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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 67, de 06/03/1995
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 67
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 13
celebrada el lunes, 6 de marzo de 1995,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Dictamen sobre la Cuenta General del Estado referida al ejercicio de 1991
y Declaración Definitiva de la Cuenta General del Estado de 1991. (Número
de expediente Congreso 250/000004 y número de expediente Senado
770/000003). (Página 1394)
Propuestas de resolución sobre los siguientes asuntos:
--Informe de fiscalización sobre diversos aspectos de la gestión de los
Tribunales Económico-Administrativos referido a los ejercicios de 1989 a
1992. (Número de expediente Congreso 251/000049 y número de expediente
Senado 771/000049). (Página 1398)
--Informe de fiscalización sobre la adquisición y utilización de
implantes por los Hospitales del Instituto Nacional de Salud, INSALUD.
(Número de expediente Congreso 251/000052 y número de expediente Senado
771/000052). (Página 1399)
--Informe de fiscalización sobre Fomento de Comercio Exterior, S. A.
(FOCOEX). (Número de expediente Congreso 251/000051 y número de
expediente Senado 771/000050). (Página 1404)
--Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentación referido al ejercicio de 1991. (Número
de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado
771/000053). (Página 1408)
--Informe de fiscalización correspondiente al Ayuntamiento de Benavente
(Zamora), referido a los años 1989 a 1991. (Número de expediente Congreso
251/000048 y número de expediente Senado 771/000048). (Página 1409)
--Informe de fiscalización correspondiente al Ayuntamiento de San Antonio
Abad (Baleares), referido a los años 1989 a 1991, ambos incluidos.
(Número de expediente Congreso 251/000050 y número de expediente Senado
771/000051). (Página 1409)
Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas de una fiscalización específica de acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas, con el fin de aclarar la
gestión del Servicio Militar de Construcciones, Organismo Autónomo
Comercial dependiente del Ministerio de Defensa. (Número de expediente
Congreso 253/000013 y número de expediente Senado 772/000008). (Página 1410)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
--DICTAMEN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO REFERIDA AL EJERCICIO DE
1991 Y DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1991.
(Número de expediente Congreso 250/000004. Número de expediente Senado
770/000003.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de
relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cumplimiento al orden del
día que obra en poder de todas sus señorías.
En primer lugar, procede la discusión y debate de las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos tanto al informe de
Ponencia como al dictamen sobre la Cuenta General del Estado referida al
ejercicio de 1991.
Para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDU: Señor Presidente, nuestro Grupo va a dar el voto
afirmativo a la Cuenta General del Estado de 1991, a la cual hemos
presentado cuatro propuestas de resolución, que mantenemos para su
aprobación en la Comisión y anunciamos la transaccional a la número 4,
con el fin de que la aplicación que nosotros pedíamos a nivel general se
ajuste para las cuentas posteriores, dado que la de este año ya ha sido
presentada a los consejeros y aprobada.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau, luego le llamaremos a la Mesa porque no
sabemos a quién van dirigidas sus propuestas de resolución, si al
Gobierno o al propio Tribunal de Cuentas. Antes de la votación lo
aclararemos.
Para la defensa de sus propuestas de resolución y para establecer su
criterio con respecto al informe de la Ponencia, por el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, como ya viene siendo habitual en
anteriores cuentas generales, y en el año 1991 más si cabe, por cuanto la
opinión manifestada por el Tribunal de Cuentas en su declaración
definitiva plantea muchos más interrogantes de los que se habían venido
planteando en ejercicios anteriores, mi Grupo votó en contra en la
Ponencia, votará en contra de la Cuenta General del Estado en Comisión y
en el Pleno, puesto que éste es el único informe de fiscalización del
Tribunal que llega hasta el Pleno del Congreso y, posteriormente, al
Pleno del Senado.
Quiero hacer especial hincapié en que, como ya decíamos en la sesión
anterior de esta Comisión, en la comparecencia de la Presidenta del
Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de 1991, el Tribunal, además de
hacer especial referencia a multitud de salvedades y de infracciones, de
normas presupuestarias y contables; rosario al que ya nos tiene
acostumbrados puesto que desde los años 1984-85 en que esta Diputada
viene estudiando las cuentas generales de los sucesivos ejercicios, viene
reflejando prácticamente los mismos defectos y, sin embargo, en lugar de
ir a menor, este asunto va «in crescendo», va a mayor, y ya en la Cuenta
General del año 1991 el Tribunal plantea claramente su criterio de que
las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables
que se expresan en los siguiente apartados, limitan el reflejo en la
Cuenta General del Estado de la actividad económico-financiera llevada a
cabo en el ejercicio por el Estado y sus organismos autónomos, así como
su situación patrimonial. A mayor abundamiento, el Ministerio Fiscal del
Tribunal de Cuentas, tras un largo escrito que se adjunta en el informe,
termina
diciendo: Con lo expuesto en la declaración definitiva, ¿podemos afirmar
que la Cuenta es correcta? Continúa: Son muchos los defectos existentes,
que aquí sólo hemos recogido como muestra, para que pueda aceptarse esta
cualidad en la Cuenta rendida. Y termina diciendo que la Cuenta General
es demasiado defectuosa.
La verdad es que los ajustes realizados por el Tribunal, en lo que se
refiere al resultado del ejercicio de 1991, alcanzan las siguientes
cifras. La Administración del Estado realiza unos ajustes de menos
277.000 millones; en los organismos autónomos administrativos los ajustes
son 431.000 millones y en los organismos autónomos, comerciales,
industriales y financieros los ajustes alcanzan la cifra de 5.000
millones. El total de ajustes realizado por el Tribunal en su informe
alcanza la cifra de 714.000 millones de pesetas y cambia el sentido del
resultado de la Cuenta. La Cuenta rendida por el Gobierno y, en su
nombre, por la Intervención General del Estado ante el Tribunal, se
cerraba con un superávit reflejado en cuenta de 520.000 millones y, tras
los ajustes del Tribunal, señorías, el resultado se convierte en un
déficit de 193.000 millones de pesetas. Esto sin entrar a hablar de los
déficit acumulados de ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de
1991, piedra de toque sucesiva cada vez que viene un informe de la Cuenta
General a esta Cámara que, al final, según las cifras del propio Tribunal
y no basándose única y exclusivamente en distintos criterios en cuanto a
aplicar el de caja o el de devengo, tenemos un déficit acumulado y no
contabilizado como tal, sino contabilizado en otras partidas de la
Contabilidad Nacional, de casi tres billones de pesetas, de los cuales
600.000 millones corresponderían a los diferentes criterios de
contabilización en cuanto a aplicar el de caja o el de devengo.
Por todo ello, señor Presidente, mi Grupo sigue manteniendo su voto
negativo a la Cuenta General del Estado, que no al Informe del Tribunal,
que cada año nos presenta un trabajo más detallado y con mayor precisión
para que los Diputados podamos formar criterio. Como continuación de este
Informe, mi Grupo ha presentado una propuesta de resolución con dos
puntos. En el primero se recoge la petición que de manera expresa hace el
Tribunal a estas Cortes Generales, que también lo hace por primera vez en
los anteriores informes que había realizado. La petición expresa es que
este Tribunal --dice el informe-- propone a las Cortes Generales que se
requiera al Gobierno para que adopte las medidas que sean necesarias para
que la Cuenta General del Estado y las de las entidades que lo conforman
se ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los principios que
deben informar su elaboración y rendición. Y hacíamos especialmente
referencia a aquellos aspectos mencionados por el máximo órgano
fiscalizador del Estado.
Seguramente, señor Presidente, va a ser predicar en el desierto una vez
más, porque yo creo que del nivel --entre comillas-- «de desesperación»
que tiene el Tribunal de Cuentas con respecto a estos trabajos es buena
muestra esta proposición que hace a las Cortes Generales en el Informe de
la Cuenta General de 1991, cuando en otras ocasiones se había despachado
con unas recomendaciones en las que, a la vista de que no son cumplidas,
mi Grupo no desciende ya al detalle, sino que, insisto, recoge la
propuesta del máximo órgano fiscalizador del Estado dependiente de esta
Cámara.
En segundo lugar, presentamos una propuesta de resolución muy específica
con respecto a la Dirección General de Correos y Telégrafos, que será
defendida por mi compañero el Diputado señor Camisón.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, me propongo defender una
propuesta de resolución específica sobre la Dirección General de Correos
y Telégrafos, ya que en la última comparecencia de la señora Presidenta
del Tribunal, y a la vista de la fiscalización efectuada, quedó claro que
la deuda pendiente de imputar al presupuesto, a fecha 31 de diciembre de
1991, por parte de Correos ascendía a la importante cifra de más de
97.000 millones de pesetas y que la deuda por gastos de personal se había
originado, como siempre, por la práctica ya denunciada por el Tribunal en
diversos informes y por este Grupo Parlamentario de abonar nóminas
mediante anticipos de la Caja Postal registrados como descubiertos en
cuenta corriente y mediante fondos de la caja única de giro. También
quedó claro en la última comparecencia que, en cuanto a la calificación
jurídica de la actuación de Correos, se habían advertido diversos
incumplimientos que se referían a la Función Pública, a la Seguridad
Social, a la Hacienda Pública y a los contratos del Estado, y, sobre
todo, que se había actuado al margen de los preceptos que rigen la
ejecución del gasto público, preferentemente en lo que afecta a las
normas derivadas del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. En
ese orden, se habían transgredido los artículos 60, 92, 101.2, 123 y,
sobre todo, el 141 de dicha ley, ya que en el apartado 1.c) de este
último artículo se califica como infracción que debe dar lugar a la
correspondiente indemnización a la Hacienda Pública, por los daños y
perjuicios que sean consecuencia de los mismos, el comprometer gastos y
ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de
lo dispuesto en la presente ley en los presupuestos que sean ampliables,
y la actuación de Correos había ido totalmente en contra de esta
determinación.
Establece también este artículo que será exigido el expediente
administrativo, interesando todo y dando cuenta de los hechos al Tribunal
de Cuentas. Como se nos informó por la señora Presidenta de que éste no
había tenido noticia de ningún expediente, todo hace pensar que en estos
momentos no se ha instruido. Ello ha dado lugar, como especifica la
fiscalización remitida, a que, a iniciativa del fiscal y del abogado del
Estado, se estaba analizando --como también fue corroborado por la señora
Presidenta-- la posible existencia de indicios de responsabilidad
contable en relación con este asunto, así como las medidas adecuadas para
el ejercicio, en su caso, de las acciones correspondientes.
En definitiva, después de esta explicación, el objetivo de nuestra
propuesta no es más que, en cuanto a este informe que se había iniciado
por el fiscal y por el abogado del Estado, a este análisis que ya se está
realizando, intentar excitarles a que se ultime ese análisis de forma que
lleguemos a un punto en el que puedan tener virtualidad estos defectos
que se han venido denunciando.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa del informe de la Ponencia, de las
propias propuestas y para fijar criterio con respecto al resto de las
presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Al igual que los demás portavoces de los distintos
grupos, mi intervención va a ser relativamente breve, entre otras razones
porque, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Popular, el debate de la
Cuenta de 1991 continuará en los Plenos del Congreso y del Senado.
En consecuencia me voy a referir brevemente a algunas de las
consideraciones que se han venido produciendo en este debate y, después,
a las propuestas de resolución que mi Grupo ha presentado, y opinaré
también sobre las propuestas de resolución que han presentado el Grupo
Popular y otros Grupos. Adelanto, señor Presidente, que mi Grupo presenta
dos enmiendas transaccionales: una, a la primera de las dos que propone
el Grupo Popular y, otra, a la número 4 del Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Trasladaré a la Mesa dichas enmiendas.
Es verdad, como se viene diciendo en la Comisión, que muchas de las
cuestiones que contiene el Informe del Tribunal respecto a las cuentas de
1991 son repetitivas de otros informes que se presentan en otros
ejercicios. (Rumores.)
Señor Presidente, pido su ayuda.
El señor PRESIDENTE: Ruego un poco de silencio, porque, efectivamente, se
están produciendo una serie de interferencias que hacen difícil el
seguimiento de la intervención del señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Doy por supuesto
que estarán más interesados en el debate del Pleno del Congreso.
Compartiendo ese criterio de que se reproducen situaciones análogas a
otros ejercicios, yo querría insistir en que lo que se produce en este
informe y en otros anteriores no es que existen situaciones de
incumplimiento de la normativa legal existente. Yo creo que ése es el
problema que se nos suscita permanentemente en estos debates de la Cuenta
de 1991, porque hay diferencias de criterios entre lo que defiende la
Intervención General del Estado y lo que defiende el Tribunal de Cuentas.
Esta Comisión ya se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre algunas
de esas cuestiones con una intención muy clara: introducir la mayor
transparencia y claridad posibles cuando debatimos estas cuestiones,
distinguiendo claramente lo que es aplicación de la normativa legal
existente de lo que no lo es, sino lo que deberían ser criterios
diferenciados respecto a opiniones que presenta el Tribunal de Cuentas en
relación con las opiniones que tienen tanto el Gobierno como la
Intervención General del Estado, que dicen aplicar --y así lo estimamos
nosotros-- las normas de carácter presupuestario en vigor, que no sólo es
la Ley General Presupuestaria sino también las normas que se aprueban con
cada Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
Es en ese contexto en el que venimos asistiendo en determinados momentos
a confusiones que se generan en los debates sobre si existe un
incumplimiento o no de las normas en lo que plantea en estos momentos el
Tribunal respecto a las cuentas de 1991. Nuestra posición es que no, que
existen claramente criterios diferenciados. Sólo pongo un ejemplo sin
intentar ahondar mucho más en ello, puesto que discutiremos más en el
Pleno sobre el tema: la interpretación del artículo 10 de la Ley de
Presupuestos de 1991, que hoy me parece que ya es artículo 11 en la Ley
de Presupuestos del ejercicio que viene. Esa diferencia de criterios e
interpretaciones es lo que da lugar después a determinadas consecuencias
sobre distintos criterios que aplica el Tribunal respecto a lo que debe
ser la contabilidad presupuestaria, incluso lo que debe ser la
contabilidad económico-patrimonial, y los criterios que aplica el
Gobierno.
Quiero indicar que mi Grupo coincide con el Grupo Popular en la voluntad
de modificar determinadas normas presupuestarias. Así lo hemos
manifestado y así ha sido aprobado por esta Comisión en mociones
presentadas por el propio Tribunal y que recogen el espíritu fundamental
que anima a los distintos grupos. Otra cuestión es que la voluntad que
nosotros manifestamos se tiene que plasmar en normas para que pueda ser
posible su aplicación, al margen de que, como supongo saben todos los
miembros de la Comisión, a partir del año 1995 hay un nuevo sistema de
cuentas públicas que hace que ya se incorporen algunos de los criterios
que han venido siendo defendidos tanto desde las filas de otros grupos
como desde el propio Tribunal de Cuentas.
No insisto más. Nuestra opinión es discrepante. Quiero decir respecto a
la Dirección General de Correos que hay una propuesta de resolución que
presenta el Grupo Socialista que no sé si da satisfacción suficiente a lo
que plantea el portavoz del Grupo Popular. Siendo conscientes de que
existen algunos problemas en las cuentas de 1991 en lo que se refiere a
la Dirección General de Correos como deuda pendiente, nuestro Grupo
propone que se efectúen las regularizaciones contables y normativas que
procedan para imputar a presupuesto el gasto sin cobertura presupuestaria
existente al 31-12-1991 de la Dirección General de Correos, que hoy es
organismo autónomo, en las cantidades y conceptos que permanecen
pendientes.
Compartimos algunos de los planteamientos que se hacen, pero posiblemente
no compartimos las soluciones que proponen otros grupos. En ese contexto,
señor Presidente, sólo deseo hacer referencia a las propuestas
transaccionales que ofrecemos. En primer lugar, respecto a la número 17
del Grupo Popular, ofrecemos una transacción que, recogiendo el espíritu
fundamental de dicho Grupo, propone que todas las indicaciones del
Tribunal sean tenidas en
cuenta para ejercicios sucesivos que presente el Gobierno, porque parece
muy difícil que podamos cumplirlo respecto a la cuenta de 1991, puesto
que, aunque son verdad algunas de las apreciaciones que ha hecho la
portavoz del Grupo Popular, también es cierto que el Tribunal de Cuentas
ha aprobado las cuentas de 1991 por unanimidad, incluido el fiscal que a
veces emite juicios un poco más aventurados de los del resto de los
miembros del Tribunal de Cuentas, pero también vota a favor las cuentas
de 1991.
Como el texto de la transacción lo tiene el Grupo Popular, no lo voy a
leer. Se lo traslado al señor Presidente y, si el Grupo Popular lo tiene
a bien, mi Grupo estaría encantado de poder votar esa primera propuesta.
También hacemos una propuesta de transacción respecto a la número 4 del
Grupo de Convergència i Unió, que recoge en lo fundamental el propio
espíritu, pero somos conscientes de que algunas de las cuestiones
necesitarían cambios normativos. Esta Comisión y el Pleno de la Cámara ya
se han pronunciado sobre la necesidad de una nueva Ley orgánica y de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Si no se produce esa modificación
difícilmente algunas de estas cuestiones pueden plantearse. Por eso, la
propuesta que hacemos en esa transacción insta a que el Gobierno, si es
el que presenta esa iniciativa legislativa, estudie esas propuestas del
Grupo Popular, que comportan la comparecencia de la Intervención General
del Estado, de los gestores que gestionan los presupuestos y de
consejeros del propio Tribunal en esta Comisión para abrir un debate que
mejore el conocimiento y la transparencia de las cuentas.
Esa es la posición de mi Grupo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea volver a intervenir? (Pausa.)
La señora Rudi tiene la palabra.
La señora RUDI UBEDA: De manera muy breve, quiero hacer referencia a la
propuesta de enmienda transaccional que nos presenta el Grupo Socialista
con respecto a la presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gimeno, yo estaría de acuerdo en plantear una transaccional a su
transaccional. Es decir, corregir el texto de la nuestra en el sentido de
no hacer solamente referencia a la Cuenta General de 1991, sino a las
sucesivas cuentas, pero siempre y cuando su transaccional comprendiera
todo el primer punto de la nuestra.
El señor PRESIDENTE: El señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Si se refiere al primer punto, al que se ofrece la
transacción, a mí me parece que prácticamente todo lo que es la primera
parte es lo mismo que ofrece nuestra transacción, pero no incluye la
segunda parte. La diferencia fundamental es que hacemos referencia a los
ejercicios sucesivos. La segunda parte no la podemos incluir porque
califica casi un problema de fondo, que es posiblemente lo que justifique
la posición de su Grupo en contra de la aprobación de la Cuenta. Lo que
le ofrecemos es la primera parte respecto a ejercicios sucesivos, puesto
que nuestra posición es la de aprobar la Cuenta. Por el contrario, nos
plantearía muchas dificultades aceptar la segunda parte.
El señor PRESIDENTE: La señora Rudi tiene la palabra.
La señora RUDI UBEDA: Efectivamente, eso es lo que estamos solicitando,
que acepten la segunda parte. Pero, señor Gimeno, ese texto no es de
«motu propio» del Grupo Parlamentario Popular, sino que viene contenido
en el texto remitido por el Tribunal, exactamente en la página 2 de la
declaración definitiva. Lo que estamos haciendo es recoger la definición
del Tribunal con respecto a la declaración definitiva.
El señor PRESIDENTE: Parece entenderse de la posición del Grupo Popular
que no retira su propuesta a efectos de la transacción. ¿Es así, señor
Gimeno?
El señor GIMENO MARIN: Si ésa es la posición del Grupo Popular, mi Grupo
lógicamente no puede presentar la transacción.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer, en primer lugar, una aclaración sobre
las propuestas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió.
Entiendo que las propuestas números 1 y 2, señor Grau, se refieren a una
solicitud al propio Tribunal de Cuentas. (Asentimiento.) Con respecto a
la 3, la Comisión no aprueba el informe del Tribunal de Cuentas. En todo
caso aprueba las cuentas, con lo cual esto habría que verlo. ¿También va
dirigida al propio Tribunal de Cuentas esta tercera? (Asentimiento.)
Entonces sí cabe esta consideración.
Sobre la cuarta, ¿acepta la transacción ofrecida por el Grupo Socialista?
El señor GRAU I BULDU: Aceptamos la transacción y va dirigida al
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación del
informe de la Ponencia relativo a la Cuenta General del Estado del año
1991, que tiene tres apartados por los cuales se aprueba la Cuenta del
Estado, la cuenta de los organismos autónomos y las cuentas de la
Seguridad Social.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a continuación a la votación de las propuestas de resolución.
En primer lugar, las propuestas del Grupo de Convergència i Unió números
1 a 4, entendiendo que la cuarta es sustituida por la transacción
ofrecida por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación votamos las propuestas que figuran en el cuaderno con los
números 5 a 16, presentadas por el Grupo Socialista.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, solicito votación separada de la
que viene reflejada con el número 7.
El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las números 5 al 16, ambas
inclusive, con excepción de la número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación se vota la propuesta número 7, del Grupo Socialista, que
se refiere a la Dirección General de Correos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, se votan las propuestas números 17 y 18 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Con esto queda terminado el punto primero del orden del día.
--PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: INFORME DE
FISCALIZACION SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTION DE LOS TRIBUNALES
ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS, REFERIDO A LOS EJERCICIOS 1989 A 1992. (Número
de expediente Congreso 251/000049. Número de expediente Senado
771/000049.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir las propuestas de
resolución referidas al informe de fiscalización sobre la gestión de los
tribunales económico-administrativos.
Hay propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular y por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Popular, para su defensa, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, como hicimos ya durante la
última sesión de esta Comisión, en el análisis de este punto se contrastó
la falta de fiabilidad de los datos ofrecidos por el sistema de
información, ya que sobre todo se detectaron claramente omisiones
importantes en las cifras que oficialmente se habían publicado por las
memorias de la administración tributaria. Por ejemplo, se comprobó que
los tribunales económico-administrativos centrales sometían nada más y
nada menos que cerca del 34 por ciento de la cifra de reclamaciones
pendientes y porcentajes semejantes en los tribunales regionales. Se
comprobó también que estos tribunales no prestaban atención a aspectos
trascendentes de su tramitación como pudiera ser, por ejemplo, el
riguroso orden de antigüedad, lo que hacía suponer que había prelación o
preferencia por alguno de los expedientes en perjuicio de otros.
La razón fundamental --y quedó claro en la comparecencia de la señora
Presidenta-- del deterioro estaba en la importante reducción del volumen
actual de resolución de los recursos que registran los tribunales que es,
digamos, el módulo fundamental de rendimiento de estos tribunales a lo
largo de todo el período fiscalizado. Además, aunque en los tres años
sucesivos el ritmo había decrecido, en el año 1992 se daba una doble
coincidencia negativa y es que había disminuido el número de ingresos,
por una parte, y, por otra, el volumen de expedientes despachados, lo
cual arrojaba un saldo realmente lamentable.
Todo esto iba en la dirección de que era preciso actuar en el sentido que
incluso recomendaba el propio Tribunal en su informe de fiscalización, en
el que se decía que, ante la difícil situación creada, era urgente ya la
adopción de medidas en dos direcciones: en las que eran más inmediatas,
hacer una acción coyuntural en aspectos de mayor urgencia, y a medio y
largo plazo ir a una reforma estructural. Puesto que ese momento ha
llegado para hacer frente a esa difícil situación, en esa dirección,
señor Presidente, va nuestra propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra, para
establecer criterios con respecto a las del Grupo Popular y la defensa de
las propias, el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, ya en la comparecencia de la
señora Presidenta del Tribunal de Cuentas tuvimos oportunidad de elogiar
la calidad del informe presentado acerca de los trabajos de los
tribunales económico-administrativos. En aquella ocasión --y ahora quiero
repetirlo-- pusimos de relieve que las alegaciones efectuadas por el
Tribunal Económico-Administrativo central y suscritas por su Presidente
eran de importancia, indicando asimismo que los tribunales están con la
misma preocupación que manifiesta el Tribunal de Cuentas acerca tanto de
la gestión como de determinados aspectos reglamentarios que quizás no son
suficientes o no están acordes con lo que es necesario, desde el punto de
vista legislativo, para que funcionen los tribunales
económico-administrativos con la exactitud y la rapidez que se necesita.
En este sentido, el Grupo Socialista con sus propuestas de resolución
quiere, si es que me es permitido decirlo así, animar al Tribunal de
Cuentas para sucesivos informes que puedan impulsar esa innegable buena
voluntad de los responsables
y funcionarios de los tribunales económico-administrativos, como se pone
de manifiesto en esas mismas alegaciones a las que he hecho alusión
anteriormente.
Tenemos una propuesta de resolución del Grupo Popular que nos ha
parecido, en su lectura y análisis, positiva, pero también que podría ser
muy bien completada con las dos propuestas de resolución que presenta el
Grupo Socialista. En este sentido hemos elaborado una enmienda
transaccional que nos parece que recoge y resume las tres propuestas de
los dos grupos; podríamos de esa manera y de un modo muy conciso hacer
una propuesta de resolución que, a nuestro juicio, es positiva. Pasaré a
la Mesa el texto, para que pueda tomar nota de ella y, en su caso,
incorporarla a este proceso para el momento, si es que eso cabe, de
aprobación. Dice así: La Comisión Mixta para las Relaciones con el
Tribunal de Cuentas insta al Gobierno para que elabore un plan que
contemple la mejora de la gestión de los tribunales
económico-administrativos, abordando los problemas que requieren mayor
urgencia, así como a adoptar una reforma de las normas reguladoras de su
organización y procedimiento para lograr una mayor agilidad y eficacia en
su funcionamiento, salvaguardando las garantías de los interesados en
dichos procedimientos económico-administrativos.
A nuestro juicio, la enmienda, como decía, recoge todas las cuestiones
que planteaban ambos grupos en sus propuestas de resolución y que se
pueden resumir en tres aspectos que nos parecen fundamentales: mejora de
gestión, modificaciones legislativas adecuadas y garantías para los
contribuyentes, que pasan por los tribunales económico-administrativos.
Esos tres aspectos son los que nos parece que vienen a resumir lo que es
necesario hacer y a ello ayudará, tal como ya ha comenzado a hacer, el
Tribunal de Cuentas con sus sucesivos informes.
Esta es nuestra posición. Ofrecemos esta enmienda transaccional al Grupo
Popular para que la considere y esperamos que la vote a favor, así como
el resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Estamos de acuerdo con la enmienda
transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, dado que
recoge en su globalidad toda la filosofía de nuestra enmienda referida a
este informe de fiscalización. Por tanto, aceptamos la transacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervernir algún representante del Grupo
Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.)
Entiendo que quedan retiradas las propuestas números 1 y 2, presentadas
por el Grupo Socialista, y la 3, por el Grupo Popular, que se recogen en
esta transaccional que a continuación sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE ADQUISICION Y UTILIZACION DE IMPLANTES
POR LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). (Número
de expediente Congreso 251/000052. Número de expediente Senado
771/000052.)
El señor PRESIDENTE: A solicitud del Grupo Popular, pasamos al punto c)
del apartado 2 del orden del día, que se refiere al informe de
fiscalización sobre adquisición y utilización de implantes por los
hospitales del Instituto Nacional de la Salud.
Hay presentadas propuestas de resolución por el Grupo Socialista y por el
Grupo Popular. Para la defensa de las presentadas por este último grupo,
tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Me corresponde la defensa de las
propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización del
Tribunal de Cuentas sobre la compra y la utilización de implantes por
parte de algunos hospitales de la Seguridad Social, propuestas de
resolución que van encaminadas precisamente a intentar acabar con
actuación al menos en los años fiscalizados, 1990 y 1991, aunque en el
propio informe se hace referencia por parte del fiscalizador a que en
1994 persiste la tendencia a la falta de rigor, a la falta de
transparencia, llegando incluso a denunciarse transgresiones formales de
la Ley de contratos del Estado y de la Ley General Presupuestaria en
cuanto a la adquisición de este tipo de material sanitario.
Además, hay una reflexión importante por parte del Tribunal respecto a
que esta forma de manejar recursos públicos por parte de distintos
hospitales del Insalud está encareciendo formalmente la sanidad pública,
lo cual ha llevado al Ministerio, en vez de a exigir mayor rigor a sus
gestores y administradores en el manejo de estos recursos, a plantear una
serie de recortes formales en la asistencia sanitaria que comienzan en
mayo de 1993, con el Real Decreto de uso racional del medicamento, que
deja fuera de la gratuidad 700 medicinas, y cuyo último episodio lo
tenemos en el también Real Decreto de fecha 20 de enero, que plante para
la sociedad española un catálogo de prestaciones.
En la denuncia hecha por este Tribunal de la no homologación de prótesis
subyace la duda sobre la influencia negativa que sobre la salud de los
españoles puede tener la no equidad. La distribución irregular entre
distintos hospitales del Insalud, que hace que haya algunas zonas
españolas donde este tratamiento es imposible; la no transparencia no
sólo ya en el manejo de los fondos en sí mismos, pues denuncia incluso la
existencia de pequeños almacenes de planta en los servicios que se
dedican a este tipo de cirugía sin ningún control previo ni posterior al
implante salvo la facturación formal una vez realizado éste y el hecho de
haber sido denunciada la desaparición, concretamente en el Hospital de La
Paz de Madrid, de 14 prótesis que teóricamente deberían haber sido
implantadas en algún paciente, puesto que han sido adquiridas por el
Insalud;
no imponer el Insalud su primacía sobre el mercado, ya que prácticamente
viene a ser el que adquiere el 90 por ciento de todo el material
sanitario que se consume en este país, pone de manifiesto el hecho de
diferencias de precios para el mismo implante entre un hospital y otro,
que llega en ocasiones a alcanzar el 200 por ciento de su precio real,
con encarecimientos de un hospital a otro, también sobre prótesis y según
el precio de mercado, entre el 25 y el 30 por ciento.
Todo ello revela, por no extenderme aún más en lo que está claramente
denunciado en el informe de este Tribunal, la imposibilidad de
financiación de la sanidad pública, puesta de manifiesto por el discurrir
de los últimos años, puesta de manifiesto en estos últimos presupuestos
generales del Estado por el préstamo del Banco de España a la Seguridad
Social por un montante aproximado de 500.000 millones de pesetas para
sanear las deudas de la sanidad, principal de dicho préstamo que ha de
ser devuelto nada menos que en el año 2019, lo cual quiere decir que nos
estamos gastando el dinero que necesitamos con 25 años de antelación.
Lo expuesto nos lleva a hacer una serie de propuestas de resolución para
acabar con todas estas irregularidades, con este olor a corrupción como
en algunos casos incluso se plantea, y con atentados que pueden ser
claramente vulneradores de la seguridad con la cual acceden los españoles
a la protección de su salud. Empezamos en la resolución primera poniendo
de manifiesto la necesidad de una correcta presupuestación de la dotación
asignada a implantes; que el gasto tenga cobertura presupuestaria, que es
una norma absolutamente elemental impuesta desde el propio Tribunal de
Cuentas y que, obviamente, nos ayudaría a evitar una serie de sobrecostos
que nos está llevando a una dinámica nada deseable de insuficiencia
financiera en el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que el
Insalud, ente gestor responsable en última instancia de estos recursos,
comience por registrar en su contabilidad --lo que hasta ahora no hace,
como debe-- y satisfaga a continuación la deuda con los proveedores de
implantes, que, como otros muchos, están sufriendo gravísimos problemas,
que siendo como son pequeñas y medianas empresas, están induciendo
incluso al cierre en demasiadas ocasiones y que, además --que es lo que
nos importa en este caso concreto--, está obligando a añadir al coste
final de los productos sus costos financieros, que rondan el 15 por
ciento de su precio inicial y que también encarece los productos que
adquiere el Insalud.
En la tercera, que corresponde al número 11 de la ordenación general de
propuestas de resolución, pedimos que el Tribunal de Cuentas inste a la
Dirección General del Insalud a que elabore algo que, aunque parece
absolutamente elemental, el hecho cierto es que, por las denuncias que
establece el Tribunal, no se hace: que elabore objetivos, directrices,
protocolos, catálogos para que haya una red de implantación de prótesis
uniforme para toda España y, por tanto, equitativa para acabar con las
graves diferencias interterritoriales que en este momento se denuncian en
el informe de fiscalización.
En el punto número 12 --4.º de nuestra propuesta-- se solicita que haya
una homologación formal, hecha desde el propio Ministerio de Sanidad y
Consumo, de los implantes de fabricantes y casas comercializadoras; que
se homologuen desde la Dirección General que corresponde y no se ampare,
como está haciendo ahora, en una norma de 1978, lo cual demuestra,
teniendo que haber aplicado directivas comunitarias posteriores, un alto
grado de desidia, en definitiva, estar comportándonos prácticamente con
autorizaciones de importación desde terceros países sin que podamos
saber, efectivamente, si los criterios de homologación responden a los
españoles y responden --lo que es aún más perentorio-- a los de la Unión
Europea.
En la propuesta número 13, que la Dirección General del Insalud
establezca un sistema normalizado para el tratamiento integrado de la
información sobre implantes. Para que no haya esas diferencias entre
distintos hospitales y entre distintos servicios dentro de los
hospitales, para que se sepan a priori los presupuestos de que se dispone
para este tipo de asistencia, los gastos, la deuda, los precios, los
criterios científicos de implantación y lo que es más importante, que
existan registros oficiales de personas implantadas, de forma que
incorporándose a sus historias clínicas, tal y como se custodian
últimamente, quizás hasta pudiendo sustituir a las historias clínicas en
muchos casos, sepamos qué personas se han beneficiado de esta técnica y
sobre todo sepamos que todos los implantes que se compran por parte del
Insalud efectivamente van a beneficiar a estas personas enfermas y no a
beneficiar el bolsillo de intermediarios desconocidos que el Tribunal,
obviamente, no identifica.
Respecto al punto número 14, una obviedad --y me da hasta vergüenza tener
que plantearlo aquí--, pero decir al Tribunal que recomiende al Insalud
que cumpla la legislación de contratos del Estado pone de manifiesto las
irregularidades que se han cometido y cómo se han manejado fondos
públicos dedicados a la sanidad. Hay que tender por ello a centralizar
los concursos, a manejarse en ellos con informes técnicos rigurosos, que
respondan a principios científicos que marquen la bondad de unos
implantes sobre otros, para que impongan, de una vez por todas, desde el
Insalud su primacía sobre el mercado. Antes decía que prácticamente en
España vienen a adquirir el 90 por ciento del material sanitario del que
estamos hablando, que desaparezcan esos almacenitos de planta en donde
nadie sabe lo que entra ni lo que sale, donde no hay una persona
oficialmente dedicada a su custodia, que escapa al control, incluso, del
gerente del propio hospital y que, en definitiva, pueden dar lugar a
corruptelas nada deseables.
La propuesta número 15 se formula para que la función interventora sea
hecha desde la Intervención General de la Seguridad Social y no desde el
personal de gestión del Insalud, que el personal que debe ser intervenido
no sea el que se autointervenga con la laxitud y con la desidia que ello
supone y con el desaprovechamiento o manejo irregular de los fondos a que
ello puede llevar. Que se cobren --y parece, de nuevo, una obviedad-- las
prótesis implantadas a terceros, a aquellas personas que tienen una forma
distinta de aseguramiento o no tienen derecho al
aseguramiento que produce la Seguridad Social; en este momento simple y
llanamente se están regalando a esas personas. Vemos cómo el Ministerio
recorta medicinas o prestaciones a través del catálogo y, sin embargo, se
permite el lujo de regalar prótesis a personas que teóricamente tienen
vías distintas de aseguramiento y que podrían resarcir las delgadas y
maltrechas arcas del Insalud en este caso.
Por último, una recomendación que se basa, fundamentalmente, en el hecho
de que el propio Tribunal de Cuentas en su informe dice que, aunque la
investigación se realiza sobre los años 1990 y 1991, hay indicios de que
persisten estas prácticas --y así lo dice el informe de fiscalización--
durante el año 1994. Por lo tanto, la propuesta de resolución número 17
del orden general dice que a finales del año 1995 el Tribunal de Cuentas
remita un nuevo informe a esta Comisión Mixta con el objeto de conocer si
las prácticas denunciadas han sido subsanadas o no. En definitiva,
intentar contribuir con una pequeña parcela del gasto que genera la
Seguridad Social, el Insalud en este caso, a través de los hospitales
donde se realizan estas prácticas asistenciales y poder ayudar así a
contener el incremento desbocado de los costos que nos está haciendo
pagar en este momento un 30 por ciento más de lo que realmente cuesta la
sanidad pública.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas presentadas por el
Grupo Socialista y para expresar su criterio respecto de las del Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Vicente.
La señora VICENTE GARCIA: Mi Grupo ha presentado, en este punto, ocho
propuestas de resolución, que, a pesar de su intervención un poco
catastrofista, son bastante coincidentes con las que presenta el Grupo
Popular.
En la comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas ante esta
Comisión dijimos que asumíamos las conclusiones y recomendaciones que se
recogen en el informe de fiscalización sobre adquisición y utilización de
implantes y también de nuestras propuestas de resolución seguirían las
recomendaciones del Tribunal con el fin de dar solución a las anomalías
detectadas, si bien hacíamos hincapié en que el informe de fiscalización
abarcaba los años 1990 y 1991 y que, posteriormente, se han adoptado por
parte del Ministerio de Sanidad y Consumo medidas tendentes a subsanar
los errores detectados.
Dicho esto, quiero fijar la posición de mi Grupo respecto a las
propuestas de resolución del Grupo Popular que, como decía antes, son
coincidentes en parte; ello nos va a permitir ofrecer una serie de
enmiendas transaccionales a la mayoría. Concretamente a las números 9,
10, 11, 12, 13 y 15.
A la número 9 proponemos una transaccional para sustituir la frase «que
se tomen las medidas necesarias» por «siga adoptando las medidas
adecuadas». Solicitamos este cambio porque si bien en los años 1990 y
1991 la presupuestación era insuficiente, a partir del año 1995 y gracias
al nuevo modelo de financiación del sistema nacional de salud se hace por
primera vez una presupuestación real.
Respecto a la propuesta número 10, que en parte coincide con la número 1
presentada por el Grupo Socialista, ofrecemos una transaccional que
consistiría en sustituir la palabra «registre» por «aplique», eliminando
a partir de donde dice «que forma parte del déficit presupuestario». Esta
sustitución está justificada por las mismas razones expuestas en la
resolución anterior. Esto podría ocurrir en los años 1990 y 1991, pero
difícilmente en el año 1995 cuando se presupuesta de una manera real.
A la número 11, proponemos una nueva transacción, quedando como sigue:
«Que el Gobierno dé instrucciones para que se elaboren, a partir del
máximo consenso con los profesionales, objetivos, ...», el resto seguiría
igual, hasta donde dice: «... criterios homogéneos», eliminando a partir
de «equitativos». Creemos que sí se cumple el principio de equidad, ya
que todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de acceso a
cualquier tipo de prestación sanitaria y esto no tiene nada que ve con la
actividad implantadora de cada hospital que además va en función de las
características propias de cada uno y del tipo de población protegida,
etcétera.
En la número 12, aceptamos la propuesta de resolución del Grupo Popular
hasta donde dice «normativa vigente». Nos parece ésta una medida
importante, porque no cabe duda que la mejora de la actividad de
homologación favorecerá la ordenación y racionalización del mercado de
implantes. Sin embargo, no podemos aceptar la parte que hace referencia a
la inhibición del Ministerio, actitud que nunca ha mantenido.
Hasta el año 1991, ante la imposibilidad de proceder a la evaluación y
autorización definitiva de los implantes, debido a la escasez de recursos
personales y materiales, la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios estableció un mecanismo recogido en la circular 21/1985,
mediante el cual se emitían permisos expresos en la importación de los
productos, siempre que se satisfacían una serie de requisitos mínimos que
avalaban de forma importante su seguridad, A partir de 1991 el Ministerio
ha solicitado reiteradamente dotaciones presupuestarias que han
contribuido a paliar esta situación de falta de recursos.
Quisiera decir aquí que no se están basando en una normativa del año
1978, sino que habría que distinguir entre los implantes activos y los
que son inactivos. Para los implantes activos, que serían los marcapasos,
sí que se sigue la directiva de la Comunidad Económica Europea traspuesta
a nuestro ordenamiento jurídico en el año 1993. Para los implantes
inactivos no es de aplicación esta directiva; por tanto, sí se está
cumpliendo la normativa.
Respecto a la número 13, nuestro Grupo había presentado la propuesta
número 5 en el mismo sentido. En ella se recoge casi literalmente la
recomendación del Tribunal de Cuentas. Su aplicación nos parecía más
adecuada, pero tampoco tendríamos inconveniente en aprobar su propuesta
siempre y cuando se eliminara todo lo que viene a partir del paréntesis,
porque no nos parece adecuado que figure un listado; eso ya se
concretaría.
La número 14, en principio, no la vamos a aceptar, aunque la primera
parte es verdad que resulta una obviedad y no pasa nada porque diga que
se cumpla la normativa de
contratos del Estado. Por cierto, la señora Presidenta del Tribunal de
Cuentas en su intervención del otro día en esta Comisión dijo: Creo que
este informe no hace ninguna referencia o muy poca al incumplimiento de
la legalidad. Pero no es ése el problema que nos preocupa; nos preocupa
más la cuestión de fondo. Dada la complejidad de este tipo de implantes,
hacer un concurso centralizado provocaría, lo que viene pasando
habitualmente, que a lo mejor habría que declararlo desierto. Por eso
nosotros vamos a mantener nuestra resolución, pues creemos que la
decisión del Insalud de convocar para el presente año concursos de
determinación de tipo para los implantes, permitirán una mejora y
racionalización en la gestión y compra de estos productos, que
repercutirá, de forma importante, en el presupuesto; ayudarán,
igualmente, a subsanar las anomalías detectadas por el Tribunal de
Cuentas en relación a la adquisición de prótesis; se evitará, asimismo,
como decía antes, que sea necesario declararlos desiertos. También
evitará que la decisión sobre el tipo de implantes a adquirir recaiga
sobre los servicios médicos --de esta forma quedarían marginados los
gerentes-- y se evitarían todos esos problemas que decía antes el señor
Fernández-Miranda que parece no se controlan.
En cuanto a la número 15, no tenemos ningún problema en aceptar hasta
donde dice: los hospitales del Insalud. Proponemos al Grupo Popular que
elimine el resto, no porque no estemos de acuerdo, sino porque esto se
está organizando, pero, lógicamente, razones presupuestarias hacen que se
haga de forma paulatina y que no se pueda hacer de golpe.
La número 16 es prácticamente igual a la que presentamos nosotros con el
número 8. Yo propondría, si puede ser, votarlas en conjunto y que luego
el Presidente buscara la redacción más adecuada.
Por último, la número 17 no la vamos a aceptar, porque nos parece que
pedir un informe de fiscalización sobre algo que ya está fiscalizado
supone sobrecargar en demasía al Tribunal de Cuentas. No tendremos ningún
inconveniente, si el Tribunal lo incluye en su programa de
fiscalizaciones; pero que esta Comisión esté pidiendo constantemente
informes de fiscalización quizá imposibilite que se haga otra serie de
informes de fiscalización que seguramente también han de ser
interesantes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora Vicente, ruego pase a la Mesa las propuestas
de transacción que ha ofrecido.
Para establecer criterios respecto a las transacciones planteadas, tiene
la palabra nuevamente el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Las razones que se aducen a lo largo
de las distintas transaccionales que el Grupo Parlamentario Socialista ha
planteado al Grupo Parlamentario Popular se basan, con reiterada
frecuencia, en la incapacidad presupuestaria, en que no hay funcionarios,
en que ya están en ello, en que poco a poco lo están haciendo, en que
esto está mejorando. Respecto a las dos primeras, yo me ceñiría a citar
el propio informe del Tribunal de Cuentas porque, por otro lado, las
justificaciones que la ponente del Grupo Socialista ha hecho ante los
requerimientos de nuestras propuestas de resolución, vienen a coincidir
prácticamente con las alegaciones que, tarde y mal, según dice el propio
Tribunal de Cuentas, presentó el Ministerio de Sanidad y Consumo en su
momento.
En cuanto al rigor presupuestario, a la correcta presupuestación, donde
la ponente socialista afirma que se están arreglando las cosas, el propio
Tribunal de Cuentas dice: No se acepta la observación, a pesar de que el
Ministerio de Sanidad y Consumo (y podemos decir, en este caso, el Grupo
Parlamentario Socialista) afirma estar llevando a cabo, desde el año
1992, medidas tendentes a la racionalización del gasto, de forma tal que
el déficit presupuestario se ha ido minorando. En las pruebas realizadas
no se ha constatado que existan dichas medidas ni el Ministerio aporta
pruebas que justifiquen la minoración del déficit. Además, en la
propuesta número 9 introducir el concepto «siga adoptando» nos obligaría
a saber desde cuándo y cuáles son las medidas que se han puesto en
marcha, que son precisamente las que niega el propio Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la segunda oferta sobre la propuesta de resolución número 10,
introduce el concepto «aplique en su contabilidad presupuestaria». Para
aplicar primero hay que registrar, y no podemos dar por bueno que en este
momento haya ningún dato que nos haga creer que, efectivamente, ya se
está registrando y, por tanto, se está aplicando a continuación. Lo que
pretende suprimir son criterios básicos, desde nuestro punto de vista,
criterios racionalizadores, para que tenga adecuada cobertura del gasto
en un lado y que forme parte del déficit presupuestario del Insalud el
pago, la morosidad de los proveedores y la deuda global que con ellos
tiene, obviamente es poner de manifiesto la importancia de este punto.
Por tanto, no aceptamos tampoco la transaccional que, en definitiva,
descafeína --coloquialmente hablando-- nuestra propuesta de resolución.
En cuanto a la que se realiza sobre el punto número 11, el Grupo
Socialista dice que el Gobierno dé instrucciones para que se elabore,
cuando nosotros queremos que la Dirección General del Insalud elabore.
Pensamos que es una diferencia notable. El Insalud no está haciéndolo
ahora y es el que debe hacerlo. En cuanto a que el Gobierno le dé
instrucciones de nuevo, imagino que la Ministra de Sanidad y Consumo
estará dándoles continuamente instrucciones para que las cosas funcionen
como es debido y el hecho cierto es que no se consigue.
Plantear aquí como una de las medidas deseables el consenso con los
profesionales, me parece que es tan ambiguo como en sí mismo aparece.
¿Con qué profesionales? ¿En qué ámbito de los profesionales? ¿Deben ser
todos, los médicos, los diplomados en enfermería, los auxiliares de
clínica? En cualquier caso, serían asociaciones científicas que,
efectivamente, pongan de manifiesto, con principios de idoneidad
técnico-científica y de eficiencia, los implantes que se pueden ofrecer.
En cada variedad de los implantes que se están ejerciendo puede haber
100, 150 ó 200 tipos que introducen pequeñas variaciones técnicas que
llevan
a un «copyright», a una patente determinada, y que no introducen en
absoluto, en su inmensa mayoría, distintos criterios de eficiencia de
costo-calidad, que es en donde tiene que entrar inevitablemente el
Insalud como ente responsable del gasto, de la calidad y de la bondad de
la aplicación. Por tanto, no podemos admitirlo, al igual que suprimir el
concepto equitativo, que en este momento se está poniendo en duda por el
Tribunal de Cuentas. El hecho de que no en todos los hospitales de las
comunidades autónomas de España se puedan realizar estas técnicas, por
insuficiencia de medios tecnológicos, por insuficiencia de personal
especializado, por insuficiencia de infraestructuras adecuadas, supone
que no hay un planteamiento en equidad, por el que nosotros, sin duda
alguna, queremos luchar.
En cuanto a la transaccional sobre la propuesta de resolución número 12,
lo que S. S. ha expresado lo ha leído textualmente de su intervención del
20 de febrero. Volvemos a lo de antes. Los permisos para las
implantaciones en este momento de prótesis funcionales o no funcionales,
activas o no activas --que es el concepto adecuado--, evidentemente uno
de ellos responde a la trasposición de una directiva europea, de 1993,
pero el resto está regido por una Orden de 21 de junio de 1978. Por
tanto, han tenido tiempo --el grado de desidia del Ministerio es
patente-- como para instarles a que, de una vez por todas, tengamos unas
normas de homologación previas y, en consecuencia, haya mayor dotación de
presupuestos, de personal y de personas cualificadas técnicamente para
que España tenga un catálogo homologado de implantes en sus distintas
variedades. Por ello, tampoco nos parece que dar facilidades al
Ministerio para la pereza, cuando no para la desidia, sea recomendable
hacerlo a través del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la transaccional sobre la resolución número 13, le parece
excesivo el detalle: presupuestos, gastos, deuda, precios, criterios de
implantación y registros oficiales de personas implantadas. Señoría, esto
es de lo que no ha sido capaz el Insalud. Esta es la denuncia que
establece precisamente el Tribunal de Cuentas sobre lo que considera un
manejo, desordenado como mínimo, de estos implantes, con su altísimo
costo, con su dudosa influencia sobre la salud de los españoles, en
algunos casos y, sobre todo, con unos sobrecostos que son insoportables
en sí mismos; si no, la Ministra no habría decidido los recortes que
hasta ahora ha puesto en marcha.
En cuanto a la propuesta número 15 volvemos a lo de siempre, a que la
Intervención General de la Seguridad Social vele por el adecuado
cumplimiento de la función interventora en los hospitales del Insalud.
Esto es lo que debería ser, lo que dice la Ley, pero creo que es
importante poner de manifiesto, precisamente, parte de la denuncia que
hace el Tribunal de Cuentas, dotando a las intervenciones delegadas de
los medios personales adecuados, porque no los tienen y evitando que el
personal de gestión del Insalud se dedique a dichas funciones, porque
hace de interventor el intervenido, lo que es una práctica nada deseable.
Por tanto, en ese planteamiento, en esa técnica de diluir
responsabilidades, de no establecer con claridad cuáles son los errores,
los abusos y los despilfarros que se han cometido en estos dos años de
inspección, nos vemos en la incapacidad de poder aceptar las
transaccionales a las propuestas de resolución, incluida la 15. Su buena
intención de cuidar por la salud de los miembros del Tribunal de Cuentas
es encomiable; pero el compromiso de la Presidenta del Tribunal de
Cuentas era ahondar en el estudio del gasto que se realiza en el Insalud.
No les eviten ustedes, señorías --ya que fueron ellos los que lo
decidieron en su momento-- que realicen tan importantísima labor,
teniendo en cuenta el grave daño social que la falta de financiación del
Sistema Nacional de Salud está provocando en los españoles, con recortes
de medicinas y catálogo de prestaciones.
Por tanto, en las condiciones en que han sido presentadas, mantendremos
las nueve propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Vicente.
La señora VICENTE GARCIA: Sinceramente, lamento no poder votar en
conjunto estas propuestas de resolución, porque a pesar del desánimo que
reina en el tono de su intervención, la verdad es que dichas propuestas
de resolución, en el fondo, son bastante parecidas.
No puede decir que sean descafeinadas; nosotros no lo vemos así. Quizá
usted quiere incidir demasiado resaltando aspectos negativos en vez de
buscar solución a las posibles anomalías o fallos en la gestión del
Insalud.
Por otro lado, no hace sino aludir a los recortes al catálogo de
prestaciones, cuando usted sabe que dicho catálogo de prestaciones no ha
recortado nada sino que lo que ha hecho ha sido una ordenación de las
prestaciones a las que se tiene realmente derecho. Es más, se han
incluido algunas que antes no se prestaban, de tal forma que todo el
mundo tiene conocimiento de ellas, mientras que antes, tal vez por falta
de ese conocimiento, no estaban generalizadas a toda la población.
Vuelvo a reiterar que lamento no podamos votar en conjunto y, en
consecuencia, nosotros votaremos en contra de las propuestas de
resolución del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las propuestas
presentadas. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Solicito votación separada de la número 16, del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Además es similar a la número 8, del Grupo
Socialista.
Votamos en primer lugar, y por el orden en que han sido presentadas en la
Comisión, las propuestas números 1 a 8, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación las propuestas del Grupo Parlamentario Popular,
con excepción de la número 16, número 8 en su formulación original.
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, se vota la propuesta número 8, del Grupo Popular, que
aparece a rotulador como número 16.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Así queda resuelto el punto referido a implantes en hospitales del
Insalud.
--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR (FOCOEX),
S. A. (Número de expediente Congreso 251/000051. Número expediente Senado
771/000050.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a dictaminar las propuestas
de resolución presentadas al informe de fiscalización sobre Fomento de
Comercio Exterior (Focoex), S. A.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Nuestro grupo ha presentado, en total, un
decálogo de propuestas o de medidas encaminadas a mejorar la gestión de
la empresa pública Focoex, no sólo encaminadas a mejorar su gestión sino
también a solventar las numerosas irregularidades que, a lo largo de 24
conclusiones, ha establecido el informe del Tribunal de Cuentas respecto
de la fiscalización que ha realizado a esta empresa, en los ejercicios
1990 y 1991.
La primera de ellas habla de la necesidad de establecer sistemas de
publicidad y de concurrencia para que los contratistas no sean siempre
las mismas personas y para que el sistema que tiene en la actualidad la
empresa pública Focoex, de conceder estas operaciones a dedo, sea
sustituido por otro sistema que creemos mejorará no sólo la capacidad
exportadora del conjunto de nuestras empresas sino que favorecerá que
éstas utilicen criterios económicos y financieros más transparentes que
los existentes en la actualidad.
Posteriormente, hemos redactado una segunda propuesta en la que
pretendemos que la Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al
Desarrollo realice una función que le encomienda la Ley de creación de
los Fondos de Ayuda al Desarrollo. ¿Por qué proponemos esta resolución en
este momento? Porque Focoex es la empresa pública que a lo largo de la
historia del Fondo de Ayuda al Desarrollo ha recibido mayor número de
créditos. Hemos podido observar, a lo largo de las distintas
comparecencias de los responsables de Comercio, que por parte del
Ministerio de Comercio y por parte de la Comisión Interministerial de
Ayuda al Desarrollo, nunca se ha realizado el control a que obligaba el
artículo 6.o del Real decreto de 31 de marzo de 1977. Por tanto,
pretendemos que esto lo haga la Comisión Interministerial, que se apruebe
esta resolución, lo que, sin duda alguna, favorecerá la verificación de
la consecución del destino final previsto para los bienes y servicios,
cosa que, como ustedes saben, reflejaba una importante carencia el
informe del Tribunal de Cuentas, y también una limitación importante a su
fiscalización.
La tercera propuesta está referida a la necesidad de que Focoex limite en
sus operaciones de comercio exterior la venta de material extranjero. Se
ha dado el caso de que la operación más importante de comercio exterior
obtenida por esta empresa pública Focoex (que fue presentada, además, en
este Parlamento en 1992, por el Secretario de Estado, señor Feito, como
un éxito para el desarrollo de las industrias españolas en el exterior y
la venta y fomento de nuestro comercio exterior) en realidad, se ha
convertido en un éxito para el comercio exterior de otros países, ya que
sólo el 35 por ciento del total de material exportado en esta operación,
que ascendía a 30.000 millones, ha sido material español, el resto ha
sido material extranjero.
En la comparecencia del Presidente de Focoex, que se produjo la semana
pasada, a una de las preguntas que le hicimos sobre estas operaciones y
más concretamente sobre el hecho de que Focoex había tenido que ir a Irán
a encargar unos camiones, se nos contestó con la pintoresca excusa de que
en agosto las industrias españolas están cerradas y por eso hubo que ir
hasta Irán a buscar esos camiones. Entenderán ustedes que esta
explicación no sólo es pintoresca sino absurda y constituye un auténtico
atentado para la inteligencia de todos ustedes y de mí mismo. Por eso,
pretendemos limitar esto al 30 por ciento en los países de la Unión
Europea pues así lo marca una directiva de dicha Unión y pretendemos que
se incluya el 15 por ciento para el resto, que es también uno de los
criterios que se utilizaba precisamente en las operaciones de créditos
FAD, pero vemos que en algunas ocasiones no se ha respetado, como fue el
famoso caso del azúcar cubano.
En la cuarta propuesta, queremos que se establezcan medidas de control
que, de alguna forma, eviten la sensación de la existencia de fondos
reservados por parte de las empresas públicas que constituyen partidas
bajo el epígrafe de servicios exteriores. El propio Tribunal de Cuentas
ha señalado la imposibilidad de determinar la idoneidad y necesidad de
estas partidas y de su verificación.
En la propuesta quinta hablamos de la necesidad de que la empresa pública
Focoex proceda a la modificación de su sistema de imputación de
resultados y que, de alguna forma, también proceda a la eliminación de
algunas prácticas que ha realizado en el exterior, tendentes a la
realización de artificios contables que lo único que pretendían era
ocultar pérdidas como las que se produjeron en el año 1991.
Por lo que se refiere a la resolución número 6, pretendemos que Focoex
proceda a la disolución de su filial FISA (Focoex Internacional), creada
en 1987, como ustedes
sabrán, y domiciliada en Panamá, empresa cuyo domicilio fue trasladado
luego a las Islas Bahamas. Según el informe del Tribunal de Cuentas, la
misma carece de actividad, no ha cumplido los objetivos para los que fue
creada y, de acuerdo con las auditorías de la empresa pública Focoex, hay
que decir que encima tuvo pérdidas.
El otro día, en la comparecencia del Presidente de Focoex, el portavoz
del Grupo Socialista decía: Los socialistas, por principio, estamos en
contra de que las empresas públicas tengan filiales en paraísos fiscales.
Yo creo que ahora tienen la oportunidad de demostrar que eso es verdad
votando a favor de esta propuesta de resolución número 6 que presenta el
Grupo Popular.
Pedimos el voto favorable para la número 7, en la que intentamos que el
Fiscal del Tribunal de Cuentas emita un informe razonado sobre la posible
existencia de responsabilidades respecto de las irregularidades que se
contemplan a lo largo de las 24 conclusiones del informe que ha elaborado
el Tribunal de Cuentas. Esto clarificaría alguna de las cuestiones que se
han sustanciado a lo largo de estos días y vendría a dejarnos más
tranquilos y poder trabajar de forma más eficiente a la hora de destacar
el alcance de estas irregularidades que ha denunciado el propio Tribunal
de Cuentas.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución octava, pretendemos
que se elimine de una vez por todas la práctica que aparece en Focoex,
que parece ser también existe en otras empresas públicas, como es el
hecho de que se convocan reuniones con las mismas personas, con el mismo
orden del día y con tan sólo media hora de diferencia para tratar los
mismos asuntos que, en realidad, no supone más que un fraude para cobro
de dietas dobles. Pretendemos que eso se haga ya en la empresa pública
Focoex y que, de alguna forma, se investigue en el resto de las empresas
públicas para eliminar esta práctica que a nosotros nos parece
rechazable, tal como también le parece al propio Tribunal de Cuentas.
La novena se refiere a los contratos de personal directivo de las
empresas públicas. Pretendemos que determine su condición de personal de
alta dirección. No puede ser que estemos en esta situación de inseguridad
jurídica en la que nos encontramos, pues la empresa pública Focoex dice
que los directivos no son personal de alta dirección, pero el Tribunal de
Cuentas dice que sí. Eso tiene una importancia radical a la hora de
determinar las indemnizaciones en caso de despido o de cesación de
funciones, porque no sabemos, respecto a los casos de que habla el
Tribunal de Cuentas, si ha habido o no despido. Es un hecho evidente que
los cuatro directivos que se han ido en esta época han cobrado
indemnizaciones multimillonarias, señorías. Creemos que esto no puede
seguir así y que, de alguna forma, lo que hay que hacer es definir la
categoría y la condición de este personal. Además, hay que recordar que
Focoex tiene un alto número de directivos; nueve altos directivos en una
empresa de 94 personas es una cantidad muy importante, que no se da en
empresas privadas de este tipo que funcionan en el mercado.
Por último, pretendemos que el Tribunal de Cuentas proceda, con carácter
de urgencia, a realizar la fiscalización de las actividades de la empresa
pública Focoex durante los ejercicios 1989 y 1990, años en los que
nosotros hemos venido detectando otra serie de irregularidades; y en los
años 1993 y 1994 para ver si algunas de las que se han denunciado en el
informe de 1991 a 1992 han sido subsanadas.
Este es el decálogo que presentamos a la Cámara para su posible
aprobación. Estas son las medidas que creemos que pueden acabar con la
actual situación de la empresa pública Focoex. Sin duda alguna mejorará
la gestión de esta empresa y no sólo dará resultados más fiables sino que
procederá en el futuro a mejorar cualquier evaluación que por parte del
Tribunal de Cuentas se realice a esta empresa pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno para la defensa de sus propuestas y exponer criterios respecto a
las defendidas por el Grupo Popular.
El señor GIMENO MARIN: Intentando cubrir los dos aspectos que señala la
Presidencia de la Comisión, quiero indicar que supongo que el Fiscal
votaría el informe de fiscalización del Tribunal --me parece que también
participa-- con lo cual, creo sinceramente que no son necesarias algunas
de las consideraciones que se hacen en las propuestas del Grupo Popular;
el Fiscal ya ha participado en la fiscalización de este informe. Al igual
que yo, el portavoz del Grupo Popular sabe que la fiscalización no se ha
limitado a los determinados años a que estaba referida, sabe que también
se han incluido contratos que se extienden en años posteriores, a
aspectos que incluso podrían ser de especial importancia para alguien.
El Grupo Popular insiste permanentemente en algunas propuestas. Si se ha
hecho una fiscalización, no hagamos otra inmediatamente después. Dejemos
al Tribunal de Cuentas poder ordenar sus trabajos para que se pueda
avanzar en un planteamiento y en una actuación global sobre el conjunto
de las administraciones porque, sin ninguna duda, no sólo existe la
empresa Focoex para que trabaje el Tribunal de Cuentas.
En cualquier caso, a mí me interesa insistir en algunos de los aspectos
en los que podamos coincidir más que en otros. Mi Grupo, en sus
propuestas de resolución, señor Presidente --supongo que el portavoz del
Grupo Popular lo conoce ya--, acepta en sus propios términos las
conclusiones del Tribunal de Cuentas. Nosotros no vemos los problemas que
él plantea en las conclusiones del Tribunal de Cuentas, y cito algunos de
sus aspectos.
Usted cita el problema de si realmente estamos financiando operaciones
que benefician a países extranjeros y el portavoz del Grupo Popular hace
propuestas que yo creo que recogen lo que dice la ley en sus límites,
porque eso es lo que dice cuando habla de porcentajes del 30, del 10,
etcétera. Si se está refiriendo el portavoz del Grupo Popular a
operaciones de comercio exterior con financiación concesional bilateral,
creo tiene que saber que la normativa autoriza lo siguiente: Hasta un 10
por ciento de material extranjero como máximo, sean préstamos FAD puros,
mixtos o CESCE. No obstante, si la mercancía extranjera es origen de la
Unión Europea, puede aumentarse el porcentaje hasta el 30 por ciento,
previa autorización expresa de la Dirección General de Política
Comercial. Creo que eso lo sabe el portavoz del Grupo Popular, con lo
cual la empresa está dentro de esos límites y posibilidades.
Quiero decirle algo. Una empresa que trabaja y opera en el comercio
exterior tiene que abrir su actuación fundamentalmente a ese
funcionamiento del comercio exterior y, como consecuencia, tiene que
entrar en relaciones, sin ningún tipo de duda, con empresas de otros
países. Lo debe hacer, es necesario hacerlo y tiene que seguir una
política activa en relación con ese tipo de empresas.
Ya planteamos en otro debate, señor Presidente, y supongo que se plantean
continuamente estos debates, si el problema consiste en si la empresa
debe existir o no, desde el punto de vista de la política del Gobierno
español o de los intereses de las empresas españolas. Nuestra opinión es
que sí, pero a veces, por las dificultades que se mencionan, pienso si
los planteamientos que se hacen son ésos. Si es eso, debátase. No sé si
es ésta la comisión adecuada, creo que posiblemente no, pero el señor
Hernando sabe que sobre este tema también se debate en otras comisiones;
no sé si es en la de Economía en la que continuamente estamos hablando de
este tema.
Creo que en las propuestas que hace comete errores importantes. Las
comisiones comerciales no son 12.000 millones; en los tiempos de los que
usted habla son 4.900. Lo digo para situar los términos. Esa es la
realidad y ése es el problema. Desde un punto de vista político, me
parece excesivo para las funciones de esta modesta o importante Comisión
hacer la propuesta de que se disuelva la empresa Focoex de carácter
internacional. Inmiscuirnos en el funcionamiento de una empresa del
sector público y decir que Focoex Internacional debe desaparecer, a mí
sinceramente me parece excesivo. Posiblemente, lo podemos decir, pero yo
no sé hasta qué punto es la forma más adecuada de tomar resoluciones en
esta Comisión.
A mí me parece que se hacen planteamientos que tienen un desenfoque
jurídico importante. Porque lo quiera esta Comisión, no se puede definir
qué es un contrato de alta dirección. Lo lamento, es imposible
jurídicamente. Eso lo dicen las normas que regulan las relaciones
laborales. Y si el contrato es de alta dirección, será de alta dirección;
pero para que sea de alta dirección tiene que cumplir unos requisitos
específicos, establecidos ya no sólo por la ley sino también por la
doctrina del Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta esos criterios
antes de hacer propuestas con las que parece que se pretendiera
introducir algunos elementos de duda.
Sistemas contables. ¿Puede esta Comisión decir cuál debe ser el sistema
de contabilidad de una empresa que se regula por el Derecho privado? Ya
lo dice la ley. ¿Debemos nosotros introducir elementos como para decir
que la contabilidad debe ser analítica o no? ¿No podremos decir lo único
que dice la ley: que se siga el Plan General de Contabilidad y la Ley de
Sociedades Anónimas? A mí me parecen excesivas algunas de las propuestas
de resolución, sin ninguna duda, por exceso de buena voluntad por parte
del portavoz del Grupo Popular. A lo mejor, en ese contexto, podríamos
discutir si es conveniente o no una contabilidad analítica en esta
empresa de comercio exterior. Pero, ¿debemos nosotros introducir
elementos de esas características en la definición política de esta
Comisión? A mí me parece un exceso, en las formas, el inmiscuirnos en lo
que debe ser el funcionamiento de una sociedad anónima, aunque sea
mayoritariamente del sector público.
Podemos compartir, incluso, criterios que plantea S. S. en las
resoluciones respecto al problema de dietas o no. Pero, ¿usted cree que
en esta Comisión, en un problema que afecta a Focoex, debemos hacer
planteamientos tan genéricos como los que hace usted, que en mi opinión
ya están decididos y resueltos, como es lo que se refiere a las dietas de
los consejos de administración de todas las empresas del sector público?
Yo hasta puedo coincidir con usted en que, si alguien ha cobrado doble
dieta porque se han reunido el mismo día la comisión ejecutiva y el
consejo de administración, no sea correcto. Estoy de acuerdo. Ahora bien,
tal como plantea usted el problema, parece como si fuera un problema de
carácter general y global, y ahí no se lo puedo aceptar.
Los problemas que veo son de esas características y le repito que no creo
que sea bueno que pidamos al Tribunal de Cuentas que siga haciendo
fiscalizaciones de Focoex, que no nos producen ningún tipo de problema,
pero nos dará también muchas satisfacciones que el Tribunal de Cuentas
cumpla con los planes que existen, y de los que ha informado a esta
Comisión, para que sus trabajos comprendan el ámbito de todas las
administraciones.
Repito que mi Grupo presenta una transaccional a una de sus enmiendas
porque también coincidimos con algunos aspectos que plantea S. S. ¡Claro
que queremos libre concurrencia y que también se pueda beneficiar el
conjunto de las empresas españolas de las contrataciones o
subcontrataciones de una empresa pública! ¡Claro que queremos, como
usted! En ese contexto, no sólo le ofrecemos una transacción a su
propuesta de resolución, sino que le recuerdo que en la ley de Contratos
del Estado que se está tramitando en estas Cámaras se hace referencia a
ese tipo de cuestiones, con principios diferenciados. A nosotros nos
preocupan también otras cuestiones. A mí me parece que en esta Cámara en
algún momento --no sé cuándo, no sé tampoco si en esta Comisión o en
otra-- se tienen que producir debates. Por ejemplo, el principio de
confidencialidad que rige para las empresas que se regulan por el Derecho
privado, también afecta a las empresas públicas. En ese sentido, creo que
tendremos que producir un debate, no sólo por lo que se refiere a Focoex
sino, posiblemente, a todas las empresas del sector público, porque ése
sí que es un problema que afecta no sólo a España sino a otros países. Si
queremos sociedades anónimas que compitan con otras sociedades que se
rigen por las normas de Derecho privado, también querremos que puedan
competir en igualdad de condiciones. Ese es el sentido de las propuestas
que plantea mi Grupo.
Señor Presidente, aparte de la transaccional, aceptamos los términos de
la conclusión del Tribunal, instamos al Gobierno a que siga promoviendo
la actividad de comercio
exterior de las empresas españolas --con lo que definimos nuestra
posición--, pero queremos que se favorezca la libre concurrencia de las
empresas en sus relaciones con las empresas públicas. También queremos
que el Tribunal de Cuentas, en la medida en que el marco legal lo permita
--y somos conscientes de las limitaciones del marco legal--, siga un
proceso de fiscalización de las empresas públicas de naturaleza mercantil
privada, que permita combinar controles propios de la competencia del
Tribunal con el respeto hacia los derechos que tales empresas tienen por
ser también empresas de carácter privado en las normas que se les
aplican.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra para un turno
breve.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quiero agradecer al portavoz
socialista la cantidad de veces que coincide con este portavoz. Sin
embargo, lamento que su Grupo no vaya a aprobar propuestas en las que en
principio parece que está de acuerdo. Yo creo que no ha entendido algunas
de las propuestas que hemos hecho o que no las ha leído correctamente.
Por ponerle un ejemplo, en lo relativo a las dietas dobles, lo que
nosotros pedimos es que el Gobierno vele; no estamos acusando a todas las
empresas públicas. Pedimos que vele por que esa práctica no se realice en
las empresas públicas y que en la empresa pública Focoex, en la que sí
tenemos constancia de que se realiza, se erradique esta práctica.
En cuanto a las indemnizaciones, quiero decirle que existe una
controversia clara entre lo que dice el Tribunal de Cuentas y lo que
defiende, basándose incluso en algunas sentencias del Tribunal Supremo,
en sus alegaciones la empresa pública Focoex. Pero si veo que ustedes ya
me plantean aceptar en todos sus términos las conclusiones del Tribunal
de Cuentas, parece que ustedes dan la razón al Tribunal de Cuentas en
este aspecto, que denuncia que esas indemnizaciones han incumplido o han
contravenido la reglamentación laboral pertinente. Por lo que se refiere
a la realización de fiscalizaciones, sabemos que ésa es la teoría que
ustedes mantienen para cualquier propuesta de fiscalización que este
Grupo hace.
Yo no creo que no corresponda a esta Comisión solicitar determinados
comportamientos por parte de una empresa pública en el ámbito de las
conclusiones que realiza el control o la fiscalización del Tribunal de
Cuentas. Me parece que es lo lógico; si no, no sé para qué estamos aquí.
Manifestar opiniones sobre todo esto nos parece importante.
Ha hablado usted sobre las restricciones de la venta de material
extranjero. ¡Claro que sabemos que existen estas restricciones! El
problema es que no se cumplen y que, por ejemplo, en el caso de Angola o
en el caso famoso del azúcar cubano no se respetaron esos criterios por
parte de la empresa pública Focoex. Voy a intentar no buscar más polémica
con usted.
Refiriéndonos a las propuestas que ustedes hacen más concretamente,
nosotros vamos a aceptar la transaccional que realizan, no a la número 2,
sino a la número 1 de nuestras propuestas. Tampoco entendemos por qué
eliminaba la parte relativa a publicidad en esta transaccional, porque en
el resto coincide con el texto completo. Por otro lado, vamos a aceptar
como ustedes, en sus propios términos, las conclusiones del Tribunal de
Cuentas. Tanto las hemos aceptado, que hemos propuesto recomendaciones
que, desgraciadamente, no aparecían en este informe del Tribunal de
Cuentas.
Con respecto al segundo punto, por supuesto que estamos a favor de seguir
promoviendo actividades de comercio exterior y de que se fomente la libre
concurrencia de las empresas en sus relaciones con las empresas públicas
en el comercio exterior. Por lo que se refiere a la tercera, también
vamos a votar que sí, en el bien entendido de que esto no supone ningún
tirón de orejas al Tribunal de Cuentas, limitación alguna a su capacidad
de fiscalización, o que de esta resolución pudiera depurarse algún tipo
de limitación. Si ése es el sentido, si no pretende limitar la
fiscalización del informe del Tribunal de Cuentas, anuncio también
nuestro voto favorable a este tercer punto de la propuesta del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, seré muy breve.
En primer lugar, quiero agradecer el tono al portavoz del Grupo Popular.
Yo me alegro de que vayamos llegando a puntos de encuentro. A mí me
parece importante cuando estamos hablando de una empresa que afecta al
comercio exterior. Creo que ésa es la metodología más adecuada que nos
corresponde a los grupos de esta Cámara y, en ese sentido, me felicito.
Nosotros no pretendemos dar ningún tirón de orejas al Tribunal de Cuentas
y por eso entiendo que el portavoz del Grupo Popular pueda aceptar esa
propuesta. No sólo no es un tirón de orejas, sino que es un criterio que
incluso coincide con la posición de la Presidenta del Tribunal.
En cualquier caso, sólo hay una cuestión que me planteo y ni siquiera
pretendo la respuesta porque se me olvidó preguntárselo a la Presidenta
del Tribunal. Señor Presidente, posiblemente usted tiene más experiencia
que yo, pero en este informe que afecta a una empresa pública, hay
conclusiones, no recomendaciones, por parte del Tribunal; ésa es la
realidad. Me parece que estar de acuerdo con todas las conclusiones del
Tribunal sólo quiere decir que se entiende que los criterios del Tribunal
son los que son. Aceptamos sus criterios pero tanto nosotros como el
Gobierno podemos tener matices y discrepancias. Yo no creo que lo que
diga el Tribunal de Cuentas sea un criterio establecido perfectamente
férreo, sino que es un criterio que ayuda, bastante en mi opinión, a
conocer en profundidad lo que es el sector público en este caso.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por tanto, a las votaciones. En
primer lugar, votamos las propuestas que figuran en el cuaderno número 1
del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Votamos, a continuación, las propuestas del Grupo Popular, números 2 al
11.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, hay una transaccional a la
número 1, que corresponde al número 2 de la numeración de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la transacción ofrecida por
el Grupo Socialista a la número 1 --número 2 en el cuaderno que hemos
manejado--, presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, las propuestas del Grupo Popular, números 3 al
11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Con esto concluimos el punto referido a Focoex.
--INFORME DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTACION REFERIDO AL EJERCICIO DE 1991. (Número
de expediente Congreso 251/000053. Número de expediente Senado
771/000053.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a las propuestas de
resolución referidas a la fiscalización del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria.
Para defender las propuestas presentadas por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Antes de entrar en nuestras propuestas, tenemos
que decir que hemos de aceptar la propuesta genérica en los términos en
que está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, puesto que
aceptamos en sus propios términos las conclusiones del Tribunal de
Cuentas. Más allá de estas conclusiones, el Tribunal de Cuentas en su
informe requiere que se auditen los ejercicios económicos posteriores al
año 1991. No supone esto un trabajo considerable para el Tribunal, porque
estamos hablando de un organismo que, después de transferidas la mayor
parte de sus instalaciones a las comunidades autónomas, tiene un tamaño
reducido y, por tanto, es fácil de investigar y no creemos que suponga
una carga de trabajo importante para el Tribunal. También solicitamos que
el Tribunal informe sobre el estado actual de la pieza separada que abrió
en su día en relación a las irregularidades a que hacía referencia el
apartado 7.23 de las conclusiones del informe emitido.
Finalmente, sin llegar a pedir al Tribunal un informe de gestión sobre la
actividad realizada por el INIA, lo que pedimos en la tercera propuesta
es que parcialmente se nos informe de los trabajos que fueron realizados
por terceros --es decir, trabajos que el INIA contrató a terceros-- y, al
mismo tiempo, qué cantidades fueron abonadas a estos terceros y quiénes
fueron las personas o empresas que adquirieron o comercializaron los
resultados de los programas de investigación. En un organismo de
investigación --podríamos hablar tanto del INIA como de organismos de
investigación a nivel del Estado-- creemos que es conveniente saber qué
parte de su presupuesto se gasta en subcontrataciones con terceros y qué
parte se gasta directamente con los funcionarios y con los investigadores
de la plantilla para saber, en el supuesto de organismos que tienen
transferidas buena parte de sus competencias a las comunidades autónomas,
si está justificado o no el mantenimiento de una estructura
administrativa que carga, como es lógico, en los gastos de los
Presupuestos Generales del Estado.
Estas serían las tres propuestas que sometemos a votación en el día de
hoy.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor San Martín.
El señor SAN MARTIN SALA: En la propuesta de resolución presentada por el
Grupo Socialista se trata de aceptar en sus propios términos el informe
de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas, referido al
ejercicio 1991, del Instituto de Investigación Tecnológica Agraria y
Alimentaria. Lo hacemos por creer que es un informe llevado a cabo con
criterios objetivos y técnicos. Nos parece que pone en conocimiento
distintas anomalías de la gestión de dicho Instituto, aspectos todos
ellos subsanables. Es bueno para este organismo esta fiscalización
contable administrativa, para que de esta forma, en base a las
recomendaciones hechas por el Tribunal, los responsables actuales puedan
corregir estas anomalías y el funcionamiento de este organismo público y
que se haga en el marco del plan general contable para las
Administraciones públicas. Nos consta, señorías, que para conseguir estos
fines se están tomando medidas oportunas con resultados positivos.
Respecto a la segunda propuesta de resolución presentada, el Grupo
Parlamentario Socialista, al que yo represento, se va a oponer. Lo hace
por creer que la inspección realizada en el ejercicio 1991 ha sido
suficiente para tener conocimiento de la situación de este organismo y
poder hacer una serie de recomendaciones para encauzar y mejorar toda su
contabilidad y gestión económico-financiera. En todo caso, sería más
práctico solicitar realizarlo, si es posible, por medios del Tribunal de
Cuentas, a partir del ejercicio actual, puesto que de esa forma se vería
si verdaderamente se habían puesto en práctica aquellas recomendaciones
hechas por el Tribunal. ¿Por qué no se debe hacer y repetir en cada uno
de los organismos inspeccionados todos
los años? Yo creo que esto implicaría tal magnitud de trabajo que
prácticamente sería imposible que el Tribunal de Cuentas pudiera llevarlo
a cabo en todos ellos.
Este Grupo cree que el Tribunal de Cuentas, una vez hecha una
fiscalización, debe priorizar sus trabajos en aquello que esta Cámara
demanda y que es su labor ordinaria. Si nuestro Grupo Parlamentario
comprobara que en una institución ya fiscalizada existían una serie de
anomalías importantes que repercutieran en los fondos públicos, no cabe
duda de que estaría dispuesto a pedir y apoyar toda serie de
fiscalizaciones. Por eso, señorías, nuestro Grupo Parlamentario se va a
oponer a esta propuesta de resolución.
Respecto a la propuesta de resolución número 3, del Grupo Popular, la
vamos a apoyar pensando que es bueno que el Tribunal de Cuentas en este
caso informe, para conocimiento y tranquilidad de esta Cámara, sobre qué
medidas se han tomado, qué se ha hecho, en definitiva, cómo está en ese
momento la situación en cada uno de los aspectos referidos a la pieza
separada resaltada en el apartado 7.23 de las conclusiones del informe de
fiscalización del INIA.
Por último, respecto a la propuesta de resolución número 4, del Grupo
Popular, mi Grupo se va a oponer por creer que ésta no es la vía más
adecuada para recabar información de la gestión, trabajos de
funcionamiento e incluso resultados de proyectos de investigación de un
organismo público, en este caso el INIA.
Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, creemos que no es la
misión más ajustada a las funciones ordinarias del Tribunal de Cuentas la
de informar con carácter general a esta Cámara de los distintos aspectos
de gestión de cada una de las instituciones y empresas sometidas al
control del Tribunal de Cuentas. Los Diputados de los diferentes grupos
parlamentarios tienen los cauces más ajustados para pedir esta
información a través del artículo 7.º del Reglamento de la Cámara.
Por todo lo dicho, repito, nuestro Grupo se va a oponer también a esta
propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: El señor Jordano tiene la palabra.
El señor JORDANO SALINAS: Voy a consumir un turno intentando convencer al
portavoz del Grupo Socialista de que varíe la postura inicial que ha
mantenido .
Cuando nosotros hemos pedido que se auditen los ejercicios posteriores al
año 1991, es precisamente porque en este organismo, el INIA, el Tribunal
establece que los estados financieros no reflejan la imagen fiel de su
situación financiera; que carece de procedimiento de control interno; que
no es fiable el estado de cuentas sobre gastos de personal; que es
frecuentemente demandado ante la jurisdicción laboral, etcétera.
Evidentemente, son salvedades las que hace el Tribunal de una importancia
tan seria, incluido que la Cuenta de 1991 del INIA no se rinda ante el
Tribunal hasta el año 1994, que consideramos que es bueno que el Tribunal
verifique cuál ha sido la actitud contable y de trabajo del INIA en los
ejercicios posteriores a 1991, sin que nos valga que el INIA diga que lo
está arreglando todo y que va francamente bien. Precisamente por esa
circunstancia extraordinaria que pone de manifiesto el Tribunal es por lo
que hemos solicitado el análisis de los ejercicios posteriores a 1991.
En cuanto a la última de las conclusiones, el Tribunal de Cuentas no
tiene que limitarse a verificar la corrección contable de los organismos
que audita. No se trata exclusivamente de una auditoría contable, sino de
una auditoría que compruebe también la eficacia del gasto, y para
comprobarla en un organismo es necesario hacer una auditoría de gestión.
Hemos pedido una auditoría de gestión limitada no a la totalidad del
trabajo del INIA, sino, en concreto, a los trabajos de investigación que
subcontrata el INIA con terceros, porque creemos que es una auditoría
fácilmente realizable para el Tribunal de Cuentas español.
Si nos limitamos al criterio estricto de comprobar la corrección contable
de las anotaciones de un organismo público, nos limitaríamos a comprobar
que las cuentas del debe y el haber suman la misma cantidad y lo daríamos
por bueno, porque contablemente tiene una apariencia de corrección.
Creo que hay que entrar también en el concepto de la eficacia del gasto y
que una auditoría con criterios modernos no se limita a la corrección
formal de la contabilidad, sino que entra en cómo se ha empleado el
dinero concreto que un organismo público ha gastado.
El señor PRESIDENTE: El señor San Martín tiene la palabra.
El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, en contestación
rápida a la sugerencia del portavoz del Grupo Popular, le tengo que decir
que no creemos oportuno seguir haciendo inspecciones en ese sentido,
puesto que supondría también hacerlo en otros casos con carácter general,
ya que en los distintos informes se reflejan algunas de las anomalías de
gestión. Viendo las recomendaciones, creemos que están más enfocadas a
que se mejore la gestión llevada a cabo que a determinar aspectos graves.
Estimamos que es más un informe de cara a mejorar la gestión. En todo
caso, como hemos dicho, sería hacer fiscalizaciones posteriores a esta
fecha para ver si verdaderamente las recomendaciones se han cumplido. No
creemos procedente que tenga que repetirse esta inspección, puesto que
las conclusiones, y más aún, las recomendaciones no derivan hacia esa
preocupación que el portavoz del Grupo Popular tiene.
--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
(ZAMORA), REFERIDO A LOS AÑOS 1989 A 1991, AMBOS INCLUSIVE. (Número de
expediente Congreso 251/000048. Número de expediente Senado 771/000048.)
--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO
ABAD (BALEARES), REFERIDO A LOS AÑOS 1989 A 1991, AMBOS INCLUIDOS.
(Número de expediente Congreso 251/000050. Número de expediente Senado
771/000051.)
--SOLICITUD A LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE UNA FISCALIZACION ESPECIFICA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA
LEY ORGANICA 2/1982, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, CON EL FIN DE ACLARAR LA
GESTION DEL SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES, ORGANISMO AUTONOMO
COMERCIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA. A SOLICITUD DEL G. P.
IU-IC. (Número de expediente Congreso 253/000013. Número de expediente
Senado 772/000008.)
El señor PRESIDENTE: Antes de someter las propuestas de resolución a
votación, quiero informar de que los puntos del orden del día referidos
al informe sobre el Ayuntamiento de Benavente y el Ayuntamiento de San
Antonio Abad no han tenido propuestas de resolución, por lo que se da por
finalizado el trámite correspondiente y podrán ser publicados tanto en el
«Boletín de las Cortes» como en el «Boletín Oficial del Estado».
En cuanto al punto 3 del orden del día, relativo a una solicitud de
fiscalización del Servicio Militar de Construcciones, que había
presentado el Grupo de Izquierda Unida, se ha recibido un escrito en la
Mesa pidiendo su retirada.
Deseo informar también de que el día 21 de marzo, a las diez de la mañana
y en el Palacio del Senado, se presentarán los informes relativos a los
gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Andalucía, así como
los de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones al
Parlamento Europeo.
Hechas estas aclaraciones, pasamos a votar las propuestas de resolución.
Creo que se pueden votar conjuntamente la número 1, del Grupo Socialista,
y la número 3 (2 en su número original), del Grupo Popular, puesto que
ambos Grupos han manifestado su intención de votarlas favorablemente.
Si no hay oposición, sometemos a votación dichas propuestas de
resolución.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación, votamos las números 2 y 4 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
No habiendo más puntos en el orden del día y dándoles las gracias a todos
ustedes, levantamos la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.