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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 77, de 12/06/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 77
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 16
celebrada el lunes, 12 de junio de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García
Crespo), para informar de la fiscalización del Centro de Arte Reina
Sofía, ejercicio 1992. (Números de expediente C. D. 251/000057; S.
771/000056). (Página 1550)
Solicitudes de fiscalización presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC:
--Solicitud de fiscalización específica de la gestión de la empresa
pública Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA), en relación con la
adjudicación en régimen de concesión del macizo «María Luisa» a la
empresa «Santa Clara Minas y Carbones», en el año 1993. (Números de
expediente C. D. 253/000006; S. 772/000009). (Página 1558)
--Solicitud de una fiscalización específica de acuerdo con lo previsto en
la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el fin de aclarar el
proceso de reconversión de la siderurgia integral española, para saber si
ha habido un uso eficiente de los recursos públicos y posibles
responsabilidades en la
mala utilización de los mismos en relación a los objetivos planteados en
el propio plan de reconversión de la siderurgia integral española.
(Números de expediente C. D. 253/000007; S. 772/000010). (Página 1558)
--Solicitud de fiscalización específica con el fin de aclarar el proceso
de reconversión de la siderurgia integral española. (Números de
expediente C. D. 253/000011; S. 772/000011). (Página 1558)
Se abre la sesión a las siete y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión Mixta para
las relaciones con el Tribunal de Cuentas notificando que, como
consecuencia de que el Grupo de Izquierda Unida --que es al que
corresponde el puesto de Secretario por la dimisión como Diputado, a la
vez que era Secretario de esta Comisión, de don Franco González-- no ha
designado todavía al candidato para ocupar el puesto de Secretario, se
pospone ese punto del orden del día hasta la próxima sesión. (El señor
Gimeno Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, simplemente una aclaración que
me parece importante hacer constar, porque estos días también se están
suscitando debates en los medios de comunicación sobre las sustituciones
posibles de miembros de las Mesas, bien del Congreso, bien de las
comisiones.
Mi Grupo quiere resaltar --estando de acuerdo con la posición de la
Presidencia-- que el sentido de decidir por parte de nuestro Grupo y
estar de acuerdo en que se posponga la elección del miembro de la Mesa
que ha quedado vacante y que correspondía a Izquierda Unida es porque
hubo un acuerdo al principio de la legislatura entre los distintos
partidos. Por eso mi Grupo desea dejar bien claro que quiere respetar
esos acuerdos y en ese sentido entiende que, hasta que el Grupo de
Izquierda Unida no haga esa propuesta, parece conveniente esperar a su
decisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Esas eran las consideraciones por las cuales se ha pospuesto por parte de
esta Presidencia esa elección.
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (GARCIA
CRESPO) PARA INFORMAR SOBRE: INFORME DE FISCALIZACION DEL CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA, EJERCICIO 1992. (Número de expediente Congreso: 251/000057;
número de expediente Senado: 771/000056.)
El señor PRESIDENTE: El punto segundo del orden del día se refiere a la
comparecencia de la excelentísima señora Presidenta del Tribunal de
Cuentas para informar sobre el informe de fiscalización del Centro de
Arte Reina Sofía, correspondiente al ejercicio de 1992.
A fin de hacer la exposición en líneas generales de dicho informe, tiene
la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Buenas
tardes.
Les voy a explicar muy brevemente los antecedentes respecto a esta
fiscalización cuyo informe se presenta ahora.
El Centro de Arte Reina Sofía se creó con la finalidad de dotar a España
de un museo específico destinado al arte moderno y contemporáneo,
sustituyendo con ello al extinguido Museo Español de Arte Contemporáneo.
El Centro de Arte Reina Sofía se abrió al público en el año 1986. Dos
años después fue considerado ya como museo nacional y a partir de la ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1990 se le dotó de la
naturaleza jurídica que tiene actualmente, que es la de ser un organismo
autónomo administrativo adscrito al Ministerio de Cultura.
La fiscalización del Centro de Arte Reina Sofía se realizó a iniciativa
del propio Tribunal de Cuentas, por acuerdo de su Pleno, donde se aprobó
el plan de trabajo del año 1994, el 21 de diciembre de 1993.
Los objetivos que se perseguían en esta fiscalización eran de dos tipos:
unos, los que podemos llamar objetivos generales, que son comunes a la
mayor parte de los informes específicos que se realizan, y otros, que se
pueden considerar particulares o de gestión de la actividad propia de un
museo.
Los objetivos generales eran: comprobar las cuentas anuales, en este caso
las correspondientes al año 1992, para tratar de determinar si las mismas
se presentan razonablemente, de acuerdo con la situación financiera y
patrimonial del organismo; si los resultados de sus operaciones para el
ejercicio terminado en dicha fecha también son acordes con lo que deben
ser y la ejecución de sus presupuestos para el año estudiado de 1992.
Por otra parte, dentro de estos objetivos generales, se trataba de
evaluar los sistemas y los procedimientos de gestión y de control interno
y comprobar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
gestión de fondos públicos.
Al lado de estos objetivos generales, estaban los objetivos específicos
que son fundamentalmente, en primer lugar, comprobar los sistemas de
control, mantenimiento y seguridad de las obras de arte y los criterios
seguidos, tanto para la adquisición de obras nuevas como para la
restauración de las obras existentes. En segundo lugar, comprobar los
procedimientos para el control y mantenimiento de las obras de arte
cedidas en depósito a terceros. En tercer lugar, comprobar si había
criterios definidos en la formación de la colección del museo y en la
ordenación de la colección para su exposición permanente. Y, finalmente,
analizar la programación y organización de las exposiciones temporales.
En definitiva, se acometía la realización de una auditoría financiera
acompañada de otra de cumplimiento de la legalidad. En este sentido, el
informe es semejante en sus objetivos a otros informes. Además, dadas las
especiales características de este organismo, se consideró la
conveniencia de contemplar una auditoría de gestión referida a la
actividad típica de un museo como es el Centro de Arte Reina Sofía.
De la fiscalización practicada se pueden destacar distintos aspectos.
Primero, de la auditoría financiera, la conclusión fundamental es que las
cuentas rendidas por el Centro de Arte Reina Sofía, a juicio del
Tribunal, expresan adecuadamente la imagen fiel de su situación
financiera y patrimonial, del resultado de sus operaciones y de la
liquidación de sus presupuestos, excepto unas salvedades que afectan, por
un lado, al inmovilizado, por otro, al tratamiento contable de las
transferencias recibidas del Estado y, por otro, al reconocimiento de
obligaciones que correspondían a ejercicios anteriores.
Estas salvedades apuntadas, detallando un poco su contenido, consisten en
lo siguiente. En primer lugar, los saldos de las cuentas del inmovilizado
que figuran en el balance de situación incluyen sólo las inversiones
efectuadas por el Centro de Arte Reina Sofía con cargo a sus
presupuestos, a partir de la fecha en que fue transformada en organismo
autónomo, es decir, a partir de 1990. En consecuencia, no incluye el
valor de los bienes inmuebles como son el edificio central de la calle
Santa Isabel, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal; no incluye
bienes muebles y obras de arte procedentes del extinto Museo Español de
Arte Contemporáneo. Sin embargo, el edificio, los bienes muebles y las
obras de arte son utilizadas por el Centro de Arte Reina Sofía para el
cumplimiento de sus fines desde fecha anterior a la de su configuración
como organismo autónomo.
Esta salvedad que indico tiene su origen en causas ajenas al propio
organismo. Ello es que no se han recibido formalmente estos activos
porque está pendiente de aprobación desde 1990 su correspondiente
estatuto, por lo cual, desde un punto de vista estrictamente formal, no
habría obligación de que dichos activos quedaran registrados en los
estados financieros. Sin embargo, atendiendo al principio prioritario de
imagen fiel, el Tribunal considera que los activos deben figurar en las
cuentas por el valor que les pueda asignar el Ministerio de Cultura. En
este sentido, en las recomendaciones del informe se dan algunos criterios
de valoración orientativos que podrían utilizarse en su caso.
Otra salvedad es que el CARS, el Centro de Arte Reina Sofía, ha
considerado contablemente devengado en el ejercicio 1992 el importe de
las previsiones presupuestarias de transferencias que debía recibir aquel
año del Ministerio de Cultura, cuando lo correcto hubiera sido registrar
las transferencias por el importe de las obligaciones reconocidas por el
mencionado Ministerio porque la cuantía del Ministerio resultó inferior a
las previsiones del Centro de Arte.
Por esa razón, los saldos de las cuentas de balance, deudores por
derechos reconocidos, por un lado, y subvenciones de capital, por otro,
están incorrectamente incrementados en 547 y 193 millones de pesetas, que
son exactamente la diferencia entre la valoración que hizo el propio
Centro de Arte de las transferencias a recibir y las transferencias que
decidió el Ministerio de Cultura. Por la misma razón, están indebidamente
reducidos o minorados los saltos deudores de las cuentas de resultados
pendientes de aplicación y resultados del ejercicio en 258 y 96 millones
de pesetas, respectivamente.
La tercera salvedad es que en las cuentas del año 1992 se contabilizaron,
previa convalidación por el Consejo de Ministros, obligaciones por valor
de 639 millones de pesetas que corresponden a gastos de mantenimiento y
obras de rehabilitación anteriores a dicho año, que no se registraron en
su momento porque se habían ejecutado sin la preceptiva autorización y
fiscalización del gasto y sin crédito suficiente.
Además de estas salvedades, en el informe se señalan otras de menor
entidad que se refieren a deficiencias de distinta naturaleza. Así, cabe
señalar que en el balance de situación no se incluyen cuentas referidas a
las existencias de la producción editorial del organismo destinadas a la
venta. Tampoco se incluye el efectivo disponible en cuatro cuentas
bancarias y en caja, cuya contrapartida sería el abono a unas partidas
pendientes de aplicación, que tampoco se registra. También se indica en
el informe que el saldo de inmovilizado en material, que figura en el
balance de situación por 45 millones de pesetas, está incorrectamente
considerado como activo, porque corresponde a gastos, siempre a juicio
del Tribunal, que por su naturaleza deberían haberse incluido en la
cuenta de resultados del año 1992.
Respecto al otro punto que fue considerado en el informe, es decir al
control interno y a la auditoría de legalidad, las principales
deficiencias son que el control de los activos inmovilizados, distintos
de las obras artísticas y de los fondos bibliográficos, se llevan a
través de un inventario manual, cuyo mantenimiento y composición tiene
deficiencias. Porque, por ejemplo, no se hacen comprobaciones sobre la
existencia física y el estado de la situación de los bienes. Por otro
lado, sólo se incluyen las adquisiciones financiadas con cargo al
presupuesto del organismo desde su constitución como tal; además, no se
hacen cruces de información entre el inventario y los datos del servicio
de contabilidad, lo que hace que el inventario sea un instrumento
de poca validez como fuente de información y contrastación de saldos
contables.
Como he indicado antes, no existe información sobre las existencias de
producción editorial propias del organismo, ni, por tanto, se realiza su
valoración.
Extracontablemente, se llevan unas fichas de almacén en las que se
registran los movimientos de las distintas publicaciones, pero este
sistema de control no puede considerarse fiable porque no hay constancia
de la realización de inventarios físicos que permitan contrastar las
existencias reales con las que figuran en las fichas manuales. Tampoco
hay registros en los que figure el coste individualizado de cada
producción editorial, la cual sólo puede estimarse a través de la
información que se incluye en la llamada propuesta a la Comisión Asesora
de Publicaciones Oficiales. Si se comparan los costes que figuran en esas
propuestas con los ingresos efectivos procedentes de la venta de
publicaciones, puede afirmarse, en general, que todas las ventas se
efectúan con pérdida, cuya cuantía es variable en función del canal de
comercialización que se haya utilizado.
En materia de contratación administrativa, el procedimiento habitual que
se sigue es la adjudicación directa. La utilización de este sistema, aun
dentro de los supuestos previstos en la legislación, puede propiciar
cierto encarecimiento en la contratación del mantenimiento del edificio
principal del Centro de Arte. Por ejemplo, en el año 1991, se adjudicó
directamente por 334 millones de pesetas, y en el año 1992 el
mantenimiento se adjudicó por concurso público a un coste anual de 163
millones de pesetas.
También debo decir que en las alegaciones del organismo se indica que
ambos contratos no son exactamente comparables, debido a que en el año
1992 se incorporaron al servicio de mantenimiento 26 nuevos trabajadores
de la plantilla del Centro de Arte Reina Sofía, lo que, lógicamente,
permitió reducir el coste de la prestación contratada.
Por otro lado, existen dos contratos por la concesión a terceros: uno, de
la explotación de la librería-tienda y, otro, de la cafetería, que están
ubicadas dentro del recinto del Centro de Arte Reina Sofía, en los que se
ha apreciado algún indicio de irregularidad, que actualmente está siendo
investigado por si se hubiese producido algún perjuicio a los caudales
públicos y, por tanto, pudiera llegar a existir responsabilidad contable,
al haberse permitido a los concesionarios la compensación de algunas
inversiones realizadas y algunos gastos con cargo al canon de
arrendamiento, en contra del principio presupuestario de integridad que
establece el artículo 58 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria.
La última parte de mi comentario se refiere a la auditoría de la gestión
típica de un museo, en este caso del Centro de Arte. El control de los
fondos artísticos, tanto de los que están en el propio Centro de Arte
Reina Sofía como los que están cedidos a terceros en depósito, tienen
deficiencias. En materia de registro formal de estos fondos, una parte
importante de los defectos, que son anotaciones duplicadas,
modificaciones de autores, obras sin justificar, inscripciones
manuscritas hechas a lápiz, etcétera, algunas de estas, vamos a decir,
imperfecciones provienen de hace ya muchos años, porque estos registros
son, fundamentalmente, los heredados del antiguo Museo Español de Arte
Contemporáneo y arrastran los errores que se han ido acumulando a lo
largo de casi un siglo de existencia.
Sin embargo, lo que nosotros opinamos desde el Tribunal es que el Centro
de Arte Reina Sofía haya podido tener cierta pasividad en la tarea de
depurar estos registros que ha heredado. Así, cabe señalar que la
comprobación realizada por el equipo fiscalizador del Tribunal sobre las
obras que están en el edificio principal fue la primera comprobación que
se efectuaba dentro del organismo, de la que resultaron algunas
incidencias sobre la existencia física y la localización de obras.
Durante el procedimiento de fiscalización se solicitó a los depositarios
de fondos artísticos del Museo una confirmación escrita de la existencia
física de las obras, su localización real y su estado de conservación. La
confirmación se extendió a 1.524 obras sobre las 1.824 que figuraban como
depositadas en los registros del Centro de Arte. De los resultados
obtenidos, que se han utilizado para depurar los registros actuales, hay
que señalar que 148 obras no fueron confirmadas, bien porque los
depositarios no las incluyeron en sus escritos de contestación, bien
porque manifiestan su desaparición o dicen desconocer su paradero.
Asimismo, hay un número de incidencias que afectan a 236 obras y que se
refieren a depósitos incorrectamente registrados como tales, a obras
depositadas en distintos centros de los que figuran en los registros,
etcétera. Incluso se da el caso de que existen algunas obras de arte cuya
titularidad se disputan tanto el Centro de Arte Reina Sofía como el Museo
del Prado y que figuran inscritas en los registros de ambos museos, lo
que provoca, no cabe duda, cierto desconcierto en los depositarios, que
se verían obligados a responder e informar a dos instituciones distintas.
Esta situación es consecuencia de una indefinición de los fondos
artísticos que deben ser adscritos a cada uno de los museos y parece que
ya se ha resuelto en la medida en que recientemente el Real Decreto
410/1995 acomete la reordenación de las colecciones estables, tanto del
Centro de Arte Reina Sofía como del Museo del Prado. Hay que señalar que
tres de las entidades a las que se pidió confirmación de depósitos, entre
las que se incluyen dos Ministerios, no han contestado a la solicitud que
les ha sido formulada.
En lo que se refiere a los criterios que puede seguir el Centro de Arte
para formar la colección estable y su ordenación para la exposición
permanente, cuyo establecimiento compete al Real Patronato del Centro de
Arte Reina Sofía, las conclusiones obtenidas de la fiscalización permiten
afirmar que no se han fijado aún criterios definidos, a pesar de que este
asunto ha sido un tema recurrente en gran número de sesiones del Real
Patronato.
Por último, el informe, que fue aprobado en el Pleno del pasado 28 de
febrero, recoge una serie de recomendaciones dirigidas con carácter
general a solucionar las deficiencias puestas de manifiesto en el mismo y
otras con carácter específico, que antes he citado y que repito, que son
la valoración de activos que le fueron asignados cuando se
constituyó el Centro de Arte como organismo autónomo, con el adecuado
control del inmovilizado, con la valoración de la producción editorial
del organismo y con la depuración del inventario de fondos artísticos. Lo
mismo que se señala en el informe, el Tribunal efectuará las
comprobaciones oportunas, una vez concluido el proceso de depuración de
los registros de las obras artísticas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.
¿Grupos que desean intervenir para pedir aclaraciones o ampliación de la
información. (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, hemos escuchado con atención la
intervención de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas. Quisiera,
simplemente, complementar en un primer momento la introducción que ha
hecho la señora Presidenta, en la que ha hablado de lo que se podría
llamar la historia oficial del Museo. Hay otra historia del Museo, además
de la que ha expuesto la señora Presidenta, que es la que suele figurar
en los libros o en las publicaciones oficiales del Ministerio de Cultura.
Es un Museo que ha sido inaugurado tres veces y no una, como ha dicho la
señora Presidenta, cuyos presupuestos se han disparado y cuyos
presupuestos globales todavía no conocemos.
En cuanto a las peticiones de fiscalización, sin duda el pleno del
Tribunal de Cuentas del día 21 de diciembre de 1993 acuerda el programa
de fiscalización del organismo autónomo Centro de Arte Reina Sofía
relativo al ejercicio 1992. Pero no es menos cierto --y ésta no tenía por
qué ser información que tuviese el Tribunal de Cuentas, pero sí conviene
que la tenga la Cámara a través de esta Comisión--, que en el año 1992,
en concreto el día 20 de mayo de 1992, se debatió en la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados una petición de mi
Grupo Parlamentario en la que se solicitaba que el Ministerio de Cultura
encargase a una compañía especializada una doble auditoría económica y de
gestión sobre el Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Ni que decir tiene que esta doble petición fue
desechada con los votos del Grupo Socialista, con argumentos como que es
un organismo sin especiales problemas organizativos en el marco de
nuestras administraciones públicas --ahora hemos visto, por ejemplo, el
informe de gestión-- y que, por supuesto, no hacía falta porque éste,
además, era uno de los grandes logros de la gloriosa década socialista en
el terreno cultural. Creo que el Centro de Arte Reina Sofía, que quiso
presentarse como el buque insignia de una forma distinta de hacer
cultura, se ha convertido en el gran fracaso de esta década, en reñida
competencia en estos últimos años con el Teatro Real. Y me parece que
había razones más que suficientes en el año 1992 para pedir esta doble
auditoría, como las había en los años 1993 y 1994 para pedir que se
facilitasen a la Cámara las cuentas o los propios controles internos que
se hubiesen hecho sobre este Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía.
En ningún momento se hizo tal cosa, y aquí está toda la documentación,
pasada por el Registro de la Cámara, en la que se solicitaba esto y no se
nos daba. Cuando al final entra el Tribunal de Cuentas, vemos que había
razones más que sobradas para tener sospechas de que las cosas se estaban
haciendo mal. Hoy, el nuevo director del Museo --que ciertamente no lo
era cuando se hicieron todas estas cosas-- habla incluso de que hay un
cierto caos. Creo que se queda corto en su valoración.
En las conclusiones, página 23 del informe, se habla de deficiencias en
los estados financieros y de algo que es la forma eufemística que se
puede usar en estos informes. Se habla de debilidades en los sistemas y
procedimientos de control interno y de la legalidad de las operaciones,
lo que toma cuerpo si se acude a las páginas siguientes de este
voluminoso informe que no hemos podido analizar en toda su extensión y
que, por supuesto, deberá ser estudiado con más detalle y tratado en sede
parlamentaria para ver lo que se puede ir corrigiendo y, evidentemente,
para exigir responsabilidades.
Parece especialmente poco cuidadoso todo lo que se ha hecho con las
publicaciones y la producción editorial, sobre todo teniendo en cuenta
que la tienda-librería y las publicaciones están explotadas por la
sociedad estatal Aldeasa, que tiene, por ejemplo, en su consejo de
administración, entre otros, al señor Subsecretario del Ministerio de
Cultura. Ya hemos tomado alguna iniciativa de control en el seno de la
Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y
seguiremos por esta línea. No se entiende muy bien por qué se le ha dado
este puesto. Bueno, sí se entiende por qué está ahí el Subsecretario,
porque es una empresa estatal. Pero las cuentas no cuadran por ningún
lado. Nos parece especialmente grave que el informe del Tribunal de
Cuentas aluda a que no hay registros contables de existencias en los
almacenes, ni se incluye su valoración en los estados financieros; que
diga que faltan las cuentas referidas a las existencias de producción
editorial destinadas a la venta o diga que en la prórroga se contemplan
modificaciones que podrían haberse efectuado de forma irregular. A
algunas de estas no sé si deficiencias o debilidades, en expresión del
informe, ha aludido la señora Presidenta, pero me interesa muy
especialmente ponerlas de relieve, porque es un asunto que ya se ha
tratado y debatido parlamentariamente y continuaremos tratando de
averiguar qué está pasando. Aldeasa no sólo explota la tienda y las
publicaciones del Reina Sofía sino también la de otros museos, con un
claro privilegio, un claro favoritismo, desde luego desatendiendo las
recomendaciones que pueda hacer el Tribunal en favor del concurso
público.
Resulta chocante, no por lo que afecta a la investigación que haya podido
hacer el Tribunal sino en cuanto a los debates parlamentarios celebrados
que, por ejemplo, en el año 1992 haya 472 millones destinados a obras de
rehabilitación del centro efectuadas con anterioridad. No se puede
precisar con la documentación aportada su fecha exacta de ejecución
material, pero, en cualquier caso, sí antes de 1992. Es decir, se sigue
pagando todavía; después de tres inauguraciones, todavía no se sabe
cuánto costaron las obras en su totalidad. Es el mismo procedimiento que
se va a seguir con el Teatro Real, como decía, los dos grandes éxitos,
los más llamativos de la década, ahora ya convertida en doce años en
estos momentos.
En la página 22 se habla de 335 millones en reparaciones en el año 1992.
Siendo un edificio totalmente remozado y tres veces inaugurado, todavía
se gastan 335 millones en reparaciones. Llama especialmente la atención
--ha sido destacado por la señora Presidenta y lo dice el informe en las
páginas 30 y 31-- que una parte sustancial de los contratos fue ejecutada
antes de 1992, prescindiendo de la preceptiva tramitación administrativa,
por lo que hubo de ser convalidado por el Consejo de Ministros. Desde
luego, choca, a pesar de esta aclaración que ha hecho ahora la señora
Presidenta, que no figura --por lo menos no lo hemos visto en el
informe--, que en el año 1991 el mantenimiento que se otorga por
adjudicación directa asciende a 334 millones y cuando, en el año 1992, se
adjudica por concurso público, pasemos a 163 millones. Creo que es una
buena razón para que se acuda, como bien ha dicho la señora Presidenta, a
la forma del concurso público.
Choca también que haya --página 9-- 45 millones destinados a una campaña
publicitaria cuando el mismo año el Museo del Prado --pongámoslos en la
balanza-- disponía de 4 millones para publicidad: 45 millones para el
Reina Sofía, 4 millones para el Museo del Prado.
Hay algunas cuestiones menores que podría llamar de menudeo en cuanto a
contabilidad, pero ciertamente simbólicas en cuanto a cómo se han llevado
las cosas en este museo.
Si esto es por lo que se refiere a la auditoría financiera, la auditoría
de gestión, señor Presidente, produce auténticos escalofríos al pensar en
manos de quién ha estado una parte sustancial de las colecciones
nacionales de España. Producen auténticos escalofríos los datos que da el
Tribunal de Cuentas. Estoy hablando de un Tribunal que sin duda habrá
tenido el debido asesoramiento, pero que no es un experto en esa
cuestión. Si esto se hubiese hecho por auténticos expertos, todavía el
estremecimiento sería mayor.
Leo simplemente algunos párrafos del informe del Tribunal --páginas 33 y
siguientes--: No existe una relación certificada de las obras artísticas
que fueron traspasadas del Museo Español de Arte Contemporáneo al Centro
de Arte Reina Sofía. Es decir, ésta es la responsabilidad con la que se
tratan joyas de nuestro patrimonio histórico. Los registros presentan
importantes deficiencias, especialmente en lo relativo a la colección
estable (es decir, a las piezas más significativas). Se llevan dos
registros, manual e informático, existiendo numerosos desajustes entre
ellos --señor Presidente, me estoy limitando a leer párrafos estrictos
del informe del Tribunal--: 282 obras incluidas en la base de datos no
están en el manual; 679 obras incluidas en el manual no están en la base
de datos.
Así es como se han tratado las cosas. Hablamos de 1992; la década
gloriosa empezó en 1982. Esta es la responsabilidad con que se ha tratado
la parte mimada de las colecciones nacionales.
Falta información sobre técnica, soporte, dimensiones, forma y fecha de
adquisición, número de serie, ubicación, etcétera. Y, finalmente, se
perciben numerosas deficiencias en registros de obras en depósito que no
están actualizadas, algunas de principio de siglo. Ha dicho la señora
Presidenta que tres instituciones a las que se ha pedido confirmación de
depósitos, entre ellas dos ministerios, no han contestado. Sería
conveniente que supiéramos cuáles son estas instituciones y sobre qué
piezas se ha pedido la información, puesto que tiene relevancia para la
labor que tiene que hacer esta Comisión de control de una parte tan
sustancial del patrimonio histórico español.
No menos grave es lo que dice el informe del Tribunal respecto a la
conservación, páginas 36 y 41 del informe. Dice: Debido al modo en que se
almacenan, algunas obras corren el riesgo de sufrir desperfectos. Quiero
recordar que estamos hablando de las obras más significativas de las
colecciones nacionales de arte moderno y contemporáneo. Dice en la página
41: No consta que exista un informe general sobre el estado de
conservación de la colección permanente. Ni siquiera de la colección
permanente.
Por lo que se refiere a adquisiciones, dice que no se atiende a la
normativa de la contratación administrativa. Sería conveniente una mayor
precisión en el coste de las obras. Dice el propio Tribunal que no es
posible pronunciarse sobre si las adquisiciones se ajustan a los
criterios de formación de la colección estable, dado que estos criterios
no han sido aún aprobados, aunque el Patronato lo ha tratado en numerosas
reuniones. Esta Cámara también lo trató en muchas reuniones y, ministro
tras ministro, se decía que no, que eso no podía ser tratado aquí, que no
era su competencia y, en el fondo, que el Reina Sofía tenía que ser la
finca privada para el caprichito de unos cuantos y donde se pudiese hacer
la política cultural. Este es el mejor ejemplo de la política cultural
que ha hecho el Partido Socialista en los años en que ha estado en el
poder.
Vayamos a los depósitos, señor Presidente --páginas 41, 42, 45 y
anexos--. Hay 1.824 obras --1.824-- depositadas en cerca de 140
instituciones y no se cuenta con un registro de las obras depositadas. La
documentación justificativa del depósito es inexistente en algunos casos
e incompleta en otros. No se actualizan los registros. En lo que se
refiere a la denominación de las instituciones aparecen hasta cuatro
distintas para una misma institución, sin que en ocasiones ninguna de
ellas sea la actual. Estamos hablando del año 1992: ha habido 10 años
para hacer esto. Nunca se han realizado confirmaciones de depósitos, y
con ocasión de este informe se hizo un muestreo, como ha reconocido la
señora Presidenta. Se han producido numerosas incidencias; por ejemplo,
han aparecido 49 obras que no figuraban en los registros del Centro de
Arte Reina Sofía. Esta es la profesionalidad con que se ha gestionado
este museo.
Hay incertidumbre respecto de un número considerable de obras, cuya
titularidad se disputan el Centro de Arte Reina Sofía y el Museo del
Prado. Afortunadamente, creo que este último extremo puede corregirse
gracias a que al final, después de tres intentonas, el Partido
Socialista, una vez que ya no ha tenido mayoría suficiente para
impedirlo, se ha tenido que avenir a razones y se ha llegado a un acuerdo
parlamentario para que esas cuestiones puedan ser
decididas por una comisión de expertos --de cuyo trabajo tenemos que
felicitarnos-- del Prado y el Reina Sofía.
Estos son los comentarios que se pueden hacer en una primera lectura de
este informe, enormemente preocupantes en cuanto a la gestión, y muy
significativos los relativos a la auditoría financiera. Y, en cualquier
caso, creo que está plenamente justificado todo lo que ha hecho el
Tribunal de Cuentas para ver por qué hasta la fecha el Partido Socialista
ha querido que sobre el Reina Sofía haya cualquier cosa menos luz y se
haya convertido, al igual que el Teatro Real, en un auténtico agujero
negro tanto en cuanto a la oscuridad como en cuanto a su capacidad de
succionar recursos del presupuesto para estas cosas que hoy estamos
viendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señorías, en primer lugar le quiero agradecer a
la Presidenta del Tribunal de Cuentas el resumen que nos ha hecho de su
informe, pero, sobre todo, le quiero agradecer, como Presidenta del
Tribunal de Cuentas, que el organismo haya abordado el estudio, la
auditoría financiera, el análisis de la gestión, el modo de controlar la
legalidad, todos los aspectos que usted ha referido, que forman parte del
informe de una manera tan rigurosa y tan clara. Decía antes el señor
Cortés, del Grupo Popular, que era un informe muy exhaustivo. Yo creo que
es un informe muy interesante y muy claro, del que se puede obtener en
este momento, con él en la mano, un análisis de la situación en que se
encuentra el Centro de Arte Reina Sofía, de cómo funciona, cuál es su
gestión y cuáles son los problemas que hay que afrontar con inmediatez.
En ese sentido desvela una serie de problemas que yo creo que eran
conocidos de los directores que ha tenido este centro, desde la etapa en
que se constituye en organismo autónomo, que es cuando surgen más
problemas, problemas a veces derivados también, como usted decía en la
presentación del informe, de la propia historia de lo que es el Centro de
Arte Reina Sofía, porque evidentemente llevamos un siglo en este país
intentando tener un centro de arte moderno y contemporáneo. Eso da lugar
a muchas vicisitudes históricas, no sólo a 12 años de gobierno socialista
sino a muchas anteriores --es un siglo entero--, en donde se han ido
haciendo una serie de intentos, una serie de trabajos, una política para
llegar a conseguir tener el centro que hoy tenemos. Eso tendrá sus
ventajas, pero arrastra también una serie de inconvenientes que se han
ido produciendo en el tiempo. Evidentemente, la creación como organismo
autónomo a partir de 1990 ha generado en el centro --de su informe yo
saco esta conclusión-- problemas de gestión por no tener muy claras una
serie de gestiones, de controles de legalidad, administrativos, que han
sido puntuales y que en este momento, afortunadamente, están subsanados.
Si entramos en el análisis del informe --yo desde luego no voy a entrar
en el análisis de políticas más globales, ya que ésta no es la Comisión
de Educación y Cultura--, con respecto al primer bloque, que sería la
auditoría financiera, yo creo que es importante lo que usted ha dicho,
que las cuentas fiscalizadas expresan la situación financiera y
patrimonial con claridad del Centro de Arte Reina Sofía a 31 de diciembre
de 1992.
Habrá que hacer una serie de salvedades, como muy bien hacen ustedes en
el informe, el problema del inmovilizado: no se registran los bienes
inmuebles, muebles y obras de arte que utiliza el centro para el
cumplimiento de sus fines, pero, como usted ha dicho y el informe dice,
se debe a que no hay todavía un estatuto del centro, que yo creo que sí
es un tema que hay solucionar con inmediatez y coincido en lo que
proponen ustedes en el informe, es decir, hay que hacer un estatuto del
centro cuanto antes, con lo cual solucionaríamos el tema de cuáles son
los bienes inmuebles, muebles y obras de arte que forman el patrimonio y
constarían en la situación financiera habiendo una mayor claridad.
Evidentemente todos forman parte del Centro de Arte Reina Sofía, pero
legalmente no es así, de una manera, digamos, informal.
Con respecto a otros temas y salvedades que hace la auditoría financiera
en el informe del Tribunal de Cuentas, yo creo que se han subsanado.
Usted hablaba de las transferencias contables como devengado en el
ejercicio de 1992, previsiones que tenía el Centro de Arte Reina Sofía,
que no coincidían con las obligaciones que reconocía el Ministerio de
Cultura para el mismo año, para el mismo período. Evidentemente, si se
leen también, que yo me las he leído, las alegaciones que el centro ha
hecho, se clarifican muchas cosas y es interesante leérselas, porque
dicen: nosotros lo hemos hecho de esta manera, nos parece razonable lo
que dice el Tribunal de Cuentas, pasamos inmediatamente a hacerlo. Y las
alegaciones, si no me equivoco, son de noviembre de 1994.
Con respecto a que se incluyan en el balance de situación las existencias
de producción, se está subsanando. Evidentemente es más complicado por el
sistema que se lleva de distribución de la producción editorial destinada
a la venta, pero, sobre todo, yo creo que algo tiene que ver con el
propio carácter de dicha producción editorial, que no es económico o
comercial en cuanto a sacarle una rentabilidad. Y se podría analizar, y
yo creo que es sensato e interesante desde un punto de vista cultural,
por qué no, que se intentara sacar una rentabilidad económica a la
política de producción editorial destinada a la venta. Yo creo que son
temas que están bastante solucionados.
Otra salvedad que hacían ustedes se refería a los gastos dedicados a
publicidad que aparecían en el inmovilizado, que verdaderamente deben
aparecer como gastos, y en las alegaciones dicen también que por
supuesto.
Respecto a que las cuentas son todas las cuentas del organismo --la caja
también, no sólo una cuenta del Banco de España-- evidentemente, en las
alegaciones se dice: así se hará y así se está haciendo.
Yo creo que las obligaciones y gastos que se contabilizan en 1992 pero
que no son de ese año, a los que usted hacía referencia, tienen que ver
con una situación excepcional, como dicen en las alegaciones, y que no se
va a volver a repetir. En cuanto a abordar una serie de obras en un
momento determinado sin proceder a todo un trámite administrativo
que hay que hacer --luego tienen que ser convalidadas a posteriori por el
Consejo de Ministros-- e ir, por lo tanto, a un ejercicio que no era en
el que estaban presupuestadas, en las alegaciones también se explica por
qué se ha producido, no defendiendo que eso tenga que ser así, sino que
se produjo excepcionalmente por unas circunstancias determinadas, igual
que los gastos de mantenimiento, que no se llevaron a oferta pública y se
llevan posteriormente, con un coste menor, tema que usted decía que le
preocupaba, pero también en las alegaciones se explica por qué no se hizo
la oferta pública en el primer caso y por qué el coste se encareció en la
contratación directa en relación con la oferta pública, porque en la
oferta pública --y usted lo ha dicho--, evidentemente, están solucionados
ya problemas del personal del propio centro, que tenían ya formación para
el mantenimiento, que podían trabajar, con lo cual el coste se aminoraba
en la oferta pública de la empresa a la que se le adjudicó, porque era
menor el personal que tenían que dedicar a esa prestación de servicios.
Con todo lo que es el bloque de la auditoría financiera que plantea el
informe mi Grupo está totalmente de acuerdo, es decir, demuestra cuál es
la situación financiera y patrimonial del Centro de Arte Reina Sofía. Hay
una serie de problemas y de estudios, aspectos sobre los que ustedes les
advierten, y en los que ellos en las alegaciones están de acuerdo, y hay
un problema que hay que subsanar, que es que cuanto antes se elabore el
estatuto del centro. Yo creo que en ese punto no hay ningún problema.
Respecto al segundo aspecto, que tiene que ver con problemas de cómo se
controla, cuál es el control, la gestión --si se atiene a la legalidad--,
yo creo que realmente sí hay un problema clarísimo que se detecta en el
informe del Tribunal de Cuentas y es el control del inventario del
inmovilizado, que parece que es bastante incompleto y poco riguroso.
Pienso que es una necesidad que el centro ha tenido siempre, y así lo
pone de manifiesto en las alegaciones. En este momento el centro está
incorporado --dicen ellos-- al proyecto de contabilidad analítica
normalizada para organismos autónomos y en este año 1995 ha empezado a
elaborar un inventario de inmovilizado material. Si estos dos procesos se
dan, este problema, que sí que lo veo real, puede ser solucionado con
gran facilidad.
En los asuntos relacionados con tesorería y anticipos de caja, el propio
organismo dice que seguirá las instrucciones que ustedes les han dado. A
lo mejor, en anticipos de caja, no se explica exactamente a qué se han
debido los gastos, pero ellos los explican en las alegaciones y reconocen
que deberían explicar nombres, personas, reuniones, es decir, que deben
ser mucho más rigurosos en la gestión administrativa aunque sea de gasto
directo.
Relacionado con la contratación administrativa está el problema de los
gastos de 1992, que son anteriores a 1992 y que se han convalidado con
posterioridad por el Consejo de Ministros. Evidentemente es una cuestión
excepcional, como antes decía, que no creen que se tenga por qué repetir,
y, de hecho, no se ha repetido desde el año 1992.
El uso frecuente de la contratación directa, al que ustedes hacen
referencia en un centro como el Reina Sofía está relacionado con el tipo
de servicios que contrata. No obstante, estamos de acuerdo en las
recomendaciones que ustedes hacen de que es mejor no ir a la contratación
directa siempre que se pueda. Es verdad que hay centros específicos que
en momentos determinados pueden legalmente ir a la contratación directa e
incluso puede ser a la adjudicación directa y además en la línea de que
el centro funcione mejor. Y si eso se hace con todos los papeles en
regla, legalmente, evidente no sería un problema. Sin embargo, como
presupuesto general coincidimos con lo que ustedes dicen en el informe.
En cuanto a los contratos de explotación de la cafetería y las tiendas,
que a ustedes les preocupa, coincidimos en que hay que investigar y
analizar hasta el final si ahí hay alguna ley que haya podido ser
vulnerada y que pueda lesionar el patrimonio.
En relación con el último bloque, el estudio de la fiscalización que
hacen ustedes del ejercicio 1992 del Reina Sofía, lo que son los
objetivos específicos de la auditoría, que hacen relación a la gestión
más normal, que llaman ustedes típica del centro, lo que son los sistemas
de control, mantenimiento, seguridad de obras, criterios de adquisición,
restauración, etcétera, yo creo que hay aspectos que han podido mejorar
como los relativos a almacén y control de seguridad, como ellos alegan,
ya que cuando se hizo la investigación estaban trasladando estos
elementos, que sí ha podido haber y hay problemas de restauración en
cuanto a que no hay suficiente personal para llevarla adelante, sobre
todo en lo que es papel. Es decir, se trata de una serie de problemas que
yo veo que son de fácil solución y además el planteamiento en las
alegaciones del Centro de Arte Reina Sofía es razonable.
Ahora bien, yo creo que ahí hay un problema importante, que es el
registro de las obras artísticas, donde se necesita hacer un esfuerzo muy
grande, conociendo la situación como la conocemos hoy con el informe que
ustedes han hecho, porque aunque podamos admitir, y es verdad, y lo voy a
decir y lo he dicho antes, que la situación es producto de un proceso
histórico, bien es cierto también que un museo tiene que trabajar en la
línea de tener unos registros de todas sus obras, de todos los que son
sus bienes, y además un control, una seguridad y un conocimiento cierto
de dónde están ubicados y qué características tienen. Es decir, hay que
tener un inventario y un registro lo más perfecto posible. Siempre va a
ser muy difícil que sea absolutamente perfecto, pero creemos que
evidentemente esto es muy importante, aunque se hayan heredado los
registros del MEAC. Aunque hayan pasado todas las cosas que sabemos que
han ocurrido, hay que dar solución a este problema. De hecho, yo creo que
no sólo el actual director del Centro de Arte Reina Sofía sino los dos
directores anteriores --la directora y el director--, es decir, todas las
personas que en la última etapa han dirigido este centro, eran
conscientes de ello. De hecho, el Real Patronato, en una sesión de
febrero de este año, ya ha presentado el plan de inventario y
catalogación del centro como un objetivo prioritario en este momento.
En términos no absolutamente tremendos nos puede asustar que exista
muchas veces un desajuste tan grande
en lo que hay, dónde está, que no se encuentra, tanto lo que hace
referencia a los fondos que tienen en el propio centro como a los fondos
que han podido prestar a otras instituciones, ya que leídos así, sobre
todo en frases sueltas, como hacía el portavoz del Grupo Popular, puede
sonar mucho más fuerte que estudiando en profundidad y con tranquilidad
tanto el propio informe que ustedes han hecho como las alegaciones,
viendo todos los anexos y todos los documentos que se aportan, yo creo
que aun sabiendo que es el mayor problema que tiene en este momento el
Centro de Arte Reina Sofía --y desearía que no lo tuvieran más museos, no
ya por nada, ni por lo de los diez años, sino porque creo que es mejor
que exista una organización de los museos para todos los españoles, para
que los centros puedan funcionar en la vida cotidiana con mayor
facilidad--, el centro está en ello, como se demuestra en la reunión del
Patronato de febrero de este año.
Por otro lado, en cuanto a la colección estable y la exposición
permanente, sería también necesario lo que yo entiendo que ustedes
plantean, que el Patronato fijara unos criterios de manera formal. Es
verdad que existen más o menos unos criterios informales, que aparecen en
las alegaciones y que hemos tenido ocasión de escuchar a la anterior
directora en cuanto a lo que es la colección estable, a lo que son los
fondos del centro y a lo que son las colecciones, pero verdaderamente no
existe una fijación de criterios, ya que, al fijarlos, al mismo tiempo se
marcan los criterios sobre las adquisiciones. Entonces, yo creo que hay
que forzar al Real Patronato para que no sólo hable de este tema, sino
para que también apruebe y fije unos criterios con carácter estable.
Por último, en lo referente al análisis de la programación y organización
de las exposiciones, que ha sido el último subapartado de este bloque que
ustedes hacen, creemos que las alegaciones del centro aclaran totalmente
las preocupaciones que ustedes manifiestan en el informe.
Explica el porqué parece o puede parecer que no se sabe el coste de cada
exposición y por qué puede variar. Nosotros vemos al final la exposición
realizada, pero evidentemente ésta tiene un proceso muy incierto y
sometido a elementos y a variables cuyo control no está en manos de la
dirección ni de las personas que lo gestionan directamente, sino que se
puede ver sometido a cambios y a vaivenes, porque se puede pensar: voy a
hacer esta exposición y yo contaría con estos cuadros. Y, sin embargo,
cuando uno empieza a hacer más trámites para ver si los puede traer,
etcétera, ya no es eso, y a lo mejor hay que traer otros que sustituyan a
aquéllos. Por tanto, el coste puede variar. Lo que sí está claro en sus
alegaciones es que ellos tienen toda la documentación y saben lo que ha
costado cada exposición, aunque a lo mejor al principio del año, cuando
se hace la planificación, se puede hacer un presupuesto global o incluso
el presupuesto de una exposición y que éste se altere en ese proceso
complejo desde que se tiene la idea y se va confeccionando todo el
proyecto que comporta una exposición hasta que se convierte en una
realidad.
Esto es lo que mi Grupo concluye del informe que ustedes han hecho. De
todas maneras, yo le quisiera decir que entendemos que también son
ajustadas y razonables las conclusiones a las que llegan ustedes. Son
ajustadas y son razonables...
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, le ruego que vaya concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Voy a concluir justo ahora.
Yo le diría que incluso nosotros vamos a hacer resoluciones para
solucionar los problemas reales que existen en el Centro de Arte Reina
Sofía, que van en la misma línea de las recomendaciones que ustedes nos
proponen en su informe desde el Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: A fin de contestar a las preguntas que se hayan
podido formular por los intervinientes, tiene la palabra la señora
Presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Como
portavoz de un pleno que ha aprobado este informe, yo me debo limitar a
hablar sobre su contenido y a no opinar sobre dos versiones distintas que
he tenido el gusto de escuchar, que son las dos caras de una moneda y en
las que naturalmente no voy a entrar porque no es mi función.
Pregunta el señor Cortés qué Ministerios no han contestado y qué obras.
En la página 44 del informe se indica que es el Ministerio de Economía y
Hacienda, que tiene un depósito de diez obras, el Ministerio del
Interior, que según el informe, tiene seis, y el Instituto Padre Luis
Colomer, de Jerez de la Frontera, que tiene nueve, y el detalle de las
obras está en un anexo.
Respecto a las graves deficiencias y al período en el cual la
responsabilidad puede ser o no del Centro de Arte Reina Sofía, sí le
puedo decir que este centro, como organismo autónomo independiente, es
del año 1990, que empezó a funcionar en 1986 y tuvo un cambio en 1988,
que me figuro son las tres inauguraciones a que se refería el señor
parlamentario.
Lo que sí le debo decir es que en la página 52 del informe se dice que en
el informe que en su día realizó el Tribunal de Cuentas sobre el Museo de
Arte Contemporáneo se habían detectado numerosas deficiencias,
calificando su situación de muy deficiente. Se refiere a un informe que
con el título de Fiscalización del Patronato de Museos --Museo del Prado
y Museo de Arte Contemporáneo-- se aprobó en el Tribunal en el año 1989 y
que estaba referido al período 1979-82. O sea, que, en realidad este
informe, de alguna manera, sin pretenderlo, se hace eco de la situación
en aquel momento. (El señor Cortés Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, sólo tiene derecho al uso de la
palabra para formular alguna pregunta por un tiempo bastante limitado, si
quiere alguna nueva aclaración.
El señor CORTES MARTIN: Mi única pregunta dirigida a la Presidencia es
si, dado que la señora Alberdi se había referido a valoraciones que yo
había hecho, tenía derecho a contestarla. Pregunto simplemente, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, le aclaro que tendrá todo el derecho
para confrontar sus posiciones con las de la señora Alberdi,
representante del Grupo Socialista, la próxima semana cuando se vean las
propuestas de resolución.
En este momento el trámite es sólo para aclaraciones y la Presidencia ha
sido bastante flexible, puesto que efectivamente ha habido valoraciones
políticas sobre la gestión.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, advierto que la
próxima sesión de la Comisión, para ver las propuestas de resolución con
respecto a este informe, será el próximo martes a la 1 de la tarde en
este propio edificio del Congreso de los Diputados. Por tanto, las
propuestas de resolución se pueden presentar hasta el viernes día 16, a
las 20 horas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Les quedo
muy agradecida por la atención prestada y hasta otro día que podamos
presentar otros informes. Muchas gracias.
SOLICITUDES DE FISCALIZACION PRESENTADAS POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA:
--SOLICITUD DE FISCALIZACION ESPECIFICA DE LA GESTION DE LA EMPRESA
PUBLICA HULLERAS DEL NORTE, S. A. (HUNOSA), EN RELACION CON LA
ADJUDICACION EN REGIMEN DE CONCESION DEL MACIZO «MARIA LUISA» A LA
EMPRESA «SANTA CLARA MINAS Y CARBONES» EN EL AÑO 1983. (Número de
expediente Congreso 253/000006 y número de expediente Senado 772/000009).
--SOLICITUD DE UNA FISCALIZACION ESPECIFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN
LA LEY ORGANICA 2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE ACLARAR EL
PROCESO DE RECONVERSION DE LA SIDERURGIA INTEGRAL ESPAÑOLA, PARA SABER SI
HA HABIDO UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y POSIBLES
RESPONSABILIDADES EN LA MALA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN RELACION A LOS
OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROPIO PLAN DE RECONVERSION DE LA SIDERURGIA
INTEGRAL 1984-1990. (Número de expediente Congreso 253/000007 y número de
expediente Senado 772/000010.)
--SOLICITUD DE UNA FISCALIZACION ESPECIFICA CON EL FIN DE ACLARAR EL
PROCESO DE RECONVERSION DE LA SIDERURGIA INTEGRAL ESPAÑOLA. (Número de
expediente Congreso 253/000008 y número de expediente Senado 772/000011.)
El señor PRESIDENTE: Visto el punto 2 del orden del día, pasamos al punto
3: solicitudes de fiscalización presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A efecto de hacer la defensa de estas solicitudes de fiscalización, tiene
la palabra el Diputado señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Mi Grupo ha mantenido estas solicitudes de
fiscalización hasta el momento presente a pesar de ser consciente de las
dificultades que puede haber para el ejercicio de las mismas por parte
del Tribunal de Cuentas, que lógicamente se ven agravadas por el hecho
del retraso con que se produce esta discusión. Esta iniciativa fue
presentada hace prácticamente dos años, tiempo durante el cual muchas
cosas han sucedido, así como en el seno de las dos empresas cuya
fiscalización pedía mi Grupo de una manera particular. A pesar de todo
hemos querido mantener estas solicitudes porque al Diputado que les habla
y al Grupo al que representa les parece que el tema de la gestión de las
empresas públicas es crucial y, a nuestro juicio, la cuestión básica.
Frente a un pseudo problema que se suscita en muchos debates, en
comisiones especiales y en el pleno, tanto en el Congreso como en los
medios de comunicación, respecto a si hay que privatizar o no las
empresas públicas, mi Grupo siempre ha denunciado ese enfoque del
problema como un enfoque ideológico en el peor sentido del término, es
decir, como una construcción mental hecha para ofuscar precisamente el
conocimiento de lo real. Mi Grupo se opone a ese planteamiento que hace
generalmente la gente que es partidaria de privatizar con la excusa de
que las empresas públicas son menos eficientes que las privadas, cuando
lo que quieren luego es privatizar precisamente las empresas públicas que
son eficientes y no las que son deficitarias, como es el caso de las dos
de las que hablamos.
Permítame esta breve introducción para poner de relieve el motivo por el
cual mi Grupo, a pesar de ser consciente del desfase temporal y de las
dificultades técnicas que implicaría para el Tribunal de Cuentas este
tipo de iniciativas, haya querido mantenerlas para que, al menos, se
suscitara este debate. Para nosotros la reforma profunda de la gestión de
las empresas públicas es el fundamental en cuanto al sector público se
refiere y no el pseudo problema de privatizar o no para hacer luego
exactamente lo contrario de lo que se predica como argumento.
En el caso que nos ocupa, las dos empresas públicas mayores que están
instaladas en Asturias, Hunosa y Ensidesa, nuestro Grupo viene detectando
y denunciando, desde hace mucho tiempo, mediante diversas fórmulas
parlamentarias, todo tipo de actuaciones cuestionables desde muchos
puntos de vista en la gestión de ambas empresas
públicas. No es que queramos mezclar la gestión, ni mucho menos la
situación, de Hunosa con la de Ensidesa. Tienen situaciones distintas.
Hunosa es una empresa que tiene que ser deficitaria, que, además, tiene
físicamente los días contados en la medida en que el agotamiento de las
capas tiene una limitación temporal inevitable. Ensidesa, sin embargo, es
una empresa que no tiene ningún tipo de limitación, ni física ni
económica, que justifique la renuncia a una política siderúrgica que haga
inviable la existencia, en el futuro, de una siderurgia integral en
España y, concretamente, en Asturias. Sin embargo, tienen en común que
ambas han padecido, y siguen padeciendo, una pésima gestión que mi Grupo
ha calificado en muchos casos de caótica.
En la exposición de motivos de las proposiciones no de ley hacíamos una
bastante larga, aunque insuficiente, introducción en la que exponíamos
algunos de los temas por los cuales mi Grupo solicitaba la fiscalización
del Tribunal de Cuentas del proceso de reconversión. Permítaseme, muy
brevemente, hacer referencia a algunos de ellos.
Ensidesa --me refiero en primer lugar a ella, quizás por ser la empresa
más importante que existe hoy en Asturias y, de las dos a las que nos
estamos refiriendo, aquélla para la que sería injustificable e
imperdonable renunciar a una política de futuro-- ha venido padeciendo
(que no llevando a cabo) diversos planes de reconversión. Mi Grupo en
esta iniciativa se refiere a los dos últimos.
El anterior plan, que ha terminado hace poco tiempo con la aprobación por
la Comisión correspondiente de la Unión Europea, abarca el período
1984-90. No voy a abundar en los planteamientos absolutamente ilógicos,
desde cualquier punto de vista, de gestión racional que mi Grupo ha
detectado y simplemente voy a hacer mención a uno. En ese plan, que
supuso una inversión de varios cientos de miles de millones de pesetas,
se hizo frente a la situación de lo que entonces eran dos empresas
siderúrgicas independientes, es decir, Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya
y hubo una división de las inversiones prácticamente a la mitad. ¿Cómo se
puede explicar que sobre la mitad de las inversiones, concretamente el 45
por ciento, para ser más exactos, que se realizaron en el período
1984-1990, que finalizaron con posterioridad, es decir, en 1991 ó 1992,
en la cabecera de Altos Hornos de Vizcaya, que alcanzaron la cifra de
casi 90.000 millones de pesetas, recién terminadas (mi Grupo ya denunció
como inadecuadas, como irracionales), se tome la decisión en el plan
actualmente en vigor de cerrar todas las instalaciones en las que se
habían hecho tales inversiones?
Se podría decir que en cuatro años las cosas cambian y lo que podía
parecer justificable en un tiempo determinado, después, por
circunstancias coyunturales, deja de serlo. Pero es que eso no es así.
Les leo lo que el propio Presidente de la Corporación de la Siderurgia
Integral, señor García Hermoso, en una comparecencia ante la Comisión de
Industria explicaba para justificar el cierre de la cabecera y de la
acería de Altos Hornos de Vizcaya. Decía que se debía a razones «tan
absolutamente insuperables como que las instalaciones de Sestao y
Baracaldo están en el fondo de una ría que no permite la entrada de
buques de más de un determinado tonelaje». «Diario de Sesiones», número
51, página 1.458. Es decir, circunstancias de este tipo son las que en el
nuevo plan justifican, de manera que parece deberse a razones
absolutamente objetivas, físicas, el cierre de instalaciones que
supusieron una inversión, dos o tres años antes, de 90.000 millones de
pesetas. No son, por tanto, razones de cambio de política, no son razones
coyunturales; son razones estructurales, razones físicas que existían y a
las que no se hicieron caso por motivos que habría que explicar, porque
se trata de muchos miles de millones del erario público que se han
malgastado en una gestión que, repito, es una muestra del calificativo de
caótica.
Podríamos hacer referencia a muchos más casos, pero en aras de la
brevedad y a que está escrito en la exposición de motivos de la
proposición no de ley, no voy a hacer referencia a ellos. Simplemente
quiero decir que mi Grupo presentaba estas proposiciones no de ley y
apelaba a la necesidad de una fiscalización del Tribunal de Cuentas
porque otro tipo de auditorías que se puedan hacer no tienen la
suficiente credibilidad. Entre otras razones, porque algunas de las
auditorías que operan habitualmente en esta Corporación de la Siderurgia
Integral, y particularmente en Ensidesa, como es el caso de Arthur
Andersen, etcétera (este Diputado lo ha denunciado en más de una
ocasión), están consideradas como poco creíbles en la medida en que se
trata de auditorías de empresas a las cuales han pertenecido como
gestores, socios o trabajadores de las mismas muchos de los actuales
directivos de las empresas que nosotros queremos que sean fiscalizadas.
Por estos motivos que, como ven SS. SS., en cuanto a la cuantía son de
enorme gravedad e importancia, y por la no credibilidad que le merecen a
mi Grupo otro tipo de auditorías o de fiscalizaciones internas, nosotros,
cuando presentamos esta proposición no de ley, nos planteamos la
intervención del Tribunal de Cuentas para la fiscalización, no solamente
contable de las empresas, sino la eficiencia de la gestión de las mismas,
como uno de los objetivos que debe cumplir, a nuestro entender, el
Tribunal de Cuentas.
En el supuesto de Hunosa podría contarles casos similares --como ven,
estoy tratando los puntos A y B a la vez-- de gestión. Pero quiero,
simplemente, que SS. SS. sepan que ha habido sucesivos planes de reforma
en la empresa carbonera más importante de España, y por supuesto de
Asturias, y el simple dato de que no solamente los costes no han mejorado
en términos generales, sino que algunos indicadores tan expresivos de la
productividad de una empresa, como puede ser el coste por tonelada,
etcétera, han ido empeorando, algo indica de que la gestión de esta
empresa no solamente no es la adecuada sino que parece responder a aquel
principio maligno de que cuanto peor mejor, con la justificación de que
de esta manera el cierre paulatino de Hunosa era más fácil de explicar.
Estos motivos y otros que vienen expresados en la exposición de motivos,
sin pretender ser, ni mucho menos exhaustivos, es decir, abarcar todas
las razones que mi Grupo tiene para estas proposiciones no de ley, son,
repito, los que causaron las mismas y los que hicieron básicamente que mi
Grupo las mantuviera hasta este momento y
llegara a este debate. Sin embargo, en el momento procesal en que nos
encontramos, mi Grupo anuncia que retira estas dos proposiciones por las
razones siguientes.
En primer lugar, por el desfase de dos años en cuanto a la presentación
que mi Grupo hizo de estas dos proposiciones y los cambios que se han ido
experimentando en el interior de estas mismas empresas, que harían que
una fiscalización debiera hacerse sobre supuestos mucho más actualizados.
En segundo lugar, porque mi Grupo conoce las dificultades técnicas de una
actual fiscalización de hechos ocurridos, muchos de ellos, hace casi una
década. Nos parece que sería poco serio (a mi Grupo no le gustaría
cometer nunca ese fallo de la falta de seriedad) cargar a una
institución, que nos consta que está sobresaturada, con una propuesta de
fiscalización que, por inviable, al final sea inútil. Por tanto, mi Grupo
retira hoy estas dos solicitudes de fiscalización, pero anuncia que va a
presentar de nuevo, en el momento que consideremos más conveniente a
partir de la actualización de los datos que estamos llevando a cabo de la
actual situación y del resultado de los procesos de reconversión últimos
habidos en ambas empresas, una propuesta de fiscalización, de manera
actualizada y que pueda resultar no sólo pertinente sino factible, en el
mismo sentido aunque no sobre los mismos hechos.
El señor PRESIDENTE: Desearía hacer una aclaración al señor García
Fonseca.
Estas solicitudes de fiscalización fueron presentadas en julio y
septiembre de 1994. Por tanto, no han transcurrido dos años.
En todo caso, quiero decirle que, según los criterios expuestos en las
reuniones de Mesa y portavoces con el representante de Izquierda Unida,
ya se consideraba que era demasiado dificultoso o casi imposible realizar
fiscalizaciones correspondientes a los ejercicios de 1983 y 1984, y que
en la rendición de cuentas de esos ejercicios también figuran las
relativas a las empresas de las cuales se solicita dicha fiscalización.
Esta es una aclaración que quería hacerle para que quede constancia de
que el propio portavoz del Grupo de Izquierda Unida fue quien en su
momento mantuvo un compás de espera para ver la decisión final.
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la tarde.