DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1995 V Legislatura Núm. 63
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 19
celebrada el lunes, 13 de febrero de 1995,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Ministro de Economía y Hacienda, Excmo. Sr. don Pedro
Solbes Mira, para informar del Programa Marco de apoyo comunitario a
Regiones de objetivos 1, 2 y 5 b. (Números de expediente S. 711/000112;
C. D. 215/000485.) (Página 1269)
Pregunta de don Diego López Garrido sobre razones por las que se ha
producido un reparto desigual del Fondo de Cohesión a las Comunidades
Autónomas. (Números de expediente S. 683/000021; C. D. 181/001184.)
(Página 1269)



Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.




--COMPARECENCIADEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA INFORMAR
DEL PROGRAMA MARCO DE APOYO COMUNITARIO A REGIONES DE OBJETIVOS 1, 2 Y 5
B. (Números de expediente S. 711/000112; C. D. 213/000485.)



--PREGUNTA DE DON DIEGO LOPEZ GARRIDO SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA
PRODUCIDO UN REPARTO DESIGUAL

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DEL FONDO DE COHESION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (Números de expediente
S. 683/000021; C. D. 181/001184.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

Buenas tardes, señoras y señores Diputados y Senadores, buenas tardes,
señor Ministro. La sesión del día de hoy tiene como motivo principal del
orden del día la comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda
para informar del Programa Marco de apoyo comunitario a Regiones de
Objetivo 1, 2 y 5 b), a solicitud del Grupo Socialista.

Posteriormente, existe un segundo punto que es una pregunta del portavoz
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Diego López
Garrido, que nos hace llegar una solicitud de aplazamiento de esta
pregunta oral en Comisión, que entró en Registro el 10 de febrero.

Curiosamente hoy nos acompaña la nota de que él se encuentra enfermo. En
cualquier caso, señorías, como esta Comisión tiene muchísimos temas
pendientes, muchísimo trabajo que desarrollar en el corto espacio de
tiempo que queda antes de iniciar la Presidencia española de la Unión
Europea en junio de este mismo año, la Mesa ha entendido que esta
pregunta va a decaer en la tarde de hoy, porque lo que no podemos hacer
--nos viene ocurriendo ya con alguna frecuencia-- es convocar reuniones
en las que la Mesa ampliada, Mesa y portavoces, estamos de acuerdo en las
fechas, y por unas razones o por otras nos encontramos con que el día en
el que nos reunimos, como pasó la semana pasada cuando compareció el
señor Ministro de Asuntos Exteriores, y hoy con el señor Ministro de
Economía y Hacienda, no se pueden tratar los puntos del orden del día.

Los Ministros no es que hagan un hueco en su agenda, sino que ellos saben
que tienen la obligación de comparecer ante el Congreso o el Senado y lo
hacen en las fechas que con ellos acordamos. Por lo tanto, entendemos
desde esta Mesa, y yo como Presidenta me vuelvo portavoz de esta
decisión, que no puede ser, salvo un caso muy excepcional, que
modifiquemos el orden del día cuando la notificación nos llega en la
misma tarde y en el mismo momento de comenzar la reunión. Por tanto, esta
reunión será hoy más breve, y pasaremos, luego, como saben ustedes, en la
segunda parte de la tarde, a reunirnos ya simplemente los miembros que
forman parte de la Ponencia, consecuencia de la ampliación, y tendremos
la ocasión de escuchar también al señor Ministro. Por lo tanto, esta
primera parte del pleno de la Comisión quedará reducida a un solo punto
del orden del día. Para su desarrollo, doy la palabra, a continuación, al
señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias a todos por su presencia en la Comisión
en el día de hoy, en el que voy a intentar explicar un tema complejo,
como es el de la aplicación de los fondos comunitarios en nuestro país a
través de los marcos comunitarios de apoyo.

Yo creo que sus señorías conocen todos bien la naturaleza de los Fondos
Estructurales, el juego de fondos de cohesión-fondos estructurales, el
juego de las perspectivas financieras, el incremento importante de las
perspectivas financieras en lo que se refiere, como consecuencia de la
cumbre de Edimburgo, de los fondos de naturaleza estructural para los
años 1994 respecto al 1999 en comparación con el año anterior, y yo creo
que también conocen perfectamente cuál era la cifra en principio
atribuida a nuestro país para este quinquenio. En su momento hablamos de
175.000 millones de ecus, a precios del año 1992, que supone una cifra, a
155 pesetas por ecu, muy significativa. De esos 175.000 millones de ecus,
habíamos comentado ya en alguna otra ocasión que 158.000 se destinarían a
Fondos Estructurales y 16.650 millones de ecus a Fondos de Cohesión. Eso
es lo que nos da la importancia relativa de unos y otros fondos en el
marco comunitario.

Es verdad que a partir de las perspectivas financieras y una vez
establecidas las mismas, es necesario para que dichos fondos se pudieran
utilizar poner en marcha otros dos nuevos instrumentos. En primer lugar,
poner en marcha la normativa jurídica básica para la utilización de los
mismos, y que en el caso del Fondo de Cohesión se hace, básicamente, a
través del reglamento provisional del Fondo de Cohesión que está en vigor
hasta el año 1993, momento en el que se pone en marcha el reglamento
definitivo. En segundo lugar, la distribución indicativa de los recursos
entre los distintos Estados miembros. Este es un aspecto fundamental
porque es lo que después nos va a permitir ver qué es lo que va destinado
a cada Estado miembro de la cuantía total.

Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, la asignación indicativa que
se realiza para nuestro país no se hace en términos absolutos sino en
términos de una horquilla porcentual que, en el caso español, se sitúa
entre el 52 y el 58 por ciento del total de los Fondos de Cohesión.

En el caso de los Fondos Estructurales europeos, y para sus tres
objetivos, 1, 2 y 5 b, el reparto se realiza con otros criterios, los
definidos en los propios reglamentos, que tienen el siguiente resultado.

Primero, en lo que se refiere al Objetivo 1, que es el más importante ya
que estamos hablando de un montante de 106.000 millones de ecus para el
período 1994-99, España percibirá el 26,3 por ciento de dicho Objetivo.

Así, España se convierte en el Estado miembro que recibe una mayor
contribución de dichos fondos. Además, esta distribución es mejor que la
del año 1989-93, y junto con Alemania somos el único país que mejora su
situación. Es evidente que en ecus, por habitante nuestra situación es
buena pero, lógicamente, es peor que la de Grecia, Portugal e Irlanda,
cuyos niveles de renta son sustancialmente inferiores a los nuestros.

Estas cifras a las que me acabo de referir como Objetivo 1 son cifras
globales.

Cuando la referencia es por Objetivos, la distribución es coherente con
la situación anterior. En Objetivo 1 somos el país que más extensión
tiene, el 28 por ciento, ya que la cifra que he dado anteriormente del
26,3 por ciento es el total. En Objetivo 2 somos el tercer país, después
del Reino Unido y Francia (recibimos el 16,2 por ciento del total de los
recursos). Y en el Objetivo 5 b, de zonas agrarias, es verdad que en
términos cuantitativos tenemos un menor peso y, por lo tanto, los
recursos percibidos son el 10,8 por



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ciento, aunque en este caso concreto somos el Estado miembro más
beneficiado en términos de recursos por habitantes.

En definitiva, cuando se ven estas cifras analizadas de forma conjunta
hay que concluir que los resultados finales del reparto de los Fondos
Estructurales Europeos asignados por objetivos son realmente positivos
para nuestro país. Ello es resultado, por supuesto, de los principios que
se aprobaron en Maastricht y Estrasburgo, que nos permiten hablar al
final de la cifra de 39.600 millones de ecus, equivalentes a algo más de
seis billones de pesetas, que se dedican, en primer lugar y con gran
diferencia, al Objetivo 1; en segundo lugar al Objetivo 2, con una
cantidad sustancialmente inferior y, en tercer lugar, al Objetivo 5 b.

En el Fondo de Cohesión nuestra participación final es de 8.457 millones
de ecus, no en un período de cinco años sino, en este caso, de seis años,
1993-99. Y, finalmente, en las iniciativas comunitarias recibimos 2.000
millones de ecus de la parte que se atribuye por la Comisión a los
distintos Estados miembros.

No obstante, esta asignación, que tiene carácter indicativo y que nos
resulta favorable, no garantiza automáticamente que los distintos fondos
que se nos distribuyen estén a disposición de nuestro país. Para la
aplicación de los recursos estructurales europeos se exige, de acuerdo
con los reglamentos que los regulan, una serie de tareas de programación
previas a que los Estados y regiones beneficiarios comiencen a recibir
dichos recursos. En el caso de los Fondos Estructurales estas tareas son
bastante complejas, componiéndose básicamente de tres fases: en primer
lugar, la elaboración de los planes de desarrollo regional para las
regiones Objetivo 1, de los de reconversión regional para el Objetivo 2 y
de zonas rurales para el Objetivo 5 b. En segundo lugar, los marcos de
apoyo comunitarios, a los que posteriormente prestaremos especial
atención, que pretenden relacionar todos los elementos que se aplican en
cada zona, de tal forma que se establezca una programación global que nos
permita conocer la totalidad de fondos disponibles.

El marco de apoyo comunitario no es otra cosa que un documento de
programación que incluye una serie de elementos. En primer lugar, la
cuantía total que corresponde a cada Estado miembro; en segundo lugar, el
reparto por fondos de esa cuantía total, qué parte corresponde al Feder,
qué parte al Fondo Social, qué parte al Feoga-Orientación, y también, en
las nuevas perspectivas financieras, qué parte corresponde al IFOP
(Instrumento Financiero de Ordenación Pesquera). Además de la cuantía
total y del reparto por fondos, hay que hacer también la distribución por
ejes, entendiendo por tales las líneas de actuación o líneas de gasto que
van a ser financiadas; dicho de otra forma, las prioridades materiales
que se van a definir en cada uno de los marcos de apoyo comunitarios.

También se establece en los marcos de apoyo comunitarios el montante de
recursos con que pueden contar para cada línea de gastos las diferentes
administraciones nacionales o los agentes inversores que participan en la
utilización de estos fondos. Y, finalmente, las tasas de cofinanciación y
las condiciones que deben cumplir los marcos de apoyo comunitarios para
que se puedan aplicar. El marco, a diferencia de los planes de desarrollo
o de reconversión regional, sí tiene una naturaleza contractual en tanto
que obliga a su cumplimiento tanto a la Comisión como al propio Estado
miembro.

Una vez que hemos definido los marcos de apoyo comunitarios, y de acuerdo
con la Comisión, se denominan las formas de intervención, que son las
actuaciones específicas contempladas en los reglamentos, que adoptan
distintas formas tales como los programas operativos, las subvenciones
globales, las subvenciones específicas y que son las que permiten el
acceso concreto a los fondos.

En lo que se refiere a las diferentes tareas de programación en España,
hasta el momento se han ido cubriendo todas las exigencias según los
plazos establecidos por la reglamentación comunitaria. Me voy a referir a
continuación a la elaboración y presentación de los distintos planes, así
como de los marcos de apoyo comunitarios.

Los planes de desarrollo regional son, sin duda alguna, los de mayor
importancia. Su objetivo fundamental es definir las cuantías previstas
para el Objetivo 1 en el territorio de las Comunidades Autónomas que son
receptoras de dichos fondos. Nuestro plan de desarrollo, como tuve
ocasión de informar en esta Cámara creo que en mi última comparecencia,
se presentó el 20 de octubre de 1993. Por supuesto, ese plan se ha
elaborado de acuerdo con las Comunidades Autónomas implicadas.

El plan de reconversión regional y social de los años 1994-99 afecta
evidentemente a las regiones que no son Objetivo 1, es decir, todas
aquellas que reciben los Objetivos 2 ó 5 b; en nuestro caso concreto, las
Comunidades Autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra,
País Vasco y La Rioja. El plan de reconversión se presenta el 24 de abril
de 1994 y, como en el caso anterior, también se elaboró con participación
de las administraciones autonómicas interesadas.

Casi en las mismas fechas, el 27 de abril de 1994, se presentó el plan de
desarrollo para las zonas rurales del período 1994-99, que afecta al
Objetivo 5 b. Estamos hablando en este caso de una población afectada de
1.700.000 personas, cuantía sustancialmente inferior a los prácticamente
ocho millones de personas afectadas en el Objetivo 2.

Como decía, tras la elaboración de los planes lo realmente significativo
es la aprobación de los marcos de apoyo comunitarios, que se negocian con
la Comisión y que se aprueban por ésta. A finales de junio de 1994, la
Comisión de la Unión Europea aprueba, por decisión publicada en el
«Diario Oficial de las Comunidades», el correspondiente marco de apoyo
comunitario referente al Objetivo 1, que es, sin duda alguna, el más
importante de todos por la concentración de recursos que en el mismo se
producen. La negociación de dicho marco se había iniciado en el mes de
febrero y en ella habían participado también, por supuesto, las
Comunidades Autónomas implicadas.

El marco de apoyo comunitario para las zonas Objetivo 2 y documentos
únicos de programación, es decir, una



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forma específica de intervención en las regiones 5 b, se aprueba los días
30 y 25 de diciembre pasado, con excepción del documento único de
programación del Objetivo 5 b, correspondiente a Baleares, que se aprueba
el 18 de enero de este mismo año.

Por lo que respecta a las formas de intervención, el último proceso de la
utilización de los marcos de apoyo comunitarios, la situación es la
siguiente. El 28 de abril se presentan las formas de intervención
correspondientes a los Objetivos 1 y 2, a pesar de que el marco de apoyo
comunitario correspondiente al Objetivo 1 aún no había sido aprobado y de
que las negociaciones relativas al Objetivo 2 ni se habían ni se han
comenzado todavía. ¿Por qué presentamos esta última fase del período
antes de obtener la aprobación de los correspondientes marcos?
Indudablemente, para poder utilizar los fondos del año 1994, ya que
únicamente se pueden obtener fondos con cargo a dicho año en el caso de
que las formas de intervención se presentasen antes del 30 de abril de
este año.

En estos momentos ya están aprobadas por la Comisión la práctica
totalidad de las formas de intervención correspondientes al Objetivo 1, y
suponen más del 90 por ciento de los recursos asignados a España en
virtud del mismo. Están aprobadas, asimismo, las formas de intervención
correspondientes al Objetivo 5 b, toda vez que las mismas están
integradas en los documentos únicos de programación que se presentaron el
25 de diciembre y a los que he hecho anteriormente referencia.

Por razones de sobrecarga de trabajo en los servicios de la Comisión, y a
pesar de que ya ha transcurrido un largo período de tiempo, aún no han
sido aprobados los programas operativos correspondientes al Objetivo
número 2, que esperamos puedan ser aceptados, finalmente, en el mes de
febrero o, a más tardar, en la primera quincena de marzo.

Puede resultar de interés para la Comisión, dada la importancia que
reviste, que nos refiramos al contenido del marco de apoyo comunitario
aprobado para las regiones Objetivo 1, Objetivo 2, y para los documentos
únicos de programación del 5 b.

El marco comunitario de apoyo se eleva, al final, a un volumen total de
gasto, por lo tanto total de inversión, de 48.905 millones de ecus; dicho
en otros términos --un ecu equivalente a 155 pesetas--, aproximadamente
7,6 billones de pesetas.

De estos 12.751 millones de ecus que corresponden a inversiones a
realizar por las administraciones públicas españolas, 9.850 se destinan a
inversiones de empresas privadas, y 26.300 a la contribución comunitaria
de Fondos Estructurales. Estos 26.300 millones de ecus representan un
aumento muy notable respecto de la ayuda recibida entre los años 1989 y
1993 que se limitaba a 9.779 millones de ecus del año 1989, que en
términos actuales equivaldrían prácticamente a unos 12.000 millones de
ecus.

Como decía anteriormente, en el marco de apoyo comunitario hay que
recoger también la asignación de recursos por cada eje, los objetivos que
pretendemos con dichos recursos y cuáles son las políticas que vamos a
poner en marcha.

En el marco de apoyo aprobado, el número de ejes contemplado es muy
numeroso, pero al objeto de ver las grandes prioridades tal vez
pudiésemos distinguir cuatro grandes objetivos: la mejora del sistema
productivo en industria, turismo, agricultura y pesca; los recursos
humanos y la calidad de vida, la infraestructura del transporte y los
equipamientos de base, fundamentalmente, agua y energía.

En el marco de apoyo comunitario de los años 1989 a 1993 la gran
prioridad fue la de infraestructuras de transporte, para lo que
dedicamos, prácticamente, el 33 por ciento del marco de apoyo de aquel
momento. Le seguían en importancia los recursos humanos y la mejora de la
calidad de vida, posteriormente la mejora del sistema productivo y,
finalmente, los equipamientos.

En el nuevo marco de apoyo comunitario se ha mejorado de forma sustancial
el primer eje, es decir, la mejora del sistema productivo en industria,
turismo, agricultura, pesca e I+D. Es cierto que seguimos utilizando
todavía más recursos para los recursos humanos y la mejora de calidad de
vida, el 34 por ciento del total disponible, pero la mejora del sistema
productivo se encuentra ya con una participación porcentual prácticamente
del 33 por ciento del total de fondos. Eso supone una clara disminución
de los fondos dedicados, en términos porcentuales, a infraestructura del
transporte y al mantenimiento de los equipamientos de base. Sin embargo,
es cierto que en términos absolutos ni siquiera la infraestructura del
transporte ve disminuida su participación como consecuencia de la mayor
base sobre la que recaen los nuevos porcentajes que a partir de ahora se
aplican.

Otro aspecto a destacar en los temas referentes al marco de apoyo
comunitario es el relativo a la asignación por regiones. Los Fondos
Estructurales asignados a España según el marco de apoyo comunitario
están destinados a cofinanciar las inversiones que se realizan en las
regiones elegibles en virtud del Objetivo número uno, con independencia
de quiénes sean sus agentes inversores. Tomando en consideración todos
los agentes inversores, tanto las Comunidades Autónomas como el Gobierno
central, vemos que de los 26.300 millones de ecus, hay 2.446 que no son
regionalizables y el resto, los 23.800, se distribuyen entre las
diferentes Comunidades Autónomas susceptibles de recibir fondos Objetivo
1, de acuerdo con una serie de criterios que, lógicamente, priorizan la
superficie, la población y el nivel de riqueza. En consecuencia,
Andalucía es la primera Comunidad Autónoma receptora de fondos, con el
28,8 por ciento del total; Galicia la segunda, con el 13,7 por ciento;
Castilla y León la tercera, con el 12 por ciento; la Comunidad valenciana
la cuarta, con el 11,2 por ciento; Castilla-La Mancha la quinta, con el
ocho por ciento; Extremadura la sexta, con el 7,7 por ciento, y así las
demás, hasta llegar al mínimo de participación de las ciudades de Ceuta y
Melilla, con un 0,3 por ciento de participación total.

Un aspecto adicional interesante a resaltar en la distribución de Fondos
Estructurales es el reparto entre los agentes inversores de carácter
institucional. En el marco de apoyo comunitario 1994-1999 hay una parte
que va



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destinada a cofinanciar las inversiones que las administraciones
territoriales realizan en sus ámbitos de competencia. Se reflejan, por
tanto, en dicho marco cuáles son los recursos de los que va a disponer
cada uno de estos agentes en este período.

Para ello, el marco de apoyo comunitario distingue entre lo que se
denominan submarcos plurirregional y regional. El plurirregional
corresponde, prácticamente, a lo que podemos llamar actuaciones de la
Administración central, las empresas públicas y la Administración local
que a estos efectos se incluye con la Administración central. El submarco
regional corresponde a aquellos fondos que van a ser utilizados por las
Comunidades Autónomas.

En el submarco plurirregional, es decir, el que corresponde a la
Administración central, empresas públicas y Administración local, el
total de fondos disponibles es de 17.400 millones de ecus, mientras que
las Comunidades Autónomas dispondrán de un total de 8.878 millones de
ecus, aproximadamente 1,4 billones de pesetas, que suponen el 33 por
ciento de los fondos disponibles.

Los repartos entre las distintas Administraciones autonómicas, que
recogen los distintos submarcos regionales, se hace por fondos. Para
ello, hay que llegar a un acuerdo previo con la Comisión de la Unión
Europea. Se utilizan criterios similares a los que usa la Comisión de la
Unión Europea para establecer la distribución indicativa entre los
diferentes estados miembros. Evidentemente, aquí no me estoy refiriendo
al Fondo de Cohesión, que tiene un tratamiento específico, donde no hay
regionalización y donde la valoración de los proyectos se realiza de
acuerdo con los propios criterios.

En el caso de los fondos disponibles en el submarco, por tanto, ya no de
la cantidad total de los 26.300 a los que anteriormente hice referencia,
sino de los 8.878 que utilizan las Comunidades Autónomas para actividades
propias de las mismas, también Andalucía es la que tiene una mayor
participación, con el 27,2 por ciento del total de lo que corresponde a
las administraciones autonómicas. Galicia ocupa el segundo lugar, con el
13,8 por ciento, Castilla y León en tercer lugar, con el 13,1 por ciento,
y la Comunidad valenciana en cuarto lugar, con el 11,8 por ciento.

Un punto que es interesante destacar también es el papel o la modulación
que la cofinanciación juega en los distintos supuestos. A través de una
mayor o menor cofinanciación se toma en consideración el mayor o menor
nivel de riqueza de una determinada Comunidad Autónoma. La cofinanciación
es mayor en las regiones menos desarrolladas o especialmente periféricas,
como Extremadura, Andalucía, Galicia y las ciudades de Ceuta y Melilla.

En media nacional la cofinanciación realizada con fondos comunitarios en
el momento actual es de un 67 por ciento del total de la inversión, lo
cual supone 10 puntos porcentuales más elevada que en el marco de apoyo
comunitario de los años 1989 a 1993. Hasta ahora he dado los grandes
datos del marco comunitario de apoyo en la parte que se refiere al
Objetivo 1.

En lo que se refiere al marco comunitario de apoyo del Objetivo 2, me
gustaría destacar también algunos elementos que me parecen de interés. En
primer lugar, el volumen total de gasto asciende en estas regiones de
Objetivo 2 a aproximadamente 3.500 millones de ecus. La aportación de
fondos estructurales comunitarios se elevará a 1.130 millones de ecus, la
Administración nacional aportará 1.300 millones de ecus y el gasto
privado asociado se elevará a una cifra próxima a los 1.050 millones de
ecus. El grueso de los 1.130 millones de ecus de aportación comunitaria
lo realizará el Feder con un 77 por ciento, seguido, evidentemente, del
Fondo Social Europeo.

En cuanto a la asignación de los recursos por zona también se aplican los
mismos criterios que utiliza la Comisión de la Unión Europea para el
reparto de los fondos en los diferentes estados miembros; es decir, la
población y la tasa de paro, con unas ligerísimas correcciones, para
evitar que alguna Comunidad Autónoma recibiera cantidades prácticamente
testimoniales. De acuerdo con dicho reparto, los Fondos Estructurales
recibidos por estas Comunidades Autónomas son los siguientes: Aragón el
5,7 por ciento de este Objetivo; Baleares el 1 por ciento; Cataluña el 46
por ciento; Madrid el 13 por ciento; Navarra el 2 por ciento; La Rioja el
1,2 por ciento, y el País Vasco el 30,8 por ciento.

Por ejes de intervención, es decir, por objetivos finales, el desarrollo
del transporte, vinculado a la actividad económica, es básicamente
financiado por el Feder, mientras que el Fondo Social Europeo se dirige a
financiar prácticamente los restantes ejes, excepto el de protección
medioambiental.

Finalmente, en las regiones 5 b de las Comunidades Autónomas no de
Objetivo 1, se dispone de 664 millones de ecus adicionales, que también
se tienen que repartir de acuerdo con el marco comunitario de apoyo
correspondiente. En este caso el grueso corresponde --es lógico-- a la
aportación del Feoga-Orientación, el 62 por ciento (estamos hablando del
desarrollo agrario), y en cuanto al reparto entre las Administraciones
corresponde, prácticamente, el 36 por ciento a las Administraciones
central y local y el 64 por ciento a las autonómicas. En este caso, como
es lógico, la Administración autonómica más beneficiaria de las zonas no
es de Objetivo 1 es Aragón, dada su importancia, seguida de Cataluña,
Navarra, Baleares, Madrid, La Rioja y País Vasco.

Estos son los grandes datos de que disponemos en estos momentos sobre la
utilización de los Fondos Estructurales y que espero que puedan servir
para tener una visión globalizada de cuáles son las cuantías totales
actualmente disponibles, cómo se han repartido hasta ahora y cómo se ha
planteado su utilización. Problema distinto es el Fondo de Cohesión,
sobre el que se había planteado específicamente una pregunta y al que me
referiré ahora de forma muy rápida. En primer lugar, en el Fondo de
Cohesión no hay reparto por Comunidades Autónomas. Evidentemente, hay una
utilización de dichos fondos, de acuerdo con las características de cada
inversión y sí puede existir una constatación a posteriori de cuáles son
los territorios en los que se han utilizado. Por tanto, es absurdo
plantearse en los Fondos de Cohesión problemas de igualdad o desigualdad
de reparto, porque, como decía antes, no responde a estos criterios sino
a otros totalmente diferentes.




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Estos son los datos y estoy a disposición de sus señorías para cualquier
aclaración adicional que pueda ser de interés.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su información, señor Ministro.

Antes de dar la palabra a los distintos portavoces, señorías, quiero
informarles de que se han producido algunas sustituciones, que ya han
sido incorporadas, de miembros de esta Comisión. Concretamente el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha sustituido a
sus Diputados Joaquín Molins y Francesc Homs por los Diputados Salvador
Carrera y Joaquima Alemany. La señora Alemany pasará a ser ponente de la
reunión que tendremos a continuación con el señor Ministro y el señor
Carreras será el portavoz de esta tarde. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular --sólo hoy--, el Senador don José Luis López
Henares sustituye al Senador don Jesús María de Castro Asensio.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
José Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Socialista había solicitado en su
momento --así se ha producido hoy-- la comparecencia del Ministro de
Economía y Hacienda ante esta Comisión Mixta para las Comunidades
Europeas por estimar que a lo largo del año 1994 se han producido
importantes decisiones, en lo que se refiere a la distribución de los
Fondos Estructurales europeos, Feder, Fondo Social Europeo,
Feoga-Orientación, así como al Fondo de Cohesión, cuya creación, como
todos sabemos, derivó del Tratado de la Unión Europea.

Y, en efecto, habiendo escuchado con mucho interés la intervención que ha
tenido el señor Ministro, nos reiteramos en la oportunidad de su
comparecencia, por cuanto, en efecto, el año 1994 resultó singular en lo
que se ha referido a la vinculación del Gobierno español, a través de las
distintas Administraciones públicas del Estado español y con la consulta
correspondiente a las corporaciones locales, con la propia Comisión
Europea, tal como ha indicado detalladamente el señor Ministro, y tal
como ha explicado de manera secuencial en su desarrollo temporal a lo
largo del año 1994. De ahí el que en estos momentos, en que estamos
iniciando la singladura parlamentaria en el año 1995, parezca muy
oportuna su intervención, en función del conjunto de datos que nos ha
aportado y de las perspectivas que dichos datos aportan a la
estructuración económica de las Administraciones públicas a lo largo del
quinquenio que ya hemos comenzado --del año 1994 al 1999--, de forma que
parece lógico el interés que tienen las Cortes Generales por producir
debates sobre estos asuntos.

Por tanto, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas
en el Senado se está analizando con carácter notablemente exhaustivo, en
una Ponencia dedicada al estudio de los Fondos Estructurales, Fondos de
Cohesión, a los efectos de emitir a finales de los meses de junio o julio
el informe correspondiente y debatirse en el Pleno. También parece
razonable que tratándose de temas de esta naturaleza se produzcan los
debates correspondientes en esta Comisión Mixta especializada en las
Cortes Generales y regulada por ley. De ahí, desde luego, reiteramos la
importancia de su comparecencia, el análisis que ha realizado y la
información que nos ha transmitido y, cómo no, en las perspectivas de
comunicación en cascada que se pueden producir desde el Gobierno a las
Cortes Generales y, a su vez, los propios parlamentarios, dado que éste
es un tema de una gran sensibilidad en todas las corporaciones locales y
en las Comunidades Autónomas españolas. Nosotros, a su vez, haremos caer
en cascada --reitero-- esta importante información en aquellos que van a
ser protagonistas esenciales de la elaboración y ejecución de los
trabajos, cuyas líneas maestras ha expuesto el señor Ministro.

En efecto, el señor Ministro ha indicado que, como consecuencia del
trabajo intenso de la Comisión Europea, incluso los marcos comunitarios
de apoyo para las regiones Objetivo 2 de algunos puntos del Estado
español, como pueden ser Aragón, Cataluña, Navarra, Baleares, Madrid,
etcétera, están --me pareció entender-- prácticamente culminadas por
parte de la Comisión Europea y, consiguientemente, es de prever que,
terminado el primer trimestre del año 1995, el Estado español tenga
perfectamente configurado todo el conjunto de los programas operativos
que desarrollan los marcos comunitarios de apoyo para estos tres tipos de
actuaciones, tanto para las regiones Objetivo 1, como para las Objetivo
2, como para, en efecto, las regiones Objetivo 5 b.

Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Socialista no quiere dejar pasar
la oportunidad de efectuar una valoración del momento y de lo que
significa el conjunto de actuaciones que se van a producir a lo largo de
los próximos cuatro años, actuaciones que van a requerir, como usted muy
bien ha indicado, de la coparticipación de todas las Administraciones
públicas españolas, de los sectores productivos, de los colectivos
empresariales, de todos aquellos que tienen algo que decir en el seno de
la sociedad española.

En lo que se refiere al Fondo de Cohesión, no queremos dejar pasar la
oportunidad de indicar que en el Estado español nos va a corresponder, en
el período 1994-1999, un conjunto aproximado, me pareció entender, del 58
por ciento del total del Fondo definido por la propia Comisión Europea.

He prestado mucha atención a su intervención, en lo relativo a este
seguimiento de los datos, en lo que se refiere a los Fondos Estructurales
europeos, el reparto indicativo por países del montante asignado a los
objetivos de los fondos más vinculados a la política de cohesión en los
tres apartados correspondientes a los tres objetivos indicados. Nos
parece que las cuantías globales, señor Ministro, resultan satisfactorias
y muy positivas para nuestro país, por cuanto de un montante global, como
muy bien ha indicado usted, de más de 107.000 millones de ecus en cifras
redondas para este período de tiempo, España va a percibir más del 26 por
ciento. Con ello nuestro país es el que recibe una mayor contribución de
esos fondos.




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Nosotros hemos analizado las líneas maestras por las que van a discurrir
esas actuaciones merced a los fondos a los que me estoy refiriendo. Las
prioridades que se han fijado en la asignación de los recursos
estructurales contemplados en los marcos comunitarios de apoyo y que
indican líneas directrices generales a seguir por las Administraciones
públicas nos ponen de manifiesto, en primer lugar, que los marcos
comunitarios de apoyo de los tres tipos han apostado de manera muy clara
y rotunda por la mejora del sistema productivo, tanto en los sectores
industriales, con el apoyo a la pequeña y mediana empresa, como en la
agricultura, en la pesca, en el turismo, en la investigación y
desarrollo, y todo ello de cara a producir un reforzamiento, un
recrecimiento del ya notable y palpable crecimiento económico que
experimenta nuestro país, que se ha definido en la línea de la creación
de empleo y a efectos de contribuir de manera decisiva con uno de los
problemas sociales que tiene que inspirar necesariamente la filosofía
sobre la que se ha de sustentar cada uno de los marcos comunitarios, como
es la de la generación de empleo.

También nos ha parecido muy importante la evaluación que se ha hecho de
los recursos humanos de cada una de las Comunidades del Estado español,
así como de la situación de nuestro medio ambiente. Y, naturalmente, la
inspiración en estas dos piezas claves de lo que debe ser un entramado
sobre el que se sustente una actuación gubernamental nos va a permitir y
posibilitar la creación de un tejido productivo y la generación del
empleo al cual estoy haciendo referencia.

Señor Ministro, los equipamientos de base, la atención innegable a la
temática del agua, tan de actualidad hoy, la generación de
infraestructura para producir la acumulación de agua en distintas zonas
deficitarias del Estado español, la generación de energía, todo ello está
inspirando actuaciones recogidas en los marcos comunitarios de apoyo. Si
a esos marcos comunitarios de apoyo pensamos que se pueden sumar las
diferentes actuaciones que ha impulsado el Ministerio para las
Administraciones Públicas, con ese 7 por ciento de los Fondos
Estructurales que se designan a las actuaciones de las Administraciones
locales españolas, junto con las iniciativas comunitarias --el señor
Ministro, lógicamente, no se ha referido a ellas porque no era el tema de
su intervención, pero a este interviniente socialista le parece oportuno
que se ponga de manifiesto-- que se publicaron el pasado 1.º de julio, a
las que se han adherido y en las que se han apoyado las diferentes
Administraciones locales, qué duda cabe que van a producir un efecto
acumulativo que abre unas perspectivas y un reto de actuación muy
sugestivo para las Administraciones locales de todo nuestro país.

Señor Ministro, nosotros entendemos que la coordinación necesaria --y
ésta es una reflexión de naturaleza política-- que tiene que producirse
entre el Ministerio de Economía y Hacienda, las diferentes Comunidades
del Estado español, las Administraciones locales y las agrupaciones
empresariales distribuidas a lo largo y ancho del Estado español tienen
que hacer fluir unos mecanismos de conexión, de transmisión de
información que quizá hasta ahora no han sido lo suficientemente fluidos.

Quizá los marcos comunitarios de apoyo de algunas Comunidades del Estado
español, y no es imputable sino a toda una celeridad de actuación
impuesta por la propia Comisión Europea, no han sido gestados por un
proceso con la suficiente racionalidad de elaboración de abajo arriba.

Muchos parlamentos regionales...




La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya terminando.




El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora Presidenta.

Muchos parlamentos regionales, repito, por circunstancias que no han de
ser analizadas en esta Comisión, no han producido los debates
correspondientes de los que se han denominado programas o planes de
desarrollo regional en las respectivas Comunidades. No obstante y a pesar
de ello, los gobiernos regionales han hecho llegar al Ministerio de
Economía y Hacienda las líneas maestras de actuación, lo que inserto en
una política de Estado ha dado ese conjunto documental al que se ha
referido el señor Ministro.

Termino, señora Presidenta. Más de 7 billones de pesetas puestos en juego
ante las diferentes Administraciones del Estado español en los distintos
niveles llevan inexorablemente a que desde esta propia Comisión
invoquemos a un sentido gerencial de la Administración pública, porque es
evidente que los distintos programas plurirregionales no podrán ser
ejecutados si no hay administraciones dinámicas. Hay ventanillas abiertas
que año tras año requerirán, en este período hasta 1999, de actuaciones
por parte de las distintas Administraciones que encontrarán cauce
presupuestario tal como está establecido a nivel teórico. Pero si la
elaboración de proyectos y el dinamismo gerencial de nuestras
Administraciones no da el suficiente nivel, corremos el riesgo de que
cuando finalice el siglo, consiguientemente terminando el período de
aplicación de este marco, este planteamiento estructural, del cual nos
felicitamos, podrá no ver culminadas en plenitud las perspectivas a las
que el señor Ministro ha hecho referencia.

Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias, señora Presidenta, y
muchas gracias, señor Ministro, por la información detallada y concisa
que nos ha dado. Yo voy a hacer una intervención basada en unas preguntas
que me suscitan algunas de las decisiones que últimamente ha tomado su
Departamento y el Gobierno en su conjunto.

Mi primera pregunta, señor Ministro, es la siguiente. En inversión
pública o recorte en los Presupuestos Generales del Estado, ustedes,
desde la aprobación de los mismos, a finales del año pasado en las
Cortes, han anunciado ya un primer tramo de 150.000 millones y un segundo
de 400.000 millones de reducción. ¿Qué grado de repercusión



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puede tener, desde el punto de vista de la inversión institucional que el
Gobierno español realiza, en obras que se hayan aprobado con la
participación del Gobierno central? ¿La hay o no?, porque posiblemente
esto puede llevar a un desequilibrio.

La segunda pregunta, señor Ministro, es la siguiente: Con respecto a la
confinanciación de los agentes inversores institucionales, ¿nos podría
dar el señor Ministro un avance informativo de cuál es el grado de
participación de estos agentes inversores institucionales? ¿Ocupan en el
«ranking» un mayor puesto los ayuntamientos o las Comunidades Autónomas
o, en el caso del Archipiélago canario, los cabildos insulares?
La tercera pregunta sería: ¿Cuál es el grado de cumplimiento y de
ejecución de las subastas y obras correspondientes? Tengo conocimiento de
que hay Comunidades Autónomas o inversores institucionales que,
correspondiéndoles la participación porcentual respectiva en las obras,
tienen problemas de financiación y de la aportación de los recursos
correspondientes. Incluso en algunas Comunidades Autónomas hay proyectos
aprobados en la asignación por regiones, en la cofinanciación, que en
este momento se están quedando sin ejecutar porque no se han hecho las
aportaciones de la cofinanciación correspondiente a estos agentes
inversores institucionales por parte de la Administración local o
territorial española.

La cuarta pregunta, señor Ministro, con respecto a la asignación por
regiones de estos Fondos Estructurales, es si en el caso del Archipiélago
canario se ha introducido algún factor corrector basado en la
clasificación que ya se hizo en el Tratado de Maatricht de considerar
dentro del Estado español al Archipiélago canario como región
ultraperiférica. Como usted conoce muy bien --ya que en épocas pasadas ha
llevado directamente estos asuntos, y nos ha informado en la Comisión
tiempos atrás con gran detalle-- la resolución que aprueba Maastricht de
regiones ultraperiféricas, en la que introduce al Archipiélago canario,
señala unos compromisos de financiación en las obras o proyectos
correspondientes que, por supuesto, tienen que ser atendidos con cargo a
los Fondos Estructurales y a los Fondos de Cohesión.

La última pregunta --agradeciéndole las respuestas que me pueda dar hoy,
o remitiéndolas a la Comisión-- es con respecto a los Fondos de Cohesión.

Como usted bien ha dicho en la breve parte que ha dedicado al final de su
intervención a los Fondos de Cohesión, no hay repartos por Comunidades
Autónomas. Yo pregunto: ¿Cuál es el criterio que el Gobierno y su
Departamento han seguido en los repartos correspondientes? Aunque no hay
cupos porcentuales claros y definidos como están con respecto a los
Fondos Estructurales, me gustaría saber si en este devenir de asignación
de recursos a las Comunidades Autónomas por los Fondos de Cohesión, el
Gobierno ha establecido o pactado con las Comunidades Autónomas algunos
criterios --basados por supuesto en la solidaridad-- en el reparto de los
Fondos de Cohesión y, sobre todo, respecto a qué proyectos, dado que
usted ha sido muy meticuloso en el detalle de los tipos de aprobación de
los programas operativos, bien para la mejora del sistema productivo,
bien para infraestructuras del transporte, bien para turismo, etcétera,
si en estos Fondos de Cohesión también se está generando, digamos, algún
marco de referencia para ese tipo de programas correspondientes.

Nada más, señora Presidenta; muchísimas gracias, señor Ministro.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don
Salvador Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Gracias, señora Presidenta; gracias, señor
Ministro, por su comparecencia en esta Comisión Mixta para la Unión
Europea.

He seguido, sin duda, con atención la información facilitada del Programa
Marco de apoyo comunitario a Regiones de Objetivos 1, 2 y 5 b, en
general, y en cuanto a cifras globales, con la relación que se ha hecho y
con la referencia a temas estructurales de cohesión; la normativa
jurídica básica; los criterios de reparto; el Objetivo 1, en el que
remarca el señor Ministro que somos el país de más extensión, no tanto en
el 5 b; los resultados finales de los Fondos Estructurales, que dice el
señor Ministro que cree que son positivos; los comentarios para la
aplicación de los recursos en los que se requiere una elaboración de
planes, unos marcos de apoyo, una programación global, unos marcos
comunitarios y las formas de intervención, así como la falta de
aprobación de los objetivos con sus prioridades, en el que el señor
Ministro indica que en el sistema productivo se ha mejorado. Hace
referencia a los recursos humanos y a la infraestructura del transporte,
terminando, señor Ministro, mi anotación a su propia intervención, en lo
que hace referencia a asignaciones por regiones, a cuestiones de
cofinanciación, a detalles por eje de intervención y a Fondos de
Cohesión.

Por mi parte, haré algunas reflexiones sobre dos cuestiones: la
intervención de los Fondos Estructurales y las diferencias existentes
entre las propias zonas. Todo ello, dentro de unos conceptos ya sumamente
conocidos como, por ejemplo, que el regionalismo es una fuente de futuro
para Europa, un marco privilegiado de participación ciudadana, y que la
integración europea y el impulso a la regionalización no son fenómenos
contradictorios, al contrario, y que Maastricht se marca como objetivo,
como todo el mundo sabe, reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones.

Dentro de estos conceptos enmarco las siguientes reflexiones: La primera,
en cuanto a la distribución de los recursos comunitarios entre las
diferentes Administraciones, en donde, como dice el señor Ministro, la
presencia de las Comunidades Autónomas es cierta en la planificación, y
la distribución de los recursos asignados a cada región quizá debería
efectuarse en función de las competencias que cada una tenga. Entendemos
que no pasa así, ya que la Administración central ha establecido unas
cuotas para ella misma, para la Administración autonómica y para la local
que no reflejan las competencias o el esfuerzo de cada Administración.

Pensamos que, de cara al



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futuro, a la elaboración de planes específicos, podría ayudar a mejorar
la coordinación y la transparencia en la gestión de los Fondos
Estructurales. A pesar de que por la etapa que comienza creemos que sólo
se ha realizado en el caso del Objetivo 5 b, entendemos que aun así sería
posible establecer marcos comunitarios de soporte específico para cada
Comunidad Autónoma, en los cuales se determinara la distribución de
recursos entre las diferentes Administraciones en función de las
competencias que cada una de ellas tenga.

La segunda reflexión es sobre las diferencias entre las propias zonas.

Creo que éste es un tema también muy conocido y que el propio señor
Ministro habrá analizado y sopesado, pero, según nuestro criterio,
existen demasiadas diferencias entre el Objetivo 1, el Objetivo 2 y el 5
b, no sólo en cuanto al destino final de la inversión --mucho más amplio
en el Objetivo 1--, sino también, con la importancia que tiene, en la
cofinanciación, que es mucho más baja en el 2 y 5 b. Por lo tanto, más
que pedirle una aclaración al señor Ministro, quisiera decirle que quizá
valga la pena hacer un intento cerca de la Unión Europea para ver si es
posible reducir estas diferencias entre los distintos objetivos.

Gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Carrera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador don
Mariano Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Gracias, señor Ministro, por su amable información. Este es un tema que
se ha tocado en repetidas ocasiones, tanto en ésta como en otras
comisiones. Creo recordar que, concretamente, en la Comisión de Economía
y Hacienda del Senado en el mes de julio se explicó uno de los próximos
marcos de apoyo comunitario, MAC, para 1994-1998 que estaba en fase de
elaboración y aprobación. Por tanto, señora Presidenta, en general son
datos bastante conocidos que se han expuesto en repetidas ocasiones. No
obstante, agradecemos la presencia del señor Ministro por la información
que nos ha proporcionado.

Analizando sus datos, puesto que son definitivas las cifras que nos ha
dado, hemos hecho una pequeña operación aritmética y obtenemos que en el
caso de España los fondos financieros por habitante respecto a las
regiones con Objetivo 1 ascienden a unos 800 ecus por persona, resultado
de dividir los 23.800 millones de ecus que nos ha citado el señor
Ministro por la población de la zona cubierta que viene a ser del orden
de los 30 millones de personas. En el caso de las zonas que están
cubiertas por el Objetivo 5b, sin embargo, baja a 400 ecus por persona,
es decir, la mitad; de 800 ecus en el caso de regiones Objetivo 1 a 400
ecus en el caso de regiones Objetivo 5b, ya que la aportación comunitaria
para este último objetivo, según nos ha dicho el señor Ministro, es de
664 millones de ecus y la población cubierta es de 1,7 millones de
personas. Para el caso del Objetivo 2, la dotación es de 260 ecus por
persona con una dotación comunitaria de 1.050 millones de ecus para una
población cubierta de 8 millones de personas.

Como acaba de mencionar el portavoz del Grupo parlamentario de
Convergència i Unió que me ha precedido en el uso de la palabra, hay
bastante divergencia entre las dotaciones que para las diferentes
regiones, según estén cubiertas por unos u otros objetivos, alcanzan los
fondos comunitarios: 800 ecus en el caso de las regiones con Objetivo 1;
400 ecus en el caso de las regiones con Objetivo 5b.

Señor Ministro, el problema que se ha suscitado en varias ocasiones a lo
largo de las intervenciones habidas cuando se han tratado estos temas es
que España podría haber incluido más regiones que las que actualmente
tiene dentro del Objetivo 1, concretamente algunas de las que actualmente
están en el Objetivo 5b, si hubiera seguido los mismos criterios y
hubiera tenido los mismos éxitos que han obtenido otras naciones
europeas, que en la renovación de los marcos de apoyo comunitario
1988-1993 y 1994-1998 consiguieron introducir una serie de regiones por
encima de los mínimos establecidos del 75 por ciento o que no se
conformaban con la definición del Nut 2, es decir, la administración
territorial a la cual se aplica el Objetivo número 1. Es conocido que
Bélgica introdujo Hainaut, Francia introdujo unos departamentos, Holanda
introdujo una región que creó al efecto, Inglaterra amplió el número de
unidades, y en la ampliación que recientemente se ha aprobado Austria ha
introducido la región de Burgenland en el Objetivo número 1.

Evidentemente, esta región de Austria, comparada con otras regiones
austríacas, tiene una situación más desfavorable en cuanto al producto
interior bruto por habitante, pero comparada con regiones españolas que
están fuera del Objetivo número 1 como Aragón, La Rioja, e incluso si me
apuran algunas zonas de Cataluña, de la provincia de Tarragona o de
Lérida, la región del Burgenland no es precisamente una región atrasada;
es más bien una región que tiene unos niveles de renta por habitante
superiores a los que tienen estas regiones que están al margen del
Objetivo número 1.

En esa negociación, y se ha dicho varias veces, España mantuvo su
participación pero no amplió el número de regiones que se podían incluir
en el Objetivo número 1. Desde luego yo debo hacer mención concretamente
a Aragón, o a la mayor parte de Aragón, posiblemente a La Rioja, o a la
mayor parte de La Rioja, y a algunas comarcas de otras regiones no
incluidas que he mencionado. De modo que estas zonas, en vez de obtener
una financiación de 400 ecus por persona, que es la que les corresponde
según los datos que nos ha dado el señor Ministro hace unos momentos,
podrían haber obtenido una financiación de 800 ecus por persona. Quizá
éste sea el elemento más característico que podamos destacar en estos
momentos en cuanto a las cifras que nos ha dado el señor Ministro.

La ocasión y la situación en la que nos desenvolvemos nos lleva a otro
punto diferente e importante que debe señalarse en estos momentos. Se
trata de la característica que los fondos europeos tienen de
adicionalidad, palabra que en la jerga comunitaria significa que las
dotaciones que proceden de los fondos europeos para inversiones en los



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países con objeto de ayudar a su desarrollo son o deben ser, así lo dicen
las normas que los crean, adicionales a las inversiones que los propios
países destinan; no «en lugar» de las inversiones de los propios países,
no son sustitutorias sino adicionales.

No deja de ser paradójico que esta comparecencia se produzca a los pocos
días de que el Gobierno haya anunciado una reducción en las inversiones
de 150.000 millones y una congelación o unas reservas por importe de
400.000 millones de pesetas que suponemos que en gran medida afectarán a
las inversiones públicas del Estado, con lo cual podríamos encontrarnos
con que las inversiones en 1995 van a disminuir en una cifra del orden de
500.000 millones de pesetas.

Señor Ministro, las cifras que usted nos ha dado de los fondos que
proceden de Europa nos producen satisfacción a nosotros y a todos los
españoles, como es natural, pero significa que desde Europa de alguna
forma se está llegando a sustituir lo que aquí no hacemos y que
deberíamos hacer. Esto es grave para las perspectivas de crecimiento
económico de este país. Es grave porque los fondos que nos tienen que
llegar de Europa para ponernos a su altura no son además del esfuerzo que
nosotros deberíamos hacer, sino en vez de. Desde el punto de vista de
nuestra propia identidad es grave por nuestras perspectivas de
desarrollo, pero adicionalmente es grave, señor Ministro, porque puede
crear problemas cara al exterior y cara a Europa del propio mantenimiento
de los fondos de cara al futuro. Es evidente que si nos ponemos en la
posición de franceses, holandeses o alemanes ellos estarán dispuestos a
ayudar a los países que están en un nivel de desarrollo más atrasado para
que se pongan al día y se incorporen, pero verdaderamente tiene que ser
más dramático o menos asumible mandar fondos a estos países para que
hagan las inversiones que dejan de hacer, es decir, para sustituir sus
inversiones. Evidentemente pensarán que si este dinero público lo
gastamos en otras atenciones, no son ellos los que deben sufragar las
inversiones que nosotros no debemos dejar de hacer.

He puesto el ejemplo de los recortes que se han hecho hace unos días y
las reservas que se han anunciado porque es algo que está en la opinión
pública, pero éste, señor Ministro, es un problema grave que viene
arrastrándose durante los últimos cinco años. Como usted sabe, y lo hemos
dicho en muchas ocasiones al debatir los Presupuestos, las inversiones,
el capítulo VI, y si me permite el señor Ministro, incluso el capítulo de
operaciones por capital, capítulo VII, vienen decreciendo
sistemáticamente en los últimos años. El porcentaje de las operaciones no
financieras ejecutadas, es decir, del gasto no financiero del Estado,
capítulo VI y VII, de las operaciones de capital, ha descendido desde el
año 1991 de un 16,8 por ciento al 10 por ciento. Lleva camino de
reducirse a la mitad en un período de cuatro años, señor Ministro. Es
decir, estos fondos europeos que han venido en los años pasados han
sustituido o complementado lo que nosotros hemos dejado de invertir y las
perspectivas para el año 1995 son graves.

Los fondos europeos son importantes porque son inversiones que necesitan
nuestras Comunidades Autónomas, nuestras provincias, nuestras comarcas
para desarrollarse, pero las inversiones son importantes todas, las que
vienen de la Comunidad Económica Europea y las que deberían venir y no
vienen procedentes de la Administración Central en este caso. La
consecuencia es que este tema se trata aquí, en primer lugar, porque hay
que verlo globalmente, y en segundo lugar, aparte de ser un tema de
importancia que puede tratarse en otra ocasión, es difícil ir a Europa a
pedir estos fondos como antes he señalado si nosotros no nos ayudamos a
nosotros mismos, y no lo estamos haciendo en estos procesos de
desarrollo, señor Ministro, en la medida en que deberíamos estarlo
haciendo.

Esta mañana antes de venir he preparado este gráfico, la línea roja
señala el porcentaje de las operaciones no financieras y cuáles son los
gastos de capital, y como verá es una línea que cae de una forma
impresionante, señor Ministro. Esto no puede ser así y además no creo que
esta situación de Europa se pueda mantener durante mucho tiempo. Los
europeos, como he dicho, estarán dispuestos a ayudarnos si ellos ven que
nosotros estamos en condiciones y decidimos ayudarnos a nosotros mismos,
pero en base a las cifras de ejecución de los Presupuestos y de las
perspectivas que tenemos para este ejercicio 1995 ésta no es la realidad
que en estos momentos podemos hacer llegar a Europa.

Para terminar, le planteo dos temas concretos; en cuanto a los Fondos de
Cohesión, quiero señalarle que, como se sabe, están sujetos al
cumplimiento de los criterios de convergencia. No hace falta insistir en
cuanto se sabe que el único criterio que cumplíamos, el del porcentaje en
la Deuda Pública del 60 por ciento, o lo hemos dejado de cumplir o
estamos a punto de dejar de cumplirlo, con lo que esto supone en cuanto a
cantidad de fondos, como el propio Ministro ha señalado.

Por otra parte, respecto de la ejecución de alguno de estos problemas, se
han suscitado reservas por el Tribunal de Cuentas Europeo. Este tema es
importante y hay que tener cuidado en esta materia. Es posible que la
penuria de inversiones lleve a que se financien con fondos europeos
fondos que deberíamos estar financiando nosotros mismos. Por tanto, la
necesidad de aumentar las inversiones que nosotros financiamos con
nuestros propios fondos debe tratar de lograr que aquello que no es
compatible con las normativas de los fondos europeos lo hagamos con
nuestra propia financiación, evitando así esta clase de comentarios por
parte del Tribunal de Cuentas Europeo que pueden poner en peligro los
fondos y que, desde luego, pueden dar argumentos a aquellos sectores de
opinión europeos que están en contra del mantenimiento de estos Fondos de
Cohesión o, incluso, de los Fondos Estructurales.

En tercer lugar, señalaré, señor Ministro, la escasez de proyectos de
medio ambiente, concretamente en el caso de los Fondos de Cohesión,
respecto de los cuales en muchos casos hay aspectos que poner de
manifiesto, como la lentitud por parte del Gobierno en aprobar unos
instrumentos importantísimos para el desarrollo de proyectos de
inversión. Y me voy a referir concretamente al tema del agua,



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puesto que esta cuestión está en estos momentos en candelero.

En 1985, señor Ministro, se aprobó la Ley de Aguas. Desde entonces han
pasado diez años. Creemos que es tiempo suficiente para que se hubieran
realizado ya los planes de cuenca y, en consecuencia, el Plan Hidrológico
Nacional. Por el contrario, han pasado ya diez años y ni está aprobado el
Plan Hidrológico Nacional ni ningún plan de cuenca. Este Senador, a
título personal, creo que hace ya cuatro o cinco años, presentó algunas
alegaciones al plan hidrológico de la cuenca del Ebro y aún está
esperando que le contesten. Creemos, pues, que ha habido tiempo
suficiente para elaborar estos planes, cuya existencia permitiría la
realización de proyectos en materia tan importante como la hidráulica,
muy relacionada en este país --diría, incluso, que fundamentalmente en
este país-- al tema del medio ambiente. Si no hay proyectos y capacidad
de inversión en medio ambiente en temas hidráulicos es porque,
básicamente, toda esta documentación que debería estar ya plasmada --y
tiempo ha habido porque han trascurrido diez años-- no está en
condiciones aún de ser ejecutada porque no están todavía aprobados esos
planes.

En consecuencia, si tenemos que acudir a planes de infraestructura --que
bienvenidos son--, suscitamos las críticas de la Unión Europea por no
desarrollar proyectos de medio ambiente, de los cuales una parte muy
importante corresponde a los temas hidráulicos, por lo que no son los
europeos los que tienen la culpa. Quizás sea esta lentitud, por las
causas que en esta ocasión no conviene analizar, por la que todos estos
planes de cuenca --y el Plan Hidrológico Nacional, que debería
desarrollarse a continuación-- no están elaborados.

Y éstos son los puntos que en relación a la comparecencia que hoy ha
hecho el señor Ministro respecto a los marcos de apoyo comunitarios en
esta Comisión tenía este portavoz del Grupo Popular que realizar.

Muchas gracias, señora Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alierta.

Antes de dar la palabra al señor Ministro para responder a los distintos
portavoces, en sustitución del señor Anasagasti, por el Grupo vasco del
PNV, tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señora Presidenta, por permitirme
intervenir en nombre del Grupo Parlamentario vasco del PNV, y gracias
también al señor Ministro por las explicaciones que nos ha dado en la
comparecencia de esta tarde.

Me voy a referir exclusivamente y con mucha brevedad a la parte referente
a los Fondos de Cohesión, respecto de los que, como está establecido, el
período de solicitudes para el año 1995 finaliza el día 15 de este mes,
dentro de dos días exactamente.

A este respecto, no sé si el señor Ministro estará en condiciones de
poder adelantarnos algo sobre los proyectos presentados, ya que éstos han
tenido que ser remitidos a los ministerios correspondientes, y del
calendario para la evaluación de los mismos por parte de estos
ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, me gustaría que me aclarara, si es posible, algunos de
los aspectos recogidos en el documento de desarrollo del acuerdo de
financiación de los proyectos de las Comunidades Autónomas con cargo al
Fondo de Cohesión. Por una parte, en cuanto a los trámites de selección
de estos proyectos, está establecido que habrá una evaluación por parte
de los ministerios correspondientes y una posterior consulta al
Ministerio de Economía y Hacienda. Me gustaría conocer cuál es el
contenido, la razón y el hecho de esta consulta, es decir, cómo se va a
realizar la misma y cuál es el nivel por parte del Ministerio de Economía
y Hacienda sobre la posibilidad de selección de estos proyectos; en
definitiva, cuál será la intervención en este caso del Ministerio de
Economía y Hacienda.

Por lo que respecta al esquema financiero que está establecido también en
este documento, para la recepción de las subvenciones se establece que se
hará de acuerdo con el ritmo de ejecución de los proyectos cuando éstos
sean en conjunto. Le agradecería que también me aclarara exactamente qué
quiere decir este grado o ritmo de ejecución de los proyectos conjuntos,
es decir, si las subvenciones se van a recibir evaluando la ejecución de
todos o de cada uno de los proyectos. Y en cuanto al comité de
seguimiento del Fondo de Cohesión, que también está establecido en este
documento, me gustaría saber cuál va a ser su composición.

Finalmente, quisiera saber la opinión del señor Ministro sobre las
noticias que están apareciendo últimamente en los distintos medios de
comunicación con respecto a los problemas que puede tener el Estado
español en la recepción de los Fondos de Cohesión, tanto por la
fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo, como por la posible
ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este, lo que, como
hoy aparecía en algún medio de comunicación, podía crear algún problema
para el reparto de los Fondos de Cohesión, sobre todo de cara al futuro.

Nada más y muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Zabalía.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.

Voy a intentar responder a los múltiples problemas y preguntas que se han
suscitado, intentando, a su vez, ser relativamente concreto.

En primer lugar, le diré al señor Segura que es cierto que en la
valoración de los distintos proyectos hay una coparticipación de las
Administraciones públicas, que es cierto que hemos modificado los ejes
prioritarios dando una mayor importancia al sector productivo y que en
ese sentido la participación de empresas directamente juega un mayor
papel que en el pasado.

De igual forma, la prioridad que se da al medio ambiente no es tanto en
términos cuantitativos como en los porcentajes que, en términos globales,
significa una mayor



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importancia para el tema medioambiental. En algunos casos, como el agua
--y el Senador Alierta se ha referido a ello--, es imprescindible
disponer de algunos elementos que permitan su mejor utilización, o, por
lo menos, su planificación. Así, el Gobierno ha estado discutiendo en
estas últimas semanas --está ya aprobado-- un programa de aguas
residuales. Por tanto, hemos discutido ya el marco financiero del
programa de aguas residuales en España, lo que significa una envolvente
actuación financiera del Ministerio de Obras Públicas en este sector para
los próximos años.

En cuanto al Fondo de Cohesión y su pregunta sobre la capacidad de
utilización de nuestro país, he dicho que estamos hablando aquí no de
cifras absolutas, sino de horquillas, y la horquilla para nuestro país
evidentemente se sitúa entre el 52 y el 58 por ciento. Dicho en otros
términos, recibiremos un mínimo del 52 por ciento y un máximo del 58 por
ciento del total que en estos momentos existe.

¿Cómo está funcionando la coordinación entre el Ministerio de Economía y
Hacienda, las Administraciones autonómicas y las Administraciones
locales? ¿Es mejorable en el sentido gerencial de las Administraciones
públicas? Sin duda alguna, sí. Creo que la definición de los planes de
desarrollo ha funcionado bastante bien. Han participado las Comunidades
Autónomas. Con las Administraciones locales hay programas de actuación
con corporaciones locales. Y en cuanto al sentido gerencial, es verdad
que la práctica que se ha ido adquiriendo en la utilización de los fondos
comunitarios nos permite pensar hoy que las cosas funcionan bastante
mejor que hace algunos años, lo cual no quiere decir que no haya
problemas específicos, y a algunos de ellos me referiré posteriormente
cuando haga algún comentario ulterior.

El señor Mardones, como también algún otro interviniente posterior, ha
hablado de recortes en los Presupuestos Generales del Estado por parte
del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno ni recorta ni es una decisión del
Gobierno. Es una decisión del Parlamento, que ha aprobado un artículo
once que está muy claro y define muy claramente lo que el Gobierno tiene
que ejecutar, y el Gobierno lo que hace es ejecutar lo que ustedes han
aprobado en las Cámaras en el Presupuesto para el año 1995. Tendremos
ocasión de hablar con más detalle de estas cosas con motivo de una
próxima comparecencia que sobre este tema tendré pasado mañana en la
Comisión de Presupuestos. Allí podré referirme a esas cifras a las que su
señoría ha hecho referencia, 150.000 millones de reducción de gasto y
407.000 millones de reserva, cantidades que afectan a inversiones y a no
inversiones. Es decir, no hay necesariamente una afectación de estas
cifras a inversiones, aunque es evidente que también las inversiones
están afectadas.

En segundo lugar, en cuanto a la cofinanciación, ésta se define en
función del territorio, y es verdad que se aplica la misma cuantía
cualesquiera que sean los agentes institucionales afectados.

En cuanto a la distribución entre Comunidades Autónomas y ayuntamientos,
es difícil que pueda darle las cifras en este momento. En cuanto al 33,75
por ciento en Objetivo 1, que es la cuantía esencial en regiones como
Canarias, Comunidad que a usted le preocupa, un 37,75 por ciento de los
fondos va a dicha Comunidad Autónoma. En el restante 66,25 por ciento
están incluidas tanto las actuaciones del Estado como las de las
corporaciones locales a través de su fondo de cooperación local. Las
corporaciones locales tienen una participación sustancialmente menor y,
en orden a importancia la tienen, en primer lugar, el presupuesto del
Estado; en segundo lugar, las Comunidades Autónomas, y en tercer lugar,
las corporaciones locales.

En cuanto a si tengo noticia de que algún proyecto no se haya ejecutado
por falta de financiación, tengo que decir que hasta ahora eso no se ha
dado. Es posible que haya algún caso pero no he tenido conocimiento de
ello.

Referente a si hay una consideración específica para Canarias, tengo que
decir que el sistema de distribución de fondos entre Comunidades
Autónomas ha seguido exactamente las mismas pautas que las comunitarias
y, en consecuencia, el tratamiento específico de Canarias se ha tomado en
cuenta --en mi opinión-- en la cuantificación de los porcentajes de
participación entre las regiones de Objetivo 1.

Finalmente, en cuanto a los fondos de cohesión, ya he dicho anteriormente
que, por definición, no se han repartido. En consecuencia, no hay ningún
criterio específico para esta atribución de fondos. Incluso creo que su
naturaleza es distinta. Yo diría que el criterio predominante en el
último año fue el de la utilización al máximo de dichos fondos. Hemos
hablado de los fondos que se ponían en funcionamiento en un momento
determinado sin demasiados proyectos todavía en cartera, con lo cual, se
ha hecho uso del mayor número de proyectos disponibles que pudieran ser
imputados al Fondo de Cohesión con el objeto de obtener el nivel más
elevado posible de retornos.

En cuanto al concepto de solidaridad, siempre he dicho que, en mi
opinión, el Fondo de Cohesión no debe ser conceptuado como algo que deba
tomar en consideración elementos de solidaridad. Creo que la solidaridad
hay que analizarla de forma global y tomando en consideración tanto las
actuaciones del Estado como las de la Unión Europea en las Comunidades
Autónomas. Dicho en otros términos, puede no tener ningún sentido en
términos nacionales que un determinado proyecto se financie vía fondos de
cohesión en una Comunidad Autónoma pudiéndose financiar vía Feder, cuando
a cambio de utilizar esta vía podemos utilizar el Fondo de Cohesión para
otra Comunidad Autónoma que en otro caso no podría tener acceso a los
fondos Feder por una u otra razón. En consecuencia, creo que en el Fondo
de Cohesión no hay que aplicar deforma mecánica y automática un criterio
de solidaridad que creo no subyace ni en la filosofía ni en la definición
que al menos yo tengo respecto de este Fondo.

Quisiera decirle al señor Carrera, de Convergència i Unió, que en lo
referente a su planteamiento de distribución de recursos entre las
distintas Administraciones, no comparto su tesis. Ya hemos tenido ocasión
de hablar sobre ese tema otras veces. Y es que no es cierto que haya que
distribuir los fondos europeos en función de las competencias existentes
en cada Comunidad Autónoma, excepto si las aportaciones de fondos a
Europa se hacen también



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en función de las distintas competencias de las Comunidades Autónomas.

Dicho en otros términos, lo que no he aceptado ni aceptaré nunca es que
se diga que el Estado es el que aporta los pagos a Europa y que los
restantes agentes son los que reciben los ingresos procedentes de Europa.

Globalmente, lo que recibimos de Europa se ha aportado previamente con el
diferencial consecuencia del saldo neto que se percibe en cada momento,
pero, desde luego, lo que no tendría ningún sentido es que por la vía de
percepción de fondos adicionales pagados por el Estado central y
recibidos por las Comunidades Autónomas y por las corporaciones locales
estuviésemos modificando el sistema de financiación tanto de Comunidades
Autónomas como de corporaciones locales.

Yo podría entender perfectamente el debate de si las competencias
transferidas tienen suficiente financiación o no. Si tienen suficiente
financiación a través del sistema diseñado para esa transferencia, no
parece que tenga sentido alguno que los fondos adicionales procedentes de
Europa vayan a Comunidades Autónomas. Si no tienen suficiente
transferencia para el ejercicio de las competencias, lo que tendremos que
hacer es plantearnos la mayor, y luego la segunda derivada será si esos
fondos proceden de Europa o de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero creo que no se puede aceptar --al menos yo no lo acepto-- una
relación de distribución necesaria entre las Comunidades Autónomas sin
haber definido previamente las cuantías a transferir y las obligaciones a
las que hay que hacer frente.

Finalmente, es cierto que hay un tratamiento diferenciado entre Objetivo
1, Objetivo 2 y Objetivo 5 b, y es verdad también que ello es
consecuencia a su vez del distinto comportamiento que tiene cada
Comunidad Autónoma en términos de renta per cápita. Es cierto que las
regiones Objetivo 1 reciben más fondos que las de Objetivo 2 y las de 5
b, que normalmente estén emplazadas en Comunidades Autónomas con niveles
de riqueza más altos que las regiones Objetivo 1 por su propia
naturaleza, como también es cierto que en algunos países las percepciones
de fondos son más altos en sus regiones Objetivo 1 que en nuestro país
como consecuencia de que sus niveles de renta son inferiores.

Quiero decirle al señor Alierta que el viejo debate sobre la
territorialización lo hemos mantenido ya muchas veces. Su señoría me ha
oído decir en varias ocasiones que, en mi opinión, la fórmula que
maximizaba el total de fondos obtenidos por nuestro país es la elegida
para regiones Nut 2 en vez de Nut 3 lo que, evidentemente, hubiera
resuelto el problema de Teruel que preocupa a su señoría a mí también,
aunque nos hubiera generado muchas otras dificultades en no pocas
provincias que hoy están recibiendo fondos y que, sin embargo, no los
recibirían en el caso de que estuviésemos hablando de un sistema Nut 3 en
vez de hablar de un sistema Nut 2.

Es verdad que su señoría habla de unas cifras referentes a 1994 sobre las
que puedo decirle, por ejemplo, que España, del total de Objetivos 1, 2 y
5 b, recibe 852 ecus por habitante frente a una media comunitaria de 605
ecus por habitante. Concretamente en Objetivo 1, por mencionar la cifra
exacta, España recibe 1.128 ecus por habitante frente a una media
comunitaria de 1.042, lo que es verdad que supone una cifra
sustancialmente superior a las de las regiones Objetivo 5 b, que son sólo
de 384 ecus por habitante, frente a una cifra media total de 215 ecus, o
superior a las de zonas en declive industrial donde tan sólo percibimos
142 ecus por habitante frente a una media de 120 ecus. Pero es verdad que
cualquier modificación del modelo podría dar lugar a cifras distintas y
seguramente peores para nuestro país.

También es cierto que su señoría hace referencia a algunos casos que no
por ser excepcionales hay que tomarlos como alarma general. El caso del
Burgenland, en Austria, como el caso del Hainaut, en Bélgica, o algunas
zonas de Francia y de Holanda corresponden a una distribución, en
términos de país, que tienen unos mínimos criterios de equilibrio.

España, aun sin incluir las zonas a que su señoría ha hecho referencia,
recibe el 26 por ciento del total de los fondos comunitarios --un cuarto
de los fondos--, cuando nuestra población, no ya en términos globales,
sino de porcentaje, en las regiones afectadas por los Objetivos 1, 2 y 5
b es sólo del 19 por ciento. Y eso que nuestra participación en el
Objetivo 2, es decir, en la zona de declive industrial, es relativamente
más reducida que la del resto de la Comunidad, dado que en ese caso sólo
tenemos el 13 por ciento de población.

Dicho en otros términos, cualquier fórmula que se pacte tiene sus
aristas, sus dificultades, y es cierto que al final hay que optar por una
o por otra y que todas ofrecen ventajas e inconvenientes. Pero creo que
la finalmente pactada es la óptima desde el punto de vista de maximizar
los beneficios de nuestro país y minimizar los perjuicios, lo cual no
quiere decir que no existan algunos perjuicios concretos que todos
conocemos y que, evidentemente, se han intentado remediar a través de la
toma de decisiones internas que permiten compensar parcialmente las
dificultades que se plantean.

El problema de la adicionalidad de los fondos es un tema de larga
discusión, es decir, se trata de en qué medida esa adicionalidad
corresponde o debe corresponder a inversiones cero, o a un nivel de
inversión sobre el que su señoría parte de la necesaria consolidación a
partir de un determinado momento. Pero en la medida en que nuestras
aportaciones a la Unión Europea van creciendo, podríamos pensar que
también deberían verse afectados esos fondos destinados a inversión en el
futuro en tanto en cuanto se van modificando esas participaciones.

Creo que hay una cierta reducción de los Capítulos VI y VII en términos
porcentuales --es evidente--, pero no en términos absolutos. Lo que se
está produciendo, de hecho, es que el porcentaje de participación es algo
menor, aunque es verdad que en términos absolutos se sigue manteniendo la
inversión, e incluso está creciendo en términos nominales. Eso no debería
darnos por satisfechos, excepto si no fuera porque tenemos una
restricción que su señoría conoce perfectamente, al igual que yo. Tenemos
un problema grave de déficit al que hay que hacer frente y, en
consecuencia, hay que optar en la toma de decisiones para la reducción
del déficit. También, evidentemente, la inversión



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pública puede acabar afectada; especialmente, en aquellos momentos en
que, como en el actual, la recuperación económica permite pensar que la
salida de la crisis debería venir más bien incentivada por la inversión
privada que por la inversión pública.

En cuanto a los problemas específicos que me ha planteado sobre el Fondo
de Cohesión, en primer lugar, no es exactamente correcta su afirmación
acerca de que los Fondos de Cohesión están sometidos al cumplimiento de
los criterios de convergencia sin ningún matiz. Esa afirmación es cierta,
pero en la medida en que entendamos por criterios de convergencia no el
cumplimiento a rajatabla de lo establecido en el Tratado de Maastricht,
sino lo establecido en los programas de convergencia y, por tanto, las
sendas que permitan alcanzar al final de un determinado período las
cifras establecidas en Maastricht. En otro caso, no tendría sentido;
evidentemente, si los fondos son para alcanzar la convergencia y no son
compatibles con el incumplimiento de la convergencia, al final, como
digo, no tendrían ningún sentido. Nosotros tenemos el compromiso de
cumplir el plan de convergencia, y es cierto que si incumpliéramos dicho
plan --no los criterios de convergencia-- podría existir algún riesgo de
pérdida de los Fondos de Cohesión vinculados al mismo.

En segundo lugar, la adscripción de ciertos programas o proyectos a la
cohesión ha suscitado problemas en España y en otros lugares. Ello es
consecuencia de un doble fenómeno. En primer lugar, por la utilización de
un nuevo instrumento, el Fondo de Cohesión, sobre el que no existía
práctica anteriormente, que ha habido que ir elaborando a través de
negociaciones bilaterales con la Comisión de forma progresiva. De esa
práctica no siempre coincide en su análisis el Tribunal de Cuentas con
las decisiones de la Comisión, pero todo lo que en su día decidimos que
fuera financiable por Fondos de Cohesión fue pactado, evidentemente, con
la Comisión de la Unión Europea.

Puede existir incluso un segundo problema, y es el cambio de criterios en
función de la disponibilidad de un número adicional de proyectos --cosa
que no sucede en el momento inicial-- tan pronto como se vaya teniendo
una cierta experiencia sobre los programas aplicables al Fondo de
Cohesión. En los próximos años veremos una serie de proyectos mucho más
vinculados a acciones específicas; entre ellas, las relativas al tema del
agua, al que su señoría hacía referencia. Como antes he citado, ya está
previsto en el momento actual poner en marcha el programa de depuración
de aguas residuales, que va a exigir una inversión muy importante de
fondos nacionales y comunitarios, posiblemente a través del Fondo de
Cohesión, que nos permitan luchar contra ese segundo gran problema que
plantea el agua en nuestro país y que no es el de la cantidad, sino el de
su calidad.

En cuanto al señor Zabalía, evidentemente, los proyectos planteados serán
analizados por los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura de forma
relativamente rápida, y en un momento posterior el Ministerio de Economía
y Hacienda dará su opinión sobre aquellos aspectos que nos preocupan
fundamentalmente, y que son dos: en primer lugar, en qué medida encajan
en las disponibilidades presupuestarias existentes y, en segundo lugar,
en qué medida existe una financiación alternativa posible que permita
maximizar la utilización de los recursos comunitarios, tema que se puede
plantear en algún caso, cuando Comunidades Autónomas o corporaciones
locales dispongan no sólo de la posibilidad de recurrir al Fondo de
Cohesión, sino a otros fondos infrautilizados en términos comunitarios,
con lo que podrían dejar un hueco para que los Fondos de Cohesión los
utilizaran aquellas Comunidades Autónomas que no tienen alternativa de
utilización.

En cuanto al segundo punto del problema del esquema de financiación en la
recuperación de fondos, pienso --no recuerdo cuáles son los términos
textuales del Convenio-- que el sistema de retribución o de recepción de
fondos tiene que ser coherente con el sistema comunitario, que suele ser
--si recuerdo bien-- el 40 por ciento en el momento de ser aprobado el
proyecto, y posteriormente está en función de las distintas
certificaciones presentadas en cada caso concreto. En el Comité de
seguimiento todavía no está definida la composición.

Con respecto al problema del futuro de los Fondos de Cohesión y a si
existe o no riesgo, en primer lugar, no me preocupan especialmente los
problemas que ha suscitado en estos momentos el Tribunal de Cuentas
comunitario aunque, evidentemente, se trata de anomalías o diferencias de
criterio que se tendrán que corregir o clarificar entre la Comisión y el
Tribunal de cuentas. Hemos tenido algún problema adicional con la
Comisión de la Unión Europea --no con el Tribunal de Cuentas-- por la no
puesta en práctica de alguna normativa comunitaria y, específicamente, de
la Directiva sobre contratación pública, como consecuencia de que en la
legislación nacional el período de presentación de licitaciones es
inferior al de la legislación comunitaria. Esto ha sido interpretado por
los juristas en Bruselas como una actuación protectora y anómala por
parte de la Administración española, en la medida en que el acortamiento
de plazos favorecía a nuestras empresas frente a empresas europeas. Ese
tema se ha corregido, como consecuencia de las peticiones que Bruselas
nos ha planteado, mediante una instrucción de la Mesa Nacional de
Contratación y quedará resuelto de forma más adecuada y de manera
permanente a partir del momento en que se apruebe de forma definitiva la
ley de contratos de las Administraciones públicas.

El problema del futuro de los Fondos de Cohesión es mucho más difícil de
valorar en este momento. Los Fondos de Cohesión corresponden a unas
determinadas perspectivas financieras y a un cierto contexto. ¿Qué es lo
que va a suceder en una futura ampliación, en un futuro contexto de
previsiones financieras? Es muy difícil decirlo en este momento.

Posiblemente, tengamos ocasión de hablar de algunos de estos problemas en
la Ponencia sobre la Conferencia intergubernamental, pero hay una opción
fundamental sobre la que habrá que tomar una decisión. Es decir, ¿el
modelo para el futuro es exactamente el mismo que el que existe
actualmente? En consecuencia, ¿los países más pobres que nosotros deben
tener acceso a Fondos de Cohesión?



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¿Ese modelo del nivel de renta per cápita español respecto a la media
comunitaria se sitúa por encima o por debajo de la renta comunitaria?
¿Los problemas de cohesión existentes en nuestro país van a ser
superiores o inferiores a los de otros países que se incorporen a la
Unión? En consecuencia, ¿todos debemos aportar más para que algunos
sigamos recibiendo más, o es más razonable que algunos aporten menos, o
que todos aportemos menos, y que la recepción de fondos se distribuya con
otros criterios?
Estos son, sin duda alguna, elementos sobre los que hay que reflexionar y
yo tengo mis propios criterios al respecto, pero creo que no es un tema
que en estos momentos esté planteado encima de la mesa.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.

Señorías, antes de levantar la sesión, pido a los miembros de la
Ponencia, que se va a celebrar en esta misma sala, que en diez minutos
podamos reanudar la sesión para poder avanzar en el contenido.

Solicito a los portavoces que se acerquen un momento a la Mesa con el fin
de concretar el calendario de próximas reuniones.

Gracias, señor Ministro.

Se levanta la sesión.




Eran las dieciocho horas y diez minutos.