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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 83, de 03/07/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 83
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 25 (extraordinaria)
celebrada el lunes, 3 de julio de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA
Comparecencia del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe),
para informar:
--Acerca de los avances alcanzados en el tercer pilar del Tratado de
Unión Europea (UE) durante la presidencia alemana en el segundo semestre
de 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente Congreso 213/000537 y número de expediente Senado 711/000137.)
--De los avances producidos en los trabajos del tercer pilar de la Unión
Europea (UE) y líneas de actuación previstas durante la presidencia
europea. A petición propia. (Número de expediente Congreso 214/000112 y
número de expediente Senado 711/000138.)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señor Ministro. Señorías, celebramos
hoy el pleno de la Comisión Mixta para la Unión Europea en un día
realmente importante, ya que esta comparecencia ha coincidido en la fecha
--y creo que debemos felicitarnos todos de ello-- con que hoy se ha hecho
realidad la Presidencia de la Unión Europea por parte de España de este
semestre, en el que sin duda muchos son los temas que están abiertos, y
ojalá, por el futuro de la Unión Europea y también por la defensa de los
intereses nacionales, pudiéramos felicitarnos, al finalizar este
semestre, de los éxitos que en la próxima Cumbre de Madrid va a obtener
esta Presidencia española.
En cualquier caso, agradecemos la presencia --también por esta razón en
un día especialmente complicado para él-- del señor Ministro de Justicia
e Interior, que comparece, en primer lugar, a petición del Grupo Popular
que solicitó su asistencia para explicar los avances alcanzados en el
tercer pilar del Tratado de la Unión Europea durante la Presidencia
alemana, en el segundo semestre de 1994. Realmente, resultar paradógico
que cuando ha pasado ya otra Presidencia, después de la alemana, e
iniciamos hoy la española, tengamos todavía este punto tan atrasado en el
orden del día. De todas formas, como los temas han tenido una continuidad
en el tiempo, estamos seguros que quedarán ampliamente contestados en la
comparecencia que el propio señor Ministro de Justicia e Interior ha
solicitado para informar de estos mismos avances producidos en los
trabajos que se han ido desarrollando a continuación, y asimismo nos dará
cuenta de las líneas de actuación que tiene previstas el Gobierno durante
la Presidencia española y, por tanto, de cara a la Unión Europea.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señora
Presidenta, muchas gracias, e igualmente a todos los miembros del
plenario de esta Comisión.
Efectivamente, esta mañana hemos tenido una primera reunión bilateral con
la Comisaria Gradin, que es la responsable del tercer pilar, como SS. SS.
conocen, y después un plenario con el conjunto de la Comisión. Por tanto,
al texto inicial de la comparecencia que tenía preparado también podré
añadir algún comentario sobre lo que ha ocurrido esta misma mañana en
este marco.
Sin duda, mis primeras palabras son de satisfacción por tener la
oportunidad de exponer ante SS. SS. las líneas básicas de los trabajos
que se desarrollan en el marco del tercer pilar.
Si me lo permiten, me gustaría hacer incluso un comentario previo. Es
verdad que el Parlamento Europeo, con razón, ha criticado el grado de
desarrollo del tercer pilar. Conocen SS. SS. perfectamente el informe del
Parlamento Europeo sobre este tema. Es verdad que buen número de países
de la Unión, entre ellos España, se sienten sólo parcialmente satisfechos
en esta materia. Por eso querríamos imponer un ritmo distinto a los
trabajos de este tercer pilar.
De todas maneras, me parece que no sería injusto decir que los progresos
en materia de tercer pilar, aunque muy lentos, tienen una característica
especial respecto de los progresos en otros ámbitos de la Unión Europea.
Esa característica es la de que se trata de pasos irreversibles. Fíjense,
señorías, que siempre que hablamos de temas de justicia y de interior
estamos hablando, en realidad, de temas muy vinculados, muy cercanos al
concepto de soberanía, incluso al concepto decimonónico de soberanía. Es
decir, cualquier concesión en este terreno resulta particularmente
difícil, puesto que el conjunto de países de la Unión está satisfecho,
con mayor o menor razón, de su sistema judicial, de su sistema policial.
En definitiva, se trata de temas que conectan, casi, con el inconsciente
colectivo de la soberanía. Eso determina dificultades en los pasos, pero,
al propio tiempo, estamos convencidos de que esos pasos son irreversibles
y que quizá son, en suma, los que harán posible esa Europa que todos
deseamos.
Una de las novedades esenciales, como SS. SS. saben, que se introdujo en
el Tratado de Maastricht fue la cooperación en materia de justicia y en
materia de seguridad, junto con los objetivos tradicionales de la Unión
Económica y Monetaria. El Tratado de la Unión decidió avanzar en dos
ámbitos nuevos. Por un lado, el llamado segundo pilar, constituido por
las políticas exteriores y de defensa, y, por otro, el tercer pilar, que
es la cooperación en materia de justicia e interior.
Desde el punto de vista del trabajo del Gobierno español, los aspectos
esenciales del Tratado de la Unión, en cuanto hace referencia a este
tercer pilar, se reducen a dos conceptos que repetimos mucho, porque son
particularmente emblemáticos. Por un lado, la ciudadanía europea; por
otro lado, el espacio judicial y policial europeo. Sin duda esos dos
conceptos resumen --creo-- de manera razonable cuáles son las ideas que
inspiran nuestro trabajo en este ámbito.
El tratamiento de estas materias presenta, sin duda, singularidades en
términos comunitarios.Ya en la Conferencia Intergubernamental que preparó
la reforma quedó claro que sólo podían aplicarse las reglas comunitarias
con un carácter limitado, por la razón que antes les he indicado con
carácter general: por tratarse de materias básicas de la soberanía
estatal. Esa razón sería ideológica en el sentido no estimulante del
término, pero después hay una razón de fondo, válida, y es que sin duda
se trata de materias en que los poderes judiciales de cada uno de los
países juegan un papel específico insustituible --afortunadamente
insustituible-- desde la óptica del trabajo de los poderes ejecutivos.
Este esquema es el que condiciona los trabajos posibles en el campo del
tercer pilar.
En el campo de la justicia, el respeto absoluto al Poder Judicial, a los
poderes judiciales independientes, limita --en este caso
afortunadamente-- las posibilidades de actuación del Ejecutivo. En los
asuntos de interior pienso que ya no cabe el adverbio afortunadamente. La
limitación, en este caso, viene más bien dada por el hecho de que los
asuntos de interior, proverbialmente, han venido a ser casi el núcleo, el
centro del Poder Ejecutivo. Y el ampliar, aunque sea con una
participación muy limitada de la Comisión y de las demás instituciones
comunitarias, la actuación de la Unión Europea, supone un progreso,
objetivamente hablando, hacia una unidad sustancial. Pero la iniciativa
en estos campos sigue siendo de los Estados, que para ello han creado una
estructura de trabajo, cuyo eje sigue siendo el Consejo de Ministros.
Los avances en estas materias parten de un principio esencial, deberían
partir --quizá sería más realista-- de un principio esencial: la
confianza entre los Estados miembros en la homogeneidad básica de sus
sistemas judiciales y policiales; en definitiva, en la convicción
recíproca de que cada uno de los Estados miembros de la Unión tiene un
sistema de derechos y libertades, tanto en los ámbitos sustantivos como
procedimentales, suficientes para garantizar el respeto al principio de
legalidad, el bagaje común
de derechos humanos y libertades fundamentales que constituyen patrimonio
de la Unión, y además unos órganos judiciales independientes capaces de
asegurar un efectivo control de esos derechos y libertades.
Desde otra perspectiva, a todos nos parece evidente que el crimen
organizado, como la delincuencia, en muchos campos es cada vez más
trasnacional, por lo que la colaboración en todos los Estados es hoy, sin
duda, un elemento imprescindible. La lucha contra el narcotráfico, el
terrorismo o la trata de seres humanos requiere una eficaz colaboración
policial y hace urgente dotar a los órganos jurisdiccionales con
instrumentos de cooperación internacional más eficaces.
Un procedimiento de extradición más sencillo, que realmente se basa en
ese principio de la confianza mutua, un sistema de reconocimiento de
resoluciones judiciales más rápido y ante órganos más próximos a los
encargados de la ejecución de las resoluciones y la agilización de las
diversas formas de auxilio judicial nos parecen a todos instrumentos
elementales e imprescindibles para el logro de estos objetivos. Por otro
lado, el avance hacia unas fronteras exteriores comunes, la libre
circulación de ciudadanos comunitarios hace también necesarios
instrumentos en materia de control de fronteras, política de visados y
régimen de asilo.
Pensamos que la contribución de España en estas materias ha sido
razonablemente significativa. Nuestro país es partidario de avanzar
decididamente en todos esos campos, en los que es posible contar con
nuevos instrumentos que faciliten o simplifiquen la cooperación entre
órganos judiciales, administraciones de justicia y de los órganos
encargados de los distintos aspectos de colaboración en materia de
interior.
Una primera evaluación de los resultados de los trabajos que se han
desarrollado desde la primera reunión de Maastricht debería hacerse, en
mi opinión, partiendo de tres consideraciones. La primera, que se trata
de estructuras de trabajo, campos o instrumentos jurídicos cuyas
carencias o dificultades sólo es posible empezar a contrastar ahora, con
una cierta perspectiva; dos años, en definitiva, como saben SS. SS.,
tiene de vigencia el tercer pilar. Segunda, que precisamente por esto el
Tratado de la Unión prevé la conferencia intergubernamental para el año
1996, que como saben SS. SS. corresponde, sin embargo, preparar bajo
Presidencia española. Tercera, que los trabajos y resultados llevados a
cabo han demostrado que la voluntad de avanzar de modo efectivo existe en
todos los Estados miembros, o quizá habría que matizar en casi todos los
Estados miembros (algún país en concreto mantiene una actitud bastante
más reticente hacia los avances en el tercer pilar). Pero también sin que
la crítica haga olvidar el matiz que antes he indicado, es decir, que en
este campo resulta siempre por definición más difícil avanzar; choca más
directa y frontalmente con instituciones muy arraigadas en la historia
real, en la vida real de los ciudadanos de los diversos países de la
Unión. Hay temas, sin duda, que complican los avances en el ámbito del
tercer pilar: el papel institucional del Tribunal de Justicia, el papel
del Parlamento Europeo y los temas de financiación; en Cannes, por
cierto, se ha dado un avance significativo al existir ya un presupuesto
específico para el tercer pilar.
Hecho este planteamiento general, voy a tratar de indicarles cuáles son
las líneas de actuación en las que vamos a trabajar prioritariamente
durante la Presidencia española. Sintéticamente sería Europol --sin duda
la gran asignatura pendiente del tercer pilar y seguramente el único
extremo en que la reunión de Cannes no fue plenamente satisfactoria en
términos comunitarios--; el convenio de extradición; la extensión del
Convenio de Bruselas en la materia concreta del derecho de familia; el
impulso sobre el convenio de quiebras, cuyos trabajos --SS. SS.
recordarán-- empezaron en marco europeo en el año 1988 y que todavía hoy
no ha sido posible llegar a un resultado en este ámbito, o la necesidad
de dar un impulso a una política común sobre drogas. En este sentido les
puedo indicar que esta misma mañana hemos decidido la Comisaria del
tercer pilar y el Gobierno español llevar a cabo en el mes de diciembre
--los días 7 y 8-- en Bruselas una conferencia sobre políticas de los
Estados miembros en materia de drogas. Se trataría de constatar los
elementos comunes, los elementos convergentes en materia de política de
drogas en los países miembros, constatar, asimismo, los elementos de
divergencia, que los hay e importantes, e intentar encontrar fórmulas,
propuestas de aproximación cara a un intento de acción común en materia
de lucha contra la droga.
Los grandes objetivos políticos de nuestra Presidencia van a ser o
podrían por lo menos sistematizarse en los puntos siguientes. Primero,
contribuir al desarrollo --antes lo indicaba-- del estatuto de la
ciudadanía europea mediante la mejora del funcionamiento del sistema de
garantías en el ámbito de los derechos a la libertad de circulación y a
la seguridad de los ciudadanos; segundo, favorecer la adhesión de los
Estados miembros al cumplimiento de los deberes comunitarios, tratando de
aumentar así la confianza en el funcionamiento --que necesariamente debe
ser transparente y más próximo-- de las instituciones comunitarias. Estos
dos objetivos políticos han llevado a la Presidencia española a definir
una serie de áreas de trabajo --ya en su momento los elementos esenciales
se coordinaron con la Presidencia francesa--, y nuestro trabajo y nuestra
obligación es coordinar con la futura presidencia italiana.
Las áreas de trabajo serían las siguientes. La primera, avanzar en la
lucha contra todas las formas de criminalidad organizada, mejorando los
mecanismos de cooperación judicial y policial; en esta área habría que
incluir, sin duda, el intentar fijar una política común, una acción común
en materia de drogas. En segundo término, reforzar la confianza entre los
sistemas judiciales de los países de la Unión, tratando de aumentar el
conocimiento respectivo no ya sólo de los sistemas, sino de los propios
operadores judiciales. En tercer lugar, facilitar el acceso a la justicia
a los ciudadanos de la Unión y lograr una respuesta judicial, que en el
plano comunitario no es muy distinto del plano interno nacional; es
decir, esa justicia más ágil y eficaz que todos consideramos
imprescindible. En cuarto término, profundizar en las relaciones entre el
derecho comunitario y los derechos penales nacionales. En quinto lugar,
avanzar en una política común de asilo e inmigración; y en sexto término,
extender la cooperación en los ámbitos de justicia e interior, no sólo a
los pecos --a los países, en definitiva, de Europa Central y Oriental--,
sino también (desde el punto de vista de España y en general del sur de
Europa particularmente importante) con los países del Magreb y más
singularmente con Marruecos.
En la lucha contra la criminalidad organizada, el esfuerzo esencial de la
Presidencia española se va a tener que volcar, como ya lo hizo la
francesa, en el convenio Europol, aunque, como saben SS. SS., en Cannes
se fija una fecha hasta junio del año 1996, con lo cual el diagnóstico de
Cannes no es particularmente optimista. Se da por supuesto que es posible
no llegar a una fórmula definitiva hasta la conclusión de la Presidencia
italiana.
Saben SS. SS. que el problema central por el que no ha sido posible el
acuerdo es simplemente el papel --que es un elemento importante, en
definitiva, el único que ha impedido el acuerdo Europol-- o el rol
dedicado al Tribunal de Justicia europeo. Se trataba de encontrar una
fórmula que hiciera compatible la posición de aquellos países como
España, que entienden que el Tribunal de Justicia debía tener un papel
amplio de acuerdo con el propio K.3 en todo lo que respecta a los
conflictos derivados de la interpretación del Convenio de Europol,
articulando incluso mecanismos de planteamiento de cuestiones
prejudiciales, y la posición fundamentalmente representada por el Reino
Unido, que claramente quiere excluir el Tribunal de Justicia de cualquier
función en el ámbito del convenio Europol. En realidad, esta misma
observación se puede extender a otros convenios, como el de fronteras
exteriores, como el de aduanas o como el de protección de intereses
financieros. Es casi una constante negativa para los trabajos en el
ámbito del tercer pilar la posición del Reino Unido, particularmente
restrictiva, acompañado también de algunos otros países, respecto del
papel del Tribunal de Justicia.
Pese a ese plazo que los presidentes se han dado en Cannes, la
Presidencia española, concretamente en el ámbito del tercer pilar, va a
trabajar sobre este convenio, no renunciando a que puedan terminar los
trabajos en el ámbito de la Presidencia española. Nos parece que Europol
sería un «producto», entre comillas, fundamental del tercer pilar; no
llegar a acuerdos estables en Europol generaría, en el conjunto de las
opiniones públicas de los diversos países miembros, un clima de deterioro
del papel de dicho tercer pilar.
Independientemente de que se resuelva o no el tema del papel del tribunal
de Justicia, y España intentará desarrollar ya, normativa y
reglamentariamente, los diversos aspectos que implica el funcionamiento
de Europol, junto a ese esfuerzo nuestra Presidencia se propone continuar
otros trabajos en el ámbito de la cooperación policial. Entre otros, los
que se van a desarrollar para impulsar propuestas de formación para
funcionarios policiales en los campos de lucha contra el narcotráfico, el
racismo y la xenofobia. Un segundo aspecto de indudable importancia en la
práctica es el desarrollo de la cooperación en materia de grandes
manifestaciones deportivas o la elaboración de un atlas sobre
organizaciones y competencias de los cuerpos de policía en los países de
la Unión Europea.
Los grupos de trabajo en el área de cooperación policial se ocuparán
también de estudiar las causas y formas de prevenir manifestaciones de
racismo y xenofobia en los Estados miembros. Partiendo de un estudio de
las legislaciones de los diversos países, las primeras conclusiones
indican que hay instrumentos legales suficientes, pero se puede incidir
más eficazmente en la búsqueda de instrumentos para la prevención y el
intercambio de información en esta materia.
La prevención requiere, por supuesto, medidas sociales de integración que
desbordan el ámbito del tercer pilar, pero también es esencial una
política relativa al control de las fronteras y los flujos migratorios
que eviten reacciones de esta clase, es decir, racistas o xenófobas.
Hasta este momento, lo único que tenemos es haber acordado mecanismos de
intercambio de información policial que son un buen instrumento para
identificar y evaluar la evolución de estos fenómenos. Como instrumentos
para facilitar la cooperación policial, que ya existe por cierto en
términos bilaterales y con buenos resultados, se están llevando a cabo
estudios en diferentes ámbitos; en particular, por lo que a España le
interesa sobremanera, terrorismo, narcotráfico y blanqueo de dinero.
Otra cuestión a la que estamos prestando especial atención es la
cooperación con terceros Estados. Es evidente que, para los intereses de
la Unión en su conjunto, es sustancial preparar la adhesión al tercer
pilar de los países pecos, pero España considera que, durante su
presidencia, debe reequilibrarse el interés por esos países pecos con el
interés por los países del Magreb, como antes les indicaba, en particular
con Marruecos. Es notorio que España tiene especial necesidad en prestar
atención singular al tema de Marruecos, decisivo desde cualquier ámbito
de la política española, como al propio tiempo, por razones obvias,
debemos preocuparnos de tener un papel importante en las relaciones Unión
Europea-Latinoamérica o Hispanoamérica.
Asimismo, se encuentran avanzados los trabajos para que tenga lugar, por
iniciativa conjunta de la Presidencia española de la Unión Europea y de
la Comisión de la Unión, una conferencia, a la que antes aludía, de
consenso de las políticas de drogas en la Unión Europea. En este momento
ya saben que existen sistemas diferentes; el nuestro lo conocen
sobradamente SS. SS., pero dentro de otros países de la Unión hay desde
sistemas más permisivos, Países Bajos, a sistemas más restrictivos que
generan movimientos perturbadores dentro de la Unión. Parecería razonable
y conveniente tratar de impulsar políticas comunes en este campo.
En materia de justicia, los trabajos, tanto en el ámbito de la
cooperación penal como de la civil, persiguen fines fáciles de describir.
Se trata de avanzar en ese espacio judicial europeo al que antes he hecho
alusión dotando a los operadores jurídicos de instrumentos sencillos y
eficaces y hacerlo al servicio de los ciudadanos, es decir, de modo que
los ciudadanos perciban que efectivamente ese tercer pilar de la Unión
Europea implica también la prestación de servicios concretos, de
servicios públicos en materia de justicia a los ciudadanos pertenecientes
a países miembros.
En este caso, dos son los aspectos que entiende España que deben
impulsarse durante su Presidencia. Por un lado, la extensión del Convenio
de Bruselas; por otro lado, el Convenio sobre la extradición. Puestos a
fijar dos prioridades, ésas van a ser las dos en materia de justicia.
La extensión del Convenio de Bruselas, de reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, supondría
extenderlas, frente a lo que hacía el Convenio de Bruselas, como SS. SS.
saben, al ámbito del derecho de familia, excluido de dicho convenio. En
este momento, la ponente del Convenio es una catedrática española,
Alegría Borrás, que dirige el grupo de trabajo y es colaboradora externa
del Ministerio de Justicia e Interior. El propósito sería intentar que no
sólo se abarque en las materias de ejecución a sentencias de divorcio,
nulidad y separación, sino que el objetivo sería intentar extender
también, aunque no estaba inicialmente previsto en el Convenio de
Bruselas, a las materias de guarda y custodia de hijos. Esta es, de
hecho, la dificultad que actualmente existe. Mientras un grupo de países
sostenemos la necesidad de que no se reconduzca sólo a las materias de
ejecución de nulidad, divorcio y separación, sino que entendemos debe
extenderse a guarda y custodia de hijos y menores, sin embargo, el Reino
Unido y los países nórdicos pretenden que no se incluya dentro del
Convenio la materia de guarda y custodia de menores. No lograr ese
objetivo sería, sin duda, algo frustrante porque no se lograría gran
parte del beneficio que para los ciudadanos supone la unificación de una
única causa judicial para ambos temas.
Otro de los grandes objetivos, como les indicaba, es en materia de
extradición. El planteamiento inicial de España y del Gobierno en este
campo ha sido el que SS. SS. conocen. En realidad, las posiciones
españolas han dudado de la razonabilidad misma de instituciones como la
extradición en el ámbito de la Unión. Partimos de la premisa de que si
los países miembros de la Unión tienen que confiar realmente en sus
respectivos sistemas judiciales, poco sentido tiene que la extradición,
como institución respecto de los países miembros de la Unión, sobreviva.
El modelo ideal sería tan simple como que, con arreglo a normas de
competencia, cualquier tribunal conociera del delito de que se tratara,
cualquiera que fuera la nacionalidad que tuviere la persona a la cual se
le imputa una conducta. Esto sería lo lógico, como lo sería aún más, «a
fortiori», en el caso del asilo. Sin embargo, es lo cierto que hay países
dentro de la Unión con una tradición fortísima, sin duda Francia
encabezaría esas posturas, que han hecho de la extradición casi algo muy
próximo a los principios de su propio sistema político, de suerte que los
avances en esta materia hasta ahora han sido muy pobres. De hecho, sólo
se ha logrado un convenio de extradición simplificada para el caso de
consentimiento de la persona sobre la cual se solicita esa medida.
Nosotros seguimos insistiendo, prácticamente desde la reunión de Funchal,
de hace muchos años, bajo presidencia portuguesa, en la necesidad de ir a
ese convenio de extradición. Va a ser muy complicado lograr durante la
Presidencia española un nuevo convenio de extradición. Seguramente habrá
que optar por la técnica de las rodajas del salchichón, en la
terminología usual comunitaria, para tratar de lograr acuerdos sobre
aspectos concretos de los múltiples temas que implica el convenio de
extradición. En cualquier caso, va a ser una línea prioritaria del
trabajo de la Presidencia española.
Otro de los objetivos al que antes aludía es el convenio de quiebras. Se
trataría de resolver de una vez, en el marco de la Unión, temas como la
competencia judicial internacional, ley aplicable, reconocimiento de
resoluciones judiciales en materia de quiebra y otros procedimientos de
insolvencia dentro de la Unión Europea.
En esta materia, la actual situación es que solamente Bélgica se opone a
la posibilidad de llegar a un convenio sobre quiebras. La Presidencia
española va a intentar mantener reuniones bilaterales intensivas con
Bélgica, con la pretensión de superar ese obstáculo y poder llegar a ese
convenio sobre quiebras. Ciertamente, las dificultades no se les escapan
a nadie. El dato que antes he indicado es significativo. Los trabajos en
el marco europeo se iniciaron en 1968 y todavía hoy no tenemos ese
convenio sobre quiebras.
España, sin embargo, va a intentar seriamente, y cree que tiene
posibilidades, cerrar finalmente un convenio sobre quiebras, que tendría
una importancia indudable, tanto desde la opción de un servicio para los
ciudadanos como desde la lógica económica dentro del propio marco de la
Unión Europea.
Francia trabajó --hay que dejar constancia de ello-- seriamente en este
tema. De hecho, como les indicaba, prácticamente el tema se bloqueó por
una actitud ya singular de algún país concreto.
También en el ámbito de la justicia el grupo de trabajo de lucha contra
las drogas y la delincuencia organizada trabaja en varios sentidos para
tratar de encontrar soluciones basadas en el conocimiento, en la
aproximación de las legislaciones nacionales y en la elaboración futura
de instrumentos específicos sobre los distintos aspectos de estas formas
delictivas. Concretamente, el grupo trabaja en temas como el blanqueo de
capitales procedentes de estas actividades, así como sobre materias que
no son tan próximas a nosotros como la protección de testigos, materia
que, como saben SS. SS., es objeto de trabajo en nuestro ámbito interno,
información y estadísticas sobre actuación de mafias, etcétera.
Un último aspecto al que me voy a referir es el del proyecto del convenio
para la protección de intereses financieros de la comunidad frente al
fraude contra la hacienda comunitaria. Este es un problema grave que
interesa particularmente a la Unión y que, como SS. SS. saben, no es de
la competencia exclusiva del tercer pilar, aunque el tercer pilar tiene
necesariamente que intervenir. Este campo corresponde tanto a la Comisión
como a Ecofín, Ministros de Economía y Hacienda, pero también a los
Ministerios de Justicia e Interior. Se trata de un asunto complejo en el
que presidencias anteriores han impulsado la idea de un instrumento penal
común que parta de una definición, a la vez amplia y precisa, del fraude
a la hacienda comunitaria. Durante la presidencia francesa se ha
alcanzado un acuerdo mayoritario sobre un primer convenio, pero la
solución definitiva
sigue pendiente de una solución común respecto a los umbrales de las
sanciones.
A nuestra presidencia le toca el trabajo de intentar cerrar también este
acuerdo. Ya saben que los grupos parlamentarios en el ámbito del Senado
facilitaron una enmienda dentro de la Ley Reguladora del Delito Fiscal,
para intentar evitar que nuestro sistema penal fuera contradictorio con
los trabajos de la comunidad; de manera consensuada, todos los Grupos
parlamentarios decidieron una modificación en el Senado, gracias a la
cual la posición española puede ser coherente en este ámbito.
La tercera área de trabajo en el tercer pilar, junto a la de cooperación
policial y judicial, es la de la política común de asilo e inmigración.
Se trata de un conjunto de materias en las que se ha producido un avance
significativo mediante resoluciones, acciones y posiciones comunes que
regulan sectores concretos entre los problemas sobre los que se pretende
el acercamiento de las políticas y las normas nacionales.
Nuestra Presidencia en este campo va a continuar los trabajos de la
presidencia francesa. Entre los proyectos principales que creemos pueden
llegar a cuajar --si se me permite la expresión-- en la presidencia
española, destacaría los siguientes: en primer lugar, el proyecto de acta
del Consejo, por el que se adoptaría un acción común para la aplicación
armonizada de la definición de término refugiado, tal como viene definido
en el artículo 1.º de la Convención de Ginebra. En segundo lugar, la
propuesta de posición común relativa al estatuto de los nacionales de
terceros países que sean residentes de larga duración y que no se
impliquen, dado su status, ni con el tema de la legislación laboral ni de
Seguridad Social. En tercer lugar, la propuesta de posición común
relativa a la admisión como residentes de nacionales de terceros países
en el territorio de los Estados miembros, cuando no desean ejercer
actividades lucrativas ni realizar estudios. En cuarto lugar, la
propuesta de recomendación relativa a la concertación y cooperación en la
ejecución de la medida de expulsión.
Dos convenios importantes en esta materia son, sin duda, el que regula el
cruce de las fronteras exteriores y el que regirá el sistema informático
europeo.
Respecto del primero, el de fronteras exteriores, no es ciertamente una
cuestión de la competencia del tercer pilar; es, más bien, un tema de
política mayor de España, del Gobierno. Alude, como sin duda SS. SS.
saben, a la posición del Reino Unido en el tema de Gibraltar. Está
bloqueado desde hace muchos años el Convenio sobre fronteras exteriores
por la negativa del Reino Unido a admitir una cláusula de suspensión de
su vigencia respecto de Gibraltar. En esos términos, España no puede
aceptar el Convenio de fronteras exteriores, puesto que hacerlo
equivaldría a la posibilidad de que, fuera del margen de discusión
bilateral, que España siempre ha sostenido, la cuestión relativa a
Gibraltar podría llegar a plantearse como cuestión contenciosa en el
ámbito del Tribunal de Justicia de las Comunidades.
Para desbloquear ese acuerdo, España viene proponiendo, sin éxito hasta
este momento, que esta situación se deje expresamente en el Convenio a
una solución bilateral entre España y el Reino Unido. De hecho, esa misma
postura de cláusulas de suspensión se ha aplicado en el ámbito europeo a
diversas directivas sobre transportes --por lo menos cuatro, que yo
recuerde en este momento, han aceptado un mecanismo equivalente de
cláusula de suspensión--; sin embargo, el Reino Unido no acepta esta
postura respecto del Convenio de fronteras exteriores.
He mencionado antes que durante el semestre de esta Presidencia se
preparará la Conferencia intergubernamental que prevé para 1996 el propio
Tratado de Maastricht. El Tratado de la Unión estableció esta reunión
para plantearse posibles reformas sustanciales o precedimentales a la
vista de la experiencia que deparara el funcionamiento práctico del
tercer pilar. Parece evidente que estos dos años transcurridos han
demostrado ya lo que da de sí el mecanismo institucional previsto para el
tercer pilar.
Les decía al principio que el Parlamento europeo ha citicado la lentitud
de los avances en este campo. Quizá la experiencia ha mostrado por lo
menos tres disfunciones que me gustaría indicar a sus señorías.
La primera de ellas deriva de las peculiaridades que se deducen de la
propia naturaleza del tercer pilar que está permanentemente a caballo
entre lo estrictamente comunitario y lo multilateral. El encaje
definitivo en la estructura institucional de la Unión, la definición de
las competencias del Tribunal de Justicia, la estructura presupuestaria
--campo este en el que, como antes indicaba, se han dado avances en
Cannes--, los instrumentos jurídicos o el papel de la Comisión son
algunas de las cuestiones estructurales que no quedaron perfectamente
delimitadas en el Título VI del Tratado. Lo razonable sería replantearse
estos temas en la Conferencia intergubernamental. De hecho, en la reunión
de Toledo, se han producido en este campo algunos avances y se vislumbra
la posibilidad de comunitarizar ciertos aspectos del tercer pilar.
En segundo lugar, la estructura de trabajo del tercer pilar presenta
algunas disfunciones. Cada presidencia, por decirlo de una manera
sencilla, establece un método de trabajo. Cualquiera de esos métodos de
trabajo son, en sí mismos, perfectamente sostenibles y razonables, pero
lo cierto es que hasta ahora son distintos. En estos dos años de
funcionamiento cada una de las presidencias ha adoptado metodologías de
trabajo no siempre coincidentes, lo que complica extraordinariamente los
avances desde un punto de vista estrictamente práctico. En este sentido,
esta mañana, con la Comisaria, comentábamos la conveniencia de, sin
necesidad de esperar a las reformas que puedan establecerse en la
Conferencia intergubernamental, estudiar la posibilidad de que el K-4
tenga mecanismos de coordinación y gestión más eficaces y homogéneos.
En tercer lugar, los objetivos que marca el título VI se refieren a la
colaboración en ciertos campos (asilo, terrorismo, cooperación judicial,
civil o penal), pero no precisan metas concretas. El título VI tiene un
carácter finalista y procedimental, de suerte que, a la hora de precisar
fines y orientar la actividad, pueden superponerse --de hecho se
superponen-- prioridades y objetivos muy diversos en función de las
perspectivas, no siempre coincidentes, de cada uno de los Estados
miembros.
Una última observación alude, sin duda, a la regla de la unanimidad. En
principio podría sostenerse que la unanimidad, por afectar a materias que
constituyen el corazón de los Estados, puede estar justificada, pero lo
cierto es que, con la unanimidad, las posibilidades de avance quedan
profundamente restringidas. Parecería razonable, aunque sea por el
mecanismo inicial de unanimidad, por el mecanismo de las pasarelas,
comunitarizar alguno de los temas, porque lo cierto es que con esa regla
de la unanimidad será muy difícil lograr avances sustanciales en el
ámbito del tercer pilar.
En definitiva, desde la óptica del tercer pilar, esa conferencia
intergubernamental debería tener como objetivo buscar soluciones a este
tipo de problemas estructurales, instrumentales y horizontales. Estos
son, en grandes líneas, el estado de la cuestión y los propósitos que
tiene España a lo largo de esta presidencia.
Nada más, muchas gracias por su atención y estoy naturalmente a su
disposición.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, solicitante de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Ministro, por ese horizonte que nos
ha trazado. Creo que además ha seguido casi al pie de la letra o muy
ajustado el documento que emitió la Comisión, la señora Gradín.
Nos referiremos, por ser estrictos, a lo acordado en Essen, a la
presidencia alemana, que procuraré enlazar argumentalmente con lo que ha
ocurrido en Cannes y, asimismo, con las explicaciones que ha dado como
propósitos de lo que va a ser el cometido de la presidencia del Consejo
de Ministros de Justicia e Interior de la Comunidad. Sin duda alguna, a
juzgar por el desesperante principio funcionalista, yo creo que hablar de
tercer pilar en materia de cooperación judicial y policial respecto del
Tratado de Maastricht es una pretenciosidad, es decir, los pasos son tan
cortos, son tan parcos, que el suplicio de Sísifo queda empequeñecido en
esta materia.
Me voy a referir, en primer lugar, a los resultados de la conferencia de
diciembre de Essen, por cuanto que ahí también nos señalan deberes, y a
España en concreto. Es lo cierto que el convenio de Europol estaba casi
listo y una vez más tropezó, recibió ese golpe de última hora, pese a que
también se había decidido ya, como consecuencia de la reunión que hubo en
Berlín y en la que estuvo la Secretaria de Estado, que pudieran
considerarse los delitos terroristas entre el catálogo de funciones que
correspondían a Europol. Eso fue positivo y así se le apuntó, además, en
el debate correspondiente al Presidente del Gobierno.
Tenemos que hablar todavía del embrión de la Europol, no podemos hacer
otra cosa, pero sí me gustaría, respecto de los deberes de esa
conferencia, preguntarle en concreto cómo ha ido, qué valoración puede
hacer de la participación ciudadana, y estoy hablando de la Europa de los
ciudadanos, de los extranjeros como votantes en las elecciones
municipales. Esa era una tarea que marcó para todos los países, pero
nosotros tenemos que dar ejemplo, toda vez que se ha celebrado hace menos
de un mes o un mes. Interesa eso porque fue uno de los deberes que se
marcó el Consejo en Essen.
Respecto de la libre circulación, nos gustaría saber cómo está el
convenio intracomunitario, porque ya sabemos que ha recibido un castigo
de muerte esa alternativa que había, ese banco de pruebas, que era el
Convenio de Schengen, recientemente, la semana pasada, por cuanto que el
Gobierno francés se opone a liberalizar o a tirar los controles
fronterizos para la libre circulación de ciudadanos. El Convenio de
Schengen son muchas cosas aparte de la libre circulación de personas, y
me gustaría que hiciese una evaluación de cómo queda tocado de muerte,
que ojalá que no sea de muerte, que sea tan sólo que se posponga o que se
aplace. Yo sé que esto no es comunitario en sí mismo; lo que pasa es que
son las mejores muletas que tiene la Comunidad para hacer efectiva la
frontera común. Yo me imagino que siempre se trata de Schengen en esta
Comisión Mixta, porque es intracomunitario y ya digo que es una prótesis
de lo que nos falta en el convenio de libre circulación en la Comunidad
Europea.
Me gustaría que hiciese una evaluación de cómo ha quedado eso, no ya por
el visado común, sino, por ejemplo, por la persecución en caliente, si
eso se va a respetar. Como es Francia quien ha roto ese acuerdo de
cumplimiento, que teóricamente había empezado en marzo, me gustaría saber
si van a respetar que podamos penetrar en la persecución de delincuentes
hasta los diez kilómetros que están señalados y a qué otras cosas afecta.
Lo que sí sé son los efectos negativos que va a tener para nosotros,
aunque sólo sea por las colas que se van a formar en La Junquera para
pedir el control de documentación, que van a ser de abrigo en un año que
se presume que va a ser de una gran recepción de turistas. Yo sé que es
posible que esto no afecte tanto a los aeropuertos, porque si se
presentan en los aeropuertos entonces ya puede ser el caos, pero imagino
que será en los puestos fronterizos territoriales. Nos gustaría saber a
qué acuerdos --porque aquí sí cabe también hablar bilateralmente, aunque
sea un acuerdo a siete países-- ha llegado con su colega francés respecto
de la aplicación y no aplicación del Convenio de Schengen, porque eso
afecta, evidentemente, a la libre circulación de ciudadanos.
¿Sigue el contencioso respecto de la firma del gran convenio intraeuropeo
a quince? ¿Sigue el contencioso con los ingleses, con los países
euroescépticos respecto de la libre circulación? ¿En qué términos? ¿Han
avanzado sus conversaciones con el Gobierno británico? Díganos lo que
pueda, no ya lo que sepa.
Yo entiendo que sí se han podido cumplir las políticas en torno a la
lucha contra la xenofobia y el racismo, y además en España se han visto,
aunque tímidamente, algunos movimientos en ese aspecto de rechazar la
intolerancia a través de los consejos de juventud, que fue también otro
de los acuerdos.
Voy a pasar a Cannes con el mismo sentido pesimista que he tenido al
comentar lo de Essen. ¿Qué es lo que le pasa a Europol? ¿Es tan sólo la
cuestión de competencia el problema que hay? ¿Un problema jurisdiccional?
¿Va a ser el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el que inicialmente tenga
que decidir? ¿No hay atisbo de acuerdo en esa materia,
en algo que es derecho interno común de todos, de los quince? ¿Cuál es el
arbitraje o la solución a que se ha llegado para que Europol sea algún
día realidad? Porque, si no, me parece que estamos arando en el agua,
formando equipos, formando funcionarios, aunándolos, montando el servicio
de información, y luego resulta que no puede actuar. Además me gustaría
también saber el catálogo de delitos, es decir, no el que comprende
Europol, que eso ya lo sabemos, sino cómo van a dar los primeros pasos
respecto de la lucha contra el crimen organizado.
¿Ha prosperado el acuerdo sobre utilización de la tecnología de la
información en materia de aduanas? Me imagino que eso también está en la
agenda, de forma inconclusa en Cannes, porque por lo menos yo no he
tenido referencia en las actas y querría saberlo.
Sí se le pensaba marcar como deberes hacer el documento de síntesis
respecto de la persecución de los delitos contra la estabilidad
financiera o el funcionamiento financiero de la Comunidad, y eso sí le
corresponde a S. S. realizarlo. Es decir, ¿hay ya equipo de trabajo
designado a esos efectos?
Respecto de la extradición simplificada, y no quiero ser sarcástico,
usted tiene antecedentes en materia de aplicar extradiciones, y me
gustaría saber si se ha dado el primer paso de ese ambicioso objetivo que
se señala de lograr un convenio de extradición que sustituya al convenio
del Consejo de Europa, antiquísimo, muy rodado, con un gran acervo
jurisprudencial, o por el contrario se va a empezar a experimentar con
esa extradición simplificada que estaba en la agenda de Cannes, aunque,
como usted ha dicho muy bien, tocamos siempre con temas de soberanía, y
ahí somos muy suspicaces todos los países, sobre todo los anglosajones, y
si son isleños todavía mucho más.
Yo me felicito de que en materia de lucha contra la droga, en ese plan
que tiene que abarcar hasta el año 1999, España vaya a organizar esa
Conferencia, me parece que ha dicho, en Bruselas, que luego será recogido
para la Intergubernamental de 1996. Este es un tema importante, sobre
todo porque a nosotros nos afecta, ya que, querámoslo o no --y se lo digo
al Ministro de Interior--, en este sentido somos una autopista en el
tráfico de drogas y de blanqueo de dinero, unas veces porque se quedan y
otras porque somos tránsito para otros países. Lo cierto es que estamos
en una encrucijada en esa materia.
No he oído en la exposición que ha hecho sobre la lucha contra la droga,
si hay algún plan, más que para la lucha contra la oferta, respecto de la
demanda; es decir, si hay algún programa de prevención de la toxicomanía,
incluso de redención de los que ya han caído que, por cierto, es una
población europea muy numerosa.
En materia de refugiados --y con esto concluyo, señora Presidenta--, me
gustaría que nos dijera cuál es la evaluación que se puede hacer al
comienzo de nuestra presidencia europea. Respecto de los proyectos en el
ámbito de cooperación civil, nos gustaría también que fuese un poco más
explícito por lo que afecta al derecho de familia --ya me he referido a
la extradición como punto monográfico aparte-- y sobre esa norma uniforme
que pretende proponer respecto de la lucha contra las insolvencias
societarias, en concreto sobre la quiebra. La suspensión de pagos, por
cierto, es una institución que no se conoce en Europa.
Con esto creo que sería suficiente. Quiero desearle que sea fructífera su
Presidencia en la Comisión de Ministros de Justicia e Interior, por lo
que nos beneficia a todos en la lucha contra el crimen organizado en esa
unión que queremos hacer efectiva cuanto antes mejor y que, a juzgar por
los documentos, veo que es muy lenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el Diputado López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Ministro, por su presencia en esta
Comisión, por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado
sobre la evolución lenta, como lo llamaba él, aunque irreversible, del
tercer pilar, pero tan lenta, tan lenta que no hay mucho que sea muy
irreversible, porque es tan lenta, tan lenta, que pocas cosas son
irreversibles en este momento en el tercer pilar. Realmente, el tercer
pilar es todavía más decepcionante en su desarrollo que el segundo, la
política exterior y de seguridad común. Y, quizá, como es más
espectacular en cuanto a sus fallos --véase el ejemplo de Yugoslavia--
parece que, de los tres pilares de la Unión Europea, es el que peor va.
Pero, aunque sólo sea desde el punto de vista cuantitativo, todavía va
peor el tercer pilar. Ahí los avances son lentísimos y, sin embargo, es
un pilar que nació con una cierta ambición, como usted sabe, ya que el
artículo K del Tratado de Maastricht, que es el que desarrolla este
tercer pilar, asuntos de Justicia e Interior, sobre el papel tiene una
naturaleza intermedia entre lo puramente intergubernamental y lo
comunitario, y algo de eso ha dicho en su intervención; es decir, no
llega al grado de integración que supone la Comunidad Europea, pero
intenta despegarse algo de lo intergubernamental, sobre todo de esta
dinámica bilateral y un tanto clandestina que tenían, hasta ese momento,
las reuniones de Justicia e Interior. En él se pretendía que se fuese a
la multilateralidad y a que, incluso, hubiera una mayor cercanía de las
decisiones de los Ministros de Justicia e Interior con la opinión
pública, cosa que creo que no se ha conseguido en absoluto.
Si nos remontamos al famoso documento de Palma, en el que se hablaba,
refiriéndose a las medidas sobre Justicia e Interior, de algunas medidas
que serían deseables y otras medidas que se consideraban esenciales --y
estamos hablando de 1989--, si nos fijamos en las medidas esenciales, la
verdad es que se ha avanzado poco, incluso en eso que se consideraba en
el documento de Palma como medidas esenciales, que yo resumiría en cuatro
medidas fundamentales: la ratificación del Convenio europeo de
extradición (se decía, en ese momento: ratificarlo en el plazo de un
año); la ratificación de otros convenios celebrados entre los Doce, que
siguen una marcha lentísima; la ratificación de convenios celebrados en
el marco del Consejo de Europa para mejorar la asistencia judicial e
internacional en el campo de los asuntos penales, en lo que también vamos
lentamente, y mejora de los canales de comunicación de solicitudes de
extradición. Estas son las medidas esenciales
del documento de Palma, ya ni siquiera me refiero a las medidas
deseables, porque éstas, por supuesto, no se han conseguido, en absoluto.
Si echamos un vistazo a las conclusiones de la Presidencia o conclusiones
del Consejo Europeo desde el Tratado de Maastricht, el resultado es
también bastante decepcionante. Yo tengo aquí delante: Cooperación en
materia de Justicia y asuntos de Interior, conclusiones de la presidencia
de Corfú, a mediados del año pasado. Se habla de racismo y xenofobia en
un sentido un tanto vago. Después se habla de un plan prioritario de
acción sobre drogas y prácticamente no se dice nada más, sino muy buenas
intenciones de desarrollo del artículo K. En el caso de la presidencia
alemana, se habla algo más, pero no mucho más. Se menciona, en ese caso,
a Europol. Se dice que se toma nota con satisfacción de que la unidad de
drogas de Europol ha conseguido sus primeros éxitos en la lucha contra el
tráfico ilícito de drogas, pero tampoco detalla exactamente en qué
consisten esos éxitos. Se refiere a algo que los jefes de Estado y
Gobierno consideraron fundamental en Essen (y yo no entiendo que sea tan
fundamental como para meterlo en un documento, pero se conoce que no
había muchas cosas a las que agarrarse), al sistema de bloqueo de
arranques para automóviles, como un gran avance. Los jefes de Estado y de
Gobierno dedicaron algún tiempo a hablar del sistema de bloqueo de
arranque para automóviles. Se habló también de algo muy vaporoso sobre la
lucha contra el fraude y también igualmente ambiguo, sin muchos
compromisos, sobre Europa y sus ciudadanos.
Si profundizamos un poco más en el documento que se nos suministró por el
Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la evolución de los
acontecimientos de la Unión Europea durante la presidencia alemana del
Consejo de Ministros, que es uno de los objetivos de esta comparecencia,
en los tres bloques en que se dividen estos asuntos de Justicia e
Interior (inmigración y asilo, que es el grupo director uno;
policía-aduanas, grupo director dos, y justicia, grupo director tres)
siempre se dice: se avanza, se está avanzando, se está estudiando, está
en estudio, han continuado los debates, todavía no ha sido posible la
conclusión de la convención Europol, el Consejo Europeo conocerá un
informe sobre el racismo y la xenofobia (esto está hecho antes del
Consejo Europeo de la reunión de Essen), etcétera. Siempre es la misma
terminología y la misma redacción de buenas intenciones para el futuro,
que esperemos no se reproduzcan, al menos por razones estéticas, así en
las reuniones que corresponde presidir a España en este semestre.
La verdad es que hay muchas cosas por hacer y, desde ese punto de vista,
es una buena oportunidad la de esta presidencia española para apuntarse
algunos tantos, porque se ha avanzado poquísimo en este tercer pilar de
Justicia y de Interior. No es extraño, por eso, que el Parlamento Europeo
haya criticado este avance lento, que la Comisión Europea también lo haya
criticado y que nos encontremos con que en este momento el tercer pilar
no ha sido capaz de aprobar ni una sola posición común. Como usted sabe,
la posición común es un instrumento que se puede utilizar en este tercer
pilar como en el segundo, y al menos en el segundo pilar en política
exterior y de seguridad común se han aprobado algunas posiciones comunes.
En este momento me parece que se han aprobado seis o siete; tampoco es
para echar cohetes, pero en el caso del tercer pilar los Ministros de
Justicia e Interior no han sido capaces de aprobar ni una sola posición
común. Ha habido dos acciones comunes aprobadas, yo diría que de segunda
importancia, y poco más; los ministros han aprobado algunas resoluciones,
alrededor de 50 en este tiempo, pero con un carácter muy
intergubernamental. Es decir, no era necesario el Tratado de Maastricht
ni el tercer pilar para lo que básicamente han hecho los ministros que ha
sido aprobar resoluciones que podían haberlas aprobado perfectamente con
la estructura jurídica que se tenía anteriormente, que era prácticamente
la nada, simplemente resoluciones en un contexto claramente
intergubernamental. Hasta este momento no se ha podido salir de esa
lógica y habría que preguntarse por qué.
Me gustaría que el señor ministro pudiera exponernos la posición del
Gobierno y sus criterios sobre algunas de las fórmulas en las que
podríamos reflexionar para salir de esa lógica. Tampoco creo que haya
sido por un capricho o que todos los Ministros de Justicia e Interior
hayan sido especialmente negligentes durante todos estos años. Algo
pasará para que, aparte de los problemas estructurales de fondo o que
afectan a la soberanía, como señala el señor ministro, algunos temas de
método, algunas cuestiones que hay ahí sigan sin desarrollar. Me gustaría
saber el criterio del Gobierno y no sólo una exposición sobre los
problemas; es decir si el Gobierno tiene realmente criterios, ya que está
en una posición que no hay que exagerar su importancia en este semestre,
teniendo en cuenta, además, que cuando ha habido algún avance en materia
de justicia e interior, siempre ha sido la Presidencia la que lo ha
impulsado, porque ningún Estado miembro que no esté en la presidencia
impulsa nada en este tercer pilar. Cuando le toca a uno estar en la
presidencia puede impulsar cosas. Por ejemplo, en cuanto a los
instrumentos jurídicos utilizados, que siempre son convenios, habría que
plantearse si ésa es la técnica jurídica adecuada, porque los convenios
en cuanto a su ratificación luego se eternizan. Ahora tienen que ser
ratificados por quince Estados y con que un Estado tarde en ratificarlo,
no se pone en vigor. Hay múltiples ejemplos de convenios, desde hace
muchos años, que no se llegan a poner en vigor porque falta un
instrumento de ratificación.
También ha mencionado el señor ministro el instrumento de la unanimidad.
Siempre se está actuando por unanimidad. El artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea permite decidir que determinadas cosas se van a aprobar
por mayoría, pero nunca se ha utilizado. También nos gustaría saber si la
presidencia española va a impulsar que no se siga sistemáticamente con la
unanimidad o si se encuentran serias razones de fondo para no separarse
de esa unanimidad. Puede haber serias razones de fondo para, en
determinados supuestos, no separarse de la unanimidad.
En cuanto a los métodos que se utilizan, explican la lentitud con que se
funciona en el tercer pilar, porque estamos funcionando en cinco niveles
(Consejo de Ministros, Coreper, Comité del artículo K.4, grupos
directores y grupos de
trabajo); cinco niveles, en lugar de los tres habituales con que se
funciona en la sede comunitaria, y eso hace pesadísima la tramitación de
cualquier tema. Probablemente haya que replantearse este método de
trabajo tan lento, tan burocratizado, que concede un peso excesivo --algo
que ha sido constatado por el Parlamento Europeo-- a los altos
funcionarios de los Estados o del Consejo de Ministros, fundamentalmente
de los Estados, y menor capacidad de intervención a la posición política,
es decir al impulso político.
Otro elemento a considerar, y lo ha citado también el señor ministro en
su intervención, aunque quizá no con la suficiente profundidad, es la
gran confusión que existe en este tercer pilar con el ámbito comunitario,
sobre todo por el tema de la libre circulación de personas que tiene una
dimensión comunitaria (primer pilar); y sin embargo, hay aspectos de esa
libre circulación que sólo se pueden solucionar con el tercer pilar, con
lo cual se crea una confusión enorme en la práctica --el ejemplo de los
visados es paradigmático de esta gran confusión-- que sólo se podrá
solucionar si se toma en serio el Consejo de Ministros, porque es el que
puede hacerlo, utilizar la famosa pasarela del artículo K.9 del Tratado
de Maastricht. Es decir, la decisión por unanimidad de que determinadas
acciones, contempladas en los apartados 1 a 6 del artículo K.1, puedan
convertirse en políticas comunitarias y no permanezcan en el plano muy
intergubernamental, que sigue existiendo en este tercer pilar. Me estoy
refiriendo a la política de asilo, al tema de fronteras exteriores, a la
política de inmigración y políticas relativas a nacionalidades de
terceros Estados acerca de conexiones de acceso o de estancia en el
territorio de los Estados miembros, a lucha contra la toxicomanía, lucha
contra la defraudación o cooperación judicial en materia civil. Nos
gustaría saber si el Gobierno español tiene un criterio de impulso de esa
fórmula de pasarela en alguno de esos temas; es decir, si existe criterio
de que se vayan comunitarizando, en qué sentido y con qué criterios
políticos de fondo esos ámbitos de interés común que aparecen en el
artículo K.1, y que permiten comunitarizarse, según el artículo K.9, por
una decisión de unanimidad del Consejo. Esa decisión de unanimidad
tropieza seguramente con la oposición de algunos Estados miembros que
todos tenemos en la cabeza; pero nos gustaría que pudiese hablarnos algo
más a fondo sobre esos problemas que hay para comunitarizar algunos de
esos ámbitos de interés común y si se está haciendo cierta presión. Sin
hacer presión en ese sentido nunca se va a conseguir, y las posiciones
que hoy día son muy cerradas pueden serlo menos si hay un criterio que se
va consolidando en el interior del Consejo Europeo.
Me gustaría también muy en concreto, como ha señalado el portavoz del
Grupo Popular, que nos explicase algo más de por qué Europol no hay forma
de que arranque. En el acta de las conclusiones de la reunión de Essen ya
se decía, y estoy leyendo, lo siguiente: El Consejo Europeo ha decidido
que el Convenio por el que se crea Europol deberá quedar concluido a más
tardar para el Consejo Europeo de Cannes. No se ha cumplido esa decisión
que se tomó en Essen.
Voy terminando. También de cara a la Conferencia intergubernamental, cuyo
grupo de reflexión está presidiendo España, nos gustaría saber si el
Gobierno español va a aportar criterios, qué tipo de reformas necesarias
del Tratado de Maastricht, en la línea de solucionar lo que el ministro
ha llamado disfunciones, que seguramente tienen causas en algunas de las
cuestiones a las que he hecho alusión anteriormente. Es decir, si hay un
criterio en sentido favorable a que vayan desapareciendo esos obstáculos
para que el tercer pilar esté a la altura de los otros y que se vaya
avanzando, o sea simplemente una pantalla, un aspecto propagandístico o
de muy buenas intenciones pero que no lleva a nada, aunque tampoco es de
despreciar el hecho de que al menos existe un tercer pilar integrado en
el contexto de la Unión Europea, mientras que antes los Ministros de
Justicia e Interior campaban por sus respetos y se reunían fuera del
contexto comunitario.
También nos gustaría saber si el Ministerio de Justicia e Interior ha
avanzado algo en cuanto a la posición que debe tener el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea. Sabemos que es la bestia negra de
algunos Estados miembros de la Unión Europea, pero nos gustaría saber si
se piensa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al que se
da cierto papel en el Tratado de Maastricht, podría jugar un rol de mayor
profundización del aspecto comunitario de estos asuntos de Justicia e
Interior. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de
Luxemburgo, ha tenido a lo largo de toda su historia un papel crucial en
el desarrollo de la Comunidad Europea, porque a través de ese instrumento
del derecho comunitario, que es de los pocos instrumentos que tiene la
Unión Europea, porque no tiene un gran caudal funcionarial ni una policía
ni un ejército, pero sí tiene derecho comunitario, ha permitido
profundizar en la expansión de las competencias incluso de la llamada
entonces Comunidad Económica Europea y sería seguramente un instrumento
básico de penetración para una mayor presencia de los asuntos de justicia
e interior.
Muy en especial nos gustaría saber también --y ya termino--, señor
ministro, cuáles son las ideas que piensa desarrollar nuestro país al
frente de la presidencia europea para la profundización de la ciudadanía
europea, porque la ciudadanía europea, que es una idea española en su
momento, se plasma en el Tratado de la Unión Europea simbólicamente. La
verdad es que tiene un significado poco más que simbólico la posibilidad
de votar en las elecciones municipales y del Parlamento Europeo, que ni
siquiera se han podido reflejar en las últimas elecciones españolas, por
ejemplo, a pesar de que hay un tribunal que recientemente --la semana
pasada, según he leído en un periódico-- ya ha entendido que el Tratado
de Maastricht se aplica directamente y que deberían haber votado los
ciudadanos y ciudadanas comunitarias en una población, creo, del País
Valenciano. Aparte de eso, el Defensor del Pueblo y la protección
diplomática no hay mucho más en el Tratado de la Unión Europea. Esta es
la clave para que haya una vinculación, evidentemente popular, respecto
de la construcción europea. Sin un sentimiento de ciudadanía europea --y
hay que rellenarlo de contenido, pues en otro caso no funcionará-- es
claro que la construcción europea
será algo económico-comercial, algo tecnocrático, pero no será una unión
política. La presidencia española de la Unión Europea es un buen momento
para que esa idea que surgió de nuestro país pueda desarrollarse y
aportarse a la futura reforma del Tratado de la Unión Europea.
Ayer o anteayer leía una entrevista a Jacques Santer en un periódico
español y decía que con instrumentos puramente intergubernamentales como
el de Schengen no se avanzaba en la construcción de la unión política
europea; es decir, que hay que ir a instrumentos más allá de los
puramente bilaterales, que no todos los Estados han firmado y que,
además, desde nuestro punto de vista, deja mucho que desear en cuanto a
garantía de derechos respecto de ciudadanos que viven en la Comunidad y,
sin embargo, no son comunitarios; e ir a una protección mucho mayor de
los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. Nos gustaría saber
en ese sentido si España va a propiciar una carta de derechos
fundamentales de los ciudadanos europeos, si va a propiciar hasta ese
momento que haya incluso una firma por parte de la Unión Europea del
Convenio europeo de derechos humanos; es decir, si se va a profundizar
realmente en la idea de ciudadanía europea, a la que hay que dotar de
contenido social y de contenido de libertades y de derechos fundamentales
para que aparezca como una identidad auténticamente europea.
En suma, sobre todos estos temas a que he hecho alusión nos gustaría que
hubiera una explicación suplementaria por parte del señor ministro en
cuanto a los criterios de fondo con que afronta España --otra cosa es que
se puedan llevar a cabo-- esta etapa de presidencia. Como decía el
anterior portavoz, nosotros también deseamos que contribuya al máximo
éxito en cuanto a la presencia y el prestigio de España en Europa y a la
profundización de la construcción europea.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Hago uso de la palabra simplemente para agradecer
la comparecencia del Ministro de Justicia e Interior ante esta Comisión
Mixta para Asuntos Europeos y sus explicaciones.
Antes de entrar en algunas cuestiones que el ministro ya ha citado, me
gustaría hacer algunas acotaciones para los no avezados en política
europea a título de recordatorio. Me gustaría traer a la memoria que algo
tan simple, tan pragmático, tan necesario para la economía como el
mercado interior ha tardado más de 30 años en hacerse realidad; por
tanto, deberíamos ser más pacientes, tener una visión más de conjunto de
lo que significa la construcción europea para poder analizar las
cuestiones que estamos afrontando, que son de enorme calado e interés
para los ciudadanos.
En segundo lugar, quisiera romper con el tópico de que la presidencia
española va a culminar en seis meses la construcción europea que no se ha
conseguido en 40 años. Me parece un poco exagerado.
Tenemos una agenda de presidencia española que supera las agendas
acumuladas de las tres últimas presidencias y en esas agendas de las tres
últimas presidencias estoy seguro de que SS. SS. conocen que se ha
solventado --no voy a hablar de porcentajes-- un porcentaje mínimo. En
esas agendas había temas tan importantes para la construcción europea
como el mecanismo de encendido de los vehículos, en este clásico sistema
de trabajo que utilizan algunas presidencias para colar algunos temas que
son del máximo interés comunitario, sin duda, como es el robo de
vehículos Mercedes en Alemania u otros que también tenemos que abordar
necesariamente los países que tenemos poco que ver con esas cuestiones.
Acotadas esas dos cuestiones, dentro del pragmatismo que debe existir en
la construcción europea, me gustaría apoyar los trabajos de los Ministros
de Justicia e Interior en el marco del tercer pilar del Tratado de la
Unión Europea, y muy especialmente los referidos a Europol.
Hay un acuerdo suscrito en Cannes, aunque no es plenamente satisfactorio,
al menos para nuestro grupo, dado que queda por resolver la competencia
de recursos ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El plazo
establecido para resolver este tema por el propio Consejo de Cannes es
junio de 1996 y no diciembre de 1995, por si alguien tiene la tentación
de pasar la cuenta antes de tiempo. Estoy seguro de que el señor Ministro
de Justicia e Interior, hoy aquí presente, hará los esfuerzos posibles
para avanzar en este tema de la máxima importancia, pero que tiene
obstáculos bastante serios, como SS. SS., sin duda, conocen.
En segundo lugar, nos parece interesante que se prosigan los trabajos del
Convenio de utilización de tecnología para la información a efectos
aduaneros. Es evidente que con la desaparición de las fronteras
interiores esto es del máximo interés, no sólo a efectos del tercer
pilar, sino, sobre todo, a efectos del primer pilar, dadas las
circunstancias que se pueden producir sin una utilización tecnológica que
permita la información prácticamente en el instante en que ésta se
produce.
Nos parece que conseguir la firma del reglamento y el convenio relativo a
la protección de intereses financieros de la Comunidad antes del 31 de
julio, es un objetivo ambicioso. Recuerdo a SS. SS. que tampoco esto
vence en diciembre próximo.
El convenio sobre extradición simplificada no es satisfactorio,
evidentemente, para nuestro grupo, pero es un paso en la dirección de
conseguir el objetivo final que todos pretendemos. Los avances en materia
de visado para asegurar la libre circulación de personas en el interior
de la Unión nos parecen considerables, pero deben seguir produciéndose,
porque éste es uno de los elementos que de verdad perciben los ciudadanos
en la Unión, es uno de los elementos que seguramente hacen sentir más la
ciudadanía europea.
También valoramos la intención política en los informes y en los trabajos
realizados por distintos órganos del Consejo y de la Comisión consultiva
respecto a la lucha contra el racismo y la xenofobia. En este campo nos
parece interesante estrechar la relación con el Consejo de Europa que,
respecto a temas de derechos de las personas, tiene una tradición que
podría aportar, sin duda, a esta área de trabajo que merece la máxima
prioridad y el máximo interés
en nuestro país. Crear ese observatorio europeo respecto a estos temas
nos parece interesante.
También nos felicitamos de los progresos realizados en los trabajos de
lucha contra la droga, concretamente el Plan de acción 1995-99 y las
directrices sobre el programa de prevención de toxicomanías. Son
elementos sobre los cuales es difícil avanzar porque afectan a la
soberanía de los países, pero sin los mecanismos supranacionales es muy
difícil avanzar en combatir estas lacras de la sociedad actual. Por
tanto, nos parecen de máximo interés todos los avances que se están
produciendo en este campo, particularmente la reducción de la oferta y la
lucha contra el tráfico de toxicomanías, así como la colaboración
internacional, que entendemos debe continuar y acentuarse. Algo de esto
vence en Madrid; el Consejo de Madrid debe analizar el informe del grupo
de expertos, al que ha hecho referencia el Ministro de Justicia e
Interior, y sobre el que estamos seguros que el Gobierno va a poner el
máximo esfuerzo para llevarlo a cabo.
Respecto al fraude económico a la Comunidad, que no es una medida
principalmente del tercer pilar sino más bien del primero, sin embargo,
nos parece del máximo interés. Creo que España, en las reformas fiscales
recientes, se ha dado ya los instrumentos para combatir este fraude; pero
creemos que acentuar la lucha contra este fraude es importante y, por
tanto, también del máximo interés para nuestro país, para el prestigio de
las propias acciones comunitarias que tienen finalidades de cohesión
económica y social, de cohesión estructural de la propia Unión, en las
que el fraude perjudica, sin duda, a quienes están más beneficiados por
estas ayudas, ya que desprestigia los instrumentos de dichas ayudas
comunitarias.
Respecto del Convenio sobre control de personas al cruzar las fronteras
exteriores de la Unión Europea, deseamos que se solucionen pronto los
problemas pendientes, pero que se solucionen avanzando también en
aquellas materias que tienen esos asuntos pendientes y, particularmente,
en el tema de Gibraltar. Nuestro grupo es absolutamente firme en que no
se debe avanzar en este Convenio de fronteras exteriores en tanto en
cuanto no recibamos una satisfacción del Reino Unido, de la política
comunitaria en la cuestión de Gibraltar.
En cuanto a la Conferencia intergubernamental, quisiera hacer algunas
consideraciones a SS. SS. En primer lugar, no es el momento ni el lugar
seguramente para hablar de qué se va a hacer en la Conferencia. En la
Comisión Mixta en la que estamos hay una Ponencia especialmente
constituida a este efecto que intenta plasmar la posición de las Cortes
Españolas --Congreso y Senado--, respecto a la reforma
intergubernamental, y sería de la máxima utilidad conocer las posiciones
de los diferentes grupos en materia de Justicia e Interior; posiciones
que, por cierto, no puedo ni adivinar de las diferentes intervenciones
que se han producido a lo largo de esta tarde. A lo largo de esta tarde
hemos asistido a bastantes lugares comunes, a bastantes recursos a los
textos de los consejos europeos, como es lógico cuando se trata de
analizar esa gestión, pero hemos asistido a muy poco compromiso a efectos
de conocer qué piensan los grupos respecto al futuro del tercer pilar.
Nuestro grupo está particularmente interesado en que se comunitaricen
algunas áreas del tercer pilar y así lo vamos a defender en la aportación
que podamos hacer al texto de la Ponencia para la Conferencia
intergubernamental de 1996. Queremos no sólo comunitarizar, sino también
hacer más eficaces la toma de decisiones en las instituciones derivadas
de la aplicación intergubernamental del tercer pilar. Eso lo permiten,
efectivamente, las pasarelas que para el segundo y el tercer pilar están
reguladas en el Tratado de la Unión en el artículo K.9. Esa posición la
vamos a mantener en el futuro y esperamos que cuente con el apoyo
necesario en esta Cámara, porque tengo que recordar a SS. SS. que el
futuro europeo no lo hace sólo el Gobierno del Estado español. El
Gobierno del Estado español gestiona la voluntad de la mayoría de esta
Cámara, pero conocer esta voluntad en una política que hasta ahora ha
merecido el máximo consenso de la Cámara creo es fundamental para que el
Gobierno pueda actuar con fuerza, con rigor y también con credibilidad
ante sus socios europeos. Estas políticas no las diseña ningún Gobierno
nacional individualmente; tienen que ser objeto de acuerdo de los quince
países que forman la Unión Europea en estos momentos, y tienen que ser
objeto de negociación. A estos efectos me gustaría que, si pudiera, diera
alguna información complementaria respecto a los países que en un futuro
próximo pueden formar parte de la Unión. Solicitaría, si tiene, alguna
información respecto a la opinión y a los trabajos que en relación al
tercer pilar, dentro del diálogo estructurado, se están siguiendo con los
países pecos básicamente, lo cual sería de utilidad a la Cámara para ver
cómo se va a producir la integración de esos países en unas áreas tan
importantes, particularmente para la integración de dichos países y para
la Unión Europea, como puede ser la inmigración, entre otras importantes
también.
Nada más. Agradecerle su comparecencia hoy aquí. Nos hubiera gustado que
en esta comparecencia pudiéramos tratar ya de avances reales en las
políticas que hoy estamos viendo, políticas que afectan, sin duda, a los
ciudadanos y a la ciudadanía europea; pero no siendo los avances todo lo
satisfactorio que nuestro grupo desearía, sí tenemos que decir que España
no ha sido de los países que han estado a la cola del impulso del tercer
pilar. Somos conscientes de los problemas que los avances, precisamente
en este pilar, tienen en el marco de la Unión Europea; que hay unos
derechos de los ciudadanos, que son los primeros derechos que los
ciudadanos de la Unión Europea tienen como tales, y estos derechos hay
que desarrollarlos todavía, como es el derecho al voto activo y pasivo en
las elecciones locales y europeas en todos los países de la Unión, el
acceso a consulados en el exterior de la Unión Europea --la asistencia
consular--, que no deja de ser importante, y la libre circulación dentro
de la propia Unión. Que a esto se añada, en la reforma intergubernamental
de 1996, el catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos y se
incluyan en el texto del propio Tratado, también merece nuestro apoyo y
nuestro acuerdo, pero, insisto, que esto no se desarrollará en el marco
del Consejo de Ministros de Justicia e Interior sino en el marco de la
reforma intergubernamental de 1996 que, además, nos parece que es
el momento y el lugar oportunos para realizar las reformas profundas que
requiere la Unión Europea y para abordar el futuro con más garantías.
La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al señor Ministro para
responder a los distintos portavoces, permítame, señor Costa, le recuerde
que los avezados estudiosos de la Unión Europea que trabajamos en esta
Comisión Mixta estamos seguros de que, de la sensibilidad del ministro
español del tercer pilar europeo, el Ministro de Justicia e Interior
--que nos honra hoy con su presencia--, va a saber transmitir al Gobierno
y al Presidente del Gobierno esas limitaciones a que usted hacía alusión,
pues son propias de la presidencia semestral, tal y como está concebida
en este momento; así como de las enormes dificultades para resolver una
agenda muy compleja que hoy nos ha sido entregada en depósito. Estamos
seguros que así lo va a hacer porque, efectivamente, no sería bueno
transmitir, al inicio de esta Presidencia, quizá falsas ilusiones en un
momento en el que los españoles, que somos europeos hace ya muchos años,
lo que estamos necesitando es que dejemos de hablar de una Europa como
problema y empecemos a actuar, a trabajar y a pensar en una Europa como
reto. Por tanto, estamos seguros de que, desde esta Comisión, el señor
Ministro tomará muy buena nota y sabrá hacerlo llegar a las instancias
convenientes.
El señor Costa tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: Señora Presidenta, le agradezco sus acotaciones a
mis opiniones, pero no son necesarias. Estoy seguro de que el señor
Ministro de Justicia e Interior sabrá responderme a las cuestiones que le
he planteado y sabrá interpretar perfectamente mis opiniones, que
representan al Grupo mayoritario de esta Cámara. Por tanto, le agradezco
sus acotaciones pero se las puede guardar para otra ocasión.
La señora PRESIDENTA: Nada más lejos de mi ánimo que querer suplantar al
Ministro. Me refería a cuando usted ha aludido a los avezados
representantes de esta Comisión, de la que formo parte.
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Como el señor Costa nos ha provocado, al menos a
algunos de los portavoces, diciendo que no nos comprometemos, que no
exponemos nada, que hay que ser prudentes, y todas esas admoniciones que
suele emplear el señor Costa siempre que interviene para aplacar los
ánimos de la oposición, supuestamente muy levantisca, no sé si es éste el
momento adecuado para, en aplicación del Reglamento, contestar al señor
Costa, que ha contradicho las afirmaciones de estos portavoces, o si el
momento sería después de la intervención del señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Si le parece, damos la palabra al señor Ministro y
después tendrán ustedes un breve turno.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En primer
lugar, me contaban en la Mesa --y es verdad-- que la primera constatación
es que, a diferencia de mis colegas de Justicia e Interior, yo he tenido
la suerte de acudir ya a la primera reunión del tercer pilar, porque
coincidió justo con mi nombramiento. Los ministros de otros países
siempre tienen el problema de la reserva parlamentaria y de las
posiciones de confrontación parlamentaria, pero, afortunadamente, en
España eso no ha ocurrido en ningún momento; siempre ha habido un
respaldo parlamentario claro a una línea europeísta. Eso nos ocurre a
nosotros como país, pero ciertamente no le pasa a muchos países.
Por otro lado --y creo que hay que felicitarse por ello porque en el
fondo, y casi en la forma, creo que hay un acuerdo sustancial--, se trata
de dos cosas: Una, los objetivos concretos, limitados y modestos, que
necesariamente deben producirse en el semestre y, otra, las líneas de
fondo globales que España mantenga en cuanto al tercer pilar. Creo que
somos conscientes de que, de manera constante, hay esa dualidad.
Desde el punto de vista de los objetivos para este semestre,
efectivamente, repito, tienen que ser muy limitados. Incluso los que
plantea España más bien pecan de optimistas que de lo contrario; son
demasiados los objetivos que nos proponemos, pero sí me gustaría
recordarlos, aunque sea brevemente.
Sí pensamos que puede y debe firmarse protección de intereses
financieros, tecnologías y aduanas, que --para entendernos-- en
definitiva dependen sólo y exclusivamente de la función, del papel del
Tribunal de Justicia y creemos que es posible encontrar fórmulas que
garanticen que se firmen bajo nuestra Presidencia.
Pensamos también que en materia de Europol el nuevo plazo de un año que
se han dado los presidentes --que ciertamente debió haberse cerrado en
Cannes-- se cerrará bajo Presidencia italiana, como han comentado SS. SS.
y creo que yo también en mi intervención. De todas maneras, creo que
España no puede dejar de trabajar en materia de Europol, por lo menos en
dos líneas, una de ellas tratando de ir ya a propuestas concretas de
reglamentos. Ya saben SS. SS. que hay hasta cinco o seis --cinco en
cualquier caso-- reglamentos derivados de Europol, y creo que debemos
trabajar en esa línea e incluso no renunciar a ello, aunque cuando los
presidentes han marcado el plazo de un año es porque son conscientes de
la extraordinaria dificultad que supone el poner de acuerdo al Reino
Unido con el resto de los países --porque es así de simple-- en cuanto al
papel del Tribunal de Justicia, puesto que el mantener una actitud
restrictiva respecto a intereses financieros o aduanas, todavía es
admisible, mientras que hacerlo en materia de Europol es mantener una
actitud frontal, de no dejar prácticamente ninguna forma de intervención
al Tribunal de Justicia. Prácticamente --y con eso contesto a algunas de
las preguntas-- rechaza todo lo que no sea el control de los pleitos de
los funcionarios de Europol, dicho sencillamente, porque ni admite
cuestiones prejudiciales ni admite demandas individuales ni siquiera
acepta las fórmulas que se proponían, que para España serían
razonables. Por ejemplo, las que se proponían respecto a protección de
intereses financieros, que era una fórmula que, en definitiva, implicaba
un lapso de tiempo. Primero, efectivamente, debía resolverse en sede de
Consejo y después, si durante ese período de tiempo no se llegaba a una
solución en el Consejo, debía pasar al Tribunal de Justicia. Pero la
verdad es que en materia de Europol la posición del Reino Unido es
extraordinariamente restrictiva.
¿Que habrá que estudiar posibilidades de cláusulas de suspensión respecto
algún país miembro? Eso en alguna ocasión se ha hecho. No se puede
excluir, dentro de las técnicas de presión a que aludía el representante
de Izquierda Unida, el que se evalúe esa posibilidad. En todo caso es
sumamente difícil --y hay que dejarlo claro en este principio de
presidencia-- que, en ese caso, demos una solución definitiva al tema.
Sin embargo, lo cierto es que se han solucionado infinidad de temas en
materia de Europol. Tampoco se puede decir que no se hayan dado avances
importantes en materia de Europol, tanto en los tipos delictivos como en
los mecanismos de conexión entre la autoridades nacionales y las
autoridades centrales; en torno a todo lo que llamaban la arquitectura
del sistema, en la terminología del tercer pilar, se han dado avances
importantes. Incluso en el campo del Tribunal de Cuentas o en cuanto al
papel del Parlamento también ha habido fórmulas de aproximación.
Prácticamente, los problemas han quedado acotados al Tribunal de
Justicia, respecto del cual el Reino Unido mantiene esa posición
extraordinariamente restrictiva que les he indicado.
Creemos que bajo la presidencia española también se puede y se debe
avanzar en el tema de extradición. ¿De qué modo? No en un nuevo convenio
de extradición porque (he consultado a la Presidenta y me ha dicho que
opinaba como yo, que sólo faltaba Bélgica. A lo mejor estamos equivocados
la Presidenta y yo respecto de la ratificación del Convenio Europeo de
Extradición), por lo menos por mis noticias, sólo faltaba Bélgica por
firmar.
En cualquier caso, la presidencia española considera que se podría
avanzar no en el nuevo convenio, lo que sería también excesivamente
optimista, pero sí de manera parecida a como se ha hecho en el
procedimiento de extradición limitada. ¿De dónde procede la extradición
limitada? De Schengen. Fundamentalmente, no es más que una extensión,
creo que del artículo 66, del Convenio de Schengen, que se ha convertido
en un convenio del tercer pilar. Pues bien, también desde Schengen se
puede intentar cortar alguna de esas rodajas de salchichón a que antes
aludía, como pudiera ser, por ejemplo, la fijación de acuerdos en los
mecanismos de interrupción de prescripción que, como saben SS. SS., están
previstos de manera específica para Schengen, o, lo que sería
fundamental, en la regulación del principio «non bis in idem» tal como
está en Schengen . Piensa España que en esos campos se puede y se debe
intentar, si no un convenio global dentro de esta presidencia, sí el
poder llegar a algún convenio concreto que recogiera, por lo menos, esos
temas.
En materia de asilo creemos que se puede cerrar la mecánica de un
procedimiento especial para los nacionales de países pertenecientes a la
Unión, que era la condición «sine qua non» de España. Nosotros pensamos
que hemos abierto ahí una posibilidad para que sea un procedimiento
especialmente acelerado el que regule la tramitación de demandas de asilo
procedentes de países miembros de la Unión. Nuestra tesis era más
radical. Nosotros llegábamos a entender que no tenía sentido el asilo en
el marco de países de la Unión Europea, pero cuando menos una fórmula que
podría permitir romper el bloqueo sería la que les indico en este
momento: es decir, un procedimiento especialmente acelerado y
diferenciado para las demandas de asilo entre países miembros de la
Unión, más la explicación de que, en principio, no tienen sentido en el
ámbito de países de la Unión el que se articulen demandas de asilo. Creo
que en ese campo también se puede avanzar.
En el ámbito del Derecho de familia, si España limitara sus objetivos a
que la ejecución en materia civil y en materia comercial del Convenio de
Bruselas se extendiera a divorcio, nulidad y separación, podríamos llegar
a un convenio en el semestre de presidencia española; es indudable. La
verdadera opción es si consideramos que es un objetivo insuficiente y
debe combinarse con el de guarda y custodia de menores. La posición de
España es que debe intentarse que el convenio implique los dos aspectos y
no limitarnos a los temas de ejecución de sentencias de nulidad,
separación o divorcio.
Convenio de quiebras. Pensamos que con los trabajos realizados bajo la
presidencia francesa una solución bilateral con Bélgica de la cuestión
podría permitir cerrar el tema en el semestre español. Ese es nuestro
objetivo. De hecho, ya nos hemos puesto en contacto bilateral con Bélgica
porque prácticamente es el único país en el que se mantienen obstáculos
en esta materia. Me decían mis compañeros que con lograr un resultado en
convenio de quiebras la presidencia española debía darse por satisfecha,
porque antes les he dicho que los trabajos en esta materia habían
empezado en el año 1968, pero he consultado mis notas y he visto que
realmente habían comenzado en 1963, cinco años antes, lo que da idea del
ritmo de elaboración de estas materias. Sin embargo, parece evidente que
en este momento no existen normas comunes ni siquiera para resolver los
potenciales conflictos de leyes y de jurisdicciones entre los Estados de
la Comunidad. En definitiva, mientras la actividad empresarial toma como
referencia el mercado interior europeo, el Derecho sigue anclado en
claves estrictamente nacionales. Tanto los trabajos en el ámbito del
Derecho familia como en el ámbito del convenio a que he hecho alusión
últimamente, pensamos que es avanzar y darle contenido a ese concepto de
la Europa de los ciudadanos, porque, en definitiva, esa Europa de los
ciudadanos tiene que significar, tal como lo entiende la presidencia
española, que los ciudadanos y las ciudadanas europeas vean que la
pertenencia a la Unión se traduce en cosas concretas, en ventajas en su
vida ordinaria. Este tipo de cuestiones nos parecen esenciales y, por
consiguiente, las vamos a propiciar.
Y no mucho más. Es decir, en la presidencia española éstos son los temas
centrales. Conseguirlos globalmente sería un éxito que, sinceramente, no
creo que se produzca.
Son los seis temas centrales en los cuales debemos trabajar. Sin
perjuicio de que hay cuestiones en el ámbito de las resoluciones como la
xenofobia o el racismo, en las que evidentemente se va a avanzar --de
hecho, todos los grupos directores están trabajando seriamente--, creo,
sinceramente, que en el marco de grandes objetivos de convenios no se
puede lograr más; sólo con esto ya sería una presidencia que habría
logrado mucho más que todas las anteriores, como decía el representante
del Partido Socialista.
Voy a contestar, sin embargo, a algunas de las otras cuestiones que han
indicado SS. SS., porque si bien no forman parte de manera inmediata y
directa de lo que es posible en la presidencia española, sí que pueden
significar avanzar en la línea de lo que proponía el representante de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y también del Partido Popular
sobre la posición española en estos campos. En particular, sobre
Schengen.
En este momento sobre Schengen quizá habría que hacer alguna precisión a
la intervención del representante del Partido Popular. En este momento lo
que ha ocurrido es que hay una petición de Francia, que se va a despachar
en la reunión de Schengen del día 11 de este mes, de suspensión durante
seis meses o, dicho de otro modo, que se mantenga el período provisional
durante otros seis meses. En cualquier caso, como saben, dentro del
propio convenio se prevé que un Estado miembro pueda suspender
coyunturalmente, y al margen incluso de la decisión del Comité Ejecutivo
Central de Schengen, estas medidas. Ya se examinará el día 11 y ya tendré
oportunidad de dar cuenta a SS. SS. del resultado de esta medida.
Efectivamente, en este momento, ¿qué está ocurriendo en Francia? Les
daría un dato que me parece muy significativo. Nosotros estamos
devolviendo más ciudadanos a Francia que Francia a nosotros, lo cual es
verdaderamente curioso. Sus señorías, que son expertos en estos temas,
saben que tradicionalmente el problema era el flujo del sur al norte y no
del norte al sur. Eso ya no es así. En este momento es mayor el flujo
norte-sur que sur-norte y ahora nuestros mecanismos de control son
mejores, si me permiten esa excesiva vanidad --esto último no sé si debe
constar en acta--, y nuestro sistema Schengen funciona mejor que el
francés, dicho sea con todas las reservas que quiera, pero los hechos son
los hechos. Es decir, nosotros controlamos de manera razonablemente bien
las fronteras Schengen, lo cual está provocando un resultado. A priori
parecía que sería España el que tendría problemas en este tema y el que
debería pedir la suspensión de Schengen, y quien está pidiendo la
suspensión es Francia. Valórenlo en sus justos términos. Es verdad que en
eso concurren otra serie de factores: hay inmigración procedente de
pecos, efectivamente a través de países centroeuropeos a Francia,
etcétera, pero fundamentalmente la situación en este momento es cómoda
para España como nación. España está cumpliendo bien sus compromisos y
está, de hecho, como consecuencia de esos compromisos, devolviendo más
ciudadanos que pasan ilegalmente las fronteras que no en sentido
contrario.
Vamos a ver si convencemos a Francia de que hay que apostar por la
audacia de mantener en todo su vigor Schengen, porque Schengen, con todos
sus límites --conozco perfectamente la línea de crítica no ya sólo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catañunya, sino, en particular, en este
caso, del profesor Diego López Garrido sobre Schengen puesto que conozco
sus obras y no sólo la postura de su formación política--, al margen de
unas u otras opiniones críticas, desde nuestro punto de vista va a ser el
embrión de gran parte de los procesos de avance en el marco de la Unión
Europea. Muchas de las instituciones de Schengen van a ser el núcleo de
lo que después se convierta en materias de Unión Europea. Al propio Reino
Unido, normalmente tan reticente en estos temas, de momento le empieza a
parecer muy extraño que sus ciudadanos no pasen por el mismo sitio en los
aeropuertos. Veremos cuáles son las consecuencias de ese símbolo tan
sorprendente para la ideología y la idiosincrasia británica.
Sí me gustaría hacer algún comentario también sobre el tema de racismo y
xenofobia porque realmente se está trabajando. Concretamente, en el Grupo
Director 3, el de cooperación judicial, uno de los grupos de trabajo
desarrolla el encargo de llegar a una formulación homogénea de un tipo
incriminatorio, es decir, Derecho penal, tipo único para el conjunto de
países de la Unión. Yo creo que en este momento se está en la fase
clásica de estudio, de formulación de cuestionarios para contestación a
los diversos países, pero realmente se está trabajando seriamente en la
posibilidad de formular un tipo incriminatorio unitario para el conjunto
de Europa. En el 2, en el de cooperación policial, yo creo que lo más
interesante que se está haciendo son los trabajos preparatorios de
formación especializada de policías en esta materia --es decir, el campo
de prevención y especialización policial--. Por otro lado, siguiendo el
mandato del Consejo General de Essen, se constituyó, como ya ha señalado
alguno de los intervinientes, creo que el representante del Partido
Socialista, una comisión consultiva para el desarrollo del observatorio
europeo en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia, que
efectivamente, presentó sus trabajos en Cannes, y han quedado pendientes
algunos aspectos que podrán cerrarse en presidencia española.
Respecto a Europol, ya he comentado que el tema realmente se ha reducido
a ese nivel de dificultad; un nivel de dificultad que, sin embargo, hoy
por hoy, parece difícilmente superable. Pero aprovecho para insistir en
que sí se ha avanzado en campos que hasta hace escasamente tres meses
parecían casi imposibles, como es el papel del Parlamento Europeo, como
es el papel de la propia Comisión o como es el papel del Tribunal de
Cuentas, con fórmulas muy diversas, muy imaginativas, que yo creo que
merecen un elogio, realizadas durante la presidencia francesa. El tema
está muy claro, muy preciso, muy concreto, aunque el obstáculo sea
realmente difícil.
En fronteras exteriores, sin duda, España no puede aceptar que ese avance
se produzca a costa de Gibraltar --es una cuestión sobre la que además
pienso que existe consenso de todos los grupos de la Cámara-- y no es
posible avanzar sin que quede resuelto en términos bilaterales el
problema, como le llaman usualmente los diplomáticos, en definitiva, la
cuestión de Gibraltar. Fuera de ese aspecto,
en todo lo demás la posición española es absolutamente receptiva a que
podamos lograr ese convenio. En muchas ocasiones es necesario explicar a
otros países de la Unión Europea que el problema no es España sino el
Reino Unido. En sus experiencias en este campo habrán tenido la misma
constatación que el que tiene el honor de dirigirles la palabra, que en
muchas ocasiones hay que estar recordando que esto no es una cuestión
española sino la cuestión británica. ¿Qué sentido tiene que se hayan
aceptado hasta cuatro directivas en materia de transporte en la cláusula
de suspensión respecto del territorio de Gibraltar y no vaya a hacerse
respecto al convenio de fronteras exteriores? No parece en absoluto
razonable, pero, efectivamente, constantemente hay que razonar sobre ese
extremo, y si ciertamente el Reino Unido no se aviene a una fórmula de
ese tipo, otras se han propuesto en el pasado, como SS. SS. conocen
incluso mejor que yo, puesto que yo no tenía por entonces
responsabilidades de gobierno, como el control conjunto, etcétera, que
tampoco prosperaron.
Respecto del proceso de toma de decisiones, nosotros pensamos que es
necesario ampliar el papel del Parlamento, que es otra forma,
efectivamente, de contribuir a esa idea de Europa de los ciudadanos. ¿Qué
mecanismo es el que considera la presidencia española mínimo y que podría
realizarse dentro del actual tratado y sin necesidad de esperar a una
modificación de sus términos dentro del marco de la Conferencia
intergubernamental? Por un lado, estableciendo la información previa
general sobre objetivos al principio de cada presidencia --y así lo haré,
desde luego, ante el Parlamento Europeo--; en segundo lugar, efectuando
consulta previa al acuerdo del Consejo de Ministros sobre los convenios
más significativos --eso no se ha realizado bajo presidencia francesa,
España se propone hacerlo--; en tercer lugar, ofrecer al Parlamento
Europeo una información conclusiva, es decir, una información en la que,
de acuerdo con los objetivos marcados al inicio, se verifique un control
parlamentario de cuáles han sido realizados, cuáles no y en qué términos,
y además exponiendo con toda claridad cuáles han sido las dificultades
que han impedido llegar a acuerdos, por lo tanto, manteniendo un lenguaje
absolutamente veraz, aunque eso implique en ocasiones un lenguaje no
particularmente diplomático.
Nosotros pensamos que estos tres elementos deben introducirse bajo
presidencia española y así lo vamos a hacer.
Yo creo que en el tema relativo a la protección de intereses financieros
de la Comunidad se ha avanzado mucho. Lo que ocurre es que hay algunos
países que condicionan su acuerdo a que también lo haya en los otros dos
convenios, en el de aduanas y en el de Europol. La verdad es que ya se ha
llegado a fijar claramente la finalidad y el contenido del convenio. Por
otro lado, por contestar a una observación del portavoz socialista sobre
la relación entre el primer y el tercer pilar, le diré que del primer
pilar es el reglamento, pero del tercer pilar es el convenio. En
definitiva, las actuaciones del primer y tercer pilar son perfectamente
coherentes. Dentro del primero se verificará el control administrativo,
digamos, a través del reglamento, y dentro del tercer pilar, el control
estrictamente penal de las actividades delictivas.
Utilización de pasarelas es otro de los temas que efectivamente se ha
mantenido. Es claro que la posición del Gobierno dentro de la Conferencia
intergubernamental va a ser la de intentar comunitarizar al máximo el
tercer pilar. Desde luego, desde el punto de vista de España, no habría
ningún obstáculo para comunitarizar los seis primeros apartados del
artículo K.1, al que S. S. ha hecho referencia. Esa va a ser la línea de
trabajo, aunque ciertamente va a ser a efectos de la preparación de la
Conferencia más que a efectos de presidencia española.
El papel del Tribunal de Justicia. La posición de España era bastante más
avanzada que la que, casi por unanimidad, los países de la Unión
aceptaban para protección de intereses financieros o para aduanas y
sistema de informatización. Nuestra posición era muy clara, pensábamos
que no tenía ninguna razón el argumento de incompetencia material, que
era un aspecto esgrimido, como sabrán SS. SS., por varios de los países.
Pensábamos, como S. S., que había la suficiente base normativa en el K.3
del Tratado de la Unión, que no tenía ninguna lógica que existieran
técnicas de trasladar al ámbito comunitario convenios de otras
organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, y que no
existiera la posibilidad de trasladar al ámbito comunitario convenios
nacidos precisamente de las relaciones intergubernamentales entre países
miembros de la Unión. Un argumento mucho más obvio es la absoluta
necesidad, reconocida en el Tratado, de lograr interpretaciones uniformes
de los convenios que puedan nacer al amparo del tercer pilar. Por lo
tanto, la posición española tiende claramente a ampliar las competencias
del Tribunal de Justicia. Es claro que, en el necesario esfuerzo de
consenso que hay que hacer siempre en el trabajo comunitario, nuestra
obligación será buscar fórmulas para lograr ese consenso.
Una última observación quizás, sin perjuicio de otras aclaraciones que a
lo mejor he omitido a lo largo de mi intervención, sería la referente a
que la comunitarización --es un simple matiz-- tampoco implica
necesariamente la exclusión de la regla de la unanimidad. A veces se
confunde, es decir, se podría perfectamente comunitarizar temas
manteniendo la regla de la unanimidad, pero permitiendo un mayor juego
institucional. Por lo tanto, es otra línea de trabajo que la presidencia
española no piensa excluir.
Por otro lado, me gustaría mostrar mi acuerdo con lo que ha manifestado
el representante del Grupo Parlamentario Socialista. La verdad es que son
dos años, un tiempo tan corto como el que yo estoy en el Consejo de
Ministros, exactamente ese tiempo de vida lleva la Unión Europea. No creo
que sea demasiado equitativo dar el mensaje a los ciudadanos de que el
tercer pilar es algo casi inexistente. No es verdad, se están haciendo
cosas, muchos de los temas están muy avanzados, pese a lo cual
efectivamente el resultado externo de los trabajos es sumamente pobre. Yo
creo que son verdad las dos cosas: el resultado es fundamentalmente pobre
y el proceso de conversación, de llegar a puntos de acuerdo en temas
nucleares, es muy amplio;
aunque desgraciadamente un buen número de convenios está pendiente de
aspectos extraordinariamente puntuales, se ha avanzado en todos los
demás. Desde luego, España hará lo posible durante su presidencia para
superar esos obstáculos que ofrecen esa imagen externa pobre del
resultado del tercer pilar.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Baón.
El señor BAON RAMIREZ: En primer lugar, debo dar una mínima respuesta al
señor Costa, que ha querido ver en nosotros escepticismo, reticencias, a
cuestiones de fondo. No le quepa ninguna duda de que nosotros somos
proeuropeos, estamos a favor de la unidad plena, pero también tenemos un
sentido práctico y prudente de la realidad y es lo cierto que los avances
han sido mínimos, quizá inscritos en esos largos plazos en que hay que
inscribir todos los temas de la Comunidad.
Me ha parecido mucho más razonable la segunda intervención del Ministro
en respuesta a los portavoces porque ha sido mucho más prudente, no tan
pretenciosa. No es cuestión de hablar de temas de fondo, que a mí me
encantaría, sino de objetivos concretos. Es lo cierto que el tercer pilar
no es tal, es una viga de manera que se sostiene y, además, es reflejo de
los otros dos pilares, el primero y el segundo, que no van por el mejor
de los caminos.
Dicho eso, le insistiría al Ministro que me diese respuesta respecto de
si la suspensión de Schengen por parte de Francia, que ya ha utilizado
una de las cláusulas que vienen en el convenio, va a afectar a la
persecución en caliente o a otros temas, porque no ha aludido a eso.
Nada más sino desear los mejores votos para que esa enunciación de
propósitos en estos seis puntos se convierta en una realidad al término
de nuestra presidencia en el mes de diciembre. A partir de entonces,
hablaremos de cuál ha sido el balance de la presidencia europea.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Naturalmente, hay que empezar por responder al
señor Costa, que ha avanzado la idea, creo que claramente imprudente, de
que los grupos parlamentarios, por lo menos éste al que tengo el honor de
representar, no tienen ni exponen compromisos en relación con el futuro
del tercer pilar. Nosotros hemos expuesto nuestra posición aquí hace muy
poco, cuando estaba el señor Solana presentando el documento sobre la
presidencia española, que quedó muy clara. En cuanto al tercer pilar,
creo que también está claro. De mi intervención, me parce que se deducía
claramente nuestra posición. No hacía falta explicitarlo casi en plan
programa electoral, pero ya que me incita al ello el señor Costa, diré
que --y en esto me alegra coincidir con el señor Ministro-- nosotros
queremos claramente que se comunitaricen todos los aspectos de interés
común expresados en el Tratado de Maastricht y que es posible
comunitarizar los seis primeros. Estamos claramente por que se
comunitaricen y, por tanto, se utilice la pasarela del K.9 en el ámbito
de la Comunidad Europea.
Yo le devolvería la pelota al señor Costa y le preguntaría cuáles quiere
comunitarizar de esos seis, porque ha dicho que sería interesante
comunitarizar algunos de esos aspectos de interés común dentro del tercer
pilar en opinión de su Grupo, no ha dicho cuáles; luego, el señor
Ministro ha dicho que, para el Gobierno, los seis, con lo cual no sé si
hay alguna diferencia entre lo que piensa el Gobierno y lo que piensa el
Grupo Socialista. Para el Gobierno, claramente los seis; para el Grupo
Socialista, no sabemos, ha dicho que algunos, no todos.
De hecho, en este momento está comunitarizado aquello que podría
interesar menos a España comunitarizar, el asunto de los visados. El
asunto de los visados está comunitarizado en el artículo 100 del Tratado
de la Unión Europea, es el único aspecto que está metido dentro del pilar
comunitario. Digo que podría interesar menos a España porque como a
partir de 1996 se va a utilizar la mayoría cualificada, no la unanimidad,
para decidir a qué países se va a tener que exigir visado, en nuestro
caso, si nos quedamos en minoría y se exige visado a algunos países
iberoamericanos a los que no querríamos tener que exigirlo, tendríamos
que aguantarnos. Eso, que es lo que nos viene mal, ya está
comunitarizado; luego sería interesante que el resto se comunitarizase o,
al menos, que se pusiesen las bases para ello, porque naturalmente no es
una cosa de hoy para mañana.
También, estamos por que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
intervenga todo lo que sea posible para dilucidar litigios sobre este
tercer pilar, naturalmente mucho más si se comunitarizan algunos de estos
aspectos de interés común. Y somos partidarios de la profundización de la
ciudadanía europea, estamos claramente a favor de ello; no sólo con el
voto efectivo en las elecciones municipales y en las elecciones al
Parlamento Europeo de residentes comunitarios en nuestro país y en todos
los países de la Unión, sino con el voto a residentes que sean incluso de
países terceros, pero que han montado su vida en la Unión Europea, tienen
un arraigo, merecen tener también el voto y apostamos por ello.
También apostamos por una carta de derechos fundamentales para los
ciudadanos de la Unión Europea que, sin embargo, carecen de ella. No
existe una carta de derechos fundamentales y hay grandes problemas de
acciones de las instituciones comunitarias que pueden afectar a derechos
fundamentales y no hay forma en este momento de defenderse de ello. No
hay forma de defenderse de una decisión del Consejo de la Comisión que
afecte a un derecho fundamental si afecta, a su vez, directamente a un
ciudadano comunitario porque no existe una carta de derechos.
Así pues, nuestra posición de compromiso a este respecto está muy clara.
España --deberá usted reconocerlo, señor Costa-- no ha estado a la altura
de las circunstancias en los últimos años en muchas ocasiones. La época
en que estaba al frente del Ministerio de Interior el señor Corcuera no
fue una época en la que España estaba al frente de la vanguardia de la
defensa de los derechos de los extranjeros residentes de terceros países.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, perdone un momento.
Es muy interesante el debate y la Presidencia les va a otorgar que
continúen, pero como ya hemos pasado a un turno de alusiones en el que el
señor Ministro no va a intervenir, puesto que además el señor Ministro
tiene un problema de agenda no semestral sino real, que tiene que
resolver esta tarde y deberá ausentarse ya, vamos a despedirle y luego
continuaremos el debate, si el señor Costa quiere intervenir, y si no
terminaría usted, señor López Garrido.
Agradecemos al señor Ministro su presencia esta tarde y las explicaciones
que nos ha dado. Estamos seguros de que podrá comparecer durante este
semestre con cierta frecuencia ante esta Comisión, porque queremos que
asocie mucho a los trabajos del Gobierno los que vamos a ir haciendo en
esta Comisión Mixta.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señora Presidenta, si me permite que termine,
para no quedarme con la palabra en la boca de una forma un tanto
desairada...
La señora PRESIDENTA: Pensaba darle la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Sí, pero como se va a ir el señor Ministro ahora
mismo, quisiera decirle que me parece muy bien eso que ha dicho al final
de su intervención de comunitarizar esos seis asuntos de interés común y
de que el Tribunal de Justicia tenga las más importantes competencias.
Esto iba unido a alguna otra pregunta que le quería hacer, pero la
dilataré para otro momento, sobre la posición respecto al derecho de
asilo, que sabe el señor Ministro que es un tema de especial interés, y
en cuanto a cuál es la posición respecto de ese derecho de asilo respecto
a la posible comunitarización, porque precisamente un compromiso para
este año del Consejo Europeo era el decidir si al derecho de asilo iba a
poder ser aplicada la famosa pasarela del K.9, compromiso adoptado por el
Consejo Europeo para este año 1995 que está a punto de terminar bajo la
Presidencia española.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, quedan en el aire estas
preguntas que estamos seguros de que en el mes de septiembre nos
contestará el señor Ministro. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Costa Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta, por este turno
atípico de debate que ha concedido. Ruego disculpas al señor Ministro por
tenerle aquí contemplando cómo los portavoces debatimos, cuando el objeto
del debate era él.
Simplemente quiero decir a los grupos que me alegro de su coincidencia en
los temas de construcción europea, que no era en absoluto mi voluntad ni
mi deseo buscar discrepancias sino concitar el máximo de acuerdo, y que
espero que las coincidencias que tenemos, particularmente con Izquierda
Unida en este caso, sean extendibles a otras partes del Tratado de la
Unión y que lo podamos ver en la Conferencia Intergubernamental y en su
posición al respecto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.