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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 84, de 06/07/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 84
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENCIA DE DON DEMETRIO MADRID LOPEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 26 (Extraordinaria)
celebrada el jueves, 6 de julio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar:
--Sobre el contenido del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea (UE), en la reunión «informal» de Toulouse, respecto al futuro de
la política agrícola común (PAC). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente Congreso 213/000573 y número de expediente
Senado 711/000139). (Página 1680)
--De las prioridades a desarrollar durante la presidencia española de la
Unión Europea (UE) en materia de agricultura y pesca. A petición propia.
(Número de expediente Congreso 214/000111 y número de expediente Senado
711/000140). (Página 1680)
--Sobre los objetivos a lograr durante el semestre de la presidencia
española de la Unión Europea (UE). A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente Congreso 213/000630 y número de expediente
Senado 711/000141). (Página 1680)
Comparecencia del señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles), para informar sobre el criterio del
Gobierno de España en relación con las redes transeuropeas, con especial
atención a la situación de Baleares y Canarias, así como las medidas al
respecto para esta última, derivadas de la condición de región
ultraperiférica de la Unión Europea. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente Congreso 213/000618 y número de
expediente Senado 711/000142). (Página 1697)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
El señor VICEPRESIDENTE (Madrid López): Buenos días, señoras y señores
Diputados, señoras y señores Senadores. Bienvenido, señor Ministro, a la
Comisión Mixta para la Unión Europea.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna) PARA INFORMAR:
--SOBRE EL CONTENIDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNION
EUROPEA (UE), EN LA REUNION «INFORMAL» DE TOULOUSE, RESPECTO AL FUTURO DE
LA POLITICA AGRICOLA COMUN (PAC). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente Congreso 213/000573 y número de expediente
Senado 711/000139.)
--DE LAS PRIORIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA
UNION EUROPEA (UE) EN MATERIA DE AGRICULTURA. A PETICION PROPIA. (Número
de expediente Congreso 214/000111 y número de expediente Senado
711/000140.)
--SOBRE LOS OBJETIVOS A LOGRAR DURANTE EL SEMESTRE DE LA PRESIDENCIA
ESPAÑOLA DE LA UNION EUROPEA (UE). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente Congreso 213/000630 y número de expediente
Senado 711/000141.)
El señor VICEPRESIDENTE: En el orden del día que SS. SS. tienen, hay tres
puntos, de los cuales uno ha sido solicitado por el Grupo Popular, otro
por el propio Gobierno y otro también por el Grupo Popular, sobre la
información acerca de los logros durante el semestre de la presidencia
española en la Unión Europea respecto a la agricultura, pesca y
alimentación. Hablando con los portavoces y con el propio señor Ministro,
hemos visto que podría tener sentido que hubiera una intervención inicial
del señor Ministro y que, a continuación, los portavoces hicieran las
distinciones oportunas para que el diálogo se pueda producir de manera
coherente.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, señorías, siguiendo el orden del día establecido, voy a
informar, en primer lugar, del Consejo informal de Agricultura de
Toulouse, para pasar posteriormente a los objetivos y a las prioridades
de la presidencia española en materia de agricultura, pesca y
alimentación para este próximo semestre. Las reuniones informales de
ministros de agricultura comunitarios suelen ser monográficas,
debatiéndose el tema que propone la presidencia que, asimismo, aporta un
documento de base para los debates.
En las reuniones de Toulouse, celebradas durante los días 12, 13 y 14 de
marzo de 1995, la presidencia francesa eligió como tema la doble misión
de la agricultura europea. En el documento que sirvió de base para los
debates, se destaca la misión económica de la agricultura y el papel del
agricultor como pleno protagonista económico. Sin embargo, tras la
evolución de la agricultura desde la creación de la política agrícola
común, el aspecto económico del sector agroalimentario es más que nunca
una evidencia.
Entre las cuestiones a plantear destacan la necesidad de una mayor
flexibilidad de las reglamentaciones de las organizaciones comunes de
mercado, en un marco más global, una mejor expresión de la finalidad
comercial de la actividad agraria y el fomento de los esfuerzos para una
mayor competitividad de los productos transformados, cada vez más
elaborados y con un mayor valor añadido.
La segunda misión de la agricultura, la misión territorial, es cada vez
más sensible. Se trata de la ocupación armoniosa del espacio y el
mantenimiento de la vida rural en el conjunto de las regiones, pero
también de la calidad de dicha ocupación, especialmente para la
preservación del medio ambiente. Consiste en un nuevo papel, no
contradictorio con el anterior, pero que impone una reflexión sobre los
instrumentos que deben ser utilizados. Las políticas estructurales tienen
en cuenta, en parte, estas cuestiones, pero no han permitido frenar la
desertificación de las regiones más difíciles.
A este respecto, el Presidente propuso a los ministros dos cuestiones de
debate. La primera, una política de instalación de jóvenes agricultores a
la altura de lo que puede esperarse, especialmente para la gestión del
territorio; la segunda una descentralización de las políticas que pueda
tener en cuenta las realidades, muy contrastadas, de las diversas
regiones europeas, con una acción largamente subsidiaria.
Es importante destacar que el Comisario de Agricultura señaló que, tras
la reciente reforma de la política agrícola comunitaria, no considera
necesaria una reforma de la reforma, sino solamente ajustes limitados
para resolver problemas puntuales que puedan presentarse. Para el futuro
inmediato y aparte de los sectores pendientes de reforma, el Comisario
planteó si el proceso de reforma de la PAC debiera considerarse como algo
consolidado o si, por el contrario, la próxima conferencia
intergubernamental debiera ser la ocasión de introducir algunas
modificaciones en profundidad. En su opinión, en los próximos años, la
PAC debe ser objeto de una evolución gradual y no de una modificación
radical. Esta evolución debiera tener debidamente en cuenta la doble
misión de la agricultura y especialmente el problema del fomento de la
economía de mercado entre los jóvenes agricultores que se instalan como
nuevos empresarios.
Por mi parte, compartí la opinión de la presidencia sobre los nuevos
desafíos y la dificultad de encontrar soluciones válidas, no
contradictorias entre competitividad y respeto del medio ambiente. No es
fácil para el agricultor
cumplir la doble misión, económica y territorial, ni para el legislador
suministrar los medios necesarios. La experiencia demuestra que, en las
regiones más competitivas e intensivas, existe una respuesta más débil a
las ayudas medioambientales establecidas para las zonas sensibles y, por
el contrario, estas ayudas tienen más éxito en las zonas más extensivas,
en las que existen problemas medioambientales menos graves. Convendría
que las OCM no sean los únicos instrumentos válidos para todas estas
misiones tan diversas, sino que habría que considerar la posibilidad de
medidas específicas para dar respuestas individuales a los problemas
derivados de la diversidad .
Mostré mi acuerdo en realizar un análisis de las rigideces de las
diferentes OCM para introducir una mayor flexibilidad en las modalidades
de aplicación. Asimismo, señalé que otros instrumentos comunitarios, como
las indemnizaciones compensatorias en las zonas desfavorecidas, pueden
producir distorsiones de la competencia, dada la amplia horquilla
prevista en su importe. En el marco de los objetivos económicos de la
actividad agraria, expuse la necesidad de introducir mecanismos de
participación de los agricultores en la comercialización de los productos
y especialmente el fomento de la interprofesión e incluso para la
exportación y el desarrollo de los productos transformados.
Respecto a la misión territorial, llamé la atención de los ministros
sobre la necesidad de prever no solamente actividades agrarias sino
también no agrarias, de mantener la actividad en las zonas más
desfavorecidas y de establecer una tipología de las zonas rurales a
niveles geográficos inferiores a las zonas NUT-3, que son las
provinciales. El poco éxito de las políticas estructurales, debido en
gran parte a la penuria de los recursos financieros, exige una revisión
que debe extenderse a las OCM en el marco de una ampliación del número de
beneficiarios y del importe de las ayudas. En nuestra opinión, deben
considerarse como elegibles los agricultores que tienen pequeñas
explotaciones y que trabajan una gran parte de su jornada en otras
explotaciones agrarias. En particular, en las regiones menos
desarrolladas debiera procederse a una nueva redefinición de las zonas,
tomando como referencia parámetros comunitarios y no parámetros
nacionales. En estas zonas, debieran aplicarse ayudas financieras
directas, ayudas agroambientales, acciones de desarrollo rural y fomento
de actividades alternativas de las agrupaciones de productores y de la
comercialización.
Por último, compartí el enfoque del Presidente sobre el reforzamiento de
la política de instalación, especialmente de jóvenes agricultores, y
señalé la necesidad de crear un marco reglamentario para fomentar la
coordinación de las instalaciones de jóvenes con programas de
prejubilación y, si fuera necesario, con una asistencia en materia de
derecho de sucesión.
Para la definición de nuevas políticas, habría que tener en cuenta la
experiencia adquirida con programas tales como el Leader y otros
programas operacionales de las regiones Objetivo-1 y de zonas 5-B.
Coincidí asimismo en la necesidad de una mayor descentralización que
implique a las administraciones locales pero, para la aplicación de los
principios de subsidiariedad y descentralización, deben preverse
mecanismos de coordinación, a nivel nacional y comunitario, con el fin de
evitar el agravamiento de los desequilibrios territoriales. El Consejo
finalizó invitando a la Comisión a integrar los resultados del debate en
sus futuras reflexiones y propuestas.
En lo que se refiere a la presidencia española del Consejo de Agricultura
durante el próximo semestre, como SS. SS. conocen, el tema más importante
a debatir será la reforma de la OCM del sector de las frutas y
hortalizas. En la reunión que el Gobierno ha mantenido con la Comisión
Europea el pasado día 3, he urgido al Comisario de Agricultura sobre la
conveniencia de que la Comisión apruebe su propuesta lo más rápidamente
posible. Parece probable que esta aprobación se realice durante las
próximas semanas, con lo que su presentación al Consejo podría producirse
en la reunión del mes de septiembre.
Como SS. SS. conocen, en este sector fundamental de nuestra producción
agraria, que ha experimentado un incremento sustancial de las
exportaciones durante los últimos años, apostamos por un modelo de
reforma que incremente el protagonismo de las organizaciones de
productores, dotándolas de los fondos necesarios para conseguir una
adecuación de la oferta a la demanda y una mejora de la competitividad
que permita consolidar y ampliar los objetivos logrados hasta ahora.
Si la propuesta que apruebe la Comisión se ajusta en líneas generales a
las directrices de su documento de reflexión, de julio de 1994, la
delegación española pondrá su máximo interés para que se pueda aprobar
durante nuestra presidencia. En este sentido, quiero recordar la moción
aprobada por el Pleno del Congreso el 14 de marzo de 1995 referente a
comparecencias en esta Comisión Mixta de representantes profesionales del
sector hortofrutícola a fin de elaborar una resolución que, al igual que
en el caso del vino, incluya los puntos básicos que debe contemplar la
nueva OCM del sector de frutas y hortalizas. Sin duda será una aportación
importante para los debates de los próximos meses.
Otro tema importante para España es la reforma de la OCM del arroz. Es
muy probable que la Comisión Europea apruebe su propuesta antes del
Consejo del 17 y 18 de julio, con lo que podrá realizarse su presentación
en este Consejo. El modelo de reforma de este sector será semejante al de
los cultivos herbáceos, es decir, reducción significativa de los precios
compensada mediante una ayuda por hectárea sin retirada de tierras
obligatoria y fijándose una superficie de base. Vamos a poner todo
nuestro interés en aprobarla durante la presidencia española, siempre que
la propuesta de la Comisión sea concordante con nuestros intereses.
Existe también un tema importante para todos, como es la necesaria
simplificación de la política agrícola común. Estimo que tenemos la
obligación de facilitar y simplificar el trabajo de los agricultores,
evitando complicaciones innecesarias, tarea en la que tendremos todo el
apoyo de la Comisión Europea. En este sentido varios Estados miembros han
presentado un memorándum recogiendo sus opiniones al respecto, que han
sido objeto de análisis técnico. Es muy probable que la Comisión presente
una propuesta durante la presidencia española que, como ya adelantó el
Comisario de Agricultura, tendría como objetivo simplificar la reforma y
no reformar la reforma.
En cuanto a la reforma de la OCM del vino, ya he dicho en numerosas
ocasiones que no vamos a aprobar ninguna reforma que no contemple los
principales puntos que consideramos prioritarios. Durante la presidencia
española intentaremos, mediante los necesarios contactos bilaterales con
los principales países productores --ronda que comienza ya de forma
inmediata con Italia, que es el país que nos sucederá en la presidencia--
y con la propia Comisión, un desbloqueo de la situación bajo las premisas
anteriores. En todo caso, debo señalar que las actuales circunstancias
del mercado no hacen de la aprobación de esta propuesta una tarea
absolutamente urgente desde nuestro punto de vista.
Respecto a la OCM de la patata, el Gobierno tiene un mandato del
Parlamento de intentar desbloquear la situación de esta propuesta, cuya
tramitación se encuentra actualmente paralizada en el Consejo de
Agricultura. Para nosotros sería una gran satisfacción conseguir la
aprobación de esta reforma, pero con un contenido real que podría ir en
la línea de orientación de la propuesta de la Comisión para las frutas y
hortalizas, es decir, la creación de un fondo de rotación con aportación
mixta de las organizaciones de productores y del Feoga. Con objeto de
intentar buscar vías de solución, en los próximos días nuestros
funcionarios celebrarán contactos técnicos con la Comisión Europea.
Otro producto importante es el plátano. Aun siendo conscientes de las
dificultades que existen por parte de algunos Estados miembros,
intentaremos la aprobación de las dos propuestas de reglamento
actualmente sobre la mesa, que modifican la OCM y que introducen
modificaciones menores desde el punto de vista de nuestros intereses. Las
dos propuestas del reglamento de la Comisión para reformar la OCM del
plátano se han visto interferidas por las declaraciones del Comisario de
Agricultura, tras su reciente viaje a Washington, respecto a las nuevas
negociaciones con Estados Unidos, para lo cual el Comisario ha anunciado
que pedirá al Consejo un mandato negociador. Desde nuestra perspectiva,
una eventual negociación debiera pasar por el mantenimiento de las líneas
fundamentales de la filosofía de la actual OCM, por la defensa estricta
de los intereses de los productores comunitarios y por la consecución, de
forma permanente y estable, de una PAC tanto interna como externa con los
países terceros que ahora cuestionan la OCM y con los Estados miembros
que igualmente cuestionan determinados aspectos de sus elementos.
En cuanto a la reforma del régimen de ayudas a los cultivos herbáceos,
existen actualmente dos temas importantes y urgentes pendientes de
informe y de propuesta de la Comisión Europea que debieran ser discutidos
o al menos presentados en el Consejo del presente mes de julio: la
posibilidad de eliminar o en todo caso reducir la retirada extraordinaria
en caso de superación de la superficie de base y el porcentaje de
retirada obligatoria para la campaña 1996/1997.
En las próximas semanas vamos a empezar también a discutir con las
comunidades autónomas, una vez constituidos sus nuevos gobiernos, un
nuevo esquema de plan de regionalización y de superficie de base, que
luego habrá que discutir también con la Comisión Europea para su
aplicación en la campaña 1996/1997, referente a los cultivos herbáceos.
También se debatirá durante la presidencia española la normativa
comunitaria necesaria para el cumplimiento del compromiso adquirido por
la Unión Europea en los acuerdos de Blair House con Estados Unidos sobre
la limitación del cultivo de las oleaginosas para uso industrial, es
decir, las no destinadas a la alimentación humana ni animal, en tierras
retiradas de la producción.
Otro tema a tratar también durante la presidencia española es el de la
apicultura. Existe un compromiso de la Comisión de presentar un informe
con sus correspondientes propuestas sobre medidas en favor de la
apicultura europea. Por nuestra parte, haremos todo lo posible para la
aprobación, durante la presidencia española, de algunas medidas de apoyo
real a este sector.
Finalmente, el Consejo de Agricultura del 26 de septiembre celebrará una
sesión conjunta con los pecos, los países de Europa central y oriental.
Desearíamos que esta reunión se desarrollase sobre la base de un adelanto
de síntesis del informe de orientación sobre la agricultura de estos
países que están preparando los servicios de la Comisión.
En relación con los temas que se debaten previamente en el Coreper,
probablemente el Consejo tenga oportunidad de tratar algunos de especial
importancia. El primero es el relativo a la utilización de hormonas en la
ganadería, respecto al cual existen actualmente tres propuestas de la
Comisión: prohibición de cualquier nueva hormona o productos semejantes,
armonización de los métodos de detección y prohibición de concesión de
primas en las explotaciones en las que se detecten. Pero el aspecto más
importante de estos expedientes es el anuncio realizado por el Comisario
de Agricultura de un reexamen neutro y objetivo de la actual prohibición
comunitaria, que data de 1989. Esta reevaluación será objeto de una
conferencia que la Comisión Europea organizará a finales de noviembre en
Bruselas con intervención de todos los estamentos interesados
--científicos, productores, consumidores, administraciones, etcétera--.
En cuanto a la armonización de residuos de plaguicidas, se iniciará el
debate de una propuesta de directiva de este importante tema, que debiera
eliminar las dificultades actualmente existentes en los intercambios
intracomunitarios. Si los debates se desarrollan adecuadamente, esta
propuesta podría aprobarse al final de la presidencia española.
Finalmente, y en lo relativo a las estructuras agrarias, el Consejo de
Agricultura tendrá que aprobar la delimitación de las zonas
desfavorecidas en dos de los nuevos Estados miembros, concretamente
Finlandia y Suecia. También es previsible que deban aprobarse las
codificaciones de los reglamentos de base sobre estructuras agrarias.
Por último y como SS. SS. conocen, durante cada presidencia el Consejo de
Agricultura suele celebrar una reunión informal sobre un tema monográfico
propuesto por la presidencia. Siguiendo esta tradición, esta reunión
informal de Ministros de Agricultura se celebrará en Burgos durante
los días 17, 18 y 19 del próximo mes de septiembre, y el tema que hemos
elegido es la PAC y los riesgos climáticos en la agricultura europea.
Entre las políticas agrarias puestas en práctica en muchos de los países
desarrollados, adquiere gran importancia la existencia de sistemas o
métodos que permitan reducir al mínimo las consecuencias económicas
adversas que los riesgos naturales originan sobre la calidad de vida y el
mantenimiento de la actividad agraria en el medio rural, así como sobre
la estabilidad económica y social de dichos países. Creemos necesaria una
reflexión sobre la conveniencia de adoptar medidas comunes que permitan
materializar la solidaridad entre los Estados miembros a través de
mecanismos que reduzcan los riesgos implícitos a la actividad agraria y
ejercitar dicha solidaridad bajo criterios determinados, no
discrecionales.
En lo que se refiere al ámbito pesquero, las prioridades durante la
presidencia española cabe sintetizarlas, por definición, en un objetivo
básico: consolidar las posibilidades de presencia de la flota española en
los caladeros de terceros países en los que ya está operando e impulsar
las negociaciones de acuerdos pesqueros que o bien ya se han iniciado o
existe intención, traducida en mandato de negociación, de iniciarse. La
primera parte del objetivo se cubrirá mediante la renegociación bien de
acuerdos o bien de protocolos, cuya aspiración está prevista a lo largo
de la presidencia española.
En este contexto hay que impulsar las negociaciones entre la Unión
Europea y Marruecos, a fin de suscribir un nuevo acuerdo a la mayor
brevedad posible; renegociar los protocolos para renovar los acuerdos con
Guinea-Conakry, que expiran el 31 de diciembre de 1995; el de Seychelles,
que tendrá lugar el 17 de enero de 1996; proseguir las negociaciones con
Venezuela, Méjico y Colombia en el área latinoamericana; negociar un
acuerdo con el Reino Unido para ejercer la pesca en sus territorios de
ultramar; e impulsar la negociación de acuerdos con Namibia y Sudráfrica,
lo que significaría recuperar unos caladeros tradicionales para la flota
española.
En mi opinión, sería muy importante que durante la presidencia española
se alcanzara un acuerdo en el seno de la FAO para la aprobación del
código de conducta. Asimismo, la presidencia española va a solicitar al
Consejo la reactivación del proyecto de reglamento que prevé la
prohibición a corto plazo de la utilización de redes de deriva, así como
la congelación y disminución progresiva del esfuerzo de pesca efectuado
por este arte hasta que se produzca su erradicación. En este sentido,
considero que es necesario desbloquear este tema, cuyo avance se
encuentra particularmante dificultado por la generalización de la
propuesta comunitaria en lo que se refiere a la prohibición de redes de
enmalle a la deriva, en contra de la opinión del Comité científico que
considera que debe realizarse un tratamiento separado del uso de redes de
enmalle a la deriva en el caso del Báltico o en el caso de algunas
especies del Atlántico Norte.
Consideramos que desglosar la propuesta de la Comisión puede ser una vía
que permita desbloquear la situación en la que se encuentra actualmente
este debate en el seno del Consejo de Ministros, En cualquier caso, hasta
que se consiga la plena erradicación de estas artes, es necesario
institucionalizar las condiciones de control en las que debe
desarrollarse el uso de estas artes, en particular en la costera del
bonito.
En el marco de la plena integración de España en la política pesquera
comunitaria, una vez aprobado el Reglamento de esfuerzo en el Consejo de
Ministros del pasado 15 de junio, es necesario aprobar la modificación
del Reglamento de control para instaurar los mecanismos que permitan la
puesta en práctica del nuevo sistema de regulación de esfuerzo.
Hay un aspecto en el que me gustaría insistir, como una de las
prioridades fundamentales de la presidencia en el ámbito de la política
pesquera, que es la aplicación a la regulación de la política pesquera
comunitaria del principio, solamente apuntado hasta ahora en las
reuniones en el ámbito de la FAO, de la correlación entre la pesca
responsable y el comercio responsable.
Al igual que en la política agrícola comunitaria la reforma impulsa una
actividad agrícola respetuosa con el medio ambiente, también la política
común pesquera, desde sus inicios, persigue la conservación de los
recursos pesqueros. Sin embargo, el informe de la Comisión de 1992, al
mostrar una serie de disfunciones en la búsqueda del objetivo perseguido,
ha impulsado la evolución de la política común pesquera hacia una
integración cada vez mayor de las políticas de recursos, estructuras y
mercados pesqueros. La adaptación de las capacidades y del esfuerzo
pesquero a las disponibilidades existentes en la línea de la denominada
pesca responsable resulta esencial para garantizar la regeneración del
recurso. En este sentido, es de destacar el ejercicio en el que se
encuentra inmersa la flota comunitaria que faena en las aguas del
Atlántico, lo cual, previsiblemente, servirá como pauta de cara a las
adaptaciones del resto de la flota comunitaria.
De manera complementaria resulta necesaria la adopción de medidas
tendentes a reorientar o recolocar los excedentes en actividad del sector
pesquero en la medida en que se vaya produciendo dicha adaptación. En
este sentido, las medidas de carácter socioeconómico específicas para
este sector, de manera similar al menos a los aplicables a otros sectores
sometidos a políticas comunes, como en el caso del sector agrario, son
imprescindibles.
La actual base de reflexión para la Unión Europea consiste en la búsqueda
de la adaptación del actual sistema de gestión comunitaria de la pesca,
incluyendo las medidas de carácter técnico a la realidad de las
pesquerías con el fin de minimizar el impacto sobre el ecosistema.
El actual debate sobre los objetivos y estrategias de gestión de los
recursos pesqueros más adecuados y la utilización de TAC más amplios
--bien por tratarse de TAC multiespecíficos, bien de TAC con una vigencia
superior a la anual-- ponen de manifiesto la decidida actitud tanto de la
Comisión Europea como de los estados miembros de avanzar hacia un sistema
de gestión más racional y en línea con las exigencias que se vienen
manifestando en los diversos foros a nivel internacional.
Dentro de estas medidas habría que destacar las directas de regeneración
de los recursos, la promoción del uso de artes de pesca selectivos, la
reducción al máximo de las capturas incidentales, la limitación de los
descartes, el aprovechamiento integral y remunerador de las capturas,
etcétera. En todo caso, será preciso evaluar por anticipado para cada
medida de conservación el impacto económico que producirá de manera
inmediata sobre el sector pesquero. Por otro lado, es necesario analizar
en qué medida la normativa comunitaria existente para regular el mercado
interior de los productos de la pesca resulta coherente con las medidas
de conservación a aplicar en la actividad extractiva. Paradójicamente nos
encontramos con que a veces lo que no se puede pescar sí se puede
comercializar dentro de la Unión Europea. Resulta evidente que la
política de conservación de los recursos de la pesca se debe materializar
especialmente en el mercado, estableciendo reglas comunes para todo
producto pesquero susceptible de ser comercializado tanto en el mercado
interior como en el exterior.
En este sentido, se echan en falta normas comunes que prohíban con
carácter general la comercialización de alevines inmaduros, y de manera
específica la existencia de una vinculación estricta entre las tallas
comerciales y las tallas biológicas. Sería conveniente, por tanto,
introducir las modificaciones oportunas con vistas a armonizar la
normativa de recursos y la normativa comercial, así como a completar los
vacíos de esta última con respecto a la anterior. Además, convendría
reflexionar sobre el impacto que tiene en los mercados la adopción de
cualquier norma de conservación o de ordenación de los recursos, de modo
que cada vez que se analice y adopte una norma se elabore a su vez la
correspondiente norma comercial en coherencia con la misma.
La Unión no debe olvidar que no será eficaz su política de conservación
si otros países no cumplen con las mismas normas. La posición de la Unión
Europea tendente a crear el marco que posibilite el ejercicio de la pesca
responsable debe garantizar, mediante las medidas adecuadas, que también
se ejerza un comercio responsable. En todo caso, si queremos avanzar con
eficacia en la conservación de los recursos pesqueros, no debemos olvidar
que el mercado de la Unión es el destino de una gran parte de la oferta
de los productos pesqueros a nivel internacional. Por tanto, de nada
sirve aplicar las medidas de conservación a la producción comunitaria si
países terceros, que incluso a veces están pescando en las mismas áreas
que la flota europea, pueden exportar a la Unión al margen de cualquier
norma de conservación.
De nada sirve, por ejemplo, prohibir a la flota comunitaria la
utilización de grandes redes de enmalle a la deriva, de conformidad con
las resoluciones de Naciones Unidas, si no se prohíbe de manera explícita
la importación y comercialización de lo pescado por las flotas de
terceros países con esas artes, así como tampoco la prohibición de pescar
con cercos sobre mamíferos marinos si no se prohíbe la comercialización
del atún pescado con ese método en el mercado de la Unión.
Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de Comercio brinda la
oportunidad de revisar aspectos normativos de interés, en particular con
el fin de coadyuvar a la conservación del medio ambiente, es preciso que
la Unión Europea regule de manera expresa medidas complementarias a las
de conservación para la comercialización de los productos de la pesca.
Las medidas que reflejen el comercio responsable no han de pretender en
modo alguno limitar los flujos comerciales con terceros países, sino
asegurar que las operaciones concretas comerciales se realicen en los
mercados supeditadas a las normas que son de aplicación a la producción
comunitaria.
En consecuencia, sería necesario que la Unión Europea, en su política
comercial general, asumiera este planteamiento en lo que se refiere al
comercio de productos de la pesca ante los diversos marcos existentes.
Esto es todo. Estoy a su disposición para las aclaraciones que consideren
pertinentes.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra, como Grupo proponente de la comparecencia del señor
Ministro, el señor Ramírez, por el Grupo Popular.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia.
Nuestra intervención no va a abundar sobre cuestiones en las que de la
intervención del señor Ministro se sobreentiende que estamos
absolutamente de acuerdo, porque además el Ministro en su comparecencia
ha ido desgranando puntualmente los acuerdos que se adoptaron en la
última reunión de esta Comisión en relación con la presidencia española.
Lo que vamos a intentar es destacar aquellos aspectos que más nos
preocupan desde la óptica del Partido Popular o aquellos a los que no ha
hecho referencia el señor Ministro.
Comenzando por la reunión de Toulouse, señor Ministro, efectivamente era
necesaria esa reflexión. Estamos de acuerdo respecto a la objetivación de
esos dos elementos importantes de la vida del agricultor, no solamente su
aspecto profesional como agente económico sino como gestor del
territorio, y el problema del envejecimiento de la población activa
agraria europea, y especialmente la española, así como la importancia de
las medidas medioambientales se ponen de manifiesto una vez más ante el
fracaso de la política española en relación a esos dos puntos concretos.
Desgraciadamente, nuestra normativa nacional al aplicar en España la
política comunitaria ha fracasado rotundamente y, por lo tanto, no pueden
ser elementos de admiración, entre comillas, por nuestros colegas
comunitarios, el grado de cómo en España se está propiciando la
jubilación anticipada de los agricultores o cómo en España se está
aplicando la política de forestación de tierras arables. Ambas cuestiones
han quedado de manifiesto en su última comparecencia en la Comisión de
Agricultura como las dos grandes asignaturas pendientes de la política
agraria socialista. En uno y otro aspectos hemos fracasado y es
conveniente poner de manifiesto esta situación para provocar la necesaria
reforma de la normativa española que permita alcanzar esos dos objetivos:
rejuvenecer profundamente
nuestra envejecida población agraria y luchar contra un elemento
fundamental que es la desertización vía la forestación de tierras
agrarias, que desgraciadamente tampoco hemos podido contar como un éxito
de nuestro programa. La normativa comunitaria está aprobada. Creemos que
es suficiente. Faltan elementos importantes como es la actualización de
la renta que percibían los agricultores acogidos a estos planes, pero lo
que se ha puesto de manifiesto es el profundo fracaso de la normativa
española.
En relación con la presidencia española durante los próximos seis meses,
señor Ministro, hay unas consideraciones de carácter general que creo que
deben de contemplarse a la hora de enfocar nuestro protagonismo
--repito--, nuestro protagonismo, durante estos próximos seis meses, así
como su aplicación en determinadas definiciones sectoriales.
Nosotros creemos, señor Atienza, que hay que intentar cerrar el modelo de
la política agraria común. El modelo no está cerrado y, por tanto,
difícilmente nos podemos introducir en ampliaciones y en asumir tratados
preferenciales de carácter bilateral cuando realmente la política agraria
común no está cerrada. Entendemos que se debe de profundizar en la
construcción de nuestra política agraria, sobre todo al hilo de la
entrada en vigor de los compromisos del GATT, el 1 de julio reciente, y
desde esa óptica analizar cuál debe ser la política comunitaria en
relación a terceros países, bien los que giran en el epígrafe pecos bien
los que giran en otros epígrafes (tratados bilaterales, norte de Africa,
Mercosur, etcétera), porque simultáneamente no se pueden hacer todas las
cosas; solamente daríamos una sensación de inestabilidad y de
provisionalidad.
Se han alzado voces. El señor Ministro tiene los informes que le han ido
haciendo llegar los distintos sectores españoles y comunitarios al
respecto, en donde partiendo de la necesaria relación de Europa con el
este y con el norte de Africa, lo primero que se pide es que realmente
consolidemos lo que tenemos y que hagamos una evaluación específica y
profunda de los costes financieros de las ampliaciones.
¿Cómo va a afectar a la política agraria común la incorporación de los
pecos? ¿Vamos a cumplir los límites presupuestarios adoptados y acordados
en el GATT o esa incorporación, esa ampliación, va a superar los límites
financieros establecidos en el GATT?
¿Y si se superan esos límites financieros se va a producir, por lo tanto,
un reparto a la baja de las situaciones consolidadas por la agricultura
comunitaria?
Esa es la gran pregunta que hay que hacer y, por lo tanto, a partir de
ella esperar a que ese informe que ha anunciado el señor Ministro y que
va a estar en manos del Consejo de Ministros y, por lo tanto, de los
países miembros en septiembre, nos permita comprobar realmente la
dimensión económico-financiera de la ampliación. Y no solamente en lo que
respecta a los pagos de la política agraria no consolidada aún --luego
hablaremos de las reformas pendientes--, sino en lo que afecta a las
políticas estructurales, a los fondos de cohesión, etcétera.
Hay un elemento importante que salta a la vista. La incorporación de
nuevos países exigiría una definición de lo que son Objetivo 1.
Significaría, por ejemplo, que España podría quedar fuera de la
definición de Objetivo 1 al ser la renta comunitaria mucho más baja y al
sobrepasar el 75 por ciento las regiones que en este momento en España
son Objetivo 1. Esto significaría automáticamente la pérdida importante
de nuestra situación hasta ahora de cara a la financiación comunitaria.
Por tanto, bienvenido sea ese informe que esperemos que sea detallado. No
todas las agriculturas de los pecos son iguales. No todas pesan
exactamente en el contexto comunitario y en los horizontes productivos de
cada uno de los países y, por lo tanto, esperemos que no haya una prisa,
como la que se detecta de algunas declaraciones del Comisario Brittan o
de las declaraciones que acaba de hacer el Comisario de Agricultura en su
visita a los Estados Unidos, en donde ha habido una verdadera alegría
verbal a la hora de considerar todas las cuestiones pendientes con los
Estados Unidos, y esperemos que eso se reconduzca a un análisis realmente
meditado, teniendo en cuenta --repito-- que no hemos cerrado aún la
política agraria común y que ésta tiene que cumplir los objetivos que se
establecieron y que aún no sabemos cómo se va a producir la plena entrada
en vigor de los compromisos del GATT.
En este sentido, señor Atienza, me gustaría, porque asumimos
absolutamente los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión en
relación con la presidencia española, bajar quizá un poco el nivel de la
discusión a cuestiones sectoriales o específicas.
Señor Ministro, yo creo que la presidencia española debe aprovechar para
plantear seriamente en la Unión Europea los efectos de la sequía. España
es prácticamente el único país de Europa que plantea seriamente cómo las
variaciones climáticas pueden afectar duramente a la situación de los
agricultores y de los ganaderos. Ningún país de la Unión Europea ha visto
desaparecer su cosecha de cereales como nosotros. En este momento vamos a
necesitar más de 10 millones de toneladas de cereales para garantizar
nuestro aprovisionamiento. Ningún país de la Unión Europea ha visto cómo
sus superficies de regadío no pueden alcanzar sus objetivos previstos por
la carencia de agua, etcétera. Por tanto, entendemos que hay que hablar
seriamente de la sequía. Hay que plantearla en el seno de la Unión y --es
una vieja aspiración del Grupo Parlamentario Popular-- hay que establecer
un sistema de solidaridad comunitaria que permita la aportación de fondos
comunitarios para paliar los efectos de esas situaciones climáticas.
Difícilmente podemos atender con la tesorería nacional --como se ha
puesto de manifiesto en el último Real Decreto sobre la sequía-- las
necesidades que demanda un sector que ha visto desaparecer sus
expectativas económicas. Entendemos, señor Atienza, que esa cuestión debe
ser planteada por la presidencia española como un elemento importante de
reflexión comunitaria y de aprobación, en su caso, de los elementos
fundamentales que de ella se deriven. El clima, la falta de agua, la
sequía, la destrucción de cosechas y de expectativas económicas y su
aplicación en la vida individual del agricultor y del ganadero deben
plantearse urgentemente.
Al hilo de esa reflexión, señor Atienza, debemos plantear urgentemente
desde España el desabastecimiento de cereales que en este momento tenemos
y que estamos sufriendo. No puede dejarse al Comité de gestión de
cereales, en sus reuniones semanales o quincenales, la solución de
nuestro grave problema. No podemos permitir que una política de
cuentagotas, administrada por las empresas multinacionales, pretenda
resolver la cuestión del abastecimiento de cereales a nuestra cabaña
ganadera y de nuestra demanda de fabricación de piensos. Nos faltan diez
millones de toneladas de cereales. En este momento la cosecha comunitaria
no es tan importante como se señalaba. Se están adoptando posiciones por
los organismos de intervención al norte de los Pirineos de «stock»
estratégicos. Por lo tanto, no podemos dejar la solución de nuestros
problemas al Comité de gestión.
Al igual que en su momento se hizo desde España, desde el organismo de
intervención español, que se abasteció directamente a los organismos de
intervención portugués, italiano y griego, con una situación mucho menos
grave que la que estamos sufriendo, se deben establecer los caminos que
nos permitan, no más allá de finales de diciembre y primeros de enero,
tener en los silos del Senpa, ubicados en las zonas ganaderas, un «stock»
de no menos de dos millones y medio de toneladas, a disposición de los
agentes sociales, que permitan paliar las circunstancias que se están
produciendo en relación con la falta de cosecha.
Señor Atienza, me ha sorprendido que haya pasado tan rápidamente por la
reforma del sector vitivinícola y que haya dicho que como no hay una
situación de presión en el mercado, dejemos que la situación la resuelvan
otros. Es ahora cuando habría que resolverla. Debido a la situación de
sequía que ha provocado la destrucción de las expectativas de cosecha
española en más del 50 por ciento, que está unida a la destrucción de la
cosecha española del año pasado y los efectos que va a producir la sequía
en la superficie vitivinícola española en los próximos años, precisamente
por la tranquilidad del mercado, sería oportuno aprovechar el liderazgo
que supone la presidencia española para introducir aquellos elementos de
reflexión que nos permitan abordar la reforma del sector vitivinícola.
La propuesta de la Comisión está ahí, incluso avalada por el Comisario,
el cual va a seguir siéndolo, normalmente, con otras presidencias. Por lo
tanto, está pendiente la espada de Damocles sobre la nuca de nuestra
producción vitivinícola. Creemos que es muy ligero su juicio al decir que
como no hay una situación comercial apremiante, como la sequía está
permitiendo que haya una relación de precios alta, no es cuestión de la
presidencia española entrar en ese tema. Al revés, señor Atienza, creemos
que la bondad del mercado permitiría afrontar más sosegadamente una
situación que si no se nos va a presentar dentro de seis meses o dentro
de doce meses, cuando no tengamos los mecanismos de presidencia y de
dirección de los debates que se puedan producir en el seno de los órganos
de la Unión Europea. La reforma del sector vitivinícola es algo
profundamente peligroso para nuestros intereses. Sería recomendable,
señor Atienza, que, si no se profundiza durante estos seis meses, al
menos la presidencia española hiciera algo que estamos esperando: que
devolviera el documento a la Comisión. El documento es infumable --perdón
por la expresión--, y si no se puede profundizar en su modificación desde
el Consejo de Ministros, el mejor servicio que se podría hacer a la
viticultura española sería la devolución del documento para su nueva
reelaboración por los servicios técnicos de la Comisión.
Señor Atienza, usted ha hecho referencia a las frutas y hortalizas y
asume el compromiso desde la presidencia española de impulsar la reforma,
y nos ha anunciado que en septiembre podríamos tener el documento base
elaborado por la Comisión. El sector de frutas y hortalizas necesita la
reforma. Los acuerdos del GATT han precipitado la necesidad de la reforma
y por lo tanto, España se juega mucho en este sector. Hay que recordar a
la Comisión que el 25 por ciento de la producción final agraria española
depende de las frutas y hortalizas, que las frutas y hortalizas suponen
el 90 por ciento de la agricultura de nuestras zonas mediterráneas, que
es el sector más dinámico, el más exportador, etcétera, pero también hay
que tener en cuenta que, desde los acuerdos del GATT, hay una importante
presencia de frutas y hortalizas producidas en terceros países y que, a
través de esos acuerdos bilaterales, a los que hacía referencia al
comienzo de mi intervención, la Unión Europea se está comprometiendo
constantemente a pactar con terceros países, no sólo del norte de Africa,
sino que ya se habla de Mercosur, etcétera. Estos son elementos que
provocan la necesidad de contar con ese importante documento reformado de
la OCM de frutas y hortalizas. Hay que insistir que la actual legalidad
es anterior a la presencia de España en la entonces Comunidad Económica
Europea, hoy Unión Europea y, por lo tanto, es fundamental, señor
Ministro, que esa reforma se haga con el liderazgo español. Hay que tener
en cuenta algo fundamental: la preferencia comunitaria tiene que estar
garantizada. De ahí la competitividad de nuestras producciones en el
mercado interior.
Ha hecho referencia a la necesidad del protagonismo de los agentes
sociales, a través de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas. Perfecto. Eso obliga, señor Ministro, a flexibilizar nuestra
norma española, a la que usted no ha hecho referencia. Nuestra norma
española es absolutamente rígida y no permite esa asunción de
personalidad de los agricultores en sus organizaciones de productores.
Por lo tanto, lo primero que debe decir el Ministro es que vamos a
flexibilizar nuestra norma y vamos a permitir que las organizaciones
nacientes en el sector productor de frutas y hortalizas español puedan
competir con esa nueva norma en el contexto comunitario al que nos
invitará la próxima reforma de la OCM y, sin la propia reforma, la
entrada en vigor de los compromisos del GATT.
Parece ser que el arroz va a ser una organización común de mercado que no
va a ser difícil. Hay que recordar nuestra vocación productora, hay que
recordar cómo va a influir el GATT y los compromisos internacionales en
relación a nuestras vocaciones productoras. Posiblemente nos veamos
afectados en la producción de arroz largo y haya que volver al arroz
japónica por las posibilidades de exportación
de nuestros productos. Esa cuestión habrá que tenerla presente a la hora
de la reforma, así como, repito y hago mías sus palabras, respecto al
futuro del plátano.
Nos hubiera gustado, señor Atienza, que se hubieran elevado protestas
formales por parte del Gobierno español ante las declaraciones del
Comisario de Agricultura en los Estados Unidos. No hemos oído esas
protestas y creemos que un comisario tiene un margen muy limitado de
actuación. Por encima de él está el Consejo de Ministros y por encima de
él están los países miembros que participamos y que tenemos algo que
decir en relación al futuro del plátano, se dio una batalla grande,
importante, larga, hubo que vencer obstáculos, hemos tenido que obtener,
incluso, una sentencia del Tribunal de Justicia en favor de la legalidad
de la OCM del plátano, para que, ahora, un Comisario de un país
recientemente integrado en la Unión, ante las alegrías de la diplomacia
norteamericana, comprometa el futuro del sector anunciando un nuevo
estudio de la situación.
Hemos hablado de los cereales, señor Ministro, y aparte de la situación
de carencia absoluta de cereales en España y de la carencia detectada en
el seno de la Unión Europea, porque la cosecha es mucho más corta,
entendemos que nos debemos enfrentar a la situación dentro de la política
agraria común sin llegar a la reforma de la reforma, que es una garantía,
ajustando esa situación a la realidad española.
En España la reforma no ha sido buena, señor Atienza. Ha habido una
garantía de rentas, que usted ha usado y ha abusado de la misma,
intentando paliar los defectos que la reforma establece en España,
posiblemente partiendo de defectos estadísticos españoles. Tenemos que
modificar los rendimientos de nuestras superficies y los barbechos
obligatorios establecidos en la misma.
Es paradójico, señor Atienza, que entremos en sanción en algunas regiones
cuando no alcanzamos el total español, que entremos en sanción en algunos
cultivos porque la sequía --y con eso me uno a lo dicho anteriormente--
nos impide ir a unos cultivos y nos refugiamos en aquellos otros que la
escasez de agua nos permite. Estas cuestiones, señor Atienza, hay que
volverlas a plantear, hay que adecuarlas a la realidad, a las
expectativas de rendimientos. Inmensas comarcas españolas --y usted ha
recibido a sus representantes en su Ministerio-- de Extremadura, de La
Mancha, de Aragón, han demostrado hasta la saciedad que los cálculos
están mal hechos, que los barbechos obligatorios están muy por encima de
la realidad agronómica anterior, de la historia agronómica española, y
que, por tanto, esa cuestión --que realmente no será difícil,
posiblemente por ese estado de bonanza en que nos encontramos-- hay que
plantearla seriamente, así como algunas cuestiones puntuales en relación,
por ejemplo, a la superficie del trigo duro. Es inaceptable la tensión de
precios que en este momento se está planteando en el seno de la Unión
Europea. Hace falta más superficie de trigo duro. Se habla de 200.000
hectáreas, que podríamos repartirnos tranquilamente entre Francia, Italia
y España, y, además, en comarcas y en zonas que no tengan que demostrar
históricamente que estuvieron en esa producción, como las últimas 50.000
hectáreas francesas, que han ido a territorios que estadísticamente no se
ha podido demostrar que se dedicaran históricamente a la producción de
trigo duro. O como las últimas, recientísimas, 5.000 hectáreas
austriacas, que tampoco han tenido que demostrar que estaban en la
historia del trigo duro. Usted tiene sobre su mesa un documento que
demuestra la necesidad de esas 200.000 hectáreas y la posibilidad de su
reparto en los países indicados.
Entendemos, señor Atienza, que es hora de acabar con la absurda retorsión
unilateral de los Estados Unidos sobre el tomate en conserva. Y esto lo
tiene que utilizar la presidencia española. Una medida de retorsión que
adoptaron en un contexto absolutamente diferente, que el GATT ha
normalizado, y que paradójicamente mantiene esa situación de penalización
a nuestras exportaciones. Exportaciones que son fundamentales en las
economías de escala de comarcas y de regiones españolas muy determinadas.
Por tanto, es hora de que la presidencia española utilice la posiblidad
de su introducción en los órdenes del día para acabar con este litigio,
además, ajeno a la propia elaboración del tomate en conserva. Igualmente
entendemos que hay que acabar con la paradoja de la denominación de
«British Sherry». En agosto esa reglamentación tiene que estar aprobada,
señor Atienza. Ese compromiso está adoptado y esperemos de la presidencia
española que lo cumplimente. No podemos tener el «British Sherry», el
«Irish Sherry», etcétera, dando vueltas en los mercados, confundiendo a
los consumidores y, por el contrario, nosotros seguir con todas las
limitaciones y penalizaciones habidas y por haber a la hora de producir
elementos que se nos han prohibido.
Respecto a la leche, señor Atienza, sabe que desde el Partido Popular no
abandonamos nuestra petición de aumento de la cuota española. Un país que
sólo está abasteciendo el 70 por ciento de su consumo no puede aceptar
esa limitación. Creemos que es conveniente, necesario, justo y oportuno
que la presidencia española intente demostrar la necesidad de un aumento
de cuota española, especialmente en las zonas que no tienen alternativas
productivas. Usted ha hecho referencia, cuando ha informado sobre la
reunión de Toulouse, a cómo se tuvieron en cuenta las zonas de montaña,
las dificultades de actividades económicas alternativas en esas comarcas,
muy delimitadas por el clima y por el suelo, y por el contrario, usted
conoce tan bien como yo la vocación lechera de esas zonas. Creemos
fundamental para España intentar aumentar su cuota de leche, delimitada,
si es necesario, a esas producciones, a esas comarcas, y que sea
protagonizada por los jóvenes ganaderos a los que hemos hecho referencia
respecto a la necesidad de incorporarlos a la actividad agraria o
agropecuaria.
Y respecto de la leche, señor Atienza, está rondando un peligro: la
pretensión de aumentar la proteína del 33 al 35 por ciento. Eso sería
absolutamente dañino para nuestros intereses. Esa es una pretensión del
norte de Europa que va a enfrentarse decididamente a nuestras
posibilidades. Y usted sabe que eso está rondando y que incluso está
pendiente de muy próxima incorporación en la normativa comunitaria.
Algo habría que hablar de las denominaciones de origen...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ramírez, un momento, porque le estoy
viendo desde aquí casi un cuaderno entero.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: No se preocupe, señor Presidente, que el resto
de las hojas está en blanco.
Denominaciones de origen, señor Atienza. El Reglamento 2.081 habla de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Usted no ha hecho
mención a esta cuestión y al registro comunitario. Yo creo que hay que
perfeccionar esa cuestión para evitar paradojas como el intento de
legalización del turrón de Jijona de París. Hubo un intento muy reciente
de fabricar el turrón de Jijona en esa localidad y en esa ubicación
geográfica. Tenemos pendiente, en este momento, señor Atienza, jamón de
Teruel, Guijuelo, Dehesa extremeña, jamón de Huelva, cecina de León y
sobrasada de Mallorca. Sería algo importante que la presidencia española
terminara con estos elementos que están pendientes e incluyera estas
denominaciones de origen o indicaciones geográficas en el registro
comunitario y evitara la situación creada, antes indicada, con el turrón
de Jijona.
Los problemas de la pesca, señor Atienza --usted los ha
individualizado--, son los más urgentes que se plantean en el horizonte
de nuestra presidencia comunitaria. La prohibición definitiva de las
redes de deriva. El año pasado --para qué vamos a recordarlo-- tuvimos un
verano realmente caliente con motivo de la guerra del bonito y la
utilización por las flotas de la Unión de las redes de deriva. El acuerdo
del Parlamento Europeo está adoptado pero su eficacia está pospuesta a
largo plazo. Creemos fundamental, señor Atienza, que esto se lleve a
efecto, así como el urgente cierre del acuerdo con Marruecos, en defensa
de nuestros intereses, en defensa de nuestra vieja y acrecentada
trayectoria de utilización de esas aguas, de esas posibilidades pesqueras
y, por tanto, teniendo en cuenta la importancia de nuestra flota,
teniendo en cuenta la importancia del esfuerzo pesquero español, de la
gente que vive del mar, y no sólo directamente, sino de las industrias
colaboradoras de la misma. La búsqueda de nuevos caladeros, los tratados
internacionales que posibiliten esas cuestiones y la reestructuración de
nuestra flota adaptándola a las nuevas circunstancias, serán elementos
fundamentales durante estos meses.
Y no me resisto, señor Presidente, a hacer mención a algo fundamental,
insinuado por el señor Ministro pero absolutamente trascendental en el
mercado de productos pesqueros españoles: la inspección en frontera, la
necesidad de la vigilancia sobre la originalidad de las materias primas
utilizadas. Por esa vía sabe el señor Atienza que desgraciadamente están
sufriendo nuestros intereses y que se está produciendo que la legalidad
vigente se vulnere por la vía de la falta de inspección en frontera y la
vigilancia de la originalidad de las materias primas utilizadas.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, quiero expresarle mi
reconocimiento por su comparecencia en esta Comisión y la información que
nos ha dado, y voy a hacerle las siguientes reflexiones y preguntas,
enmarcando mi intervención, señor Ministro, en primer lugar, en el
documento que ante esta misma Comisión presentó su compañero de Gabinete,
el señor Solana, Ministro de Asuntos Exteriores, documento que el
Gobierno español ha elaborado para la presidencia de la Unión Europea de
este próximo semestre; en segundo lugar, por supuesto, en lo que fueron
las resoluciones --en el campo de la agricultura-- aprobadas por esta
Comisión, debatiendo ese mismo documento, que supongo que le habrán hecho
llegar, y también en la intervención del señor Presidente del Gobierno en
el Pleno de esta Cámara para desarrollar los cuatro puntos de este
programa.
A mí me llama la atención, señor Ministro, que en el punto primero del
programa de prioridades del Gobierno, de relanzamiento económico de
Europa, crecimiento, competitividad y empleo en un marco socialmente
integrado, en la referencia que hay en el punto tres de consolidación de
un espacio económico integrado, referido a su materia competencial, el
documento del Gobierno solamente hable de agricultura y pesca, no hay
ninguna referencia a la ganadería. Afortunadamente, en las resoluciones
hechas por esta Comisión, las propuestas de los grupos, desde el Grupo
Socialista hasta el Grupo al que represento, por hablar de las minorías
presentes en ese debate, hemos introducido referencias explícitas a
sectores ganaderos, fundamentalmente al ganado ovino, la leche y los
productos lácteos.
Quería hacerle esta reflexión, señor Ministro, para que en la cartera de
prioridades se tengan en cuenta las resoluciones de esta Comisión Mixta
Congreso-Senado de la Unión Europea con referencia a las OCM y la
redefinición de la política agrícola común en el ganado ovino, leche y
productos lácteos, sobre todo el primer sector ganadero propiamente
dicho, el cárnico del ovino, aparte de su producción quesera, tan
importante en este momento en la generación del producto interior bruto
en el sector agrario español.
Dicho esto, señor Ministro, respecto a su información, quiero decirle que
Coalición Canaria participa plenamente --hemos tenido ocasión de
hablarlo, incluso particularmente-- en el planteamiento que ha hecho a
sus colegas europeos de la evolución de la política agrícola común. Este
va a ser, tiene que serlo, un tema estrella de debate en la conferencia
intergubernamental de 1996; no se puede seguir en esa situación de
incertidumbre con la política agrícola común, incertidumbre generada
fundamentalmente por los dos factores que, a nuestro juicio, exigen este
debate, la crisis presupuestaria, dentro de la propia Unión Europea, con
sus limitaciones presupuestarias, del que fue sector estrella años atrás
de la Europa de los doce, los nueve o los seis, en que prácticamente el
presupuesto de la agricultura a veces llegaba a cotas de hasta el 70 ó 75
por ciento. Por otro lado, la incertidumbre que genera la propia
ampliación de la Unión Europea, sobre todo en ese vector hacia el Este.
Se va a producir una distorsión total, mucho más intensa que la actual,
en el modelo de agricultura.
Podemos hacer redes transeuropeas de transporte, podemos homologar con
directivas comunitarias productos alimenticios, productos industriales,
la electrónica o las
normas de televisión; lo no homologable en Europa son precisamente las
productividades y los modelos de agricultura. Hay que echar mucha
inteligencia y mucho sentido de la compensación a esto para que la
política agrícola comunitaria que salga de las reflexiones que usted ha
anunciado no vaya a producir unas distorsiones negativas en el modelo de
la agricultura del Sur, concretamente en lo que afecta a España, Portugal
e Italia en este momento y a la responsabilidad que usted tiene.
Quiero decirle, señor Ministro, que desde este momento nosotros
suscribimos el planteamiento que usted ha hecho --lo vemos muy sensato--
acerca de que la evolución de la política agrícola común sea gradual y no
radical. Aquí estamos casi como con la transición en España: transición,
reforma o revolución. Pues bien, vamos a hacerlo pausadamente, porque es
lo que nos puede llevar a los procesos de adaptación.
Voy a hacer también una reflexión de colaboración. A mí me está
preocupando tremendamente no sólo esta incertidumbre de la PAC sino la
evolución de los comisarios europeos. No solamente está evolucionando la
PAC, sino que nos estamos encontrando con un nuevo modelo de comisario
europeo. El señor Ramírez ya ha detectado en el nuevo señor comisario de
agricultura, austriaco, la liberalidad verbal que ha tenido en Estados
Unidos. Usted sabe que en Canarias ha levantado ampollas la declaración a
los norteamericanos de poner en cuestión la OCM del plátano. Ya la
creíamos ahí, metida en la hornacina (usted ha sido, como el Gobierno,
uno de los valedores en conseguir este verdadero aspecto tangible, por el
que el agricultor del archipiélago canario entiende la OCM del plátano, y
por tanto la Unión Europea, porque ve su realidad tangible) y ahora viene
un comisario a poner en cuestión lo que ha costado tanto esfuerzo
político, lo que ha costado tantas horas, días y meses de negociación.
También estamos viendo la conducta de la señora Bonino respecto a la
pesca. En los debates de sus colegas europeos, cuando se reúnen con los
comisarios, usted debe llevar a su ánimo que ellos no son hombres buenos,
que ellos no son instrumentos de arbitraje en los conflictos en la Unión
Europea y terceros países. Está ocurriendo aquí un fenómeno muy curioso.
La Unión Europea --me circunscribo al campo agrícola, pesquero y
ganadero-- tiene dos tipos de problemas, los que se generan internamente
en los países que compiten en una producción, llámese la patata, los
productos hortofrutícolas, cualquier otro producto que se cultive y se
produzca en varios países de la Unión Europea, y aquellas otras
producciones del sector agroalimentario que proceden de terceros países.
Está el tema de la pesca. Europa no produce pesca y nombramos a una
comisaria de un país que no tiene ni flota pesquera, que no ha visto la
flota pesquera nada más que de cercanías en el litoral italiano y que no
tiene un solo buque de altura con los que se producen los grandes
conflictos de la pesca española. Incluso, se olvida de que tiene que
defender los intereses de la Unión Europea, aunque la cuota española sea
la alta --otro país tendrá otra actividad más alta--, se va a Marruecos y
actúa como una intermediaria de buenas voluntades para armonizar y
arbitrar un conflicto. Ella no tiene que arbitrar nada; yo no sé si, por
ser italiana, piensa que el Tratado de Roma le afecta al Vaticano y que
actúa como el papado en los grandes conflictos internacionales de
límites. Usted no va ahí de cardenal de la curia para armonizar
intereses, usted va a defender los intereses de la Unión Europea y éste
es un problema político que tenemos en la Unión Europea en este momento.
En su referencia a la ganadería, usted ha dicho que se va a plantear
primero en la Comisión de expertos (me alegro de que usted lo haya citado
porque tenemos que estar muy atentos en España y usted el primero como
defensor de los intereses generales de la Unión Europea) el uso de las
hormonas en ganadería y los residuos de plaguicidas. Como ahí no estemos
al tanto, nos pueden aplicar una serie de normas y de directivas que, en
primer lugar, van a hacer muy difícil la exportación de muchos productos
hortofrutícolas españoles por los plaguicidas, porque hay unas
condiciones climatológicas, que afortunadamente no las tiene la Europa
del frío, la Europa del Norte, para las plagas que afectan a los cultivos
intensivos.
Sobre las hormonas en ganadería, usted ha tocado los tres aspectos
fundamentales en los que la Unión Europea ha querido en este momento
centrar la atención. Discutir el asunto de la prohibición; efectivamente,
la normativa de 1989 puede haber quedado obsoleta en términos químicos y
en términos de salud humana. También están las nuevas normas de
detección, que hay que tipificar y estandarizar, y por supuesto una
política de ahorro presupuestario, como usted ha dicho y yo suscribo, de
no primas a los usuarios. Si vamos a tener problemas económicos en la
Unión Europea en el sector ganadero en este caso amplio, no podemos estar
primando líquido a precio de carne, agua encharcada dentro del músculo
nutricio de los animales. Ahora, lo que me alarma es el planteamiento
--he creído entenderle que lo ha hecho el comisario o no sé quién-- del
reexamen de la actual prohibición. Como el actual Comisario de
agricultura mantenga el mismo talante de su visita a Estados Unidos,
levanta la actual prohibición, porque usted sabe que los norteamericanos
tuvieron un fuerte contencioso con la Unión Europea sobre el tema de las
hormonas en la alimentación del ganado. En Estados Unidos, esto del
engorde del ganado con productos hormonales tiene un sentido muy amplio y
laxo y ellos vieron la legislación europea tremendamente restrictiva para
sus importaciones. Aquí podemos encharcarnos de carne de terceros países
y de procedencia norteamericana, y de gran industria química
norteamericana, finalizadores, anabolizantes, etcétera, en este mundo, y
si la política del señor Comisario de agricultura es la que viene
demostrando hasta el momento, apañados estamos. Por tanto, yo le pediría,
señor Ministro --y creo que está en su ánimo--, que no quepan dudas de
que en el replanteamiento del reexamen que se quiera hacer en fechas
futuras del uso de finalizadores u hormonas en el engorde de ganado se
esté muy atento a la defensa del tipo de carne que se produce en la
Europa comunitaria del sur y, concretamente, en España.
Finalmente, señor Ministro, quiero pedirle --ya había hecho referencia a
ello antes-- que las OCM que se vayan consolidando, que se vayan
aprobando, se mantengan,
para seguridad y tranquilidad del sector. Antes había citado esto por la
puesta en cuestión que ha hecho el nuevo Comisario de agricultura, que,
como austriaco que es, supongo que le tendrían sin cuidado estas
producciones mediterráneas y el sector platanero. Ahí, señor Ministro,
actúe usted con toda la energía y toda la fuerza, que nosotros le
estaremos empujando con todo nuestro apoyo.
También quiero pedirle, señor Ministro, que en las reuniones que tengan a
lo largo de este semestre se trate de que toda la política de apoyo al
sector agrícola puro, ganadero y de pesca tenga olor, color y sabor
español, porque hay que, digamos, españolizar, legítimamente, este
programa del Gobierno, dentro del marco que nos da en la actualidad todo
el acervo de la Unión Europea. Ahí estará el mejor resultado final de
este semestre europeo, y los tantos que se los apunten quien los lleve.
Al final, aparte de que en el campo de juego existen once jugadores --un
Consejo de Ministros y un Presidente--, como se dice en el argot
futbolístico, está también el jugador número 12, que somos todos los que
estamos en la grada, todos los productores españoles, que serían los
auténticos beneficiados; en una palabra, toda la economía y la dignidad
española.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, don Luis, por esa visión vaticana de la
pesca.
Para consumir su turno, tiene la palabra el Senador señor Ferrer i
Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Ministro, muchas gracias por su
informe, en el cual, en principio, hay muchas cosas que, aunque no son
concretas, como explicación de la reunión de Toulouse, son interesantes.
Como han dicho los anteriores intervinientes, la presidencia española de
la Unión Europea ha generado expectativas; incluso parece que en el
último Pleno del Congreso, cuando informó el señor Presidente del
Gobierno, todos los grupos estuvieron de acuerdo en propiciar una
presidencia de este segundo semestre del año 1995 con una cierta
tranquilidad. En este momento no puedo evitar la tentación de decir que
nuestro Grupo tiene más autoridad moral que ninguno, ya que desde siempre
hemos propiciado este apoyo a la presidencia española de la Unión Europea
que ha empezado ahora, el 1 de julio, y creo que esto tendría que
plasmarse en un documento, en una reflexión mucho más concreta que la que
salió de Toulouse, cuando se realice la reunión del Consejo de
septiembre, que me parece que ha dicho que se celebrará en Burgos.
Usted ha utilizado dos términos que para mí son fundamentales: reformar y
revisar. Enlazando con lo que ha dicho el Diputado señor Mardones, creo
que aunque nosotros presidamos en este momento la Unión Europea, en
cierta manera, metaforizando un poco, estamos jugando en casa. A mí me da
la impresión de que, si se pone la habilidad que se tiene que poner, no
se tiene que romper la solidaridad, porque, en principio, creo que todos
los representantes de los gobiernos comunitarios que vienen, no solamente
por cortesía, sino porque parece que pasa en todos los países, están más
o menos dispuestos a que las reformas o las revisiones que se hagan, o
las nuevas directrices que emanen de esta presidencia, por lo menos no
perjudiquen a la agricultura del sur, en este caso, a la agricultura del
Estado español.
Dice que habría flexibilización en la reglamentación de las
organizaciones, sobre todo, en la reglamentación interior, y que la
reforma de la PAC se enfocaría sobre los nuevos agricultores que se
quieran convertir en empresarios. Yo añadiría más, señor Ministro, yo
creo que se tendría que contemplar también el reforzamiento de los
agricultores empresarios jóvenes que están ya incorporados, que en este
momento no se resignan solamente a ser vigías del medio, sino que quieren
ser agentes económicos, que sus rentas no sean tan diferentes de las de
los restantes sectores de la economía española y europea.
Usted ha dicho lo de siempre, que los agricultores tienen que participar
en la comercialización. De momento no se ha encontrado la fórmula, todos
los ensayos que se han hecho hasta ahora son más negativos que positivos
en este aspecto y este es un punto fundamental para que la agricultura y
la ganadería españolas sean competitivas y puedan jugar a nivel económico
en las mismas condiciones que el resto de los países, sobre todo los
países del Norte.
Que para el mes de septiembre estaría ya casi resuelta la revisión de la
OCM de las frutas y hortalizas o que habría un primer documento, ha
dicho. Usted sabe que ya tuvimos en el Senado un debate sobre esto y que
nuestro Grupo le pedía que estuviera para la campaña pasada. Esto quiere
decir que no estará para ésta, lo cual es muy perjudicial.
En este momento aprovecho para hacer una reflexión y una petición
práctica, que es lo que quiero hacer en mi breve intervención. Usted ha
hablado de la pesca; hemos hablado estos últimos días en el Senado y yo
sólo tengo que ratificarme en las mociones que hemos aprobado allí en
cuanto al control, revisión y que volvamos a las artes tradicionales, no
a las artes ventajistas, que los pescadores españoles tanto pierden.
Señor Ministro, en este momento la devaluación de la moneda española, que
en principio era una gran ventaja para la exportación de frutas y
hortalizas, se está volviendo contra nosotros, y usted tiene que
averiguar si los franceses, que tienen más stocks que ningún año de
frutas y hortalizas, sobre todo de manzana, están ayudando a las
exportaciones intracomunitarias, porque, según dicen algunas voces --y no
sé si en España saben ustedes esto--, cuando se exporta a un país que ha
devaluado, la reglamentación permite al Gobierno que exporta o que vende
dar una ayuda al producto que se exporta a ese país. Esto se acerca tanto
al «dumping», señor Ministro, que, en la práctica --y me dejo de
retóricas--, esto ha hecho que en 15 días el precio de la manzana en
España haya disminuido treinta pesetas en las centrales hortofrutícolas
donde venden las cooperativas y los agricultores. Pero si esto no se
remedia, en una campaña que era la primera regularmente buena desde el
año 1992, que usted sabe que fue tan mala, se puede llegar a una
situación en la que se tengan que hacer retiradas de final de campaña.
Esto sería de una gravedad económica terrible y una desincentivación y
falta de estímulo para los agricultores que en este momento tenían alguna
esperanza de que esto volvía a funcionar.
Usted dice que se dotará a las organizaciones de recursos, para que
puedan aumentar o mantener la competitividad con los otros países. Creo
que esto es fundamental.
Hay otra cosa, señor Ministro, que me parece que también es muy
importante. Se tiene que revisar la cuestión de la retirada de tierras.
Fíjese qué incongruencia hay en este momento: hay terrenos de secano
donde se está cosechando y se están obteniendo unas producciones no
rentables, que no llegan ni a costear los gastos del ejercicio y, por
otra parte, hay tierras retiradas en zonas de regadío. Esto lo pude
comprobar ayer por la mañana en una distancia muy corta. Actualmente, la
producción de cereales apreciada en España es de siete millones y medio
de toneladas, cuando la media, según el Ministerio de Agricultura, es
dieciséis o diecisiete millones de toneladas. Y no hablemos de los años
en que hemos tenido veinte. O sea que, siendo deficitarios, habiendo una
mala cosecha, hay tierras de regadío retiradas; en cambio, tendremos un
déficit de diez millones de toneladas, como ya se había dicho antes. Esto
se tiene que arreglar, señor Ministro. Como se tiene que resolver que lo
que no se ha arrancado en frutales el año 1991 --se lo he pedido en
nombre de mi Grupo muchas veces-- pueda beneficiarse de las ayudas de los
cultivos herbáceos. No es necesario que le repita que todo lo que
contribuya a disminuir la superficie frutícola --y siempre se retira lo
peor-- es beneficioso para la calidad y para la renta de los
fruticultores.
Otra cosa en la que quiero incidir: es la simplificación de los
documentos. Es básico. El agricultor tiene que tener esto cada día más
fácil.
Hay una cuestión que me parece que es una trampa mortal y según dice
también lo van a discutir en esta presidencia: la armonización de los
pesticidas o plaguicidas. Lo que no se puede hacer de ninguna forma es,
de un mes para otro, de un año para otro --los alemanes y otros países
están muy interesados-- que los agricultores tengan que cambiar la
metodología de eliminación de plagas, porque según como salgan las
conclusiones o las disposiciones que emanen de estas reuniones, la
fruticultura española se puede ver totalmente incapacitada para poder
exportar o vender productos hortofrutícolas a otros países. Esta es una
cuestión a la que tendría que dar prioridad, señor Ministro.
Yo deseo gran acierto durante estos seis meses. Los Diputados y Senadores
estaremos encantados de darle toda la colaboración que podamos. Ojalá nos
facilite participar, aunque sea a nivel de oyentes, en las múltiples
reuniones que seguramente tendrá durante estos seis meses. Pero se tiene
que llegar a resoluciones muy concretas, alejadas de la retórica, de las
grandes expectativas y que a partir de diciembre los agricultores vean el
horizonte más despejado.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Josep Pau i Pernau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, poco
podemos añadir ya, desde el Grupo Parlamentario Socialista, a las
consideraciones que ha hecho en su intervención el señor Ministro. De
todas maneras, más allá de un deber de cortesía, que cumplo con
satisfacción, de agradecer su comparecencia y sus explicaciones, creo que
debemos aprovechar la oportunidad para exponer, como grupo parlamentario,
aunque poco o nada diferirá de lo expresado por el señor Ministro, cuáles
son, a nuestro entender, los acentos y los énfasis que, dentro del
conjunto de prioridades que nos hemos marcado como objetivo durante el
semestre de la presidencia española de la Unión, debemos plantear en los
temas agrarios y pesqueros, que son los que nos ocupan hoy.
Como es lógico, ratificamos, en primer lugar, nuestro compromiso con las
propuestas de resolución aprobadas el lunes de la semana pasada en esta
misma Comisión por unanimidad. Creemos que dibujan un marco de actuación
totalmente acertado y, naturalmente, esperamos y deseamos que puedan
llegar a materializarse.
Señor Presidente, señor Ministro, antes de entrar en cualquier otra
consideración, es necesario recordar que en el ámbito de la política
agrícola comunitaria es la Comisión Europea la que tiene la práctica
exclusividad de las propuestas. La Comisión es el gobierno de la Unión,
lo formen los miembros que lo formen y sea el país que sea, lógicamente
con las diferentes percepciones y los diferentes intereses, pero es
necesario que el Consejo cuente con estas propuestas para poder tomar
alguna decisión sobre las mismas.
La Presidencia del Consejo Europeo (en esta ocasión España) canaliza,
orienta y dirige los debates sobre estas propuestas (las de la Comisión)
y toma las decisiones más oportunas y convenientes tras el informe del
Parlamento Europeo; asimismo la Presidencia puede proponer y buscar
fórmulas de compromiso que supongan modificación de las mismas. Si existe
una mayoría cualificada y la Comisión asume las modificaciones de la
fórmula de compromiso el Consejo toma tal decisión.
Creo que esta breve explicación puede resultar útil para comprender en
sus justos términos la capacidad o el margen de maniobra de la
Presidencia en temas agrarios. Digo esto para no generar falsas
expectativas que luego no se puedan cumplir.
Si me permiten, querría hacer algunas consideraciones sobre el Consejo
informal de Toulouse, enlazándolo con el de Burgos del mes de septiembre.
Como he dicho anteriormente, el país presidente de la Comunidad es el que
propone los temas a tratar en estos consejos informales, y entiendo que
los dos temas monográficos planteados, tanto por Francia como por España,
son de extrema actualidad. La doble misión de la agricultura europea
expuesta en el Consejo de Toulouse nos define una agricultura distinta de
la que recibimos de nuestros mayores. La agricultura anterior, basada en
la producción de alimentos, sobre todo para alto consumo, fue
evolucionando hacia una agricultura productora de alimentos para un
mercado; posteriormente se amplió con la producción de productos no
estrictamente alimenticios y actualmente, además de esa actividad
productiva, cuenta con esa importante misión de guardián del medio
ambiente, de conservadora del territorio.
Me parece necesario recordar esto para entender las importantes
transferencias de renta que, desde el conjunto de
la sociedad, se hace a la agricultura. Esas transferencias de renta no
son una limosna que se da a los agricultores, sino que es el justo pago,
la justa contraprestación por un servicio que la agricultura está
prestando en estos momentos al conjunto de la sociedad. Por tanto, hay
que efectuar un análisis serio y concreto de esas dos grandes misiones,
la agricultura productiva (que hay que estimular, facilitar y modernizar
para cumplir este importante papel) debe complementarse con ese otro
papel de guardián del territorio, que para nosotros es tan importante
como el primero.
Se ha dicho en algunas ocasiones que la gran diferencia entre Europa,
América, Australia u otros países de producciones muy extensivas es que
quizá las importantes ayudas que se han dado durante los últimos años de
la política agrícola comunitaria no han facilitado una agricultura
estrictamente productiva, pero lo que sí que han permitido es una no
desertificación del territorio, un mayor equilibrio territorial que en
estos momentos se puede apreciar más en Europa que en otros países con
una agricultura más abocada directamente al mercado y más competitiva.
Nosotros entendemos que esa doble misión de la agricultura hay que
potenciarla, hay que estimularla y hay que contemplarla sin ningún tipo
de miedo. En ese sentido, encontramos totalmente acertadas las
reflexiones del señor Ministro.
Quiero enlazarla también con la propuesta que ha hecho el Gobierno
español para el tema de reflexión en el Consejo de Burgos. Y amablemente
diría al señor Ramírez que estoy totalmente de acuerdo con la
preocupación que apuntaba sobre que la presidencia española debería tener
otro aspecto en los temas específicos relacionados con la sequía o con el
clima de España; estoy totalmente de acuerdo con su posición; ha sido
recogido ya por parte del Ministro, ha sido recogido por la presidencia
española, que propone que el tema específico que se plantee en Burgos sea
el tema monográfico de la PAC y los riesgos climáticos.
Estoy totalmente de acuerdo en buscar y en facilitar que la resolución de
estos problemas sea no por acciones coyunturales, acciones determinadas,
sino que haya un mecanismo de solidaridad permanente en el conjunto de la
Comunidad que permita atender esta gran diferencia que tiene España y
otros países mediterráneos respecto al conjunto de la Comunidad.
Quizás será bueno también estudiar en este Consejo aspectos relacionados
con los seguros agrarios, su mantenimiento --para nosotros es un elemento
muy importante el mantenimiento de las rentas--, la extensión de los
seguros, los regadíos, que --y se ha planteado en algunos sectores y en
determinados momentos algunas posibles limitaciones de regadíos por parte
de los organismos comunitarios--, la desertificación, las políticas
ambientales. Creo que en este Consejo de Burgos los temas son
interesantes y sería conveniente, y aquí recojo también la petición hecha
por el señor Ferrer en el sentido de que en lo que podamos los
parlamentarios estemos informados de estos grandes temas que van a
condicionar el futuro de la agricultura de nuestro país.
En los temas horizontales que se plantean en nuestra presidencia
española, totalmente de acuerdo. No hay que reformar todavía, hay que
estudiar, hay que avanzar en modificaciones, que prevean sobre todo la
simplificación de la política agrícola comunitaria, que es
complicadísima. Cualquier medida que se apruebe al respecto será bien
recibida por el sector.
Los sistemas de control en todos los sentidos. Hay que avanzar en el tema
de la agricultura ecológica, en la adaptación de los mecanismos
agromonetarios, hay que estudiar la implicación del sector agrario en la
conferencia euromediterránea de Barcelona, los problemas derivados de la
ampliación última, de Austria, Suecia, Finlandia, en el tema de cuota,
umbrales, etcétera.
En el tema de hormonas y plaguicidas, estoy de acuerdo con la afirmación
hecha por el señor Ferrer, que no hay peor injusticia que tratar por
igual a los desiguales; nuestras condiciones productivas son distintas,
hay que buscar planteamientos distintos.
Finalmente, una pequeña, pequeñísima reflexión respecto al tema que ha
planteado el señor Ramírez y que el señor Ministro ha apuntado también,
respecto a los pecos y al Magreb. La ampliación a los pecos y los
posibles tratados preferenciales o tratados de colaboración con el
Magreb.
Comprendo perfectamente la preocupación de los sectores agrícolas,
pesqueros, de nuestro país respecto a estas posibles ampliaciones, pero
yo creo que desde España el tema hay que plantearlo y hay que verlo de
otra manera. España, que es un país que ha entrado en la comunidad
recientemente, que llegó a la democracia más tarde que los demás,
necesita también y debe ayudar más que ningún otro país a la ampliación
de la comunidad a estos países democráticos recientes. En ese sentido, yo
creo que debemos hacer esfuerzos importantes para que estos países, en su
momento, puedan participar asimismo del grado de bienestar y democracia
que nosotros tenemos.
Respecto al Magreb, estando totalmente de acuerdo con las afirmaciones
hechas y las propuestas de resolución planteadas en nuestra última
reunión, tengo que decir que hay que estimular la diversificación de sus
cultivos, de manera que no sean estrictamente las producciones
mediterráneas españolas las que sufran estos acuerdos. De todos modos, yo
creo que una política abierta, una política progresista debe contemplar
también esos acuerdos, no verlos con recitencias, buscar compensaciones,
que no perjudiquen siempre a los mismos, pero estar abiertos a estas
posibles ampliaciones y a estos posibles acuerdos.
En los temas sectoriales, muy rápidamente, señor Ministro, quiero
insistir en el tema de la OCM de la patata. El Congreso aprobó en
diversas ocasiones instar al Gobierno para que la Comunidad pueda en su
momento tener una Organización Común de la patata; es complicado, es
difícil; quizá habrá que verlo dentro de la propia reforma de frutas y
hortalizas, buscar el sistema de fondos de rotación que permita la
financiación de los stocks, etcétera, pero hay que insistir en ello.
En el vino, estamos de acuerdo con las manifestaciones del señor
Ministro. Yo creo, señor Ramírez, señores Diputados, que este tema se ha
tratado con profundidad en la Comisión, se ha tratado con profundidad en
el Parlamento. Hay un acuerdo unánime de todos los sectores y hay que
reconocer que la propuesta actual es mala, no es conveniente para España
y no sé si es interesante o no forzar en estos momentos su aprobación. En
todo caso, sigo insistiendo en lo mismo, hay una posición unánime por
parte de todos los sectores españoles y pienso que el Ministro y la
presidencia española tienen margen de confianza para ver el momento más
oportuno de intentar que esta reforma no sea perjudicial a nuestros
intereses.
Frutas y hortalizas yo creo que es el tema más importante. Desde mi punto
de vista --cada uno lo mira desde la parte que más le duele--, frutas y
hortalizas es un sector todavía más importante incluso que el sector del
vino. Es un sector en el que quizá la propuesta inicial de documentos de
reflexión no tenía los elementos negativos que tenía la propuesta del
vino. Es un documento, en principio, interesante, a estudiar, a
considerar.
Solamente quería exponer tres cuestiones. Primero, el mantenimiento por
parte de España del principio que se aprobó en el Consejo de Ministros
Jumbo, de septiembre de 1993, en el sentido de que la financiación de
esta reforma sea igual que la de los demás sectores reformados.
Segundo, el documento no define ni profundiza en los aspectos del
comercio exterior para este sector, que es muy importante,
importantísimo, y no define los mecanismos de aplicación consecuencia de
los acuerdos del GATT, que recogen la preferencia comunitaria expresada
en calendarios a aplicar en el complemento arancelario.
Finalmente, si la propuesta da un protagonismo total muy importante, que
nosotros reconocemos, a la OPFH, a las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, estamos totalmente de acuerdo --como no podía ser
menos e incluso ha sido objeto de una pregunta mía al Ministro y el
Ministro lo ha expresado también en la Comisión-- con alguna forma de
flexibilizar las normas de reconocimiento de estas entidades, ya que
nuestra diferencia de organización respecto al resto de los países
europeos es notable. En ese sentido, yo creo que hay que facilitar su
constitución, teniendo en cuenta también ciertas precauciones y
lógicamente atendiendo las preocupaciones que, desde determinados
sectores del mundo cooperativo, se expresan en sentido contrario, en el
sentido de no procurar un reconocimiento total de todo tipo de
organizaciones que pudiera interferir en este movimiento.
En los temas sectoriales, quiero hacer alguna consideración respecto a
los cultivos herbáceos. Se habló la semana pasada en la Comisión de
Agricultura sobre las distorsiones que se producen respecto a la
superficie de base. Hay que tener en cuenta que se debe presentar por
parte del Ministerio a la Comisión una nueva propuesta de plan de régimen
de administraciones de superficie de base para su aplicación en la
próxima campaña. Estamos totalmente de acuerdo e instamos al Ministro a
que, después de oír a los sectores de la pesca afectados, insista en este
tema.
Otras cuestiones menores que se han planteado, pero que yo creo que deben
ser objeto de discusión durante la presidencia, son el tema de las
denominaciones de origen, el tema de las políticas de reforestación,
mejorar las condiciones de los jóvenes agriculores y, finalmente, los
temas de pesca.
En los temas de pesca hay que insistir, como ha hecho el señor Ministro,
en los grandes temas, en los más generales y en los más particulares.
Entre los grandes temas está la pesca responsable, que yo creo que es un
objetivo general de nuestra pesca y de todo el sector, la pesca
responsable. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un comité
específico de la FAO a este respecto. Yo creo que es una preocupación
común de todos los países intentar que la pesca sea respetuosa con el
medio, sea una pesca que respete las cuotas, los TAC, que respete también
la necesidad de regeneración de los caladeros y pienso que es importante
que durante nuestra Presidencia insistamos en esto.
Y en cuanto a los temas más concretos, lógicamente hay que buscar y
facilitar una solución al acuerdo pesquero con Marruecos, los problemas
con Canadá, la búsqueda de nuevos caladeros y la investigación que
permita la reconversión paulatina, gradual, de nuestra flota pesquera.
Sin más, agradeciendo la presencia del señor Ministro, para finalizar
espero que me permitan desear al señor Ministro toda clase de aciertos
durante este semestre. Preocupaciones y trabajo no le faltarán. Estamos
convencidos de que España superará con éxito el reto de la presidencia
europea y que también será un éxito para los sectores agrícolas y
pesqueros, que son los que más dependen de las decisiones, acertadas o
no, de la Unión Europea. Para ello, cuente, señor Ministro, con el apoyo
de nuestro Grupo Parlamentario y creo que también de todos los demás, por
el tono y contenido de sus manifestaciones, muy atinadas en esta
Comisión, que nuestro Grupo quiere agradecer.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, señorías, sin duda, el tono de las intervenciones, el
carácter constructivo de las mismas y la unanimidad que se ha reflejado
en las posiciones de la Comisión en la resolución adoptada, me ahorran
profundizar en algunos de los elementos que han sido ya profundamente
debatidos por SS. SS. y en los que existe un amplio nivel de consenso,
como ya han comentado.
En cualquier caso, me gustaría hacer algunos comentarios adicionales y
responder a algunas inquietudes que se han planteado.
En primer lugar, por responder a algunos de los comentarios del señor
Ramírez, como ya tuvimos oportunidad en otra Comisión de hablar sobre la
evolución de las medidas de acompañamiento de la política agrícola
comunitaria, jubilación anticipada y reforestación, solamente voy a
recordarle dos cosas: La jubilación anticipada ha funcionado en las
comunidades autónomas que han querido que funcionara. El caso de Asturias
es el caso más notable con un ritmo de solicitudes y de beneficiarios muy
importante, que, si lo elevásemos al conjunto del país, hubiese permitido
al programa alcanzar unos resultados muy elevados. Lo que quiere decir
que no está el problema en la responsabilidad del Ministerio, en el
diseño del programa, sino en
la capacidad y el interés de las comunidades autónomas, que son las
gestoras del programa, para dinamizarlo y resolver los obstáculos, a
veces, de carácter institucional, a veces de carácter social o cultural,
que se plantean para hacer que se produzca en mayor medida la
incorporación de jóvenes vinculada a la jubilación anticipada, a la
prejubilación, de otros agricultores.
Por lo que se refiere a la reforestación, me parece que el programa está
alcanzando un ritmo de aceleración en las solicitudes que puse de
manifiesto en mi intervención. Estamos hablando de un programa al que se
han presentado solicitudes para reforestar 500.000 hectáreas y se han
aprobado ya ayudas para reforestar más de 150.000 hectáreas; el ritmo de
reforestación no está siendo todo lo deseable, como consecuencia de que
las extremadas condiciones de sequedad han retraído a muchos de los
solicitantes de estas tareas de reforestación, aparte de que esas mismas
condiciones de sequedad están poniendo de relieve un problema de marras y
un problema de costes de mantenimiento durante las primeras etapas que
quizá merezca una reflexión sobre la revisión de algunas de las ayudas
vinculadas fundamentalmente al mantenimiento de estas superficies
reforestadas en situaciones de sequía.
Coincidimos todos en que es necesario reducir al máximo las
incertidumbres en la política agrícola comunitaria y eso requiere un
esfuerzo por parte de todos, porque muchas veces alimentamos
permanentemente esas incertidumbres poniendo en cuestión o abriendo
interrogantes que no están sobre la mesa y que responden al deseo de
alimentar algunos debates por parte de quienes están en contra de la
política agrícola comunitaria. Es sorprendente en qué medida terminamos
todos por hacernos eco de algunos comentarios o de algunos editoriales en
prensa de países que han estado sistemáticamente en contra de la política
agrícola comunitaria y a favor de su desmantelamiento; de la prensa
británica, como elemento fundamental, de otra prensa europea que sigue la
línea de la prensa británica y a la que se incorpora de forma apasionada
Suecia, como nuevo país miembro.
En ningún momento, en ningún debate a los que yo he tenido oportunidad de
asistir, la Administración agraria española se ha planteado en ningún
caso un desmantelamiento de la política agrícola comunitaria en el marco
de negociaciones de adhesión o ninguna otra perspectiva. Recientemente se
ha celebrado una conferencia en Estocolmo, con la participación de todos
los Estados miembros, y la opinión de todos ellos, con la excepción de
los que he señalado, que era ya conocida y se había expresado en todos
los ámbitos, ha sido a favor del mantenimiento de la política agrícola
comunitaria en cualquier perspectiva.
Quiero decir también que, a la hora de evaluar la reforma de la política
agrícola comunitaria, hay que destacar que ha cumplido algunos de los
objetivos importantes que se había planteado.
Hace unos años había un problema de deriva presupuestaria o de
dificultades para cumplir la línea directriz del gasto agrícola; un
problema muy grave de excedentes, y por tanto de imagen de la política
agrícola comunitaria ante el conjunto de los ciudadanos por la
acumulación de excedentes, y un tercer problema que era cómo garantizar
el mantenimiento de las rentas en las reformas que se planteasen para
adaptarse a la línea directriz presupuestaria, a la necesidad de afrontar
esa reducción de excedentes, a la liberalización de los intercambios a
nivel internacional. En esos tres objetivos, las reformas aplicadas de
1992 han conseguido resultados notables. El gasto agrícola se ha
mantenido dentro de la línea directriz durante todos estos años. Se han
reducido los excedentes, en algunas ocasiones de forma excesiva, a lo
largo de estos años, por debajo de stocks mínimos de seguridad. En ese
caso hay un problema de dosificación, de ajuste fino, de la reforma. Esto
ha sido compatible con un incremento en la renta agraria global de los
agricultores comunitarios. En el caso español, el incremento ha sido
mucho más importante, en parte por algunos elementos que se derivan de la
reforma, por el tipo de cambio de la peseta, y a pesar de las importantes
reducciones en volumen de nuestra producción que se han derivado de la
situación de sequía.
En cuanto al debate con los pecos, hay que hacerlo de forma serena,
sosegada. Hay un horizonte de tiempo suficiente para realizarlo con
tranquilidad, entre otras cosas porque el debate de la conferencia
intergubernamental es previo al inicio de cualquier negociación de
adhesión y el debate de la conferencia intergubernamental va a tardar
todavía tiempo, lo cual nos va a permitir disponer de los elementos
objetivos de reflexión sobre la compatibilidad de una incorporación
rápida de esos países con las políticas comunitarias. Va también a
enfriar las prisas y las urgencias que algunos plantean, y yo creo que en
una estrategia equivocada, colocando la ampliación de la Unión Europea
hacia los países del Este como un elemento dinamitador de la política
agrícola comunitaria. Esa estrategia está haciendo un flaco favor a los
países del Este de Europa, porque ese planteamiento está condenado al
fracaso.
Sobre la sequía ya he tenido oportunidad de comentar, y se ha abordado
por diferentes intervinientes, la necesidad de realizar una reflexión
para adaptar los mecanismos y para extender la solidaridad comunitaria a
la atención de las catástrofes naturales, más allá de las ayudas de
carácter simbólico que se producen ante catástrofes naturales, con cargo
al presupuesto comunitario.
Quiero destacar que algunas adaptaciones ya se han empezado a producir,
en la medida en que en el último paquete de precios se ha incorporado la
posibilidad de anticipación en el tiempo de las ayudas de la política
agrícola común con carácter general para todas las situaciones de sequía,
y no con carácter extraordinario para la próxima campaña. Es necesario
avanzar de forma importante en la reflexión sobre los mecanismos de la
política agrícola común y los apoyos comunitarios, para afrontar las
situaciones que se derivan de estas catástrofes naturales o de las
oscilaciones climatológicas.
En lo que se refiere a la propuesta del vino, no comparto la opinión del
señor Ramírez y no la comparte ninguna de las organizaciones agrarias con
las que he tenido oportunidad de reunirme. Sobre las prioridades de la
presidencia, he podido reunirme, y ya se lo digo públicamente, con todas
las organizaciones agrarias y ninguna ha hablado
de que debamos activar esta reforma. Al contrario, todo el mundo ha
compartido el criterio de no tener demasiada prisa. Así como deseamos que
se apruebe y cuanto antes la reforma de frutas y hortalizas, no tenemos
necesidad de desviar y gastar energías en el proceso de discusión y
negociación en una reforma que en estos momentos está paralizada, porque
tenemos una oposición y unas discrepancias de fondo, sin que tengamos una
gran urgencia, desde el punto de vista de nuestros intereses, en que se
apruebe. Es un principio de economía de medios. Puede empeñarse usted en
intentar que nos podamos apuntar un fracaso al final de la presidencia
por el hecho de que no hayamos avanzado en la reforma del sector del
vino.
No me preocupa demasiado, porque vamos a mantener algunos contactos de
carácter bilateral para ver si podemos desbrozar algunos elementos de la
reforma del sector del vino en los que podamos estar de acuerdo con otros
países productores, de tal forma que se pueda enviar algún mensaje a la
Comisión para la reforma de su propuesta. Tampoco es necesario --no creo
que sea conveniente-- gastar demasiadas energías en conducir el debate a
una situación que no se ha producido en ninguna ocasión, que es la
retirada de una propuesta por parte de la Comisión. Lo normal en esos
casos es que el Consejo, si es que consigue una base de orientación de
carácter común, pida a la Comisión que modifique su propuesta. En esa
línea debe ir el trabajo, pero yo no creo que debamos gastar demasiadas
energías, como digo, en esa tarea, habida cuenta de que ni es urgente
desde el punto de vista de la Administración ni desde el punto de vista
de las organizaciones agrarias, puesto que nuestro sector está en estos
momentos consiguiendo mejoras importantes en la comercialización y en la
penetración de sus productos, sobre todo de los de calidad.
Por lo que se refiere a frutas y hortalizas, comparto los principios
--que además han sido objeto de discusión en reiteradas ocasiones tanto
en el Congreso como en el Senado-- y comparto el criterio de la
flexibilización de las organizaciones de productores. Se ha empezado a
actuar por la vía de los hechos. Quizá tengamos que hacer también algunas
modificaciones de carácter normativo. Estábamos esperando la propuesta
concreta de la Comisión como un elemento que no obligase a reformar
después la normativa y, por tanto, no tener que establecer una normativa
de carácter temporal muy limitado, pero sabiendo que compartimos todos
que es necesario flexibilizar esa normativa con el fin de aspirar a que
un porcentaje muy amplio de nuestras producciones, sobre todo de nuestras
exportaciones, de frutas y hortalizas, estén canalizadas a través de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
En la reforma del sector del arroz, tengo una mala noticia esta mañana:
se retrasa el debate en el seno de la Comisión Europea y, por tanto, no
estará en condiciones de presentarse en el Consejo del mes de julio. Ha
sido retrasado el debate en el colegio de comisarios y tendríamos que ir
a una presentación en el mes de septiembre. Espero que presenten el
documento en julio, de tal forma que el debate en el mes de septiembre
sea ya en profundidad, conocida con suficiente antelación la propuesta,
lo cual nos permita cumplir el calendario que nos habíamos trazado para
su aprobación.
La protesta del sector del plátano es una cuestión de opinión o de
valoración de si es necesario hacer públicas o no las relaciones, los
comentarios o las conversaciones que se mantienen con los responsables de
la Comisión Europea. En cualquier caso, quiero sumarme a una reflexión
del Diputado Mardones y que me parece muy pertinente. Estamos en algunas
ocasiones evolucionando hacia una actitud de la Comisión Europea y de los
comisarios de agricultura que se sitúan en una posición intermedia entre
los intereses de la Unión Europea y los intereses de terceros países.
Creo que hay que combatirlo radicalmente.
La Comisión Europea, en las negociaciones con terceros países, representa
los intereses de la Unión Europea, no representa ni los intereses de
terceros países ni una posición intermedia. Tiene la obligación de
sintetizar los intereses de la Unión Europea y seguir los mandatos del
Consejo de Ministros. En ningún caso tiene que plegarse a esta tentación
de considerar que sus posiciones son algo diferentes de las posiciones de
los países y de los sectores a los que representa.
Sobre los cereales, comparto el deseo o la necesidad de que se produzca
un nivel de abastecimiento normal de nuestras demandas a lo largo de esta
campaña. Seguramente pueda haber dudas de carácter técnico sobre cuáles
son los mecanismos más eficaces para conseguir esa oferta en las mejores
condiciones de acceso para los demandantes. Hay discusiones a nivel
técnico, en las que no voy a entrar en estos momentos, pero nuestra línea
de trabajo va en esa dirección, conseguir una oferta que genere las
menores tensiones posibles, en las mejores condiciones de precio, para
responder a las necesidades de abastecimiento de nuestros mercados.
Respecto al plan de regionalización, creo que es necesaria --tuvimos
oportunidad de comentarlo en la comparecencia en la Comisión de
Agricultura de hace unos días, y, por tanto, no voy a extenderme en
ello-- una revisión para responder a algunas distorsiones más importantes
en el cálculo de los índices de rendimiento, y no creo que haya que
responder a las expectativas de rendimiento, entendiendo por expectativas
de rendimiento las que se puedan derivar de las mejoras en la
productividad que se han producido en los últimos años o que se puedan
producir en el futuro.
La reforma de la política agrícola comunitaria, en lo que se refiere a
los cultivos herbáceos, establecía una foto fija en los rendimientos por
hectáreas y, por tanto, una imposibilidad de estar revisando los
rendimientos por hectárea como consecuencia de la innovación y de las
mejoras tecnológicas.
Sin embargo, sí comparto que hay otros elementos --a los que no he hecho
referencia en mi intervención-- que hay que resolver en nuestra
presidencia; por ejemplo la aplicación del acuerdo que se adoptó sobre el
«British sherry». Hay que resolverlo en este semestre, de acuerdo con los
compromisos alcanzados. Aunque no está directamente en relación con la
presidencia, creo que puede ser una buena oportunidad para eliminar
algunas de las retorsiones
todavía vigentes en lo que se refiere al comercio entre la Unión Europea
y Estados Unidos, que afecta, en algunos casos, a productos españoles
como es el del tomate en conserva. Puede ser una buena oportunidad y
merece la pena hacer algún esfuerzo en esta materia.
La cuota láctea es un debate que hemos tenido en más de una ocasión y no
me parece que ese argumento del porcentaje de autoabastecimiento sea
válido en términos comunitarios, porque no lo es ni para el aceite de
oliva, ni para las frutas y hortalizas, ni para el vino, ni para otros
muchos sectores. Por otro lado, somos un país que ha consolidado un
incremento en las cuotas lácteas hace solamente unos meses, en 1994, y,
aunque no haya que renunciar a ese objetivo en el futuro, no creo que sea
excesivamente fructífero plantear un debate sobre este tema a lo largo de
los próximos meses, porque no tiene visos de prosperar y, por tanto, no
merece la pena gastar demasiadas energías en esa tarea, en un entorno en
el que las posiciones del conjunto de los países están yendo en otra
dirección.
Del porcentaje de proteínas, en este momento no hay nada sobre la mesa
que no sea lo que hemos aprobado en el paquete de precios sobre el
contenido proteínico de la leche en polvo destinada a la intervención.
Sobre las denominaciones de origen, esperamos que dentro de nuestra
presidencia se aprueben los 36 expedientes que hemos presentado en el
primer paquete. Yo tuve oportunidad en el pasado Consejo de Ministros de
poner de manifiesto ante la Comisión que ya llevábamos un notable
retraso, que habían transcurrido todos los plazos razonables en el
tratamiento administrativo de las solicitudes de inscripción que habíamos
presentado, no sólo en el caso español sino en otros países y que era ya
el momento de empezar a resolver esos expedientes.
En el turrón de Jijona, han hecho un anticipo de aclaración de su
posición que ha permitido ya, de alguna forma, fortalecer nuestras
posiciones en litigio en este campo.
Por supuesto, en otros temas, en redes de malla, en el tratamiento de
acuerdos con terceros países, etcétera, creo que hay posiciones comunes y
no merece la pena avanzar mucho más.
En lo que se refiere a las hormonas, que planteaba el Comisario Mardones
(Risas.), perdón, el Diputado Mardones, por supuesto, tiene que
plantearse este debate con una gran prudencia.
Efectivamente, yo creo que éste es un debate que solamente se puede
realizar con un gran sosiego, con una presencia de expertos, de
representantes de consumidores, de representantes de productores,
etcétera, y seguramente es un debate que va a ser largo y, desde luego,
hay que tener presente siempre la adaptación de cualquier decisión sobre
este tema a las necesidades de nuestros consumidores, que yo creo que es
nuestro objetivo fundamental, y para el que no debemos ser prisioneros de
nuestras negociaciones o de nuestras relaciones de carácter comercial,
pero sí estar abiertos a que se produzca una puesta al día de los
criterios o de los juicios de nuestros expertos, de nuestros expertos
técnicos, de nuestros expertos sanitarios, de los representantes de los
consumidores, para ver si, efectivamente, las posiciones que se han
adoptado hace seis años mantienen o no o deben mantener su vigencia para
los próximos años.
Respecto a la reforma de frutas y hortalizas, la verdad es que
difícilmente puedo discrepar del criterio de que la propuesta de la
Comisión se está elaborando con un gran retraso; hubiese sido deseable
que la propuesta se hubiese presentado ya hace muchos meses; ni siquiera
tenemos la seguridad de que se va a presentar --esperamos que sí-- para
el Consejo de Ministros del mes de septiembre.
En relación con las ayudas a las exportaciones, son incompatibles en
estos momentos; lo único que existe es un compromiso, es una declaración
de la Comisión y del Consejo, que se tiene que plantear en un reglamento
para autorizar algunas ayudas a la renta, nunca ayudas a la producción y
mucho menos a la exportación de ningún producto, ayudas a la renta en el
marco de aquellas producciones que se han podido ver afectadas por las
turbulencias monetarias, y un compromiso en ese caso verbal del Ministro
de Agricultura francés de que en ningún caso se iban a aplicar a las
frutas y hortalizas. Por tanto, ni están vigentes o, por lo menos, no
están autorizadas, ni tiene intención de acuerdo con lo que ha expresado;
es un compromiso verbal expresado ante el Comisario y ante otras personas
y, en consecuencia, supongo que va a mantener su palabra de que no se van
a aplicar estas ayudas a las frutas y hortalizas. Por tanto, hay una
presunción de inocencia; veremos si efectivamente conseguimos saber algo
más sobre si la situación del mercado de las manzanas puede estar
distorsionada por algunas ayudas de carácter oculto.
En cualquier caso --ya he tenido oportunidad de manifestárselo al
Comisario--, nosotros no renunciamos al uso del recurso ante el Tribunal
de Justicia si consideramos que la aplicación de estas ayudas distorsiona
los intercambios y, por tanto, perjudica la posición de nuestras
producciones.
Sobre la retirada de tierras y la incoherencia con la escasez de nuestras
cosechas, yo quiero decir que la elevación del porcentaje de barbecho de
carácter voluntario que hemos realizado para esta campaña se ha producido
a petición casi unánime de las comunidades autónomas y de las
organizaciones agrarias y ha sido compartida por esta Cámara también como
consecuencia de las dificultades para conseguir un abastecimiento regular
de agua, un riego normal y, por tanto, ante la necesidad de garantizar un
colchón de renta, una renta mínima por hectárea en ausencia de
condiciones climatológicas para la producción, que se deriva de las
ayudas por hectárea para aquellas superficies que se acogen al barbecho
de carácter voluntario, que, en el caso de las superficies de regadío, la
ayuda por hectárea adquiere un nivel importante. Yo creo que con esto de
alguna forma lo que hacemos es conseguir que el presupuesto comunitario
contribuya en mayor medida a sostener las rentas de estos productores
que, en ausencia de este barbecho de carácter voluntario, se verían
particularmente afectadas por disponer de una cosecha corta y les sería
difícil cubrir sus gastos de siembra, de tratamientos, etcétera, que no
serían suficientemente compensados por los rendimientos de su actividad.
Respecto a la incorporación a la superficie de cultivos herbáceos, de los
cultivos leñosos arrancados, éste es uno de los elementos que hemos
incorporado en nuestro memorándum sobre la flexibilización y
simplificación de la política agrícola comunitaria.
Sobre la armonización de pesticidas, de lo que se trata fundamentalmente
es de armonizar la tolerancia de los pesticidas entre los diferentes
países, con el fin de eliminar todo obstáculo a la libre circulación de
mercancías y también de serenar el riesgo de algunas campañas en contra
de ciertas producciones mediterráneas, vinculadas precisamente a su
contenido en pesticidas. Están llegando ya algunos ruidos excesivos
precisamente porque algunas administraciones centroeuropeas, que se están
viendo fuertemente presionadas por sus sectores productores de frutas y
hortalizas ante la crisis que se ha producido en algunos mercados a lo
largo de las últimas semanas, están alentando a algunas de estas
organizaciones de productores a concienciar a sus opiniones públicas
sobre los contenidos en pesticidas, etcétera, de algunas producciones de
frutas o de hortalizas de carácter mediterráneo. Precisamente para frenar
esto, para eliminar cualquier tipo de obstáculos a la libre circulación
de mercancías y siempre con la vista puesta en la defensa de los
intereses de los consumidores y en el marco de lo que debemos entender
como un código de buenas prácticas agrarias, es por lo que tenemos
interés, respondiendo también a las necesidades de nuestra agricultura,
en que se armonicen estos umbrales de tolerancia del contenido de
pesticidas.
Sobre el resto de las organizaciones y del contenido de la política
pesquera, creo que ya hemos tenido oportunidad de comentarlo.
No habiendo discrepancias entre lo que han aportado SS. SS. y el criterio
del Ministerio y del Ministro en concreto respecto de lo que debemos
defender durante esta presidencia, finalizo aquí mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Creo representar el ánimo de todas SS. SS. para desear al señor Ministro
que esta andadura de la presidencia de la Unión Europea sea exitosa y que
la suerte y todos nuestros ánimos vayan en esta dirección.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (BORRELL FONTELLES), PARA INFORMAR SOBRE EL CRITERIO DEL
GOBIERNO DE ESPAÑA EN RELACION CON LAS REDES TRANSEUROPEAS, CON ESPECIAL
ATENCION A LA SITUACION DE BALEARES Y CANARIAS, ASI COMO LAS MEDIDAS AL
RESPECTO PARA ESTA ULTIMA, DERIVADAS DE LA CONDICION DE REGION
ULTRAPERIFERICA DE LA UNION EUROPEA (UE). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 213/000618 y
número de expediente Senado 711/000142.)
El señor VICEPRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados y
señoras y señores Senadores. Asistimos a la comparecencia del señor
Ministro de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, a petición del
Grupo Socialista, que tiene la palabra sin más demora para hacer su
exposición.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoras y señores, se me pide que comparezca para
informar sobre los criterios del Gobierno en relación con las redes
transeuropeas, con especial atención a la situación de Baleares y
Canarias, así como las medidas al respecto para esta última derivadas de
su condición de región ultraperiférica.
Parece un tema de extraordinaria importancia en un momento en el que nos
estamos adentrando en la construcción del Acta Unica Europea y que España
toma la presidencia de la Unión. De una Unión que tiene que articularse,
entre otras cosas, en torno a redes de dimensión transnacional que
permitan, no sólo acercar al centro a la periferia, sino también
vertebrar social y económicamente las distintas regiones europeas.
Así, desde julio de 1987, hace ya de eso ocho años, cuando entró en vigor
el Acta Unica, hemos estado trabajando en la realización de un espacio
europeo sin fronteras interiores, donde pudieran circular libremente
mercancías, personas, servicios y capitales. Los que más libremente
circulan son los capitales. Las personas, las mercancías y los servicios
se encuentran con dificultades, a veces insalvables, a veces coyunturales
y, en todo caso, asociadas con la dificultad física de la movilidad que
requiere un desarrollo de las infraestructuras como uno de los pilares
básicos para construir este mercado interior y esa cohesión económica y
social que es para nosotros, para este Gobierno, el Gobierno Socialista
de España, una de las exigencias indeclinables del proceso de
construcción europea. Una concepción global, transnacional y coherente de
las inversiones necesarias para satisfacer este objetivo debe constituir
la piedra de bóveda de la política europea de nuestro país.
El Tratado de la Unión, firmado en Maastricht en febrero de 1992 consagra
esta idea y dedica un título completo a la problemática de las redes
transeuropeas. Edimburgo, en diciembre de 1992, fue el escenario donde el
Consejo Europeo acordó dar un impulso a este instrumento de cohesión
intracomunitaria, y dijo, aunque luego no hizo, que las inversiones en
infraestructuras tuviesen una prioridad fundamental que, habiéndola
tenido no ha sido, sin duda, suficiente para la construcción de este
espacio articulado que encuentra serias dificultades en otros criterios
de política europea, igualmente importantes, y sin duda más
determinantes, como son los criterios de convergencias de las economías y
las haciendas públicas de los Estados miembros.
Sería bueno, señor Presidente, señoras y señores, insistir en la razón de
ser de estas redes transeuropeas que me parece que se basan en tres
circunstancias. Primero, que las redes nacionales no tienen el mismo
margen de operatividad y de eficiencia si se las considera en un contexto
global, comunitario y transfronterizo, con nuevas y mayores exigencias
medioambientales. En segundo lugar, que las necesidades del mercado único
van a proyectar unas demandas de movilidad con tráficos de todo tipo que
requieren capacidades mucho mayores de las que actualmente disponen los
Estados miembros. Y finalmente, desde la perspectiva española, porque los
países periféricos necesitamos que nuestros enlaces con el centro mejoren
más que proporcionalmente con respecto a la dinámica global de la
Comunidad, si queremos alcanzar una convergencia en términos reales. La
convergencia nominal es una exigencia formal, pero lo que realmente nos
preocupa e interesa es una convergencia real, para que los países más
periféricos podamos converger con los centrales que, por otra parte,
desplazan su atención hacia el este, creando unos nuevos equilibrios que
puedan jugar en contra nuestra.
¿Cuáles han sido las etapas de desarrollo de estas redes transeuropeas?
Maastricht, su Título XII, dedicado a las redes transeuropeas, y las
orientaciones que deben desarrollarse para garantizar la
interoperabilidad y reforzar los esfuerzos financieros de cada Estado
miembro. Queda por realizar un desarrollo legislativo que actualmente
está en fase de tramitación y aprobación.
Quiero destacar un conjunto de propuestas comunitarias especialmente
relevantes. Primero, la propuesta de decisión de la Comisión sobre las
orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de
transporte. La propuesta de directiva de interoperabilidad de redes. La
propuesta de reglamento del Consejo por el que se determinan las normas
generales para conceder ayudas financieras en el ámbito de las redes
transeuropeas, lo que se venía denominando el reglamento financiero, que
regula las condiciones y procedimientos para que los fondos RED lleguen a
proyectos concretos.
Segundo bloque de acciones: Los esquemas directores. Los grandes esquemas
directores de redes de transporte son claves para asegurar la
transparencia de las diferentes intervenciones comunitarias. Se ha
desarrollado un proceso de concertación entre las diferentes
instituciones que, hasta el momento, se ha plasmado en las siguientes
resoluciones; primero, una resolución sobre trenes de alta velocidad,
febrero de 1990. Una de octubre de 1993, sobre redes transeuropeas de
carreteras, transportes combinados. Y tenemos pendientes de aprobación,
esperando poderlo hacer en la presidencia española, los esquemas
directores relativos a los ferrocarriles convencionales, a las redes de
alta velocidad, puertos y aeropuertos. Finalmente una decisión sobre
orientaciones para el desarrollo de las redes transeuropeas de carácter
global que debería sustituir a los anteriores procedimientos.
Debo hacer referencia, sin entrar en su contenido de sobra conocido, al
Libro blanco sobre crecimiento y competitividad que decidió crear un
grupo de representantes personales de los jefes de Estado y de Gobierno,
presidido por el anterior Vicepresidente de la Comisión, señor
Cristophersen, donde el Presidente del Gobierno de España estuvo
representado, a título personal, por el Secretario de Estado de Política
Territorial de mi Ministerio, señor Zaragoza.
Este grupo, el grupo Cristophersen, elaboró un informe final donde se
incluye un conjunto de recomendaciones principales, entre las cuales está
la selección de una lista de proyectos prioritarios para que fueran
aprobados en los consejos europeos de diciembre de 1994 celebrados en
Essen que, a pesar de la insistencia de la delegación española sólo trató
de una forma marginal la cuestión de la financiación. En efecto, este
Consejo europeo de diciembre pasado suscribió las recomendaciones del
grupo Cristophersen, ratificó y aprobó una lista de proyectos
prioritarios y emitió un conjunto de conclusiones. Primero, reconocer
como prioritarios a 14 proyectos de transporte y 10 proyectos de energía,
invitando a la Comisión y a los Estados miembros a iniciar su realización
con la mayor brevedad posible. De sobra conocido de los señores y señoras
Diputados y Senadores la lista de estos proyectos en la que no voy a
entrar.
Finalmente solicitar al Parlamento y al Consejo que adopte un conjunto de
orientaciones y un reglamento financiero y, en tercer lugar, facilitar la
participación del sector privado. Además, el Banco Europeo de inversiones
creó una línea especial de crédito y pidió a Ecofin que adoptase
decisiones para complementar los recursos financieros actualmente
disponibles para las redes transeuropeas. El Consejo Ecofin no ha sido
muy diligente, seguramente porque ha tenido otras condicionantes, en
movilizar estos recursos. En el caso que afecta a España los proyectos
prioritarios son, como ustedes saben, el tren de alta velocidad sur;
Madrid-Barcelona-Perpiñán-Montpellier; Madrid-Valladolid-Vitoria-Dax y la
autopista Lisboa-Valladolid. En proyectos de energía la interconexión
eléctrica Francia-España y España-Portugal; los gasoductos
España-Portugal, además de dos proyectos de energía con los países del
Magreb.
Así las cosas hemos llegado a Cannes, los días 26 y 27 de junio pasados,
donde no se ha generado un impulso significativo al desarrollo de las
redes transeuropeas. Forzoso es reconocer que en concreto y respecto a la
financiación de los 14 proyectos prioritarios, tampoco en Cannes se ha
avanzado en la aportación de soluciones financieras reales.
Aunque el Presidente del Gobierno informó mucho mejor que yo sobre las
conclusiones de dicho Consejo Europeo, me voy a permitir desarrollar con
mayor detalle lo relativo al tema objeto de mi comparecencia. En Cannes
se establecieron un conjunto de conclusiones, que se pueden resumir en lo
siguiente: solicitar a la Comisión que reexamine las estimaciones
financieras de los proyectos para verificar si sus costes podrían ser
reducidos y, así, hacerlos más viables; pedir también a la Comisión que
busque otros medios de financiación para poder acelerar la conjunción
de estos proyectos; pedir a la Comisión que se empeñe en asegurar que los
proyectos que sean elegibles en base al reglamento financiero puedan ser
presentados lo más pronto posible, para que las asignaciones
presupuestarias correspondientes a dicho reglamento se realicen en 1995.
Finalmente, el Consejo tomó nota de que los 14 proyectos de transportes
considerados como prioritarios en Essen representan tres cuartas partes
de las asignaciones disponibles de los fondos RED.
¿Qué ha hecho el Gobierno en relación a las redes transeuropeas? ¿Cuáles
han sido las actuaciones del Gobierno en el contexto que les he descrito?
En primer lugar, un apoyo total y una absoluta colaboración con las
instituciones comunitarias; por el carácter periférico de nuestro país,
por la necesidad de que estas infraestructuras coadyuven al crecimiento
económico y a la convergencial real, como he indicado antes, y para
captar más fondos financieros. Y si bien la propuesta de la decisión no
coincidió en el tiempo con nuestro plan director de infraestructuras,
debo señalar que este plan ya incorpora en el proceso de planificación
que desarrolla una clara referencia comunitaria. De hecho, el proceso de
concertación y elaboración del PDI, donde pretendemos planificar a quince
años vista --como ustedes saben, quince años no es nada-- las
infraestructuras nacionales a realizar, ha proporcionado un marco de
referencia imprescindible para identificar nuestros proyectos desde la
perspectiva del interés común de las redes transeuropeas. El criterio que
hemos mantenido ha sido el de incluir en la propuesta de decisión, de
orientación sobre redes, todas las actuaciones incorporadas al plan
director.
En ese contexto, hemos considerado el hecho insular como una
especificidad digna de tener en consideración en el desarrollo de estas
redes. Los archipiélagos balear y canario tienen una especificidad
justificada en base al artículo 129.b) del Tratado de la Unión, en el
cual se dice que deberá tenerse en cuenta la necesidad de establecer
enlaces entre regiones insulares sin litoral y periféricas y las regiones
centrales de la Comunidad. Ese proceso de concertación interno al que
antes he hecho referencia ha sido especialmente intenso con estas
comunidades autónomas, como creo que recoge el proyecto de plan director.
En particular, hemos asignado un tramo de los fondos de cohesión --el 10
por ciento de la dotación para transportes-- a infraestructuras de
competencia autonómica incluidas en redes transeuropeas, y ello obedece a
ese criterio de concertación interna, en nuestro país, con las
autoridades autonómicas y regionales. La inclusión de redes transeuropeas
en determinadas actuaciones viarias en los archipiélagos balear y canario
confirma dicho criterio.
Entrando en particular en la forma en que este proceso afecta a los
archipiélagos balear y canario, como me ha sido pedido en esta
comparecencia, debo empezar con la decisión del Consejo de Ministros de
la Unión Europea de octubre de 1993, en la que se establecieron las redes
transeuropeas de carreteras y que no contempló las islas Baleares ni las
islas Canarias. En aquellos momentos, y en lo que respecta a España, la
propuesta de red transeuropea se articuló en función de lo que estaba
contemplado en el PDI, entonces en trámite de aprobación. El PDI recogía
fundamentalmente las infraestructuras que eran competencia de la
Administración central y, dado que las carreteras correspondientes a los
archipiélagos balear y canario son competencia autonómica, en principio
no se incluyeron en la red transeuropea de carreteras aprobada en dicha
decisión. Sin embargo, a raíz del proceso de revisión de las redes
transeuropeas, establecido por la propuesta de decisión de orientaciones,
el Gobierno español ha presentado una nueva propuesta, incorporando
determinadas actuaciones en carreteras en Baleares y Canarias, como
complemento de lo que ya está identificado en la red transeuropea de
puertos y aeropuertos.
Las redes transeuropeas, en lo que se refiere a los archipiélagos
españoles --balear y canario--, se ha venido desarrollando
fundamentalmente en infraestructuras de tipo puntual, puertos y
aeropuertos, como corresponde a la especificidad del hecho insular, pero
ha quedado puesto de manifiesto que las infraestructuras de carácter
puntual precisan del acompañamiento de infraestructuras lineales --para
entendernos, carreteras-- que realicen una distribución de tráficos y
conecten entre sí puertos y aeropuertos, para lograr una mayor eficacia y
racionalidad en su uso. En función de este criterio, el Gobierno ha
tomado recientemente la decisión, previa concertación con las autoridades
autonómicas, de proponer la inclusión de determinadas carreteras de estos
archipiélagos en la red transeuropea. Estas carreteras servirán de
acompañamiento a las infraestructuras puntuales que ya están propuestas
en esa red.
Algunas delegaciones, como Grecia e Italia, habían conseguido, en su día,
incorporar, aunque de forma restringida, infraestructuras lineales
transeuropeas en sus islas. Llamarlas transeuropeas es, sin duda, un
abuso del lenguaje; llamar transeuropea a una carretera de una isla del
Egeo parece indicar una realidad física que no es constatable, aunque sí
una importancia política, que debe ser reconocida. El concepto de
transeuropeo no debe medirse en términos de su linealidad física a través
de varios miembros de la Unión, sino en la importancia estratégica que
tiene para el desarrollo de determinados territorios de la Unión, y creo
que habría que llamarla importancia europea, a secas, intrínsecamente
europea. En concreto, hubo proyectos de carreteras y líneas ferroviarias
en Sicilia, Córcega, Cerdeña y Creta. Finalmente, si me apuran, no habría
que olvidar que el Reino Unido o Irlanda son también territorios
insulares; grandes, pero insulares, y en base a esta constatación, la
delegación española vio reforzado su planteamiento de incorporar
actuaciones de carreteras insulares españolas en la red transeuropea.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Baleares, hemos incorporado a esta
red el Aeropuerto de Palma de Mallorca, que es el segundo aeropuerto de
España, con un volumen de tráfico que supera ya los 12 millones de
pasajeros, que está incluido dentro de la red principal de aeropuertos
transeuropeos y que es mucho mayor que los aeropuertos de muchas de las
capitales europeas. Las rutas que hemos propuesto conectan este
aeropuerto con los grandes puertos de interés general del Estado de Palma
y Alcudia, a través de los cuales se abastece la isla, cuyos volúmenes
de tráfico, en medias diarias de intensidad, son mayores que los de otras
rutas transeuropeas en otros países. En concreto, de conformidad con la
propuesta de red europea de carreteras concertadas con el Gobierno
balear, el Ministerio de Obras Públicas ha identificado dos grandes ejes:
el eje Palma-Inca-Alcudia y el eje El
Arenal-Llucmajor-Campos-Felanitx-Manacor, que vertebran hacia el norte y
hacia el este respectivamente el territorio insular. En el primer caso,
porque sirve de distribuidor de la infraestructura aeroportuaria hacia
importantes poblaciones, uniendo la ciudad de Palma con zonas de gran
interés turístico y, en segundo lugar, porque es un eje que acompaña las
infraestructuras portuarias del sur y del norte. Estamos hablando de
intensidades de tráfico situadas en IMD de 34.000 vehículos-día entre
Palma y el Conseill, casi 20.000 entre el Conseill e Inca y 15.000 entre
Inca hasta Alcudia. Hay pocas carreteras peninsulares en España que
tengan estas intensidades de tráfico. Para que nos hagamos una idea, la
tan traída autopista Madrid-Valencia, que continúa siendo el punto negro
de las comunicaciones peninsulares, tiene intensidades de tráfico
situadas entre 12.000 y 15.000 vehículos-día. Por todo lo cual, estas
intensidades parece que las hacen claramente acreedoras de una atención
especial desde la perspectiva europea. En las islas Baleares hemos
incluido los puertos de Mahón, Alcudia, Palma de Mallorca, Ibiza y Cala
Sabina y, finalmente, otros aeropuertos como Menorca e Ibiza.
En Canarias, nos encontramos con una situación especialmente relevante,
puesto que existe una legislación española específicamente orientada a
canalizar inversiones estatales hacia el archipiélago canario. La ley de
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en la que tuvo bastante que ver
el actual Ministro de Obras Públicas, ha reconocido la condición de
región ultraperiférica y ha impulsado obras de infraestructura en el
archipiélago canario. A estos efectos, ha considerado de interés general
la inclusión de créditos para estas actuaciones en los Presupuestos
Generales del Estado, aunque no hubiese proyectos comunitarios que los
financiaran.
Se ha concedido una atención preferente a esta región en el Plan Director
de Infraestructuras y se ha incluido un programa de actuaciones en la red
viaria canaria que ha sido objeto de un convenio de carreteras entre mi
Ministerio y esa Comunidad, convenio que todavía no ha sido suscrito con
la Comunidad Autónoma de Baleares, pero que debería y podría serlo si
avanzan nuestras propuestas en el marco de las redes transeuropeas.
La propuesta de red transeuropea del archipiélago canario se ha basado en
los mismos argumentos expuestos para el balear y las actuaciones que se
ha propuesto incluir son las siguientes: un eje transinsular de
transportes canario, conceptuado como un eje de transporte trimodal
--carretera, barco, avión-- que conecte las islas del archipiélago a
través de enlaces marítimos y aéreos y articule el espacio subyacente, el
«back yard» de los puertos y aeropuertos afectados.
De todas las infraestructuras que componen este eje, habría que detectar
y señalar aquellos tramos de carretera que han sido objeto de una
petición de inclusión en la red transeuropea de carreteras, puesto que
puertos y aeropuertos están incluidos ya en sus respectivas redes. Así,
en la isla de Lanzarote hemos propuesto la inclusión de la 720: Puerto de
Arrecife-Aeropuerto-Tías-Taiza-Playa Blanca. En Fuerteventura, la CI-1,
la CI-2 y la GC-640: Corralejo-Puerto del Rosario; Puerto del
Rosario-Morro Jable. En Gran Canaria, el tramo entre el Puerto de Las
Palmas y el Puerto de Agaete y entre el Puerto de Las Palmas, el
Aeropuerto y el Puerto de Arinaga. En Tenerife, el tramo entre el Puerto
de Santa Cruz de Tenerife, el Aeropuerto Sur y Playa de Santiago; y, en
Hierro, La Palma y Gomera, las conexiones entre los puertos y aeropuertos
respectivos.
En materia de puertos se han señalado e incorporado los proyectos
presentados en los puertos de La Estaca - Santa Cruz de La Palma - San
Sebastián de La Gomera - Los Cristianos - Santa Cruz de Tenerife - La Luz
y Puerto del Rosario - Arrecife. En aeropuertos, La Palma - Hierro -
Tenerife Norte - Tenerife Sur - Las Palmas - Lanzarote y Fuerteventura.
Prácticamente todos.
Finalmente, quisiera hacer una especial referencia a unas
infraestructuras que son cada vez más importantes y, como no se ven,
quizá no les damos la importancia que tienen. Me refiero a las
infraestructuras en el ámbito de la información. Infraestructuras con, y
muy especialmente, aunque no son tan tangibles como carreteras, puertos y
aeropuertos. Creo que la importancia que les dedica el Libro blanco del
ex presidente de la comisión, el señor Delors, es pequeña para la que
realmente tienen, aunque sea tan grande como el señor Delors quiso poner
de manifiesto. Tienen una importancia estratégica de primer orden en la
puerta de la futura sociedad de la información, cuyo principal obstáculo
es la carencia de redes de telecomunicación transeuropeas.
El desarrollo de un correo electrónico de aplicaciones telemáticas, de
una teleadministración, de una teleeducación, y telemedicina capaces de
extraer toda la potencialidad de estas nuevas tecnologías ha hecho que en
el Libro blanco se estimasen unas inversiones del orden de 70.000
millones de ecus --11 billones de pesetas-- en cinco años para el
desarrollo de estas infraestructuras.
El Libro blanco espera que esta financiación provenga del sector privado.
Por eso asigna una contribución comunitaria poco significativa. Así como
somos conscientes de que los grandes proyectos de redes de transporte
físico no reúnen condiciones de rentabilidad financiera por su
elevadísimo coste y bajos «cash flow» para esperar que sea el mercado
quien las ejecute y administre, en materia de infraestructuras de
telecomunicación la creencia es la contraria: parece que para transportar
átomos el mercado no sea eficiente y para transportar «bits» sí lo sea.
Cree la Comisión que para transportar «bits» no hará falta aportaciones
de los presupuestos estatales ni comunitarios. Essen creó un grupo de
personalidades representativas de los sectores afectados para que
elaborase un informe con un conjunto de actuaciones concretas. En base a
esto, la comisión ha preparado un documento con un programa de trabajo
que presta especial interés al establecimiento de un marco global que
cubra distintos proyectos
de implantación de redes transeuropeas de telecomunicación.
La Comisión nos ha remitido una propuesta de decisión al Consejo y al
Parlamento que tendremos que impulsar durante la presidencia española,
que tiene aquí una gran ocasión para marcar su impronta en una política
de interconexión de redes que defienda al mismo tiempo los intereses del
servicio público universal que garantice la igualdad de los territorios
frente a esta nueva oleada de desarrollo tecnológico, esperando siempre
que los proyectos que el sector privado quiera financiar sean compatibles
y coherentes con este doble objetivo.
Los fondos comunitarios actualmente dedicados a proyectos relacionado con
estas infraestructuras son limitados. Tan limitados como lo que sigue:
unos 420 millones de ecus bajo el epígrafe Infraestructuras de
Telecomunicación, dedicados fundamentalmente a estudios de viabilidad, a
bonificar tipos de interés y a garantizar créditos para proyectos que
aseguren la interoperabilidad de las distintas redes nacionales de
telecomunicación en la Unión Europea. Redes que, además, van a aumentar
en número y diversidad. No hay ya que hablar del segundo operador como si
sólo fuera a haber un segundo operador. Hay que hablar del segundo
operador como uno más de una constelación de redes cuya interconexión
requiere importantes estudios técnicos que deberán ser incentivados para
garantizar una interoperabilidad absoluta.
En esta partida, por ejemplo, vamos a impulsar la extensión de la red de
servicios integrados de banda estrecha, que no ha recibido la demanda que
era de esperar --la banda es estrecha, pero para atender la demanda
manifestada es ancha, puesto que no está saturada-- y a estimular el
desarrollo de una red integrada de comunicaciones de banda ancha que
facilite la transición desde las infraestructuras existentes a las que
necesita el advenimiento de esta sociedad de información tan preñada de
ventajas como de interrogantes. Para interconectar telemáticamente las
administraciones comunitarias, disponemos de 60 millones de ecus y otros
500 millones para investigación en telecomunicaciones.
Las partidas de redes transeuropeas en fondos estructurales son
compatibles con los proyectos de energía y transportes, pero no son
determinantes.
Esto es lo que hay a nivel comunitario en materia de infraestructuras,
tanto de transporte físico --de átomos, como he querido caricaturizar--,
como de información, de «bits». Quiero señalarles, señorías, que el
volumen de inversión previsto para los próximos diez años para el
conjunto de proyectos que Europa ambiciona desarrollar para construir un
espacio integrado supera los 40.000 millones de ecus y que eso sobrepasa
la disponibilidad presupuestaria tanto de la Unión como de los Estados
miembros, máxime en un contexto de reducción de los déficit públicos y,
por tanto, de la capacidad de anticipar expectativas de futuro a través
de operaciones financieras.
No tengo tiempo --y seguramente SS. SS. tampoco lo desean-- de entrar en
analizar la consecuencia de las liberalizaciones en marcha, que debería
aportar el esfuerzo financiero necesario mediante la generación de «cash
flow» y la captación de nuevos capitales, porque este tema no tiene, en
mi opinión, una particularidad específica que afecta a los archipiélagos
españoles, que están en el núcleo de la petición de mi comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
Senador señor Segura, don José.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Ministro, comenzaré esta intervención
expresándole el reconocimiento del Grupo Parlamentario Socialista por su
presencia ante esta Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea
para informar sobre el criterio del Gobierno de España en relación con
las redes transeuropeas, con especial atención a la situación de Baleares
y Canarias, así como las medidas al respecto para esta última derivadas
de la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea;
comparecencia que se produce como consecuencia de petición, reitero, del
Grupo Parlamentario Socialista y que se engarza con la primera que sobre
esta materia tuvo el señor Ministro en la actual V Legislatura de las
Cortes Generales, el 3 de mayo del año pasado. Porque, en efecto, en
aquella ocasión comparecía usted ante esta Comisión Mixta para informar
sobre redes de transporte e infraestructura como políticas derivadas del
Libro blanco. A lo largo de su exposición en aquel momento describió los
contenidos del capítulo 3.o del Libro blanco en el que se concede a las
redes transeuropeas un destacado protagonismo para impulsar el
crecimiento económico y combatir el desempleo. Hizo usted, señor
Ministro, referencia expresa a las necesidades y las disponibilidades de
financiación para ejecutar esas grandes redes transeuropeas con las que,
a la vez que se trata de impulsar la actividad inversora como motor del
crecimiento, se pretende orientar esa actividad hacia redes que afectan
al territorio de más de un Estado, que afectan simultáneamente a varios
Estados, como un elemento de vertebración del espacio físico europeo. En
aquella comparecencia también S. S. nos habló de las características de
los trabajos del grupo Christophersen de cara a la identificación de los
proyectos más importantes al objeto de facilitar sus respectivas
realizaciones.
Señor Ministro, transcurrido algo más de un año de tal comparecencia, nos
ha parecido razonable que para un tema de esta dimensión se produjese la
comparecencia que, en efecto, está teniendo lugar en estos momentos, al
objeto de evaluar el año transcurrido desde la óptica del avance que
pueda haberse producido en la consolidación de las orientaciones
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea del transporte, De
ahí que el Grupo Parlamentario Socialista haya solicitado, como dije hace
un instante, su comparecencia, pero vertebrada alrededor de la afectación
de este tema general a dos comunidades singulares y específicas del
Estado español como son las comunidades, llamémoslas entrecomilladamente,
archipielágicas, comunidades insulares.
Señor Ministro, a lo largo de este último año se ha producido en el seno
de las instituciones comunitarias un conjunto de acontecimientos y de
propuestas de la propia Comisión y del Consejo, a algunas de las cuales
voy a hacer
referencia. Así, a la propuesta de reglamento del Consejo por el que se
determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras
comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas se ha seguido en el
tiempo la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red
transeuropea de transporte presentada por la Comisión y la propuesta,
modificada, de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo como
consecuencia del ingreso en la Unión Europea el pasado 1 de enero de 1995
de tres nuevos Estados miembros, Austria, Finlandia y Suecia.
También, como usted sabe, el Parlamento Europeo a lo largo de los últimos
meses ha prestado notable atención a todos estos temas a través de varias
de las comisiones internas del mismo como la de Presupuestos, la de Medio
Ambiente, la de Salud Pública y Protección del Consumidor y la de Asuntos
Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de forma que en cada
Comisión se ha ido puliendo, modificando y experimentando
transformaciones el texto inicial de la decisión sobre las orientaciones
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea del transporte.
Hoy en día nadie pone en tela de juicio la importancia de la decisión
comunitaria sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la
red transeuropea del transporte, ni del reglamento por el que se
determinan las normas generales para la concesión de ayuda financiera en
este ámbito de las redes transeuropeas. Y qué duda cabe que es importante
que la Unión Europea enfoque en su globalidad los diversos modos de
transporte, de carretera, ferrocarril, vías navegables con enlaces de la
red de transporte combinado formado por corredores y terminales
intermodales suficientemente equipados para un transbordo eficaz de
mercancías entre unos y otros sistemas, pero qué duda cabe, también, que
en esta petición de comparecencia, a la vista del contenido de la
intervención del señor Ministro (que es continuidad, insisto, de la que
tuvo con anterioridad y, además, continuidad metodológica) no podemos
extendernos en el análisis de cada uno de los sistemas y en el estado
actual de los mismos. Pero habida cuenta de las características de las
dos regiones a las que estamos haciendo referencia, Baleares y Canarias,
el sistema portuario, el sistema aeroportuario, el conjunto de redes
vertebrado alrededor de las mismas, la política de marina mercante, la
política de aviación civil, es decir, no solamente las infraestucturas,
sino también los mecanismos administrativos políticos puestos en marcha
para la ejecución de una serie de servicios que conlleva el propio
transporte, han sido preocupación del Grupo Parlamentario Socialista de
las Cortes Generales en sucesivas ocasiones. Y usted, señor Ministro,
recordará que, por ejemplo, en el Senado (y también tuvo tramitación en
esta Cámara, en el Congreso de los Diputados), el Grupo Parlamentario
Socialista manifestó su preocupación por la necesidad de que se rompiera
la discontinuidad en el control del tráfico aéreo, que obliga a que las
aeronaves que se desplazan, pongamos por caso, desde un aeropuerto
español peninsular hacia un aeropuerto canario (además, periodificado en
el tiempo) en la travesía de dos horas y media, prácticamente durante una
hora y media las aeronaves están bajo control de otro país, y normalmente
la ruta más óptima se encuentra sometida al control de un país no
comunitario, al control aéreo de Marruecos, y ello es como consecuencia
de una distribución de responsabilidades en el tráfico aéreo que se
produjo en un acuerdo internacional del año 1940 que aún no ha sido
modificado. Una moción del Grupo Parlamentario Socialista manifestaba su
preocupación por esa circunstancia, que implica no solamente ciertas
distorsiones en el flujo aeronáutico hacia o desde Canarias por lo que se
refiere a las potenciales incomodidades del ciudadano español residente
en Canarias, sino también en lo que afecta a la columna vertebral de la
economía de una comunidad como la canaria.
Consiguientemente, la temática del transporte, insisto, no sólo en lo que
se refiere a las infraestructuras, sino también en los servicios que lo
posibilitan, le dan fluidez, dinamismo y le convierten en un servicio
eficaz para la economía de una comunidad como la canaria, ha constituido
una preocupación que tiene que enmarcarse en lo que debe ser la política
aeronáutica general de la propia Unión Europea, y específicamente del
Gobierno y su Ministerio, pues tienen sensibilidad y preocupación al
respecto.
En las políticas portuarias qué duda cabe que en los últimos años se ha
producido en las regiones archipielágicas a las que estamos haciendo
referencia un conjunto inversor nada desdeñable. La inversión que hoy se
produce en el principal aeropuerto de la comunidad balear le convierte en
uno de los aeropuertos estrella de la Unión Europea y las previsiones de
las inversiones que el organismo autónomo Aeropuertos Españoles, AENA,
tiene previsto llevar a cabo en los próximos cuatro años, en un
desarrollo espectacular que está experimentando el sector turístico en la
comunidad canaria, se puede cifrar en más de 80.000 millones de pesetas,
tal como se ha manifestado por parte de responsables del Gobierno en
diferentes ocasiones, y van configurando un conjunto inversor que
aportará a estos aeropuertos la infraestructura y los medios que le
permitirán atender con la eficacia y con la modernidad requeridas.
Señor Ministro, nos preocupa a los miembros del Grupo Parlamentario
Socialista, en efecto, que las redes transeuropeas del transporte --y
permítame esta especie de metáfora, porque tampoco ha sido así nunca-- se
queden enconsertadas en el perímetro peninsular, y nos ha producido una
notable satisfacción la segunda parte de la intervención del señor
Ministro. El señor Ministro ha hecho referencia detallada y exhaustiva en
su intervención a la inclusión, dentro del Plan Director de
Infraestructuras del Estado español, de todo un conjunto de redes viarias
en cada una de las islas de la comunidad balear, vertebradas precisamente
alrededor del sistema intermodal que constituyen los puertos y los
aeropuertos a los que S. S. ha hecho referencia. Qué duda cabe que con su
intervención ha aportado una noticia, desde nuestra perspectiva,
notablemente espectacular para los españoles insulares. Es decir, en
1993, dado que el Plan Director de Infraestructuras no estaba aún
elaborado del todo, la dinámica comunitaria
impidió que esas infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias de
la regiones archipielágicas se incluyesen. Hoy, reitero, señor Ministro,
es una excelente noticia la que usted nos ha aportado.
Qué duda cabe que, por lo que se refiere a la comunidad canaria
específicamente, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Socialista ha
manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que el carácter de
región ultraperiférica de la Comunidad no sea solamente una manifestación
política, un excelente adorno, como puede ser la declaración 26, relativa
a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad, en la que se recoge las
Islas Canarias como región ultraperiférica, insisto, de la propia Unión
Europea, sino que se trate de darle solidez, y por ello el Grupo
Parlamentario Socialista, hace unos días, en esta Comisión Mixta, propuso
la defensa de un estatuto especial --y como tal proposición no de ley así
fue aprobado--, a efectos de comprometer al Gobierno español para que, de
cara a la conferencia intergubernamental del año próximo, se convierta en
derecho primario de verdad --y esto es una terminología coloquial,
naturalmente.
Señor Ministro, consiguientemente parece razonable demandar que todas las
políticas comunitarias que se apliquen con carácter general a todos los
países comunitarios tengan un trato diferencial para las regiones
ultraperiféricas de la Comunidad, y específicamente para la única región
ultraperiférica del Estado español, que es la comunidad canaria. En ese
sentido, particularmente --y ruego a los miembros del Grupo Parlamentario
Socialista que así me lo permitan-- los parlamentarios socialistas
canarios hemos defendido ante la Administración general del Estado, de
manera perseverante, constante y permanente la necesidad de que se haga
una política de infraestructuras en Canarias, de tal manera que esas
infraestructuras, vinculadas a la política de transporte, configuren un
eje intrainsular canario, al cual el señor Ministro ha hecho referencia,
compatible con los ejes intrainsulares de cada isla.
Me ha satisfecho notablemente la inclusión en el Plan Director de
Infraestructuras, cara a su financiación a cargo de los correspondientes
fondos comunitarios, de ese conjunto de carreteras, a las que el señor
Ministro ha hecho referencia, las inversiones en los aeropuertos, y no
olvidemos, a modo de anécdota o de dato referencial, que el organismo
autónomo AENA, que no se nutre de los Presupuestos Generales del Estado,
sino de la aportación de los usuarios en los aeropuertos, el 20 por
ciento de su aportación global lo percibe prácticamente de los
aeropuertos canarios, luego parece razonable que se produzcan actuaciones
de esa índole.
En resumen, señor Ministro, creo que con estas consideraciones al Grupo
Parlamentario Socialista le ha hecho llegar cuáles eran las
preocupaciones más relevantes con respecto a la temática que nos ocupa en
estas dos comunidades, específicamente en una, por las razones de lejanía
y condiciones de desequilibrio económico que usted muy bien conoce desde
su etapa de Secretario de Estado de Hacienda, habiendo participado en la
ley de modificaciones fiscales del régimen económico fiscal canario y,
posteriormente, un poco a distancia, en la ley económica aprobada en
junio de 1994, en cuya disposición adicional décima se recoge el
compromiso del Gobierno en lo que se refiere a la defensa de esa
caracterología global de región ultraperiférica. Parece, pues, razonable
que la intervención del señor Ministro lo esté en la línea directriz que
siempre ha mantenido con respecto a esa Comunidad.
En suma, y ya con ello termino, señor Presidente, su intervención ha
hecho que este portavoz socialista reoriente la intervención que tenía
pensada inicialmente, que era esencialmente en demanda de algo que el
señor Ministro nos ha puesto de manifiesto que no necesita que se le
demande, pues la línea directriz del Gobierno está claramente señalada al
respecto.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra, por Coalición Canaria, el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, yo le agradezco muy
profundamente la información de primera mano que usted nos ha dado hoy
aquí. Tengo que decirle, retomando casi el tema donde lo ha dejado mi
compañero de circunscripción parlamentaria, por Santa Cruz de Tenerife
--él por el PSOE y yo por Coalición Canaria--, el señor Segura --y creo
que también en la misma línea de sinceridad que él--, que si él ha
reorientado el planteamiento yo me quedo sorprendido porque, desde luego,
cualquier debate con usted no produce defraudación. Mi sincera
felicitación y lo reconozco.
Estudiando esta noche todos los datos sobre los planes de infraestructura
que se derivan desde el Libro blanco hasta la comunicación del Gobierno,
hace cuarenta y ocho horas, aquí ante la Cámara, para ver cómo se podían
aplicar las infraestructuras de las redes transeuropeas en Baleares y en
Canarias, había encontrado pocos puntos de referencia. Hay una cuestión
en la que discrepo que voy a dejar para el final, y voy a pasar a
analizar los documentos que tenemos, al menos para que lo que usted ha
dicho aquí constituya también un acervo de objetivos en la presidencia
española de este próximo semestre, dado que estamos en el seno de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.
Comenzando por el documento más reciente, el que ha entregado su Gobierno
a esta Comisión, que presentó aquí su colega el señor Solana, Ministro de
Asuntos Exteriores, me llamó la atención que la referencia a transportes
queda circunscrita al transporte aéreo y a dos iniciativas. La primera es
en relación con la gestión del tráfico aéreo en zonas de saturación; y
creo que aquí se nos puede decir algo con respecto a este problema, que
afortunadamente es mucho menos grave en el archipiélago canario que en el
archipiélago balear, en la zona mediterránea, por los problemas que bien
conocen el señor Ministro y los parlamentarios de Baleares debido a la
saturación del espacio aéreo europeo con Baleares y el continente o por
cualquier otra incidencia, como la huelga de controladores que ahí se
haya producido y la segunda iniciativa que va a tomar el Gobierno como
prioridad en el propio documento que aquí hemos debatido es el «handling»
en los aeropuertos. Esto lo voy a dejar para el final porque vamos
a discutir el «cahs flow» en las redes transeuropeas. Pero ahí queda el
«handling» --le pido, señor Ministro, que lo anote-- como liberalización
de los servicios en los aeropuertos. Vaya por delante que estoy conforme
con estas dos líneas, sobre todo, lo que más afecta a los aeropuertos
canarios en cuanto a costes de servicio, en el «handling». De eso ya
hablaré.
Estoy de acuerdo con los dos objetivos que plantea el Gobierno, pero nos
parecieron tan insuficientes a esta Comisión que, con el enriquecimiento
de la participación de todos los grupos parlamentarios presentes,
redactamos una serie de propuestas de resolución que se votaron y que se
han incorporado como resoluciones aprobadas ya por esta Comisión, que
supongo que usted ya conocerá, o se las harán hecho llegar porque ya es
documento parlamentario en las Cortes Generales, por las que se viene a
pedir al Gobierno que ponga entre su anexo de prioridades, en el semestre
español, impulsar los acuerdos de financiación de las redes
transeuropeas. Me gustaría que profundizáramos en cómo se va a financiar
eso, porque es la gran incógnita --ya lo ha planteado usted, señor
Ministro--, tanto por lo que vaya como fondos comunitarios como la
financiación privada, y, después, analizaré cuál es el papel en este
momento, en la línea de crédito especial a la que usted acertadamente se
ha referido, del Banco Europeo de Inversiones, pero me parece que esa
ventanilla --como se llamó-- no acaba de dar el tirón suficiente, tal vez
por falta de iniciativas privadas en este concepto. Pero no sé de dónde
puede, en las redes aeroportuarias, tirar de crédito la iniciativa
privada. Desearía que el señor Ministro también nos dijera qué ideas
tiene usted o el Gobierno español de que incentivar las líneas de crédito
del Banco de Crédito de Inversiones pueda existir en la red transeuropea
de transportes. Por supuesto, doy la razón al señor Ministro que las de
telemática sí; ahí, por las razones de «cahs flow», de la baja inversión
y la alta rentabilidad o recaudación, podemos tener una mejor demanda
privada, que se puede encontrar favorecida por la ventanilla del BEI.
Pero en redes de transporte, carretera, ferroviario, aéreo y portuario,
en infraestructuras, no me refiero a financiar aeronaves o buques, no sé
de dónde se va a poder dar un incentivo.
Nosotros volvimos, en esta Comisión, en las propuestas de resolución de
los diversos grupos, a insistirle (con esto apoyamos la postura del
programa del Gobierno) en establecer un nuevo sistema de gestión del
tráfico aéreo en zonas de cogestión, y hemos reincidido sobre ello. Pues
bien, yo quisiera preguntarle, con respecto a una de nuestras propuestas
de resolución, de una manera colateral pero que afecta a Canarias, sobre
todo lo que afecta al tráfico marítimo en este momento, tanto en el
programa Euros como en las inversiones que ustedes tienen previstas,
apoyándose en presupuestos comunitarios, para reforzar la red de
comunicaciones marítimas, península y archipiélagos.
Entrando en los documentos que han salido de los Consejos europeos, llama
la atención, señor Ministro, que el primer documento de la Comisión
Europea, el llamado «El curso futuro de la política común de
transportes», emitido el 2 de diciembre de 1992 en Bruselas, que es el
documento más machaconamente insistente en el problema de las regiones
insulares, las periféricas, las carentes del litoral, que también ha
citado usted, viene a exigir unas condiciones para que se puedan
integrar, en primer lugar, ser zonas donde ya hay un mercado interior que
funciona adecuadamente para establecer redes de transportes
transeuropeos.
Y añadiré un argumento para sus discusiones, porque parece que da timidez
hablar en el caso de Canarias --Baleares lo tiene tan reconocido que ya
es obvio-- y hay que argumentar que tiene que considerarse como
territorio europeo para las redes de transporte --en este caso, las
aéreas, por supuesto--, y da timidez porque parece que es una zona tan
ultraperiférica que no tiene nada que ver con Europa. Usted sabe, señor
Ministro, que, en los últimos años, el promedio de turistas europeos en
Canarias, fundamentalmente de países hoy ya de los Quince europeos,
frente a una población de un millón y medio de habitantes de derecho que
tiene Canarias, está en cifras de entre siete y nueve millones. Turistas
ciudadanos de la Unión Europea que, como no se pueden desplazar a
Canarias como se desplazan a la Costa Azul, a la Costa Dorada, a la Costa
Blanca, a Marbella, a Estepona o a cualquier punto extremo, que se hace
utilizando sencillamente las redes de transporte terrestres, de
ferrocarril o de carretera, tienen que utilizar el aéreo.
Quiero pedirle que se vuelva a recoger el espíritu, como bien ha citado
el Senador Segura, de la disposición 26 de Maastricht de las regiones
ultraperiféricas, para hacerles acreedores de los beneficios de
inversiones, que se replantee --ya se vio cuando se hizo el Libro blanco
en 1993, que en su Capítulo 3 habla de las redes transeuropeas--, cuando
se señalan proyectos prioritarios, incluir estas infraestructuras básicas
y costosas que existen en los archipiélagos; al menos algunas. Usted,
señor Ministro, ha hecho un juicio crítico con el que estoy de acuerdo, y
es que ya desde Edimburgo, en diciembre de 1992, se dijo y luego no se
hizo. Esto es lo grave que está ocurriendo con los grandes planes de
infraestructura de las redes de transportes transeuropeos, que se dice y
no se hace. Porque resulta que en el documento del Libro blanco, en
cuestiones de tráfico aéreo, sale el aeropuerto de Atenas, y,
posteriormente, en 1994, en el Consejo de Essen desaparece Atenas y
aparece un aeropuerto italiano.
A este respecto, quisiera preguntarle, ¿es posible la inclusión de
algunos de los aeropuertos canarios, que en este momento no sabemos ni
cuándo se van a terminar las obras, como es el aeropuerto de Los Rodeos,
de Tenerife norte? Usted sabe, señor Ministro, que en este momento tiene
un tráfico de viajeros-año muy superior a Sevilla, conociendo usted la
inversión que, con motivo de la Expo-92, se hizo en el aeropuerto de
Sevilla, y no entro en más análisis, frente a la carente en este momento
del aeropuerto de Tenerife norte-Los Rodeos. Ya sé que a Sevilla el AVE
le ha reducido..., pero eso no es mi responsabilidad; alguien será
responsable de esa bajada de pasajeros de una instalación suntuaria,
suntuosa y cara. Hay que atender (yo he hecho la petición porque usted lo
entiende) las inversiones del aeropuerto de Tenerife norte-Los Rodeos,
con un gran tráfico de viajeros-año, tanto interinsular como
insular-continental,
Península y Europa; es necesario que esa obra se clarifique, se empiece y
se termine por la densidad de tráfico de viajeros.
Hago un paréntesis y le pregunto: ¿los sistemas de gestión de tráfico
aéreo para Europa tienen ustedes en este momento previsto impulsarlos o
desarrollarlos en el semestre español, tal como se había acordado en el
Libro blanco, tanto en el programa del Satélite Inmarsat III, en cargas
útiles de navegación y el segmento de tierra asociado, o no?
Voy terminando, señor Presidente.
El señor Ministro ha dicho, y esto está recogido en el informe de las
conclusiones de la Presidencia del Consejo de Bruselas en 1993, en la
determinación de los planes directores, los que están terminados, pero yo
veo que estas estructuras comunitarias en que se empiezan a pelotear...
No es un reproche al Gobierno español, todo lo contrario, es que el
Consejo Europeo solicita al Parlamento y al Consejo que aceleren los
procedimientos para los nuevos planes directores pendientes de
infraestructura ferroviaria clásica, infraestructura aeroportuaria,
infraestructura portuaria, electricidad y gas.
Usted, acertadamente, en su primera intervención, ha dicho que a ver si
en la presidencia española se acomete todo lo que nos han dejado; ni la
presidencia alemana ni la francesa han sido capaces de llevar adelante la
terminación de los planes directores de cualquiera de estas
infraestructuras.
¿Qué posibilidades hay, señor Ministro, de que en este semestre de la
Presidencia española, al menos en alguna de estas infraestructuras de los
archipiélagos canario y balear --desconozco en este momento cómo está la
casuística de infraestructura aeroportuaria en Baleares, pero sí conozco
bien, porque creo que es mi deber inmediato el de la aeroportuaria
canaria, a la que se ha referido también extensamente y coincido con ella
el Senador don José Segura-- se vea qué se puede hacer? No sigamos en el
principio de se dijo y luego no se hizo, no por culpa del Gobierno
español sino por culpa de estos organismos comunitarios. Porque yo no sé
el Parlamento Europeo qué pinta aquí, para que se pronuncie sobre esta
infraestructura aeroportuaria, cuando el coste va a presupuestos
nacionales fundamentalmente, aparte de la participación que puedan tener.
Finalmente, en diciembre de 1994, señor Ministro, el Consejo de Essen
viene a recoger otra vez la problemática de las redes transeuropeas y en
su punto IV, en el sector de transporte, invoca un nuevo anexo de obras.
Y aquí es donde desaparece el Aeropuerto de Atenas y aparece el de Milán,
pero no aparece ningún aeropuerto español, aunque sí están los tres
proyectos a los que usted se ha referido, los dos trenes de alta
velocidad sur y el tramo de autopista Lisboa-Valladolid, pero no aparece
ningún proyecto prioritario español. ¿Cabría incluir la obra que yo le he
dicho del aeropuerto de Tenerife norte-Los Rodeos, como una obra
prioritaria dentro de toda esa filosofía, que suscribimos como usted y el
señor Presidente del Gobierno la ha suscrito en sus debates semestrales
ante esta Cámara?
Vuelve a decir el Consejo de Essen, en diciembre pasado, que el Consejo
Europeo subraya la importancia de los sistemas de gestión del transporte,
en particular en el ámbito del tráfico aéreo, e insiste en la creación de
una ventanilla especial en el Banco Europeo de Inversiones para la
financiación de redes transeuropeas. Le hago la pregunta de otra manera:
¿Cabe que, para las redes transeuropeas de transporte aéreo, exista en la
Administración española, civil o aeronáutica, alguna posibilidad de
utilizar esta ventanilla del Banco Europeo, que no sea, por supuesto, la
de los medios de telecomunicación, de telemática, de redes de
transmisiones que, como usted dice no se ven, pero están ahí y son
fundamentales para este desarrollo?
Y me voy a referir a lo que yo puedo llamar mi discrepancia, discrepancia
puramente técnica.
Ha hablado de que la relación coste-obtención de beneficios en redes
transeuropeas de transporte, salvo en las redes de comunicación, por un
distinto «cahs flow», es interesante, pero en obras estatales públicas,
redes ferroviarias, carreteras, usted ha sido lo suficientemente
inteligente como para no citarme la infraestructura de aeropuertos.
Porque una estación de ferrocarril, una vía y un puerto lo construye su
departamento con sus presupuestos. Teóricamente, una vez que se creó AENA
como organismo (y usted llevó la punta de lanza en los Presupuestos del
Estado en que se creó), se le dice: usted ya no vive de los presupuestos
del Estado, vive de sus recaudación. Y su recaudación, y esto recuerdo
que lo defendió muy bien, señor Ministro, viene de dos conceptos: las
tasas aeroportuarias y los ingresos por las concesiones de tiendas o
locales que hay dentro del aeropuerto.
Pues bien, señor Ministro, ese «cahs flow» sí se lo cambio. No le cambio
el «cahs flow» de la red de carreteras, de la red de ferrocarriles o de
los puertos y estaciones. De los aeropuertos canarios, en el año 1994,
AENA ha recaudado más de 17.000 millones de pesetas, según los datos que
el Gobierno, a preguntas de este Diputado en el mes de marzo del
corriente año; pedía el cuadro de ingresos por AENA en todos los
aeropuertos de las Islas Canarias, en el año 1993 y 1994, ingresos que
tuvieron un incremento sustantivo, y me alegro por AENA y por la gestión.
Esto plantea un problema de fondo; incluso unas declaraciones de este
Diputado se malinterpretaron.
Yo estoy de acuerdo en un principio, que coincide con el suyo, señor
Ministro, que es la gestión unitaria de la red aeroportuaria española,
por un principio de solidaridad. Yo sé que hay aeropuertos que recaudan
mucho y aeropuertos que no recaudan nada, pero hay que mantenerlos por un
principio y de trasvase de solidaridad. Yo estoy en esa línea, señor
Ministro, que conste. En la red aeroportuaria de Canarias, para todos los
aeropuertos sumados, de Fuerteventura, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote,
La Palma y la unidad --hasta hace pocos meses en que el señor Abejón ha
hecho una corrección importante e inteligente de volver a segregar dos
unidades de gestión y de recaudación, como son el Aeropuerto de Tenerife
Sur, Reina Sofía, y el de Tenerife norte, y olvidarnos de unidad
aeroportuaria-- en total hay 17.600 millones de pesetas anuales
aproximadamente, de los cuales la mayoría están saliendo fuera. Aena está
solidariamente financiando aeropuertos del territorio peninsular.
Cuando se ve la baja inversión en el aeropuerto de Los Rodeos es donde yo
le discuto a usted la teoría del «cahs flow», porque este «cahs flow» se
lo cambio. Si no hubiera un principio de solidaridad, una administración
autonómica le dice que le deje la gestión de esta bicoca, porque es muy
importante su recaudación. Por tanto, si hay que mantener un principio de
solidaridad, le apoyo, señor Ministro, en que haya también una
corresponsabilidad.
Termino, señor Presidente. Y vuelvo a decir que los debates con el señor
Borrell, con el Ministro de Transportes, con el señor Borrell, en
cualquiera de los cargos que ha tenido, son apasionantes porque los
mantiene a un altísimo nivel de inteligencia y de profundidad, y le digo:
«Chapeau!»; no defraudan, pero son polémicos en sí mismos y él lo conoce
perfectamente. Y como ha planteado muy hábilmente al final el tema del
«cahs flow» y ha englobado lo aeroportuario con lo de carreteras y
ferrocarril, yo le tengo que decir, señor Ministro, que por lo menos en
este «cahs flow» que le dan los aeropuertos canarios deje una parte en la
inversión, sobre todo para lo que son verdaderamente necesidades
perentorias.
Por lo demás, señor Ministro, nosotros coincidimos plenamente. Y si en el
semestre español ustedes consiguen un principio de solidaridad y que esos
fondos europeos ayuden a la interpretación de que los aeropuertos del
archipiélago canario, como los baleares o cualquiera son red de
transportes transeuropeos, que están ahí, que los están utilizando, señor
Ministro, seis, siete, ocho o nueve millones de ciudadanos de la Unión
Europea, el Consejo de ministros de la Unión Europea no tendría más
remedio que plegarse a esa justísima demanda.
El señor VICEPRESIDENTE: No entre usted en todas las provocaciones del
señor Ministro, porque podemos ampliar el período de sesiones. (Risas.)
El señor MARDONES SEVILLA: Son intelectuales. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Brevemente, señor Ministro, para, tras
agradecerle su comparecencia, incidir en el único tema que nos
interesaría que nos pudiese al menos comentar, me imagino que no
solucionar: la cuestión ardua y no resuelta de la financiación de los
proyectos sobre infraestructuras.
Los anteriores intervinientes nos han facilitado el trabajo, han hablado
más en concreto de la problemática en los archipiélagos, y el Grupo
Socialista ha destacado el anuncio de la integración de las redes de
transporte, en este caso de infraestructura viaria, de estos
archipiélagos en las redes transeuropeas. Pero esto, en sí mismo, no
significa una solución, porque esta red transeuropea se encuentra con
enormes problemas de financiación, a pesar de la enorme importancia
política, no solamente económica, que se les dio desde el Tratado de
Maastricht a estas redes transeuropeas.
Como usted sabe, en el Título XII de ese Tratado se habla de que estas
redes de transporte, energía y telecomunicaciones son un reconocimiento
de la importancia que tienen para la cohesión económica y social, que es
el objetivo básico que se incorpora como gran objetivo político de fondo
a la construcción europea en el Tratado de Maastricht. En cumplimiento de
esa orientación se elabora el conocido Libro blanco, al que usted ha
hecho referencia, que fue respaldado en el Consejo Europeo de Bruselas de
diciembre de 1993. Y la gran estrella de ese Libro blanco es precisamente
todo esto de las redes transeuropeas de transportes, de energía,
telecomunicación, medio ambiente, porque sobre esa gran inversión se
montaría, no solamente el desarrollo de la construcción europea, como
elementos de comunicación física y económica, sino que también ésa sería
la gran esperanza de contrarrestar la trágica deriva del paro en nuestro
continente, del que España está, sin duda desgraciadamente en vanguardia.
De ahí provienen esos 10 u 11 proyectos prioritarios que señala el Grupo
Christophersen en junio de 1994. En ese momento aparece una enorme
financiación, necesaria antes del año 2000, que se consideraba que podía
estribar en ese momento en cerca de 91.000 millones de ecus, 91.000
mecus, que no se sabía bien en ese momento de dónde iban a salir.
No se soluciona el problema en Essen, como usted ha dicho. Se agrava algo
más, porque, como han ingresado tres países en la Unión Europea, ya no
son 11, sino 14 los proyectos prioritarios, entre los cuales están
algunos que afectan a nuestro país --usted los ha señalado--,
fundamentalmente proyectos de infraestructura ferroviaria, porque las
grandes infraestructuras previstas con carácter prioritario en un 80 ó 90
por ciento --no recuerdo ahora mismo el porcentaje-- son proyectos de
infraestructura ferroviaria; solamente hay un 10 por ciento de
infraestructura de transporte por carretera.
El problema que aparece inmediatamente es la financiación. Essen no lo
soluciona. La cumbre de Cannes tampoco lo soluciona y las dificultades de
financiación que ya aparecían en el Libro blanco se han hecho claramente
realidad. Por tanto, a estas alturas es difícil que pueda haber consuelo
para el futuro de determinadas financiaciones de infraestructuras en
nuestro país, aunque se incluyesen en la red de transporte europeo, por
un problema de financiación.
Según el Libro blanco --ya lo admitía--, la financiación tendría que
provenir sobre todo de los Estados miembros, no de los presupuestos
comunitarios, no del mundo comunitario, vamos a llamarlo. Tenía que
provenir de los Estados miembros, sobre la base de que parte tendría que
se presupuesto público y parte tendría que proceder de inversores
privados --ya sea inversión directa o ya sean créditos privados--. Ahí
tendría que aparecer la fundamental fuente de financiación.
Hay cuatro fuentes principales de financiación comunitaria: la línea
presupuestaria de la red de transporte europeo, que destina 1.800
millones de ecus al sector de transporte
en el período 1995-1999 --ya, por supuesto, las solicitudes de los
Estados miembros superan ampliamente esa cifra, están en más de 2.000
millones--; los fondos estructurales, ya sean los estructurales
propiamente dichos o el fondo de cohesión que surge en Maastricht;
préstamos del Banco Europeo de Inversiones o garantías específicas del
Banco Europeo de Inversiones.
Tenemos esas fuentes --Estados miembros, por un lado, comunitarios, por
otro--. Y, a estas alturas, me gustaría que fuese provocador, en el
sentido que decía el señor Mardones, y nos señalara de dónde va a salir o
de dónde podría salir esa financiación, que nos avanzase qué piensa hacer
el Gobierno, que preside en estos momentos la Unión Europea, para
impulsar esa financiación. Porque esa gran esperanza del Libro blanco se
quedaría absolutamente frustrada si no encontramos fuentes financieras.
La verdad es que hay un agotamiento de ideas absoluto y en estos momentos
no sabemos bien en qué va a consistir ni siquiera si se van a poder
realizar algunas inversiones prioritarias, porque las infraestructuras a
que se ha referido de Baleares y Canarias no entran en lo prioritario. Si
ya hay problema para lo prioritario, no digamos en cuanto a lo no
prioritario.
Por ello, mi breve intervención se limitaría exclusivamente a destacar la
situación en la que ahora mismo está este problema de infraestructuras.
El Gobierno español, que en estos momentos sí tiene una especial
responsabilidad, porque preside la Unión Europea, tendría que impulsar de
alguna forma, en conexión con la Comisión Europea y, naturalmente, con
asociaciones de inversores privados --que es una fuente importante de la
que se supone que también hablaba el Libro blanco, de donde saldrían
estos elementos de financiación-- y abrir un horizonte un poco menos
oscuro del que ahora mismo tenemos delante para estos proyectos de
infraestructura. No vale simplemente con situarlos en el papel, con
aprobarlos como decisión política; tienen, naturalmente, que llevarse a
cabo a través de las fuentes financieras imprescindibles.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don
Felipe Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Ministro, el Tratado de Maastricht
instituyó perfectamente el concepto de redes transeuropeas a través de
sus artículos 129 B y C y configuró este instrumento que deba contribuir
a dos objetivos fundamentales: la realización del mercado interior y la
cohesión económica y social. También quedó claro que en todo este proceso
se debería garantizar que las políticas estatales al respecto deberían
encuadrarse dentro del planteamiento de la política comunitaria de las
redes transeuropeas.
Por eso, ya desde este principio, era perfectamente factible
políticamente que se incluyeran estas previsiones dentro de las zonas
ultraperiféricas, tanto de Baleares como de Canarias. Pero como buenas
intenciones. También en este Tratado era perfectamente factible conseguir
que la interconexión y la interoperabilidad de las redes fueran
encaminadas a crear enlaces ente las regiones centrales y las más
alejadas, y ninguna más alejada, por supuesto, que las ultraperiféricas.
Luego también por este concepto cabe perfectamente --y a nosotros como
Grupo nos alegra-- que se haya incluido toda esta relación de acciones
que el señor Ministro ha anunciado esta tarde en esta Comisión para
nuestros archipiélagos españoles. Pero nuestro Grupo lo toma como un
deseo o como una declaración de buenas intenciones del Gobierno. Ahí
estamos.
Ya en el Consejo Europeo de Copenhague se solicitó por supuesto, la
Comisión del Libro blanco de crecimiento, competitividad y empleo y se
estableció la lista indicativa de 26 proyectos para la red transeuropea
de transporte, varios de los cuales afectaban a España. En el Consejo
Europeo de Essen se fijaron los 14 prioritarios y, para España, sobre la
base de que se iniciaran rápidamente --se habló entonces de iniciar en el
ejercicio de 1995--, la autopista Lisboa-Valladolid y la red sur de alta
velocidad ferroviaria, tanto la rama en dirección a Cataluña como la rama
en dirección al País Vasco.
Por cierto, en esa línea de 26 proyectos había uno del máximo interés y
al que algún portavoz ha hecho referencia, que era el sistema de gestión
de tráfico aéreo. Hubiera sido de gran interés que se hubiera mantenido,
dada la situación de esta gestión de tráfico, sobre todo en la época de
máxima afluencia turística y que afecta no sólo a Baleares, que es un
problema serio, sino también al archipiélago canario.
Toda esta historia viene a que, efectivamente, de los 26 hubo una
reducción, pero los que quedaran --esos 14-- eran prioritarios para algo,
eran prioritarios para que se activara su ejecución. Se habían quedado en
el camino 12 proyectos --repito, una lástima que se quedara el de gestión
de tráfico aéreo-- pero del resto, y por lo que afectaba a los dos
españoles, tenía que activarse la iniciación, justamente en el ejercicio
1995, como se anunció entonces.
También se ha hecho referencia --todo es consecuencia de que mi
intervención se produzca después de la de otros portavoces-- a que
procede recordar el apartado 26 del Tratado de la Unión, en su
declaración relativa a las regiones ultraperiféricas, sobre todo en
cuanto prevé la posibilidad de adoptar disposiciones específicas. Está
perfectamente justificado que se hayan adoptado y que haya la intención
de incluir estas acciones. Desde el Grupo Parlamentario Popular
aplaudimos esta decisión y la apoyaremos en todo momento, porque, repito,
está perfectamente incardinada con las previsiones citadas en los
documentos comunitarios.
Dicho esto como antecedente, quiero resaltar el hecho de que el señor
Ministro nos ha hecho una relación de buenas intenciones. Por algo se
empieza, pero realmente no ha entrado en la almendra de la cuestión y la
almendra de la cuestión es la financiación de las redes transeuropeas,
cuestión en la que coincido completamente con el portavoz de Izquierda
Unida. Este es el verdadero talón de Aquiles de toda esta cuestión,
porque ya la Comisión quiso encontrar financiación mediante la emisión de
eurobonos para cubrir los 8.000 millones de ecus anuales que en su día se
dijo que eran precisos; ya sé que posteriormente esa cifra
se ha rebajado bajando la calidad, pero esa iniciativa primera quedó
también en una buena intención, que no se concretó.
El Consejo Europeo de Corfú fijó ya la lista de estos once proyectos que
ya dictaminaba el informe Christophersen, pero no quedaba claro en
absoluto de dónde saldría el dinero. En el caso de España, había que
hacer los dos proyectos, la autopista y la alta velocidad sur, pero se
aplazó la decisión de la fórmula de financiación hasta el Consejo de
Essen, hasta diciembre de 1994. Y ¿qué ocurrió en Essen? Que se aprobó
crear la ventanilla del BEI con una financiación específica, se habló,
con créditos a veinticinco años sin interés o con un interés muy reducido
y que se podría acceder a una financiación del proyecto hasta un cierto
porcentaje que, por cierto, no era muy alto.
Y surge la primera pregunta, señor Ministro, desde nuestro Grupo: ante
aquella ventanilla abierta ¿cómo reaccionó el Gobierno español?
Concretamente, desearíamos saber si la reacción del Gobierno español para
intentar conseguir esa financiación fue al unísono o hubo discrepancias
entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas; si se
utilizó esta ventanilla o no se utilizó. En el caso de que no se hiciera,
nos gustaría conocer cuáles fueron las razones. Ya sé que la elaboración
del reglamento financiero de las redes ha ido lenta, que no dio el visto
bueno el Ecofín hasta el 20 de marzo último y que la aprobación formal no
se proyectó hasta el 19 de junio pasado. Ante este hecho ya le pregunto
de nuevo si se produjo la aprobación de ese reglamento y si ya el
reglamento está en condiciones de acudir a esa financiación. Si esto es
así, si hubiera previsto una aprobación presupuestaria previa de unos
2.365 millones de ecus, de los cuales, como ha dicho otro portavoz,
afectarían a las redes de transportes unos 1.800 millones de ecus para
esta red de transporte, también en este caso, en el supuesto de que se
hubiera aprobado recientemente, nos gustaría saber cómo va a reaccionar
el Gobierno español en sus dos posibilidades, Ministerio de Obras
Públicas y Ministerio de Hacienda, si va al unísono o no para conseguir
estas ayudas o, por el contrario, existen posturas encontradas, puesto
que, en definitiva, a estas alturas queda muy claro que existe una enorme
desproporción entre la contribución comunitaria y las necesidades totales
de financiación y algo habrá que hacer si no queremos que esto se nos
quede en una mera lista de buenas intenciones.
Nosotros creemos, señor Ministro, que la financiación acordada no
beneficia a España, y se ha dicho en los ambientes comunitarios que se
aprecia muy poco interés por parte del Gobierno español con sus dos
objetos prioritarios; se han apreciado dudas en la aplicación y la
Comisión Europea ante este hecho iba a dirigirse a las autoridades
españolas para conocer su posición respecto a estos dos proyectos. Le
preguntamos si eso ha ocurrido y en qué sentido.
También en ambientes comunitarios se ha detectado cierto desinterés del
Gobierno español en la financiación de estos dos proyectos prioritarios,
que no aparezcan en los primeros de esa prioridad, en definitiva, que
queden un poco en el furgón de cola de la lista de los once. Le pedimos
información de este hecho, si se confirma o no. Pero hay un hecho todavía
más grave y es que se ha dicho en estos ambientes que podría darse el
caso de que el grueso o parte de esos 1.800 millones de ecus pudieran
dirigirse a países de no cohesión. Incluso en el Ecofín del 20 de mayo se
trató de incluir en el reglamento un criterio de asignación en este
sentido. Le pedimos confirmación a este hecho, que sería realmente
preocupante. Como nos preocupa el hecho de que las instituciones
comunitarias que tienen que adoptar las decisiones puede que estén
constituidas por personas que en estos momentos no hay posibilidad de
gran optimismo por nuestra parte, si no son sometidas a una gestión
permanente para conseguir esa financiación. Preguntamos si se está
haciendo esa gestión, porque en estos momentos se produce esta
comparecencia cuando ya debiera conocerse qué tipo de gestión, en el
sentido de presión o de actividad, se está haciendo por algo que compete
a la Dirección General de Planificación Territorial de su Ministerio
respecto al COM-95-48 final que, como sabe el señor Ministro, es la
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
orientaciones comunitarias para el desarrollo de estas redes
transeuropeas de transporte. Creemos que es de la máxima importancia,
porque estas orientaciones tendrán importantes repercusiones para España
en su conjunto, estas dos prioridades y lo que se ha anunciado aquí para
los dos archipiélagos que, repito, a nosotros nos alegra.
Las orientaciones propuestas constituyen, ya están constituyendo, la base
de la identificación de proyectos de interés común en el marco de que van
a tener una gran relevancia para esa financiación futura que, repito, es
el caballo de batalla respecto a estos proyectos de interés común con
cargo a los fondos de cohesión o a los fondos de línea presupuestaria en
materia de redes transeuropeas, los llamados fondos RED. Como realmente
esto requería una aprobación comunitaria del Parlamento Europeo que,
parece ser, que se dictaminó el pasado 18 con un gran número de
enmiendas, le preguntamos si ya tiene noticia el Gobierno del resultado
más o menos feliz de este dictamen con tantas enmiendas, y, sobre todo,
mirando al futuro, puesto que está previsto que en el Consejo de
Ministros de diciembre de 1995 se adopte la decisión definitiva sobre el
asunto. Ya que estamos en el momento de la presidencia española, si ya se
están adoptando las medidas pertinentes para conseguir el máximo de
beneficio. Porque el reto del Gobierno español en esta materia está en
esos casi 1.500 kilómetros de alta velocidad ferroviaria o en esos 460 de
autopista Lisboa-Valladolid, parte portuguesa y parte española y
quisiéramos que hoy quedara claro si realmente se trata de algo tangible
o no, o se trata sencillamente de algo que es un deseo. Desde luego, si
no se consiguiera o se retrasara grandemente, sería una gran decepción
para el pueblo español.
Usted, señor Ministro, el 14 de febrero pasado anunció públicamente que
el Gobierno había dispuesto aplazar o ralentizar al menos el proyecto de
enlace ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Francia. Esto nos
preocupó porque ya había compromisos financieros anteriores y podía tener
repercusión. Quisiera que hoy nos tranquilizara
en esa inquietud nuestra porque, efectivamente, estamos ante un coste
global de toda la alta velocidad española pendiente, en las dos ramas,
con un presupuesto superior --se ha dicho en alguna ocasión-- a 1,7
billones de pesetas. Como realmente está incluido en los prioritarios
--se ha repetido hoy--, de estos proyectos se beneficiaría la primera
partida, y ya algunas naciones europeas acudieron a lo dotado hasta el
año 1994, que se dijo que eran del orden de 400.000 millones de pesetas,
respecto a lo que España había aportado ya su parte proporcional, que era
del 8 por ciento. O sea, una aportación española de 36.800 millones. Si
ahora la decisión es retrasar y España ya había aportado esos casi 37.000
millones, ¿no se puede dar el caso de que España haya aportado esa
cantidad, aunque no sea mucho, justamente para proyectos no españoles de
alta velocidad? Me gustaría que nos tranquilizara diciéndonos que esto no
va a ocurrir porque, desde luego, no tendría ninguna gracia, como no la
tiene el hecho de que, si bien la decisión de retrasar es reciente,
anteriormente el Presidente del Gobierno se había comprometido en las
cumbres de Corfú y de Essen a que estos proyectos españoles, sobre todo
los de alta velocidad, se iniciaran en 1995. Estamos, como mínimo, ante
un error de previsión.
También nos gustaría que nos aclarara la posibilidad de que, por la misma
razón de ese retraso, se pierda la línea especial de crédito de bajo tipo
de interés en el Banco Europeo de Inversiones.
Recientemente, para ser exacto, con fecha 26 de junio último --termino,
señor Presidente, pero el tema es...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Camisón, ¿le queda mucho?
El señor CAMISON ASENSIO: No; queda muy poco, pero creo que es importante
que aprovechemos la ocasión para decirlo.
Termino con una última cuestión. A esta iniciativa parlamentaria nuestra,
el Gobierno no contesta diciendo precisamente que, en relación con esta
línea de crédito habilitada por el Banco Europeo de Inversiones, no hay
que preocuparse, que no se ha descartado la posibilidad y, por tanto, no
se ha perdido la oportunidad de financiar los proyectos españoles. Le
pregunto si garantiza en esta Comisión, para que quede constancia, que,
efectivamente, España no va a perder esa línea de financiación.
Se nos dice de una forma literal, en respuesta a una iniciativa
parlamentaria, que para los proyectos de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Valladolid-Victoria-Dax,
aprobados, repito, por el Consejo de Essen como proyectos prioritarios,
existen determinadas coyunturas económicas presupuestarias de signo
adverso. Y tan adverso, porque, señor Ministro, según nuestros datos, la
financiación que se ha conseguido hasta la fecha de los fondos RED para
estos proyectos españoles es la siguiente: para el estudio de la línea de
alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, tramo Madrid-Zaragoza,
análisis multicriterio, análisis alternativos, estudios geotécnico y
ambiental, una ayuda de 0,6 millones de ecus; para el estudio de la línea
ferroviaria Madrid-Hendaya, Valladolid-Vitoria, estudios finales de
mejora de la línea, una ayuda de 6,4 millones de ecus; para el estudio de
ingeniería financiera de la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa, una ayuda recibida de 0, 079 millones
de ecus, y para el estudio de demanda, rentabilidad, trazado e impacto
territorial de la futura línea de alta velocidad
Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa, una ayuda recibida de 0,267
millones de ecus. Esto totaliza, según sus datos de hace una semana y
contrastados por nuestros trabajos parlamentarios, un total de 7,316
millones de ecus, que al cambio actual son poco más de 1.000 millones de
pesetas, frente al proyecto global de que hablábamos, que supone 1,7
billones.
La comparación desvela que aquí hay una cantidad realmente ridícula...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Camisón, perdone un momento. El orden del
día de hoy era fundamentalmente para los asuntos baleares y canarios, e
incluso hay un matiz más, para los aspectos ultraperiféricos. Comprendo
que es muy importante su intervención en los temas generales relacionados
con redes transeuropeas, pero los demás señores Diputados se han ceñido a
ese asunto y le ruego a usted --aparte de que ya es mucho el tiempo que
ha consumido en su intervención-- que se ajuste a ese asunto. No se
trata, y usted lo sabe, de impedirle nada; tiene usted todas las
posibilidades de pedir la presencia del señor Ministro y de todo el
Gobierno.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, en este momento no estoy de
acuerdo con esa apreciación, puesto que está claro que la comparecencia
es para las redes transeuropeas en general y, muy especialmente, para el
caso de Baleares y Canarias, pero también de forma general. Por eso me
estaba refiriendo a ellas y estos detalles afectan a la cuestión y la
enmarcan en su justa dimensión. Me queda un par de minutos; agradecería
de su amabilidad que me permita terminar, dado que usted me propone una
nueva comparecencia del Ministro justamente en el último día lectivo de
esta Cámara. Le ruego que me dé esos dos minutos; si no es así, me callo
en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Se nos dijo por escrito que, de conformidad con
lo acordado en el Consejo Europeo de Essen, la delegación española
reiteró ante la Dirección General de Transportes --la Dirección General
Séptima de la Comisión--, con fecha 29 de febrero de este año, la
intención de presentar ambos proyectos para su financiación con cargo al
fondo RED. Le pedimos noticias de esto.
También se nos indicó, en lo que se refiere a los fondos de cohesión, que
en 1995 se ha presentado el proyecto de línea Madrid-Barcelona-frontera
portuguesa, inversión en plataforma en los tramos Zaragoza-Lérida y
Ricla-Calatayud, a fin de obtener financiación complementaria. Le pedimos
información sobre esta financiación comunitaria complementaria.
Respecto al anuncio de licitación en el año 1995 e iniciación de obras
--dicho por escrito-- para el tramo Ricla-Calatayud, un tramo de una red
transeuropea, quisiéramos, si puede, que nos dé noticias de si se han
cumplido esas previsiones a estas alturas, puesto que estamos a mediados
de 1995.
Por último, señor Presidente, quedó claro en esa iniciativa parlamentaria
que, respecto a la línea Madrid-Valladolid-Vitoria-frontera francesa, se
procedió --según se nos dijo-- a remitir consultas de la memoria resumen
del tramo Madrid-Valladolid y Vitoria-Irún y que del tramo Burgos-Vitoria
se encuentra prácticamente terminada la memoria resumen y sería remitida
a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. Me gustaría saber
si todos estos trámites se han cumplido o en qué situación están.
Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia con el
tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Intentaré ser breve en mis respuestas porque muchos
de los planteamientos que me hacen los señores Diputados no los puedo
contestar o los puedo contestar diciendo que no lo sé, que quizá es la
verdad más pura y dura y sobre estos temas yo aconsejaría que pidieran la
comparecencia del Ministro de Economía y Hacienda y le plantearan los
interrogantes que han expuesto sobre financiación, porque, como ustedes
saben, éste es un tema que se resuelve en Ecofin y un Ministro de Obras
Públicas no puede sino adaptarse a las circunstancias financieras. Ya sé
que es el Gobierno el que comparece, pero comparece para contestar a lo
que se le pregunta, no sobre cualquier tema que se le ocurra sobre la
marcha a un Diputado, venga o no venga a cuento con el tema objeto de la
comparecencia. Si quieren hablar sobre otros temas, con mucho gusto estoy
a su disposición o el Gobierno designará la persona que entienda más
adecuada para contestar, en función del reparto de las competencia
ministeriales.
El señor Segura plantea un tema relacionado con la ultraperificidad, es
el tema de la interrupción en el espacio aéreo. Sabe el Senador que
estamos tratando de conseguir resolver este problema, porque desde un
punto de vista operativo existe una amplia zona denominada de estatuto
particular, declarada por Marruecos, en el Atlántico, al noroeste de las
Islas Canarias, que es un primer problema para que podamos expandir los
límites del FIR-UIR canario hacia la península o del FIR de Sevilla hacia
Canarias. Técnicamente no hay problema alguno, los avances tecnológicos
actuales y la posibilidad de utilizar sistemas de posicionamiento via
satélite nos permitirían ejercer un control de tráfico aéreo sin
limitaciones operativas. No es un problema técnico, es un problema
político que no tiene fácil solución, porque ya sabe usted que todos los
países son reacios a perder competencias de control en el espacio aéreo,
por supuesto en el que son soberanos, pero incluso en aquellos en los que
no siéndolo actúan como delegados de organismos internacionales. Francia
no quiere ceder el control del tráfico aéreo en el Mediterráneo central,
que tiene en función de su vieja relación con Argelia como potencia
colonial que fue, y eso nos ha creado problemas enormes este verano como
consecuencia de la huelga de los controladores franceses. Marruecos,
aunque tiene dificultades técnicas para garantizar un control eficiente
de un espacio que le está asignado, cree que es una pérdida de influencia
o de importancia política cederlo a España. Estamos en contacto con el
Gobierno marroquí y esperamos poder conseguir un avance en este terreno;
cualquier iniciativa que tome cualquier grupo político a través de una
proposición no de ley o cualquier instrumento parlamentario que nos
permita esgrimir, frente a las autoridades internacionales, la
importancia que tiene este tema para nuestro país será bienvenido.
No puedo ofrecerle una solución y tampoco puede hacerlo la Unión Europea,
porque no tiene competencias en tráfico aéreo. Por eso, cuando me instan
ustedes que pongamos en marcha mecanismos comunitarios en materia de
tráfico aéreo, hay que saber que eso no es Europa --son las Naciones
Unidas, a través de sus organismos especializados, la OACI-- quien es
capaz de tomar decisiones. Sin embargo, y conociendo esta limitación, que
en el caso de Marruecos nos conduce a una negociación bilateral ardua en
la que entran otras consideraciones por completo alejadas de los
problemas de las infraestructuras y del tráfico aéreo, estamos en ello.
Técnicamente no hay ningún problema, seríamos capaces de garantizar el
control desde las Canarias hasta la península desde nuestras
instalaciones, aunque, como digo, allí el problema es bilateral y tiene
que ser resuelto por la OACI, si Marruecos quiere, y si Marruecos no
quiere no se hará; no hay forma de conseguir que modifique su posición si
no desea hacerlo.
En materia europea, hemos convocado el consejo informal de Ministros de
Transportes la próxima semana en Mallorca para tratar precisamente de
este tema, de qué manera puede Europa dar una respuesta a las situaciones
de congestión que afectan a las emigraciones de ciudadanos europeos,
verdaderas emigraciones, temporales pero emigraciones, de centenares de
miles de personas. Este consejo informal en Mallorca el próximo fin de
semana intentará tratar este tema con toda la profundidad necesaria y
espero que de allí surjan iniciativas que nos permitan hacer frente a
situaciones de colapso como las que vivimos el verano pasado, sabiendo
que al final siempre tendremos que contar con autoridades que van más
allá de la propia Unión Europea. También espero que no coincida la
presencia de los Ministros de Transporte europeos en Mallorca con una
situación compleja como lo fue la del verano pasado. Deseo que este año
no la tengamos, y creo que no la tendremos porque Francia ha dado toda
clase de garantías de que eso no se volverá a repetir, aunque cualquier
situación de avalancha de tráfico produce congestión inevitablemente y
ningún aeropuerto es capaz de recibir en la misma hora a centenares de
miles de personas. Espero que los problemas usuales de esta época no se
conviertan en congestiones
causadas por circunstancias excepcionales, como lo fueron el verano
pasado.
Yo había venido a esta comparecencia sin ningún ánimo de polémica, señor
Mardones, y estoy seguro de que nadie ha apreciado en mi intervención
ningún espíritu dinamitero. Yo había dejado la dinamita y los torpedos en
casa, porque ciertamente el tema no se presta a ello y estoy seguro de
que no es eso lo que el señor Mardones trata de inducir en mi respuesta.
Es verdad que los temas son extraordinariamente importantes,
apasionantes, de ellos dependen nuestro bienestar y nuestro progreso, y
por eso mismo puedo decirle, señor Mardones, y a todos los señores
Diputados y Senadores que han intervenido, que las redes transeuropeas es
un ejercicio neokeynesiano del señor Delors, que trató de hacer frente a
una depresión económica en Europa utilizando instrumentos clásicos de
relanzamiento vía inversión pública o privada, catalizada en cualquier
caso desde el poder político. Hay que reconocer que Europa ha sido capaz,
tristemente capaz, de convertir un «boom» expansivo, un shock expansivo,
como fue la unificación alemana, en una depresión. Hace falta hacerlo,
convertir un shock de demanda como fue la unificación alemana, que
hubiera debido lanzar la economía, en una fase aguda de depresión, la más
intensa, aunque afortunadamente corta, después de la Segunda Guerra
Mundial. Algo ha fallado en el proceso de construcción europea para haber
conseguido convertir lo que hubiera sido una ocasión de relanzamiento
económico en una depresión gravísima.
Esos planteamientos de Delors, neokeynesianos, lo quieran o no y por
mucho que los dibujen de otra manera, no han sido seguidos por los
responsables de las finanzas europeas; para qué nos vamos a engañar. De
bonos de la Unión nunca más se habló y las exigencias y condiciones de la
convergencia --me refiero a la convergencia europea, no a otra-- han
condicionado seriamente un planteamiento que tenía una voluntad política
que no ha sido seguida como consecuencia de unos comportamientos que yo
no entro a valorar y que, como miembro del Gobierno español, entiendo
perfectamente desde la perspectiva de los equilibrios de las finanzas
públicas, que han generado una demora importante en la aplicación de los
mecanismos previstos, que han ido rebotando de consejo europeo en consejo
europeo a la búsqueda de una mejor coyuntura.
Desde la perspectiva española hay dos clases de proyectos: aquellos que
vamos a hacer con o sin las redes transeuropeas, y que si nos dan
financiación adicional pues muy santo y muy bueno, pero que vamos a hacer
en cualquier caso, y aquellos que para hacerlos necesitamos de unos
apoyos financieros que son condiciones «sine qua non». Para su
tranquilidad, todos los aeropuertos canarios se van a hacer al ritmo
técnicamente más rápido posible, estén o no estén en los mecanismos de
financiación europea; o sea que sobre su preocupación sobre si
Rodeos-Norte o Tenerife se va a ver afectado puedo asegurarle que Aena
tiene programada inversión en los aeropuertos canarios por valor de
92.000 millones de pesetas, en perfecta coordinación con las autoridades
canarias locales y regionales, y que eso se va a acometer en los plazos
técnicamente más cortos posibles, aunque no venga una peseta de los
proyectos de grandes redes europeas. Eso creo que debería zanjar la
discusión sobre los temores que podamos mantener. Esos proyectos, muy
santo y muy bueno si nos dan dinero europeo, pero si no nos lo dan los
haremos igual, porque Aena tiene «cahs flow» suficiente para ello y
porque están catalogados como primera prioridad en su plan de
inversiones, con un importe de 88.000 millones en aeropuertos y 3.500 en
navegación aérea.
Somos conscientes de que los estrangulamientos que pueden producir en
nuestra industria turística unas infraestructuras de transporte
aeroportuario ineficientes son tan grandes que allí no deberíamos aplicar
ningún ajuste presupuestario, y afortunadamente, como Aena tiene sus
propios recursos (y creo que fue una buena estrategia decir: vamos a
aislar la política aeroportuaria de los recortes y que lo paguen los
usuarios reinvirtiendo lo que los usuarios pagan en inversiones que les
favorecen y benefician porque recortan los tiempos de espera y aumentan
la capacidad de transporte), hay dos grandes clases de proyectos: los que
vamos a hacer y los que no vamos a hacer en función de que tengamos o no
financiación comunitaria.
La autopista hacia Lisboa desde Valladolid por Salamanca la vamos a
hacer, aunque no vengan recursos presupuestarios europeos. Sería bueno
que llegaran, porque eso equilibra mejor el conjunto de las cuentas de
los programas de inversión, pero eso es una prioridad nacional que será
apoyada por recursos presupuestarios europeos: si no está apoyada por
ellos, tendrá que serlo por los presupuestos del Estado, es decir,
reduciendo otras inversiones. En cambio, los trenes de alta velocidad
necesitan ingentes recursos, su financiación europea es determinante, no
tienen ninguna rentabilidad privada que atraiga a ningún inversor y por
eso dependen críticamente de cómo evolucionen las redes transeuropeas. Y
ustedes me han asaetado a preguntas diciéndome: ¿pero de dónde va a venir
la financiación? ¿Qué va a decir el presupuesto comunitario del año que
viene? Pero ¿cómo será el reglamento financiero? Pues no lo sé, no lo
sabe nadie. Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan estas
negociaciones y de qué manera la Unión genera recursos, canaliza
inversión privada subsidiada, porque si no es subsidiada no irá, porque
tiene otras alternativas, y de qué manera la convergencia de los Estados
miembros hacia los criterios de Maastricht les permite mantener un
esfuerzo inversor o no. Esa es la respuesta muy sucinta que tendría que
dar al Diputado señor López Garrido. No lo sé, no lo sé yo y no lo sabe
nadie. ¿De dónde va a venir la financiación? Pues quien tiene que decirlo
no lo ha dicho, y quien tiene que decirlo son las instituciones
comunitarias.
Cuando alguien ha preguntado qué pinta el Parlamento Europeo sobre
decisiones que solamente van a afectar al presupuesto --ha sido el señor
Mardones--, no pinta nada. Si vamos a pagar nosotros, no pinta nada; sólo
pinta si queremos que pinte, es decir, si queremos que aporte
financiación.
El aeropuerto de Palma de Mallorca tiene financiación comunitaria; si no
la hubiera tenido, ¿no hubiéramos hecho el aeropuerto de Palma de
Mallorca? Naturalmente
que lo hubiéramos hecho. AENA hubiera tenido que financiar su inversión
con cargo a un mayor endeudamiento o hubiera modulado otras inversiones
en el tiempo, pero no hubiéramos dejado de hacer este aeropuerto. ¿Nos
dan financiación? Fantástico, eso quiere decir que AENA se endeuda menos,
tendrá menos cargas financieras y podrá atender otras necesidades de
inversión a un ritmo más rápido. Ahí el Parlamento Europeo pintará lo que
queramos que pinte, si pinta mucho, estupendo; si pinta nada, paciencia;
pero desde luego hay que acudir a las instancias comunitarias si queremos
que tomen decisiones comunitarias que nos beneficien. Si no las toman,
algunas inversiones las haremos igual; otras, las ralentizaremos al ritmo
necesario para adaptarse a un escenario presupuestario, que por cierto
tampoco conozco.
¿Alguien conoce el escenario presupuestario del año que viene en materia
de inversión? Todavía no, naturalmente, y no lo sabremos hasta que no lo
sepamos. (Risas.) No, yo tampoco lo sé; no lo sabe nadie. Estamos
discutiendo un presupuesto que tendrá que aprobar la Cámara, y donde de
momento se han manifestado posiciones divergentes. Ya saben ustedes que
el Grupo Socialista no tiene votos suficientes para apoyar el presupuesto
que a su Gobierno le gustaría hacer y, por tanto, estamos en función de
una negociación que se está desarrollando y que yo no puedo anticipar.
Como ministro de las inversiones, me gustaría mantener la inversión con
los mayores ritmos posibles, pero soy consciente como espero lo sean SS.
SS. de que el objetivo de ajuste del déficit presupuestario va a
significar ajustes en la inversión. No vamos a ajustar el déficit
presupuestario por arte de magia, y eso implica un escenario hoy día no
definido todavía, en el cual los ministros responsables de partidas del
presupuesto que son más flexibles que otras tenemos más interrogantes que
otros. Pero es que ni siquiera el presupuesto comunitario está definido.
Comprendo la inquietud y la razón de ser de sus preguntas, que yo me las
hago a mí mismo, y durante la presidencia española intentaremos
contribuir a levantar estas incógnitas.
Estaba diciendo, señor López Garrido, en su ausencia que no le puedo
decir de dónde va a salir la financiación sobre todo para las
ferroviarias. Las de carreteras saldrán de los presupuestos del Estado,
y, aunque no haya financiación comunitaria, la aportará el presupuesto, y
no son muy importantes, pero los ferroviarios en España dependen de
aportaciones públicas que rebajen el nivel de rentabilidad para hacerlos
hipotéticamente atractivos para el sector privado; digo hipotéticamente,
porque no hace falta ser un genio de las finanzas para calcular la tasa
de rentabilidad de un tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
para ver cuán poco atractivo es para un inversor privado en su sano
juicio. Por tanto, tendremos que echar cuentas y ver de qué manera es
posible rebajar esos umbrales de rentabilidad, con unas aportaciones que
hoy no están definidas porque en los consejos Ecofin los Ministros de
Economía y Hacienda no han creído oportuno --y no seré yo quien les
critique-- , desarrollar los escenarios financieros de la Unión de forma
acorde con los planteamientos que he calificado, y creo que lo son, de
neokeynesianos del Libro blanco, en algunos de sus aspectos. Pero el
neokeynesiaísmo no es solamente forzar el déficit público, es orientar
inversión, aunque sea privada, con criterios de orientación política a
través de mecanismos de muy variado tipo, ninguno de los cuales está
suficientemente bien defendido todavía.
Nosotros en nuestra presidencia tenemos que acabar de una vez la
discusión y la concertación entre el Parlamento y el Consejo sobre las
prioridades y los proyectos que deben constituir estas redes
transeuropeas. Acabar de una vez un proceso de concertación que debería
ser uno de los objetivos, y espero que resultados, de nuestra
presidencia.
He contestado al Senador Segura su inquietud sobre la continuidad del
espacio aéreo aunque no se la haya resuelto.
Al Diputado Mardones creo haber hecho referencia a algunos de los
aspectos que más le podrían preocupar, con un compromiso muy importante,
y una reafirmación de los planes de inversión de AENA en Canarias, que
constituyen una inversión histórica, porque entre los que hemos hecho y
lo que vamos a hacer estamos hablando de una inversión que supera los
110.000 millones de pesetas de inversión. Le aseguro, señor Mardones, que
vamos a dejar la red aeroportuaria de Canarias de primera categoría, en
capacidad y en calidad; usted sabe que hay obras en marcha y otras que
han sido terminadas, que lo atestiguan.
En «handling», estamos absolutamente de acuerdo con la Comisión, no con
otros Estados miembros menos liberalizadores que nosotros. España está
liberalizando su «handling» mucho más aprisa que los alemanes el suyo.
Aquí hay algunos que pasan por ser muy liberales y otros que pasan por
serlo menos, pero a la hora de la verdad quién liberaliza el «handling» y
quién no lo hace. ¿Quién ha liberalizado el «handling» en los aeropuertos
canarios y lo va a hacer en Barcelona y en Barajas? ¿Quién no lo va a
hacer en Frankfurt? Nosotros estamos en primera línea con la Comisión,
avanzando despacio pero bien en un proceso de introducir competencia para
reducir costes en actividades donde se puede hacer, y, en cambio,
rechazándolo allí donde no aportaría una ventaja comparativa adicional.
En puertos, tampoco se preocupe usted. Los puertos españoles generan
«cash flow» suficiente para financiar sus inversiones, y, además, hemos
conseguido rebajar el 10 por ciento en media sus tarifas este año, y ya
les anuncio que vamos a ser capaces de rebajar otro 10 por ciento más las
tarifas portuarias el año que viene; o sea, vamos a mantener una
inversión de 50.000 millones de pesetas al año, habiendo rebajado el 10
por ciento las tarifas este año y les anuncio ya otro 10 por ciento, como
mínimo, el año que viene. Agradezcámoselo a la eficacia y a la dedicación
profesional de un conjunto de personas que han modernizado
extraordinariamente nuestra red portuaria y aeroportuaria.
Ya le he contestado qué pinta el Parlamento Europeo. Yo creo que los «cas
flow» de los aeropuertos no se pueden segregar territorialmente. Los
aeropuertos son centros de coste, pero no son automáticamente centros de
beneficio porque el tráfico que reciben nace en alguna parte; si no
naciera no lo recibiría y el beneficio de un aeropuerto se materializa en
él pero está generado por otro. Entonces, no se puede ver por partes,
porque si cerráramos algunos aeropuertos deficitarios (ya sé que usted no
lo propone) alteraríamos la generación de «cash flow» de los aeropuertos
que tiene superávit.
Se lo vuelvo a repetir. Con este programa de inversión los canarios no
tienen que temer nada, tampoco los mallorquines, ni los habitantes del
archipiélago balear en su conjunto, de que las redes transeuropeas no
avancen al ritmo suficiente en materia de financiación de puertos y
aeropuertos.
Donde hay un interrogante, que no soy capaz de levantar, es en materia de
trenes de alta velocidad. El señor Camisón ha hecho una serie de
preguntas sobre si me reafirmo en el contenido de las respuestas que mi
Gobierno, el Gobierno del que formo parte, le ha transmitido, obviamente
sí, señor Camisón, todo lo que hayan dicho por escrito es como se lo han
dicho; puede estar tranquilo que lo que contestamos responde a la
realidad. Le agradezco que por una vez me atribuya buenas intenciones, ya
sabe usted que nunca queremos discrepancias con el Ministerio de Economía
y Hacienda, y cuando las tenemos las resolvemos en un diálogo
constructivo entre colegas de un Gabinete que a veces tienen distintas
aproximaciones de una realidad compleja, pero siempre acaban siendo
saldadas, en su caso, por el arbitraje del Consejo de Ministros y su
Presidente.
No hay ningún riesgo de que aportemos sin recibir, eso se lo garantizo
absolutamente, aunque haya proyectos que se retrasen. Si todo va bien,
vamos a contratar el primer tramo de la alta velocidad Madrid-Frontera,
este año. Uno de los tramos entre Lleida y Zaragoza va a ser contratado
este año. Este tramo, aunque sólo sea simbólicamente creo que tendríamos
que hacerlo. Es un tramo que requiere una inversión de 7.000 millones de
pesetas y sería muy bueno que en el próximo ejercicio presupuestario se
iniciaran las obras --cuando se inician las cosas se continuan-- entre
lleida y Zaragoza en el primer tramo de lo que debe de ser una obra
estructurante de nuestra geografía. Ricla-Calatayud. Estamos en
condiciones de licitar la obra este año; pero esta obra cuesta 45.000
millones de pesetas y no podría contratarla antes de conocer el escenario
presupuestario del próximo año.
Finalmente estamos en contactos con el nuevo Ministro francés de
Transportes para intentar desbloquear la financiación y el acuerdo sobre
el túnel transfronterizo, que debería permitir impulsar la comunicación
entre Barcelona y la frontera francesa. Este Gobierno entiende que es una
parte integrante de una conexión,
Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Frontera, que no se puede ver como una
pieza distinta del resto, sino como parte conjunta de un proyecto donde
hay zonas más rentables y otras menos rentables, pero hay que considerar
como parte de la gran dorsal peninsular que debería aproximarnos a todos
a Europa. De esto les podré dar más detalles cuando presentemos el
presupuesto de este año.
Para resumir decirle que vamos a contratar el primer tramo
Lleida-Zaragoza este año para que las obras empiecen al año que viene. Es
un tramo pequeño de 7.000 millones de pesetas de inversión que se
construirá, en principio, en ancho Renfe, para mejorar progresivamente la
eficacia del corredor de transporte ferroviario, sin perjuicio,
lógicamente, de que cuando esté terminado se pase a ancho internacional.
Queremos impulsar el Barcelona-Frontera con todas nuestras fuerzas y toda
nuestra ilusión, pero dependemos de un acuerdo con el Gobierno francés,
que no podía ser aceptado en sus términos, porque era muy lesivo para
nuestros intereses, así lo consideró también el anterior Consejero de
Obras Públicas del Gobierno de Cataluña, y estamos en conversaciones con
el nuevo ministro, aunque todavía no hemos sido capaces de avanzar mucho
más que en el pasado.
Esto es todo, señoras y señores senadores y diputados, lo que tengo el
honor de informarles sobre un tema que, como dice el señor Camisón, es
interminable, pero que desgraciadamente tenemos que ponerle un coto
temporal.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias señor Ministro. En nombre de
todos los comisionados quiero decirle que estoy seguro de que la
presidencia española y usted harán el esfuerzo necesario, aunque no
tengan muchas vacaciones.
Al respecto de los comisionados quiero desearle felices vacaciones.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.