DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 71
PARA LAS RELACIONES
CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 15
celebrada el lunes, 3 de abril de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Propuestas de resolución sobre el Informe acerca de los «Resultados de la
Fiscalización de las Cuentas Electorales de las formaciones políticas
concurrentes a las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo de 12 de
junio de 1994». (Número de expediente Congreso 251/000055 y número de
expediente Senado 771/000054)



Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión de la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas de acuerdo con el único punto
en el orden del día que se refiere a propuestas de resolución sobre el
informe de fiscalización de las cuentas electorales de las formaciones
políticas concurrentes a las elecciones de Diputados al Parlamento
Europeo del 12 de junio de 1994.

Se han presentado propuestas de resolución por parte de los Grupos
Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

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Para la defensa de las propuestas, de menor a mayor, por el Grupo Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor
González.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, en principio quiero decirle
que en relación con la propuesta de resolución que presentamos en el
registro, sobra lógicamente un apartado, que es el segundo párrafo,
cuando dice: La Comisión Mixta Congreso-Senado ... eleva al Congreso de
los Diputados ..., porque, efectivamente, esta propuesta no se eleva al
Pleno.

Entrando en la defensa de la propuesta de resolución número 1 está basado
en un acuerdo de la Junta Electoral Central, que viene a decir que,
conforme a los acuerdos de dicha Junta Electoral Central, ha de reputarse
como válida la justificación de la efectiva realización del envío directo
y personal a los electores de sobres y de papeletas o de propaganda y
publicidad electoral mediante factura o facturas de la empresa o empresas
con las que se contrate la impresión, ensobrado o remisión de tales
envíos, o mediante cualquier otro instrumento suficiente en derecho con
el que se acredite la realización efectiva de tales actividades al efecto
previsto en la ley, como puede ser la declaración jurada de la entidad
política correspondiente de que ha efectuado con sus propios medios la
entrega directa y personal de los envíos en los domicilios de los
electores.

Entonces, hay un acuerdo de la Junta Electoral, y aunque sabemos que el
Tribunal de Cuentas, en el informe presentado, en el caso de Izquierda
Unida, indica que nuestra coalición electoral, por poner un ejemplo,
realizó envíos directos y personales de propaganda a 33.516.513
destinatarios y que, por un lado, debido a la falta de constancia del
envío de propaganda electoral a electores residentes en el extranjero y,
por otro, al exceso de envíos realizados sobre el cuerpo electoral en
algunas comunidades autónomas, le hace mantener el criterio de comparar
el número de electores con el número de envíos en el ámbito regional,
estimando el Tribunal de Cuentas en nuestro caso, en veintisiete mil y
pico los envíos directos y personales, a electores de propaganda
electoral que da derecho a subvención, nosotros estamos en desacuerdo con
ello y, por eso, hemos planteado esta propuesta de resolución. La ley
orgánica señala cuál tiene que ser el contenido de cada envío --esto es,
sobres y papeletas electorales y propaganda y publicidad electoral--, sin
obligar ni mucho menos a que el número de envíos coincida con el número
de electores. Entendemos que, al no establecerse ninguna limitación
expresamente, la ley está permitiendo, por ejemplo, atender a un mismo
elector con uno, dos o más envíos. Por otro lado, el reparto de material
enviado no se ha realizado exclusivamente, por lo menos en nuestro caso,
a través del organismo autónomo de Correos y Telégrafos. En nuestra
organización, y supongo que en otras organizaciones que no tienen grandes
posibilidades económicas y financieras, muchas veces el trabajo
desinteresado y la colaboración de la militancia supera con creces esta
deficiencia, de manera que en algunas comunidades autónomas gran parte
del trabajo de embuchado, preparación y reparto de los envíos personales
se ha realizado directamente por ellos.

Esta es la razón por la que, a pesar de haber editado sobres y papeletas,
así como propaganda suficiente para atender a la totalidad de los
electores, no aparecen comprobantes de todo ello. Y esta realidad, como
decía al principio, es reconocida incluso por la Junta Electoral Central
en su acuerdo de fecha 15 de julio de 1994, cuyo criterio es el de
aceptar como comprobantes de los envíos realizados las facturas de las
empresas de reproducción e imprentas, en las cuales figura el número de
ejemplares editados destinados a su envío directo y personal. De acuerdo
con esta resolución de la Junta Electoral Central podríamos dirigirnos al
Tribunal de Cuentas para que éste tenga en cuenta estos criterios, de
modo que tengan a todos los efectos de contabilidad subvenciones y
financiación general los envíos de propaganda electoral, no los envíos
como tales, sino las facturas, etcétera. Y, lógicamente, de acuerdo con
este primer apartado de la propuesta de resolución, lo que acordamos es
instar también al Gobierno para que desarrolle normativamente la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General siguiendo estas instrucciones. Esta
es nuestra propuesta de resolución número 1.

La propuesta de resolución que se contiene en el número 2 se refiere
lógicamente a la normativa sobre criterios que sirvan para delimitar
claramente los gastos financieros referidos al envío de propaganda
electoral de aquellos que, no teniendo este carácter, se refieran a
gastos electorales de toda índole. También podría explicarlo con ejemplos
derivados del informe del Tribunal de Cuentas sobre nuestra coalición
electoral. Viene a analizar dos aspectos fundamentales con respecto a los
gastos financieros: por una parte, los intereses financieros reales
devengados por una serie de pólizas de crédito que se piden, suscritas
para la campaña electoral en general, para actos electorales, y luego lo
que hace es imputar todos los intereses en su totalidad al conjunto de
los gastos generales, sin tener en cuenta que los recursos financieros
han sido también indistintamente utilizados para gastos de mailing.

Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos a pedir? Lógicamente, las
formaciones políticas piden sus créditos a la banca y los utilizan para
una u otra cosa. Sin embargo, el mailing se recibe directamente del
Ministerio del Interior, sin tener en cuenta que también muchas veces
genera gastos financieros.

Yo creo que ese ejemplo deja patente que los recursos financieros, por
ejemplo, que nosotros hemos obtenido a través de las pólizas de crédito
suscritas con entidades bancarias han financiado conjuntamente los dos
tipos de gastos electorales. Además, la norma de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General no impone la obligación de una gestión
financiera por separado de los gastos generales y de los gastos de
mailing. Simplemente define dos tipos de subvenciones correspondientes a
dos tipos de gastos electorales a justificar indistintamente. Por tanto,
no determina que se deban desarrollar dos procesos económico-financieros
diferenciados, uno para cada clase de subvención. Pensamos que los
intereses financieros devengados por unos recursos financieros dedicados
indistintamente a dos actos electorales deben repartirse entre ambas
subvenciones.




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Esta es la razón por la que presentamos nuestra propuesta número 2.




El señor PRESIDENTE: Para exponer los criterios con respecto a la
propuesta defendida por Izquierda Unida y para la defensa de la suya
propia, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar voy a defender las
propuestas de resolución del Grupo Socialista y en segundo lugar
fijaremos la posición respecto a las propuestas presentadas por el Grupo
de Izquierda Unida.

Las propuestas de resolución que presenta mi Grupo coinciden
prácticamente en sus propios términos con lo que es el
informe-declaración del Tribunal de Cuentas respecto a las cuentas
electorales de este proceso que hoy estamos analizando y que la pasada
semana la Presidenta del Tribunal de Cuentas nos explicó con bastante
detalle. Coincidiendo fundamentalmente mi Grupo con ese informe, la
primera propuesta de resolución incide en aprobar el mismo.

Nos parece prioritario e importante reiterar la obligatoriedad de que
aquellas empresas que realicen gastos electorales con las formaciones
políticas por un importe superior al millón de pesetas lo notifiquen al
Tribunal de Cuentas. Entendemos que es fundamental insistir en esta
obligatoriedad, lo venimos haciendo casi puntualmente en cada una de las
propuestas de resolución y, en consecuencia, nos reiteramos en la misma.

Por otra parte, respecto a las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo de Izquierda Unida, debo indicar que mi Grupo no va a apoyarlas.

Quizás el Diputado representante de Izquierda Unida no conozca alguno de
los pronunciamientos de la Presidencia del Tribunal de Cuentas la pasada
semana, ya que respecto a la primera de sus propuestas, en relación a
cuando los gastos se sobrepasan, la Presidenta del Tribunal de Cuentas,
señora García Crespo, planteó una solución que mi Grupo entiende que
resuelve el tema, como es que cuando los gastos se sobrepasaran, los
mismos se contemplasen como gasto electoral. En consecuencia, entendemos
que ese criterio ha resuelto el problema que planteaba S. S. y siempre
parece más acertado que modificar una ley que ha sido aprobada
recientemente en estas Cámaras.

Respecto a la segunda de sus propuestas, que también plantea que se
desarrolle normativamente de nuevo la LOREG, tengo que indicarle que, en
efecto, acabamos de aprobar una modificación y no parece oportuno iniciar
otra. Además, la señora García Crespo planteó el otro día, en su
comparecencia, algo que nos parece fundamental, como es que al haberse
elevado el porcentaje de adelanto a un 90 por ciento, parece que se
resuelve el tema, o al menos no tiene tanta incidencia, y, en
consecuencia, aparte de que el cambio no parece oportuno y además no
parece que deba ser por una ley --es más acertado, en opinión de nuestro
Grupo, que se desarrolle a través de los criterios de la Junta y de los
criterios del propio Tribunal de Cuentas en cuanto a lo que puedan ser
esos gastos--, no vamos a apoyar ninguna de las propuestas de resolución
de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: El señor González tiene la palabra.




El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Para decir que yo sí que voy a apoyar las
propuestas que ha presentado el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Carrera.




El señor CARRERA I COSME: Simplemente para dejar constancia de que la
posición de nuestro Grupo va a ser favorable a la propuesta de resolución
del Grupo Socialista y que vamos a votar en contra de las propuestas de
resolución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Esteban Albert.




El señor ESTEBAN ALBERT: Con muchísima brevedad, para manifestar lo que
reiteramos ya en la anterior reunión, cuando la señora Presidenta nos
presentó el informe de fiscalización de los gastos electorales de las
formaciones políticas, y decir asimismo que los criterios contables y los
criterios de fiscalización que utiliza el Tribunal a nosotros nos parecen
absolutamente correctos en su rigor y carácter técnico. Por tanto, nos
reiteramos en lo mismo que decíamos aquel día, de aprobar el informe de
fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas.

En cuanto a las propuestas de resolución que se presentan, nosotros vamos
a apoyar la del Grupo Socialista en aras a que es una síntesis de lo que
se venía diciendo exactamente en ese informe de fiscalización.

En cuanto a las propuestas que Izquierda Unida plantea hoy aquí, sin que
de ninguna manera vengan a vulnerar o a violentar los criterios que tiene
el Tribunal de Cuentas, entendemos que en ese mismo informe de
fiscalización se recogen las propuestas que está haciendo Izquierda
Unida, aun cuando sea con un criterio distinto. Incidir en ese tema yo
creo que no sería conveniente en este momento, y para ello estará la
Junta Electoral Central que será la que tenga que decir lo que le parezca
conveniente sobre algunas de las cuestiones que plantea Izquierda Unida.

Por tanto, y terminando, señor Presidente, vamos a abstenernos en la
votación de las propuestas de Izquierda Unida y vamos a votar a favor de
las del Grupo Socialista como expresión de la síntesis del informe de
fiscalización del Tribunal de Cuentas.




El señor PRESIDENTE: Antes de someter a votación las propuestas de
resolución, pregunto al Grupo Socialista si en la propuesta número 2,
cuando dice «se reitera la obligatoriedad de dar cuenta al Tribunal de
Cuentas», cabe



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sustituirlo por «se reitera la obligatoriedad de notificar al Tribunal de
Cuentas».




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, para que no sea redundante.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.

En primer lugar, sometemos a votación las propuestas presentadas por el
Grupo Federal de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 16; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Se someten a votación las propuestas presentadas por el Grupo Socialista,
con la modificación a que he hecho referencia anteriormente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión agradeciéndoles
a todos su colaboración.




Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.