganamos tiempo, conocemos con exactitud
y podremos evitar ese trato discriminatorio al que el Diputado del Grupo
Vasco (PNV) y los otros Diputados del Grupo Popular y del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya hacían mención en cuanto a que
determinadas infracciones son castigadas de diferente forma en un Estado
o en otro y también a que posiblemente otros países incumplen de manera
flagrante todos los reglamentos comunitarios y no se les impone ningún
tipo de sanción.
A los elementos que decía el Diputado del Grupo Vasco (PNV) habría que
añadir, si queremos buscar una pesca responsable, otros conceptos como,
por ejemplo, el concepto de comercio responsable. No se le puede exigir
a un país que cumpla exactamente y de forma escrupulosa con las
legislaciones de conservación y gestión si, al mismo tiempo, en el
mercado nacional están entrando, procedentes de países terceros, bien
sometidos a Lomé IV o al sistema de preferencias generalizadas, o de
otros países con los que tenga acuerdos suscritos la Unión Europea,
especies de tamaño inferior a las que están homologadas en la Unión
Europea o de calidades diferentes o procedentes de la captura o
extracción con determinadas artes de pesca no reglamentadas en la
Comunidad. Vincular los elementos de recursos con los elementos de
mercado es importante, como también es necesario vincular los elementos
de recursos con las capacidades de producción que están establecidas en
la política pesquera comunitaria.
En resumen, para el Grupo Socialista la idea que presenta el Grupo Vasco
(PNV) es buena, siempre y cuando se admita esa coletilla final de
«precedida de un estudio de la legislación comparada entre los Estados
miembros». También estamos de acuerdo con esas enmiendas de adición que
ha presentado sobre la publicación inmediata y urgente por parte de la
Unión Europea del Libro Azul de la pesca, esas páginas que la misma
Comisión edita, pero solamente cada seis meses, y a las que se tiene
dificultad de acceso porque no son vendidas en ningún elemento
distribuidor. También es loable la idea de que la Secretaría General de
Pesca Marítima informe y contribuya de forma ágil y eficiente al
conocimiento de la legislación vigente y no tener que andar buscando por
todos los journals officiels cuáles son las reglamentaciones que están
saliendo a la luz por parte de la Unión Europea.
Esta es la posición del Grupo Socialista que, como verá la señora
Presidenta, intenta defender la pesca responsable, el comercio
responsable, y que aquellos países que están infringiendo sean castigados
con el impacto de sus multas, incautando si es preciso las artes de
pesca, retirando la licencia al capital de pesca o quitándoles las
subvenciones que perciben, ya que hay países pesqueros comunitarios que
no hacen más que infringir todos los días la reglamentación que sus
propios gobernantes aprueban en Bruselas. Este no es el caso de España
que, junto con otros dos países, tiene la flota pesquera más cumplidora
de todos los acuerdos que se firman y todos los reglamentos que están en
vigor.
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de pasar a la votación, y puesto
que el grupo proponente se ha autoenmendado en unas enmiendas que han
sido aprobadas por todos los grupos y a las que a su vez el Grupo
Socialista ha presentado una enmienda in voce, la Presidencia desearía,
en primer lugar, que el grupo proponente manifestara si acepta esta
enmienda in voce. En segundo lugar, como la Presidencia entiende que
deberían quedar ensambladas las enmiendas del grupo proponente en el
texto que tendríamos que votar, porque si no podría quedar un poco
desorganizado después de votar las enmiendas por una parte y la
proposición no de ley por otra y quedaría un texto poco legible, yo
quería proponer al grupo proponente y a los demás --y pediría que
estuvieran muy atentos los portavoces de los distintos grupos que tienen
que dirigir luego la votación-- que el texto que se vaya a aprobar quede
redactado de la forma que les voy a sugerir a continuación, después de
la intervención del representante del Grupo Vasco (PNV), para que quedara
un texto más o menos homogéneo, de modo que, sobre la base de la
proposición no de ley, incluyera en los apartados correspondientes las
enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Vasco (PNV).
Tiene la palabra para expresar su opinión el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quiero agradecer a los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra el posicionamiento que han
manifestado respecto a la buena acogida del planteamiento que ha
efectuado el Grupo Vasco (PNV).
Respecto a la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
manifestar que a nuestro grupo le parece bien. Incluso sabemos que la
Secretaría General de Pesca tiene ya un informe. Un catedrático como es
Díez Hochleitner ha efectuado un estudio jurídico al que hemos tenido
acceso. El trabajo se encuentra realizado y hace un análisis de la
legislación y del Derecho comparado pesquero vigente en los diferentes
países miembros de la Unión Europea. Por tanto, no tenemos nada que
objetar respecto al planteamiento que realiza el Grupo Parlamentario
Socialista y lo aceptamos porque va en la línea de lo que está haciendo
el Gobierno central a través del señor Díez Hochleitner.
También quiero manifestar que entonces el párrafo primero de la
proposición no de ley original sería el punto primero de la parte
resolutiva de la proposición no de ley y las enmiendas 1 y 2 de nuestro
grupo parlamentario serían los puntos 2 y 3 correlativamente. Por último,
para que, como usted decía, hubiera una armonía y un sentido en cuanto
a lo que vayamos a aprobar en la parte expositiva de la proposición no
de ley, que por eso la hemos enmendado, introduciríamos nuestra enmienda,
que también refleja una parte expositiva, para que fuera todo un cuerpo
completo.
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver. Mantendríamos la proposición no de ley
en su texto original en los inicios, hasta el tercer considerando, porque
entendemos que antes se podrían incorporar justo en esta parte los
considerandos 1, 2 y 3 de la parte expositiva de la enmienda.
El señor COSTA COSTA: Señora Presidenta, pido la palabra para una
cuestión de orden. Lo que se aprueba no es el texto expositivo sino el
texto del acuerdo. Por tanto, todo lo demás sobra. Lo que se aprueba es
la proposición no de ley, que es la propuesta de acuerdo. Nada más. En
las proposiciones de ley sólo se aprueba el texto de la propuesta; el
texto expositivo no forma parte del acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Entonces el texto expeditivo queda como está en la
proposición no de ley.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Coincido con el portavoz del Grupo
Socialista. El acuerdo parlamentario es uno, pero eso tiene que tener un
soporte argumental. Aunque no conste en los acuerdos parlamentarios, eso
tiene que tener una justificación, porque si no estaríamos haciendo una
cosa que no tiene sentido. La propuesta original tiene una
fundamentación, pero las enmiendas también tienen que tenerla. Por tanto,
debe constar en la Cámara de alguna manera, aunque en el acuerdo
parlamentario y en la certificación que se publica por parte del
Secretario General del Congreso en los boletines no aparece la parte
expositiva, pero, a efectos del trabajo de la Cámara, tiene que haber una
correspondencia y una coherencia entre lo que se aprueba y lo que
fundamenta esa aprobación. Es a esos sólos efectos formales por lo que
pedimos que se vote también la parte expositiva.
La señora PRESIDENTA: Señor Gatzagaetxebarría, estoy completamente de
acuerdo con lo que S. S. expone, y para hacer inteligible la exposición
de motivos estábamos ensamblando sus enmiendas. Si no, hay que votar,
primero las enmiendas, y luego la proposición no de ley, pero va a ser
muy caótica la redacción posterior de los dos textos separados. Por eso,
lo que yo estaba pretendiendo era ensamblar uno en el otro, con
independencia de que lo que se vote sea la parte dispositiva del texto.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Otra vez por una cuestión de orden y para aportar
una cierta lógica y sentido común a lo que vamos a hacer, sin más
conflicto. Se puede ensamblar lo que sea, pero que se sepa que no tiene
ningún efecto, porque ese texto de la exposición de motivos que
fundamenta el acuerdo no es publicado después como tal. Lo que se vota,
lo que se acuerda y lo que se publica es sólo la parte acordada, es
decir, el texto que es un mandato a la Administración pública. La
exposición de motivos sirve para presentar la propuesta pero, a partir
de ahí, no está publicada más que en el «Diario de Sesiones» de esta
Comisión, pero no en el Boletín de las Cortes. Lo que queda publicado es
sólo la parte acordada, por tanto la parte decisoria del voto. Esto no
lo estamos inventando ahora. Lamento tener una discusión sobre este tema,
pero el Parlamento lleva funcionando muchos años y nunca se han publicado
los textos expositivos, luego no entiendo el motivo de ensamblarlo. Me
parece bien que se haga a los efectos de que todo el mundo se sienta
satisfecho, pero no tiene ningún efecto secundario.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El problema tiene una solución muy
sencilla. La proposición no de ley en su texto original se vota con la
enmienda in voce del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por este
Grupo, y las enmiendas se votan con su parte expositiva, y se publicará,
como se publican todos los acuerdos de la Cámara, la certificación del
Secretario General.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la proposición no de ley, con la
enmienda in voce del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
--EN DEFENSA DEL SECTOR CITRICOLA NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
POPULAR. (Número de expediente 161/000527.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, al segundo punto del orden
del día: proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, en
defensa del sector citrícola nacional. Tiene la palabra el señor
Hernández-Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: La proposición no de ley que
presenta el Grupo Popular, como pueden ver SS. SS., está presentada en
la Cámara y publicada con fecha 14 de junio, pero, posteriormente a esta
presentación, se ha llevado a efecto el acuerdo preferencial suscrito con
Israel. Por tanto, una parte importante de nuestra proposición no tiene
ningún valor, puesto que ya es algo consensuado y firmado. Al final de
la breve exposición que haremos de este tema, propondremos a los señores
Diputados variar la proposición no de ley para que la aprueben, si lo
creen conveniente.
Nosotros siempre hemos abogado por una negociación de la Unión Europea
en un bloque con todos los Estados, como Marruecos, Túnez, Argelia,
Egipto e Israel, pero vemos con sorpresa que cada vez que se negocia con
uno de estos países por separado es a costa, no de todos los países de
la Unión Europea, como sería deseable según nuestra opinión, sino a costa
de los productos de frutas y hortalizas españoles. Los acuerdos con
Marruecos han sido lesivos para nosotros, y este de Israel es otro paso
más en esa política
que nos están imponiendo los países industrializados del norte que, a la
postre, lo que les interesa es comprar productos mediterráneos baratos
y vender ellos excedentes alimentarios y tecnología industrial.
Decir que se han reducido los cupos de exportación de naranjas a Israel
es una manipulación de la realidad, pues Israel nunca ha exportado el
cupo de 328.000 toneladas. Por tanto, esa reducción no influye y le da
lo mismo. Lo que le interesa, y lo ha conseguido, es subir el cupo de
exportación de clementinas, de 15.900 a 31.000 toneladas, que es una
producción básica para ellos, además de la fecha de entrada, que es entre
el 1 de marzo y el 3 de septiembre. Dice el Tratado que el precio de
entrada se negociará al comienzo de cada campaña, y esto sí que es
preocupante para nuestros intereses, porque si el precio de entrada se
reduce con respecto a lo establecido por el GATT, cuando ya se ha dicho
que para la clementina el precio será inferior al de referencia, con esta
firma podría entrar en la Unión Europea cualquier cantidad por encima del
contingente establecido, simplemente con el abono del ocho por ciento de
derechos preferenciales y sin necesidad del pago de los correspondientes
equivalentes arancelarios.
Aunque Israel se comprometa a abrir contingentes con aranceles de entrada
en los límites más bajos de estas medidas, España sólo se beneficiará de
exportaciones de atún, sardina y aceite de oliva, ya que el resto del
paquete incluye productos continentales, como mantequilla, cereales,
carne, oleaginosas, semillas para siembra, frutas congeladas y café,
entre otros, lo que quiere decir que los países productores excedentarios
de estos productos venderán más, haciendo el gran negocio a costa de los
productos españoles, que son los grandes perjudicados. Con Marruecos e
Israel hemos abierto la gran puerta para que los otros países del área
mediterránea, apoyándose en estos acuerdos, exijan nuevas condiciones.
Todos estamos de acuerdo con que a estos países hay que ayudarlos, pero
lo primero que tienen que hacer estos países es producir productos
alimenticios para cubrir sus necesidades, como leche, cereales, carne,
mantequilla, etcétera, y no dedicarse a producir productos que no pueden
consumir, haciendo una competencia imposible de sostener, por cuanto que
sus salarios son infinitamente más bajos, no tienen seguridad social y,
por tanto, los costos están a cien años luz, no sólo de los países
europeos, sino de lo que se cotiza en España. Además, no estamos ayudando
a los pequeños agricultores, pues en estos países no existen; la
propiedad está en manos de grandes grupos y la mayoría de las veces la
propiedad es de las familias dominantes de los Estados correspondientes.
Si Francia, Alemania, Bélgica y Holanda quieren ayudar a estos países,
¿por qué no instalan allí sus grandes industrias para dar trabajo y
elevar el nivel de renta de los habitantes? Resulta realmente dramático
que cada acuerdo de la Unión Europea con otros países o bloques tenga que
hacerse con concesión de frutas y hortalizas, como si las ayudas a estos
países las tuvieran que soportar un millón de españoles, y no los 350
millones de la Unión Europea; un sector citrícola como el español, afecta
a 500 familias y genera unas divisas netas como ningún otro.
Termino, señora Presidenta, dejando constancia de nuestra más enérgica
protesta por cómo el Gobierno español, una vez más, ha dejado la defensa
de los intereses de este sector tan importante ante la Unión Europea.
Y paso, señora Presidenta, a hacer la sustitución de la proposición no
de ley. Vamos a retirar una parte de la proposición, pues, como he dicho
anteriormente, ya está firmado el acuerdo, y proponemos a la Comisión la
parte que se podría votar, que sería la siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que efectúe una evaluación urgente de los
efectos que los acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los
países mediterráneos y no miembros tienen en los sectores españoles
citrícolas y hortofrutícolas. Retiramos: Mientras tanto se soluciona la
suspensión..., etcétera, del resto de la proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Nos parece correcta la proposición del Grupo
Popular, habiéndose producido el acto al que se ha referido el señor
Hernández-Sito, es decir, la retirada de la parte final de su proposición
que estaba, por mor del tiempo, desfasada.
Como posición general, nos parece que una postura de enfrentamiento o de
oposición con nuestros vecinos del sur, con los que firmamos acuerdo de
todo tipo --y ahí está la Conferencia Euromediterránea, recientemente
celebrada--, una posición de principio que se oponga a la entrada de los
productos de estos países en el mercado europeo, nos parece que ayuda
bien poco al desarrollo de estos países, que debe ser también un objetivo
prioritario para nosotros y para el conjunto de la Unión.
Pero dicho esto, y si ese tipo de acuerdos y de políticas son y deben ser
comunitarios, también deben serlo los costes que eso genera; y con
excesiva frecuencia, siendo partidarios de la entrada de los productos
agrícolas de esos países en el mercado europeo general, observamos cómo
el coste de esa entrada repercute casi en exclusiva sobre nuestros
agricultores, teniendo en cuenta, además, que, en general, los nuestros
son pequeños agricultores y que, también en general, la mayoría de los
agricultores de los países del sur sólo muy periféricamente son
beneficiados, en tanto que sus poblaciones no lo son, cuando, como se ha
dicho, la mayoría de las explotaciones agrícolas en esos países están en
manos, digamos, de grandes multinacionales o de grupos económicos casi
siempre muy cercanos a los poderes políticos dominantes en esos países.
Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con que esos productos entren en
el mercado europeo, pero, siendo una política comunitaria, también tiene
que ser comunitario el coste de esas políticas a asumir por parte de toda
la Unión Europea, y no como ocurre en alguna ocasión, excesivamente
frecuente, que sean exclusivamente nuestros agricultores, es decir, sea
exclusivamente nuestro país el que tenga que afrontar los costes,
fundamentalmente económicos, que esas políticas conllevan.
Habiendo retirado el Partido Popular esa parte final de la proposición
no de ley, mi Grupo votará favorablemente lo que ha quedado vivo de la
misma.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pau.
El señor PAU I PERNAU: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos
presenta hoy una proposición no de ley que, en su parte primera, que es
la que queda viva en estos momentos, después de retirar la petición de
que se paralice la negociación del Tratado con Israel, dado que este
Tratado ya se ha firmado, pretende que el Gobierno evalúe las
consecuencias que, sobre los sectores citrícola y hortofrutícola español,
tienen los tratados preferenciales con los países mediterráneos.
A nuestro Grupo Parlamentario le parece correcta esta primera petición
y votará positivamente a la parte que queda viva de la proposición no de
ley que hoy nos ha presentado el Grupo Popular.
De todas maneras, y al hilo de esta reflexión que estamos haciendo, nos
gustaría comentar que, efectivamente, hay que tener en cuenta que
cualquier tratado, cualquier acuerdo con países soberanos implica
necesariamente la asunción de contrapartidas. Y estamos todos de acuerdo
en que estas negociaciones con los acuerdos preferenciales de los países
mediterráneos con la Unión Europea tienen para nosotros una importancia
política y económica muy importante. Se trata de países que, en general,
tienen unas condiciones de vida y socioeconómicas inferiores a las
nuestras y la política de solidaridad de la Unión Europea con estos
países debe tener en cuenta esa realidad; en ese sentido, creo que todos
nosotros debemos tener en cuenta que estos países en algunas ocasiones
solamente pueden ofrecer, como contrapartida, sus producciones agrícolas,
y que, en cierta manera, se debe facilitar su entrada en la Comunidad
para poder satisfacer sus elementales necesidades. En ese sentido,
cualquier política solidaria de la Unión Europea pasa necesariamente por
ese tipo de acuerdos.
Estamos seguros, estamos convencidos también, de que nuestro Gobierno en
la Unión Europea evalúa constantemente las repercusiones que estos
acuerdos tienen sobre los sectores agrícolas afectados por esos acuerdos;
y coincidimos también en que, efectivamente, si el acuerdo es
comunitario, debe ser la Unión Europea la que asuma los costes que estos
tratados tienen, sobre todo para ciertos sectores agrícolas de nuestro
país.
Pero sería conveniente reflexionar también sobre los efectos concretos
que sobre nuestra agricultura, sobre nuestro sector, han tenido ya los
acuerdos preferenciales y también el acuerdo preferencial que se ha
firmado últimamente con Israel. El acuerdo con Israel tiene como
componente básico el sector de los cítricos, y hay que tener en cuenta
que este sector, en las negociaciones del GATT, recientemente aprobadas,
tuvo ya una elevación del precio de entrada, de manera que cualquier
negociación que posteriormente se ha hecho con el acuerdo preferencial
permite que nuestras producciones estén mucho más protegidas de lo que
estaban con anterioridad. Hay que reseñar que el acuerdo final alcanzado
con Israel implica una entrada de 200.000 toneladas de naranjas y 21.000
toneladas de clementinas; si consideramos que la Unión Europea, con la
ampliación de los tres últimos países, estaba ya importando una cantidad
igual o superior, creo que esto no va, de ninguna manera, a perjudicar
los intereses de nuestro sector citrícola.
Si tenemos en cuenta también que el precio de entrada actual que
sustituye al anterior precio de referencia es mucho más elevado que el
anterior, creo sinceramente que nuestras producciones no van a verse de
momento perjudicadas por ese acuerdo preferencial con Israel.
Hay que tener en cuenta también que, a la hora de negociar, como se ha
hecho con Israel, la entrada de estos productos, se ha acordado la
exportación de otros productos europeos a Israel, como comentaba el señor
Hernández-Sito anteriormente, que va a facilitar parte de las
exportaciones europeas y que, en cierta manera, aunque alguna de estas
exportaciones no sean básicamente españolas, lógicamente las producciones
comunitarias son comunitarias, y cualquier salida de las producciones
europeas a mercados como el de Israel ayudan al conjunto de las
producciones de la Unión Europea.
Dicho esto, y para finalizar, quiero decir que nuestro Grupo va a seguir
apoyando la firma de tratados preferenciales con los países
mediterráneos. Entendemos que estos tratados ayudan, pueden ayudar y
deben ayudar a mejorar la situación socioeconómica de estos países, y
ayudar también en su proceso de transición democrática en aquellos que
todavía no lo son; y en ese sentido estamos de acuerdo también en que las
posibles concesiones que se hagan en producciones agrícolas y
hortofrutícolas deben verse compensadas con ayudas comunitarias ya que,
efectivamente, esos acuerdos interesan políticamente a la Unión Europea.
Y también estamos de acuerdo en que el Gobierno español y la Unión
Europea evalúen el impacto de estos acuerdos respecto a estos sectores
que hemos comentado. Estamos convencidos de que lo están haciendo. En ese
sentido, creo que el mandato parlamentario de hoy ayudará en esta
dirección.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley.
Señorías, no teniendo más puntos que tratar en el orden del día de hoy,
puesto que han quedado suspendidos los dos siguientes, se levanta la
sesión.
Era la una de la tarde.