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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 82, de 26/06/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 82
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 24
celebrada el lunes, 26 de junio de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Proposición no de ley relativa a la consolidación de un Estatuto
permanente para las Islas Canarias por parte de la Unión Europea (UE).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
Congreso 161/000490 y número de expediente Senado 572/000038). (Página 1630)
Debate, si procede, de las propuestas de resolución presentadas a la
comunicación sobre la Presidencia Española del Consejo de la Unión
Europea. (Número de expediente Congreso 200/000008 y números de
expedientes Senado 700/000003 y 574/000003). (Página 1639)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
--PROPOSICION NO DE LEY RELATIVA A LA CONSOLIDACION DE UN ESTATUTO
PERMANENTE PARA LAS ISLAS CANARIAS POR PARTE DE LA UNION EUROPEA (UE).
PRESENTADA POR EL G. P. SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso
161/000490 y número de expediente Senado 572/000038.)
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señoras y señores Diputados, señoras
y señores Senadores. Iniciamos la sesión.
He de comunicar a SS. SS. que se ha recibido una solicitud del Grupo
Parlamentario Vasco de aplazamiento del primer punto del orden del día.
En consecuencia, queda aplazada la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a que solicite y defienda ante la Unión Europea la
armonización de la legislación pesquera sancionadora de los países
miembros de la Unión. Ya les comunicaremos cuándo se podrá ver.
Entramos en el segundo punto del orden del día. El Grupo Socialista
presenta una proposición no de ley relativa a la consolidación de un
estatuto permanente para las islas Canarias por parte de la Unión
Europea.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, tal
y como han podido comprobar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
en la sección correspondiente a comisiones mixtas, ha presentado la
proposición no de ley relativa a la aspiración de consolidación de un
estatuto permanente para las islas Canarias en el seno de la Unión
Europea. Señorías, bien saben ustedes que tanto en la cuarta legislatura
como en la actual ha sido objeto de debate en diferentes ocasiones, y en
varias de ellas a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el
análisis de la realidad socioeconómica de la comunidad canaria al amparo
del nuevo status. Por consiguiente, en la defensa de esta proposición no
de ley el Grupo Parlamentario Socialista no va a hacer referencia a lo
que ya se ha señalado en otras ocasiones, a lo que se ha dicho en
diferentes intervenciones, ni va a hacer un análisis histórico de la
realidad, de cómo se ha llegado a este momento. El hecho es que el
vigente Tratado de la Unión Europea incluye la declaración vigésima sexta
sobre las regiones ultraperiféricas que eleva el concepto de región
ultraperiférica de la Comunidad a una aproximación de Derecho primario,
con un reconocimiento muy importante de la plena legitimidad de este
modelo. Señorías, nosotros estimamos que de cara al futuro eso nos ofrece
la posibilidad de dar pasos hacia adelante. En la disposición vigésima
sexta del actual Tratado de la Unión Europea se establece expresamente
que el modelo específico para Canarias está justificado en la medida y
por el tiempo en que perviva una necesidad objetiva. La necesidad de este
modelo la refleja el Tratado en el primer párrafo de la declaración
basándola en la lejanía, insularidad y falta de recursos. Además, fue la
primera vez que la Comunidad Europea, ahora, dice que para unas regiones,
las ultraperiféricas, el objetivo es lograr que alcancen el nivel medio
de prosperidad del conjunto de la Comunidad. Señorías, que la Unión
Europea se haya comprometido a que una región española, como es la
canaria, y otras regiones de otros países, definidas todas por la
cualificación común de regiones ultraperiféricas, repito que la Unión
Europea se comprometa a que regiones de estas características alcancen el
nivel medio económico de la Comunidad constituyó, sin duda alguna, un
compromiso ciertamente importante que nosotros los españoles debemos
imputar a un éxito negociador del Gobierno español y del Presidente don
Felipe González.
Gracias a ese concepto de región ultraperiférica se puede obtener un
tratamiento específico para Canarias en la aplicación de las nuevas
perspectivas financieras de la Comunidad. Señorías, la Comunidad invierte
en las regiones Objetivo-1 de España, Portugal, Grecia e Irlanda
importantes cantidades procedentes de fondos estructurales y de cohesión.
Con la actual proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
pretende que sea esta Comisión, la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea, la que mandate al Gobierno para que en el plazo más breve
posible elabore el conjunto de informes y medidas que le permitan
gestionar ante las instituciones de la Unión Europea la consolidación de
un estatuto permanente para las islas Canarias derivado de su condición
de región ultraperiférica. Y es precisamente el Grupo Parlamentario
Socialista de las Cortes Generales el que hace esta defensa desde la
coherencia, desde la línea procedimental mantenida a lo largo de los
últimos años. Yo quisiera recordar a SS. SS. que, por ejemplo, en la
actual Ley del Régimen Económico y Fiscal canario, en su disposición
adicional décima, se recoge textualmente el siguiente contenido: El
Gobierno de la nación gestionará ante las instituciones de la Unión
Europea la consolidación de un estatuto permanente derivado de su
condición de región ultraperiférica. Esta disposición adicional se
recogió en la ley como consecuencia de enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Senado en el trámite correspondiente de
esta ley, tal y como puede comprobarse en la página 90 del Boletín
Oficial de las Cortes Generales del 24 de mayo de 1994.
Señorías, nosotros estimamos que el actual modelo de la Unión Europea
debe asimilar las regiones ultraperiféricas a las regiones Objetivo-1 de
los fondos estructurales estableciendo un tratamiento específico de estas
regiones para estos fondos y, en su caso, también para los fondos de
cohesión. Por ello es por lo que proponemos a esta Comisión Mixta el
texto de la resolución cuyo contenido es el siguiente: Las Cortes
Generales instan al Gobierno para que en el plazo más breve posible
elabore el conjunto de informes y medidas que le permitan gestionar ante
las instituciones de la Unión Europea la consolidación de un estatuto
permanente para las islas Canarias derivado de su condición de región
ultraperiférica, ya reconocida en la declaración vigésima sexta del
Tratado de la Unión Europea, en programas, reglamentos y normativas
comunitarias.
Estimamos que precisamente esa consolidación de un status especial en el
nuevo Tratado de la Unión Europea, que surja de la Conferencia
Intergubernamental de 1996 debe posibilitar a regiones como la canaria
--la única región española-- y a las restantes regiones ultraperiféricas
de otros países comunitarios que programas comunitarios vigentes como
Leader, Envireg, Stride, Telematique, Valorem, etcétera, o los futuros
que se adopten para las regiones de la Unión Europea, deben ajustarse a
las características particulares de Canarias como región ultraperiférica
con un régimen propio más favorable. Especialmente importantes son los
programas de redes informáticas y telemáticas para superar el aislamiento
de Canarias y la conexión con las redes transeuropeas y servicios
digitalizados para el acceso de las islas en condiciones de
competitividad al mercado único. Pensamos que también ello posibilitará
el ajustar el desequilibrio existente en la protección de la industria
local de consumo o exportación a las disposiciones especiales de la Unión
Europea, mediante el establecimiento de un programa de política
industrial equivalente al Poseican, que ha sido objeto de análisis en
sucesivas ocasiones en el seno de esta Comisión Mixta, la última con
motivo de una interpelación de un grupo parlamentario vinculado al
aspecto del régimen especial de abastecimiento. En aquella ocasión, el
Grupo Parlamentario Socialista ya decía, casualmente a través de este
mismo interviniente, que era necesario un Poseican industrial, entre
comillas, por cuanto la participación del sector industrial en la riqueza
generada en el archipiélago está muy por debajo de la mitad de la media
para el Estado español.
Señorías, el Reglamento comunitario 1911/91 del Consejo del 26 de junio,
relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario en
las islas Canarias, por la decisión del Consejo de 26 de junio de 1991,
por el que se establece el Poseican, así como la Ley 20/1991, de 7 de
junio, de reforma de los aspectos fiscales del REF, a la que ya he hecho
referencia específica en un solo apartado, en la disposición adicional
décima, recogen que queda definitivamente derogado el arbitrio insular a
la entrada de mercancías; que se autoriza al Consejo para la prórroga de
la aplicación de la tarifa especial al 31 de diciembre del año 2000, si
bien, por lo que se refiere a los productos importados de terceros
países, deberá reducirse progresivamente a partir del 1 de enero de 1996
hasta su total desaparición el 31 de diciembre del año 2000. Dice también
que se crea el arbitrio sobre la producción e importación en las islas
Canarias, con carácter transitorio hasta finales de siglo. Los tipos de
este gravamen deberán reducirse a partir del 1 de enero del año 1996 en
proporción de un 20 por ciento anual, de manera regresiva. A la vez se
autorizan exenciones parciales o totales en favor de la producción local,
exenciones que deberán dejarse sin efecto el 31 de diciembre de 1995.
También dice que se crea el impuesto general indirecto --y así se creó en
la Ley de modificaciones fiscales del régimen económico y fiscal canario,
de 1991-- con carácter de impuesto sobre el valor añadido y, por tanto,
no discriminatorio de las producciones internas y exteriores.
Como consecuencia de toda esta argumentación, señorías, parece claro que
el 1 de enero de 1996 la situación para la producción local sufrirá
alteraciones con respecto a la actual en el sentido siguiente. En primer
lugar, la tarifa especial de los productos procedentes de terceros países
comenzará a desarmarse progresivamente. En segundo lugar, comenzará el
desmantelamiento del arbitrio de producción e importación de la comunidad
canaria, a la vez que se aplicará tanto a los productos importados como a
los de producción canaria, lo que supondría un incremento relativo de los
precios de estos últimos de hasta un 5 por ciento con referencia a la
situación actual. En tercer lugar, las materias primas importadas
soportarán unas accisas comunitarias del 60 por ciento de los derechos
generales, un 10 por ciento superior al vigente en 1995.
En las actuales circunstancias, los cambios de status industrial
previstos en el Reglamento 1911/91, que suponen el desmantelamiento de
los sistemas de protección frente al exterior, con los que cuenta hoy la
propia industria canaria en lo que se refiere a la tarifa especial y al
arbitrio de producción e importación, tal como he hecho referencia hace
muy poco, y el establecimiento de un gravamen, hoy inexistente, sobre la
producción interior vendría a tener, como ya he mencionado también con
anterioridad, unas consecuencias imprevisibles sobre el sector, en
cualquier caso negativas, y que pondrían en serio peligro la ya difícil
viabilidad de la actividad industrial de las islas y la supervivencia de
muchos de los sectores productivos. Ante esta situación, hay que dar por
descontado que Canarias, por razones de empleo, por razones estratégicas
de estabilidad y de equilibrio económico, no puede renunciar a un sector
productivo tan esencial como es el propio sector industrial para el
autoabastecimiento y para el equilibrio económico con los diferentes
sectores productivos, el agrario o el vinculado al sector servicios, de
forma que se mantenga, al menos actualmente, su peso relativo en la
propia estructura productiva regional, por lo que en tanto no se arbitren
otras medidas efectivas capaces de posibilitar el mantenimiento y
desarrollo del sector, y en tanto no puedan constatarse los posibles
efectos positivos derivados de la Ley de modificación del régimen
económico y fiscal canario, es preciso que se mantengan determinados
mecanismos proteccionistas.
Señorías, la aplicación territorial del Tratado de la Unión Europea viene
recogida concretamente en su artículo 227, con las salvedades que
establece en su párrafo segundo y aquellas otras que los Estados miembros
que se hayan incorporado después del año 1957 hayan acordado en sus
respectivas actas de adhesión. Este es precisamente el caso de España.
Como recordarán SS. SS., en el caso del Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas ya se recogieron, con carácter singular, las
excepciones de ese tenor en el artículo 25 del Acta de Adhesión y en el
Protocolo número 2 respecto a Canarias, Ceuta y Melilla. La petición de
un tratamiento diferenciado para las regiones ultraperiféricas tiene una
base sólida en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y, consiguientemente, no es una petición alegre o
banal que pueda llevar a cabo cualquier fuerza política canaria.
Insisto en que tiene una base sólida en la propia jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en concreto en la
resolución producida con motivo del asunto Hansen 148/77, cuya sentencia
se dictó el 10 de octubre de 1978 y en la que se declara textualmente lo
que sigue: Las disposiciones del Tratado y del Derecho derivado deben
aplicarse de pleno derecho a los departamentos de ultramar franceses, en
la medida en que forman parte de la República francesa. En segundo lugar,
es posible establecer medidas específicas para responder a las
necesidades de estos territorios. De ahí precisamente que, basándose en
esa jurisprudencia sentada en el año 1978, el Consejo Europeo aprobó
distintos programas de opciones específicas para los departamentos
franceses de ultramar (el Poseidom) para Canarias (el Poseican) para
Madeira y Azores (el Poseima). Si bien es cierto que el Poseican, tal
como se ha manifestado en reiteradas ocasiones en esta Comisión Mixta,
apareció también como compensación y mecanismo facilitador del ingreso de
Canarias de lleno en la Unión Europea, a raíz de la decisión adoptada en
el año 1989 por el Parlamento de la Comunidad canaria, hecho suyo por el
Gobierno regional e incorporado al mecanismo negociador del Gobierno de
la nación, y por ende receptora de todas aquellas políticas comunitarias
que le iban a ser de aplicación.
Las importantes deficiencias estructurales que afectan a Canarias:
lejanía, fragmentación del territorio, insularidad, carencia de materias
primas, escaso desarrollo económico y social, etcétera, fueron las que
movieron al Gobierno español a luchar decididamente por un reconocimiento
expreso de tales carencias a fin de arbitrar los mecanismos políticos y
jurídicos necesarios para superarlos. Fue así, señorías, como se
consiguió introducir en el Tratado de la Unión Europea, como consecuencia
de una actuación firme del Presidente del Gobierno español, don Felipe
González, la declaración vigésima sexta, a la que he hecho referencia en
varias ocasiones en esta intervención, referida a las regiones
ultraperiféricas de la Comunidad. Sin embargo, seamos objetivos y, sin
que queramos devaluar ese paso adelante que supuso tal declaración
vigésima sexta, reconozcamos que la realidad es que presenta un valor más
político que jurídico. De ahí la necesidad de avanzar con un paso más
firme y más sólido, que es el que se propone como proyecto de resolución
en el texto de esta proposición no de ley y que se argumenta en su parte
expositiva. Por ello es necesario elevar la declaración vigésima sexta
del Tratado de la Unión Europea a la categoría de Derecho primario u
originario, mediante su transformación en protocolo añadido a la posible
reforma del Tratado del año 1996. Resulta necesario también que, en
relación a los objetivos incorporados a los textos normativos del Derecho
comunitario, se multipliquen las referencias a las regiones
ultraperiféricas en el articulado de los tratados.
Señorías, conviene destacar el hecho de que, a partir del Reglamento
comunitario 1911/91 del Consejo, de 26 de junio, relativo a la aplicación
de las disposiciones del Derecho comunitario en las islas Canarias, el
archipiélago se integró plenamente en las políticas comunes de la Unión
Europea y en el territorio aduanero comunitario. Se trata, sin embargo,
de un modelo de integración progresivo --y esto quiero recalcarlo: modelo
de integración progresivo, no culminado aún en su plenitud-- en tanto que
el citado Reglamento fijó un período transitorio que culminará el 31 de
diciembre del año 2000. Consiguientemente --y ése es el contenido de la
defensa que hace el Grupo Parlamentario Socialista--, lo que ahora
importa destacar es que, no obstante ese proceso de integración pleno y
progresivo, ello aún no ha permitido traducirse en que Canarias pierda
determinadas especialidades. Y así, en el propio preámbulo del Reglamento
1911/91 se señala que considerando que la integración de las islas
Canarias en el conjunto de las políticas comunes requiere un proceso
progresivo --reitero-- durante un período transitorio adecuado y
--resalto-- sin perjuicio de las medidas particulares dirigidas a tener
en cuenta los condicionamientos específicos debidos a la lejanía y a la
insularidad de las islas Canarias, así como a su régimen económico y
fiscal histórico, estas medidas deberán ser objeto de un programa de
opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas
Canarias que deberá adoptarse en aplicación del presente Reglamento.
Consiguientemente, en una primera aproximación cabría entender que las
medidas particulares son medidas de naturaleza transitoria que
subsistirán hasta tanto no se produzca la plena integración, que tendrá
lugar el 31 de diciembre del año 2000. Sin embargo, no sería ésta una
interpretación correcta puesto que, como bien señala el propio
Reglamento, habría que distinguir, en todo caso, entre medidas
particulares relativas a los condicionamientos específicos debidos a la
lejanía y a la insularidad de las Canarias y aquellas otras medidas
relativas al especial régimen económico y fiscal histórico de Canarias.
En relación a las primeras, se dictó por parte del Consejo la decisión
del 26 de junio de 1991 estableciendo el Poseican. Y tal como se recoge
en el preámbulo de tal disposición, el período de aplicación de las
medidas que se adopten podrá, según los casos, estar vinculado con el
proceso de fortalecimiento de la integración de las islas Canarias en las
políticas comunes o --también subrayo con mucho énfasis-- prolongarse más
allá de dicho proceso, habida cuenta de los condicionamientos de carácter
permanente que caracterizan a las islas Canarias. En cuanto a las
segundas, el carácter permanente --que reitero-- y progresivo de la
singularidad de Canarias se reconoce expresamente en el artículo 4 del
Reglamento 1911, que viene a significar la no aplicación del IVA y de los
impuestos especiales.
Como puede comprobarse, señorías, la Unión Europea reconoció aquí de
manera expresa la singularidad de Canarias a un doble nivel. Sin embargo,
no puede olvidarse que también establece una cautela, como se señala en
el preámbulo de la decisión del Consejo de 26 de junio de 1991, en el
Poseican, que dice textualmente: Estas medidas deben permitir el
reconocimiento de las características específicas y de los
condicionamientos de las islas Canarias, sin que ello atente contra la
integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario; que los
efectos económicos de las medidas específicas deberán quedar limitados al
territorio de las islas Canarias sin afectar directamente al
funcionamiento del mercado común. Señorías, si el contenido de las
disposiciones de referencia suponen un buen punto de partida en orden a
articular la defensa a un estatuto permanente de Canarias, no parece, en
principio, que tal punto de vista se refuerce a través de la declaración
vigésima sexta del Tratado de la Unión, declaración a la que queremos dar
esencialmente el carácter que tiene, que es un carácter político, y no de
consolidación de Derecho primario comunitario. En la misma se señala: La
Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas (departamentos
franceses de ultramar, Azores, Madeira y las islas Canarias) padecen un
importante atraso estructural agravado por diferentes fenómenos (gran
lejanía, insularidad, escasa superficie, relieve y climas difíciles,
dependencia económica respecto a algunos productos, etcétera) cuya
constancia y acumulación perjudican gravemente a su desarrollo económico
y social. Considera que si las disposiciones del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea y del Derecho derivado se aplican de pleno derecho a
las regiones periféricas, ello no obsta para que se adopten disposiciones
específicas en su favor, mientras exista una necesidad objetiva de
adoptar tales disposiciones --y reitero que mientras exista una necesidad
objetiva de adoptar tales disposiciones-- con vistas a un desarrollo
económico y social de estas regiones. Estas disposiciones deberán tener
por objetivo a la vez la realización del mercado interior y el
reconocimiento de la realidad regional, con vistas a hacer posible que
las regiones ultraperiféricas alcancen el nivel económico y social medio
de la Comunidad.
Por tanto, señorías --y con ello voy finalizando esta intervención--, las
consideraciones anteriores nos llevan a tener en cuenta una pauta de
actuación que es fundamental en todo el proceso de construcción de las
instituciones europeas: la incidencia clave de la negociación política
permanente. Desde este punto de vista, la reivindicación de un estatuto
permanente para Canarias ha de centrarse, desde la óptica del Grupo
Parlamentario Socialista, en el hecho de que sus necesidades objetivas
--y lo subrayo-- no son coyunturales. Las necesidades objetivas de
Canarias no son coyunturales, sino que son permanentes, son perdurables
en el tiempo y están vinculadas a su condición geográfica que le
caracteriza como vanguardia, como proa, como frontera de la Comunidad
Europea con los países del Magreb en pleno Atlántico. De ahí que tal
circunstancia --estimamos-- ha de traducirse en un reconocimiento expreso
por parte de la Unión Europea. Por ello preferimos hablar de la necesidad
de conseguir un estatuto especial o bien un estatuto permanente, desde el
punto de vista conceptual. Si bien es cierto que venimos hablando de un
estatuto permanente, parece razonable la solicitud de un estatuto
especial. Y aunque pueda parecer que se trata de una mera cuestión
terminológica, pensamos que responde a un planteamiento cualitativo. En
realidad, señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que no
podemos renunciar como criterio de actuación al criterio de la
competitividad, y no limitarnos a sustituirlo. Es decir la petición del
estatuto especial para Canarias no es una petición de un proteccionismo
permanente; es la petición de un tratamiento a una singularidad que
permita la competitividad dinámica. Es un concepto que queremos dejar muy
claro. Es menester conseguir un equilibrio entre el proteccionismo
dinámico y constante y el status especial que estamos reivindicando.
Por último, les eximo de la lectura de la exposición de motivos que ha
justificado la defensa de esta proposición no de ley por encontrarse
publicada en el correspondiente Diario de las Cortes Generales, pero
quiero terminar --medio minuto, señora Presidenta-- insistiendo en lo que
el Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado como posicionamiento
político a lo largo de los últimos años. Desde la óptica institucional
queremos reiterar la defensa de la que vino numerada como enmienda número
216 en la tramitación de la Ley Económica del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias y recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de
24 de mayo de 1994. Defendimos la necesidad del mandato imperativo al
Gobierno que gestionara ante las instituciones de la Unión Europea la
consolidación de un estatuto permanente derivado de su condición de
región ultraperiférica. Así se incorporó al informe que la Comisión de
Economía y Hacienda elevó al Pleno y así está recogido en el texto de la
ley. Pensamos que fue un compromiso que mandata al Gobierno y que en
estos momentos, en los que está tan próxima la presidencia de la Unión
Europea por parte de España, si la Comisión Mixta en esta sesión de hoy
adopta una resolución imperativa será, qué duda cabe, una resolución
imperativa instando al Gobierno a que elabore el conjunto de informes y
medidas que le permitan gestionar ante las instituciones de la Comunidad
Europea, con el apoyo de los restantes países afectados por regiones
ultraperiféricas, un estatuto especial para Canarias que le permita la
incorporación plena, en régimen de igual a igual a las restantes regiones
de los diferentes países comunitarios a efectos de la competencia
económica, y jugar el papel que tiene que jugar en el seno del Estado
español y, naturalmente, en el seno de lo que es este ilusionante
proyecto de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, efectivamente hemos
presentado una enmienda que para conocimiento de SS. SS. singularizo. En
la segunda línea, donde dice: «Las Cortes Generales instan al Gobierno
para que en el plazo más breve posible elabore el conjunto de informes y
medidas...», introducimos después de la palabra «elabore» la frase «en
colaboración con el Gobierno autonómico de Canarias».
Señorías, felicito al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el
Senador Segura, por la defensa que ha hecho de la necesidad que tiene
Canarias de un estatuto permanente derivado de su condición
ultraperiférica. Yo desearía que las palabras íntegras del Senador
Segura, que suscribo, las pudiera leer lo antes posible nuestro Ministro
de Asuntos Exteriores. Señora Presidenta, si estuviéramos en julio de
1994 esto sería oportuno. Lo que me preocupa y me
alarma --de ahí nuestra enmienda, que lo único que trata es de aumentar
el grado de capacidad de la Administración española ante la Unión
Europea-- es que a la colaboración informativa y técnica del Gobierno
central se sume la del Gobierno autonómico. ¿Por qué digo esto, señorías?
En primer lugar, el Estatuto de autonomía de Canarias significa
claramente la competencia del parlamento autonómico para opinar en toda
modificación legal que afecte a la situación económica del archipiélago
canario por la singularidad del régimen económico y fiscal que le ampara.
En segundo lugar, el compromiso de tener que desarrollar muchos de los
programas que han venido por vía de la Unión Europea: el Poseidom de los
territorios franceses, el Poseima de los territorios de Madeira y Azores
portugueses el Poseican del territorio de Canarias dentro de la nación
española. Pues bien, se encomienda a sus gobiernos autonómicos el
desarrollo de una gran cantidad de subprogramas, unos directamente y
otros en coordinación con el Gobierno central. ¿Con qué nos encontramos
aquí? Con una proposición no de ley en la que no hemos querido con
nuestra enmienda concretar el plazo más breve posible. Yo no sé si ese
plazo más breve nuestro Gobierno central posible lo interpreta en estos
seis meses del mandato de la presidencia española; lo dudo muy mucho, me
gustaría equivocarme. Pero hay algo, señora Presidenta, que me alarma, y
es que un año después de publicada la Ley 19/1994 que fijó las bases
económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuya
disposición adicional décima --como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista-- Canarias, como región ultraperiférica, compromete al
Gobierno de la nación, en virtud de la Resolución número 26 del Tratado
de Maastricht, a tener un estatuto permanente, se pide elaborar el
conjunto de informes y medidas. El Gobierno central, un año después de
aprobada la ley, no tiene un documento de informes y medidas para
gestionar ante la Unión Europea que se lo apruebe el estatuto. Esto
verdaderamente me preocupa y me alarma, y ésta es la situación de hecho,
que a través de una proposición no de ley hay que suplir la inoperancia
de la disposición adicional décima de la Ley 19/1994, por una desidia del
Gobierno o por quien sea responsable. Esto es preocupante, señorías, muy
preocupante. Y si de lo que se trata en el fondo es de estimular al
Gobierno central para que gestione ante la Unión Europea (yo supongo que
dentro de estos seis meses, porque aunque la proposición no de ley del
Grupo Socialista dice que en el plazo más breve posible esperemos
circunscribir esa brevedad a antes de 31 de diciembre del año actual de
1995), y si hay que elaborar informes y medidas, parece de sentido común
y consecuente no sólo con el Título VIII de la Constitución, de
colaboración con las comunidades autónomas, que desarrollen aspectos que
debe contemplar lo que este portavoz entiende que debe contener un
estatuto permanente. La Ley 19/94 no señaló cuál era la naturaleza de
este estatuto permanente. Muchos parlamentarios hemos interpretado que
este estatuto es de naturaleza jurídica. Si es de naturaleza jurídica va
a comprometer no sólo al Gobierno autónomo de Canarias y al Gobierno
central de la nación, también al propio parlamento autónomo de Canarias
en razón de lo que dice el Estado de autonomía de Canarias. Pero si va a
ser un estatuto de régimen jurídico, habrá que pensar que entrará en
aspectos de estatuto para la política comercial, para la política
aduanera, para la política pesquera, para la política agrícola, incluso
para una política institucional de las regiones ultraperiféricas, dado
que hay iniciativas que se han tomado en el Parlamento Europeo por grupos
franceses, grupos portugueses, también el grupo español, para incidir en
esta medida.
Nosotros lo que pretendemos con nuestra enmienda es insistir, señora
Presidenta, estando de acuerdo en que es verdaderamente perentorio
desarrollar, después de un año de silencio administrativo, la disposición
adicional décima de la Ley 19/94. Y digo esto, señora Presidenta, porque
hay que recordar aquí --para que sirva de acicate al Gobierno, si es que
no se le pone la cara colorada de vergüenza por la dilación que ha
tenido-- que ni está hecho el texto refundido de la Ley de 1991, de los
aspectos fiscales, con la Ley de 1994, de los aspectos económicos, ni, lo
que es más grave, está aprobado por el Gobierno el reglamento que
desarrolla estas leyes. Esto quiere decir que si no está aprobado el
reglamento que desarrolla las leyes de régimen económico y fiscal de
Canarias, no sé --y yo desearía la mayor fortuna para esta proposición no
de ley y para el estatuto permanente-- cómo en un reglamento que tiene
que desarrollar las leyes podemos insistir ahora a través de una serie de
informes y medidas y que el Gobierno, en los meses que va a tener de
oportunidad política con la presidencia española, gestione ante la Unión
Europea la consolidación, como dice la Ley 19, de un estatuto permanente.
Señorías, nosotros tenemos nuestras dudas. Con nuestra enmienda hemos
querido hacer una aportación, y es que, empujando a dos administraciones,
estos informes y medidas no tarden más de seis meses y se sumen al año en
que no se ha desarrollado el precepto imperativo. Porque estamos hablando
aquí de una proposición no de ley, pero el precepto imperativo viene ni
más ni menos que de una ley votada por estas Cortes, la Ley 19/1994, que
hace imperativa la gestión y la aprobación del estatuto permanente.
Nosotros respecto a todos los demás argumentos, por la necesidad de que
Canarias, como región ultraperiférica, disponga de este estatuto, ni
sombra de discusión, sino apoyo pleno y permanente. La forma en que se
está llevando es merecedora de una muy dura crítica para que se resuelva
de una vez por todas y no quede la aprobación ad calendas graecas. Esta
es la justificación, señora Presidenta, de nuestra enmienda.
La señora PRESIDENTA: El señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Interpreto que la propuesta de enmienda que hace
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a través del Diputado señor
Mardones, de introducir una nueva línea que diga «en colaboración con el
Gobierno autonómico de Canarias» dejaría el texto de la siguiente forma:
Las Cortes Generales instan al Gobierno para que en el plazo más breve
posible elabore, en colaboración con el Gobierno autonómico de Canarias,
el
conjunto de informes y medidas que le permitan gestionar ante las
instituciones de la Unión Europea la consolidación de un estatuto
permanente para las islas Canarias, derivado de su condición de región
ultraperiférica, ya reconocido en la declaración vigésimo sexta del
Tratado de la Unión Europea, en programas, reglamentos y normativas
comunitarias.
El Grupo Socialista acepta esta inclusión porque, además, constituye la
praxis que se ha producido en los últimos tiempos. Qué duda cabe que es
un status muy especial el de la Comunidad canaria en el seno de la Unión
Europea, al que en esta Comisión Mixta hemos hecho referencia en
sucesivas ocasiones, y lo reitero, siendo consciente de que es una
manifestación que hice en mi intervención anterior, porque creo que ésta
es una Comisión a la que dignamente hay que reconocerle el trabajo
político parlamentario que viene desarrollando. Esta Comisión de las
Cortes Generales es en la que probablemente en mayor número de ocasiones
se han analizado aspectos específicos de la singularidad de Canarias en
el seno de la Unión Europea. Sobre el Poseican hemos hablado en distintas
ocasiones; se ha hablado también sobre las características del régimen
especial de abastecimiento y se ha dicho en sucesivas ocasiones que
existe una íntima conexión y una coordinación entre la Administración
general del Estado y el Gobierno de Canarias. De ahí que el Grupo
Parlamentario Socialista, a través de esta intervención, rechace los
adjetivos y los calificativos del señor Mardones respecto al
comportamiento de la Administración general del Estado. Si hay una
comunidad del Estado español con una conexión constante, fluida y
permanente, a través de cada una de las consejerías del Gobierno
autonómico con la Administración general del Estado, es sin duda la
Comunidad canaria. La elaboración de los reglamentos del régimen
económico y fiscal canario --no el reglamento, son un número muy elevado
de reglamentos--, la singularidad de la ZEC --zona económica especial de
Canarias--, el nuevo régimen especial de abastecimientos, todo ello va a
requerir de un informe conjunto a las diferentes direcciones generales de
la Unión Europea, informes que se elaboran conjuntamente por las
consejerías y los diferentes ministerios.
Es más, la disposición adicional décima --y esto debe quedar muy claro--
de la Ley del Régimen Económico y Fiscal canario mandataba al Gobierno de
la nación diciendo: El Gobierno de la nación gestionará ante las
instituciones de la Unión Europea la consolidación de un estatuto
permanente derivado de su condición de región ultraperiférica. Al
Gobierno de España no se le puede poner la cara colorada porque las
Cortes Generales no le mandataron con un año ni con un año y medio, ni
con dos años; no hubo mandato temporalizador de una obligación
institucional. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la
Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, el que nos ha
informado en numerosas ocasiones, y algunas de ellas recuerdo que en esta
Comisión Mixta. Por razones justificadas no ha podido participar el
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Al no haber
podido participar no pudo emitir su juicio ante intervenciones de
miembros del Gobierno sobre estos aspectos, y probablemente, al no leer
los contenidos del correspondiente «Diario de Sesiones», tampoco tendrá
conocimiento de los trabajos que se han venido realizando.
Como desde mi punto de vista éstos son hechos circunstanciales y
coyunturales, no nos desvían de lo que es el contenido que debemos
reivindicar. Nos felicitamos del apoyo del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, de la inclusión de ese párrafo que hacemos nuestro y,
si con ello conseguimos la aprobación mayoritaria de la Comisión Mixta,
estaremos haciendo un servicio a una comunidad singular a la que el
Gobierno español permanentemente ha dado apoyo y defensa en los foros
internacionales. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) La señora
PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Señor
Mardones, su enmienda ha sido aceptada y no puede abrir otro turno.
Tiene la palabra el señor Vázquez por el Grupo de Izquierda Unida.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Mi Grupo va a votar favorablemente esta
proposición no de ley del Grupo Socialista porque nos parece que con la
misma se estimula el celo del Gobierno para conseguir finalmente el
objetivo perseguido, que es este estatuto permanente de las islas
Canarias.
Siendo cierto lo que ha dicho en su primera intervención el Senador
Segura, no es menos cierto que la Ley 19/1994, de hace exactamente un
año, ya instaba al Gobierno, en su disposición adicional décima, a que
todas estas acciones a las que hoy hacemos referencia estuvieran ya
realizadas. Es cierto que no había un plazo temporal para la ejecución de
las mismas, pero un año, señor Segura, me parece que es tiempo suficiente
como para que se hubiera avanzado, haciendo por otra parte innecesaria
esta proposición no de ley, que no hace más que redundar en algo que ya
estaba aprobado por ley. Debería haber sido práctica parlamentaria normal
que, sin necesidad de este nuevo impulso, hubiera seguido el cauce
adecuado y que, por tanto, ese estatuto permanente para las islas
Canarias --todos compartimos ese objetivo-- estuviera más avanzado de lo
que lo está en la actualidad.
En la proposición no de ley del Grupo Socialista se dice que en el plazo
más breve posible. Tampoco se fija plazo, y «más breve posible» es una
expresión bastante laxa como para que a lo mejor dentro de un año
tengamos que estar aquí viendo otra proposición no de ley que tampoco
tenga fecha y en la que se diga que instamos al Gobierno para que haga
los trabajos oportunos para conseguir finalmente este estatuto
permanente. Si se hubieran hecho las cosas como es debido, esta
proposición sería innecesaria en el día de hoy. En cualquier caso, la
vamos a apoyar porque el objeto que perseguimos es el mismo y nos
felicitamos, además, de que se acepte la enmienda del Grupo de Coalición
Canaria, que podría entenderse de esa manera por el Grupo proponente,
pero de esta manera queda mucho más explícita y da la participación
adecuada al Gobierno autónomo de Canarias en la elaboración de este
conjunto de informes y medidas que lleguen a la constitución
de ese estatuto permanente para las islas Canarias, en tanto que región
ultraperiférica.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Me satisface la presentación de esta
proposición no de ley por parte del Grupo Socialista, porque no fue
precisamente ésta su posición en el debate celebrado en el Congreso de
los Diputados con motivo de la ley citada de modificación de los aspectos
económicos del régimen económico y fiscal de Canarias. El Grupo Popular
fue el único que presentó un texto alternativo al proyecto de ley
remitido por el Parlamento de Canarias, en el que ya se preveía esta
consideración. Me voy a referir a ello citando literalmente los «Diarios
de Sesiones».
Cuando presentamos esta enmienda de totalidad y la defendimos el 10 de
febrero de 1994, el Diputado Nicolás Villalobos de Paiz, portavoz de
nuestro Grupo en esta ocasión, decía que el cuarto pilar del texto
alternativo presentado por el Grupo Popular persigue consolidar y ampliar
en lo posible las especialidades y excepciones reconocidas a Canarias en
el contexto de su inclusión en el territorio aduanero de la Comunidad
Europea, especialidad recogida en la decisión del Poseican, lo que
constituye un acervo histórico durante muchos años conocido como régimen
de puerto franco, por lo cual venía a indicar la conveniencia de recoger
esta especialidad como un estatuto especial dentro de la comunidad
autónoma. El señor Trujillo Oramas, portavoz del Grupo Socialista,
respondía que en su texto ustedes también plantean y señalan como algo
novedoso --por lo visto ya no es tan novedoso-- y muy importante todo lo
que hace mención a la plasmación en el REF del status comunitario en la
Comunidad Económica Europea, en lo que llaman principio de incorporación.
Y añadía el señor Trujillo: Intentar plasmar en el REF lo que es el
estatuto comunitario de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene, desde el
punto de vista jurídico, todas las dudas del mundo. Pero con
independencia de la discusión jurídica, permítame que le diga que
políticamente--a lo que se refería el señor Segura-- es un acto meramente
testimonial y, por tanto, a nosotros nos parece que esto, primero, no
debe estar ahí por los motivos que le señalo; y en segundo lugar, que esa
significación que ustedes dan a este aspecto no tiene validez alguna y
debe ser regulado por una norma comunitaria. A esto le replicaba el señor
Villalobos diciendo: Dice el portavoz del Grupo Socialista que es dudoso
que de alguna manera se pueda introducir la disposición adicional que
recoge nuestro texto alternativo en el sentido de instar al Gobierno a
que defienda, dentro de los órganos comunitarios, la consolidación de las
especialidades y excepción que hoy están recogidas en la normativa
comunitaria, como es el Poseican, como son los reglamentos de
abastecimiento de Canarias. Parece que se ha inspirado el señor Segura en
estas palabras del señor Villalobos para redactar su proposición no de
ley. Y añadía el señor Villalobos: No se están invadiendo unas
competencias legislativas.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Soriano. Tiene todo el derecho a leer
los «Diarios de Sesiones», pero como el orden del día de hoy es bastante
extenso le rogaría que resuma un poco en los próximos textos.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: De acuerdo, señora Presidenta.
Venía a decir el señor Villalobos que en definitiva esa declaración de
las regiones ultraperiféricas, de manera que se consoliden esas
especialidades y esas excepciones, es necesario plasmarla para evitar la
temporalidad y porque está reflejada en las propias cláusulas del
artículo 25. Pero es no sólo esto fue así, sino que en el debate en
Comisión nosotros introducimos ya la enmienda específica, la defendimos
con todas las consecuencias y, por supuesto, fue derrotada con el voto en
contra de los grupos parlamentarios.
Permítame, señora Presidenta, que lea lo que decía el portavoz del Grupo
Socialista: Respecto a la enmienda presentada a la disposición adicional,
que hace mención al status comunitario, tanto desde el punto de vista
político como desde el punto de vista jurídico parece muy poco sólida la
pretensión de S. S. en un doble aspecto: por una parte, comprometer al
Gobierno a que vele por los intereses de Canarias --decía el señor
Trujillo-- y, por otra, consagrar una foto fija en el status comunitario
de la comunidad autónoma que creo que no es deseable para Canarias.
No voy a seguir leyendo las intervenciones en defensa de las enmiendas
porque lo que ponen de manifiesto es que fue luego en el Senado cuando a
instancia del Grupo Popular, y por fin convencidos los demás grupos
parlamentarios, se aceptó introducir lo que hoy figura como disposición
adicional décima. Pero no se nos presente esto como una propuesta del
Partido Socialista porque ya la hizo el Grupo Popular en esta Cámara, en
el debate de la ley citada, sin éxito, con argumentos en contra, que
luego prosperó en el Senado. En todo caso, yo creo que ésta es una
cuestión de gran trascendencia, que no puede ser despachada con una
simple mención a la demanda de un estatuto permanente para las islas. Si
se quiere que esta pretensión tenga eco en el corazón mismo de las
instituciones europeas, debe hacerse una propuesta elaborada con
argumentos serios que la justifiquen, y su lugar es la Conferencia
Intergubernamental del año 1996. Nosotros tendríamos que estar ya
trabajando y el Gobierno tendría ya que estar haciendo los estudios
pertinentes para, en esa Conferencia Intergubernamental, hacer las
propuestas razonables, tal como han hecho las islas Azores, y luego me
referiré a lo que ha hecho el Gobierno autónomo de las Azores, porque el
Gobierno autónomo de Canarias tampoco ha hecho nada sobre el particular.
Si la pretensión es ganar un titular periodístico, esos son fuegos de
artificio, señor Segura, y usted lo sabe. Por cierto, le recuerdo que en
un periódico de ayer, con una gran fotografía suya, se dice que el
Parlamento aprobó el pasado 11 de mayo la proposición no de ley,
presentada por el Grupo Socialista, relativa a la consolidación de un
estatuto permanente. Usted ya da la noticia a la prensa, anticipándose a
los acontecimientos.
Lo estamos debatiendo hoy. Dígale usted al titular periodístico que se ha
confundido.
Habrá que explicar aquí, sobre todo en Europa, qué se entiende por
estatuto permanente. Ese adjetivo quiere decir que permanecerá en el
tiempo. Me suena algo a aquello de permanente e inmutable, y me da cierta
prevención. Nada hay permanente, señor Segura. No es permanente ni el
Tratado de Maastricht ni las constituciones; eso de un estatuto
permanente no me gusta y desde luego me parece que es una terminología
que habría que matizar, que precisar y sobre todo fundamentar. Aquí nos
encontramos desde el punto de vista jurídico, a propósito de fijar el
concepto de la ultraperificidad, con una contradicción entre la lógica de
la armonización y la excepción. El artículo 7.º del Tratado hace de la
armonización una regla insoslayable y de la excepción una posibilidad
tolerada, a condición de que sea temporal y no perturbador. Con esto lo
que quiero indicar es que las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea tienen desde Maastricht un reconocimiento específico de su
singularidad y sus carencias. La declaración número 26, relativa a las
regiones ultraperiféricas de la Comunidad, en su párrafo primero, les
reconoce un importante atraso estructural que perjudica gravemente su
desarrollo económico y social. Se podrá discutir si esta declaración
anexa al Tratado es suficiente o no. Desde mi punto de vista, es evidente
que de cara a la Conferencia Intergubernamental que en 1996 abordará la
revisión de los Tratados no podemos dejar pasar la oportunidad de ampliar
el marco de nuestras garantías jurídicas, pero es evidente también que
ello no puede hacerse violentando no sólo la literalidad de los textos
sino, lo que es más grave, violando el espíritu mismo que los inspira.
El Tratado de la Unión Europea de Maastricht, en su artículo B) párrafo
primero, dice: Son objetivos de la Unión promover un progreso económico y
social sostenible, mediante la creación de un espacio sin fronteras que
fortalezca la cohesión económica y social. Los fondos estructurales para
el desarrollo regional y los fondos de cohesión tienen ese exclusivo fin.
Reclamar un estatuto permanente es tanto como negar la posibilidad de
nuestra convergencia con Europa en términos de cohesión económica y
social, que es tanto como negar la eficacia de los fondos citados.
Nosotros no podemos estar pidiendo un estatuto permanente porque eso es
tanto como reconocer que jamás llegaremos a tener en Canarias el nivel
del resto de los países más avanzados de la Unión Europea. Habrá que
mantener al menos la utopía de que nuestra convergencia económica y
social con Europa es posible, porque otra cosa es tanto como decir que
jamás en Canarias podremos acercanos a Europa. Y yo no discuto que hay
particularidades que permanecerán, como es la lejanía y la insularidad,
pero de ahí a regular un estatuto permanente, que no tenga en cuenta las
variaciones que se puedan producir en el futuro, me parece excesivo. No
estoy discutiendo la cuestión a humo de paja. Existen antecedentes
jurídicos en el acervo comunitario que avalan esta tesis.
El artículo 8 c) del Tratado constitutivo de la CEE, ratificado por el
Acta de la Unión Europea, hace del objetivo de la armonización una regla
insoslayable y de la excepción, como he dicho antes, una posibilidad
tolerada a condición --insisto-- de que sea temporal y no perturbadora.
Si volvemos a la citada declaración 26, anexa al Tratado de Maastricht,
veremos que en su párrafo segundo explica que la aplicación de las normas
comunitarias no obsta para que se adopten disposiciones específicas en su
favor mientras exista una necesidad objetiva. Las palabras claves son
«específicas» y «mientras». Mientras es un adverbio que expresa una idea
nada compatible con algo permanente. Medidas específicas, todas las que
se puedan conseguir, capaces de paliar los efectos negativos que para
nosotros supone la lejanía y la insularidad. Debemos desplegar toda
nuestra capacidad de persuasión para hacer posible una síntesis entre dos
lógicas contradictorias en el acervo comunitario: hacer compatible
nuestra armonización europea, en términos de cohesión económica y social,
con las excepciones específicas que nuestra lejanía e insularidad
demandan. En esa línea se mueven las conclusiones del grupo de trabajo
sobre bases jurídicas constituidas en el seno de la UPEC (Unión Económica
de las Regiones Ultraperiféricas) que se ha incorporado a los proyectos
de estudios del Informe 2000. De cara a la reforma del Tratado de
Maastricht, nuestra posición es que debemos esforzarnos en conseguir un
ámbito de seguridad jurídica de acuerdo con los tratados, que nos permita
el acceso a medidas específicas que compensen nuestra posición de islas
alejadas y todas aquellas otras que hagan posible nuestra convergencia
europea, en términos de cohesión económica y social, con las medidas
comunitarias.
Quiero terminar indicando que vamos a votar a favor de esta proposición
no de ley, pero --insisto-- sobre el estatuto permanente tenemos nuestras
serias dudas. No creo que sea lo más conveniente para Canarias emplear
esa denominación puesto que aquí, como he repetido, no hay nada
permanente. Me parece mucho más prudente hacer lo que ha hecho el
Gobierno de las Azores en un documento-informe que lleva fecha 15 de mayo
y que ha llegado a mi poder (que por supuesto no se ha hecho público,
pero ya nuestros compañeros insulares de las Azores están trabajando en
ello). En este informe, hecho con vistas a la Conferencia
Intergubernamental de 1996 (nos gustaría saber qué está haciendo el
Gobierno español sobre el particular y, por supuesto, qué está haciendo
el Gobierno de Canarias porque el de Azores nos está dando ejemplo), se
señala que es claro para las regiones ultraperiféricas las necesidad (lo
he traducido del portugués sobre la marcha y a lo mejor hay algún error)
de asegurar garantías jurídicas suficientemente sólidas que permitan
continuar profundizando en un tratamiento específico de su problemática.
Para tal objetivo es fundamental la inclusión de un nuevo artículo en el
Tratado (esto me parece que es trabajar seriamente; no recomendaciones al
Gobierno, pues un Gobierno débil estamos seguros de que muy poca
influencia va a tener en Europa; lo que hay que hacer es trabajar en la
línea en que lo han hecho los de Azores) que sirva de soporte jurídico de
los principios consagrados en su declaración 26, que no es suficiente
garantía jurídica. Y ellos proponen un nuevo artículo, que yo creo que
podría servir de base, que dice: «Las disposiciones del Tratado que
conforman la Unión
Europea son de Derecho derivado aplicables a las regiones
ultraperiféricas» (departamentos franceses de Ultramar, Azores, Madrid y
Canarias) «y deben continuar teniendo en cuenta la realidad de la
especificidad de estas regiones, por lo que al Consejo corresponde
adoptar medidas específicas en su favor sobre la propuesta de la Comisión
con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 189 B), una vez
consultado el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, en
la medida en que exista y en cuanto exista una necesidad objetiva para
tomar tales medidas» (repito, en la medida en que exista y en cuanto
exista una necesidad objetiva para tomar tales medidas. Por consiguiente,
esto choca frontalmente con un estatuto de carácter permanente que las
circunstancias pueden hacer cambiar). «Estas medidas deben responder
explícitamente al objetivo de cohesión económica y social expresado en
los artículos 130 A) y siguientes del Tratado y permitir, en particular,
que estas regiones consigan alcanzar el nivel económico y social medio de
la Unión. Es decir, el objetivo nuestro es alcanzar este nivel económico
y social medio de la Unión.» (Si usted establece un estatuto permanente
partiendo de las circunstancias de que Canarias está muy alejada de este
nivel, es condenarnos a estar permanentemente por debajo de ese nivel.)
Termina el artículo: «Las disposiciones de Derecho derivado relativas a
las regiones ultraperiféricas, actualmente en vigor, continuarán
aplicándose.»
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Termino, señora Presidenta.
En resumen, nosotros vamos a apoyar, porque se mantiene en la línea de lo
que hemos venido diciendo desde la Ley de Régimen Económico y Fiscal, con
la oposición del Grupo Socialista y de otros grupos, esta proposición no
de ley. Pero decimos muy seriamente que ésta no es la salida, que ésta no
es la solución, que tenemos graves reparos, como he puesto de manifiesto,
en esa expresión de estatuto permanente, y que creemos que el camino es,
con base a la Conferencia Intergubernamental del año 1996, que el
Gobierno español y el Gobierno de Canarias vayan haciendo los estudios
necesarios conducentes a contemplar en un artículo del nuevo tratado la
especificidad de Canarias, pero no en forma de un estatuto permanente,
que creo que he demostrado que no es la solución, sino en forma de unas
medidas específicas conducentes a alcanzar el objetivo de cohesión y de
desarrollo económico que, en definitiva, suponen todas las medidas de
ayuda contempladas para las islas Canarias en la Comunidad Europea.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Tendré una intervención de réplica ante algunas
de las consideraciones que aquí se han vertido, a efectos de producir la
correspondiente clarificación.
Como primera medida, parece oportuno que este interviniente por el Grupo
Parlamentario Socialista manifieste la satisfacción de nuestro Grupo por
el hecho de que, si bien se trata de una proposición no de ley en la que
los diferentes intervinientes han hecho análisis críticos del contenido
de la misma, a su oportunidad, etcétera, la realidad es que, por lo que
han manifestado, va a ser objeto de aprobación unánime, y ése era el
objetivo del Grupo Parlamentario Socialista. Consiguientemente, muchas
gracias a los grupos de esta Comisión Mixta.
El Diputado señor Vázquez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ha
realizado algunas consideraciones sobre las que en la réplica le voy a
hacer llegar exclusivamente dos mensajes. Uno, reitero, señorías, que la
disposición adicional décima de la Ley del Régimen Económico Fiscal
Canario no mandata imperativamente un desarrollo temporal para la
elaboración de una propuesta, lo que es razonable. Es razonable porque,
precisamente para que el Gobierno español esté en condiciones de hacer
una propuesta razonable a la Comisión Europea, debe evaluarse una
herramienta como ha sido el Poseican; más que herramienta, es una caja de
herramientas. Usted sabe, porque ha sido interviniente por su Grupo cada
vez que se ha hablado de aspectos vinculados a Canarias, que es una caja
de herramientas, unas para el sector agrario, otras para el régimen
especial de abastecimientos y para los diferentes sectores productivos y
comerciales. La evaluación del período de tiempo relativamente corto que
lleva de actuación se tiene que hacer a finales de este año, por cuanto
es una evaluación plurianual. Parece razonable que, en función de esa
evaluación, elaborada conjuntamente por ambas administraciones, se hagan
las propuestas sensatas a la Comisión Europea. De ahí que no se debe
imputar inanición ni falta de tono político al Gobierno en este tema.
Al Diputado don Alfonso Soriano, del Grupo Parlamentario Popular, he de
decirle que no voy a referirme a la lectura que ha hecho de las
intervenciones del representante de su Grupo en las fases de tramitación
en Comisión y Pleno de la Ley del Régimen Económico y Fiscal Canario.
Basta con que diga que está en la página tal y le aseguro que la
leeremos. Señoría, la disposición adicional décima de la Ley del REF la
introdujo el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado y marca la línea
directriz del comportamiento ideológico del Partido Socialista en lo que
se refiere al asentamiento progresivo de Canarias en las instituciones
comunitarias. Primera reflexión: ya no es obvio en esta réplica producir
discusiones de ninguna índole.
Usted ha hecho referencia a la terminología de estatuto permanente. Yo
soy consciente, a efectos de motivación y de optimización del tiempo
disponible de un portavoz para defender una proposición no de ley, de que
se lleve a cabo una lectura rápida de mi intervención. Se la voy a leer
muy brevemente, señor Soriano. Dice: «De aquí que prefiramos hablar de la
necesidad de conseguir un estatuto especial» (lo dije y está en el
«Diario de Sesiones») «y no de un estatuto permanente». A continuación
leí, en función de esa terminología, una serie de razonamientos que
reflejan un
concepto y una actividad conceptual en base a la competitividad y no al
proteccionismo.
Curiosamente, su intervención estaba coincidiendo sustancialmente con mis
consideraciones. Reléala y, naturalmente de manera privada, tendremos un
debate al respecto.
Me ha imputado que, en el día de ayer, un periódico en la Comunidad
Canaria hace referencia a que ya se aprobó. Impute eso al director del
periódico, no a este Senador.
En suma, señorías, y engarzo una contestación global, a petición del
Gobierno francés, y más concretamente del Ministerio de Asuntos de
Ultramar, en el mes de marzo pasado, los días 14 y 16, en Estrasburgo, se
celebraron unas jornadas de estudio sobre la situación de las regiones
ultraperiféricas en la Unión Europea. El señor Soriano ha hecho
referencia a muchos de los conceptos, recogidos aquí, que aportaron los
representantes de los distintos gobiernos regionales de Azores, Madeira,
Canarias, etcétera, y también el representante del Gobierno español,
concretamente del Ministerio para las Administraciones Públicas. Eso está
en la documentación a la que hemos tenido acceso todos los colectivos.
Consiguientemente, pensamos que el Gobierno español debe reivindicar los
contenidos de ese estatuto especial en el nuevo Tratado de la Unión
Europea que surja de la Conferencia Intergubernamental del año próximo, a
lo que he hecho referencia en varias ocasiones. No voy a reiterar los
contenidos, que ya he manifestado en mi intervención. De lo que se trata
es de exigir al Gobierno que los vertebre en coordinación con el Gobierno
de la Comunidad Canaria, y a la mayor brevedad posible. Para mí, la mayor
brevedad posible sería el mes de septiembre, por cuanto hay tiempo
suficiente para la negociación correspondiente, y que sea objeto de
debate en esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. No es necesario
aclarar que la enmienda ha quedado incluida, puesto que en el turno de
réplica el representante del Grupo Socialista, proponente de la
proposición no de ley, había aceptado dicha enmienda en su intervención.
Por eso no la he sometido a votación de SS. SS.
Por tanto, queda aprobada la proposición no de ley relativa a la
consolidación de un estatuto permanente para las islas Canarias por parte
de la Unión Europea, a la que se ha incorporado la enmienda que presentó
el Grupo de Coalición Canaria.
--DEBATE, SI PROCEDE, DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION PRESENTADAS A LA
COMUNICACION SOBRE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA. (Número de expediente Congreso 200/000008 y números expedientes
Senado 700/000003 y 574/000003.)
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al punto tercero del orden
del día: Debate sobre propuestas de resolución presentadas a la
comunicación sobre la Presidencia española del Consejo de la Unión
Europea.
Saben SS. SS. que el pasado día 8 entró en esta Cámara, al amparo del
artículo 196 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por el que nos
regimos en esta Comisión Mixta, una comunicación del Gobierno sobre la
Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Asimismo, esta
comunicación fue presentada en esta Comisión el pasado día 15 de junio
por el señor Ministro de Asuntos Exteriores. Posteriormente se abrió un
plazo de presentación, por todos los grupos parlamentarios que así lo
decidieran, de propuestas de resolución, que finalizó el día 20 de junio.
Agotado ese plazo, se presentaron 53 propuestas de resolución. En este
momento asistimos al trámite de la defensa de dichas propuestas por los
distintos grupos parlamentarios, que darán lugar a un posterior debate,
presentando unas conclusiones que serán elevadas al Gobierno para su
incorporación en este primer borrador de comunicación que nos fue
presentado el pasado día 15 de junio.
Vamos a seguir el sistema de menor a mayor en la defensa de estas
propuestas de resolución y, por tanto, doy la palabra, en primer lugar,
al Grupo de Coalición Canaria, para presentar sus propuestas. Tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora Presidenta, voy a ser muy conciso, para
permitir que el debate sea lo más enriquecedor posible.
Coalición Canaria ha presentado el documento al que ha hecho referencia
la señora Presidenta, remitido por el Gobierno como comunicación y que ya
habíamos tenido ocasión de debatir aquí, en un primer esbozo, con el
señor Ministro de Asuntos Exteriores. Sobre ese documento hemos
presentado cuatro propuestas de resolución, bien entendido que Coalición
Canaria está plenamente de acuerdo con la estructura que se plantea el
documento mantenido por el Gobierno. Las primeras críticas generales del
debate mantenido con el señor Ministro ya constan en el correspondiente
«Diario de Sesiones» y, por tanto, ahora se trataba de concretar con un
aspecto complementario a lo que dice el documento.
Nosotros echamos de menos que en ese índice de temática que va a
significar la prioridad en la Presidencia española de este segundo
semestre de 1995 se contemplen aspectos, dentro de la singularidad que ya
le expusimos al señor Ministro. Para Coalición Canaria estos aspectos se
resumen en las siguientes propuestas de resolución.
Primera, hacer salvedad de la especificidad de Canarias en el régimen
económico y fiscal. Dado que el documento del Gobierno, en el apartado
correspondiente al mercado interior, empieza a hacer una exposición de su
plan de trabajo sobre el funcionamiento pleno del mercado interior y
plantea como una de las prioridades la armonización fiscal, nuestra
propuesta de resolución es que se tenga en cuenta y se respete el sentido
de la especificidad legislativa canaria, sobre la que voy a hacer a SS.
SS. gracia de no reiterar, porque en el debate que acabamos de tener en
el
punto dos del orden del día de esta Comisión ya se ha hablado
suficientemente de las leyes del régimen económico y fiscal vigentes.
La segunda propuesta de resolución, señorías, va referida al capítulo y
al punto en que el documento del Gobierno, cuando está hablando de la
consolidación y el desarrollo de las políticas internas, dado que hace
una enumeración de la industria, la energía, la investigación y
desarrollo, el medio ambiente, los transportes, las telecomunicaciones y,
en concreto, la agricultura y la pesca, por ser temas de absoluta
actualidad, y nuestra propuesta de resolución va dirigida al capítulo de
agricultura y pesca, dado que el Gobierno, en su documento sobre las
prioridades, señala su compromiso de impulsar las reformas pendientes de
las OCM de productos mediterráneos, como frutas y hortalizas y los
distintos sectores, y hacemos una llamada de atención con nuestra
propuesta de resolución, igual que otros Grupos Parlamentarios, como
veremos cuando lo expongan sus portavoces, a aspectos singulares,
señalando aquí la necesidad de consolidación de las OCM del plátano.
Recordarán la señora Presidenta y los señores miembros de la Comisión que
estuvieron presentes en el debate con el señor Ministro, y tengo que
reconocer aquí que el señor Solana fue claro al hacer un juicio de valor
sobre el comportamiento del Comisario Europeo de Agricultura, que éste se
había permitido estos días atrás hacer unos compromisos con las
autoridades económicas y comerciales norteamericanas que venían a
conculcar precisamente los acuerdos de la Unión Europea sobre la OCM del
plátano, donde hay en este momento, y sigue habiendo, planteada una
fortísima batalla de intereses, en la que la posición del Gobierno alemán
deja mucho que desear para las garantías que las autoridades españolas y
los legítimos intereses agrícolas canarios tienen puestos sobre la OCM
del plátano.
La tercera propuesta de resolución, señora Presidenta, va dirigida a
aquel compromiso que ha adquirido con su documento el Gobierno de la
nación, a los efectos de señalar su preocupación por el proceso de paz de
Oriente Medio, en cuanto que habla de una estrategia global de asociación
con los países del Mediterráneo y llega, en su parte final del proceso de
paz de Oriente Medio, a hacer un compromiso de prioridad en la
preparación y observación de las elecciones palestinas. Como nosotros
estamos plenamente de acuerdo en ello, lo único que decimos, desde la
óptica española, es: nos parece muy bien preocuparse del proceso de paz
de Oriente Medio, nos parece muy bien insistir en prioridad en la
preparación y observación de las elecciones palestinas, pero, ya que nos
queda más cerca el Sahara Occidental, vamos también, de paso, a apoyar
las resoluciones de las Naciones Unidas para que se celebre de una vez el
referéndum de autodeterminación al que tiene derecho, por resoluciones de
Naciones Unidas, por Derecho internacional, el pueblo saharaui y se quite
ese foco que hay de bochorno para las Naciones Unidas en este momento
ante las presiones marroquíes y, desde luego, para restablecer unos
derechos históricos. Por tanto, junto a que el Gobierno español se
preocupe con prioridad de la preparación y observación de las elecciones
palestinas, nosotros, en nuestra propuesta de resolución y coincidiendo
con lo que ya se había manifestado en la comparecencia del señor
Ministro, que él aceptó plenamente, por el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, proponemos también impulsar la
celebración del referéndum del Sahara Occidental, de acuerdo con las
resoluciones de Naciones Unidas.
Nuestra última propuesta de resolución, señora Presidenta, va dirigida al
punto cuarto, o donde entienda el Gobierno que lo tenga que introducir en
cualquier momento de sus prioridades, sobre algo que ya se acaba de
discutir aquí, y espero que el Grupo Socialista, con lo que ha dicho en
el punto anterior su portavoz, el Senador don José Segura, esté de
acuerdo en que en las prioridades de este semestre se establezca para
Canarias, en razón de su legislación específica y como región
ultraperiférica de la Unión Europea por la Declaración 26 del Tratado de
Maastricht, su, digamos ya famoso en esta Comisión, Estatuto permanente
de Canarias ante la Unión Europea.
Nosotros entendemos que dado ese compromiso de la Ley 19/1994, y
abundando en lo que acabamos de aprobar aquí de esta proposición no de
ley para instar al Gobierno en este asunto, qué mejor ocasión para que,
dentro del índice de prioridades que el Gobierno ha planteado aquí,
nosotros hagamos referencia, sin que nadie dentro del seno del Consejo de
la Unión Europea se llame a sorpresa, a que se traiga un tema relacionado
con un territorio específico ultraperiférico de la Unión Europea, los dos
avales que ahí se traen: Declaración 26 del Tratado de Maastricht y ley
19/1994, aprobada por las Cortes Generales del Reino de España.
Señora Presidenta, éstas son las cuatro propuestas de resolución que,
como complementarias y singularizadoras de aspectos específicos,
nosotros, desde Coalición Canaria, entendemos que debe contemplar también
la agenda de trabajo prioritario de la Presidencia española en este
semestre.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Vasco (PNV) ha presentado también siete
enmiendas, pero no tiene ningún representante en la sala para
defenderlas. (El señor Vázquez Romero pide la palabra.)
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señora Presidenta, siguiendo un trámite habitual
en estas Comisiones, supongo que el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) las
entiende por defendidas en sus justos términos, por lo que siguen estando
vigentes.
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, precisamente porque en esta reunión
de hoy, al no haber presentado ninguna salvedad, el Grupo Vasco (PNV) no
ha tenido un representante que pudiera intervenir en el punto primero del
orden del día, es muy extraño que si tampoco podía defender el punto
tercero no haya enviado otra persona o hablado con los grupos para que
asumieran estas propuestas. Por tanto, si ningún otro Grupo las hace
suyas en
este momento, no podrían ser sometidas a votación posterior, puesto que
en el punto del orden del día se someten las propuestas a previo debate
para poderlas votar. Si no han sido debatidas, esta Presidencia entiende
que no van a poder ser votadas al final de la reunión.
¿Algún Grupo Parlamentario quiere intervenir? (Pausa.)
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señora Presidenta, decía antes que en otros
trámites similares a éste, no de resoluciones pero sí de enmiendas a
proyectos de ley, es habitual que si algún Grupo, por las circunstancias
que fueren, justificadas o no, no está presente en el momento de defender
sus enmiendas, se consideren defendidas en sus justos términos y, por
tanto, puedan ser sometidas a votación. Decía esto a título estrictamente
espontáneo; nadie del PNV me ha mandatado a mí para decir lo que estoy
diciendo. Lo digo con una especie de solidaridad con otro Grupo, nada
más. Entiendo que podría ser ésa la tónica a seguir.
La señora PRESIDENTA: En el momento de las votaciones, cuando llegue el
momento procesal de aceptar o no a votación estas enmiendas, se someterá
a votación previa si los demás representantes de los grupos
parlamentarios aceptan la misma interpretación que S. S. da en este
momento y que no es coincidente con lo que la Presidencia piensa.
Vamos a dar la palabra, para defender las enmiendas, al Grupo Catalán de
Convergència i Unió.
Tiene la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Señora Presidenta, el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió presenta también un conjunto de propuestas
de resolución mediante las cuales queremos colaborar en los trabajos de
formación, de definición y de defensa de las posiciones que deberá
adoptar el Gobierno del Estado, tanto en la Presidencia de la Unión
Europea como en la preparación de la conferencia intergubernamental de
1996, así como en los trabajos del Grupo de reflexión cuya presidencia
por parte española recae en don Carlos Westendorp.
Nuestro Grupo Parlamentario es consciente de que la consolidación de la
Unión Europea es un paso que modificará profundamente la vida de los
ciudadanos y el papel de las instituciones y de las administraciones. Es
éste, además, un momento de especial trascendencia, puesto que se están
asentando las bases que regirán la sociedad de las generaciones futuras,
unas bases que deben asentarse sobre la riqueza de la variedad, de las
identidades nacionales, culturales y lingüísticas que conformen Europa.
El Grupo Parlamentario Catalán reafirma su clara vocación europeísta y el
pleno apoyo y colaboración para construir una Europa libre, democrática,
plural y solidaria.
Ante la oportunidad histórica que tenemos y la gran responsabilidad, las
prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión son para
nuestro Grupo suficientes para dar un apoyo político y parlamentario
suficiente para que ésta se desarrolle sin problemas. Ante este primero
de julio en que asumimos esta responsabilidad, tanto el Gobierno como
todos los grupos parlamentarios deberemos ofrecer una aportación para que
el éxito de la misma podamos compartirlo para un buen funcionamiento de
esta España de las autonomías, así como de toda la Unión Europea.
Con este objetivo presentamos un conjunto de nueve propuestas concretas
sobre temas que consideramos que el Gobierno español debería priorizar,
tanto en los trabajos preparatorios de la conferencia intergubernamental
de 1996 como durante la presidencia española de la Unión Europea.
Nuestra propuesta de resolución número 29 la reservamos para el informe
que se va a hacer en la ponencia que se celebrará en septiembre sobre la
conferencia intergubernamental de 1996. Estamos de acuerdo en aceptar una
propuesta que hemos consensuado con la número 26 del Grupo Socialista.
Con nuestra propuesta de resolución número 30 que presentamos en esta
Comisión Mixta intentamos promover una estrategia global para todos los
países mediterráneos que permita el establecimiento de la asociación de
todos los países mediterráneos, incluyendo acuerdos comerciales
preferentes en línea de los que ya se están adoptando con los países de
la Europa central, la profundización en el diálogo político y la
cooperación económica y financiera, la creación de una zona mediterránea
de paz y estabilidad y el aumento de la cooperación en el ámbito social
respecto a los movimientos migratorios, la educación y la cultura, así
como el establecimiento de los mecanismos institucionales necesarios para
gestionar dicha cooperación. En la configuración de esta estrategia
deberá otorgarse una importancia capital a la conferencia
euromediterránea de Barcelona, que se celebrará en el próximo mes de
noviembre con la participación de la totalidad de los países miembros y
de doce países mediterráneos con acuerdos suscritos de asociación o
cooperación con la Unión Europea.
En cuanto a la propuesta de resolución número 31 va en el sentido de que
durante la presidencia española se prepare el proceso de transición hacia
la tercera fase de la unión económica y monetaria, definiendo un
horizonte temporal cierto que evite precipitaciones que clarifique
políticamente y ante los agentes económicos de los mercados monetarios
las dificultades de los países miembros para iniciar una tercera fase de
la unión monetaria en 1997 y la adopción de la moneda única. Avanzar en
esta dirección permitirá comprometer mas estrechamente el proceso de
convergencia europea, alejando las incertidumbres que hoy se ciernen
sobre esta unión y sobre las economías de los países miembros.
En cuanto a la número 32, va en el sentido de impulsar políticas capaces
de incidir en el relanzamiento económico de Europa, promoviendo
actuaciones que incidan en la mejora de la competitividad, de la
actividad productiva, refuercen las actividades de formación profesional
y de creación de empleo y faciliten el mantenimiento de un crecimiento
económico sostenible.
La propuesta 33 se refiere al proceso de reforma del tema agrícola.
Parece ser que se va a proponer una transaccional
de todos los grupos, y a la espera de la misma, la dejo sin defender.
La número 34 propone impulsar específicamente un conjunto de propuestas
orientadas a favorecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y la
mejora de su competitividad. Dichas medidas tendrán especialmente en
cuenta la incidencia de la fiscalidad, de las normativas laborales y los
incentivos a la inversión, a la innovación tecnológica y a la
internacionalización de las empresas de tamaño pequeño y mediano en el
territorio comunitario.
La número 35 propone que se realice un avance por parte del Gobierno en
las recomendaciones de política económica que se han aprobado en la
Cumbre de Essen, orientadas a la generación de empleo en los cinco
ámbitos que en la misma se destacaban. Concretamente, fomento de las
inversiones en formación profesional y en particular en la cualificación
profesional de las jóvenes y en la formación continua de la población
activa; aumentar la intensidad de la creación de empleo mediante una
mayor flexibilización del mercado de trabajo y el establecimiento de un
política salarial de moderación, con crecimientos inferiores al
incremento de la productividad; reducción de los costes salariales
accesorios, de manera especial los costes sociales para los trabajadores
no cualificados; modificar la orientación de la política de empleo,
potenciando las políticas activas de búsqueda de empleo frente a las
pasivas basadas en el cobro de subsidios, e incrementar las medidas para
incorporar al mercado de trabajo a los jóvenes y a los parados de larga
duración.
La propuesta 36 pretende definir soluciones para la financiación de los
recursos necesarios para financiar los proyectos prioritarios en las
redes transeuropeas de transportes. De manera específica, el Gobierno
deberá impulsar los trabajos de la agrupación Europea de Interés
Económico, que prepara la construcción de la línea del tren de alta
velocidad que conectará la red europea con la española en el tramo
Perpignan-Barcelona, a fin de que puedan estar finalizados en 1996, lo
que permitiría iniciar la construcción de la línea que deberá unir
Barcelona con la frontera francesa, incluida en las grandes redes
transeuropeas de transportes.
La propuesta 37 insta al Gobierno para que se establezca una relación
entre la presidencia española de la Unión Europea y la presidencia de la
Unión Europea, con la finalidad de desarrollar una creciente identidad
europea de seguridad y de defensa.
La señora PRESIDENTA: Saben SS. SS. que la Ley por la que se rige esta
Comisión es de mayo de 1994, cuando entró en vigor. Sin embargo, todavía
no hemos conseguido un reglamento de funcionamiento y eso está haciendo
que el desarrollo de esta reunión del grupo plenario, en esta tarde,
tenga que ser, digamos, un tanto accidentado. En este sentido, acabamos
de saber que la ausencia del representante del Grupo Vasco (PNV) no es
por falta de interés en la defensa de sus propuestas, sino que,
curiosamente, está interviniendo en este mismo momento en otra Comisión.
Eso hace que, como no tenemos ningún reglamento, la Presidencia asuma, al
menos por esta vez, y dado que las propuestas del Grupo Vasco (PNV)
fueron, además, las primeras que entraron en Registro, que las demos por
defendidas y, por tanto, se someterán después a votación, como las demás.
En segundo lugar, en este trámite, yo pediría a los dos portavoces que ya
han intervenido que en este primer turno no hagan sólo la defensa de sus
enmiendas, sino que sería conveniente, para no alargarnos demasiado, que
fijaran también su posición con relación a las propuestas de los
distintos grupos parlamentarios.
Por tanto, si le parece, señora Alemany, le vuelvo a dar la palabra para
fijar su posición y, posteriormente, se la daré también al señor
Mardones, para luego seguir con los demás intervinientes, tal como me ha
sido solicitado, en el mismo orden. Es decir, que no sólo defiendan sus
propuestas de resolución, sino que fijen posición con relación a las
propuestas de resolución de los demás grupos parlamentarios.
La señora ALEMANY I ROCA: Señora Presidenta, preferiría fijar mi posición
con respecto a los demás grupos después de haberles oído.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señora Alemany.
Por tanto, seguimos en el mismo trámite, pero quiero advertir que si
alguno de los grupos que intervendrán a continuación desea, en un solo
trámite y simultáneamente, hacer la defensa de sus propuestas y fijar
posición con respecto a las demás, sepan también que la flexibilidad de
esta Presidencia les permite ahorrar un trámite y que los demás grupos
intervinientes a partir de ahora pueden hacerlo así.
En ese sentido, para defender y además, si quiere, fijar posición, tiene
la palabra el representante del Grupo Popular, señor Martínez Casañ.
(Rumores.)
Perdón, esto ya no es cuestión de fallo del reglamento, sino de fallo de
la Presidencia. No había intervenido aún el representante del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, tiene la palabra el
señor Vázquez Romero. Señorías, estamos seguros de que en un futuro, que
esperamos más próximo que lejano, tendremos un reglamento que nos haga
funcionar con un estatuto permanente que, en este sentido, homologue a
las demás Comisiones, porque si no, esto puede resultar realmente
problemático.
El señor Vázquez Romero tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: No sé si el estatuto deberá ser permanente o
transitorio en virtud de que todo fluye, como decía un clásico. En
cualquier caso, vamos a entrar en el asunto.
La primera propuesta de mi Grupo es la número 38, en la que instamos al
Gobierno a que se produzca una comunicación fluida entre la Presidencia
del Gobierno y --decíamos literalmente-- los líderes políticos. Después
de alguna conversación habida previamente a esta Comisión, aceptaríamos
modificar el texto de la misma y vendría a decir que «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que la Presidencia española del Consejo de
la
Unión Europea garantice que el Presidente del Gobierno, en temas
generales, y Ministros, en temas sectoriales, informen y consulten de
manera fluida a las Cortes Generales y a esta Comisión Mixta de la Unión
Europea.»
Señora Presidenta, rogaría a los portavoces del Grupo mayoritario, para
evitar después repeticiones innecesarias, que estuvieran «al loro» de lo
que estamos diciendo, si me permiten la expresión. (Risas.)
La propuesta número 39 de mi Grupo hace referencia a la necesidad, por
todos compartida, de la lucha contra el desempleo. Hacemos mención a la
adopción de medidas urgentes de reactivación económica --las que están
incluidas en el Libro Blanco--, señalamos que deben orientarse hacia la
reducción de la jornada laboral y que deben ser contempladas también
políticas industriales y sociales activas, tal como ha demandado la
representación social europea por naturaleza --la Confederación Europea
de Sindicatos-- en su reciente congreso. Estas políticas deberían buscar
la mejora de los servicios sociales y de las condiciones laborales y no
lo contrario. Hacemos referencia también a la necesidad de tener muy
presentes los objetivos de la Agenda 21 de Río, en lo que significa de
integración de las políticas medioambientales en todas las demás
políticas. Es decir, a la hora de diseñar políticas industriales,
políticas económicas, la componente ecológica, la componente
medioambiental de las mismas debe ser de obligada inclusión y de obligado
cumplimiento.
En la propuesta número 40 pedimos algo que compartirán todos los Grupos
de la Cámara porque también forma parte de las propuestas de todos. Es el
fin, a través de medios políticos a ser posible, de la guerra en
Bosnia-Herzegovina, con la garantía de la aplicación del Derecho
internacional.
La número 41 hace referencia a la necesidad de asegurar la cooperación
entre la Unión Europea y los países de la cuenca mediterránea a través de
ese instrumento del que se ha dotado la propia Unión, que es la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona, en la que de manera
prioritaria se deben contemplar medidas de cooperación política y de
seguridad entre todos los países del área, haciendo coherentes los
objetivos propuestos con los medios financieros a utilizar.
Señora Presidenta, todos hablamos con mucha frecuencia de la necesidad de
cooperación con el sur mediterráneo, pero quienes tienen la
responsabilidad de llevar a cabo esa cooperación olvidan con frecuencia
que la misma obliga necesariamente a disponer de recursos económicos y
financieros acordes con esos objetivos. Los problemas del contorno sur
del Mediterráneo no son sólo de los países mediterráneos de la Unión
Europea sino del conjunto de ella, y nos parece muy importante que la
Presidencia española sirva, entre otras cosas, para convencer a los demás
socios de la Unión Europea de que los problemas del sur no son únicamente
de los países ribereños del Mediterráneo sino que lo son también de los
países del norte y que lo son del conjunto de la Unión Europea por
razones que son obvias y que probablemente ustedes conocen perfectamente.
No hace falta hacer mención, y lo diré muy de pasada, a la bomba
demográfica que significan estos países, que van a doblar sus poblaciones
en un horizonte de veinte años como mucho, y, si se mantienen las
tendencias actuales, el diferencial económico entre el contorno sur del
Mediterráneo y la Unión Europea no sólo va a aumentar sino que se va a
doblar en detrimento de los países del sur. Es decir, tenemos todos la
obligación no sólo de diseñar políticas teóricas sino de implementar esas
políticas teóricas con recursos financieros y económicos adecuados.
Decimos también en la propuesta de resolución que no se deben hacer
exclusiones en estas políticas de cooperación mediterránea y que,
lógicamente, deben hacerse desde perspectivas de desarrollo social y
medioambiental sostenible.
En la propuesta número 42 en la que hacemos referencia a los acuerdos con
Mercosur, decíamos en el texto original que se incluyeran las cláusulas
sociales y ecológicas que eviten un fenómeno que está apareciendo por
todo el mundo y por el que, además, somos claramente perjudicados --me
refiero a esa especie de «dumping» social-- y que, por tanto, se
incluyeran cláusulas sociales y ecológicas. Se nos ha sugerido, para
poderlo aceptar, que en vez de hablar de cláusulas sociales hiciéramos
mención a la expresión «dimensiones sociales y ecológicas». Podríamos
aceptarlo, teniendo en cuenta que fundamentalmente lo que pretendemos es
que la competitividad de los países de Mercosur, con los que la Unión
Europea debe generar acuerdos y asociación, debe basar su crecimiento
económico en ese respeto a las condiciones sociales y medioambientales de
los propios países.
En la propuesta número 43 instamos a la aprobación de un octavo FED
suficiente y adecuado a las necesidades actuales de los países de Africa,
Caribe y Pacífico, tal como está incluido en la propia declaración del
Gobierno español.
En la propuesta de resolución número 44 hacemos referencia a la necesidad
de impulsar acuerdos de cooperación económica, cultural y comercial con
Cuba porque, curiosamente, se da la paradoja de que es de los dos o tres
países del mundo que no tienen ese tipo de relaciones estables con la
Unión Europea. A nosotros, con nuestra historia, nos parecería
imperdonable que este período de presidencia española no se aprovechara
para establecer ese tipo de acuerdos firmes, sólidos, de cooperación
económica y comercial entre la Unión Europea y la República de Cuba y
que, por tanto, la Unión Europea tuviera una actitud y una política
autónoma respecto a este país del Caribe diferenciada de la que tienen
otras grandes potencias que pretenden marcar el paso no sólo a la Unión
Europea sino probablemente al resto del mundo. No hace falta que hagamos
mención aquí a leyes Torricelli --que ya tuvimos ocasión de discutir
aquí-- o proyectos como el del Senador Helms--, etcétera. Creo que la
Unión Europea debe tener una política autónoma respecto a Cuba y que
España debe impulsar que estos acuerdos de cooperación se produzcan a lo
largo de esta presidencia española.
La propuesta de resolución número 45 hace referencia a la necesidad de
que se produzca el referéndum de autodeterminación del Sahara en la misma
dirección en que lo hacía anteriormente la propuesta de resolución de
Coalición
Canaria. Nos importa poco el texto que acabe aceptando el Grupo
Socialista, lo que nos importa es que se adopte el compromiso firme de
que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y se cumplan ya; que
dejemos de dar el espectáculo --como se ha dicho anteriormente-- de un
país que, a través de lo que él entiende que son sus legítimos derechos,
produzca coacciones, incluso chantajes, a la comunidad internacional para
incumplir estas resoluciones de Naciones Unidas y seguir dando largas a
la solución de ese problema. Nuestro país --no hace falta recordarlo--
está directísimamente implicado en la historia del Sahara y, por tanto,
tenemos la obligación moral y política, si no más, de impulsar la
celebración del mismo.
La propuesta de resolución número 46 hace relación a la necesidad de que
los acuerdos aduaneros de la Unión Europea con Turquía estén
condicionados al cumplimiento por parte de este país de los requisitos
exigidos por el Parlamento Europeo y por las normas de Derecho
internacional en lo que a derechos humanos y democráticos se refiere.
Tampoco voy a cansar a SS. SS. con lo que es la historia --ya casi
larga-- de Turquía y su reciente pasado, de violación sistemática de
derechos humanos, democráticos y culturales de minorías, muy numerosas,
por otra parte, en su propio territorio. Condicionar estos acuerdos
aduaneros de la Unión Europea con Turquía a que este país --Turquía--
avance en la reforma constitucional y tenga una pauta de comportamiento
razonable en lo que a derechos humanos y democráticos se refiere nos
parece esencial.
En la propuesta de resolución número 47 hacemos referencia a que el
proceso de ampliación actual de la Unión Europea al Este, hacia los
pecos, no signifique acabar convirtiendo lo que para algunos sería el
ideal, pero para nosotros en absoluto, como sería convertir a Europa
exclusivamente en una zona de libre cambio, no solamente desde la óptica
de los problemas presupuestarios que nos puede generar la entrada de
estos países, con sus niveles de renta y, por tanto, con la disminución
de la renta media de la Comunidad y consecuentemente dejando de ser un
país receptor para pasar a ser donante, etcétera, sino porque la
situación económica y política de estos países siendo partidarios, como
lo son y como lo es mi Grupo, de la ampliación hacia los mismos, tenga
que hacerse de una forma tranquila y sosegada, evitando unos enormes
desequilibrios en el proceso de construcción europea.
La propuesta de resolución número 48 hace referencia a la necesidad --que
nosotros entendemos evidente-- de acabar con estructuras políticas y
militares surgidas de la guerra fría cuando ésta, afortunadamente, ha
acabado, haciendo fundamentalmente de la Unión Europea Occidental el
embrión de lo que podría ser el núcleo europeo de defensa,
comunitarizando la UEO, desligándola orgánicamente de la OTAN, con los
lazos de buena colaboración que se quieran, comunitarizándola y
haciéndola servir de embrión de eso que podría ser el núcleo europeo de
defensa. Esa nueva UEO sería bastante diferente de la actual, que tiene
esos condicionantes a los que hacía referencia anteriormente. Creo que
son razones de estricto sentido común. No deberíamos seguir manteniendo
esquemas de relación internacional, ni siquiera en lo militar, que tienen
su origen en otras épocas, afortunadamente superadas, y deberíamos
esforzarnos en racionalizar los proyectos de defensa europea, produciendo
los cambios institucionales suficientes para que las actuales
organizaciones, cambiando su naturaleza, pudieran servir a tal fin. De la
misma manera pedimos que se impulse la OSCE, la anterior CSCE, como otro
instrumento político importante para la cohesión europea en estos
terrenos de defensa, de política exterior y de seguridad común.
La propuesta de resolución número 49 insta a que en la preparación de la
Conferencia de Pekín se impulsen, a través de la representación de la
Unión Europea, todas las políticas de igualdad de las mujeres en terrenos
educativos, en el mundo del trabajo, en la participación política, en el
control de natalidad, etcétera, de forma que esta Cumbre de Pekín esté lo
menos sometida posible a presiones poco razonables en los tiempos que
vivimos y que la Unión Europea juegue un papel importante en el avance de
eliminación de este tipo de discriminaciones seculares hacia la mujer.
La propuesta de resolución número 50 pretende que la Presidencia española
estimule y promueva una lucha decidida contra el racismo y la xenofobia
que, por desgracia, vamos viendo con cierta frecuencia en varios países
europeos, defendiendo los plenos derechos políticos y sociales de los
residentes de terceros países. Se nos pedía en una conversación previa
que retiráramos la alusión al Acuerdo de Schengen, es decir, que
retiráramos el párrafo que dice «revisando el Acuerdo de Schengen». Nos
parece que no podemos hacerlo porque lo que pretenderíamos es que
Schengen fuera un acuerdo también comunitario, como hacíamos antes con la
UEO. Si estamos hablando de la construcción política y económica europea,
nos parece poco razonable que un acuerdo en vigor en la Unión Europea
sea, a su vez, un acuerdo extracomunitario, al margen de otro tipo de
consideraciones. Nos parece que ese Acuerdo de Schengen tiene que
revisarse, y revisarse especialmente en esa dirección, en el sentido de
hacerlo parte del cuerpo doctrinal de la Unión Europea y, por tanto,
plenamente comunitarizado.
En la propuesta número 51 proponemos que se discutan los calendarios
actuales de la Unión Económica y Monetaria, como la creación de una
política exterior de seguridad común autónoma y efectiva, que se tienda a
la desaparición del déficit democrático que hoy está generando --entre
otras razones, pero tiene un peso importante-- el crecimiento no deseado
del euroescepticismo, no sólo en otros países sino también en el nuestro;
hemos pasado de ser probablemente el país más euro-optimista a ser
probablemente de los más euro-pesimistas en el momento actual y nos
parece que algo hay que hacer en esa dirección.
También hablamos de la necesidad de reformar el Tratado de la Unión, el
Tratado de Maastricht, impulsando lo que significa una verdadera unión
política, porque en su situación actual los errores e insuficiencias de
Maastricht, que lo ha reconocido desde el Parlamento Europeo a la
Comisión Europea, lo hace necesario. Al mismo tiempo instamos a que se
promueva la participación de la opinión pública en todo el proceso, un
proceso de amplia discusión,
buscando la mayor transparencia y el mayor grado de consulta posible en
todo el proceso de construcción europea, dando, además, a los ciudadanos
y a toda la Unión la posibilidad de pronunciarse, vía referéndum único y
simultáneo, en toda la Unión Europea sobre los temas que se revisen del
Tratado. Creo que ésta será una vía, no la única, para que ese no deseado
euro-especepticismo invierta la tendencia y volvamos a encontrarnos entre
los países euro-optimistas.
De la misma manera, instamos a que los Parlamentos de los Estados
miembros y el Parlamento europeo participen activamente en todo el
proceso de revisión del Tratado y que se convoque una conferencia
interparlamentaria europea a tal efecto.
En la propuesta número 52 instamos a que se impulse el desarrollo de uno
de los aspectos más positivos, desde nuestro punto de vista, que hay que
reconocer que fue introducido en el Tratado de la Unión a instancias del
Gobierno español --me refiero a la ciudadanía europea--, en orden a
avanzar en el desarrollo de la faceta social y política de la Unión.
Y la número 53 trata de articular la participación de las organizaciones
sociales y de las comunidades autónomas en todo el proceso de
construcción, estableciendo mecanismos de contacto de carácter permanente
y dándole al Parlamento español una labor de control y de propuesta, para
lo que sería necesario que los responsables del Ejecutivo tengan la
suficiente presencia ante el Pleno y las comisiones correspondientes.
Sinceramente, el Ejecutivo comparece con frecuencia, tanto en el Pleno
como en las comisiones, pero esta comparecencia debería ser más frecuente
y que el tipo de información y de relación fuera mucho más fluido.
Con esto acabo, señora Presidenta, la defensa de las quince propuestas de
resolución que mi Grupo ha presentado.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Para el grupo del Partido Popular el impulso del
proyecto europeo no ha sido nunca, ni es, incompatible con la defensa de
los intereses españoles, de los intereses nacionales de los países
miembros de la Unión Europea. Por ello, las propuestas de resolución que
propone el Grupo Popular están hechas con el propósito de mejorar de
alguna manera el documento del Gobierno, que pensamos que en algunos
casos se queda en planteamientos algo generales y necesitan de una mayor
concreción.
Las propuestas de resolución que presenta el Grupo Popular están
estructuradas de una forma global porque pensamos que del tema de Europa
no se pueden aislar las cuestiones, no se pueden considerar los sectores
individualmente, sino que todo forma parte de un todo y se debe
considerar de forma articulada. En todo proceso de negociación ésta tiene
que ser global. Es cierto que hay concesiones por un lado y por otro,
pero de lo que se trata es de mantener en la mayor medida posible los
equilibrios.
Los principios que inspiran nuestras propuestas de resolución parten de
las motivaciones que paso a enumerar.
Para el Grupo Popular, el gran problema que sufre Europa en estos
momentos es el del paro. Por ello pensamos que el primer punto de nuestra
preocupaciones la manera de generar empleo. Dentro del contexto europeo,
España es uno de los países que se encuentra en una situación más
desventajosa y más grave, no sólo desde el punto de vista coyuntural sino
desde el punto de vista estructural. Por ello, la lucha contra el
desempleo, dentro del más estricto respeto a los criterios de
convergencia, es el objetivo prioritario de la presidencia española para
el Partido Popular.
Todo el conjunto de las propuestas de resolución debe permitir mejorar el
aspecto productivo de la Unión Europea y, en particular, de la economía
española. En este sentido, prestamos especial interés y atención a las
medidas contenidas en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y
empleo. Por ello pensamos que la presidencia española, a fin de lograr
estos objetivos, deberá centrar su actuación en los cinco puntos de
acción adoptados en el Consejo de Essen, que son el fomento de la
formación profesional, el aumento de la intensidad de creación de empleo
y de crecimiento, la reducción de los costes salariales accesorios del
trabajo, las políticas activas de empleo y los grupos vulnerables de
desempleo. Y para ello pensamos también que se deben aplicar, tanto a
nivel general de la Unión como a nivel de los distintos Estados miembros,
las medidas necesarias para cumplir los criterios de convergencia, que en
todo caso deberán resultar de la aplicación estricta de los compromisos
de Maastricht. Es una cuestión de principio reafirmar la necesidad de
esta aplicación rigurosa de los principios de convergencia, y no
solamente de los criterios de convergencia, sino del calendario
establecido a este propósito, de manera que el Tratado no pierda su
carácter de elemento disciplinador de las políticas económicas de los
Estados miembros.
Es absolutamente necesario también llegar a una verdadera culminación del
mercado interior, puesto que el mercado interior, que existe sobre el
papel, continúa de alguna manera sin existir en la realidad. Existen
multitud de trabas, bajo distintas formas y con diversas justificaciones,
que equivalen en la realidad a negar, en multitud de sectores, su
existencia misma. Ello perjudica especialmente a nuestro país, cuyo
tejido productivo está constituido en su mayor parte por pequeñas y
medianas empresas. Las grandes empresas, las empresas multinacionales,
las empresas con grandes medios, tienen menos dificultades en superar
estas trabas de diversa índole, pero las pequeñas y medianas empresas
que, como digo, forman la parte más importante de nuestro sistema
productivo, que son el primer agente generador de riqueza y el primer
agente generador de empleo, sufren muchísimas dificultades para superar
las trabas que, de alguna manera, vienen a negar en muchísimos sectores
el mercado interior. Por ello debemos proceder a una liberalización
arancelaria y a un levantamiento de las restricciones u obstáculos
técnicos y, al mismo
tiempo, a cualquier otro tipo de trabas comerciales que impidan la
consecución plena del mercado interior.
Nosotros hemos identificado algunas de las trabas que vienen a
obstaculizar la consecución plena del mercado interior y por eso
proponemos también en nuestras enmiendas su eliminación; es decir, las
normas técnicas nacionales, fabricación y comercialización de productos,
normas tendentes a fijar distintas normativas en cuestión de embalajes y
reciclado, al mismo tiempo que envases, las normas que generan de alguna
manera la competencia desleal y dificultan el acceso a los mercados y
otras normas que dificultan, como he dicho antes, la consecución del
mercado interior.
En cuanto al sector de las relaciones exteriores, las propuestas de
resolución que hemos presentado tienden a potenciar la dimensión
mediterránea e iberoamericana de la Unión Europea, sin por ello descuidar
otros aspectos fundamentales de la política exterior de la Unión Europea
que son igualmente importantes. No podemos descuidar las relaciones
exteriores con Rusia, que es nuestro gran vecino al Este de Europa; no
podemos descuidar tampoco la preocupación democrática que siempre ha
animado a la Unión Europea, la preocupación para que continuemos
impulsando los procesos de democratización en el resto del mundo y
tampoco podemos olvidar, especialmente, en nuestra política exterior, el
favorecimiento a la consolidación democrática en Iberoamérica. Es cierto
que mucho se ha hecho en Iberoamérica, es cierto que la Unión ha
conseguido potenciar y, en algunos casos, consolidar la implantación de
las democracias, sobre todo en América Central y en los países de América
del Sur, pero debemos continuar trabajando en ese tema. Especialmente
queremos hacer mención a Cuba. La Unión Europea y España tienen una
obligación en la democratización de Cuba. Cuba es un país al que tenemos
que ayudar sin arrogancia y sin imposiciones desde planos de
superioridad, pero sí respetando en todo caso los compromisos de respeto
a la transición democrática del país. Solamente en la medida en que
nuestra ayuda tenga en cuenta los legítimos intereses del pueblo cubano y
el tránsito a la democracia nuestra labor tendrá unos resultados
positivos.
El tema del Mediterráneo es un tema especialmente importante para la
Unión Europea porque no solamente es un foco del que depende el progreso
económico y social de la Unión Europea, sino que también se configura en
estos momentos como uno de los posibles focos desestabilizadores, uno de
los posibles focos que pueden poner en peligro nuestra política de
seguridad común. Por ello, es de máxima importancia que la presidencia
española dedique los esfuerzos necesarios para convencer a los socios
comunitarios de lo importante que es el Mediterráneo como área de paz y
de progreso. No debemos olvidar que en estos momentos los focos
importantes de desestabilización pueden situarse en el norte de Africa y
en el Oriente Medio propiciados por los brotes fundamentalistas.
En el tema cultural, las propuestas de resolución del Partido Popular van
encaminadas a favorecer el pluralismo y la libertad; pluralismo y
libertad que están enlazados con nuestros más sólidos principios y que,
por otra parte, hay que decir que favorece a la industria española. Hay
que defender los principios de pluralismo y libertad no sólo porque
Europa y América comparten valores democráticos, sino también porque para
los intereses de nuestro país el mercado cultural hispano se configura
como uno de los mercados culturales con más auge y con mayores
posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, defendiendo el pluralismo y
la libertad estamos defendiendo también los intereses legítimos de
nuestro país a medio y largo plazo.
En el tema agrícola, en el que se ha llegado a una enmienda transaccional
con la mayor parte de los otros grupos, de lo que se trata es de perfilar
lo que debe ser el papel de la agricultura mediterránea en el seno de la
Unión Europea; el papel de la agricultura mediterránea que no solamente
tiene una dimensión de creación de riqueza sino que tiene también una
dimensión social y una dimensión medioambiental. No solamente debe
considerarse como un sector más del sistema productivo sino, en muchos
casos, como un elemento básico de la supervivencia de determinados
entornos sociales y como un elemento básico de preservación del medio
natural.
En el tema de la pesca estamos animados por el deseo de conseguir que se
consolide una auténtica política pesquera común que sepa defender los
intereses europeos en este sector, que en el fondo pasa por la defensa de
los intereses nacionales, de los intereses de países como España, que son
los países de la Unión Europea donde el sector pesquero tiene una mayor
implantación y un mayor peso específico no solamente en el terreno
productivo sino en el sistema social.
Respecto a las enmiendas que hemos presentado en el capítulo social, yo
creo que están bastante explicadas por sí mismas en todos sus aspectos.
De todas formas, quedo a disposición de los distintos grupos si quieren
comentarlas.
Los principios que nos animan ante la reforma institucional de la Unión
es conseguir que la presidencia española impulse el amplio conocimiento
popular del proyecto que se persigue. Aquí hay que hacer una reflexión en
voz alta y el Grupo Popular cree que debemos sacar enseñanzas de todo el
proceso negociador de Maastricht y, de cara a la próxima reforma
institucional, conseguir que no solamente sea una reforma consensuada y
negociada por los distintos gobiernos de los estados miembros, sino que
sea una reforma que refleje la realidad: la realidad de las
instituciones, la realidad de las necesidades actuales y futuras de la
Unión y la realidad de lo que piensa la ciudadanía europea. Solamente de
esta manera conseguiremos que la Conferencia institucional llegue a buen
término y cumpla los objetivos para los cuales está pensada. En cualquier
caso, el sistema institucional resultante de la próxima Conferencia
deberá conducir a un nuevo equilibrio y a una adaptación de las
instituciones, pero siempre --digo-- dentro de un marco institucional
único y preservando el equilibrio institucional existente.
Finalmente, uno de los objetivos de la presidencia española debe
consistir en abrir el debate de fondo sobre los recursos comunitarios.
Pensamos que la presidencia española tiene un gran compromiso no
solamente con el resto de los socios de la Unión, sino también respecto a
sus propios
ciudadanos. Creemos que el sistema de recursos financieros que acabará en
1999 y que tendrá que ser renegociado deberá ser un sistema basado en el
principio de prosperidad relativa y que tenga en cuenta el peso económico
real de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.
Hasta aquí he hecho una presentación general de los principios que han
inspirado las propuestas de resolución del Grupo Popular y voy a pasar a
fijar posición respecto a las enmiendas de los otros grupos políticos.
Respecto a las propuestas de resolución del Grupo Vasco (PNV), tenemos
algún problema con la enmienda número 5, referente a la reforma de la
organización común de mercado del vino, porque pensamos que no debería
centrarse solamente sobre los «vinos europeos de calidad con capacidad
contrastada de penetración en los mercados». Pensamos que este párrafo
debería decir: En relación con ella, consideramos que la reestructuración
de la oferta del vino y, en concreto el arranque de los viñedos, debería
no solamente contemplar los vinos europeos de calidad contrastada sino
todos los vinos en general. Hay que tener en cuenta que en España no
todos los vinos que se producen son de calidad. Somos unos grandes
productores de vino, pero todavía estamos en el proceso de conseguir que
los vinos que se produzcan sean vinos de una calidad superior.
Respecto a la propuesta número 7, nosotros tenemos muchas dificultades y
la votaríamos en contra. Es la propuesta que hace referencia a la
participación de las comunidades autónomas en las decisiones
comunitarias. Entendemos que en este momento el sistema institucional
previsto es el sistema que debe continuar en vigor en la Comunidad. La
Unión es una unidad de estados y las comunidades autónomas tienen un
marco de participación suficientemente amplio en el Consejo de las
Regiones. Esto por lo que respecta a las enmiendas del Grupo Vasco.
Por lo que respecta a las propuestas de resolución de Coalición Canaria,
tenemos alguna dificultad con la primera de ellas. Pensamos que debería
decir: Se tengan en cuenta y respeten las especificidades de las regiones
ultraperiféricas. Pensamos que no es el papel de la presidencia española
hablar solamente de Canarias sino de las regiones ultraperiféricas. Si
fuera así, la votaríamos a favor. Si mencionase Canarias solamente,
tendríamos dificultades en apoyarla.
En cuanto a su propuesta de resolución tercera, propondríamos una
redacción alternativa que dijera: Seguirá de cerca el referéndum de
autodeterminación del Sahara Occidental, de acuerdo con las resoluciones
de las Naciones Unidas. No pensamos que sea nuestro deber impulsar la
celebración sin más dilaciones.
Respecto a la cuarta, que dice: Establecer para Canarias en razón de su
legislación específica y como región ultraperiférica de la Unión Europea
un Estatuto permanente de Canarias --tal como resulta del debate
celebrado con anterioridad--, pensamos que el lugar de esta propuesta de
resolución sería bajo el epígrafe de la Conferencia Intergubernamental.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, no tenemos mayores
dificultades. Hay algunas referencias al balance de la integración de
España en la Unión Europea y consideramos que el documento de la
presidencia española no es el lugar adecuado para incorporarlas, pero
habiendo discutido este tema con el portavoz del Grupo Socialista y
habiéndome dicho que simplemente era una consideración para que el
Gobierno la tuviera en cuenta y no para su inclusión en el documento de
la presidencia, podríamos aceptarlas.
Respecto al tema agrícola y pesquero, va a haber una propuesta de
transacción, por lo cual no voy a comentarlo. No tengo más comentarios
que hacer a las propuestas de resolución del Grupo Socialista.
Respecto a las propuestas de resolución del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), entendemos que la enmienda número 29 ha sido retirada. Respecto a
la número 30, pediríamos la inclusión --voy a leer--, cuando habla de una
asociación de todos los países mediterráneos que incluya acuerdos
comerciales preferentes en línea con los que ya se están adoptando con
los países de Europa central, lo siguiente: «evaluando su impacto sobre
los sectores productivos españoles». Si fuera así, estaríamos a favor de
la propuesta de resolución.
Respecto a la propuesta de resolución número 33, creemos que se deben
evitar las referencias al tema español, porque la presidencia española
debe ser una presidencia de la Unión, y no hablar específicamente de los
intereses españoles, por lo cual en el apartado segundo, cuarto
párrafo...
La señora PRESIDENTA: Yo creo que usted ya ha defendido sus enmiendas, y
de cualquier forma, como esta Presidencia ha decidido que va a
interrumpir la sesión antes de las votaciones, es mejor que el siguiente
Grupo defienda sus propuestas, en vez de llegar ahora a un acuerdo de qué
es lo que han acordado ustedes, porque esto tendríamos que haberlo hecho
previamente, y de ahí que esta Presidencia hubiera decidido convocar una
reunión de Mesa y portavoces. Lo que ocurre es que, lamentablemente, y se
viene produciendo con demasiada frecuencia, faltan muchos representantes
de los grupos parlamentarios en la reunión de Mesa y portavoces, faltan
muchos portavoces de los distintos grupos, y concretamente hoy por la
tarde ni los letrados han podido presentar una estructura de cómo debería
llevarse esta sesión ni SS. SS., los distintos portavoces, han
comparecido a la reunión previa, con lo cual no creo que podamos ahora
seguir alargando la sesión con lo que ustedes han acordado y lo que no.
Me parece que lo más lógico es que ustedes, previamente a la votación,
puesto que no hay reglas, comuniquen a esta Presidencia lo que deberíamos
haber acordado en la reunión de Mesa y portavoces, que no ha podido
celebrarse porque no había representantes. Si les parece, vamos a
terminar de defender por parte del siguiente Grupo Parlamentario las
propuestas de resolución, interrumpimos la sesión, comunican los
distintos portavoces a esta Mesa cuáles han sido sus decisiones, cuáles
son los acuerdos a los que han llegado, cuáles son las transaccionales
que han aceptado, y creo que entonces se podrá facilitar el debate
posterior para pasar ya definitivamente a una votación mucho más
simplificada, si
les parece, porque, si no, me temo que ni los taquígrafos van a poder
seguir con cierta coherencia el resultado de esta reunión.
Yo le concedo la palabra para que termine en el punto que usted considere
conveniente, y daría luego la palabra al portavoz del Grupo Socialista.
(El señor Costa pide la palabra.) Perdone un segundo, señor Martínez
Casañ. El señor Costa tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: Para una cuestión de orden. Yo creo del máximo
interés para facilitar el trabajo que el Grupo Popular fije su posición
sobre el conjunto de propuestas, sin que eso signifique que después no
podamos hacer esa interrupción. Yo voy a utilizar el turno también para
fijar la posición de nuestro Grupo respecto a nuestras propuestas y a
todas las demás, en cualquier caso.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Costa.
Señor Martínez Casañ, tiene la palabra, y posteriormente daré la palabra
a los grupos que no han fijado su posición con relación a las demás
propuestas de otros grupos.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Concluyo lo más brevemente posible.
La última propuesta que quiero comentar del Grupo Catalán es la número
36, en la que estaríamos a favor si no solamente se hablase del tramo
Perpiñán-Barcelona, sino también de los otros dos grandes proyectos de la
red europea de infraestructuras viarias, como son el tren
Madrid-Hendaya-Dax y la autopista Valladolid-Lisboa.
Paso a las propuestas de Izquierda Unida, que son las últimas que voy a
considerar. Estamos a favor de la número 38 tras la nueva redacción que
le ha dado el señor Vázquez. Estamos a favor de la número 39 siempre y
cuando se pusiera punto y final después de «Libro Blanco», porque
pensamos que el resto está en contradicción con el Libro Blanco y por
tanto es completamente improcedente. En cuanto a la número 41, pensamos
que había que poner un punto y final después de «utilizar», donde hay un
punto y coma, por dos motivos distintos: primero, porque los países con
mayor desarrollo social y mayor protección del medio ambiente están
gobernados todos ellos por partidos que aplican medidas neoliberales, y
el señor Vázquez pretende eliminar las medidas neoliberales propuestas; y
segundo, porque no pensamos que Libia sea un Estado que en este momento
se pueda incluir en las asociaciones de que habla este párrafo.
En cuanto a la enmienda número 44, estaríamos a favor si se incluyera
alguna mención a la transición pacífica a la democracia en Cuba, tal y
como el Grupo de Izquierda Unida propone después respecto a Guinea
Ecuatorial.
Respecto a la enmienda 45, estaríamos en contra, a menos que se quitara
la fecha y se incluyera una referencia a las Naciones Unidas, que son las
encargadas del proceso negociador.
Respecto a la enmienda 46, pensamos que se debe condicionar al dictamen
del Parlamento Europeo, que es el encargado de este tema en primer lugar.
Por ello, propondría una nueva redacción.
En cuanto a la enmienda 48, votaríamos a favor por razones obvias.
(Varios señores Diputados: Se ha equivocado.) No, perdón.
Estamos a favor de la enmienda 49, siempre y cuando se ponga un punto y
final después de «el trabajo y la participación», dejando fuera la
segunda parte de la propuesta de resolución. Lo mismo sucede respecto a
la propuesta número 50, en la que votaríamos a favor si hubiese un punto
final después de «terceros países» y no se procediera a la revisión del
acuerdo de Schengen.
Respecto a la 51, estaríamos en contra, y el resto de las enmiendas
serían votadas favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Voy a intentar hacer una presentación de nuestras
enmiendas, dejando bien claro que no son enmiendas, sino propuestas de
resolución y, por tanto, no están destinadas a incorporarse a un texto
definitivo de una comunicación del Gobierno, sino más bien a apoyar la
comunicación del Gobierno, destacando algunos elementos de esta
comunicación. Entre estos elementos, querríamos destacar cuatro
apartados: el apartado del crecimiento económico, la Europa abierta al
mundo, una Europa abierta a los ciudadanos y las bases del futuro de la
Unión Europea. Es evidente que desde hace bastantes Consejos la mayor
preocupación, la mayor prioridad de la política europea, está en
encontrar las fórmulas para conseguir que el crecimiento económico tenga
como objetivo final, como horizonte, la creación de empleo. El
crecimiento económico por sí mismo ya no resuelve los problemas que tiene
la sociedad europea, sino que tiene que combatir lo que es la mayor lacra
social que tiene Europa en estos momentos, que no es otra que el
desempleo; un nivel de desempleo lacerante, inasumible para cualquier
persona solidaria. Por tanto, hay que acentuar todos aquellos esfuerzos
destinados a las políticas conjuntas de los Estados miembros de la Unión
que combatan el tema del desempleo. Nos gustaría resaltar que en la
presidencia española se continúa en el esfuerzo con un sistema de
evaluación de la creación de empleo, que se va a aplicar por primera vez
en el Consejo de Madrid.
En el apartado de mercado interior nos preocupa eliminar todas aquellas
barreras que son obstáculo para la libre competencia y que, a veces, bajo
el rótulo de políticas ecológicas o de políticas de protección de los
consumidores, lo que hacen es poner obstáculos al libre comercio, por
tanto, a la libre circulación de productos dentro de la Unión.
En el segundo apartado, una Europa abierta al mundo, queremos destacar
especialmente los siguientes aspectos. En primer lugar, la nueva apertura
de la Unión Europea hacia el sur; una apertura que se va a escenificar en
la Conferencia del Mediterráneo que se va a celebrar en Barcelona y que
es, sin duda, el primer escalón de una colaboración política, económica y
cultural con los países del Mediterráneo,
para dar estabilidad a esta zona tan importante para los intereses
españoles, pero también importante desde una perspectiva global europea;
no sólo continuar con las políticas de estabilidad y de cooperación que
se están estableciendo a un nivel distinto con los países del Este, sino
también abrir la dimensión del flanco sur de la Unión Europea, lo cual
nos parece un hecho de la máxima importancia para la construcción europea
y para la seguridad europea. Establecer esta zona de seguridad en el sur,
establecer estos convenios que den estabilidad a todo el sur de Europa
nos parece una política preventiva, necesaria para la seguridad de la
Unión y para el futuro desarrollo de la misma.
También queremos referirnos a la dimensión americana de la Unión Europea.
Nos gustaría resaltar en este aspecto la necesidad de seguir trabajando
para incorporar a los países de Sudamérica, tanto con convenios con
Mercosur, con Chile, con Méjico, como abriendo una nueva dimensión en las
relaciones transatlánticas, una dimensión que tenga como referente
básicamente los aspectos comerciales y los aspectos de investigación y
desarrollo en los que se pueden establecer todavía grandes marcos de
acuerdo.
En una Europa abierta a los ciudadanos, nos gustaría resaltar la
necesidad de establecer políticas que sean nítidamente percibidas por los
ciudadanos en temas tan importantes como el consumo, la educación, la
formación profesional y la sanidad, así como reforzar la identidad y la
pluralidad europea. Estamos desarrollando instrumentos muy poderosos que
van a afectar, sin duda, a la vida del conjunto de los ciudadanos
europeos, y nos parece que durante la Presidencia española se deben
impulsar estas nuevas tecnologías en el camino de salvaguardar la
pluralidad y la diversidad de la cultura europea y la singularidad de sus
modos de vida, de su economía, de su forma de entender una sociedad
plural, cohesionada y libre.
En el último apartado, me gustaría resaltar que durante la Presidencia
española se van a sentar las bases de la Europa del futuro, muy
particularmente bajo la presidencia del Secretario de Estado Carlos
Westendorp, se va a determinar de alguna manera el orden del día que va a
abordar la Conferencia Intergubernamental, delimitando claramente cuáles
son los problemas que tiene que abordar y dando una serie de respuestas a
estos problemas, sobre los cuales la conferencia va a tener que decidir;
en particular, los desafíos, principios y objetivos de la Unión Europea,
todo el sistema institucional de la Unión Europea, derivado de los
problemas de la ampliación a 15 y de las futuras ampliaciones, las
relaciones o el marco que la Unión establece para los ciudadanos
europeos, el futuro de la política exterior y de seguridad común y los
instrumentos que se derivan de ella para realizar esas políticas al
servicio de la Unión.
Con esto acabo lo que es una breve introducción y paso a fijar mi
posición respecto a las enmiendas de los otros grupos parlamentarios, no
sin antes señalar que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario
Socialista hemos hecho un esfuerzo importante para intentar conseguir el
máximo consenso en torno a los objetivos de la presidencia europea; por
tanto, se tiene que ver nuestra posición desde esta perspectiva, desde la
perspectiva de intentar preservar el interés nacional, y éste, para
nosotros, está localizado en estos momentos en la capacidad de conseguir
un amplio marco de acuerdo que sustente las políticas que la presidencia
española debe abordar.
Para referirme ya a estas enmiendas, voy a hacer uso del orden de entrada
en el registro, y si me lo permite la Presidencia voy a ser lo más
escueto posible, dentro de la amplitud del número de enmiendas y de las
posiciones que a todos interesa fijar y dejar claras para su posterior
votación.
En relación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, estamos de
acuerdo con las números 1, 2 y 3; ofrecemos una transacción a las números
4, 5 y 6, relativas a agricultura y pesca, en la que hemos hecho un
esfuerzo importante de coincidencia con todos los grupos parlamentarios
que han hecho propuestas dirigidas a mejorar el texto de la comunicación
del Gobierno. Estamos en desacuerdo con la número 7, si bien tenemos una
transaccional que ofreceremos después a Izquierda Unida, en la que
proponemos que las comunidades autónomas puedan participar a través del
Consejo de Política Sectorial en las políticas europeas y que sean
consultadas y tenidas en cuenta, por tanto, en la política europea del
Gobierno. Esa transaccional, insisto, se la ofreceremos --ya que no está
aquí el PNV-- a Izquierda Unida, pero va en la dirección de lograr una
participación de las comunidades autónomas en el diseño de la política
europea a través de los mecanismos que ya existen y están funcionando
convenientemente dentro de la Administración española.
Respecto de las propuestas de Coalición Canaria, vamos a apoyar la número
8, sobre el funcionamiento del mercado interior, con referencia a la
armonización fiscal, si bien nos parecería mejor la redacción que ha
propuesto el Grupo Parlamentario Popular, y en la que coincidimos, sobre
regiones ultraperiféricas, dado que de lo que se trata es de la
presidencia europea, si bien quiero insistir en una cuestión. Al ser
propuestas de resolución, lo que entendemos es que no necesariamente se
tiene que integrar en el texto de la comunicación del Gobierno. Por
tanto, si el Grupo de Coalición Canaria, al final, decide mantener el
texto tal como está, también tendría nuestro acuerdo. Entendemos que no
tiene por qué ser excluyente el hecho de que no se hable de las otras
regiones ultraperiféricas cuando se trata de una resolución que va al
Parlamento español.
Respecto a la OCM del plátano, ofreceríamos una transaccional que
básicamente diría: Consolidar la OCM del plátano comunitario atendiéndose
al principio de preferencia de la Unión Europea, salvaguardando los
elementos fundamentales que informan la actual política. En conjunto, de
lo que se trata no es de consolidar la OCM del plátano comunitario sin
que se modifique la aprobada y vigente. Como conocen SS. SS., hay ya una
propuesta de modificación, elaborada por la Comisión Europea, que cuenta
con el acuerdo del Gobierno canario, y, por tanto, no se puede mantener
tal como está. Lo que sí se tienen que salvaguardar son los elementos
fundamentales que informan la actual OCM.
En la número 10 también ofrecemos una transacción a Izquierda Unida y a
Coalición Canaria, que son los dos
Grupos que establecen propuestas de resolución sobre este tema. Después
vamos a pasar a la Mesa estas propuestas transaccionales, aunque
básicamente dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
la presidencia española del Consejo de la Unión Europea siga de cerca la
preparación del referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, de
acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas. Y añadimos un
segundo apartado, que es el texto de Izquierda Unida sobre Guinea
Ecuatorial.
En la número 11 se ha establecido hoy un acuerdo en esta Comisión,
aprobando una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
que ya manifiesta cuál es nuestra posición. Por tanto, estamos de acuerdo
en aprobarla, si bien entendemos que si se tuviera que incorporar al
texto de la comunicación del Gobierno, el lugar específico sería el
apartado de la Conferencia Intergubernamental, ya que es preciso
modificar el Tratado para hacer realidad este deseo de la Cámara. Si se
mantiene como una resolución, entendemos que no es necesario incorporarla
al texto, que el Gobierno tiene el mandato y que este mandato será
utilizado en los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y que
mantendrá esa propuesta.
Respecto a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, que han sido
presentadas por un sistema distinto de añadidos a la comunicación del
Gobierno, si se me permite, voy a hacer la referencia a la propuesta, a
la página y al texto a que se refiere.
La propuesta número 12, página 3, nos parece aceptable, porque es
constante y la compartimos, en el sentido de realizar los estudios
necesarios acerca de las consecuencias de la adhesión de los pecos sobre
la política regional de la Unión Europea y los términos en que deberán
reformarse los fondos estructurales y de cohesión. Si bien para el Grupo
Socialista sería suficiente hacer esta referencia en la resolución que el
Parlamento y la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea
deben realizar sobre la Conferencia Intergubernamental, nos parece bien
que esta referencia se vaya realizando a lo largo del tiempo y se
establezca ya como prioridad dentro de los trabajos de la presidencia
española. Es verdad que estos estudios no serán realizados necesariamente
durante la presidencia española, pero también es verdad que iniciarlos,
ponerlos dentro de la agenda, ya es una primera piedra sobre la que
nosotros no tenemos nada que oponer.
En la página 6, en cuanto a la estrategia global de asociación con los
países del Mediterráneo, nos parece bien los dos apartados que se añaden,
final del primer apartado, final del segundo apartado y todo el último
respecto a Argelia.
En la página 7, dentro del mismo apartado, no estamos de acuerdo con el
texto que se nos propone, porque la conferencia del Mediterráneo es un
acuerdo entre los quince Estados miembros de la Unión Europea y los doce
socios comunitarios. Por tanto, no es un problema de voluntades o no del
Parlamento español, sino que ha sido acordado ya el método por el cual se
debe realizar esta Conferencia, se ha decidido ya no invitar a otros
países y, por tanto, nosotros vamos a mantener esa posición. Es evidente
que es legítimo mantener una distinta, pero en este caso, y a pesar de
que nos gustaría también coincidir en esto, ello no es posible.
En la página 8 --el reforzamiento de los lazos con Iberoamérica-- se
añade una tercera vertiente --el fortalecimiento de las especiales
realidades históricas y culturales-- que nos parece que se puede asumir
perfectamente e incluso que es conveniente.
En la página 9 también estamos de acuerdo con que se promueva, además de
las relaciones con Mercosur, Méjico y Chile, la renovación de los
acuerdos actualmente existentes con América Central y el Pacto Andino. Y
en el párrafo siguiente nos parece también no sólo que se debe asumir
sino que es conveniente que el acuerdo de cooperación económica y
comercial con Cuba se englobe dentro del objetivo de apoyar una
transición pacífica hacia la democracia. Creo que el mayor esfuerzo que
se puede hacer para que este país tenga una transición pacífica hacia la
democracia es la cooperación económica, la cooperación política y la
cooperación comercial y, por tanto, estamos de acuerdo.
En la página 11 se propone que la Unión Europea apoye el ingreso de China
en la Organización Mundial del Comercio. Este tema se puede ver también
durante la presidencia española y, si es así, también nos parece
perfectamente aceptable. Después hay un apartado séptimo --una Europa más
solidaria con los países en vías de desarrollo-- en el que se propone la
cláusula democrática, con la cual estamos de acuerdo, tanto con el texto
como con los debates que se han venido produciendo en el Parlamento.
En la página 12 --insisto-- del texto de la comunicación del Gobierno con
las introducciones del Grupo Popular, se añade un texto que dice que
España impulsará la equiparación, a efectos económicos y financieros de
los países controamericanos con los países ACP. En este tema tenemos
discrepancias porque la equiparación podría ser a la baja. En estos
momentos la Cámara debe ser consciente de que los países centroamericanos
están recibiendo más fondos que los países ACP y además puede significar
un problema añadido porque en estos países es donde se produce el plátano
del área del dólar, y cualquier cooperación más allá de las ayudas
económicas puede implicar también una revisión de esta política que creo
que la presidencia española no debe abrir. Por tanto, pediríamos que se
retire este apartado y, si no es así, sería también uno de los elementos
que dejaríamos fuera del intento de llegar al máximo número de acuerdos.
En la página 13, y dentro del reforzamiento de la identidad y de la
pluralidad cultural europea y de su proyección en el mundo, la segunda
línea habla de una Europa abierta culturalmente. Querríamos introducir
una Europa diversa y abierta, sin mayores problemas, en el bien entendido
de que a España le beneficia y debe mantener esa postura por su singular
relación con América Latina y por la extensión de su lengua a lo ancho
del mundo, y por tanto, con las posibilidades reales que tiene la cultura
española de poderse hacer un hueco importante en el contexto
internacional.
Sobre la resolución número 13, del Grupo Parlamentario Popular, que se
refiere a la introducción de la comunicación del Gobierno a las Cortes
Generales, se agrega el
cuarto párrafo, en el que se establece el empleo como prioridad. Como he
dicho ya en la introducción que hice a mi intervención, ésta es la máxima
prioridad para el Grupo Socialista y, por tanto, cualquier contribución
que se haga, aunque sea la introducción de la comunicación, nos parece
bienvenida y la aceptamos perfectamente.
En la propuesta número 14, referida al bloque 1 de la comunicación, se
presentan textos alternativos, especialmente en el desarrollo del Libro
Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo. No hay discrepancias
de fondo sobre la comunicación del Gobierno, si bien la redacción que
propone el Grupo Popular mejora sensiblemente algunos aspectos. Por
tanto, nos parece que se debe tener en cuenta y no debe ser un elemento
de discrepancia. Por consiguiente, es un texto también aceptable.
En la continuación hacia el proceso de la moneda única, encontramos
también correcto el texto que plantea el Grupo Popular. No tiene grandes
discrepancias respecto al propuesto en la comunicación del Gobierno, y en
el apartado 2.º hace una especial incidencia al grado de realización de
las reformas estructurales. Coincidimos en que toda la mejoría económica
que se está produciendo viene dada por actuaciones de carácter
estructural que se han producido en los últimos años y que se deben
seguir produciendo. Por esta razón, estamos de acuerdo también en que se
mantenga la especial incidencia en el grado de realización de reformas
estructurales, si bien tengo que añadir que ésta es una frase bajo la
cual se podrían amparar distintas respuestas a dichas reformas
estructurales, que no es lo que estamos discutiendo aquí. Estamos de
acuerdo en el enunciado, como en otras cosas, pero a nadie se le escapa
que las reformas realizadas por un grupo u otro podrían ser distintas. En
la línea que ha propuesto el plan de convergencia presentado por el
Gobierno nos parece que es necesaria esa incidencia en el grado de
realización de las reformas estructurales.
En el apartado siguiente se refiere a la consecución de la Unión
Económica y Monetaria, y hay un párrafo que dice: Por otro lado, la
exigencia del cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 109
J, del Tratado de Maastricht, excluye la posibilidad de una unión
monetaria que no comprenda a la mayoría de los países firmantes del
Tratado. Sólo quiero hacer una consideración. Si no lo he analizado mal,
este texto se refiere a la Unión Económica y Monetaria en el año 1997,
pero lo excluye expresamente para 1999, donde los países que cumplan las
condiciones objetivas de la Unión Económica y Monetaria establecidas en
el Tratado de Maastricht pasarían a formar la Unión Económica y
Monetaria; por tanto, habría países que quedarían excluidos de esa unión,
es decir, todos aquellos que no cumplieran las condiciones. Y así lo
prevé el propio texto modificado del Grupo Popular en sus últimos
apartados, en los que ya prevé que se estudien los efectos que se
producirían sobre las economías de aquellos Estados miembros que no estén
en disposición de formar parte del núcleo inicial de los países que
realicen la unión monetaria. Por ello, sería conveniente modificar este
apartado manteniendo su filosofía, pero con una corrección que no dé
lugar a equivocaciones.
En la consolidación de un espacio económico y social integrado, página 4,
se establece una introducción sobre la que no tenemos discrepancias. Por
tanto, nos parece perfectamente aceptable. En la página 5, el
funcionamiento pleno del mercado interior, propondríamos que se mantenga
el segundo apartado que se introduce, hasta el primer punto y seguido, es
decir, hasta donde dice mercado único propiamente dicho, que se elimine
el texto desde «el problema de la existencia de obstáculos comerciales»
hasta el punto 4 de esta propuesta de resolución y que se mantenga que la
presidencia española trabajará en la superación de las barreras
comerciales que impiden la consecución del mercado único, que es lo
fundamental. Quiero decir que no es que haya en este texto cuestiones
sobre las que tengamos discrepancias de fondo, sino que al ser un texto
sobre la presidencia española es un texto muy desarrollado y creemos que
sería suficiente eliminar los obstáculos técnicos y otro tipo de trabas
comerciales, ya que con ello no se puede hablar de un mercado único
propiamente dicho, sobre todo, el apartado final, que es bastante
contundente, en el sentido de que la presidencia española trabajará en la
superación de las barreras comerciales que impidan la consecución del
mercado único.
En el apartado 3.2, de industria, en la página 9, el Grupo Popular
propone la introducción, en el primer apartado de energía final, de la
liberalización del comercio internacional de energías, especialmente la
electricidad: para ello es preciso actuar directamente sobre la
transparencia de los mercados energéticos en cuanto a costes y precios.
Para nosotros, éste es un tema que no debe ser abordado en estos
momentos. Como saben SS. SS., la energía es uno de los temas que está
pendiente de los acuerdos de la Conferencia Intergubernamental para ser
comunitarizado y, además, a nadie se le escapa que España tiene una
moratoria nuclear que encarece el coste de la energía en nuestro país.
Por tanto, creemos que una liberalización debe ser objeto de un mayor
estudio de cara al futuro antes de decidir sobre ella. Pedimos que se
retire este texto. De no ser así, sería también uno de los elementos en
los que no sería posible, por nuestra parte, establecer un mayor grado de
acuerdo. Sí estamos de acuerdo en las energías alternativas que se
proponen en la página 10, apartado 2.º; en la introducción que se hace,
en los dos apartados, en investigación y desarrollo.
En agricultura y pesca proponemos una transaccional a todos los grupos,
que intenta incorporar con generosidad los distintos textos que se han
presentado, quizá redactando más concretamente algunos de los temas que
aquí se proponen, pero coincidiendo con el fondo de la mayoría.
En transportes estamos básicamente de acuerdo con los textos que se
proponen. Pediríamos que en el apartado del Registro comunitario Euros en
vez de «acelerar» quede la palabra «impulsar». Este tema en estos
momentos está siendo objeto de análisis, por lo que creemos que sería
mejor esta redacción.
En el primer apartado de la página 16, de puertos, cuando habla de
promover la homogeneización de los criterios tarifarios en...,
propondríamos que fueran las condiciones financieras de... Creemos que
consigue el mismo
objetivo que propone el Grupo Popular, pero nos parece más ajustado a la
realidad de los puertos europeos. Y en la propuesta sobre redes
transeuropeas, estamos de acuerdo en el concepto de carácter periférico
del país, pero querríamos en este apartado hacer una consideración, que
las redes transeuropeas por sí mismas necesitan de tramos intermedios, y
la redacción, tal como está considerada, si bien entendemos que lo que
pretende es priorizar las inversiones en los países periféricos como
España, si estas inversiones no se realizan en redes que sean tales, no
cumplirían el fin que persigue la introducción del texto del Grupo
Popular, cuya filosofía nosotros compartimos. Por tanto, si se pudiera de
alguna manera buscar una redacción mejor, podríamos asumir el texto.
En telecomunicaciones estamos básicamente de acuerdo con las
introducciones que se realizan.
En trabajo y asuntos sociales también estamos de acuerdo en el apartado
1, que se propone como nuevo. En el apartado 2, cuando establece el
desarrollo progresivo de un sistema de vigilancia de las tendencias de
los sistemas de empleo de la Unión Europea, se hace referencia a: de
acuerdo con el enfoque descrito en la comunicación de la Comisión al
Consejo. Como antes hace referencia al acuerdo, al mandato del Consejo
Europeo de Essen, nosotros queremos limitarlo a este mandato del Consejo
de Essen, eliminando este apartado de la comunicación de la Comisión al
Consejo, ya que implicaría un método de análisis de acuerdo con el
artículo 103 y, por tanto, eliminaría o quitaría autonomía a los Estados
miembros para realizar este seguimiento. En los siguientes apartados que
se proponen en este tema, estamos de acuerdo.
En el presupuesto de la Unión Europea para 1996 y la lucha contra el
fraude --página 22--, se establecen una serie de objetivos que nosotros
compartimos, pero que creemos que no deben tener esta ubicación concreta,
sobre todo porque la presidencia española va a decidir el presupuesto de
1996, pero en este apartado no va a decidir abrir un debate sobre los
recursos comunitarios o sobre los fondos necesarios para las nuevas
ampliaciones de la Unión Europea a países del Centro y Este de Europa.
Nosotros pediríamos que este apartado concreto vaya al punto número 5 de
la comunicación, que es la Conferencia Intergubernamental, o que sea una
propuesta de resolución fuera del texto enviado por el Gobierno a la
Comisión Mixta y que, después de países del Centro y del Este de Europa,
se añada Chipre y Malta, que son también un objetivo de la presidencia
española. Así estaríamos de acuerdo con el conjunto del texto, que,
básicamente, en su filosofía, es coincidente con una propuesta de
resolución, la número 47 de Izquierda Unida, a quien pediríamos que, con
el fin de crear áreas de acuerdo, retirase su texto y diera su apoyo al
que quedaría de la página 22, texto al que antes me he referido.
En la propuesta número 15 del Grupo Popular, referida a la Conferencia
Intergubernamental, se añade también un nuevo texto en el que,
básicamente, se solicita la implicación de la opinión pública en las
reformas que se van a abordar. Evidentemente, estamos de acuerdo y
simplemente solicitaríamos que se elimine la frase que hay a continuación
«del proyecto que se persigue», que es una realidad, pero que no es
propia de un texto de la presidencia europea. Es una valoración real,
pero, insistimos, el texto mejora retirándola.
En la propuesta de resolución número 16 estamos de acuerdo con la mayoría
de temas que se proponen. Nos gustaría una aclaración mayor para poder
dar nuestro apoyo al desarrollo del reconocimiento mutuo de
cualificaciones y de las competencias; el texto entiendo que puede dar
lugar a confusión, ya que en estos momentos existe un espacio y un
mercado europeo de las cualificaciones y de la formación y el añadir
«auténtico» o «incremento de la transparencia» es suponer que el que hay
no es auténtico y que no tiene transparencia. Si se trata de un
reconocimiento mutuo de cualificaciones y de las competencias, nosotros
estaríamos de acuerdo, pero nos gustaría un texto más claro en este
sentido. Si es posible ofrecer este texto, como digo, estaríamos de
acuerdo.
Estamos de acuerdo en los siguientes dos apartados de la página 3 --los
dos primeros-- y en el apartado de sanidad, que propone la implantación
de una tarjeta individual sanitaria homologada y compatible en todo el
territorio de la Unión Europea; nos parece una idea interesante, que
nuestro Grupo ha manejado en alguna ocasión, pero que tiene serias
dificultades. Por tanto, propondríamos también, para ver si es posible
llegar a un acuerdo sobre el tema, una propuesta transaccional que iría
en la siguiente dirección: Iniciar los estudios pertinentes sobre la
posible compatibilización de los sistemas sanitarios con vistas a la
implantación de una tarjeta individual sanitaria homologada en todo el
territorio de la Unión Europea. A nadie le pasa desapercibido que desde
la financiación hasta el funcionamiento de los sistemas sanitarios los
sistemas son diversos y que ello implica una gran dificultad para la
implantación de esta tarjeta. Entendemos que no se trata de que durante
la presidencia española --que sería imposible-- se consiga ese objetivo,
pero sí consideramos que es un objetivo que se puede compartir, que es
muy perceptible por parte de los ciudadanos, e iniciar los estudios que
puedan conducir a su implantación final es un objetivo deseable.
En la página 6 del mismo apartado (construir un espacio de libertad y
seguridad, desarrollo del tercer pilar del Tratado de la Unión Europea)
tenemos dificultades para aceptar la introducción que se hace sobre la
conclusión del convenio sobre fronteras exteriores mediante avances en el
contencioso con Gibraltar. Entendemos que éste no es un objetivo
prioritario de la presidencia española. El objetivo prioritario de la
presidencia española está en desarrollar el Tratado de Schengen, que está
funcionando perfectamente. En estos momentos, el convenio sobre fronteras
exteriores efectivamente tiene el problema que se señala en el texto
propuesto por el Partido Popular, que es el contencioso con Gibraltar, y
mientras exista ese contencioso nuestro Grupo no está en disposición de
apoyar ese convenio. Si bien el Partido Popular propone en su texto que
este convenio lo sea mediante avances en el contencioso con Gibraltar,
creemos que una posición más firme en este tema nos vendría bien a todos,
porque no parece que haya excesiva voluntad
de avanzar en el contencioso con Gibraltar por parte británica, que por
otro lado es quien está intentando impulsar el convenio de fronteras
exteriores, dado que se ha quedado fuera de Schengen.
En la página 7 se proponen acciones comunes contra los actos delictivos
de carácter racista y xenófobo, que coinciden con las de nuestro propio
Grupo y con las de Izquierda Unida; por tanto, no tenemos nada que oponer
al respecto.
En cuanto a las propuestas de resolución de Convergència i Unió,
pediríamos que las retirasen, aunque no sé si lo han hecho, puesto que no
he podido seguir con suficiente atención el conjunto del debate,
atendiendo al conjunto de propuestas que deberíamos poder realizar
después. Les pediría que las retirasen, en primer lugar, porque hay una
propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista que establece
en qué términos debería realizarse la Conferencia Intergubernamental, que
creo que sería aceptable por parte de todos los grupos; y en segundo
lugar, porque, como saben SS. SS., la Comisión Mixta para la Unión
Europea tiene en fase de redacción unas propuestas de resolución que, de
alguna manera, establezcan la voluntad de las Cámaras sobre la
Conferencia Intergubernamental y los objetivos que España debe perseguir
en esa Conferencia. En el texto que se propone hay bastantes elementos
que se podrían asumir dentro de una discusión más amplia, pero tal como
está formulado en estos momentos nos crea serias dificultades para poder
aceptarlo. Si fuera posible, les agradeceríamos que las retirasen, puesto
que ello facilitaría el acuerdo en torno al conjunto de la presidencia
española.
Estamos de acuerdo con la propuesta número 30 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y por tanto la votaríamos a favor, si bien
consideraríamos si se introduce el texto propuesto por el Partido
Popular. En cualquier caso, nosotros apoyaríamos la propuesta de
resolución, tanto si la mantiene en su texto actual como si propone la
consideración de los intereses nacionales; en ambos casos la apoyaríamos.
La propuesta número 31 nos parece aceptable, si bien tengo que decir que
el texto ya está introducido en el documento enviado por el Gobierno a la
Comisión Mixta y en los textos del Grupo Parlamentario Popular. De hecho,
tengo que señalar que me parece que la firmeza en este tema es muy
importante para no relajar las políticas conducentes a la Unión Económica
y Monetaria. Esta propuesta, tal como está redactada, es aceptable por
nosotros, pero ya está recogida satisfactoriamente en el texto de la
comunicación del Gobierno. Por lo tanto, si la mantiene Convergència i
Unió la vamos a votar a favor y si decide retirarla, porque ya está
incorporada al texto, también nos parecería igualmente útil.
En la propuesta número 32 se hace una referencia a la mejora dela
competitividad productiva, concretamente a acciones derivadas del libro
blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, y por lo tanto la
votaremos a favor.
La propuesta número 33 se refiere básicamente a agricultura y pesca.
Hemos hecho una propuesta transaccional a todos los grupos que tienen
propuestas en esta materia y esperamos que merezca el apoyo de
Convergència i Unió, ya que el texto propuesto por esta formación está
incorporado ampliamente en la enmienda transaccional propuesta.
La número 34 hace referencia a las pequeñas y medianas empresas y a
favorecer su desarrollo y mejorar su competitividad. Nos parece una
aportación importante, que creo que viene a enriquecer el debate que
estamos efectuando y que también está dentro de los objetivos del libro
blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, que nosotros
compartimos.
La propuesta de resolución número 35 establece los cinco ámbitos del
acuerdo de la Cumbre de Essen. Yo quiero decir que merece nuestra
aprobación, si bien quiero hacer una salvaguarda. En el apartado segundo,
nuestro Grupo entiende que para aumentar la intensidad de la creación de
empleo, en los acuerdos de Essen se establece mediante una mayor
flexibilización del mercado de trabajo y una política salarial de
moderación, con crecimientos inferiores al incremento de la
productividad. Nosotros estamos de acuerdo globalmente en esa
formulación, pero quiero señalar que para nuestro grupo la
flexibilización del mercado de trabajo que se tenía que realizar ha sido
ya efectuada. Por lo tanto, es satisfactoria la situación actual, que nos
parece bien como objetivo de política europea, pero que no podríamos
compartir si se trasladase a un proyecto de política nacional.
La propuesta de resolución número 36 coincide con una propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a redes transeuropeas. Establece de
manera específica la necesidad de impulsar los trabajos de la Agrupación
Europea de Interés Económico, que prepara la construcción de la línea del
tren de alta velocidad, que conectará la red española con el tramo
Perpiñán-Barcelona, para que puedan estar finalizados en 1996.
A nadie se le escapa que esa propuesta, que esta Agrupación Europea de
Interés Económico puede ser impulsada por España, pero no depende
solamente de nuestro país. Hay dificultades financieras por parte del
otro país que debe impulsar también esta actuación para llevarlo a cabo.
Nos parece un objetivo razonable, si bien quiero señalar este aspecto. De
todas formas, si se mantiene el texto tal como está votaríamos a favor,
en la consideración de que éste es un texto parcial respecto al conjunto
de redes transeuropeas, que es el que nos preocupa como Grupo
Parlamentario Socialista y que afecta al conjunto de las actuaciones que
la Unión Europea tiene previstas en nuestro país. Nos parece que lo
fundamental es que se establezcan los sistemas de financiación europeos
para dichas redes transeuropeas.
La propuesta número 37 merece nuestro apoyo, es coincidente con otra de
nuestro Grupo parlamentario; por lo tanto, no podría ser de otra manera.
La propuesta de resolución número 38, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en los términos en que ha sido expresada por el portavoz de su
grupo parlamentario, y que nos gustaría que hiciera llegar por escrito,
sería aceptable, siempre que establezca que el Gobierno informe a la
Comisión Mixta para la Unión Europea sobre los principales
asuntos de la presidencia española. Es deseo de nuestro Grupo que esto
sea así y es un deseo expresado también por el Gobierno.
La propuesta de resolución número 39 sería aceptable por nuestro grupo si
finalizara en el libro blanco, concretamente en la quinta línea de la
propuesta de resolución, y se eliminara el texto que viene a
continuación, si bien tengo que señalar a SS. SS. que en el último
apartado, es decir, será necesario insistir en la aplicación de los
objetivos de la Agenda 21 del Río por lo que se refiere a la integración
del medio ambiente en todas las demás políticas, nuestro Grupo
parlamentario tiene una propuesta de resolución que entiendo que debería
ser satisfactoria para Izquierda Unida, me parece que es la número 27 ó
28, pero se lo voy a aclarar a SS. SS., la 27, de nuestro Grupo, que va
en la misma dirección y que nos gustaría que pudiera ser compartida
también por el Grupo de Izquierda Unida y darles satisfacción en este
sentido.
En la propuesta de resolución número 40, de Izquierda Unida, nuestro
Grupo está de acuerdo; es un objetivo que yo creo que todos los
ciudadanos europeos comparten y que es al que se debe dedicar el máximo
esfuerzo, acabar con la guerra en Bosnia, si bien a nadie se le oculta
las dificultades que ello implica. Entendemos que la redacción merece
nuestra aprobación y que está en términos asumibles por nosotros.
En la propuesta número 41 proponemos que el texto termine en «financieros
a utilizar»; el último apartado, asociación euromediterránea deberá
llevarse a cabo sin exclusiones y no basarse en medidas neoliberales en
lo económico, conteniendo medidas claras de desarrollo social y
medioambiental sostenible no es asumible por nosotros.
En la propuesta número 42 solicitaríamos que se sustituya después de
Mercosur, que incluya las cláusulas sociales y ecológicas que consideren
las dimensiones sociales y ecológicas sin olvidar el desarrollo de las
relaciones con Méjico. El resto quedaría igual. En este caso sería
también aceptable por nuestro Grupo.
Estamos de acuerdo en la número 43 respecto al octavo fondo europeo de
desarrollo. En la número 44 también estamos de acuerdo. La número 45 ya
he dicho que era objeto de una transaccional junto con una propuesta
similar de Coalición Canaria, que he leído antes y que, por tanto, no voy
a reiterar, y se introduciría en esta transaccional el segundo apartado
que se refiere a Guinea Ecuatorial. En la número 46, que, si no recuerdo
mal, hace referencia a Turquía, propondríamos una redacción
transaccional, que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que la presidencia española de la Unión Europea tenga en
cuenta a la hora de la aprobación definitiva de la unión aduanera con
Turquía el dictamen conforme del Parlamento Europeo en el que se
establecen los requisitos exigidos a tal fin, particularmente los
referidos a la reforma constitucional y a la puesta en libertad de los
diputados del Partido de la Democracia. Si se acepta este texto, también
estaríamos de acuerdo en aceptar esta redacción. Tengo a disposición de
SS. SS. ese texto y también de la Mesa, antes de la votación.
En la propuesta número 47, el Grupo Popular ha introducido un apartado
que, si acepta que vaya en el texto de la Conferencia Intergubernamental,
podría satisfacer en los términos en que ha quedado, entiendo yo, las
pretensiones del Grupo de Izquierda Unida. Esperamos a la aceptación o no
de esa propuesta del texto del Grupo Popular, ya que nos parece que el
objetivo que persigue es compatible, pero la redacción es mejorable; en
cualquier caso, nos crea dificultades de aceptación en su formulación
actual.
Con la número 48 no estamos de acuerdo. No compartimos que tenga que
impulsarse la OSCE como elemento de defensa de la Unión Europea. Nosotros
estamos a favor de que sea la Unión Europea Occidental --así lo decimos
en una propuesta de resolución de nuestro Grupo-- y seguramente es uno de
los elementos donde tenemos un mayor desencuentro con Izquierda Unida.
Con la propuesta número 49 estaríamos de acuerdo en los términos en que
está.
Con la número 50 estaríamos de acuerdo si se elimina el párrafo que hace
referencia a la revisión del acuerdo de Schengen; concretamente eliminar
esas palabras: «revisando el Acuerdo de Schengen». Si es así, votaríamos
a favor; de no ser así, votaríamos en contra, ya que nosotros creemos que
Schengen es el instrumento adecuado para reforzar las políticas que se
pretenden.
Con la propuesta de resolución número 51 no podemos estar de acuerdo en
su conjunto. Nos distancian bastantes elementos de esta propuesta y se
hacen propuestas sobre las que nosotros todavía no estamos en condiciones
de decir si estamos a favor o en contra, como la de referéndum únicos y
simultáneos sobre la revisión del Tratado o la Conferencia
Interparlamentaria europea. Nos parecen elementos prematuros. En la
Conferencia Interparlamentaria, nuestra posición inicial es contraria a
ella y somos contrarios evidentemente a la modificación de los criterios
para llegar a la Unión Económica y Monetaria. Por lo tanto, esta
propuesta nos mantiene bastante distanciados a los dos grupos respecto a
lo que debe ser la Conferencia Intergubernamental.
La propuesta número 52 nos parece aceptable, por lo tanto, votaremos a
favor.
Tenemos una transaccional a la 53, que también intentaría dar
satisfacción al Grupo Vasco (PNV), que no está presente en la sala. La
transaccional sería la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que la presidencia española de la Unión Europea tenga en
cuenta las propuestas que le formulen desde la Conferencia Sectorial para
Asuntos Europeos, así como desde las diferentes conferencias sectoriales
estableciendo los mecanismos de contacto de carácter permanente.
Tengo copia del texto para los grupos y para la Mesa.
Lamento haberme extendido, pero espero que mi exposición haya sido útil y
clara a efectos de manifestar la posición de nuestro Grupo.
La señora PRESIDENTA: A efectos de poder pasar posteriormente a la
votación, en este momento es conveniente que los distintos grupos a los
que se les ha propuesto transaccionales o breves reformas en la redacción
se pronuncien
sobre si aceptan o no estas propuestas, clarificando, por lo tanto, un
poco más esta última parte del debate. Después interrumpiríamos por diez
minutos la sesión y pasaríamos ya, como fase final, a la votación, que si
hemos aclarado previamente será mucho más fácil.
Por el Grupo de Coalición Canaria y a estos solos efectos, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora Presidenta, a estos solos efectos y
esperando también ese receso de diez minutos para concretar la última
posición de votaciones. Al portavoz socialista, señor Costa
--agradeciéndole el interés que ha dedicado a estas cuatro propuestas de
resolución del Grupo de Coalición Canaria--, me ha parecido entenderle
que no hay objeción a la número 8.
El señor COSTA COSTA: Sin entrar en debate, señora Presidenta. El Grupo
Popular ha hecho la propuesta de cambiar «Canarias» por «regiones
ultraperiféricas», si yo no he entendido mal. Yo he dicho que, en
cualquier caso, esta propuesta no merece objeción. Si se acepta la
enmienda del Partido Popular, tampoco nos merece objeción; nos parece un
texto mejor. Pero si se mantiene tal como está, nos parecerá bien.
La señora PRESIDENTA: En resumen, señor Mardones, se le propone sustituir
la palabra «Canarias» por «regiones ultraperiféricas».
El señor MARDONES SEVILLA: Lo que ocurre, señora Presidenta y señor
portavoz, es que estamos hablando de la armonización fiscal de las zonas
con IVA y de las zonas que no tienen IVA, que es lo que se refiere a
Canarias. Canarias tiene una exclusión de la zona IVA por otra
legislación, distinta de la comunitaria. Entiendo que no se puede mezclar
regiones ultraperiféricas con Canarias y tengo que mantener el texto,
porque Canarias no tiene la misma estructura fiscal que Madeira y Azores
o que Martinica y Guadalupe. Este es el problema.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Mardones, queda claro.
El señor MARDONES SEVILLA: Acepto las transaccionales, que me ha parecido
entenderle al señor Costa, respecto a la número 9, relativa a la OCM del
plátano, y también la número 10, relativa al Sahara occidental, en sus
justos términos. Por tanto, señora Presidenta, concreto que aceptamos las
transaccionales del Grupo Socialista a nuestras propuestas de resolución
números 9 y 10.
En cuanto a la propuesta de resolución número 11, no he entendido bien al
portavoz socialista qué es lo que quería proponer.
La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, tanto por el portavoz del Grupo
Popular como por el portavoz del Grupo Socialista se ha entendido que
esta propuesta ha quedado debatida ampliamente en el punto anterior del
orden del día de hoy que podría pasar a formar parte de la Conferencia
intergubernamental. Parece que no procede hacer aquí una votación
específica, puesto que ya ha sido debatido y se ha acordado por
unanimidad que se transfiera al debate de la Conferencia
intergubernamental.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora Presidenta, perdón, pero, en aras a la
economía procesal, no tengo más que decir que mantengo esta propuesta de
resolución para su votación, porque yo no he votado que esto se
transfiera a la Conferencia intergubernamental. Una cosa es que hayamos
hablado de una proposición no de ley, en el punto anterior, sobre el
estatuto permanente de Canarias, y otra cosa es lo que contempla la
propuesta de resolución, porque yo no estoy hablando aquí de consolidar
un estatuto permanente. En primer lugar, para consolidar, tengo que saber
cuál es la sustancia que consolido y ese texto no existe. ¿Cómo voy a
consolidar lo que no existe? Hasta que no se estipule cuál es el estatuto
permanente para Canarias y sin entrar en más discusiones, señora
Presidenta, mantengo en sus justos términos la propuesta de resolución
número 11.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Señora Presidenta, retiraríamos la propuesta
número 29 y nos reservaríamos estas propuestas para el informe de la
Ponencia que se celebrará en septiembre, o cuando sea, sobre la
Conferencia intergubernamental. Aceptaríamos la propuesta número 26 del
Grupo Socialista.
En cuanto a la 33, aceptaríamos la transaccional que nos ha propuesto el
Grupo Socialista, pero en el párrafo segundo del tercer párrafo...
Después propondré esto.
La señora PRESIDENTA: Señora Alemany, ¿estamos refiriéndonos a la
propuesta 33, concretamente en el apartado dos, donde dice: la reforma de
la OCM...?
La señora ALEMANY I ROCA: No, de momento acepto la propuesta del Grupo
hasta posterior debate.
La señora PRESIDENTA: ¿Posterior debate cuándo, señora Alemany?
La señora ALEMANY I ROCA: Cuando lo podamos hacer de viva voz para
cambiar algún punto.
La señora PRESIDENTA: No entiendo muy bien, señora Alemany. En este
momento lo que estamos haciendo es expresar ya si se aceptan o no por los
distintos grupos las propuestas que se han hecho, las transaccionales...
La señora ALEMANY I ROCA: Yo acepto la propuesta del Grupo Socialista.
En cuanto a la propuesta 30...
La señora PRESIDENTA: La 30 ha sido aceptada por los dos grupos, señora
Alemany. Creo que tiene todas
aceptadas ya, no ha habido ninguna otra propuesta transaccional.
La señora ALEMANY I ROCA: En la 30 había una pequeña modificación y ya
está todo aceptado.
La señora PRESIDENTA: En la 30, el Partido Socialista se ha pronunciado a
favor.
La señora ALEMANY I ROCA: El Grupo Popular ha pedido una pequeña
modificación que hemos aceptado.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Se proponía una redacción nueva, que paso a
leer, a la enmienda 38 de mi Grupo: El Congreso de los Diputados --en
realidad será las Cortes Generales-- insta al Gobierno a que la
presidencia española del Consejo de la Unión Europea garantice que el
Presidente del Gobierno en temas generales y los diferentes ministros en
temas sectoriales informen y tengan en cuenta las opiniones de los grupos
parlamentarios sobre los principales asuntos de la presidencia española
de la Unión. Paso a continuación esta propuesta a la Mesa.
En cuanto a la 39, no aceptamos la sugerencia del Grupo Socialista de que
nos quedemos en «el libro blanco», y por tanto la mantenemos tal cual.
La número 40 ha sido aceptada. En la número 41 acepto la retirada del
párrafo final, donde se habla de que se haga de una forma u otra. En la
número 42, acepto que se cambie «cláusulas» por «se consideran las
dimensiones sociales y ecológicas».
La número 43 ha sido aceptada, así como la 44. En la 45 hay un texto
transaccional que a mí, a su vez, me gustaría enmendar, aunque fuera «in
voce», o añadir algo a lo añadido, porque, si no, queda absolutamente
laxo. La transaccional dice: «El Congreso de los Diputados --deberá decir
siempre las Cortes Generales-- insta al Gobierno a que la presidencia
española del Consejo de la Unión Europea siga de cerca la preparación del
referéndum de autodeterminación del Sahara occidental de acuerdo con las
resoluciones de Naciones Unidas.» El párrafo final es el mismo que el de
Izquierda Unida sobre Guinea. Yo añadiría algo a la primera parte, además
de «siga de cerca», para que le diera un poco más de consistencia.
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, quizá en la interrupción de diez
minutos que vamos a hacer a continuación encontraremos la palabra
adecuada.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Me guardo la opinión sobre la 45.
Acepto la transaccional que se nos ha propuesto a la 46. La 47 es
equivalente a la que contiene en la página 22 la número 14 del Partido
Popular, y aceptaría la sugerencia que se nos ha hecho. La 48 la mantengo
en sus justos términos. La 49 ha sido aceptada. La 50 la mantengo en sus
justos términos, no quitamos la referencia al acuerdo de Schengen. La 51,
que no ha sido aceptada, la mantenemos en sus justos términos. La 52 ha
sido aceptada. Y la 53, tengo duda sobre la conveniencia de aceptarla o
no. Por tanto, al margen de lo que decidamos dentro de un poco, en ese
receso, mantengo la posición de mi Grupo hasta un trámite posterior.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: En la enmienda número 12, mantenemos el párrafo
relativo a la Conferencia del Mediterráneo, página número 7.
Respecto a la página 12, tal como ha propuesto el Grupo Socialista,
retiramos nuestra enmienda: «Equiparación a efectos económicos y
financieros de los países de Centroamérica, de los ACP.»
Aceptamos la sugerencia del Grupo Socialista y añadimos en la página
número 13 «una de las prioridades de la presidencia española de la Unión
Europea será la defensa de una Europa abierta y diversa».
En la enmienda número 14, página 3, aceptamos la supresión de la última
frase, tal como ha propuesto el Grupo Socialista, porque técnicamente es
mucho más acertado. Suprimimos la última frase. «Por otro lado, la
exigencia del cumplimiento estricto de lo establecido en el artículo 109
j), al Tratado de Maastricht excluye la posibilidad de una Unión
Monetaria que no comprenda a la mayoría de los países firmantes del
Tratado.»
En la página número 5, relativo al funcionamiento pleno del mercado
interior, mantenemos la segunda parte relativa a la enumeración de los
obstáculos comerciales y técnicos.
En la página número 9, sector de energía, mantenemos el texto.
En agricultura, estamos a favor de la enmienda transaccional, salvo el
primer párrafo relativo a la pesca, del que estamos en contra. Mantenemos
el nuestro; en todo lo demás estamos a favor.
La señora PRESIDENTA: Señoría, podría decir en qué página está el acuerdo
de la pesca.
El señor MARTINEZ CASAÑ: En la enmienda transaccional que ha presentado
el Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Lo que pasa es que en esta Mesa no obra la
transaccional presentada. Lo han hecho entre ustedes, pero desconocemos
el texto.
El señor MARTINEZ CASAÑ: En cuanto a la transaccional, el Grupo Popular
está en contra del número tres, relativo a la pesca, y mantiene su propio
texto. Con el resto de la transaccional, estamos a favor.
La señora PRESIDENTA: Yo preguntaba, señoría, en qué página del texto del
Grupo Popular figura lo que ustedes
mantienen para poderlo someter a votación posteriormente.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Cuando acabe el debate se lo comunicaré a la
Mesa.
Pasamos a la página 15, de las propuestas de resolución del Grupo
Popular. Aceptamos en el último párrafo la sugerencia del Grupo
Socialista de sustituir la palabra «acelerar» por «continuar la
implantación del registro comunitario Euros».
Página número 16. Aceptamos la sugerencia del Grupo Socialista de
sustituir, en el primer párrafo, «criterios tarifarios» por «las
condiciones financieras en los puertos de la Unión Europea».
Estamos también a favor de la frase aclaratoria que ha propuesto el Grupo
Socialista en el tercer párrafo de la página número 16, respecto a las
redes transeuropeas intermedias.
En la página número 20, trabajo y asuntos sociales, aceptamos la
redacción propuesta por el Partido Socialista, eliminando una parte de la
frase.
En la página 22, presupuesto de la Unión Europea y lucha contra el
fraude, aceptamos la nueva ubicación dentro del texto, propuesta por el
Grupo Socialista, y también estamos a favor del añadido «Chipre y Malta»,
después de «los países del centro y del este de Europa».
Enmienda número 15, página número 3. Aceptamos la eliminación de la
última parte de la frase del segundo párrafo propuesto: «y que hoy la
mayoría de los ciudadanos dicen desconocer», con lo cual quedaría: «La
presidencia española deberá, asimismo, impulsar el amplio conocimiento
popular del proyecto que se persigue.»
Enmienda número 16, página 2. Aceptamos la clarificación y procederemos a
una nueva redacción con el portavoz socialista.
Respecto al tema de sanidad, en la página 3, aceptamos la enmienda
transaccional relativa a la tarjeta individual sanitaria, propuesta por
el Grupo Socialista.
Respecto al tercer pilar, en la página 6, mantenemos nuestra enmienda:
«Será también objetivo prioritario de la presidencia española lograr la
conclusión del convenio sobre fronteras exteriores mediante avances en el
contencioso de Gibraltar.»
Esto es todo por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por
nuestro grupo y paso a comentar nuestra posición respecto a las enmiendas
presentadas por otros grupos.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Casañ, usted ya fijó antes su
posición.
Interrumpimos en este momento diez minutos para poder hacer un esquema de
cuáles son los puntos que al final se van a someter a votación.
Ruego a los portavoces que se acerquen a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Pasamos al trámite de las votaciones de las propuestas de resolución.
Vamos a votar las de los distintos grupos en el orden en que han sido
presentadas. En primer lugar, las propuestas del Grupo Vasco. El primer
bloque abarca las números 1 a 3, ambas inclusive, que se someten a
votación.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos ahora las propuestas de resolución 4 a 7, ambas inclusive,
también del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 29; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las propuestas 4 a 7.
A continuación pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo de
Coalición Canaria. En primer lugar, votamos las números 8 y 11.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Por unanimidad quedan aprobadas.
Señor Mardones, ¿existe un texto transaccional para las propuestas
números 9 y 10?
El señor MARDONES SEVILLA: El señor Costa tiene la información.
El señor COSTA COSTA: El texto de la propuesta número 10 es una
transaccional junto con Coalición Canaria, que entregué a la Mesa antes y
que vuelvo a entregar, por si acaso.
La señora PRESIDENTA: Pues a la Mesa no ha llegado.
El señor COSTA COSTA: Y la número 9 está incorporada en el texto de la
transaccional.
La señora PRESIDENTA: Las propuestas números 9 y 10 quedarían recogidas
en esta enmienda transaccional, que leo: Las Cortes Generales instan al
Gobierno a que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea
siga de cerca la preparación del referéndum de autodeterminación del
Sahara occidental, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones
Unidas. Igualmente, ejercerá todas las medidas que sean necesarias en
favor de la democratización de Guinea Ecuatorial, haciendo uso de los
medios políticos y económicos adecuados. (Rumores.)
El señor COSTA COSTA: La número 9, del plátano, está recogida en el
primer apartado de la página 2 de la transaccional de agricultura, y dice
lo siguiente: Consolidar la OCM del plátano comunitario sin que se
modifiquen los elementos fundamentales de la actualmente vigente,
atendiendo al principio de preferencia de la Unión Europea y buscando una
situación estable y permanente de paz interna y externa.
La señora PRESIDENTA: Pero entonces son dos transaccionales y se
mantienen dos propuestas independientes. No quedan subsumidas en una,
como en un principio parecíamos haber entendido. Por tanto, vamos a
votar.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Señora Presidenta, solicito votación separada de
la 9 por una parte y de la 10 por otra.
La señora PRESIDENTA: Es lo que iba a decir, porque no tienen nada que
ver.
Votamos entonces la transaccional a la propuesta de resolución número 9,
correspondiente al plátano.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la transaccional correspondiente a la propuesta número 10, que es
la del Sahara.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
En la propuesta número 12 --pasamos a la página 7, apartado tercero-- el
texto se mantiene tal y como figura en sus documentos: «Se invitará
asimismo a aquellos otros Estados con intereses tradicionales en la
seguridad del Mediterráneo.»
El señor COSTA COSTA: Señora Presidenta, quiero aclarar que el Grupo
Socialista, cuando propone que se vote esta propuesta, pretende que no se
acepte este texto que ha citado la Presidencia; es decir, que no se
acepte que se invite asimismo a aquellos Estados con intereses
tradicionales en la seguridad del Mediterráneo, sino que sea el texto
original de la comunicación del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señor Costa, entendemos que ésa es su propuesta,
pero puesto que el Grupo proponente mantiene la suya, lo lógico es
votarla tal y como figura y cada grupo vota a favor o en contra, se suman
los votos y vemos si queda aprobada o rechazada. Es así como lo entiende
la Presidencia. Por tanto, se mantiene el texto como se ha leído, que es
la propuesta original del Grupo Popular, y cada grupo decide en este
momento la votación.
Pasamos a votar la propuesta del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a la propuesta número 14, del Grupo Popular, que
vamos a votar en dos bloques. El primero desde la mitad del primer
párrafo de la página 5, cuando empieza diciendo «El problema de la
existencia de obstáculos», hasta «Intrastat», en la página 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos al segundo bloque de la propuesta 14, página 9. Dice: «Y la
presidencia promoverá la liberalización del comercio internacional de la
energía, especialmente la electricidad. Para ello es preciso actuar
directamente sobre la transparencia de los mercados energéticos en cuanto
a costes y precios.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a votar la transaccional que se ha redactado sobre materia
agrícola. El texto de la propuesta del Grupo Popular de las páginas 11 a
14 sería sustituido por la transaccional que han acordado los distintos
grupos.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Solicito votación separada del primer párrafo
referente a la pesca, porque mantenemos nuestro párrafo en la página 13,
para el cual también se ha pedido votación separada.
El señor COSTA COSTA: El sistema sería votar la transaccional que es
sobre lo que hay acuerdo, y después someter a votación el mantenimiento
del apartado, que no del párrafo, «eliminando las discriminaciones que la
flota española soporta en la actualidad». Ese es el párrafo que quiere
mantener el Grupo Popular.
El señor MARTINEZ CASAÑ: El Grupo Popular tampoco está de acuerdo con el
párrafo primero del apartado 3 de la transaccional, por lo cual pedimos
votación separada del mismo.
La señora PRESIDENTA: Eso lo haremos a continuación. Pero, señor Martínez
Casañ y señor Costa, mi pregunta es si se aprueba la transaccional en la
que todas SS. SS. están de acuerdo, salvo el primer párrafo, ¿dónde
quedaría incorporada la propuesta que el Grupo Popular quiere mantener
viva?
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Nosotros vamos a votar en bloque la
enmienda transaccional para facilitar las votaciones, puesto que se
refiere a un conjunto de temas que teóricamente podrían ser votados
separadamente. Para facilitar la labor procedimental vamos a votar en
bloque la transaccional, pero pedimos que previamente se someta a
votación el párrafo que el Grupo Parlamentario Popular no acepta de la
enmienda transaccional. En vez de pedir votación separada de todos y cada
uno de los temas, pedimos que antes de someterse a votación la totalidad
de la enmienda transaccional, se extraiga ese párrafo para que podamos
así manifestar nuestra discrepancia, sin necesidad después de someter a
votación el párrafo que aparece en el texto del Grupo Parlamentario
Popular.
Bastaría, a estos efectos, mantener la discrepancia en lo que afecta a
ese párrafo de la enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Eso era exactamente lo que estaba preguntando,
porque no veía si no dónde quedaba después con la transaccional.
Por tanto, votamos, en primer lugar, el párrafo primero de la
transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 13; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el párrafo primero.
Pasamos, a continuación a votar el resto de la transaccional.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar, a continuación, la propuesta número 16 del Grupo
Popular, en la página 3, que tiene un nuevo texto. Sería: «Iniciar los
estudios pertinentes sobre la posible compatibilidad de los sistemas
sanitarios con vistas a la implantación de una tarjeta individual
sanitaria homologada en todo el territorio de la Unión Europea.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos, a continuación, en esta misma propuesta 16, a la página 6, donde
se mantiene el texto del Grupo Popular: «Será también objetivo
prioritario de la presidencia española lograr la conclusión del convenio
sobre fronteras exteriores mediante avances en el contencioso de
Gibraltar.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 18; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta del Partido Popular.
(El señor Costa Costa pide la palabra.)
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: A mi entender, si me permite la Presidencia, ahora
hay que votar el resto del texto del Grupo Popular con las enmiendas
aceptadas y las correcciones habidas durante el debate del texto de las
propuestas del Grupo Popular, conjuntamente por nuestra parte.
La señora PRESIDENTA: Votadas ya todas las que planteaban alguna
diferencia en transaccionales, ahora vamos a votar en un solo bloque el
resto de las propuestas de resolución del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Socialista.
Votamos en primer lugar la introducción de dichas propuestas, o sea, la
propuesta número 17, antes del punto primero, solamente la introducción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 13; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en bloque el resto de las propuestas de resolución del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.
Pasamos a continuación a las propuestas de resolución del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
La propuesta número 29 ha quedado retirada. Por tanto, pasamos a votar a
continuación en un bloque las números 30, 31 y 32. (El señor Costa Costa
pide la palabra.)
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Si con ello facilitamos la labor, la enmienda
número 33 está retirada también porque ha sido objeto de una
transaccional (agricultura y pesca); el resto, por nuestra parte, se
puede votar en bloque conjuntamente.
La señora PRESIDENTA: Votamos en bloque todas las enmiendas del Grupo
Catalán (Convergéncia i Unió), salvo que ya se han retirado, como saben
ustedes, las números 29 y 33, que ha quedado ya votada en una
transaccional anterior sobre agricultura.
Votamos conjuntamente todas las propuestas de resolución del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Propuestas de resolución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en primer lugar, la propuesta número 39, bien entendido que
éstas se mantienen tal y como las ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la propuesta número 48.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 31; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Propuesta número 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
La propuesta número 50 tiene un nuevo texto, porque se corrige el actual.
El señor VAZQUEZ ROMERO: En la propuesta de resolución número 50, la
proposición que hacía el Grupo Socialista era retirar el párrafo que
hacía mención a la revisión del Tratado de Schengen, que mi Grupo no ha
aceptado.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, se vota tal y como está.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 31; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta.
Restantes propuestas de resolución del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor COSTA COSTA: El resto menos la 53, por favor.
La señora PRESIDENTA: La propuesta número 53 tiene una transaccional que
no tenemos en la Mesa.
Vamos a votar la propuesta número 53 que tiene un nuevo texto, que dice
lo siguiente: «Las Cortes Generales instan al Gobierno a que la
presidencia española de la Unión Europea tenga en cuenta las propuestas
que le formulen desde la conferencia sectorial para Asuntos Europeos, así
como desde las diferentes conferencias sectoriales, estableciendo los
mecanismos de contacto de carácter permanente.»
El señor VAZQUEZ ROMERO: Presidenta, ésa era la proposición que hacía el
Grupo Socialista. Yo he expresado mis dudas cuando ha sido planteada y
esas dudas no se me han aclarado; por tanto, no se puede votar esa
enmienda sino el texto tal como está en la número 53 de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora PRESIDENTA: Si el proponente no acepta la transaccional, hay
que votar por separado la propuesta número 53, tal como está en el texto.
En primer lugar, votamos la propuesta número 53, del Grupo de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (El señor Costa Costa pide la
palabra.)
Señor Costa, tiene la palabra.
El señor COSTA COSTA: Entiendo que las restantes resoluciones de
Izquierda Unida lo son incluyendo las que han sido objeto de
transaccionales, es decir, si no me equivoco, las 44, 45, 46 y 47.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Efectivamente, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las restantes propuestas de
resolución en un solo bloque.
Efectuada la votación, dijo:
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.
Señorías, parece que después de esta tumultuosa y dificultosa votación
hemos llegado al final de la sesión del día de hoy.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.