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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 92, de 13/11/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 92
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 19
celebrada el lunes, 13 de noviembre de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Elección de Secretario Segundo de la Comisión. (Número de expediente
041/003014) (Página 1842)
Propuestas de Resolución sobre los siguientes asuntos:
--Informe de fiscalización de las cuentas del Grupo Inmovilizado
Financiero de la Sociedad Estatal Tabacalera, S. A. (Número de expediente
Congreso 251/000058 y número de expediente Senado 751/000057) (Página 1842)
--Informe de fiscalización correspondiente al Consorcio Feria Universal
Ganadera, Salamanca 1992 (años 1991 y 1992). (Número de expediente
Congreso 251/000059 y número de expediente Senado 751/000058) (Página 1848)
--Informe de fiscalización con relación a la Caja Postal, ejercicios
1989, 1990 y 1991. (Número de expediente Congreso 251/000060 y número de
expediente Senado 751/000059) (Página 1851)
Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
--ELECCION DEL SECRETARIO SEGUNDO DE LA COMISION. (Número de expediente
041/003014.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tarde, señoras y señores Diputados y
Diputadas, Senadores y Senadoras.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para las relaciones
con el Tribunal de Cuentas de acuerdo con el orden del día que todos
conocen. En primer lugar, elegiremos al Secretario Segundo de la
Comisión. Vamos a proceder al llamamiento para que efectúen la votación.
Conforme a los acuerdos globales alcanzados entre los diferentes grupos
parlamentarios, esta segunda secretaría le corresponde al Grupo de
Izquierda Unida. El único representante de Izquierda Unida que pertenece
a la Comisión es don José Luis Centella Gómez.
Por el señor letrado se procede al nombramiento de los señores miembros
de la Comisión, que van depositando sus papeletas en la urna instalada
al efecto. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio.
Realizado el escrutinio, dijo.
El señor PRESIDENTE: Los votos emitidos han sido 24, de los que 23 han
sido para don José Luis Centella y uno en blanco.
Por tanto, don José Luis Centella queda proclamado Secretario Segundo.
Si no va a intervenir en el primer debate del orden del día, puede ocupar
su puesto en la Mesa cuando quiera.
--PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: INFORME DE
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS DEL GRUPO INMOVILIZADO FINANCIERO DE LA
SOCIEDAD ESTATAL TABACALERA, S. A. (Número de expediente Congreso
251/000058 y número de expediente Senado 751/000057.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al examen, debate y votación
de las propuestas de resolución sobre el informe relativo a la
fiscalización de las cuentas del grupo inmovilizado financiero de la
Sociedad Estatal Tabacalera, Sociedad Anónima. De acuerdo con el orden
de presentación, en primer lugar figuran las del Grupo de Coalición
Canaria, para cuya defensa tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTIN MENIS: No quiero cansar a los Diputados con un problema
específico, con el tratamiento de una parte de la auditoría del Tribunal
de Cuentas. Por eso, en vez de entrar en el detalle a lo largo de todo
el informe para justificar cada una de las propuestas, voy, antes de
nada, a dar una idea, de forma que los Diputados puedan situarse en la
problemática que nos tiene muy preocupados.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, están presentes Diputados y Senadores,
es decir, parlamentarios.
El señor MARTIN MENIS: Perdón. Me refería a Diputados y Senadores. Muchas
gracias.
La auditoría demuestra que una reestructuración del sector tabaquero se
convirtió en una liquidación de dos de las tres empresas que se
fusionaban, precisamente las dos empresas públicas que aportaba
Tabacalera, S. A., a la empresa resultante de la fusión de tres plantas
de cigarrillos. el objetivo de la nueva sociedad, integrada por la fusión
de esas tres sociedades según dice la propia auditoría, era dedicarse
fundamentalmente a la producción de cigarrillos negros y cigarros. Pero
cuando se termina de ver la auditoría se comprueba que se ha dedicado a
inversiones hoteleras que la propia auditoría cuestiona diciendo --y voy
a leer el párrafo completo--: pueden considerarse como justificadas las
inversiones y operaciones vinculadas al logro de una mayor eficiencia
económica en la sociedad CITA Tabacos de Canarias, S. A., tales como la
reestructuración industrial y de plantilla, aunque hasta el momento hayan
resultado de nula rentabilidad, puesto que las mismas entran dentro del
ámbito de la economía de mercado en que debe moverse Tabacalera, S. A.
Puede, en cambio, cuestionarse la justificación de las inversiones en el
proyecto turístico hotelero, influidas por consideraciones de tipo
político-social, tal como expresamente se refleja en la documentación
relativa a las mismas, que han supuesto para Tabacalera, S. A.,
comprometer un importante volumen de recursos, además de endeudar de
forma adicional a la propia CITA Tabacos de Canarias, S. A., debilitando
su posición financiera.
En el mismo sentido se expresa el Tribunal de Cuentas sobre toda una
serie de operaciones financieras en que los activos pasan de una empresa
a otra cambiando de valor, en que se dedican 5.000 millones para
reestructurar plantillas y de esos 5.000 millones hay 1.600 que se pagan
a cuenta, para que después se justifique en qué se emplearon y, según la
propia auditoría, nunca se llegaron a justificar.
Hay que decir que la industria canaria tenía 10.000 puestos de trabajo,
de los que quedan 2.500: que la producción ha disminuido más del 50 por
ciento en los últimos años, mientras que en el resto de las empresas de
Tabacalera va disminuyendo al ritmo de un uno por ciento anual, y que
hemos llegado al momento en que se inicia otra operación muy similar a
la expresada en esta auditoría. Por los datos que hay hoy, por la enorme
polémica planteada en Canarias, por los métodos que se están utilizando
para reconvertir las plantillas y liquidarlas, nos tememos que vamos a
asistir a otra operación como la que se planteó en los años noventa, y
cuando leemos la auditoría,
aunque se diga que no hay grandes problemas planteados en el informe
final, la realidad es que supone un incumplimiento muy significativo.
Pondré un ejemplo. ¿Es o no es un incumplimiento significativo el hecho
de que Tabacalera revalorizara en 1.356 millones de pesetas el valor de
su participación en CITA cuando ese desembolso fue destinado, en virtud
del contrato de asociación de cuentas de participación, al pago de bajas
incentivadas? El informe indica claramente que esa cantidad, lejos de
computarse como un incremento patrimonial de Tabacalera, debía de haberse
restado como pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias de 1991; por
tanto, su efecto en la contabilidad de Tabacalera debe ser doble, de
2.712 millones, que no se restó de sus beneficios sino que se sumó a sus
activos.
Señorías, si vamos desgranando toda la auditoría, nos vamos encontrando
con una serie de operaciones que al final no somos capaces de llegar a
todos sus detalles pero que demuestran claramente cómo 16.000 millones
de recursos destinados a la consolidación de unas industrias, lo único
que han significado es la pérdida de casi la totalidad de los puestos de
trabajo, exactamente 750.
Por ello, sin entrar en más detalle, puesto que si no tendría que
efectuar una intervención de una hora para ir explicando punto por punto
todas las incongruencias que hemos encontrado, voy a repasar de forma
breve las 10 propuestas de resolución que presentamos, que lo que
pretenden es buscar una información que no hemos conseguido obtener por
otros medios. Creemos que con la aprobación de estas propuestas de
resolución en esta Comisión quizá podamos obtener respuesta sobre
determinadas operaciones de esa reconversión que en su día se produjo y
que se sigue produciendo actualmente con otras dos empresas de forma
similar.
La propuesta número 1 pretende que se informe sobre el cumplimiento o no
del acuerdo suscrito con CITA en 1989, que se refleja en la auditoría,
y por el que se suscribió una opción de compra por una peseta de un cinco
por ciento de las acciones de Tabacalera en «CITA Tabacos de Canarias».
Queremos conocer quién tiene la mayoría actualmente y si se hizo efectivo
ese acuerdo el 31 de mayo de 1995.
La propuesta número 2 pretende conocer la cuantía de los beneficios
fiscales otorgados por la Orden de 12 de diciembre de 1990 a la creación
de la empresa «CITA Tabacos de Canarias» y el volumen de ayudas en
concepto de incentivos regionales otorgados a esta sociedad y a sus
filiales para conocer, además de los 15.700 millones que dice la
auditoría, qué otros recursos de la Administración o del sector público
fueron dedicados a ello, así como también cuál ha sido el resultado de
esos recursos.
La propuesta número 3 va directamente dirigida a conocer cuestiones que
se plantean en la auditoría y a las que no se les da solución. La
primera, el coste de la reestructuración de las plantillas, con el
listado de los trabajadores afectados e indemnizaciones que percibieron;
la segunda, el coste de las obligaciones con el personal pasivo, con el
listado del personal que pasó a esa situación (el primero, según la
auditoría, es de 4.513 millones y el segundo es de 858 millones de
pesetas); la tercera, el coste de la reestructuración industrial, y la
cuarta, el coste para cada una de las partes de los resultados negativos
de explotación registrados durante el período, porque no entendemos cómo
las participaciones son del 50 por ciento y, en cambio, las pérdidas y
beneficios tienen un reparto diferente.
La propuesta número 4 pretende conocer si al día de hoy se ha justificado
la realización de las 148 bajas incentivadas por las que Tabacalera abonó
1.016 millones de pesetas en 1993 a cuenta a «CITA Tabacos de Canarias»,
sin que en ese año se hubiera acreditado la efectiva realización de esas
bajas, tal como dice la auditoría.
La propuesta número 5 solicita información sobre si se va a proceder al
ajuste del balance patrimonial de las participaciones en Tabacalera en
su grupo de empresas, de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de
Cuentas contenidas en el apartado 6.3.2 de su informe de referencia.
La propuesta número 6 pretende conocer si se comparte o no el criterio
del Tribunal de Cuentas sobre la liquidación del préstamo concedido a
«Inversiones Hoteleras Playa del Duque», al considerar que se valoraron
de forma excesivamente optimista el valor de los inmuebles devueltos a
Tabacalera por «CITA Tabacos de Canarias» en pago de dicho préstamo y
sobre las medidas que, en su caso, se van a adoptar al respecto. Ahí
aparece una valoración de 2.500 millones de pesetas de unos inmovilizados
como consecuencia de que cuando van de la empresa A a la B, se ceden en
2.500 millones, y cuando vuelven de la B a la A, son 5.000 millones de
pesetas. Puede ser por cuestiones de mercado, pero el propio Tribunal de
Cuentas reconoce que es muy difícil que se hayan podido producir
plusvalías en tan corto tiempo por 2.500 millones de pesetas.
La propuesta número 7 pretende que se informe sobre las medidas que se
piensa adoptar para garantizar la estabilidad financiera de Tabacalera
y de su filial «CITA Tabacos de Canarias», a la vista de las
incertidumbres que se describen en el apartado 6.3.3 del propio informe
de referencia.
La propuesta número 8 va encaminada a buscar alguna fórmula de control
por parte del Ministerio de Economía y Hacienda de esos fondos que se
dedican a reestructuración, que según reconocía la propia Presidenta del
Tribunal de Cuentas aquí hace unos días podría deberse a una devaluación
del valor de las acciones en la última transferencia, ya que se
transfirió un paquete de activos valorado en 2.500 millones de pesetas
y en la transmisión se valoró a una peseta. Es indudable que lo que puede
haber ahí es una devaluación de los activos al vender la participación
de Philips Morris para que, con esa devaluación, se produzca una
reducción de personal, pero si realmente se han cedido 2.500 millones por
ese camino, ya que Tabacalera, que tenía el derecho de suscripción
preferente, no lo ejerció, nos gustaría que hubiese un control para que
esos 2.500 millones de pesetas se empleen realmente en industrias
alternativas o en reducción de personal, pero con una transparencia que
permita que se pueda hacer de acuerdo con los sindicatos y con la
sociedad canaria, y no por procedimientos como los empleados
anteriormente, que
nunca se ha podido conocer hasta dónde han llegado, pero que
indudablemente han sido fuente de enormes conflictos en CITA y de
querellas criminales entre los sindicatos y la empresa en Canarias.
La propuesta número 9 lo que pretende es ampliar el contenido del informe
a los años 1994 y 1995, a la vista de que durante estos ejercicios
Tabacalera y CITA --otra vez las mismas empresas-- han proseguido en sus
actividades de reconversión de la industria tabaquera canaria mediante
cambios accionariales significativos en la antigua Philips Morris España
(ahora Tacisa), que han suscitado importantes controversias y demandas
judiciales que, como decía anteriormente, han sido admitidas a trámite.
Nos parece que se debe hacer una auditoría de las cuentas de esta nueva
reestructuración del sector.
La propuesta número 10 va destinada a cumplir un acuerdo que se tomó en
el Pleno del Congreso de los Diputados recomendando a Tabacalera que
mantuviera las producciones. Lo que nosotros pretendemos con esta
propuesta es que la evolución de las producciones de esa nueva planta de
CITA y Tacisa en Canarias respondan a la evolución del mercado. Si en
este momento el mercado está bajando el 1 por ciento, que bajen las
producciones un 1 por ciento, porque las producciones en estos primeros
meses del año han bajado más del 20 por ciento; por tanto, muy por encima
de la media del mercado. Parece que la reestructuración no es por falta
de mercado, sino que es una reestructuración que desvía producciones de
unas industrias a otras y que vuelve a recaer, como digo, en la industria
tabaquera canaria.
Es algo que preocupa a toda la sociedad. Todos los partidos políticos en
Canarias están de acuerdo en que tal como se están realizando las
actividades de Tabacalera en Canarias no se va a llegar a soluciones
adecuadas; que la situación es auténticamente conflictiva; que se va a
perder otra vez una empresa y que se va a perder alentada desde una
empresa de capital público que en este momento, en la propia memoria de
Tabacalera se reconoce, tiene el 75 por ciento de las acciones de Tacisa,
cosa que prácticamente no se ha reconocido nunca ni por el propio
Presidente de Tabacalera en comparecencias que se han hecho en esta
Cámara, aunque sí se recoge en la memoria de Tabacalera. Por tanto,
creemos que, por supuesto, Tabacalera tiene que ser una sociedad anónima;
como tal, tiene que buscar el beneficio, pero lo que no puede pasar,
desde nuestro punto de vista, es que aprovechándose de esa situación de
las ayudas recibidas de la Administración, se consigan los objetivos
totalmente opuestos para los que se crea la sociedad.
Por ello, pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios a estas
propuestas de resolución que estamos dispuestos, por supuesto, a
modificar, si fuera necesario, en algún punto, para intentar obtener el
acuerdo de todos los Senadores y Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para la defensa de su
propuesta y fijar criterios con respecto a la defendida por el señor
Martín, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: En principio, señor Presidente, no sé si
intervenir también, en la medida en que la conozco, en relación a la
propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se da por conocida la propuesta. He
dado la palabra por el orden de presentación, pero puede fijar su
criterio con respecto a la presentada por el Grupo Popular.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, quiero hacer una referencia en relación a que el Grupo
Socialista ya fijó su posición en la anterior sesión sobre lo que era el
informe presentado por el Tribunal de Cuentas y fue una opinión clara y
crítica de los aspectos que se consideraban, de alguna manera, más
negativos de los que se recogían en ese informe. En cualquier caso, sobre
la propuesta que presenta mi Grupo, destacaría, por un lado, que los
informes del Tribunal de Cuentas --y quiero hacer referencia con ello,
contestando, en parte también a las propuestas del Grupo de Coalición
Canaria-- suelen tener dos partes, una de conclusiones y, otra, de
recomendaciones. Quiero indicar que en este informe no aparece ninguna
propuesta de recomendaciones, sino que, simplemente, el Tribunal de
Cuentas refleja una síntesis de conclusiones. Mi Grupo lo que hace es
aceptar en sus propios términos las conclusiones que presenta en el
informe de fiscalización el Tribunal de Cuentas.
Quiero destacar que Tabacalera es una sociedad anónima y lo planteo en
todo caso para intentar clarificar algún punto de estos debates que
estamos produciendo en estos momentos. Creo que es importante que se
tenga en cuenta que nos encontramos ante una sociedad anónima, aunque la
titularidad de la misma o una parte importante corresponda a un
accionariado del que es titular Patrimonio del Estado, y que la
valoración que se hace por parte del Tribunal de Cuentas en lo que se
refiere a la gestión y eficiencia económica del grupo de Tabacalera es
positiva. Simplemente quiero señalar esto, al margen de que es evidente
que el propio informe del Tribunal considera otros aspectos críticos que
ya fueron reflejados claramente por el portavoz del Grupo Socialista en
la sesión anterior.
Quería decir, respecto a las propuestas que presenta Coalición Canaria,
que muchas de ellas no sé si tienen nada que ver con el informe del
Tribunal de Cuentas. Creo que tienen que ver con un debate, quizá no el
más adecuado para propuestas de resolución en esta Comisión, sino,
posiblemente, para propuestas de resolución, algunas de las cuales ya han
sido aprobadas, en el propio Pleno de esta Cámara. Yo diría más, en
cuanto a las propuestas de resolución y el debate que se puede producir
--que me parece, en todo caso, positivo-- sobre aspectos que se refieren
a la reconversión tabaquera, concretamente en Canarias, con toda su
problemática y todas las cuestiones que plantea y suscita, quizás --es
mi opinión y mi reflexión para proponérselo al portavoz de Coalición
Canaria-- lo más adecuado sería que se efectuara en otra Comisión,
incluso en el propio Pleno de la Cámara. ¿Por qué lo digo? Porque la
mayor parte de las propuestas que hacen, cuya
valoración no tengo por qué decir que me parezca negativa, sino que,
incluso, me puede parecer positiva, se refieren a información que se pide
al Gobierno sobre aspectos específicos de la política que se ha seguido
al respecto por parte de la empresa o de la política general sobre el
tema concreto que nos ocupa en este momento. En ese sentido, le pediría
que todas esas preguntas se planteasen al Gobierno, bien por escrito,
bien en el Pleno de la Cámara, bien en otras comisiones, porque, si no,
creo que introduciríamos unos precedentes, no porque estemos en
desacuerdo con el fondo del problema, sino que se generaría el precedente
de que esta Comisión podría ser algo que sirviera para casi todo. Creo
que ése no es el objetivo fundamental de esta Comisión, que es de
relaciones con el Tribunal de Cuentas, que es un instrumento técnico al
servicio de esta Cámara para facilitar la información, y por su
complejidad o por las características específicas concretas, parece más
adecuado, dentro de nuestra legalidad vigente, que el Tribunal de Cuentas
nos informe.
Sólo en este sentido le plantearía al portavoz de Coalición Canaria que
reconsiderara algunas de las cuestiones. Quiero indicarle, sólo de
pasada, que algunas de las propuestas que hace son prácticamente
imposibles. Ni siquiera el Gobierno puede facilitar la relación de las
personas que han sido indemnizadas o despedidas por una empresa. Habrá
que pedir la autorización a los afectados, incluida la empresa. Veo que
alguna persona duda, yo no tengo ninguna duda al respecto; cuando se
habla de indemnizaciones de personas específicas, de trabajadores, hay
que preguntarles si están dispuestos a que se vean reflejados
concretamente en listados con nombres y apellidos, que es lo que se pide
en alguna de las propuestas. No estoy haciendo ninguna consideración al
respecto, porque, por supuesto, serán conocidos, sin duda, por los
sindicatos y por los sectores que están implicados en los planteamientos,
en los acuerdos o en las decisiones que se toman al respecto. Hay otras
propuestas que son de difícil discusión. En todo caso, le digo que no es
el problema de fondo lo que nos preocupa, sino el precedente que
significaría respecto a otro tipo de empresas.
En relación a la propuesta que presenta el Grupo Popular --no sólo lo
plantearemos en estas propuestas de resolución respecto a Tabacalera sino
quizás en otro de los temas que hoy se presentan-- le pediría al portavoz
de dicho Grupo que reconsiderara su propuesta de resolución, sobre todo,
la parte que menos positiva me parece, que es la del segundo párrafo; es
decir, el fiscal forma parte del Tribunal de Cuentas, todos los
procedimientos jurisdiccionales actúan al margen del funcionamiento de
esta propia Cámara, sin perjuicio, sin duda, de que cualquier particular,
cualquier ciudadano o cualquier entidad pueda presentar las denuncias
correspondientes jurisdiccionalmente al Tribunal de Cuentas, pero ni
siquiera esta Cámara tiene capacidad para paralizar ningún procedimiento
de esas características, ni tengo claro que esta Cámara, como
consecuencia de estos informes que estamos conociendo en estos momentos,
sea la que inste, de alguna manera, la denuncia, por lo siguiente. El
fiscal que forma parte del Tribunal de Cuentas conoce forzosa y
obligatoriamente el informe del Tribunal de Cuentas, a la fuerza, no hay
otra posibilidad. Es más, si existiera una posibilidad de actuación
delictiva como consecuencia de esos informes, la obligación del fiscal,
al margen de lo que le diga esta Comisión, es actual automáticamente y
trasladar el tanto de culpa correspondiente a la jurisdicción penal, si
es que estimara que existe ese tipo de problema, o comenzar las
actuaciones correspondientes para que se inicien los procedimientos de
jurisdicción contable o por alcance que estima la propia ley que regula
el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
En ese sentido, cuando se hace referencia a que se trasladen al fiscal
tales hechos, me parece que no es adecuado. En este caso, simplemente le
quiero recordar al portavoz del Grupo Popular que no ha habido ninguna
ocultación en ningún dato; en los datos que a mí me constan del Tribunal
de Cuentas también se facilitó la información de las empresas que se
citan. Así se me refiere. En todo caso, ni siquiera en el informe del
Tribunal de Cuentas se deduce semejante afirmación. En cualquier caso,
lo que le quiero indicar es que, además, el fiscal ha tenido conocimiento
de todo el informe de la fiscalización, como consecuencia de que forma
parte legalmente del propio Tribunal de Cuentas. Lo digo respecto a la
consideración de esa parte concreta de la propuesta que presenta el Grupo
Popular. Volver a insistir sobre los ejercicios económicos fiscalizados,
sobre ampliar --ya sé que se dice ampliar-- las auditorías es insistir
en el planteamiento de siempre. Es evidente que en muchas ocasiones lo
hacemos. En cualquier caso, con el informe que se presenta por el
Tribunal de Cuentas y las conclusiones que plantea, trastocar lo que es
el plan que el Tribunal de Cuentas articula en su orden de trabajo para
cada ejercicio no me parece lo más conveniente, una vez que ya se ha
conocido un informe del Tribunal de Cuentas, que tiene unas conclusiones
y, sin ninguna duda, una base en la cual se fundamentan esas
conclusiones. En ese sentido, la propuesta de mi Grupo es contraria a los
planteamientos que hace el Grupo Popular, y con respecto a los de
Coalición Canaria no estamos en contra, pero formalmente no nos parece
adecuado que se pida la información que se solicita, cuando no
necesariamente tiene que ver con lo que es el informe específico del
Tribunal de Cuentas, no porque estemos en contra del fondo, que podemos
estar perfectamente de acuerdo, aunque en algunos casos tenemos ciertas
dudas, pero en cualquier caso nos encantaría que este debate se pudiera
llevar a cabo --además me consta que se van a tomar iniciativas al
respecto-- cualquier Comisión, como si se quiere en el Pleno de la
Cámara, sin ningún tipo de problemas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular intervendrá el señor Jordano
en defensa de su propuesta.
El señor JORDANO SALINAS: Como un antecedente previo y breve habría que
decir que lo que nos ha remitido el Tribunal de Cuentas no es una
auditoría de Tabacalera o del grupo de Tabacalera, sino un análisis de
una de las partidas del balance de Tabacalera, que es el inmovilizado
financiero.
Cuando redactamos la propuesta nos basamos en que, del análisis de esa
partida exclusiva del balance, que es el inmovilizado financiero, se
extrae una serie de consecuencias. Se extraen consecuencias en cuanto a
una serie de acciones dudosas, cuando se trata de actividades atípicas
a Tabacalera: todas las acciones relacionadas con la compraventa de
Elosúa, que no constituyen el entramado principal de la actividad de
Tabacalera, y una serie de actuaciones en relación con una compra, venta,
recompra, hipoteca y otra serie de operaciones jurídicas complementarias
respecto a un hotel ya construido en las Islas Canarias. Y, al mismo
tiempo, hemos observado una carencia en el listado emitido por Tabacalera
al Tribunal de Cuentas sobre las sociedades que constituían su
inmovilizado financiero. En este listado que Tabacalera remite al
Tribunal de Cuentas sobre las sociedades que constituyen su inmovilizado
financiero no aparecen dos sociedades: Intaba Corporation y Fortuna World
Corporation. Estas dos sociedades sí aparecen en respuestas que el
Ministerio de Hacienda ha dado a Diputados de esta Cámara y que están
publicadas en el Boletín de la Cámara. Aparecen constituidas por
Tabacalera en los mismos años a los que se refiere el listado de
inmovilizado financiero remitido por Tabacalera al Tribunal. A nuestro
modo de ver, se ha producido --y se deduce del informe del inmovilizado
financiero-- una serie de movimientos de capitales hacia el exterior, y
no parece claro el retorno de esos capitales y de los rendimientos
producidos por los mismos, ni incluso si ese tipo de inversiones y esas
decisiones empresariales --en el tema de las inversiones en el exterior
no estamos hablando de decisiones políticas, como en otro tipo de
materias-- están o no ajustadas a la realidad. Por ello, pensamos que lo
que nos revela el informe del Tribunal es que hay que hacer un trabajo
más profundo. No se trata, pues, de volver a encargar al Tribunal que
haga algo que ya ha hecho, sino de encargar al Tribunal que realice algo
nuevo, que no se limite a una sola partida del balance, sino que analice
su totalidad y la cuenta de resultados de los tres ejercicios a que nos
referimos.
Evidentemente, en el informe del Tribunal no hay recomendaciones
concretas, pero del contenido del resto de los informes del Tribunal,
esta Comisión puede extraer determinadas consecuencias y no limitarse
exclusivamente a la senda estricta marcada por el Tribunal, sobre todo
cuando estamos ante una auditoría con un informe parcial, no global, de
todas las cuentas de Tabacalera. Es verdad que en el informe se habla de
la eficacia de gestión financiera respecto a las cuentas del grupo, pero
se habla de la media. Es evidente que si una serie de operaciones
financieras que ha hecho Tabacalera hubieran estado mejor efectuadas y
hubieran sido más rentables, la eficacia del grupo en la gestión del
dinero público sería mucho mayor. Por tanto, es conveniente investigar
si efectivamente ha habido una eficacia global en las gestiones de
Tabacalera.
Obsérvese que nuestra propuesta se refiere, sobre todo, a las operaciones
extrañas al objeto social de Tabacalera, así como al movimiento de
capitales hacia el exterior y a los retornos de las inversiones
realizadas y de los rendimientos obtenidos. Se refiere también a la
cuenta de gastos de representación y de desplazamiento de los directivos,
puesto que, en una respuesta del Gobierno a una pregunta de un Diputado
de nuestro Grupo, se habla de un volumen de gastos en una serie de
viajes, que, a nuestro modo de ver, resultaba excesivo. Puede ser que la
explicación interna de cada uno de esos gastos demuestre que no es
excesivo el gasto de más de diez millones de pesetas en desplazar a un
total de catorce personas para una estancia en las Bahamas, pero,
evidentemente, se puede poner de manifiesto si es o no excesivo o
adecuado en un análisis más profundo de una auditoría; una auditoría que,
no olvidemos, el Tribunal de Cuentas viene haciendo desde hace tiempo,
no sólo observando aspectos contables, sino también, y cada vez con más
profundidad, aspectos de gestión. Este es el sentido de las propuestas.
En relación con el segundo párrafo de nuestra propuesta de resolución,
que le llama la atención al portavoz del Grupo Socialista, tengo que
decir que el fiscal del Tribunal de Cuentas no sabe, porque Tabacalera
no se lo ha puesto de manifiesto, que estas dos sociedades están en el
inmovilizado financiero de Tabacalera; no están recogidas en el listado
que Tabacalera facilita, y, por tanto, el fiscal no lo sabe. Nosotros,
lo que le planteamos al fiscal es si considera que es o no adecuado que
una sociedad pública no remita un listado completo de las sociedades en
que participa. El fiscal analizará este extremo y dirá si extrae o no
responsabilidades. No nos metemos en el terreno del fiscal, no le
llamamos la atención al fiscal sobre algo que no haya visto, porque es
algo que no consta. Por otra parte, quiero recordar al portavoz del Grupo
Socialista que la Presidenta del Tribunal ya conocía la sociedad Fortuna
World de otras operaciones y no sabía que estaba relacionada con
Tabacalera. Le llamó la atención precisamente que observáramos que
también Fortuna World estaba relacionada con operaciones de Tabacalera.
Por ello, entendemos que la propuesta es sensata, que se adapta a lo que
el informe del Tribunal pone de manifiesto y no vemos ningún obstáculo
para no aprobarla, salvo que se tema que en estos años los gestores de
Tabacalera hayan ocultado determinadas cosas y no se quiera que se
conozcan. Realmente, no creemos que represente una excesiva llamada de
atención pedir esta auditoría, pues estamos hablando de dinero público,
de dinero público rentable y productivo. Por tanto, tenemos que procurar
que las sociedades estatales que manejan una actividad en plano de
monopolio con dinero público obtengan la máxima rentabilidad de su
gestión y, por supuesto, apliquen el criterio de un gasto lo más reducido
posible; no manejar alegremente el dinero público, como se deduce o puede
deducirse de algunos de los apartados que analiza el Tribunal.
Finalmente, un solo comentario. No creemos que sea ninguna irrupción en
el ámbito de la privacidad el solicitar el listado de personas que han
percibido fondos públicos de una empresa estatal, como hace el Grupo de
Coalición Canaria. Respecto a sus propuestas, diremos que todas nos
parecen adecuadas en el fondo, menos la número 10, sobre la que pediremos
votación separada, ya que se refiere al volumen de producción de tabaco
y excede con mucho de las competencias de una Comisión de Relaciones con
el
Tribunal de Cuentas. Probablemente sería más adecuado tratarlo en una
Comisión como la de Agricultura. Por ello, sobre esta propuesta de
Coalición Canaria pediremos votación separada, por entender que no cuadra
mucho esta petición. Evidentemente, no tenemos datos para saber si se
puede mantener el volumen de producción o no o el sistema de producción
del tabaco en Canarias. Por tanto, entendemos que no cuadra mucho esta
propuesta, dentro de lo que son las competencias de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, puede intervenir brevemente, por
tiempo no superior a cinco minutos.
El señor MARTIN MENIS: Brevemente, señor Presidente.
Quiero decir que todas las propuestas son consecuencia de
puntualizaciones del informe de fiscalización de las cuentas del grupo
inmovilizado financiero de la sociedad estatal Tabacalera, excepto la
última, por lo que la voy a retirar, la número 10, que es indudablemente
una expresión de voluntad para un problema gravísimo, político e
industrial y de empleo, en Canarias, que plantearemos en otro ámbito.
También estaría dispuesto a considerar algunas de las sugerencias
planteadas por el portavoz del Partido Socialista si aceptase una
transacción en la que, en vez de pedir el listado, pidiéramos al Tribunal
de Cuentas que inspeccionara las listas con las indemnizaciones y
comprobara si responden a la realidad. Tengamos en cuenta que la propia
auditoría de cuentas habla de 5.000 millones de pesetas trasvasados de
Tabacalera a esa empresa para liquidaciones del personal. Es mucho dinero
y en el propio informe --y voy a leerlo textualmente-- dice: «Existía
pues una diferencia de 148 bajas incentivadas no justificada. De hecho,
Tabacalera, S. A., rechazó la liquidación del contrato de asociación de
cuentas en participación correspondiente al último trimestre de 1992
presentada por Cita, Tabacos de Canarias, S. A., en la que se incluían
bajas producidas en ese trimestre por importe de 528 millones de pesetas,
por considerar ese cargo como improcedente, y retuvo el importe de 1.016
millones a que ascendía aquella liquidación hasta el 30 de abril de 1993,
fecha en que abonó esta suma, aunque de modo provisional y a cuenta de
la liquidación definitiva, según se hizo constar en el acta del Consejo
de Administración de Tabacalera, S. A., de fecha 25 de mayo de 1993. Sin
embargo, este pago quedó de hecho aceptado como definitivo por
Tabacalera.» Esto se hizo sin comprobante alguno, por lo que nos parece
que es bueno comprobarlo; o nos dan la lista o que lo compruebe el
Tribunal de Cuentas, pero nosotros tenemos que mantener nuestra propuesta
si no hubiera una modificación de este tipo.
Creo que esta Cámara --incluidos nosotros-- ha hecho manifestaciones de
buena voluntad, pero también les puedo decir a los señores Diputados y
Senadores que en las preguntas por escrito y en las peticiones de
comparecencia no hemos obtenido los datos suficientes para poder estudiar
el proceso de reconversión que se ha hecho. En el informe hemos obtenido
respuestas a muchas de las cuestiones, pero, indudablemente, no se
profundiza de forma suficiente. Por eso nosotros apoyaremos un trabajo
más en profundidad y mantendremos nuestras enmiendas, a no ser que se
hiciera alguna salvedad de ese tipo, y apoyaremos la propuesta del
Partido Popular, porque nos parece que una auditoría en más profundidad
nos podría clarificar algunas de las cuestiones, e igual está de acuerdo
con lo que dice el propio informe del Tribunal, al final, cuando señalaba
que no se han observado incumplimientos significativos de la legalidad
vigente en la ejecución de las operaciones relacionadas con las cuentas
objeto de la fiscalización. Sin embargo, eso, que son las conclusiones,
no es coherente con lo que leemos anteriormente si no hay un informe de
mayor profundidad que nos dé luz y nos diga por qué no hay ese
incumplimiento significativo.
Por consiguiente, mantenemos nuestras propuestas, excepto la 10, que
retiramos, y estaríamos dispuestos a transar en la que se indica que se
pidan las listas de todas aquellas personas que fueron afectadas por la
reestructuración, y apoyaremos la propuesta del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muy brevemente, señor Presidente, simplemente para
clarificar al portavoz del Grupo Popular --quizás él no ha tenido
suficiente acceso al respecto, pero yo sí-- que el Tribunal ha tenido
acceso a la documentación de Fortuna World Corporation a través del
examen de Brans Corporation, que está incluida en la lista del anexo de
informe del Tribunal de Cuentas, y los datos que me constan es que sí ha
tenido acceso, porque en el informe del propio Tribunal de Cuentas se
especifica que a través de esa empresa está Fortuna World porque era
filial de esa entidad a la que me estoy refiriendo.
En cuanto a Intaba Corporation se constituyó, pero no fue operativa, no
se llegó a desembolsar capital y está disuelta. Se lo digo únicamente a
efectos de su conocimiento, pero, si lo sabía, todavía entiendo menos la
propuesta que hace relativa al fiscal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Sólo una precisión, señor Presidente. En
Consejo de Ministros se acuerda la constitución de Intaba Corporation y
se libran 100 millones de dólares para la misma. Esos 100 millones de
dólares justifican un traslado de directivos de Tabacalera a Bahamas para
constituir esa sociedad, y aunque luego no haya sido operativa hasta el
momento de su disolución, nos gustaría saber dónde han estado y por qué
camino han transitado esos 100 millones de dólares librados por el
Ministerio de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea intervenir para fijar criterios?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Brevemente, señor Presidente, para fijar
posición respecto a las propuestas de resolución presentadas a este
informe de Tabacalera, S. A.
En principio, con respecto a las propuestas de Coalición Canaria --y se
lo comentaba a su portavoz momentos antes de iniciar la sesión--,
entiendo que la mayoría de estas propuestas se debían intentar canalizar
a través de otras iniciativas parlamentarias: preguntas, interpelaciones
urgentes, comparecencias, etcétera. El mismo portavoz de Coalición
Canaria manifestaba que ya había iniciado estas vías y que no había
obtenido --me pareció entender-- la respuesta adecuada a sus preguntas.
Yo le diría que razón de más, ya que es inadmisible que a una iniciativa
parlamentaria no se le dé la respuesta adecuada. A mi entender, sin
intentar forzar, en absoluto, la posición del Grupo proponente, creo que
sería mucho más oportuno acogerse a cualquiera de los caminos
parlamentarios que existen antes de interferir en el funcionamiento de
lo que es esta Comisión del Tribunal de Cuentas, que creo queda al margen
de la mayoría de los informes que pide el Grupo de Coalición Canaria.
Me parece muy bien que se retire la propuesta número 10 y en esta línea
de análisis hemos tomado con todo interés las propuestas de resolución
números 8 y 9. Entendemos que, más que pedir información, que es lo que
debería quedar al margen, en una de ellas se dice que el Ministerio de
Economía y Hacienda debe introducir de forma inmediata mecanismos nuevos
y más eficientes de control, y a mí me parece correcto que se canalice
a través del propio Ministerio para que controle más de lo que ha venido
haciendo hasta ahora. Asimismo, estamos de acuerdo con la número 9, en
la que se pide una ampliación de informes a los años 1994-1995, que es
como decir que continuemos con los informes de fiscalización que ha
habido hasta 1993 ampliándolos al 94-95. Bien es cierto que, como decía
el señor Gimeno, el ser una sociedad anónima quizá complique un poco el
planteamiento. No obstante, la participación estatal es muy importante,
por lo que pediré votación separada de las propuestas 8 y 9, por entender
que sí recaen plenamente, como propuestas de resolución sobre el informe
del Tribunal de Cuentas.
En cuanto al Partido Popular, le señalaré que en el primer párrafo de su
propuesta hay cuestiones en las cuales discrepo. Ustedes hablan de que
se realice una auditoría completa, como viniendo a decir que no ha sido
completa la realizada hasta ahora. Entiendo que se debería hablar de una
auditoría más amplia en el sentido de incorporar conceptos que en el
informe de fiscalización que ahora se está debatiendo no se contemplaban
por estar acotado en otros conceptos. Por tanto, entiendo que se refiere
a nuevos conceptos, estaría de acuerdo en este primer párrafo, pero no
en el último, en que realmente nuestro voto no sería favorable a lo que
hace referencia a las sociedades Intaba Corporation y Fortuna World
Corporation. Por tanto, no sé si sería posible o no la votación de los
párrafos por separado, pero votaríamos que sí al primero y que no al
segundo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, se someten a votación las propuestas de Coalición
Canaria números 1 a 7, inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 8 y 9, del Grupo de Coalición Canaria, en relación con
este mismo informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la propuesta de resolución del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Procedemos a votar la propuesta de resolución del Grupo Popular,
entendiendo que se segrega el segundo párrafo para una votación
posterior. Por consiguiente, sometemos a votación todo lo que se refiere
al primer párrafo, con la excepción de la parte referida a la sociedad
Intaba Corporation y Fortuna World Corporation..
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se somete a votación el segundo párrafo de la propia propuesta del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL CONCORCIO FERIA UNIVERSAL
GANADERA, SALAMANCA 1992 (AÑOS 1991 Y 1992). (Número de expediente
Congreso 251/000059 y número de expediente Senado 751/000058.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al examen de las propuestas
de resolución respecto al informe de fiscalizacióndel Consorcio Feria
Universal Ganadera, Salamanca 1992.
Tiene la palabra el señor Jordano, para defender las propuestas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor JORDANO SALINAS: Cuando de dinero público y de su manejo se
trata, esta Comisión puede dar por sabido, conocer el informe, enterarse
de lo que dice un
informe del Tribunal de Cuentas, cuándo ha habido determinados errores
materiales en la gestión, algún olvido, algún defecto de contabilización,
cuando, en el fondo, tenemos constancia de que puede haber habido alguien
con poca experiencia manejando el dinero público y que simplemente ha
incurrido en errores de gestión, probablemente podremos ser benévolos y
dar por buena cualquier conclusión que se nos remita. Sin embargo, cuando
en el caso de la Feria Universal Ganadera, Salamanca 1992 se llega a la
conclusión --cualquier persona sensata que conozca sólo el informe llega
a esa conclusión, cualquier persona que haya conocido la realidad
concreta en el territorio de cómo se gastó el dinero-- de que se han
estado gastando más de mil millones de pesetas de dinero público sin el
más mínimo control, sin la más mínima sujeción a normas legales,
saltándose a la torera todas las normas de contratación públicas y sin
observar las prescripciones que para el manejo del dinero público tiene
que haber en una sociedad medianamente organizada. Es evidente que se
aprecian incumplimientos contables de tal naturaleza que esta Comisión
no puede permanecer impasible, no puede darse por enterada simplemente,
de lo que ha visto el Tribunal de Cuentas, porque creo que incurriríamos
en irresponsabilidad si pasan por delante de nosotros denuncias sobre
incumplimientos tan graves y nos limitamos pura y simplemente a decir que
el Tribunal siga con su trabajo, que nosotros nos damos por enterados de
su informe.
Ante la gravedad de los incumplimientos que detecta el Tribunal, ante la
gravedad de la inexistencia de algo que pueda ser parecido a una
contabilidad, de que no exista la liquidación de las cuentas de gastos,
de no haber un inventario que al menos recogiera en qué elementos
materiales se había gastado el dinero, ante todo lo expuesto, es obligado
para esta Comisión instar al Tribunal de Cuentas a que profundice en los
expedientes de responsabilidad contable por el cauce que tenga abierto
y vaya informando a esta Comisión del estado de los mismos, así como si,
a la luz de esos expedientes, han deducido responsabilidades contra
personas concretas.
En nuestra propuesta insistimos en un punto y es el siguiente: en este
informe se señala que determinados funcionarios de la Diputación
Provincial de Salamanca han cobrado cantidades de terceras personas, no
relacionadas con la organización de la Feria, por un trabajo que
teóricamente tenían que haber realizado como funcionarios.
Por ello, y sin perjuicio de que pueda deducirse por el propio Tribunal
que estos funcionarios deben devolver las percepciones recibidas, creemos
que debemos instar al Fiscal del Tribunal de Cuentas para que estudie
estos hechos por si pudieran ser constitutivos de infracción penal.
Creemos que es lo menos que esta Comisión puede hacer ante todas las
discordancias que aparecen anotadas por el Tribunal de Cuentas, y es
evidente que tenemos que instar al Tribunal para que profundice en la
depuración de responsabilidades concretas que pueda haber y, además,
creemos que con lesión de intereses de terceros en las actuaciones
relacionadas con el Consorcio Feria Universal Ganadera de Salamanca.
Este es el sentido de la propuesta presentada por nuestro Grupo, y sin
oponernos a la propuesta presentada por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió), que incidiría en el primer párrafo de nuestra propuesta y, en
consecuencia, prácticamente es coincidente con su primer párrafo, creemos
que sería conveniente añadir el segundo párrafo al objeto de que esta
Comisión no permaneciera impasible ante infracciones tan graves como las
detectadas por el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera para la defensa
de la propuesta de su Grupo.
El señor CARRERA I COMES: En la comparecencia de la Presidenta del
Tribunal y con motivo de la formulación de una pregunta por mi parte
haciendo referencia a posibles responsabilidades en la gestión, decía la
Presidenta que, aparte de las conclusiones a las que se había llegado
hasta este momento, continuaban solicitando mayor información al
respecto.
Por ello, creemos que es importante que el Tribunal de Cuentas prosiga
en la línea de recabar más información y datos, a fin de comprobar y de
esclarecer posibles responsabilidades. Esta era nuestra línea de
presentación de esta propuesta de resolución que, como decía muy bien el
portavoz del Grupo Popular, coincide plenamente con el objetivo que se
persigue en su primer párrafo, que es el de proseguir recabando mayor
información para intentar esclarecer posibles responsabilidades.
Me permito en este caso fijar nuestra posición sobre la propia propuesta
de resolución del Grupo Popular, que no sé cómo se va a votar. Sería sí
al primer párrafo, por coincidir con nuestra propuesta, no al segundo,
por entender que deberíamos esperar a ver cuál es la opinión del propio
Tribunal. Por lo tanto, lo dejo a la solución final, es decir, si se va
a plantear por separado la del Grupo Parlamentario Catalán de la del
Grupo Popular, teniendo en cuenta que para el segundo párrafo sí
pediremos nosotros votación separada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Vicente.
La señora VICENTE GARCIA: Antes de pasar a fijar la posición sobre las
propuestas de resolución y defender la nuestra propia, quiero decir que
coincidimos con el Grupo Popular en que esta Comisión no debe permanecer
impasible ni limitarse a darse por enterada. La prueba está en que se han
presentado distintas propuestas de resolución que van encaminadas en ese
sentido.
El Grupo Socialista ha presentado una propuesta de resolución al informe
de fiscalización correspondiente al Consorcio Feria Universal Ganadera,
Salamanca 1992, requiriendo al Tribunal de Cuentas para que se informe
a esta Comisión, en un plazo prudencial, si se han corregido las
deficiencias puestas de manifiesto en las conclusiones del informe de
fiscalización.
En esta fiscalización que nos ocupa el Tribunal de Cuentas, ante las
deficiencias e irregularidades detectadas, las ha puesto en conocimiento
de la Sección de Enjuiciamiento
y ha abierto expedientes de responsabilidad contable y de alcance, con
el fin, según nos informó la Presidencia del Tribunal de Cuentas en la
Comisión anterior, de aclarar si los indicios de irresponsabilidad
contable pudieran deberse únicamente a imperfecciones de los registros
o si realmente existe otro tipo de irresponsabilidad. Apoyándose en estos
datos, el Grupo Socialista pide al Tribunal de Cuentas que se informe en
esta Comisión.
Respecto a la propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), nuestro
Grupo va a votar a favor. Qué duda cabe que la apertura de los dos
expedientes permitirá que, a través de las peticiones de la Sección de
Enjuiciamiento, se puedan aportar los documentos justificativos y, en
todo caso, esclarecer las posibles responsabilidades.
En cuanto a la propuesta del Grupo Popular, aprovechamos para ofrecer una
enmienda transaccional que consistiría en aceptar el primer párrafo de
la propuesta de resolución, que es similar a las otras dos propuestas,
que hace referencia a que el Tribunal de Cuentas informe sobre los
expedientes de irresponsabilidad contable y de alcance, así como si se
han deducido responsbilidades.
No estaríamos a favor del segundo párrafo, puesto que el Fiscal del
Tribunal de Cuentas ha tenido acceso al informe de fiscalización y se han
puesto en su conocimiento las irregularidades detectadas, por lo que no
sólo lo habrá estudiado, sino que imagino que habrá tomado o tomará todas
aquellas medidas que considere necesarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, ha habido una especie de oferta de
posible transacción en la modificación de lo que constituye la primera
parte de su propuesta. ¿Quiere expresar su opinión sobre esta posible
transacción?
El señor JORDANO SALINAS: Entendemos que la coincidencia de todos los
grupos respecto al alcance que tiene el informe emitido por el Tribunal
aconseja buscar un acuerdo unánime. En ese sentido, y teniendo en cuenta
que, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, el Fiscal del
Tribunal debe estar ahora mismo estudiando las posibles responsabilidades
en que hayan podido incurrir personas concretas, entre ellas a las que
referíamos en nuestro segundo párrafo, retiraríamos este segundo párrafo
y someteríamos a votación la propuesta sólo con el primero.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Para manifestar brevemente la toma de posición
de nuestro Grupo favorable a profundizar en los expedientes, como no
puede ser de otra manera, porque los datos que se nos muestran son de
suma gravedad y nos vuelven a evidenciar que ese año, que se nos
presentaba como mágico, lo pudo ser en realidad solamente para algunas
personas. De eso los andaluces tenemos bastante experiencia.
Vemos también cómo al amparo de aquel mítico año se culmina asimismo la
creencia de que algunas instituciones son patrimonio de quienes las
administran. Sinceramente ésta puede ser, después de una época de
gobierno, la mayor aportación que desde el PSOE se haga a la teoría sobre
el funcionamiento del Estado.
La simple forma de presentación de las cuentas indica claramente a
Izquierda Unida que quienes las administraron no eran otra cosa que
alumnos aventajados de quienes en aquel momento eran significativos
dirigentes del PSOE y de la Administración.
Por todo ello, nuestro voto es favorable a que se amplíe el estudio de
los expedientes.
El señor PRESIDENTE: Señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Para saber cuál de las propuestas de resolución
se va a votar y anticipar que si se van a poner a votación, visto lo que
se ha manifestado por cada uno de los grupos...
El señor PRESIDENTE: Señor Carrera, intentamos aclarar eso, porque aunque
su propuesta y la del Grupo Popular tienen algunos conceptos similares,
hay también algunas diferencias.
Señora Vicente.
La señora VICENTE GARCIA: Después de la intervención de Izquierda Unida,
quisiera hacer alguna aclaración.
El señor PRESIDENTE: Ya fijó usted posición. El hecho de que haya habido
algún comentario, es inevitable.
La señora VICENTE GARCIA: No es por el comentario, es que el dato que ha
dado no es realmente cierto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por un minuto para expresar esa
aclaración.
La señora VICENTE GARCIA: Quisiera recordar que cuando se formó el
Consorcio, el Gobierno era una coalición entre el Grupo Popular y el
Grupo del CDS y, posteriormente, el Presidente de la Diputación era un
independiente; no era el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Hecha esa aclaración, señor Centella, ¿quiere usted
volver a reaclarar este tema? Creo que está suficientemente contestado.
El señor CENTELLA GOMEZ: Sólo decir que me refería concretamente a
dirigentes estatales del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver cómo se somete a votación.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, a lo mejor la portavoz resuelve
una parte del problema.
La señora VICENTE GARCIA: En vista del consenso y la voluntad de todos
los grupos, nosotros retiraríamos nuestra propuesta para votar las otras
dos.
El señor PRESIDENTE: Se retira la propuesta presentada por el Grupo
Socialista.
Señor Carrera, ¿mantiene su propuesta o se suma a la especie del consenso
habido para la parte primera de la propuesta del Grupo Popular?
El señor CARRERA I COMES: Mi interés era remarcar a ver qué hacíamos.
Evidentemente, estoy de acuerdo con la Presidencia en que no podemos
mantener dos propuestas de resolución que son prácticamente idénticas y
sólo debería votarse una.
El señor PRESIDENTE: El criterio de la Presidencia es someter a votación
la propuesta del Grupo Popular en cuanto al primer apartado, puesto que
el segundo lo ha retirado.
El señor CARRERA I COMES: Vista la posición de los distintos grupos y
concretamente del propio Grupo Popular, que retira el segundo párrafo,
que a nuestro entender era el que no podíamos votar, no hay ningún
inconveniente por parte de mi Grupo en retirar nuestra propuesta de
resolución y poner a votación sólo una.
El señor JORDANO SALINAS: Intervengo sólo para dejar claro que en todo
caso sería una propuesta del conjunto de los grupos para que no hubiera
ninguna duda.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, entiendo que la propuesta se basa en
los criterios de entendimiento y de defensa del sector público,
expresados por todos los grupos parlamentarios.
En esos términos, se somete la propuesta del Grupo Popular, excluido el
segundo párrafo, porque ha sido retirado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION CON RELACION A LA CAJA POSTAL, EJERCICIOS
1989, 1990 Y 1991. (Número de expediente Congreso 251/000060 y número de
expediente Senado 751/000059.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al examen, debate y votación
de las propuestas de resolución relativas al informe del Tribunal de
Cuentas con relación a la Caja Postal, ejercicios de 1989 a 1991,
inclusives.
En primer lugar tiene la palabra, para la defensa de su propuesta, el
señor Esteban, por el Grupo Popular.
El señor ESTEBAN ALBERT: Será la brevedad la que impregne mi
intervención, pero eso no será óbice para que mi Grupo, en esta parte de
la presentación de las propuestas de resolución, entienda que debe de
utilizar todo el rigor y seriedad que el caso merece e intentar demostrar
a los distintos grupos parlamentarios que estamos ante un importante
asunto que ha afectado a dineros públicos que se han estado gestionando
sin ningún tipo de rigor, y que es necesario, por ello, solicitar las
oportunas responsabilidades.
A pesar de que en este primer turno no he podido escuchar los argumentos
que los distintos grupos políticos van a esgrimir en la defensa de sus
propuestas de resolución, querría comenzar, si me lo permite el señor
Presidente, intentando aclarar cuál va a ser nuestra posición ante estas
propuestas que, por un lado, presenta el Grupo Socialista y, por otro,
el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El Grupo Parlamentario Socialista presenta dos propuestas de resolución
que son difícilmente criticables en cuanto a nuestra posición de voto
contrario, toda vez que no vienen a aportar mucho más de lo que en este
caso el Tribunal de Cuentas había manifestado y que, además, por su
carácter genérico --y si me permite decir casi ineficaz--, no plantea
ningún tipo de cuestión que deba tener, a mi juicio, mayor valoración o
algún comentario posterior.
Que se someta a votación la recomendación hecha por el Pleno del Tribunal
y que sea la Agencia Tributaria --la Inspección de Hacienda, para
entendernos-- la que investigue los extremos en que ha sido presentado
el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, nos parece que es
correr mucho para después no llegar a alcanzar la meta. En segundo lugar,
presenta una propuesta de resolución encomendando al Gobierno que extreme
este acuerdo, como si el Grupo Socialista no supiera que el Gobierno ha
tenido la posibilidad de intervenir en este tema precisamente en los años
1989, 1990 y 1991, cuando estos escándalos eran de dominio público y
estaban en la prensa diaria.
Nuestro voto en contra no puede ser deformado ni tampoco puede
entenderse, por contra, que estamos intentando capitalizar nuestra
propuesta de resolución sin entender la de los demás. La gravedad del
tema es de tal importancia que todo aquello que pueda sumar va a sumar.
Pero también es cierto que tenemos que manifestar nuestra duda razonable
de que estas propuestas de resolución vayan a tener alguna eficacia en
el futuro.
Respecto a la propuesta que presenta el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), me llama la atención que el mismo inste al Tribunal de Cuentas a
realizar también un informe de gestión en relación con Caja Postal en el
período correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, toda vez que
va a ser difícil que lo pueda realizar porque, como muy bien sabe este
Grupo, en el año 1991 se constituyó la Corporación Argentaria. Por lo
tanto, ahora es Argentaria y no Caja Postal.
Si lo que se pretende demostrar con ello es que en el informe de
fiscalización se quiere abundar más para ver si esas irregularidades,
esos vicios que se han detectado en los años 1989, 1990 y 1991 se siguen
produciendo, ésa es una operación nueva que a nuestro Grupo
parlamentario, desde su posición de que todo tenga la mayor claridad, no
le parece en principio mal, pero que se sepa que
lo que se pueda averiguar en los ejercicios 1992, 1993 y 1994 nada tendrá
que ver con las responsabilidades de tipo personal cometidas en la
gestión en los años 1989, 1990 y 1991.
Quería decir, señor Presidente, que nuestro Grupo --es nuestro deber y
ejercitamos nuestra responsabilidad ante ese deber-- propone a esta
Comisión que se tome el acuerdo de instar al Tribunal de Cuentas a que,
de conformidad con su normativa, se abran diligencias para depurar las
responsabilidades personales que se deriven de las irregularidades
cometidas, en su caso, por los directivos de Caja Postal y de sus
empresas filiales en los años 1989, 1990 y 1991, que han sido objeto de
fiscalización por dicho Tribunal, provocando estas irregularidades graves
deterioros patrimoniales a la citada entidad a fin de lograr el reintegro
de las pérdidas sufridas.
Decía, señor Presidente, que es nuestro deber en función de tres razones:
Primera, porque es necesario --y no quisiera reabrir el debate del otro
día-- dejar muy claro lo que las instituciones representan, sobre todo
cuando son empresas públicas o entidades de patrimonio público, como es
la Caja Postal; lo que conforman dentro de nuestro ordenamiento jurídico
y de nuestro Estado. Segunda, porque ha habido grandes pérdidas
económicas para todos los españoles. Tercera, porque ha habido unos
quebrantos al encomendar la gestión a determinadas personas, las cuales,
sin el más mínimo rigor bancario, con abuso de autoridad y de poder en
el manejo de los fondos públicos, a nuestro juicio, han llegado a
producir esas pérdidas económicas a las que antes me he referido.
Es necesario, señor Presidente, manifestar una vez más que es
imprescindible distinguir entre las instituciones y las actuaciones
personales. Asimilar las instituciones a un determinado grupo dirigente,
apoyado o no por el partido en el Gobierno en esa gestión, es cuando
menos frívolo y rechazable desde el punto de vista democrático; adjetivo
éste que supongo compartirán todas SS. SS., por lo que mi Grupo
manifiesta ostensiblemente su rechazo. Es necesario también distinguir
entre lo que aquí se habló el otro día sobre la solvencia que pueda tener
esa entidad en el futuro --y que tiene actualmente porque a nuestro
juicio no tiene ningún tipo de problemas aparentemente--, por el servicio
que satisfactoriamente está prestando y para lo que fue creada, y las
responsabilidades que determinadas personas en su gestión pudieron
cometer de una manera punible en cualquier caso.
Por último, es necesario distinguir entre lo que desea un grupo político,
incluso el deber de colaboración con las instituciones del Estado o
cualesquiera otras, y lo que es su obligación de no ocultar aquellos
datos, aquellas actitudes, aquellas formas de actuación que de alguna
forma vengan a poner en peligro de una manera fehaciente estas
instituciones.
Separando claramente lo que son las instituciones de las
responsabilidades personales, ha habido unas pérdidas económicas y no
creo que haya un grupo parlamentario en esta Cámara que sea capaz de
darme un solo argumento en virtud del cual tengamos que callar ante la
opinión pública cuál ha sido el montante de esas pérdidas y quiénes han
sido los responsables de que se hayan producido. Tampoco creo que haya
nadie que pueda decir, si se demuestran estos extremos que denuncio en
este momento, que no deban apurarse las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Por último, quiero manifestar que para nadie es agradable que se
soliciten estas responsabilidades personales, pero no es menos cierto que
el deber de nuestro Grupo y de todos nosotros ante esta Comisión, que es
el máximo órgano de relaciones con el alto Tribunal, que depende de las
Cortes Generales, es llevar al ánimo de SS. SS. que estas prácticas en
ningún caso han sido regulares y que se puedan depurar en su caso las
responsabilidades a que hubiere lugar.
Por ello, permítame, señor Presidente, terminar diciendo que la
democracia se defiende haciendo todos los días que funcionen sus
instituciones y que de nada sirve tener que ocultar determinadas
actitudes, porque el impregnar de transparencia la gestión pública no
solamente no va en detrimento de la democracia y de sus instituciones,
sino que, al contrario, enaltece la misma y crea el clima de confianza
que sin duda todos deseamos en nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para la
defensa de su propuesta, tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: La propuesta es simple en cuanto a su
contenido, que es realizar un informe de fiscalización en relación con
la Caja Postal en el período comprendido en los ejercicios 1992, 1993 y
1994.
Es cierto que a partir de 1991 ha habido un cambio importante en la Caja
Postal y, por tanto, se ha incorporado al Grupo Argentaria, pero nuestro
interés se basa en que el Tribunal de Cuentas detecta una serie de
irregularidades en los ejercicios 1989, 1990 y 1991, y aunque anticipa
incluso que algunas de estas irregularidades se han ido subsanando,
nuestro Grupo cree que es importante poder comprobar cómo se han
producido los ajustes y constatar cuál es la rigurosidad contable a
partir de 1991, sin tener en cuenta dónde esté encuadrada en este momento
Caja Postal.
Por todo ello, creemos que es imprescindible este nuevo informe de
fiscalización para saber --repito-- y comprobar cómo se han ido
produciendo los ajustes ya anticipados a través del propio informe. Este
es el sentido de nuestra propuesta de resolución.
Anuncio que votaremos que sí a la propuesta de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista y que nos vamos a abstener en la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la propuesta presentada por el
Grupo Socialista, así como para fijar criterio respecto de las otras
propuestas presentadas, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, en el debate estamos teniendo
problemas respecto a la metodología
de fondo del funcionamiento de la Comisión, pero no voy a abundar mucho
en ello; simplemente quería hacer algunas aclaraciones en el sentido
siguiente: El Tribunal de Cuentas es un instrumento técnico, usado por
estas Cámaras precisamente para analizar en profundidad determinado tipo
de cuestiones, algunas de las cuales son competencias del propio Tribunal
porque se las atribuye la propia Constitución y las leyes aprobadas por
esta Cámara. Por ejemplo, todo lo relativo a las materias de
enjuiciamiento; absolutamente todo. Por ello, el Tribunal de Cuentas
tiene un fiscal y tiene, en muchas ocasiones, representación del Estado
que ejercita las acciones correspondientes dentro del Tribunal. Todo esto
lo digo porque yo creo que existe una confusión permanente y podríamos
introducir una práctica que, personalmente, no me parece la más adecuada,
pero porque lo diga yo no se deben tomar decisiones al respecto en esta
Comisión.
¿El papel de esta Comisión es denunciar, como consecuencia de los
informes del Tribunal de Cuentas, las materias de enjuiciamiento del
Tribunal de Cuentas? Mi opinión es que no, pero no digo yo que no se
haga, digo que mi opinión es que no. Precisamente ése es un papel del
Tribunal de Cuentas. Si esta Comisión fuera una comisión de investigación
y en las conclusiones de su investigación hicieran determinadas
propuestas, bien de remitirlas a la fiscalía o bien de iniciar
procedimientos judiciales en el propio Tribunal de Cuentas, me parecería
bien, pero es que esta Cámara se ha dotado de un Tribunal de Cuentas para
articular ese tipo de mecanismos. Eso es lo que quiero indicar. Por ello,
la propuesta que presenta el Grupo Popular no me parece interesante,
porque eso ya se está haciendo por el Tribunal de Cuentas; lo digamos o
no en esta Comisión; es una obligación legal. Estoy convencido de que SS.
SS. saben que se han iniciado por alguna de las partes del Tribunal de
Cuentas algunos planteamientos y propuestas respecto a posibles acciones
de enjuiciamiento. Háganse. Pero a eso ni siquiera esta Comisión puede
decir que no, no puede, sino que el Tribunal de Cuentas en sus
características técnicas --porque así lo dice la ley y así lo dice la
Constitución-- puede funcionar. Así lo veo yo y he intentado explicarlo
antes y, sin ningún tipo de dudas, no lo he hecho bien. Por supuesto que
hay un fiscal; fíjense ustedes si hubiera responsabilidades penales. La
Ley ha puesto un fiscal precisamente para que decida eso. No para que lo
decidamos nosotros, para que lo decidan ellos. ¿Lo podemos decidir? Por
supuesto, sin ningún tipo de dudas, pero yo creo que no sería el mejor
funcionamiento de esta Comisión. Primera cuestión.
Segunda cuestión. Se critica al Grupo Socialista porque hace la propuesta
de la recomendación que hace el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo es esto
posible? Si el Tribunal de Cuentas, que es el órgano técnico de esta
Cámara, nos hace una recomendación y nosotros decimos que esa propuesta
es la que aprobamos. Fíjese lo que le digo: en mi opinión, hasta veo
complicada la propuesta del Tribunal de Cuentas, no por lo que dice S.
S., sino porque, cuando el Tribunal de Cuentas dice que se pase a la
Agencia Tributaria, no está diciendo lo que S. S. posiblemente piensa,
está diciendo que los prestatarios de la Caja Postal sean investigados
por la Inspección de Hacienda, que es mucho más extraño. El Tribunal de
Cuentas no tiene competencias para entrar en la investigación de lo que
han hecho los prestatarios de la Caja Postal. A mí me extrañó esa
propuesta del Tribunal de Cuentas, lo tengo que reconocer, pero ¡qué voy
a hacer! Me hace una recomendación concreta y específica y dice que la
Inspección de Hacienda investigue a los prestatarios de la Caja Postal
--que es lo que dice--, no a la Caja Postal, que no hay ningún problema.
Ninguno. Está hablando de unos informes crediticios concretos, fallidos.
A mí me extrañó. No dije mucho en la anterior intervención, ahora lo
pretendo aclarar y, en cualquier caso, digo que, aun así, lo que propone
mi Grupo es que aceptamos la recomendación. ¡Cómo no vamos a haceptarla!
No tenemos ningún tipo de problema. No queremos que exista ningún tipo
de dudas. Aceptamos esa recomendación del Tribunal de Cuentas.
Comento otra cuestión. Yo no comparto su tesis en el sentido de que ha
habido una mala gestión. Esa es la diferencia. En operaciones
específicas, puede haber responsabilidades, pero se van a depurar,
seguro, porque lo va a decir el fiscal, si lo estima conveniente, o lo
dirá la abogacía del Estado, que está presente en el Tribunal de Cuentas
y toma iniciativas, o los consejeros que pueden instruir una pieza
separada para determinar la responsabilidad contable o la responsabilidad
por alcance en las dos vías que existen en el Tribunal.
Lo que yo digo es que, en el contexto de los años 1989 a 1991, cuando se
hace la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, si comparamos
Caja Postal con el resto del sector crediticio, nos encontramos con que
la gestión es bastante bien comparable, porque fallidos también tienen
los demás y en la gestión de los fallidos siempre hay una actividad
específica propia de estas actividades financieras en las que hay que
articular las negociaciones precisas. Que se pueden criticar, por
supuesto. Pero le voy a decir otra cosa más. No ha habido pérdidas, ha
habido beneficios por encima de los del sistema financiero en los años
1989, 1990 y 1991. Ha habido muchos beneficios. Tan es así, que no sólo
es que esos años hayan sido buenos, sino que el crecimiento, la evolución
del beneficio antes de impuestos en Caja Postal contrasta con el descenso
que se produjo en la Banca. Esto es así. Yo tengo aquí las cifras de los
años 1989, 1990 y 1991. Son cifras realmente sorprendentes. No me extraña
que en estos momentos se produzca en este país otro debate importante
sobre privatización del Grupo Argentaria, cuando Caja Postal en todos los
informes económicos que aparecen, hace una semana en algún medio de
comunicación importante, es una de las entidades financieras más queridas
por los sectores privados que quieren participar. ¡Ya lo sabemos! Esa es
la realidad. Lo que yo le digo es lo siguiente. ¿Responsabilidades
personales de alguien? Las va a depurar el fiscal o la abogacía del
Estado, porque el Tribunal de Cuentas es el órgano técnico que nos sirve
para demostrar ese tipo de cosas. Si no, entraríamos en unas funciones
que no sé si son las que nos corresponden.
La propuesta que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor
Presidente, no nos parecería mal, pero tenemos un problema. Es cierto que
Argentaria --esto es conocido por todos-- va a entrar en una situación
de privatización, una parte, en el momento en que la situación del
mercado lo estime conveniente o posible; no digo en qué momento ni cuándo
se producirá. Los informes del Tribunal sobre Caja Postal no son
negativos. Establece algunas críticas en aquellos años, pero incluso en
los informes que hace el Tribunal de Cuentas dice que el futuro no ha
sido lo mismo, sino que ha sido mejor. En este contexto es en el que no
tenemos claro para qué sirve hacer una fiscalización del resto de los
años; no tendríamos ningún tipo de problemas, pero creemos que no es el
momento más adecuado.
Por todo ello, señor Presidente, nosotros defendemos lo que ha
recomendado el Tribunal de Cuentas y no vemos las propuestas que han
presentado los otros grupos. (El señor Esteban Albert pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Le concedo la palabra por breves minutos, señor
Esteban.
El señor ESTEBAN ALBERT: Efectivamente, de las palabras del portavoz
socialista se desprende lo que él mismo decía, que al principio no sabía
cuál era la mecánica o lo que debería hacerse en esta Comisión. A mí me
da la sensación --y se lo digo con todo el respeto-- de que S. S. no sabe
muy bien para qué sirve esta Comisión, y sus argumentos no me convencen.
Que se pide que depuren responsabilidades, ya lo hará el Fiscal del
Tribunal; o que al Tribunal no se le puede decir no sé qué y, además, le
extraña mucho la recomendación que presenta el Tribunal, cree que no va
a tener ninguna eficacia, pero es lo que hay que votar. ¿Me quiere decir
S. S. después de esto para qué sirve esta Comisión? Estamos aquí ante las
propuestas de resolución de instar al Tribunal de Cuentas a una
determinada actividad, como competencia que tiene esta Comisión. Nosotros
lo hacemos de una manera acertada o equivocada, pero poniendo coto a
esto, señor portavoz socialista, creo que se equivoca.
En ningún caso --y lo ha dicho dos veces-- me tiene usted que explicar
las bonanzas de los resultados y de la magnífica solvencia que tiene Caja
Postal o que tiene hoy Argentaria. No es eso. Usted dice que en aquellos
años tuvo unos resultados magníficos. ¡Imagínese usted si a una misma
empresa siempre se le hubiera estado haciendo eso! Eso es lo que nosotros
precisamente queremos averiguar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera, por favor, muy
brevemente.
El señor CARRERA I COMES: Seré breve, señor Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo en que el informe de Caja Postal no es
negativo. En eso estamos de acuerdo, lo aceptamos plenamente. Nuestro
interés es sólo comprobar cómo se han producido los ajustes y constatar
el rigor contable a partir de 1991, precisamente una vez consolidado el
cambio estructural de la propia Caja Postal. Se trata de comprobar cuáles
han sido los ajustes y el rigor a partir de 1991, sin ningún otro interés
adicional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Yo tengo claro y mi Grupo también cuál es la función de esta Comisión;
lo que pasa es que la actuación de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas
es una competencia específica del Tribunal de Cuentas dada por la
Constitución, al margen de lo que diga esta Comisión. ¡Qué le voy a hacer
yo! ¿Que es muy discutible? Podrá serlo; en cualquier caso, es lo que
tenemos. Es de los pocos aspectos técnicos complejos que existen en
nuestro mecanismo jurisdiccional que tenemos todavía y que nuestra
Constitución ha dicho que tiene que seguir existiendo. Eso es lo que
quiero indicarle. Yo ya sé que se ha hecho y posiblemente ustedes también
lo sepan, pero el Tribunal de Cuentas no tiene por qué contárnoslo,
porque la acción de enjuiciamiento lleva su ritmo. Y seguro que S. S.
sabe la cantidad de expedientes jurisdiccionales que hay en la sección
de enjuiciamiento. De eso también hay iniciativas, es así, y lo que le
estoy intentando decir es que, efectivamente, el Tribunal de Cuentas es
el intrumento que nos tiene que informar de todo ese tipo de cuestiones,
pero ya está haciéndolo.
Respecto a las operaciones de fallidos, le vuelvo a insistir en que, en
mi opinión, en lo que es una actividad crediticia, si hay alguna
responsabilidad en alguna operación de fallidos, hágase lo que se tenga
que hacer; yo estoy convencido de que la abogacía del Estado o la
fiscalía lo harán sin ningún tipo de duda. Lo que yo le digo es que lo
que usted ha visto en este informe es una parte pequeñísima de las
cantidades de fiscalizaciones de operaciones de fallidos que se han hecho
por parte del Tribunal --ya lo dijo su Presidenta-- y que eso entra
dentro del parámetro normal de lo que es la gestión media de las
entidades financieras; yo le diría que mejor, si las pudiéramos comparar,
que es bastante complicado y bastante difícil. Simplemente se trata de
eso. No digo que esta Comisión no tenga nada que hacer; claro que tiene
que hacer, lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas, en esta
fiscalización, hace las recomendaciones que hace y sólo hace una. Y a mí,
vuelvo a insistir, me extrañó, no porque diga que no sea importante esa
propuesta que usted hace, sino porque la propuesta dice: Inspecciónense
por Hacienda las entidades privadas, a todos los prestatarios. De
acuerdo; es una novedad que no siempre se ha hecho por parte del Tribunal
de Cuentas, pero hágase. No tenemos nada que decir.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las propuestas
presentadas.
En primer lugar, la propuesta del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Habiendo agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.