DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 90
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 31 de octubre de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión. (Número de expediente
41/000030). (Página 1796)
Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García
Crespo), para informar sobre:
--Fiscalización de las Cuentas del Grupo Inmovilizado Financiero de la
Sociedad Estatal Tabacalera, S. A. (Número de expediente Congreso
251/000058 y número expediente Senado 751/000057). (Página 1796)
--Fiscalización correspondiente al Consorcio Feria Universal Ganadera.

Salamanca 1992 (años 1991 y 1992). (Número de expediente Congreso
251/000059 y número de expediente Senado 751/000058). (Página 1802)
--Fiscalización con relación a la Caja Postal, ejercicios 1989, 1990 y
1991. (Número de expediente Congreso 251/000060 y número de expediente
Senado 751/000059). (Página 1804)
Solicitud de fiscalización de que se recabe de dicho Tribunal la
realización de una fiscalización de la sociedad estatal «Paradores de
Turismo de España, S. A.», de los años 1991 a 1994. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 253/000015). (Página 1811)

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Solicitud de fiscalización de que se recabe de dicho Tribunal la
realización de una fiscalización especial sobre la contabilidad de las
sedes regionales (incluyendo Baleares) y central de la Federación de
Partidos de Alianza Popular-Partido Popular y con referencia a los
ejercicios 1986-1989-1991-1992. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 253/000017). (Página 1812)



Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde



--ELECCION DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISION. (Número de expediente
41/000030.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a dar comienzo a
la sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas con arreglo al orden del día que han recibido previamente.

En primer lugar, vamos a proceder a la votación de una de las vacantes
(puesto que respecto a la otra aún no se ha facilitado el nombre del
componente por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya) de Secretario primero de esta Comisión.

Procederemos, por tanto, al llamamiento para que SS. SS. depositen el
voto en la urna.




Por el señor Letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
señores Diputados y Senadores.




Concluido el llamamiento, se procede al escrutinio.




Finalizado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se han emitido 31 votos y los 31 han sido favorables
a don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, que queda nombrado Secretario
primero de la Comisión, a quien ruego pase a ocupar su lugar.




COMPARECENCIA DE LA SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR
SOBRE:



--FISCALIZACION DE LAS CUENTAS DEL GRUPO INMOVILIZADO FINANCIERO DE LA
SOCIEDAD ESTATAL TABACALERA, S. A. (Número de expediente Congreso
251/000058 y número de expediente Senado 751/000057.)



El señor PRESIDENTE: A continuación figura en el orden del día el informe
de fiscalización de las cuentas del grupo inmovilizado financiero de la
Sociedad Estatal Tabacalera, S. A.

Ruego que avisen a la Presidenta del Tribunal de Cuentas para que entre
en la sala. (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas. (El señor
Vicepresidente, García Royo, ocupa la presidencia.)



La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): La primera
fiscalización que me corresponde presentar a ustedes se refiere al
estudio del grupo de inmovilizado financiero de la Sociedad Estatal
Tabacalera, S. A. Se trata de un informe que ha sido realizado por
iniciativa del propio Tribunal de Cuentas y fue incluido en el programa a
realizar a partir del año 1994.

Tabacalera S. A., es una sociedad estatal que se constituyó en 1945 y que
a partir de la incorporación de España a la Comunidad Europea ha sufrido
importantes transformaciones de tipo jurídico, fiscal y económico, dada
su anterior característica de empresa de monopolio del tabaco. A partir
de 1986 quedó liberalizada la importación y el comercio en fase mayorista
de las labores de tabaco que tenían procedencia comunitaria y se mantuvo
el monopolio estatal en la venta al por menor, de tal manera que en los
años fiscalizados le corresponde a la sociedad la administración y
gestión del monopolio de fabricación de labores de tabaco y la
importación y comercio al por mayor, también de labores de tabaco, de
procedencia no comunitaria. Además Tabacalera, S. A., continúa
gestionando el monopolio de distribución al por mayor del timbre de
Estado y de los sellos de franqueo. La participación del Estado en
Tabacalera, S. A., a través de la Dirección General del Patrimonio era, a
31 de diciembre de 1993, del 52,3 por ciento del capital.

El objeto de la fiscalización que ahora se presenta fue el análisis de la
gestión de las inversiones financieras permanentes de la sociedad y su
sometimiento a la legalidad y a los principios de economía y eficiencia.

El período examinado incluye los ejercicios económicos de 1991, 1992 y
1993. Las inversiones financieras permanentes de Tabacalera incluían las
participaciones en empresas del grupo y empresas asociadas, además de los
créditos a largo plazo en estas empresas y otras deudas y créditos a
largo plazo.

La fiscalización analiza tanto las inversiones como las desinversiones
permanentes de carácter significativo. Destacan, por su importancia, la
participación en la reordenación del sector tabaquero canario, que dio
lugar a la constitución de las sociedades BAT España, S. A., CITA,
Tabacos de Canarias, S. A., participadas las dos al 50 por ciento por
Tabacalera, y también se refiere a la adquisición de una participación
mayoritaria en la Compañía General de Tabacos de Filipinas, S. A., y a
las inversiones realizadas por Tabacalera en el sector de la
alimentación, especialmente



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por la adquisición de participaciones en Ebro Agrícolas, S. A., Elosúa,
S. A., y Food Premier, S. A., y la intervención en la reestructuración
del grupo Royal Brands, S. A.

De la fiscalización realizada sobre estos aspectos que les he indicado
resulta que Tabacalera, S. A., ha utilizado los principios y normas
contables establecidos en el Plan General de Contabilidad que le son de
aplicación, y respecto a las operaciones de inmovilizado financiero hay
que hablar de las siguientes salvedades. En primer lugar, el saldo de la
cuenta participaciones en empresas del grupo y empresas asociadas, a 31
de diciembre de 1993, es decir, a la fecha del cierre del período
investigado, está sobrevalorado en 1.926,6 millones de pesetas y, por
otro lado, la empresa no registró en la cuenta de pérdidas y ganancias de
1993 intereses devengados por créditos a empresas asociadas, por importe
de 61 millones de pesetas. Ambas salvedades debieran reducir los
beneficios del año 1993, que fueron de 10.700 millones, en el resultado
de restarle los 1.926,6 que les he indicado y sumarle los 61 millones por
intereses no contabilizados.

El informe hace un profundo estudio de la reestructuración del sector
tabaquero canario, dado que Tabacalera dedicó al mismo --siempre estoy
hablando a la fecha de cierre, diciembre de 1993-- la cantidad de 15.720
millones de pesetas, con el siguiente desglose, que se centra en cinco
grupos fundamentales de operaciones: en primer lugar, 610 millones, para
la compra de acciones minoritarias en Tabacanaria y Cigarcanaria,
operación que se inicia en 1989; en segundo lugar, 1.495 millones para la
ampliación de capital en Tabarcanaria y Cigarcanaria, operación que se
realiza en 1991; en tercer lugar, 7.312 millones, que es la aportación
que realiza Tabacalera a través de la asociación de cuentas en
participación; en cuarto lugar, 1.890 millones en la financiación de
compra de acciones de Botafogo, S. A., por parte de CITA, y finalmente
una operación de 4.413 millones en concepto de préstamo hipotecario a
Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S. A.

Tal vez la operación más fuerte, por lo menos en cifras absolutas, de
7.312 millones, que es la aportación a través de la asociación de cuentas
en participación, conviene explicarla con un poco más de detalle. De esta
operación, 5.856 millones fueron una participación a fondo perdido, y
estaba dedicada, en su mayor parte, a gastos de reestructuración de
plantillas y a financiar un 25 por ciento de los resultados negativos de
explotación de Tabacanaria, Cigarcanaria y CITA. Tabacalera, S. A., no
recogió en su cuentas de resultados el total de estos 5.856 millones
asumidos a fondo perdido procedentes del contrato de asociación de
cuentas en participación, como detalladamente se explica en el informe y
como acabo de indicar cuando he dicho que el saldo de la cuenta
participaciones en empresas del grupo y empresas asociadas está
sobrevalorado.

Respecto a la otra partida importante de 4.413 millones de un préstamo
hipotecario a Inversiones Hoteleras Playa del Duque, este préstamo fue
cancelado por CITA, Tabacos de Canarias, S. A., con la entrega a
Tabacalera de terrenos y edificios ubicados en Santa Cruz de Tenerife y
en San Cristóbal de la Laguna, valorados todos ellos en 5.250 millones.

El exceso sobre el préstamo, 837 millones, se aplicó a reducir la deuda
que esta misma empresa, CITA, tenía con Tabacalera por la compra de
acciones de Botafogo, S. A. En opinión del Tribunal de Cuentas los
terrenos y los edificios que se dieron en pago están sobrevalorados.

Sobre la deuda de CITA con Tabacalera, que está valorada en 4.555
millones, existe cierta incertidumbre respecto a su recuperación, dada la
situación financiera de CITA. El informe analiza el resultado global de
las operaciones de reestructuración, señalando que la sociedad CITA,
Tabacos de Canarias, no ha podido lograr, hasta la fecha de la
terminación del informe, resultados de explotación positivos. Su
diversificación en el negocio turístico y hotelero aparece lastrada por
el fuerte endeudamiento que tiene que soportar.

En la parte del haber, en la parte positiva de estas operaciones pudiera
decirse que está el hecho de que la reeestructuración ha evitado la
práctica desaparición del empleo vinculado a la elaboración de tabaco
negro y a los cigarros, además de haber impulsado la creación de empleos
alternativos en el sector hotelero, pero también nos podemos preguntar si
ésa es una función que corresponde realizar a Tabacalera, S. A.

El otro tema son las inversiones en el sector alimentario, destacando las
efectuadas en Elosúa, Food Premier y Ebro Agrícolas. Esta fue una
decisión del socio mayoritario de Tabacalera, por tanto de la Dirección
General del Patrimonio, que no aparece apoyada en criterios económicos.

Se paga un precio medio por acción de Elosúa de 10.432 pesetas, precio
poco justificado, porque parece que su valor teórico era bastante menor.

La especulación que había detrás del conocimiento de una posibilidad de
OPA que se iba a lanzar conjuntamente entre Koipe y Tabacalera puede ser
la causa de que se pagara este precio tan alto por acción. De cualquier
forma la estrategia de compartir la inversión en Elosúa con Ebro
Agrícolas ha permitido a Tabacalera diversificar el riesgo de la
inversión en Elosúa, porque lo hizo en combinación con una sociedad que
es bastante más sólida y más rentable, y me estoy refiriendo a Koipe.

Otro tema que aparece en el informe son las transacciones con empresas
del grupo. A 31 de diciembre del año 1993 Tabacalera mantenía un total de
saldos deudores de 128,8 millones con las empresas del grupo, que
correspondían a entregas de dinero por parte de Tabacalera, sin devengo
de intereses. Dado que en su mayor parte estos préstamos tienen una
antigüedad superior a dos años, podrían ser considerados como
aportaciones de capital no formalizadas, o, en su caso, si realmente son
préstamos, tendría que fijarse el cobro de intereses.

Finalmente, el informe hace una aproximación a la rentabilidad de las
participaciones en empresas del grupo y en empresas asociadas, resultando
que según las estimaciones del Tribunal la rentabilidad media anual sobre
estas inversiones durante los tres ejercicios estudiados fue del 10,68
por ciento. Esta rentabilidad no llega a la media general de las
inversiones en activos financieros con riesgo, ni llega a la obtenida por
inversiones en deuda pública con vencimiento a tres años, aunque ésta no
es la función de Tabacalera, pero lo digo a título de referencia. No
obstante,



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cabe considerar como eficiente la gestión de Tabacalera respecto a sus
participaciones en empresas del grupo y empresas asociadas.

Esto es lo que en principio quería decir sobre este punto, señor
Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señora Presidenta por la información.




Es verdad que el estudio realizado por el Tribunal de Cuentas sólo abarca
el inmovilizado financiero de Tabacalera; sin embargo, es revelador de
una serie de prácticas defectuosas en el modo de gestión, que no se ponen
de manifiesto sólo en la forma de abordar la reestructuración del sector
tabaquero canario, con una inversión total, según los propios datos del
Tribunal, de 15.110 millones de pesetas y ciertas dificultades para
recuperar créditos que todavía permanecen en el activo de Tabacalera,
sino también en el tema del valor de las acciones de Elosúa, en todo lo
relacionado con esa decisión política de crear un grupo agroalimentario
en torno a Tabacalera que ha fracasado, pero hay otros detalles que se
ponen de manifiesto en el informe y que nos sorprenden respecto a la
forma de gestión. En la venta por parte de Tabacalera de Tabatrade
Internacional a la Compañía de Tabacos de Filipinas se pagaron 150
millones por una sociedad que valía 510, teniendo en cuenta que en ese
momento no todo el capital de Tabacos de Filipinas era de Tabacalera.

Es curiosa la aparición de una sociedad como Interprestige, cuya
actividad parece ser que es exclusivamente explotar un campo de golf. No
se logra entender muy bien qué tiene que ver con el objetivo social de
Tabacalera la explotación de un campo de golf en las proximidades de
Madrid, que, además, pierde bastantes millones de pesetas.

Hay también un dato revelador de un modelo de gestión que es la OPA sobre
Tabacos de Filipinas en que aparecen dos pagos inútiles, dada la enorme
participación que ya tenía Tabacalera sobre Tabacos de Filipinas, uno los
61 millones de pesetas pagados a First Boston por un informe, y otro, los
8 millones pagados a un estudio legal de abogados por algo que se supone
que había abogados en Tabacalera para hacerlo.

A nuestro modo de ver éstos son signos reveladores de una forma de
gestionar. Pero hay un dato sobre el que quería preguntarle, porque
demostraría, a nuestro modo de ver, algo mucho más grave. Se supone que
el anexo número 2, con el que ha trabajado el Tribunal de Cuentas, es un
anexo facilitado por la propia Tabacalera de todas las sociedades que
componen su inmovilizado financiero, y sorprende enormemente que en esta
relación de sociedades, de las que es titular Tabacalera, S. A., no
aparezcan dos sociedades: Intaba Corporation y Fortuna World Corporation,
creadas las dos en las islas Bahamas, en los años concretos a que se
refiere el informe, cuya creación fue aprobada por acuerdo del Consejo de
Ministros y que, sin embargo, no vienen recogidas en el análisis que se
ha hecho del inmovilizado financiero de Tabacalera. Son dos sociedades
que al parecer han perdido bastante dinero. Fortuna World se constituyó
para un patrocinio de una regata; por tanto, todo el dinero que se
invirtió, como es lógico, se ha consumido; e Intaba Corporation se
constituye, al parecer, para dirigir determinados pagos que había que
hacer por el comercio de tabaco en paraísos fiscales.

Lo que quisiera saber es si efectivamente el Tribunal de Cuentas trabaja
sobre ese anexo de inmovilizado financiero que le facilita la propia
Tabacalera y cuáles son las razones --si las conoce el Tribunal, como es
lógico-- por las que Tabacalera no incluye entre su inmovilizado
financiero a estas dos sociedades en las que ha invertido un cierto
dinero, cuya constitución, a modo anecdótico, le supuso a Tabacalera en
viajes de directivos a las islas Bahamas un total de 10.800.000 pesetas
en gastos de viaje, lo cual está francamente bien para ir a Bahamas a
constituir una sociedad.




El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): El señor Martín Menis tiene la
palabra.




El señor MARTIN MENIS: Voy a centrar mi intervención en la
reestructuración del sector tabaquero canario y tengo que comenzar
diciendo que leído con cuidado y esmero el informe del Tribunal de
Cuentas, me parece un informe con mucho rigor. Algo menos claras tengo
las conclusiones cuando en la página 58 dice que no se han observado
incumplimientos significativos de la legalidad vigente en la ejecución de
las operaciones relacionadas con las cuentas objeto de la fiscalización.

Puede ser así, pero no me parece que se deduzca de la lectura cuidadosa
del propio informe.

En la página 10 del informe se habla como objetivo del acuerdo y de la
fase de reestructuración de la constitución de una nueva sociedad
integrada por la fusión de las sociedades Tabacanaria, S. A., y el Centro
Industrial de Tabaqueros Asociados y Cigarcanaria, S. A., para que se
dedicase fundamentalmente a la producción de cigarrillos negros y
cigarros. Como ha dicho la Presidenta en su intervención, parece que la
actividad principal hoy es la hotelera.

En la página 12, en su último párrafo, dice que, como consecuencia de las
valoraciones de los activos aportados y de la participación acordada al
50 por ciento, resultó una diferencia a favor de ATIC, S. A., de 446
millones de pesetas, de la que esta sociedad podría disponer,
retirándolos del patrimonio de la sociedad de nueva creación, y otorga un
derecho de opción de compra a ATIC de hasta el 5 por ciento por una
peseta como precio simbólico y como precio de venta del 5 por ciento de
las acciones el de 446 millones de pesetas. Esa opción de compra se
cumpliría el 31 de mayo de 1995. No sabemos si se ha ejecutado la misma o
no, pero es que han cambiado tanto las condiciones que me parece difícil,
con todos los movimientos de sociedades, que podamos verlo con claridad.

Indudablemente se sale fuera del período de análisis del Tribunal de
Cuentas.

En las páginas 14 y 15, de acuerdo con la orden del Ministerio de
Economía y Hacienda del 12 de diciembre de



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1990, se conceden una serie de beneficios fiscales a la fusión. Se
produce la fusión y se crea una sociedad con capital social de 4.818
millones de pesetas, participada en un 50 por ciento por Tabacalera y el
otro 50 por ATIC, S. A. Sin embargo, durante la duración del contrato se
fijan tres años retrotrayéndose sus efectos al 1 de enero de 1990, y
mientras tanto Tabacalera sufre totalmente los costos de reestructuración
de plantillas, el coste de obligaciones con el personal pasivo, el coste
de reestructuración industrial y los resultados de explotación. Todas las
posibles pérdidas van sobre Tabacalera. Pero cuando se trata de aplicar
los resultados de las tres sociedades se establece que se imputa: el 25 a
Tabacalera, el 25 a Tabacanaria, el 25 a Cigarcanaria y el 25 a CITA, S.

A. Parece que en una sociedad que se fusiona y en la que cada una de las
partes tiene el 50 por ciento, debían de establecerse responsabilidades
por lo menos al 50 por ciento cuando se tratara de beneficios o pérdidas,
sobre todo cuando después, a lo largo de la historia, lo único que hemos
visto es que existen pérdidas.

En la página 16 se dice que se crea una nueva sociedad, que es Botafogo,
en principio con dos tercios en propiedad de Tabacalera, que después se
venden por el valor de 1.500 millones de pesetas a la compañía CITA, con
un interés del 12 por ciento anual, y, como veremos después, cuando CITA
tiene que devolver el dinero a Tabacalera lo que se le da es un crédito y
se cambia el 12 por el 8 por ciento.

En la página 18, como resultado de la reestructuración, en el informe se
habla de que el coste total de la reestructuración para Tabacalera es de
15.720 millones de pesetas, y se da el desglose, que no voy a añadir, más
2.000 millones que recibe de subvención por otro lado y que no tiene que
ver con la auditoría la empresa Inversiones Hoteleras Playa del Duque,
subvención a fondo perdido de las subvenciones que da el Estado. En
total, al final, entre las aportaciones de Tabacalera, 15.720, más los
2.200 --me parece--, estamos hablando de aproximadamente 18.000 millones
de pesetas. El resultado hoy es que se han reducido 750 empleos y hay un
hotel de un valor de unos 10.000 millones de pesetas, del cual la
participación de Tabacalera es del 50 por ciento más o menos.

Desde luego, tal como se dice en el informe, se trata de un enorme
esfuerzo inversor con un resultado dudoso; dudoso porque la reconversión
de Tabacalera en Canarias, de las dos empresas que tenía, y la fusión con
CITA significan la pérdida total de los puestos de trabajo de las dos
empresas que tenía Tabacalera y se quedan sólo los puestos de trabajo que
tenía CITA. Por tanto, lo único que ha habido es una desaparición del
empleo y de las industrias que tenía Tabacalera en Canarias. No ha habido
tal reconversión. La empresa CITA, que aportó unos activos, sigue
teniendo un personal, que además es menor que el que tenía en esa época,
porque ha ido reestructurando de acuerdo con los avances tecnológicos,
pero ha habido una pérdida de producción, porque los contratos que en ese
momento tenía Tabacalera con sus empresas afiliadas han dejado de
existir.

Por otro lado, si el objetivo era reducir el empleo y buscar una fórmula
para ello, hay otro dato que nosotros no entendemos. En la página 20
habla de que en la reestructuración de plantillas el total de bajas
incentivadas que se produjeron y que fueron financiadas por Tabacalera
fue de 754 personas; sin embargo --sigo leyendo--, la disminución de
plantilla producida observada en el período de vigencia del contrato de
asociación de cuentas en participación fue de 606. Existía, pues, una
diferencia de 148 bajas incentivadas no justificada. Dice el propio
informe que las bajas producidas en el último trimestre de 1992 alcanzan
los 528 millones de pesetas, y que el cargo de unas bajas producidas por
valor de 1.016 millones de pesetas es considerado como improcedente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Señor Martín, le ruego que vaya
abreviando.




El señor MARTIN MENIS: Sí, señor Presidente.

Esta suma se abona al final de modo provisional y a cuenta de liquidación
definitiva, pero nunca dicha liquidación definitiva aparece. El otro día,
el Presidente de Tabacalera, en una comparecencia en esta misma sala, nos
decía que el resultado final eran 750 trabajadores y 4.013 millones de
pesetas. Por el baile de cifras no podemos conocer exactamente cuántas
bajas se produjeron y cuál fue el importe dedicado.

Por último, hay otra cuestión que nos preocupa. En la fusión de
sociedades las empresas de Tabacalera efectúan una aportación de terrenos
de 2.877 millones de pesetas en 1989, cuando el sector inmobiliario no
estaba en crisis, y en 1993, cuando todavía estaba en crisis, esos mismos
terrenos pasan de la empresa CITA a Tabacalera por 5.250 millones de
pesetas. Hay una plusvalía de 2.373 millones de pesetas, que el informe
del Tribunal considera que puede ser elevada, teniendo en cuenta muchas
consideraciones y una más que yo puedo añadir: Que en la valoración que
se dio a los terrenos se hablaba de que en ellos se podía construir un
centro comercial de acuerdo con un proyecto, pero no era así porque el
plan general de la ciudad donde están los terrenos impide ese uso
comercial.

En resumen, el informe quizás tenga algún incumplimiento significativo en
las revalorizaciones de los terrenos que se producen, en el baile de
cifras para saber cuántas bajas incentivadas fueron las que se
produjeron, qué importe exacto es el que se usó para ello, y en todos
aquellos detalles que van surgiendo en el propio informe. Esto nos
preocupa fundamentalmente porque hace un año se ha comenzado a producir
una operación similar por la misma empresa y Tabacalera, comprando por
cero pesetas unos activos de una sociedad, Philip Morris, y, según las
memorias de Tabacalera, están valoradas en los activos de CITA en 2.500
millones de pesetas. Sin embargo, la transacción se ejecuta por cero
pesetas y otra vez ha empezado la pérdida de empleo igual que en el
proceso anterior, como se refleja en este informe. Nos gustaría que nos
aclarasen el trasvase de terrenos, si son justificadas o no las
diferencias de esos valores, qué empleo fue el que se redujo y qué
importes los que se dedicaron a la reducción de ese empleo.




El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): El señor Carrera tiene la palabra.




Página 1800



El señor CARRERA I COMES: Antes de nada, quiero agradecer a la señora
Presidenta del Tribunal de Cuentas su comparecencia en esta Comisión.

Sobre la fiscalización de las cuentas del Grupo Inmovilizado Financiero
de la Sociedad Estatal Tabacalera, S. A., quisiera decir lo siguiente y
anticipo la brevedad de mi intervención, que estará en línea con las
siguientes en cada uno de los puntos del orden del día, reconociendo,
como si los tres informes se hubiesen acumulado «ex professo», que son no
sólo de un gran contenido, sino que llegan a unas conclusiones fortísimas
que habrá que tener en cuenta.

Por nuestra parte, no tenemos nada que objetar a los informes. Tres son
las cuestiones que remarco. Una, la sobrevaloración del saldo de la
cuenta de participación en empresas del Grupo y en empresas asociadas.

Dos, la minoración de los beneficios antes de impuestos del ejercicio de
1993. Y tres, la rentabilidad de las participaciones en empresas del
Grupo y en empresas asociadas. Y voy a hacer referencia a esta última
para decir lo siguiente: El informe dice que la rentabilidad media es
mínimamente correcta, y estamos de acuerdo. En cambio, es alarmante lo
que se comenta, que el rendimiento global se ha visto afectado
negativamente por las pérdidas o nula rentabilidad de algunas
participaciones y más todavía al remarcar que estas inversiones no se
hubieran efectuado sólo en principios de economía de mercado, sino por
intereses de política general del Estado. Este es el punto que preocupa a
nuestro Grupo.

Uno se asusta --si quiere, entre comillas, señor Presidente-- de esta
incidencia negativa y sólo se me ocurre dirigir esta consideración. Verá
que en cada una de mis intervenciones termino con una pregunta y no sé si
su respuesta va a ser o no oportuna. Vista la incidencia negativa que
tienen estas decisiones políticas a la hora de las inversiones, ¿podría
ser interesante por parte del Tribunal no sólo detectar este hecho que
consideramos importante, sino que se hiciera alguna recomendación al
respecto?



El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Tiene la palabra el señor Padrón.




El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señora Presidenta del Tribunal
de Cuentas, por la exposición del informe.

Lo hemos leído con atención y hemos vivido en parte lo que se dice, por
lo menos en lo que se refiere no a la reestructuración, sino a la
liquidación, porque de hecho fue casi una liquidación, de empresas que
pertenecían al cien por cien a Tabacalera, S. A., como eran Tabacanarias
y Cigarcanarias, y que, constituyendo una nueva actividad empresarial
financiera más orientada al sector turístico, desaparecieron de hecho 754
puestos de trabajo del sector industrial, en una región en donde esa
actividad es casi nula.

En todo caso, a mí me parece, y de la lectura del informe se desprende,
que ha habido demasiadas facilidades hacia la empresa CITA, S. A., que se
asoció con Tabacalera en esta nueva empresa participada, como digo, al 50
por ciento por Tabacalera. Parece que todo fueron facilidades a la hora
de la concesión de un préstamo y a la hora de la venta de una
participación que tenía Tabacalera en la Sociedad Botafogo para la
construcción de ese hotel de superlujo.

Por otra parte, y lo dice el Tribunal en el informe, en una doble
revalorización de los activos, de solares, plantas o naves industriales,
que antes pertenecían al cien por cien a Tabacalera, luego a CITA con el
50 por ciento de Tabacalera, sufren dos revalorizaciones fuera de todo
valor real de mercado. Eso constituye un elemento criticable, por lo
menos, a lo que ha sido la gestión de Tabacalera y la gestión de esta
empresa CITA, ahora 50 por ciento del sector público.

Lo más grave de todo es que, según una nota del Tribunal, los valores de
terrenos y almacenes revalorizados en 4.479 millones y arrendados a CITA
por la cantidad de 76 millones, una rentabilidad del 1,69 por ciento. La
verdad es que no me cuadra ese tipo de operaciones a la hora de buscar la
rentabilidad y la eficiencia en la gestión del gasto público. Porque se
revalorizan para la cancelación de una deuda de esa empresa que tiene el
50 por ciento de capital privado y luego se le arrienda a la misma
empresa con una rentabilidad media del 1,69 por ciento.

Todas estas razones, señora Presidenta, demuestran, desde mi punto de
vista, que no ha sido una operación para reestructurar el sector
tabaquero en Canarias, sino para liquidar una buena parte de ese sector
en Canarias. Si bien es verdad la apreciación que hace el Tribunal de
Cuentas de que se generaron puestos de trabajo alternativos en el sector
hotelero, la verdad es que, afortunadamente, no necesita del estímulo del
sector público por las fuertes inversiones que está habiendo en Canarias
y en otras zonas en esa actividad económica. Por tanto, no parecía
lógico. No sé lo que pensaban los gerentes o los presidentes de
Tabacalera en aquel momento para realizar esas inversiones.

En todo caso, y como sé que el informe lo dice claramente, aunque no se
delimitan responsabilidades contables, el propio Tribunal deja entrever,
desde luego, que ha habido una serie de actuaciones fuera de toda lógica
empresarial, económica. De este aspecto tomamos buena nota, señora
Presidenta, a la hora de presentar las propuestas de resolución.

Querría, si es posible, tener un conocimiento del valor de todas esas
inversiones hoteleras en «Bahía del Duque, S. A.», cuánto corresponde a
«Tabacalera, S. A.» y cuánto al resto de los grupos privados.

No sé si es éste el momento procesal oportuno, pero, como ha manifestado
un anterior interviniente, esto fue, desde mi punto de vista, un hecho
malo para mi provincia, para Tenerife. Se está produciendo una situación
similar donde, efectivamente, está habiendo una cierta presión sobre una
empresa, donde participaba «Tabacalera, S. A.», como era Philip Morris, y
se ha constituido ahora otro nuevo grupo empresarial también con la firma
CITA, que fue la que intervino en todo este proceso.

Desde luego, por parte del Grupo Socialista y de quienes seguimos atentos
a estos hechos, no tenemos nunca inconveniente en que, si hay que hacer
reestructuraciones de plantilla para mejorar la productividad a
consecuencia de



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las nuevas tecnologías, se estudien, se analicen y se formule la
correspondiente propuesta. Lo que nos parece lamentable es que se
utilicen, y no en este caso por parte de Tabacalera, pero sí por parte de
su socio, métodos coactivos y fuera de toda lógica de buena gestión, de
suficiencia empresarial para llevar a una situación en que pueda darse el
caso de posible desaparición de la escasa --ya digo, poquísima--
actividad económica e industrial en el sector tabaquero.

Por todas estas razones, señora Presidenta, muchas gracias por su
información. El informe para mí es bastante completo, dice todo lo que
tiene que decir. En todo caso, con propuestas de resolución procuraremos
evitar nuevos desaguisados como los que se produjeron en estas
inversiones financieras, que, al menos desde mi punto de vista, no fueron
beneficiosas ni para Canarias ni para el sector industrial.




El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): La señora Presidenta del Tribunal
de Cuentas puede contestar a los compromisarios que han intervenido.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Tomo nota
de la pregunta que me dirigía el señor Jordano respecto a si la omisión
de dos empresas en la relación de las participadas por Tabacalera que
aparece en el anexo ha sido por omisión de la propia Tabacalera, S. A., o
ha sido, tal vez --no lo sé--, por algún problema que pudiese achacarse
al propio Tribunal de Cuentas. Tomo nota de ello y, en la medida de lo
posible y lo antes posible, le contestaré.

El tema no me resulta ajeno --con esto me salgo un poco de la pregunta--
porque la empresa Fortuna World tuvo mucho que ver con la Sociedad
Estatal del V Centenario. También en el Tribunal de Cuentas estamos
trabajando sobre un informe en el que se trata ampliamente este tema. Le
comunico esta incidencia porque sí conocemos cuestiones y vicisitudes de
la empresa.

El señor Martín me hace una serie de preguntas que contestaré en la
medida que me sea posible. En primer lugar, se refiere a que la cifra de
las bajas incentivadas que da el Tribunal no coincide con la reducción de
empleos. Yo creo que estos dos hechos son posibles en un grupo de
empresas, porque no es lo mismo a veces la mano de obra que cesa que la
que es imprescindible contratar y que normalmente es de otra
cualificación o de otra orientación.

El hecho de que las bajas incentivadas --por tanto, con entrega de
dinero-- sea de 754 y las diferencias que usted marca de 606 como
reducción de empleo no es totalmente incompatible, pueden ser hechos
reales. Tal vez se está cediendo un tipo de especialidad de mano de obra
y se está intentando contratar otro --estoy hablando de un supuesto
posible en una empresa, no de que haya ocurrido aquí-- que puede llevar
adelante esa reestructuración, o, en palabras del señor Padrón, esa
liquidación. No lo sé. Esa puede ser una razón.

Le preocupa la operación de entrega de activos sobrevalorados --alrededor
de los 2.000 millones, le he creído entender-- que se están cediendo a
razón de una peseta --que es un precio, como todos sabemos, puramente
testimonial, para que tenga lugar la entrega por los procedimientos
adecuados en las costumbres mercantiles-- y que están generando pérdidas
de empleos. Desgraciadamente, para el interlocutor normal, para la
persona normal que recibe información a veces son cosas incomprensibles.

Pero usted precisamente sabe que muchas veces se entregan empresas que
tienen activos importantes porque lo que se está entregando es la
necesidad justamente de reestructurar la mano de obra y eso cuesta mucho
dinero.

No estoy intentando, en absoluto, justificar la medida de una sociedad
anónima en este caso. Estoy diciendo que es una práctica habitual en el
mundo de las empresas y creo que la prensa está llena de ejemplos de este
tipo, en los cuales, como se suele decir en términos vulgares, se entrega
la manzana, pero suele tener gusanos. Es el coste insoportable a veces de
un excesivo dimensionamiento de la mano de obra en determinadas empresas.

Son explicaciones que yo considero lógicas y que no sé si responden a sus
inquietudes. Insisto, sin ningún interés en defender posturas que en un
momento determinado haya podido mantener Tabacalera o cualquiera de sus
empresas participadas. Son explicaciones que creo que surgen en el
mercado económico en el que nos movemos.

El señor Carrera me hace una pregunta muy oportuna sobre si no tendríamos
que hacer alguna recomendación al respecto, en cuanto que ha podido haber
acciones políticas detrás de determinado funcionamiento. Nosotros,
efectivamente, hacemos recomendaciones en muchos informes que presentamos
en esta Comisión que se refieren normalmente a modificaciones en la
manera de contabilizar, en la manera de valorar, moviéndonos en una
contabilidad presupuestaria pública.

Cuando hablamos de sociedades anónimas y cuando estamos presentando este
informe y alguno más que está sobre la mesa de hoy, como muy bien ha
indicado usted, sobre los informes de gestión --que son éstos, auténtico
informe de gestión--, poco podemos recomendar, porque la gestión está
concluida y porque las normas contables, en definitiva, no son las que se
están incumpliendo, aunque sí decimos en un determinado momento que no se
han valorado bien unas pérdidas o unas ganancias, ciertamente. Creo que
tiene usted toda la razón, pero le devuelvo la pelota: las
recomendaciones al respecto las deben hacer los políticos, que son
precisamente ustedes. Si este informe les ayuda a hacer esas
recomendaciones políticas, el Tribunal de Cuentas se sentirá muy
satisfecho.

El señor Padrón nos da un pequeño varapalo porque llamamos reconversión a
lo que realmente cree que es una liquidación. Yo no entro en esa
dialéctica. Me parece que muchos de los que han intervenido conocen el
sector tabaquero canario muchísimo mejor que esta Presidenta del Tribunal
de Cuentas, que, para más inri, no ha fumado en su vida.

Yo acepto todo los que ustedes me explican que está ocurriendo allí. No
conozco ese hotel de lujo que se ha hecho, sólo lo conozco a través del
informe. Y están las participaciones vivas de quienes sienten en su
propia región o



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en su propia provincia, como es su caso, lo que está ocurriendo con
sectores que ven que se desmoronan.

La exposición que ha hecho el señor Padrón parece de una enorme lógica y,
si eso está contenido en el informe, que creo que en parte está, o está
sugerido por el informe, lo hago mío. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



--FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO FERIA UNIVERSAL GANADERA,
SALAMANCA 1992 (AÑOS 1991 Y 1992). (Número de expediente Congreso
251/000059 y número de expediente Senado 751/000058.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la exposición por parte de
la Presidencia del Tribunal del informe de fiscalización correspondiente
al Consorcio Feria Universal Ganadera, Salamanca 1992, años 1991 y 1992.

Para esa exposición, tiene la palabra la Presidenta del Tribunal de
Cuentas.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Este es un
informe realizado también a iniciativa del Tribunal de Cuentas e incluido
en el programa de fiscalizaciones a iniciar en 1994. En esto se parece al
que acabamos de discutir.

El objeto del informe es la fiscalización de la gestión
económico-financiera del Consorcio.

Los fines previstos en la fiscalización son: verificar la fiabilidad de
la contabilidad, verificar si esta contabilidad refleja las variaciones
económico-patrimoniales del Consorcio Feria Universal Ganadera de
Salamanca y también realizar el control de legalidad.

La Feria Universal Ganadera coincidió con la conmemoración del V
Centenario del Descubrimiento de América y tuvo lugar de mayo a
septiembre del año 1992, con el objeto de promover la ganadería y los
productos agropecuarios, realizando, además, actividades complementarias
de tipo cultural, deportivo y de ocio.

El consorcio se constituyó por iniciativa de la Diputación de Salamanca,
con el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Las magnitudes económicas manejadas fueron bastante significativas en
relación a lo que era el Consorcio. Así, las inversiones en inmovilizado
alcanzaron casi los 1.600 millones de pesetas. Los ingresos por
actividades propias no llegaron a 150 millones, frente a casi 1.500
millones de gastos. En consecuencia, el déficit de explotación fue muy
elevado.

La financiación, tanto del déficit de explotación como del inmovilizado,
tuvo lugar, en primer lugar, por patrocinios privados, que alcanzaron 838
millones. En segundo lugar, por subvenciones de entidades públicas, que
sumaron 609 millones, y el resto a cubrir por los entes consorciados, en
cantidades que al final fueron muy superiores a las previstas, siendo las
previstas de 400 millones.

El Consorcio se disolvió por acuerdo de la Junta General en el mes de
junio de 1994 y al terminar nuestra fiscalización todavía no se había
procedido a la liquidación de los bienes del Consorcio.

Para la realización de las tareas del Tribunal ha habido algunas
limitaciones, debido, en primer lugar, a que el sistema contable que se
ha seguido en el Consorcio es deficiente; no se han elaborado ni
presupuestos generales ni rendido cuentas al cierre de cada uno de los
ejercicios económicos y en la fecha de disolución del consorcio su Junta
General aprobó un balance de situación y una cuenta de resultados que
incluían todas las operaciones del Consorcio desde su creación.

En ausencia de otras cuentas son éstas, las que se aprobaron en la fecha
de disolución, las que se han utilizado por parte del Tribunal, puesto
que está incluido el período acotado para la fiscalización.

La Feria Universal Ganadera fue una actividad pública, limitada en el
tiempo, de forma que sus órganos de administración y gestión contables y
de control interno atienden por necesidad a una variedad de funciones que
son muy difíciles de programar en el momento en que se crea el Consorcio.

No es extraño para el Tribunal de Cuentas que en estas condiciones se den
unos niveles de incumplimiento o de defectos en la rendición de cuentas
muy por encima de los que se pueden esperar en un organismo que tiene
carácter permanente. Sin embargo, en este caso los defectos e
irregularidades han sido más numerosos, como se demuestra a lo largo del
informe.

Aparte de la militación de las cuentas rendidas, que ya he indicado, el
control interno ha sido defectuoso y no se han llevado los libros
obligatorios y auxiliares que están previstos en la instrucción de
contabilidad para la administración local, que es la que le era de
aplicación. Los libros llevados han sido el diario, el mayor y el balance
de sumas y saldos y omiten el registro de muchos derechos y obligaciones.

No se concilian las cuentas bancarias. Se utiliza con carácter general el
principio de caja, frente al obligatorio principio de devengo. No se
registra, con carácter general, el IVA soportado y repercutido. Lo que sí
se hace en su sustitución es un cálculo extracontable del exceso del IVA
soportado sobre el repercutido, del cual se solicita la devolución, que
únicamente es aceptada por la Agencia Tributaria en parte.

En el capítulo de gastos no se hace el seguimiento de los costes y
rendimientos de cada actividad. Además la falta de mecanismos del control
del gasto hizo que el comité ejecutivo actuara como órgano de validación
del pago de numerosas facturas y reclamaciones de proveedores.

En el apartado de contratación hay que indicar que no se ha elaborado el
registro de contratos previsto en la Ley y que los expedientes de
contratación presentan importantes omisiones, incluso se habla en el
informe de la suscripción de un contrato con una sociedad consultora, que
se hace en forma de contrato de mandato civil para eludir las
formalidades de la contratación administrativa, contrato en el que,
además, se producen otras irregularidades.

Se han suscrito convenios entre la Feria Universal Ganadera de Salamanca
y la Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del V Centenario
para participar en programas conjuntos orientados a la promoción y
difusión de la cultura española e iberoamericana y de colaboración de



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la Universidad de Salamanca en la realización de dos programas
culturales. El Consorcio asumía el posible déficit de estos programas,
mientras que, en caso de que hubiera superávit, aceptaba que el mismo
recayera en la Sociedad Estatal del V Centenario.

Concluyo indicando que la coexistencia de distintos equipos gestores de
gasto, que no tuvieron entre sí ninguna coordinación, junto a los
defectos del sistema contable y la ausencia de control interno, llevaron
a desconocer las obligaciones que realmente estaban comprometidas, de
forma que algunos pagos se han hecho con dos años de retraso, ha habido
muchas reclamaciones y se han solicitado también intereses por demora.

Por todo ello, después del cierre de cuentas a 31 de mayo de 1994, se han
seguido reconociendo pagos y a dos años del cierre de la Feria no se
conocen los resultados económicos-financieros definitivos. Todo esto,
junto a la escasa realización de ingresos, ha obligado a triplicar las
aportaciones de los miembros del Consorcio.

La falta de representatividad de los estados contables se pone de
manifiesto en ejemplos concretos como son la cuenta de balance de
construcciones en curso, la cuenta de fianzas y depósitos o la deuda de
los expositores, o bien que entre los ingresos no se incluyan algunos
patrocinios de entidades privadas, bajo la forma de prestación gratuita
de servicios, ni tampoco ingresos por patrocinios en efectivo a través de
la Sociedad Estatal para el V Centenario o el retorno del IVA por importe
de 90 millones, consecuencia del convenio de colaboración con la sociedad
estatal. Entre las partidas de gasto no incluidas se halla una de 126
millones para actividades culturales.

Todas estas irregularidades señaladas en el informe se han puesto en
conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, con
la finalidad de aclarar, caso por caso, si los indicios de
responsabilidad contable pudieran deberse únicamente a imperfecciones de
los registros contables o si realmente existen otros tipos de
responsabilidad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.

A los efectos de pedir aclaraciones con respecto a la información
facilitada, ¿qué grupos van a intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de
Convergència i Unió, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Estoy totalmente de acuerdo con el informe
presentado, señora Presidenta.

Me gustaría, de todas formas, que quedara constancia en esta sesión de lo
siguiente: me quedo totalmente atónito. Demora en los pagos, múltiples
reclamaciones, ni elaboración ni liquidación de presupuestos,
incumplimiento de normativa, inventarios falsos, no conciliación de
cuentas bancarias, estados contables que no representan la situación
patrimonial. Supongo que se puede decir aquello de quién da más, señora
Presidenta. Inadmisible.

Hacía referencia la señora Presidenta a que continúan las gestiones para
ver si llegara a detectarse posibles responsabilidades. Esta sería mi
pregunta final, de las que le he anticipado que iba a efectuar: ¿Se
introducirá, una vez hecha la investigación final, esta posible
responsabilidad en algún informe o recomendación?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Voy a intervenir con bastante brevedad, puesto
que coincido con el anterior Diputado en que del informe del Tribunal se
desprende que la contratación de obras y servicios en la Feria Universal
Ganadera de Salamanca ha carecido de toda formalidad, han prescindido de
los procedimientos, de las normas más elementales y de los principios de
actuación de los entes públicos, con lo que, evidentemente, se deduce un
grave defecto de gestión de estos fondos públicos.

Quisiera preguntarle por las actuaciones que haya podido llevar a cabo el
Tribunal con posterioridad a la fecha del informe de fiscalización, que
es de julio de 1995, en relación con las responsabilidades contables por
alcance o de tipo penal que puedan haberse apreciado.

También le quisiera preguntar --si puede facilitar este dato-- quiénes
son las personas responsables de las anomalías, ya que esta
identificación de las personas responsables no viene recogida en el
informe. Los estatutos por los que se regía la Feria Universal Ganadera
creemos que serán suficientes para determinar los diferentes grados de
responsabilidad.

Hay también un punto del informe que llama poderosamente la atención. Se
hace referencia en él a que se han realizado pagos a funcionarios de la
Diputación Provincial de Salamanca por entidades distintas a tal
corporación. Esta parece ser una anomalía excesivamente grave cuando
estamos hablando del sector público.

Finalmente, le preguntaría si, aparte de las responsabilidades contables,
se ha producido algún alcance en la apreciación del Tribunal y, por
consiguiente, si se ha deducido algún tanto de culpa en ello.




El señor PRESIDENTE: La señora Vicente, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra.




La señora VICENTE GARCIA: Señora Presidenta, quisiera empezar diciendo
que comparto la preocupación de los dos anteriores grupos intervinientes,
ya que, a la vista del informe de gestión del Consorcio de la Feria
Universal Ganadera, es evidente la deficiencia del sistema contable así
como de control interno, que aparecen en las conclusiones, aunque algunas
de estas anomalías han sido subsanadas al presentar el Consorcio
distintas alegaciones y haber sido aceptadas.

El Grupo Socialista, como decía antes, apoya en su totalidad el informe
que la señora Presidenta nos acaba de presentar, así como las
recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas, que el propio Consorcio
reconoce en su escrito de alegaciones, aceptándolas plenamente y
manifestando su interés en determinar, en el menor plazo posible, las
aportaciones finales complementarias de las instituciones



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consorciadas y concluir la liquidación del Consorcio.

En este momento no voy a hacerle pregunta alguna, puesto que aquellos
hechos que pueden determinar alguna responsabilidad están, imagino,
analizándose y nos dará cumplida información. Sí quería decir que, a
pesar de estas irregularidades y estas anomalías en la gestión, los fines
por los que se creó la Feria Universal Ganadera, que se celebró entre
mayo y septiembre del año 1992, eran la propagación de la ganadería y de
los productos agropecuarios complementado con actividades culturales,
deportivas y de ocio. Estos fines creo que se cumplieron ampliamente con
la consiguiente promoción para la propia ciudad de Salamanca. Asimismo,
habría que destacar que, del presupuesto total de la Feria Universal
Ganadera, alrededor de un 53 por ciento se ha dedicado a inversiones, lo
que lógicamente también repercute en beneficio de la ciudad, y, si bien
es verdad que los 400 millones iniciales que se recogen en los estatutos
de los entes consorciados se superan ampliamente, hay que destacar que
las inversiones son mayores que lo que ponen las instituciones.




El señor PRESIDENTE: A efectos de contestar las posibles preguntas, tiene
la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Creo que
puedo responder, si no tienen inconveniente los señores Jordano y
Carrera, un poco globalmente, porque lo que en verdad preocupa a ambos es
la responsabilidad que puede haber detrás de una gestión tan deficiente.

Nosotros, según he indicado al final de mi intervención, como Tribunal de
Cuentas ejercemos dos grandes funciones, una es la fiscalizadora. Nuestra
función fiscalizadora termina en el momento en que yo, como representante
del Tribunal, presento ante ustedes el informe que previamente ha sido
aprobado en el Pleno. La otra gran función es la de enjuiciamiento de la
responsabilidad contable. Y eso puede surgir porque haya denuncias, o
sea, por la acción pública, o como consecuencia de los propios informes
del Tribunal de Cuentas. Es evidente que en este momento ha surgido como
consecuencia de la propia actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas
y nosotros hemos pasado, como les he dicho, a la sesión de enjuiciamiento
supuestos que pudieran ser constitutivos de alcance --es lo que ustedes
preguntaban--, que son aquellos cuya cifra se puede valorar exactamente.

Puede haber gastos no justificados en un momento determinado por
distintos motivos que en el informe se dicen y que están valorados de una
manera alta, o gastos por actividades o pagos a justificar que hayan
podido realizar el gerente y distintos empleados de la Diputación. Como
éstas son cantidades perfectamente valorables son las que nosotros
consideramos investigaciones por supuesto alcance. Después están otros
supuestos distintos, que pueden ser que no existen documentos por
determinados servicios profesionales o que no ha habido autorización
expresa para hacer determinados gastos, etcétera.

Comprenderán ustedes que el Tribunal de Cuentas, en cuanto realiza su
función fiscalizadora, es como otros tribunales de justicia más, aunque
aquí sea la aplicación de la justicia contable. En consecuencia,
nosotros, en los informes, no podemos decir nada más. Las sentencias
claro que se publican donde es oportuno y todo el proceso de
convocatorias, resoluciones interdictos, etcétera, aparecen en el
«Boletín Oficial del Estado» como aparecen las del resto de la
Administración de Justicia en nuestro país.

¿Quiénes son las personas responsables? En distintos momentos habrá
distintas personas responsables que serán valoradas por la sección, pero
puedo adelantar que el que más próximo ha estado en la gestión es a quien
primero se le va a pedir responsabilidades. Las primeras
responsabilidades se pedirán a los responsables de la Diputación, sobre
todo en el momento en que tuvo lugar la Feria y, después, al Comité
Ejecutivo, que también ha autorizado determinadas cuestiones. Me figuro
que puede haber otros responsables distintos, porque no hayan justificado
un anticipo que se le haya hecho, y que no es ninguna de estas personas a
las que me estoy refiriendo.

La opinión nuestra es que, a través de las peticiones de la sección de
enjuiciamiento, se podrán aportar muchos documentos justificativos que en
este momento no existen. Es una opinión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Presidenta.

Queda concluido el punto de fiscalización de la Feria Universal Ganadera
de Salamanca.




--FISCALIZACION CON RELACION A LA CAJA POSTAL, EJERCICIOS 1989, 1990 Y
1991. (Número de expediente Congreso 251/000060 y número de expediente
Senado 751/000059.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la exposición del informe
de fiscalización con relación a la Caja Postal, correspondiente a los
ejercicios de 1989, 1990 y 1991.

Para exponer un resumen de dicha fiscalización, tiene la palabra la
señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): El informe
de Caja Postal ha sido realizado a iniciativa del Tribunal de Cuentas y,
como acaba de indicar el Presidente de la Comisión, analiza para los años
1989, 1990 y 1991 las áreas de inversiones crediticias y los avales,
junto con las inversiones en empresas filiales, los gastos de personal y
las relaciones de la Caja con la administración postal. Esta es la
delimitación del alcance de la fiscalización que el Tribunal se fijó en
su día.

Dentro de estas áreas --y no, por tanto, de la totalidad de la Caja--, la
fiscalización ha perseguido los siguientes objetivos. En primer lugar,
evaluación de los procedimientos administrativos y contables. En segundo
lugar, evaluación del control interno. En tercer lugar, verificación y
análisis de la legalidad y de la contabilidad conforme a los criterios de
aplicación a Caja Postal.




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Durante el período fiscalizado, concretamente en julio de 1991, la Caja
modificó su naturaleza jurídica de organismo autónomo de carácter
financiero que tenía hasta la fecha para pasar a ser sociedad anónima
estatal, con estatuto de banco, integrándose poco después, en octubre de
1991, en la Corporación Bancaria de España, S. A., hoy Argentaria.

La fiscalización que ha realizado el Tribunal ha estado afectada por
frecuentes modificaciones que se han introducido en la organización de
Caja Postal, precisamente por ese cambio y porque determinadas
actuaciones en inversiones crediticias y en empresas filiales no están
soportadas de una manera documentalmente adecuada, destacando, por
ejemplo, falta de tasaciones de inmuebles y de justificaciones de
movimientos de cuentas bancarias.

Del trabajo realizado resulta que la Caja Organismo Autónomo, y su grupo
empresarial en los años analizados aumentaron sus posiciones de riesgo en
el sector inmobiliario sin adecuarse a realizar actividades de interés
público y social, que son las que tenían previstas en su normativa
específica, con consecuencias negativas sobre su patrimonio, pero sin que
las pérdidas registradas, como se indica en el informe, puedan cuestionar
la solvencia actual de Caja Postal, S. A.

La Caja Postal Organismo Autónomo tenía un marco jurídico complejo, en el
que concurrían el ordenamiento público y el ordenamiento privado y donde
se carecía de una reglamentación de las relaciones económico-financieras
que se daban constantemente entre la Caja y la administración postal, a
pesar del gran volumen de negocio conjunto. Tampoco estaba reglamentado
el procedimiento para designar en el consejo de administración de Caja
Postal a los representantes de los titulares de las cuentas corrientes y
de las libretas de ahorro, lo cual permitió su nombramiento discrecional
por parte del ministerio correspondiente. Todas estas lagunas legales han
sido superadas con la transformación de la Caja en sociedad anónima.

Como se detalla a lo largo del informe, tanto los procedimientos
administrativos y contables, como el control interno del organismo
autónomo, han sido deficientes. La situación también se ha corregido con
su transformación en sociedad anónima estatal.

La gestión de las inversiones crediticias tuvo notables deficiencias,
destacando como tales la delegación de facultades limitadas en el
consejero delegado y en los directores generales; delegación que se
produjo entre 1986 y julio de 1990; la ausencia de criterios adecuados
para la financiación crediticia de operaciones inmobiliarias, lo que le
llevó a asumir riesgos innecesarios al autorizar a empresas sin
experiencia operaciones apoyadas en una evaluación previa deficiente o a
no seguir adecuadamente el desarrollo de las operaciones financiadas.

Todo ello fue corregido en la nueva etapa de Caja Postal.

En Caja Postal, como organismo autónomo, la morosidad de la inversión
crediticia aumentó de una manera notable, con unos porcentajes de riesgo
muy superiores a la media del sector bancario. Esta evolución se explica
por la crisis del sector inmobiliario, unida a la política crediticia que
se siguió. Los riesgos asumidos han afectado la situación patrimonial al
haber tenido que dotar un volumen significativo de provisiones para
insolvencias, que fueron cubiertas con los resultados positivos generados
por la propia Caja.

Caja Postal tiene una inversión crediticia en el sector público y una
inversión en el sector privado. La inversión en el sector público
representa el 12 por ciento del total y las partidas más importantes se
dedicaron a nivelar descubiertos de habilitaciones para gastos de
personal, destacando las correspondientes a la Dirección General de
Correos, y también se dedicaron a saldos importantes mantenidos en
cuentas internas de la Caja, debido precisamente a ese deficiente sistema
contable que ya hemos mencionado.

La inversión crediticia en el sector privado, que es la más importante,
incluye determinadas operaciones, que se señalan en el informe, por las
que se han producido, o se pueden producir todavía, quebrantos
significativos que, al menos en parte, pueden explicarse por la
deficiente gestión de las operaciones. La adquisición directa de
inmuebles por parte de la Caja y su grupo en general estuvieron
acompañadas de irregularidades importantes, entre ellas, como ya he
indicado, ausencia de tasaciones que justifiquen los precios de compra
que en determinado momento se han entregado, además del pago de precios
muy superiores a los del mercado.

Las inversiones de la Caja en sociedades filiales, en determinados casos
con participación mayoritaria, se realizaron sin solicitar la preceptiva
autorización del Consejo de Ministros, mientras que en otros casos la
autorización ha sido posterior a la compra o a la constitución de la
sociedad participada.

Por otra parte, en la representación de la Caja en los consejos de
administración de sus filiales se incumplió el límite de dos consejos por
representante, según la normativa de incompatibilidades; y, por otro
lado, la Caja pagó dietas por reuniones del consejo de administración,
sin que se haya acreditado la autorización necesaria del Ministerio de
Economía. La Caja a su vez ha realizado importantes inversiones
inmobiliarias a través de sociedades instrumentales, entre las que
figuran las sociedades anónimas Dinsa, Astrisa, Gran Jorge Juan e
Inversiones Fuencaliente, y luego sociedades particulares, sociedades
privadas, como Hospitalet Centro y Neobarna.

Estas inversiones, en bastantes casos, no se han apoyado en un plan que
justifique un importante volumen de recursos patrimoniales dirigidos a
este fin. En no pocas ocasiones su ejecución está acompañada de
incidencias y de irregularidades, como se enumeran y se explican en el
informe. El conjunto de estas operaciones --como digo inversiones
inmobiliarias a través de sociedades instrumentales e incluso sociedades
privadas-- han supuesto pérdidas importantes, que se han calculado en
7.652 millones para el caso de Dinsa, en 1.658 millones para Astrisa y en
976 millones para Gran Jorge Juan.

En las relaciones entre la Caja Postal y la Dirección General de Correos
y Telégrafos la ausencia de reglamentación propició la discrecionalidad
en la definición, en la valoración y en la liquidación de los servicios
prestados entre



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ambas entidades, como he avanzado al principio; por ejemplo, la Caja puso
a disposición de Correos unos 280 inmuebles para que fueran utilizados
como oficinas postales o como viviendas de empleados, sin que Correos
incluya entre sus presupuestos estas cesiones.

A esto hay que añadir que la Caja ha permitido el mantenimiento de
descubiertos, en cuentas corrientes, de habilitaciones de Correos para
gastos de personal, que a finales del período fiscalizado --31 de
diciembre de 1991-- sumaban más de 29.000 millones de pesetas. Obedecen
al pago de nóminas de Correos sin cobertura presupuestaria, que
finalmente tuvieron que ser regularizadas en su mayor parte, asumiendo el
Estado la deuda en los Presupuestos del año 1992.

En las actuaciones practicadas por el Tribunal de Cuentas, se sometieron
a alegaciones a los responsables de la entidad, a las sociedades
participadas, al Banco de España, a la Intervención General de la
Administración del Estado, al Ministerio de Economía y Hacienda, al
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y al Instituto
de Crédito Oficial.

Finalmente, debo indicar a ustedes, porque es un dato significativo, que,
a pesar de que algunas operaciones están también en enjuiciamiento o
están a punto de pasar a enjuiciamiento, el Ministerio Fiscal en el
Tribunal de Cuentas no ha apreciado responsabilidades contables en los
hechos que se recogen en el informe.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convèrgencia i Unió), para
pedir aclaraciones, tiene la palabra el señor Carrera i Comes.




El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, como decía anteriormente, los
tres informes que se nos presentan hoy son, como mínimo, preocupantes. El
informe relativo a la Caja Postal, sobre los años 1989, 1990 y 1991, a mi
entender, es el que más debería preocuparnos.

Creo que por pura prudencia, y en estos momentos hay que tenerla dado que
Caja Postal tiene una clara actividad en el sector financiero, no es
bueno crear alarma al analizar todas las irregularidades detectadas,
porque, además, yo estoy convencido, como ha dicho la señora Presidenta,
de que se han ido regularizando y solventando. Por tanto, repito, dentro
de la prudencia que sin duda deberíamos tener todos, dada la situación
actual en el sector financiero de Caja Postal, convendría reflejar
algunas de las cosas que contiene el propio informe: deficiencias
informático-contables sin control interno, falta de rigor, concentración
injustificada de riesgos, inversión crediticia en mora y repercusión
patrimonial correspondiente, minoración injustificada de los saldos
deudores; es decir, irregularidades y más irregularidades de todo tipo.

En consecuencia, yo diría que, como mínimo, merece un toque de alerta
ante una situación que, a mi entender y al de nuestro Grupo, parece
inadmisible. Sólo con leer la única recomendación que hace el propio
Tribunal sobre trascendencia tributaria, sería suficiente.

Señorías, avanzo que entendemos que es urgente la petición de
fiscalización de los años 1992, 1993 y 1994, para ver cuál es la
evolución que ha seguido en estos últimos tiempos.

La última pregunta que tenía prevista, de las tres por mí realizadas, es:
¿Se sabe qué ha hecho la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
a la vista de la recomendación que contiene el informe que hoy debatimos?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Estaban.




El señor ESTEBAN ALBERT: Señor Presidente, señora Presidenta del Tribunal
de Cuentas, señorías, quiero que mis primeras palabras sean para
manifestar la opinión de mi Grupo y la mía propia, contraria totalmente a
lo que acaba de manifestar el Diputado, señor Carrera, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). La prudencia se tiene en la gestión y, desde
luego, cuando hay indicios tan importantes de que puede haber
responsabilidades --más allá de las contables las responsabilidades son
penales--, no solamente no estaríamos haciendo un flaco servicio sino que
además, probablemente por ocultamiento, podríamos estar incurriendo en
responsabilidad.

El Diputado, señor Carrera, nos dice que no hagamos nada más y solamente
le ha quedado por decir que, encima, toquemos palmas a los gestores de la
Caja Postal de aquellos años.

Tengo que ser especialmente crítico, señora Presidenta, con todo el
respeto que me merecen todas SS. SS., y decirle que ha hecho un análisis
riguroso del informe de fiscalización que nos ha remitido; que, por otro
lado, igual que en otros informes que he estudiado, pone muy a las claras
lo que ha sido la práctica habitual en los gestores de la administración
socialista, tales como corrupción, abuso de poder, la falta de
sometimiento al imperio de la Ley y una falta de respeto a las
instituciones, cuyo control y gestión les había otorgado legítimamente el
pueblo.

Señor Presidente, para comentar todas estas cosas, permítame que haga una
explicación basada en dos puntos, desde dos posiciones totalmente
distintas. Haré, primero, un resumen muy sintético de las conclusiones
que cabe obtener del informe del Tribunal de Cuentas y, segundo, haré un
comentario acerca de los puntos III.2, III.3 y III.4 del informe,
respecto a los que, a mi juicio, el Tribunal de Cuentas --y lo digo con
el debido respeto-- no ha sido suficientemente claro o no ha hecho todo
el hincapié que pienso debería haber realizado en cuanto a conectar unas
gestiones con otras.

De la lectura detenida del informe del Tribunal de Cuentas se deduce que,
durante los años 1989, 1990 y 1991, la Caja Postal ha sido gobernada con
una manifiesta falta de rigor en el terreno jurídico, en el
económico-financiero y en el contable. Dicha falta de rigor se
manifiesta, en nuestra opinión, en los siguientes puntos.

Punto 1, excesiva discrecionalidad de los administradores de Caja Postal,
especialmente de su Consejero-Delegado y de sus Directores Generales, que
se plasma en un excesivo individualismo en la toma de decisiones que
acarrea graves repercusiones patrimoniales para la Caja Postal, máxime
cuando estas decisiones conllevan la realización



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de operaciones financieras, por importes mínimos de 1.000 millones de
pesetas, que son las que principalmente ha fiscalizado el Tribunal de
Cuentas. Señorías, este mismo orden de discrecionalidad se ha observado
en las relaciones entre Correos y la propia Caja Postal, habiendo
existido incluso nombramientos irregulares, como usted ha apuntado en su
informe, de algunos de los altos cargos de la Caja Postal por parte del
entonces Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, señor
Barrionuevo Peña.

Punto 2, adopción de acuerdos por parte del Consejo de Administración de
Caja Postal que, reiterada y en algunos casos cabría decir que
sistemáticamente, se han realizado sin seguir las normas legales que eran
de aplicación a la Caja Postal y, por supuesto, sin seguir unos mínimos
parámetros de prudencia y de buena práctica bancaria, de la que, sin
duda, es necesario solicitar responsabilidades.

Punto 3, política de riesgos, con clarísima falta de prudencia,
esencialmente en el sector inmobiliario, en el que la concentración de la
inversión fue enorme durante el período fiscalizado.

Punto 4, ausencia de una contabilidad adecuada y de la llevanza de una
documentación pertinente y acorde con la actividad de intermediación
financiera desarrollada, con una falta absoluta de auditoría interna.

Punto 5, las relaciones jurídico económicas entre Correos y Caja Postal
han sido de una notable asimetría en detrimento de esta última.

Punto 6, existencia de un conjunto concreto de operaciones financieras
que, desarrolladas con la más absoluta falta de rigor bancario, han
terminado causando graves quebraderos patrimoniales a Caja Postal.

Permítame, señor Presidente, que me centre, en el segundo comentario, en
los puntos III.2, III.3 y III.4 del informe del Tribunal de Cuentas, para
lo que pido a SS. SS. que los lean quienes no lo hayan hecho.

En los puntos III.2, III.3 y III.4 del informe del Tribunal de Cuentas,
se analiza un conjunto relativamente amplio de operaciones. Estos son los
puntos que más gravedad revisten, ya que en ellos se nos ofrecen ejemplos
concretos de operaciones financieras que entrañan mala actuación
profesional por parte de altos directivos de Caja Postal, de una forma
tan clara que difícilmente pueden alegar los directivos aludidos falta de
culpa.

Debemos decir que, desde un punto de vista estrictamente técnico, el
análisis que realiza el Tribunal de Cuentas de los citados puntos es
complejo y minucioso, con un gran detalle en las informaciones que
ofrece, sin dejar cabos sueltos. Sin embargo, es como si el Tribunal se
contentase cronológicamente con lo visto, pero sin llegar a concatenar
por qué se producen y por qué se establece una maraña de operaciones: ni
obtiene los puntos comunes a los distintos casos presentados, ni hace un
resumen o sinopsis de las conclusiones que cabría obtener de los mismos.

Este apartado se consagrará a intentar llenar esa laguna, ofreciendo una
visión sinóptica y breve de los rasgos comunes de las operaciones
analizadas, que son muchas. Sintéticamente, el patrón que suelen seguir
estas operaciones es el siguiente.

La Caja Postal otorga un préstamo hipotecario, cuyo montante resulta ser,
a la postre, superior al precio del mercado del inmueble cuya
construcción o rehabilitación se pretende financiar. Este hecho entraña,
por sí mismo, una pérdida latente para la Caja y un beneficio, igualmente
latente, para la empresa prestataria; a veces, incluso, no sólo sin los
informes de tasación, a los que hacía referencia la señora Presidenta,
sino sin haber solicitado del Registro de la Propiedad siquiera las
oportunas verificaciones de carga como es preceptivo.

Una ves avanzado el proyecto, la Caja Postal cede a alguna de sus
sociedades filiales el préstamo, bien a iniciativa de la Caja o bien
porque ésta ve que el proyecto va a entrar en mora. Es importante hacer
notar que el dinero que necesita la sociedad filial para adquirir el
préstamo de Caja Postal lo inyecta la propia Caja Postal en su filial a
través de una ampliación de capital. Por tanto, en el fondo es la Caja
Postal quien está comprando su propio préstamo. El préstamo suele
venderse por un precio que hace que la Caja Postal no pierda dinero.

La sociedad filial negocia al cabo de un cierto tiempo con la sociedad
prestataria la cesión de los inmuebles objeto de la garantía, que pasan a
formar parte del activo de la sociedad filial, cancelándose la deuda de
la empresa con dicha filial.

En este tercer paso podría pensarse que la sociedad filial tiene que
reconocer un quebranto por la cancelación de la deuda a cambio de la
adquisición de los inmuebles, debido a que, como hemos dicho, el valor de
mercado de los inmuebles es inferior al valor que le otorga Caja Postal.

Pero no ocurre así, porque la sociedad filial sobrevalora los edificios
adquiridos igualando su valor al importe de la deuda a cancelar. Es
después, con el paso del tiempo, cuando la sociedad filial no tiene más
remedio que reconocer el quebranto patrimonial sufrido, teniendo que
reconocer ella y Caja Postal el impacto negativo de este quebranto en su
cuenta de resultados. En resumidas cuentas, señoría, se diseñan
operaciones financieras que descaradamente benefician a la empresa
prestataria y que, por lo tanto, perjudican a Caja Postal.

La gravedad de los hechos es tanto mayor cuanto más se tiene en cuenta
que, primero, los informes demuestran que los montantes de dichos
préstamos son superiores al coste de adquisición o construcción de dichos
inmuebles.

Segundo, cuando la operación está avanzada se utilizan sistemáticamente
sociedades filiales del grupo Caja Postal, esencialmente Dinsa y
Finampostal, con los siguientes objetivos: Uno, evadir el régimen
jurídico propio de Caja Postal, régimen que impedía a esta entidad
realizar determinados negocios que eran parte de la operación, los cuales
pasaban a ser realizados por la filial; dos, no tener que realizar las
dotaciones correspondientes a las operaciones que realizan las sociedades
filiales; tres, enmarañar la operativa para hacer más difícil su
seguimiento.

La toma de decisiones es sumamente personalista --ya lo hemos dicho-- por
parte de la cúpula directiva de Caja Postal, sin respetar los
procedimientos internos para la toma de dichas decisiones.




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Se constata una falta absoluta de rigor bancario: No se exigían
garantías, no se dejaban de ejecutar, no se comprueba la situación
registral de los inmuebles hipotecados, no se comprueba que la suma de
dinero prestada se utiliza para el fin que se había acordado en el
préstamos, no se tienen los documentos necesarios para el seguimiento de
la operación, etcétera.

El patrón de actuación se repite casi sistemáticamente, con lo cual los
gestores difícilmente pueden aducir que se han equivocado, porque lo
habían hecho en todas las ocasiones, lo que hace difícil creerlo. En
todas las operaciones sale beneficiada claramente la empresa tomadora de
los fondos. En prácticamente todos los casos estudiados hay importantes
sumas de dinero para las que no se conoce su final por parte del
prestatario y para las que, desde luego, no existe constancia de que se
hayan empleado en la construcción o rehabilitación del inmueble. Lo
anteriormente dicho, señoría, es particularmente claro y grave, en cuanto
lo analiza el Tribunal de Cuentas, en el caso de Proinsur, S. A.

Ante todo este cúmulo de indicios cabría preguntar, señora Presidenta:
Uno: ¿Cómo es posible que con tanta reiteración y desde las más altas
instancias de Caja Postal se cometan errores tan graves? ¿Cómo es
posible, si fueron advertidos por el Banco de España? Y también querría
saber si el tratamiento que se le dio es el mismo que se le da al sector
privado de crédito.

Dos: Si, como parece, el objetivo claro que persiguen todas estas
actuaciones es beneficiar a la empresa prestataria, ¿qué relación existe
entre la empresa y la Caja Postal y entre dicha empresa y los directivos
de Caja Postal?
Tres: ¿Por qué no recomienda el Tribunal de Cuentas, a tenor de lo dicho
en el punto anterior, que se investigue más a fondo y se haga una
recomendación importante, no en el sentido de que intervenga la Agencia
Tributaria de la Hacienda Pública, para analizar datos que probablemente
en algunos casos de este informe ya han prescrito?
Nada más. (El señor Carrera i Comes pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por alusiones el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Intervengo solamente para decir al portavoz del
Grupo Popular que ni tocar las palmas ni ironías fuera de lugar. Continúo
creyendo que hay que tener prudencia cuando hablamos del sector
financiero. No he dicho en ningún momento que no haya que pedir
responsabilidades, sino que creía que no era necesario ir cantando al
viento todo el informe. Me parecería un grave error --repito, un grave
error-- hacer un montaje como los que estamos viviendo últimamente. Sí,
en cambio, pido una nueva fiscalización, precisamente para ver cuál es la
tendencia seguida.

Finalmente déjeme decirle que no admito en absoluto que se nos achaque ni
a mí ni a nuestro Grupo falta de seriedad y de responsabilidad, y menos
viniendo de su Grupo parlamentario. (El señor Esteban Albert pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, tiene la palabra para referirse a la
parte en que se considere contradicho en relación a sus manifestaciones
anteriores y sólo a esos efectos.




El señor ESTEBAN ALBERT: Lo que yo quería manifestar, señor Presidente,
es que nosotros hemos intentado dejar una posición política clara. El
señor Carrera y su Grupo me merecen todos los respetos del mundo y si
algo he podido decir por lo que él o su Grupo se sientan dañados, lo
retiro en este momento. Sin embargo, políticamente sigo pensando que lo
que es irresponsable es no solicitar las responsabilidades que se puedan
derivar de esto.




El señor PRESIDENTE: Creo que el tema está cerrado.

Tiene la palabra el señor Gimeno Marín.




El señor GIMENO MARIN: En primer lugar, quiero dar las gracias a la
Presidenta del Tribunal por la información que nos facilita, tanto en
este informe como en los demás que ha presentado.

A mí me preocupaba, señora Presidenta y señor Presidente de la Comisión,
que del informe que se ha presentado a esta Comisión surgiera una falta
de conocimiento real de cuál es la situación de Caja Postal, y la
intervención del ponente del Grupo Popular me confirma esa preocupación
que yo tenía.

Es más, yo le diría, señora Presidenta, que me hubiera gustado que este
informe no abarcara sólo al ámbito al que se había limitado la
fiscalización, precisamente por la razón que yo creo que da en estos
momentos haber escuchado la intervención del Grupo Popular, que algo
irresponsable sí que creo que es. En cualquier caso, yo admito también
políticamente la posición del Grupo Popular y voy a defender la posición
de mi Grupo en el siguiente sentido.

La fiscalización que se hace por parte del Tribunal lógicamente no recoge
todo el trabajo del Tribunal. El Tribunal y el fiscalizador, con una
sensibilidad adecuada, son conscientes que cuando limitan el ámbito de su
fiscalización a lo que él hace --lo ha dicho la señora Presidenta--
intentan dejarlo bien claro. Esto no afecta a la realidad financiera y a
la solvencia de la entidad Caja Postal que es muy solvente, como voy a
intentar justificar, porque yo creo que es muy importante dejarlo bien
claro. No es que sea muy solvente ahora, es que era muy solvente también
en los años fiscalizados.

En cualquier caso, en la información y la valoración de cualquier
informe, de éste también, se tienen que tener en cuenta --y yo creo que
algún ponente no lo ha tenido en cuenta-- cuáles son las características
de la actividad crediticia de una entidad, específicamente ésta. Tampoco
se puede ser ajeno al momento económico en que se efectúa una
fiscalización, para hacer una valoración más exacta y, por supuesto, no
se puede dejar de hacer una comparación con el resto de las entidades que
de alguna manera comprenden un sector, para poder hacer una comparación
que



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nos permita hacer un análisis real de la globalidad de esa entidad.

Por eso me hubiera gustado que la fiscalización hubiera abarcado no sólo
a los límites que se ha determinado sino que hubiera sido más amplia.

¿Por qué digo esto? Lo digo porque también es cierto que el Tribunal
delimita no sólo el campo de actuación sino las operaciones concretas,
porque evidentemente tiene que haber miles de operaciones concretas. Es
evidente también que el Tribunal, puesto que actúa de una forma correcta
y de acuerdo con los principios en que se tienen que efectuar estas
fiscalizaciones, cuando hace un muestreo de las operaciones fiscalizadas,
aunque delimita el ámbito en el cual está haciéndolas, lógicamente está
fiscalizando muchísimas operaciones; lo que pasa es que resalta las
operaciones que lógicamente se plantean en este informe, algunas de las
cuales pueden aparecer para algunos como si fueran el paradigma de la
actividad global de lo que es la Caja Postal. Yo creo que no, que no es
así. Yo creo que ésa no es la realidad. Esa es la realidad de las
operaciones que aparecen en el informe, que ni siquiera son todas las
operaciones fiscalizadas, que serían muchas más.

Podríamos hacer un análisis de los aspectos negativos que sin duda alguna
se producen en algunas de las operaciones, algunas con alegaciones que yo
supongo que el ponente del Grupo Popular también se ha leído.

Evidentemente hay discrepancias entre los gestores y el Tribunal, pero es
responsabilidad de los gestores y del Tribunal mantener sus posiciones.

En cualquier caso, de ese conjunto de actuaciones la única cuestión que a
mí se me suscitaba es que pudiera generarse algún tipo de duda. En ese
sentido quiero dejar bien clara una cuestión. Caja Postal no es que haya
tenido sólo auditorías externas, y supongo que el Tribunal de Cuentas lo
sabe, cómo no lo va a saber, sino que además, por ser una entidad
financiera, estaba sujeta al control de la inspección del Banco de
España, que por cierto también participaba en el Consejo en su fase
previa, y digo fase previa porque actualmente es sociedad anónima
estatal, pero en su momento no lo era.

Hacer un análisis de Caja Postal sin conocer toda la historia de lo que
ha sido la Caja Postal sería cometer un error grave. La evolución de la
historia de la Caja Postal, incluso en los años fiscalizados, es el
origen de la situación en la que hoy nos encontramos; es decir, Caja
Postal es una entidad financiera muy solvente, dentro del Grupo
Argentaria en estos momentos, pero que también era solvente en los años
que se fiscalizan a pesar de las operaciones, y quiero insistir en ello.

El portavoz del Grupo Popular se hacía la pregunta de por qué el Banco de
España estaba haciendo informes. ¡Pues claro que el Banco de España hacía
informes para conocer cuál era la situación! Lo que pasa es que el Banco
de España manifestaba las irregularidades, lo mismo que la Intervención
General del Estado manifestaba deficiencias, que se iban corrigiendo, y
también las auditorías externas manifestaban en sus informes cuál era la
situación, pero en ninguno de esos informes se cuestionaba la situación
de solvencia de Caja Postal. Lo cual, en los tiempos que corrían, tampoco
era poca cosa porque la historia del sistema financiero de este país hay
que analizarla con un sentido muy concreto y muy específico. Y Caja
Postal no tenía ningún problema de solvencia como se planteaba.

¿Ha habido problemas? Sí. La conclusión sobre el problema fundamental que
manifiesta el Informe del Tribunal es que la forma organizativa que tenía
Caja Postal no se adecua a las necesidades de una entidad financiera. Eso
es tan evidente en todo lo que ha sido la historia de la Caja Postal que,
lógicamente, ha terminado con todas las polémicas que se hayan querido
suscitar en su día respecto a ser una sociedad anónima, que es lo que se
adecua a poder funcionar como una entidad financiera.

¿Puede funcionar una entidad financiera aplicándose estrictamente lo que
es la Ley General Presupuestaria? Evidentemente ésa era la obligación
legal de un organismo autónomo de características financieras como el que
era Caja Postal en su momento. Pero lo que era cierto y evidente es que
surgía una tensión entre esa realidad y la realidad a la que
ineludiblemente tenía que avanzar Caja Postal.

Según todos los parámetros por los que se pueda analizar Caja Postal en
esos años, uno llega a la conclusión de que la situación de Caja Postal
es, si se compara con el resto de las entidades, bastante positiva, tanto
en términos de balances, como de política crediticia. En términos de
morosidad es cierto que se incrementa en un momento determinado por el
incremento importante que la actividad inmobiliaria y crediticia tenía
Caja Postal, pero también es muy cierto que la solvencia de la entidad
está muy por encima de los coeficientes exigidos por la prudencia para
las entidades financieras exigidas por el Banco de España. Léase todos
los informes de Arthur Andersen sobre la Caja Postal y verá usted que, en
ningún momento, ha cuestionado cuál es la situación global,
económico-financiera, de la entidad.

Si se analizan operaciones concretas podremos discutir operaciones
concretas. ¿Se podrán exigir responsabilidades? Exíjanse. Para eso está
el Tribunal en la parte que le corresponde para efectuarlo. Pero lo que a
mi Grupo le preocupa fundamentalmente es que no exista ningún tipo de
dudas. Porque, fíjense, en el año 1988, la inversión crediticia en mora
por parte de Caja Postal estaba en alrededor de 20.000 millones de
pesetas. Pues bien, había fondos de provisión de insolvencias de 22.000
millones y un fondo de provisión genérico, que está recogido también en
las alegaciones, de 16.000 millones. Es decir, la solvencia era muy
sólida y quizá, desde un punto de vista económico, poco eficiente, como
se puso de manifiesto cuando se transformó en sociedad anónima, que pasó
todo automáticamente a formar parte de las reservas de la entidad y no a
un fondo de provisión tan excesivo como lo que tenía esta entidad. Esto
era en el año 1988. Pero en el año 1989 ó 1991, por citar el último año
en el cual se transforma en sociedad anónima, había una inversión
crediticia en mora de 35.000 millones aproximadamente y un fondo de
provisión de insolvencia de 34.000 sin que lo exigiera ningún tipo de
instrucción del Banco de España. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la
entidad era muy solvente y por eso el Banco de España no estaba
excesivamente preocupado por



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la entidad. Sí estaba preocupado porque mejorara su funcionamiento; pero
es el germen de esa mejora del funcionamiento el que se desarrolla no
sólo en los años fiscalizados, sino en todo el período anterior.

¿Discutir operaciones específicas? Por supuesto. Pero hay una serie de
preguntas que nos deberíamos hacer y al tiempo paso a planteárselas a la
Presidenta del Tribunal, aunque a alguna de las reflexiones la
contestación es obvia. Las operaciones auditadas y fiscalizadas por parte
del Tribunal supongo que son muchas más. En los muestreos que se efectúan
lógicamente tiene que haber mucha más actividad, después del tiempo que
ha estado el Tribunal efectuando una tarea importante en Caja Postal.

Supongo que hay muchas más operaciones y que no son sólo éstas las únicas
operaciones que se fiscalizan. Porque, si llegamos a esa conclusión,
llegamos a una conclusión muy negativa, ya que son operaciones en que el
Tribunal ha detectado algún tipo de irregularidad, pero es que hay muchas
más operaciones.

¿En el resto de entidades financieras han funcionado de forma distinta?
Creo que no. En una situación de crisis tan importante, cuando una
operación crediticia entra en una situación fallida, se generan nuevas
circunstancias y nuevas condiciones que exigen adecuarse a esa nueva
situación, porque es la actividad crediticia. ¿Qué es lo mejor? ¿Aplicar
estrictamente el criterio de la dureza o negociar para intentar resolver
problemas? Uno podrá suscitar cantidad de dudas, pero, en mi opinión,
aunque está en su derecho al hacerlo, no es la forma más conveniente de
analizar los problemas.

Otra pregunta importante: ¿Se puede hacer una valoración del conjunto
económico-patrimonial de la entidad? A mí esto me parece muy importante,
e insisto, porque sé que lo ha dicho la Presidenta del Tribunal, porque
el fiscalizador y el Tribunal cuando han presentado el Informe no han
podido escapar, a pesar del ámbito de limitación, a presentar también los
balances, etcétera, porque al final pudiera ser que quedara una imagen
inadecuada.

¿Los descubiertos en cuentas de entidades públicas están justificados y
se ha actuado legalmente o qué es lo que ha pasado? El Tribunal plantea
algún tipo de cuestiones, pero creo que es importante que se sepa lo que
pasa. Es decir, ha habido actividades relativas a la política de personal
que pueden ser discutibles o no en cuanto a política de personal, pero
que han dado lugar a un importante coste económico de política de
personal que luego ha habido que regularizar, incluso por medio de ley.

Lo ha dicho la Presidenta del Tribunal. ¿Es discutible o no? Podía ser
discutible, pero ¿habría que haber dicho no a las reivindicaciones o al
pago de los salarios de los trabajadores, en un momento en que se estaba
planteando la reconversión total de Caja Postal para transformarlo en
sociedad anónima? Porque en el año 1991 se transforma en sociedad
anónima, pero el debate se estaba larvando y produciendo mucho antes con
todos los problemas que se estaban produciendo.

¿La contabilidad de la entidad es un reflejo de su realidad? En mi
opinión, con todas las deficiencias que ha habido con el sistema
contable, sí que era un reflejo de su realidad, y así lo dicen todas las
auditorías externas que se han efectuado, al margen de la realizada, por
supuesto, por el Tribunal. ¿Ha habido muchos defectos? Sí. Ha habido
tantos que, al principio, si alguien ha conocido la historia de lo que ha
sido Caja Postal, aún tendrá la imagen del funcionario de Correos de
cualquier pueblo y que atendía los giros y todo tipo de cuestiones. Pues
bien, transformar eso en una entidad financiera competitiva en el
mercado, que es lo que es hoy Caja Postal, algo que tiene que ver con su
historia y con todo lo que se ha hecho. Con sus problemas, con sus
aciertos y con sus errores.

¿En los análisis de las operaciones fallidas hay una realidad concordante
con el resto de las entidades financieras o es que lo que le ha pasado a
Caja Postal sólo le ha pasado a ella? ¿Es que no queremos saber lo que ha
pasado a las entidades financieras de este país como consecuencia de la
crisis? Como he dicho, Caja Postal tiene una realidad muy específica y, a
pesar de ello, es mucho más solvente que las demás.

¿La forma de actuación de una entidad financiera es compatible con la
organización como un organismo autónomo financiero? Yo ya he dado la
respuesta. En mi opinión esto es absolutamente imposible. Sinceramente,
la imagen del funcionario de Correos del pueblo, que es muy loable y que
posiblemente algún día tuvo una imagen positiva, no se adecuaba a la
realidad actual y por eso ha habido que hacer una sociedad anónima.




El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas que se han formulado,
tiene la palabra la Presidenta del Tribunal.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Estoy de
acuerdo con la postura que ha manifestado el señor Carrera, que no me ha
hecho ninguna pregunta muy concreta, salvo la de si sabemos qué ha hecho
la Agencia Tributaria Estatal.

Tengo que decirle que no lo sabemos porque las relaciones del Tribunal de
Cuentas con la Agencia Estatal, a la que se le comunican los posibles
impagos e impositivos de todas clases, es una relación de información
desde el Tribunal hacia la Agencia, pero luego no mantenemos mayor
información. En ese sentido no le puedo responder, pero, intuitivamente,
creo que la Agencia Tributaria ha tomado buena nota de ello.

Agradezco al señor Esteban, por un lado, la afirmación de que el informe
se haya introducido en muchos puntos delicadísimos y críticos, pero hasta
cierto punto no me parece justo que me diga que no hemos tocado muchas
cuestiones. Igual tiene toda la razón, pero usted ha hecho una exposición
de cuál era el proceso conjunto de la entrega de préstamos hipotecarios,
de la reversión, etcétera, que creo que ha obtenido del informe. Yo le
felicito por que haya utilizado nuestro informe para poder sacar todas
esas conclusiones que en principio a mí me parecen acertadas.

¿Que no se digan detalladamente? Yo le debo decir que tenemos siete
departamentos de fiscalización; cada uno de ellos está bajo la
responsabilidad de un consejero; y cada consejero decide, con sus
técnicos más importantes, la



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forma en que se realiza la fiscalización. En este caso, por supuesto, ha
sido aprobada por unanimidad del pleno, entonces el informe es del pleno.

Nos ha parecido que el procedimiento que se ha seguido era el adecuado.

Usted me pregunta que cómo es posible que se cometan errores tan graves.

La respuesta no la tengo muy fácil. Es un informe de gestión y siempre
que el Tribunal presenta informes de gestión --y aquí enlazo con parte de
la intervención del señor Gimeno-- hablamos de la gestión negativa. No
estaría bien visto que el Presidente (en este caso la Presidenta), del
Tribunal de Cuentas viniera a explicarles lo bien que se ha hecho una
cosa. Nuestra obligación es poner el dedo en la llaga. Incluso a veces
decimos --no me refiero a este caso--: la rendición de cuentas es
aceptable y conforme a la ley, salvo... Y empezamos la retahíla de
salvedades. Entonces parece que sólo hay salvedades e imperfecciones.

Esto es comprensible.

¿Cómo es posible que se cometan tantos errores? Todo el mundo comete
errores, yo no me voy a poner a analizar esto, pero, efectivamente, entre
tantísimos errores que se han puesto de manifiesto es de suponer que hay
muchos aciertos. Es una opinión mía.

¿Por qué no se recomienda que se investigue más a fondo? Este informe al
Tribunal de Cuentas le habrá supuesto una cantidad de horas de trabajo de
técnicos importantes y técnicos de segundo nivel, y estudiar un tema tan
complicado como era la existencia de un aval cambiario donde jugaba un
aval multidivisas. Eran unas cuestiones de una complejidad tan
extraordinaria que de verdad que se le ha dedicado muchas horas. Son
todos ustedes muy conscientes de que el sector público que tiene que
controlar el Tribunal de Cuentas es enormemente amplio.

Yo creo --y lo he intentado decir en mi primera intervención-- que lo que
se ha hecho aquí es un análisis de la gestión de Caja Postal en tanto en
cuanto organismo autónomo, y en estos momentos se tiene el convencimiento
de que funcionando con estatuto de banco y dentro de la Corporación
Bancaria Argentaria los temas son distintos. Si SS. SS. desean en su día
que se haga esta investigación para ver cómo han sido los años
siguientes, ustedes están en todo el derecho de solicitárnosla. La
función del Tribunal debe ser continuar buscando problemas más fuertes
que buscar una fiscalización donde, con muchas probabilidades, lo que
encontremos sea una mejora respecto a la etapa anterior.

La prudencia frente a una reconversión tan dura de una Caja Postal que
todos hemos conocido en un funcionamiento casi manual a lo que es hoy
Caja Postal, que afortunadamente es una institución que dentro del gran
grupo bancario que es Argentaria no desdice en absoluto, es algo que hay
que agradecer mucho a SS. SS. respecto a la trascendencia que tiene el
sector financiero del país y a la necesidad de que no le imputemos en el
año 1995 problemas que eran reales, fuertes e importantes hace cuatro
años y más.




El señor PRESIDENTE: Habiendo acabado la presentación de los informes, le
damos las gracias a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.

Advierto a SS. SS. que las propuestas de resolución relativas a estos
informes deberán presentarse hasta el día 10 de noviembre, el viernes de
la próxima semana, a las
20 horas, porque la Comisión está convocada para el lunes día 13.




La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Doy las
gracias a todos los señores parlamentarios presentes por el interés que
tienen por este Tribunal y, recíprocamente, deseo indicarles a ustedes
que estamos a sus servicios para cualquier pregunta que nos quieran hacer
y que estemos en situación de responder.

Muchas gracias.




--SOLICITUD DE FISCALIZACION DE QUE SE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA
REALIZACION DE UNA FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD ESTATAL «PARADORES DE
TURISMO DE ESPAÑA, S. A.», DE LOS AÑOS 1991 A 1994, PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 253/00015.)



El señor PRESIDENTE: El punto tercero del orden del día se refiere a la
solicitud de fiscalización de que se recabe de dicho Tribunal la
realización de una fiscalización de la sociedad estatal «Paradores de
Turismo de España, S. A.», en los años 1991 a 1994.

Para la defensa de dicha solicitud, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Es conocido por SS. SS. que la Ley de
Presupuestos para 1990 en su articulado modificó la configuración
jurídica del organismo autónomo Paradores de Turismo, pasándolo a
considerar, a partir de esa fecha, como sociedad estatal de carácter
mercantil. También es conocido de SS. SS. que el Tribunal de Cuentas debe
de unir a su Cuenta General del Estado de cada año las cuentas relativas
a las sociedades estatales.

Como decía al inicio de mi intervención y hechas estas tres primeras
precisiones, Paradores de Turismo modificó su configuración jurídica en
1990 y, coincidiendo con esa modificación, comenzó a atravesar por una
serie de dificultades y de desequilibrios en el balance que convendría,
aunque fuera de una manera breve, poner de manifiesto.

Es cierto que las cuentas de explotación de Paradores de Turismo, así
como sus «ratio» en diferentes actividades, han tenido una evolución, en
el primer quinquenio de los años 90, extremadamente delicada, por decirlo
de una manera muy generosa.

Es de resaltar que en este período de tiempo que estamos analizando, y
para el que pedimos una fiscalización especial de las cuentas de
Paradores de Turismo, que la capacidad de alojamiento turístico de estos
establecimientos ha crecido aproximadamente un 13 por ciento. Es
igualmente de resaltar que, paralelamente a este crecimiento de la
capacidad de alojamiento, hemos podido registrar cómo



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la ocupación por año ha ido cayendo de manera estrepitosa, pasando del
año 1989, en que se registró un porcentaje de ocupación del 57,94 por
ciento al año 1993 a registrar un porcentaje de ocupación del 46 por
ciento. En definitiva, período de año revisado, al que estoy haciendo
mención, en el que de manera permanente y constante se han ido
registrando porcentajes de variación negativa en la ocupación de dicha
red de paradores.

Si nos fijamos en otro de los servicios que produce Paradores de Turismo
de España podremos comprobar cómo también existe una variación negativa.

Me estoy refiriendo a los servicios de restauración que ofrece Paradores
de Turismo de España. En este quinquenio al que estoy haciendo mención de
1989 a 1993, nuevamente aparece que la pérdida de capacidad de vender
servicios de restauración asciende a un 17 por ciento.

Si es llamativa la pérdida de ocupación, si es llamativa la pérdida de
venta de servicio de restauración, resulta mucho más llamativa la pérdida
que se empieza a registrar en la cuenta de explotación antes de
impuestos. Tenemos que observar que siendo una sociedad estatal con un
capital de aproximadamente más de 15.000 millones, tiene unos resultados
de cuenta de explotación francamente descompensados. Podemos observar
cómo en el año 1989 alcanza una cuenta de explotación de 1.100 millones,
para pasar en 1990 a registrar 500 millones de explotación en beneficio.

Lo cual significa, en relación con el año anterior, una variación
negativa del 52 por ciento, hasta llegar al año 1993 en que el beneficio
en cuenta de explotación asciende exclusivamente a 53 millones. Es decir,
es un año en el que Paradores de Turismo registra en cuenta de
explotación una pérdida aproximada del 90 por ciento. Es en este momento
cuando, a nuestro entender, se encienden las luces de alarma sobre qué
está ocurriendo en esta sociedad estatal que venía dando una serie de
beneficios bastante estables, de manera tradicional, y que comienza a dar
un conjunto de beneficios muy inestables y con una característica que
conviene subrayar.

Esos 53 millones de beneficios que podemos contabilizar en cuenta de
explotación se logran gracias al cómputo de resultados financieros por
valor de 421 millones, lo que significa que en el año 1993 el resultado
puro de explotación sería una pérdida de 351 millones. Es por esta razón,
y por las razones que terminaré exponiendo, por las que consideramos que
en el período que va de los años 1990 a 1994, Paradores de Turismo de
España atraviesa por una serie de desequilibrios en sus cuentas que se
hacen acreedoras a una fiscalización especial del Tribunal de Cuentas.

Como saben SS. SS., las sociedades estatales están obligadas, además de
la documentación que tienen que acompañar a los Presupuestos Generales
del Estado, a elaborar anualmente un programa de actuación y un programa
de inversiones y financiación antes del 15 de marzo de cada año. Como
saben también SS. SS., el Tribunal de Cuentas debe unir a la Cuenta
General del Estado la cuenta de todas las sociedades estatales. Nos
consta que durante dos ejercicios, en 1991 y 1992, el Tribunal de Cuentas
ha reclamado insistentemente la documentación a Paradores de Turismo de
España, y esa reclamación no ha tenido el éxito debido.

Señor Presidente, por las razones que acabamos de exponer, porque el
Tribunal de Cuentas es un órgano dependiente de las Cortes Generales,
porque existen antecedentes en sociedades estatales de igual naturaleza
jurídica que la de Paradores --y me estoy refiriendo a la fiscalización
que esta misma Comisión aprobó en relación con Focoex-- y por los
desequilibrios que presenta Paradores de Turismo en este período al que
he hecho mención en alguna de las magnitudes que consideramos claramente
preocupantes, solicitamos al resto de los grupos que componen esta
Comisión den su voto favorable para que la Comisión Mixta del Tribunal de
Cuentas Congreso-Senado inste al Tribunal de Cuentas a realizar una
fiscalización especial de la cuentas de Paradores de Turismo, relativo al
período que va desde 1991 a 1994, en el bien entendido de que ambos años
se considerarían incluidos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Pleguezuelo.




La señora PLEGUEZUELO AGUILAR: Con mucha brevedad.

Mi Grupo no está en desacuerdo con la iniciativa que plantea el Grupo
Popular, pero sí querríamos dejar constancia en la Cámara de que tenemos
conocimiento --supongo que también lo tendrá el Grupo proponente-- de
que, a iniciativa del Tribunal de Cuentas, se está realizando una
fiscalización de esta sociedad. Consecuentemente, no estaríamos en
desacuerdo. Si el Grupo Popular no la retira, la apoyaríamos, pero
entendemos que la iniciativa es redundar en un trabajo ya iniciado por el
Tribunal de Cuentas en un período que prácticamente es el mismo. De todas
formas, si el Grupo Popular la mantiene, mi Grupo la apoyaría.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la solicitud del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad la solicitud de petición
de una fiscalización al Tribunal de Cuentas de la sociedad estatal
Paradores de Turismo de España, S. A., de los años 1991 a 1994.




--SOLICITUD DE FISCALIZACION DE QUE SE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA
REALIZACION DE UNA FISCALIZACION ESPECIAL SOBRE LA CONTABILIDAD DE LAS
SEDES REGIONALES (INCLUYENDO BALEARES) Y CENTRAL DE LA FEDERACION DE
PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR-PARTIDO POPULAR Y CON REFERENCIA A LOS
EJERCICIOS 1986-1989-1991-1992, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 253/000017.)



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El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 4 del orden del
día: Solicitud de fiscalización de que se recabe de dicho Tribunal la
realización de una fiscalización especial sobre la contabilidad de la
sede regional (incluyendo Baleares) y central de la Federación de
Partidos de Alianza Popular-Partido Popular y con referencia a los
ejercicios 1986-1989-1991-1992, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Para la defensa de esta propuesta, tiene la
palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, para entender nuestra
propuesta debemos partir de la consideración de que el paso de las
cuentas de cualquier partido político por el Tribunal de Cuentas no puede
suponer el final de su fiscalización. Cobra toda la validez tomar en
consideración una nueva fiscalización de una determinada contabilidad en
el caso de que aparezcan elementos que así lo requieran.

De esta manera, se ha podido acreditar que la empresa que fue anterior
concesionaria del túnel de Sóller, dirigida por el empresario Antonio
Cuart, compró facturas falsas, utilizó cuentas opacas en Brokerval y
presumiblemente bajo comisiones. Por otra parte, también se han
localizado diversos documentos bancarios en los que parece que se implica
directamente al Secretario General del Partido Popular en Baleares, José
Antonio Berastain.

De las diligencias policiales efectuadas con motivo del llamado caso
Inverbroker-Brokerval, se ha podido determinar que la antigua
concesionaria del túnel de Sóller utilizó los servicios de Panamérica de
Promociones y Construcciones para la entrega de una serie de talones
bancarios, cuya suma total ascendía a 4.166.666 pesetas, cantidad que
vino a coincidir con la ingresada en una cuenta de la que era titular el
anterior Presidente de la Comunidad Balear, señor Gabriel Cañellas.

Con posterioridad y después de una serie de contradicciones, el propio
señor Cañellas ha declarado que, efectivamente, se realizó este ingreso,
los referidos 4.166.666 pesetas, a través de una cuenta de Inverbroker en
una cuenta de la que él era titular, pero afirmaba que lo era en calidad
de Presidente del Partido Popular de Baleares y que, por tanto, era un
ingreso no dirigido a él, sino al Partido Popular. No obstante, se da la
circunstancia de que esa cantidad parece no haber sido contemplada en la
contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas. También aparecen cuentas
bancarias relacionadas con el caso en las que el ex tesorero nacional del
Partido Popular, Rosendo Naseiro, figura como titular.

Dadas las características de la operación, las instituciones implicadas y
el hecho de que estos ingresos afectaran a un partido político, el cual
es objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, hace
necesario, tal y como proponemos, que la Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas adopte el acuerdo de realizar una
fiscalización especial sobre la contabilidad de la sede regional de
Baleares y la central del Partido Popular en lo referido a la Comunidad
Autónoma de Baleares de la Federación de Partidos de Alianza
Popular-Partido Popular, con referencia a los ejercicios
1986-1989-1991-1992, dado que parece ser que estamos ante un posible
incumplimiento de la legislación de financiación de partidos políticos.




El señor PRESIDENTE: Turnos en contra de esta solicitud. (El señor
Jordano Salinas pide la palabra.)
Señor Jordano, ¿es turno en contra o para fijar posiciones?



El señor JORDANO SALINAS: No sería exactamente un turno en contra, pero
sí para hacer algunas precisiones.




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Jordano.

Otros grupos que deseen intervenir. (Pausa.) Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: El propio Tribunal de Cuentas ya viene
fiscalizando las cuentas de los partidos, por tanto, creo que entraría
con toda normalidad esta petición de fiscalización que hace Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Me queda la duda, leído el texto del propio orden del día y lo
manifestado por el portavoz del Grupo proponente, de dónde acotan
exactamente la petición de este informe. Me pareció entender que lo
limitaban a las sedes regional y central de Baleares, cuando aquí hace
referencia a una actuación mucho más amplia al hablar de la central de la
federación de los propios partidos de coalición. Supongo que el propio
Grupo Popular, interesado en este tema, incidirá en la cuestión, pero
quisiéramos saber exactamente a qué hace referencia la petición de este
informe de fiscalización.

Aclarado esto, he de dejar constancia de que nuestro voto será favorable
a esta petición, pidiendo, no obstante, que se concrete a qué se refiere.




El señor PRESIDENTE: Así se solicitará del Grupo proponente en el momento
anterior a la votación.

A efectos de exponer los criterios con respecto a esta propuesta, tiene
la palabra el señor Jordano, por el Grupo Popular.




El señor JORDANO SALINAS: Quisiera hacer algunas precisiones previas
respecto a la intervención del representante del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

La primera es que el Partido Popular no tiene nada que ocultar ni en
Baleares ni en ninguna otra comunidad autónoma.

La segunda, que las responsabilidades políticas de este partido se han
asumido plenamente por el Partido Popular de Baleares desde el primer
momento. El Partido Popular realizó una investigación interna inmediata
que no puso de manifiesto irregularidades contables en la sede del
Partido Popular de Baleares.

Por otra parte, se omite en la intervención que Izquierda Unida ha
presentado una querella que se instruye actualmente por el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares, sin que hasta la fecha se haya tomado
por el Tribunal declaración



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a miembros del anterior gobierno balear en relación a estos hechos.

Por otra parte, no parece muy oportuno en los momentos actuales que el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se remonte al año 1986. No sé
exactamente con qué finalidad, pero lo cierto es que vamos a encomendar
al Tribunal de Cuentas casi una misión imposible porque, por un lado, en
ese año no estaba vigente la Ley de Financiación de Partidos Políticos
--por tanto, no había un marco al que ajustar las formas de contabilidad
de los partidos políticos--; por otro, en ese ejercicio fue auditado, al
menos en buena parte, el gasto de los partidos políticos, puesto que fue
un año electoral y se auditaron las cuentas electorales de ese año; y,
por último, no sabemos por qué se refieren una serie de ejercicios que
han sido doblemente controlados por el Tribunal de Cuentas, puesto que
son años electorales. Se vienen remitiendo, desde que entra en vigor la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, las cuentas totales de los
partidos al Tribunal de Cuentas, que las va analizando y auditando.

Curiosamente, esta misma Comisión, hace muy poco tiempo, votó una serie
de recomendaciones y de acuerdos en relación a las cuentas de los
partidos políticos del año 1989, que fue la primera contabilidad que
auditó plenamente el Tribunal de Cuentas.

Choca con el propio concepto de la regulación de la contabilidad de los
partidos políticos que se pretenda hacer una auditoría específica de una
sede regional, local o de otro tipo, puesto que esa contabilidad es única
y se configura en la Ley de Financiación como tal en el sentido de que
los libros de contabilidad, que es lo que puede analizar y estudiar el
Tribunal de Cuentas, se centralizan. A fin de cuentas, las sedes
regionales y las locales operan exclusivamente como sucursales de la sede
central del partido y lo que llevan realmente no son libros de
contabilidad en sentido estricto, sino libros auxiliares que permiten
integrar la contabilidad de las sedes nacionales.

Puede decirse que en el informe del Tribunal de Cuentas sobre los
ejercicios 1988 y 1989 se puso de manifiesto una no integración total de
las cuentas, dado que eran los primeros ejercicios que se auditaban.

Tengo que recordar que precisamente en el informe de fiscalización del
año 1989 el Tribunal de Cuentas fijaba que existe una limitación que
afecta incluso al ámbito de las cuentas de Izquierda Unida por cuanto los
estados anuales abarcan la sede central, no incluyéndose en aquéllas las
operaciones y patrimonio de las sedes regionales, provinciales,
comarcales y locales y la gran mayoría de la representación de la
coalición en instituciones públicas. Estas carencias suponen asimismo que
se incumpla la exigencia de presentación de cuentas anuales consolidadas.

Habría que añadir que a determinadas objeciones que hizo el Tribunal a
las cuentas del Partido Popular se suma esta objeción seria respecto a la
no integración de las cuentas, incluidas, me imagino, las de la coalición
y de los distintos partidos que la conforman en la Islas Baleares, que no
se han consolidado con las cuentas de la coalición a nivel nacional.

Lo mismo podría decirse, aunque en menor medida, respecto a las cuentas
del Partido Socialista Obrero Español. También se hizo una observación y
se llegó a justificar la falta de contabilización de subvenciones de los
grupos de cargos electos de corporaciones locales por la propia
estructura de las cuentas. De otra parte, en el informe no se
individualizó ni se demostró comprobación alguna referida a las sedes
regionales de este partido político.

Existe una resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas respecto al informe de 1989 y de la aplicación
de las recomendaciones que en él se hacen. Se precisaba en esta
resolución del año 1994 que ya había ejercicios posteriores a 1989 que se
habían cerrado con criterios diferentes a los recomendados por el
Tribunal de Cuentas y asumidos por esta Comisión, con lo cual se mandató
--y así se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»-- que las cuentas
de los partidos políticos que todavía no estuvieran cerradas al momento
de publicación del acuerdo de la Comisión de Tribunal de Cuentas se
corrigieran para adaptarlas a esta situación.

Hasta que no se conozca el cierre el informe de la contabilidad de los
partidos políticos del año 1990, evidentemente no se va a poder comprobar
si las formaciones políticas han consolidado totalmente las cuentas.

Con estos antecedentes, hoy se publica una serie de cosas, se produce una
confusión grave hoy en prensa, no sé si por imprudencia o a conciencia,
porque la redacción de la propuesta demuestra un alto nivel de
desconocimiento de la legislación vigente. Lo cierto es que hoy, en
declaraciones a la prensa, responsables de Izquierda Unida confunden algo
tan esencial como el titular de una cuenta corriente con lo autorizado en
ella. En un «totum revolutum» que viene muy bien en esa línea que lleva
Izquierda Unida desde hace tiempo --aunque luego no se conforma con la
realidad de los hechos, que es tozuda en los sitios en que gobierna--, se
confunde todo el objeto de tratar de montar algo más de escándalo y
seguir presentándose como la única formación política de España que ha
pasado por el cristal sin mancharlo y que se mantiene en un estado
permanente no de gracia de Dios, pero sí en un estado permanente de
gracia cuando se trata de dinero público.

Por todas estas razones, y adaptándonos a lo que marca la ley, nos tiene
que valer el informe del Tribunal de Cuentas cuando de contabilización de
partidos políticos estamos hablando, porque la Ley de Financiación de
Partidos Políticos establece que la fiscalización externa de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos corresponderá
exclusivamente al Tribunal de Cuentas.

Quiere decir que, si la responsabilidad es exclusiva del Tribunal de
Cuentas, no es posible devaluar sus informes, porque es el único que
tiene capacidad para fiscalizar las cuentas de los partidos. A nuestro
modo de ver, tanto en lo que respecta a la contabilidad general como a la
contabilidad de elecciones, lo hace adecuadamente, entre otras cosas,
porque no sigue ningún criterio de muestreo y es conveniente que la
opinión pública sepa que cuando de cuentas de partidos políticos y de
cuentas electorales se trata, el Tribunal de Cuentas comprueba todos y
cada uno de los apuntes contables de gastos y de ingresos que se
realizan, no utiliza ninguna técnica de muestreo.




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No creo que sea adecuado extender una sombra de duda sobre la
contabilidad de un partido político concreto. Se está investigando por un
tribunal superior de justicia. Entiendo que para adaptarnos adecuadamente
a la legislación, la propuesta debería modificarse levemente en el
sentido de pedir que esta fiscalización se haga en los términos de los
artículos 27 y 30 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas,
corrección que ya admitió Izquierda Unida cuando pidió la fiscalización
de las cuentas del Partido Socialista respecto a Filesa, cuando admitió
una llamada enmienda «in voce» del propio Grupo Socialista para adaptar
técnicamente su proposición.

Pediría también que dado que los informes del Tribunal, los que han
llegado respecto a las cuentas de los partidos políticos, demuestran que
no están integradas en la contabilidad central las cuentas de sedes
regionales, especialmente de Izquierda Unida, que esta petición al
Tribunal de Cuentas respecto a una investigación específica sobre las
cuentas de la sede del Partido Popular en Baleares se extendiera también
al resto de las formaciones políticas con representación en el Parlamento
autónomo balear y que, por tanto, se comprobaran también las cuentas de
Izquierda Unida, y del Partido Socialista, en Baleares. Si no, se estaría
produciendo una cierta injusticia respecto a centrar la atención en algo.

Un último apunte: se refiere a 4.166.666 pesetas; la cifra exacta es
1.166.666 pesetas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, a efectos de exponer su
criterio con respecto a esta solicitud, tiene la palabra el señor Gimeno,
por tiempo no superior a diez minutos.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, vamos a ver si es posible.

En este tema lamento tener que decir que a veces se producen actitudes
hipócritas. Estoy muy sorprendido de algunas de las intervenciones que
estoy escuchando, pero las puedo entender. Creo que no es bueno para el
sistema de partidos políticos que afecta al funcionamiento del sistema
democrático, para intentar justificar actuaciones propias, enredar al
resto de partidos en cada uno de los temas que se plantean. Si hay una
unanimidad en los partidos políticos en estos momentos es en la voluntad
de transparencia. Creo que esa voluntad existe. Desde ese punto de vista,
hay que plantearla, porque los partidos constituyen un eje fundamental
del funcionamiento del sistema democrático.

Digo que algunas de las intervenciones han sido un poco hipócritas porque
los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se financian los partidos
políticos; y no sólo esto, sino a saber cómo se gastan el dinero los
partidos políticos. En ese contexto, cuando surgen hechos nuevos que
justifican el conocimiento de lo que ha pasado en una realidad concreta,
hay que actuar en función ese hecho. Hoy oigo intervenciones en las que
se dice: «Es que ahí hay una actuación judicial.» ¡Mire usted si en
Filesa no la hay!



El señor JORDANO SALINAS: No se asumieron responsabilidades políticas.




El señor GIMENO MARIN: Eso lo dirá usted.




El señor PRESIDENTE: Señores Jordano y Gimeno, diríjanse a la Presidencia
y ruego silencio.




El señor GIMENO MARIN: Tiene usted razón, señor Presidente.

Además, quiero alabar la función del Tribunal de Cuentas no sólo en 1989,
sino en el análisis de las cuentas de los partidos políticos. Los que
estamos en esta Comisión conocemos en profundidad el análisis crítico del
Tribunal de Cuentas de lo que son las financiaciones de los partidos
políticos. Yo destacaría sólo tres aspectos fundamentales que hay que
dejar bien claros. ¿Se justificaría la fiscalización en base a los hechos
concretos y a lo que dijo el Tribunal de Cuentas en 1989? Seguro que sí.

Diría más, señor Presidente. Con lo que se ha dicho en la Comisión de
financiación de los partidos políticos todo --lo que se ha dicho en esa
Comisión es público-- a veces las contradicciones y las sorpresas que nos
podemos llevar son de enorme interés.

El Tribunal de Cuentas, señor Presidente, manifestaba en 1989, en
relación con las cuentas de otros partidos también pero de un partido
específico concreto, que en las cuentas de la sede central no figuraba
incluidas el resto de las cuentas de las sedes regionales ni
provinciales, ni de grupos parlamentarios. Eso es así. Y no es cierto que
la Ley de Financiación de Partidos Políticos diga que sólo se lleven las
cuentas centralizadas; integradas sí, y no sólo integradas al respecto
del partido, sino también respecto de la financiación de los grupos
parlamentarios. No dice lo mismo la Ley de Financiación de Partidos
Políticos de lo que es la financiación de las corporaciones locales. Es
un punto a discutir y estamos debatiendo si llegamos a un acuerdo en la
próxima ley de financiación de partidos políticos.

Podríamos hablar del resto de los partidos, pero creo que no es ése el
problema. El problema es que, porque surgen unos hechos concretos,
estamos hablando de una propuesta concreta y específica. El señor Naseiro
compareció en la Comisión de financiación de partidos políticos y dijo
que él asumía la responsabilidad de las cuentas centrales de su partido,
pero que no asumía bajo ningún concepto la responsabilidad de las cuentas
de ninguna de las sedes regionales ni provinciales. Le entendí
perfectamente y le dije por qué le entendía. Le entendía perfectamente
porque es cierto que en 1987 aprobamos una Ley de Financiación de
Partidos Políticos. Podemos decirlo, no pasa nada: Cometimos un error,
señor Jordano; cometimos el error de no establecer un período
transitorio. Ya lo sé, pero utilicemos los criterios análogos para
analizar la situación global, para llegar a conclusiones. ¡Claro que es
verdad eso! Lo que también es verdad, y hay que decirlo, es que eso no es
lo mismo para las cuentas electorales, porque se siguen por legislación
anterior. Nos hemos enterado en la fiscalización que el Tribunal de
Cuentas hace de los partidos, que es en mi opinión no sólo muy
ilustrativa, sino muy interesante para corregir los defectos que se han
producido. En las cuentas de 1989 se manifestaba que había una
contradicción



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entre las cuentas electorales y las cuentas de financiación del Partido
Popular en concreto. Eso es así. En esa fiscalización se decía --que
luego ha salido publicado en los medios de comunicación y en la Comisión
de financiación de partidos políticos-- que 363 millones, que se habían
financiado en una campaña, no figuraban en la contabilidad. Si fuera así,
eso es delito electoral.

¿Qué es lo que se hace en esos supuestos? Políticamente uno tiene que
asumir lo que es la historia de este país y lo que es la historia de la
financiación de los partidos políticos, pero le digo al Partido Popular
que se equivoca si su postura en este caso concreto y en este momento es
que no va a votar a favor de esa propuesta. Debería votarla a favor,
porque lo que prima en estos momentos... (El señor Jordano Salinas: se
está confundiendo.) Me alegro de que vayan a votar a favor. Estoy
convencido de que van a votar a favor y me alegro de que lo haga el
Partido Popular, porque con eso manifestaremos todos nuestra voluntad de
transparencia, que es lo más importante ahora, porque el informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas del año 1989 planteaba todas las
deficiencias, de ese partido y de todos los partidos, por supuesto, pero
en este caso concreto hay que analizar lo que estamos analizando para
llegar a la conclusión de que los hechos que estamos analizando se
parecen a lo que decía el informe del Tribunal de Cuentas que podría
ocurrir hoy, y como consecuencia de eso no es equívoco que el Tribunal de
Cuentas intervenga. ¡Claro que puede intervenir!, con las correcciones
que se están manifestando. Es evidente que a partir de 1987 existe
obligación de los partidos políticos.

En estos momentos deseo y espero que el Partido Popular manifieste su
clara voluntad de transparencia votando a favor de la propuesta de
Izquierda Unida, señor Presidente. (El señor Jordano Salinas pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, ¿a qué efectos pide S. S. la palabra?



El señor JORDANO SALINAS: Unicamente de hacer una precisión, porque veo
que he pretendido ser algo didáctico pero no se me ha entendido
totalmente. Seré muy breve.




El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, creo que S. S. ha expuesto una serie
de criterios y ha solicitado también del Grupo proponente una pequeña
modificación de la propuesta, que es lo que en este momento va a someter
a consideración esta Presidencia.

Señor Centella, el Grupo Popular le ha hecho la petición de que figurase
en su solicitud la referencia a los artículos 27 y 30, creo recordar, de
la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Por otra parte,
formulaba la sugerencia de que extendiese esta petición al resto de las
fuerzas políticas en Baleares. Como usted es el autor de la propuesta,
solamente usted puede cambiarla. En tal sentido, le pregunto si acepta
esa recomendación o se somete a votación en los términos en que usted la
ha presentado por escrito.




El señor CENTELLA GOMEZ: Si la Presidencia me lo permite, antes quisiera
hacer algunas puntualizaciones a las intervenciones que ha habido y
aclarar la pregunta que se nos ha hecho en el sentido de concretar
exactamente el texto, puesto que ha habido algún tipo de confusión
respecto al documento que se repartió.




El señor PRESIDENTE: Las precisiones al final se convierten en la
apertura nuevamente del debate. Lamento que pueda parecer que tengo
prisa, pero por razones que no vienen al caso, pero que sí puedo decir
que es por motivos de la huelga de los pilotos de Iberia de mañana, por
parte de algunos Diputados hay cierto interés en que esto no se prolongue
demasiado.

Por ello, solamente a los efectos de fijar la posición respecto a la
recomendación o a la petición del Grupo Popular, tiene la palabra por un
período de cinco minutos.




El señor CENTELLA GOMEZ: Creo que en la propia fijación de la propuesta
también había alguna alusión, pero había renunciado a pedir el turno por
alusiones precisamente en aras a la brevedad de la sesión.

En cuanto a incluir aspectos formales, es una cuestión meramente de
trámite. El tema de fondo viene en la segunda parte de la petición del
Grupo Popular, y es que o no se ha entendido bien la propuesta que se
hace por Izquierda Unida o lo que se quiere es otra cosa. Se puede
entender que se quiere otra cosa cuando se hacen afirmaciones como que
Izquierda Unida lo que pretende con esto es demostrar que somos el único
grupo político que estamos en estado permanente de gracia. A partir de
ahí, al Grupo Popular se le aparecen todos los fantasmas cuando ellos son
los que están intentando en estos momentos mostrarse con determinadas
posturas ante los ciudadanos. Se dice ¿por qué no ponemos todos los
partidos? La cuestión es que si el Grupo Popular tiene datos y puede
aportarlos, tiene perfectamente la posibilidad de presentar una propuesta
que en próxima sesión se discutirá y, en función de eso, creo que todos
la votaremos.

El objeto de esta propuesta es que, ante unos hechos, para nosotros
constatados y evidentes, se realice una nueva fiscalización de la
contabilidad de la sede. Este el objeto de la propuesta. Si en la próxima
sesión el Grupo Popular presenta la misma propuesta que ha hecho, nuestro
Grupo no tendrá ningún inconveniente en aprobarla, pero si hoy la
aprobásemos, estaríamos saliéndonos del objeto de esta propuesta. Lo
único que alcanzo a entender es que el Grupo Popular lo que quiere es
ocultar sus propias responsabilidades, que no son políticas solamente
cuando se asumen... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Centella, no introduzca nuevos elementos de
controversia y debate. Creo que su posición está suficientemente clara.




El señor CENTELLA GOMEZ: No son nuevos elementos. Se trata, simplemente,
de remarcar el motivo por el cual se trata de que se dé trámite a nuestra
propuesta en un sentido; lo contrario sería acabar con el propio espíritu



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de esta moción. Ello no quiere decir que nos neguemos a que se presente
otra diferente que se refiera al Grupo de Izquierda Unida, al Grupo del
PSOE o a cualquier otro, pero que sea individualizada. Lo que no sería
conveniente sería meter todas en un mismo saco, porque estaríamos yendo
en contra, repito, del propio espíritu de la moción.




El señor PRESIDENTE: En los términos siguientes se va a someter a
votación la solicitud: Que por el Tribunal de Cuentas se realice una
fiscalización especial sobre la contabilidad de la sede regional de
Baleares y central de la Federación de Partidos de Alianza...




El señor CENTELLA GOMEZ: Perdón, central y en lo que se refiere a
Baleares.




El señor PRESIDENTE: ¿De la sede regional de Ba-leares? (Rumores.)



El señor CENTELLA GOMEZ: Perdón. Por eso le decía al señor Presidente que
me dejase explicarla.

Sería textualmente «la sede regional de Baleares y central, en lo
referido a la Comunidad Autónoma de Baleares, de la Federación...» Ya
seguiría igual.




El señor PRESIDENTE: Pase inmediatamente el texto escrito para someterlo
a votación. (Pausa.)
Perdón, pero es que ha habido una corrección del propio Grupo de
Izquierda Unida respecto a esta petición. Será: ... una fiscalización
especial sobre la sede regional de Baleares y central en lo referido a la
Comunidad Autónoma, de la Federación del partido de Alianza Popular,
Partido Popular, con referencia a los ejercicios 1986, 1989, 1991 y 1992.

(El señor Jordano Salinas pide la palabra.)
Señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Me parece que el representante de Izquierda
Unida sí admitía la sugerencia de corrección técnica que yo había
formulado en el sentido de incluir la frase: en los términos de los
artículos 27 y 30 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE: ¿Lo acepta en esos términos, señor Centella?



El señor CENTELLA GOMEZ: Sí, señor Presidente, no había ningún problema.




El señor PRESIDENTE: Se añadirá: conforme a los artículos 27 y 30 de la
Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Pasamos a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Habiendo concluido todos los puntos del orden del día, recordándoles que
el día 10 de noviembre vence el plazo para la presentación de propuestas
a los informes hoy presentados, se levanta la sesión.




Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.